Las cuentas del Partido Popular en la Diputación de Alicante son un misterio que inquieta cada vez más a la oposición. Y, más concretamente, la cuenta de la CAM con la numeración 2090 3025 56 0200086039, que custodiaba la asignación de la Diputación al PP hasta que, al dimitir José Joaquín Ripoll como presidente, fue vaciada mediante la emisión de dos cheques y cerrada pocos días después, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es

El portavoz de Compromís en la institución provincial, Gerard Fullana, ha denunciado que no hay rastro de la contabilidad del PP entre 2007 y 2015, el periodo que comprende la última legislatura de José Joaquín Ripoll y Carlos Mazón, como presidente y vicepresidente de la institución respectivamente. “Durante esos años el grupo del PP manejó sin acreditación alguna más de 400.000 euros”, afirma Fullana.

El grupo popular de la Diputación de Alicante, tal como ha informado este diario, vació su cuenta bancaria al dimitir José Joaquín Ripoll de presidente, acosado por los casos de presunta corrupción. El PP expidió dos cheques por un valor total de 64.980 euros, prácticamente todo el saldo que la formación tenía en una cuenta bancaria de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El primer cheque (con la numeración 4200 5608970), por importe de 48.429,36 euros, se ingresó en la oficina principal de Bankinter en Alicante. El segundo cheque (con el número correlativo al anterior 4200 5608971), por importe de 16.550,64 euros, se ingresó en la oficina del BBVA de empresas en la rambla de Méndez Núñez, según se desprende de la documentación en poder de esta redacción.

Fullana ha anunciado este lunes que se plantea denunciar estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para intentar dilucidar el incierto destino del dinero público. El diputado de la formación valencianista solicitó los expedientes de contabilidad de los grupos políticos representados en la Corporación provincial y, al no recibir la documentación completa, recurrió al Síndic de Greuges. La respuesta de la Intervención de la Diputación de Alicante confirma, según Fullana, que la contabilidad del PP “no existe”.

La Intervención reconoce en su respuesta a la Sindicatura de Greuges que el control interno de la contabilidad de las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos “se ha realizado en el ejercicio de la función interventora como fiscalización limitada previa, no procediendo realizar el control financiero de forma planificada y sí un control posterior cuando una norma específica lo solicite”. El informe asegura que el Pleno de la Diputación, órgano competente para pedir la contabilidad de los grupos políticos, “no la ha solicitado durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 2014, ambos inclusive”.  

Compromís también denunció ante el Tribunal de Cuentas que la formación desvió cerca de medio millón de euros entre 2015 y 2018 de la subvención de la Diputación al partido. Gran parte de los fondos fueron a parar a una cuenta del PP en Murcia. El tribunal que vela por las cuentas públicas remitió los hechos a la Fiscalía para que determine si “la acción pública debe ser admitida o archivada” y, recientemente, ha tumbado las alegaciones de los populares.

“La respuesta de la Intervención confirma la opacidad y descontrol que ha existido en el citado periodo en el que la Diputación de Alicante vivió sumida bajo el escándalo del caso Brugal y recobra importancia tras la publicación en elDiario.es de una información que constata que José Joaquín Ripoll se despidió de la institución vaciando las cuentas del grupo popular con la expedición de dos cheques por valor de 64.980 euros”, denuncia Fullana. 

Los socialistas instan a Ciudadanos a presionar a Mazón

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, también ha pedido al presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, que explique dónde han ido a parar los 450.000 euros que el PP manejó entre 2015 y 2018. Para el grupo socialista, “es evidente” que sobre las cuentas del PP en la Diputación “siempre ha sobrevolado la sombra de la sospecha”.

La publicación de los pantallazos bancarios que muestran cómo se vació la cuenta al dimitir Ripoll, son para Fránces “otro capítulo que el PP debe explicar, una época en la que Mazón aparecía como protegido de propio Ripoll”. El portavoz socialista considera que el PP debería “hacer un ejercicio de transparencia, y Ciudadanos se lo debería de exigir, y no esperar a que al final todos estos temas se tengan que dilucidar a través de los tribunales de justicia u organismos fiscalizadores”. 

“Mazón debería de dar un paso adelante, explicar qué es lo que ha pasado, y si algo se ha hecho mal, actuar en consecuencia, no como el caso de la factura impagada de IFA, de un acto del que Mazón era el responsable de la gestión y que sigue envuelto en la sospecha, como todos los que se hicieron desde el PP en aquella época”, apostilla el diputado socialista. 

El PP ha reaccionado en un comunicado a los “ataques continuados de Compromís”, que tilda de “cortina de humo para tapar las vergüenzas” de su asesor jurídico, que carece de la compatibilidad preceptiva para poder ejercer como abogado, además de haber ubicado su despacho profesional en la Diputación, según denuncian los populares. La formación conservadora también acusa al PSPV-PSOE de “sumarse al carro de Compromís” para “desviar la atención de su portavoz en la Diputación y alcalde de Alcoy, Toni Francés, que se ha saltado el cierre perimetral de su municipio y que además lo hizo en coche oficial”.

Los tres expresidentes de diputación más señalados por la corrupción durante los últimos años, Alfonso Rus (València), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Carlos Fabra (Castellón), todos ellos del PP, tendrán que comparecer este jueves en la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de Feria València en calidad de exvocales natos del patronato de esta institución.

