En puertas de un nuevo encuentro entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los Gobiernos vasco y central han celebrado este miércoles una comisión mixta del Concierto Económico y pactado prorrogar el actual techo de déficit y deuda hasta 2028, el último año de la legislatura actual de Pradales. Eso “garantiza una mayor estabilidad y seguridad para la elaboración de las cuentas públicas en los próximos ejercicios”, según han señalado desde el Gobierno vasco.

En concreto se mantiene un déficit del 0,3% y una deuda pública del 13% para el Gobierno vasco, y un déficit del 0,1% para las Diputaciones forales. Son los mismos parámetros que se pactaron entre ambas administraciones en 2024. Desde el Gobierno vasco han valorado que el acuerdo recoge igualmente las reglas de flexibilización del umbral de endeudamiento acordadas con carácter de permanencia en la anterior comisión, celebrada el 10 de abril de 2025, “consolidando definitivamente un notable avance para el fortalecimiento de la autonomía financiera y la capacidad de inversión de las instituciones vascas”.

El encuentro de este miércoles ha sido telemático, y ha sido también el último de María Jesús Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda, ya que en breve dejará su cargo para ser candidata a las elecciones andaluzas. En cualquier caso, Montero no ha estado físicamente en la reunión, en la que ha estado representada Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, junto a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial; Miryam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial; y Mónica García Sáenz, directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial. Por el Gobierno vasco han participado Noël d'Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas; María Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno; y el diputado general de Álava, Ramiro González, y las diputadas generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza; además del viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso.

Además del techo de déficit en la reunión se han aprobado el Cupo líquido y la valoración de políticas activas de empleo definitivas para 2024 y las provisionales para 2025, poniendo al día el marco de relaciones y flujos financieros entre Euskadi y el Estado, conforme establece el sistema de Concierto Económico. Por otra parte, se ha acordado la participación de Euskadi en diversas dotaciones extraordinarias en materia de salud, por un importe total de más de siete millones de euros entre 2025 y 2026. En concreto, se ha determinado un Cupo líquido definitivo en 2024 de 1.735.618.830 euros y un Cupo líquido provisional en 2025 de 1.464.741.000. Ademas, se ha ratificado la actualización del protocolo de relevo en la secretaría de la Junta Arbitral del Concierto Económico, incorporando algunas modificaciones para mejorar su funcionamiento y operatividad.

Por otra parte, se ha acordado la participación de Euskadi en tres dotaciones extraordinarias en materia de salud: el Plan de Acción de Salud Mental, el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio y el Programa de Desarrollo de Medidas para Mejorar la Eficiencia y la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En total, supone una financiación de más de siete millones de euros para Euskadi sumando los ejercicios 2025 y 2026. Queda pendiente para otra Comisión Mixta, a celebrar antes del 30 de septiembre de 2026, para aprobar la metodología definitiva para la determinación de la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, tal y como se acordó en la reunión de abril de 2025.

Esta comisión mixta es la quinta que celebran las instituciones vascas con la Administración del Estado desde la que se celebró el pasado 13 de noviembre de 2024 y, en total, se han alcanzado 45 acuerdos en materias de diversa índole que el Gobierno vasco califica que “claves para la defensa y actualización permanente del autogobierno económico, fiscal y financiero de las instituciones vascas”. “Esta relación de acuerdos escenifica la capacidad de acuerdo y diálogo entre distintos gobiernos, poniendo en valor el potencial del Concierto Económico como instrumento útil y plenamente actual para regular el modelo de relaciones entre Euskadi y el Estado, basado en la bilateralidad, el consenso y el respeto mutuo”, han señalado desde el Ejecutivo vasco.

A partir de ahora ambas administraciones tendrán que abordar la renovación de la metodología de fijación del Cupo correspondiente al quinquenio 2027‑2031. La metodología actualmente vigente, aplicable al periodo 2022‑2026, debe ser objeto de actualización, y para lo que desde el Gobierno vasco aseguran que ya se han iniciado los contactos con el Ministerio de Hacienda.

La consellera catalana de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha señalado este jueves que “el 30 de junio deberíamos tener el esquema de un nuevo modelo de financiación autonómica”. Esta es la fecha límite contemplada en el acuerdo de investidura entre el PSC del president Salvador Illa y ERC, hace algo menos de un año. Un pacto que reconocía “la singularidad” de Catalunya y que levantó un intenso debate en todo el Estado sobre si la nueva Generalitat busca o no un concierto fiscal como el de Euskadi o Navarra y abandonar el régimen común.

Alícia Romero considera que el actual modelo es “desigual”. A través del régimen común, todas las comunidades autónomas menos Euskadi y Navarra se reparten los recursos económicos del Estado para financiar los principales servicios sociales públicos cuyas competencias tienen transferidas —como son la sanidad, la educación o la dependencia—, con el objetivo de que se provean en las mismas condiciones en cualquier parte del territorio. Este modelo no se actualiza desde 2009.

La consellera catalana, en una conferencia en el Consejo General de Economistas, en Madrid, ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica no es “un concierto”, porque se basa en los principios de “solidaridad y ordinalidad”, que implican que Catalunya esté bien “en el conjunto con sus singularidades”.

“Yo soy solidario con relación a otros, y quiero que se respete el principio de ordinalidad, con relación a otros. Si estoy solo en mi mundo, ni tengo que ser solidario, y me da igual la ordinalidad”, ha explicado la consellera del PSC.

“En el acuerdo con Esquerra Republicana, hablamos del principio de ordinalidad. Es decir, quiero, cuando aporte, recibirlo, y quedarme en la misma en la misma posición aproximadamente [respecto a lo que aportan y reciben el resto de comunidades autónomas del régimen común]”, ha añadido Alícia Romero, en su conferencia. “Y quiero ser solidario con el resto. Por tanto, me estoy referenciando a un conjunto. Estoy bien dentro de un conjunto con mis singularidades”, ha insistido.

“Nosotros queremos formar parte de un modelo distinto, donde se respeten las singularidades, donde estas singularidades se financien adecuadamente y, por tanto, en eso vamos a trabajar. Y nos gustaría que todas las comunidades autónomas que necesitan actualizar el modelo, también sean constructivas a la hora de aportar soluciones a una situación que lleva demasiado tiempo caduca y que, en fin, por responsabilidad todos deberíamos estar intentando poner soluciones y construir, y no generar ruido”, ha comentado.

“Nuestro modelo de financiación es un modelo singular, generalizable. Es decir, nosotros estamos trabajando en un modelo que es para Catalunya y que se puede generalizar y al que cualquier comunidad autónoma se puede añadir”, ha proseguido.

“Por eso estamos haciendo crecer la Agencia Tributaria [de la propia comunidad]. El martes, aprobamos 200 plazas más para que vaya cogiendo músculo y poder afrontar los retos que tenemos por delante. Por tanto, nosotros recaudamos todos los impuestos que se genera en Catalunya. Pagamos al Estado por los servicios que presta a Catalunya y aportamos a la solidaridad o a la nivelación, como le queramos decir, para que haya ese equilibrio, esa igualdad que, insisto, hoy no existe”, ha detallado Alícia Romero.

“Eso también significará probablemente que el Gobierno tendrá que poner recursos, como ha pasado siempre en todas las actualizaciones del modelo, pero eso ya no me toca a mí. De hecho, nosotros lo que estamos trabajando es para el 30 de junio, para llegar a cumplir el acuerdo, es que tengamos esa estructura de un nuevo modelo, mucho más simple, mucho más fácil, mucho más transparente y obviamente justo y solidario”, ha concluido.

Condonación de deuda y entregas a cuenta

El plazo de la consellera de Economía de Catalunya es ambicioso si se tiene en cuenta que el Gobierno central ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos años por su debilidad parlamentaria. El Ejecutivo de coalición tampoco ha podido actualizar los pagos a las comunidades —las conocidas técnicamente como entregas a cuenta—.  Este retraso supone una pérdida de ingresos para las comunidades del régimen de financiación común de casi 10.000 millones en total.

La mayor parte de esos 10.000 millones está destinada a las once comunidades gobernadas por el PP, como se puede observar en el gráfico. Aunque el principal problema es que se trata de dinero que sirve para financiar los principales servicios públicos, que son competencias regionales.

De momento, sin la actualización de los pagos mensuales de la Administración central a las comunidades autónomas, estas “entregas a cuenta” continúan siendo las mismas de 2023, el último año en el que el Ejecutivo pudo aprobar unos Presupuestos Generales de Estado. Junts —cuyo grupo parlamentario fue uno de los que votó en contra de su aumento a principios de año, aunque Catalunya pierde con ello 1.910 millones— dijo entonces que se debe pactar “una redistribución distinta de los objetivos de déficit” y pidió que se abra una negociación seria sobre el concierto económico de Catalunya.

El Gobierno central también tiene pendiente “la condonación de deuda” anunciada en febrero a la comunidades autónomas. A finales de ese mes, en la espantada en bloque de las comunidades del PP en la reunión con Hacienda en el Consejo de Política Fiscal Financiera, el órgano donde se trata estos temas, los representantes populares entregaron una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella, tras argumentar en el primer punto su rechazo a la propuesta de la quita de deuda, en el segundo abordan “las entregas a cuenta”.

“Creo que la reducción de la deuda que nos plantea el Gobierno de España es una buena propuesta para la totalidad de las comunidades autónomas. A nosotros [Catalunya], la reducción nos supone unos 17.000 millones de euros. Lo que nos va a poner en una situación mejor. Un ahorro de 1.550 millones en intereses, que nos permite dedicar los recursos a otros elementos”, ha dicho la consellera del PSC, Alícia Romero, este jueves.

La financiación autonómica suele despertar discursos apocalípticos sobre la España que se rompe, sobre solidaridad y agravios territoriales y sobre la desigualdad entre españoles. Como cada vez que desde Catalunya se ha impulsado una reforma. Es la gran batalla de la política española dado que de ese modelo dependen servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia, que prestan las comunidades autónomas.

El modelo vigente, fue pactado en 2009 en el marco del nuevo Estatut de Catalunya y está caducado desde 2014. Uno de sus impulsores fue Antoni Castells (Barcelona, 1950), conseller de Economía en los gobiernos socialistas de Pasqual Maragall y José Montilla. Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Hacienda Pública, Castells considera que la propuesta de financiación singular pactada entre el PSC y ERC es un “buen acuerdo”, pero advierte de algunos bancos de niebla que, a su juicio, el Govern de Salvador Illa debería despejar antes de negociar con el Estado. Primero: “qué entiende por financiación singular” y segundo: “el esquema de solidaridad que concibe el modelo”.

Para este experto en federalismo fiscal, Catalunya debería tener una “financiación específica, distinta a la del resto de comunidades, que quede fuera del régimen común”. Hoy se empezará a debatir sobre ello en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

¿Qué le parece lo que conocemos del acuerdo de financiación singular pactado entre el PSC y ERC?

Me parece un buen acuerdo. Es el modelo que acordamos en septiembre de 2005 en el Estatut aprobado por el Parlament. Este modelo de financiación singular y aquel son lo mismo. Después fue desvirtuado sucesivamente por el pacto entre Mas y Zapatero y posteriormente en el Congreso, con el famoso cepillo de Alfonso Guerra. Aun así, el PSC y CiU lo consideramos lo suficientemente satisfactorio como para recomendar el sí en el referéndum. Después fue definitivamente desnaturalizado con la sentencia del Constitucional de 2010.

¿Puede ocurrir lo mismo esta vez?

Por supuesto. Ahora tenemos un acuerdo entre el PSC y ERC, pero este acuerdo se tendrá que negociar con la otra parte, el Estado, y esta negociación siempre es difícil. Un factor a favor es que Pedro Sánchez ha manifestado que está de acuerdo y que lo asumirá. Pero el factor en contra es que en una negociación todo el mundo mira por lo que más le conviene, la Generalitat y las fuerzas catalanas estarán a un lado de la mesa y el Estado en la otra, y ya veremos cómo termina. Para negociar, sin embargo, hay un punto del acuerdo, a mi modo de ver, que el Govern debería aclarar cuanto antes y es qué entiende por financiación singular.

