Aproximadamente un tercio del Parlamento Vasco que terminará la legislatura con el pleno extraordinario del próximo 28 de julio, en el que se aprobarán las leyes de Turismo y de Víctimas de violencia policial, no resultó elegido por los ciudadanos en las urnas en 2012. En estos años son 23 los electos que han dejado el escaño por diferentes motivos, a lo que hay que sumar las bajas también de algunos de sus sustitutos hasta sumar 26 cambios en cuatro años. Se da la circunstancia de que todos los líderes de la oposición excepto Gorka Maneiro (UPyD) han sido relevados, y en dos ocasiones en el caso del PP y de EH Bildu.

El grupo que más cambio de caras ha sufrido ha sido el del PNV. La bancada que se puso en pie en la Casa de Juntas de Gernika en diciembre de 2012 para aplaudir al recién investido Iñigo Urkullu nada tiene que ver con la que aprobará este mes sus últimas leyes. 11 de los 27 electos han salido, el grueso de ellos al inicio de la legislatura por pasar a ejercer responsabilidades de Gobierno pero también, en el caso de Andoni Ortuzar, para centrarse en exclusiva en la gestión del partido. Ana Otadui, que entró como sustituta, dejó el legislativo autonómico por la presidencia de las Juntas Generales de Bizkaia, entre otros ejemplos.

El principal partido de la oposición, EH Bildu, ya introdujo un cambio nada más iniciar la legislatura para ajustar el equilibrio de fuerzas en la coalición entre Sortu, EA, Aralar y Alternatiba, reparto que, por cierto, se ha roto en este tramo final. El electo por Bizkaia Arturo Muñoz (Alternatiba) nunca tomó posesión para que EA tuviese un representante más. Luego llegó en 2014 la aún poco explicada baja de la candidata y portavoz, la profesora Laura Mintegi. Más recientemente, el líder de la coalición, Hasier Arraiz, fue inhabilitado por sentencia judicial tras asumir su vinculación con ETA. Tras las generales, Oskar Matute es ahora diputado y tendrá que formalizar en breve su marcha, como antes hizo Marian Beitialarrangoitia por los mismos motivos. En total, cinco bajas.

El PSE-EE ha tenido pocos cambios, pero han sido de calado. Dejó el escaño el lehendakari en la pasada legislatura, Patxi López, y también hace unos meses un protagonista de la política vasca en las últimas décadas, Rodolfo Ares. Iñaki Arriola se fue para dirigir el partido en Gipuzkoa y ha tenido dos sustitutos y Vicente Reyes abandonó Vitoria cuando fue designado diputado foral en Bizkaia.

Como la izquierda abertzale, el PP ha cambiado dos veces de líder en el Parlamento Vasco. Primero se marchó a México Antonio Basagoiti por motivos personales y después dimitió Arantza Quiroga por su polémica propuesta de ponencia de víctimas. También Javier Maroto, cuando fue incorporado al equipo de Mariano Rajoy, abandonó la Cámara, aunque se mantiene como concejal en Vitoria.

En el PP se ha producido un hecho insólito en las más de tres décadas de parlamentarismo vasco. Hasta cuatro personas han ocupado un mismo escaño, el que los ciudadanos dieron a Basagoiti en 2012. Tras su salida llegó Juana Iturmendi, que a los pocos meses entregó el acta a Javier Ruiz. Éste llegó a acreditarse pero no ejerció y finalmente la plaza del que fuera candidato en las autonómicas la ha ocupado Cristina Ruiz.

Los 26 cambios totales de la legislatura es una cifra elevada. Sin embargo, no está alejada de lo ocurrido en otras legislaturas. En la anterior (2009-2012) se produjeron 23 sustituciones y antes (2005-2009 y 2001-2005) 22 y 28, respectivamente. Fue en la tercera legislatura, en un escenario convulso por la escisión del PNV y la creación de EA, cuando menos se pareció la fotografía final del Parlamento con la elección ciudadana (30 cambios).

Justo el anterior mandato, el segundo de la democracia, fue el que menos novedades tuvo, apenas nueve, si bien 11 miembros del PNV se convirtieron en representantes de la nueva EA. Es cierto que la primera legislatura no tuvo tantos movimientos como otras más modernas (fueron 21) pero teniendo en cuenta que hubo 60 escaños y no 75, la proporción fue mucho mayor.

Hasier Arraiz no entrará de nuevo en la cárcel. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado al presidente de Sortu a dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por un delito de integración en organización o grupo terrorista. La Fiscalía alcanzó un acuerdo con Arraiz antes de que se celebrará el juicio y pactó esta condena, pero las acusasiones populares no aceptaron el pacto y prefirieron ir a juicio. El líder de Sortu admitió en la vista oral la acusación de pertenencia a ETA por haber formado parte de la clandestina mesa nacional de Batasuna, asumió “el Estado de Derecho” y la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, además de comprometerse a “contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo”.

La inhabilitación impuesta afecta al desempeño de cargo público de ámbito municipal se basa en el acuerdo entre la Fiscalía y el acusado. La causa contra Arraiz se desgajó del proceso principal que se siguió en la Audiencia Nacional contra 35 acusados de formar parte de la Mesa Nacional de Batasuna, reunida en la localidad de Segura (Gipuzkoa) en octubre de 2007, y que se resolvió con un acuerdo entre las partes por el que asumían los hechos pero se libraban de ingresar en prisión.

En el TSJPV, las acusaciones populares representadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por Dignidad y Justicia no rubricaron el acuerdo entre el Ministerio Público y el letrado de Arraiz, y mantenían su petición de 10 años de pena para el acusado

Podemos en Euskadi, inmersa en una crisis que todavía no ha tocado fondo a expensas del resultado de la auditoría exigida mayoritariamente en el partido morado, sigue su arrollador paseo que le llevó a ser la primera fuerza en votos el pasado 20-D. Y muerde en todos los electorados y entre los nuevos votantes. Aunque son las formaciones de izquierda y el soberanismo de EH Bildu los grandes damnificados.

Esta es una de las fotos fijas demoscópicas que ofrece la nueva oleada del Euskobarómetro, que dirige el catedrático de Ciencia Política de la UPV, Paco Llera, y cuyo trabajo de campo se realizó entre los días 19 y 31 de enero de este año con una muestra en todo el País Vasco de 600 entrevistas realizadas en otros tantos domicilios vascos. Los responsables de esta prestigiosa -que también apunta que la mayoría de izquierda formada por PSOE, Izquierda Unida (IU) y Podemos es la opción de gobierno preferida por el 39% de los vascos- admiten que la volatilidad del voto es tan grande que, pasado tanto tiempo desde que se hizo la encuesta, incluso estos datos pueden haber cambiado.

Los 316.000 votos de Podemos, formación que ganó en sufragios los pasados comicios generales, provienen en su gran mayoría de la izquierda abertzale (EH Bildu-Amaiur), que perdió unos 100.000 papeletas en esas elecciones): cede un 32% a Podemos, pero también a la abstención y al PNV, que consigue el mayor nivel de de fidelidad de electorado con un 81% -IU-Ezker Anitza tiene en cambio el electorado más volátil en Euskadi, con un 22% únicamente-.

Pero Podemos también suma votos de los abstencionistas (16 %), del PNV (7 %) y de nuevos votantes (6 %). Y lo que preocupa mucho más al partido que preside Hasier Arraiz (Sortu) y a la coalición que, si se cumplen las previsiones, presentará a Arnaldo Otegi como candidato a lehendakari (EH Bildu): el voto joven ya no apuesta mayoritariamente por la coalición indepedentista. De hecho, los 65.000 nuevos electores, que han cumplido 18 años, optaron en su mayoría por el partido morado (41 %) y la abstención (alrededor del 27 %), además del PNV y Ciudadanos.

¿Elecciones vascas y españolas, juntas?

El PNV, que vive un momento dulce a nivel de control de poder institucional, logra una fidelidad de voto tan importante que hace incluso que el lehendakari y el PNV no descarten hacer coincidir las elecciones vascas con las españolas si éstas finalmente se repiten. Algo que, a priori, no beneficia a una fuerza nacionalista como la que dirige Andoni Ortuzar y que, según fuentes peneuvistas, no es la primera opción del partido.

En todo caso, los 301.000 votos del PNV (pierde unos 20.000, recuerda el Euskobaromémtro) provienen, además de su propio voto anterior (87 %), de todo el espectro político, sin poder compensar del todo los que pierde, sobre todo, hacia la abstención y el resto de partidos.

En el campo constitucionalista, ni PP ni los socialistas vascos se terminan de recuperar. Los 161.000 votos del PSE-EE -tras perder más de 90.000 sufragios- provienen, además de su voto anterior (92 %), de los populares, confirmando ese trasvase de votos que se suele producir en las generales entre ambos partidos. Pero no logra compensar los que pierde, sobre todo, hacia Podemos (28 %) o hacia la abstención, donde ha ido a parar buena parte del voto socialista desde que la población española les retiró su confianza en las elecciones generales de 2011.

Los 141.000 votos del PP (tras perder unos 30.000) provienen, además de su propio voto anterior (88 %), del PNV, no pudiendo compensar los que cede a la abstención, el PSE-EE, el PNV, C's o Podemos.

Finalmente, los casi 50.000 votos obtenidos por Ciudadanos provendrían de la abstención (33 %), del PP, del PNV y de los nuevos votantes.

Estos datos se suman a los ya conocidos antes de Semana Santa de la misma oleada en relación a la intención de voto. El Euskobarómetro sitúa a Podemos en segunda posición con entre 19 y 21 escaños por detrás del PNV, formación que volvería a ganar los comicios vascos, pero que pasaría de los 27 escaños que tiene en la actualidad a 22-23 representantes. Esa posición le otorga un papel de “árbitro de la situación” a la hora de la conformación de nuevas mayorías, como aseguran los responsables del estudio electoral, elaborado en la segunda quincena de enero. Y se abre un posible eje de izquierdas hasta ahora inexplorado en la política vasca.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, tras declarar esta mañana como investigado por una querella por presuntas injurias graves a la Guardia Civil en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ha reclamado de nuevo la salida de la Guardia civil “cuanto antes” de Euskadi. 

Arraiz ha realizado estas declaraciones ante los periodistas después de haber comparecido como investigado ante el juez que instruye la querella de Dignidad y Justicia por un supuesto delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus declaraciones en las que pidió dar “jaque mate” a la Guardia Civil e instó al instituto armado a abandonar el País Vasco, después de la detención de un grupo de abogados de presos de ETA el 12 de enero de 2015.

