El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado este jueves “un elemento importantísimo” que de cara a las próximas elecciones generales haya “una colaboración inteligente de los demócratas y de la izquierda” para ganar la batalla a la derecha y la extrema derecha que, según todas las encuestas, podría conformar un gobierno de coalición.

“Tenemos una cosa en común frente a los que están enfrente. Todos queremos un mundo mejor y un mundo más justo. Y enfrente tenemos a gente que solo quiere que su mundo sea mejor, aunque sea a costa de joder el mundo de todos. Eso es suficientemente importante como para que colaboremos de manera inteligente”, ha zanjado en un acto en el Ateneo de Madrid junto al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la periodista Sarah Santaolalla y el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

“Yo, de verdad creo que tengo esperanza”, ha añadido. “Para mí de aquí a las elecciones lo fundamental es que no se desperdicie ni un voto, ni un voto de la gente que sea progresista”, ha añadido, aunque ha reconocido no tener para ello “una fórmula clara”. “Si la tuviera, probablemente sería un genio”, ha dicho. “No nos engañemos, no hay posibilidad de frenar a la derecha y a la ultraderecha si no es con un planteamiento inteligente de aquí a las próximas elecciones”, ha insistido.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, ha dicho sobre el PSOE. “Pero yo creo que a nuestra izquierda tiene que haber, no digo unas siglas, no estoy diciendo cómo, pero tiene que haber un entendimiento que facilite el que no se desperdicien los votos. Creo que la inteligencia electoral va a ser clave para impedir la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder”, ha remachado.

Previamente, Iglesias ha asegurado que “el antifascismo tiene que estar organizado en todas partes, tiene que estar organizado en los parlamentos, tiene que estar organizado en la calle y en la movilización social, pero también tiene que estar organizado en el periodismo”. “Tiene que estar organizado en los parlamentos y en la calle y en la movilización social”, ha añadido.

Contra los “bulos”

Asimismo, la periodista Sarah Santaolalla ha alertado este jueves ante quienes están diciendo “a la gente de izquierdas” que “está todo perdido” por el auge de la extrema derecha. En el acto que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, la comunicadora ha alertado de que a la izquierda se le está “intentando domesticar”. “Creo que nos están intentando señalar el camino o acabas en el trullo. Creo que a la gente de izquierdas nos están diciendo que no podemos ser antifascistas en un país que debería ser antifascista.

A su juicio, “los tres poderes principales están controlados y están sometidos al poder de la derecha”, Con todo, ha asegurado no querer “poner la otra mejilla”. “Yo no quiero pasar a la historia mediática porque resistió, aguantó hasta que cayó en una depresión. Yo quiero vivir como viven estos fascistas, desde la poltrona, desde la comodidad y desde no tener miedo. Y creo que la gente de izquierdas en este país debe no tener miedo”, ha zanjado.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha defendido, por su parte, su acción ante “los tribunales” desmontando “bulos” de la extrema derecha. “Nosotros respondemos en los tribunales, que es donde creemos que tenemos que contestar las izquierdas a quienes nos están haciendo auténticas salvajadas. Contestamos en los tribunales, algunos llevamos ya un tiempo, yo llevo desde el año 2013 aproximadamente contestando en los tribunales, de momento solo les he ganado 30 sentencias, pero bueno, hay camino por delante”, ha concluido.

En el contexto nacional de los últimos tiempos de auge de la extrema derecha, acompañada de agitadores, la izquierda no quiere quedarse parada. Las acusaciones del agitador ultraderechista Vito Quiles hacia Rubén Sánchez, y que han tenido como resultado su procesamiento por delitos de injurias y calumnias, han supuesto un punto de inflexión, ha servido al secretario general de Facua para “agradecer la ola de solidaridad” recibida y ha significado el pistoletazo de salida para celebrar el primero de los eventos de su iniciativa 'Frenar a la extrema derecha'.

Con el objetivo de “poner su experiencia al servicio de la gente”, según explicaba en la convocatoria, el Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla ha acogido un acto que contó con la participación de Rubén Sánchez; el antropólogo y tertuliano Javier Aroca; la periodista Mercedes de Pablos y la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río. Además de contar con la colaboración de la Red de Activistas de Sevilla, al evento han asistido también, entre otros, Antonio Muñoz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, o Ángela Claverol, presidenta de AMAMA.

“O eres demócrata o eres fascista”

Las previsiones de público superaron todas las expectativas de Facua, que tras reservar uno de los salones del hotel, se vio obligado a abrir una nueva sala. “De ninguna de las maneras me podía imaginar esto”, confiesa una de las organizadoras. Unas 400 personas, según confirmaron a este diario fuentes de Facua al finalizar el acto, expectantes y con más de media hora retraso dio comienzo el acto con unas palabras de Rocío Algeciras, presidenta de Facua en Sevilla, en las que agradeció la asistencia y explicaba que “mal vamos en Andalucía” si sale reelegido presidente Juan Manuel Moreno. 

Rubén Sánchez aseguró que “llevan más de 10 años intentando matarnos como organización”. Como responsables, ha señalado a las derechas, “que hoy tenemos que llamar extremas derechas, que son PP y el forúnculo de VOX”. En este sentido, este periódico informó de que en los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla se han recortado 45.000 euros previstos para ayudas destinadas a que las organizaciones de consumidores desarrollen su labor. 

El secretario general de Facua tiene claro que ambas corporaciones (PP y Vox) pagan a los agitadores como Vito Quiles y lo hacen “con dinero público”. El objetivo que tienen es “llenar de mierda los cerebros de la gente” debido al “miedo que tienen cuando nos organizamos”. Con la vista puesta en las elecciones generales de 2027, con el acto se pretendía, según Sánchez, “poner la semilla que acabe con el estado triste” debido al pensamiento generalizado de “que la extrema derecha va a volver como algo inevitable”. Sánchez aseguró que “es algo evitable, pero hay que esforzarse mucho”.

Por su parte, Mercedes de Pablos fue mucho más directa en su intervención, asegurando que “o eres demócrata o eres fascista”. Haciendo un símil con 'El Quijote', la periodista aseguró que los fascistas “no son molinos, pero tampoco son gigantes”, invitando a poder acabar con su práctica, que es “el genocidio intelectual”, causado “porque a veces callamos y nos resignamos”.

Con la toma de la palabra de Aroca, los asistentes empezaron a sacar sus móviles para grabar la que, a priori, era la intervención más esperada de la noche, y es que, el jurista y tertuliano televisivo no dejó indiferente a nadie. “Lo primero que tenemos que denunciar es a la extrema derecha, pero una más sibilina que se mueve en los entreverados de la política, para que reduzcamos la democracia a la que ellos quieren, que es la que quieren controlar”, indicaba. A esto añadió que “la democracia hay que practicarla todos los días, porque así no tendríamos que haber convocado este acto para frenar a la extrema derecha”.

Por otro lado, afirmó que él no teme a Gavira o al juez Serrano ya que “aunque la extrema derecha se vista de seda, es una minoría”, una “que nunca se ha ido de España”. Su miedo está en el gobierno en solitario de Juan Manuel Moreno o Feijóo que “con la excusa de que le empujan para ser extrema derecha” aplican sus políticas. 

Por último, remató su intervención haciendo una reflexión que calaría en los allí presentes, y que se tornaría en el centro del debate. “Los demócratas deberíamos pensar por qué hay tantos compatriotas que no quieren votar”. Esto lo acompañó con los datos de la abstención en las últimas elecciones andaluzas, que fue del 41,64%, teniendo como resultado un gobierno conservador, mientras que en las elecciones generales la abstención fue del 33,41% y tuvo como resultado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pilar del Río seguía “alucinada y afectada” por los comentarios del candidato de Vox, Manuel Gavira, en el debate electoral celebrado la noche anterior, teniendo como argumento principal la prioridad nacional. Por ello, leyó una breve historia escrita por ella tras el debate donde se apelaba a la defensa de los derechos de los trabajadores, la sanidad pública, derecho a la dignidad y a la igualdad. Además, pidió votar a aquellos que se “comprometen a legislar respetando los derechos humanos”.

Autocrítica en la izquierda

En la segunda ronda de intervenciones se hizo hincapié en las acciones que se pueden realizar, o cosas a mejorar, para frenar el auge de la ultraderecha. Rubén Sánchez se mostró preocupado ante una reelección de Juan Manuel Moreno, que puede realizar una legislatura “más dura y salvaje”. Por ello, indicó que hay que realizar un “sobreesfuerzo para no permitir en encuentros sociales que el discurso que impere sea el de la criminalización del inmigrante, criticar a los feministas o ridiculizar al homosexual”. Además, ha condenado los discursos negacionistas producidos por dejar espacio a “los agitadores y pseudomedios”.

El secretario general de Facua insistió en que “tenemos que convencer a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, que eso que ven en las redes son discursos peligrosos”, a lo que añadió que los grandes empresarios de España son los que “nos la quieren hacer pasar putas”. A esto ha dado otra solución y es “callar bocas en barras de bares” y “fortalecernos como organizaciones de la sociedad civil”, creando movimientos asociativos en los barrios. Por último, llamó a los abstencionistas a votar para las izquierdas, con el objetivo de parar a las derechas.

Mercedes de Pablos fue la más autocrítica ya que cargó contra su propia profesión, la del perioismo, alegado que un periodista “no es solo una profesión, es un derecho de la ciudadanía, el derecho a la información”. Sin embargo, sacó pecho de la Asociación de la Prensa de Sevilla, asegurando que “no calla” a diferencia de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España que sí lo hace “cuando se acosa a alguna gente y que calla cuando hoy se han dicho dos mentiras desde sedes institucionales”, haciendo referencia al enfermo de hantavirus y al accidente ferroviario de Adamuz.

Aroca continuó con la autocrítica que dejó a medias en su anterior intervención. “Los partidos de izquierda se han alejado de su gente”, fue su respuesta al porqué la mayoría de gente que se abstiene es de izquierda. Sin embargo, aseguró que esa autocrítica tiene que ir acompañada de “responsabilidad”, firmando un pacto por la democracia y el progreso. Para ello es necesario “quedarnos quietecitos durante un tiempo”, dejando de ser “la izquierda puñetera, que solo habla de nuestros defectos y no de los de la derecha y la extrema derecha”.

Por otro lado, entendió que haya distintos enfoques dentro de la izquierda pero instando a que “todas tienen que poner por delante los derechos de la ciudadanía y tener cercanía”. Además, pide que el día 18 de mayo, tras las elecciones, no haya nuevas escisiones. Aroca también reclama al votante de izquierda que vote porque “si votamos, no hay extrema derecha que se nos resista”, y sueña con que “el día 17 falten urnas para votar”. Si esto no sucede, continuará “la ola que permite que la extrema derecha cabalgue”, vaticina.

