L'exvicesecretari del PP valencià David Serra ha declarat aquest dimecres en el judici de Gürtel que el seu superior, el llavors secretari general Ricardo Costa, “era el responsable de la contractació” dels actes electorals del partit a la trama i qui autoritzava els pagaments.

“M'imagine que Orange Market facturaria els actes. Es faria un control dels que s'havien fet i una vegada feta la factura es donaria l'ordre per part del secretari general del partit”, ha explicat Serra en la seua declaració com acusat en el judici a la branca valenciana de Gürtel, que s'ha reprès aquest dimecres l'Audiència Nacional.

No obstant açò, Serra, que ha precisat que no va tenir responsabilitats en el partit fins a setembre de 2007 (quan ja s'havien celebrat les eleccions autonòmiques i municipals), ha sigut taxatiu en relació als suposats pagaments en negre presumptament realitzats pel partit a la Gürtel: “Mai em va dir a mi el senyor Costa que hi havia pagaments en b”. I ha assegurat a més que “mai” ha pagat o rebut diners “en efectiu”.

Ha reconegut que ell també va autoritzar alguns pagaments a Orange Market -filial de la Gürtel a València- en cas que el llavors secretari general no estiguera present i sempre si estaven autoritzats per ell perquè tenia “plena confiança amb la gent que porta treballant 20 anys en l'organització”.

Però ha apuntat que la seua obligació no era “el control d'aqueixos pagaments” i que era “absolutament normal” autoritzar l'abonament de factures perquè no es quedaren bloquejades, si bé ha especificat que “pràcticament no ha vist cap o quasi cap” d'Orange Market.

Álvaro Pérez ja treballava en l'organització

Quan es va incorporar al comitè executiu del partit regional, ha continuat Serra, Álvaro Pérez, El Bigotes (responsable d'Orange Market), ja treballava per a la formació i ha dit que la seua “missió” com a sotssecretari general era la de “gestionar la mobilització” dels actes i la “direcció de recursos humans” però no intervenia “en gens de la contractació” dels actes.

D'açò s'encarregava, segons la versió de Serra, “el senyor Costa”, que tenia “una relació molt estreta” amb El Bigotes i era ell qui li feia els encàrrecs d'actes electorals, encara que no creu que es dedicara “a explicar plasmes o metres de moqueta”.

Serra, que s'enfronta a una petició fiscal de 7 anys i 9 mesos de presó, ha assenyalat que “Costa tenia una addicció al treball total i estimulava la vida política també els caps de setmana”, la qual cosa generava “tensions” entre els membres del partit.

El exvicesecretario de Organización del PPCV David Serra ha afirmado este miércoles que, a petición del ex secretario general de la formación política regional Ricardo Costa, intermedió y presionó a un empresario para que pagase la deuda que tenía con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market.

El que fue diputado en las Corts Valencianes ha declarado este miércoles como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PPCV --liderado entonces por Francisco Camps-- en relación de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, cuyos actos fueron contratados con Orange Market.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, Serra ha relatado que Costa -acusado en este juicio- le pidió que hablase con Enrique Ortiz -bautizado por el responsable de Orange Maket, Álvaro Pérez 'El Bigotes' como “el empresario de las magdalenas”-, para que abonase una deuda que tenía con la empresa de la Gürtel.

Ha explicado que el ex secretario general de los 'populares' valencianos le da esta instrucción al tener conocimiento de que mantenía una amistad con Ortiz. Una relación que comenzó cuando Serra era ex secretario autonómico de Deportes y el empresario fue presidente del Hércules Club de Fútbol.

El Ministerio Público ha reproducido una conversación telefónica en la que se escucha como Serra presiona al constructor comunicándole que tenía que abonar más cantidad de la fijada, algo que para Ortiz no fue de agrado: “no me jodas más todavía”, dijo. Según ha recalcado Serra, hizo esta exigencia porque así se lo pidió Costa.

Arrepentimiento por intermediar

“Me arrepiento más de lo que se puede imaginar” por haber intermediado en este sentido, ha confesado a la fiscal, así como que le sorprendió que el empresario reconociese los hechos porque no era consciente de las irregularidades ya que Ortiz le trasladó que la deuda era “real”.

David Serra, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, ha subrayado la “relación estrecha” que tenían Costa y Pérez y ha puntualizado que el ex secretario general le dijo que tenían que “hacer un esfuerzo” para que Orange Market pudiese cobrar los servicios prestados.

“¿No le extraña que el señor Costa haga de gestor de cobros de Orange Market?”, ha preguntado el abogado del Estado Edmundo Bal. “Entiendo que hay una situación de crisis en Orange Market, el señor Pérez explota y se lo traslada a la gente que tiene más cercana, en este caso el señor Costa”, ha contestado.

Por otro lado, el ex diputado regional del PP ha enfatizado que le “consta que Costa, de manera permanente, estaba machacando a los miembros del Gobierno para que se pagase”, y ha asegurado que entre esas personas se encontraba el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla, también sentado en el banquillo de los acusados en esta causa.

Serra ha recalcado que “jamás” Costa le mencionó que los actos electorales contratados con Orange Market se abonasen en 'b'. Tampoco sabe quién dio la orden de que esas facturas se girasen a “determinados empresarios”.