El presidente de Sortu ha interpretado esta investigación dentro de una persecución contra su persona “por un delito de opinión” y por ser el máximo representante de la izquierda abertzale. Además, ha asegurado que no se cansará de decir que “este país no quiere a la Guardia Civil” y se tiene que ir “cuanto antes”.

Tras declarar ante el juez instructor, Roberto Sáiz, el dirigente independentista ha recordado que es la tercera vez en poco tiempo que acude al Alto Tribunal vasco para prestar declararación. “No es casualidad que me haya tocado a mí, porque entiendo que ello obedece a que soy representante de Sortu”, ha destacado.

“No se trata de que demos nuestra opinión delante de un juez y que ese juez decida si la sanciona o no, no es el momento para eso, es el momento para el debate político en abierto”, ha apuntado, al tiempo que ha defendido que “esto tiene que acabar” porque un Estado democrático “no tiene miedo a la libertad de expresión, un Estado democrático no lleva el debate político a los Juzgados, lo lleva a las instituciones y a otros foros”.

Querella de Dignidad y Justicia

La asociación Dignidad y Justicia presentó una querella contra el dirigente independentista por su declaraciones tras la detención de un grupo de abogados de presos de ETA el 12 de enero de 2015 en una operación policial denominada 'Jaque' por la Guardia Civil. Ese día y el 14 de enero Arraiz ofreció dos ruedas de prensa. En la primera afirmó que la sociedad vasca debe dar “jaque mate” a la Guardia Civil y pidió que se fuera de Euskal Herria, y en la segunda aclaró que en Euskadi la única violencia era la del Estado español y la “única amenaza violenta” era la Guardia Civil y el resto de cuerpos “represivos”.

Arraiz ha llegado a la entrada principal del TSJPV a las 09:50 horas acompañado de su abogado, Iñigo Iruin, y allí ha saludado a una veintena de personas que se habían concentrado para apoyarle, entre ellos el portavoz de Sortu Pernando Barrena y otros dirigentes de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberría o Joseba Permach.

Los concentrados ha exhibido pancartas con frases en euskera en defensa de la “libertad de expresión” y contra “los juicios políticos”.

En el extremo contrario, un segundo relato es el de los perpetradores y sus simpatizantes, que goza de vitalidad a nivel popular, pero carece del seso y la ética del primero. Aquí tenemos algunas muestras, aparecidas en los medios de comunicación en las últimas semanas: ante un tribunal, presos de ETA se jactan de su militancia en la organización terrorista; en plena campaña electoral, 200 expresos de la banda piden el voto para la “izquierda abertzale oficial”; la “izquierda abertzale oficial” convoca ayunos y manifestaciones por los reclusos de ETA, los pretende elevar a la categoría de “prisioneros políticos”, demanda su amnistía e, invirtiendo la culpabilidad, los califica como “víctimas”. Estamos ante una narración que, retrospectivamente, se propone abrillantar la trayectoria de un sector totalitario, que recurrió al asesinato, la extorsión y la amenaza para tratar de imponer su proyecto político. No es que piensen que su responsabilidad “no fue para tanto”. Es que sostienen que la culpa siempre fue de los otros y, por boca del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, se muestran “orgullosos” de su “lucha”

Hay un tercer relato que reniega de los medios empleados por ETA y condena sus atentados, pero comparte con el nacionalismo vasco radical, en expresión de Martín Alonso, una misma “gramática del conflicto”. Los cultivadores de esta narrativa encuentran causas políticas remotas que, según el caso, justificarían, relativizarían o harían comprensible la violencia de ETA, dedican tantos o más esfuerzos a criticar al Gobierno del PP que al nacionalismo vasco radical en relación al terrorismo e interpretan que el vasco es un pueblo homogéneamente victimizado y reprimido desde allende los tiempos, lo que explicaría que una minoría “equivocada” tomara las armas en la defensa de “lo propio”. En su versión más áspera, esta lectura contempla nuestro pasado reciente de violencia en clave étnica, españoles versus vascos, fruto de reivindicaciones nacionalistas incumplidas, y no en clave de ataque totalitario contra la democracia (confróntese esto con el hecho de que ETA cometió el 95% de sus asesinatos tras la muerte de Franco).

El nacionalismo vasco moderado, hegemónico en las principales instituciones del país, se ha movido históricamente entre este relato y el primero. Pocos ejemplos muestran esa oscilación tan gráficamente como el siguiente discurso de José Antonio Ardanza, leído pocos años antes de la deriva del PNV hacia la “acumulación de fuerzas soberanistas”. El texto del lehendakari, rescatado por el historiador Antonio Rivera para un libro suyo de próxima aparición, sostenía que “existe un primer planteamiento –el que hoy defienden, casi en exclusiva, los propios violentos- que pretende situar la violencia en el terreno del nacionalismo, es decir, en términos de conflicto entre nacionalistas y no nacionalistas o, por mejor decir, entre nacionalistas vascos y nacionalistas de otro signo, sean españoles o franceses. La violencia sería, en este sentido, la expresión inevitable de un contencioso no resuelto entre el Pueblo vasco y el Estado español. Hoy apenas queda ya nadie en el mundo del nacionalismo democrático que no sea capaz de percibir el carácter esencialmente manipulador de tal planteamiento. Hoy nos resulta evidente que en una sociedad como la vasca, profundamente dividida por razones de nacionalismo y enormemente sensibilizada hacia reivindicaciones nacionalistas, situar el conflicto en tales términos persigue el objetivo de recabar para quienes ejercen la violencia el máximo apoyo posible o, cuando menos, la comprensión y complicidad silenciosa del mundo nacionalista”. Otro lehendakari, Juan José Ibarretxe, cambiaría pronto estos principios por el frentismo del Pacto de Estella.

Las tres grandes narrativas que he expuesto son tipos ideales y contienen, por supuesto, variantes, del mismo modo que los diferentes sujetos pueden asumir como propios elementos de aquí o de allá, así como evolucionar de un relato a otro. Junto a éstos, en cuarto y último lugar tenemos el “no relato” del silencio, que persigue “dejar atrás el pasado de una vez”, “pasar página”, “mirar hacia delante” y otras metáforas escapistas por el estilo. A esta manera de pensar (o mejor, de ignorar) cabe oponer una reflexión de Primo Levi sobre el Holocausto que está recogida en el proyecto del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo: “Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos”.

Los últimos datos del Euskobarometro demuestran que cuatro años después del final del terrorismo el miedo a hablar públicamente de política, que era especialmente significativo entre los simpatizantes del PP y PSE-EE, ha caído en picado en Euskadi. Este es un indicador, entre varios posibles, de que lo que hemos afrontado ha sido un problema de falta de libertades. La recuperación de las mismas ha traído sosiego a los sectores más estigmatizados, aunque por desgracia ya es demasiado tarde para las más de 900 víctimas mortales del terrorismo, así como para los miles de heridos y exiliados. El terrorismo no fue un mero relato, sino una grave realidad. No vayamos ahora a lavarla con suavizante.

Al contrario que para nosotros, que lo experimentamos más o menos directamente, probablemente para la próxima generación el terrorismo sí será solo un relato. O, si se prefiere, será una realidad lejana, a la que se accederá de forma mediada, a través de nuestras historias. Por tanto, es grande la responsabilidad que nos atañe a la hora de escribirlas de forma fiel. Tenemos a mano varias posibilidades. Una es limitar el alcance del debate, bien repartiendo culpas equitativamente (todos pecadores), bien apelando a la necesidad de tener en cuenta “todas las memorias” (¿también la de los verdugos?). Otra opción más deseable es, frente a la tentación del olvido, construir una pedagogía de la memoria con el objetivo de transmitir sin tapujos qué fue el terrorismo y por qué hubo vascos que sostuvieron una opción liberticida, sin importarles matar en el empeño o dejando que otros lo hicieran en su nombre.

La coalición EH Bildu ha entrado en 'modo shock' tras perder 101.679 votos. Ya venía tocada de las elecciones municipales y forales. En aquellos comicios, donde los soberanistas perdieron la Diputación de Gipuzkoa y buena parte del poder municipal que atesoraban, sus dirigentes ya comprobaron que había un voto fronterizo con la formación que entonces dirigía Roberto Uriarte y que se colocó en votos en tercera posición en Euskadi, por delante del PSE-EE. Y que su voto ya no era tan fiel como presumían. Pero además, EH Bildu se dio cuenta también de una cosa: que el atractivo histórico que tenía el independentismo en el electorado joven y, sobre todo, en las personas que votaban por primera vez, se estaba esfumando. EH Bildu no sedujo a la gran mayoría de los 63.000 nuevos en aquellas elecciones. Fue la primera luz roja.

Tras ese primer aviso, y a la vista de cómo se estaban concatenando los acontecimientos en Cataluña, EH Bildu entendió que en el País Vasco había mimbres para meter quinta en su estrategia independentista, la vía vasca que había sido pergeñada tiempo atrás para marcar un perfil netamente soberanista, mientras acusaban al PNV de entregarse a la vía autonomista y de buscar un lugar cómodo en España. Pero esto no intranquilizó ni al lehendakari Urkullu -que este lunes ha preferido no valorar los resultados y ha señalado que está reflexionando-, ni a los que manejan el poder en Sabin Etxea, sede del PNV. Entre otras cosas porque los peneuvistas de Andoni Ortuzar acaparan el mayor poder institucional desde la época de la escisión (1986) y porque el pacto que mantienen con los socialistas vascos de Idoia Mendia les ha librado de los sustos y de los revolcones parlamentarios sufridos en el primer año de legislatura vasca. 

EH Bildu ha perdido escaños en los tres territorios, pero es en Gipuzkoa, su feudo tradicional, donde el batacazo es mayor: pasa de tres escaños a uno y pierde 49.175 votos. El vendaval Podemos se ha llevado por delante a los de Hasier Arraiz, que ha visto como “los dos diputados de EH Bildu se los lleva Podemos”, afirmaba la noche electoral el politólogo Alfredo Retortillo, miembro del equipo del Euskobarómetro (UPV). En concreto, ha obtenido 80.880 papeletas, con un porcentaje del 20,89%, y pasa de la primera fuerza a ser tercera. Podemos ha logrado 97.859 (25,27%) y el PNV 91.043, con el 23,51%. Para hacerse una idea de la evolución del voto, Podemos cuando despuntó en España en las europeas de 2014 -unas elecciones en las que se vota también en clave no autonómica- tuvo 15.035 sufragios (6,36%). Y EH Bildu, que entonces quedó como primera fuerza en ese territorio, obtuvo 73.765 con el 31,24%.

