La Comunitat Valenciana, como consecuencia de las insuficiencias financieras que de forma crónica ha padecido derivadas del sistema de financiación autonómica, encabeza también el ranking de deuda sobre los ingresos corrientes, según revela el cuarto número de Papers de Finançament, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. El documento muestra que la infrafinanciación padecida por la Comunitat provoca que el peso de la deuda sobre sus ingresos anuales alcance el 327,7%, muy por encima de la media, que está en 192,1%, y superando en más de doscientos puntos a la comunidad con menor lastre, que es el País Vasco (103,9%).

El estudio analiza los últimos datos de endeudamiento de las comunidades a partir de los indicadores más frecuentes, como la ratio deuda/habitante, en la que la Comunitat Valenciana ocupa, con 9.004 euros, el segundo puesto en el ranking autonómico, por debajo de Cataluña (10.175 euros). Sin embargo, al relacionar el endeudamiento con la renta (PIB) de las diferentes autonomías, que es la referencia que maneja el Banco de España, la Comunitat Valenciana pasa a ocupar el primer puesto, con el 40,9% del PIB en el tercer trimestre de 2017, debido a que tiene un nivel de riqueza por debajo de la media.

Ahora el IVIE, en colaboración con la conselleria, examina el peso de la deuda de las diferentes autonomías sobre sus ingresos corrientes, calculados no en términos de caja (presupuestarios) sino de contabilidad nacional. Con este indicador, la Comunitat Valenciana es también la que mayor lastre arrastra, ya que su deuda representa el 327,7% de sus ingresos corrientes anuales. Además de la Comunitat, están por encima de la media Cataluña (288,8%), Baleares (246,7%), Castilla-La Mancha (244,4%) y Murcia (201,1%). Entre las que menos lastre arrastran, además del País Vasco, están Extremadura (106,0%), Canarias (106,9%), Asturias (116,1%), Navarra (116,7%) y Galicia (124,6%).

“La Comunitat Valenciana es la más endeudada en relación tanto al PIB como a sus ingresos corrientes y se debe fundamentalmente a que estos últimos son muy inferiores a la media del conjunto de las comunidades autónomas desde hace décadas. Por esa razón, pese a gastar menos, padece mayores déficits y acumula mayor endeudamiento”, asevera el estudio de forma tajante.

El documento acredita asimismo que “la actual deuda de las comunidades autónomas es el resultado de las insuficiencias financieras padecidas, en especial en el caso valenciano”. En concreto, subraya que “el incremento de la deuda pública de las comunidades de régimen común desde 2009 (174.068 millones) no tiene su origen en un exceso de gasto sino en una insuficiencia de ingresos para mantener el gasto por unidad de necesidad inicial, que se eleva a 176.656 millones”.

“A ver si el Gobierno se entera de que existimos”

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha lamentado que los valencianos “somos los que menos recibimos, los que menos gastamos y, paradójicamente, los que más endeudados estamos”. “Los hijos e hijas de los valencianos nacemos con una deuda bajo el brazo y nuestros padres y madres nos dejan en herencia una deuda creciente y causada por un sistema de financiación injusto y desequilibrado”, ha censurado.

Para Mira, “así es muy difícil poder impulsar políticas que mejoren la riqueza, el bienestar y la competitividad de nuestros sectores productivos si sufrimos un sistema de infrafinanciación y de infrainversiones porque el señor Rajoy no cumple su palabra y cambia las reglas de juego”.

María José Mira ha subrayado que los valencianos “padecemos un modelo perverso que nos impide, aun siendo referentes en sectores internacionales como la industria o determinados servicios e incluso teniendo la oportunidad de ser pioneros en la optimización de financiación europea, poder crecer y desarrollarnos en igualdad de condiciones que el resto de españoles”.

“En cualquier caso, hemos demostrado a Rajoy que somos capaces de gestionar nuestros escasos recursos y de salvar proyectos como Ciudad de la Luz o Parc Sagunt. Hemos demostrado que podemos mejorar la calidad de vida de los valencianos y las valencianas. Esperemos que el Gobierno del PP se dé cuenta de una vez de que la Comunitat Valenciana existe y de que los que la gobernamos no vamos a darnos por vencidos. Exigimos la restitución de los derechos de los cinco millones de españoles que vivimos aquí”.

“Compensar la deuda por la insuficiencia global”

En ese sentido, en su trabajo el IVIE subraya que poner fin a la discriminación “requiere un sistema de financiación que responda a criterios de equidad interterritorial y reestructurar la deuda sin excluir la compensación del endeudamiento derivado de la insuficiencia global y de la infrafinanciación de algunas comunidades”. Acto seguido, se propone que el nuevo sistema contemple transferencias de fondos condicionadas a la reducción del “stock” de deuda, del mismo modo que se ha hecho en países europeos como Alemania y Austria, con la finalidad de compensar esa deuda generada por los déficits acumulados.

“El importe de las transferencias en el momento inicial debería situar el ‘stock’ de deuda sobre ingresos corrientes de cada comunidad por debajo de la ratio requerida para volver a tener ‘rating’ de inversión de las agencias más relevantes”. “No es realista pensar que sin una reducción de su deuda las comunidades más endeudadas puedan volver al mercado a medio plazo”. La reestructuración, añade, “requiere, para ser eficaz, que el nuevo modelo de financiación ofrezca garantías de suficiencia estática y dinámica a las comunidades, sin discriminación alguna”.

Así, se explica que la primera transferencia podría ser un porcentaje igual para todas las comunidades de la insuficiencia de recursos padecida para financiar los servicios públicos fundamentales en el periodo 2009-2016, mientras que una segunda transferencia “cubriría la deuda derivada de la infrafinanciación relativa padecida por las comunidades con niveles de recursos por habitante ajustado inferiores a la media y un gasto per cápita también por debajo de la media, ya que son comunidades que han ajustado su gasto a sus menores ingresos, sin que se incurra de esta forma en un problema de riesgo moral”, indica el informe.

Desde 2009, la deuda de las comunidades de régimen común ha crecido en 174.068 millones y este incremento no tiene su origen en un exceso de gasto sino en una insuficiencia de ingresos para mantener el gasto por unidad de necesidad inicial, que se eleva a 176.656 millones. “Esa circunstancia es muy relevante para evaluar el riesgo moral de una reestructuración de la deuda autonómica que contemple una compensación de la misma, pues las comunidades se encuentran endeudadas a pesar de que su gasto real en 2016 es solo el 85% del inicial”, señala el informe.

Menos ingresos per cápita

El informe elaborado por el IVIE incluye diversos gráficos en los que se comprueba la evolución de la deuda de la Comunitat Valenciana, así como la situación que ocupa en comparación con el resto de autonomías. Sobre esto, el documento indica que “las diferencias en la ratio de deuda pública sobre el PIB entre comunidades son consecuencia de los distintos niveles de financiación y gasto. La Comunitat Valenciana alcanzaba un ratio de deuda pública sobre el PIB del 40,9% en el tercer trimestre de 2017 (la mayor de las CCAA), 15 puntos porcentuales más que la media de las CCAA de régimen común y 25 puntos más que las forales”.

“La Comunitat Valenciana se encuentra mucho más endeudada a pesar de gastar un 8% menos por habitante que la media en el periodo 2009-2016. Esta situación se explica en buena medida por ser la comunidad que menores ingresos per cápita recibe del modelo”, asevera el trabajo.

La deuda sobre los ingresos era del 84% antes de la crisis

Antes de la crisis, el endeudamiento de la Comunitat Valenciana era cercano a los 12.000 millones de euros, lo que suponía el 84% de sus ingresos no financieros. Actualmente, como se ha señalado, es del 327,7%. Como el propio informe del IVIE explica, “dicho endeudamiento es consecuencia de que los anteriores modelos de financiación ya mantenían a la Comunitat Valenciana con ingresos por habitante inferiores a la media”. En ese sentido, se recuerda el trabajo elaborado por Ángel de la Fuente en 2001, en el que señaló que la insuficiencia de la Comunitat Valenciana fue de 5.454,2 millones de euros entre 1990 y 1997.

Desde la crisis, la deuda pública de la Comunitat ha crecido a un ritmo muy elevado y se comprueba cómo, en menos de una década, el volumen de endeudamiento prácticamente se ha triplicado, llegando a situarse en el tercer trimestre de 2017 en 44.435 millones. “Esa trayectoria resulta de combinar el retroceso de los ingresos tributarios en la crisis económica –particularmente grave en la economía valenciana- como consecuencia de la correspondiente caída de las bases tributarias, con la limitada autonomía normativa y de gestión de las comunidades para responder al hundimiento de sus ingresos”, indica el documento.

El actual sistema de financiación autonómica mantiene a la Comunitat con unos recursos por unidad de necesidad inferiores en un 8% a la media de las comunidades de régimen común. “Esta menor financiación relativa se suma a la insuficiencia de recursos que padecen el conjunto de las comunidades en ese período, y que provoca que, pese a realizar ajustes significativos, incurran durante el periodo en déficits generalizados”.

L'infrafinançament obliga la Comunitat Valenciana a realitzar el major esforç financer en sanitat de totes les comunitats autònomes, la qual cosa va en detriment d'altres polítiques com l'educació, la dependència o la protecció social, així com el suport a les activitats productives i les inversions.

Aquestes són algunes de les conclusions arreplegades en el tercer nombre de 'Papers de Finançament', en el qual s'analitza la repercussió de l'actual model sobre el sistema sanitari. Aquesta publicació és fruit de la col·laboració de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).

Com indica l'informe, “les comunitats de règim comú dediquen un percentatge molt important dels recursos del sistema de finançament autonòmic que disposen a la sanitat (57,6%), ja que els recursos del model de finançament constitueixen la major font d'ingressos de les comunitats, la major o menor disponibilitat dels mateixos condiciona el nivell de despesa”. “Les comunitats -prossegueix el document- no gasten el mateix, però, de fer-ho, les que disposen de menors recursos haurien de dedicar un major percentatge dels seus ingressos a sanitat, mentre que les que disposen de més recursos podrien aconseguir el mateix objectiu amb menor esforç”.

En aquest punt, l'informe avalua l'esforç financer que han de realitzar les diferents autonomies per atendre la sanitat. Per a açò es considera la despesa mitjana de les comunitats en el període 2009-2015 i es calcula el percentatge dels ingressos del sistema de finançament que cadascuna hauria de dedicar per a cobrir el mateix nivell de despesa sanitària per habitant. D'aquesta manera es calcula l'esforç que cadascuna realitza, no en funció dels diferents nivells de despesa (ja que totes s'han igualat a la mitjana), sinó als diferents nivells d'ingressos.

Així, queda en evidència que si la Comunitat Valenciana gastara en els serveis sanitaris igual que la mitjana, hauria de dedicar el 62,9% dels seus recursos del sistema de finançament a Sanitat, la qual cosa representa 5,3 punts per sobre de la mitjana (57,6%).