Tanto el líder de la Gürtel, Francisco Correa, como su 'número dos', Pablo Crespo, confesaron durante sus declaraciones que Costa les comunicó que si “querían cobrar” la organización de los actos electorales y otros eventos que realizaron debían girar facturas falsas a terceros.

Nueve empresarios acusados, primero ante la Fiscalía y después en este juicio, reconocieron haber sufragado irregularmente dichos actos. Precisamente la empresa de Ortiz abonó 348.115 euros para financiar los gastos relativos a los comicios de 2008, según el escrito de acusación de Anticorrupción.

'El Bigotes' fue quien señaló al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps como la persona que estableció el sistema de financiación ilegal en el PP valenciano. Versión que después fue corroborada por el propio Costa, que puntualizó que el PP regional se financió con “dinero en negro” por orden de Camps y del exvicepresidente de la Generalitat Valenciana y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

Ricardo Costa, responsable de contratación

En otro momento de la declaración, se ha desvinculado de la contratación de los actos electorales que se cuestionan en este juicio y ha afirmado que el responsable de ello era Ricardo Costa. Aunque no cree que el ex secretario general se dedicase a “contar plasmas, metros de moquetas y traseras”, ha afirmado que hacía los encargos a Orange Market.

En este sentido, ha indicado al titular del Juzgado Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia que la única participación que tuvo en los actos electorales fue la encomendada al “número 15 de la lista por Alicante”: “Asistir y arropar al candidato”, ha concretado, además de acudir a debates en la radio.

“No intervenía para nada en la contratación de los actos del PP”, ha insistido y apostillado que como vicesecretario general no se encargaba de la “escenografía”, sino de la “movilización” de personas. Es más, ha precisado que tan solo le llegó un correo electrónico de la mercantil de Pérez y que directamente lo remitió a Costa.

Preguntado por la fiscal Anticorrupción Myriam Segura sobre su relación comercial con el responsable de Orange Market, ha dicho que solo coincidió con 'El Bigotes' en los actos de partido. “Jamás en mi vida le he dado un duro a Álvaro Pérez, le pude haber invitado a un café”, ha asegurado.

La Fiscalía ha mostrado al acusado facturas y firmas de cheques y Serra ha destacado que él no tomó ninguna decisión al respecto porque no era su cometido. Ha explicado que él tenía firma porque así se lo pidió la Gerencia del partido para poder hacer pagos en el banco y ha negado rotundamente “haber recibido dinero en metálico, ni donaciones para el partido”.

Confianza en la gente del partido

Ha indicado que el sistema era tener una firma mancomunada para que si no estaba en la sede alguna de las personas que tenían la rúbrica reconocida no hubiese problemas y pudiese autorizar el abono otra persona.

Así, ha confirmado que en alguna ocasión ha autorizado talones nominativos a Orange Market, pero que siempre lo ha hecho confiando en la gente del partido, ya que consideró que era “absolutamente normal” que se lo pidiesen a él si Costa estaba ausente, ya que para eso se “habilitaron” las firmas.

“A mi la gerente del partido, si estaba en la sede ese día, me decía: 'Necesito hacer un pago u otros'; eran pagos hechos, me traía el talón y necesitaba la firma y yo siempre hacía la misma pregunta, si estos pagos estaban autorizados por el secretario general y me decía que sí”, ha dicho. Después, ha constatado que “es verdad que percibía cierto descontrol, pero imaginaba que era por el día a día, todas las semanas había actos del partido”.

Sobre los servicios prestados por la empresa de la Gürtel al Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes, ha indicado que pagó lo que le correspondía; tal y como hizo el partido y las organizaciones territoriales.

El juez sólo ha interrogado este miércoles a David Serra y deja al último de los acusados en declarar, el considerado 'blanqueador' de la trama Gürtel, José Ramón Blanco Balín, para este viernes, a las 10.00 horas. El asesor del 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa, se enfrenta a 15 años de prisión.

La Audiencia Nacional reanuda este miércoles el juicio a la rama valenciana de Gürtel con el interrogatorio a los dos últimos acusados que quedan por declarar, el exdiputado y exvicesecretario del PP de València David Serra y el considerado blanqueador de la red, Ramón Blanco Balín.

Serra es uno de los políticos al que el responsable de la trama en València, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', acusó de pagar en b a Orange Market -filial de la Gürtel en Valencia- por actos electorales organizados al PP en las campañas municipal y autonómica de 2007 y las generales de 2008.

Investigado en varias piezas de Gürtel y en el caso de corrupción Imelsa, Serra se enfrenta a una petición fiscal de 7 años y 9 meses de cárcel por delitos electorales y falsedad documental.

Comparecerá después de que buena parte de los acusados hayan afirmado que el PP se financió con dinero b y de que algunos de ellos, como el exsecretario general del partido regional Ricardo Costa, apuntasen al expresidente valenciano Francisco Camps y al expresidente de Les Corts Juan Cotino como quienes encargaron el sistema de financiación irregular.

Está por ver si Serra sigue esta línea de confesión trazada por Costa o, por el contrario, niega participación alguna en este sistema de financiación, como hizo Rambla, que acusó al exsecretario del partido regional de ser “el embudo” por el que pasaba toda la información relativa a las campañas.

