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El Parlamento de Navarra insta al Gobierno central a derogar las tasas judiciales

La Cámara también reclama la transferencia a Navarra del importe de las tasas ingresadas en su territorio en 2013 y 2014

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La Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una moción por la que se insta al Gobierno de España a "derogar los preceptos de la ley 10/2012, de 20 de noviembre, relativos a la imposición de tasas en el ámbito judicial".

La moción ha salido adelante con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y PSN, mientras que el PPN ha votado en contra.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo central a "establecer mecanismos que permitan la transferencia a Navarra del importe correspondiente de las tasas judiciales ingresadas en su territorio en 2013, 2014 y hasta la derogación prevista en el apartado 1 de esta proposición, para destinarlas a cubrir los gastos de esta comunidad autónoma en asistencia jurídica gratuita, a fin de dar efectivo cumplimento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre".

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a "destinar a la partida de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado el importe que la media europea destina a ella". Este epígrafe ha prosperado con la abstención de EH Bildu y el voto en contra de PPN.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el PSN entiende que "la reinstauración de tasas que, tras 26 años, consumó la Ley 10/2012 constituye un gravamen desproporcionado y disuasorio, pues no se tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto y, en el caso de las entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal especial, resulta imposible de pagar".

El proponente entiende que, dado "el efecto disuasorio derivado de las elevadas tasas", se podría estar "vulnerando o, cuando menos, entorpeciendo el ejercicio del artículo 24.1 de la Constitución, en lo tocante al acceso de todas las personas a la tutela judicial efectiva".

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