 ¿Para usted qué es?

Para mí es una financiación específica para Catalunya, distinta a la del resto de comunidades, un modelo que queda fuera del régimen común. El Govern debe decir si esta es su interpretación y ERC si está de acuerdo con la interpretación del Govern. Este es un punto fundamental, que deben aclarar los autores del acuerdo, PSC y ERC, un punto previo, casi le diría, a la negociación posterior con el Estado.

Los expertos del Govern andan estas semanas calculando lo que gasta el Estado en Catalunya para ver cuánto le debería pagar con el nuevo modelo. Y le servirá, luego también, para establecer la cuota de solidaridad. ¿El modelo del cupo vasco es una buena aproximación?

El acuerdo tiene tres puntos. Uno ya está claro y es que la Agencia Tributaria de Catalunya recaudará todos los impuestos. Ello tiene una dificultad enorme, pero es lo que dice el acuerdo. Hoy la Agencia catalana tiene 900 funcionarios y la estatal, solo en Catalunya, alrededor de 5.000, a los que habría que imputar la parte correspondiente de los servicios centrales, como la informática, por ejemplo. Segundo, el Estado participará de los impuestos que recaude la Generalitat en unos porcentajes que se calcularán de forma que reciba la cantidad que le corresponda por los servicios que sigue prestando en Catalunya. Y, a continuación, con la cantidad que resulte, habrá que elegir una combinación de porcentajes de los impuestos cuya suma corresponda a esa cantidad.

Efectivamente, lo primero que hay que saber es cuánto representan los servicios del Estado. Para ello, hay una manera muy inmediata de hacerlo: emplear como base la cifra calculada para determinar las cargas del Estado en Euskadi. A la que habría que sumar los servicios que presta el Estado en Catalunya y no en Euskadi, y restar los que presta allí y no en Catalunya. Esto daría una determinada cantidad y, en el momento inicial, habría que calcular qué suma de porcentajes de los impuestos pagados en Catalunya se elige para sufragar esta cantidad. A partir de este momento, a mí me gustaría que cada cual volara por su cuenta.

¿A qué se refiere?

A que Catalunya y el Estado puedan decidir cada uno la política tributaria que desea aplicar. Imagínese, por ejemplo, que para pagar los servicios que el Estado presta en Catalunya, en el momento cero del cálculo, al Estado le corresponde el 35% del IRPF de lo que se recauda en Catalunya y al gobierno de la Generalitat el 65%. A lo que me refiero es a que si luego el Govern decide aumentar la tarifa del IRPF, este aumento debe atribuirse a la Generalitat, no tendría ningún sentido que el Estado se quedara con el 35%. Y viceversa. Y el tercer punto del acuerdo es la contribución a la solidaridad.

¿Cuál cree que debería ser esta aportación?

El último acuerdo contenía un mecanismo de nivelación que en teoría debería nivelar el 75% de los recursos. Es decir, de los impuestos que corresponden a cada comunidad, el 25% se los quedaba la comunidad y el 75% iba va a un fondo común que se distribuye de acuerdo con unos criterios de necesidades, básicamente según la población. Este grado de nivelación es muy alto, y además en la práctica es más elevado, porque se añaden unos fondos que hacen que el grado de nivelación sea prácticamente total, del 100%.

Catalunya contribuye por encima de la media, con 120 (si la media es 100) y acaba recibiendo 100. Toda la contribución fiscal que realizan los ciudadanos catalanes por encima de la media (estos 20) no sirve para financiar los servicios que presta el gobierno de la Generalitat, sino los que realizan otros gobiernos autonómicos. El grado de nivelación real es, pues, del 100%. Esto no ocurre en ninguno de los países federales que nos podrían servir de referencia, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Alemania.

“Si ahora Catalunya recibe según la media, con el nuevo sistema sus ingresos por habitante deberían pasar a una horquilla de entre el 110% y el 115%”

¿Qué grado de nivelación cree que debería haber?

Un grado de nivelación de entre el 25% y el 50% sería más que suficiente. Esto significaría que, de estos 20 que Catalunya paga por encima de la media, entre 5 y 10 irían a la solidaridad con otras comunidades autónomas y entre 15 y 10, respectivamente, irían al gobierno de la Generalitat. En todas partes, los impuestos que pagan los ciudadanos de una jurisdicción a su gobierno sirven para financiar los servicios que les presta este gobierno, no para financiar a los otros gobiernos. Y esto es aplicable a los gobiernos intermedios (estados, provincias, cantones o Länder, en los países que antes he mencionado) y, por supuesto, a los gobiernos locales. En todo caso, si se piensa que hay gobiernos que, a causa de una menor capacidad fiscal, deben recibir ingresos adicionales, el responsable de canalizar estos recursos es el gobierno central. En todos estos países es a través del circuito fiscal del gobierno central que se ejerce la solidaridad.

En este sentido, creo que debería quedar claro cuál es el esquema de solidaridad que se desprende del acuerdo, porque este solo habla de contribuir a la solidaridad. Y también se contribuye a la solidaridad a través del circuito estatal, si una parte de los recursos del Estado se destinan a aumentar los recursos de las comunidades con menor capacidad fiscal. De hecho, así es como se hace en todos estos países. Antes en Alemania existía un mecanismo de nivelación horizontal, pero lo eliminaron. España es una anomalía.

¿Cuál cree que debería ser una cifra de ganancia razonable para Catalunya?

Es difícil contestar a esta cuestión. En 2009, el acuerdo alcanzado debería haber supuesto un aumento de 3.800 millones de euros anuales. Ahora no lo he calculado y si existiera una cifra tampoco creo que debiera hacerse pública con una negociación por delante.

Pero usted no negocia, se la pregunto como experto en el tema.

La cifra dependerá de los dos factores que hay que negociar: cuáles son las cargas del Estado en Catalunya y cuál es el esquema de nivelación. También de si hay mejoras en el aspecto competencial, si se asume Rodalies, por ejemplo. Pero si ahora la nivelación es del 100% (es decir, Catalunya está en la media en cuanto a financiación autonómica) y pasara, como he señalado antes, al 25% o el 50%, los ingresos por habitante deberían pasar del 100% de la media al 110%-115%. Es fácil hacer el cálculo. Además, en mi opinión, no solo se debería reformar el sistema de financiación para Catalunya, sino que debería haber también una reforma para las comunidades del régimen común. Que yo sepa no han dicho que quieran más autonomía tributaria, pero sí más dinero y modificar los criterios de distribución. Entonces, si el Estado acaba poniendo más recursos, se tendría que añadir también la parte que le correspondiera a Catalunya.

Con la financiación no basta

Como usted ha comentado, además del sistema de financiación, está toda la parte de las inversiones del Estado en Catalunya, que es en lo que más se fija Junts, a diferencia de ERC. Las balanzas fiscales y el déficit fiscal. ¿A qué le da usted más importancia, a la financiación o al déficit inversor?

Ambos son importantes. Ya he alertado muchas veces de que con la financiación no basta, porque se puede conseguir una gran mejora por este lado, pero si el Estado, en la parte que le corresponde, distribuye su gasto, especialmente la inversión, de forma completamente sesgada, favoreciendo a la Comunidad de Madrid, no habremos solucionado demasiado. Hay que actuar en las dos partes de la ecuación: la financiación de la Generalitat y la distribución territorial del gasto del Estado. Por tanto, a la vez que pactamos una buena financiación hay que establecer unas reglas para asegurar que en todo lo que hace el Estado y que es decisivo para Catalunya, la Generalitat tenga algo que decir. Lo que no es aceptable es que en la lógica competencia entre Barcelona/Catalunya y Madrid, esta última cuente no solo con el concurso de su propio gobierno, sino con el del gobierno central.

Varios estudios concluyen que el efecto capitalidad provoca que la Comunidad de Madrid esté dopada fiscalmente y que su realidad está muy alejada del resto. ¿Cómo cree que debería resolverse?

Esta es una de las cuestiones que me ha hecho revisar mi ideario federalista. En el pasado había defendido una España federal, creía que este era el modelo, pero creo que es muy difícil que España llegue nunca a ser un país federal, por diversas razones, y una de ellas es lo que usted comenta. Hay otra, el federalismo resuelve el problema de la distribución del poder político entre el gobierno federal y los estados, pero no resuelve el problema de la fractura nacional. Y, en España, el problema es tanto o más de reconocimiento de la diversidad nacional, que de reparto de competencias o de poder político.

Pero vamos al factor Madrid. Mientras Madrid sea lo que es ahora, será muy difícil que España pueda ser un país federal. Estados Unidos no sería federal si Washington fuera Nueva York, ni lo sería Canadá si Ottawa fuera Toronto, ni Australia si Canberra fuera Sídney. No lo serían porque a la rivalidad lógica que hay entre los territorios de un país federal, se añadiría que el árbitro estuviera a favor de uno de ellos. Tarradellas decía una cosa con mucho sentido: “¿Para qué quieren autonomía si son los que mandan?”.

Pone mucho énfasis en la rivalidad entre Catalunya y Madrid.

El problema básico es la competencia entre Barcelona, y por extensión Catalunya, y Madrid. En el origen del conflicto entre Catalunya y España está este hecho: Catalunya, un poder económico, en busca de poder político, y un poder político, Madrid, que quería ser también capital económica, y que seguramente lo ha conseguido. Así, pues, a lo que tenemos que aspirar, como ha hecho siempre el catalanismo político, es a tener los máximos instrumentos políticos para poder librar esta batalla e intentar recuperar la capitalidad económica que en buena parte hemos perdido.

¿Qué instrumentos políticos?

Básicamente tres. Primero, potenciar el autogobierno para tener competencias y recursos que nos permitan llevar a cabo políticas propias. Me conformaría con tener los instrumentos que tienen los estados de Estados Unidos. No es verdad que España sea el país más descentralizado del mundo, cualquier estado norteamericano tiene más capacidad de decisión. Segundo, establecer unas reglas para que el Estado tenga una política territorial equilibrada y neutra, para que no juegue a favor de una de las partes, como ocurre ahora con Madrid. Unas reglas que digan que en todo aquello que es relevante para Catalunya, los catalanes podamos tener voz y voto. Y tercero, garantías para que los acuerdos se cumplan y que, por consiguiente, el árbitro sea neutral. Para entendernos, si el árbitro es Marchena, vamos apañados.

¿Cómo valora los seis primeros meses del Govern de Salvador Illa?

En cierto modo, este Govern ha sido balsámico y ha ayudado a rebajar el clima de tensión, lo que ya había ido ocurriendo con el anterior Govern de Esquerra. Después de todo lo que ha supuesto el procés, era necesario que se pasara por tres etapas. Lo primero que hacía falta era la distensión, cuyos hitos más relevantes son los indultos y la amnistía, que, aunque no se haya aplicado, demuestra buena voluntad por parte del Gobierno de Sánchez. La segunda etapa es la rectificación, el reconocimiento (aunque sea implícito) por las dos partes de la necesidad de cambiar de estrategia. La parte catalana creo que ha comprendido que no puede seguir con la vía unilateral y el Gobierno que este conflicto no se soluciona metiendo a la gente en la cárcel. Aunque es cierto que aún hay una parte de la sociedad y de los políticos españoles que seguirían mandando gente a la cárcel. Y la tercera fase es la negociación, que es donde estamos.

¿Negociar qué y para qué?

Para pactar unas nuevas reglas de juego del autogobierno de Catalunya dentro de España. ¿Somos conscientes de que desde la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatut las reglas de juego que regulan el autogobierno de Catalunya en España están en la provisionalidad? ¿Qué estamos en un estado de excepción autonómica?

¿Por qué?

Porque las reglas actuales (el Estatut recortado por el Tribunal Constitucional) no han sido pactadas. Tenemos un Estatut impuesto, no pactado, en contra de lo que quiere la Constitución. En este caso, al Constitucional los árboles no le dejaron ver el bosque. No tuvo suficientemente en cuenta la gravedad de modificar un Estatut ya refrendado. La sentencia hizo saltar por los aires lo que, de acuerdo con la Constitución, es lo más importante, que es el pacto. Aquí empiezan, en buena medida, todos los males, puesto que una parte de la sociedad catalana llega a la conclusión de que, si sus aspiraciones de autogobierno no caben en la Constitución, hay que considerar superada la etapa constitucional. Creo que se equivocan al querer hacer las cosas de forma unilateral, pero hay que aceptar que esta conclusión tiene cierta lógica.