El acto finalizó con la intervención de Pilar del Río, que afirmó que “nos quieren resignados, indiferentes, llenos de miedo”, este es el motivo por el cual entiende que los políticos se comportan así. Por último, hizo un llamamiento a no dejar las urnas vacías, para que no haya esa abstención que entiende que perjudica a la izquierda y beneficia a la extrema derecha, que “es igual de repugnante que la extrema necedad”. 

Para finalizar el acto, se dio la oportunidad a cinco personas del público para que hablasen y mostrasen su opinión de los temas tratados. Entre ellas, destacó la intervención de Ángela Claverol, que agradeció a los presentes por su ayuda durante los pasados meses al trascender los fallos de los cribados de cáncer de mama. Finalmente, tomó la palabra Sánchez para pedir “que la gente se mueva, primero por responsabilidad de todos, como demócratas, y segundo por el respeto que les debemos a esa gente que hoy está en cunetas, que asesinaron con tiros a bocajarro (...) que nos trajeron la democracia”.

La iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo. Tras Sevilla, el siguiente evento se celebrará en Madrid el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Ateneo de Madrid. En él participarán el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la analista política, Sarah Pérez Santaolalla, el exvicepresidente del Gobierno, exsecretario general de Podemos y director de Canal Red, Pablo Iglesias, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Una jueza de Sevilla ha procesado al agitador ultra Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, que ya ha presentado el correspondiente escrito de acusación: en total, reclama nueve años de cárcel, 24.000 euros de multa y 60.000 euros de indemnización. En concreto, le acusa de tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico en concurso con dos de injurias graves con publicidad.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es el paso previo para la apertura de juicio solicitado por la magistrada, que en un auto señaló que Quiles publicó en redes sociales mensajes y vídeos contra Sánchez con “claros indicios” de que tenían “afán de vejar, ofender y vilipendiar”. En el documento, el abogado del responsable de Facua cifra en al menos 28 las ocasiones en las que acusó, “de forma gravísima y reiterada” a su cliente, presentándolo como pederasta, proxeneta, encubridor de violadores, extorsionador, estafador, corrupto y líder de una red mafiosa y criminal.

Todo ello, “movido por el odio que profesa” Quiles contra Sánchez porque “ideológicamente está en las antípodas”, además de ser secretario general de Facua. Asimismo, incide en que todo de lo que le acusa es “radical y completamente falso”, como demostraría que en su segunda declaración ante el juzgado de instrucción “dijo que iba a aportar pruebas de lo que le acusaba, y nada de ello se hizo”.

“Ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda”

El auto de transformación en procedimiento abreviado ya es firme. Al no presentar Quiles recurso hasta la fecha, el próximo paso será que el juzgado traslade el escrito de conclusiones provisionales de la acusación a su abogado, para que presente el de defensa en el plazo de 10 días.

En sus conclusiones, el abogado de Sánchez define a Vito Quiles como “un conocido agitador profesional de ultraderecha y creador de bulos que se propagan de forma reiterada en distintos medios de comunicación y redes sociales”. Durante varios meses de 2022, llevó a cabo tres campañas en base a bulos con los que acusó al líder de Facua “de forma dolosa, mendaz, tendenciosa y cargada de odio”, realizando afirmaciones “de extrema gravedad” que a su juicio son “constitutivas de calumnias e injurias”.

Entre otras acusaciones, lanzó que Rubén Sánchez tenía yates de su propiedad a nombre de otras personas y le acusó de encubrir “a violadores de izquierdas” al asegurar que existía una relación entre su “chiringuito Facua” con la trama de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Asimismo, le responsabilizó de tener “un ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda” al que ordenaba cerrar las cuentas de X de usuarios que no comulgasen con él, lo que conseguía “extorsionando” a trabajadores de esta compañía.

Al margen de liderar este supuesto grupo “mafioso” y “criminal”, Quiles deslizó en sus mensajes que Sánchez es un pederasta y un proxeneta, además de acusarle de inventarse una noticia falsa para perjudicar a su expareja y de recibir “miles de euros anuales de una constructora sevillana”. Y llegó a trasmitir a sus seguidores en redes sociales que responsabilizaba al secretario general de Facua de “cualquier cosa perjudicial que me pueda pasar”.

Ataques a la jueza por el caso

El abogado de la acusación recuerda, asimismo, que tras tener conocimiento del auto de transformación en procedimiento abreviado, Quiles cargó desde su canal de YouTube contra la jueza con “graves ataques” en los que llega a deslizar que la magistrada “ha cometido delito de prevaricación”. Asimismo, lanzó tuits en los que acusó a la instructora de cometer “una locura”, de no juzgar en función del Código Penal y de incurrir en una “persecución política” contra él, una actuación que a su juicio respondía a que “el Gobierno tenía que tapar hoy el juicio a Begoña Gómez”, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En total, Sánchez solicita nueve años de prisión, tres por cada uno de los tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, a lo que une que estas calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad. Por cada uno de éstos pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses, además de instar a que sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al “supuesto ejercicio del periodismo” durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Igualmente, la defensa del secretario general de Facua reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como “al pseudomedio de Javier Negre”, Estado de Alarma TV (Edatv), como responsable civil subsidiario. Y por último, solicita que se condene a Quiles a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de X, su canal de Telegram y el canal principal de Edatv en YouTube.

Una jueza de Sevilla ha procesado a Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado. Por ello, la magistrada da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, para la apertura de juicio, o bien pidan el archivo de la causa, en la que señala la responsabilidad civil subsidiaria de EDA TV.

La jueza explica en su resolución que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y vídeos que Quiles publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, “resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar” al representante de Facua.

“Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legítima, no amparadas por la libertad de expresión”, indica el auto, que explica que esta no otorga el derecho a la ofensa.

“Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados”, añade la resolución judicial.

La jueza cree que el conjunto de mensajes y vídeos es “intolerable al deber ético y profesional del periodismo” y que está “desamparado” por el derecho a la libertad de expresión, de ahí que crea que los hechos revisten indiciariamente caracteres de injurias y calumnias delictivas.

En un vídeo publicado este lunes en su canal de YouTube, Rubén Sánchez ha mostrado su “gran satisfacción” ante el contenido del auto, que ha calificado de “demoledor”.

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era “falsa”.

El pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla para aprobar el presupuesto de 2026 tuvo un peaje previo en forma de enmiendas, que el gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) le aprobó a la formación de ultraderecha para así engrasar la relación. Ese entendimiento inicial dejó en el tintero otra vez partidas en igualdad y cooperación, a lo que se añadió el sacrificio de todas las ayudas previstas para asociaciones de consumidores, lo que la entidad más representativa (Facua) entiende como “una venganza” basada en el “odio ideológico” porque resulta “incómoda” para ambas formaciones. El gobierno legal niega la mayor y alude a los “ajustes” que se producen en todo proceso negociador.

La denuncia la hace el portavoz nacional de la organización, Rubén Sánchez, miembro a su vez de la junta directiva en Sevilla, que da por hecho que esta decisión de PP y Vox va dirigida directamente contra ellos, aunque de paso haya perjudicado también al resto de asociaciones de este tipo. La explicación es sencilla para Sánchez: como no se puede apartar directamente a Facua porque son ayudas en concurrencia competitiva, lo que se ha decidido simplemente es eliminarlas para todos.

El PP aprobó 16 de las 18 enmiendas a las cuentas que presentó Vox, el 90%, entre ellas la que fulminaba los 45.000 euros previstos para ayudas destinadas a que las organizaciones de consumidores desarrollen su labor. El dinero finalmente se desvió para la rehabilitación de solares en los que se levantan mercadillos ambulantes, con lo que estas entidades se quedaron sin ninguna subvención municipal ya que era el único previsto en un presupuesto de casi 1.100 millones de euros.

“Menos dinero para defender a los consumidores”

La propuesta de Vox salió adelante sin el más mínimo reproche del PP, que ni siquiera presentó una transaccional como sí hizo con muchas de las otras iniciativas de la ultraderecha como condición para aprobarla. Finalmente, y tras una nueva imposición de medidas que van a suponer recortes en migración y medio ambiente, las cuentas de este año salieron para adelante sin problemas.

El gobierno del PP subraya que no se han eliminado son subvenciones de libre concurrencia “sin nombre y apellidos” y que por lo tanto no se le ha quitado ninguna ayuda directamente a Facua. “En la negociación de un presupuesto de más de 1.000 milones de euros puede haber ajustes, como ha sido el caso de estos 45.000 euros”, que se ha considerado “positivo para la ciudad” que engrose lo previsto para los solares de los mercadillos, que ha pasado así de 53.9000 a 98.900 euros.

Rubén Sánchez resalta que la supresión de estas ayudas se traduce en “menos dinero para defender a los consumidores de los fraudes de empresas”, e implica la desaparición de una línea de incentivos que se presupuestaban año a año desde hace décadas. Facua, como organización mayoritaria en Sevilla (cuenta con casi 30.000 socios), siempre se ha llevado la cuantía más importante de la partida municipal, en concreto 20.300 euros el año pasado.

El PP defiende que para el equipo de Sanz “no hay asociaciones 'incómodas' ni tiene la 'venganza' entre sus principios inspiradores de la acción de gobierno”. Vox, por su parte, enmarca su propuesta en su objetivo de eliminar todas las partidas que considera ideológicas o que no tienen un retorno directo a la ciudadanía, lo que lleva a Rubén Sánchez a incidir en que “si Sanz apoya una propuesta de la extrema derecha es porque también él es de extrema derecha, tiene un perfil muy ultraconservador”.

Consulta de la Feria e Icónica

El portavoz de Facua considera que su organización supone “un elemento conflictivo para el Ayuntamiento”, como ya pasó en la etapa del socialista Juan Espadas como alcalde en relación con el papel municipal en el caso de listeriosis de la empresa Magrudis. Con el actual regidor ha habido dos encontronazos sonados, el primero de los cuales fue el cuestionamiento de la consulta popular para cambiar el formato de la Feria de Abril, con la denuncia de “graves irregularidades”.

“El Ayuntamiento llegó a acusarnos de calumnias y anunció una querella que nunca llegó a presentar”, lo que no impidió que José Luis Sanz llegara a afirmar que Facua no le merecía “ninguna credibilidad”. “Sanz nos tenía enfilados y Vox siempre ha dicho que cuando gobiernen nunca recibiremos subvenciones”, pero si se les apartaba del concurso público hablaríamos de prevaricación, de ahí que dé por hecho que se haya optado por eliminar íntegramente esta partida.