El percentatge d'esforç financer del 62,9% en el cas de la Comunitat Valenciana “és superior al de qualsevol altra comunitat a causa que el seu finançament és la menor de totes”. Per sota de la valenciana se situen Astúries (59,8%), Catalunya (59,4%), Canàries (58,6%) i Galícia (58,1%). Les autonomies que han de fer un menor esforç financer són La Rioja (48,8%), Cantàbria (50,0%) i Extremadura (50,6%).

Les implicacions de la insuficiència de recursos

“Les implicacions de la insuficiència de recursos de la Comunitat són dos”, adverteix el document, que afig: “En primer lloc, agreuja els problemes de sostenibilitat que pateix el sistema públic sanitari davant la pressió a l'alça en els nivells de despesa exercida pel creixement poblacional, l'envelliment i la resta de factors esmentats. D'altra banda, a causa de la seua major insuficiència financera, la prioritat atorgada per la societat i pels pressupostos públics als serveis sanitaris limita els recursos disponibles per a altres serveis fonamentals (educació o protecció social), així com per a polítiques d'inversió i suport a les activitats productives que altres comunitats realitzen amb major amplitud per disposar de majors recursos”.

El text ressalta que, per a solucionar aquests problemes, el nou model de finançament “haurà de reconèixer la insuficiència que pateixen les comunitats de règim comú en el seu conjunt i corregir la inequitat en el repartiment dels recursos”, al mateix temps que la valoració de les necessitats sanitàries de les comunitats “ha de millorar, incorporant els col·lectius ara exclosos de la població protegida que segueixen sent atesos pel Sistema Nacional Sanitari i que, malgrat no ser considerats, influeixen en els nivells de despesa sanitària de les comunitats”. “Així mateix, els esforços per millorar l'eficiència en la prestació dels serveis hauran de redoblar-se, doncs el control de la despesa d'uns serveis que absorbeixen tants recursos resulta clau per a la seua sostenibilitat”.

A la vista de les conclusions de l'informe, la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, ha assenyalat que “si la valenciana és la pitjor finançada de totes les comunitats amb l'actual sistema de finançament i la despesa sanitària és al que més recursos del sistema de finançament dediquem, és de lògica pensar que la nostra sanitat és la principal afectada per un model de finançament injust i discriminatori”.

“Un sistema de finançament autonòmic, clara i objectivament insuficient, circumstància reconeguda per tots els experts que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha posat a treballar, té dos agreujants. D'una banda, com l'esperança de vida és cada vegada major, la despesa sanitària també ho és i, com açò no és un xiclet que puguem seguir estirant, la sostenibilitat dels nostres serveis sanitaris corre perill”, ha assenyalat.

A més, tal com ha argumentat, “la Comunitat Valenciana està a la cua en l'actual repartiment, per a mantenir el sistema sanitari hem de fer un esforç financer cada vegada major i deixar de derivar recursos a altres serveis també fonamentals com és l'educació dels nostres fills i filles, l'atenció a la dependència, o les polítiques d'inversió i suport als nostres sectors productius”, ha explicat Mira.

“Montoro el que ha de fer és agafar ja aquest bou per les banyes i canviar el model. Compensar ja la part del deute originat per aquest greuge i deixar-nos seguir treballant”, ha conclòs la secretària autonòmica.

A 13 punts de les comunitats que més gasten

L'informe publicat explica que, atès que l'estructura demogràfica varia notablement entre comunitats, el model de finançament utilitza com a indicador de les necessitats sanitàries la denominada població protegida equivalent. Per a calcular-la, la població protegida pel Sistema Nacional de Salut es divideix en set grups d'edat i cadascun es pondera per un coeficient que és major per als trams d'edat més vulnerables als problemes de salut i, per açò, amb majors necessitats sanitàries, tal com arreplega l'estudi.

Atenent a aquest indicador, en termes mitjans del període ja liquidat entre 2009 i 2015, les diferències de despesa pública per habitant protegit equivalent situaven a Múrcia al capdavant i a Andalusia a la cua de les comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana, amb una despesa de 1.293 euros per càpita, se situa 1,8 punts per sota de la mitjana del conjunt de les comunitats i a més de 13 punts per sota de les que més gasten (Navarra, Cantàbria i Múrcia). Segons adverteix l'informe, “les substancials diferències entre comunitats en despesa sanitària per càpita, especialment entre les de règim comú i les forals, qüestionen la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis sanitaris dels ciutadans que viuen en diferents territoris”.

Major bretxa entre comunitats

La despesa sanitària pública per habitant de les comunitats autònomes va augmentar en els anys previs a la crisi, entre 2003 i 2009, un 37%. No obstant açò, la recessió “va portar amb si una caiguda en els ingressos de les comunitats i els ajustos posteriors van afectar als serveis sanitaris”. La conseqüència de tot açò és que es “va ampliar la bretxa entre comunitat forals i comunes, aconseguint els 24 punts percentuals en 2015”.

En els últims anys, la despesa pública en sanitat per càpita en euros constants de les comunitats ha recuperat la tendència creixent i a la Comunitat ja se situa en el nivell previ a la crisi, el de 2008, malgrat el major envelliment de la població. Ara bé, mentre la despesa pública per càpita en sanitat entre 2009 i 2015 va ser d'1.581 euros en les comunitats forals, en les de règim comú es va situar en els 1.277 euros i, a la Comunitat Valenciana, en 1.253 euros.

Segons l'estudi, les diferències de despesa per càpita entre les comunitats poden deure's a factors, diferents dels demogràfics, que incideixen en la demanda, com el nivell de renda (quan aquesta augmenta pot canalitzar-se major demanda cap a serveis privats), preferències dels pacients o població desplaçada, així com a uns altres que influeixen en els costos dels serveis, com el nivell de preus, geografia de la comunitat, cartera pròpia de serveis, model de gestió públic o privat, economies d'escala o eficiència. “Així mateix, les diferències també poden deure's a la diferent restricció pressupostària de cada comunitat com a conseqüència de les asimietries derivades dels sistemes de finançament”, subratlla.

La sostenibilitat en la reforma del model

L'informe destaca que l'evolució de la població i l'estructura demogràfica d'un territori són determinants del nivell i la trajectòria de la despesa en sanitat. “Una població envellida -destaca- té majors necessitats d'atenció sanitària que una població jove. La població de la Comunitat Valenciana ha crescut un 11% entre 2003 i 2016 i cada vegada està més envellida, doncs la població valenciana major de 65 anys ha passat de representar el 16,6% de la població total en 2003 al 18,5% en 2016. Dins d'aquest últim percentatge, quasi la meitat de la població és major de 75 anys (9%)”.

Segons adverteix el document, les projeccions de població assenyalen que l'envelliment de la població va a seguir creixent i la previsió és que, en 2030, la població de 65 anys o més edat supose el 25% del total, “amb la consegüent pressió a l'alça sobre la despesa sanitària i la urgent necessitat de plantejar solucions per a garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut”.

La infrafinanciación obliga a la Comunitat Valenciana a realizar el mayor esfuerzo financiero en sanidad de todas las comunidades autónomas, lo que va en detrimento de otras políticas como la educación, la dependencia o la protección social, así como el apoyo a las actividades productivas y las inversiones.

Estas son algunas de las conclusiones recogidas en el tercer número de 'Papers de Finançament', en el que se analiza la repercusión del actual modelo sobre el sistema sanitario. Esta publicación es fruto de la colaboración de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Como indica el informe, “las comunidades de régimen común dedican un porcentaje muy importante de los recursos del sistema de financiación autonómico que disponen a la sanidad (57,6%). Puesto que los recursos del modelo de financiación constituyen la mayor fuente de ingresos de las comunidades, la mayor o menor disponibilidad de los mismos condiciona el nivel de gasto”. “Las comunidades -prosigue el documento- no gastan lo mismo, pero, de hacerlo, las que disponen de menores recursos deberían dedicar un mayor porcentaje de sus ingresos a sanidad, mientras que las que disponen de más recursos podrían alcanzar el mismo objetivo con menor esfuerzo”.

En este punto, el informe mide el esfuerzo financiero que deben realizar las diferentes autonomías para atender la sanidad. Para ello se considera el gasto promedio de las comunidades en el periodo 2009-2015 y se calcula el porcentaje de los ingresos del sistema de financiación que cada una tendría que dedicar para cubrir el mismo nivel de gasto sanitario por habitante. De este modo se evalúa el esfuerzo que cada una realiza, no en función de los diferentes niveles de gasto (ya que todas se han igualado a la media), sino a los distintos niveles de ingresos.

Así, queda en evidencia que si la Comunitat Valenciana gastara en los servicios sanitarios igual que la media, tendría que dedicar el 62,9% de sus recursos del sistema de financiación a Sanidad, lo que representa 5,3 puntos por encima de la media (57,6%).

El porcentaje de esfuerzo financiero del 62,9% en el caso de la Comunitat Valenciana “es superior al de cualquier otra comunidad debido a que su financiación es la menor de todas”. Por debajo de la valenciana se sitúan Asturias (59,8%), Cataluña (59,4%), Canarias (58,6%) y Galicia (58,1%). Las autonomías que deben hacer un menor esfuerzo financiero son La Rioja (48,8%), Cantabria (50,0%) y Extremadura (50,6%).

Las implicaciones de la insuficiencia de recursos

“Las implicaciones de la insuficiencia de recursos de la Comunitat son dos”, advierte el documento, que añade: “En primer lugar, agrava los problemas de sostenibilidad que padece el sistema público sanitario ante la presión al alza en los niveles de gasto ejercida por el crecimiento poblacional, el envejecimiento y el resto de factores mencionados. Por otro lado, debido a su mayor insuficiencia financiera, la prioridad otorgada por la sociedad y por los presupuestos públicos a los servicios sanitarios limita los recursos disponibles para otros servicios fundamentales (educación o protección social), así como para políticas de inversión y apoyo a las actividades productivas que otras comunidades realizan con mayor amplitud por disponer de mayores recursos”.

El texto resalta que, para solucionar estos problemas, el nuevo modelo de financiación “deberá reconocer la insuficiencia que padecen las comunidades de régimen común en su conjunto y corregir la inequidad en el reparto de los recursos”, al tiempo que la valoración de las necesidades sanitarias de las comunidades “debe mejorar, incorporando los colectivos ahora excluidos de la población protegida que siguen siendo atendidos por el Sistema Nacional Sanitario y que, pese a no ser considerados, influyen en los niveles de gasto sanitario de las comunidades”. “Asimismo, los esfuerzos por mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios deberán redoblarse, pues el control del gasto de unos servicios que absorben tantos recursos resulta clave para su sostenibilidad”.

