La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado este jueves de que ha culminado en la última semana otros 58 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

La Delegación agrega que la cifra de expedientes firmados desde la reforma de la Ley de Extranjería asciende ya a 612.

A estos procedimientos tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación en Santa Cruz de Tenerife se suman 283 archivados por mayoría de edad del migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal -once de ellos en la última semana-.

La Delegación ha indicado que de acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado la comunidad autónoma, en este caso el Gobierno de Canaria, debe ejecutar la salida del menor hacia la región de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado este lunes que su departamento está trabajando en “buscar la protección de los menores” y “recuperar la normalidad” en Cartes, tras la polémica vivida en las dos últimas semanas en el municipio a raíz de la llegada de menores migrantes no acompañados a un centro de urgencia habilitado por el Gobierno de Cantabria en el Camino Real.

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha incidido en esta pretensión del Ejecutivo para que la localidad recobre la “normalidad”, existente en otros municipios donde se ubican este tipo de hogares.

En cuanto a la resolución judicial que suspende cautelarmente la orden de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida, como solicitó el Gobierno, la consejera ha señalado que se están siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

Además, ha apuntado que desconoce si la regidora ha presentado alegaciones al mismo, para lo que la justicia le dio un plazo de tres días, aunque el Ayuntamiento descartó esta posibilidad en un comunicado remitido del viernes.

Por último, Gómez del Río ha reiterado la “preocupación” de su departamento por la protección de los menores migrantes que llegan a Cantabria y ha afirmado que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, “como no puede ser de otra manera”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado este viernes una larga disertación en euskera en el Parlamento Vasco sobre la decisión de la Ertzaintza de empezar a informar del origen de los detenidos -“y de las víctimas”, ha puntualizado Zupiria- en sus comunicaciones y estadísticas. No ha negado que ha “endurecido” su discurso sobre seguridad y migración y ha admitido que ha cambiado de opinión en pocos meses por lo que ha ido viendo en el cargo, al que accedió en 2024 tras haber sido entre 2016 y ese año responsable de Cultura y Política Lingüística y desde 2020 también portavoz con Iñigo Urkullu. “Y creo que igual el año que viene podría llegar a pensar que he metido la patada. Si es así, lo trasladaré”, ha agregado.

Zupiria ha comparecido sobre este tema a instancias de EH Bildu, que ya le preguntó por lo mismo hace un par de semanas, en la presentación de los presupuestos. Nerea Kortajarena le ha afeado que hasta hace poco la Ertzaintza evitaba esta dar información al entender que podría contribuir a estigmatizar a colectivos. La portavoz abertzale ha señalado que si Santiago Abascal, líder de Vox y exparlamentario vasco con el PP, se felicita de haber logrado ese cambio es que algo no ha ido bien.

Kortajarena ha recordado que han criticado este giro del PNV desde SOS Racismo hasta el Ararteko pasando por Jueces por la Democracia o incluso el PSE-EE, el socio de coalición. “¿Qué ha cambiado en este año para que usted y su partido, el PNV, hayan cambiado el criterio? Los datos son claros. En el último año ni han subido los delitos de manera alarmante ni la percepción social al respecto es hoy muy distinta a la de hace un año”, ha añadido Kortajarena.

El consejero del PNV, que ha admitido algunos “errores” de comunicación sobre este asunto, ha dicho no entender el debate que ha generado, como tampoco las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, socialista, remarcando que los cuerpos que de él dependen no ofrecen esa información. Zupiria ha enumerado una larga lista de bancos de datos estatales donde sí se desglosan los delitos por nacionalidad. Incluso ha encontrado una ocasión en la que EH Bildu pidió un desglose de los datos sobre presos por origen. Además, ha dicho que también ha encontrado opiniones favorables al cambio de política de comunicación implementado en la Ertzaintza.

Zupiria sostiene que sigue con el ánimo de “confrontar” a derecha y ultraderecha. “Usemos los datos para hacer frente a la mentira y la estigmatización. Algunos quieren hacer ver que queremos esconderlos. ¿Por qué andar así? Nuestra sociedad ha tenido un cambio profundo en los últimos años. En muchos ámbitos. La sociedad vasca no es la de comienzos de este siglo. Ahora, entre nosotros, 14 de cada 100 han nacido fuera. 14 de cada 100. Más de 300.000 personas. De esas 300.000 personas, la gran, gran, gran, gran mayoría viven con nosotros de modo pacífico. Trabajan. Tienen acceso a educación y sanidad y hacen el esfuerzo para conocer y entender nuestra forma de vivir, para acercarse a nuestra cultura y costumbres. Los vemos trabajando en bares y restaurantes, cuidando a nuestros padres y abuelos, en las tiendas de verduras y frutas. O vendiendo comestibles Halal. En el ámbito sociosanitario, en el tercer sector, en barcos de pesca, bañándose en la playa o en la fiesta nocturna”, ha apuntado.

Pero ha seguido: “Junto con quienes hacen un esfuerzo de integración, tenemos otros que tienen problemas de integración. Que no tienen dónde vivir o dónde trabajar. Algunos de ellos, además, están en situación de vulnerabilidad. Además, tenemos otros, que son muy pocos, que son malhechores. Algunos, de aquí y de allí, han convertido el robo en oficio. La diversidad ha traído complejidad y es difícil gestionar la complejidad”.

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes su plan nacional sobre inmigración en Barcelona, en un acto con la plana mayor del PP, cónsules, cargos municipales, asociaciones de inmigrantes y, en general, su gente en Catalunya. Lo ha hecho en Palo Alto, un entorno fabril convertido en 'coworking' y emblema de la Barcelona pija donde los inmigrantes 'expats' crean y los extracomunitarios limpian.

Palo Alto es un sitio extraño para presentar un plan así. O, según se mire, muy adecuado, porque está en una zona con una de una de las brechas sociales más grandes de Barcelona, la que separa Diagonal Mar del barrio de la Mina. En el primero, la renta media se sitúa entre el 5% más alta de España, mientras que el porcentaje de inmigrantes de fuera de la UE es uno de los más bajos de toda Barcelona. La Mina, en cambio, es el barrio más deprimido de la ciudad, con una renta que no llega a los 20.000 euros por hogar. Y allí la mitad de los residentes carecen de pasaporte europeo.

El equipo de Feijóo eligió, quizás sin saberlo, un mal sitio para proclamar que “no se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles”. Los políticos tienen que tener cuidado con los mensajes subliminales, porque el líder del PP no se refería a que, de un día para otro, los cafés de especialidad y los restaurantes de brunch colonicen barrios tradicionales, como hubiera entendido cualquier autóctono del Poble Nou, sino a tener vecinos de un tono de piel más oscuro que antes.

Hay pocos debates que estén más emponzoñados que el de la inmigración en Catalunya. En los últimos años, en la comunidad que es la tercera con más residentes extranjeros (18%) tras Baleares y Comunitat Valenciana han confluido todos los factores necesarios para que la extrema derecha haya tocado techo, representada por dos partidos, Vox y Aliança Catalana, este último casi monográfico sobre la inmigración de credo islámico.

La carrera entre las dos formaciones ultras por demostrar un tono más duro contra la inmigración, sumado a un auge electoral que en Catalunya la extrema derecha no había tenido jamás, ha acabado arrastrado a otros dos partidos que solían situarse en el espectro de la derecha moderada, como son el PP catalán y Junts.

No puede decirse que sus líderes, Alejandro Fernández y Carles Puigdemont, hayan caído abiertamente en la xenofobia. Pero sí que la apuesta de los dos por “hablar de la inmigración” ha contribuido a aumentar la sensación de que el principal problema de los catalanes, de su economía y de su bienestar, es la inmigración. Una percepción que, en vez de combatir, acaba legitimando a Aliança y a Vox como respuesta más desacomplejada al que los otros señalan como el gran reto.

En el debate catalán se cruzan además cuestiones muy diversas como son las políticas de seguridad, las competencias de la Generalitat, la defensa del catalán y de la identidad nacional, española o catalana, el modelo económico o el hecho de que Barcelona se haya convertido en una “ciudad global”. Hasta el problema de la vivienda tiene que ver en algún grado con la gente que viene de fuera, aunque en este caso el origen se centre más en los llamados 'expats' que en los migrantes que vienen de lugares más pobres.

Alberto Núñez Feijóo ha visto este lodazal y ha decidido que Barcelona, y en concreto Palo Alto, era el lugar idóneo donde presentar su gran plan sobre la inmigración. Un decálogo de propuestas con pocas novedades, pero con el que el PP quiere colocar la extranjería en el centro de su estrategia política para poder competir con un Vox que ya le pisa los talones en las encuestas.

La número tres del partido, Alma Ezcurra, reconocía en su intervención previa al líder que había quien les había transmitido su temor por el documento. “Nos han dicho de todo, que cómo nos metemos en este lío, que este no es nuestro terreno de juego, que es divisivo…”, resumía Ezcurra, quien seguidamente se lanzaba con un: “¡Pues por eso mismo! Precisamente porque este es un debate que preocupa legítimamente a la gente, el principal partido de España tiende que dar una respuesta”.

El PP nacional ha decidido dar una respuesta en forma de propuestas políticas para cuando llegue a Moncloa. Pero, como son bien conscientes en el partido, la música que escuchará quien no lea el documento de 11 páginas enviado es que Feijóo endurece el discurso contra la inmigración. Un movimiento táctico que parece inevitable para todos los partidos de centro-derecha en Europa que se topan con una competencia por su extremo, pero que, hasta ahora, a prácticamente ninguno le ha funcionado para no perder votos.

En Génova harían bien de repasar país por país y ver cómo cayeron algunos de sus socios, como los Republicanos en Francia, el berlusconismo en Italia o los Tories británicos. Pero no hace falta irse tan lejos; Feijóo podía haber aprovechado su visita a Barcelona y preguntar a Junts qué tal les ha ido el último año, marcado por su apuesta para conseguir las competencias en inmigración para Catalunya. Aliança entró en el Parlament con dos diputados en agosto de 2023 y las últimas encuestas ya le colocan en una veintena. Las mismas que pronostican que los de Puigdemont podrían perder hasta 14 escaños.

El PP cree que esto no le pasará con Vox. Hasta el momento ha sido verdad. Pero, de nuevo, Fejóo podía haber echado mano de Alejandro Fernández, con el que ha compartido escenario, para que le explicase qué siente un dirigente del PP catalán cuando Vox queda por delante en escaños, una situación que vivió en 2021, pero a la que consiguió dar la vuelta en 2024.

Fernández, quien había sido uno de los dirigentes más díscolos con Feijóo, ha conseguido finalmente hacerse un sitio en la foto de familia del PP nacional. Con todo, a nadie se le escapa que en Génova gustan más otros estilos, como el de Daniel Sirera, concejal en Barcelona y que estaba sentado en primera fila.

O incluso Xavier García Albiol, uno de los hombres que puso rostro al discurso más radical del PP contra la inmigración en el año 2011 pero que, cuatro legislaturas después, es capaz de cultivar un estilo heterodoxo y “de sentido común” en la mayoría de temas, incluidos algunos guiños al catalanismo.

El plan de Feijóo, confesado por él mismo, no se diferencia demasiado al del alcalde de Badalona. Quiere desmarcarse de Vox, a quienes considera xenófobos y radicales, pero también del PSOE, a quien sitúa en el extremo contrario. Una complicada búsqueda de la equidistancia, al menos retórica, que queda diluida semana tras semana en las votaciones del Congreso y elección tras elección en los pactos para gobernar.

El PP había invitado a varias organizaciones de la comunidad latina al acto en el que Alberto Núñez Feijóo ha presentado su plan nacional sobre la inmigración. A la salida de la conferencia, integrantes de la Federación de Médicos Latinos, Més que cures, Asociación Huitaca o Fedelatina comentaban lo expuesto por el aspirante a la presidencia en términos positivos.

No estaban exultantes, pero sí contentas en líneas generales por que se hablara de inmigración y porque consideraban que las propuestas del PP podrían acabar con la mala imagen que, a su parecer, proyectan algunos inmigrantes indocumentados sobre todo el colectivo.

En estas valoraciones estaban cuando una de ellas ha afirmado que le gustaba el plan de Feijóo porque “ahora a los latinos nos tienen un poco marginados porque les interesan más las que van con el velito”. Los políticos tienen que tener cuidado con los mensajes subliminales, porque algunos de ellos se entienden perfectamente.