Con el actual gobierno local también ha chocado en la cuestión de la cesión de la Plaza de España para la celebración del Festival Icónica, que promotoras musicales llevaron al juzgado. “El caso se ha archivado por ahora, pero el Ayuntamiento sigue dando la concesión a la empresa de forma rara y mirando para otro lado” en cuanto a una serie de requisitos que, considera, deberían ser exigibles.

Esta conjunción de elementos se habrían traducido en una “venganza” contra Facua, que se ha llevado por delante a todas las organizaciones de consumidores. “Todo esto es por el odio ideológico de Sanz y Vox al modelo de organización social que representa Facua”, apostilla.

Los tribunales andaluces han confirmado que el youtuber de extrema derecha conocido como 'Un Murciano Encabronao' debe indemnizar con 30.000 euros a Rubén Sánchez, secretario general de Facua, por difamarle en su canal de YouTube afirmando que consumía cocaína con dinero de la organización de defensa de los consumidores. Los jueces de la Audiencia de Sevilla confirman que la indemnización no es “desproporcionada” y que sus comentarios no eran una simple crítica política, sino que actuó “con ánimo de menosprecio y daño de su reputación”. La sentencia también confirma que este youtuber debe difundir su condena en su canal y borrar los vídeos.

El youtuber 'Un Murciano Encabronao' adquirió fama durante la pandemia de COVID-19, cuando se transformó en uno de los colaboradores habituales de Estado de Alarma TV, canal de Javier Negre. En los últimos años, YouTube ha cerrado un canal donde tenía más de 100.000 seguidores y en la actualidad tiene otro con casi 35.000.

Entre 2021 y 2022, este youtuber llamado Raúl Alfonso afirmó en más de 30 ocasiones que Rubén Sánchez consume cocaína, y que incluso usaba subvenciones de la ONG de la que es secretario general para comprar la droga. También refiriéndose a él de forma constante como “Farlopín”, haciendo gestos de estar esnifando y repetirlo en diversos vídeos y textos tanto en YouTube como en Facebook.

Un juzgado de Sevilla decidió estimar íntegramente la demanda de Rubén Sánchez contra él, al entender que esas expresiones habían vulnerado su honor. Unas expresiones que ya en primera instancia los tribunales de Sevilla consideraron que eran “claramente ofensivas e innecesarias para el ejercicio del derecho de información” y que “nada aportan al interés general”.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado esta condena civil de 30.000 euros para el youtuber, que pedía ser exonerado o que, al menos, esa indemnización sea reducida a 900 euros. Los jueces explican que la cantidad de 30.000 euros no puede ser considerada como “desproporcionada” teniendo en cuenta el “daño moral efectivamente causado” al secretario general de Facua.

'Un Murciano Encabronao' también alegaba que sus difamaciones tenían un “interés general” ya que Sánchez, al frente de Facua, “desarrolla una actividad de activismo político”. La Audiencia Provincial de Sevilla contesta que el youtuber no estaba trasladando información u opinión al gran público, sino que actuó por “un deseo de dañar su resputación”. “No se percibe el simple exceso en la crítica”, añaden los jueces, sino “ánimo de menosprecio y daño de su reputación”.

Atribuirle el consumo de drogas, añade el tribunal andaluz, es algo “deshonroso, causante de desprestigio y desmerecimiento en los distintos entornos del desarrollo personal de cualquier individuo”.

La sentencia, todavía recurrible ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, también condena en costas al youtuber y justifica que la indemnización sea de 30.000 euros y no de 900 como pedía el sancionado. Su agresión al honor de Sánchez, explica, fue “especialmente intensa en lo temporal y en el ámbito de difusión, por haberse realizado en conocidas redes sociales que, además, permiten una fácil e incontrolada redifusión por los usuarios”.

Eso, añade la sentencia, aumenta de forma “significativa” la “repercusión del daño ya intrínseco en tales mensajes y complicaciones. Es innegable otorgar a la lesión y el consiguiente del daño moral el rango de muy grave”.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha prorrogado seis meses más, hasta el próximo 21 de noviembre, la causa en la que investiga a Vito Quiles, candidato en las listas del partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de junio de 2024 y jefe de prensa del líder de esta formación, Luis “Alvise” Pérez. Se investiga la querella promovida en su contra por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez.

Así figura en un auto emitido el pasado 16 de mayo por dicha instancia judicial, después de que Vito Quiles compareciese como investigado en el juzgado el pasado mes de febrero, a petición propia una vez que en su citación inicial del pasado 25 de diciembre de 2024 por videoconferencia se hubiese acogido a su derecho a no declarar.

Tras la comparecencia del pasado mes de febrero, la acusación particular que ejerce la representación letrada de Rubén Sánchez consideraba que el investigado no había “explicado” ni “aclarado” en qué se fundamentarían sus acusaciones en las redes sociales contra el secretario general de Facua. “No ha explicado a qué personas habría ordenado amenazar de muerte Rubén Sánchez ni quiénes serían las víctimas de las extorsiones y estafas que le ha atribuido, como tampoco en qué habrían consistido esos delitos, ni la identidad de ninguno de los sicarios que aseguró que tiene el secretario general de Facua ni quienes tendrían a su nombre varios yates que según Quiles serían propiedad de Sánchez”, señalaba la acusación particular.

La querella de la que derivan las diligencias fue formalizada en octubre de 2022 y tiene origen en comentarios en las redes sociales vertidos por Vito Quiles, en los que acusaba al líder de Facua, Rubén Sánchez, de “extorsiones y estafas”, así como el hecho de “deslizar la existencia de 'relaciones' entre Facua y supuestas tramas de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares”, según el secretario de la organización de consumidores, que recientemente amplió su denuncia.

El paradero de Vito Quiles

La jueza María José Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 18, ordenó tiempo atrás la averiguación del paradero de Vito Quiles como querellado, después de que no hubiese podido ser citado en el domicilio designado en la causa ni en ninguno de los que constan en la consulta integral de domicilio del Punto Neutro Judicial, mientras que tampoco se había podido contactar telefónicamente con el mismo.

El pasado 13 de junio de 2024 Vito Quiles acudió al juzgado para designar abogado y procurador, informar de su domicilio y ponerse a disposición de la juez instructora. Posteriormente, la juez ordenó librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo, para que examinase una serie de contenidos difundidos por el líder de dicha formación y europarlamentario, Luis “Alvise” Pérez, que podrían suponer “amenazas y represión a la función jurisdiccional” con relación a la magistrada titular de dicha instancia judicial.

En esos mensajes, “Alvise” Pérez atribuye a la propia magistrada “una orden criminal inaceptable”, al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Vito Quiles en la mencionada causa por presuntas injurias y calumnias, extremo corregido con el requerimiento de averiguar su paradero.

En los citados contenidos, “Alvise” Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada la resolución judicial, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría “cosas sobre la definición del término soborno”.

Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) no es solo el secretario general de Facua, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los consumidores. Desde hace aproximadamente una década también es una de las figuras más activas en la red social Twitter, hoy llamada X, en el trabajo de señalar a bulos y buleros. De sus pleitos y denuncias han salido algunas de las condenas más llamativas, como por ejemplo las que obligaron a Luis Pineda (Ausbanc) a tuitear durante varios días su fracaso legal o a publicar una sentencia en las marquesinas de Sevilla y Málaga. Ahora Sánchez publica y edita “Bulos: Manual de combate”, un libro en el que repasa la trayectoria de uno de los grandes protagonistas del debate público español. Los bulos que se lanzan a diario en internet y que, con poco esfuerzo, se abren paso hasta la calle, los medios o el Parlamento.

¿Quién hace negocio con los bulos?

Difundir bulos es uno de los negocios más rentables que existe en este momento para la ultraderecha política. Con ellos está logrando llegar al poder en países o territorios. Le han servido en España a Vox para poder alcanzar el poder en determinados puntos del país y su anhelo es llegar al Gobierno de España gracias a los bulos que difunde. Y luego hay gente que vive de esos bulos, de servírselos a la extrema derecha para que pueda usarlos contra sus enemigos políticos. Desde organizaciones hasta pseudomedios o grandes medios. También los mercenarios que han ido apareciendo, desde el ámbito mediático como Javier Negre hasta Vito Quiles o Alvise Pérez. Todos ellos viven del bulo, que ha existido siempre pero en la órbita de la extrema derecha y el odio están sacando muchísima rentabilidad.

¿Se puede luchar contra un bulo?

Los bulos son una ametralladora y no puedes combatirlos todos, hay que seleccionar los más duros. Como periodista no puedes enfrentarte a todos los que se han fabricado hoy y tienes un acumulado enorme de otros días, tienes que seleccionar. Es muy difícil de frenar. Hay que seleccionar los más duros, que más pueden estar causando perjuicio. A mí me han dedicado muchísimos bulos, yo seleccioné a personajes que me estaban haciendo especial daño para enfrentarme a ellos. Desmontando bulos o llevándolos a los tribunales.

¿Cuesta más desmentir un bulo que crearlo?

Una de las frases que cito en el libro es de Mark Twain: La mentira ha dado la vuelta al mundo cuando la verdad no ha empezado a ponerse las botas. El bulo se viraliza a una velocidad de vértigo porque es escandaloso, llamativo, morboso, espectacular, llama mucho la atención y llega a todos lados. La verdad no es tan espectacular como la mentira, puedes conseguir que algunas de las personas que se lo habían creído acaben recibiendo el mensaje que lo desmonta, pero muchas van a preferir creerse el bulo.

El bulo siempre queda, por mucho que desmontes a todos los niveles, incluido el judicial, siempre se va a quedar en la mente de muchas personas, que no te vieron desmentir la mentira o que prefieren pensar que es verdad porque la víctima del bulo es un personaje que no le cae bien.

¿La Justicia tiene herramientas para pelear de forma eficaz contra este tipo de desinformación?

Absolutamente. Los bulos no necesitan una reforma legislativa, aunque hay elementos que reformar y mejorar en las leyes del derecho al honor o rectificación. Siempre se puede mejorar, pero decir que no hay herramientas es una falacia. Es un obstáculo lo cara que es la Justicia. Tener que defenderse en los tribunales cuesta mucho dinero, yo pedí dinero a mis padres cuando me enfrenté a Luis Pineda. O eso o asumir que no te puedes defender. Y si te llevan a ti a los tribunales… Francisco Serrano, de Vox, me intentó hundir económicamente abriéndome cinco causas. El objetivo era que yo pudiera amedrentarme en la causa en la que soy acusación contra él por fraude en subvenciones.

