El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una sentencia adoptada por unanimidad ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas aprobada en noviembre de 2012. La normativa contó desde el primer momento con el rechazo de profesionales, sindicatos y consumidores que llegaron a unirse en la Plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.

Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue más allá y eliminó mediante Real-Decreto las tasas judiciales para personas físicas si bien mantuvo el tributo a las pymes.

El Gobierno de Rajoy modificó hace unos meses su Ley de Tasas Judiciales, aprobadas hace hoy tres años, con la exención en el pago de la tasa para todas las personas físicas, no así de las pequeñas y medianas empresas ni de las organizaciones no gubernamentales. Según el artículo 11 de aquella ley, las cantidades recaudadas por ese concepto tenían que haber revertido a la Justicia y más concretamente a la justicia gratuita. Las cuentas de la Junta de Andalucía dicen que el Gobierno central debería haber destinado a Andalucía más de 54 millones de euros.

En una reciente entrevista, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechazaba eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, sin descartar incluso que pudieran incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura. Su antecesor, Ruiz-Gallardón, explicó en su momento que el incremento de gasto y el coste efectivo de la justicia gratuita en España estará cubierto por su “vinculación” a las tasas judiciales. A ello se agarran las comunidades autónomas, no solo Andalucía, sino también Canarias, País Vasco o Navarra, esta última a través de una muy reciente moción de su parlamento en ese sentido.

Las reclamaciones no solo vienen de las regiones sino de los propios operadores judiciales, no tanto económicas sino de fondo. La denominada 'Brigada Tuitera' del Colegio de Abogados de Madrid ha convocado para este viernes un congreso reivindicativo con ocasión del tercer aniversario de la ley de tasas judiciales, según informan en su web, recordando que no han sido derogadas para pymes y ONG.

A pesar de la insistencia de las comunidades, el Ministerio de Justicia se escudó en su momento en que en la propia ley de tasas se hablaba de tasa judicial “vinculada” al sistema de justicia gratuita porque “lo que se pretendía en momentos de crisis de los servicios públicos era garantizar un servicio esencial, que no sufriera la dinámica o la presión de gasto que pudieran recibir las comunidades autónomas y el Estado”. El objetivo marcado, según el Ministerio, era que “el incremento de gasto que causaran los cambios normativos y el coste efectivo real de la justicia gratuita en España estuvieran garantizados y cubiertos por la recaudación de las tasas judiciales”.

La justicia gratuita crece

Y es que, como previó el Ministerio cuando aprobó en febrero de 2013 el proyecto de Ley de Justicia Gratuita al ampliar sus beneficiarios para tratar de contrarrestar la polémica levantada entonces por las tasas, el coste de los servicios de justicia gratuita ha crecido. De hecho, uno de los capítulos destacados de los presupuestos de la Consejería de Justicia e Interior para 2016 es el dedicado a esta prestación, incrementando su dotación un 3,5% hasta los 38,6 millones de euros. En una reciente intervención del consejero en el Parlamento al presentar sus cuentas para el próximo ejercicio, De Llera reiteró el reconocimiento que recibe su departamento de los colegios de abogados por haber conseguido estar al día en los pagos derivados del servicio de justicia gratuita.

Cabe recordar también que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía interpuso dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a instancia de la Consejería de Justicia e Interior por considerar que las tasas judiciales afectaban gravemente a derechos fundamentales consagrados en la Constitución en cuanto “atentan al principio de igualdad” y suponen “un menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva”.

La Junta de Andalucía, que aporta la cifra de 54 millones que a día de hoy solicita al Gobierno, confía en que el Gobierno central cumpla el mencionado artículo 11 de la ley que hoy cumple tres años y que literalmente dice que “la tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONG, y además no descarta que éstas puedan incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura tras analizarse los costes reales del uso de la Justicia por parte de estos colectivos.

Según ha manifestado Catalá en una entrevista concedida a Europa Press, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible “a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente”.

“A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan -explica el titular de Justicia-. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales”, ha dicho.

Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al cien por cien la Justicia, “más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos”.

“Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas”, ha añadido.

Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. “Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales”, ha insistido.

Comunicación telemática

Sobre la obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas entre los operadores judiciales a partir del próximo 1 de enero, el ministro reconoce la existencia de “inquietud” en el sector por el hecho de que el plazo lo haya fijado la Ley, lo que lo convierte en algo de obligado cumplimento.

“Es un paso importante, sin duda, pero tampoco es un paso extraordinario en términos de tecnología, hoy usamos todos el correo electrónico con naturalidad”, ha apuntado el titular de Justicia.

“Lo que nos está pasando es que los profesionales del mundo de la justicia somos todos ciudadanos digitales, utilizamos las tecnologías en nuestra vida cotidiana, compramos por Internet, mandamos correos, mandamos archivos electrónicos como cualquier ciudadanos del año 2015 y cuando vamos a trabajar, llegamos al juzgado y nos dejamos al ciudadano digital en la puerta y entra el funcionario del siglo XIX”, explica Catalá.

Por ello cree que la entrada en vigor de la ley no supondrá más que “convertir, dentro de la oficina digital, lo que es normal en la sociedad española”. Apunta además que las tecnologías están en proceso de implantación en los juzgados desde hace años, que en 2015 se ha redoblado el presupuesto de la Justicia hasta 51 millones para dedicarlo a cuestiones tecnológicas y el año próximo se ampliará esta dotación.

Preguntado sobre qué se hará con el papel acumulado todos estos años Catalá ha explicado que hay que custodiarlos, si bien en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se ha incorporado un artículo  que habilita a las Administraciones Públicas, comunidades autónomas y al Estado a llevar a cabo lo que se denomina el expurgo, de los documentos, es decir, la destrucción de los que ya no estén vigentes.

“Lo que hemos hecho ha sido agilizar esa operación que lleva a la destrucción de muchos documentos que se refieren a procesos que están terminados, que ya están superado un plazo que impide que haya ningún tipo de recurso, evidentemente”, señala.

Se archivarán como “elementos históricos” los que “por su naturaleza tiene algún carácter singular”, pero todos los procedimientos ordinarios se irán destruyendo. “Creo que también ganaremos en mucha eficacia y no tendremos el coste, que en muchas veces es un coste altísimo, de alquiler de almacenes para tener guardados papeles que no tiene ningún valor”, apunta el titular de Justicia.

Hasta hace apenas unos días, un divorcio o una separación que no fuese de mutuo acuerdo costaba un mínimo de 168 euros por tasas judiciales, da igual que hubiese menores o no por medio. A ese pago, que requería Hacienda, había que añadir la minuta de abogado y procuradora. Igual de mal lo tenían quienes querían reclamar contra una sanción administrativa, con una tasa mínima de 200 euros, o interponer pleito por un impago, por ejemplo, en una comunidad de vecinos. En esos casos, las tasas judiciales podían llegar a los 300 euros si el pleito se transformaba en un juicio ordinario. Y ojito con recurrir, porque los recursos podían llegar hasta 1.200 euros.

La derogación de la Ley de Tasas Judiciales 10/2012 de noviembre, también conocida como la ley del tasazo o el tasazo a secas, se esperaba desde la caída de Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Fue una de sus medidas estrellas junto con la reforma de la Ley del Aborto, e igual de contestada socialmente.

“Afecta a personas físicas y jurídicas, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de cada cual, y quiebra la tutela judicial efectiva, se ha llevado por delante el artículo 24 de la Constitución y con ello, una de las principales garantías de nuestra democracia”, afirmó en noviembre pasado en la Universidad de La Laguna el profesor Miguel Revenga Sánchez, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, con motivo de unas jornadas dedicadas a la Constitución de Cádiz.

La tasa judicial es un tributo de carácter estatal por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. Ruiz Gallardón la extendió a toda la población en su ley de 2012, pero su ámbito de aplicación fue corregido tan sólo tres meses después ante las protestas de colegios de abogados de toda España, procuradores, incluso jueces y fiscales. En un principio se imponían hasta en la justicia gratuita y para llevar a cabo demandas en la jurisdicción social, de forma que, por ejemplo, para defenderse de un posible despido improcedente o nulo había que pagar previamente y cruzar los dedos, porque un recurso de suplicación costaba la friolera de 500 euros.

En efecto, el 22 de febrero de 2013, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 3/2013 por el que se dejaba de aplicar el tributo a la justicia gratuita y se reconocía el derecho a devolución de las cantidades pagadas entre octubre y la entrada en vigor de este decreto. De la misma forma se admitía la devolución de las tasas si antes de que finalizar el proceso de demanda se llegaba a un acuerdo extrajudicial entre las partes.

“En la jurisdicción social se hizo una equiparación con la justicia gratuita, porque el pago de la tasa suponía una quiebra a los derechos de los trabajadores, con un único afán recaudatorio que, además, se dijo que era para sufragar la justicia gratuita, cuando ese apartado ya cuenta con su partida presupuestaria propia en los presupuestos generales de Estado. Para lo único que ha servido es para impedir el acceso a la justicia de esa gran franja de ciudadanos que, sin poder solicitar un abogado de turno de oficio, carecen de medios para sufragarse los costes de un pleito de su propio bolsillo. Y eso sigue siendo así”, sostiene el abogado Ignacio Cestau, especializado en Derecho Social y ejerciente en Tenerife desde hace más de 30 años.

Igual que hace doce años

Las tasas judiciales no son nuevas, sino que era como se financiaba la justicia española hasta que en 1986 se abolieron, precisamente para cumplir con el mandato constitucional de igualdad en el ejercicio de derechos fundamentales de los españoles. En 2002 fueron recuperadas por Aznar, que las impuso para toda persona jurídica en los órdenes civil y contencioso-administrativo mediante el artículo 35 de la Ley 53/2002 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y se atribuyó su gestión al Ministerio de Hacienda.

Afectaba lo mismo a autónomos que a pequeños y grandes empresarios. Incluso en noviembre de 2003, el actual ministro de Justicia Rafael Catalá Polo, que entonces era secretario de Estado del ramo, publicó una resolución por la que se daban instrucciones a los secretarios judiciales sobre cómo debían “colaborar” con Hacienda, que había creado el modelo 696 para autoliquidación de la tasa y que en adelante debía acompañar a toda demanda para iniciar un proceso judicial, ya fuese mercantil, contencioso-administrativo o de otras ramas de Derecho civil.

Tanto entonces como ahora, las demandas por deudas (demandas de cantidad) quedaban exentas del pago a Hacienda si la cantidad reclamada no excede de los 2.000 euros. Por encima de esa cantidad, hay que añadir un 0,5 por ciento de lo que se reclama.

“Soy transportista desde hace 28 años. Me llamo Juan Egea. Un policía local me puso una multa de 200 euros por conducir usando el móvil, lo que no era cierto. Tenía el móvil en la mano pero no estaba hablando por él. Incluso el agente vio que tenía instalado el manos libres y que el móvil estaba apagado”, explica a CanariasAhora.

“Presenté alegaciones pero las han desestimado”, añade. “Presenté recurso de reposición y se da la razón al agente, porque su palabra debe tener prioridad sobre la del resto de los mortales. Agotada la vía extrajudicial, no tengo más opciones que quedarme con la multa y con tres puntos menos en mi carné, o acudir a los tribunales y pagar 300 euros de tasa judicial. Además de abogado y procurador. Pero como soy un profesional del transporte, que figure que me han quitado puntos me supone un grave perjuicio. Lo que me indigna es que estoy viviendo una injusticia y si me quiero defender tengo que pedir prestado. Creía que habían quitado las tasas, pero como soy pequeño empresario…”

¿Dónde está el dinero?