Como cada segundo sábado de mayo, hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, una fecha que pone en valor la importancia de conservar los hábitats que permiten a estas especies completar sus largos viajes entre continentes.

España, por su posición estratégica entre Europa y África, es uno de los países más privilegiados para el avistamiento de aves. A continuación, cinco enclaves imprescindibles para los amantes de la ornitología.

Parque Nacional de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz)

Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa y un refugio vital para miles de aves migratorias. Sus marismas, dunas y bosques acogen especies como el flamenco, la garza imperial y el águila pescadora. 

Durante las migraciones, es posible observar una gran diversidad de aves acuáticas que utilizan el parque como lugar de descanso y alimentación

Delta del Ebro (Tarragona)

Este extenso humedal es un punto clave para la observación de aves en el Mediterráneo occidental. El delta alberga más de 300 especies de aves, incluyendo el charrán común, la gaviota de Audouin y el flamenco. Las migraciones de primavera y otoño ofrecen espectáculos únicos para los observadores.

Laguna de Gallocanta (Zaragoza y Teruel)

Situada a unos 1.000 metros de altitud, Gallocanta es el principal lago salino de Europa occidental. Durante el invierno, miles de grullas comunes hacen parada en este humedal en su ruta migratoria. El Centro de Interpretación ofrece visitas guiadas para conocer más sobre estas aves y su entorno.

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Cantabria)

Este parque natural es uno de los principales humedales del norte de España. Durante el invierno, alberga hasta 15.000 aves acuáticas, incluyendo garzas reales, espátulas y ánades reales. Sus observatorios y rutas permiten una experiencia cercana y respetuosa con la fauna.

Lagunas de Villafáfila (Zamora)

Este complejo lagunar es un enclave fundamental para la observación de aves esteparias y acuáticas. Durante las migraciones, es habitual ver grandes concentraciones de ánsares comunes y otras especies limícolas. El centro de visitantes ofrece información y rutas para disfrutar de este espacio natural.

Estos espacios naturales no solo ofrecen la oportunidad de disfrutar de la observación de aves en libertad, sino que también son esenciales para la conservación de las rutas migratorias. Visitar y respetar estos lugares contribuye a la protección de la biodiversidad y al mantenimiento de los ecosistemas.

Bamba llega al restaurante temprano. Todavía no le toca entrar a trabajar, pero tiene la costumbre de comer con sus compañeros antes de que empiecen a llegar los clientes. “La comunicación es importante”, dice, mientras se sienta a la mesa. Él no comerá, porque está de Ramadán, pero le gusta compartir este espacio de calma. Hace casi cuatro años que ejerce de friegaplatos en el Passadís del Pep, un restaurante del barrio del Born de Barcelona.

Con casi 23 años, le gustan su empleo y sus compañeros. Le gusta su vida. Algo que no habría imaginado poder decir hace poco. Él es uno de los 3.700 menores no acompañados que llegaron a Catalunya en 2018, el año en que más adolescentes solos arribaron desde que se tienen registros.

En aquellos doce meses, el número de llegadas multiplicó por seis las cifras de 2016. Y siguen siendo superiores (un 40% más) que las 2.643 que se observaron en 2024, el segundo año con más entradas de este perfil en la comunidad autónoma.

Ha pasado más de un lustro desde aquel 'boom' de llegadas que saturó los centros de acogida catalanes y llevó al límite los servicios de atención a la infancia. Y la gran mayoría de aquellos chavales son hoy, como Bamba, mayores de edad. Hace años que han salido del amparo de las administraciones y se buscan la vida por su cuenta.

Hoy este joven tiene trabajo indefinido y alquila un pequeño estudio en el que puede vivir solo. Pero no le ha sido fácil llegar hasta aquí. Dejó su Guinea Conakry natal cuando apenas tenía 13 años, hace casi una década, huyendo de la guerra que azotaba su país y que le dejó lisiado de por vida tras recibir un balazo en el pie. Su madre acababa de morir y su padre no tenía trabajo, con lo que no podía costearse los tratamientos médicos. Su única salida fue irse.

Su periplo empezó en 2015 y duró más dos años, durante los que fue desde Guinea a Argelia, pasando por Mali. Una vez allí, quienes le guiaban le “tiraron” en el Sáhara, donde caminó bajo el sol y a su suerte, guiándose por las estrellas para llegar a la frontera marroquí. “Hacía mucho calor y podías ver huesos humanos por todos lados”, explica Bamba. Un amigo que viajaba con él no sobrevivió.

Tras semanas de travesía llegó a Marruecos, donde gastó sus últimos ahorros en una patera que le llevaría a Almería. Allí fue atendido por la Cruz Roja, que le condujo hasta Catalunya cuando tenía 15 años y quedó bajo tutela de la Generalitat.

Era una época en la que los centros residenciales estaban colapsados, por lo que tuvo que vivir en hostales y casas de colonias que el Govern movilizó. Justo cuando aprobó la ESO, pudo operarse el pie y estuvo cuatro meses ingresado, pero pidió el alta voluntaria para poder empezar un curso de cocina que le abriera las puertas a un trabajo. “Estaba a punto de cumplir 18 años y tenía que buscarme la vida”, asegura.

Al llegar a la mayoría de edad, los niños tutelados tienen que abandonar los centros residenciales y se quedan sin ayudas en muchas comunidades autónomas. No así en algunas como Catalunya, donde desde 1994 existe una prórroga asistencial. Esta ayuda extra ha ido ampliándose con el paso del tiempo y actualmente cubre a jóvenes con ayudas a la inserción laboral y residencial siempre hasta los 21 años y con prestaciones económicas que pueden llegar hasta los 23. Eso sí, siempre y cuando se comprometan a unos códigos de conducta, a estudiar y trabajar.

Ese es el motivo por el cual muchos menores no acompañados que habían sido tutelados por otros gobiernos autonómicos se desplazan hasta Catalunya cuando están a punto de cumplir los 18 años.

“Por ley, hay que acogerlos, no puedes dejar a un menor en la calle. Pero eso genera una desigualdad que se traduce en una mayor carga para ciertas comunidades que acaban acogiendo a muchos más niños que el resto”, explica Ferrán Rodríguez, presidente de FEPA, una entidad de referencia en la acogida de menores migrantes, quien añade que “el verdadero gasto y esfuerzo se da cuando cumplen la mayoría de edad”.

Ahora bien, es un esfuerzo que tiene sus frutos. “No tiene sentido invertir en el bienestar de estos chicos para luego dejarles en la calle. Les puedes formar tú desde el principio y derivarlos a sectores con alta demanda de trabajadores”, asegura Mohammed Chaib, presidente de la fundación Ibn Battuta. “España entera necesita mano de obra y con las bajas tasas de natalidad, esta necesidad solo se puede cubrir con personas migradas”, sostiene.

Esta tesis está respaldada por entidades como el Banco de España, que aseguró que para que el sistema de pensiones siga funcionando, Catalunya necesitará 14,5 millones de migrantes de cara a 2050. Actualmente, hay 8,1 millones de personas viviendo en esta región.

Un “fallo” en el sistema

Actualmente, hay 2.169 menores no acompañados tutelados por la Generalitat en Catalunya. Y 4.266, el doble, en prórroga residencial. Esta es la situación tras las grandes llegadas de los años previos a la pandemia, que ya se han estabilizado. Con todo, ahora el gran reto de las administraciones no es tanto la acogida de menores, sino la ayuda de los que ya han cumplido los 18 años.

De hecho, hay otro dato que destaca: los menores que han emigrado sin sus familias son solo un cuarto de los que están bajo tutela de la Generalitat y representan a menos de la mitad de los que residen en centros residenciales de acogida. El resto son niños y niñas que ya vivían en Catalunya y cuya custodia ha sido retirada a sus familias.

Ahora bien, esta proporción se invierte cuando llegan a la mayoría de edad. Eso se explica porque los que migraron solos, al contrario de los chavales cuyas familias ya residen aquí, no tienen red de apoyo y, sí o sí, necesitan la ayuda de la Administración para salir adelante y no acabar viviendo en la calle.

Aquí cobra importancia el papel de fundaciones y entidades del tercer sector, que son quienes acompañan a los jóvenes extutelados, gestionan los pisos en los que viven y son los que les asesoran en materia de inserción sociolaboral. Ellos son los encargados de filtrar las ofertas de trabajo, de ver las aptitudes de los chavales para entender en qué sectores se pueden desempeñar mejor e, incluso, responden por ellos ante empleadores y propietarios de los pisos que alquilan.

“No sé qué habría pasado sin esa ayuda”, asegura Keita. Este joven de 23 años también llegó a Catalunya en 2018 y se muestra muy agradecido por todas las personas que le han echado una mano en estos años. Ahora bien, también destaca que el sistema de ayuda para jóvenes tutelados tiene diversos “fallos”. Cuando cumplió 18 años tuvo que abandonar el que, hasta entonces, había sido su hogar y pasó a vivir en un piso que le facilitaron desde la fundación Eveho. Gracias a la prórroga asistencial de la Generalitat, pudo evitar tener que vivir en la calle. Pero su problema era otro: no podía trabajar.

En aquel momento todavía no se había aprobado la reforma de la ley de extranjería que, desde 2021, garantiza que los jóvenes extutelados lleguen a la mayoría de edad con un permiso de trabajo. Así que no le servía cualquier empleo, sino que necesitaba conseguir un contrato de un año entero para poder quedarse en Catalunya. “¿Quién me iba a contratar por tanto tiempo sin conocerme y en aquel momento?”, dice Keita. Era 2020, en plena pandemia.

Consiguió un trabajo gracias a un educador social, que llevaba años en contacto con empresas sensibilizadas con la situación de los menores extutelados y que estaban dispuestas a firmar un contrato de esa duración. Solo así los jóvenes como Keita podían garantizarse su permiso de residencia en un país al que les había costado tanto llegar. “Había venido a trabajar y a ganarme la vida. Me daba mucho miedo que, después de todo, me tuviera que volver sin haber conseguido nada”, relata hoy.

Su primer empleo fue, al poco de cumplir la mayoría de edad, en una pizzería. Pero él siempre había querido ser mecánico. Es lo que hacía con 15 años en Guinea, donde aprendía en el taller de motos de su hermano. Finalmente, gracias a su educador, lo consiguió y ahora vive en Cardedeu y trabaja en un taller con contrato indefinido. “La vida no ha sido fácil, pero en días como hoy me siento bien. Trabajo, cobro... He conseguido más o menos todo lo que quería hacer. Y puedo decir que no dependo de nadie”, sostiene Keita.

“A estos chicos les pedimos un esfuerzo heroico que no le pedimos a nadie más. El resto de colectivos tienen ayudas disponibles siempre que las necesiten, pero ellos, a pesar de ser niños, son los únicos a los que se les corta el cordón tan abruptamente”, asegura Ferrán Rodríguez, quien afea que no todas las comunidades autónomas cuenten con prórroga residencial y los jóvenes se enfrenten al abismo, solos, justo cuando cumplen 18 años.

También lamenta que en las comunidades que sí tienen la prórroga, esta solo dure unos años. En el caso de Catalunya, las ayudas a la emancipación sociolaboral y habitacional llegan hasta los 21 años máximo. En cambio, la prestación, que es equivalente al indicador de la renta de suficiencia (778,49 euros mensuales), y puede llegar hasta los 23. Ahora bien, cualquier tipo de ayuda vinculada a la prórroga asistencial termina cuando encuentran trabajo con un sueldo que supere este mismo indicador.

“Tenemos suerte de estas ayudas, pero que se acaben tan pronto es un error, sobre todo cuando la edad de emancipación en España no es hasta los 30. Además, ¿dónde vas con tan poco dinero sin una familia que te avale?”, asevera Rodríguez. Es por eso que la gran mayoría se apresura a encontrar un trabajo. Según un estudio de FEPA20, el 49% de ellos trabaja y el 60% está estudiando. Y solo el 17% declara que su principal fuente de ingresos sean las ayudas especiales para jóvenes extutelados.