Hay que tener capacidad económica. Y muchísima paciencia. Se tarda mucho, por el camino sigues sufriendo la difamación y te acaban absolviendo pero has estado un tiempo imputado, como fue mi caso.

También es fundamental que jueces y fiscales se formen mucho mejor en materia de derecho al honor, rectificación o imagen y ser conscientes de que hay que estar al día, porque existe un nuevo fenómeno con internet, las redes sociales y la viralización de un bulo. Esto no es como hace unos años que salías en un periódico y la audiencia era la que era. Ahora un bulo puede llegar a millones de personas por la viralización del mensaje y los jueces tienen que ser conscientes de eso cuando miden la cuantía de indemnización económica y la obligación de publicar la sentencia de una determinada manera.

¿Las indemnizaciones son bajas?

Muchas veces el juez pondera a la baja y con una difamación que ha provocado un gravísimo perjuicio decide que con 2.000 euros es suficiente y son cantidades ridículas para el daño que se ha hecho. En España hay pocas sentencias del derecho al honor que ronden los 100.000 euros de indemnización y debería haber muchísimas más. Ahí deberían ponderar al alza la gravedad de las difamaciones por la enorme viralización de los bulos en internet en determinados casos. En una de mis demandas contra Pineda gané pero me salió a perder: pagué más abogado y procuradores que la indemnización que recibí.

¿El bulo se ha convertido en un arma políticamente rentable?

Es la estrategia, por muchos bulos que lances y te desmientan hay bulos que van a quedar en la gente. Fue interesante el debate de las últimas elecciones generales entre Feijóo y Sánchez, cuando Feijóo empieza con una ametralladora de bulos. Uno detrás de otro. En ese momento Sánchez no sabe reaccionar, no puede estar desmontando uno a uno todos los bulos que Feijóo ha lanzado. Fue una estrategia bochornosa, impresentable, pero brillante en el ámbito de la comunicación porque Sánchez no fue capaz de desmentirle, no había tiempo de debate para desmentir una a una las mentiras. La estrategia del bulo y esa ametralladora al final provocan que la gente piense que alguna de esas cosas será verdad.

Alvise, hoy eurodiputado, ha cimentado su fama en la difusión de bulos.

Así también logró Vox ser lo que está siendo: mediante bulos,. Algunos importados de otros países, basados en difamar a mujeres que defienden sus derechos, a homosexuales, al colectivo LGTBI, a la inmigración… Alvise es el caso peculiar de un personaje sin partido político detrás que se ha hecho a sí mismo con sus bulos, aunque tiene detrás determinados apoyos. Son bulos muy muy zafios pero que han demostrado que pueden llegar a 800.000 votos en el Parlamento Europeo. Políticos y medios deberían bajarse del pedestal y asumir que, por muy zafio que sea el bulo, hay que desmentirlo e investigar al personaje.

Con Alvise se ha llegado tarde. No hubo una estrategia para desmontar sus bulos de forma sistemática. Y según los últimos datos del CIS su agrupación crece en intención de voto. El que una persona con ese perfil pueda llegar a ser determinante para un acuerdo de Gobierno PP-Vox pone de manifiesto lo peligroso que era desde el minuto uno y nadie lo supo o quiso ver.

Hay un capítulo donde yo hablo de que, a veces, tienes que hacer tu el trabajo y algunos perfiles nos hemos tirado años desmontando bulos de Alvise viendo cómo grandes medios de comunicación no hablaban de él con el concepto extraño de “no queremos darle bola”. Eso ha sido un grandísimo error y el punto de inflexión ha sido vuestra información en la que dais a conocer los 100.000 euros en metálico. Ahí muchos periodistas en este país han dicho: “Joder, de verdad hay que investigar a Alvise porque hay algo detrás”, y era evidente.

“Se llama periodismo”, afirmas en uno de los capítulos del libro. ¿En qué hemos fallado los medios para que los bulos tengan tanto protagonismo?

Cuando Vox era un partido emergente, algunos medios empezaron a publicar titulares supuestamente neutros con propuestas de Vox que son auténticas aberraciones y no hacían un análisis, no hay fact checking. Vox lanza el discurso de que existe un alto porcentaje de denuncias falsas de violencia machista, y en lugar de en la misma pieza dar el dato que demuestre que es mentira, dan la pieza con la afirmación que ha hecho Vox. Esto es darle credibilidad, es un error. Cuando se sabe que alguien está diciendo algo falso no puedes limitarte a contar lo que dice, hay que desmontarlo, sobre todo cuando son discursos tan peligrosos como estos. Yo creo que ese ha sido un fallo por parte de muchos medios o profesionales de la información: no desmontar sobre la marcha el discurso.

Otro fallo ha sido no hacerlo intencionadamente porque provocaba clics. Puede ser llamativa o morbosa una aberración que lance Vox, puede provocar impacto y rendimiento a nivel de ingresos publicitarios pero es grave, a mí me parece una irresponsabilidad desde la ética periodística. Y ha habido medios que han querido ayudar a Vox con toda la intención del mundo porque le venía muy bien para quitarle peso al PSOE o a los partidos a su izquierda. O medios ultras que entienden que hay que ayudar a Vox para que llegue al poder.

En el libro hablas de Ausbanc o de Manos Limpias, entre otros. ¿Se puede judicializar un bulo?

Si te encuentras determinados perfiles de jueces te puede pasar eso. Yo he ganado 25 sentencias, casi todas las que he tenido han sido favorables. No he tenido ningún Peinado, Escalonilla o García Castellón de por medio, he tenido suerte con los jueces. Algunos han dictado resoluciones que me han perjudicado, que no me han gustado, que he entendido que eran incorrectas pero no les voy a dar una calificación peyorativa, sencillamente creo que no hicieron bien su trabajo y tengo derecho a manifestarlo. Pero he tenido la suerte de no tener esos perfiles.

Es posible que, con uno de esos perfiles, me hubieran imputado cuando Manos Limpias me denunció argumentando que emitía facturas falsas porque no tenían mi NIF. Se basaron en que El Mundo había publicado una factura y borraron mi NIF por protección de datos. Y esa mamarrachada se la trasladan a un juez, evidentemente el juez dice “esto no hay por dónde cogerlo, cómo lo voy a imputar”. Pero imagínate que me imputan, el daño reputacional habría sido bestial.

Las denuncias basadas en “meros recortes de prensa”...

Meros recortes de prensa no son. Son informaciones tergiversadas o sin base. Yo tengo claro que se puede abrir una causa judicial porque un periodista elabore un reportaje de investigación y destape cosas fuertes. En ocasiones no es periodismo de investigación sino cosas extraordinariamente cutres que se han fabricado para inventar delitos. Y se han abierto causas, y algunas han durado muchísimos años como las de Podemos, entre ellas el caso Neurona basado en la más absoluta nada.

¿Cómo puede llegar a afectar un bulo a una persona?

Los bulos ya no se quedan en las redes, no vivimos en 2009. La red es nuestra vida, da lo mismo que salga en una televisión a que salga en un móvil. El bulo se viraliza y punto. En Burjassot una niña se ha intentado suicidar y ha tenido que cambiar de instituto como consecuencia de que tras ser víctima de una violación en manada, que ya tiene un sufrimiento enorme como es obvio, se le suma la difamación de Cristina Seguí. Inventó que la niña había mentido para salir en la tele y ganar dinero. Imagínate la gravedad extrema a la que llega para que una niña víctima llegue a intentar suicidarse, porque el bulo que lanza Seguí por Telegram, Twitter y Youtube en el canal de Javier Negre llega a muchísimas personas, al entorno de la niña en su municipio, se viraliza de una forma brutal y señalan a la niña. Claro que tienen una importancia, y ya no podemos hablar de bulos en las redes como si fueran un compartimento estanco.

Hay que intentar hacer atractivo el discurso que desmonta las mentiras. Conseguir que llegue a muchas personas para que te ayuden a viralizar tu denuncia. Lo tienes que hacer espectacular también, trazar una estrategia, ser creativo como han sido creativas algunas condenas porque mi abogado o yo fuimos creativos a la hora de proponer o emprender acciones. De eso va el libro: cómo he conseguido con estrategias de comunicación provocar, a veces, que hayan llegado a tener a veces más repercusión que el bulo en sí.

¿Quién va ganando en la batalla contra los bulos?

En la guerra contra el mal llevamos perdiendo desde hace cientos de años, pensar que vamos a ganar, es una utopía, si le quitáramos un ápice de su fortuna a los multimillonarios acabaríamos con el hambre en el mundo, esa es una utopía. Es eterna y nunca la vamos a ganar por desgracia. Pero lo que estamos viviendo ahora son batallas contra los bulos, la extrema derecha y se pueden ganar una a una.

Son pequeñitas batallas, a pequeño nivel, como cada vez que gano una sentencia contra Negre. O una batalla de mayor envergadura, como que en España se lograra una mayor intención de voto en la izquierda de lo que se pensaba y eso haya frenado en las últimas generales que tengamos a Abascal de vicepresidente del Gobierno. Son muchas batallas que se pueden ganar para que, al menos, tengamos ese dique de contención frente al mal que ahora está reflejado en parte en la extrema derecha, y la guerra nunca va a acabar. Es una incógnita si en nuestro país la extrema derecha llegará al poder o se la conseguirá frenar.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, había convocado una cena con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previa a la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana en Santander, pero que el Partido Popular no ha dejado que se produzca este encuentro.

“Se ha parado. La ha parado el Partido Popular. ¿Dónde vas convocando una cena con el presidente del Gobierno?”, ha espetado Puente durante su intervención este jueves en la presentación del libro 'Bulos, manual de combate', de Rubén Sánchez, que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. El ministro ha lamentado que “algo tan normal en un Estado democrático, en una democracia sana” con motivo de un encuentro de los representantes institucionales de las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno, no se pueda celebrar.

“Algo tan normal como eso no se ha podido hacer en esta ocasión. Esta es la situación que tenemos”, ha abundado Puente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hecho estas declaraciones en un acto de presentación del último libro de Rubén Sánchez. En él se ha referido esta tarde a la difusión masiva de mentiras en el discurso mediático, político y en redes sociales, que a su entender llega al extremo cuando se introduce en instancias judiciales. “Las entidades que quieren el poder y utilizarlo en su beneficio contra la mayoría han entendido que […] las herramientas para obtener el poder […] consisten en inducir al ciudadano una idea equivocada a base de mentiras. Esto es tremendo, y ya no digamos cuando esas mentiras se abren paso en los tribunales de justicia”, ha alertado el político, que ha evitado citar casos concretos.