También declara hoy Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol YPF y consejero de grandes empresas españolas, que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel por haber favorecido presuntamente el blanqueo del dinero opaco que el PP valenciano pagó a la trama por sus servicios en actos de campaña.

Según la Fiscalía, Blanco Balín controlaba Orange Market a través de la mercantil Hator Consulting y se ocupó de la contabilidad y la fiscalidad de la empresa.

Cree el ministerio público que la declaración de impuestos de Orange Market, desde 2005 hasta 2008, se hizo incluyendo “gastos inveraces y ocultando una parte de sus ingresos” y achaca “la confección material” de esas irregularidades a Blanco Balín, “quien impartió las instrucciones oportunas en connivencia con Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez Alonso”.

David Serra, exvicesecretario del PP valenciano y exdiputado autonómico, ha negado haber cobrado ningún tipo de comisión en el marco del caso Imelsa, y ha explicado que el dinero en efectivo que le dio su “amigo” Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, obedecía a la devolución de un préstamo personal que le hizo cuando no tenía liquidez.

Serra ha declarado este jueves en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en el marco de la pieza principal del caso Imelsa, en la que se investigan delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Junto a Serra también ha declarado en esta jornada uno de los responsables del Grupo Llanera.

Según consta en la causa, esta constructora es una de las empresas que se están investigando por si aportó algún tipo de comisión a cambio de contratos municipales del Ayuntamiento de Xàtiva. El responsable de Llanera ha negado ante el juez estos extremos y ha afirmado que únicamente conoce al exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por referencias, por el ser el primer edil de la localidad, pero no por nada más.

Por su parte, Serra, procesado en el caso Gürtel por contratos entre la Generalitat y mercantiles del empresario Francisco Correa, había pedido al juez comparecer voluntariamente en el juzgado tras levantarse el secreto de sumario de la pieza en la que está investigado el pasado mes de septiembre.

A su salida del juzgado, el exdiputado popular ha afirmado que estaba tranquilo y que la declaración había ido muy bien, pero ha declinado comparecer ante los medios de comunicación que le esperaban en la puerta de la Ciudad de la Justicia.

Niega cualquier tipo de responsabilidad

En la Sala, Serra ha respondido a las preguntas formuladas por su abogado. Su defensa se ha centrado en negar cualquier tipo de responsabilidad o intervención en la presunta trama de Imelsa, puesto que ha aseverado que no cometió ninguna irregularidad ni tampoco recibió dinero procedente de comisiones, pese a lo que ha declarado en varias ocasiones Marcos Benavent.

El investigado ha explicado al juez que conoce a Marcos Benavent desde los años 90 y ha indicado que eran amigos. De hecho, llegaron a compartir un piso, según ha comentado. En un momento determinado, ha indicado que Benavent le indicó que no tenía dinero y le ofreció venderle el coche, por el que pedía 24.000 euros. Serra aceptó comprárselo pero por la mitad de lo que reclamaba, es decir, por 12.000 euros, pero se ofreció a dejarle otros 12.000 euros como préstamo a cambio de que se los devolviera cuando pudiera.

Así, ha justificado que el dinero en efectivo que le entregó Benavent -12.000 euros- y que ha quedado recogido en unas grabaciones que obran en el procedimiento, obedece a este préstamo personal que le hizo, pero ha negado que proceda de ningún tipo de comisión. También ha afirmado que no participó en ninguna actividad ilegal y que tampoco ha recaudado dinero para el PP.

La macrooperació contra la corrupció impulsada per la Fiscalia Anticorrupció, supervisada pel jutjat d’instrucció número 18 de València i executada per la Guàrdia Civil, acabarà, almenys, amb 24 detinguts, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Aquests són, de moment, els huit de qui s’ha confirmat la identitat:

Alfonso Rus. Expresident de la Diputació de València, expresident del PP de València i exalcalde de la seua ciutat, Xàtiva. Ha estat arrestat en el seu domicili. És sospitós de ser l’home clau del cas Imelsa.

David Serra, exvicesecretari del PP a la Comunitat Valenciana i imputat pel cas Gürtel, concretament en les peces que investiguen el presumpte finançament il·legal del partit. Serra va ser el número 2 de Ricardo Costa, autor d’una frase cèlebre: “La festa no s’acaba mai en el PP de la Comunitat Valenciana”.

Emilio Llopis: Excap de gabinet de Rus i exalcalde del Genovés, un poble pròxim a Xàtiva. Va ser nomenat assessor del PP en la Diputació de València a pesar de les sospites de la seua implicació en el cas. És sospitós de ser una de les persones gravades comptant diners.

Máximo Caturla. Exvicepresident de la Diputació de València amb Rus. Va dimitir de tots els càrrecs al maig del 2015, després que se’l sentira en converses sobre cobrament de comissions en el cas Imelsa. Era membre del consell d’administració de l’empresa de la corporació provincial.

Juan José Medina. Un altre exvicepresident de la Diputació i membre del nucli dur de Rus. Exalcalde de Montcada, és vicesecretari d’organització del PP a la província València. El partit ha anunciat la destitució de tots els detinguts i imputats. Com Llopis, continuava com a assessor del PP en la Diputació de València a pesar de les sospites al seu voltant.