Racismo en la vivienda

Estos jóvenes miran atrás y, aunque se sienten afortunados, relatan la dureza del camino. La burocracia, el hecho de cambiar diversas veces de centro, saltar de un trabajo a otro… “Todo eso ha sido duro, pero lo peor, con diferencia, ha sido la vivienda”, dice Keita. Tanto él como Bamba han contado con entidades sociales que les han echado un cable, para el primero la Fundación Eveho y para el segundo fue ISOM. Pero la ayuda solo duró hasta que consiguieron sus primeros trabajos. Entonces, tuvieron que dejar sus plazas a otros chavales y empezar a buscar por su cuenta.

Keita encontró una habitación en un piso compartido con jóvenes nacidos en Catalunya. Pero un día, los titulares del contrato se marcharon y la propiedad se negó a alquilárselo a él, a pesar de que hacía meses que vivía allí. “Decían que mi nómina no llegaba, pero en aquel momento cobraba más que los otros”, se lamenta.

Bamba pasó también por situaciones parecidas. “Estábamos buscando con un amigo, pero no salía nada. Nos decían que no teníamos suficiente dinero, aunque se lo dábamos. Y aun así, no nos alquilaban. Solo nos daban disculpas”, relata. Lo único que consiguió fue un piso infestado de cucarachas. “Me asustaban mucho y me fui al poco tiempo”, dice. Estas historias no son casos aislados, sino que la relatan la gran mayoría de jóvenes extutelados; y es que, según un estudio de Provivienda, el 99% de las inmobiliarias discriminan a extranjeros.

La solución para Keita y Bamba fue pedir ayuda. El primero consiguió emanciparse gracias a Jordi, quien había sido su educador y con quien conservaba una buena amistad. Se dieron cuenta de que ambos buscaban piso y, como Keita ya no estaba tutelado, no había impedimentos. En cambio, Bamba consiguió su pequeño estudio gracias a Joan, su jefe.

“Cuando nos dijo que buscaba piso, dimos la voz por el barrio”, dice su empleador. Finalmente, fue el panadero quien salió al rescate. Accedió a alquilar a Bamba solo con la condición de que Joan respondiera por él. “Así lo hicimos. ¿Cómo no? Para mí, él es el ejemplo de alguien que ha hecho las cosas como tocan. Llegó como inmigrante ilegal, vale, pero ha hecho todo lo que tenía que hacer para conseguir sus papeles y un trabajo”, apunta.

Bamba escucha a Joan hablar de él y baja la mirada, tímido. Todos sus compañeros van pasando a su lado y, mientras se sirven un plato de macarrones antes de empezar el servicio, se burlan. “¡No habléis tan bien de él, que se lo cree!”, grita uno, sentándose a la mesa. “No seáis malos, que no sabe dónde meterse”, dice otro. Bamba se ha colocado en la cabecera de la mesa y les mira sonriendo.

“Estoy tan contento, de verdad. No pensaba que podría llegar a decirlo”, asegura. Hoy tiene su piso, su trabajo y, por fin, después de ahorrar lo suficiente y tener los papeles en regla, podrá ir de vacaciones a su casa, en Nzérékoré, donde le esperan su padre y su hermana. Una década después de su viaje de ida, emprenderá la vuelta. Esta vez en avión, seguro y tranquilo. Y con una maleta llena de “dulces y cosas del Barça” para los niños de la familia. 

Han pasado siete años desde el gran ‘boom’ migratorio que en 2018 trajo a miles de menores que migraron de sus países sin la compañía de sus familias y llegaron a España solos. Hoy, muchos de esos niños y niñas ya son adultos y, después de haber dejado atrás la tutela de las administraciones, han tenido que buscarse la vida por su cuenta. 

Ahora, el 89% de los niños que ya son extutelados trabaja, estudia o hace ambas cosas. Eso significa que sólo hay un 10% de ‘ninis’ (es decir, que ni estudia ni trabaja). Pero la cifra que más destaca es que una de cada dos personas combina formación y empleo, el número más alto desde que se tienen registros. Así se muestra en el informe de 2023 de la FEPA, la red de entidades para la emancipación juvenil, una de las plataformas de referencia en el trabajo con personas extuteladas. 

El número de jóvenes ‘sísí’ (que sí trabajan y sí estudian) ha crecido 13,8 puntos desde hace una década, un aumento que, desde FEPA, atribuyen a la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería en diciembre de 2021. Las enmiendas establecieron un régimen propio para los jóvenes extutelados que antes caían en la irregularidad cuando llegaban a la mayoría de edad y dejaban de estar bajo el amparo de las administraciones. El texto, entre otras cosas, permitía alargar la duración de las autorizaciones de residencia y relajaba los requisitos para conseguir un empleo. 

Los efectos positivos de esta flexibilidad legal se ven, sobre todo, en los datos de 2022, cuando se dobló el número de jóvenes que accedieron al mercado de trabajo. Si bien es cierto que el año posterior, la cifra de los que tienen un empleo ha bajado en tres puntos, se compensa con el aumento de siete puntos de los que compaginan trabajo y estudios. 

“A pesar de los prejuicios racistas, es muy fácil que encuentren un trabajo porque faltan muchos trabajadores. El problema es qué trabajos les dan: mi hijo puede permitirse cobrar 1.000 euros porque vive con su familia, pero estos chavales que están solos necesitan mejores condiciones laborales. Por eso se ponen a estudiar, para poder acceder a puestos más calificados, con recorrido profesional y posibilidades de crecimiento”, asegura Ferran Rodríguez, presidente de la FEPA. 

La mayoría se decanta por el ciclo formativo de grado medio (19,8%), cursos de formación básica o PFI (19,3%) o formación no reglada con certificado de profesionalidad (16,8%). “Su acicate principal es buscar una salida rápida al mercado laboral”, aseguran desde FEPA. Por eso, aún hay pocos que apuesten por el bachillerato (1,8%) o la universidad (2,51%), ya que necesitan empezar a tener ingresos rápidamente para costearse la vida.

Con todo, la cifra de extutelados (de entre 16 y 25 años) que compagina trabajo y estudios es cinco puntos mayor que la de los que están bajo la tutela de sus familias (ya sean de origen migrado o autóctonos). “A los niños que están solos les exigimos un esfuerzo que no pedimos al resto de la sociedad”, asegura Rodríguez, que recuerda que la tasa de emancipación en España supera los 30 años, mientras que los chavales que no tienen familia tienen que empezar a buscarse un techo cuando cumplen los 18. “Son verdaderos héroes y merecen el respeto de toda la sociedad”, sostiene. 

Entre los jóvenes extutelados que tienen un trabajo, el 42% cuenta con un contrato indefinido, cifra que, en el mismo periodo de la encuesta, asciende hasta el 75% entre el total de menores de 25 años en España. También destaca que, estudien o no, tres de cada cuatro extutelados que trabaja lo hace a jornada completa. 

Pocas ayudas públicas

En 2019, Vox empapeló el metro de Madrid con unos polémicos carteles que aseguraban que los mal llamados MENA cobraban 4.700 euros de ayudas al mes, mientras que “tu abuela” recibía sólo 426 euros de pensión. Ese bulo, que fue desmontado sobradamente por aquel entonces, contrasta con la realidad que muestra la encuesta de FEPA: El 81,10% de los jóvenes extutelados reciben ingresos, pero sólo el 17,15% de ellos provienen de ayudas específicas por su situación. 

Estas ayudas no son para todos ni se dan en todos los lugares de España. De hecho, sólo algunas comunidades como la Valenciana, Catalunya, Navarra, o Baleares cuentan con prórrogas asistenciales a las que pueden acogerse quienes hayan estado, al menos, seis meses tutelados por el sistema y les facilitan algunas ayudas para la vivienda o prestaciones hasta los 23 años. El resto, cuando cumplen 18 años, tienen que abandonar el lugar donde, hasta ese momento, habían estado viviendo y se quedan sin ayudas para estudiar ni alimentarse. 

Por eso, desde la FEPA están presionando al Gobierno para que modifique la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia para que el acompañamiento a la emancipación sea un derecho para todas las personas que hayan sido tuteladas. “Sus derechos no están escritos en ningún lado. Las administraciones que tienen prórroga es porque quieren, pero si mañana el gobierno de turno decide quitarlas, podrían hacerlo”, asegura Ferran Rodríguez. 

De hecho, desde esta entidad aseguran que el “verdadero trabajo” con las infancias tuteladas, especialmente con las de aquellos niños migrantes que llegaron solos, empieza cuando son mayores de edad. Es entonces cuando viene la prueba de fuego: encontrar un trabajo y ser capaces de vivir por su cuenta. 

Pero, al contrario de lo que podría parecer, el verdadero reto no es entrar al mercado laboral, sino conseguir un piso. “El racismo lo encontramos en la vivienda”, resume Rodríguez, quien comparte el caso de cuatro chavales, entre los que suman 6.000 euros al mes, y a quienes “no les alquilan porque son negros”, asegura. “El Estado tiene políticas de formación para los jóvenes, pero los problemas de vivienda los deja en manos del mercado”, se lamenta. 

Es por eso que las entidades requieren asistencia habitacional para los jóvenes, especialmente para los extutelados, que no tienen un hogar ni familia con la que vivir mientras se estabilizan y consiguen ahorrar. De hecho, las plataformas lamentan que el Estado no tenga en cuenta, en general, que estos jóvenes carecen de red de apoyo que pueda sostenerles en sus primeros años como adultos. 

Un ejemplo de ello se encuentra en el 0,8% de jóvenes que perciben el Ingreso Mínimo Vital. Teniendo en cuenta que hay casi dos de cada 10 personas extuteladas que no ingresan nada, serían candidatos ideales para esta prestación. El problema es que, para recibirla, debes tener 23 años y estos chavales están desamparados desde los 18.

“Tienen muchas ganas de integrarse, de formarse y de trabajar. Para eso vinieron, pero están totalmente invisibilizados y discriminados. Aunque, a pesar de eso, están saliendo adelante”, reivindican desde la FEPA. 

En Barcelona viven actualmente más de 86.000 personas de países con un PIB per cápita superior al de España. Italia, Francia y Reino Unido son los principales países de procedencia, y Estados Unidos y Japón, los primeros de fuera de Europa. Pero en los últimos cinco años son los Emiratos Árabes, Singapur, Irlanda, Chipre o Israel los que más han crecido en términos relativos.

Según un análisis de la Agència Catalana de Notícies (ACN) con datos padronales, este colectivo se ha cuadriplicado en la ciudad en 25 años. En 1999, la capital catalana tenía un millón y medio de habitantes, de los que unos 65.000 eran nacidos en el extranjero (4,4% del total). De éstos, 18.867 provenían de países con un PIB per cápita mayor que España (1,3% de todos los empadronados).

Un cuarto de siglo después, el más de medio millón de extranjeros –se han multiplicado por ocho– suponen un tercio de los barceloneses, y los 'expats' son ya 86.654 y un 5,1% del total.

El crecimiento del conjunto de personas nacidas fuera del Estado se disparó en la primera década de este siglo, y también en el último lustro, cuando se han sumado unos 140.000 más que en los diez años anteriores.

En cuanto a los que vienen de países ricos, el crecimiento ha sido constante, pero en los últimos años ha desacelerado ligeramente: mientras que en la década pasada llegaron unos 20.000, desde 2019 el crecimiento se ha reducido a unos 8.000.

Ocho de cada diez, europeos

De los 86.654 inmigrantes de países acomodados, una cuarta parte son nacidos en Italia (26,7%), que superan a los oriundos de Francia (20,9%). Entre ambos países suman casi la mitad de personas de este colectivo y los europeos suman ocho de cada diez 'expats' en Barcelona, con británicos (10,7%) y alemanes (9,2%) como comunidades también destacadas. Fuera del continente, los nacidos en EE.UU. (10,1% del total) y los japoneses (1,9%) son los más numerosos.

En cuanto al crecimiento de cada origen, y teniendo en cuenta sólo los países con más de 1.000 residentes en Barcelona destacan en términos porcentuales Israel (49% más que en 2019), Irlanda (45,2%), EE.UU. (35%) y Canadá (33%).

Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí

Por otra parte, más de la mitad de los extranjeros de países más ricos que España están empadronados en los distritos del Eixample (23,6%), Ciutat Vella (15,2%) o Sant Martí (13,1%), donde se sitúa Poble Nou y el 22@. Por el contrario, en Nou Barris (2,5%) o Sant Andreu (3,3%) es donde hay menos registrados.

Los nacidos en la Unión Europea conforman la mayoría de los llamados 'expats' y se da la circunstancia de que los nacionales de países comunitarios son el único grupo extranjero que supera a las personas de nacionalidad española en nivel salarial en Barcelona, aunque por un estrecho margen.