Acabar con esta provisionalidad debería ser una prioridad para el president Illa. Lo que me produce una cierta perplejidad es que, en últimos quince años, desde que se emitió la sentencia del Constitucional, no se haya puesto sobre la mesa ninguna propuesta mínimamente consistente entre los dos únicos proyectos aparentemente en confrontación: la continuidad del Estatut recortado y la independencia. Porque yo creo que ahí, en este terreno intermedio, es donde se sitúa la gran mayoría de la sociedad catalana, que no desea ni continuar igual que hasta ahora, ni tampoco la independencia. Una mayoría que probablemente desearía pactar un acuerdo específico de autogobierno de Catalunya en España.

Creo que debería haber una propuesta ambiciosa de autogobierno de Catalunya dentro de España, un acuerdo específico

Sigue, pues, sintiéndose huérfano políticamente.

Así es. Creo que debería haber una propuesta ambiciosa de autogobierno de Catalunya dentro de España, un acuerdo específico. Y no estoy en contra de que se generalice, lo podemos intentar, pero no creo en ello. Las aspiraciones al autogobierno y al reconocimiento nacional de Catalunya no son las mismas que las de las otras Comunidades Autónomas (Euskadi aparte). Esta es la realidad de España y no aceptarlo es lo que nos ha llevado donde estamos. Yo no he visto que en otras comunidades salgan a la calle un millón de personas reclamando más autogobierno, y las encuestas más bien dicen lo contrario, que, en algunas comunidades, lo que desean es menos autonomía. Un problema específico requiere un acuerdo específico.

¿Ve a los presidentes Sánchez e Illa capaces de agarrar los cuernos de este toro?

Una solución como la que planteo podría tener un apoyo importante en Catalunya porque, en mi opinión, una mayoría no quiere la independencia, pero tampoco seguir con el Estatut recortado por el Constitucional. Pero fuera de Catalunya lo veo muy difícil. Pedro Sánchez tendría un problema, incluso dentro de su propio partido.

Usted ha dicho varias veces que desearía un PSC no tan supeditado al PSOE en Madrid. ¿Confía en que a partir de ahora esta relación pueda cambiar? ¿Ve a Illa en esta senda?

Me gustaría. Illa es de fiar y se le tiene que dar un margen de confianza, pero lo que usted comenta es el gran punto débil del PSC y lo que motivó mi distanciamiento del partido. Creo que Catalunya debe tener un Partido Socialista de obediencia estrictamente catalana, que sería lógico que en España pactara con el PSOE, en la mayoría de cuestiones: en políticas sociales, en política europea. Pero en cuanto al modelo territorial de España y al encaje de Catalunya, es normal que su posición no sea la del PSOE. Este punto débil tiene una visibilidad muy clara en el Congreso: yo me siento emocionalmente cercano al PSC y me incomoda ver que quien negocia para obtener beneficios para Catalunya, como la amnistía, las políticas de inmigración o el traspaso de Rodalies, son Junts y ERC, cuando tienen menos escaños que el PSC en el Congreso. El PSC no aparece y lo que se decide allí muchas veces es mucho más importante para Catalunya que lo que se decide en el Parlament.

Por no hablar del pacto no escrito que hubo durante tantos años, hasta que Pasqual Maragall llegó a la Generalitat, por el cual a Felipe González le iba de maravilla que en Catalunya gobernase Jordi Pujol. Por un lado, no tenía el incordio de un gobierno catalán socialista, como lo fuimos para Zapatero, y por el otro tenía asegurados los votos de CiU a base de hacer concesiones cuando le convenía. Los viejos del socialismo catalanista creo que no estarían muy felices al ver a un PSC tan tributario del PSOE.

Euskadi, la de más peso de las dos comunidades de régimen foral, ha querido quedarse de perfil en el debate sobre la condonación de la deuda anunciada por el Gobierno de España a las comunidades de régimen común. La consejera-portavoz, María Ubarretxena, ha insistido en que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tienen un marco de financiación propio, al igual que Navarra, y que, por lo tanto, no se verán afectadas a corto plazo por las decisiones que se adopten en torno a la quita. “Nadie nos quita nada. Nadie nos regala nada”, ha subrayado Ubarretxena.

No obstante, ha señalado también que Euskadi leerá la “letra pequeña” del acuerdo que se pueda alumbrar para que, de cara al futuro, cuando en 2027 se agote el actual marco quinquenal, no suponga un perjuicio. “Lo tendremos que analizar”, ha manifestado la portavoz en rueda de prensa.

En su momento, cuando ERC y el PSOE introdujeron este asunto en los acuerdos de investidura en 2023, el entonces consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, del PNV, también lanzó la idea de la necesidad de estar en alerta. “Esta comunidad contribuye con la financiación de políticas no transferidas pero también de la financiación de las políticas solidaridad que existen en el Estado. Aportamos una cantidad determinada. Si cambiara el escenario, tendríamos que saber si afecta a la aportación, si afecta a los términos que las Haciendas forales vascas han negociado para fijar el Cupo”, se indicó entonces.

Las dos comunidades forales tienen que abonar el 6,24% (en el caso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y el 1,6% (Navarra) de los servicios gestionados por el Estado. Entre esos conceptos se incluyen los intereses de la deuda, lo que podría generar un abono extraordinario, según se planteó en 2023.

Miguel Poveda vuelve a Logroño con su último trabajo, 'Poema del Cante Jondo'. Será el 31 e mayo en el Palacio de Congresos Riojaforum y las entradas ya están disponibles en entradas.com y taquillas del Auditorio. Así, el artista emprende un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida a los evocadores textos del libro «Poema del cante Jondo» de Federico García Lorca.

Ambos han conseguido crear uno de los mejores discos de flamenco de los últimos años, donde se muestra al Miguel más cantaor que nunca interpretando de manera magistral los textos de su amado y admirado Federico. En cada compás, el álbum revela una cuidadosa amalgama de la rica herencia del cante jondo y la poesía profunda de Federico.

La guitarra de Jesús Guerrero, oriundo de San Fernando, añade una dimensión única, ofreciendo un acompañamiento «flamenquísimo» y que hace las delicias de todo aficionado a la música flamenca. ‘Poema del Cante Jondo’ no solo es un álbum musical sino un encuentro íntimo con las raíces del flamenco y el amor que cada uno de los protagonistas del álbum han puesto en él a lo largo de sus vidas, a través del cante, la guitarra, percusión, palmas y como no, de la poesía.

A este le acompaña una gira junto al maestro Jesús Guerrero donde no solo interpretan el flamenco con maestría, sino que también se sumergen en la esencia lírica de Federico, dando vida a las palabras del poeta a través de su inconfundible voz y volviendo a la esencia más pura y desnuda del estio que lo vio nacer. Esta fusión de la poesía lorquiana más telúrica y flamenca con la expresividad del cante y la guitarra de estos dos artistas, crea una experiencia única donde la intensidad emocional del cante jondo se entrelaza con las profundas reflexiones de Lorca sobre el alma del flamenco. La gira se convierte así en un encuentro íntimo donde el flamenco más auténtico es el protagonista junto con la riqueza cultural de todos los ingredientes que lo conforman, no dejando a nadie indiferente.

El consejero vasco de Hacienda, Noël d'Anjou, y la vicepresidenta María Jesús Montero alcanzaron este viernes un “preacuerdo” para que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa gestionen y recauden tres nuevos impuestos, en concreto el 15% mínimo europeo para las multinacionales, el nuevo y ya definitivo gravamen a los beneficios bancarios y un nuevo tributo sobre los vapeadores que complementa la regulación sobre el tabaco. Está pendiente que esto sea ratificado en la Comisión Mixta del Concierto Económico pero el Ejecutivo de Imanol Pradales lo da ya por hecho y destaca que es un nuevo “paso” para reforzar el “autogobierno financiero” vasco.

El “preacuerdo” se cerró apenas unas horas después de que el Congreso validara la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez tras una tortuosa tramitación. El PNV se sumó al acuerdo, pero la portavoz del Ejecutivo autonómico no ha aclarado si la concertación de los impuestos era o no una condición expresa para ello, aunque públicamente siempre había reclamado la singularidad de las Haciendas forales.

Este nuevo entendimiento sigue a otro de hace apenas unas semanas por el que los Gobiernos central y vasco acordaron nuevos poderes para las Haciendas vascas como desarrollo del Concierto Económico. Ya entonces se avisó que la puerta quedaba abierta a la espera de los nuevos ajustes fiscales en España, algunos de ellos obligados por Europa como lo relativo a la tributación mínima del 15% para las multinacionales.

En paralelo, ambos Gobiernos esperan continuar con su sintonía con un nuevo encuentro al máximo nivel previsto para este miércoles. El presidente, Pedro Sánchez, recibirá en La Moncloa a Imanol Pradales en la que será su tercera reunión desde que el segundo se convirtió en lehendakari en junio. Constituirán una comisión bilateral para completar el Estatuto de 1979 antes del final de 2025. El encuentro estaba previsto para finales de octubre, se retrasó unos días y la gestión de la DANA de Valencia motivó cancelar la fecha que se fijó, el 6 de noviembre. Se da la circunstancia de que Sánchez recibirá a Pradales después de una comparecencia sobre ese mismo tema que se prevé larga.

La parte vasca confía en arrancar acuerdos concretos de la cita de Madrid. Semanas atrás ya aventuraba que podrían ejecutarse traspasos de competencias este mismo 2024 y se apuntaba, por ejemplo, a la gestión del litoral o a Salvamento Marítimo. Está pendiente también la negociación sobre la cesión de la gestión de la Seguridad Social, nunca antes traspasada a una comunidad autónoma, así como las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro) o la ampliación de las atribuciones de la Inspección de Trabajo autonómica. El PNV desea también incluir en la lista la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, algo que los socialistas han cuestionado. La consejera del ramo, Susana García Chueca, que es de la parte del PSE-EE de la coalición del PNV, no se ha querido mojar a preguntas de los periodistas.

La responsable de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxenea, de su lado, ha aclarado que Sánchez y Pradales buscarán también tocar otros temas más allá de los estatutarios. Ha citado migración, la oficialidad del euskera en las instituciones europeas o el impulso de una macrorregión atlántica, un empeño de Iñigo Urkullu que ha heredado su sucesor.

Las instituciones vascas han hecho un llamamiento este lunes a cerrar filas en torno al Concierto Económico y su singularidad porque, aparentemente, hay riesgos: “El Estado quiere igualarnos”. Gobierno vasco y diputaciones forales han coincidido en la necesidad de dedicar “tiempo y recursos a difundir y socializar el valor y estudio del principal instrumento de autogobierno” en un momento tan crítico como el actual en el que se cuestiona el sistema y se le tacha desde diversos sectores como un “privilegio”. El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, y las diputadas del área de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa , Itziar Gonzalo de Zuazo, Itxaso Berrojalbiz e Itziar Agirre, han coincidido en la necesidad de “hacer pedagogía” dentro y fuera de Euskadi para poner en valor este instrumento y hacerlo de forma coordinada con Navarra porque el Convenio se enfrenta a los mismos ataques. “El autogobierno financiero implica responsabilidad, rigor y autoexigencia en la gestión. Es un modelo que en ningún caso perjudica a nadie, por su hondo componente solidario y porque su respaldo legal supone un marco de refuerzo institucional que hace incuestionable su anclaje constitucional”, apuntan.

Los representantes del Gobierno vasco y de las Haciendas vascas han participado en un acto para presentar el libro de Mikel Aranburu, exconsejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, sobre el sistema tributario vasco y navarro bajo el título 'Convenio/Concierto el sistema financiero y tributario de las haciendas forales'. En el acto ha participado también el exconsejero vasco de Hacienda y uno de los negociadores del Concierto Económico actual, Pedro Luis Uriarte.