María José Alcón. Exregidora i exassessora del PP en l’Ajuntament de València, també va ser caçada en les converses sobre comissions al voltant del cas Imelsa. És la dona d’Alfonso Grau, vicealcalde amb Rita Barberá i un dels acusats en el cas Nóos. Grau va saltar a la fama per la “fanfarroneria” amb què va defensar la seua innocència.

Vicente Burgos. Company d’estudis dels Camps (a més de Francisco, Gerardo, diputat en el Congrés) i Esteban González Pons (ara en el Parlament Europeu) va deixar fallida una fundació de la Generalitat després d’una gestió qualificada de megalòmana. Després va ser nomenat liquidador de Canal 9. Exmarit de María José Alcón, va ingressar a la presó al juliol del 2014 per impagament de deutes.

María del Carmen García-Fuster. Exsecretària del grup popular en l’Ajuntament de València, assessora del PP durant aquest mandat i una de les persones de confiança de Rita Barberá, alcaldessa de València fins a les eleccions municipals passades. L’han detinguda en el seu domicili, i les oficines del PP en el consistori, registrades. Germana de José Rafael García-Fuster, exsenador popular i exconseller del Banc Financer i d’Estalvis (BFA), l’entitat financera resultant de la fusió de Bankia, Bancaixa i altres caixes d’estalvis.

Els imputats

Els imputatsTambé han transcendit els pretesos implicats (imputats, investigats després de la reforma de la reforma legal del govern) en el cas que no han estat detinguts.

Alfonso Novo, exregidor d’urbanisme de l’Ajuntament de València i, després de la marxa de Barberá al senat, número 1 del PP en el consistori.

Mariano Rajoy i Luis Salom, en la foto que aquest utilitza en el seu Twitter.

Luis Salom, l’assessor del PP cèlebre per la seua combativitat i hiperactivitat en les xarxes socials.

Marcos Benavent. Exgerent d’Imelsa, l’empresa de la qual va nàixer la pretesa trama, i l’home que ha estirat la manta a canvi d’una reducció de condemna. Benavent, després de la seua excèntrica aparició a la Ciutat de la Justícia de València, on va avisar que eixiria “merda a punta pala”, fa mesos que col·labora en la investigació. La seua imputació és coneguda des de fa temps.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) mantiene que hay “sospechas” e “indicios” de delito en los 20 procesados por delito electoral y falsedad documental dentro de las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel. Entre los acusados figuran exdiputados de Les Corts, excargos del PPCV, empresarios y cabecillas de la trama.

Así consta en un auto facilitado por el alto tribunal valenciano en el que se desestiman los recursos interpuestos por los procesados, así como el del ministerio fiscal, y confirma la resolución del pasado mes de diciembre por la que se daba por concluida la instrucción de las tres piezas.

En concreto, las dos primeras piezas se refieren a un presunto delito electoral relativo a las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunidad, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008. Mientras que la pieza 6 se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.

El tribunal valenciano, tras estudiar los escritos, rechaza la petición del fiscal de no sobreseer la causa contra Luis Bárcenas y Cristóbal Páez al entender que toda la facturación o contratación presuntamente manipulada se centralizó a través de la Administradora Regional, cuyas cuentas no se someten al control de los órganos nacionales, por lo que estas manipulaciones no accedieron a la contabilidad provincial, cuyos administradores eran precisamente los encargados de elevar a los administradores nacionales la contabilidad, “lo que hace que esa responsabilidad de Bárcenas y Páez se diluya más aún”.

Por otro lado, el TSJCV rechaza la prescripción de delitos alegada por algunas partes; o el cambio de un supuesto de financiación ilegal de un partido político por el delito electoral que se atribuye a algunos acusados.

Así mismo, rechaza anular una serie de conversaciones telefónicas al estimar que ha existido el necesario control judicial; y mantiene que existe una suficiente motivación y congruencia en las resoluciones dictadas por el magistrado instructor. Por su parte, también rechaza la separación de las piezas 1, 2 y 6 al no exponerse en qué se ha causado indefensión.

Procesados

Entre los procesados se encuentran los exdiputados del PP Ricardo Costa, Yolanda García, Vicente Rambla y David Serra; Cristina Ibáñez -administradora de la candidatura del PP en las elecciones de 2007-; los presuntos cabecillas de la trama Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', responsable de Orange Market; Cándido Herrero -consejero delegado de Orange-; Pablo Crespo -número dos de la trama- y Francisco Correa -principal responsable de empresas como Orange o Special Events-. También está procesado el empresario José Ramón Blanco Balín.

Así mismo, se incluye en la lista a los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna -de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras-; José Enrique Fresquet -Pavimentos del Suroeste luego denominada Padelsa Infraestructuras-; Enrique Gimeno -por Facsa-; Alejandro y Antonio Pons -Dols y Piaf-; Enrique Tomás Ortiz y José Francisco Beviá; Gabriel Alberto Batalla -administrador del Grupo Lubasa-; y Vicente Cotino --del Grupo Sedesa-.

Por contra, el juez de instancia acordó sobreseer la causa contra Luis Bárcenas -administrador único de la Candidatura del PP en las elecciones locales de 2007 así como por la provincia de Valencia-; el empresario Felipe Almenar; Mercedes Orts -exempleada de la trama-; Mónica Magariños -extrabajadora de Orange-; José Luis Izquierdo -contable de Gürtel-; y Cristóbal Páez -administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008-.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel para la cúpula del PP que dirigía Francisco Camps. En el escrito de acusación por la instrucción del caso Gürtel en Valencia, el Ministerio Público considera que los exdiputados Ricardo Costa y Vicente Rambla son responsables de un delito electoral por la financiación irregular de la campaña de 2007.