Estos expresidentes han sido señalados en diversos casos de corrupción. Así Alfonso Rus -presdiente de la Diputación de València entre 2007 y 2015 y alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015- está siendo investigado dentro del caso 'Taula' por presunta financiación irregular del PP así como por el presunto cobro de comisiones ilegales. Rus será el primero en declarar, está citado a las 10,30h, y será la tercera vez que tiene que hablar en comisión de investigación tras comparecer en las anteriores de las residencias de la tercera edad y la de Ciegsa.

El seguiente en declarar será José Joaquín Ripoll -quien fue presidente de la Diputación de Alicante entre 2004 y 2011, y exvicepresidente de la Generalitat entre 1999 y 2003- está citado para las 12,30h. Ripoll está siendo investigado dentro del caso Brugal, por la presunta trama de amaño de contratos para la recogida de basuras en la Vega Baja y fiscalía pide para él 16 años de prisión.

El último citado es Carlos Fabra -presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011- fue condenado por el conocido como caso Naranjax a 4 años de prisión, pero se encuentra en libertad condicional desde hace ya casi uno.

Por esta comisión de investigación, que inició sus comparecencias hace un año, han comparecido ya los máximos responsables de la trama Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Álvaro Pérez, por videoconferencia desde la cárcel) y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Próximamente será el turno también de los expresidents de la Generalitat Francisco Camps, Alberto Fabra y José Luis Olivas, y del ex secretario general del PP Ángel Acebes.

Compromís ha avançat aquest dimarts que ja s'ha personat en el cas Fitur que està investigant el Jutjat d'Instrucció número 7 d'Alacant i que, de moment, s'ha saldat amb la imputació de dos exdirectors del Patronat de Turisme de la Diputació alacantina durant l'etapa de José Joaquín Ripoll, així com de dos empresaris beneficiats en les adjudicacions. Aquest anunci de la coalició valenciana arriba després que el seu grup en l'ens provincial denunciara aquests suposats delictes davant la Fiscalia Anticorrupció.

“Creiem que hi ha un delicte continuat i els propis expedients ho demostren”, ha explicat el portaveu de Compromís en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana. Al seu judici, a les diligències obertes per suposades irregularitats en la contractació dels stands de Fitur en els anys 2007 i 2008 caldria “sumar en la causa tots els contractes que són fraudulents des de l'any 2004” fins a l'any 2009 i la facturació del qual per part de les empreses Exporigging i Stands Molinos ascendeix a 3,2 milions d'euros, “6 si s'afig allò facturat per altres municipis com Altea, Benidorm, Teulada, Benissa, El Verger i Torrevella”. L'objectiu final d'aquesta formació, assegura Fullana, és retornar aqueixos diners a les arques públiques.

En la mateixa roda de premsa, Compromís ha reclamat la dimissió d'Eduardo Dolón com a president del Patronat de Turisme Costa Blanca per “denegar informació” i “retardar la investigació” amb la finalitat que prescrigueren els delictes. Fullana ha recordat que a l'octubre de 2016 va ser quan van reclamar informació referida a les empreses del matrimoni de Mercedes Lasa i Javier Molinos, avui investigats, en relació a les 70 factures de les empreses Exporigging i Stands Molinos. La negativa de Dolón va portar la coalició a presentar un recurs per a garantir el seu dret a la informació.

Fullana també s'ha referit a la polèmica entorn de la comissió d'investigació que es va crear en la Diputació d'Alacant per a indagar sobre els fets que avui constitueixen el cas Fitur. El portaveu de Compromís creu que el retard durant mesos de l'activació d'una comissió que hauria d'haver presidit la diputada provincial d'Esquerra Unida Raquel Pérez però que acabaria dirigint el PP tenia com a objectiu “la prescripció de tants delictes com pogueren haver-se dut a terme contra l'administració pública i que investiga ara un jutge”.

Finalment, els tres diputats provincials de Compromís també han recordat que Eduardo Dolón hauria d'“assumir de moment la seua responsabilitat política”, “més quan ell mateix va ser part, fins i tot alcalde, d'un equip de govern que ja havia contractat amb aquestes empreses”.

Compromís ha avanzado este martes que ya se ha personado en el caso Fitur que está investigando el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante y que, de momento, se ha saldado con la imputación de dos exdirectores del Patronato de Turismo de la Diputación alicantina durante la etapa de José Joaquín Ripoll, así como de dos empresarios beneficiados en las adjudicaciones. Este anuncio de la coalición valenciana llega después de que su grupo en el ente provincial denunciara estos supuestos delitos ante la Fiscalía Anticorrupción.

“Creemos que hay un delito continuado y los propios expedientes lo demuestran”, ha explicado el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana. A su juicio, a las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en la contratación de los stands de Fitur en los años 2007 y 2008 habría que “sumar a la causa todos los contratos que son fraudulentos desde el año 2004” hasta el año 2009 y cuya facturación por parte de las empresas Exporigging y Stands Molinos asciende a 3,2 millones de euros, “6 si se añade lo facturado por otros municipios como Altea, Benidorm, Teulada, Benissa, El Verger y Torrevieja”. El objetivo final de esta formación, asegura Fullana, es devolver ese dinero a las arcas públicas.