Tanto la imposición del “peaje judicial” como su eliminación han quedado marcadas por la polémica. Poco a poco, entre unos y otros, en dos años el Estado ha recaudado entre 500 y 600 millones de euros por el pago de ese impuesto directo que se ha demostrado contrario a la Constitución.

Cuando el presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció en el Debate del Estado de la Nación la supresión de las tasas judiciales dijo que lo hacía “para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva”, lo que para los partidos de la oposición ha sido un reconocimiento tácito de que se ha vulnerado la Constitución durante dos años y medio, en contra de lo que se puntualizó en 2012: que el impuesto era necesario para la mejora de la justicia en general, y de la gratuita en concreto.

Ruiz Gallardón hizo hincapié en el preámbulo de la ley 10/2012 en que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes”, con lo que pretendía garantizar la constitucionalidad de la nueva norma. Y expuso que con ella se buscaba “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, es decir, poner una barrera para que los ciudadanos no litigasen a la ligera, y conseguir “unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita”.

Sin embargo, y esta es la segunda parte de la polémica, los millones recaudados no han llegado al Ministerio de Justicia. De hecho, nadie sabe a dónde han ido a parar o no se ha informado de ello. Catalá reconoció ante los micrófonos de la cadena COPE el pasado 18 de febrero que ese dinero ha ido destinado “a la caja común como a sanidad, educación, servicios sociales, no se ha quedado en el Ministerio de Justicia”, y concretó que se recaudaron cerca de 300 millones anuales por este tributo.

De esos 300 millones anuales, unos 50 han sido aportados por los ciudadanos de a pie. Es decir, que Hacienda apenas notará una baja en la recaudación por este concepto.

El presidente de la Audiencia Provincial de la provincia tinerfeña, Joaquín Astor Landete, se mostró contrario a las tasas desde que se impusieron, y eso que no afectaron al ámbito penal, en el que es especialista. “Si lo que se pretendía era rebajar los altos índices de litigiosidad, creo que se podían haber aprobado otros medios más plausibles y no una medida que afecta a todos por igual, tengas más o tengas menos. Hay posibilidades de detectar un litigio de mala fe y en todo caso, se podría haber reformado la ley de costas (procesales) y cargar las costas judiciales en quien pretenda cometer una abuso de la administración de Justicia”, indicó a este periódico.

Asimismo, el magistrado hizo hincapié en que “se sigue cargando con el tributo a pequeños empresarios y autónomos, lo que es discutible”.

Otro magistrado, el juez-decano de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, Daniel Pedro Álamo González, va más allá y defiende que todo el que quiera demandar bien en la vía civil, bien en la contencioso-administrativa, lo haga en plena libertad.

“La ley de tasas de Gallardón ha supuesto una vulneración total de la tutela judicial y ha habido un bajón en los asuntos ingresados en los juzgados, eso lo hemos visto. Lo polémico ha sido que se pusiera un límite con el objetivo de rebajar los pleitos, porque a la justicia gratuita tienen derecho muy pocas personas, y quienes se han visto afectados a sido un gran número de ciudadanos sin acceso a esa gratuidad, pero con un poder económico insuficiente”, aseveró.

La defensa de los derechos de los consumidores, una de las más afectadas

“La vulneración de la tutela judicial se ha visto, por ejemplo, en materia de consumo. Muchos consumidores que tienen contratos con cláusulas abusivas, no sólo ya hipotecarios, han dejado de defender sus derechos porque aparte de pagar al abogado, tenía que pagar las tasas”, añadió.

Por ello, Álamo González considera que, en caso de que se mantengan las tasas judiciales, éstas deberían ser proporcionales al poder adquisitivo de cada cual, y no tener un precio fijo en función de cada jurisdicción en la que se litiga. “Muchos países de nuestro entorno tienen establecido el impuesto progresivo, que sería más justo que el sistema actual, aunque yo opino que un servicio público es público, sin coartadas, y que todo problema es un problema aunque sea pequeño. Y ya veremos los tribunales si ese problema es ajustado a derecho o no”.

El problema ahora lo tienen los pequeños y medianos empresarios. ¿Son constitucionales esas tasas si la misma Constitución no distingue en el artículo 24 entre personas físicas y jurídicas?

“Piense que, ahora mismo, doña Ana Botín no tendría que pagar tasa alguna si entabla una demanda en su nombre propio, pero el ferretero de la esquina, sí”, ejemplifica de manera muy gráfica el abogado Alfonso Delgado, que ha salvado a la ex gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, de una condena por el caso Mamotreto en la playa de Las Teresitas,

“La tasa no es inconstitucional si no impide que se entable el proceso judicial”, aclara Delgado. “Muchos juzgados lo que hacen es remitir a Hacienda el cobro de la tasa, pero admitiendo a trámite la demanda. En ese sentido, no hay quiebra de la tutela judicial efectiva. Otra asunto es que, como dice el cuerpo de la ley, sea necesario el cobro previo de la tasa para pleitear, pero en la práctica, muchos secretarios judiciales se han negado a ser recaudadores”.

El magistrado Daniel Pedro Álamo incide igualmente en el afán recaudatorio del peaje judicial. “Se dirá que hay otros servicios públicos por los que hay que pagar, pero no deja de prestarse el servicio aunque no se pague.”

En la misma dirección se expresa el magistrado especializado en Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José Ramón Chaves, cuyo blog contencioso.es (http://contencioso.es/) fue reconocido en 2010 como mejor blog jurídico.

“La ley que implantó de forma subrepticia tal tasa judicial vinculada a la iniciación del proceso (y decimos subrepticia por su camuflaje en una ley de acompañamiento) garantizó su cobro de forma expeditiva, al imponer el justificante del pago de la tasa con arreglo a un modelo oficial, debidamente validado, y que debe acompañar a todo escrito procesal, sin el cual, el secretario judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión sea subsanada en un plazo de diez días”, recuerda Chaves en su publicación.

Sin embargo, matiza el magistrado, “la praxis de los secretarios judiciales se divide. La inmensa mayoría no quieren convertirse en recaudadores forzosos de Hacienda y saben que su papel es colaborar en impulsar la tutela judicial efectiva, de manera que si no se paga la tasa tras el infructuoso requisito de subsanación, se limitan a dar cuenta a la Administración tributaria para su cobro ejecutivo, y a proseguir el trámite del recurso. Una minoría ha optado por aferrarse a la literalidad (y espíritu) de la ley que al señalar que si no se paga ”no se dará curso“, al procedimiento y se procede a su archivo”.

En cuanto a los jueces, José Ramón Chaves opina que “la inmensa mayoría optó por hacer una lectura del mandato legal (no se dará curso) ajustada a los parámetros constitucionales y no consideró la inadmisibilidad de recurso alguno por esa sola causa. De hecho, la Orden HAC/661/2004, de 24 de marzo, del Ministerio de Hacienda, contempla que si, tras el requerimiento formulado por el Secretario, no se acredita el pago de la tasa, tal circunstancia habrá de ser comunicada a la Administración Tributaria para que proceda a su liquidación de oficio. Aunque, claro está, se trata de una simple Orden que reinterpreta lo que la Ley dice”.

La abogada Ágora Rosales Merenciano, responsable de los servicios jurídicos de Legalaria, cree que en materia de consumo, la mayor quiebra de la tutela judicial efectiva se ha dado en las demandas por cláusulas suelo u otras cláusulas abusivas en todo tipo de contratos bancarios.

“Desgraciadamente he conocido muchos casos en los que el cliente ha desistido de la demanda por no poder pagar”, señala. “Para el ciudadano medio tener que pagar como mínimo 300 € al Estado por presentar una demanda, supone una gran esfuerzo. Se debe tener en cuenta que aquella persona que decide acudir a la vía judicial como demandante, es porque considera que ostenta un derecho o un interés legítimo. Por ello, si encima se le impone la barrera del pago de tasas, es evidente que se pensará dos veces acudir a los Tribunales”.

Según la letrada, “resulta paradójico, porque al final a quien ha beneficiado la Ley de Tasas es a los incumplidores de la buena fe en los contratos con sus clientes, como los bancos, y a otras grandes empresas, que se pueden permitir ”el lujo“ de pleitear en todas las instancias”.

Solo uno de cada cuatro ciudadanos gana un pleito a la Administración

Para José Ramón Chaves, la mayor indefensión de produce, sin embargo, en el ámbito contencioso-administrativo. “Solo se gana un pleito de cuatro a la Administración en el mejor de los casos. Y es que lo que dice la autoridad pública se presume que es cierto. Hay muchas prerrogativas en un pleito que están a favor de la administración. Pensar darle una vuelta al sistema y buscar un modelo más de transacción o de mediación, es complicado. Ya se ha hecho algún intento al respecto pero no acaban de salir bien los experimentos”, sostiene en su blog.

Pero es en ese ámbito en el que se litigan multas excesivas o no correctas, sanciones de Hacienda y otras administraciones públicas con las que no se está conforme, o cualquier otra disconformidad bien por actos de autoridad o por actos de gestión. Uno de esos ejemplos es el de José Manuel Cabrera, pensionista, 62 años, con una incapacidad reconocida del 81 por ciento, a quien una mala gestión del Instituto Municipal de Atención Social Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de Hacienda.

Recibía desde hacía diez años una ayuda a domicilio (hora y media de asistencia tres veces en semana para limpiar la casa y la ropa) por la que no pagaba un céntimo. El cierre de la cooperativa Mararía, que prestaba ese servicio, por impago de los gestores a la Seguridad Social se solucionó temporalmente con la contratación de empresas privadas. En el caso de José Manuel Cabrera ese coste se cifró en más de 3.000 euros, dinero que no ha recibido en mano pero que la Agencia Tributaria le reclama.

“He tenido que ir a la asistente social para que me diera un comprobante de que no había recibido ese dinero, que me lo quieren sumar a mis ingresos por pensión. Pero el documento que me entregó no valía. He ido al IMAS en dos ocasiones y me han dado un papelito parecido. Luego me pidieron un certificado del Gobierno de Canarias que demostrase mi situación de dependencia. Y ahora me veo en la obligación de demandar a Hacienda ante los tribunales. No sé si podré hacer frente al coste que supone, pero si hubiera tenido que pagar las tasas hubiera sido sin duda imposible, porque por mi pensión no tengo derecho a un abogado del turno de oficio”.

Los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas se mostraron peleones con la Ley de Tasas desde el primer día en que se promulgó, al igual que los demás colegios de abogados y procuradores de toda España, que salieron a las calles en señal de protesta, tanto por la quiebra de derechos de los ciudadanos como por el miedo a perder más clientes.

“En torno a un 30 por ciento menos de pleitos. Eso es lo que hemos visto en nuestros despachos muchos abogados, que hemos rebajado costes, hemos rebajado minutas, y nos hemos encontrado con clientes que han tenido que pedir un préstamo para pleitear por lo que consideraba justo, o para defenderse de una demanda. Pero no creo que hayan sido las tasas las únicas que han frenado el inicio de acciones procesales, sino que las tasas llegaron cuando la crisis económica ya se había cebado con millones de ciudadanos. Ese ha sido el problema. La Ley de Tasas, aparte de controvertida, ha sido inoportuna”, sostiene el abogado especialista en Derecho civil y administrativo Eduardo Molina, del despacho SilexAbogados.