A la vista de las conclusiones del informe, la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha señalado que “si la valenciana es la peor financiada de todas las comunidades con el actual sistema de financiación y el gasto sanitario es al que más recursos del sistema de financiación dedicamos, es de lógica pensar que nuestra sanidad es la principal afectada por un modelo de financiación injusto y discriminatorio”.

“Un sistema de financiación autonómica, clara y objetivamente insuficiente, algo reconocido por todos los expertos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha puesto a trabajar, tiene dos agravantes. Por un lado, como la esperanza de vida es cada vez mayor, el gasto sanitario también lo es y, como esto no es un chicle que podamos seguir estirando, la sostenibilidad de nuestros servicios sanitarios corre peligro”, ha señalado.

Además, tal y como ha argumentado, “la Comunitat Valenciana está a la cola en el actual reparto, para mantener el sistema sanitario debemos hacer un esfuerzo financiero cada vez mayor y dejar de derivar recursos a otros servicios también fundamentales como es la educación de nuestros hijos e hijas, la atención a la dependencia, o las políticas de inversión y apoyo a nuestros sectores productivos”, ha explicado Mira.

“Montoro lo que tiene que hacer es coger ya este toro por los cuernos y cambiar el modelo. Compensar ya la parte de la deuda originada por este agravio y dejarnos seguir trabajando”, ha concluido la secretaria autonómica.

A 13 puntos de las comunidades que más gastan

El informe publicado explica que, dado que la estructura demográfica varía notablemente entre comunidades, el modelo de financiación utiliza como indicador de las necesidades sanitarias la denominada población protegida equivalente. Para calcularla, la población protegida por el Sistema Nacional de Salud se divide en siete grupos de edad y cada uno se pondera por un coeficiente que es mayor para los tramos de edad más vulnerables a los problemas de salud y, por ello, con mayores necesidades sanitarias, tal y como recoge el estudio.

Atendiendo a este indicador, en términos medios del periodo ya liquidado entre 2009 y 2015, las diferencias de gasto público por habitante protegido equivalente situaban a Murcia a la cabeza y a Andalucía a la cola de las comunidades autónomas. La Comunitat Valenciana, con un gasto de 1.293 euros per cápita, se sitúa 1,8 puntos por debajo de la media del conjunto de las comunidades y a más de 13 puntos por debajo de las que más gastan (Navarra, Cantabria y Murcia). Según advierte el informe, “las sustanciales diferencias entre comunidades en gasto sanitario per cápita, especialmente entre las de régimen común y las forales, cuestionan la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios de los ciudadanos que viven en distintos territorios”.

Mayor brecha entre comunidades

El gasto sanitario público por habitante de las comunidades autónomas aumentó en los años previos a la crisis, entre 2003 y 2009, un 37%. Sin embargo, la recesión “trajo consigo una caída en los ingresos de las comunidades y los ajustes posteriores afectaron a los servicios sanitarios”. La consecuencia de todo ello es que se “amplió la brecha entre comunidad forales y comunes, alcanzando los 24 puntos porcentuales en 2015”.

En los últimos años, el gasto público en sanidad per cápita en euros constantes de las comunidades ha recuperado la tendencia creciente y en la Comunitat ya se sitúa en el nivel previo a la crisis, el de 2008, a pesar del mayor envejecimiento de la población. Ahora bien, mientras el gasto público per cápita en sanidad entre 2009 y 2015 fue de 1.581 euros en las comunidades forales, en las de régimen común se situó en los 1.277 euros y, en la Comunitat Valenciana, en 1.253 euros.

Según el estudio, las diferencias de gasto per cápita entre las comunidades pueden deberse a factores, distintos de los demográficos, que inciden en la demanda, como el nivel de renta (cuando ésta aumenta puede canalizarse mayor demanda hacia servicios privados), preferencias de los pacientes o población desplazada, así como a otros que influyen en los costes de los servicios, como el nivel de precios, geografía de la comunidad, cartera propia de servicios, modelo de gestión público o privado. deseconomías de escala o eficiencia. “Asimismo, las diferencias también pueden deberse a la distinta restricción presupuestaria de cada comunidad como consecuencia de las asimietrías derivadas de los sistemas de financiación”, subraya.

La sostenibilidad en la reforma del modelo

El informe destaca que la evolución de la población y la estructura demográfica de un territorio son determinantes del nivel y la trayectoria del gasto en sanidad. “Una población envejecida -destaca- tiene mayores necesidades de atención sanitaria que una población joven. La población de la Comunitat Valenciana ha crecido un 11% entre 2003 y 2016 y cada vez está más envejecida, pues la población valenciana mayor de 65 años ha pasado de representar el 16,6% de la población total en 2003 al 18,5% en 2016. Dentro de este último porcentaje, casi la mitad de la población es mayor de 75 años (9%)”.

Según advierte el documento, las proyecciones de población señalan que el envejecimiento de la población va a seguir creciendo y la previsión es que, en 2030, la población de 65 años o más edad suponga el 25% del total, “con la consiguiente presión al alza sobre el gasto sanitario y la urgente necesidad de plantear soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud”.

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha desbloqueado la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) tras recibir a la consellera de la que depende esta institución, Mónica Oltra -titular de Igualdad y Políticas Inclusivas- y a los sindicatos.

Oltra se ha reunido con los sindicatos que representan a los trabajadores de esta entidad después de que estos se encerraban en la mañana de este miércoles en las en las oficinas centrales del IVASS en València para protestar por el “bloqueo” de sus condiciones laborales y exigir mejoras.

Así, según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria, la también vicepresidenta del Consell, les ha explicado que desde su departamento se habían realizado “todos los trámites necesarios” para impulsar la nueva relación de puestos de trabajo y que estaban pendientes del informe favorable de la Conselleria de Hacienda y Sector Público.

Así, tras cerca de media hora de reunión, tanto la consellera como los sindicatos han acordado trasladarse a las dependencias de la Conselleria de Hacienda para conocer el problema por el cual no se daba paso al informe favorable para poder aprobar el documento y tratar de llegar a la solución a un problema del anterior gobierno, ya que desde 2003 no se actualizaba esta RPT.

Una vez en la Conselleria de Hacienda, Oltra y los sindicatos han expuesto que la propuesta enviada por Igualdad a Hacienda era correcta y que solo requería del informe favorable de este departamento. Finalmente, el departamento responsable de la Secretaria Autonómica de Sector Público ha procedido a elaborar el documento que permitirá desbloquear esta situación.

Según las mismas fuentes, el desbloqueo de este informe permite crear una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), con la que se podrá mejorar las condiciones laborales de los empleados de la entidad pública y crear nuevas plazas y hacerse cargo de las casi 3.000 personas mayores de edad tuteladas por la Generalitat.

Desde Igualdad han explicado que la importancia de esta RPT radica en que el instrumento permitirá al IVASS encargarse, como hasta ahora, de gestionar centros para personas con diversidad funcional y, además, de la atención sanitaria de las personas tuteladas que nos hemos encontrado, prácticamente, en una situación de abandono cuando llegamos al Gobierno y que son responsabilidad directa de la Generalitat porque no tienen familiares que se puedan hacer cargo de ellos.

En este sentido, recordar que el IVASS arrastraba una cesión ilegal de trabajadores que dejó el antiguo gobierno del PP y que el nuevo gobierno del Botànic se comprometió a arreglar.

L'injust sistema de finançament autonòmic obliga la Generalitat Valenciana a destinar el 79,8% dels seus ingressos no financers a sanitat, educació i serveis socials, 6 punts per sobre de la mitjana de les autonomies, en detriment d'altres àrees com l'impuls de l'economia, les infraestructures o la cultura.

Malgrat ser la tercera comunitat autònoma que major esforç realitza a favor de l'Estat del benestar, es troba per sota de la mitjana en despesa real per habitant entre 2009 i 2015. En concret, gasta un 4% menys que les comunitats de règim comú i un 27% menys que les forals. Això es tradueix en 140 euros menys que la mitjana de les autonomies i més de 800 euros per sota de les comunitats forals.

Aquestes dades, que arreplega el segon número de Papers de finançament, on la Generalitat i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) desenvolupen els informes del comitè d'experts per al canvi del sistema de finançament, fan que la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, insistisca en la insuficiència del sistema.

“La bretxa entre els ingressos que rebem per a donar cobertura a l'Estat del benestar i la despesa real per a satisfer les necessitats dels valencians i valencianes en matèria de sanitat, educació i dependència és cada vegada més gran”, recalca Mira. La secretària autonòmica afegeix: “El nou sistema de finançament autonòmic ha d'assegurar-nos la suficiència perquè tots els espanyols siguen tractats per igual, però també ha de garantir d'alguna manera algun Fons de Reserva de la despesa social que ens permeta actuar davant fluctuacions de l'economia que són lògiques”.

Reducció en un 15% de la despesa social en les comunitats autònomes en la crisi

Segons els documents que arreplega Papers de finançament, el sistema de finançament autonòmic no proporciona a les comunitats autònomes recursos suficients perquè aquestes puguen atendre les seues competències en la prestació dels serveis públics fonamentals, la qual cosa les va abocar, durant els anys de la crisi, a reduir la seua despesa real per càpita en sanitat, educació i serveis socials un 15%. No obstant això, en el mateix període les administracions centrals (Govern i Seguretat Social) van incrementar la seua despesa real per habitant en serveis públics fonamentals.

Les comunitats de règim comú han reduït la seua despesa real per habitant en sanitat, educació i serveis socials, és a dir, en les prestacions de l'Estat del Benestar, a una taxa mitjana anual de l'1,8%, acumulant ajustos per 11.126 milions entre 2009 i 2015, indiquen aqueixos documents. La reducció acumulada és del 15%, el 10,6% en les comunitats forals. No obstant això, en el mateix període els ens que componen l'Administració central (Govern i Seguretat Social) han elevat la seua despesa en serveis fonamentals per càpita a l'1,2% anual, 13.195 milions.

El injusto sistema de financiación autonómica obliga a la Generalitat Valenciana a destinar el 79,8% de sus ingresos no financieros a sanidad, educación y servicios sociales, 6 puntos por encima de la media de las autonomías, en detrimento de otras áreas como el impulso de la economía, las infraestructuras o la cultura.

Pese a ser la tercera comunidad autónoma que mayor esfuerzo realiza a favor del Estado del bienestar, se encuentra por debajo de la media en gasto real por habitante entre 2009 y 2015. En concreto, gasta un 4% menos que las comunidades de régimen común y un 27% menos que las forales. Eso se traduce en 140 euros menos que la media de las autonomías y más de 800 euros por debajo de las comunidades forales.

Estos datos, que recoge el segundo número de Papers de finançament, donde la Generalitat y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) desarrollan los informes del comité de expertos para el cambio del sistema de financiación, hacen que la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, insista en la insuficiencia del sistema.