En la misma rueda de prensa, Compromís ha reclamado la dimisión de Eduardo Dolón como presidente del Patronato de Turismo Costa Blanca por “denegar información” y “retrasar la investigación” con la finalidad de que prescribieran los delitos. Fullana ha recordado que en octubre de 2016 fue cuando reclamaron información referida a las empresas del matrimonio de Mercedes Lasa y Javier Molins, hoy investigados, en relación a las 70 facturas de las empresas Exporigging y Stands Molinos. La negativa de Dolón le llevó a la coalición a presentar un recurso para garantizar su derecho a la información.

Fullana también se ha referido a la polémica en torno a la comisión de investigación que se creó en la Diputación de Alicante para indagar sobre los hechos que hoy constituyen el caso Fitur. El portavoz de Compromís cree que el retraso durante meses de la activación de una comisión que debería de haber presidido la diputada provincial de Esquerra Unida Raquel Pérez pero que acabo dirigiendo el PP tenía como objetivo “la prescripción de cuantos delitos pudieran haberse llevado a cabo contra la administración pública y que investiga ahora un juez”.

Por último, los tres diputados provinciales de Compromís también han recordado que Eduardo Dolón debería “asumir de momento su responsabilidad política”, “más cuando él mismo fue parte, incluso alcalde, de un equipo de gobierno que ya había contratado con estas empresas”.

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha expressat aquest dimecres les seues sospites referents al fet que la presumpta trama de corrupció en el Patronat de Turisme Costa Blanca, denunciada per la seua formació, potser es va “estendre a altres municipis” de la província i, fins i tot, d’altres comunitats autònomes.

Fullana ha fet aquestes declaracions als periodistes després d’haver presentat, amb els també diputats provincials de la seua formació Lluís Pastor i José Manuel Penalva, una denúncia davant de la Fiscalia Anticorrupció d’Alacant per un presumpte frau que xifren en 3,2 milions d’euros durant l’època de José Joaquín Ripoll com a president de la corporació provincial.

“Només n’hem analitzat quatre anys i pensem que podria haver-hi molt més. Ens sembla que aquesta trama que capitanejava el PP d’Alacant podria estendre’s a diversos municipis i per això sol·licitem informació, per saber si en altres administracions locals i en altres diputacions es va seguir aquest modus operandi”, ha indicat.

Segons Compromís, l’actuació del Patronat de Turisme Costa Blanca, un òrgan dependent de la Diputació provincial, en l’adjudicació de serveis i de contractes per a edicions de Fitur a les empreses Exporigging i Stand Molinos S.L. és “un calc de l’estratègia de la trama Gürtel a València”.

Els denunciants han presentat a la Fiscalia d’Alacant setanta factures i els expedients corresponents que demostren, segons ells, l’existència de contractes fraccionats il·legalment, la “manipulació” de concursos públics oberts i “sobrecostos”, fets que podrien ser constitutius de delictes de prevaricació i frau.

Les dues empreses adjudicatàries estan administrades per un matrimoni, procedeixen del País Basc “i mai no havien treballat en el sector turístic”, sinó que el seu objecte social se centrava en l’àmbit immobiliari, ha explicat Fullana.

Empreses ja encausades

Segons Compromís, aquestes mateixes empreses i els administradors estan encausats en un procediment penal per la contractació dels expositors municipals d’Oriola per a Fitur, causa per la qual l’expresidenta comarcal del PP al Baix Segura, Pepa Ferrando, s’enfronta a una petició de nou anys de presó.

“El PP diu que ha canviat i que es vol regenerar, però res de res. Des del desembre, el número dos del Partit Popular en la Diputació d’Alacant (Eduardo Dolón) té la llista de factures i, malgrat això, sosté que s’ha actuat correctament”, ha indicat el portaveu de Compromís.

Al seu parer, els populars han intentat “silenciar l’existència d’aquestes factures”, a què Compromís ha tingut accés en haver participat en la comissió d’investigació oberta en la institució provincial per a examinar els últims dotze anys de govern del PP.

Fullana ha reiterat que tant l’actual president de la Diputació d’Alacant, el popular César Sánchez, com el del PP provincial, José Císcar, “se situaven en primera línia política quan van ocórrer aquests fets”.

Petició de dimissió

També ha tornat a reclamar la dimissió d’Eduardo Dolón per haver “amagat” aquesta informació i haver “mentit” en assegurar que Compromís no havia comunicat les seues sospites sobre les factures que ara han denunciat, tot i que, segons aquesta coalició, ho van fer el mes de gener passat.

El període investigat per Compromís abasta del 2004 al 2009, en què la Diputació d’Alacant estava governada per José Joaquín Ripoll, que s’enfronta a una petició d’Anticorrupció de 16 anys de presó i 44 d’inhabilitació per diferents delictes en el marc del cas Brugal.

Fullana ha denunciat hui la presumpta “connivència de determinats tècnics i polítics” perquè “tot això no isca” a la llum i ha afegit que els presumptes delictes relacionats amb algunes de les factures investigades “podrien prescriure” pel temps que es va tardar a obrir la comissió d’investigació, retard que ha atribuït al PP i a Ciutadans.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha expresado este miércoles sus sospechas de que la supuesta trama de corrupción en el Patronato de Turismo Costa Blanca denunciada por su formación pudo “extenderse a otros municipios” de la provincia e, incluso, de otras comunidades autónomas.

Fullana ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras presentar, junto a los también diputados provinciales de su formación Lluís Pastor y José Manuel Penalva, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por un presunto fraude que cifran en 3,2 millones de euros durante la época de José Joaquín Ripoll como presidente de la corporación provincial.