Con su opinión coincide el presidente de la Audiencia Provincial Joaquín Astor Landete. “A estas alturas no tenemos claro si han sido las tasas las que han bajado la litigiosidad, no ya solo en Canarias, sino en toda España. Hay muchos factores que apuntan a que la crisis económica ha incidido mucho, ya que muy pocas personas reúnen los requisitos para que le asignen un abogado del turno de oficio”.

Así las cosas, la Ley de Tasas de Gallardón no sólo no ha sido esencial para rebajar los pelitos, aunque era uno de sus objetivos, ni ha mejorado la justicia gratuita, por mucho que se especificaba esa intención en su preámbulo.

“Sin duda tenía un fin recaudatorio”, afirma la letrada de Legalaria, Rosales Merenciano. Ese objetivo sí que se ha logrado, pero no hay que olvidar que la Ley de Tasas sigue vigente, que grava a las pequeñas empresas, que muchas de esas empresas, como es la venta de al lado de casa, el carrito de la prensa, el pequeño taller de reparación del calzado, y tantos otros, siguen obligados al pago de la tasa judicial si quieren defenderse de un posible abuso o solucionar cualquier problema que tengan. Y la tasa es la misma para ellos que para una gran empresa como pudieran ser unos grandes almacenes. Así que la vulneración de la tutela judicial efectiva se mantiene mientras el Tribunal Constitucional sigue pensándose si se pronuncia o no. Lamentable“.

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José Muelas es decano del Colegio de Abogados de Cartagena y uno de los más destacados promotores de la denominada “Brigada Tuitera” que ha emprendido una feroz batalla en las redes sociales contra las tasas judiciales impuestas por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El grupo está integrado por abogados, jueces, fiscales, procuradores y catedráticos - y ciudadanos que se han ido uniendo-  que iniciaron sus primeras cargas en la red en noviembre de 2013 con el hashtag #justiciasintasas. Ahora son ya más de 8.000 los activistas que exigen al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, que derogue las tasas judiciales. Como resultado de la presión, el ministro ha anunciado una reforma.

Para el que aún no lo sepa, ¿qué es la Brigada Tuitera?

Si nos ponemos técnicos, lo definiríamos como una acción micropolítica que se concentra en unos objetivos muy concretos: Justicia sin tasas, independiente del poder político, y Justicia con medios porque sin medios es imposible llevar adelante su labor.

¿Hay algún partido político detrás de ustedes?

No, en absoluto. En la Brigada Tuitera hay gente de todos los partidos políticos y gente que no pertenece a ninguno. Con defender estas tres cuestiones que acabo de citar cualquiera puede formar parte de la brigada y trabajar por estos objetivos con nosotros.

Su campo de acción principalmente es Twitter. ¿Consideran un éxito que el ministro Catalá se haya dado por aludido?

El ministro sabe que estamos ahí, en las redes sociales que son la plaza del pueblo, el ágora. Pero no solo ahí. El activismo de clic está bien pero esa coordinación en las redes sociales la llevamos también a otros ámbitos en acciones muy concretas.

¿En qué situación se encuentran las tasas?

Las tasas están recurridas ante el Tribunal Constitucional. Esperamos que antes o después el tribunal declare su inconstitucionalidad porque saben que tienen una ley inconstitucional. El problema es que el Constitucional tiene su propia agenda y uno nunca sabe cuándo puede resolver puesto que tiene pendientes asuntos desde 2004. ¡De hace más de diez años!

Ahora se aproximan las elecciones y nosotros le decimos al ministro que o deroga las tasas o nosotros con los votos  evitaremos que siga en el Gobierno. Y eso es lo que vamos a hacer.

El ministro ha anunciado que va a revisarlas.

Sí, eso ha dicho, pero no las reforma. Lleva cinco meses anunciando que las va a quitar para personas físicas en primera instancia. Y también en segunda instancia, que es brutal porque son 800 euros fijos por interponer un recurso de apelación. Ya veremos. Pero las pymes, que son el 99,8% de las empresas de España, se van a quedar con tasas y esto es terrible. A un aleman o a un ciudadano de otro país europeo le dices que tiene que pagar esa cantidad y se lleva las manos a la cabeza. El problema es que en España la distancia entre las palabras y los hechos ya se mide en mentiras.

También denuncian falta de independencia judicial vinculando esta carencia de alguna forma a la proliferación de casos de corrupción.

Sí, claro. El informe Greco dice que una de las causas por las que hay corrupción en España es por la falta de independencia entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Y lo que  recomienda el informe a España es que separe con mucha más claridad el poder judicial de las manipulaciones que puede hacer el resto de los poderes sobre él. El PP llevaba en su programa un aumento de la división de poderes. Aseguró que ocho de los jueces del CGPJ serían elegidos por los jueces de entre los propios jueces. Y la primera acción de Gallardón en relación con la ley orgánica de la ley del Poder Judicial fue hacer justamente todo lo contrario contraviniendo lo prometido por el PP.

¿Usted cree que con una Justicia más rápida y con mayores medios se evitarían muchos casos de corrupción política?

Creo que sí. Cualquier persona, sea o no un político, tiene derecho a que si es acusado injustamente de algo, su caso sea cerrado inmediatamente y no se acabe con su vida por un pleito que puede durar diez años. Y la ciudadanía tiene también derecho a que si un gobernante es acusado de un delito de corrupción y se comprueba que es verdad, que inmediatamente sea removido de su cargo. En los dos casos eso exige justicia rápida. Una justicia que no sea rápida solo sirve para instrumentalizarla y para que se vea esta especie de folletín bochornoso que estamos viendo ahora. Una justicia que sea capaz de dar solución en un plazo muy breve de tiempo eliminaría la corrupción en España. Pero para eso hacen falta medios.

Modernizar la Justicia es la gran asignatura pendiente de todos los Gobiernos, no es algo nuevo.

Sí, por supuesto. Sabemos que la Justicia en España ha sido el hermano pobre de todos los ministerios y no solo durante este último gobierno del PP. Los anteriores gobiernos han tenido en sus manos la inversión para resolver este problema pero no lo han hecho.

¿Han notado algún cambio de talante entre Gallardón y Catalá?

A Gallardón se le conocían malas palabras y malas acciones. Según dijo Andrés de la Oliva, ilustre procesalista de España, “a Catalá no se le conoce una mala palabra pero tampoco una buena acción”. Esta definición servía hasta que el nuevo ministro aprobó proyectos como la ley mordaza en equipo con el ministro de Interior. O el Código Penal con la cadena perpetúa incorporada en la ley de Enjuiciamiento Criminal en la que, además, se introdujo un sistema absolutamente inconstitucional de escuchas telefónicas. Ahora que lo han quitado, Catalá quiere vender como un éxito suyo un problema que él mismo creó. ¡Por Dios, pero si lo puso usted! Por eso digo que ahora no se le conoce una mala palabra pero sí le conocemos malas acciones.

Se han reunido ustedes con todos los grupos parlamentarios para ver el apoyo que tiene su exigencia de derogar las tasas. ¿También con el PP?

Hemos hablado con todos los grupos salvo con el PP porque el PP defiende las tasas. En los demás grupos no solo hay unanimidad absoluta en la necesidad de que se deroguen las tasas, es que además nos ayudan presentando iniciativas en el Parlamento. Incluso Podemos en Bruselas.

¿Y con Catalá no se han reunido para hablar de todo esto?

Con Catalá es que tenemos muy poquito que negociar. El ministro lo que tiene que hacer de una vez es derogar la ley de tasas. Lleva meses prometiendo y no dando, pero si cobrándolas.

Gallardón aseguró que el dinero de las tasas se destinaría a la justicia gratuita. Ustedes lo ponen en duda.

Es difícil poner un adjetivo para calificar eso. Todo el preámbulo de la ley de tasas se centra en afirmar que esto de las tasas va a servir para mejorar el sistema de justicia gratuita. Pero no es verdad. Era una excusa, una mentira, como se ha visto ahora. Porque en el artículo once de la ley de tasas utilizan la palabra “vincular” que no es lo mismo desde el punto de vista técnico que “afectar”, que significa destinar ese dinero a algo concreto. ¿Por qué emplean ese truco y esa mentira? Con la deliberada voluntad de engañar. Incumplir y vulnerar la ley de tasas debe tener algún tipo de castigo. En estos momentos hay un amplísimo número de abogados que están estudiando ver cómo se salta esa trampita de haber escrito la palabra “vincular” y no la de “afectar” y las consecuencias que pudiera tener todo esto.

¿Y qué le parece la respuesta que ha dado el ministro –o el Gobierno- al diputado de Compromís, Joan Baldoví, diciendo que no sabe dónde han ido a parar los más de 500 millones recaudados por las tasas?

Me parece una respuesta realmente torpe, es una barbaridad porque al menos tiene que saber que ese dinero está en la caja común. Lo que no puede decir es que se ha perdido. Al menos tendría que haber dicho que está en la caja común y que lo que no sabe es a qué se ha aplicado. Pero responder eso demuestra la bajísima calidad y el poco respeto que tienen hacia algunas cosas.

¿Qué pasos cree que va a dar el ministro con respecto a las tasas?

Mi impresión es que va a buscar un efecto electoral con una tramitación parlamentaria durante los siguientes meses mientras sigue cobrando las tasas judiciales. Y nosotros seguiremos utilizando todas las herramientas que tenemos para seguir denunciando ese uso político. El ministro solo puede elegir entre irse quitando él las tasas y tratando de recuperar algunos votos, o irse con la vergüenza de haber mantenido la ley y que las quiten otros.

¿A la Brigada Tuitera le espera entonces larga vida?

¡Sí! No vamos a licenciar a la tropa. Vamos a seguir movilizándonos. Porque son objetivos muy importantes los que nos hemos propuesto y hasta que no los logremos aquí nadie se licencia de la Brigada.

La sentencia que obliga a la Junta a readmitir a los 391 interinos que despidió hace más de dos años de manera ilegal, como ha sentenciado la justicia, deja un pago en costas extra a la Junta de Comunidades de otros 1.000 euros a cargar a las arcas públicas por un recurso presentado por el Gobierno de Cospedal unilateralmente.

Este pago se une a la sentencia en sí que dicta que antes del 16 de diciembre, los trabajadores deben haber vuelto a su puesto de trabajo, o la Junta se enfrentará a un delito de desobediencia a la justicia. El reestablecimiento de sus puestos de trabajo no quita que deban cobrar todo el tiempo que la Junta ha decidido eliminarles del organigrama público de manera ilegal, en total casi 30 mensualidades cada uno de los trabajadores, un gasto total de 30 millones de euros y diario de 36.000 euros.

No obstante la mesa sectorial con los sindicatos para valorar e implementar el plan para readmitir a estos trabajadores sigue sin convocarse, a pesar de que la Junta tiene menos de un mes para hacerlo. Los propios sindicatos han calificado toda la maniobra del Gobierno de Cospedal de “provocada con fines electoralistas” buscando dilatar en el tiempo todo el proceso lo máximo posible, llegando incluso a mentir en la retirada de un recurso que finalmente no ha sido así, sino que fue rechazado por la justicia.

Todos los organismos de trabajadores señalan como principales culpables de esta “pifia” al consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban, cuyas decisiones erróneas han costado solo este mes 57'7 millones de euros a la Junta, y al director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente.

