Los socios del Gobierno complican el aval del Congreso a la nueva financiación para Catalunya pactada con ERC

El Gobierno ha encarrilado la investidura de Salvador Illa con el pacto entre el PSC y ERC –aún pendiente del aval de las bases republicanas–aunque para ello haya tenido que traspasar la línea roja que se había marcado públicamente durante las negociaciones: no establecer un concierto económico para Catalunya. Para materializar ese compromiso Moncloa debe llevar al Congreso una reforma de la financiación autonómica que necesita el apoyo del bloque de investidura. Pero la posición que han manifestado este mismo martes dirigentes de IU, Compromís y Chunta Aragonesista, que forman parte de Sumar, complica su tramitación. Y está en el aire el apoyo de Junts, que resulta imprescindible también para renovar la mayoría de la investidura en el Parlamento y que ha cargado este martes contra el pacto por “asumir en la práctica el marco del PSC”.

Después de semanas de negociación en diferentes niveles, PSC y ERC cerraron este lunes un preacuerdo al que la dirección de los republicanos dio el visto bueno tras un largo debate en su ejecutiva. El pacto contiene buena parte de las demandas que los independentistas plantearon al inicio de las negociaciones en materia de financiación: Catalunya tendrá una Hacienda propia con la que gestionará a partir de 2025 todos los impuestos de los catalanes. 

El acuerdo plantea una suerte de concierto económico similar al vasco o al navarro. Catalunya recauda y gestiona todos los impuestos y a cambio envía al Estado dos partidas: una equivalente al valor de los servicios que presta la administración central en esa comunidad, el conocido 'cupo', y otro en concepto de “solidaridad” con el resto de las autonomías, aunque este segundo paquete está condicionado a que el territorio no aporte más de lo que recibe y a otra serie de condicionantes que abocan a una negociación bilateral cada año. 

Conocidos los detalles del acuerdo, este martes varios partidos que forman parte de Sumar han arqueado las cejas. Desde hace tiempo, especialmente desde que arrancaron las negociaciones para la investidura de Illa, Compromís ha ido advirtiendo de que la reforma de la financiación autonómica tiene que abordar también la situación de la Comunitat Valenciana, la peor financiada de todo el Estado. 

La cuestión de la financiación valenciana es medular para esa coalición, que exigió a Sumar que estuviese en el acuerdo de Gobierno que selló con el Partido Socialista en noviembre. En aquel texto PSOE y la coalición de Yolanda Díaz se comprometían a establecer un nuevo modelo de financiación autonómica que “basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera (...)” y que corrigiera “la infrafinanciación” de determinadas autonomías. 

Mientras esa reforma no se produzca, precisaba el texto, “en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”.

La portavoz de la coalición valenciana en el Congreso, Àgueda Micó, afirmó este martes en declaraciones a los medios que entendía la singularidad de Catalunya pero avisó de que no apoyarán ninguna reforma del sistema de financiación que no solucione el problema de su territorio. Es una línea roja.

“Llevamos desde 2011 trabajando para acabar con esta problemática, incluso en el acuerdo de Gobierno está establecido que se abordará la reforma del sistema para acabar con la infrafinanciación de los valencianos y valencianas. Si hacen falta los votos de Compromís para cualquier reforma del sistema de financiación, no daremos nuestro apoyo si no se aborda la singularidad del problema valenciano de infrafinanciación para que dejemos de estar a la cola de todos los territorios del Estado”, dijo. 

Una postura parecida ha mostrado este martes el único diputado que tiene Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo. “Que nadie tenga dudas, votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón. Solo apoyaremos una reforma de la financiación si Aragón se ve generosamente compensado”, dijo en un mensaje en X. 

Dos diputados de Izquierda Unida también han mostrado este martes objeciones a un acuerdo exclusivo para Catalunya. “Hacia un modelo territorial federal, solidario y plurinacional. Sin que las fórmulas de la derecha reaccionaria ni de una confederalidad asimétrica acentúen las desigualdades”, escribió en X Toni Valero, diputado por Andalucía. “Los valencianos y valencianas llevamos muchos años aguantando un infrafinanciamiento por parte del Estado. Exigimos que cualquier reforma implique una compensación justa. Solo así daremos apoyo”, señaló por su parte, Nahuel González, parlamentario de IU por Valencia. 

Para materializar el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC, el Congreso tiene que aprobar una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una norma orgánica, cualquier reforma debe reunir una mayoría absoluta de la cámara. 176 votos. El bloque que apoyó la investidura, en el que está Coalición Canaria, suma 178 votos. De modo que si el Gobierno pierde los apoyos de los dos diputados de Compromís y de Pueyo, tendrá muchas dificultades para sacarla adelante. 

Todo ello contando con que el resto de formaciones apoyen ese pacto, también partidos como el Bloque Nacionalista Galego, que en otras ocasiones ya ha reclamado una mejor financiación para su comunidad. Fuentes de la formación evitan posicionarse sobre el tema y afirman que esperarán a que el acuerdo, si lo ratifican las bases de ERC, termine llegando al Congreso.

Pese a los posicionamientos públicos de Compromís y CHA, en Moncloa se mostraban tranquilos. “En nombre del Gobierno, satisfacción por este acuerdo. Este acuerdo es el triunfo de la política, el diálogo, la negociación. Vaya por delante la satisfacción, es una victoria de la política útil”, dijo la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que evitó responder a las preguntas relacionadas con las dificultades para sacar adelante esa reforma en el Parlamento.

“Saben que lo que tenemos sobre la mesa es un preacuerdo y van a permitirme que sea profundamente respetuosa con los procesos internos y los tiempos que se han dado los partidos para ratificar y validar este acuerdo”, dijo únicamente.

Tampoco Sumar ha hecho ninguna valoración ni en público ni en privado sobre este asunto pese a que las principales discrepancias provienen de su propio grupo parlamentario. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros estaba la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, que ha preferido no contestar a las preguntas sobre el asunto. Hace unas semanas, cuestionada sobre el mismo asunto aseguró que es una firme defensora de la “descentralización y de las transferencias” de competencias pero que al mismo tiempo se debía asegurar que no haya “ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y que no haya un reparto que no sea equitativo de las competencias del Estado”. 

En Sumar convive una combinación de formaciones políticas con diferentes sensibilidades políticas que se acentúan en determinados asuntos. En otras ocasiones, el grupo ha tendido a buscar una posición de consenso, como en el debate sobre la prostitución, pero está por ver cómo concilia la voluntad de estas formaciones con las de otras como la de Més, que en las últimas horas, se ha mostrado a favor de un concierto para Catalunya, dado que es la misma postura que defienden para las Illes Baleares y rechazan la posición de sus compañeros de grupo. “La defensa de la plurinacionalidad tiene que ir más allá de qué hay de lo mío”, dice una fuente del partido que asegura que donde harán valer su posición es en la negociación de los presupuestos.

Los comuns no se han posicionado de momento sobre este acuerdo, pero en anteriores ocasiones han defendido una mejor financiación para Catalunya. Los votos del partido de Jéssica Albiach, además, son fundamentales para que Salvador Illa pueda ser president, con el que están negociando un acuerdo de investidura que, según reconocen, está muy avanzado.