Pero el retroceso se ha reproducido también en las otras dos provincias. En Álava, ha perdido el único representante que tenía, tras obtener 21.179 votos (11,85%). Se sitúa como el quinto partido más votado, tras haber sido el tercero en 2011. En Bizkaia, se queda con un escaño tras perder el otro que tenía, y se convierte en el cuarto partido más votado, después de haber logrado ser tercera en 2011 en tercera posición. En estos comicios, ha obtenido 81.552 votos (12,5%).

Pese a esa primera señal de peligro -tras la que prometieron también una reflexión- la coalición soberanista, prendada del desafío independentista catalán, optó por sumarse al discurso de la “desconexión con España”, sin mirar si en la bañera separatista vasca había suficiente agua. Y sobre todo pasando por alto la evolución que en la ciudadanía vasca ha tenido el sentimiento independentista, que ahora cotiza más a la baja que nunca.

De hecho, en el último año se han publicado hasta cuatro estudios sociológicos en Euskadi, todos ellos coincidentes en el retroceso del sentimiento independentista entre los vascos. En diciembre de 2014, el Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco (UPV) revelaba que los deseos de independencia seguían siendo minoritarios (30%, cuatro puntos menos que en la oleada semestral anterior). Y que los vascos se sentían autonomistas (36 puntos), federalistas (31 puntos) e independentistas (22 puntos), estos últimos cinco punto menos en el cómputo anual. 

En marzo de 2015, ajenos a esos termómetros demoscópicos, Arraiz presentó en un acto multitudinario la 'Euskal Bidea', la 'vía vasca' hacia la independencia que apoyan los cuatro partidos que conforman la coalición: Sortu (la antigua Batasuna), EA, Aralar y Alternatiba. Y llegó a afirmar: “Estamos en las mejores condiciones para lograr la independencia”.

Tres meses después, un nuevo estudio sociológico, en esta ocasión el Sociómetro, elaborado por el Gobierno vasco, revelaba que los partidarios de la independencia habían bajado hasta los niveles de 2009 y que eran cinco puntos menos que el año pasado (del 30% al 25%). El mismo estudio, en noviembre pasado, no dejaba ninguna duda: únicamente un 21% de los vascos apoya la independencia de Euskadi, un porcentaje cuatro puntos menor que hacía seis meses (en abril) y que suponía el nivel más bajo desde 1998.

EH Bildu -y sobre todo Sortu, sucesora de Batasuna- que nunca ha ocultado su simpatía por la CUP catalana y su desafío independentista-, ha basado toda su campaña electoral de las generales en agrupar el mayor número de votos en favor de la independencia de Euskadi. Y la ciudadanía le ha dado la espalda. Al final de la campaña, e intuyendo que parte de su electorado tradicional podía acabar apoyando a la formación de Pablo Iglesias, el propio Arraiz cargó contra Podemos-Ahal Dugu, con el argumento de que un día defienden la unidad de España y otro el derecho a decidir. Pero el electorado vasco de izquierdas, que no ve con malos ojos el derecho a decidir y que quería cambio a nivel nacional, ha apostado por Podemos. No ha comprado ese discurso de Arraiz, entre otras cosas porque no se ajustaba a la realidad. “Podemos ha encontrado su caladero principal en el electorado joven urbanita rebelde que hasta ahora era casi exclusivo de Bildu”, analiza Retortillo.

Todos los candidatos de la formación morada -desde Eduardo Maura (Bizkaia), hasta Nagua Alba (Gipuzkua)- han reiterado su apuesta por un “Estado plurinacional” y por “el derecho a decidir”, así como por el fin de la política de dispersión de los presos de ETA, dos de las banderas históricas de la izquierda abertzale. Y lo que ha pensado parte del electorado de Bildu es claro: Más fácil que eso lo consiga un Gobierno de Podemos, que un mermado grupo parlamentario de EH Bildu en el Congreso. Ahora más menguado al pasar de siete que tenía Amaiur, la marca con la que concurrieron en 2011, a dos.

Es verdad que el escenario de estas elecciones es completamente nuevo. Al menos en dos aspectos que han incidido en la derrota de EH Bildu: que Amaiur, el polo soberanista vasco conformado por EA, Aralar y Alternatiba, surgió en un momento en el que ese electorado tenía ganas de volver a las urnas tras el largo y tortuoso camino de la ilegalización. Y que cuatro años después había una pulsión de cambio de ciclo en España que no existía entonces, algo que ya reconocía la noche electoral Arraiz al señalar que no habían podido soslayar ese “voto en clave estatal” que no han sabido llevar a su zurrón. Y eso también explica en parte los malísimos resultados de los de Arraiz. 

Las autonómicas, en otoño de 2016

Hay sin duda un electorado que, presumiblemente y según los politólogos, volverá a EH Bildu en las autonómicas que se celebrarán en Euskadi en otoño de 2016. Y la coalición espera que el reclamo de Arnaldo Otegi, si finalmente no tiene ningún impedimento para ser candidato a lehendakari, sirva para cerrar filas y atraer el voto. ¿Pero cuánto de ese voto volverá a la casa del padre? Esa es la duda. Porque lo que no hay duda es que Podemos ha llegado para quedarse.

“Sin duda se ha construido la tormenta perfecta contra Bildu, aunque probablemente sea coyuntural y no se repita en unas autonómicas”, añade el politólogo Retortillo.

El propio Podemos cree que no se puede extrapolar este resultado a las autonómicas de otoño del próximo año. Una extrapolación que dejaría la Cámara vasca de esta manera: Podemos (21 escaños), PNV (18 parlamentarios), EH Bildu (12 diputados), PSE-EE (10 escaños), PP (10 escaños), Ciudadanos (tres diputados) y Ezker Anitza-IU (1 diputado). Aunque sus miembros -en un partido como Podemos que hay que recordar acaba de salir de una crisis muy profunda, está dirigido por una gestora y tiene una estructura de partido débil aún- se hacen fuertes en el discurso de la plurinacionalidad.

“Cuando sea presidente del Gobierno me comprometo a escuchar siempre lo que digan los vascos y las vascas”. La frase, pronunciada por Pablo Iglesias en su primera comparecencia este lunes tras el éxito electoral, abona esa idea que ha calado en el electorado que apuesta por el derecho a decidir de que con la formación morada en La Moncloa una consulta es posible. Sí se puede. Y por eso han cambiado de voto. E Iglesias ha mandado un mensaje al PSOE en esa misma comparecencia ante los medios: “no entender la plurinacionalidad de España es entregar el Gobierno a Mariano Rajoy”.

Es la segunda luz roja que se ha encendido para el mundo de EH Bildu. Habrá que ver si en esta ocasión hay una profunda reflexión como se indicó tras el susto de las municipales y forales. Algunos como Sabino Cuadra, que no ha salido diputado por Navarra, ya han empezado. Aquí su tuit postelectoral:

La Constitución ha entrado en campaña. Y nada mejor que hacerlo este 6 de diciembre, fecha en la que se celebró el referéndum para su aprobación en 1978. Y, de nuevo, los independentistas han lanzado sus discursos más duros contra una Carta Magna que, a su juicio, impide que “los vascos decidan libremente su futuro”.

El presidente de Sortu y portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha asegurado que algunos partidos, emergentes o no, en alusión a Ciudadanos o al PP, “quieren volver a lavarle la cara al mismo régimen. Ahora quieren que sea naranja, o azul, o de cualquier otro color. Pues bien, tenemos malas noticias para aquellos que sueñan que esta vez sí, que esta vez nos van a meter el gol que no consiguieron meter hace 40 años”, ha apuntado minuto antes de la manifestación convodada por EH Bildu para rechazar la “mordaza” constitucional y exigir un proceso de “ruptura democrática” tras el 20-D.

“Tenemos malas noticias para ellos”, ha declarado el líder independentista, “porque esta vez, el gol se lo vamos a meter nosotras: hoy en las calles de Bilbao, y el día 20 llenando las urnas de votos por la libertad, de votos por el respeto a las decisiones de este pueblo”. “Quienes hoy cínicamente celebran el recorte de libertades a este pueblo, os lo aseguramos, no tendrán absolutamente nada que celebrar el día 20 de diciembre, porque ese será un día en el que Euskal Herria volverá a demostrar que el único cambio que quiere y necesita es el que conduce a su soberanía”, ha subrado Arraiz minutos antes de que la cabecera de la marcha comenzara a moverse.

En el otro extremo, y dentro de un cuidado discurso en clave foralista y de unidad de España, el delegado del Gobierno en Euskadi, el popular Carlos Urquijo, ha recordado que que la Carta Magna “ha servido a los vascos para actualizar los derechos históricos de los territorios forales, base de nuestro gobierno y bienestar”.

“Una España fuerte”

Urquijo ha censurado, sin nombrarles, a todos aquellos que quieren arrumbar el pacto constitucional forjado en la Transición española. “Esta Constitución puesta hoy en almoneda por tantos, ha sido el marco que nos ha permitido gozar de una democracia plena, asegurar los derechos fundamentales y situarnos en la Europa más avanzada en pie de igualdad. A pesar de esto algunos han decidido arremeter contra ella ignorando que España, lo dice su artículo uno, es un Estado social y democrático de derecho y como tal la obligación del Gobierno es cumplir y hacer cumplir la ley como sin duda ha podido comprobarse especialmente en las últimas semanas y como acaba de refrendar precisamente nuestro Tribunal Constitucional”, en clara alusión al desafío independentista de Cataluña.

Pero consciente de que en esta ocasión, la celebración de este día se produce en plena campaña electoral, Urquijo no ha querido dejar pasar la oportunidad de referirse a las propuestas que están encima de la mesa. “Inmersos en plena campaña electoral, se impone analizar qué se nos propone y decidir con libertad lo que creemos mejor para este momento de España. Tan importante o más que el modelo de sociedad es saber qué modelo de Estado queremos dejar en herencia a las próximas generaciones: si una España fuerte y unida de la que sentirnos orgullosos o nos vamos a resignar a ver cómo se diluye aquello que tanto ha costado ganar”.

Navarra, también

Geroa Bai ha afirmado que parece “claro” que “urge” una revisión “profunda” de los planteamientos y contenidos de la Constitución y se compromete a defender, en caso de una reforma constitucional durante la próxima legislatura, el “autogobierno foral y nuestras herramientas de decisión económicas, políticas y sociales”.

En unos términos similares a Urquijo se ha expresado el candidato al Congreso de la coalición UPN-PP, Íñigo Alli, quien ha querido destacar el “perfecto ensamblaje” del Régimen Foral de Navarra dentro de la Constitución. Alli ha expresado su convencimiento de que el acuerdo alcanzado entre regionalistas y populares para estas elecciones permitirá “blindarlo y acabar con la transitoriedad de Navarra como comunidad propia y diferenciada”.