“Solo hemos analizado cuatro años y pensamos que podría haber mucho más. Pensamos que esta trama que capitaneaba el PP de Alicante podría tener su extensión en diversos municipios y por eso estamos solicitando información para saber si en otras administraciones locales y en otras diputaciones se siguió este 'modus operandi'”, ha precisado.

Según Compromís, la actuación del Patronato de Turismo Costa Blanca, un órgano dependiente de la Diputación Provincial, en la adjudicación de servicios y contratos para ediciones de Fitur a las empresas Exporigging y Stand Molinos SL es “un calco de la estrategia de la trama Gürtel en Valencia”.

Los denunciantes han presentado a la Fiscalía de Alicante setenta facturas y sus correspondientes expedientes que demuestran, según ellos, la existencia de contratos fraccionados ilegalmente, la “manipulación” de concursos públicos abiertos y “sobrecostes”, lo que podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y fraude.

Las dos empresas adjudicatarias están administradas por un matrimonio, proceden del País Vasco “y nunca habían trabajado en el sector turístico”, sino que su objeto social se centraba en el ámbito inmobiliario, ha explicado Fullana.

Empresas ya encausadas

Según Compromís, esas mismas empresas y sus administradores están encausados en una procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, una causa por la que la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel.

“El PP dice que ha cambiado y que quiere regenerarse, pero nada de nada. Desde diciembre, el número dos del Partido Popular en la Diputación de Alicante (Eduardo Dolón) tiene el listado de facturas y, pese a ello, sostiene que se ha obrado correctamente”, ha indicado el portavoz de Compromís.

A su juicio, los populares han intentado “silenciar la existencia de estas facturas”, a las que Compromís ha tenido acceso al participar en la comisión de investigación abierta en la institución provincial para examinar los últimos doce años de gobierno del PP.

Fullana ha reiterado que tanto el actual presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, como el del PP provincial, José Císcar, “estaban en primera línea política cuando ocurrieron estos hechos”.

Petición de dimisión

También ha reclamado de nuevo la dimisión de Eduardo Dolón por “ocultar” esta información y “mentir” al asegurar que Compromís no había comunicado sus sospechas sobre las facturas que ahora ha denunciado, cuando, según esta coalición, lo hizo el pasado mes de enero.

El periodo investigado por Compromís es de 2004 a 2009, cuando la Diputación de Alicante estaba gobernada por José Joaquín Ripoll, quien se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por distintos delitos en el marco del 'caso Brugal'.

Fullana ha denunciado hoy la supuesta “connivencia de determinados técnicos y políticos” para que “todo esto no salga” y ha añadido que los presuntos delitos relacionados con algunas de las facturas investigadas “podrían prescribir” por el tiempo que se tardó en abrir la comisión de investigación, un retraso que ha achacado al PP y a Ciudadanos.

Cuatro meses han bastado para que Compromís haga público el que ha asegurado podría ser la trama paralela del Partido Popular de Alicante al caso Gürtel: 3,2 millones de euros facturados a empresas ya acusadas de fraude en el caso Fitur Orihuela y que habrían conseguido de forma continuada y durante años una “manipulación a su favor de la contratación de las ferias de turismo”.

Compromís ha destacado que estas conclusiones se refieren a los primeros años de estudio que ha analizado, desde el año 2004 al 2009, y sólo de un organismo de los 25 que tiene la Diputación de Alicante. La coalición no descarta que otras administraciones hayan contratado con las mismas empresas similarmente.

Las contrataciones se circunscriben a las empresas Exporigging y Stands Molinos S.L., cuyos administradores coinciden y están inmersos en una causa ya en marcha en los juzgados de Orihuela, en los que se les acusa junto a la expresidenta del PP comarcal, Pepa Ferrando, de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude por las irregularidades perpetradas en la adjudicación de los servicios relativos al montaje del expositor de Orihuela en FITUR entre 2008 y 2011. Tanto Exporigging como Stands Molinos aparecen como responsables civiles subsidiarios.

La documentación recopilada por Compromís será puesta a disposición de Fiscalía en los próximos días. Las 70 facturas, analizadas dentro de la comisión de investigación de los últimos 12 años de la Diputación alicantina, corresponden al periodo en el que José Joaquín Ripoll era presidente de la Diputación. Cabe recordar que la Fiscalía pide 16 años de prisión y 44 de inhabilitación como cargo público en el caso Brugal cuando era presidente de la institución provincial.

“Claros indicios de delito”

La coalición observa que existen claros indicios de delito relacionados con fraude en la contratación y prevaricación administrativa: amaños en los distintos tipos de contratación (contratos menores, contratación negociada y concursos públicos) entre 2004 y 2009 entre el Patronato de Turismo Costa Blanca y las empresas Exporigging SL y Stands Molinos SL.

“Todo nos invita a afirmar que el Partido Popular de Alicante tenía su propia trama paralela a Gürtel, y que durante años habría desviado millones de euros que tenían que haber ido a los pueblos a través de la gestión turística. Acudiremos a la justicia para que el PP y dichos emprendedores devuelvan el dinero a la institución en caso que se confirme el fraude”, ha explicado el portavoz de la coalición en la Diputación, Gerard Fullana.