Según datos publicados el pasado domingo, mientras que los ciudadanos del Estado percibían en el 2023 una media de 37.451 euros brutos por año, los del resto de la UE subían a los 37.721 euros. Asimismo, el conjunto de extranjeros se situaba en los 28.739 euros, haciendo así evidente la brecha entre orígenes en general acomodados y el resto.

La población de origen español hace casi diez años que iba a la baja, pero en 2023 creció por primera vez desde 2015. El aumento es mínimo (un 0,1%) pero revierte la tendencia a la baja, cosa que para María Jesús Calvo, jefa del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, es muy destacable. La explicación viene dada por un pequeño incremento de la migración interna (personas de otras ciudades de Catalunya y España) no porque hayan nacido más niños de nacionalidad española.

Y es que la natalidad sigue a la baja. De hecho, 2023 fue el año con menos nacimientos desde 1900 (dejando siempre fuera del ránking 1939). Este récord se viene superando anualmente desde 2018.

Las mujeres, por regla general, tienen menos hijos y los tienen más tarde. De hecho, la fecundidad es superior en la franja de 40 a 44 años que en la franja de entre 20 y 24 entre las nacidas en España. Ahora bien, la dinámica cambia entre las extranjeras, que tienen sus hijos, de media, entre los 25 y los 29.

Y, además, son estas familia las que tienen la mayor cantidad de hijos: actualmente, casi uno de cada cinco niños nacidos en Barcelona tiene padres de origen migrante. Pero, aun así, en el 78% de los hogares de Barcelona no hay niños.

Con todo, el saldo vegetativo (la diferencia entre muertes y nacimientos) sigue siendo negativo. De hecho, la población barcelonesa (como la de la mayoría de ciudades occidentales) cada vez es más anciana. Como prueba, este año se ha superado la barrera de las 1.000 personas centenarias, llegando a las 1.007.

La población de Barcelona tiene una media de 44 años. Es una edad superior a la media catalana y española. En parte, por la gran franja de población de edades avanzadas -formada, en gran medida, por los migrantes españoles venidos en la década de los 70.

Ahora bien, la migración de esta segunda década del siglo XXI está cambiando la dinámica. Ahora, los migrantes son, mayoritariamente, jóvenes adultos, de una media de 38 años. Y, a diferencia de lo que sucedió el siglo pasado, quienes vienen son personas con formación. Según datos del padrón municipal, el 45% de los recién llegados tienen estudios superiores.

Este cambio en el perfil del migrante, según Nuño viene dado por diferentes factores. “Puede tener que ver con las circunstancias de sus países de origen, pero también por lo que puede ofrecer Barcelona a nivel de garantizar la condiciones para un buen trabajo, el desarrollo de un proyecto de vida o seguridad”.

El perfil del migrante está cambiando y también la procedencia. De las 180 nacionalidades diferentes que hay en Barcelona, las más frecuentes siguen siendo Argentina (o Italia, teniendo en cuenta que muchos argentinos tienen doble nacionalidad), Colombia, Perú y Pakistán. Pero se está viendo, desde los últimos años, un crecimiento significativo de gente de otros países europeos, así como de Estados Unidos.

Esto dibuja la imagen del 'expat', término con el que se conoce al trabajador liberal o a aquella persona que puede ejercer en remoto, desde cualquier lugar del mundo. De hecho, muchos de los nuevos empadronados en Barcelona en 2023 podrían ser trabajadores nómadas: de las personas recién llegadas con estudios universitarios, el 83% son extranjeros. Pero de estos, sólo el 63% tuvieron su última residencia en otro país. Esto da la imagen del trabajador que va recorriendo diversas ciudades y trabajando en remoto, pero que nunca se queda en una ciudad demasiado tiempo.

Calvo ha querido recalcar la importancia de la migración (de cualquier tipo) para las ciudades “con economías dinámicas”. Y es que, según estimaciones del Banco de España, debido al envejecimiento de la población Catalunya necesitará en 2050 4,8 millones más de migrantes de los que ya tiene para mantener su masa salarial. Y si lo que busca es mantener el sistema de pensiones, necesitará 14,5 (casi el doble de la población actual).  

Antes de las 7 de la mañana, un macrodispositivo policial, formado por más de 100 agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, han desalojado la Tancada Migrant, un espacio ocupado en el Raval que ejercía como residencia de 37 migrantes en situación administrativa irregular. Se encuentra en el edificio que antes acogió a la escuela de arte Massana y es de titularidad pública.

El espacio fue ocupado en 2018 y llegó a recibir la visita del entonces president Quim Torra y contó con el beneplácito del Ayuntamiento de Ada Colau. Con la llegada de Jaume Collboni a la alcaldía, el consistorio cambió de ruta y, en septiembre de 2023, inició los trámites para recuperar el inmueble. Trámites que han finalizado este jueves y han acabado con 36 hombres y una mujer desalojados.

De los habitantes de la Tancada Migrant, dos han sido detenidos y cinco están en disposición judicial. Según el concejal de Ciutat Vella y teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, entre todas las personas identificadas sumaban 149 antecedentes policiales. Del recuento se ha encargado la Policía Nacional, que ha identificado a todos los que iban saliendo del espacio.

Miembros del Sindicat d'Habitatge del Raval temen que las personas con antecedentes, al estar en situación administrativa irregular, sean llevadas al CIE. Batlle no ha querido explicar cuál será su destino y lo ha dejado en manos de la CNP, que deberá “decidir cómo aplica la ley de extranjería”.

Otra de las incógnitas que reinan ahora mismo es dónde pasarán la noche las personas que han sido desalojadas. El Ayuntamiento asegura que, desde que se iniciaron los trámites para recuperar el espacio, los Servicios Sociales han hecho un “acompañamiento constante” a los residentes para preparar alternativas habitacionales para cuando se efectuara el desalojo.

Batlle asegura que se han ofrecido soluciones. “Pero no nos consta que hayan sido aceptadas”, asegura. Insiste en que se va a hacer un análisis personal de cada caso para ofrecer una vivienda digna. Eso sí, sólo para las personas que puedan acreditar situación de vulnerabilidad. En la Tancada Migrant hay dos personas en esta situación, pero no porque el resto tengan una salida garantizada, sino porque para acreditar la vulnerabilidad hace falta un informe de Servicios Sociales que sólo se realiza a quienes tengan padrón.

Los activistas son contundentes y aseguran que todas las personas que vivían en la Tancada son vulnerables. De hecho, intentaron empadronarse en el espacio ocupado, pero el Ayuntamiento les denegó la petición.

Batlle no ha querido concretar qué tipo de soluciones se ha ofrecido a quienes sí han podido tener el informe de Servicios Sociales e insiste en que “se estudiará caso a caso”. Desde el Sindicat han confirmado que la opción que se les ha dado ha sido “un par de noches en un albergue. Luego, nada”.

También niegan que haya habido acompañamiento de Servicios Sociales. Aseguran que los trabajadores solo han pasado por el espacio una vez, para realizar un censo preliminar, pero no para estudiar cada caso. “Hemos tenido que pedir hora nosotros y no siempre nos atienden”, explica una de las personas residentes.

Problemas de seguridad

El consistorio ha optado por un desalojo por la vía administrativa, que no pasa por juzgados. Basta con que la administración propietaria del inmueble justifique que el espacio es de utilidad pública y requiera darle uso. La notificación de desalojo, a la que ha tenido acceso este diario, no va firmada por un juez, sino por Albert Batlle. En el texto, se daba 10 días a los residentes para abandonar el espacio. El plazo acabó el pasado 8 de marzo, pero han tenido algunas semanas más de margen gracias a los recursos de altura que algunos residentes y el Sindicat interpusieron.

El juez todavía no los ha resuelto, pero aun así, a petición del Ayuntamiento, ha autorizado el desalojo. Los activistas aseguran que el operativo se ha hecho “sin garantías” y lamentan que no han recibido ninguna notificación. “Cuando lo hemos sabido y hemos llegado, ya era tarde”. Por su parte, Batlle asegura que el desalojo sí se ha hecho “con todas las garantías jurídicas”.

Los principales motivos que expone el Ayuntamiento para el desalojo son “los requerimientos de seguridad y salubridad exigibles para el uso de este local”, tal como figura en la notificación de desalojo. “Era un lugar inhabitable sin condiciones. Era indigno y era necesario de buscar algún tipo de salida para estas personas”, ha apuntado Batlle.

Tanto los residentes de la Tancada como colectivos del barrio que los atienden se muestran de acuerdo en que es un espacio “complicado y conflictivo”. “No es un buen lugar para vivir. El problema es que no tienen otra cosa que no sea la calle”, aseguran desde el Sindicat d'Habitatge del Raval.

Algunos de los residentes también reconocen que hay peleas debido a “robos, malentendidos o cuestiones religiosas”, pero también apuntan que “pocas cosas pasan” teniendo en cuenta las condiciones en las que viven.

Al principio, dormían en colchones en el suelo, lidiando con las goteras y humedades, así como con la falta de intimidad y la inseguridad de perder sus pertenencias. Pero con el paso del tiempo, fueron construyendo pequeños módulos de menos de 3 metros cuadrados que se cerraban con candado y dentro de los cuales cada quién se acomodaba cómo podía. “No es una buena vida, pero es mejor que estar en la calle”, afirman.

Un futuro “uso cultural”

El Ayuntamiento insiste en su voluntad de dar un “uso cultural” a la Tancada Migrant. Pero Batlle no ha concretado cuál será ese uso ni tampoco el calendario con el que cuentan. De momento, la policía ya ha tapiado la puerta del recinto. Una operación que se ha realizado antes de que los residentes pudieran volver a entrar a recoger sus pertenencias.

Los activistas y grupos de apoyo vecinal que les han acompañado auguran que el espacio “va a estar cerrado mucho tiempo” antes de que se le dé cualquier uso. “Y mientras, estas personas en la calle”. Aseguran que la voluntad del Ayuntamiento no era tanto recuperar el espacio, sino acabar con la ocupación.

“Enmarcamos este operativo en una operación de higienismo social que busca expulsar a los más pobres, mientras se extiende una alfombra roja a los especuladores”, afirman desde el Sindicat.

A todo esto, los activistas han perdido la pista de muchas de las personas que vivían en la Tancada que, después de ser identificadas, han empezado a buscar dónde dormir esta noche. La mayoría de ellos no tienen la seguridad de poder hacerlo bajo un techo ni un horizonte claro para solucionar su situación. 

“No somos ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Somos seis millones”. Así rezaba el anuncio institucional que la Generalitat realizó en 1987, con Jordi Pujol como president, para congratularse de que se habían superado los seis millones de habitantes. Aquellas cifras fueron un hito, pero en menos de cuarenta años quedaron pulverizadas. En noviembre de 2023 Catalunya alcanzaba los 8 millones, aunque con una población muy diferente a la que gobernó Pujol.

Desde 1987 Catalunya ha envejecido y se ha vuelto más diversa. La natalidad está en mínimos históricos, así que el porcentaje de personas ancianas ha crecido en siete puntos, alcanzando casi el 20%. Y los nacidos en el extranjero han pasado de ser el 1,1% a suponer el 17,4%. Es decir, casi uno de cada cinco catalanes ha nacido fuera de España.

La gran mayoría de estas personas han llegado en dos grandes olas migratorias: la que fue desde 2001 hasta la recesión económica de 2007 y la que empezó con la recuperación en 2014 y acabó con la crisis del covid en 2020. En Catalunya siempre ha habido migración, pero el siglo pasado provenía del resto de España. Así que no fue hasta la llegada de personas nacidas en el extranjero que afloraron discursos racistas y la cuestión migratoria se convirtió en parte del debate político, usada por diversas formaciones para capitalizar voto.

Así ha sido también en estas elecciones al Parlament. Antes de que empezara la campaña, mientras Junts reclamaba para Catalunya las competencias en inmigración, fuerzas xenófobas como Vox o la independentista Aliança Catalana abogaban por expulsiones en masa de migrantes, vinculándolos directamente con la delincuencia y la inseguridad.

Pero fuera del ruido de las declaraciones racistas, la realidad es muy diferente. Y la resume Carles Puig de Travy, degano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC): “La migración es inevitable y necesaria en Catalunya”. Y es que, combinando el envejecimiento acelerado de la sociedad y su modelo económico, Catalunya precisa toda la mano de obra migrante que ya tiene y, de hecho, va a requerir de algunos millones más en los próximos años.