D'Anjou ha insistido en su compromiso de conseguir esta legislatura un “mayor autogobierno financiero”. Ya en la presentación de las líneas generales del departamento adelantó que su objetivo era conseguir para Euskadi capacidad de gestión en todos los impuestos. El consejero ha recalcado que “más autogobierno económico y financiero es sinónimo de bienestar y desarrollo”, y por eso ha puesto en valor el acuerdo cerrado la pasada semana en la Comisión Mixta del Concierto, que permite a Euskadi participar en organismos económicos y fiscales internacionales y concede mayor capacidad normativa a las Haciendas forales en 14 impuestos.

Precisamente esta posibilidad de participar en organismos internacionales ha sido puesta en valor por la diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalviz, que ha destacado que acuerdo supone reconocer a las Haciendas vascas como una “hacienda en el mundo”, algo que es cada vez más importante en un momento en el que cada vez más decisiones que afectan a las haciendas vascas se toman en el ámbito internacional. “No se puede pretender que seamos objetos activos en la fase descendente, es decir, en la aplicación de las normas, pero que, a la hora de configurar dichas normas, nos convirtamos en meros sujetos pasivos y convidados de piedra del proceso ascendente de gestación de los mismos”, ha señalado.

La diputada de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha defendido la necesidad de coordinación entre todas las Haciendas en la defensa de este instrumento. “El Estado quiere igualarnos”, ha avisado. Y ha recordado que el Concierto permite una relación de bilateralidad con el Estado, pero que “bilateralidad no es lo mismo que igualdad”. Por eso ha señalado que hay que unir fuerzas en Euskadi y también con Navarra. En este sentido, ha recordado la importancia de iniciativas como la carta conjunta del lehendakari Imanol Pradales y la presidenta de Navarra, María Chivite en defensa del Concierto y el Convenio.

Por su parte, la diputada alavesa de Hacienda, Itziar Gonzalo, ha defendido el sistema del Cupo frente a los que lo consideran “poco transparente”. Ha considerado que las críticas están basadas en pocos datos y además “poco fundamentados”. Además, ha criticado que se le clarifique como “privilegio”, cuando no lo es. “Lo que molesta de verdad es la singularidad y la diferencia”, ha indicado. No obstante ha alertado sobre el peligro de “obsesionarse con la defensa del Concierto” ya que también hay que “ejercitar las competencias legislativas a fin de conseguir ese sistema tributario propio y progresivo”. “Que esas capacidades legislativas y esas cosas las alineemos con la riqueza real y los objetivos económicos y sociales”, ha agregado.

Pedro Luis Uriarte ha recalcado en su intervención que el sistema del Concierto y el Convenio es único, como así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, por lo que Catalunya podrá optar a “una financiación singular, pero no será un Concierto”, ha dicho. Ha destacado además que se trata de un “sistema único en el mundo” y que tiene la virtud de que concita un gran respaldo político en Euskadi como lo demuestra la encuesta elaborada por Ituna.

El Concierto Económico vasco es la norma que mayor consenso político suscita en el arco político de Euskadi, por encima de cualquier otra ley. El 97,4% de los electos está a favor de la vigencia de esta norma, según una encuesta entre los parlamentarios vascos y los miembros de las tres Juntas Generales. Este apoyo al Concierto, considerado uno de los pilares del autogobierno vasco es transversal a los tres territorios históricos y a todos los partidos políticos, con excepción de Vox. De hecho, el 2,6% de los políticos encuestados que no está favor de la vigencia del Concierto corresponden a una respuesta de Vox -solamente tiene dos cargos públicos-, aunque otra es del PSE-EE y otras dos de parlamentarios que no respondieron a esta cuestión entre las 143 encuestas que se realizaron.

La encuesta 'Opinión y valoración de la elite política de la cmunidad autónoma del País Vasco sobre el Concierto Económico y el autogobierno', realizada por el Centro de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales de la UPV/EHU, Ituna, se ha dado a conocer este jueves durante una jornada organizada por este centro sobre el consenso que existe sobre esta norma entre las diferentes formaciones. En esta encuesta se muestra que este acuerdo en torno al Concierto está muy por encima al que existe respecto a cualquier otra ley. Por ejemplo, el apoyo que recaba la continuidad, en su estado actual, de la ley de Territorios Históricos es del 48,3% (regula el reparto de poder entre el nivel foral y el autonómico), el Estatuto de Gernika del 42,7% y la Constitución española es del 24,5%.

Bajo el título 'El consenso transversal del Concierto Económico: una singularidad en el sistema político vasco“, la jornada ha reunido a representantes de PNV, EH Bildu, PSE-EE, y PP, junto a expertos en el Concierto Económico que han puesto en valor el consenso histórico en torno a esta singularidad vasca, además de las diferencias de la percepción del autogobierno y su relación con la fiscalidad en Euskadi y en Catalunya.

De las respuestas a la encuesta se constata que aunque el apoyo al Concierto es general, hay diferencias entre los partidos respecto a su utilización o incluso en cuanto a la principal fuente de legitimidad del Concierto Económico. De entrada, de ese 97,4% que apoya la vigencia del Concierto Económico, un 47,5% estaría a favor “a no ser que el País Vasco tuviera soberanía fiscal plena”; otro 15,4% está favor “siempre y cuando se garantice la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas” y sólo un 34,3% lo apoya en las actuales condiciones. En cuanto a la fuente de legitimidad, el 53,1% lo atribuyen al origen histórico y la foralidad, situándose por encima de las opciones de que emana del Estatuto de Autonomía y la Constitución española, (27,3%), y la satisfacción de la ciudadanía con los resultados que genera para su bienestar, que apoyan un 17,5% de los encuestados.

“Campamento base o fin del trayecto”

También hay diferencias a la hora de ver el Concierto como una meta conseguida o un punto de partida. En este sentido, el 67,1% de los encuestados preferirían que Euskadi tuviera un mayor grado de autonomía fiscal, destacando la posición de EH Bildu (100%) y PNV (95,7%), mientras que los partidos de ámbito español optarían mayoritariamente (84,0%) por mantener el actual nivel de autonomía fiscal. Por otro lado, ante una hipotética modificación del sistema de Concierto Económico, el 51,7% elegiría mantener la mayoría de las competencias fiscales bajo el control de la administración foral, por delante de la administración autonómica y el Parlamento Vasco, que recaba el 45,5% de las respuestas a favor.

En la mesa redonda en la que han tomado parte Aitor Arregi (PNV), Arantza Sarasola (EH Bildu), Josu López Ubierna (PSE-EE) y Antón Damborenea, (PP) se ha constatado el grado de consenso que existe en torno a esta norma pero también las diferentes visiones que se tienen respecto a su uso. “Estamos todos de acuerdo, pero unos lo defienden como un mal menor hasta que se consiga la independencia”, ha señalado el representante del PP, Antón Damborenea, que ha apuntado al cálculo del Cupo como uno de los principales problemas. “Para los que tenemos aspiraciones independentistas es como un campamento base”, ha señalado Arantza Sarasola, de EH Bildu. “Los de ámbito español lo pueden entender como un fin del trayecto”. El socialista Josu López Ubierna, ha destacado que se trata de “una norma viva”, y ha recordado en este sentido el acuerdo de este mismo miércoles en la Comisión Mixta del Concierto, que amplía la capacidad normativa vasca en 14 impuestos y da presencia a Euskadi en organismos fiscales y financieros internacionales. Por su parte, Aitor Arregi (PNV) ha destacado el Concierto como pilar de autogobierno y las posibilidades de se sienten las mimas bases de bilateralidad para un nuevo concierto político.

La jornada ha contado con la participación de expertos como Mikel Erkoreka, que ha puesto en valor que esta trasversalidad en defensa del Concierto es algo que se arrastra desde los primeros Conciertos en el siglo XIX, y ha señalado que por aquel entonces tanto carlistas como liberales defendían el sistema aunque difirieran en su aplicación. Y ha destacado que en 1978, en el periodo de transición tras la muerte de Franco una gran manifestación pidió la implantación de nuevo del Concierto, capitaneado por el PNV, pero a la que unos años más tarde se sumaron el PSE y también la Alianza Popular de entonces en Euskadi. Es decir, el concepto de soberanía fiscal se considera fundamental a lo largo de la historia, ligado con el soberanismo y también con un mayor bienestar social.

Este punto es precisamente el que constituye la mayor diferencia con Catalunya que ahora acordado con el Estado un sistema de “financiación singular”, que todavía no está claro en qué términos se materializará. Mireia Grau del Institut d'Estudis de l'Autogovern, ha señalado que, a diferencia de Euskadi, Catalunya siempre ha separado el autogobierno de la financiación, aunque el acuerdo entre PSC y Ezkerra Republicana para la investidura ha puesto la financiación en el centro. Pese a ello, Grau ha destacado que la financiación no formó parte de los consensos iniciales a la hora de dar lugar al Estado autonómico y que el debate fiscal está siempre basado en “valoraciones políticas, sobre el límite del autogobierno y el papel del Gobierno central”. La jornada, que ha sido clausurada por la diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha contado también con la participación de Eduardo Alonso y de Joseba Arriazkunaga como moderador.

La Consejería de Educación ha denegado la ayuda de bachillerato al colegio Alcaste-Las Fuentes por mantener la educación segregada por sexos. Una resolución provisional ha inadmitido su solicitud, pues según la Ley 2/2006 de Educación, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.

Ahora el centro educativo tiene un plazo de 10 días, a contar desde el 15 de octubre para presentar un recurso a esta decisión si así lo consideran.

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha en este curso escolar una ayuda para los estudiantes del Bachillerato privado en La Rioja, la única etapa educativa que no está concertada con dinero público en los centros escolares de la comunidad autónoma.

Para ello, el ejecutivo destinará 600.000 euros en este curso, lo que significa una ayuda de 800 euros al curso (80 euros al mes) por estudiantes. Esta ayuda se destina a cuatro centros de Logroño (entre los que no está Jesuitas, que cuenta con un concierto educativo específico), dos en Calahorra y uno en Santo Domingo de la Calzada. 

Sin embargo, mientras el Gobierno de La Rioja niega esta ayuda para el Bachillerato, mantiene el concierto del resto de etapas educativas en este mismo centro a pesar de que segrega por sexos desde Educación Infantil hasta Bachillerato, incluso en diferentes centros.

El colegio Alcaste-Las Fuentes es único centro concertado que segrega por sexos en La Rioja y los seguirá haciendo al menos hasta 2026. El Gobierno de José Ignacio Ceniceros (PP) firmó antes de dejar el mando en el año 2019 un nuevo concierto con este centro por seis años. Cuando llegó al gobierno Concha Andreu ese mismo año, el PSOE firmó con IU un acuerdo de investidura en el que se exigía, entre otras cosas, el fin de este concierto, aunque la legislatura concluyó sin avances porque este tipo de iniciativas iban siendo tumbadas por la justicia en otras comunidades.

El Lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han defendido de forma conjunta del Concierto económico y el Convenio navarro y han pedido respeto a sus sistemas fiscales propios, que consideran “solidarios” con el Estado y el resto de comunidades autónomas. Además, aseguran que los sistemas forales tienen cabida en el modelo de Estado al margen de la reflexión que se aborda sobre la financiación de las comunidades de régimen común, y recuerdan que conllevan “un riesgo unilateral” para Euskadi y Navarra.

En un artículo titulado 'Responsabilidad, solidaridad y riesgo en la financiación de nuestro Autogobierno' publicado en el Grupo Noticias, Pradales y Chivite afirman que el Concierto Económico vasco y el Convenio Navarro exigen “un alto nivel de responsabilidad y compromiso con la gestión, una fiscalidad igualmente responsable, y en ningún caso se articula contra nadie, por su hondo componente solidario y porque su respaldo legal supone un marco de refuerzo institucional que hace incuestionable su anclaje constitucional”.

En esta línea, han defendido su cabida en “el modelo de Estado que tenemos, independientemente de que la reflexión en torno al modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común pudiera conducir a un modelo diferente al actual”. Por ello, creen que “es de justicia ponerlo en valor, respetarlo y afirmar el compromiso en su defensa como Derecho histórico y piedra angular” del Autogobierno vasco y de Navarra.