Costa y Rambla se enfrentan a penas de prisión por un delito electoral y también por falsedad en documento mercantil, según la petición de la Fiscalía. Este es el escrito de acusación que ha registrado en la causa por la que el juez ha procesado a la cúpula de varios exdirigentes del PP valenciano y empresarios vinculados con la financiación irregular del PP. Tras la decisión del magistrado, Ricardo Costa presentó su dimisión en las Cortes Valencianas.

El escrito también se refiere a los delitos fiscales atribuidos a las empresas de la trama Gürtel, como Orange Market S.L. y otras sociedades vinculadas a Francisco Correa.

El fiscal confirma que los acusados, entre ellos Costa -que fue era vicesecretario general del PP valenciano- y Rambla -que ocupó varios cargos en el Gobierno regional- junto a David Serra (exdiputado autonómico) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV), “no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente”.

1,2 millones sin facturar

Además, señala que los responsables de la campaña del PP valenciano “abonaron irregularmente” los servicios realizados por Orange Market. “Tales pagos no quedaron reflejados ni en facturación ni en contabilidad”, reza el escrito.

El fiscal sostiene que en las elecciones de 2007 no se declararon ante Hacienda al menos 1,2 millones de euros correspondientes a cerca de una veintena de actos, entre ellos uno celebrado 12 de mayo en Alicante y al que asistió Mariano Rajoy. Los vídeos de campaña, que costaron caso un millón de euros, tampoco pasaron por el fisco, según Anticorrupción.

“La única cantidad declarada por Orange Market y el Partido Popular en Valencia fue 175.000 euros -señala el escrito-. Sin embargo, fue muy superior el servicio que encargó y recibió”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado 'popular' David Serra, y entre siete y nueve para los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, imputados en la pieza 5 del 'caso Gürtel', relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes' y otras sociedades del Grupo Correa entre 2004 y 2009, durante los gobiernos de Francisco Camps.

El ministerio público ha presentado este viernes su escrito de calificación provisional, el último día otorgado por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para hacerlo. Inicialmente, el plazo acababa hace dos semanas, pero se prorrogó a petición del fiscal.

En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas, a las que el juez instructor atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude.

Entre ellos, se encuentra Serra, para el que el fiscal pide nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de Deportes. Así mismo, para De Miguel solicita otros nueve años de inhabilitación por contrataciones en su etapa en Bienestar Social; para Cervera ocho años y para Rosado siete por contratos relacionados con el Hospital Clínico en sus diferentes etapas en Sanidad.

Penas de cárcel para cargos públicos

El fiscal también pide penas de cárcel para seis de los cargos públicos del nivel intermedio imputados. Siete años de cárcel para Antonio Santo Juan, funcionario responsable de Vaersa; siete años para Juan Miguel Bellver, exdirector de la empresa pública; cinco años para Carmen Díaz Quintero, directora de La Luz de la Imágenes; cuatro años para Enrique José Bort, exdirector de gabinete del Sepiva; cuatro años para Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultural; y tres años para Patricia Callaghan jefa de sección de Territorio.

Correa, Crespo y 'El Bigotes', 10 años de prisión

Así mismo, Anticorrupción ha pedido penas de diez años de prisión para los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Correa, Pablo Crespo y “El Bigotes”, así como también solicita la apertura de juicio oral y señala que, por la vía de la responsabilidad civil, los acusados deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la Generalitat.

Acusación popular

Por su parte, el PSPV, que ejerce de acusación popular, solicita una pena de tres años y cuatro meses de prisión y diecisiete de inhabilitación para Serra y de Miguel, así como otro año y cuatro meses de cárcel y once de inhabilitación para los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha concedido una entrevista a Onda Cero Valencia, donde ha respondido a las preguntas que le ha realizado Eduard Ureña. Tras la renuncia a su escaño del diputado autonómico del PP David Serra este mismo martes -imputado en Gürtel-, la situación del grupo popular en Les Corts -en lo que al número de imputados se refiere- ha sido uno de los principales asuntos abordados por el jefe del Consell.

Así, el president ha destacado la “coherencia” de Serra, así como su “responsabilidad y generosidad al apartarse del debate político”, al tiempo que añadía que ha renunciado para que “no pueda utilizarse” su situación judicial contra el Partido Popular, “tenemos que generar confianza en la ciudadanía y evitar las dudas”.

Con la renuncia de Serra son nueve los imputados del PP que han dejado su escaño en lo que llevamos de legislatura -Hernández Mateo, Alicia de Miguel, Angélica Such, Milagrosa Martínez, Díaz Alperi, Sonia Castedo y Vicente Rambla, además de Rafael Blasco-. Fabra ha presumido de que “sólo” quedan dos imputados en el grupo popular en Corts, Ricardo Costa y Yolanda García, “claro que he hablado con ellos”.