Los socialistas navarros, por su parte, han celebrado la Constitución de 1978, pero subrayando la necesidad de modificarla en clave federal. El candidato del PSN al Senado Toni Magdaleno ha defendido que es “el momento de reformar” la Constitución y ha destacado que “querer” la Carta Magna “significa adaptarla a los nuevos momentos”. En un acto electoral ante la sede del Gobierno de Navarra, en el día de celebración del aniversario de la Constitución, Magdaleno ha resaltado que “los socialistas estamos particularmente contentos de esta celebración y de nuestra aportación en 1978 a este texto fundamental”.

Sortu, el partido heredero de la izquierda abertzale que nunca ha condenado el terrorismo de ETA, sigue dando pasos y realizando gestos en relación a las víctimas del terrorismo y al daño causado por la organización terrorista. Pero los partidos de la órbita constitucionalista (PSE-EE, PP y UPyD) siguen demandando una posición mucho más “clara y nítida” al partido que preside Hasier Arraiz, porque no solo no tuvo empatía con las víctimas, explican, sino que ese mundo político aplaudió los asesinatos y les dio cobertura política, como ha recordado el exlehendakari, Patxi López, al valorar el nuevo gesto de Sortu.

El tímido paso de Sortu se produce a escasos días de la celebración del Día de la Memoria en Euskadi. Por primera vez desde el cese definitivo de la actividad terrorista hace cuatro años, los parlamentarios de Sortu incluidos en la coalición EH Bildu acudirán el próximo martes 10 de noviembre al acto que anualmente convoca el Parlamento vasco para recordar a las víctimas del terrorismo y de los abusos policiales. A ese acto no acuden ni el PP, ni UPyD, que siguen exigiendo que el homenaje se circunscriba a las víctimas del terrorismo.

Sortu lleva con un debate abierto en torno al reconocimiento del daño causado por la violencia etarra y su falta de empatía y cercanía con las víctimas del terror desde febrero de 2012. Ni siquiera las conversaciones que mantuvo durante meses desde finales del pasado año con el PNV al más alto nivel -con los presidentes de ambos partidos Hasier Arraiz y Andoni Ortuzar involucrados- para negociar un documento en torno a este tema para reactivar la ponencia de Paz y Convivencia sirvieron para acelerar el debate. El propio Ortuzar reconoció en septiembre pasado que estaba “harto” de la incapacidad del partido de Arraiz para armar un discurso claro sobre este asunto, al tiempo que le pedía “meter la directa” en el tema de paz y convivencia.

En febrero de hace ya más de tres años, en un acto celebrado en el Kursaal donostiarra, la dirigente Maribi Ugarteburu dio lectura al documento en el que bajo el título 'Viento de solución' los herederos de Batasuna asumían que su proximidad política con los terroristas de ETA “ha podido suponer un dolor añadido o un sentimiento de humillación para las víctimas”. Ahora, en el escueto texto de tres puntos, hecho público en una comparecencia el pasado jueves de Arraiz (Sortu) y Rebeka Ubera (Aralar, la escisión en su día de Batasuna), se vuelve a admitir esa insensibilidad, se asegura estar inmersos en una “reflexión crítica” por las “decisiones adoptadas en el pasado respecto al uso de la violencia” y se apunta expresamente: “sentimos profundamente que nuestra actitud política no haya acompañado siempre el dolor de cada víctima”, aunque no se cita ni a ETA, ni a las más de 850 víctimas causadas por esa organización terrorista. Tres años después de su primera aportación, ese manifiesto es su “pequeña aportación”, reconocen, “a un ejercicio crítico que debería ser compartido por todas las partes y debe estar encaminado a reconocer todo el daño causado”.

Juicio a los 'generales' de ETA

¿Cómo se explica que entre ambas declaraciones hayan pasado más de tres años? Todas las fuentes consultadas apuntan a los problemas internos que se han vivido en la izquierda abertzale y a la presión de los sectores más renuentes a seguir dando pasos unilaterales, mientras más de 400 presos de ETA siguen en la cárcel y no se vislumbre ningún movimiento en política penitenciaria desde el Gobierno de Mariano Rajoy. Junto a esa realidad en las cárceles españolas y francesas, todas las fuentes consultadas sitúan cualquier movimiento de calado de ETA en relación a su desarme definitivo después de las elecciones generales. 

En ese contexto de divergencias internas, el sector más duro de los presos de ETA tampoco quiere abrir vías que resquebrajen la unidad del colectivo de reclusos, una de las obsesiones de la dirección etarra. Y el documento leído en el juicio que se sigue en París contra los últimos 'generales' de ETA -incluido el supuesto jefe militar de la organización Mikel Carrera Sarobe, 'Ata', y el también miembro del Zuba (Comité Ejecutivo) Xabier Goienetxea Iragorri, 'Goiene', con un lenguaje duro y ortodoxo, tendría esa explicación. Ese reconocimiento que se exige del daño causado, a juicio de ese grupo de exdirigentes etarras, “no es más que un nuevo obstáculo que hace de quien se empeña en encontrar soluciones el portador del peso de la responsabilidad”. Y se añade: “nos parece obsceno hacer de ese sufrimiento infligido a los demás y a nosotros mismos un espectáculo (...) Si por el espectáculo de este sufrimiento se busca la humillación y la rendición del enemigo, a sabiendas de que eso no hará más que perennizar el conflicto, estamos ante un crimen”. 

Y lejos de denunciar la violencia terrorista de ETA, estos presos se reafirman en la defensa del uso pasado de la violencia: “la lucha armada”, sostienen, “ha sido instrumento ineludible para que nuestra nación sobreviva”. Al tiempo que censuran la política con los presos: “Se impide a ETA poner término a su proceso de desarme. Se hace política a costa de las víctimas. Los presos, rehenes en las prisiones de los Estados a menudo en condiciones peores a las de los años más duros del enfrentamiento armado, sufren el chantaje de la petición de autocrítica”.

La parte de la dirección de Sortu más proclive a seguir dando pasos unilaterales se mueve entre arenas movedizas: la situación de los presos -a los que la Audiencia Nacional acaba de rechazar su solicitud de ser trasladados a cárceles del País Vasco- el último acto de violencia callejera -reivindicado por los sectores críticos con Sortu y EH Bildu- y la falta de avances en la entrega de armas y definitiva disolución de ETA. Por el momento no se esperan novedades de calado en relación a la paz y la convivencia en Euskadi, según las fuentes consultadas, que ya se sitúan en esta materia después del 20-D.

La coalición EH Bildu ha presentado su proyecto de Ley de Consultas -oficialmente Ley para el empoderamiento de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa- en el que se apunta que el Estado deberá reconocer la “capacidad de decisión que le corresponde como pueblo” al País Vasco, “argumentando para ello, que es de obligado cumplimiento democrático” y “por las vías que fueran necesarias”, según se precisa en su disposición adicional primera.

A través de esta ley, la coalición soberanista pretende que los vascos puedan pronunciarse y decidir su futuro por encima de las “imposiciones” y de “negativa del Estado español”, según ha señalado el portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz. Al ser preguntado respecto a qué ocurriría si las instituciones del Estado suspenden esta ley o los efectos que puedan derivarse de ella, Arraiz ha advertido de que “vamos a obedecer únicamente al mandato que nos dé la ciudadanía vasca” y espera convertir el parlamento en una asamblea soberana y nacional“.

En la disposición adicional segunda del texto, registrado esta mañana en la Cámara vasca por el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz, junto a otros representantes de la coalición soberanista, se explica también la relación que puede abrirse a partir de la aprobación de la ley entre Navarra y Euskadi. En concreto, se apunta que “en la medida que el derecho a decididir es la actualización de los derechos históricos del pueblo vasco, a la hora de obtener y materializar esa competencia, la Comunidad Autónoma [vasca] y la Comunida foral [de Navarra], si así lo decidiese la ciudadanía de cada uno de esos ámbitos, actuarían conjuntamente, alcanzado para ello los acuerdos que fueran necesarios”.

En el propio preámbulo de la ley se circunscribe a los tres territorios que conforman el País Vasco el ejercicio “del derecho a decidir libre y democráticamente su ámbito de organización y relaciones políticas, como expresión de la nación vasca, y constituidos como comunidad política”, ya que “quieren ser dueños de su futuro político”. Pero los impulsores de esta iniciativa legal señalan que ese proceso se realizará en “una vía de confluencia progresiva con el resto de territorios vascos, sin más límite que la voluntad libre y democráticamente expresada de sus respectivas ciudadanías”, en alusión a Navara y el País Vasco francés, territorios que no cita expresamente.

EH Bildu señala que esta ley es una “vía para que la sociedad vasca tenga capacidad para decidir cuestiones políticas, sociales y económicas de gran trascendencia” y apunta además que “la libre expresión de la voluntad de la ciudadanía debe ser la única vía para determinar todos los aspectos de la vida política de la Comunidad Autónoma Vasca”.

La ley prevé consultas populares en los tres ámbitos territoriales -comunidad autónoma, los territorios forales y los municipios vascos- y pueden ser de carácter general o sectorial. En ellas, previo registro, podrán participar los ciudadanos empadronados en Euskadi mayores de 16 años, incluyendo a los residentes en el extranjero, que deberán solicitar previamente la inscripción en el registro creado al efecto“.

“No obedecemos a Madrid”

El registro de participación en consultas populares estará integrado por los datos del registro de población de la CAV y por los registros de los ciudadanos en el exterior. Y será el encargado de “elaborar la lista de personas llamadas a participar de acuerdo con la que establezca el decreto de convocatoria” en función del ámbito de la consulta. La ley precisa que ese registro “no puede incluir ningún dato relativo a la ideología, las creencias, la religión, la etnia, la salud, ni la orientación sexual de las personas llamadas a participar en una consulta popular”.

¿Quiénes pueden promover consultas? Las institucionales las pueden promover el lehendakari o el Gobierno, el Parlamento (en pleno por mayoría simple), dos de las diputaciones forales por acuerdo del gobierno foral o del pleno de Juntas y un 10% de los municipios mediante acuerdo por mayoría absoluta de sus plenos y cuya población sumada debe ser como mínimo de 200.000 habitantes.

La propuesta, según ha explicado Arraiz, es la “respuesta” de EH Bildu al “frente de la negación de la imposición” con el que, según ha criticado, ha reaccionado el aparato del Estado a quienes reivindican las “realidades nacionales” de Cataluña y del País Vasco. “No obedecemos a lo que Madrid pueda pensar, mucho menos cuando su posición sea la de vulnerar los derechos democráticos que nos corresponden como pueblo”, ha asegurado. El parlamentario de EH Bildu ha destacado que la coalición está preparada para “asumir las consecuencias que tenga la confrontación democrática” con el resto de España.