Pradales y Chivite señalan que los sistemas de Concierto y Convenio Económico son el elemento más singular del actual autogobierno, “con un modelo de federalismo fiscal con el máximo nivel de autonomía”. En este sentido, recuerdan que “tienen una honda raíz histórica y entroncan en la autonomía tributaria, de la que se conservan registros jurídicos históricos que se remontan a la Edad Media”. Además, añaden que su formulación actual deriva del proceso de transición a la democracia y el reconocimiento constitucional de los Derechos Históricos de los territorios forales, y subrayan que “encuentran su marco en el Estatuto de Gernika y en el Amejoramiento foral, y gozan de plena estabilidad y seguridad jurídica”.

También recuerdan que han sido avalados por los máximos tribunales españoles y europeos, que aplicando la doctrina que el Tribunal de Luxemburgo acuñó en el asunto de las Islas Azores, “han concluido que los territorios forales disponen de autonomía institucional, de procedimiento y económica”.

De esta forma, apuntan que “desempeñan un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas”, por lo que han sido “declarados como plenamente compatibles con el Derecho de la UE”.

“Críticas partidistas”

“Los regímenes de Concierto y Convenio son, por tanto, continuadores de la tradición histórica foral, tienen hoy en día el máximo reconocimiento jurídico, político y jurisprudencial en nuestro ordenamiento y, a pesar de todo, periódicamente son objeto de críticas y de utilización partidista”, apuntan.

Según precisan, estas críticas “obvian su singularidad en el Derecho comparado y la diferencia radical de características que plantea respecto al régimen de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”.

“El problema radica en que todavía hoy, desde 1980 y la aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), no se ha encontrado una fórmula que permita una adecuada financiación de todas las Comunidades Autónomas”, señalan el Lehendakari de Euskadi y la presidenta navarra.

Ambos aclaran que podrían “articularse mecanismos en el sistema de financiación” de las autonomías “de régimen común, multilaterales o con un grado mayor o menor de bilateralidad, que puedan imitar o asemejarse en algunas de sus características” a los modelos de Euskadi y Navarra, aunque “no disfrutarían de la seguridad y estabilidad en el tiempo que la garantía institucional del núcleo intangible de la foralidad”.

Imanol Pradales y María Chivite aseguran que el Concierto y el Convenio articulan “un régimen de autonomía para sus respectivos territorios que les permite desarrollar una política fiscal propia y diferente a la del Estado en el ámbito de la imposición directa y en los impuestos municipales, así como en algunas figuras concretas de la imposición indirecta”.

Así, indican que las instituciones de Euskadi y Navarra “tienen a su disposición ese instrumento de política fiscal” que normalmente está a disposición exclusiva de los Estados. De esta forma, destacan que “es posible desarrollar una política fiscal propia y adaptar el instrumento tributario a la idiosincrasia de cada uno de los territorios”

Pradales y Chivite remarcan que el Concierto y el Convenio reconocen a las Haciendas Forales como Administraciones tributarias integrales, y se han construido unas administraciones tributarias “modernas, altamente informatizadas”, pero también “cercanas y volcadas en otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes y a los operadores económicos”.

Todo ello, tal como apuntan, contribuye a complementar las medidas tributarias de política fiscal “adoptadas para reforzar la actividad económica y aumentar la riqueza del país”.

“Riesgo unilateral”

En tercer lugar, resaltan “una característica central” del Concierto y Convenio: el riesgo unilateral“. ”Las Haciendas Forales recaudan todos los impuestos que forman parte del sistema tributario estatal, a excepción de los gravámenes a la importación. Con esos recursos atienden, con riesgo unilateral, sus obligaciones con la Administración General del Estado (Cupo, Aportación y otros flujos financieros), así como todo el gasto público propio“.

De esta forma, explican que gestionar una Hacienda propia implica “un elevado grado de responsabilidad, rigor y autoexigencia en la gestión”. A su vez, puntualizan que el Cupo y la Aportación “no tienen que ver con que las Haciendas Forales recauden más o menos, dado que no se calcula como una parte alícuota de los recursos recaudados, sino que se calcula identificando en los PGE todas las partidas de gasto público que se corresponden con competencias no asumidas por cada una de las comunidades”, manifiestan.

Para ello, se aplica el índice de imputación que refleja el peso de cada comunidad en el conjunto del Estado: en el caso de Euskadi el 6,24% y en el de Navarra el 1,6%, “porcentajes superiores a lo que representa su población respecto al conjunto del Estado”.

De esta manera, afirman que el Concierto y Convenio son “solidarios” a través de cuatro elementos “acumulativos de solidaridad”: la aportación anual de lo que el Estado establece como dotación al Fondo de Compensación Interterritorial; la aportación a la carga financiera de toda la deuda pública emitida por el Estado; las instituciones vascas o navarras no reciben financiación extraordinaria en crisis económicas, sino que asumen unilateralmente las consecuencias de la reducción de los ingresos tributarios; y el índice de imputación del Cupo y de la Aportación.

El lehendakari vasco y la presidenta navarra destacan que el Concierto y el Convenio son “instrumento fundamental” para que instituciones vascas y navarra desarrollen sus propias políticas públicas, y establecen “un marco de relación adecuado con la Administración tributaria del Estado y las de otros países”.

“Se trata de un régimen respaldado por la historia, por las normas fundamentales que regulan la actual estructura jurídico-política, tanto del Estado como de la Unión Europea, que goza del reconocimiento judicial al máximo nivel y de una estabilidad y un clima de seguridad jurídica que ha permitido construir la sociedad del bienestar en la que hoy vivimos”, añaden.

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el lehendakari, Imanol Pradales, se han unido este miércoles en la defensa de los modelos de financiación navarro y vasco frente “a los ataques interesados, injustos e infundados” que, según han apuntado, “cada cierto tiempo reciben” el Convenio Económico de la comunidad foral y el Concierto Económico vasco, en referencia al debate que se ha generado por la negociación sobre el modelo de financiación para Catalunya. “Son herramientas solidarias”, ha solemnizado Chivite, mientras que Pradales ha destacado que están “recogidos” en la Constitución y “blindados” por la Unión Europea.

La presidenta navarra y el lehendakari han mantenido este miércoles su primer encuentro desde que Imanol Pradales accedió a la presidencia vasca. La reunión ha sido en “la capital del viejo reino”, según ha bromeado el lehendakari, y en ella ambos mandatarios han abordado cuestiones que afectan a las dos comunidades como la conexión de alta velocidad entre Navarra y la 'Y vasca', el peso del sector industrial en el PIB o la renovación del convenio de colaboración que ambas administraciones firmaron en diciembre de 2021.

Tanto Chivite como Pradales, que han remarcado al comienzo de sus intervenciones la “vinculación social e histórica” que tienen ambas comunidades, han querido defender sus sistemas de financiación de quienes los “atacan” de manera “interesada” una vez se ha abierto el debate en España sobre la financiación autonómica tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para modificar el sistema de financiación en Catalunya. “Tenemos un modelo de financiación pactado, recogido en la Constitución y avalado por las instituciones europeas”, ha apuntado la presidenta de Navarra. “Es solidario y ha sido pactado históricamente con todos los gobiernos españoles que han pasado desde la Transición”, ha añadido Pradales.

Pendientes de los estudios técnicos para la conexión de alta velocidad

Chivite y Pradales también ha abordado la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Navarra y la 'Y vasca' para la que todavía se desconoce por dónde se realizará, si por Vitoria o por la pequeña localidad guipuzcoana de Ezkio/Itsaso, lo que ha generado una división interna entre partidos de uno y otro territorio. Los dos presidentes han coincidido en la importancia de que la decisión final sea consensuada entre los gobiernos navarro, vasco y español, y con “toda la información técnica sobre la mesa”. Por ello, han apremiado al Ministerio de Transporte a realizar “cuanto antes” las prospecciones en la sierra de Aralar para comprobar la viabilidad de construir un túnel bitubo de 21 kilómetros que atraviese la montaña.

El lehendakari Pradales ha señalado que antes de tomar la decisión “hay que atender al impacto medioambiental, a la capacidad de que la conexión acompañe al desarrollo económico, industrial y la competitividad del país, a la relación del coste, inversión y beneficio de la infraestructura, pensando en el largo plazo, al impacto en términos de cohesión territorial y social” y ha quitado importancia a la división que existe dentro del PNV entre el diputado foral de Álava y la diputada foral de Gipuzkoa al respecto. “Entiendo el deseo de defender los intereses de sus territorios pero hay que tener en cuenta cuál es la mejor conexión para Euskadi y para eso necesitamos en este momento información técnica”, ha zanjado. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dado por iniciado el curso político y lo ha hecho volviendo a arremeter contra el acuerdo entre el PSC y ERC que dio el mando de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Aunque había rebajado levemente el tono sobre esa “financiación singular” pactada para Catalunya, hoy el Ejecutivo de Emiliano García-Page lo ha llamado “concierto catalán”, contra lo defendido por la ministra María Jesús Montero, y ha augurado que no se llevará a cabo porque supone un “ataque flagrante” al principio de igualdad recogido en la Constitución.

Lo ha dicho el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, con motivo de la remisión a las Cortes regionales del techo de gasto para los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2025.

Al indicar que son 8.315 millones de euros, un 4,5% más que el año pasado, ha contrastado la estabilidad en esta comunidad autónoma, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, con la “incertidumbre” a nivel nacional: “No sabemos todavía si habrá Presupuestos Generales del Estado para 2025, debido a que PP, Vox y Junts ya rechazaron el techo de gasto y hay amenazas de ERC en relación a su posible aprobación”.

Dicho esto, el consejero se ha referido a que los presupuestos castellanomanchegos incluyen un elevado porcentaje de las denominadas “entregas a cuenta” que dependen del sistema de financiación autonómica, y ha reiterado por ello la necesidad del cambio de este modelo. Lo ha pedido en el marco de un acuerdo “en el que participemos todas las comunidades autónomas y no se permitan privilegios para algunas”, como ocurre, ha dicho, con acuerdo entre PSC y ERC, “un concierto y un privilegio” para Catalunya.

“Es un concierto y así lo dice la literatura académica”

“Yo no lo llamo financiación especial, yo lo llamo concierto, y así lo dice la literatura académica. Aunque la ministra me llame mentiroso, es un concierto. Y en la Constitución, los conciertos solo están contemplados para País Vasco y Navarra”, ha argumentado.

El Gobierno de Page tiene intención de seguir solicitando un fondo de nivelación transitoria para que las regiones “infrafinanciadas” como Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia reciban una financiación conforme a la media del resto de autonomías, y que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) cifra en 3.000 millones de euros, 315 millones correspondientes a Castilla-La Mancha.

En este punto, Ruiz Molina ha rechazado que sea Catalunya “la que decida el nivel de recursos del que debemos disponer el resto de comunidades autónomas”. De hecho, ha ironizado con esta cuestión afirmando que, si se aprobara el mencionado acuerdo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya no lo convocaría la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sino la nueva 'consellera' catalana de esta cartera, Alicia Romero.

De cualquier forma, se ha mostrado convencido de que ese pacto “no se va a poder llevar a cabo” porque es “un flagrante ataque al principio de igualdad que recoge la Constitución por activa y por pasiva”.

El PP de Castilla-La Mancha, por su parte, ha ignorado estas declaraciones. La secretaria regional, Carolina Agudo, ha pedido a Emiliano García-Page, “romper con su clásico de despacharse a gusto ante los medios y esconderse, y dar un paso al frente como han hecho los presidentes del PP”.

En la cola de la carnicería, un natural del lugar con aires de haber votado al PSOE toa su vida y ahora a Juanma el moderado dice que el PSOE es independentista. Nadie se lo discute. 

Bueno, es el problema que tiene el PSOE y que tenemos todos, al fin y al cabo, para de lo que hablamos, todos los minoritarios necesitamos que los socialistas se aproximen al acierto. De hecho, lo que piensen los del PP restituto -véase si no, Catalunya o Euskadi, donde ni cuentan- no tiene importancia excepto para formar el lío mariano. Por no hablar de los del tiroriro, una palabra que me enseñó un sanluqueño de Barrameda un día en Jerez de la Frontera para hacerme escarnio y darme señas críticas de un guardia civil que me era próximo. 