El ministro y diputado socialista reflexionaba así en un coloquio con la directora de Público, Virginia P. Alonso, y el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, quien ha publicado recientemente un libro sobre el asunto —Bulos, manual de combate— en el que repasa su experiencia de más de una década enfrentado en los tribunales contra difamadores profesionales y da pautas para contrarrestar el discurso falsario en redes.

Las recetas de Sánchez, victorioso en decenas de pleitos judiciales contra profesionales del libelo como las asociaciones Ausbanc o Manos Limpias, así como combatiente habitual contra personajes mediáticos de la nebulosa ultra como Javier Negre o Vito Quiles, no son la panacea, según él mismo ha reconocido: pleitear, si se tienen recursos, o responder a las mentiras con cierta espectacularidad y ridiculizando las trolas, de forma que la contestación tenga más eco que la insidia inicial; e incluso, a escala colectiva, que los ciudadanos se impliquen en la batalla en sus esferas personales, respondiendo, por ejemplo, a las impertinencias mendaces del familiar de turno en las cenas navideñas.

Puente se ha declarado preocupado por el auge del bulo como herramienta política a escala mundial y, para España, ha defendido reformas legales que no ha detallado, pero que aluden al paquete de regeneración democrática anunciado en septiembre por el Gobierno, y que pasan por reformar de la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la reguladora del derecho de rectificación, de forma que se mejore el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.

Los falsos muertos del párking de València

El bulo sobre los supuestos miles de muertos en un centro comercial de València tras el paso de la DANA, que se propagó a pesar de los desmentidos, da muestra de la fortaleza que la industria del infundio ha adquirido. “Aunque demuestren que es falso hay quien prefiere creerse la mentira, incluso contra los hechos”, ha indicado Puente. Frente a esto, más allá de la legislación, cabe pensar en un refuerzo de la educación de los escolares, ha admitido a preguntas del público. Ha recordado la frustrada asignatura de Educación para la ciudadanía promovida en tiempos de Zapatero y duramente criticada por la derecha por adoctrinadora. “Decían que era ideología, cuando era civismo”, ha dicho, tras deslizar una crítica a la metodología PISA de evaluación de competencias de los estudiantes, cuyos resultados en España son mejorables: “Los alumnos que dan muy bien en PISA son los que probablemente más se comen los bulos”.

El daño a los hijos

El ministro también ha sido objeto de bulos e informaciones falsas, como las que afectaron a una publicación con su hija cuando era menor de edad, que se saldaron con multas de escasa entidad. “No poder salir con tu hija con normalidad, que no quiera que la vean contigo, que no diga quién es su padre en un ámbito público... El daño humano es muy serio y no se puede ventilar con una multa de 5.000 euros”, ha lamentado.

Al acto iba a acudir también Pablo Echenique, ex secretario de Organización de Podemos, que escribió el prólogo del libro —Puente se encargó del epílogo —, pero no pudo acudir por enfermedad. En los últimos tiempos, las referencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la existencia de una persecución judicial a su entorno se han recibido en Podemos con cierta distancia por lo que desde la formación morada se entiende como tolerancia contra los fabuladores cuando los señalados eran Pablo Iglesias e Irene Montero. Puente se refirió brevemente a esa referida falta de empatía. “Los tiempos han avanzado y han cambiado mucho, la situación está completamente desbocada. Lo que hicieron con ellos es indecente, [pero] no arreglamos nada echando la vista atrás”.

El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano acaba de perder la quinta causa que ha promovido contra el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez. Esta vez pretendía que fuese condenado a dos años de prisión y el pago de una indemnización de 15.000 euros a su hija por un “inexistente” delito de calumnias, según recuerda la sentencia, de la que informa este miércoles la web de Facua.

El titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla ha sentenciado que Sánchez no calumnió a la hija mayor de Serrano cuando afirmó que, tras lograr la ayuda pública de 2,5 millones por la que está encausado por fraude en subvenciones, el exparlamentario andaluz puso a nombre de ella su vehículo Mercedes, para después matizar que lo había hecho a una sociedad de la que es copropietaria. El fallo resuelve que tampoco incurrió en delito de calumnias cuando informó de que había pedido al instructor de la causa contra el exjefe de Vox que la citase como investigada.

En su sentencia, dictada el 4 de septiembre y comunicada este martes a las partes, el juez señala que la publicación de los dos tuits del periodista “no conlleva ni la afirmación de que lo que se sabe es falso, ni a un temerario desprecio a la verdad”, dos de los elementos imprescindibles para que se produzca la comisión de un delito de calumnias. “En consecuencia se declarará la absolución del acusado”, concluye.

Durante su declaración en el juicio, la hija de Serrano aseguró que Sánchez la acusó en sus tuits de “alzamiento de bienes” y que tras su publicación la “acosaron” periodistas, aunque no fue capaz de facilitar el nombre de ninguno ni de los medios para los que trabajaban. También afirmó que el secretario general de FACUA dejó clara su identidad en sus tuits, aunque en realidad el periodista guardó la precaución de no facilitar su nombre ni indicar que se trataba de la socia de Francisco Serrano en su despacho de abogados.

El exlíder de Vox comenzó a emprender acciones judiciales contra Rubén Sánchez después de que este interpusiese contra él la denuncia en la UDEF que dio origen al procedimiento judicial donde está encausado por fraude en subvenciones, estafa y delito contable. El secretario general de FACUA ejerce en él la acusación popular y pide hasta 10 años de cárcel, bajo la dirección letrada del abogado sevillano Francisco Tejado, el mismo que le ha defendido en la causa donde acaba de ser absuelto y en todos los procedimientos en los que se ha enfrentado a Serrano.

Anteriormente, Serrano vio frustrado sus intentos de que juzgaran a Sánchez por calumnias —por los mismos tuits por los que ha logrado ahora la absolución frente a su hija— y por revelación de secretos. También interpuso contra el periodista una demanda de rectificación por esos tuits, que fue desestimada. Además, Serrano ejerció la dirección letrada en un procedimiento, que fue archivado, donde un policía nacional denunció al secretario general de FACUA por unos inexistentes delitos de odio e injurias contra el cuerpo.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha presentado hoy en su sede en Sevilla un informe de seguimiento del precio del aceite de oliva en las 6 cadenas de supermercados del país. El estudio, que analiza una veintena de marcas a la venta en 19 ciudades distintas (y en distintos puntos dentro de las mismas ciudades) revela que existen desigualdades en los precios de un mismo producto dependiendo de dónde nos encontremos, diferencias que llegan a ascender hasta los 4,67 € por litro en algunos productos y puntos del país.

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, ha recordado que “estamos ante una práctica comercial ilegal” en base a lo dispuesto por el decreto ley de diciembre de 2022 de defensa de los consumidores, que impide a las empresas aumentar los márgenes empresariales a los productos con un IVA reducido o exentos. Sánchez ha recordado que “el Estado ha renunciado, después de 19 meses de esta medida, a más de 2.000.000.000 de euros en recaudación” a lo que añade que “sin embargo, no ha hecho la inversión suficiente en controlar los mercados para que se cumpla la nueva normativa”.

El informe da algunos datos clave con respecto a los precios en diferentes ciudades, algunos de ellos muy llamativos. Por ejemplo, llama la atención que Sevilla y Linares, más cerca de los centros de producción de aceite, sean las ciudades más caras en varias marcas y distribuidoras, mientras que Ourense y Pontevedra, en Galicia, tengan los precios más bajos. Las diferencias se dan incluso entre puntos de venta dentro de la misma ciudad, “aprovechándose de la zona y el nivel de competencia” para variar más de 1 euro por litro dependiendo del distrito donde se ubique el supermercado.

“Los precios de origen no son excusa”

El informe de FACUA, además de los precios de los supermercados, se ha encargado también de tener en cuenta los precios de origen, con una evolución de carácter interanual en el aceite de oliva virgen extra. En el mismo mes del año pasado, el precio medio de un litro de este producto estaba situado en los 8,41€/l. Doce meses después, esta misma cantidad tiene un precio medio que asciende hasta los 12,96€, un 55% más.

Sin embargo, Sánchez ha señalado los datos de este estudio sobre el precio en origen: el año pasado, el litro de aceite de oliva virgen extra se pagaba a 7,52€/l en origen, mientras que en la semana del 8 al 14 de julio de 2024, los productores cobraron 6,77€/l a pesar de la subida de precios al consumidor. El secretario general de FACUA ha querido lanzar un dardo al ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien llama “el ministro de los supermercados” y acusa de “no querer reconocer la competencia de la cartera para proteger a los agricultores” al tiempo que manifestaba “el apoyo de FACUA a los agricultores, a los que no se les puede agredir aún más”.

En manos de Consumo

Desde FACUA han lamentado “la inacción de las autoridades competentes en esta situación” y ha recordado que, “según el artículo 47 del mismo decreto ley, las comunidades autónomas en su defensa de los derechos del consumidor también tendrán poder sancionador”. Sin embargo, y con este nuevo informe en la mano, FACA planea comunicar la denuncia pertinente ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. “Tenemos la confianza en que el ministerio tome medidas inmediatas y reales, como ya hizo con las aerolíneas”.

Rubén Sánchez ha querido subrayar que el ministerio de Consumo “es un microministerio, infradimensionado para las competencias que tiene y las labores de vigilancia del mercado que tendría que hacer”. Sin embargo, y con los datos que proporciona el informe FACUA afirma que la cartera tendrá potestad sancionadora. El secretario general ha querido anticiparse a las posibles excusas de las cadenas a estas prácticas, afirmando que “aunque argumenten que ha sido un error humano o en el etiquetado, las pruebas que hemos reunido no dejan lugar a dudas.” Ha reafirmado su discurso diciendo que no entienden “cómo ninguna de las 18 autoridades competentes ha hecho nada en estos 19 meses” y ha concluido su intervención sentenciando que “lo que no se puede negar es que hoy o compramos todo mucho más caro”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó el pasado viernes a cuatro compañías aéreas por un valor superior a los 15.000.000 de euros. Entre las prácticas reconocidas como abusivas por la sentencia se encontraban los extras por equipaje de mano, la falta de transparencia en los precios o la tasa por elegir asiento junto a personas dependientes, así como la imposibilidad de pagar en efectivo en el aeropuerto.