El PP vasco registrará a las diez de la mañana de este martes la moción para crear una ponencia de Libertad y Convivencia con el objetivo de desatascar el foro parlamentario que encalló hace ya dos años y lograr como punto de partida que la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA rechace no solo la violencia a futuro, sino también la que tuvo lugar en el pasado. Arantza Quiroga, la líder del PP, explicará en una comparecencia en San Sebastián los objetivos de esta iniciativa parlamentaria, entre otros, deslegitimar el terrorismo y desbloquear la Ponencia de Paz y Convivencia, en el dique seco desde que los socialistas la abandonaron en septiembre de 2013. Un foro en el que nunca han participado ni el PP, ni UPyD.

El PP quiere simplificar al máximo los conceptos básicos sobre los que se debe asentar la convivencia en una Euskadi sin ETA y alcanzar un acuerdo de mínimos entre todas las fuerzas políticas que asuman esos principios básicos.

La iniciativa de los populares ha sorprendido tanto al PNV, como a los socialistas y al lehendakari Urkullu, quien en su intervención en septiembre en el debate de política general avanzó su intención de plantear tras los comicios generales del 20-N “un acuerdo-base para la Convivencia”, inspirada en el suelo ético, para “crear un espacio compartido en materia de convivencia a medio plazo”. Con esa propuesta, Lehendakaritza admitía en privado que los intentos de PNV y Sortu de reactivar la ponencia desde finales del pasado año no tienen ya recorrido, y menos aún en el tiempo electoral en el que se ha entrado ya.

Pero Arantza Quiroga ha roto los tiempos políticos y ha salido del impasse en el que estaba su partido en esta materia, formación que ya en los tiempos de Antonio Basagoiti se negó a participar en la Ponencia de Paz y Convivencia, foro que quedó en el dique seco tras el abandono de los representantes del PSE-EE en septiembre de 2013. Al PP se la ha achacado su inmovilismo y la propia Quiroga ha reconocido que el presidente Rajoy, centrado en la salida de la crisis, ha soslayado el asunto del final de ETA. “Nuestra propuesta es para desbloquear la ponencia actual y compartir al menos lo esencial: que matar estuvo, está y estará mal”, explican fuentes populares.

“La historia no comienza ahora”

Los populares han puesto en valor las declaraciones realizadas por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en el Pleno de Política General celebrado a finales de septiembre acerca de que la la “violencia es siempre un camino pernicioso” y que “si alguien pretende reabrir el ciclo de las violencias nos va a tener enfrente”. Pero consideran que ya es el momento de pasar de las palabras a los hechos. “Son unas declaraciones que apuntan, pero tienen que plasmarlo en hechos”, apunta la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos. Y Arraiz ha cogido el guante: ha valorado de manera positiva el giro del PP e incluso ha mostrado su disposición a reunirse con los populares, algo que por el momento no está en la agenda de la líder de los populares en Euskadi.

“Para caminar, mirar hacia el futuro y conseguir la convivencia, es necesario deslegitimar lo que ha pasado, partir de un suelo ético como el de la anterior legislatura, que esté fundamentado en compartir el relato de lo que sucedió, en el reconocimiento de las víctimas y en la deslegitimación del terrorismo”, apunta Nerea Llanos, 'número dos' del PP vasco.

“La historia no comienza ahora. No se trata de decir que ahora que todos estamos enfrente de la violencia. La historia ya tiene unos años a sus espaldas y, para deslegitimar el terrorismo y mirar adelante, es preciso condenar lo que ha habido detrás”, ha advertido. En ese sentido, el PP pretende sentar las bases de la convivencia futura tras blindar el foro parlamentario y sus trabajos frente a cualquier intento de legitimar el terrorismo, pasado o futuro

La estrella del debate del Pleno de Política General celebrado el pasado 24 de septiembre en la Cámara vasca fue el concepto “nación foral” acuñado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, dentro del debate sobre el encaje de los nacionalismos periféricos que se abrirá tras las elecciones generales del 20-D en el futuro modelo territorial español. Y esta explosión terminológica puso sordina a una iniciativa recogida también en el discurso del lehendakari en torno a la Paz y la Convivencia. La página 17 de su intervención recogía una propuesta concreta del Ejecutivo vasco: “un acuerdo-base para la Convivencia. Se inspirará en el 'suelo ético' y se presentará como herramienta para crear un espacio compartido en materia de convivencia a medio plazo”.

La idea de Urkullu y de su contestado secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, era esperar a que se celebraran los comicios generales para presentar una iniciativa que tenía como objetivo “hacer posible el encuentro social”. Al igual que ETA piensa que con el presidente Mariano Rajoy; su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el PP en el poder cualquier iniciativa en materia de desarme no va a tener ninguna incidencia en, por ejemplo, la política penitenciaria de los populares, el Gobierno vasco también está persuadido de que activar su iniciativa antes del 20-N no iba a tener ningún recorrido en el camino hacia la convivencia en Euskadi.

Pero en Euskadi hay más agentes políticos. Algunos como la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA o el PP de Arantza Quiroga. Los primeros, a través de una tribuna firmada por los cuatro líderes que conforman la coalición EH Bildu, han querido seguir la estela de las palabras del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en el Pleno de Política General en las que advertía: “¿cuál es la garantía de que no va a haber un regreso a la violencia? Y nosotros respondemos: nosotras somos la garantía porque si alguien pretende reabrir el ciclo de las violencias nos va a tener enfrente”. Y sobre todo aquellas en las que aseguraba, parafraseando Argala, el dirigente de ETA asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE), que “la violencia siempre es un camino pernicioso”.

Arantza Quiroga, que ya había anunciado hace semanas, justo antes del Pleno de Política General, una iniciativa parlamentaria con la que los populares vascos querían crear una nueva ponencia de Libertad y Convivencia en la Cámara vasca que “reúna a todos los partidos bajo la premisa de que ETA nunca debió existir”, toma ahora la iniciativa. Y valora esas palabras de Arraiz porque “tienen un importancia” y se “pueden tener en consideración”. De repente, los dos actores políticos que más alejados estaban de la Ponencia de Paz y Convivencia -el PP nunca ha participado en ella y la negativa de EH Bildu a suscribir el denominado 'suelo ético' la ha dejado en dique seco tras el abandono de ese foro por parte del PSE-EE- la ponen en 'modo on'. Y el PP no quiere esperar al resultado electoral del 20-N.

“Al PP vasco se le acusa de no aceptar este tiempo sin ETA. Y no es cierto”, se apunta desde el equipo de Quiroga. “Nuestra propuesta pretende desbloquear la ponencia y buscar un punto de encuentro, compartiendo lo esencial: la izquierda abertzale se ha mostrado contraria a la violencia de aquí al futuro. Si admiten que la del pasado también lo fue, sería el punto de partida necesario para que, desde la política, se puedan sentar las bases de la convivencia futura”. En definitiva, blindar la política frente a cualquier legitimación futura, pero sobre todo pasada, del terrorismo, se argumenta entre los populares vascos.

Es probable que el PP esté también haciendo de la necesidad virtud con este movimiento. El equipo de Arantza Quiroga lleva tiempo persuadido de que en la nueva política que le toca desarrollar en Euskadi, el inmovilismo y el factor ETA ya no computan políticamente, y más bien son un lastre. Y la sangría electoral de los populares en Euskadi, comicio tras comicio, apuntala esa percepción. O estrategias renovadas o irrelevancia política en el nuevo tiempo abierto en Euskadi desde el 20 de octubre de 2011 con el fin de la violencia terrorista de ETA.

El PP registrará a principios de semana una moción -tiene de plazo hasta las 12 horas del martes- con su iniciativa de crear una nueva ponencia de Libertad y Convivencia. La izquierda abertzale que nunca condenó a ETA, tras ver que toda la negociación mantenida entre Sortu y el PNV desde el pasado año para reactivar la ponencia no ha llegado a buen puerto, no echa en saco roto el movimiento de los populares vascos. Pero si el PNV, y su presidente Andoni Ortuzar, han sido inflexibles a la hora de buscar en Sortu unos mínimos éticos y de reconocimiento del daño causado por el terrorismo, los populares tienen claro que su iniciativa también busca admitir por todos y de inicio que “matar estuvo mal siempre”. Resetear sí, pero transmutarse no.

Lo dijeron las víctimas de la violencia de ETA, de los GAL o de los abusos policiales reunidas en torno a la iniciativa Eraikiz: “Tenemos que oír a nuestros representantes decir al unísono que matar estuvo mal”, “todos los partidos deben reconocer a todas las víctimas sin discriminaciones de ningún tipo” y, finalmente, “les pedimos que activen la ponencia de paz y convivencia o algún espacio similar dentro del Parlamento Vasco para acordar los principios y valores sobre los que queremos asentar la convivencia”.

Lo de menos es cómo se llame la ponencia. Lo importante es acordar esos valores básicos y los principios sólidos sobre los que asentar la convivencia futura. Y para avanzar hacia ese objetivo -nada electoral- no hay que esperar a que pase ninguna contienda electoral, aunque las precampañas no sean los momentos más propicios para hilar fino y den pie más al discurso de brocha gorda. O tal vez sí.

Hasier Arraiz, portavoz de la coalición soberanista, cree que la "tarea histórica en Catalunya y en Euskal Herria es poner en marcha ya mismo el proceso constituyente vasco de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa"

La coalición soberanista EH Bildu, ha echado en falta en la intervención del lehendakari, Íñigo Urkullu, referencias a otros actores políticos en relación a la pacificación en Euskadi. Su portavoz en la Cámara Unai Urruzuno ha censurado que “todas las exigencias en pacificación son para la izquierda abertzale” y ni una “referencia al Partido Popular o al Gobierno del PP”. Y Hasier Arraiz, líder de Sortu, al subirse por la tarde a la tribuna ha avanzado que el compromiso de la izquierda abertzale con el proceso para el final de la violencia “es irreversible”.

“Cuando viajamos por el mundo, a menudo nos preguntan que en un proceso unilateral como el nuestro, ¿cuál es la garantía de que no va a haber un regreso a la violencia? Y nosotros respondemos: nosotras somos la garantía porque si alguien pretende reabrir el ciclo de las violencias nos va a tener frente a frente. Nuestro compromiso es con la determinación de este pueblo de vivir definitivamente en paz y libertad”, ha señalado Arraiz.

La coalición soberanista ha resaltado el hecho de que el lehendakari Urkullu no haya mencionado en su primera intervención en el Pleno de Política General lo que está sucediendo en Cataluña, ni tampoco se haya referido al derecho a decidir. Para Arraiz, el PNV no se debe conformar con aprobar en el Parlamento vasco una declaración de reconocimiento de lo decidido por los catalanes, en su caso la independencia. “Sin duda será un gran honor”, pero la “tarea histórica en Catalunya y en Euskal Herria es poner en marcha ya mismo el proceso constituyente vasco de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa”.