Según las proyecciones de población elaboradas por el Idescat (el instituto de estadística de la Generalitat), la población en 2050 podría llegar a los 8,7 millones. En ese escenario y teniendo en cuenta los bajos índices de natalidad y que se calcula que cerca de la mitad de población en edad activa se habrá jubilado para entonces, se necesitarán 4,8 millones más de migrantes para mantener la masa salarial.

Pero la cifra todavía es más extrema si lo que se busca es mantener la relación de dependencia. Es decir: que el sistema de pensiones siga funcionando. Para ello, Catalunya necesitará 14,5 millones de migrantes, según un cálculo del Banco de España.

¿Faltan o sobran trabajadores?

Catalunya es la comunidad que más migrantes tiene y una de las que cuenta con más proporción de población nacida en el extranjero, sólo superada por Illes Balears. De hecho, la llegada de extranjeros a España se concentra en el Levante por un motivo muy claro: el turismo.

El sector de los servicios se lleva el 67% de la mano de obra migrante, lo cual dibuja un escenario en el que llegan a Catalunya muchos trabajadores poco cualificados. Y eso no tiene visos de cambiar ya que, aunque se haya nacido aquí, el origen de la familia y los recursos tienen mucho peso a la hora de determinar el grado de formación al que se puede llegar.

Según un informe del centro de análisis Funcas, el 32% de personas nacidas en España de entre 25 y 29 años tiene un título de educación superior. Esa cifra baja al 23% en el caso de migrantes latinoamericanos, al 17% en el caso de los asiáticos y se desploma al 6% si se habla de personas de ascendencia africana. Además, la tasa de abandono escolar entre los migrantes es del 30%, una cifra que triplica a la de los estudiantes autóctonos. Y eso, en un escenario en el que la mitad de niños que nacen en Catalunya tienen padres migrados no sugiere un futuro de trabajadores formados.

A todo esto, se debe sumar otro dato. Si bien se ha visto que, para que las pensiones den cobertura a una población que en un futuro va a estar muy envejecida hacen falta 14,5 millones de migrantes, la otra cara de la moneda es que el modelo económico catalán, tal como es hoy en día, no da para más.

Las estimaciones auguran que en 2050 sobrarán 627.000 puestos de trabajo, según cálculos realizados por el secretario de asuntos económicos y fondos europeos del Departament de Economía de la Generalitat, Miquel Puig, y que fueron presentados en una conferencia en el CEC.

Catalunya, entre Japón y Andorra

La pregunta que se hacen demógrafos y economistas es cómo mantener el sistema en pie. Puig plantea que hay dos opciones radicales, que se ejemplifican en el modelo de Japón y en el de Andorra. El país nipón tiene unas políticas migratorias muy restrictivas y sólo el 1,9% de su población viene del exterior. Los pocos que consiguen entrar están muy formados y participan de sectores técnicos. Por contra, en Andorra el 58,5% de sus habitantes son nacidos en el extranjero y se dedican, mayoritariamente, al sector servicios.

En los últimos cincuenta años, el PIB de ambos países se ha triplicado. Pero en el caso de Andorra es porque ha crecido la población y, de hecho, el PIB per cápita se ha estancado. Lo contrario sucede en Japón, donde hay menos habitantes -y mucho más envejecidos-, pero el PIB per cápita ha aumentado.

“Las opciones existen, ambas son válidas, y dependen del modelo productivo”, asegura Puig, que recuerda que ambos ejemplos se ven también en España. Tenemos comunidades industrializadas como el País Vasco, que reciben menos extranjeros y más formados, y otras como les Illes Balears, que tienen muchos más migrantes, pero menos formados. En ambas, el PIB ha crecido en los últimos años, pero en el País Vasco también ha aumentado el PIB per cápita, mientras que en Balears no.

El modelo catalán tiende hacia Andorra, motivo por el que Puig también se muestra de acuerdo en que la migración es necesaria, pero apunta a que hay que ir con cuidado, ya que una gran llegada de personas puede tener “afectaciones” en ciertos aspectos como la vivienda o el mismo mercado laboral. “Muchos migrantes tienden a estar dispuestos a trabajar en peores condiciones”, con lo que pueden perjudicar a las arcas públicas y a los trabajadores nacionales, según el economista.

Que hay que hacer algunos cambios en el sistema es un punto de encuentro entre diversos expertos. Para Judith Vall, profesora de Economía en la Universitat de Barcelona y también presente en la conferencia organizada en el CEC, éstos deben transversales. Por ejemplo apuesta por regular precios de la vivienda, para mejorar la renta disponible de la ciudadanía, garantizar mejores condiciones de trabajo del sector servicios o regularizar a todos los trabajadores migrantes que no tengan permiso de trabajo, lo cual permitiría engordar “considerablemente” las arcas públicas.

Así se vio en la regularización masiva de medio millón de migrantes que llevó a cabo el gobierno de Zapatero en 2005, tras la cual cada trabajador aportó 5.000 euros de media en impuestos. Y sin coste adicional, al contrario de lo que aseguran los discursos xenófobos, que apuntan a que regularizar migrantes colapsará los servicios públicos. De hecho, según un estudio elaborado por la UPF, quienes carecían de permiso de trabajo sí tenían acceso a la sanidad y la educación pública a través del padrón, así que no se encontró ningún factor diferencial tras la regularización masiva.

Este es el mismo escenario que persigue ahora el colectivo Regularización Ya! pero, igual que la profesora Vall, hacen incidencia en la necesidad, no sólo de dar permisos, sino de garantizar condiciones de trabajo dignas, cosa que también va a ser necesaria para mantener el sistema de pensiones. Y es que, mientras los regularizados en 2005 contribuyeron con 5.000 euros cada uno, la media de un trabajador nacido en España fue de 10.600.

Por eso, uno de los puntos clave es garantizar el fin de los contratos y partes de jornadas en B. De hecho, según el FMI en España la economía sumergida equivale el 24% del PIB. Y sólo el sector servicios supone entre el 10 y el 15%.

“Tiene que evolucionar la cultura asociada al sector”, asevera Ramon González, secretario de la Federación de Servicios de CCOO. Para el sindicalista es “esencial” que un sector que genera una cuarta parte del PIB español tenga un retorno y no sea una vía de explotación.

“La economía informal debe emerger. No hay sistema que aguante esto”, asegura. Para él, la regularización de la mano de obra migrante y una buena política de inspecciones para garantizar las condiciones dignas en el sector servicio es una necesidad “moral, política y económica”.

“La realidad siempre desmonta los discursos xenófobos”, resume González. Discursos que aseveran que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo o que no hay suficientes servicios públicos para todos. Faltan trabajadores y más que faltarán, pero para que las necesidades del sistema sean cubiertas no sirve explotar mano de obra barata, sino que se requieren trabajadores regularizados y sin riesgo de caer en la pobreza a pesar de tener un sueldo.

Sally Hayden (Dublín, 1989) es una periodista ampliamente galardonada por una investigación que cambió su vida y la de decenas de personas presas en centros de detención en Libia, cuyo delito simplemente había sido intentar cruzar el Mediterráneo. Diversos años de trabajo se han concentrado en el libro 'Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos' (Capitán Swing, 2024), un título que hace referencia a la historia de un chico somalí que perdió a la mitad de su familia en un naufragio. Lo intentó una quinta vez y, finalmente, lo consiguió. Solo y asustado, pero lo consiguió.

Hayden atendió a elDiario.es en la sede del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED) de Barcelona, donde presentó su investigación, en la que da una nueva perspectiva de lo que sucede a las personas que tratan de llegar a Europa.

Todo empezó con un mensaje de Facebook. ¿Qué decía?

“Hola, hermana Sally. Necesitamos tu ayuda. Vivimos en malas condiciones en una prisión libia. Si tienes tiempo, te contaré toda la historia”. Accedí, aunque no sabía si podría ayudar, y el prisionero me contó que estaba con centenares de personas en lo que describió como una cárcel pero resultó ser un centro de detención en medio del fuego cruzado de una guerra. Necesitaban ayuda urgente.

Contacté a un periodista que estaba en Libia y le dije: “Sé que va a sonar extraño, pero ¿puede ser que haya centenares de personas migradas en este barrio, en algún tipo de prisión?”. Me lo confirmó todo y me dijo que era un centro de detención de migrantes. Aquello iba en serio, así que empecé a contactar con ONG, cualquiera que hubiera estado allí y me pudiera contar qué estaba pasando. La respuesta era siempre la misma: que mi información era correcta, pero que no podían hacer nada.

¿Y luego?

Le dije al hombre con el que estaba en comunicación que me diera más información, localizaciones de GPS, fotografías... Cualquier cosa que pudiera confirmar su historia. Ellos no paraban de pedirme que le contara al mundo lo que les pasaba, pero yo en aquel momento era freelance y puede ser muy difícil que un medio te publique un reportaje. Así que empecé a subir las fotos y las historias a Twitter: conseguí millones de reproducciones y eso hizo que mi nombre se volviera conocido. Mi número de teléfono iba circulando y acabé en contacto con decenas de personas de diferentes centros de detención. Seguí publicando y hablando con ellos. Así pasé tres años de mi vida.

Al principio del libro culpa a la Unión Europea de lo que sucede en esos centros de detención en Libia. ¿Por qué?

No diría que la culpo, simplemente es que en 2017 la UE empezó a apoyar a la guardia costera libia para que interceptara balsas de migrantes y refugiados antes de que llegaran a Europa. Es una manera de esquivar la ley internacional porque los buques europeos no pueden devolver a la gente a Libia, pero los libios, sí. La UE, básicamente, vigila y localiza los botes e informa a la guardia libia, a la que apoya con entrenamiento y equipo. En algo más de cinco años, más de 130.000 personas han sido capturadas así.

Todos fueron trasladados a centros de detención, que han sido comparados acertadamente con campos de concentración. Y todo ello es resultado directo de las políticas anti inmigración de la UE. Descubrir esto, para mí que soy europea, fue muy duro porque fue una constatación de que, aunque veíamos la migración y la tortura de refugiados como un problema lejano, es en realidad consecuencia directa de nuestras políticas.

Los europeos deberíamos preguntarnos constantemente cómo puede ser que las muertes en el Mediterráneo nos den igual

En 2014 los medios se empezaron a llenar de historias de personas que morían en el mar o de su situación de precariedad, los que consiguen llegar a Europa. ¿Cree que nos hemos insensibilizado?

Sí, de hecho escribí un artículo para el 'New York Times' sobre la normalización de la muerte masiva. Cerca de 29.000 personas han desaparecido o muerto en el Mediterráneo desde 2014. Y eso son las cifras oficiales, así que son a la baja. Cuando los gobiernos o los medios de comunicación hablan sobre la crisis migratoria, en realidad, denotan cómo los europeos se sienten lidiando con este fenómeno. Cuando te das cuenta de que todas estas personas que mueren tienen sueños y familias, los números se vuelven insoportables. Los europeos deberíamos preguntarnos constantemente cómo puede ser que las muertes en el Mediterráneo nos den igual. Deberíamos enfrentarnos a estas cifras cara a cara.

La UE aprobó en diciembre un pacto sobre migraciones y asilo más duro, sin una gran respuesta ciudadana. ¿Cómo se puede combatir esta apatía?

Cuando empecé este trabajo, realmente creía que los políticos no sabían lo que estaba ocurriendo, así que quise documentarlo para hacérselo notar. Luego resultó que sí lo sabían. Hablé con muchos y la respuesta era siempre la misma: “Sí, es horrible, pero es lo que la ciudadanía europea quiere”. Si el pueblo fuera consciente de lo que suponen estas políticas, reaccionaría. Pero la gente en el poder se asegura de usar términos deshumanizantes como “gestión migratoria”. Incluso el término “migración” es deshumanizador porque separa el acto de la persona que lo ejerce. Eso nos incapacita para ver los abusos.

¿Cree que la falta de respuesta ciudadana tiene que ver más con el racismo o con la ignorancia? La reacción ante la llegada de refugiados ucranianos fue muy diferente a la que hubo con los que vienen de África.