Modus operandi

Modus operandiSegún han relatado desde Compromís, el modus operandi se ciñe a cuatro formas de contratación para evitar la concurrencia pública:

1.- Contratos menores, son contratos de adjudicación directa. Llama la atención la ingente cantidad de facturas presentadas por valores entre los 11.000 y 12.000, en muchos casos 11.999 y cantidades semejantes. Compromís entiende que existía el fraccionamiento, puesto que 12.000 euros son el límite máximo para no convocar concurso.

2.- Contratos negociados sin publicidad. Invitaban a tres empresas: una de ellas declinaba sistemáticamente la oferta (siempre con la misma carta) y las otras eran de los mismos propietarios. Por tanto, realmente, sólo se estaba presentando una oferta económica y no había concurrencia o competencia real.

3.- Contratos abiertos: Los anteriores a la ley de contratos de 2007: en la ley de contratos de 2000 los términos mínimos para la presentación de ofertas eran muy reducidos (15 días) y aún lo eran más si el procedimiento era por urgencia (7 días). Cuando la presentación de ofertas no eran por urgencia, las licitaciones coincidían con vacaciones. El resultado es que a todas estas licitaciones únicamente se presenta Stands Molinos SL; con el cambio legislativo en materia de contratos, los plazos se amplían considerablemente (de 15 a 54 días) ya que este tipo de contratos pasan a estar sujetos a una regulación armonizada. Coincide con cambios en la valoración de las licitaciones por parte del Patronato, que pasa a dar una importancia desorbitada a los criterios subjetivos, como es el diseño, frente a los objetivos, como el del precio. En semejantes circunstancias, es decir, al primar la subjetividad, la ley requiere que haya una comisión con tres técnicos especializados, circunstancia que no está presente en el caso analizado.

La Fiscalia demana 16 anys de presó, 44 d’inhabilitació com a càrrec públic i un milió d’euros de multa per a José Joaquín Ripoll, expresident de la Diputació d’Alacant (2003-2011) i exvicepresident de la Generalitat (1999-2003). Se l’acusa de delictes de suborn, informació privilegiada, tràfic d’influències, prevaricació, frau i negociacions prohibides a funcionaris en una de les peces del cas Brugal, la investigació sobre pilotes urbanístiques i adjudicacions de contractes públics a Alacant.

En aquest assumpte concret, Ripoll serà jutjat per haver mitjançat entre dos dels empresaris més esguitats per la corrupció de la Comunitat Valenciana: Enrique Ortiz, propietari del 70% del sòl urbanitzable d’Alacant capital, i Ángel Fenoll, el ‘capo’ dels fems a la província. Tots dos aspiraven a bastir i gestionar un macroabocador al Baix Segura que donaria servei a 27 municipis del sud de la Comunitat Valenciana.

El negoci –un contracte públic– era sucós. I la justícia, recolzada en una investigació policial exhaustiva des del 2008 al juny del 2010, creu que Ripoll es va beneficiar de la seua jerarquia política per a enriquir-se. Aquestes són alguns dels regals rebuts per Ripoll segons l’escrit de l’acusació de la Fiscalia:

Una vida de luxe sense traure ni un euro del banc

El fiscal destaca l’“elevat nivell de vida de què feien gala tant Ripoll com la seua família i que podria no correspondre’s amb els ingressos que legalment percebia”. Segons els seus càlculs, “la mitjana de diners d’origen desconegut de la família Ripoll-De la Vega [cognom de la dona, amb qui té quatre fills] és superior a 9.000 euros per mes”. Quasi 300.000 (292.658, exactament) en els 30 mesos investigats.

En resum, el líder del PP gaudia d’una vida de luxe sense fer transferències bancàries, utilitzar targetes o obtenir efectiu al caixer. “No hi ha càrrecs relacionats amb diversos aspectes de la vida quotidiana (…) com ara productes alimentaris, combustible, àpats i begudes fora de casa… ”. Tot es pagava en cash, diu el fiscal.

Pisos de regal per un milió d’euros

Ortiz i Fenoll van estar a punt de solucionar les seues diferències. El primer compraria al segon la finca sobre la qual anava el macroabocador amb una plusvàlua sorprenent: el 2.000 %. El terreny pel qual Fenoll va pagar mig milió d’euros seria adquirit –finalment, l’acord es va truncar– per 10 milions. En pagament per la seua intermediació, Ripoll rebria dos habitatges.

“La contraprestació en espècie oferida per Fenoll (…) eren dos habitatges en un carrer cèntric d’Alacant l’import aproximat dels quals era d’un milió d’euros (…) que seria sufragat pel sobrepreu generat per l’adquisició de la finca”. Per aquesta raó, “Ripoll es va involucrar amb tant d’interés” en l’afer, escriu el fiscal.

Viatges de luxe amb Ortiz

Ortiz també s’hauria guanyat el favor de Ripoll complimentant-lo amb viatges: un a la Fira d’Abril; dos més en iot a les Balears; el 2008 a Palma de Mallorca i el 2009 a Eivissa. D’acord amb un informe pericial, van costar 100.000 euros. I segons la policia, llavors es va parlar d’“arreglar això d’Oriola”, la ubicació del macroabocador que va enfrontar els empresaris.

De l’excés a l’atur

Ripoll, després de 16 anys ocupant càrrecs de màxim nivell –conseller, vicepresident de la Generalitat, president de la Diputació– va ser apartat de la primera línia política el 2011, quan no va repetir com a responsable de la corporació provincial. Allà tènia un sou de 100.000 euros. El juliol del 2011 es va apuntar a l’atur.

