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Estalla un nuevo 'caso Fitur' en Alicante con 3,2 millones bajo sospecha

Compromís lleva a Anticorrupción contratos de la Diputación de Alicante de la época de José Joaquín Ripoll con dos empresas con sede en el País Vasco a las que ya denunció la fiscalía por irregularidades en adjudicaciones del Ayuntamiento de Orihuela para la feria turística

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Anticorrupción acusa al expresidente de la Diputación de Alicante (PP), en caso Brugal

El expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. EFE

Hace apenas 10 días que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  envió a la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, y condenó a 9 años de prisión a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez por amañar los contratos de los gobiernos de Fransico Camps para el pabellón valenciano en Fitur entre 2005 y 2009. Ahora estalla otro 'caso Fitur', esta vez en Alicante, con una trama de empresas diferente, el mismo color político en los reposnables políticos, el del PP, y una forma de operar muy similar.

La coalición Compromís ha reunido documentación suficiente para llevar a la fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción contratos por un valor total de 3,2 millones de euros establecidos entre 2004 y 2009 por la Diputación de Alicante, entonces presidida por José Joaquín Ripoll, para el montaje del pabellón promocional del Patronato de Turismo Costa Blanca en la feria turística.

Fraccionamiento de contratos por debajo del máximo de 12.000 euros vigente en aquel momento, adjudicaciones sin publicidad, concursos a los que se presentaron empresas de la misma trama y baremaciones que acababan otorgando el contrato a la oferta más cara son algunas de las supuestas irregularidades detectadas en la contratación por el patronato, mientras era presidido por Ripoll, con Sebastián Fernández como diputado de Turismo, de Equipamiento Integral para Stands Molinos, SL, y de Exporigging, SL, ambas administradas por el matrimonio formado por Javier Molinos Zufiria y Mercedes Lasa Morán, con sede social en Bilbao.

Las dos sociedades forman parte de un entramado de empresas con sede social en el País Vasco, que nunca han actuado en ese territorio, a las que acusó la Fiscalía de Alicante en 2015 de fraude y prevaricación, junto a la expresidenta del PP en Orihuela, Josefa Ferrando, a la que pide 9 años de prisión, por amañar contratos para la instalación de pabellones en Fitur. El caso se originó con la denuncia presentada en 2013 por el equipo de gobierno de Orihuela que formaron entonces el PSOE y los Verdes y que relevó al PP de la alcaldía por un breve periodo.

La documentación recopilada por Compromís sobre este caso, que la coalición pondrá a disposición de la Fiscalía, tiene su origen en la comisión de investigación creada a finales de 2016 en la Diputación de Alicante sobre la gestión de los anteriores equipos del PP.

Justificada, entre otras cosas, en el hecho de que  al expresidente provincial Ripoll le pide la Fiscalía 16 años de prisión, 44 de inhabilitación como cargo publico y un millón de euros de multa por supuestos delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios en una de las piezas del caso Brugal, la comisión debía ser presidida por la diputada de Esquerra Unida en la Corporación, Raquel Pérez. Así, al menos, lo votaron los diputados. Pero el presidente de la Diputación, César Sánchez, del PP, nombró para presidirla al exalcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

Socialistas y Esquerra Unida se negaron a participar en la comisión como consecuencia lo que consideraron una cacicada, pero Compromís y el exdiputado de Ciudadanos, ahora diputado tránsfuga, Fernando Sepulcre, decidieron mantenerse en ella. La semana pasada se dio por acabada la actuación de la comisión con un informe esgrimido por el PP que acusaba al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de no haber consultado mucha de la información reclamada y de haber llevado a cabo una actuación "perturbadora" para el funcionamiento del Patronato de Turismo. Sin embargo, a partir de la documentación obtenida, precisamente, ha podido completar Compromís la información que trasladará a la Fiscalía.

La actuación de una trama con procedimientos similares a los de la Gürtel en Alicante en los mismos años que en Valencia, pero protagonizada por empresas distintas, puede tener su explicación en la división que afectaba entonces al PP en la Comunidad Valenciana, partido en dos sectores enfrentados: los seguidores del expresidente Eduardo Zaplana, cuyo núcleo era Alicante y su cabeza visible Ripoll, y los campistas, afines al nuevo presidente valenciano, Francisco Camps. Sectores enfrentados, pero vicios comunes, por lo que parece.

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