“La brecha entre los ingresos que recibimos para dar cobertura al Estado del Bienestar y el gasto real para satisfacer las necesidades de los valencianos y valencianas en materia de sanidad, educación y dependencia es cada vez mayor”, recalca Mira. La secretaria autonómica añade: “El nuevo sistema de financiación autonómica debe asegurarnos la suficiencia para que todos los españoles sean tratados por igual, pero también debe garantizar de alguna manera algún Fondo de Reserva del gasto social que nos permita actuar ante fluctuaciones de la economía que son lógicas”.

Reducción en un 15% del gasto social en las comunidades autónomas en la crisis

Según los documentos que recoge Papers de finançament, el sistema de financiación autonómico no proporciona a las comunidades autónomas recursos suficientes para que éstas puedan atender sus competencias en la prestación de los servicios públicos fundamentales, lo que las abocó, durante los años de la crisis, a reducir su gasto real per cápita en sanidad, educación y servicios sociales un 15%. Sin embargo, en el mismo periodo las administraciones centrales (Gobierno y Seguridad Social) incrementaron su gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales.

Las comunidades de régimen común han reducido su gasto real por habitante en sanidad, educación y servicios sociales, es decir, en las prestaciones del Estado del Bienestar, a una tasa media anual del 1,8%, acumulando ajustes por 11.126 millones entre 2009 y 2015, indican esos documentos. La reducción acumulada es del 15%, el 10,6% en las comunidades forales. Sin embargo, en el mismo periodo los entes que componen la Administración central (Gobierno y Seguridad Social) han elevado su gasto en servicios fundamentales per cápita al 1,2% anual, 13.195 millones.

L'infrafinançament obliga a la Comunitat Valenciana a realitzar el quart major esforç econòmic i pressupostari de totes les autonomies en educació, amb la finalitat de mantenir una despesa per alumne proper a la mitjana autonòmica. En concret, la despesa per alumne valencià és de 4.494 euros, un nivell pròxim, encara que per sota, a la mitjana del conjunt de les comunitats, que és de 4.691 euros.

Malgrat que la Comunitat Valenciana fa en Educació un esforç financer superior al de la majoria de les comunitats (destina el 28,2% dels seus ingressos no financers a serveis educatius), l'infrafinançament que pateix determina que els recursos dels què disposen els alumnes valencians no arriben a la mitjana per alumne de les comunitats.

Aquestes són algunes de les conclusions que s'extrauen del primer número de 'Papers de Finançament', una sèrie de documents tècnics i d'anàlisis, fruit de la col·laboració de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), que el seu objectiu és promoure el coneixement de les repercussions per a la Comunitat Valenciana de la distribució de recursos derivada de l'actual sistema de finançament.

Qüestiona la igualtat d'oportunitats i la solidaritat

Aquest primer estudi revela com el sistema de finançament resulta fonamental per a la sostenibilitat de l'Estat del Benestar perquè els serveis públics fonamentals, com és el cas de l'Educació, es veuen greument afectats en el cas de la Comunitat Valenciana per la insuficiència de recursos del model. A més, l'estudi deixa en evidència les grans diferències entre les regions quant al nivell de despesa educativa per alumne, la qual cosa “qüestiona la igualtat d'oportunitats en l'accés dels joves residents en cada comunitat als serveis educatius i llança dubtes sobre la solidaritat interterritorial existent a Espanya”.

El document recorda que, tal com arreplega l'Informe del Comitè d'Experts per a la Reforma del Finançament Autonòmic, l'actual model de finançament no proporciona recursos suficients a les comunitats autònomes per a cobrir la despesa en serveis públics fonamentals. De fet, segons el citat informe, la suma de tots els recursos que el sistema actual aporta per a serveis públics fonamentals no cobreix la despesa efectiva, i s'estima que la bretxa és de 13.343 milions d'euros (prenent com a base l'exercici 2015, últim exercici amb dades comparables).

L'anàlisi de la conselleria i l'IVIE certifica com les comunitats que compten amb recursos del sistema de finançament autonòmic per habitant ajustat superiors a la mitjana realitzen una despesa en educació també superior a la mitjana. No obstant açò, hi ha autonomies infrafinançades que s'acosten o aconsegueixen la mitjana de despesa per alumne “mitjançant un major esforç”, subratlla el document, com és el cas de la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia.

D'aquesta manera, no és l'esforç financer que realitzen les comunitats sinó el finançament de la qual disposen la que, en termes generals, determina la inversió per alumne. “Les comunitats que gasten més per alumne no sobreixen en esforç financer”, constata l'anàlisi. De fet, la Comunitat Valenciana solament està superada en esforç inversor en Educació per Múrcia, Andalusia i País Basc. Açò li permet situar-se en valors propers a la mitjana amb la finalitat de minimitzar les conseqüències de l'infrafinançament en la formació dels joves valencians en condicions similars a les del conjunt del país. D'aquesta manera, la Comunitat es troba 4,2 punts per sota de la mitjana de les comunitats autònomes, si bé està a més de 15 punts d'algunes de les millor dotades pel sistema de finançament de règim comú (Astúries, Galícia i Cantàbria) i a una distància molt superior (34 punts percentuals) del País Basc.

Segons el document, l'esforç en Educació de la Comunitat Valenciana “resulta major, no per gastar més”, sinó perquè es veu obligada a destinar més recursos propis a aquest àmbit, atès que “els seus ingressos no financers són menors, com a conseqüència del maltractament que rep del sistema de finançament”, assenyala l'anàlisi.

1.800 € menys de mitjana per alumne que Euskadi

El document també repassa l'evolució de la despesa educativa a la Comunitat Valenciana en centres públics i concertats entre 2003 i 2015, que inclou una fase de creixement fins a 2009 i una altra d'ajust, per a recalcar que “en 2015 la despesa en Educació de la Comunitat Valenciana, en euros constants, va anar el mateix que en 2003”. D'aquesta manera, el nivell de despesa per alumne matriculat de la Comunitat “s'ha mantingut pròxim a la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú, però ha perdut el lleuger avantatge que posseïa al principi del període. La seua distància amb les forals era i és substancial: uns 1.800 euros menys per alumne de mitjana en el període considerat”.

“Gràcies al major esforç financer realitzat per la Generalitat, destinant un percentatge més elevat dels seus recursos a l'educació, l'accés dels joves valencians als serveis educatius està pròxim a la mitjana. Malgrat açò, està allunyat de les oportunitats que gaudeixen els ciutadans que resideixen en les comunitats que compten amb més recursos dels sistemes de finançament, comú o foral”, conclou de forma demolidora l'informe de la conselleria i de l'IVIE.

La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, ha destacat que “si malgrat l'esforç que duem a terme sent una de les comunitats que més recursos propis aporta al sistema educatiu, estem per sota de la mitjana en despesa en educació per alumne, alguna cosa falla. I el que falla una vegada més, a favor de l'Estat i en contra dels cinc milions d'espanyols que vivim a la Comunitat Valenciana, és el sistema de finançament autonòmic”.

“Em negue a acceptar que els nostres fills i filles tinguen menys oportunitats educatives que els d'altres espanyols pel simple fet d'haver nascut en una altra comunitat. Que la qualitat del nostre sistema educatiu siga referent i que el Govern no ens permeta ser més competitius per culpa d'un sistema de finançament injust no és de rebut. Han de donar-nos el que ens correspon, ni més ni menys”, ha conclòs.

La infrafinanciación obliga a la Comunitat Valenciana a realizar el cuarto mayor esfuerzo económico y presupuestario de todas las autonomías en educación, con el fin de mantener un gasto por alumno cercano a la media autonómica. En concreto, el gasto por alumno valenciano es de 4.494 euros, un nivel próximo, aunque por debajo, a la media del conjunto de las comunidades, que es de 4.691 euros.

Pese a que la Comunitat Valenciana hace en Educación un esfuerzo financiero superior al de la mayoría de las comunidades (destina el 28,2% de sus ingresos no financieros a servicios educativos), la infrafinanciación que padece determina que los recursos con que cuentan los alumnos valencianos no alcancen la media por alumno de las comunidades.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del primer número de 'Papers de Finançament', una serie de documentos técnicos y de análisis, fruto de la colaboración de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), cuyo objetivo es promover el conocimiento de las repercusiones para la Comunitat Valenciana de la distribución de recursos derivada del actual sistema de financiación.

Cuestiona la igualdad de oportunidades y la solidaridad

Este primer estudio revela cómo el sistema de financiación resulta fundamental para la sostenibilidad del Estado del Bienestar porque los servicios públicos fundamentales, como es el caso de la Educación, se ven gravemente afectados en el caso de la Comunitat Valenciana por la insuficiencia de recursos del modelo. Además, el estudio deja en evidencia las grandes diferencias entre las regiones en cuanto al nivel de gasto educativo por alumno, lo que “cuestiona la igualdad de oportunidades en el acceso de los jóvenes residentes en cada comunidad a los servicios educativos y arroja dudas sobre la solidaridad interterritorial existente en España”.

El documento recuerda que, tal como recoge el Informe del Comité de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, el actual modelo de financiación no proporciona recursos suficientes a las comunidades autónomas para cubrir el gasto en servicios públicos fundamentales. De hecho, según el citado informe, la suma de todos los recursos que el sistema actual aporta para servicios públicos fundamentales no cubre el gasto efectivo, y se estima que la brecha es de 13.343 millones de euros (tomando como base el ejercicio 2015, último ejercicio con datos comparables).

El análisis de la conselleria y el IVIE certifica cómo las comunidades que cuentan con recursos del sistema de financiación autonómica por habitante ajustado superiores a la media realizan un gasto en educación también superior a la media. Sin embargo, hay autonomías infrafinanciadas que se acercan o alcanzan la media de gasto por alumno “mediante un mayor esfuerzo”, subraya el documento, como es el caso de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.

De este modo, no es el esfuerzo financiero que realizan las comunidades sino la financiación de la que disponen la que, en términos generales, determina la inversión por alumno. “Las comunidades que gastan más por alumno no sobresalen en esfuerzo financiero”, constata el análisis. De hecho, la Comunitat Valenciana solo está superada en esfuerzo inversor en Educación por Murcia, Andalucía y País Vasco. Eso le permite situarse en valores cercanos a la media con el fin de minimizar las consecuencias de la infrafinanciación en la formación de los jóvenes valencianos en condiciones similares a las del conjunto del país. De este modo, la Comunitat se encuentra 4,2 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, si bien está a más de 15 puntos de algunas de las mejor dotadas por el sistema de financiación de régimen común (Asturias, Galicia y Cantabria) y a una distancia muy superior (34 puntos porcentuales) del País Vasco.