Respecto a las alcaldías, con situaciones como las de la primera edil de Alicante, Sonia Castedo -imputada en Brugal-, el líder de los populares valencianos se ha referido a que son procesos largos que tienen su tiempo, así como también insistía en que su actitud será “inflexible” con los comportamientos “impropios”, reiterando que no habrá imputados en las listas electorales, “si se han hecho cosas mal en el pasado, habrá que corregirlas, aunque esto está encauzado”.

Candidatura y elección directa

Alberto Fabra también se ha referido a sus intenciones de encabezar la candidatura del Partido Popular en las autonómicas de 2015 -ahora que suenan rumores de que Génova busca un relevo a Fabra para encabezar la lista el próximo año-, aunque ha recordado que el PP “tiene sus tiempos, en un proceso normal en cualquier partido”, al tiempo que prefería no valorar la encuesta interna que les augura la pérdida de la Generalitat.

De igual forma, ha defendido la reforma que pretende el Gobierno para propiciar la elección directa de alcaldes, “es justo que gobierne la lista más votada, quien decidan los ciudadanos”, y no candidaturas minoritarias gracias a alianzas postelectorales. En cuanto a los tiempos, Fabra ha dicho que la polémica, las críticas y el rechazo de la oposición se hubiera producido igual de haber planteado la reforma a principio de legislatura.

También se ha referido a sus propuestas, que no consiguieron el apoyo de la oposición en Corts, para reducir el número de diputados autonómicos o para elegir un tercio de parlamentarios directamente en las comarcas, “decisiones que fueron torpedeadas”.

Financiación

El jefe del Consell, igual que sucedió en la entrevista que concedió Radio Valencia el pasado mes de julio, ha sido cuestionado por la financiación autonómica y la reunión que tiene pendiente con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “me he reunido varias veces con él y trabajamos para que venga a la Comunitat Valenciana, aunque los criterios de reparto son muy complicados”.

No obstante, el president achacaba el déficit en la financiación autonómica -valorado en 1.000 millones de euros- a una situación heredada del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que aprobó en 2009 el actual modelo, que es “muy malo” para la Comunitat Valenciana, “con injusticias que hay que corregir, como que no se pueda asunir el gasto en Sanidad, Educación y Políticas Sociales”.

Situación económica

Fabra también ha recordado que quedan ocho meses hasta las elecciones, “tenemos que poner en valor lo que hemos hecho en momentos muy difíciles, con altas cifras del paro -que han mejorado- e impagos de la Generalitat -una situación revertida-. Hemos generado estabilidad, vamos a crecer el 1,3% este año y se prevé que el 2,5 el próximo”.

La diputada del PSPV en Les Corts valencines, Ana Barceló, ha indicado este martes que la dimisión del diputado del PP David Serra -imputado en Gürtel-, constata, “una vez más, la incapacidad del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para tomar decisiones sobre los imputados de su partido”, al tiempo que ha incidido en que Serra “se marcha porque quiere, cuando quiere y como quiere”.

Así, ha denunciado que “en el PP de Alberto Fabra las Corts se utilizan para decidir qué juez y qué juzgado interesa más que les juzgue”, al tiempo que recordaba que actualmente el jefe del Consell todavía mantiene en sus escaños a dos imputados que “van a seguir cobrando del dinero de todos los valencianos hasta que ellos decidan marcharse”.

Para Barceló, el “compromiso” de Fabra contra la corrupción ha dependido siempre de las presiones internas del PP, “que cada vez son mayores por su falta de liderazgo y debilidad de sus decisiones”. Con estas decisiones, ha matizado, “lo único que se pretende es sacar de la agenda política los casos de corrupción y alargar así los plazos”.

“Al no tener aforados a partir de este momento la apertura del juicio oral sufrirá demoras hasta que se determine qué tribunal finalmente se hará cargo del asunto”, ha explicado Barceló, tras señalar que “así es como Fabra y el PP entienden la regeneración democrática, que cada uno tome las decisiones cómo y cuándo le convengan personalmente”.

En este sentido, ha subrayado que “ése no es el compromiso con la ética y la transparencia que están reclamando los ciudadanos”, para concluir manifestando que Fabra y el PP “no tienen ninguna credibilidad, ni generan ninguna confianza y poner en boca de ellos la palabra transparencia ya ofende”.

“Esperpéntico”

Para la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, resulta “esperpéntico que los cargos públicos del Partido Popular imputados o procesados abandonen sus escaños cuando quieren guiados por sus propios intereses particulares de alargar procesos judiciales y no porque el presidente del Partido Popular se lo exija”.

Así, apuntaba que ello define lo que es Fabra: “un presidente sin autoridad al frente de un Partido Popular absolutamente desnortado ante este iceberg de corrupción que han generado y que cada vez les golpea con más fuerza”.

El diputado del PP en las Corts Valencianes David Serra, imputado en el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha presentado este martes su renuncia al escaño para contribuir a que en estos meses de precampaña los grupos de la oposición no puedan utilizar su situación “para dañar políticamente al PP”, según ha comunicado el propio diputado en un escrito. Con la renuncia de Serra son 9 los exdiputados del PP que han tenido que dimitir envuletos en causas judiciales por corrupción, aunque todavía quedan dos.