Hay muchísimo racismo, pero también creo, aunque no puedo hablar por todo el mundo, que hay desconocimiento sobre el papel que nuestros países juegan. Casi todas las personas que conocí en Túnez que intentaban llegar a Europa venían de una antigua colonia europea. En Senegal un pescador me dijo que los buques extranjeros, incluyendo los europeos, son la razón principal por la cual no pueden subsistir. En Somalia han sufrido una sequía que ha matado a decenas de miles de personas y muchos otros han tenido que migrar como consecuencia de un cambio climático que ellos no han provocado. Y luego les juzgamos por querer irse.

La cobertura de los medios sobre África suele ser mala, peor que la del resto del mundo, y eso lleva a la deshumanización. La gente que me escribía desde campos de detención venían de contextos muy diferentes y países distintos, pero todos han sido agrupados en el mismo saco y llamados igual: migrantes. Pero lo único que tienen en común es que no pueden financiarse un viaje a Europa en condiciones.

En esos centros de detención describe tortura, restricciones en la comida, palizas, malas condiciones sanitarias. ¿Qué pasaba ahí dentro?

Cada centro de detención era una versión diferente del infierno. Documenté inanición, negligencia médica, violencia sexual, tortura, represión, extorsión... Muchos tipos de abusos. Cada vez que pensaba que la situación no podía ser peor, algo malo pasaba. Sigo preguntándome cuánta gente muere ahí. Porque aunque los políticos europeos digan que colaboran con la guardia costera libia para interceptar balsas y salvar vidas en el mar, nadie cuenta cuántas de estas personas murieron al regresar a Libia. He preguntado esto a gente de la UE, a autoridades libias... Y nadie lo sabe.

Pero los centros de detención no son CIE. Según lo cuenta en el libro, están gestionados por criminales.

Son contrabandistas, correcto. No llegué a conocerlos a todos, pero eran personas sádicas, cada uno conocido por una particularidad. A uno le gustaba especialmente torturar a los presos, a otro abusar sexualmente de ellos y uno era conocido por su afición a las apuestas.

Ahí es donde acaban migrantes engañados por personas que les aseguran que les ayudarán a cruzar el mar y otros que ya lo han intentado y han sido interceptados. Y, una vez dentro, se les somete a extorsión. ¿Qué pasa con ese dinero?

Esa es una gran pregunta para la que no tengo respuesta. Es un círculo vicioso: se les tortura para que paguen, se envían vídeos y fotografías a sus familiares para que envíen cada vez más dinero. Cuando pagan suficiente, se les facilita un pase en una de las balsas que cruzan el mar. Las mismas que serán interceptadas por la guardia costera y cuyos pasajeros, si sobreviven, volverán al centro de detención. Y así hasta que lo consigan o naufraguen, que es lo que le pasó al chico cuyo testimonio pone nombre al libro.

He intentado saber qué pasa con el dinero que se paga a los contrabandistas, pero muchos de ellos han acabado en Dubai, donde se les pierde el rastro. Sería genial incautar el dinero y usarlo para compensar a las víctimas y sus familias.

A todo esto, ¿cuál es el rol de las ONG o instituciones como Acnur (Agencia de la ONU para los refugiados)?

Pueden llegar a trabajar en alguno de los centros de detención, pero sin mucho margen de maniobra. En el libro me centro en Acnur; muchas de mis fuentes trabajan ahí y me decían que estaban muy incómodos porque sentían que la ONU les utilizaba. No les gustaba tener que ver las barbaridades que ocurrían en los centros sin poder denunciarlo. Y es que la Acnur recibe fondos europeos y a ellos se les impedía hablar libremente sobre las consecuencias de las políticas de la UE. Así que entendí que no siempre te puedes fiar de los informes de la ONU sobre la situación de los refugiados...

He entendido que no siempre te puedes fiar de los informes de la ONU sobre la situación de los refugiados

Dedica buena parte de su investigación al proceso migratorio, pero me gustaría hablar de lo que sucede antes. Ha trabajado en diversos países en los que vivir es, dice, simplemente imposible. ¿Cómo es la vida de un joven que nace ya pensando en migrar?

Me centro mucho en Eritrea, que se ha descrito como la Corea del Norte de África. A la gente que nace allí se le exige realizar un servicio militar indefinido que, en algunos casos, no acaba nunca. Así que muchos intentan escapar del país mientras son adolescentes. La mayoría de los que conocí decían que se iban en busca de “libertad”. Es muy duro para la gente que hemos vivido en democracia entender cómo de horrible es una dictadura tan represiva, en la que siempre tienes la paranoia de que tus vecinos pueden estar delatándote, que puedes ser detenido por cualquier cosa, torturado en cualquier momento.

Que los jóvenes se presten a iniciar un viaje del que ya conocen las consecuencias da buena muestra del infierno que deben vivir en sus países de origen.

Mucha gente piensa que los migrantes hacen estas travesías sin entender el peligro. La mayoría conoce y entiende los riesgos, pero no tienen otra opción. Muchos preferirían quedarse cerca de sus familias, en Libia o Sudán, pero no pueden: las fuerzas de seguridad extorsionan y maltratan constantemente a los migrantes de Eritrea, precisamente porque conocen su desesperación. No hay nada que puedan hacer, no tienen derechos legales y corren el riesgo de ser deportados de vuelta si se quejan. Así que su única opción es seguir moviéndose. Y eso es así generación tras generación.

Su investigación ha sido citada en una comisión de la Corte Penal Internacional en la que se investiga la presunta participación de políticos y funcionarios europeos en crímenes de lesa humanidad. ¿Ha cambiado algo?

Es difícil de decir porque el sistema y la situación siguen igual. Pero hay más conciencia. Y si voy a niveles más pequeños, hay personas cuyas vidas sí han cambiado. Gente que estaba en centros de detención han conseguido llegar a Europa y han iniciado una nueva vida. Hace poco me reencontré con una pareja que ahora vive en Suiza y acaba de tener un bebé. Algunos tienen trabajos, han aprendido diversas lenguas europeas y tienen estudios.

No puedo decir que nada ha cambiado. Pero también diría que este es un momento terrible para el mundo y que la criminalización hacia los migrantes ha crecido en demasía, hasta el punto que se han convertido en el chivo expiatorio para todo. Tenemos que preguntarnos cómo hemos permitido esto y por qué cada día es más fácil desconectar de las consecuencias humanas de las políticas de nuestros gobiernos.

No la veo muy optimista de cara a las elecciones europeas de junio...

Bueno, la migración se está usando para ganar rédito político en muy poco tiempo. Y está costando una millonada. Europa está gastando una cantidad exageradamente enorme de dinero para, básicamente, intentar frenar la migración y lo que mi investigación demuestra es que eso está apuntalando y financiando dictaduras, milicias y diversos sistemas que oprimen a la población de tal manera que incrementa el número de gente que necesita migrar. Esto va a traer una desestabilización mundial enorme en unos años.

Hablaba antes de cómo ha cambiado la vida de la gente que le escribió ese mensaje de Facebook. ¿Cómo fue para usted saber que tenía, prácticamente, la vida de esas personas en sus manos?

Siempre hice lo que hice porque no había otra opción. Soy periodista, no activista ni abogada. En todo momento le dije a esas personas que no podía ayudarlas directamente, pero tenía claro que todo lo que me contaban debía hacerse público. No creo que hubiera sido capaz de mirar a otro lado desde el momento en que supe que esto estaba pasando como resultado de políticas europeas.  

Mahdi tiene 26 años y con 13 migró solo, agarrado a los ejes de un camión, desde Tánger (Marruecos) hasta Barcelona. “Soy de los pocos que ha conseguido hacerlo del tirón”, dice este joven. Toma su teléfono móvil y enseña fotografías de su familia y de algunas habitaciones. Son de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) para menores no acompañados en los que estuvo hasta que cumplió 18 años. Luego, se vio sin techo.

“Albergues, casas ocupadas, la calle...”. Mahdi enumera los lugares en los que ha vivido desde su mayoría de edad. Fueron unos dos años de incertidumbre hasta que un amigo le habló de la 'Tancada Migrant'. Se trata de una residencia para personas migrantes situada en uno de los edificios que antaño acogieron la escuela de arte Massana, en el barrio del Raval de Barcelona, y que fue ocupada en 2018.

Pero las cincuenta personas que, como Mahdi, residen allí ya han empezado a buscar otro lugar para vivir. Este espacio, que en su día recibió la visita del president Quim Torra y contó con el beneplácito del consistorio de Ada Colau, ahora pende de un hilo. El Ayuntamiento de Jaume Collboni inició en septiembre un proceso para desalojar el el inmueble -de titularidad pública- y recuperarlo.

Después de diversos intentos de desalojo frustrados por colectivos del barrio, el consistorio dio un plazo de 10 días a los residentes para que se marcharan de forma voluntaria. Ese plazo ha acabado este viernes 8 de marzo y en cualquier momento puede aparecer una patrulla de la Guàrdia Urbana para desalojar a los cincuenta migrantes que viven en la Tancada.

El consistorio ha optado por un desalojo por la vía administrativa, que no pasa por juzgados. Basta con que la administración propietaria del inmueble justifique que el espacio es de utilidad pública y requiere darle uso. La notificación de desalojo, a la que ha tenido acceso este diario, no va firmada por un juez, sino por Albert Batlle, concejal del distrito de Ciutat Vella y también teniente de alcalde y concejal de Seguridad.

Los principales motivos que expone el Ayuntamiento para desalojar el lugar son “los requerimientos de seguridad y salubridad exigibles para el uso de este local” y argumentan que la Guàrdia Urbana ha debido actuar de manera “reiterada” debido a incidentes “de orden público” ocurridos.

Tanto los residentes de la Tancada como colectivos del barrio que los atienden se muestran de acuerdo en que es un espacio “complicado y conflictivo”. “No es un buen lugar para vivir. El problema es que no tienen otra cosa que no sea la calle”, asegura Helena Martín, miembro del Sindicat d'Habitatge del Raval. “De vez en cuando hay peleas porque hay robos o porque hay malentendidos, cuestiones religiosas”, relata Mahdi, que apunta que “pocas cosas pasan” teniendo en cuenta las condiciones en las que viven.

Colchones, chatarra y bicis de Glovo

Al principio, la cincuentena de personas que vivían allí dormían en colchones en el suelo, lidiando con las goteras y humedades, así como con la falta de intimidad y la inseguridad de perder sus pertenencias. Pero con el paso del tiempo, los habitantes fueron construyendo pequeños módulos de menos de 3 metros cuadrados que se cierran con candado y dentro de los cuales cada quién se acomoda como puede.

Mahdi es uno de los más manitas y ha ayudado a sus amigos a construir cubículos de madera, reforzados y hasta con armarios y electricidad. Incluso ha llegado a levantar habitáculos de dos pisos para aprovechar mejor el espacio y dejar más lugar a las zonas comunes. “Hacemos lo que podemos -dice- No es una vida buena, pero es mucho mejor que estar en la calle”, explica Yunes, un joven de 21 años, también de Marruecos y que se dedica a recoger y vender chatarra.

Él llegó al recinto en 2019. Se lo recomendó su hermano, que ya había conseguido otro lugar en el que vivir. “La asamblea votó a favor de que me quedara”, recuerda el chico, explicando los métodos de decisión que se usan para organizar el día a día. Estuvo poco más de dos años porque consiguió un albergue a través de Servicios Sociales.

Pero la gran mayoría de sus compañeros no han tenido esta suerte. Al preguntar sobre si han recibido algún tipo de ayuda, Lili, una mujer nigeriana, se ríe sonoramente. “¿Ayuda? ¿Servicios Sociales? Meses intentando que me atiendan, pero no hay manera. Hoy es miércoles, ¿no? Pues hoy me tendrían que haber llamado y nada”, explica esta mujer, que ha perdido la fe en poder conseguir un techo si desalojan el edificio. “Es muy difícil”.

Desde el Ayuntamiento aseguran que se ha “solicitado la actuación de Servicios Sociales para explorar la situación” y poder dar la “atención social necesaria a los ocupantes” tras el desalojo. Pero el Sindicat d'Habitatge del Raval desmiente al consistorio y denuncia que los trabajadores sociales solo pasaron por el espacio en septiembre (cuando se incoó el expediente) para realizar un censo preliminar, pero no para estudiar cada caso. “Han tenido que pedir hora ellos y, algunos, sin éxito”, resume Martín.