Según el documento, el esfuerzo en Educación de la Comunitat Valenciana “resulta mayor, no por gastar más”, sino porque se ve obligada a destinar más recursos propios a este ámbito, dado que “sus ingresos no financieros son menores, como consecuencia del maltrato que recibe del sistema de financiación”, señala el análisis.

1.800 € menos de media por alumno que Euskadi

El documento también repasa la evolución del gasto educativo en la Comunitat Valenciana en centros públicos y concertados entre 2003 y 2015, que incluye una fase de crecimiento hasta 2009 y otra de ajuste, para recalcar que “en 2015 el gasto en Educación de la Comunitat Valenciana, en euros constantes, fue el mismo que en 2003”. De este modo, el nivel de gasto por alumno matriculado de la Comunitat “se ha mantenido próximo a la media de las comunidades autónomas de régimen común, pero ha perdido la ligera ventaja que poseía al principio del periodo. Su distancia con las forales era y es sustancial: unos 1.800 euros menos por alumno de media en el periodo considerado”.

“Gracias al mayor esfuerzo financiero realizado por la Generalitat, destinando un porcentaje más elevado de sus recursos a la educación, el acceso de los jóvenes valencianos a los servicios educativos está próximo a la media. Pese a ello, está alejado de las oportunidades que disfrutan los ciudadanos que residen en las comunidades que cuentan con más recursos de los sistemas de financiación, común o foral”, concluye de forma demoledora el informe de la conselleria y del IVIE.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha destacado que “si a pesar del esfuerzo que llevamos a cabo siendo una de las comunidades que más recursos propios aporta al sistema educativo, estamos por debajo de la media en gasto en educación por alumno, algo falla. Y lo que falla una vez más, a favor del Estado y en contra de los cinco millones de españoles que vivimos en la Comunitat Valenciana, es el sistema de financiación autonómico”.

“Me niego a aceptar que nuestros hijos e hijas tengan menos oportunidades educativas que los hijos e hijas de otros españoles por el simple hecho de haber nacido en otra comunidad. Que la calidad de nuestro sistema educativo sea referente y que el Gobierno no nos permita ser más competitivos por culpa de un sistema de financiación injusto no es de recibo. Tienen que darnos lo que nos corresponde, ni más ni menos”, ha concluido.

El consejo de administración de Parc Sagunt ha aprobado este martes el nuevo pliego de condiciones que regirá la contratación para la comercialización de las parcelas del parque empresarial. Este pliego incluye los nuevos precios tras la tasación realizada y que supone casi un 6% de incremento en un año.

El pasado 29 de julio finalizó con éxito el periodo de adjudicación directa de parcelas del Parque Empresarial de Sagunt, de forma que en la actualidad sólo quedan disponible para su comercialización 20 parcelas, que suponen menos del 20% de la superficie total del parque (1.862.451 m2).

“La publicación de este nuevo pliego confirma la consolidación de Parc Sagunt como centro logístico de referencia de la Comunitat Valenciana y de todo el Arco Mediterráneo”, ha destacado la secretaria autonómica.

“La gestión de Parc Sagunt es el ejemplo perfecto de la apuesta que está realizando este Consell por el suelo industrial en la Comunitat Valenciana. El proyecto constituye una infraestructura estratégica de primer orden para el desarrollo de nuestra economía y el mantenimiento del mercado de trabajo valenciano”, ha afirmado la secretaria autonómica.

El Consell también ha aprobado la adjudicación de dos nuevas parcelas de este parque empresarial. Una de ellas, de 31.339 m, se ha adjudicado a una empresa del sector inmobiliario, Inmo-Arnedo SL; y la otra, de 6.500 m, se ha adjudicado a una empresa de soluciones integrales para venta y dispensación automatizada, Jofeme SA.

Asimismo, el consejo de administración del parque también ha aprobado una trasmisión de los derechos de la adjudicataria Vostok SL a la empresa Gourmet Potato SL que, en el momento de la adjudicación, se encontraba en trámites de constitución. Ambas empresas operan en el sector agroalimentario.

El Consell apostó por reactivar Parc Sagunt

La secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, ha explicado que “las decisiones de inversión que adopta la Generalitat siempre tienen en cuenta los beneficios sociales y económicos que pueden derivarse para la Comunitat. Este es el firme compromiso de todos los que formamos parte del Consell de l'Acord del Botànic”.

“A nuestra llegada al Gobierno, nos encontramos con un proyecto en situación de concurso, con numerosas pérdidas, con meses de retrasos en el abono de nóminas y facturas y que generaba una gran inseguridad para cualquier potencial inversor”, ha recordado la secretaria autonómica, quien ha añadido que, “ahora, con el trabajo y el esfuerzo invertido, la situación ha dado un giro de 180 grados”.

Según María José Mira, la gestión del anterior equipo de gobierno dio como resultado “ocho años de parálisis y 200 millones enterrados en un proyecto que para ellos nunca fue una prioridad”. “Nosotros, en sólo dos años, hemos logrado darle la vuelta al proyecto y tomar el liderazgo, y no vamos a renunciar a nuestras competencias en este apartado”, ha añadido la titular de Modelo Económico y presidenta del consejo de administración de Parc Sagunt.

Una cuestión de voluntad política

“En el consejo de administración de Parc Sagunt están representadas tres administraciones, el Ajuntament de Sagunt, la Generalitat y el Gobierno central, cada una con un color político diferente. La lógica hubiese sido pensar que las pasadas legislaturas, donde convivía el mismo partido en las tres administraciones, hubiese sido más fácil llegar a consensos. Pero no fue así. Más bien al contrario. No ha sido hasta la llegada del actual Consell, hace dos años, cuando se empezó a reactivar el proyecto. Para nosotros, Parc Sagunt sí es una prioridad. Los anteriores representantes no consiguieron estar a la altura”, ha indicado la secretaria autonómica.

“El Gobierno central tiene que centrarse en las competencias que le son propias, como el Corredor Mediterráneo o la reforma del modelo de financiación, que no pueden aplazarse más, y que se han convertido en una reivindicación de los empresarios, los ciudadanos y de la sociedad en general”, ha señalado Mira.

“Después de 8 años paralizado, Parc Sagunt ha vuelto a reactivarse. El delegado del Gobierno tiene que ser consciente de que el Consell actual va a continuar apostando por Parc Sagunt”, ha añadido la secretaria autonómica.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha afirmado que “tras años de abandono por la falta de apoyo tanto del Gobierno central como del anterior Consell y su falta de apuesta por las inversiones en la Comunitat Valenciana, hemos logrado que Parc Sagunt represente una gran oportunidad para la recuperación de la economía valenciana”.

“A nuestra llegada al Gobierno, nos encontramos con un proyecto al borde del concurso, con numerosas pérdidas, con meses de retrasos en el abono de las nóminas y las facturas de proveedores. Era un proyecto que generaba una gran inseguridad para cualquier potencial inversor que pudiera estar interesado”, ha aclarado Mira.

La secretaria autonómica ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en Les Corts ante la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, donde, como presidenta del parque empresarial Parc Sagunt, ha explicado el proceso de desbloqueo de esta zona logística y los planes de futuro que se tienen para este complejo.

“Gracias al esfuerzo y a la firme apuesta que hemos hecho en esta última etapa por Parc Sagunt, hemos reactivado este proyecto, que va a tener un impacto muy positivo sobre la diversificación del tejido industrial valenciano y sobre el empleo en la Comunitat Valenciana en general y en Sagunto en particular”, ha añadido Mira.

“Parc Sagunt es el ejemplo perfecto de la apuesta que está realizando este Consell por el suelo industrial de la Comunitat Valenciana y además, es posible que esta sea la actuación económico-industrial más importante acometida por la Generalitat durante los dos años transcurridos desde el comienzo de esta legislatura”, ha afirmado la secretaria autonómica.

Parc Sagunt cuenta con 1.862.452 metros cuadrados de superficie total para uso industrial, logístico y terciario, “y de ellos, solo queda disponible para su comercialización en la actualidad el 30%, solo 23 parcelas”, ha afirmado la secretaria autonómica.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, se ha mostrado “encantada” con la propuesta de la portavoz del PP en las Corts, Isabel Bonig, de realizar una revisión individualizada y pormenorizada de todas y cada una de las contrataciones de personal en el sector público de la Generalitat y ha señalado que “nada le hará más feliz que poder hacer pública esa información para que todos los valencianos y valencianas vean cómo ha funcionado el PP con el sector público”.

En ese sentido, ha advertido a la responsable del PP que esa revisión le “sacará los colores” porque “se va a poner en evidencia cómo los anteriores gobiernos del PP y el propio Consell del que la señora Bonig formó parte colocó y mantuvo en sus puestos a personas que no pasaron ningún proceso selectivo con omisión de los informes favorables pertinentes y cuyo único mérito era caer en gracia al dirigente popular de turno”.

“El análisis hará patente el cambio de sistema por parte del Gobierno valenciano: Donde antes no había límites y se permitía la creación arbitraria de cuantos puestos directivos y de plantilla se considerara oportunos por el alto cargo de turno, ahora hemos fijado límites y condiciones en función del personal y el presupuesto de cada entidad”, ha afirmado María José Mira, para añadir: “Casualmente ahora cumplimos con la normativa nacional al respecto, una legislación a la que el PP en la Comunitat Valenciana no se quiso ceñir en su día porque prefirió hacer un sector público endogámico, opaco y rígido”.

“Este hecho -ha añadido- ha provocado que todos los que estamos trabajando por conseguir un sector público ágil, transparente y al servicio de los ciudadanos nos estemos dejando la piel cada día por intentar reparar los daños provocados por una gestión nefasta con empresas sin una estrategia clara, sin planes de viabilidad y con personas desmotivadas en la mayoría de los casos por no haberlas hecho partícipes de los proyectos”.

El “sarcasmo” y el PP

“Es un sarcasmo que el PP quiera ahora decirnos lo que tenemos que hacer con las empresas de todos los valencianos. Ya nos han demostrado sus responsables lo que son capaces de destrozar y con qué criterios contratar. No entiendo cómo pueden mirar a la cara a cualquier empresario de esta Comunidad y decirle que saben cómo gestionar una empresa con la herencia empresarial que nos han dejado”, ha criticado la secretaria autonómica de la Conselleria de Hacienda.

Mira ha recalcado que el actual Consell ha aplicado transparencia y fijado límites para la contratación del personal, sobre todo el directivo, “cuando antes podía seguirse la lista de contratados por linajes familiares o el carné del partido”. “Este Gobierno da la cara cuando contrata a directivos y, además, ha regulado un despido directo aplicable de forma inmediata al tratarse de personal de confianza”, ha indicado.