De todos es sabido que el PNV y EH Bildu mantienen relaciones políticas intensas, unas veces amigables, otras tormentosas, la mayoría de las veces mirándose de reojo y en clave de adversarios políticos, que es lo que son. No en vano, ambos partidos siguen disputándose la hegemonía del electorado nacionalista. Y en esa batalla en la que los soberanistas buscan denodadamente el 'sorpasso' y los peneuvistas mantener la mayor cota de poder institucional posible, el partido que preside Andoni Ortuzar sigue llevando la delantera. Tras los últimos comicios locales y forales, por goleada.

En el terreno diplomático, cuando un Estado llama a consultas a un embajador está enviando un mensaje de desaprobación y muestra así su desacuerdo por alguna decisión adoptada por ese país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Hasier Arraiz y Andoni Ortuzar, entre otros dirigentes de ambos partidos, no han dejado de tener relaciones para buscar acuerdos. Lo han intentado en el campo del reconocimiento del daño causado y las políticas de paz y convivencia, sin que por el momento EH Bildu haya dado el paso que todos le exigen en esa materia. Pero también en asuntos que puedan parecer menores como la vuelta de los de Arraiz a la Ejecutiva de Eudel (Asociación de Municipios Vascos), algo en lo que, de momento, tampoco ha habido posibilidad de entendimiento.

Pero aun siendo cuestiones importantes, en la actual estrategia de la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA no son las prioridades de su acción política. EH Bildu mira con envidia el “proceso catalán”, el PNV, con respeto, pero marcando distancias con la realidad vasca. Y es en ese contexto en el que Arraiz lanza una propuesta de Ley de Consulta, sin consensuar previamente la estrategia a seguir con el único partido que realmente podría apoyarla en la Cámara vasca: el PNV. 

“Nuestra intención de que esa Ley de Consulta se lleve al Parlamento de Gasteiz no es intención de confrontar con el PNV a ver quién es más independentista de los dos, sino que nuestra intención es tratar de poner una herramienta y que sea lo más eficaz posible para que ese proceso constituyente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no solo se ponga en marcha sino que vaya más rápido”, dijo Arraiz al presentarla en Radio Euskadi. Pero a renglón seguido aderezó la propuesta con un discurso en el que afeaba al partido de Andoni Ortuzar por haberse presentado en las elecciones autonómias en 2012 con la promesa de una consulta sobre el nuevo estatus político vasco para 2015, para luego no cumplirla.

Para deshacer ese entuerto, llegan los de Arraiz con su Ley de Consulta bajo el brazo. EH Bildu no solo quiere confrontar con el PNV con este movimiento político, quiere señalar con el dedo al partido de Ortuzar para explicar a la sociedad vasca que si en Euskadi no hay un 'vía vasca' a la independencia con un “pueblo en marcha” como en Catalunya es por la negativa de los peneuvistas a arriesgar.

Ortuzar no está preocupado. De hecho, los peneuvistas han hecho oídos sordos a la propuesta de la coalición soberanista y ven la iniciativa de una Ley de Consulta como una cuestión de “consumo interno” (Joseba Egibar dixit, también en Radio Euskadi) en EH Bildu, sin recorrido en el Parlamento.

Un estudio encargado por el Gobierno vasco concluía que, frente al proceso catalán, en Euskadi “no existe una gran demanda ciudadana ni política para la celebración de una consulta”. La conclusión es que la mayoría de los vascos son escépticos ante esa posibilidad por la falta de demanda social, el marco legal o por la oposición del Gobierno español. Además, los peneuvistas ya ensayaron con el lehendakari Ibarretxe la vía de la consulta y del nuevo estatus de la mano de los votos (no todos) de la izquierda abertzale y aquello acabó con el PNV expulsado en 2009 del paraíso de Ajuria Enea.

Aunque en Sabin Etxea siguen muy de cerca lo que pueda deparar el 27-S y la posibilidad de que los partidos independentistas alcancen el número mágico de 68 escaños para mantener vivo el 'procés català', a dónde miran más bien es a las nuevas mayorías que puedan deparar las elecciones generales de diciembre en el Congreso de los Diputados. Y a colocar en el debate de la reforma constitucional que se abrirá en la próxima legislatura su exigencia de bilateralidad entre España y Euskadi y el reconocimiento de la comunidad vasca como sujeto político con “derecho a decidir su futuro”. Sin olvidar su aspiración de, a ser posible, a cerrar un acuerdo en la ponencia de autogobierno con los socialistas vascos.

Sortu se sitúa ya en el arranque del nuevo curso político. Y mirándo al futuro inquilino de La Moncloa, considera que trabajará con aquellos que apuesten por la “ruptura democrática” que el partido independentista defiende y con los que admitan el reconocimiento de las realidades nacionales y del derecho a decidir.

Sortu ha indicado que su partido defenderá que “cambie la correlación de fuerzas en el Estado español” y que la izquierda abertzale sumará sus fuerzas desde Euskal Herria para hace real ese cambio en España y evitar así que siga el PP en el Gobierno. “Si existiera la mínima oportunidad de lograr un cambio político, la izquierda abertzale está dispuesta a sumar sus fuerzas para hacer posible ese cambio político”, ha subrayado.

En ese contexto, el presidente del partido independentista Sortu, Hasier Arraiz, considera que no hay ninguna posibilidad de sumar con el PSOE de Pedro Sánchez, porque no “abandera un cambio político real” que reconozca el “derecho a decidir” y no se cierra a acuerdos con Podemos en el Congreso para el cambio. No ha citado a Podemos ni a Pablo Iglesias, aunque ha excluído con claridad al PSOE, pero se ha mostrado dispuesto a sumar con aquellos que reconozcan “a los pueblos y naciones y su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro”.

“Proceso constituyente”

La situación en Euskadi, en cambio, no tiene nada que ver. La relación de Sortu con el líder de Podemos en Euskadi, Roberto Uriarte, no atraviesa su mejor momento. De hecho, Uriarte ha puesto como condición para el trabajo político con la coalición EH Bildu que Sortu haga sus deberes en todo lo relacionado con el reconocimiento del daño causado por el terrorismo de ETA. Hasier Arraiz se ha mostrado muy duro con Uriarte y cree que todo son excusas, ya que “muchos en Podemos no están de acuerdo con las palabras de Uriarte y están de acuerdo en trabajar y colaborar en común con EH Bildu”.

“Tenemos que decirle a Uriarte que utiliza a Sortu como excusa para negar cualquier colaboración con EH Bildu, y nos parece intragable que recurra al vocabulario del pacto de Ajuria Enea para argumentarlo, un vocabulario que huele a naftalina. Si Roberto Uriarte trabaja para el PNV, nos parece legítimo y respetable; pero igual convendria que lo hiciera desde Sabin Etxea y no desde Podemos”,

Sobre el debate sobre el futuro del autogobierno vasco en la ponencia parlamentaria, el presidente del partido indepedentista, Hasier Arraiz, ha dejado clara la voluntad de Sortu y de la coalición soberanista EH Bildu de abrir un “proceso constituyente” y de implicar a la sociedad en ese camino hacia la independencia. “No es un debate entre cuatro partidos ni entre las cuatro paredes del Parlamento vasco”, ha apuntado Arraiz, debe haber tambén un “proceso popular”.

La “arqueología política” es un arte que en este país no se estila con demasía. Los jarrones chinos, cuanto mejor guardados, piensan muchos, mejor que mejor. Sobre todo lo piensan los políticos y dirigentes que están en activo actualmente, porque consideran que ya tienen demasiados 'versos libres' en sus partidos. Pero la ponencia sobre el futuro del autogobierno está sirviendo para recuperar, de vez en cuando, auténticos pesos pesados de la política vasca en otros momentos históricos, muchos de ellos en contextos convulsos teñidos de sangre, violencia y división política. Momentos, sin duda, mucho más duros y crispados que los que el “nuevo tiempo” en el que vive Euskadi ofrecen para la convivencia tras el final de la violencia etarra.

Han pasado por la ponencia de autogobierno vicelehendakaris y exlíderes socialistas vascos como Ramón Jáuregui, lehendakaris como José Antonio Ardanza, diputados generales como Ramón Rabanera o exportavoces de Gobierno como Joseba Arregui, entre otros políticos. Con aportaciones que sin duda servirán a los miembros de la comisión y sus respectivos partidos para interpretar las bondades y las 'traiciones' al Estatuto de Gernika. En definitiva, para actualizar la realidad institucional en lo que se ha convertido a día hoy la comunidad política vasca desde que se aprobó el 25 de octubre de 1979, fecha en la que se refrendó el Estatuto vasco.

El último jarrón chino que ha comparecido esta semana ante la comisión parlamentaria creada en base a un acuerdo inicial entre socialistas y peneuvistas es el “humilde profesor universitario”, como él mismo se describió este miércoles, el lehendakari Juan José Ibarretxe, cuyo apellido da nombre al plan soberanista que acabó empotrándose en febrero de 2005 contra la mayoría del Congreso de los Diputados cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno español. Y que a la postre, junto a la ilegalización de Batasuna, llevó al PNV a perder Ajuria Enea por perder la centralidad política que tan buenos resultados le ha dado al PNV en toda su historia. Lo que otros llaman también la “ambigüedad calculada” peneuvista, rota solo durante esa década del lehendakari Ibarretxe en el Ejecutivo autonómico.

Y tras el efusivo reencuentro con muchos viejos del lugar como los parlamentarios Carmelo Barrio o Isabel Celaá, Ibarretxe se quitó la txapela, se sentó ante los parlamentarios de la comisión -ante la mirada atenta de Joseba Egibar, que encarna el ala más soberanista del partido ahora con sordina- y dejó para la hemeroteca un vaticinio: “si no se reconoce el derecho a decidir” tanto a la sociedad vasca como a la catalana habrá “proclamaciones unilaterales de independencia” en ambos casos. Pero también dejó otra idea que entronca con lo que hizo cuando era lehendakari: considerar que para considerar un “acuerdo democrático” sobre el futuro institucional de Euskadi no era necesario pactar con algún partido 'unionista', que ese es precisamente el juego de las mayorías y las minorías. Lo mismo que hizo él en diciembre de 2004, cuando aprobó su plan de nuevo estatuto político con la mitad de los votos del entonces grupo parlamentario de la izquierda abertzale. Y planteó un método: la negociación hasta la extenuacion con España.