El dinero que el Gobierno central recauda con las tasas judiciales (es decir, el hecho de tener que pasar por caja para acudir a los tribunales de Justicia) no está revertiendo en Andalucía. Ni en ninguna comunidad autónoma. Al menos, de momento. De los 316 millones ingresados en 2013 por el Gobierno central en toda España, Andalucía lamenta no haber visto “ni un euro” de los 33 millones recolectados en la comunidad autónoma por este nuevo tributo. La Junta reclama que el Estado destine esas cantidades a financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita.

Y el Gobierno andaluz no lo pide porque sí. Lo pide porque representantes del Ejecutivo central, incluido por supuesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han dicho en varias ocasiones que la recaudación obtenida por las tasas judiciales, aprobadas en noviembre de 2012 y con varios recursos pendientes en el Tribunal Constitucional, iba a reforzar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior, quiere que los 33 millones recaudados en Andalucía sufraguen la justicia gratuita, que soportan actualmente las comunidades autónomas en solitario. Como también denuncia que el Ministerio no haya respondido a la petición unánime de todas las regiones en ese sentido, tal y como se planteó en la última conferencia sectorial de Justicia. País Vasco también se ha levantado ya en contra de esa política ministerial, como lo ha hecho Madrid. Los abogados, por su parte, también están en pie de guerra contra las tasas.

El Gobierno central, que aprobaba el pasado febrero el proyecto de Ley de Justicia Gratuita con la ampliación de sus beneficiarios, se escuda en que con el dinero recaudado por tasas judiciales se cubrirá “los sobrecostes que tengan que asumir las comunidades por ofrecer este servicio”, indican fuentes del Ministerio, que añaden que “no existe la obligación presupuestaria de aplicar toda la recaudación por ese concepto a un gasto determinado, como la justicia gratuita, y sólo a este gasto, ya que no existe la afectación de ingresos para esta finalidad”.

Vinculación a medias

Explican desde el Ministerio que en la propia Ley de Tasas se habla de tasa judicial “vinculada” al sistema de justicia gratuita porque “lo que se pretendía en momentos de crisis de los servicios públicos era garantizar un servicio esencial, que no sufriera la dinámica o la presión de gasto que pudieran recibir las comunidades autónomas y el Estado”. De este modo, el objetivo era que “el incremento de gasto que causaran los cambios normativos y el coste efectivo real de la justicia gratuita en España estuvieran garantizados y cubiertos por la recaudación de las tasas judiciales”.

Así, el planteamiento del Ministerio de Justicia es el de asumir con cargo a los recursos generados por las tasas judiciales tan solo esos incrementos que pudieran ser imputables a la nueva regulación, derivados fundamentalmente de la elevación de umbrales y de la inclusión de las víctimas especialmente vulnerables entre los beneficiarios.

Pero el consejero de Justicia ha insistido recientemente en el Parlamento en que la ampliación de cobertura de la justicia gratuita a nuevos grupos supone “un aumento de los recursos financieros” para su atención que el Ministerio de Justicia “no está aportando”. De hecho, el Ministerio lo confirma ya que, según detallan, a lo largo de 2014 se analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013, y ya “en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 se recogerá los importes a abonar a cada una de ellas”.

De Llera advierte de la “asfixia económica” a la que la nueva ley va a someter a las autonomías y anuncia que desde Andalucía se seguirá luchando por garantizar el derecho de la ciudadanía a la justicia gratuita y trabajará por remover cualquier obstáculo de naturaleza económica que pudiera impedir el ejercicio de este derecho fundamental.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha hecho caja con las tasas judiciales en 2013: 316,5 millones de euros, el dinero recaudado tras la reforma que entró en vigor a finales de noviembre de 2012 y que grava a los ciudadanos que pretenden acceder a la justicia, pleitear y ejercer su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Pero esa inyección de dinero, que en principio iba a estar destinada a la justicia gratuita -el dinero público destinado a garantizar que las personas con menos recursos puedan ir también a los tribunales- no ha llegado a las comunidades autónomas con competencias en la materia.

Es el caso de Euskadi. “No hemos recibido ni un euro de ese dinero recaudado y tampoco nos ha llegado la propuesta a la que en su día se comprometió el ministro para la distribución de esos fondos en las autonomías con competencias”, confirman portavoces del Departamento de Justicia que dirige Josu Erkoreka.

En Euskadi, vía tasas judiciales se han recaudado 24,3 millones de euros brutos en 2013, frente a los 18,8 millones que se ingresaron el año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial suministrados por el Ministerio de Hacienda. En la reunión que mantuvieron Erkoreka y Gallardón hace justo ahora un año, el ministro de Justicia se comprometió primero a destinar a la justicia gratuita el excedente de recaudación de las tasas judiciales frente a años anteriores. Y también anunció que remitiría una propuesta de distribución de los fondos que resulten de esas tasas entre las comunidades con competencias en el ámbito de la justicia, como es el caso de Euskadi. “Nunca más se supo de esa propuesta y no hemos recibido ni un euro”, se apunta desde el Gobierno vasco.

Solo por presentar una demanda, cualquier ciudadano tiene que pagar una tasa mínima de entre 150 y 300 euros. Si además la pierde y plantea un recurso -según el tipo de procedimiento Civil, Contencioso o Social- tendrá que pagar otros 200, 350 u 800 euros (1.200 si se trata de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo). De estas tasas es de donde han salido los 316,5 millones que ha manejado exclusivamente el Ministerio de Justicia.

Hace pocas semanas, Gallardón aseguró en el pleno del Congreso, a preguntas del diputado peneuvista Emilio Olabarria, que “si no hubiésemos aprobado las tasas judiciales, nosotros no hubiésemos podido elevar los umbrales de renta. Nosotros hoy proporcionamos la justicia gratuita a un número muy importante de ciudadanos en España que antes no tenían”. Pero lo que no dijo es que las comunidades autónomas no se habían beneficiado de ese fondo. Olabarria acusó al ministro de no decir la “verdad” porque le recordó que las comunidades con competencias en Justicia no habían recibido “ni un euro” y le acusó de obviar los “requerimientos constitucionales cuando hablamos de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva o el derecho de los litigantes con menos recursos a litigar”.

Gallardón aseguró finalmente que cubrirá con cargo a las tasas los sobrecostes que tengan que asumir las comunidades autónomas por ofrecer este servicio, “hasta un límite de tres veces la desviación media del territorio Ministerio”. Pero no puso ningún horizonte temporal.

Contras las tasas

Los abogados, jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, así como los sindicatos, han denunciado durante el pasado año que el 'tasazo Gallardón' limitaba el acceso a la justicia de la ciudadanía, sobre todo de las personas con menos recursos“. De hecho, la tasa de litigiosidad -que mide los casos presentados por cada 1.000 habitantes- no ha dejado de caer desde la entrada en vigor de la ley, lo que ha sido interpretado como un ”efecto perverso de la ley“ en relacion al acceso a la justicia, sobre todo de las personas con menos recursos para pleitear.

En el primer trimestre de 2014, la estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que se mantiene la tendencia de menos ciudadanos accediendo a la justicia: se ha pasado de una tasa del 34,34 en 2012 a a los 33,83 en 2013, y a 33,74 en el primer trimestre de este año. Sin embargo, la novedad es que la caída de los pleitos se sustenta sobre la jurisdicción penal, la que no se ha visto afectada por las tasas judiciales. Mientras que en lo Contencioso-Administrativo y en la jurisdiccion Civil, vieron caer en el País Vasco los pleitos en picado -un -19,5% en lo Contencioso y un -4,2% en lo Civil entre 2012 y 2013-, ahora repuntan.

Los últimos datos del primer trimestre de este año apunta a una tasa de demandas del 8,09 en la jurisdicción vivil (frente al 7,39 de 2013) y un 0,93 en la vía Contencioso-Administrativo (frente al 0,65 de 2013). Los expertos, con todo, consideran que aun es pronto para hablar de cambio de tendencia y señalan que habrá que esperar a conocer la evolución en los próximos trimestres. La jurisdicción Penal, la única que no se ha visto afectada por el 'tasazo Gallardón', sigue con la tendencia negativa y se ha pasado de una tasa de 22,83 demandas por cada 1.000 habitantes a 21,63 en el País Vasco.

El ministro y el consejero vasco mantienen su primera reunión en Madrid.

Gallardón trasladará una propuesta a Euskadi de "distribución de los fondos que resulten de las tasas judiciales".

El consejero de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha mantenido esta tarde una reunión en Madrid con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la que han tratado, entre otros temas, la nueva ley de tasas judiciales y el destino que se va a dar a esos fondos. Al término del encuentro, Erkoreka ha revelado la intención del Ejecutivo central de destinar únicamente el excedente de lo recaudado por la nueva ley de Tasas judiciales para justicia gratuita.

En un ambiente “agradable y cordial”, Erkoreka trasladó a Gallardón su rechazo a la ley de Tasas, parte de las cuales estarían destinadas a sufragar la justicia gratuita para aquellas personas con pocos recursos económicos. “Hemos coincidido en algunos puntos y discrepado en otros” en relación con la política del Gobierno central a propósito de las tasas judiciales. Y ha explicado, además, que dado que Euskadi tiene transferidas las competencias en esta materia, el destino de esas tasas debería ser determinado “conjuntamente” entre el Departamento de Justicia y el propio Ministerio. Al término de la reunión, el consejero de Justicia explicó que el ministro Gallardón ya le ha comunicado que “solo el exceso de lo que ya se recauda por las tasas judiciales será destinado para justicia gratuita”.

Sobre cómo se va a repartir entre las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la recaudación de la nueva ley de Tasas, Erkoreka dijo que no estaba definido. “El sistema se va a configurar a lo largo de este ejercicio de manera que pueda entrar en vigor plenamente en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, a partir del 1 de enero del año que viene. Insisto, el sistema de reparto está todavía sin definir, entre otras cosas porque el Gobierno espera tomar la decisión cuando disponga de un margen temporal suficiente y un criterio suficientemente elaborado en relación con lo que da de sí la recaudación de las tasas judiciales”, ha argumentado.

Compromiso de información

Erkoreka ha explicado que Gallardón se ha comprometido ha mantenerle informado en torno a “la evolución que experimente la recaudación de las tasas judiciales”, así como a formular “una propuesta de distribución de los fondos que resulten de las tasas judiciales” entre las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.

En Justicia gratuita, solo en el segundo semestre de 2012 el Ejecutivo destinó un total de 4,7 millones de euros. 5.307 personas sin recursos se beneficiaron de esta partida, fundamentalmente expedientes tramitados en los juzgados de Primera Instancia de familia (1.955 casos) y los expedientes penales ordinarios (un total de 1.690). El Ejecutivo destinó el mes pasado una primera partida de 5,9 millones de euros para justicia gratuita.

Es el primer encuentro entre Alberto Ruiz Gallardón y Josu Erkoreka, desde que este último accediera a la cartera de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco en diciembre pasado. La reunión comenzó a las 13.00 horas en la sede del Ministerio de Justicia, y Erkoreka estuvo acompañado por la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y la directora del Gabinete, Tatiana González.