Serra, que no quiere hacer otras declaraciones en relación con este tema, asegura que es una decisión “personal”, recuerda que a ninguno de sus compañeros imputados en este procedimiento se les atribuye “ninguna actuación de enriquecimiento personal o comúnmente llamada 'meter la mano en la caja'” y ha reiterado su inocencia.

En el escrito formal de renuncia presentado este mismo martes ante la Cámara, Serra comunica su renuncia a su condición de parlamentario desde esta fecha y expresa su agradecimiento “a todo el personal de las Corts que durante varias legislaturas han colaborado en el trabajo diario que he podido realizar en las mismas y que hayan redundado en la mejora de la Comunidad Valenciana y todos los ciudadanos que la conformamos”.

Serra explica en el escrito que ha formalizado su renuncia a la condición de diputado en las Corts en representación por la circunscripción de Alicante, “una decisión personal coherente con la postura que siempre he mantenido respecto al abandono de las responsabilidades institucionales cuando alguien se encuentra dentro de un procedimiento judicial, que considero deben producirse en los tiempos de la apertura del juicio oral, (como están señalando el PP y el PSOE)”.

En este sentido, añade que, aunque no se encuentra “formalmente” en esa situación, considera que con su renuncia contribuirá “a que en estos meses de precampaña los grupos de la oposición no puedan utilizar mi situación para dañar políticamente al PP”.

Nueve renuncias, aguantan dos

Durante esta legislatura el goteo de dimisiones de diputados del PP implicados y condenados en diferentes casos de corrupción ha sido continuio. El primero de todos el condenado exalcalde de Orihuela, Pedro Hernández Mateo, que dimitió en diciembre de 2012 tras ser condenado por corrupción en el escándalo de las basuras de la localidad.

La siguiente fue la exconsellera Alicia de Miguel, que abandonó las Corts en julio de 2013, justo horas antes de que el TSJCV la imputara dentro de la trama Gürtel.

Las exconselleras Angélica Such y Milagrosa Martínez fueron imputadas también en Gürtel, y mientras la presión de Fabra hizo que Such cayera de inmediato en febrero de 2014, Martínez (todavía alcaldesa de Novelda por el PP) se resistió un mes más, y sólo abandonó argumentando ser “un acto de disciplina” hacia su partido.

Los siguientes fueron el anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y la actual alcaldesa, Sonia Castedo, ambos acusados dentro del 'caso Brugal'. El exalcalde Alperi argumentó problemas de Salud para abandonar las Corts en abril de este año, por su parte la alcaldesa Castedo lo hizo al mes siguiente y se mantiene fuerte en el ayuntamiento.

El último caso hasta hoy había sido el del exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla, también acusado en el 'caso Gürtel', que renunció a su escaño a principios del mes de julio.

El caso más rocambolesco fue el de Rafael Blasco que primero fue expulsado del grupo del PP en las Corts en junio de 2013, pero que no obstante no abandonó su cargo de diputado en las Corts hasta mayo de 2014, días después de que fuera condenado dentro del 'caso Cooperación'.

Tras la marcha de todos los anteriores al PPP todavía le quedan dos imputados dentro de su grupo parlamentario de las corts, Ricardo Costa y Yolanda García, imputados en la causa abierta en el TSJCV por presupuesta financiación irregular del PP, derivada del 'caso Gürtel'.

El magistrado del caso Gürtel en Valencia ha concluido la instrucción de la pieza sobre contratos de la Generalitat con la trama y ha procesado a 27 personas, entre ellas a la cúpula de Gürtel y a tres exconsellers, mientras que ha retirado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.

Los exconsellers de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, y la de Bienestar Social, Alicia de Miguel, serán, pues, juzgados con toda probabilidad. También el diputado David Serra, que fue el número 3 del PP en la Comunitat Valenciana. Otras dos decenas de cargos de la Generalitat les acompañarán por las supuestas irregularidades, cometidas durante los mandatos de Francisco Camps.

La pieza sobre la supuesta financiación irregular del PPCV cuya instrucción ha concluido es la número cinco, referida a la supuesta prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa, excepto los contratos sobre Fitur, analizados en otra instrucción ya concluida.

El juez aprecia en los 27 procesados, entre los que figuran el diputado autonómico del PP y ex secretario autonómico de Deporte David Serra, tres exconsellers y altos cargos de varias Consellerias, indicios de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude.

El auto que pone fin a la instrucción de esta pieza también procesa a la cúpula de Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez “El Bigotes”, Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado José Ceres ha decretado el sobreseimiento de seis imputados en esta pieza, entre ellos el alcalde de Castellón y la ex secretaria autonómica de Deporte Niurka Montalvo.

La exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, y el exsecretario autonómico de Deportes, David Serra, comparecían este martes en el TSJCV como imputados ante el juez del caso Gürtel en la pieza 5, que investiga presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.

Ibars, imputada porque el magistrado entiende que realizó y propuso presuntamente diversas contrataciones menores para eludir la aplicación de la normativa del concurso abierto, impidiendo con ello la aplicación de los principios de la libre concurrencia, ha informado que el contrato de la Guía de Comunicación 2005 se gestionó y decidió en una reunión en la que estuvo presente la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, según informa Europa Press.