La responsable de Hacienda ha insistido en que, con la nueva regulación en materia de contratación del Sector Público aprobada por el Consell, “se articula este despido directo, de forma que cuando el alto cargo responsable de un ente decida prescindir del personal directivo y de confianza de las entidades públicas puede hacerlo simplemente rescindiendo el contrato sin el riesgo de tener que consolidar sus contratos otorgándoles el derecho de estar trabajando para la Administración pública de por vida sin haber pasado por un procedimiento de mérito y capacidad, como establece la ley”.

“Los altos cargos de este gobierno no van a dejar en herencia a nadie la posibilidad de tener personas con derecho a reclamar en los tribunales indemnizaciones alegando la improcedencia de las rescisiones de sus contratos. Una vergüenza construida y planificada por los anteriores gobiernos del PP en esta Comunidad, cuyos representantes nos critican la aplicación de un sistema como el que tienen establecido no sólo Rajoy sino otros gobiernos autonómicos. Han perdido el norte; pasarán mucha vergüenza con la revisión de las contrataciones y veremos qué explicaciones dan entonces a todos los valencianos”, ha indicado Mira.

Distinguir entre las personas contratadas

María José Mira ha insistido en que en la información que estamos preparando se empezará por distinguir entre las personas contratadas que, no habiendo accedido a sus puestos por procedimientos de selección propios de la Administración pública, han consolidado sus puestos, y terminará detallando los cargos directivos contratados por este Gobierno, “que dejarán su puesto en el momento que el Consell decida por tratarse de cargos de confianza”.

Entre los casos envueltos recientemente en la polémica, está el de una exdiputada del PP a la que en 2005, siendo concejala, se le creó un puesto de responsable de Relaciones Institucionales de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, con un sueldo de 44.500 euros. Mira recuerda que “para ganar un sueldo de 44.000 euros en el sector privado en el año 2005 son muchos los méritos que debía tener”.

De este modo, la SPTCV, una empresa de la propia Generalitat, creó un puesto para relacionarse con la misma Administración y designó a una dirigente del PP. Al perder el escaño en Madrid en diciembre de 2015, pidió el reingreso y la SPTCV, al tratarse de una plaza innecesaria, la despidió, pero ha tenido que abonarle 19.000 euros, incluido el preaviso.

También recientemente los tribunales han rechazado la demanda por despido nulo presentada por la exdirectora de la SPTCV que, de haber sido estimada, habría supuesto el desembolso de 75.000 euros. La exdirectora tenía la consideración de alto cargo y, sin embargo, acudió a los tribunales como si fuera un empleado más del sector público para reclamar una indemnización. Son dos casos entre decenas de los registrados aprovechando la regulación legal de los anteriores gobiernos del PP. “Y eso sin entrar a valorar la situación en la que se encuentra precisamente esa empresa fruto de la estupenda gestión que llevaron a cabo sus dirigentes en la época”, ha concluido Mira.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Economía de las Corts que “la Comunitat Valenciana perdió 163 millones de los programas de fondos europeos ejecutados en el periodo 2007-2013 debido a la mala gestión del Consell anterior, cifra que aún podría ampliarse hasta los 193 millones”.

Mira ha lamentado la “irresponsabilidad” de los anteriores dirigentes, que hizo que la actuación de la Generalitat estuviera “bajo un velo generalizado de sospecha”, lo que ha acarreado una “hipoteca reputacional” que está afectando a las posibilidades financieras que ofrece la Unión Europea.

En este sentido, María José Mira ha mostrado la carta recibida el pasado 16 de febrero en la que la Comisión Europea traslada al director general de Fondos Europeos en el ministerio, su “preocupación por el supuesto cobro de una comisión del 3% cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública valenciana”.

Además, ha explicado María José Mira, los fondos se gestionaban mal, lo que provocaba provocaba numerosas descertificaciones de programas, y la Comunitat Valenciana perdía muchas posibilidades de obtención de fondos, ya que no se participaba en las convocatorias de concurrencia competitiva del Estado ni de la Unión Europea.

“Por todo lo anterior, los objetivos fundamentales en los que estamos trabajando en esta área son mejorar la gestión de los expedientes, aumentar la captación sin dejar perder ninguna convocatoria y recuperar la fiabilidad y la confianza de las instituciones comunitarias”, ha indicado la secretaria autonómica.

19.000 millones de infrafinanciación acumulada

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación también ha señalado durante su comparecencia que “la infrafinanciación en nuestra autonomía ronda los 19.000 millones desde 2002, teniendo en cuenta los costes financieros que genera”. Así, ha indicado que la financiación per cápita de la Comunitat Valenciana se encuentra 258 euros por debajo de la media, lo que supone una infrafinanción de 1.290 millones anuales.

“La infrafinancaición es, sin duda, el reto más grave al que se enfrenta el Consell y toda la sociedad valenciana en estos momentos. El tratamiento injusto que recibimos repercute en los servicios públicos fundamentales que reciben los valencianos, nos lleva a recurrir al endeudamiento para financiarnos y coarta nuestras posiblidades de inversión en otras áreas”.

María José Mira ha criticado que la Generalitat “no contara con una unidad administrativa estable, cualificada y suficientemente dotada que diera soporte técnico a las actuaciones del Consell en esta materia, tal y como ocurre en otras autonomías, como Catalunya”, y ha indicado que el objetivo de la conselleria es crear dicha unidad y en ello se está trabajando.

Francesc Colomer fue el presidente de les Corts más breve de la historia de la cámara. Resultó elegido el 11 de junio y dimitió de la presidencia el 30 del mismo mes, en cierto modo víctima de las negociaciones del Pacto del Botánico, aunque era vox pópuli que su destino no era la presidencia del parlamento valenciano. Pocos días después, Colomer fue nombrado Secretario Autonómico de Turismo y pasó a formar parte del Consell, dejando también su escaño en les Corts que había ocupado un mes antes.

El caso de Colomer resulta especialmente llamativo al tratarse de la presidencia de un parlamento autonómico. Sin embargo, en el último año, hasta trece parlamentarios, tanto autonómicos como en el Congreso y Senado, han abandonado su escaño. Diversas son las causas de su ‘fugaz’ paso por las distintas administraciones: Unos cambiaron de cargo y de institución, otros quedaron descabalgados por el cambio de escenario entre el 20-D y el 26-J, y también los ha habido que han sido víctimas de los juegos políticos internos de sus propios partidos.

También en el PSPV, aunque prácticamente un año más tarde, la diputada María Such abandonará su escaño en el Congreso para dirigir el Instituto Valenciano de las Mujeres y para la Igualdad de Género. La hasta ahora diputada más joven del Congreso fue elegida el 20D y revalidada el 26J, en ambas ocasiones como número 3 por valencia, y ahora se hará cargo de esta institución tras los cambios en el segundo escalón del Consell.

Desbandada en el PP en las Corts

Los casos más llamativos se produjeron en el grupo del Partido Popular en las Corts Valencianes. Desaparecieron de la cámara los número uno, dos y tres por Valencia y el cuatro por Alicante, unos escaños que correspondían a Alberto Fabra, Rita Barberá, Juan Carlos Moragues y César Sánchez, respectivamente. El expresident de la Generalitat dejó las Corts un par de semanas después de la toma de posesión de su acta de diputado autonómico para ocupar un asiento en el Senado como representante del parlamento valenciano, igual que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ambos perdieron su posición de líderes -del Consell y del Ayuntamiento- tras los malos resultados en las elecciones locales y autonómicas del 24M. Moragues fue designado delegado de Gobierno en Valencia y César Sánchez volvió a Alicante para presidir la Diputación provincial.

Ciudadanos también ha vivido su particular cambio de sillones en lo que llevamos de legislatura. Su exportavoz en las Corts y exlíder del partido en la Comunitat Valenciana, Carolina Punset, se fue a Bruselas para ocupar el escaño de Juan Carlos Girauta en el Parlamento Europeo tras una crisis de liderazgo. El pulso culminó con una partición salomónica en el partido: el sector más progresista y próximo a Punset asumió las labores parlamentarias, mientras que el núcleo más inclinado a la derecha acaparó el control del partido.

También en la cámara autonómica, Maria José Mira pasó de ser diputada del PSPV a ocupar la secretaría autonómica de Economía y, un año de diferencias con el conseller Rafa Climent después, ha pasado a ocupar el cargo equivalente en la cartera de Hacienda.

Parlamentarios nacionales que han perdido el acta

La entrada de Esquerra Unida (EUPV) en la candidatura de confluencia de Podemos y Compromís para las elecciones generales se cobró una víctima en las listas. Ricardo Sixto (EUPV) ocupó el puesto de Txema Guigarro en la candidatura de la coalición por Valencia, quien pasó a la lista por Alicante en lugar de Rubén Martínez, que quedo fuera del Congreso apenas seis meses después de haber sido elegido. En el Senado, la confluencia también sufrió variaciones entre sus miembros. La Cámara Alta perdió a Dolors Pérez (Compromís), que fue relevada por Ferran Martínez (Podemos) como senador por Valencia.

Del PSOE cayeron en Madrid en el paso de diciembre a junio Encarna Llinares (senadora electa por Alicante el 20D), Herick Campos (número 3 al Congreso también por la circunscripción de Alicante) y Josep Lluís Grau (senador por Castellón tras el 20D que tampoco resultó elegido).

Ximo Puig ha consumat la seua primera crisi de govern, que ha estat aprovada per l’últim ple del Consell abans de les vacances. Així, tal com ha anunciat la vicepresidenta, Mónica Oltra, es creen dues delegacions del Consell, una secretaria autonòmica i una direcció general –quatre nous alts càrrecs– amb l’objectiu d’impulsar tres àrees: les relacions amb la Unió Europea, l’àrea social i ocupació.

Aquests nomenaments corresponen a Joan Calabuig, portaveu del PSOE en l’Ajuntament de València, que passa a ser delegat del Consell (equivalent a una secretaria autonòmica) per a la Unió Europea i Relacions Externes; Francesc Xavier Uceda, doctor en desenvolupament local i territori per la Universitat de València i llicenciat en treball social i sociologia per aquesta mateixa universitat, que es farà càrrec de la Delegació del Consell per al Model Social Valencià: “És una de les persones que sap més en el camp social”, com ha reconegut Oltra; Rosa Molero, doctora en psicologia per la Universitat de València i que treballava com a assessora en la Conselleria d’Igualtat, ha estat nomenada directora general d’Infància i Adolescència; i, finalment, es crea la secretaria autonòmica d’Ocupació, que de moment queda vacant fins al setembre.

Oltra ha justificat aquests nomenaments a fi de reforçar unes àrees determinades: “Estem perdent moltes oportunitats en la Unió Europea, per la qual cosa hem apostat per crear una delegació que permeta reforçar les nostres relacions i la nostra presència; pel que fa al model social, som la comunitat pitjor situada quant a prestacions socials; i pel que fa a ocupació, tot el pes requeia en una secretaria autonòmica, cosa que suposava molt d’esforç i que estiguera molt carregada. A més, fins ara havíem afrontat les coses urgents, ara anirem a les importants”.