El anterior Ejecutivo mostró su rechazo a la Ley de Tasas de Gallardón. A finales de noviembre, el Gobierno socialista en funciones ya dio luz verde a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. El argumento básico, invocando alguna resolución del Tribunal Constitucional y la propia Constitución, era que el derecho a la tutela judicial efectiva podía verse conculcado si se imponían “requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción” o tales trabas eran “innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad”. Además, el Gobierno criticó entonces también que se había producido una “invasión competencial”, ya que parte de las tasas va destinada a la justicia gratuita, pero no se había escuchado a las comunidades autónomas con competencias en Justicia, como es el caso del País Vasco.

Las tasas judiciales y la transferencia de Prisiones son algunos de los temas que Euskadi quiere tratar en el encuentro.

Los sindicatos de la Administración de Justicia plantearán un nuevo calendario de movilizaciones.

5.307 personas sin recursos se beneficiaron de 4,7 millones destinados a justicia gratuita en el segundo semestre de 2012.

El consejero de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, mantendrá un encuentro este lunes en Madrid con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el que se tratarán, entre otros temas, las tasas judiciales y la transferencia pendiente de Prisiones. Paralelamente, el conflicto que se vive entre los trabajadores de la Administración de Justicia en el País Vasco -que el pasado jueves secundaron un paro de dos horas- cobrará un nuevo impulso con el calendario de nuevas movilizaciones que tienen previsto diseñar todos los sindicatos del sector.

Es el primer encuentro que se celebrará entre Gallardón y Josu Erkoreka, desde que este último accediera a la cartera de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco. La cita tendrá lugar a las 13.00 horas en la sede del Ministerio de Justicia, y a ella acudirán también la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y la directora del Gabinete, Tatiana González.

El Gobierno vasco mantiene el rechazo que el anterior Ejecutivo mostró a la Ley de Tasas de Gallardón. A finales de noviembre, el Gobierno socialista ya dio luz verde a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. El argumento básico, invocando alguna resolución del Tribunal Constitucional y la propia Constitución, era que el derecho a la tutela judicial efectiva podía verse conculcado si se imponían “requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción” o tales trabas eran “innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad”. Además, el Gobierno criticó entonces también que se había producido una “invasión competencial”, ya que parte de las tasas va destinada a la justicia gratuita, pero no se había escuchado a las comunidades autónomas con competencias en Justicia, como es el caso del País Vasco.

El nuevo Ejecutivo comparte su rechazo a la ley de Tasas y, además, cree también que en cualquier caso el destino de esas tasas para la Justicia gratuita, debería ser determinado “conjuntamente” entre el Departamento de Justicia y el propio Ministerio. Segun datos oficiales, el anterior Ejecutivo destinó 4,7 millones de euros durante el segundo semestre de 2012 un total de 4,7 millones de euros para financiar el acceso gratuito a la justicia de las personas sin recursos. Un total de 5.307 personas se han beneficiado de estos fondos. La mayor parte de los casos fueron para juzgados de primera instancia de familia (1.955), mientras que los casos penales fueron 1.690 expedientes. La jurisdicción civil se llevó 792 casos y los casos de extrajería un total de 225.

Los sindicatos exigen equiparación

Paralelamente a este encuentro, los sindicatos de la Administración de Justicia mantienen sus movilizaciones en favor de la equiparación con el resto de funcionarios de la Administración General y su rechazo a la nueva jornada laboral. El pasado jueves los trabajadores secundaron un paro de dos horas para exigir su equiparación con el resto de empleados de Lakua -pactada en 2010- y este lunes representantes de CC.OO., ELA, LAB, UGT y CGT se reunirán para decidir el nuevo calendario de movilizaciones.

Con estas protestas, pretenden expresar su rechazo a la intención del Gobierno vasco de aplicarles, de manera diferente, el decreto de ampliación de la jornada laboral recientemente aprobado y que ha generado malestar en todos los estamentos de la Función Pública. En concreto, para los trabajadores de la Administración de Justicia, la nueva normativa va a suponer una jornada superior a la del resto de trabajadores de la Administración General en Euskadi, según han denunciado las centrales.

“Han conseguido activar un conflicto colectivo en el ámbito de la justicia, que no tendría que estar ocurriendo, dado que, además del resto de recortes que se les han venido aplicando, a los de Justicia se les está castigando con una jornada superior a la del resto, lo que de hecho supone cargarse, a golpe de imposición, esa equiparación conseguida después de años de lucha”, ha apuntado a Europa Press el representante de ELA en el colectivo de trabajadores de Administración de Justicia, Jose Luis Fradejas.

Desde que las tasas judiciales entraron en vigor, recurrir un despido o reclamar salarios impagados costaba dinero. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ha acordado que los trabajadores, los funcionarios o personal estatutario, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos cuando representan los intereses de los trabajadores están exentos de pagar las tasas cuando interpongan recursos de suplicación o de casación en las jurisdicción social.

La Sala de los Social del Tribunal considera que estos colectivos deben ser beneficiarios de la justicia gratuita. “Las tasas suponían pagar, por ejemplo, por recurrir un despido, reclamar salarios pendientes, por reclamar indemnizaciones en caso de haber sufrido un accidente de trabajo, por recurrir un expediente de regulación de empleo o interponer una demanda de conflicto colectivo por incumplimiento de un convenio”, explican fuentes jurídicas, que asegura que la decisión del Supremo abre una vía crucial “para seguir luchando contra las tasas”.

La decisión se basa en el artículo 119 de la Constitución: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En su escrito, la Sala explica que ese derecho se articuló en una Ley de 1996 en la que se dice que entre los beneficiarios de justicia gratuita deberán estar -independientemente de sus recursos- los trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social cuando recurran a la jurisdicción social, “tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales”. También se les reconocía este derecho a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios ante el orden contencioso-administrativo.

El Supremo concluye, por tanto, que estos colectivos -trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social- “tienen el beneficio de justicia gratuita”. En cuanto a los funcionarios y el personal estatutario, la Sala de los Social hace extensiva sus reflexiones y estima que “tampoco ellos tendrá que abonar tasa alguna por interponer recursos de suplicación y casación”.

En cuanto a los sindicatos, considera que estos tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita porque actúan como representantes de sus afiliados pero también del interés colectivo de los trabajadores cuando se personan, por ejemplo, en conflictos individuales y colectivos o “interviniendo en otros procesos donde estén en juego intereses colectivos”.

La Sala subraya que las tasas no son exigibles ni siquiera en los recursos interpuestos con anterioridad, lo que abre la puerta a que los trabajadores o sindicatos que ya hayan tenido que pagarlas puedan exigir su devolución.

El presidente del TSJPV advierte de una "peor calidad" de la justicia en 2013.

"La tasas no están bien calibradas y habría que saber parar el mecanismo antes de que nos inunde a todos", dice Ibarra.

Los casos en la jurisdicción Social han subido un 20% en el primer trimestre y se va a tardar entre ocho y diez meses en dar respuesta a las demandas.

Euskadi pide 12 jueces más para hacer frente a unas situación calificada de "preocupante" por el TSJPV.

El panorama para la Justicia en Euskadi no es alentador. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha advertido de que la calidad de la justicia a lo largo de este año va a ser peor y, entre las causas de este cambio de ciclo, situó a la ley de Tasas aprobada por el Gobierno central. Ibarra considera que el modelo no puede ser “frenar el acceso” a la justicia a través de disuadir a los ciudadanos a golpe de tasas. “Las tasas no están bien calibradas. Habrá que saber parar este mecanismo ante de que nos inunde a todos”, ha señalado Ibarra durante la presentación hoy de la memoria del alto tribunal vasco de 2012.

Los juzgados vascos ya están constatando las consecuencias de la nueva legislación, tanto en materia laboral, como en la jurisdicción Contencioso Administrativa. La reforma laboral de 2012 y la reforma procesa del año anterior han terminado por situar a los jueces en la última esperanza en la resolución de los conflicto laborales. Y la consecuencia inmediata de todo esto es que los juzgados de lo Social han visto doblado su trabajo. Solo en el primer trimestre, se han incrementado los casos en un 20%. Y a los jueces se les acumula el trabajo. La crisis, los despidos, la multiplicación de los EREs y, en definitiva, las consecuencias de la reforma laboral del gobierno español han provocado que si antes se daba respuesta en primera instancia “en menos de tres meses y si eran casos de despido, menos”, ahora los tiempos han “subido a ocho y diez meses”, explicó la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun.

“Hechiceros”

Analizados los tres juzgados de lo social, a fecha 30 de abril de este año, cada juzgado lleva 1.400 casos, casi el doble del estándar propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (que marca entre 680 y 800 casos por juzgado). “Y este grifo no lo cierran las tasas”, ha subrayado Garbiñe Biurrun, que ha calificado el problema de “dramático”. “La jurisdicción Social somos los paganos de la crisis”, censuró Biurrun.

En la jurisdicción Contencioso Administrativa, las consecuencias son diferentes. Las nuevas tasas están retrayendo a los ciudadanos a ejercer el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Y al disminuir los recursos de apelación y de casación, “el número de administraciones controladas por la Justicia bajarán muy sensiblemente”, ha augurado Juan Luis Ibarra. El presidente del alto tribunal ha calificado de “hechiceros” a los que han diseñado una ley de tasas que ya refleja sus “efectos perniciosos” y ha pedido al poder político -sin nombrarlo- que “no empiece lo que no puede acabar bien”. “En la Administración de Justicia no hay milagros, ni baritas mágicas, ni hechizos”, ha comentado en clara alusión a la reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que no ha nombrado en ningún momento.

Para hacer frente a esta situación, la sala de Gobierno del TSJPV incluye en su memoria las necesidades de la planta judicial en Euskadi. Y ha cifrado en 12 las nuevas unidades judiciales o jueces. En el caso de la jurisdicció de lo Social se solicitan tres nuevos jueces en Bilbao y se considera “urgente” que el juzgado de lo Social desplazado a Eibar vuelva a San Sebastián.

Justo un mes ha tardado en hacer efectivo la Junta de Andalucía su segundo recurso de inconstitucionalidad contra las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. En este caso, en concreto, contra el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modificaba el régimen de las tasas judiciales contenido en la Ley, también recurrida por la Junta y que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha admitido a trámite.

El pasado 23 de abril, el Consejo de Gobierno autorizaba la interposición de este nuevo recurso contra las tasas impulsadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Se trata del vigésimo recurso que, actualmente, Junta y Gobierno central tienen interpuestos mutuamente ante el TC, aún pendientes de resolver; y el octavo del gobierno autonómico frente a Madrid.

La Junta sostiene que la reforma de las tasas ejecutada por el Estado mantiene los mismos motivos de inconstitucionalidad que en su día llevaron a recurrir la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, ya que las modificaciones realizadas “son insuficientes y siguen limitando el acceso al servicio de Justicia por cuestiones económicas”, apuntaron fuentes de la Administración andaluza. Un funcionario de la Administración de la Junta en Madrid ha sido el encargado de interponer este miércoles el recurso ante la alta instancia judicial.

La modificación de las tasas fue convalidada por el Congreso de los Diputados el 14 de marzo. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, ya había advertido de que, además del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley, no descartaba recurrir también su modificación, supuestamente “a la baja” para determinadas tasas. El Tribunal Constitucional tiene admitido a trámite el primer recurso, pero la Junta sigue pensando que los cambios introducidos a la Ley no varían la “desproporcionalidad” de determinadas tasas y vulneran el principio de igualdad y la tutela judicial efectiva, ya que son desproporcionadas y discriminatorias y afectan a las clases medias, trabajadores y pymes, argumentan.

