Los barrios de la periferia madrileña no siempre fueron así. Donde ahora hay parques, colegios, centros de salud o bloques de viviendas, antes hubo barro, chabolas y casas levantadas a mano por familias que llegaron a la ciudad buscando una vida mejor. Es el caso de Vallecas, donde el crecimiento de Entrevías, El Pozo del Tío Raimundo y Palomeras Bajas estuvo marcado durante décadas por la falta de vivienda y de servicios básicos, pero también por la respuesta de quienes vivían allí. Vecinos y vecinas que decidieron organizarse para reclamar lo que no tenían y que acabaron convirtiendo sus problemas cotidianos en luchas colectivas.

Algunas de aquellas movilizaciones transformaron por completo Madrid. Otras dejaron espacios de encuentro, asociaciones y formas de hacer política desde abajo que todavía perviven. Ahora, esas voces podrán volver a escucharse mientras se camina por Entrevías, El Pozo del Tío Raimundo y Palomeras Bajas a través de una cartografía sonora que recoge los testimonios de quienes participaron en sus luchas.

Con tan solo escanear un código QR, el paseo por los barrios vallecanos se convierte en un recorrido por la memoria de quienes pelearon por convertir la periferia madrileña en un lugar digno para vivir. La iniciativa forma parte de la serie Cartografía de Memorias de las luchas vecinales en Madrid, desarrollada por La Liminal, el colectivo formado por Beatriz Martins y Yolanda Riquelme, que en esta ocasión también ha contado con la participación de Sara Martín Terceño. El proyecto, impulsado en el marco de la Celebración de los 50 años de España en Libertad, se presentó el pasado 25 de septiembre en Entrevías y El Pozo, y este viernes lo hizo en Palomeras Bajas.

“El paisaje que tenemos hoy, y lo que son muchos de los barrios de Madrid, está ahí porque la gente se lo ha peleado. No ha llegado nada caído del cielo”, explica Beatriz Martins en conversación con Somos Madrid. Esa es, precisamente, una de las ideas que atraviesa la investigación: mirar el barrio actual y preguntarse qué hay detrás de cada calle, cada edificio y cada espacio público. “Me gustaría que estas cartografías nos ayudaran a tener una mirada más curiosa sobre la ciudad”, señala una de las impulsoras del proyecto.

Del barro al barrio

Para entender esa historia hay que retroceder varias décadas. Entrevías fue creciendo con la llegada de población procedente de otras regiones de España, mientras que El Pozo del Tío Raimundo comenzó a desarrollarse con fuerza a partir de los años cincuenta, en buena medida a través de la autoconstrucción. Palomeras Bajas siguió un proceso similar. Familias llegadas a Madrid durante el desarrollo industrial se asentaron en una periferia que crecía deprisa, sin planificación suficiente y con unas carencias básicas que afectaban a casi todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La vivienda era una de ellas, pero no la única. El acceso al agua, la educación, la asistencia sanitaria, el transporte, las zonas verdes o los espacios de ocio se convirtieron en motivos para organizarse. Primero fueron redes informales de apoyo y, después, asociaciones capaces de convertir problemas cotidianos en reivindicaciones colectivas.

El recorrido de Entrevías y El Pozo reúne trece puntos. Uno de ellos es la calle del Depósito del Agua, donde conseguir algo tan básico como agua corriente se convirtió en un elemento de unión entre el vecindario. Otro conduce hasta las llamadas Domingueras, viviendas unifamiliares construidas por sus propios habitantes durante domingos y festivos, reproduciendo en la periferia madrileña formas de vida que muchas familias habían dejado atrás al emigrar a la capital.

También aparecen colegios, asociaciones vecinales y parroquias. El Centro Pastoral San Carlos Borromeo fue uno de esos lugares desde los que se articularon respuestas a las necesidades del barrio, con sacerdotes que adoptaron una posición cercana a las demandas sociales de sus vecinos. Las asociaciones La Viña y La Paz, que cumplen medio siglo de actividad, forman parte de esa historia de organización y movilización.