Los que defienden la 'vía vasca' hacia la independencia, previo reconocimiento del derecho a decidir, han aprovechado las palabras de Ibarretxe para intentar poner entre las cuerdas al lehendakari Urkullu. En la sesión de control al Gobierno del pasado viernes, Hasier Arraiz, presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, le preguntó directamente al lehendakari: “¿48 de 75 [los escaños que suman PNV y EH Bildu en el Parlamento] son suficientes para considerar un acuerdo democrático o es insuficiente?”. Y desempolvó el nuevo estatuto político de 2004 y los preacuerdos de las conversaciones políticas de Loiola (2006) -que primero arruinó ETA, luego Arnaldo Otegi en la mesa en la que estaba también Urkullu y finalmente ETA con la bomba en la T-4 - para intentar envolver al lehendakari Urkullu y compararle con el soberanista de pura cepa (Ibarretxe).

Pero el lehendakari Urkullu tiene todo lo que pasó en las conversaciones de Loiola bien apuntado en unos cuadernos que algún día, tal vez, vean la luz. Por eso reivindicó un “acuerdo entre vascos con diferentes sentimientos de pertenencia, como en Loiola, acuerdo en el que estuve yo, señor Arraiz”, le recordó.

Urkullu sabe perfectamente, además, el precio político que pagó su partido -ya era presidente del mismo- por la aventura soberanista de Ibarretxe. Por eso le recordó a Arraiz que, frente a la visión adanista de los dirigentes de la izquierda abertzale, hace casi 80 años que se aprobo el primer Estatuto vasco y diez años del nuevo estatuto político. “La 'vía vasca' es un camino que no empieza de cero” y le animó a cumplir los anuncios que él mismo hizo en septiembre de 2014 en el debate de política general: aceptar el progresivo proceso de institucionalización y respetar las “diferentes velocidades, eso es lo que ha escrito la izquierda abertzale”.

“No he apreciado ese movimiento, no han dado continuidad a esa propuesta. Siguen en el mismo lugar de entonces”, le respondió Urkullu. Pero dijo más. Defendió un “acuerdo integrador: el sino de los tiempos es acordar e integrar”, le explicó desde la tribuna. Aunque reconoció que sigue defendiendo -así lo recoge el programa con el que se presentó a las elecciones autonómicas de 2012- el “ejercicio pactado del derecho a decididir”. Urkullu, Ortuzar y Egibar son partidarios de la institucionalización del derecho a decidir, pero de manera pactada.

Y acabó espetándole a Arraiz: “vivimos un nuevo tiempo, muévanse ustedes para el nuevo pacto político, entre todos busquemos la oportunidad del acuerdo”.

Euskadi no ha nacido hoy, frente al adanismo político que muestran de ciento en viento Arraiz y los suyos. Pero lo fundamental en estos momentos ya no son los vaticinios de quien no tiene bola de cristal alguna y con sus palabras expresa únicamente deseos. Lo importante no son las predicciones de Ibarretxe sobre posibles declaraciones unilaterales de independencia en España, sino el acuerdo al que puedan llegar PNV y PSE-EE sobre el futuro de la ponencia de autogobierno tras las elecciones del 24 de mayo. Una ponencia que ambos partidos pactaron en su inicio, en febrero de 2014. Y que nació con dos consensos básicos: el objetivo de estudiar el “estado actual del autogobierno” -está a punto de terminar esa fase- y sentar “las bases para su actualización como expresión de la voluntad política del pueblo vasco representada en este Parlamento”. Y ahí es donde el PNV y el lehendakari deberán ejercer su derecho a decidir cómo y con quien sentarán las bases del nuevo estatus.

El PNV va a celebrar este domingo el Aberri Eguna (Día de la patria vasca) sin poner encima de la mesa su propuesta soberanista o de nuevo estatus para Euskadi. En esta ocasión, el manifiesto del partido que dirige Andoni Ortuzar no da ninguna clave que permita interpretar las intenciones inmediatas de los peneuvistas en lo que al desarrollo del autogobierno vasco y su propuesta de relación con el resto de España. Una apelación muy genérica a que 2015 “marca el inicio de un ciclo decisivo para el futuro de la nación vasca” y que el PNV “dará un paso al frente” y “estará a la altura de las circunstancias, en palabras de Itxaso Atutxa, máxima dirigente en Bizkaia.

En pleno proceso electoral -las locales y las generales, donde el PNV espera poder pintar algo más que en las legislatura de la mayoría absoluta del PP- ni Ortuzar ni el lehendakari van a enseñar sus cartas concretas en materia de nuevo estatus y de qué manera pretenden el reconocimiento del derecho a decidir. Lo único que ha quedado claro es el método que buscan ambos -negociación, acuerdo y refrendo posterior por parte de la sociedad del pacto-, sin que se conozca la literalidad de la propuesta peneuvista en esta materia. De hecho, la preocupación inmediata -que comparten con el PSE-EE- es la gestión del día después de las elecciones municipales y forales, con un tablero político trastocado por la irrupción de Podemos y otras candidaturas populares e independientes en Euskadi. Y la experiencia soberanista catalana, que ha puesto fecha para la independencia (2017) no es referencia para el PNV.

Hasta Sortu ofreció su lado más contemporizador. Su presidente, Hasier Arraiz, aseguró en la Cadena Ser que la izquierda abertzale “no plantea que el derecho a decidir sea un referéndum a hacer en toda Euskal Herria el 'día D', un día mágico, sino que hay que ir avanzando poco a poco, y que cada uno de los pasos lo refrende la ciudadanía vasca”.

Autocrítica

En ese contexto reúne el PNV a sus seguidores este domingo en la capital vizcaína. En ese, y en el del enfrentamiento sin cuartel con el mundo político que nunca ha condenado la violencia de ETA. Si uno se guía solo por las declaraciones públicas de los últimos meses y las acusaciones que se han cruzado los máximos dirigentes del PNV y de Sortu-EH Bildu podría dar la impresión de que ambas formaciones están en posiciones irreconciliables en materia de Paz y Convivencia. La última semana ha sido un buen ejemplo de ese cruce de descalificaciones en las que ha llegado a terciar el propio lehendakari, Íñigo Urkullu, metiendo presión y urgiendo a la izquierda abertzale a transitar por la senda de la autocrítica. Algo a lo que se resiste Sortu porque, entre otras cosas, sus dirigentes -Pernando Barrena, Hasier Arraiz, entre otros- estan convencidados de que en esa materia la izquierda abertzale ha dado muchas muestras de autocrítica.

“Cuando se habla de autocrítica, lo primero, uno mismo, y todavía estamos por escucharle a Urkullu o a otro dirigente del PNV de lo que ellos han supuesto para los demás, por ejemplo, lo que la policía ha hecho con respecto la gente de la izquierda abertzale durante años. De eso no le hemos oído hacer crítica”, ha censurado.

En ese sentido, Arraiz ha defendido los pasos dados por su partido: “Hemos reconocido que la víctimas de toda violencia, incluida la de ETA, son parte injusta de este conflicto, y hemos reconocido su sufrimiento por un daño causado, un dolor que es irreversible, y también hemos dicho que durante años nuestra actitud, nuestras palabras y silencios, no han hecho más que agravar el dolor. Nosotros hemos hecho autocrítica, y estamos esperando que otras sensibilidades políticas hagan autocrítica del mismo nivel que la que hemos hecho nosotros”.

“Inmovilismo” y “daño injusto causado”

Estos tiras y aflojas se han reproducido desde que el pasado mes de diciembre eldiarionorte.es desvelara que peneuvistas y soberanistas estaban inmersos en un proceso de negociación sobre el denominado 'suelo ético' que buscaba la reactivación de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento vasco, en dique seco desde que el PSE-EE la abandonó en septiembre de 2013.

Seguro que esta situación de enfrentamiento estará presente en el discurso de Ortuzar, que volverá a ser exigente con Sortu y EH Bildu y la necesidad de que admitan “el daño injusto causado” por ETA durante décadas de violencia y terror. Y lo estará también en el caso del lehendakari el “inmovilismo” del presidente Mariano Rajoy a la hora de afianzar el proceso de final de ETA y su disolución definitiva con una política penitenciaria mucho más flexible y una “política de Estado” que el presidente popular no está dispuesto a ensayar en los estertores de la legislatura.

La 'Euskal Bidea' o 'Vía vasca' ya se ha puesto en marcha. EH Bildu ha presentado su propuesta para alcanzar la independendencia mediante la desobediencia ante varios miles de simpatizantes en un acto en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). El presidente de Sortu y parlamentario vasco, Hasier Arraiz, se encargó de difundir la propuesta soberanista en un acto de autoafirmación independentista ante lo que entienden la pasividad del PNV y el inmovilismo del Estado. El proyecto 'Euskal bidea' está acordado por Sortu, EA, Aralar y Alternatiba.

Según Arraiz, en la actualidad se dan las “mejores condiciones objetivas que han existido nunca para conseguir la independencia”. “Solo dependemos de nuestras propias fuerzas, y si alguien se lo está preguntando se lo voy a responder ahora mismo, sí, por encima de sus leyes injustas, este pueblo solo será lo que él decida, por eso lo decimos alto y claro, futuro en euskara se dice 'independentzia'”, ha reiterado.

Arnaldo Otegi también ha estado presente , aunque de una forma indirecta al hallarse preso en la cárcel de Logroño. Se ha leído un texto que ha escrito desde la prisión en el que apuesta por “acordar” y “compartir” para establecer los “pasos” adecuados que permitan “liberar a Euskal Herria”.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha reducido su petición de la pena de prisión en inhabilitación por el delito de integración en organización terrorista del que viene siendo acusado el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, atendiendo a la nueva jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en la materia. La causa es la abierta en la Audiencia Nacional contra las cúpulas de Batasuna, PCTV y ANV, pero Arraiz será juzgado en Euskadi por su condición de aforado.

Calparsoro, en su escrito remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco precisa que la pena que se solicita por el ministerio público es de seis años de prisión en inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo. Hasta ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional había mantenido una acusación, en su escrito de julio de 2010, de diez años a seis.

El coordinador nacional de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por dar continuidad a la ilegalizada Batasuna a través de las candidaturas de ANV y el PCTV-EHAK.

El juicio contra las cúpulas de las formaciones Batasuna, PCTV y ANV fue suspendido el pasado mes de enero de la Audiencia Nacional por la operación contra lo abogados de la izquierda abertzale. 35 dirigentes de la izquierda abertzale están acusados de integración en organización terrorista, entre ellos Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Ángel María Elkano, Marije Fullaondo, Mikel Etxaburu e Iñigo Balda.