La Fiscalía pide 16 años de prisión, 44 de inhabilitación como cargo publico y un millón de euros de multa para José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante (2003-2011) y exvicepresidente de la Generalitat (1999-2003). Se le acusa de delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios en una de las piezas del caso Brugal, la investigación sobre pelotazos urbanísticos y adjudicaciones de contratos públicos en Alicante.

En este asunto concreto, Ripoll será juzgado por mediar entre dos de los empresarios más salpicados por la corrupción de la Comunidad Valenciana: Enrique Ortiz, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante capital, y Ángel Fenoll, el capo de las basuras en la provincia. Ambos aspiraban a levantar y gestionar un macrovertedero en la Vega Baja que iba a dar servicio a 27 municipios del sur de la Comunidad Valenciana.

El negocio -un contrato público- era jugoso. Y la justicia, apoyada en una exhaustiva investigación policial desde 2008 a junio de 2010, cree que Ripoll se benefició de su jerarquía política para beneficiarse. Éstas son algunas de las dádivas recibidas por Ripoll según el escrito de la acusación de la Fiscalía:

Una vida de lujo sin sacar ni un euro del banco

El fiscal destaca el “elevado nivel de vida del que hacía gala tanto Ripoll como su familia y que podría no corresponderse con los ingresos que legalmente percibía”. Según sus cálculos, “la media de dinero de origen desconocido de la familia Ripoll-De la Vega [apellido de su mujer, con la que tiene cuatro hijos] es superior a 9.000 euros al mes”. Casi 300.000 (292.658, exactamente) en los 30 meses investigados.

En resumen, el líder del PP disfrutaba de una vida de lujo sin hacer transferencias bancarias, utilizar tarjetas o conseguir efectivo en el cajero. “No existen cargos relacionados con diversos aspectos aspectos de la vida cotidiana (...) tales como productos alimenticios, combustible, comidas y bebidas fuera del hogar... ”. Todo se pagaba en cash, dice el fiscal.

Pisos de regalo por un millón de euros

Ortiz y Fenoll estuvieron a punto de solucionar sus diferencias. El primero compraría al segundo la finca sobre la que iba el macrovertedero con una plusvalía asombrosa: el 2000 %. El terreno por el Fenoll pagó medio millón de euros iba a ser adquirido -finalmente el acuerdo se truncó- por 10 millones. En pago por su intermediación, Ripoll iba a recibir dos viviendas.

“La contraprestación en especie ofrecida por Fenoll (...) eran dos viviendas en una calle céntrica de Alicante cuyo importe aproximado era de un millón de euros (...) que vendría sufragado por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca”. Por esta razón, “Ripoll se involucró con tanto interés” en el asunto, escribe el fiscal.

Viajes de lujo con Ortiz

Ortiz también se habría ganado el favor de Ripoll agasajándole con viajes: uno, a la Feria de Abril. Otros dos, en yate a las Baleares. En 2008 a Palma de Mallorca y en 2009 a Íbiza.  De acuerdo con un informe pericial, costaron 100.000 euros. Y según la policía, entonces se habló de “arreglar lo de Orihuela”, la ubicación del macrovertedero que enfrentó a los empresarios.

Del exceso al paro

Ripoll, tras 16 años ocupando cargos de máximo nivel -conseller, vicepresidente de la Generalitat, presidente de la Diputación- fue apartado de la primera línea política en 2011, cuando no repitió como responsable de la corporación provincial. Allí tenia un sueldo de 100.000 euros. En julio de 2011 se apuntó al paro.

La Fiscalia Anticorrupció acusa de delictes relacionats amb la corrupció l’expresident de la Diputació d’Alacant, José Joaquín Ripoll, i els empresaris Enrique Ortiz i Ángel Fenoll en l’escrit que ha presentat aquest dimecres pel cas Brugal. Sol·licita 16 anys de presó i multa d’un milió d’euros per a Ripoll, que també va ser vicepresident de la Generalitat a les ordres d’Eduardo Zaplana, una pena idèntica per a Fenoll, el ‘capo’ dels fems, i 17 anys i 300.000 euros de multa per a Ortiz, contractista habitual de les administracions controlades pel PP.

En aquest sumari es jutjaran delictes de suborn, prevaricació, negociació prohibida, frau, coaccions i tràfic d’influències pel tripijoc de contractes per a la concessió i l’explotació del Pla Zonal de Residus del Baix Segura.

L’operació Brugal es va iniciar en els primers mesos del 2006 arran que l’empresari Fenoll difonguera unes gravacions amb un regidor d’Oriola (Alacant), en què es posaven de manifest unes presumptes il·legalitats en l’adjudicació del concurs local de fems, on pretesament n’eixiria desfavorida la mercantil de la seua propietat, Colsur.

Segons l’ordre de processament dictat al febrer pel jutge que investiga el cas, “ha quedat indiciàriament acreditada l’existència d’una trama organitzada” al voltant de cinc empresaris que van tenir “l’ajuda i la col·laboració directa i informació d’investigats amb diversos càrrecs polítics i tècnics vinculats al Consorci de la Diputació Provincial d’Alacant”, per a “obtenir favors” de la corporació provincial i dels ajuntaments d’Oriola i del Pilar de la Horadada.