La vicepresidenta del Consell ha justificat els canvis després d’un any de govern, “fet que ens dóna experiència i perspectiva” a l’hora de dur a terme una remodelació que pretén “redistribuir càrregues per a equilibrar el treball, una reestructuració que ha de servir per a treballar millor i ser més eficients”. De la mateixa manera, ha descartat que els canvis més profunds s’hagen produït en Economia, “no és aquesta la lectura”, i ha defensat el ‘mestissatge’ que han compartit PSPV i Compromís en les diferents conselleries: “Ha estat una bona idea i és evident que funciona, ja que ha donat més bons resultats dels que esperàvem.

Moviments de cadires

A més de la creació dels nous càrrecs, es produeixen diferents moviments en Presidència i les conselleries d’Igualtat, Hisenda, Economia i Sanitat. Així, en Presidència, es crea la Delegació del Consell per a l’UE, de què dependrà la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, que dirigirà Daría Terrádez, fins ara regidora de Serveis Socials en l’Ajuntament de Bétera i que substituirà Regina Laguna. Gustavo Zaragozá, que era director general de Planificació, passa a ocupar la Direcció General d’Anàlisi i Polítiques Públiques, que estava vacant. I en la Direcció General de Relacions Informatives, Marta Hortolà, responsable de Comunicació del PSPV, substitueix Ximo Clemente.

En la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a més de la creació de la Delegació del Consell per al Model Social Valencià i la direcció general de la Infància, cessa Anaïs Menguzzato com a responsable de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, càrrec que ocuparà la diputada nacional socialista María Such, que serà substituïda en el Congrés per Ciprià Císcar.

En Hisenda, María José Mira, exsecretària autonòmica d’Economia amb Rafa Climent, substitueix Ángeles Cuenca com a secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament.

En la Conselleria de Sanitat, Narcís Vázquez, doctor en medicina i exdiputat nacional per Esquerra Unida, dirigirà la secretaria autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, plaça que ocupava Dolores Salas i que estava vacant des que va dimitir.

Finalment, en el departament d’Economia, on hi ha més moviments, Blanca Marín deixa l’Eige i ocuparà el càrrec que deixa María José Mira, a més d’estar pendent el nomenament de la secretaria autonòmica d’Ocupació. L’Ivace, que continua dirigint Julia Company, dependrà directament de Rafa Climent; Diego Macià és el nou director general d’Indústria i Energia; Eva Hernández relleva Juan Ángel Poyatos en la Direcció General de Planificació i Serveis; i María Dolores Parra dirigirà Internacionalització, que va quedar vacant arran de la destitució de Mónica Cucarella.

Ximo Puig ha consumado su primera crisis de gobierno, que ha sido aprobada por el último pleno del Consell antes de las vacaciones. Así, tal y como ha anunciado la vicepresidenta, Mónica Oltra, se crean dos delegaciones del Consell, una secretaría autonómica y una dirección general -cuatro nuevos altos cargos- con el objetivo de impulsar tres áreas: las relaciones con la Unión Europea, el área social y empleo.

Estos nombramientos corresponden a Joan Calabuig, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, que pasa a ser delegado del Consell (equivalente a una secretaría autonómica) para la Unión Europea y Relaciones Externas; Francesc Xavier Uceda, doctor en Desarrollo Local y Territorio por la Universitat de València y licenciado en Trabajo Social y Sociología por esta misma universidad, que se hará cargo de la delegación del Consell para el Modelo Social Valenciano: “Es una de las personas que más sabe en el campo social”, como ha reconocido Oltra; Rosa Molero, doctora en Psicología por la Universitat de Valencia y que trabajaba como asesora en la conselleria de Igualdad, ha sido nombrada directora general de Infancia y Adolescencia; y, por último, se crea la secretaría autonómica de Empleo, que de momento queda vacante hasta septiembre.

Oltra ha justificado estos nombramientos al objeto de reforzar determinadas áreas: “Estamos perdiendo muchas oportunidades en la Unión Europea, por lo que hemos apostado por crear una delegación que permita reforzar nuestras relaciones y nuestra presencia; en lo que se refiere al Modelo Social, somos la comunidad peor situada en cuanto a prestaciones sociales; y en lo que se refiere a empleo, todo el peso recaía en una secretaría autonómica, lo que suponía mucho esfuerzo y que estuviera muy cargada. Además, hasta ahora habíamos afrontado lo urgente, ahora iremos a lo importante”.

La vicepresidenta del Consell ha justificado los cambios después de un año de gobierno, “lo que nos da experiencia y perspectiva” a la hora de llevar a cabo una remodelación que pretende “redistribuir cargas para equilibrar el trabajo, una reestructuración que debe serví para trabajar mejor y ser más eficientes”. De igual modo, ha descartado que los mayores cambios se hayan producido en Economía, “no es ésa la lectura”, y ha defendido el 'mestizaje' que han compartido PSPV y Compromís en las diferentes consellerias: “Ha sido una buena idea y es evidente que funciona, ya que ha dado mejores resultados de los que esperábamos.

Movimientos de sillas

Además de la creación de los nuevos cargos se producen diferentes movimientos en Presidencia y las consellerias de Igualdad, Hacienda, Economía y Sanidad. Así, en Presidencia, se crea la delegación del Consell para la UE, de la que dependerá la dirección general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado, que dirigirá Daría Terrádez, hasta ahora concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Bétera y que sustituirá a Regina Laguna. Gustavo Zaragozá, que era director general de Planificación, pasa a ocupar la dirección general de Análisis y Políticas Públicas, que estaba vacante. Y en la dirección general de Relaciones Informativas, Marta Hortelano, responsable de Comunicación del PSPV, sustituye a Ximo Clemente.

En la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de la creación de la delegación del Consell para el Modelo Social Valenciano y la dirección general de la Infancia, cesa Anaïs Menguzzato como responsable del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, cargo que ocupará la diputada nacional socialista María Such, que será sustituida en el Congreso por Ciprià Císcar.

En Hacienda, María José Mira, exsecretaria autonómica de Economía con Rafa Climent, sustituye a Ángeles Cuenca como secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación.

En la conselleria de Sanidad, Narcís Vázquez, doctor en Medicina y exdiputado nacional por Esquerra Unida, dirigirá la secretaría autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, plaza que ocupaba Dolores Salas y que estaba vacante desde su dimisión.

Por último, en el departamento de Economía, donde hay más movimientos, Blanca Marín deja el Eige para ocupar el cargo que deja María José Mira, además de estar pendiente el nombramiento de la secretaría autonómica de Empleo. El Ivace, que sigue dirigiendo Julia Company, dependerá directamente de Rafa Climent; Diego Macià es el nuevo director general de Industria y Energía; Eva Hernández releva a Juan Ángel Poyatos en la dirección general de Planificación y Servicios; y María Dolores Parra dirigirá Internacionalización, que quedó vacante tras la destitución de Mónica Cucarella.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciava aquest dimecres una “remodelació” en el segon nivell del Govern valencià que serà aprovada en el ple del Consell que celebra aquest dijous, uns canvis que pretenen “millorar la governabilitat de la Comunitat Valenciana” per a ser “més eficients” i millorar la gestió.

Entre aquests canvis, es dóna per fet el nomenament de l’actual portaveu socialista en l’Ajuntament de València i primer tinent d’alcalde de Joan Ribó, Joan Calabuig, com a delegat del Consell per a la Unió Europea i de Relacions Externes, un càrrec amb rang de secretari autonòmic que depén directament de Presidència.

Calabuig, que ja va ser eurodiputat, deixarà l’acta de regidor en el consistori valencià –la següent en la llista socialista per València és l’actual directora de l’Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Anaïs Menguzzato, que ocuparà el lloc de regidora– i serà el responsable de les relacions internacionals de l’executiu valencià. Aquests canvis provoquen al seu torn altres moviments, com el nomenament de la diputada en el Congrés María Such, que passarà a ser directora de l’Institut de la Dona en substitució de Menguzzato, i el canvi en el càrrec de portaveu municipal de València, que passarà a ocupar l’edil de Seguretat Ciutadana, Sandra Gómez.

María José Mira i Ximo Clemente, recol·locats

La que era fins ara secretària autonòmica de la Conselleria d’Economia, María José Mira, serà recol·locada en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que dirigeix el socialista Vicent Soler, o en Presidència. Mira ha protagonitzat diferents enfrontaments en els últims mesos amb el seu conseller, el valencianista Rafa Climent. Un dels desacords més destacats, a propòsit dels horaris comercials. En aquella ocasió, el Govern valencià va desautoritzar Climent en favor del criteri de Mira.

A més, l’actual director general de Relacions Informatives, Ximo Clemente, serà rellevat en el càrrec per Marta Hortolà. L’extreballadora de Las Provincias és responsable de comunicació del PSPV des del mes de març passat. Clemente es mantindrà en l’organigrama de Presidència encara que com a assessor econòmic.

Cuquerella i Salas

El cap del Consell també cobrirà les vacants que van deixar després dels cessaments Dolores Salas, exsecretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, i Mónica Cuquerella, exdirectora general d’Internacionalització. Cuquerella serà substituïda per la delegada d’Economia en l’Ajuntament de Vila-real, María Dolores Parra, també de Compromís.

Salas va renunciar al càrrec davant la “pressió” a què va assegurar que se l’havia sotmés per la polèmica generada amb el contracte de la seua filla en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), mentre que el conseller d’Economia, Rafa Climent, va destituir Cucarella després de l’informe de Transparència que declarava incompatible el seu càrrec amb el d’apoderada en una gasolinera d’Alzira denunciada.

La Conselleria de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, establecerá más controles sobre los fondos públicos que financian la formación de los desempleados tras el procesamiento de la cúpula de la patronal de Castellón por malversación de dinero público en ese terreno.

Así lo ha adelantado, según un comunicado de la Generalitat, la Secretaria Autonómica María José Mira que ha indicado que, desde el Consell, se van a poner en marcha medidas el próximo ejercicio para “garantizar a todos los ciudadanos que los fondos que se destinan a un tema tan sensible como la formación de desempleados consigue su objetivo”.

Así, ha avanzado que una de las líneas en las que se está trabajando es en introducir en el próximo Reglamento Orgánico y Funcional que ya ha sido pactado con los agentes sociales y económicos, una figura que tendrá como funciones la “comprobación del cumplimiento en el ámbito del SERVEF, de la aplicación de la normativa, nacional y comunitaria, sobre el gasto destinado a las medidas y programas de políticas activas de empleo, sin perjuicio del superior control financiero y contable de la Intervención General”.

Esta nueva figura, según ha explicado Mira, establecerá procedimientos de verificación de manera que “las actuaciones que se realicen con el presupuesto de todos los valencianos y valencianas sean más transparentes”.