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha anunciado en rueda de prensa en Sevilla la creación de una plataforma de afectados por estas prácticas. En su intervención ha insistido en la necesidad de “demandas masivas para repercutir de manera real sobre las compañías” afectadas (Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet). Los consumidores pueden presentar reclamaciones tan sólo presentando las pruebas (facturas, correos electrónicos...) que demuestren que fueron víctima de las prácticas sancionadas, sin necesidad de abogado o procurador, según ha explicado Rubén Sánchez.

El sector de los transportes, encabezado por las aerolíneas, copó el 9% de las denuncias a través de la organización de consumidores, según datos proporcionados por la propia FACUA. Esas denuncias han experimentado una fuerte subida desde que, en noviembre 2018, Ryanair comenzase a cobrar el equipaje de mano como cargo adicional. Una práctica que no tardó en ser adoptada por otras compañías de corte lowcost. FACUA recuerda que “ya se quejó en su día” y recalca que las devoluciones a los usuarios tendrán un carácter retroactivo de hasta cinco años, prorrogables si se cuenta con un abogado o procurador.

Una victoria a años vista

Aunque el Ministerio haya declarado las prácticas como “abusivas” y “poco transparentes”, la sentencia aún dista de ser firme. Rubén Sánchez calcula que no habrá una resolución del tribunal administrativo “hasta julio” y que aún así, las compañías sancionadas agotarán también sus recursos por lo contencioso, llegando hasta el Supremo si hiciese falta. Sin embargo, FACUA establecerá un mecanismo de ayuda para los consumidores que presenten las pruebas requeridas, además de redactar las denuncias para aquellos que sean socios de pleno derecho de la organización.

Pese al anuncio de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) de su desacuerdo e intención de agotar los recursos legales disponibles, los consumidores pueden desde este lunes poner en marcha los mecanismos legales para recuperar su dinero. Sánchez ha recalcado que, además del reembolso, FACUA está luchando porque las comunidades autónomas impongan una multa adicional a las aerolíneas por cada reclamación ganada. La asociación ha recordado también el ejemplo de Baleares, que emprendió una diligencia contra las mismas cuatro compañías (Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea) el pasado año, pero que derivó la causa a Consumo por ser incapaz de imponer multas significativas.

La sanción impuesta (la más grande desde que el Ministerio adquirió la potestad sancionadora en mayo de 2022) no ha conseguido amedrentar a las aerolíneas, que defienden el derecho de los consumidores de “pagar solo por los servicios indispensables”, y que no eliminarán estas prácticas hasta que no haya una sentencia en firme. A este respecto, el secretario general de FACUA ha recalcado que el derecho a viajar con equipaje de mano en cabina es algo reconocido en el ordenamiento jurídico del tráfico aéreo desde los años 60, y que ya existen sentencias europeas que han dado la razón a los consumidores.

Un juzgado de instrucción de Sevilla ha ordenado la declaración como investigados de la agitadora ultra Cristina Seguí y del canal de televisión Estado de Alarma por supuestas injurias a Rubén Sánchez, periodista y secretario general de Facua. La querella de Sánchez les atribuye delitos de injurias o calumnias por diversos comentarios de Seguí tanto en el canal como en su cuenta de Twitter atribuyéndole, por ejemplo, campañas de acoso, actos de amenazas y llamarle “mafioso” o “extorsionador”.

Cristina Seguí, recientemente condenada a indemnizar al exministro José Luis Ábalos por la vía civil por insultarle en Twitter, colabora de manera habitual en el canal ultra EDATV, dirigido por Javier Negre, y tiene también una cuenta de Twitter con más de 200.000 seguidores. Fue en ambos medios de comunicación en los que vertió los comentarios e insultos que Rubén Sánchez ha llevado a los tribunales por la vía penal después de un acto de conciliación infructuoso.

En Twitter, en mayo de 2022, Seguí acusó a Sánchez de perpetrar una amenaza de muerte contra ella a través de un “grupo de acoso” llamado 'RedBird', afirmando igualmente que había publicado documentos donde figuraba su domicilio y diversos datos personales. En sus afirmaciones vinculando al secretario general de Facua con ese grupo, aseguró tener pruebas de su vinculación con la organización “para acosar, cerrar cuentas, publicar datos personales, y amenazar a políticos y periodistas por odio ideológico”.

También le atribuyó una amenaza a un familiar del comentarista ultra Luis 'Alvise' Pérez, también condenado en diversas causas civiles. Además, en una intervención en el canal de Javier Negre, Seguí desarrolló sus acusaciones contra Sánchez, afirmando que tenía la capacidad de “tirar de teléfono” para conseguir que la Fiscalía abriera una causa contra ella.

Ahora, según ha sabido elDiario.es, un juzgado de instrucción de Sevilla ha decidido abrir diligencias previas, llamar a Rubén Sánchez para que ratifique la querella y además ha decidido llamar a declarar como investigados tanto a Seguí como al propio canal de televisión, a través de videoconferencia, el próximo 17 de octubre.

En su querella, el periodista solicita una indemnización de 50.000 euros y explica que la hostilidad de Seguí hacia él no se limita a estos recientes comentarios sobre su actividad en Twitter, sino que se remonta al año 2019 con otros mensajes presentados ante los jueces. Cristina Seguí, en su momento dirigente de Vox en València hasta 2014 y en la actualidad comentarista política y autora de varios libros contra el feminismo, también había protagonizado tuits contra Sánchez ya en el año 2015, cuando era colaboradora de Ausbanc.

Cristina Seguí ya ha sido condenada por la vía civil a indemnizar al exministro José Luis Ábalos con 6.000 euros por insultarle y difamarle en su cuenta de Twitter, condena pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Tuits en los que, por ejemplo, se refería al entonces ministro como “engendro, producto mediocre y moralmente tarado”, hablaba de su “poca higiene”, le acusaba de “desviar millones” a través de una ONG y afirmaba, entre otras cosas, que había tenido varias “amantes”.

La Audiencia de Sevilla ha archivado el recurso del exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano contra el archivo de una querella por calumnias que interpuso contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien afirmó en Twitter que había puesto “viviendas a nombre de su mujer y su Mercedes al de su hija”, tras abrirse un proceso judicial contra él.

Según se recoge en el auto, remitido a EFE, no se desestima la decisión de otro auto, de fecha 13 de mayo de 2022 del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, tras una querella en la que el excandidato de Vox a la Junta exigía una indemnización de 30.000 euros y pena de cárcel contra Rubén Sánchez, tras publicar un tuit en su cuenta personal relacionado con la investigación judicial abierta a Serrano por un presunto fraude de subvenciones.

“Tras lograr la ayuda pública que Hacienda lleva año y medio reclamándole que devuelva, el candidato de Vox en Andalucía puso viviendas a nombre de su mujer y su Mercedes al de su hija. He pedido al juez que instruye la causa contra Francisco Serrano que las cite como investigadas”, señalaba el mensaje del portavoz de Facua.

En aquel auto se desestimó la petición de Serrano porque “no consta el concurso del elemento objetivo del tipo del delito de calumnias, ni la falsedad de la imputación”, ni tampoco que lo imputado fuese un delito.

El nuevo auto recuerda que el recurso de apelación alega en esencia “un error en la valoración de la prueba”, concretamente “en lo relativo a la consideración de la falsedad de las expresiones proferidas, entendiendo el recurrente que el querellado ha incurrido en dicha falsedad (...) tanto en lo relativo a los inmuebles que se dicen puestos a nombre de la mujer del querellante como en lo relativo al vehículo que se dice puesto a nombre de su hija, y también en cuanto a la ayuda que se dice recibió el querellante”.

Así, sostenía que no fueron “puestas a nombre” de la mujer del querellante, sino que se trató de una liquidación del régimen económico matrimonial realizado por escritura de 27 de marzo de 2017, de la que resultó la adjudicación del usufructo de las viviendas al apelante “y la nuda propiedad a la esposa”.

Sobre el cambio de titularidad del vehículo Mercedes, se alegaba en el recurso que “no hubo tal cambio en favor de la hija del querellante, pues lo que hubo fue una transferencia del vehículo en octubre de 2018 a una sociedad profesional en la que el querellante ostenta el 90 % de participaciones y la hija el 10 %”.

Sin embargo, el juez desestima el recurso, entre otras cosas porque “las manifestaciones realizadas en Twitter se vierten en el contexto de la simultánea existencia de otro procedimiento sobre obtención de determinadas ayudas en el que figura como investigado el aquí querellante”.

El pasado 8 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla archivó la causa contra Rubén Sánchez, el diario infoLibre y el periodista Ángel Munárriz tras la querella por revelación de secretos presentada también por Francisco Serrano.

En su querella, Serrano aseguró que Sánchez había enviado a distintos medios de comunicación documentos del sumario de la causa donde se le investiga por un posible fraude de 2,5 millones de euros en ayudas públicas y que viene publicando los mismos en su cuenta personal de Twitter, aunque la magistrada cita que no ha aportado “indicios”, según indicaba en el auto de archivo.

La representación legal del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha presentado este lunes un escrito de conclusiones contra Francisco Serrano, quien fuera cara visible de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018, y sus dos exsocios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros. Como acusación popular solicita para Serrano hasta cinco años y medio de cárcel (cuatro por fraude en subvenciones, seis meses por delito contable y un año más si no paga una multa de 9,6 millones de euros, según ha anunciado el propio Sánchez a través de su perfil de Twitter.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, se pide que, por vía de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Agencia Tributaria o Ministerio de Industria en la cantidad de 2.489.000 euros más más los intereses de demora tributarios que se hayan devengado. Esa es la cantidad por la que venían siendo investigados y que fue solicitada por la empresa Bio Wood Niebla S.L, creada en marzo de 2016.

El juez Juan Gutiérrez dictó hace apenas dos semanas auto de procedimiento abreviado al haber dado por concluida la instrucción de esta causa contra Serrano y a sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, habiendo “indicios racionales” para los tres de delitos de fraude de subvenciones y de estafa. “Se evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados”, dice el auto.

El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la UDEF del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. La Fiscalía Superior de Andalucía, cabe recordarlo también, se querelló en julio de 2020 contra Serrano, que alegó su desvinculación de dicha sociedad en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, si bien dejó el partido cuando la investigación echó a andar y después, en septiembre, su escaño en el Parlamento de Andalucía.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, que ejerce como acusación popular en la causa incoada contra Francisco Serrano, exdiputado autonómico de Vox y expresidente del grupo parlamentario de dicha formación, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que amplíe las actuaciones que se siguen contra el que fuese magistrado. En concreto, ha añadido un presunto delito continuado de apropiación indebida a los que ya se investigaban por fraude de subvenciones o alternativamente de estafa en relación con un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros que recibió para poner en marcha un proyecto empresarial.

La investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla SL “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets. La petición de ampliación de actuaciones judiciales ha sido adelantada este lunes por Diario de Sevilla.

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como “préstamos a terceros”, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

Dinero desviado a fondos de inversión

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como “socio encubierto de Bio Wood”, pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría “sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada”.

Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del “procedimiento administrativo de apremio” incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del “reembolso” del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

En este marco, la acusación popular que ejerce Rubén Sánchez señala un préstamo de 200.000 euros concedido en 2017 por Biowood Niebla a Manuel G.G., quien se reconoció “deudor” de tal empresa y habría acometido la devolución del dinero prestado por Biowwod, mediante pagos al despacho de abogados de Francisco Serrano, a López Ballesteros, a Enrique Pelegrín y a Biowood Niebla.

“Las cantidades que se dicen devueltas”

Al respecto, reclama averiguar “si las cantidades que se dicen devueltas, bien por transferencias a la entidad Serrano Abogados de Familia SLP, a Enrique Pelegrín y López Ballesteros han sido percibidas, como parece ser, por la nombrada entidad y los mencionados investigados, que no se debe olvidar en esa fecha quien ostentaba la titularidad de las participaciones sociales fue Francisco Serrano, siendo, además, su representante legal”.

Esta acusación popular, así, pide indagar “la presunta apropiación de dichas cantidades, que fueron, al parecer, por devoluciones del préstamo”, por lo que solicita que los investigados sean nuevamente llamados a declarar en tal condición y que Manuel G.G. comparezca como testigo.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones emprendidas por el exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, por presuntas expresiones calumniosas un tuit del 5 de marzo de 2021, relacionado con la investigación contra Serrano y sus dos exsocios por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, en el que decía que “tras lograr la ayuda pública que Hacienda lleva año y medio reclamándole que devuelva, el candidato de Vox en Andalucía puso viviendas a nombre de su mujer y su Mercedes al de su hija. He pedido al Juez que instruye la causa contra Francisco Serrano que las cite como investigadas”.

Se trata de la segunda causa archivada por aquel mismo mensaje ya que, el pasado mes de noviembre, otro juzgado archivó igualmente la demanda de Serrano, que argumentaba que veía “falsa” la información contenida en dicha publicación en Twitter, avisando de que por ello sufría “un evidente perjuicio” porque se le atribuía públicamente “el haber cometido un presunto delito de alzamiento de bienes que implica asimismo a varios miembros” de su familia. Dijo entonces el juzgado que “no puede considerarse que la cuenta personal del demandado, por mucho que sea periodista y que tenga un elevado número de seguidores (lo mismo ocurre con muchos usuarios de otras profesiones), sea un medio de comunicación social”, toda vez que “el derecho de rectificación nunca se ha configurado como un derecho ejercitable frente a particulares ni en relación a informaciones publicadas por los mismos”.

“No es posible considerar falsa la información”

Considera ahora el juzgado que, “aunque la redacción del mensaje en cuestión pueda resultar poco clara, es preciso analizar su estructura cronológica, en la que señala que el cambio de titularidad de estos bienes es posterior a la concesión de la ayuda, no al momento en el que se reclamó la devolución, o a aquel en el que resultase previsible que se fuese a llevar a cabo esta reclamación”. Explica el juez que el mensaje se inició señalando “tras lograr la ayuda pública...”. “La afirmación del cambio de titularidad, que no se discute, no está relacionado con el momento de la reclamación, en tanto en cuanto la referencia a ”la ayuda pública que Hacienda lleva año y medio reclamándole...“ no es más que el medio de identificar a qué ayuda se refiere el mensaje. Cosa distinta es que hubiese dicho ”la ayuda pública que Hacienda llevaba año y medio reclamándole...“.

Detalla el auto de archivo, contra el que cabe recurso, que “en cuanto al cambio de titularidad del vehículo, que se dice se puso a nombre de la hija del Sr. Serrano, siendo así que fue puesto a nombre de una sociedad de la que ésta era partícipe, este error, que puede ser relevante para otras personas, carece de alcance en este caso, pues lo trascendente a efectos del honor del querellante sería que ese cambio de titularidad se hubiese llevado a cabo con ánimo de eludir responsabilidades civiles”.

“En definitiva, la noticia dada responde, en esencia, a la realidad, de modo que no es posible considerar falsa la información contenida en el mensaje, en los términos en que ha sido redactada, al tiempo que los hechos narrados no integrarían supuesto alguno de delito y, por tanto, procede el archivo de estas actuaciones”, concluye el juzgado.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha rechazado la pretensión del exdiputado andaluz de Vox y expresidente de su grupo parlamentario Francisco Serrano –investigado por un presunto delito de fraude de subvenciones en una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria– de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y de Podemos. El exlíder de Vox en Andalucía quería “evitar posibles vicios de nulidad y preservar la objetividad de la instrucción, sin sesgos políticos” al entender que las mismas estaban personadas “sin cumplir los requisitos legales exigidos”, entre otros aspectos.

El juzgado ha emitido un auto este 6 de marzo en el que desestima el recurso de reforma de Serrano. Tanto el pasado mes de noviembre como ahora, el instructor responde que esa cuestión ya la resolvió el 28 de julio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por tanto fue “ya resuelta y firme por la superioridad jerárquica y funcional de este órgano judicial, que no puede ser revisada por este órgano instructor”. “Otra cosa distinta es el que en el curso de la instrucción, si una parte entiende que ha existido por la contraria una vulneración del derecho al honor, pueda ejercitar en vía civil las acciones que estime pertinentes al margen del contenido de fondo de la investigación de estos hechos relacionados con un posible delito de malversación, falsedad y fraude de subvenciones”, aclara el juzgado, ratificando su decisión de noviembre y desestimando las pretensiones de Serrano, que aún puede recurrir este extremo en apelación ante la Audiencia de Sevilla.

Ayuda pública en Extremadura

Por otra parte, la acusación popular que ejerce Rubén Sánchez está valorando la posibilidad de pedir que se eleve el caso a la Audiencia Nacional contra Francisco Serrano y sus dos socios (Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros) en Bio Wood Niebla S.L. si se confirma que la Junta de Extremadura concedió otra ayuda pública a los investigados para la que usaron las mismas 'facturas proforma' con las que habrían simulado que tenía un capital de más de un millón de euros. Según esta acusación, la ley no permite ese tipo de facturas provisionales para justificar el capital de una sociedad.

Se trata de otra subvención solicitada por las sociedades creadas para el proyecto de Bio Wood Niebla en Extremadura, Enex Energía y Pellex Energía. Pese a que fueron resueltas favorablemente, como informó la Junta en mayo de 2020, esta última sociedad aún no recibido ninguna subvención de la Junta de Extremadura, según indican fuentes oficiales de esta comunidad autónoma de Extremadura, que detallan el estado de las solicitudes de ayuda por parte de Pellex Energía para fábricas de pellets en Moraleja (Cáceres) e Herrera del Duque (Badajoz). La primera tiene una prórroga solicitada hasta diciembre de 2022 para la ejecución de la inversión y a la segunda se le revocó en febrero la subvención al no haber iniciado las inversiones ni haber solicitado prórroga.

Según el informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporado a la causa, “al menos un millón” del dinero investigado fue transferido el 16 de junio de 2017 desde la cuenta de Proyectos e Inversiones Peñalba a la de Pellex Energía y que el dinero supuestamente provenía de uno de los 162 fondos de inversión ligados a la cuenta de Bio Wood. El resto de aquella millonaria subvención terminó “en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada en las tres cuentas”, según la UDEF.

Documentación solicitada

Sánchez solicitó las escrituras de constitución y de modificación de varias entidades, entre Proyectos e Inversiones Serralba S.L. (antes Serrano Abogados de Familia S.L.P.), Pellex Energía, Despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos, Enex Energía y XYZ Comunicaciones S.L., además de Bio Wood Niebla S.L. Serrano fue administrador único y accionista mayoritario de Pellex Energía S.L., radicada en Badajoz, motivo por el cual esta acusación estudia seriamente la posibilidad de pedir la elevación de la causa a la Audiencia Nacional al haberse cometido las supuestas irregularidades en más de una autonomía.

Por parte de Podemos, también acusación popular en el caso, “a día de hoy, y a la vista de las diligencias practicadas, no se ha planteado elevar la causa a la Audiencia Nacional, si bien es cierto que en el marco de la instrucción se está valorando si el 'modus operandi' de los hechos que se están investigando pueden estar conectado con hechos similiares en otros territorios, lo que, de verificarse, tendría repercusiones en la determinación del tribunal competente”, informan fuentes del partido.

Cabe recordar que el ex líder de Vox en Andalucía declaró como investigado el pasado 17 de mayo con relación a ese préstamo del Ministerio de Industria de casi 2,5 millones de euros, atribuyendo a sus socios la iniciativa de pedir ayuda estatal, algo que también alegaron estos dos investigados y otros testigos, culpándose los unos a los otros de las supuestas irregularidades vinculadas al proyecto.

Recientemente, otro juzgado ha archivado la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios, indicándose acerca de Serrano que “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra” no se han encontrado indicios de que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros.

Valdepeñas celebra este mes la doceava edición de su popular 'Feria de la Tapa', una iniciativa que organiza el Ayuntamiento para potenciar la gastronomía y hostelería local reuniendo este año a 18 establecimientos participantes, dos más que el año anterior, que ofrecerán del 9 al 25 de noviembre su tapa más vino recomendado al precio de 3 euros. 

El teniente de alcalde de Cultura, Turismo, Educación y Festejos, Manuel López Rodríguez, señala que para mejorar la calidad de las tapas, los participantes han tenido la oportunidad de asistir a un taller de cocina impartido por el chef Rubén Sánchez, que ha mostrado las nuevas tendencias e innovadores maridajes para la hostelería. “Se ha notado bastante la diferencia de tapas respecto a otros años, la elaboración o el tipo de productos”, ha indicado López Rodríguez, que afirmó que “vamos a dar una imagen completamente diferente a la que veníamos dando y tenemos que seguir en esa misma línea, diferenciándonos respecto a los demás, dando una tapa diferente y de calidad”. 