“No nos van a ayudar”, sentencia Mahdi. “Y, aunque lo hicieran, ¿de qué me sirve un albergue?”, se pregunta, señalando diversas bicicletas con la característica caja amarilla de Glovo y un armario en el que hay sopletes, herramientas y diversos cableados. Este joven marroquí, como muchos de sus compañeros del lugar, trabaja como rider. “Es de las pocas maneras de currar si no tienes papeles”, explica.

Trabaja muchas horas y no gana demasiado; al no tener permiso de trabajo, Mahdi realquila de manera ilegal la cuenta de trabajo de Glovo a alguien que sí tiene papeles y que paga la Seguridad Social a cambio de un 30% de lo que gane. Así que no tiene más remedio que complementar sus ingresos con un pequeño taller de reparación de patinetes que ha montado en el edificio, en el que también arregla las bicicletas de otros riders.

Lo que más le preocupa ahora es no tener dónde guardar sus pertenencias, que son con lo que se gana la vida. “Si no tengo dónde reparar patinetes o si me roban la bici, me matan”, resume Mahdi. En los meses buenos, puede sacar unos 1.000 euros con sus dos trabajos. “Nos ganamos la vida como podemos, pero ¿quién nos va a alquilar un piso?”, añade.

Lili se hace la misma pregunta pero, en su caso, con un sustento mucho menor. Es una de las tres mujeres que residen en este local y relata que tiene muchos más problemas que los hombres para ganarse unos euros. Por eso, sus compañeros le dejaron instalar una pequeña tienda de ropa que cose ella misma en uno de los accesos del edificio.

Posa para el fotógrafo ante sus telas y con el cuello rodeado de una cinta métrica, justo cuando un par de mujeres se acercan a preguntarle el precio de unos bolsos. Son ocho euros, pero les parece excesivo y se van sin decir nada a Lili, que las mira con una evidente frustración. “Hay muchos días en que no vendo nada de nada”, se lamenta.

Un destino incierto

“La Tancada Migrant ha ido degenerando, pero antes era un lugar de cooperación y ayuda mutua”, recuerda Martín. Hace unos años, se establecieron puntos de asesoramiento legal para conseguir la residencia, permisos de trabajo o se informaba sobre cursos y demás oportunidades. Aquello se hacía de la mano de trabajadores sociales o funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, que acudían al espacio de manera “regular”, tal como explica a este diario Jordi Rabassa, exconcejal de Ciutat Vella durante el mandato de Colau.

Rabassa apunta que es consciente de que el recinto “no es un buen lugar para vivir”, pero recuerda que el sistema actual “excluye a muchas personas” y lamenta que el actual consistorio no sólo “no tenga contactos fluidos” con este espacio, sino que haya decidido desalojarlo. “Es un error”, remacha.

De hecho, cuando se ocupó el edificio, el Ayuntamiento de los comuns también incoó un expediente administrativo para recuperar la propiedad, pero tal como recuerda Rabassa, se suspendió el trámite porque “se priorizó buscar soluciones para las personas que vivían allí y acompañarlos en sus actividades comunitarias”.

Este expediente suspendido es una de las herramientas que quiere usar el Sindicat d'Habitatge para frenar el desalojo. Según sus abogados, cuando se suspende un expediente de este tipo y no se hace nada durante un año, la propiedad pierde el derecho a recuperar el inmueble por la vía administrativa y sólo puede hacerlo por la vía judicial, que es más lenta e incierta.

Por eso, están trabajando en un recurso contra el Ayuntamiento y pedirán medidas cautelares que impidan el desalojo hasta que el juez resuelva. Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que el proceso se está haciendo “siguiendo todos los pasos necesarios, con todas las garantías jurídicas y procedimentales” e insisten en que su voluntad es dar a este espacio un “uso público como equipamiento para el barrio, la ciudad y el distrito”.

Desde el Sindicat d'Habitatge lamentan, sin embargo, que “jamás” se les ha explicado cuál es ese uso público, que el Ayuntamiento tampoco ha concretado a preguntas de este medio. “Será tristísimo que les echen, se vayan a la calle y esto se quede cerrado a cal y canto durante mucho tiempo”, aventura Martín.

Mahdi está resignado y nervioso por lo que le pueda pasar. “Nos van a joder la vida. Y no solo la nuestra: de mí depende mi madre, a quien le envío dinero todos los meses”, explica. Él, como todos, ha empezado a mover hilos y a buscarse la vida. Algunos ya han encontrado lugar en alguna casa ocupada. Unos pocos tienen todavía esperanza de acabar en un albergue y otros tienen claro que acabarán en la calle. “Ahora, a muchos sólo les quedará la calle y tendremos que montar un campamento. Pero, si lo hacemos, que tengan claro que será en Plaça Sant Jaume”, avisan.  

“La mayoría de los prisioneros dijeron que la policía había ido a por ellos porque eran pobres. Fue mi primer paso en la compresión de que las figuras más influyentes que permitían las rutas migratorias del norte de África no eran el principal objetivo de los organismos de seguridad”. Esta es una de las frases demoledoras que la periodista especializada en migraciones Sally Hayden recoge en su libro “Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos” (Capitán Swing, 2023). Esta obra es un riguroso y extenso trabajo de investigación que bucea en las profundidades del modelo de control migratorio europeo para sacar a la superficie sus sombras en forma violaciones de derechos humanos.  

Para este trabajo de más de 500 páginas, la también fotógrafa irlandesa se basó en cientos de entrevistas realizadas a personas refugiadas en Libia y a trabajadores de organizaciones humanitarias para desgranar una parte del funcionamiento de los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al control migratorio, el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al tiempo que nos interpela como sociedad sobre un modelo que causa sufrimiento y deja miles de muertos en las rutas migratorias hacia suelo europeo. Aunque este libro se centra en el Mediterráneo central, se puede extrapolar a las otras rutas migratorias que conectan África con Europa.

Todo comenzó en 2018 con un mensaje a través de la red social Facebook en el que un refugiado le comunica que está detenido en Libia. Desde su ventana observaba vehículos con cañones antiaéreos. Después, casi en forma de cascada, empezó a recibir testimonios de más refugiados encerrados en otros centros de detención de Libia, donde recibían descargas eléctricas, palizas o donde muchas mujeres eran violadas. En este país, muchos migrantes sufren secuestros por los cuales sus familias pueden pagar hasta  5 mil dólares por su rescate, son forzados a formar parte de lo que se ha conocido como un mercado humano o se convierten en víctimas del fuego cruzado entre las milicias y el ejército libio, una situación recurrente tras el asesinato del Muamar el Gadafi en 2011 y que terminó de convertir Libia en un polvorín. Parte de estos refugiados, habían sido trasladados a tierra firme por la Guardia Costera Libia tras su intento de llegar a Europa por el mar Mediterráneo. Este cuerpo, tal y como relata la periodista en su libro, ha sido entrenado, financiado y equipado por la UE. Además, recientemente se ha publicado una investigación del diario alemán Der Spiegel y del consorcio periodístico Lighthouse Reports que revela que FRONTEX (la agencia europea para el control de fronteras) ha proporcionado a la Guardia Costera Libia las coordenadas de las embarcaciones con migrantes a bordo con el objetivo de que las fuerzas libias se encarguen de su traslado a la costa africana. Las devoluciones a un país considerado peligroso para la vida de las personas constituye la violación del principio de no devolución, enmarcado en el derecho internacional.  

Muchos de estas personas proceden de Sudán, Somalia o Eritrea de donde han salido por razones políticas, por la guerra o para huir del servicio militar obligatorio. “La UE es innegable y éticamente en culpable desde el momento en el que nuestra política es responsable de obligar a las personas a regresar”. Además, incide en que muchas de estas personas tendrían el estatus de refugiado y podrían acceder a protección internacional. Hayden cuestiona la narrativa impuesta por la UE, la cual llama únicamente a acabar con el negocio de las mafias. Sin embargo, señala que los traficantes satisfacen las necesidades de las personas que no tienen acceso a rutas legales y seguras para viajar. “Lo que tenemos es una crisis de desigualdad global. Tenemos una situación en la que grandes porciones del planeta no tienen libertad de movimiento. No pueden acceder a visados. No pueden subirse a los aviones”. 

Los migrantes retenidos en Libia malviven en centros cuya gestión recae en muchos caso en ACNUR y otros organismos locales subfinanciados por este último. El papel de esta agencia de la ONU, junto a la OIM (Hayden especifica que Médicos sin Fronteras se mantiene fuera de este sistema) queda a lo largo del libro en entredicho. Hayden asegura que algunos miembros del equipo de la ONU le expresaron que sentían que estaban siendo “utilizados” para “blanquear” los efectos de la política antimigratoria de la Unión Europea. La periodista señala que cuando ha preguntado a diferentes políticos de la UE sobre las interceptaciones en alta mar, estos le han respondido que están al corriente de lo que sucede en Libia pero que no apoyan lo que ocurre en sus centros de detención y que están tratando de mejorar las condiciones mediante la financiación de la ONU: “Quedó rápidamente claro que la misma parte del dinero que se destina a África, estaba financiando a la Guardia Costera de Libia para hacer las interceptaciones de las personas y también financia a la ONU, para que luego mejore las condiciones dentro de los centros de detención”. Hayden apunta a que el personal de este organismo no podía hacer declaraciones públicas sobre la realidad  de la política migratoria europea porque debían salvaguardar su financiación: “Cuando están distribuyendo mantas en un centro de detención, por ejemplo, dicen que muchas gracias a la UE por financiar esta distribución, pero no dirán que todas estas personas están aquí como resultado directo de la política migratoria de la Unión Europea”.

Esta maquinaría de la externalización de fronteras se sufraga con los Fondos Fiduciarios para África. En teoría, se trata de un programa dirigido a 26 países africanos para abordar las causas de la migración irregular y contribuir a una mejor gestión. Para controlar la ruta migratoria canaria también se despliegan estos fondos. Mauritania recibió este mes la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von del Leyen, quienes anunciaron el pago 500 millones de euros para el control migratorio. Marruecos y Senegal también son países beneficiarios. Al ser designado como gasto de emergencia, Hayden subraya que es complicado rastrear el dinero. Por ello, puntualiza que aunque su libro se centre en el Mediterráneo central, este trabajo tiene una mirada mucho más amplia porque se focaliza en cómo Europa está tratando sus fronteras y cómo se gasta el dinero en sistemas que oprimen aún más a la gente. 

Además, la reactivación constante de las rutas migratorias demuestra, para Hayden, que la “disuasión no funciona”. Ejemplifica el caso de la ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo, donde los migrantes recorren más de 1000 km y donde pueden pasar semanas en alta mar sin comida ni bebida y que desde 2020 permanece activa. Hayden cuenta que algunos migrantes que han optado por esta ruta lo han hecho porque tienen constancia de que el trayecto por Libia es muy peligroso: “Creo que lo que estamos viendo entre la ruta del Mediterráneo central y la ruta del Atlántico es como un globo en el que aprietas una parte y la otra se expande”, expresa. 

Las evidencias de las torturas y muertes producidas en la ruta migratoria del Mediterráneo central llevaron a los abogados Omer Shatz y  al francoespañol Juan Branco a presentar un escrito ante el Tribunal Penal Internacional en el que pedían que la UE fuera acusada de crímenes contra la humanidad. Hayden relata en su libro que Branco le informó de que los migrantes debían ser clasificados como un grupo perseguido ante la legislación criminal internacional. Argumentaba, para ello, que si la vida de los turistas estaba en riesgo en el mar, serían rescatados, pero si se trata de inmigrantes, no sucede lo mismo. Hayden sostiene, en este sentido, que el uso de las palabras migrantes y refugiados ha provocado un distanciamiento y una deshumanización hacia las personas que desean viajar: “La muerte de un humano es una muerte de un humano y la muerte de decenas de miles es la muerte de decenas de miles de humanos” remarca.

La Universitat Politècnica de València (UPV) i l’associació Aquarius Supervivents presenten l’exposició fotogràfica i immersiva “Desenfocades: històries de migració i refugi”, basada en la migració a la ciutat de València i la manera com ha canviat la vida de les 629 persones que van sobreviure al rescat i la travessia posterior en el vaixell fa cinc anys.

El projecte, situat en la planta baixa de la Biblioteca Central, està dividit en dos blocs: una part amb més de 50 imatges elaborades per una vintena de fotoperiodistes destacats a escala nacional i autonòmica en què s’il·lustra l’associació, les polítiques migratòries de la Unió Europea i el recorregut que han de fer per a aconseguir els seus drets i les seues necessitats bàsiques en el territori espanyol.