Tot, “mitjançant el lliurament de regals a funcionaris i autoritats amb competència o influència en contractacions, i en concret en el Pla Zonal XVII de Residus de la Zona XVII, aprovat mitjançant Una ordre de 15 d’abril del 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge de la Comunitat Autònoma Valenciana”.

La jugada, segons la investigació policial, es va fer a tres bandes. Ripoll va adjudicar al començament del 2008 la contracta de recollida de fems del Pla Zonal del Baix Segura a l’UTE Cespa-Ortiz, concessió pactada entre els empresaris Ortiz i Fenoll i el president de la Diputació. Ripoll, presumptament, adjudicava l’abocador a una empresa d’Ortiz a canvi que aquest comprara uns terrenys de Fenoll valorats en quatre milions i comprats pel ‘capo dels fems’ per 800.000 euros.

Un acord, que també segons la investigació, preveia l’entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Els regals per a aconseguir el contracte milionari del femater van consistir en dos viatges organitzats per Ortiz i per l’empresari Rafael Gregory –també imputat– a bord de dos iots propietat de l’empresari a les illes Balears.

La Fiscalía Anticorrución acusa de delitos relacionados con la corrupción al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortíz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado este miércoles por el caso Brugal. Solicita 16 años de prisión y multa de un millón de euros para Ripoll, que también fue vicepresidente de la Generalitat a las órdenes de Eduardo Zaplana, idéntica pena para Fenoll, el capo de las basuras, y 17 años y 300.000 euros de multa para Ortiz, contratista habitual de las administraciones controladas por el PP.

En este sumario se juzgarán delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias por el amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela (Alicante), en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

Según el auto de procesamiento dictado en febrero por el juez que investiga el caso, “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada” en torno a cinco empresarios que contaron con “la ayuda y la colaboración directa e información de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante”, para “obtener favores” de la corporación provincial y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada.

Todo, “mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana”.

La jugada, según la investigación policial, se hizo a tres bandas. Ripoll adjudicó a principios de 2008 la contrata de recogida de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, concesión pactada entre los empresarios Ortiz y Fenoll y el presidente de la Diputación. Ripoll presuntamente adjudicaba el vertedero a una empresa de Ortiz a cambio de que este comprara unos terrenos de Fenoll valorados en cuatro millones y comprados por el 'capo de las basuras' por 800.000 euros.

Un acuerdo, que también según la investigación, contemplaba la entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Las dádivas para lograr el contrato millonario del basurero consistieron en dos viajes organizados por Ortiz y por el empresario Rafael Gregory -también imputado- a bordo de dos yates propiedad del empresario a las islas Baleares.

El procés judicial que va somoure els fonaments del PP d’Alacant va arribant al final. El Jutjat de Primera Instància número 3 d’Oriola (Alacant), que instrueix la peça separada número 10 del Cas Brugal –conegut per la implicació de l’exalcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo–, ha processat 14 persones pel manegament de contractes per a la concessió i l’explotació del Pla Zonal de Residus del Baix Segura, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Entre els catorze processats hi ha l’expresident de la Diputació Alacant, José Joaquín Ripoll, i l’exalcaldessa d’Oriola, Mónica Lorente, ambdós del PP. La instructora processa també l’exportaveu del Partit Socialista en la Diputació alacantina, Antonio Amorós, i uns quants tècnics i empresaris, com l’empresari dedicat al suculent negoci del fem, Ángel Fenoll. La interlocutòria de procediment abreviat notificat aquest dimecres a les parts posa fi a una instrucció de més de 8 anys i deixa el cas preparat per al judici. La jutgessa conclou que hi ha indicis de prevaricació, suborn, frau a l’Administració, tràfic d’influències, revelació de secrets i negociació prohibida.

Segons que diu l’escrit, “ha quedat indiciàriament acreditada l’existència d’una trama organitzada” al voltant de cinc empresaris que van comptar amb “l’ajuda i la col·laboració directa i la informació d’investigats amb diversos càrrecs polítics i tècnics vinculats al Consorci de la Diputació Provincial d’Alacant”, per a “obtenir favors” de la Diputació Provincial d’Alacant i dels ajuntaments d’Oriola i de Pilar de la Foradada. Tot, “mitjançant el lliurament de regals a funcionaris i a autoritats amb competència o influència en contractacions, i en concret en el Pla Zonal XVII de Residus de la Zona XVII, aprovat mitjançant una ordre de 15 d’abril del 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge de la Comunitat Autònoma Valenciana”.

La jugada, segons la investigació policial, es va fer a tres bandes. Ripoll va adjudicar al començament del 2008 la contracta d’arreplega de fems del Pla Zonal del Baix Segura a l’UTE Cespa-Ortiz, concessió pactada entre els empresaris Ortiz i Fenoll i el president de la Diputació. Ripoll presumptament adjudicava l’abocador a una empresa d’Ortiz a canvi que aquest comprara uns terrenys de Fenoll valorats en quatre milions i comprats pel ‘capo dels fems’ per 800.000 euros. Un acord, que també segons la investigació, preveia l’entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Els obsequis per a aconseguir el contracte milionari del femater van consistir en dos viatges organitzats per Ortiz i per l’empresari Rafael Gregory –també imputat– a bord de dos iots propietat de l’empresari a les illes Balears.