En este causa también está procesado Arraiz, pero el Tribunal Supremo acordado en noviembre pasado que, de acuerdo con la petición de la fiscalía, al ser aforado como parlamentario vasco su caso deberá juzgarse en la Sala Civil y Penal del TSJPV y no en la Audiencia Nacional. El fiscal acusa a Arraiz al considerar que, desde octubre de 2005 hasta el año 2009, formó parte de “la clandestina Mesa Nacional de Batasuna”, que de manera “coordinada” con la organización terrorista ETA intentó conseguir “la independencia de Euskal Herria mediante la utilización de la violencia”.

Composición del tribunal

El relato de hechos contenido en el escrito de la Fiscalía Superior vasca no ha variado sustancialmente. Se señala, entre otras cosas, que durante el tiempo que el acusado formó parte de la Mesa Nacional de Batasuna, “se produjo, además de otros actos terroristas, una campaña del entramado Batasuna-ETA contra el Tren de Alta Velocidad. Esa campaña fue desarrollada ”con toda la fuerza“ desde todas las estructuras que forman le entramado terrorista que dirigía ETA y que desarrolló por medio de Batasuna/Ekin y de las instrumentalizadas ANV y PCTV y sus reponsables, situando como una prioridad de la Izquierda Abertzale tal y como refleja el documento titulado ”2007-2008 Planificación del curso político“, la lucha contra el TAV”.

El escrito de Calparsoro refleja las reuniones y actos en los que ha participado Hasier Arraiz en todos esos años en los que estuvo encuadrado en la dirección de Batasuna desde que se presentó el 24 de marzo de 2006 hasta la detención en la operación de Segura (Gipuzkoa) el 4 de octubre de 2007.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y los también magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJPV, Roberto Sáiz y Nekane Bolado, serán los encargados de juzgar al líder de Sortu, Hasier Arraiz, por dar continuidad a la ilegalizada Batasuna a través de Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Roberto Sáiz será el ponente y Arraiz cuenta con la defensa del letrado Iñigo Iruin. Junto a la Fiscalía, acusan la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha considerado que Podemos puede ser “compañero de viaje” en la 'Vía Vasca' y ha advertido al PSE-EE de que “la historia no espera a nadie”, de modo que “quien se queda fuera del especio del derecho a decidir opta por la marginalidad”.

El dirigente abertzale ha ofrecido una conferencia en Bilbao, en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, en la que ha repasado la denominada 'Vía Vasca', presentada el pasado 24 de enero por EH Bildu y EH Bai, para construir “un estado vasco en la Europa del siglo XXI” y ha reiterado el llamamiento a las fuerzas políticas vascas a favor del derecho a decidir para “conformar mayorías” en los gobiernos de las instituciones vascas.

Arraiz se ha mostrado convencido de que es posible sumar a sectores no abertzales a esta 'Vía Vasca' porque está “emergiendo en el conjunto del Estado y también en Euskal Herria un nuevo sector que está a favor del derecho a decidir, pese a no ser abertzale, y ahí va a haber mayores claves para el entendimiento que las que ha podido haber hasta ahora”.

En esta línea, ha augurado que si bien persiste la “incógnita” sobre “qué va a ser” Podemos, a la que ve todavía “en la fase de fenómeno mediático”, teniendo en cuenta sus manifestaciones sobre el derecho a decidir “pueden ser un compañero de viaje en la Vía Vasca”.

De este modo, ha considerado que Pablo Iglesias, al que no conoce personalmente aunque “es imposible sacarlo del salón de casa”, es “un adversario electoral” en las próximas elecciones, pero “pasado mañana puede ser un aliado”.

En cualquier caso, ha opinado que Podemos supondrá “un cambio en el escenario político interesante” y ha afirmado que le gustaría que “en el Estado español hubiera una fuerza política rupturista que reivindicara, con la misma fuerza e intensidad que nosotros aquí, la necesidad de respetar el derecho a decidir de las naciones que viven en el Estado y también todos los derechos sociales que corresponden a los ciudadanos”.

De este modo, ha planteado, se abriría “la oportunidad de abrir nuevos puentes entre procesos constituyentes en el Estado español, en Euskal Herria y Cataluña”, lo que “abriría definitivamente la puerta a la democracia en el Estado español y haría saltar por los aires todos los cerrojos del 78”.

Preguntado por la posibilidad de acuerdos en municipios y diputaciones con Podemos, Arraiz ha precisado que contempla esta posibilidad “con cualquier formación política que esté dispuesta a adquirir compromisos concretos en torno al derecho a decidir”. No obstante, ha añadido que le gustaría que esos compromisos se adquirieran “previamente a las elecciones”.

Asimismo, se ha referido a las críticas que ha recibido su propuesta de 'Vía Vasca', advirtiendo de que los “partidos políticos convencionales” se están quedando “muy atrás” en relación a “la velocidad” con la que está cambiando la sociedad.

En este sentido, ha insistido en que “la historia no espera a nadie, tampoco al Partido Socilista”. Arraiz ha planteado que “las trincheras del pasado se están desmoronando” y “el espacio político del derecho a decidir va a tomar la centralidad en el país”, de manera que “quien se quede fuera opta por la marginalidad política”.

También ha aludido a las reticencias que puede suscitar la apuesta de la coalición soberanista por la 'desobediencia' y, en este sentido, ha precisado que su intención es construir “nuevas mayorías sociales que tienen que dar pie a nuevos acuerdos políticos”, a los que “todos están invitados”, con el “único límite de la voluntad popular”.

Por tanto, ha añadido, “si en algún momento topamos con alguna imposición ajena, es cuando habría que plantearse qué es lo que vamos a hacer”. Mientras tanto, a su entender, no hay que “dejar de empezar a andar por pensar que tenemos un obstáculo algo más lejos”.

Nuevas posibilidades sin actividad armada

Asimismo, Arraiz ha considerado que el hecho de que no haya actividad armada de ETA “abre nuevas posibilidades para poder llegar a acuerdos entre diferentes” ya que, “hasta hace relativamente poco, la razón principal” que se daba para no hacerlo era que “había actividad armada por parte de ETA”. “Quiero creer que era una razón y no una excusa”, ha manifestado.

“Vivimos una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar, como sucedió en 1978”, ha apelado el dirigente abertzale, que preguntado sobre si ETA ha sido una rémora para el independentismo, ha opinado que “es difícil valorarlo, sobre todo, con una perspectiva tan corta de tiempo”.

Según ha indicado, “la historia dirá qué papel ha tenido cada cual. Y seguramente entonces, tampoco podremos hacer entonces todos la misma valoración de qué sucedió y por qué sucedió y qué trajo como consecuencia”.

Solo achicoria

Por otro lado, Arraiz ha insistido en que la propuesta planteada por EH Bildu y EH Bai plantea “una hoja de ruta realista y pragmática” y no está diseñada pensando en “la proximidad de una cita electoral”, sino en “el momento histórico que vive nuestro país” y en el que la “salvaje” crisis económica ha acelerado “el proceso de desgaste y descomposición del régimen” que nació en la Transición Española.

“Aquellos acuerdos políticos que nacieron al compás del ruido de sables, no rompieron con el régimen franquista en lo que 35 años más tarde se ha demostrado lo esencial”, ha denunciado el presidente de Sortu, que ha señalado, además, que del “café para todos” que se propuso entonces queda “apenas achicoria”. En este sentido, ha censurado que el Gobierno del Partido Popular “ha emprendido una recentralización de competencias que amenaza con dejar a cada autonomía solo con el nombre”.

Arraiz ha defendido que, “en un escenario de incipiente construcción de la paz y una convivencia realmente democrática entre diferentes, donde por supuesto ni todas las heridas están cerradas, ni todos los problemas están resueltos, y seguirán, por tanto, requiriendo no solo nuestra atención, sino también nuestros esfuerzos, nuestro pueblo no puede pedir a la historia que espere y se retrase un poco más”.

De este modo, ha apelado a “comenzar a andar la Vía Vasca a la justicia social y a la soberanía plena”. “Queremos decidirlo todo y lo queremos decidir aquí, en Euskal Herria. No planteamos el derecho a decidir solo como instrumento para poder vivir como ciudadanos de nuestro país, lo planteamos también como instrumento para decidir cómo queremos vivir”, ha afirmado.

De este modo, ha precisado que el derecho a decidir no es “el objetivo de la Vía Vasca, sino que es el propio camino a recorrer”, y constituye el “mínimo común denominador” de la sociedad vasca, en la que “cada cual tendrá su propio proyecto político, pero lo que habilita la única y verdadera convivencia democrática es el derecho a decidir”.

Tras insistir en que se trata de una cuestión de “voluntad política”, ha planteado “un nuevo contrato social” en el que “todos los derechos civiles y políticos sean respetados” y ha subrayado que “somos una nación”, aunque “negada, dividida y oprimida”, que solo será estado “si la voluntad popular así lo decide”.

El presidente de Sortu critica que "día a día" se están vulnerando los derechos civiles y políticos "más básicos".

Arraiz ha participado este domingo en una manifestación convocada por familiares de Uribetxeberria en Arrasate para pedir el final de la dispersión de los presos de ETA.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha afirmado que con una política penitenciaria “diferente” que “respetase los derechos humanos y su propia legalidad” hoy el preso de ETA Iosu Uribetxeberria, fallecido el pasado viernes como consecuencia de un cáncer, “no estaría muerto”.

En declaraciones a los medios tras tomar parte en la manifestación convocada por familiares y allegados de Uribetxeberria en Arrasate para reclamar el fin de la dispersión de los reclusos de la banda terrorista y la puesta en libertad de los que padecen “enfermedades graves”, Arraiz ha defendido que “las cosas tienen que cambiar”.

El dirigente de Sortu ha lamentado que en los últimos días se han vivido “multitud de vulneraciones de derechos y libertades civiles y políticas en Euskal Herria” y ha añadido que “cada vez son más” los vascos que piensan que “sin la política penitenciaria fuera diferente, si respetase los Derechos Humanos y su propia legalidad, Iosu hoy no estaría muerto”. “Esto sucede con el resto de presos que están gravemente enfermos y que si fueran tratados desde el primer momento como marca la Ley seguramente hoy estaríamos en una situación diferente”, ha sostenido.

A su juicio, debe darse un cambio si se quiere que “el conjunto de los derechos sean respetados y queremos un escenario de paz, libertad y democracia para Euskal Herria”.

También se ha mostrado convencido de que ese escenario “solo lo vamos a encontrar fuera del Estado español”. Arraiz se ha comprometido a seguir reivindicando “todos los derechos que nos corresponden, los nuestros y los de los presos políticos vascos”, puesto que “día a día se están vulnerando” los derechos civiles y políticos “más básicos”.