En la segona part de l’exposició, els visitants, a través d’unes ulleres de realitat virtual, podran endinsar-se en una mena de joc immersiu anomenat Cinc anys després en què se simula l’arribada dels rescatats. Mitjançant un QR disponible en els pilars de la sala, es podrà reservar dia i hora per a usar una de les cinc ulleres durant els 45 minuts que dura la versió completa del documental.

L’exhibició gratuïta estarà disponible des del 14 de febrer fins al 2 de març de 2024 per a tot el públic. A més, el 29 de febrer tindrà lloc una taula redona amb ponències com la de Moses Von Kallon, president de l’associació; Boutaina El Hadri, directora de l’Escola de Ciutadania i secretària general del Moviment Força Migrant; Kassim Dambele, president de l’associació Nourdine; i Lorena Tortosa, membre de la direcció executiva de la Unió de Periodistes Valencians.

Frenant els estigmes

Fernando Canet, catedràtic de comunicació audiovisual i publicitat en la UPV, va conduir la introducció del projecte i va subratllar la complexitat i la controvèrsia en què es veu sumida la immigració quan es mostra “com una cosa negativa”.

“Hem volgut presentar una narrativa alternativa a aquestes visions estereotipades i esbiaixades. Per això, l’epicentre triat ha sigut el cas de l’Aquarius, que ens ha permés aproximar-nos a la migració i, en particular, a la de València”, va concretar Canet.

En paraules de Lorena Tortosa, els discursos innovadors són un símbol que permet traspassar fronteres “per a generar més empatia amb una realitat que moltes vegades és desconeguda, però que la tenim a la porta de casa i coneixem molta gent en aquesta situació”.

El catedràtic també va agrair a Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Múrcia i les Balears, que li va suscitar la idea i el va posar en contacte amb els membres de l’organització del vaixell que va protagonitzar el rescat i va arribar després de dies de travessia al port de València.

“La situació va cada vegada a pitjor. El nombre de morts a la Mediterrània continua sent elevat i les mesures que es prenen des d’Europa limiten que les persones puguen arribar vives a un altre país. Aquest tema és clau per a mostrar l’altra cara de les persones migrants que no se sol representar”, va declarar Font.

Moses Von Kallon, un dels testimoniatges del vaixell, també va estar present durant l’acte d’inauguració: “Aquest projecte és molt important, tant com el suport de la ciutadania perquè ens ajuden a traslladar lluny el nostre missatge i aconseguir una vida digna”.

Més enllà dels continguts emergents, l’exhibició brindava als presents un còmic, il·lustrat per Carlos Vallés, sota el nom ¿Por qué España?, en què es mostra el dia a dia dels supervivents i la batalla constant per a aconseguir uns drets humans bàsics.

El projecte ha tingut la col·laboració de Metges sense Fronteres, Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), CESÁfrica, Espai Obert El Marítim, Escola de Ciutadania, Moviment Força Migrant i Jovesólides, així com de l’Àrea de Cooperació i Àrea d’Acció Social de la Universitat Politècnica.

Formalització d’una idea dissident

Canet, un dels impulsors del documental, reconeix que li encantaria que l’exposició “creuara fronteres” i tinguera un impacte en altres llocs nacionals i internacionals: “El que més desitge és que els resultats de la investigació siguen publicats en revistes internacionals i siguen visibles més enllà d’aquest territori”.

“El nostre propòsit ha sigut mostrar dues realitats: una en què es visibilitza les persones que ajuden a integrar-se els que venen de fora, i una altra en què apareixen casos de superació que han aconseguit regularitzar la seua situació i que tenen faena. El documental serveix per a explicar que la inclusió és possible, que no és una utopia i que hi ha gent que brinda el seu suport a les persones en aquestes situacions”, afirma.

Amb això, agraeix les subvencions per a grups d’investigació consolidats (AICO) de la Generalitat Valenciana amb què han pogut aconseguir l’“equipament necessari per a la creació i el consum d’aquests continguts immersius, i la contractació d’un tècnic superior que ha sigut crucial en la creació del documental”, explica el catedràtic.

“El projecte s’ha dut a terme en tres anys. La primera part d’anàlisi d’exemples, i la segona dedicada a la creació mitjançant gravacions tradicionals, de 360 graus, amb sensors de fotometria... Aquesta la vam elaborar durant el mes de juliol i setembre del 2023. La part final, de setembre a gener del 2024, s’ha usat per a fer el muntatge de postproducció de les tres versions fetes del mateix material: la versió tradicional, la semiinmersiva i la més immersiva”.

Salomé Cuesta, vicerectora d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat, afirma que desenvolupen exposicions en l’Àrea d’Acció Cultural des del 2021: “Des d’una manera interseccional i a través de la cultura, coordinem iniciatives relacionades amb la igualtat, la diversitat i reptes socials a què hem de fer front. La combinació de la innovació, el social i el tecnològic formen part del nostre ADN”.

Història de supervivència

Sota l’operació Esperança de la Mediterrània“, 629 persones procedents de Líbia van ser rescatades en sis operacions i traslladades al vaixell Aquarius amb la col·laboració de Sos Méditerranée i de Metges sense Fronteres. Els governs d’Itàlia i Malta es van negar a acollir els migrants en els seus ports, la cosa que va provocar que la travessia durara huit dies fins que el Govern espanyol es va posicionar i va decidir que el vaixell finalment atracara el 17 de juny de 2018 a València.

L’associació Aquarius Supervivents es va crear el 2019 amb el propòsit de protegir els drets i la dignitat de totes les persones refugiades i migrants del territori espanyol. Tal com figura en la seua pàgina web, “Aquarius és sinònim d’esperança i refugi, però també representa el fracàs de la política migratòria europea i l’incompliment del compromís de regularització adquirit per part del Govern espanyol durant l’acolliment”.

Von Kallon, fundador d’aquesta organització, admet que, quan li van comunicar la idea, no tenia percepció d’un projecte d’aquest calibre: “Quan m’ho van explicar amb més detall, em va interessar molt, perquè vaig pensar que seria necessari per a sensibilitzar i aproximar els joves a la immigració i mostrar-ho en els col·legis”.

Segons declaracions del supervivent, durant els cinc anys que ha residit a València, ha hagut de viure situacions complicades: “L’idioma és una de les barreres, perquè la meua llengua natal és l’anglés. M’ha costat molt aprendre’n. Cal dominar-lo per a aconseguir faena, per a comunicar-se. Per a nosaltres els angloparlants és més complicat, perquè el vocabulari no s’assembla gens”.

El president de l’associació lamenta que el seu títol universitari en economia no li servisca a Espanya, i declara que ha hagut de recórrer a oficis com el camp, la construcció o la carnisseria per a pagar els seus impostos i sobreviure. “La part més dura ha sigut la integració quan et sents racialitzat a l’hora d’entrar a un servei públic i les persones comencen a mirar-te el color de pell o a apartar-se creient que ets un lladre. Tampoc és fàcil socialitzar i tindre amics, perquè la gent té prejudics establits. Ha sigut dur, però ara estic bé”, confessa.

Cuando le preguntan a Dennis Ukofame por su historia, no sabe cuál de todas contar, porque a sus tan solo 25 años, ha vivido muchas vidas en una sola. Salió de su Nigeria natal con 16 y tras un año de viaje, logró llegar a Bilbao. Primero, fue trasladado a un centro de menores, pero como muchos de los jóvenes que pasan por ese tipo de centros, a Dennis también le llegaron los temidos 18 y, con ellos, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con él. Poco después, acabó en la calle. “De un día a otro me quedé sin nada. Salí del centro de menores y, como no tenía dónde dormir, estuve un tiempo en la calle. Sin permiso de trabajo ninguna empresa me contrataba”, lamenta el joven, que reconoce que para conseguir algo de dinero cantaba en la calle. “Siempre me ha gustado la música y escribir canciones. Y a la gente también le gusta lo que canto, se paran a hablar conmigo y me ayudan”, explica a este periódico.

Logró una oportunidad en el programa Hemen de Zehar Errefuxatuekin que trabaja por la inclusión de jóvenes migrantes no acompañados que, tras salir del Servicio de Infancia no pueden acceder al resto de recursos de la Diputación Foral de Bizkaia, lo que les impide desarrollar su autonomía, y una vida adulta plena y digna en la que puedan valerse sin la tutela de las administraciones públicas. “Me han ayudado con el proceso. Salí del centro de menores y esperé seis meses para entrar al programa Hemen. Me llamaron y me llevaron a un piso compartido en Santurtzi. Ahí vivimos cinco chicos”, recuerda Dennis.

Una de las condiciones para mantenerse dentro del programa, que les ayuda con los trámites para conseguir su documentación, encontrar una casa y un trabajo, es que los jóvenes hayan salido hace menos de un año del centro de menores, que no tengan documentación y que estudien. En el caso de Dennis, escogió un grado en electricidad, ya que previamente tuvo que dejar los estudios por su situación. “Dejé los estudios porque no me podía concentrar. Mientras las profesoras hablaban yo no paraba de pensar en dónde podría dormir esa noche o dónde haré las prácticas si ninguna empresa quiere contratarme”, explica.

En aquella época, cuando aun no tenía un permiso laboral, fue contratado en una fábrica de pan en Basauri. Mientras trabajaba, se cortó en el brazo con una de las máquinas y tuvo que ser trasladado al hospital. Antes de llegar, el jefe de la fábrica le hizo prometer que no iba a contar cómo se había hecho la herida, ya que lo tenía sin contrato. “Él me dijo que me iba a pagar el tiempo que necesitara estar sin trabajar y le creí. No me dio mi dinero y me quedé sin trabajo”, lamenta. Poco después de aquello la empresa tuvo que cerrar, presuntamente tras otro accidente, esta vez más grave, a otro de los migrantes que tenían trabajando de manera irregular.

Dennis también ha trabajado en otras empresas en condiciones complicadas, pero no quiere hablar de eso, prefiere enfocarse en el presente. A día de hoy trabaja en una empresa de placas solares y tiene un contrato laboral, horario y condiciones dignas. “Estoy muy contento y mientras dure lo voy a aprovechar. Yo lo que quiero es trabajar para cuidarme a mí, pero también a mi familia”, detalla el joven, que es padre de una pequeña de seis meses nacida en Bilbao. “Mi hija y su madre son lo más importante. Trabajo duro para que no les falte nada, para que nunca estén como yo he estado”, concluye Dennis con la primera sonrisa de toda la entrevista.

El programa Hemen nació hace 16 años y en este tiempo ha ayudado a encontrar una oportunidad a 2.578 jóvenes, todos ellos, hombres. Las mujeres que llegan son derivadas a otros programas de la Diputación de Bizkaia. Solo en 2022, ayudaron 245 personas. David Pinilla Muñoz es uno de los educadores sociales que trabajan en Hemen y ha seguido de cerca la historia de Dennis. “Nosotros nos encargamos de los jóvenes que necesitan un mayor acompañamiento en ese proceso de aprendizaje para la edad adulta. El programa es desde los 18 hasta los 23 años. Es un proceso largo”, explica Pinilla.

“Primero les ayudamos con los aspectos jurídicos y las peticiones de documentación. Después, con la residencia. Contamos con unos pisos tutelados y albergues en los que pueden estar hasta que cobren las ayudas sociales. Una vez que tienen alguna ayuda, ya sea el Ingreso Mínimo Vital, la RGI o la ayuda del Servicio de Inclusión, tienen que abandonar el recurso residencial y pagarse su propia habitación. Por último, está el proceso formativo. Insistimos en que hagan al menos la formación básica”, sostiene.

Según el educador social, para los jóvenes, acceder a programas como Hemen “supone ser una parte fundamental de la red social que no serían si no fuera por este tipo de ayudas”. “Hemen surge porque cuando salían del centro de menores acababan en la calle. Para ellos es una prolongación del centro de menores, pero con una mayor autonomía. Lo que nos suelen decir es que se sienten escuchados. La intervención que se hace es desde el afecto. Yo no entiendo ninguna intervención educativa que no sea desde un vínculo”, concluye Pinilla, uno de los seis trabajadores que hacen posible el programa que da una oportunidad a los menores no acompañados cuando superan la barrera de los 18.