El nuevo recurso contra las tasas, respaldado mayoritariamente por el Consejo Consultivo de Andalucía, se centra en siete apartados del artículo 1 del Real Decreto, por vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Carta Magna española, en la que se recogen estos principios.

Según la Administración andaluza, la ampliación de supuestos de exenciones de pago (las personas que no pagarán las tasas) que incluye la modificación normativa es claramente insuficiente. Por un lado, no suprime tasas en el orden social que pueden afectar a personas y colectivos muy vulnerables, especialmente en el contexto de la crisis económica.

Estas tasas, aunque limitadas a los recursos de suplicación y casación, son también especialmente atentatorias contra los principios constitucionales, ya que aumentan la desigualdad entre las partes, discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos y elimina el ordenamiento compensador de la superioridad del empresario en estos litigios.

Por otra parte, la modificación normativa no reduce la cantidad fija que se establece para cada clase de proceso, salvo en el recurso contencioso-administrativo contra la resoluciones sancionadoras económicas, en las que se establece el pago de hasta un 50% del importe impuesto y se mantienen, por tanto, los efectos gravosos para las personas recurrentes.

En la parte variable de la tasa, la reforma tampoco tiene en cuenta la distinta capacidad económica de las personas jurídicas y físicas. Para las primeras siguen valiendo la escala y tipos que antes se aplicaban sin distinción a ambas, mientras que el caso de las personas físicas se establece la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10%, con el límite de 2.000 euros.

Fuentes de la Administración ya indicaban que, a pesar de la modificación, la aplicación de las tasas sigue ejerciendo un “efecto disuasorio” entre las personas que quieren acceder a la Administración de Justicia, principalmente a las clases medias, que no se pueden beneficiar de la llamada “Justicia Gratuita” si sus ingresos superan cierta cantidad pero que tampoco dispondrían de los recursos económicos suficientes para afrontar los gastos que se desprenden de las tasas judiciales.

El presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa, Lutz Simon, ha enviado una carta al rey y a Mariano Rajoy para mostrar su “grave preocupación” ante las reformas que el Gobierno está impulsando en materia de Justicia. En la misiva, remitida también a Alberto Ruiz Gallardón y al presidente del Tribunal Constitucional, asegura que la ley de tasas socava “elementos fundamentales del Estado de derecho, particularmente el derecho de acceso a la Justicia”.

Simon tacha de “injusticia flagrante” las tasas de Gallardón que, a su juicio, vulneran la Constitución al impedir el acceso a la tutela judicial efectiva. También considera que la tasa de 200 euros para los recursos de multas supone una “total impunidad del funcionario que pone la multa, ante cuyo eventual abuso de poder el ciudadano queda en la indefensión absoluta”. El representante de los abogados europeos asegura que las tasas suponen una vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Además, recrimina la actitud del ministro porque “no se ha seguido ningún proceso negociador” y describe como “inconsistentes” los argumentos de Gallardón, que ha defendido siempre su medida como la única manera para salvar la justicia gratuita. Frente a las “tasas desorbitadas” que constituyen un “obstáculo insalvable al acceso a la justicia”, la abogacía europea solicita la derogación de la ley o la reducción de las tasas hasta “límites razonables”.

El rechazo de esta federación, que representa a 800.000 abogados en Europa, no es el único procedente del sector jurídico que han recibido las nuevas tasas judiciales. En España, partidos, asociaciones y sindicatos mostraron su oposición a la reforma y se han presentado 170.000 firmas en el Ministerio de Justicia contra la medida. Incluso el fiscal general del Estado, elegido por el Gobierno, también consideró “excesivas” las tasas y echó en cara a Gallardón que no contara con la opinión de la Fiscalía.

La normativa, que entró en vigor en diciembre, contempla las tasas para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencioso-administrativo que alcanzan hasta 1.200 euros en el caso de casación ante el Supremo. También se aplican en los juzgados de lo social, aunque sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, mientras que queda excluido el orden penal. La regulación recoge los supuestos de bonificaciones de un 60% de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; de un 20% cuando se acumulen procedimientos; y un 10% para incentivar la utilización de medios telemáticos.

Carta de la Abogacía Europea enviada al rey:

“Igual tenemos que recurrir también la modificación”, auguraba hace un par de meses De Llera. Dicho y hecho. El Gobierno andaluz cumple su advertencia y golpea dos veces. El Tribunal Constitucional tiene admitido a trámite el primer recurso, pero la Junta sigue pensando que los cambios introducidos a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no varía la “desproporcionalidad” de determinadas tasas y sigue “vulnerando el principio de igualdad” de acceso a la Justicia (lo que han venido a denominar la 'tutela judicial en efectivo').

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha informado de que la modificación de la ley “mantiene los motivos de inconstitucionalidad al seguir generalizando el pago por el acceso a la administración de Justicia”. Emilio de Llera ha dicho que la reforma resulta “claramente insuficiente” y mantiene el “espíritu discriminatorio”, por ejemplo de los trabajadores frente a los empresarios, de forma que la tasa, aunque se haya rebajado en algunos casos, sigue siendo “disuasoria”.

Fuentes de la Administración ya indicaban que, a pesar de la modificación, la aplicación de las tasas sigue ejerciendo un “efecto disuasorio” entre las personas que quieren acceder a la Administración de Justicia, principalmente a las clases medias, que no se pueden beneficiar de la llamada Justicia Gratuita si sus ingresos superan cierta cantidad pero que tampoco dispondrían de los recursos económicos suficientes para afrontar los gastos que se desprenden de las tasas judiciales.

Según la Junta de Andalucía, la reforma que ahora también recurre apenas introduce cambios en cuanto a la parte fija de la tasa. Si bien admiten una bajada en la cantidad variable, el hecho de que la cantidad fija de la tasa judicial no varíe en exceso el dinero total que afrontaría la persona que presente determinados recursos judiciales.

Por tanto, el hilo argumental se mantiene. El mismo que tiene el PSOE a nivel nacional. Hace unos días, el vicepresidente de la Comisión de Justicia, el exministro del Interior Antonio Camacho, señalaba que su partido será “combativo” contra la ley de tasas porque “rebaja la calidad democrática del país”. No son los únicos. La Audiencia Nacional ha tramitado ya un nuevo recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación de gestión de multas DVuelta a los cambios a ley de tasas. Un abogado laboralista vigués, Fabián Valero, ha ido más allá y ha entregado en el Registro Central del Ministerio de Justicia más de 171.000 firmas recogidas por Internet para pedirle a Ruiz-Gallardón que derogue directamente la ley de tasas judiciales.

M. Comas d'Argemir: "La administración de justicia es el servicio público que menos atención ha obtenido de los distintos gobiernos y partidos políticos en los últimos 35 años

"La reforma de Gallardón abre la puerta a una injerencia del poder ejecutivo en cuestiones que hasta ahora eran del poder judicial"

Olga Tubau: "Es en los grandes procedimientos, cuando aparece el banquero o el político de turno, dónde se distorsiona todo"

"La reforma del sistema judicial no da votos como sí lo hace la mejora de la sanidad o la educación"

¿Cómo están afectando los recortes al sistema judicial? ¿Qué papel debe tener la administración de justicia en la crisis política que atraviesa el país? ¿Hasta qué punto la politización de la justicia afecta su funcionamiento y eficacia?

Dos profesionales con una trayectoria contrastada en el mundo del derecho como Montserrat Comas d'Argemir, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y exvocal del CGPJ, y Olga Tubau, abogada penalista, contestaron estas y otras preguntas que planteó nuestro editor, Juan Rodríguez, en esta conversación para Agenda Pública.

Juan Rodríguez (JR): La idea es que aprovechando que tenemos dos profesionales con una larga trayectoria en el mundo del derecho, y que tienen una idea del ámbito jurídico como un servicio público y no sólo como un poder político, podríamos hacer un análisis de la justicia y de las posibles vías de reforma. Todo ello en el marco de la crisis política en la que estamos, que ya ha entrado en la agenda pública, dónde parece que las instituciones políticas relevantes pierden legitimidad. En este sentido, creo que la pregunta es muy clara, ¿se verá afectada la justicia por toda esta ola de reformas que se anuncia? ¿O es más bien un instrumento que ayude a impulsar estas reformas?

Montserrat Comas d’Argemir (MC): La justicia no está exenta del espacio económico de crisis que afecta a todos los sectores públicos, esto es evidente. Por otro lado, es cierto que la administración de justicia es el servicio público que menos atención ha obtenido de los distintos gobiernos y partidos políticos en los últimos 35 años. Eso significa menos oportunidades para modernizarse y para tener todos los medios precisos para mejorar la efectividad de la justicia ante los ciudadanos. Ahora con la crisis se le añade el problema de que estamos sufriendo los mismos recortes que las demás administraciones públicas.

Esto se suma a las propuestas que ha hecho el gobierno del PP para reformar la justicia y que van a suponer un retroceso muy claro en los derechos de los ciudadanos. Lo resumiría en tres puntos. Primero, la supresión de 1.300 jueces y magistrados suplentes que venían ejerciendo su labor jurisdiccional. El 15 de marzo se va a hacer un ERE de la justicia interina que hoy por hoy cubre el 30% del trabajo jurisdiccional en España. Esto significa que se van a suspender juicios, se ralentizará más la labor que hacemos, etc. Segundo, el tema de las tasas judiciales. Afectan directamente a las clases más necesitadas de la población, que pueden tener dificultades de acceso a la justicia. Son tasas disuasorias. Tercero, la modificación del CGPJ que nosotros, jueces y magistrados, creemos que puede afectar seriamente a la independencia de los jueces. Más adelante lo hablamos.

Olga Tubau (OT): Coincido bastante con Montserrat. En cuánto a la administración de justicia, en esta situación de crisis económica e institucional, dónde parece que nos lo estamos replanteando todo, creo que el ámbito jurídico se encuentra en una doble situación. En cuánto al ciudadano de a pie, todas las medidas del ministro de justicia desde luego van a ir en detrimento de que el derecho a la tutela judicial efectiva se cumpla. Vamos a peor. Al ciudadano le va a costar más y además tardará mucho más en obtener una respuesta judicial a su problema.

En cuánto al papel de la administración en la crisis institucional que vivimos, creo que puede tener un rol importante en los procedimientos penales dónde se investigue casos de corrupción de funcionarios públicos, responsables políticos, etc. Aquí podría pasar que la ciudadanía de alguna manera se pueda reconciliar con la justicia. Aunque sea desesperante ver la cantidad de casos de este tipo que no paran de aparecer, creo que los ciudadanos en parte también están pensado que “por fin alguien está haciendo algo”. Y ése alguien es la administración de justicia.

Por otro lado, cuando Montserrat dice que la justicia ha sido la gran olvidada de la Transición y de los 35 años de democracia pues tiene razón. Entender esto es muy sencillo. La justicia es un contrapoder del ejecutivo y el legislativo, y por tanto ningún poder ejecutivo tiene interés en que éste funcione bien.

MC: Lo que está claro es que no se ha puesto el mismo interés en que este servicio público funcione igual de bien que otros, como por ejemplo el de la hacienda pública. Está muy bien que la eficacia a la hora de recaudar impuestos sea cada vez mejor. Eso ha sido gracias a una administración que se modernizó y ahora es puntera. La pregunta es porqué nosotros tenemos que ser la hermana pobre de las administraciones. El expediente judicial digital, la modernización de la oficina judicial, la coordinación informática de los Tribunales, por ejemplo, están previstos en la ley pero es papel mojado.