Por otro lado, explicó que como en ediciones anteriores la feria contará con un jurado oficial y un jurado popular, este último podrá votar su tapa favorita rellenando su boleto de participación con al menos ocho sellos de diferentes establecimientos adheridos y, como novedad, se propondrá al jurado popular un juego para adivinar personajes en caricatura que tendrá como premio una consumición gratis tras finalizar la Feria de la Tapa.

En el mes de diciembre se darán a conocer los establecimientos premiados por el jurado oficial y jurado popular, además de proceder al sorteo de regalos para los clientes participantes y entre los que se encuentran el peso del afortunado en litros de vino, cofres de viaje de fin de semana, estuches de vino o visitas guiadas a bodegas, entre otros. 

El díptico de la ‘XII Feria de la Tapa’ se podrá obtener próximamente en los establecimientos participantes, hoteles y en la Oficina de Turismo, o consultarse on-line en la web www.feriadelatapavaldepenas.es, donde aparecen reflejados los bares y restaurantes adscritos junto a la tapa que elaborará cada uno, fotografía, dirección, teléfono, día de cierre del local así como si participan o no los sábados y domingos a mediodía. El horario general será de 13:30 horas a 16:00 horas y de 20:30 horas a 23:30 horas. 

Las tapas

Este año en la Feria de la Tapa de Valdepeñas participarán los establecimientos 'Seis de Junio' con la tapa 'capricho relleno de costilla y arroz con española de miel y soja guarnecida con salteado de setas y mousse de pato'; 'Bar Sebastián' con v'asito de frijoles y gambas'; Café París con su 'Tierra y Mar'; Cervecería Cafetería Balbuena con su 'Menú de Otoño'; Cervecería Low Cost con la tapa' lingote de bacalao, queso, calabaza y guisante's; Cool & Grill con 'costillar de vacuno con chimichurri y cebolla dulce pochada'; Patio de Chato Grato con 'toro de atún picante en custard de aguacate y lima sobre crocanti de pistachos' y El Rincón de Toñi con la tapa denominada 'lagarto en salsa agridulce'. 

Por su parte Eugenio Gourmet participará con tapa dulce a la que ha llamado 'dulce de pasión'; Hostal Posada Entreviñas con 'carritaki de ventresca de atún, compota de melón y toque de la huerta'; La Antigua Bodega Los Llanos con su 'tartar de salmón sobre ajo blanco cocinado en frío'; La Fonda de Alberto con la 'tapa de bacalao confitado a baja temperatura y crujiente de su piel con caldo de callos y salteado de setas nameco'; y Las Dos Castillas presentará su 'tataki de presa ibérica castellana'. 

El Mesón del Buen Bebedor participará en este edición con la tapa de hígado de pato con manzana caramelizada y grissini de sésamo con reducción de Pedro Ximenez; Restaurante La Viña con falso brazo de gitano; Restaurante San Antonio con 'Dolma San Antonio'; Venta del Comendador ofrecerá 'trampantojo de leche frita' y el Restaurante Sucot con la tapa 'fantasía de otoño'.

Este martes 18 de abril se cumple un año del auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó el ingreso en prisión incondicional del presidente de Ausbanc, Luis Pineda Salido, y el secretario de Manos Limpias, Miguel Bernad, éste en libertad provisional desde finales de diciembre.

La causa cuenta hasta la fecha con 18 imputados. Pineda, acusado de ser el máximo responsable de la trama, está investigado por seis delitos: estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. Ausbanc funcionó durante tres décadas –se creó en 1986–, pero las actividades delictivas de su propietario comenzaron mucho antes, desde que era adolescente.

Lideró otra organización criminal en los 80

A inicios de los 80, Pineda heredó el liderazgo de su primera organización criminal, el Frente de la Juventud, después del exilio de uno de sus tres fundadores, el encarcelamiento de otro y el asesinato del tercero. Creado en 1978 como escisión de Fuerza Nueva, fue durante años el grupo de extrema derecha más violento de España, con pretensiones golpistas, cuyos pistoleros fueron autores de numerosas extorsiones, atracos, palizas y actos de terrorismo callejero con armas de fuego y explosivos.

En 1986, dos años después de ser condenado por la Audiencia Nacional por diferentes delitos que había cometido con la banda terrorista, Luispi fundó su propia organización junto a uno de sus camaradas, Alfonso Solé Gil. Recién licenciado en Derecho y en plena ebullición de los nuevos movimientos defensores de los derechos de los consumidores, Pineda se subió a esta marea y montó una “asociación de usuarios de servicios bancarios” como pantalla para un oscuro negocio que le hizo multimillonario.

Poco a poco, Luis Pineda fue buscando el cariño de banqueros dispuestos a pagar a cambio de que atacase a sus competidores, ensalzase sus virtudes o silenciase sus fraudes. En algunos casos fue una simbiosis en la que los bancos utilizaron a Ausbanc y Ausbanc utilizó a los bancos. En otros, el dinero fluyó como consecuencia de las amenazas y extorsiones que ha destapado la investigación de la UDEF en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

A mediados de abril de 2016, treinta años después de la creación de su negocio disfrazado de asociación de consumidores, Luis Pineda volvía a aparecer en los principales medios de comunicación como protagonista de una operación policial por la que se desarticulaba una organización criminal.

En 1982 le habían aplicado la ley antiterrorista en su detención como líder del Frente de la Juventud. Esta vez caía desde muchísimo más alto: con Ausbanc había logrado crear un multimillonario entramado empresarial presente en varios países, con decenas de propiedades inmobiliarias en activos, y desarrollar importantes y fructíferas relaciones con el poder económico, político y judicial.

18 imputados

La causa suma hasta la fecha 18 imputados: desde Luis Pineda, hasta el jefe del seudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, pasando por su portavoz, Virginia López Negrete, una exalto cargo de la Comunidad de Madrid con gobiernos del PP –la esposa de Pineda–, el secretario general de una entidad bancaria y el exdirigente de otra asociación de consumidores. Son estos:

– Luis Pineda Salido. Presidente de Ausbanc y máximo responsable de un entramado con más de una veintena de sociedades radicadas en España y en el extranjero. Fundó este negocio disfrazado de asociación de usuarios sin ánimo de lucro en 1986, dos años después de que la Audiencia Nacional lo condenase por delitos cometidos en la banda terrorista de ultraderecha Frente de la Juventud, de la que llegó a ser su líder. En los últimos tiempos ha sido objeto de tres condenas por difamación.

– María Teresa Cuadrado. Esposa de Pineda y delegada de Ausbanc en Madrid (uno de los cuatro hijos del matrimonio, Daniel, que no figura entre los imputados, era el delegado en Granada). Fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón.

– Miguel Bernad Remón. Secretario de Manos Limpias y antigua mano derecha del histórico ultraderechista Blas Piñar. Ingresó en prisión junto a Pineda el 18 de abril de 2016. Pedraz lo dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros ocho meses después, el 22 de diciembre, debido a su estado de salud, no considerar que existiese riesgo de fuga y la dificultad de que pudiese ya ocultar pruebas.

– Virginia López Negrete. Portavoz y directora de los Servicios Jurídicos de Manos Limpias durante años, tras estallar el caso aseguró que no era más que una “letrada externa” del seudosindicato. Es una de las últimas imputadas, mediante un auto emitido el pasado 5 de septiembre, en el que se señala que desarrolló un “importante” y “activo” papel dentro de Manos Limpias, “con auténtico poder de decisión” así como “relación con Luis Pineda y Ausbanc” mediante “un fuerte vínculo” y “durante un amplio espacio de tiempo”, en el que incluso fue letrada en algún asunto judicial de la falsa asociación de usuarios.

Junto a Bernad, también está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid por la supuesta apropiación indebida de casi 110.000 euros de una cuenta de Manos Limpias, procedentes de un centenar de afectados de Afinsa.

– Ángel María Garay Echeverría. Responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc.

– Hermenegildo García García. Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ausbanc.

– Luis María Suárez Jordana de Pozas. Director de Publicaciones de Ausbanc. Su ingreso en prisión podría ser inminente tras haber acumulado dos condenas por estafas inmobiliarias, la primera de 18 meses y la segunda de 2 años, cometidas a mediados de la pasada década, antes de entrar a formar parte de Ausbanc. También está condenado por difamación y acumula deudas que rondan el millón de euros. Durante la primera legislatura de Aznar fue director general de la entonces denominada Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes).

– Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez. Periodista y abogado. Dedicado a labores de comunicación y director de una de las publicaciones de Pineda, CVB.

– María Isabel Medrano Valero. Directora de Publicidad de Ausbanc Editorial.

– José Marín Rodríguez. Delegado de Ausbanc en Sevilla y Huelva. Estuvo en prisión por un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Sevilla, condenado por delitos de malversación de fondos públicos y facturas falsas. Pineda lo fichó por sus contactos en el PSOE de Andalucía.

– María Mateos Ferres. Directora de Ausbanc Abogados. Fue consejera de la inmobiliaria de Pineda Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL.

– Rosa Isabel Aparicio Fernández. Secretaria de Luis Pineda, ostentaba los cargos de directora del Gabinete de Presidencia y responsable de Organización de Eventos de Ausbanc.

– Alfonso Solé Gil. Tesorero y cofundador de Ausbanc. Era amigo de juventud de Pineda, en la etapa de ambos en movimientos de ultraderecha. Ocupa distintos cargos (consejero delegado, consejero, administrador único...) en empresas del entramado.

– Ramón Perfecto Rodríguez Martínez. Participa en varias empresas del entramado de Pineda, como Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL y Patrimonios Especiales y Oro Inversor SL, de la que es administrador único.

– José María Gómez de León Contreras. Abogado de Manos Limpias.

– Lorenzo González Díaz. Propietario de la empresa de seguridad LPM Corporación Empresarial, que Manos Limpias pretendía utilizar para disfrazar, a modo de préstamo, el posible pago de 2 millones de euros de La Caixa por retirar su acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos.

– Ángel Fernández Noriega. Secretario general de Unicaja, dejó el banco mediante una prejubilación tras su imputación en el caso. Se le investiga por el pago de un millón de euros a Pineda a cambio de que Manos Limpias retirase la una acusación al presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso de los ERE de Andalucía.

– José Luis Gómez Boza. Patrono de la Fundación Unicaja. La UDEF concluyó que fue el autor de la filtración al jefe de Ausbanc de que estaba siendo investigado, lo cual fue “muy perjudicial para la investigación, ya que a partir de la misma, Luis Pineda cambia su forma de actuar y toma muchas precauciones en sus conversaciones telefónicas”. Este abogado sevillano entró a formar parte de la Asamblea General de Unicaja en 2002 en representación de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), organización de la que fue secretario general hasta hace cinco años.