Por otra parte, Mira ha anunciado que se van a establecer procedimientos para a evaluar “las acciones formativas que se realizan y el impacto real que tienen sobre la consecución del empleo”.

“Para poder diseñar acciones políticas sobre el empleo que sean realmente útiles para los ciudadanos, debemos poder tener un buen diagnóstico que nos permita establecer acciones en función de los resultados”, ha señalado.

L’Ajuntament de València trau foc pels queixals amb la Conselleria d’Economia pel caos dels horaris comercials. Els errors de la Generalitat han convertit en paper mullat l’acord entre l’alcalde Joan Ribó i els comerços per a restringir a només dues zones l’obertura en diumenge amb l’emprenyament consegüent del regidor de comerç, Carlos Galiana.

L’anunci d’El Corte Inglés que tornarà a obrir el primer diumenge de juliol el seu establiment a Nuevo Centro ha estat la gota que ha fet vessar el got. Galiana, amb subtilesa, ha deixat clar que la marxa arrere en la regulació d’horaris –i la solució per a tornar al pacte entre consistori i grans empreses del sector– és responsabilitat d’Economia.

“En l’Ajuntament estem preparats per a tornar a negociar amb les grans superfícies comercials quan la Conselleria ens indique que podem fer-ho, però de moment són ells els que han d’indicar quins són els passos pròxims, ja que l’Ajuntament ja va fer els deures quan pertocava”, diu Galiana en un comunicat.

El regidor de Comerç es desmarca del caos dels horaris i exigeix als companys de Compromís –Economia té un conseller d’aqueix partit, Rafa Climent– solucions. La Generalitat ha de “regular i establir com més prompte millor” el marc perquè els ajuntaments ordenen els horaris. “A hores d’ara, des de l’Administració municipal encara no podem iniciar la negociació d’una proposta nova”, lamenta Galiana.

Història d’un disbarat

Un centre comercial de València (Arena, al costat de l’estadi del Llevant) i un altre d’Alacant (El Corte Inglés) van recórrer per via administrativa la decisió avalada per la Direcció General de Comerç, gestionada per Compromís, sobre l’obertura de grans superfícies en diumenges i festius. La resolució del recurs va correspondre a un altre departament de la Conselleria d’Economia, la secretaria autonòmica, dirigida per una independent escollida pel PSOE, María José Mira.

Les relacions entre ella i els companys de govern (el conseller, Rafa Climent, i el seu equip) són hostils des de fa mesos. En aqueix context, Mira va sol·licitar als advocats de la Generalitat un informe sobre el recurs de les grans superfícies. El dictamen va ser clar: no es va justificar prou la restricció horària i, sobretot, no es va escoltar els afectats per la decisió.

Comerç va exigir a Mira que tombara els recursos al·legant que l’informe no era vinculant. La secretària autonòmica en va demanar un de complementari als serveis jurídics de la Conselleria, que es van expressar en termes semblants als dels seus col·legues de la Generalitat. Fonts del Consell van explicar que, amb aqueixos antecedents, no estimar els recursos hauria estat temerari: aplanaria el camí per a una victòria ja en el jutjat d’Arena i El Corte Inglés i, en el pitjor dels casos, podria suposar un delicte de prevaricació.

A l’espera que es resolga el greuge, s’ha tornat a la normativa anterior, molt menys restrictiva amb les grans superfícies. Arena, per exemple, ja obri els diumenges. El mateix farà El Corte Inglés de Nuevo Centro, també a València. Tant la Generalitat com l’Ajuntament volen restringir la llibertat horària per a protegir els treballadors dels centres comercials forçats a treballar en diumenge i, en el marc d’un nou model productiu, promoure el comerç menut i de proximitat.

En això treballa la Conselleria d’Economia. L’Ajuntament, com recorda Galiana, “ja va fer els deures en el moment que pertocava”.

El ayuntamiento de Valencia está que trina con la Conselleria de Economía por el caos de los horarios comerciales. Los errores de la Generalitat han convertido en papel mojado el acuerdo entre el alcalde Joan Ribó y los comercios para restringir a solo dos zonas la apertura en domingo con el consiguiente cabreo del concejal de comercio, Carlos Galiana.

El anuncio de El Corte Inglés de que volverá a abrir el primer domingo de julio su establecimiento en Nuevo Centro ha sido la gota que ha colmado el vaso. Galiana, con sutileza, ha dejado clara que la marcha atrás en la regulación de horarios -y la solución para volver al pacto entre consistorio y grandes empresas del sector- es responsabilidad de Economía.

“En el Ayuntamiento estamos reparados para negociar de nuevo con las grandes superficies comerciales cuando la Conselleria nos indique que así podemos hacerlo, pero de momento son ellos los que deben indicar cuáles son los próximos pasos, ya que el Ayuntamiento ya hizo sus deberes cuando correspondía”, dice Galiana en un comunicado.

El concejal de comercio se desmarca del caos de los horarios y exige a sus compañeros de Compromís -Economía tiene un conseller de ese partido, Rafa Climent- soluciones. La Generalitat debe “regular y establecer cuanto antes” el marco para que los ayuntamientos ordenen los horarios. “A día de hoy desde la administración municipal aún no podemos iniciar la negociación de una nueva propuesta”, lamenta Galiana.

Historia de un desaguisado

Un centro comercial de Valencia (Arena, junto al estadio del Levante) y otro de Alicante (El Corte Inglés) recurrieron por vía administrativa la decisión avalada por la Dirección General de Comercio, gestionada por Compromís, sobre la apertura de grandes superficies en domingos y festivos. La resolución del recurso correspondió a otro departamento de la Conselleria de Economía, la secretaría autonómica, dirigida por una independiente elegida por el PSOE, María José Mira.

Las relaciones entre ésta y sus compañeros de gobierno (el conseller, Rafa Climent, y su equipo) son hostiles desde hace meses. En ese contexto, Mira solicitó a los abogados de la Generalitat un informe sobre el recurso de las grandes superfícies. El dictámen fue claro: no se justificó suficientemente la restricción horaria y, sobre todo, no se escuchó a los afectados por la decisión.

Comercio exigió a Mira que tumbara los recursos alegando que el informe no era vinculante. La secretaria autonómica pidió uno complementario a los servicios jurídicos de la conselleria, que se expresaron en parecidos términos a los de sus colegas de la Generalitat. Fuentes del Consell explicaron que, con esos antecedentes, no estimar los recursos hubiera sido temerario: allanaría el camino para una victoria ya en el juzgado de Arena y El Corte Inglés y, en el peor de los casos, podría suponer un delito de prevaricación.

A la espera de que se resuelva el entuerto, se ha vuelto a la normativa anterior, mucho menos restrictiva con las grandes superficies. Arena, por ejemplo, ya abre los domingos. Otro tanto hará El Corte Inglés de Nuevo Centro, también en Valencia. Tanto la Generalitat como el ayuntamiento quieren restringir la libertad horaria para proteger a los trabajadores de los centros comerciales forzados a trabajar en domingo y, en el marco de un nuevo modelo productivo, promover el comercio pequeño y de proximidad.

En ello está trabajando la conselleria de Economía. El ayuntamiento, como recuerda Galiana, “ya hizo sus deberes en el momento que correspondía”.

La vicepresidenta de la Generalitat ha reconegut l’“error col·lectiu” de la Conselleria d’Economia que ha deixat sense efecte les restriccions a l’obertura de les grans superfícies a València i Alacant. Mónica Oltra, en roda de premsa després de l’habitual Consell del divendres, s’ha ocupat a fons per llevar importància a una cosa que és evident: la pèssima relació entre representants de Compromís i del PSPV-PSOE en la Conselleria d’Economia.

Sense fer sang –“fallem perquè som humans i moltes vegades ens deixem portar per l’entusiasme de fer coses”– i repartint responsabilitats –“és una errada de tot el Govern”–, la vicepresidenta no ha deixat en bon lloc el Conseller d’Economia, Rafa Climent, del seu mateix partit, Compromís: ha avalat explícitament la decisió d’un càrrec del PSOE, que ha deixat sense efecte les restriccions a les obertures en diumenge de les grans superfícies en contra del criteri del conseller.

Oltra ha explicat per terra, mar i aire que l’Acord del Botànic no està en perill. El Consell és sòlid, diu i el revés patit amb els horaris comercials es “resoldrà” com més prompte millor amb un doble objectiu: protegir els treballadors dels centres comercials forçats a treballar en diumenge i, en el marc d’un nou model productiu, promoure el petit comerç i de proximitat.

Història d’un desgavell

Un centre comercial de València (Arena, al costat de l’estadi del Llevant) i un altre d’Alacant (El Corte Inglés) van recórrer per via administrativa la decisió avalada per la Direcció General de Comerç, gestionada per Compromís, sobre l’obertura de grans superfícies en diumenges i festius. La resolució del recurs va correspondre a un altre departament de la Conselleria d’Economia, la Secretaria Autonòmica, dirigida per una independent escollida pel PSOE, María José Mira.

Les relacions entre ella i els seus companys de govern (el conseller, Rafa Climent, i el seu equip) són hostils des de fa mesos. En aqueix context, Mira va sol·licitar als advocats de la Generalitat un informe sobre el recurs de les grans superfícies. El dictamen va ser clar: no es justifica bastant la restricció horària i, sobretot, no es va escoltar els afectats per la decisió.

Comerç va exigir a Mira que tombara els recursos al·legant que l’informe no era vinculant. La secretària autonòmica en va demanar un de complementari als serveis jurídics de la Conselleria, que s’han expressat en termes semblants als dels seus col·legues de la Generalitat. Fonts del Consell expliquen que, amb aqueixos antecedents, no tenir en compte els recursos hauria estat temerari: aplanaria el camí per a una victòria ja en el jutjat d’Arena i El Corte Inglés i, en el pitjor dels casos, podria suposar un delicte de prevaricació.

Climent i el seu entorn tenen una visió diferent. Creuen que la decisió de Mira és una deslleialtat, que parcialment respon a criteris ideològics –tindria una visió menys restrictiva de la llibertat horària– que van contra el pacte del Botànic. Aquest acord, en el punt 4, parla de fomentar “un model de comerç equilibrat que done suport al comerç de proximitat”. Oltra no li dóna la raó.

I, ara, obrirà el gran comerç els diumenges?

Podria fer-ho. Oltra espera que no. Arena ja ha dit que ho farà. En tot cas, Comerç vol que l’Ajuntament de València comence de nou el procés per a esmenar les deficiències jurídiques destacades pels advocats de la Generalitat, que han truncat l’acord històric entre la ciutat i els centres comercials. Els tràmits podrien durar, segons fonts d’Economia, un parell de mesos. Estanyar les ferides entre Mira i l’equip de Compromís en Economia pot tardar bastant més.