JR: Para cerrar el tema de las reformas de Gallardón. ¿Hay que entender la reforma en términos económicos y de eficiencia? ¿O hay algo ideológico?

MC: Es economicista. No substitución de bajas, tasas, ERE con los jueces y magistrados suplentes -que por cierto el gobierno vende como la profesionalización de la justicia-, etc. Todo esto nos hace ir a peor. Pensad que estamos 10 puntos por debajo de la media europea en la ratio entre número de jueces y número de casos que van entrando. Pero tambien es ideológica. Lo veremos cuando hablemos de la reforma del Consejo.

OT: Por supuesto que faltan jueces, en esto estamos de acuerdo. Pero creo que hay que entender que hay jueces que funcionan mejor y otros que funcionan peor. Esto es muy importante. ¿Es razonable que para dictar una sentencia en un juicio de faltas se tarde 6 meses? No lo es. El CGPJ no hace bien su labor de control sobre la eficiencia de los juzgados.

JR: ¿Esto quiere decir que no hay procesos de evaluación del trabajo de los jueces?

MC: Es cierto que debemos ser autocríticos y ver en qué cosas podemos mejorar el funcionamiento de la justicia con los recursos que tenemos. La asociación “Jueces por la democracia” fue la primera en defender que los jueces deberíamos tener una medición de la carga de trabajo y que esto debería hacerlo el CGPJ. De hecho, cuando yo formaba parte del Consejo dijimos que había que medirlo porque era la única manera de calcular la planta judicial de forma razonable y porque es una garantía para el propio ciudadano. Esto en contra de las demás asociaciones y de la opinión mayoritaria de los jueces en aquel momento, que creían que no se podía medir. Finalmente el Consejo hizo la medición, aún con muchas presiones en contra, que se tradujo en los módulos de trabajo. Lo que pasó es que estos fueron recurridos por una asociación judicial y el TS les dio la razón, de forma que se anularon. Es un tema que está pendiente en efecto.

JR: Pienso que a parte que hayan fallado los métodos internos de evaluación, quizás lo que dificulta la reforma de la administración de justicia es que el ciudadano percibe que tiene poco conocimiento de su funcionamiento y que no puede incidir en él. No hay una presión de la ciudadanía para reformar este ámbito, igual esto también explica la falta de reformas.

OT: Esto es así. Al final la idea del ciudadano es que los que mandan intentan tener a gente de su cuerda en los órganos de control del poder judicial. Los Magistrados del Tribunal Supremo los designa el CGPJ, que al final es una representación de la realidad parlamentaria, lo que conlleva que los aforados se puedan segurar que los juzgara un juez de su tendencia e ideología. Esto es lo que percibe el ciudadano. Es en los grandes procedimientos, cuando aparece el banquero o el político de turno, dónde se distorsiona todo.

A parte, es evidente que la reforma del sistema judicial no da votos como si lo hace la mejora de la Sanidad o la Educación. Por lo tanto el político piensa que, mientras tenga asegurado que el que lo vaya a juzgar el día de mañana sea de los suyos, ya es suficiente. Es muy lamentable pero al final de estos 35 años de recorrido, mi opinión es esta. Yo voy más tranquila a un procedimiento con un señor X, que si algún día he tenido un tema de alguien relevante en contra, delante o al lado, porque piensas “qué pasará”.

MC: Si repasamos la historia de las últimas elecciones generales, autonómicas, etc., decidme en qué programa de debate televisivo ha habido una reflexión sobre la justicia en España. No la encontraremos. No es una preocupación de los partidos políticos. De justicia sólo se habla cuando alguien sale en campaña a decir que van a endurecer las penas.

JC: ¿Cómo lo podríamos hacer para que la ciudadanía le diera más importancia al ámbito jurídico?

MC: Lo primero sería que estos partidos asumieran que la justicia es un servicio público, y que por tanto le dieran la importancia que merece.

OT: Yo lo incluiría en el plan de estudios. El Colegio de abogados hace jornadas de puertas abiertas con los institutos. Les explican qué consiste ser abogado y hablan del funcionamiento de la justicia. Porque además es que se trata de un tema muy atractivo y en este país se tiene una idea muy distorsionada de lo que es la justicia. Hay que explicar mejor su funcionamiento, los principios y fundamentos de la Justicia, es una labor que hay que hacer. Si tuviéramos más educación sobre la justicia el ministro de turno no se atrevería sistemáticamente con introducior el endurecimiento de penas.

MC: Efectivamente, lo primero que hacen los ministros es la reforma del código penal. Siempre se van a la vía más populista porque es por dónde se pueden ganar votos. Pensar que cuantas más personas vayan a la cárcel más resolveremos determinados problemas de la sociedad, es profundamente equivocado.

Aún así, la peor reforma es la que se avecina. Lo de la prisión permanente revisable es absolutamente innecesario y no tiene justificación. Ningún Ministro anterior se atrevió a plantearlo ni siquiera cuando el terrorismo etarra mataba en España. El concepto de “peligrosidad criminal” para introducir la figura de la custodia de seguridad a los que salen de prisión después de cumplir la pena es muy preocupante. La reforma penal que se pretende no se ha consensuado con ningún grupo parlamentario, pero tienen mayoría absoluta para imponerla.

JR: Antes decíais que un poco de politización sí que sería deseable, en el sentido de entrar en el debate público. Aunque eso podría significar una pérdida de independencia.

MC: A ver, no todo es negativo en la administración de la justicia en este país. La independencia de los jueces a la hora de juzgar y resolver un caso concreto es evidente. Hay todos los mecanismos previstos legalmente para que el juez pueda decidir sin injerencias del resto de poderes públicos, ni de las presiones sociales. Este es un valor a destacar. Los jueces somos independientes y lo estamos demostrando. De no ser así, sería imposible que en España se hubieran juzgado y condenado casos de personas de relieve en el ámbito económico como Mario Conde o De la Rosa en Cataluña, o del ámbito político como el caso Roldán o el caso GAL. No todos los países pueden demostrar esto objetivamente.

Seguramente de forma tardía pero la justicia acaba llegando. Y esto ha creado la convicción en la ciudadanía de que no todo es posible. Ni siquiera para los círculos cercanos al poder. Espero que esto se pueda demostrar con los casos que ahora vamos conociendo, que afectan a políticos y personas relevantes.

OT: Añadiría que en la administración de justicia no hay corrupción. Ni grande, ni pequeña. Esto no existe en España y es un valor extraordinario. Pensad que estamos hablando de un material muy sensible y que los jueces no es que estén excesivamente bien pagados, con lo cuál podrían existir tentaciones y no las hay.

Luego el tema de la politización. El Tribunal Constitucional, yo comprendo que pueda estar politizado, es normal que en determinados órganos los políticos quieran que haya gente que comparta tus principios. Pero si esto va unido a que la persona tenga una indiscutible cualidad jurídica, lo de la ideología va a quedar de lado. El problema es que las personas que ahora forman este tribunal no tienen esa cualidad. Ése es el problema.

JR: ¿Qué explicación le das a esto?

OT: El nivel de los políticos tampoco es el mismo que hace 35 años. La idea de función pública ya no es la misma. Es una especie de mediocridad ambiental generalizada.

MC: Hablando de la politización de la justicia no comparto este diagnóstico. Una cosa es hablar de la politización del órgano de gobierno de los jueces, que es el CGPJ, esto sí que es objetivable y puede tener remedio, y otra la función jurisdiccional que hacemos jueces y magistrados en el día a día. Lo digo porque esta función la realizamos con independencia, y, tal y como he dicho antes, es un valor a preservar.

Sí que es cierto que en el órgano de gobierno de los jueces hay una parte que es imposible de sustraer a la politización. Es un órgano que hace política judicial, tiene que decidir. Esto no es negativo, lo que sí lo es, es la politización partidista de este órgano, es decir el hecho de pensar que cómo te han votado en el Parlamento tienes que obedecer a determinadas consignas o decisiones que se adoptan en un ámbito distinto al del propio Consejo.

Aquí yo asumo mi pecado, porque yo también he formado parte del anterior Consejo a éste y puedo hablar de ejemplos reales. El primer día que nos reunimos, la primera decisión a la que nos enfrentamos fue la de escoger el presidente del CGPJ, decisión que nos vino dada desde fuera. No es que lo hubieran pactado los dos grandes partidos, ni siquiera sus cúpulas. El pacto de que fuera Francisco Hernando lo hizo el jefe del ejecutivo y el de la oposición, y las pocas personas que los asesoran en este tema. Así de simple. En el actual Consejo pasó lo mismo con Carlos Divar, que por cierto resultó funesto. Es un caso de corrupción que depuró el propio sistema obligándolo a dimitir.

El pecado original de los vocales es aceptar que esta decisión venga de fuera. No nos planteamos hacer un debate libre sobre cuál es el mejor jurista para gobernar este órgano. Esto debe cambiar. No es admisible.

JR: Decíamos que el poder judicial se ha vuelto más eficaz que otros poderes a la hora de solucionar sus propios casos de corrupción. ¿Esto no podría alimentar el fenómeno contrario, es decir, la judilización de la política? Pensar que los problemas políticos que tenemos se pueden solucionar en el ámbito judicial. O incluso podemos ir más allá y pensar en la posibilidad de que un miembro del sistema judicial entre en política avalado por la ejemplaridad de la toga, como por ejemplo sucedió en Italia.

OT: Creo que la situación es un poco diferente al caso italiano que se dió con la irrupción en la arena política del fiscal Di Pietro. A parte de los casos de corrupción y las conexiones con la mafia, el gobierno italiano echó un pulso a la judicatura y se abrió una batalla entre legislativo, ejecutivo y judicial. De momento aquí no estamos en esta situación. Otra cosa es que a determinados políticos no les guste lo que está pasando.

MC: Estoy de acuerdo que no podemos hacer paralelismos con el proceso de manos limpias. Hay que pensar que los casos de corrupción afectaron a miles de personas y a docenas de parlamentarios en centenares de procesos distintos. Aquello provocó el hundimiento de los partidos tradicionales italianos y ayudó al surgimiento y victoria del partido de Berlusconi. Luego es verdad que en el pulso entre Berlusconi y Di Pietro, este último decide dejar la fiscalía y asumir su vida política desde un partido nuevo. Sí que es verdad que en aquel momento en Italia se entendió que la política se podía regenerar si jueces y fiscales entraban en ella.

No veo eso en España, la verdad. Es cierto que hay varios casos de corrupción, algunos de ellos muy relevantes, pero no podemos hablar de un sistema corrupto en su conjunto. Además, los casos de un juez metido en política han salido mal. El juez Garzón fue el gran fichaje de Felipe González en el peor momento del PSOE, cuando el caso GAL, y fue una experiencia política que salió fatal porque finalmente no lo nombraron ministro, sino que salió Belloch, el cuál a su vez no contó con Garzón. Esto le sentó tan mal que volvió a la judicatura. Tampoco veo movimientos en el mundo judicial en ése sentido. Nadie se ve, por suerte, como salvador de la patria.