La adjudicación recayó sobre DT Consulting por 12.020,24 euros; Boomerangdrive, por 10.500 euros; Trece S.L., por 6.354,15 euros; Technology Consulting Managemente S.L., por 12.020,24 euros; Good and Better S.L., y Orange Market S.L. -estas dos últimas también por 12.020,24 euros-. Todas, empresas del grupo Correa.

Ibars ha negado que tomara ninguna decisión sobre la contratación o que propusiera el fraccionamiento de los contratos para beneficiar a las empresas de la trama Gürtel, situando la contratación de la Guía de la Comunicación de 2005 en una reunión en la que participó su entonces jefa directa, Paula Sánchez de León, según informa Europa Press.

Declaración de Serra

David Serra, quien también fuera secretario de Organización del PP valenciano, ha declarado por las contrataciones del Open de Tenis 2007, que inicialmente se achacó a Niurka Montalvo. En la causa aparece como imputado por la contratación del Open de 2006.

Serra ha mantenido en su declaración ante el juez que él no ha contratado nada nunca ni ha participado en ningún fraccionamiento de contratos, según ha podido saber Europa Press. A su salida del tribunal, ha indicado a los periodistas que la declaración ha ido “muy bien, muy rápida y muy breve”, y ha dicho que solo le ha formulado preguntas el magistrado.

El caso Gürtel se ha cobrado cuatro nuevas 'piezas' en la Comunitat Valenciana. Se trata de cuatro exaltos cargos de la Conselleria de Sanidad, incluido en exconseller Luis Rosado, a quienes el juez instructor del caso en el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) ha imputado por la adjudicación de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, según informa Europa Press.

De igual modo, el juez atribuye nuevos hechos que pueden ser constitutivos de delito a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars y al exsecretario autonómico de Deportes David Serra, imputados en este procedimiento, según consta en la providencia del 3 de diciembre al que ha tenido acceso la agencia, por medio de la cual se requiere también nueva documentación a la Sociedad Circuito Ricardo Tormo por la promoción realizada en el VI Open de Tenis, diseño, fabricación y colocación de la cartelería, sercicio de azafatas y relaciones públicas por un importe de 34.800 euros.

Los imputados relacionados con la conselleria de Sanidad están citados a declarar el próximo 19 de diciembre y son: el mencionado Luis Rosado por su puesto en la Agencia Valenciana de Salud; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Pilar Adela Ripoll, exdirectora general de Calidad y Atención al Paciente; y María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria.

Imputación

El juez decide imputar a estos exaltos cargos de Sanidad al considerar que pudieron ser “cooperadores necesarios” por su participación en la contratación del vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico, tal y como solicitaba Fiscalía. En las diligencias practicadas el juez cree que existen diferentes “contradicciones”, principalmente en las declaraciones del exconselles Manuel Cervera, que negó que interviniera en contrataciones o formas de pago, además de quien fuera jefe de gabinete y jefa de prensa de Conselleria.

Mientras tanto, los exdirectores generales negaron iniciar las contrataciones, pese a que reconocieron la realización a nivel formal, aunque después del evento y por indicación de terceros y no por decisión propia, por lo que el juez decidión tomarles declaración, ahora en calidad de imputados, según informa Europa Press.

Resto de imputados

Otro apartado de la providencia está destinado a Ibars y Serra. A la primera, ya imputada por el contrato de Grandes Eventos de Fitur 2009, el juez la cita el 17 de diciembre por la contratación de la Guía de Comunicación 2005 y regalos y memorias USB 2004, puesto que presuntamente realizó y propuso diversas contrataciones menores que la investigación ha averiguado que supuestamente se fraccionaron en diversos cotratos para evitar la normativa del concurso abierto, impidiendo la aparición de otras ofertas y el principio de libre concurrencia. Estas contrataciones recayeron en sociedades del grupo Correa.

La providencia explica que el citado evento fue adjudicado a las empresas: DT Consulting (12.020,24 €); Boomerangdrive (10.500 €); Trece SL (6.354,15 €); Technology Consulting Management SL (12.020,24 €); Good and Better SL y Orange Market SL (12.020,24 €). Unas facturas a las que se les suman las facturadas directamente a la Dirección General de Promoción Institucional, presuntamente a instancias de Orange Market SL, por Gráficas Izquierdo SL y Grupo Rafael SL por 12.020,24 €, “siendo revelador que gran parte de dichas facturas tengan la cuantía tope establecida en la fecha de los hechos para la contratación menor”.

Open de Tenis

Ese 17 de diciembre declarará también Serra por las contrataciones del Open de Tenis 2007, una causa en la que aparece como imputado por la contratación del Open 2006. Pese a que inicialmente se informaba que la responsable de la contratación fue la exsecretaria autonómica de Deportes Niurka Montalvo, tras la declaración de ésta se comprobó que Serra dejó su cargo en la Secretaría Autonómica después de la celebración del Open de 2007, por lo que Montalvo “no parece que pudiera decidir o tener intervención sobre la decisión de dichas contrataciones -otra cuestión es sobre la facturación-, que presuntamente ya estaban avanzadas y ultimadas por Serra”, informa la agencia.

Por lo que el TSJCV considera que era Serra quien “intervenía en las actuaciones, negociaciones y decisiones relativas a las contrataciones del Open por parte de la Secretaría Autonómica mientras desempeñó tal cargo, habiendo además firmado los contratos de patrocinio de distintas anualidad para el evento”.