Pero es que hasta Josep Borrell, al que le ha costado su dios y ayuda ver genocidios en su mandado europeo (mandato es otra cosa), aquende y allende, ahora ve concierto indubitado en Catalunya, con algazara mediática de parte (se ve que recupera la vista, según se trate). El hombre discute  las palabras antiinflamatorias de María Jesús Montero, ministra de Hacienda del Reino, con respecto a las inflamadas palabras de los de ERC, a su vez desinfladas por Junts, por otros motivos. It’s a plane, a train or just rain (pronúnciese todo terminado en ein).

La palabra clave es “concierto”, que dice la RAE que, si es económico, es un convenio entre la Hacienda pública y los contribuyentes que reemplaza las normas generales de tributación con otros métodos de cobranza o con un tanto alzado de ingreso. Mis  primeros conciertos, escapados de las formalidades de Viena, fueron también benéficos como el catalán, tuvieron que ver con los ambientes ahumados y acampanados de Ravi Shankar, pro Bangladesh, en el cine Trajano de Sevilla, hoy causa olvidada como casi Palestina. Dicen que el original de Nueva York fue el primer concierto benéfico, no lo sé. Dicen que, al final, se beneficiaron unos más que otros. Por la orilla sur frente a la morisma, en los chiringuitos, hoy cualquier cosa es un concierto. Sean estos conciertos playeros o los que ve Borrell, no son sino una hipérbole veraniega más, antes se decía una serpiente de verano.  

Juanma, su correligionario, que les ha dado todo lo que puede y la ley permite a los que más tienen y restado más del equivalente a la educación y sanidad públicas, dice que el problema de Andalucía es Catalunya y que va a sacar a la gente a la calle. Quiere calle, como en el 4D, pero ahora por el concierto porque para eso le dio Rojas Marcos la bandera

Tenemos un problema con el PSOE y éste con su gente, con el PP también; ya lo sabemos, al fin y al cabo los del PP son los de la calle es mía de aquel que fue vicepresidente con Juan Carlos, que ya era primero y, entonces, solo preconstitucional, y antes ministro de Información y Turismo con el Caudillo, cuya ley de prensa sigue en vigor sin, al parecer, dolor ni propósito de enmienda. Juanma, su correligionario, que les ha dado todo lo que puede y la ley permite a los que más tienen y restado más del equivalente a la educación y sanidad públicas, dice que el problema de Andalucía es Catalunya y que va a sacar a la gente a la calle. Quiere calle, como en el 4D, pero ahora por el concierto porque para eso le dio Rojas Marcos la bandera, cuyo manual de instrucciones, si es que ha abierto ya la caja, o ha extraviado o no sabe interpretar como si fuera un mueble infernal del IKEA. Como si los que salieron a la calle en aquella fecha tuvieran algo que ver con ellos y los que acudieron extraviados, ahora beneficiarios de sus políticas fiscales, no estuvieran entre la plebe como si se tratara de esos días de la romera patrona en los que el santo es lo de menos. Muy de Andalucía y sus romerías -esto se lo copio a Pepe Fernández, lo vivimos juntos.

El problema del PSOE no es ya el de la cola de la carnicería, es el de la cola del pescado, de los calentitos o la verdulería. Hace no mucho, en cualquier cola, la de la caja pa meter o sacar -cómo añoran las Cajas-, en el sindicato, la patronal, las redacciones de los medios y la tele pública, hoy tornadizos, la Universidad o los institutos… en donde fuera, los socialistas te podían, saltaban por tos laos, te discutían. Ahora, desde la cola de la carnicería a Borrell, están dando el cante en su concierto. Son jacobinos sin reconocerlo. Este partido no es el de antes o quizá sí, y el PP es el de siempre.

Se venia venir, una noche de esas de televisión sabatina y saturnina, un prohombre socialista que había sido presidente de una comunidad autónoma y vagaba como tertuliano de ocasión, soltó que, al fin y al cabo, PSOE y PP se tenían que poner de acuerdo -eran tiempos de gran coalición filipina- porque ambos era hijos de la Revolución francesa; desde entonces, me he temido siempre lo peor.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que comparezca en las Cortes para “explicar la hoja de ruta que seguirá para frenar el concierto económico catalán que Sánchez ha pactado con los independentistas”.

De esta forma lo ha pedido Núñez una vez se ha comprobado que “Sánchez sí que tiene una hoja de ruta establecida con el independentismo y que esta sigue su curso”, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Desde el PP regional afirman que Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat y la vicepresidenta Montero “ya ha dicho que van a sacar adelante el concierto catalán merced al cual, nuestro dinero, el de la sociedad del bienestar, el de las políticas sociales o el de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, irá a parar a manos de los independentistas”.

Así, el líder de los 'populares' en la región ha insistido en preguntar a García-Page “qué tiene pensado hacer para frenar esta situación que ahonda en las profundas desigualdades entre territorios y que afectará al presente y el futuro de nuestra región”. Una situación que “rompe con el principio de solidaridad entre territorios”.

Núñez ha insistido, tras escuchar a García-Page en su declaración institucional “decir que no está de acuerdo y que no iba a salir adelante este concierto económico”, en preguntar por la hoja de ruta del presidente socialista castellanomanchego ya que, “si no hace nada por frenar la situación y se queda otra vez en titulares de prensa, sumará una nueva decepción a los españoles tras las ya consumadas con la amnistía o con la modificación del Código Penal”.

Por ello, ha concluido recordando la “necesidad” de que el mandatario socialista comparezca para aclarar sus intenciones y los pasos que seguirá para frenar este concierto económico catalán “ya que, según apunta todo, la ley irá al Congreso para su aprobación con el único objetivo de que Cataluña pueda quedarse con todo el dinero que quiera”.

El silencio, en política, suele ser mal compañero. Quien no habla es porque otorga, porque las palabras pueden empeorar la mudez o porque se espera el momento adecuado. En ese caso, el modo reposo suele ser táctico. Y todo indica que lo que esconde la falta de explicaciones y detalles de Pedro Sánchez, del Gobierno y del PSOE respecto al pacto suscrito con ERC para un cupo catalán, a modo del de Navarra y País Vasco, es exactamente eso. Y que, aunque la afasia juegue en contra de sus intereses o produzca un intenso movimiento de contestación interna, “todo se entenderá mejor cuando llegue el momento”. 

Es así como justifican los socialistas que hayan dejado esta semana a los republicanos enjaretar su propia narrativa y que ésta se haya instalado en la conversación pública de tal modo que la derecha haya podido agitar de nuevo el espantajo del España se rompe. Hay dos hitos en el horizonte político que aconsejaban la prudencia. El primero, la consulta a la militancia de ERC, ya ha pasado la prueba. Por los pelos y seguro que con consecuencias para los republicanos en el espacio electoral del independentismo. El segundo es la investidura de Salvador Illa y hasta que ésta no se produzca no hay pieza del rompecabezas que esté completamente encajada.

El acuerdo es complejo y el riesgo de que salte por los aires a la mínima de cambio es alto. De ahí que cada palabra esté medida al igual que el papel a desempeñar por los firmantes. El PSOE ha renunciando, por el momento, a dar la batalla del relato para conceder a ERC el protagonismo que Junqueras le ha negado en el último año y ha pedido a los suyos tiempo y prudencia. A cambio les ha trasladado que en ningún caso se pondrá en riesgo la solidaridad del sistema de financiación autonómica. 

Lo que sí admiten quienes llevan años dando vueltas al actual modelo es que, tras más de una década de vigencia, “no es revisable” y que hace falta una nueva “mirada fiscal” para el conjunto del territorio que acaben con los problemas de infrafinanciación del que se quejan varias regiones. “Lo que está en marcha es una segunda descentralización del Estado”, reconocen y un “acuerdo complejísimo” que hoy no cuenta siquiera con el beneplácito de los socios del gobierno de coalición. Y esta es una realidad que los socialistas no han ocultado a los negociadores de ERC en ningún momento. Lo que no esperaban –al menos con la contundencia que se ha producido– son la voces que desde el propio PSOE se han mostrado contrarias a lo pactado en los términos que se han conocido. 

La crítica va más allá de Emiliano García Page o Javier Lambán y hasta el asturiano Adrián Barbón ha sido rotundo: “Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común y no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias”. El presidente del Principado no es precisamente de los barones del PSOE a los que se pueda achacar falta de lealtad al Gobierno y tampoco de los que esté en contra de una federalización del Estado, pero no está por la labor de aceptar que el nuevo modelo pivote sobre la base del principio de ordinalidad y así se lo ha trasladado a Salvador Illa, que estos días se está fajando en convencer a los líderes territoriales del PSOE en que “nada está en riesgo”. 

Moncloa y la dirección socialista se aferran al gran valor político que tiene que un grupo independentista como ERC vaya a votar la investidura de un socialista como Illa, una ruptura de bloques que “acaba definitivamente con el procés”. Por lo que elDiario.es ha podido recabar de algunos miembros de la dirección federal y líderes territoriales también les han hecho saber que lo pactado con ERC “será extensible” a todas las comunidades que lo requieran y que no consta así en el documento, como ocurrió con la quita del Fondo de Liquidez Autonómico, porque los republicanos exigieron que fuera así para no despertar reticencias en sus bases en el momento de la consulta. 

El acuerdo, por tanto, sería una especie de “café para todos” como el que pactó José María Aznar con Jordi Pujol para ceder el 30% del IRPF o el que José Luis Rodríguez Zapatero acordó con Artur Más para transferir el 50% del mismo impuesto y también el del IVA. La consecuencia sería un modelo de fiscalidad diferente al actual, cuyas deficiencias están más que acreditadas. El problema es que sólo las autonomías contribuyentes al fondo de solidaridad reclamarían el cupo y que, después, habría que fijar con cada una de ellas el porcentaje de solidaridad para con las regiones con menos recursos.

Pero esta es una cuestión en la que, por el momento, se prefiere no dar demasiados detalles, más allá de que en el caso de Catalunya este porcentaje y el desarrollo del modelo se negociaría con Illa, “un socialista comprometido no sólo con la igualdad y la redistribución de la riqueza, sino nada sospechoso de querer acabar con España ni con la solidaridad entre territorios”, aseguran en la fontanería monclovita.

En todo caso, la cuota de solidaridad “es un impuesto y esto no es estar fuera del sistema”, como ya se ha instalado en la conversación pública. El debate, para los socialistas, es terminológico y no parecen dispuestos a librarlo hasta que Illa sea investido president. De hecho, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y probablemente la socialista que más veces ha negado que el PSOE fuera a pactar lo que finalmente ha pactado, lleva una semana sin hacer declaraciones públicas. Ahora tendrá que fajarse en una labor pedagógica como en la que se fajó Félix Bolaños cuando negoció la amnistía con los de Carles Puigdemont.

La diferencia entre uno y otro es que al ministro de la Presidencia no se le podrá encontrar en la hemeroteca, a diferencia de otros socialistas, una sola declaración en contra del olvido penal mientras que Montero tiene un notable histórico en contra de un posible concierto catalán tanto como titular de Hacienda como cuando en su día era consejera de la misma materia en el Gobierno de Andalucía.

ERC tampoco es ajena a la dificultades de que el modelo acordado sea aprobado por el Parlamento español, y no sólo por los partidos regionalistas que forman parte de Sumar sino porque estaría también en duda el voto de Junts, que buscaba la repetición electoral en Catalunya y ha puesto todo tipo de palos en las ruedas de la negociación entre el PSC y los de Marta Rovira para que descarrilara el acuerdo. Para cumplir lo acordado, por tanto, arranca ahora un proceso largo de incierto final y “eso no se le ha negado a los negociadores de los republicanos en ningún momento”, subrayan los socialistas.