La jutgessa, de la seua banda, arxiva la causa respecte de sis persones més perquè no veu indicis de la seua participació en els delictes investigats. Amb aquesta interlocutòria la magistrada instructora ho trasllada al fiscal i a les acusacions perquè d’ací a 20 dies sol·liciten l’obertura de judici oral i presenten els escrits d’acusació corresponents en què han de concretar el delicte que imputen a cada un dels processats i les penes que sol·liciten per a ells. En aquest tràmit, les acusacions també poden sol·licitar el sobreseïment de la causa si entenen que no hi ha proves per a portar a judici els processats; de manera excepcional poden sol·licitar la pràctica de noves diligències.

La Generalitat Valenciana ha destituído este viernes al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal desde el año 2010. Pero la destitución no se puede leer como una consecuencia de las líneas rojas de Alberto Fabra contra la corrupción, puesto que Ripoll fue nombrado por Alberto Fabra como responsable del puerto en septiembre de 2011, estando ya imputado en la trama que alcanza a gran parte de los dirigentes del PP alicantino.

La portavoz del Consell, María José Catalá, ha explicado que la destitución del que pasa por ser el último bastión del 'zaplanismo' en la Comunitat Valenciana, es fruto del 'momento' y no por la limpieza de presuntos corruptos. Así Alberto Fabra todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, imputado por presuntas irregularidades en la institución.

El puesto de Ripoll será ocupado por Juan Fester, secretario general del Puerto desde el año 2004.

Hubo un tiempo, en pleno boom urbanístico en la Comunitat Valenciana, en el que Francisco Camps lideraba un PP imperial; pero ni en este tiempo de vino y rosas todo era perfecto. En la provincia de Alicante se resistía a morir el poder de Eduardo Zaplana, un poder representado por un líder, José Joaquín Ripoll, la cabeza del conocido como sector 'zaplanista' que se enfrentó al 'campsista' y que ahora dejará su último bastión, la presidencia del Puerto de Alicante, cesado por el President de la Generalitat Alberto Fabra.

José Joaquín Ripoll integró el núcleo duro del Consell de Eduardo Zaplana en la Generalitat. Con la llegada del cartaginés a la presidencia en 1995 Ripoll empezó como conseller de Administraciones Públicas y en un año se encargó de la Conselleria de Presidencia. Con la primera mayoría absoluta del PP en la Comunitat Valenciana, en 1999, alcanzó la segunda vicepresidencia; pero con la marcha de Eduardo Zaplana como ministro de Aznar, Ripoll ascendió la vicepresidencia como mano derecha de José Luis Olivas (hoy imputado por su gestión de Bancaixa y de Banco de Valencia).

Con la llegada de Francisco Camps a la Generalitat en 2003 José Joaquín Ripoll fue destinado a liderar el PP alicantino. Así durante dos legislaturas fue presidente de la Diputación de Alicante, corporación que convirtió en fortaleza a medida que Camps se distanciaba de Zaplana. Fue un tiempo de duras pugnas internas y externas, luchas por el poder orgánico en el que Ripoll resistía junto con sus fieles.

Y entonces en 2009 llegó Gürtel. Fue una grieta en el buque de Camps, entraba el agua en casa del President pero cuando la tenía en el cuello en 2010 la policía iniciaba la operación 'Brugal' en la que registraba la casa de Ripoll, su oficina en la Diputación y detenía al mismo presidente; en este caso 'Brugal' cabe recordar que también estan implicados los dos últimos alcaldes del PP de la ciudad de Alicante (Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo).

José Joaquín Ripoll fue liberado, pero todavía pesa sobre el la imputación de delitos como cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El informe policial sobre la investigación apuntaba que Ripoll supuestamente habría recibido dos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, a cambio de la contrata de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja del Segura como contraprestación por favores a Ángel Fenoll -titular del terreno donde se levantaría la planta- y el promotor Enrique Ortiz Selfa -una de cuyas empresas sería adjudicataria de la gestión de la planta-. Ripoll manifestó que no estaba probado lo que el informe decía, y que no tenía las casas que se le atribuían. Admitió la amistad con Fenoll y Ortiz, así como con otros implicados, y que usó el yate de Ortiz en dos ocasiones para sendos viajes a Baleares en 2008 y 2009.

Como en 2011 Alberto Fabra no había dictado todavía su doctrina sobre las 'líneas rojas' nombró a José Joaquín Ripoll presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, pese a estar imputado en 'Brugal'. Fabra acabará así con la pesadilla de quien todavía es su propia pesadilla, Francisco Camps.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha confirmado este jueves que José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, será revelado este viernes como presidente del Puerto de Alicante por el actual director de la entidad, Juan Ferrer. Sin embargo, ha explicado que la decisión acerca del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar -imputado por supuesta malversación y prevaricación-, se tomará más adelante.

Así, el jefe del Consell ha explicado que el expresidente de la Diputación de Alicante “dejará de ser presidente de la Autoridad Portuaria y el nuevo presidente será el que era director del Puerto, Juan Ferrer”, mientras que se aplaza el cambio de dirección en el Puerto de Valencia.

Precisamente, la Generalitat Valenciana y el ministerio de Fomento llevan semanas trabajando de forma conjunta -según anunciaba la portavoz del Consell, María José Català hace unos días, incluso llegaba a anunciar que el cese de Ripoll y Aznar se produciría la pasada semana- para determinar si la impuación de ambos debe implicar su cese y sustitución en el cargo, una decisón que como recordaba el delegado del Gobierno, Serafín Castellano, competía a los Gobiernos central y autonómico.