Lo que sí hay dentro de la judicatura es una preocupación que ha llevado a la realización de una huelga. El ministro hace el discurso público para desprestigiarnos de que reivindicamos mejoras económicas, pero lo que nos preocupa es la situación de crisis en la que está la justicia y la reforma actual que aún la degradará más. A parte de la reforma del CGPJ, dónde Gallardón propone reducir el trabajo de los 20 vocales –número que no puede reducir porque está en la Constitución- y que únicamente los 5 que pertenecen a la comisión permanente tengan dedicación exclusiva, a parte de vaciarlo de competencias que pasarían a ser del ejecutivo. Con esto también estamos preocupados, porque puede haber una injerencia del poder ejecutivo en cuestiones que hasta ahora eran del poder judicial.

JR: ¿Como por ejemplo?

MC: Por ejemplo, la carga de trabajo que puede soportar un juez en España, así como la potestad reglamentaria de aspectos del Estatuto de los Jueces, que pasan a ser competencia del Ministerio en detrimento del CGPJ, que es el único órgano que puede garantizar la independencia judicial, que es al final para lo que se creó. Además en la reforma no se guarda proporcionalidad con la Judicatura. El peso de los Magistrados del Tribunal Supremo –3 de los 12 Jueces- no se justifica. Tampoco el porque otros 3 de los 12, han de ser Magistrados de más de 25 años de antigüedad. Las dos medidas, además de aumentar el peso conservador de este órgano, mermará la presencia de mujeres, porque solo un 12% de mujeres forman parte del TS –actualmente hay 10 de 81 miembros- y solo un 25% tienen la antigüedad referida.

JR: La justificación de esta reforma es reducir la politización partidista del CGPJ.

MC: Esto sería la excusa. Nuestra preocupación es que esto pueda mermar la independencia de los jueces en España, por la ingerencia del Poder Ejecutivo en temas que afectan al estatuto de los jueces.

JR: ¿Esto tiene que ver con otras propuestas como por ejemplo la reducción de parlamentarios, concejales, etc.? También con el razonamiento de reducir costes.

MC: Sí. Hasta ahora el Consejo tenia independencia para aprobar su presupuesto. Esto también se modifica reduciendo su competencia a una mera propuesta, y además sin intervención ninguna en la confección del presupuesto que afecta a la Administración de Justicia.

JR: Entonces, ¿están pasando medidas economicistas por medidas de contrapoder, no?

OT: Está claro que 20 consejeros para gobernar todo el poder judicial es un número más que razonable. Aún son pocos. Es evidente que el problema económico no está aquí. Otra cosa es que, por ejemplo, bajen el presupuesto en un 20%. Esto es aceptable. Pero los 20 miembros deben estar.

JR: Pero hablando ahora en el conjunto de la justicia, ¿tener más dinero mejoraría su funcionamiento?

MC: Sí, porque necesitamos inversiones para modernizar la justicia y para incrementar la planta judicial y adecuarla a nuestra actividad. Aún así, aunque sería condición necesaria, no es suficiente para llegar a dónde queremos. Se precisa una reforma integral, y a parte hay que hacer autocrítica.

La Administración regional considera que la norma no comparte un concepto de justicia como servicio público que, como tal, debe garantizar la igualdad de oportunidades.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha avalado este mediodía la decisión de la Junta de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, del 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según ha podido saber el eldiario.es. El dictamen de la comisión permanente del Consultivo ha sido aprobado por mayoría pero con dos votos particulares en contra, los emitidos por los miembros del Partido Popular.

Dicho dictamen se está reformulando aún por parte de la comisión, si bien la interposición del recurso cuenta ya el aval de este órgano, que considera que el Gobierno andaluz está legitimado para promover dicho recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Junta considera que la ‘ley de tasas de judiciales’ no comparte un concepto de justicia como servicio público que, como tal, debe garantizar la igualdad de oportunidades, denunciando que las circunstancias económicas de los ciudadanos no deben limitar el acceso al sistema.

Según el Ejecutivo andaluz, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la ley de tasas vulneran el principio de igualdad y el derecho a la tutela efectiva al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la justicia, produciendo un “efecto disuasorio” para muchos hipotéticos usuarios del sistema judicial, con una extensión del pago de tasas a todos sus ámbitos, salvo el penal y el militar.

La Junta tiene, pues, vía libre para recurrir. Pero no mucho tiempo, puesto que el plazo acaba este jueves.

Por otra parte, hoy mismo el Grupo Parlamentario Socialista ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional recurso de inconstitucionalidad contra la ‘ley de tasas judiciales’. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, confía en que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso.

La delegación socialista ha estado acompañada por la Plataforma Justicia para Todos, que reclamó al PSOE la presentación del recurso al entender que “viola en varios pasajes el texto constitucional y degrada la administración de justicia”, según expusieron en la última reunión en el Congreso. Esta plataforma está integrada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, STAJ y USO, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

En torno a un millar de personas se han manifestado este sábado en el centro de Madrid, convocados por los sindicatos de la Administración de Justicia CSI-F, CCOO, STAJ y UGT, para exigir al Gobierno la retirada de lo que han denominado el “tasazo” judicial y, con ella, la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La cabecera de la manifestación portaba una pancarta en la que se leía “Gallardón acaba con la justicia para todos”, una idea en la que se ha incidido durante la lectura del manifiesto final de la marcha, en el que se ha exigido al Gobierno que sea “capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y los efectos negativos que tienen en la ciudadanía” estas reformas.

En ese sentido, han pedido un amplio pacto de estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva administración de Justicia y facilitar el acceso a la jurisdicción sin trabas que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Durante la marcha, que ha transcurrido entre la plaza de Cibeles y la sede del ministerio de Justicia en Madrid, los manifestantes han coreado gritos en contra de la ley de tasas judiciales y la privatización del Registro Civil: “Arriba, arriba, arriba, vamos entre todos a parar la reforma judicial”, “No a las tasas, justicia para todos”, “Arriba, abajo, las tasas al carajo”, “El Registro no se vende, se defiende”, “Sin Justicia no hay derechos”, “¿Dónde está la justicia del PP?”, o “Indultan al ladrón y hunden al obrero” han sido algunas de las frases que han coreado durante la marcha.

Pero también se han repetido otras que ya se oyeron ayer frente a la sede del PP de Madrid en contra de la corrupción, como “Sí hay dinero, lo tiene el tesorero”.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita y ha ampliado el número de personas que podrán beneficiarse. Ante la polémica levantada por la subida de las tasas judiciales y la creación de otras nuevas, Alberto Ruiz Gallardón ha decidido ampliar este derecho a colectivos como las víctimas de terrorismo, violencia machista y trata, así como a los menores y discapacitados psíquicos maltratados, independientemente de sus ingresos. También ha subido el umbral de renta mínimo para las personas con peor situación económica y se tendrá en cuenta la situación familiar.

Gallardón ha venido defendiendo hasta ahora la subida de las tasas como la única forma de garantizar “la justicia gratuita” pese a que las asociaciones de jueces alertan sobre la desigualdad que provocará esta medida. Para contrarrestar las críticas del sector, de todos los partidos políticos y de las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres maltratadas, el titular de Justicia ha ampliado a los beneficiarios absolutos atendiendo a su vulnerabilidad y defiende que este anteproyecto da un “verdadero impulso para que el sistema siga siendo viable”.

Sin embargo, aún hay incertidumbres sobre lo que sucederá con las mujeres víctimas de violencia machista. El Gobierno no ha especificado qué sucederá hasta que entre en vigor la nueva Ley -que puede tardar meses- y, por tanto, con las mujeres que ya están teniendo que pagar las tasas que se derivan de los procesos judiciales con los que buscan desvincularse de sus maltratadores.

“Las víctimas de violencia de género no pueden esperar hasta que la Ley de Justicia gratuita esté en vigor y se convierten, gracias a la dejación del Gobierno, en dobles víctimas”, ha dicho la Secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié. El PSOE ha pedido que se elabore un decreto ley para que la nueva norma entre en vigor lo más rápido posible.

Colectivos vulnerables

A partir de ahora las víctimas del terrorismo, violencia machista y trata de seres humanos; discapacitados psíquicos, organizaciones sindicales o de consumidores y Cruz Roja no pagarán el coste de los procesos relacionados con su condición de víctima. Podrán contar con asesoramiento, defensa, procurador, pruebas periciales y actas notariales, entre otros servicios.

En cuanto a los ingresos, se ha elevado el umbral de renta mínima para la mayoría de los casos, excepto para las personas solteras. Hasta ahora, para ellas se tenía en cuenta el salario mínimo. Cuando entre en vigor, se contará que no sobrepase dos veces el IPREM. Las familias de menos de cuatro miembros no podrán ingresar entre todos más de 1.300 euros brutos mensuales (antes el tope estaba en 1.242). El umbral para las familias numerosas será de 1.500 mensuales.

El interesado tiene primero que pedir que le sea reconocido este derecho y solicitar después de qué exención en concreto quiere beneficiarse. Aunque los que más litigan en los tribunales son las grandes empresas, el Gobierno ha decidido vigilar que los nuevos beneficiarios no abusen. A partir de la tercera petición en un año, un comité investigará el caso porque lo considerará de antemano un “presunto abuso”.

La nueva ley de tasas judiciales ha comenzado a aplicarse este lunes, tras la publicación este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro. La orden recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, también contempla varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril de 2013.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que algunas de las tasas judiciales, sobre todo en el sistema de recursos, le parecen “excesivas”.

En declaraciones a la cadena Ser, Torres-Dulce, ha señalado que le hubiera gustado que la ley de tasas judiciales hubiera pasado a informe de la Fiscalía y del Consejo Fiscal para dar su opinión sobre esta norma, como lo hicieron el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque “nos afecta a todos”.

Ha aventurado que, “en algún caso, las tasas pudieran ser excesivas y dificultar el acceso a la justicia”, al tiempo que ha estimado que probablemente habrá cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces porque algunas de estas tasas desbordan la posición fijada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002.

No obstante, el fiscal general del Estado se ha mostrado partidario de la existencia de tasas judiciales con el objetivo de recaudar dinero para que el servicio público de la Administración de Justicia tenga una vía propia para hacer frente a sus necesidades y que no todos los contribuyentes reciban el impacto de las tasas judiciales.

Ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002 establecía que la finalidad de que no todos los ciudadanos soporten el peso de las tasas tiene que establecerse de tal manera que no resulten ni excesivas, ni desproporcionadas, ni impidan el acceso a la jurisdicción o al sistema de recursos.

Al ser preguntado por la huelga de jueces, Torres-Dulce ha indicado que esta medida no es “impensable” porque está en el horizonte de las asociaciones del sector y ha agregado que respeta esa situación, pero no la comparte.

La nueva ley prevé incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. El PSOE, que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, también ha registrado diversas proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas además de asegurar que en la calle estarán “con los ciudadanos en cualquier iniciativa” que emprendan.

“El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”, señala el préambulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

El orden Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

Exenciones

Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que “comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite”, según la ley, recogida por Europa Press.

Rechazo

La medida ha contado con el rechazo de un amplio sector judicial. En este sentido, asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de “poder a poder”, es decir, desde “el poder ejecutivo al poder judicial” debido al “fracaso” de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

No obstante, Rajoy ya ha manifestado su apoyo y el de su Gobierno a Gallardón en las medidas que está llevando a cabo. “Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente”, ha señalado el jefe del Ejecutivo en referencia al titular de Justicia, añadiendo que la decisión sobre las tasas es “sensata y equilibrada”.

Según Rajoy, los usuarios españoles de la Justicia van a pagar el 10 por ciento de lo que cuenta esta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes “sean o no usuarios del servicio de la Justicia”.