Si el PSOE, aunque no lo diga, sabe que en términos coloquiales se ha comido un sapo con este preacuerdo, ERC es plenamente consciente de que los suyos también. El de los socialistas es un partido que apoyó la aplicación del 155 de la Constitución cuando Catalunya declaró unilateralmente la independencia. “El coste a pagar en todo caso –asegura un destacado socialista– se compensa con la presidencia de Illa”, lo que demuestra que la apuesta de Sánchez de priorizar su investidura sobre cualquier otra cuestión era literal. Algo que no termina de entenderse en el resto de territorios del PSOE, donde la marca perdió la mayoría de los gobiernos regionales tras las elecciones autonómicas del 2023.

El PP vasco, que hace gala de defender el Concierto económico vasco, entiende que el nuevo modelo de financiación catalán es “un problema y una mala noticia para Euskadi”. Según el líder del partido, Javier de Andrés, puede “poner en riesgo” el modelo foral y ha emplazado al PNV a que no lo secunde en el Congreso.

“Nadie que respete el Concierto vasco puede pensar, ni decir, ni actuar como si lo que está fraguándose en ese pacto fuera inocuo para el modelo vasco porque no lo es y nos va a afectar”, ha enfatizado De Andrés en una rueda de prensa en la sede del partido en Bilbao. Desde su punto de vista, quien no lo vea así, “se está poniendo una venda” porque Euskadi va a perder “protagonismo, dinero, autonomía y capacidad de financiación”, informa Europa Press.

De Andrés ha mirado al PNV, puesto que “tiene sus obligaciones con el Partido Socialista y un compromiso con Pedro Sánchez” por lo que, a su entender, “tal vez lo anteponga por encima del Concierto vasco” como, en su opinión, ha hecho en otros casos. Para el líder de los populares vascos, “las dudas respecto a este modelo no pueden pasar inadvertidas para el PNV” y, hacerlo, “es taparse los ojos ante un problema que tenemos, porque no es lo mismo un Concierto económico vasco como el actual”, que “uno que comparta y tenga puntos adyacentes” con un nuevo concierto de una comunidad autónoma con 7 millones y medio de habitantes. “Si alguien no se da cuenta de esto es porque no quiere darse cuenta”, ha señalado.

A su entender, la fórmula de Concierto económico catalán, con la inclusión del término “solidario” despierta “sospechas” y traslada una imagen “negativa” del modelo vasco y navarro, “como si no lo fueran”, cuando, según ha añadido, “si algo ha demostrado el modelo vasco es que es una fórmula contrastada”. Para empezar, ha proseguido, el uso de esa expresión es “motivo suficiente” para negarse al acuerdo porque si, desde luego, hay un concierto y un modelo económico que, “a lo largo del tiempo se ha demostrado y acreditado como solidario, ése es el concierto económico vasco” ha reiterado. “El que sí nos despierta muchas sospechas de que no lo sea, es este acuerdo que está cerrando el PSC con ERC”, ha manifestado.

Tras afirmar que “lo mejor” para los vascos es que ese concierto no se apruebe, ha recordado que el modelo de recaudación y financiación vasco “supone asumir un riesgo para los vascos si recaudan menos, porque tiene que cumplir con lo establecido en el Cupo que le corresponde aportar a los Presupuestos Generales del Estado. Eso, tal como ha añadido, es lo que ”hace, precisamente legítimo y solidario el sistema fiscal de concierto económico vasco.

En el caso catalán, se ha preguntado “dónde está el riesgo que tiene Catalunya si recauda menos” porque, de hacerlo, en el porcentaje que sea, “lo que va a suceder es que los catalanes recaudan menos, pero van a seguir teniendo los beneficios del Estado internamente a través del Fondo de Compensación Interterritorial, porque no se les va a exigir más que un porcentaje de su recaudación”. El presidente del PP vasco ha apuntado que, con ello, “puede haber, de forma encubierta, una bajada de la presión fiscal sin que tenga consecuencias para los catalanes, pero sí tendrá consecuencias para el resto de los españoles, incluyendo a los vascos”.

Cierre de filas del secretario general del PSOE toledano con Emiliano García-Page después de que ayer Pedro Sánchez dijese que “la noticia sería que apoyara al Gobierno de España”. Se refería a la declaración institucional ofrecida minutos antes por el presidente castellanomanchego en la que había avisado de que el preacuerdo al que se ha llegado entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa “no le vincula” y dijo confiar en que su partido “no lo tolere”. También apuntó que en el PSOE “no se puede pagar otra investidura”.

“Yo creo que el presidente del Gobierno cuando hizo ayer esa afirmación estaba absolutamente equivocado”, ha dicho hoy Álvaro Gutiérrez, quien no ha valorado en sí el preacuerdo en Catalunya, como ya hiciera su homólogo en Guadalajara, Pablo Bellido, posicionándose en contra y sugiriendo elecciones generales. 

Álvaro Gutiérrez ha reaccionado hoy, a preguntas de los periodistas, sobre las palabras de Sánchez. “El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho en repetidas ocasiones que está de acuerdo con más del 80-90% de la política que realiza el Gobierno de España. Y también ha mostrado de una forma muy clara su disconformidad con determinadas políticas del Gobierno de España, que tienen que ver con la territorialidad y muy en concreto con el tema independentista y catalán”.

En este sentido, abundaba, “lo hizo con la amnistía y lo ha mostrado ahora con la financiación autonómica y ese concierto específico y exclusivo para Catalunya. Creo que estaba y está equivocado”, ha insistido.

También considera que Emiliano García-Page tiene derecho a opinar. “Ante lo que no está de acuerdo, comprenderán que tiene no solamente el derecho, creo que tiene la obligación de decirlo, expresarlo, como lo está haciendo, con todo el respeto pero también con toda la claridad”, ha zanjado.

Sobre el preacuerdo entre el PSC y ERC que deberán ratificar las bases de la formación catalana también se pronunció el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, durante la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE para votar el documento. Fue el único que se abstuvo.

La ministra de Igualdad, a Page: “Hay que ser más responsable”

Quién también ha opinando en el rifirrafe entre Sánchez y Page ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ha defendido que el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat permite avanzar en la resolución de un “conflicto territorial” con “un final mejor para España y mejor para Catalunya”, y ha rechazado las críticas vertidas por el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page: “Hay que ser más serios y más responsables en política”, según recoge Europa Press

Ha criticado que se esté rechazando un acuerdo sin conocer aún el texto del mismo. “Yo creo que hay que ser más serios, hay que ser más responsables en política, hay que valorar, precisamente, el acuerdo y el acuerdo habla de solidaridad”, ha insistido, para añadir que esta es una “línea roja” para el Gobierno de Pedro Sánchez que significa, tal y como recoge el artículo 149.1 de la Constitución, que todos los españoles “en todo el territorio” pueden disfrutar “de los mismos derechos y oportunidades”.

“Eso se garantiza, lo garantiza la Constitución, lo garantiza el gobierno de España de Pedro Sánchez y, desde luego, lo garantiza también el acuerdo”.

La política vallisoletana ha negado que haya habido un cambio de opinión en el gobierno con respecto al acuerdo sobre el concierto catalán en materia fiscal y ha subrayado que es el inicio de un proceso que tiene que terminar en una ley en el Congreso de los Diputados, lo cual es en sí mismo una “garantía”.

“El procedimiento legislativo es una garantía en sí misma, es una garantía de participación, es una garantía de diálogo, de debate, de debate público, de debate político y, también, de debate social”, ha señalado la ministra, quien ha pedido “tiempo” para que el texto llegue al Congreso y se apruebe como ley.

Superar la crisis de Catalunya

Todo ello, ha señalado con el objetivo de “superar una situación de crisis territorial en Catalunya” en el que se ha trabajado desde el Gobierno de Pedro Sánchez “desde el primer momento”, y en este punto ha reivindicado “el esfuerzo que se ha hecho por avanzar en una normalización y en una convivencia” desde el año 2017, cuando se vivieron “situaciones absolutamente al borde de la ruptura” en Catalunya.

Ha reivindicado que el acuerdo no rompe con los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución, para afirmar que además se está haciendo “todo lo posible para que Cataluña sea un país en el que se sientan las personas tranquilamente como en el resto de España”. “Somos un gran país donde todos los territorios, además tienen los mismos derechos y tienen las mismas facultades, las mismas oportunidades”, ha dicho.

La Federación de partidos de la España Vaciada (FEV) que integra a las formaciones Soria ¡Ya!, Aragón Existe, Cuenca Ahora, España Vaciada y Teruel Existe han calificado como “inaceptable” el preacuerdo del PSC y ERC para dotar a Catalunya de una singularidad fiscal, lo que a su juicio supone una “agresión” a la cohesión territorial y “condena al olvido a quienes proporcionaron mano de obra y recursos para el desarrollo de esa región”.

Catalunya es una suerte de hermano por el que toda la familia se ha sacrificado para que estudie y que, una vez alcanza una buena posición, se olvida de los hermanos que trabajaron para ofrecerle el sustento económico que le ha permitido prosperar

Desde la Federación de la España Vaciada han denunciado que el Estado “solamente ha sido útil para el desarrollo de unos pocos territorios en los que ha volcado todo su esfuerzo, en detrimento de los demás y ahora aquellos beneficiados, cuando se ven ricos, no están dispuestos a contribuir para que el resto tenga esas mismas oportunidades”.

La singularidad fiscal de Catalunya “quiebra” los principios constitucionales de igualdad entre ciudadanos y de solidaridad entre comunidades autónomas. “Ni siquiera atiende a los modelos federales de fiscalidad. Además, es una temeridad para la sostenibilidad del Estado, y perjudica fundamentalmente a los territorios de la España vaciada”, ha argumentado.

Es “una suerte de chantaje por la necesidad de mayoría parlamentaria”

La Federación ha criticado la “suerte de chantaje e imposición derivada de la necesidad de formar una mayoría parlamentaria para la investidura del presidente de la Generalitat”.

Se trata, según considera, de un “concierto económico vasco encubierto que carece de bases sociales y políticas porque no hay un acuerdo social y político en España que lo soporte, no existe una base constitucional ni un apoyo legislativo ni un procedimiento de técnica fiscal que lo pueda acreditar”.

Para los partidos que conforman la Asociación España Vaciada, Catalunya es “una suerte de hermano por el que toda la familia se ha sacrificado para que estudie y que, una vez alcanza una buena posición, se olvida de los hermanos que trabajaron para ofrecerle el sustento económico que le ha permitido prosperar, y se desvincula de ellos en vez de ver que lo justo es que desde su buena situación debe apoyarlos para que también ellos puedan progresar”.

Solo 15 días. Dos semanas han transcurrido desde que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta de ERC de un concierto fiscal para Catalunya [al estilo del cupo de Euskadi o el de Navarra] hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó, este miércoles, que hemos dado “un paso en la federalización del estado autonómico” y eso “es una muy buena noticia para el sistema político español”.

Montero dijo más: “El Ministerio de Hacienda no puede impulsar debates de comunidades concretas”. Pero el pacto de Esquerra con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de Generalitat ya lo ha impulsado por ella. Quizá, adelantándose, la vicepresidenta añadió: “Cualquier otra reforma del régimen general [o común] tiene que pasar por un cambio de la Ley Orgánica que regula la materia, y eso tiene que ocurrir con mayoría de Ley Orgánica en el Congreso de los Diputados”. Estos días, ella y su Ministerio guardan silencio.

Actualmente, ese “aval” del Congreso parece complicado, según las distintas declaraciones que se han conocido de los partidos con representación en el Parlamento. Mientras, entre los líderes autonómicos del PSOE se han visibilizado dos extremos. Por un lado, la presidenta de Navarra, María Chivite, considera que “el acuerdo se basa en el principio de solidaridad”. Por supuesto, al definir su postura, aprovechó para pedir “respeto” para el sistema de convenio económico entre Comunidad Autónoma y el Estado [su régimen foral, como el de Euskadi, está reconocido por razones históricas en la Constitución]. Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apunta que el pacto “no tiene posibilidad de prosperar en el Congreso. Sería simplemente una patada al puzle constitucional”.

Estas dos posturas sirven para enmarcar el debate que se ha enconado en España en las últimas horas sobre la salida de Catalunya del régimen común del sistema de financiación autonómica —en este régimen, el Estado reúne la mayor parte de los recursos públicos y después los reparte “solidariamente” para que funcionen servicios esenciales que son competencias regionales, como la educación, la sanidad y la dependencia—. Este régimen común ahora lo comparten 15 comunidades (todas, menos Navarra y Euskadi). El pacto PSC-ERC para investir a Illa prevé la transición de Catalunya hacia recaudar y gestionar todos los impuestos de la región y pagar un cupo al Estado. ¿Este concierto económico es “solidario” con el resto o atenta contra la capacidad de redistribuir la riqueza y proveer los mismos servicios públicos en todo el territorio de nuestro sistema fiscal?

Para empezar, la respuesta se complica por la falta de detalle sobre cómo se calcularía el cupo que pagaría la Generalitat al Gobierno central para financiar los servicios que el Estado siga prestando en Catalunya —por ejemplo: defensa, ciertas infraestructuras...— . Tampoco se especifica el cálculo de la cuota de solidaridad en beneficio de las comunidades autónomas de menor renta. Pero dentro del texto del pacto hay algunas pistas que permiten sacar conclusiones.

Primero, el cupo dependería de los ingresos fiscales de Catalunya, por lo que algunos expertos leen que podría variar notablemente de un año a otro si hay una caída de la actividad económica o si hay una bajada o una subida de impuestos. La redacción de esta primera condición es muy compleja: “La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos”, literalmente. Tan compleja que para el político y sindicalista Joan Coscubiela viene a negar “la obtención integra por parte de Catalunya de todos los ingresos tributarios”. Solo unos párrafos antes, el texto remarca “que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea”.

Además, el pacto señala que “la Generalitat ha de contribuir a la solidaridad con otras comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan conseguir niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar”. A esta condición crucial (o casi exigencia al estilo neoliberal de si eres pobre es porque te lo mereces y debes remediarlo), hay que añadir otra: “La solidaridad ha de estar limitada por el principio de ordinalidad”. Es decir, el principio según el que una comunidad no debe recibir menos recursos por habitante de los que aporta al sistema de financiación. Ni siquiera las más ricas, con más capacidad de recaudar.

En estos momentos, Madrid, Balears y Catalunya son las tres comunidades más ricas en el régimen común de financiación autonómica y por tanto “contribuyentes netas”. O lo que es lo mismo, aportan más de lo que reciben. Según el acuerdo entre PSC y ERC, “Catalunya dejaría de formar parte del sistema, con lo que ya no tiene sentido la distinción entre contribuyente o receptora neta”, reflexiona Diego Martínez-López, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide.

“Aportaría a la solidaridad, pero intuyo que menos que ahora, porque si no, ¿para qué cambiar? Y, además, la ordinalidad le garantizaría más recursos”, añade. “El PIB (Producto Interior Bruto) catalán es el segundo de España, tras el madrileño. Algo más de cuatro veces el vasco. Crear en Catalunya una hacienda foral con los privilegios de la vasca podría ser devastador para el estado de bienestar social”, advertía el técnico de Hacienda Ricardo Rodríguez en un análisis de hace algunos meses.

“Madrid y Catalunya suman el 40% del PIB conjunto de nuestro país; Navarra y Euskadi, un 7%”, recalca el ex conselleiro de Economía e Hacienda en el gobierno de coalición de PSdeG y BNG de Galicia, José Ramón Fernández Antonio. “Se abre la puerta a un sistema en el que haya comunidades con servicios públicos de primera y de segunda en función de su riqueza”, arguye María Cadaval, profesora en la Universidad de Santiago de Compostela, en un artículo.

El catedrático de derecho tributario José María Lago va más allá: “Se vulneraría la Constitución, porque no prevé en modo alguno sistemas de financiación específicos, más que los de Euskadi y Navarra, que habría que retocar y ajustar extraordinariamente. No podemos hacer 17 regímenes de financiación específicos para las comunidades. Evidentemente es imposible sostener un sistema de financiación en el que los impuestos, básicamente y con pequeñas diferencias sean los mismos, los contribuyentes sean los mismos, las aportaciones de los ciudadanos sean las mismas y que la financiación por habitante para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales sea distinta. No puede ser, es inconstitucional manifiestamente”.

“El texto es muy parco en detalles. No se indica, por ejemplo, cómo se calcularía el cupo o la cuota de solidaridad, o cómo funcionaría el sistema durante el período transitorio. Es imposible, por tanto, hacer proyecciones cuantitativas sobre lo que la reforma podría suponer para las finanzas del Estado o de otras comunidades”, explica en una tribuna publicada este miércoles Ángel de la Fuente, director ejecutivo del centro de análisis Fedea.

Riesgo de competencia fiscal a la baja

El otro gran riesgo que aflora del pacto para un concierto económico de Catalunya es el de la competencia fiscal a la baja. “Con un concierto similar al vasco, estaría bien dotada para la competencia fiscal, como ahora las comunidades forales”, avisa Diego Martinez-Lopez. También la han practicado en los últimos años los gobiernos del Partido Popular (PP) de Madrid y de Andalucía. Por ejemplo, bonificando por completo o rebajando los impuestos que las comunidades del régimen común tienen cedidos (Patrimonio y Sucesiones son los más importantes, y también el tramo autonómico del IRPF). Esta 'guerra' llevó al Gobierno de coalición a diseñar el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022 para tapar el agujero de ingresos que estaban sufriendo las arcas del Estado central.

“La recaudación de todos los impuestos [...] pretende convertir a Catalunya en un paraíso fiscal equiparable a Irlanda, como vía para que la élite económica a la que representa recupere e incremente su tasa de ganancia. Proyecto que le enfrenta a la élite económica madrileña. En términos clásicos habríamos hablado de dos facciones de la burguesía. Se trata de la disputa por las plusvalías que la economía genera”, alerta, por su parte, Ricardo Rodríguez.

“Entre ambas élites existe una coincidencia crucial, porque también la derecha de Madrid que abriga su retórica por la bandera española quiere ahora una mayor dosis de autonomía fiscal, precisa para atraerse a grandes rentas y propietarios”, prosigue este técnico de Hacienda.

La propia ministra Montero ha explicado en alguna ocasión que las regiones que aportan más lo hacen porque disponen de más población de rentas altas, “dado que de hecho no es la región la que paga impuestos, como todo el mundo debería saber, sino las personas que en esa región viven”, incide Ricardo Rodríguez.

Algunas cifras: España ya es un país muy descentralizado

Son necesarias algunas cifras para contextualizar el debate. Quizá, la primera pregunta que hay que responder con los números es cuál es el nivel de gasto público de España y cuál es el nivel de descentralización en comparación con la eurozona. En nuestro país, el gasto público alcanza el 42% del PIB. En el área del euro, el 46%. “Gastamos menos que los países de nuestro entorno”, comenta José Ramón Fernández Antonio. En gasto per cápita, la conclusión es la misma: 11.200 euros por persona, frente a 17.000 euros, respectivamente.

Ahora, en el nivel de descentralización también destacamos. El gasto público del Estado es el 56% del total, frente al 69% de la eurozona y el 60% de Alemania, el modelo federal más parecido al nuestro. El gasto regional es el 32% en España, el 7% en la eurozona y el 22% en Alemania. En definitiva, España es un país muy descentralizado.

Otros datos cruciales que hay que tener a mano para abordar la financiación autonómica es el PIB per cápita de las comunidades. Madrid, la más rica (con más capacidad fiscal), casi duplica a Andalucía. Con esta divergencia, un abismo, todas las leyes de financiación (la última es de 2009) se basan en que todas las regiones puedan financiar los servicios públicos fundamentales. Entre los expertos sí que hay acuerdo en que Ley (LOFCA) debe ser actualizado, porque se basa en supuestos de hace más de una década.

Sin embargo, las últimas cifras de financiación autonómica publicadas por el Ministerio de Hacienda (son de 2022 y se han conocido este mismo mes) muestran una media de ingresos por habitante de 3.148 euros y una gran disparidad entre la que más tiene (4.163 euros de Cantabria) y la que menos (2.791 euros de la Comunitat Valenciana). Eso sí, Catalunya y Madrid están pegadas a la media. Mientras, las comunidades forales, la superan ampliamente. Estos números cuestionarían el principal argumento esgrimido por los partidos catalanes de que su comunidad está infrafinanciada.

“Cuando un político pierde la coherencia una vez, cuando se pierde la dignidad una vez, ya la segunda, la tercera y la cuarta vienen de carril”. Con estas palabras, el expresidente cántabro y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha enmarcado el pacto PSOE-ERC para aplicar un concierto económico en Cataluña como una nueva exhibición de falta de “coherencia y dignidad” de Pedro Sánchez desde que este iniciara los acuerdos con nacionalistas para la gobernabilidad de España en 2020.

Revilla ha rechazado el acuerdo alcanzado en Cataluña por hacer “saltar por los aires” la solidaridad interterritorial entre regiones ricas y pobres, “que está en la Constitución” y se ha remontado, para “esa primera vez”, al 25 de junio de 2019, cuando Pedro Sánchez negoció una investidura, a la postre fallida, y que contó entonces con el voto del único diputado nacional del PRC, José María Mazón. Meses después, celebrados nuevos comicios, Sánchez había alcanzado un principio de acuerdo con la izquierda parlamentaria y los nacionalistas, perdiendo de ese modo el apoyo que le habían prestado antes los regionalistas.

“En 2019, Pedro Sánchez se presenta como un socialista de toda la vida para decir: 'Voy a presentarme con mi programa a la investidura y no voy a pactar con partidos que me quiten el sueño, ni con independentistas ni mucho menos voy a dar indultos ni amnistías”, y nada más tuvo la adhesión de un diputado, José María Mazón. En enero de 2020, Pedro Sánchez, que no había variado en nada la oferta de la anterior campaña, sorprendentemente en la noche electoral dio un cambio de 180 grados y anunció que iba a ser presidente con aquellos que le quitaban el sueño y con los independentistas, creándose además una mesa de diálogo entre los independentistas catalanes y el PSOE. Y ahí empieza todo lo que ahora estamos viendo“, ha defendido Revilla en una comparecencia en el Parlamento cántabro.

Ese “todo” es, para Revilla, lo que está ocurriendo desde hace cuatro años, incluida una Ley de Amnistía, algo que no le parece tan grave como conceder un concierto económico a Cataluña. A su juicio, pueden entenderse los indultos como un gesto de magnanimidad, pero no la ruptura de la financiación común con “un concierto económico” en los mismos términos que los del Euskadi y Navarra.

“El indulto yo lo vi bien. Indultar a la gente es un acto magnánimo que los gobiernos han venido haciendo habitualmente. La amnistía ya es otra cosa distinta. Pero, bueno, el indulto y la amnistía no son tan graves como lo ocurrido ayer. Lo que ayer se aprobó fue un concierto económico con Cataluña idéntico al que tiene el régimen foral navarro o el que tiene Euskadi, por más que lo llamen 'financiación singular solidaria'. Van a recaudar todos los impuestos y van a recaudar lo que se negocie. Se rompe el sistema de régimen común de los españoles, creo que se vulnera también la Constitución y yo tengo la confianza de que, como se requiere de una modificación de la LOFCA, haya algún partido en el Congreso de los Diputados que diga que no traga con esto”, ha insistido el dirigente regionalista.

Mensaje para los socialistas

“Esto es un concierto económico en toda regla y es sorprendente que firme esto un Partido Socialista porque va en contra de un principio fundamental del socialismo que es la solidaridad”, ha comentado el secretario general del PRC.

El político cántabro se ha mostrado escéptico de que, puertas adentro del PSOE, el pacto sea aceptado. “El principio de solidaridad entre regiones ricas y menos ricas, que está en la Constitución, ha saltado por los aires. Supongo que el PSOE tendrá que hacer mucha didáctica porque me cuesta creer que el que sea socialista de verdad pueda tragar con esto”, han sido sus palabras.

Sobre la Conferencia de Presidentes anunciada este pasado martes por Pedro Sánchez, Revilla ha recordado que está aprobada y firmada cuando era presidente y que estaba entonces previsto que se celebrara en Comillas.