En El Pozo aparece otro de los hitos del mapa, la Asociación Vecinal El Pozo del Tío Raimundo, constituida en 1969 y convertida en uno de los principales espacios desde los que el vecindario reclamó la transformación de un entorno marcado por el chabolismo y la infravivienda. También la educación ocupa un lugar destacado, con la Escuela Profesional 1º de Mayo y el CEIP Manuel Núñez de Arenas como ejemplos de una lucha por acceder a un futuro distinto.

“Hay una idea muy clara de que las asociaciones vecinales fueron escuelas de democracia”, resume Martins. En aquellos espacios, en un momento en el que todavía vivían bajo la dictadura franquista y sin libertades, muchas personas aprendieron a reunirse, discutir, tomar decisiones colectivas y defender sus derechos.

No es casualidad que Palomeras Bajas ocupe un lugar especialmente destacado en esta historia. Su asociación vecinal fue la primera de Madrid en constituirse al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964. Una norma concebida por el franquismo para proyectar una imagen más aperturista acabó abriendo, de manera inesperada, una grieta que permitió organizarse a quienes buscaban transformar sus barrios.

“Se abre una puerta que no deseaban abrir”, explica Martins. Uno de los testimonios recogidos en el mapa es el de la histórica abogada laboralista Paca Sauquillo, que recuerda cómo un grupo de jóvenes profesionales identificó aquella posibilidad y empezó a trabajar para crear asociaciones vecinales. El resultado fue una estructura de organización que acabaría teniendo un papel relevante en la Transición.

El mapa de Palomeras Bajas reúne diez lugares que permiten seguir las huellas de aquellas movilizaciones: la antigua parroquia del Buen Pastor, donde se celebraban reuniones; el colegio del barrio, vinculado a una educación participativa; el antiguo Cine París, convertido en espacio de asambleas; o el conjunto escultórico levantado durante la remodelación. También la Casa de las Mujeres de Vallekas, que recuerda el papel de las vecinas y de las redes feministas en la construcción de comunidad. Todos forman parte de una misma historia, la de un barrio en el que la organización vecinal atravesó la vivienda, la educación, la cultura, el urbanismo y también las luchas de las mujeres.

La ciudad que se conquistó vuelve a estar en disputa

Una de las conclusiones que más ha sorprendido a La Liminal durante la investigación es precisamente que la historia del movimiento vecinal no termina cuando llegan la democracia y las grandes conquistas urbanas de los años setenta y ochenta. “La lucha sigue viva”, resume Martins. Lo que ha cambiado son las formas, los espacios y las generaciones que la protagonizan.

A mediados y finales de los ochenta aparecen en Vallecas nuevas generaciones que se enfrentan a otro paisaje social con tasas de paro muy elevadas, falta de oportunidades y la crisis de la droga. Es el contexto en el que surgen grupos como los Hijos del Agobio y espacios como el Hebe, que aglutinó a una nueva generación alrededor de la cultura y la música. También aparecen las Madres Contra la Droga, mujeres que decidieron organizarse ante una situación que estaba golpeando al barrio. “Muchas de ellas ni siquiera tenían hijos afectados por la droga, pero entendían que era un problema de todas”, recuerda Martins.

Para La Liminal, esa evolución demuestra que el activismo de barrio nunca ha sido únicamente una cuestión de asociaciones vecinales. Es una red más amplia, con diferentes formas de organización que aparecen en distintos momentos y alrededor de distintos problemas. “Lo más bonito ha sido precisamente ver esa diversificación del activismo. Pensar que no es solo la asociación vecinal, sino que todo el barrio está respirando esa idea de que hay que organizarse para pelear desde distintos lugares, pero con un objetivo común”, señala Martins.

Basta mirar lo que está ocurriendo estos días en Madrid para encontrar un hilo directo con aquellas reivindicaciones. El pasado 23 de septiembre, Maricarmen, una vecina de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas en Retiro. Su caso desencadenó una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol, donde vecinos, colectivos y organizaciones reclaman desde hace más de 20 días una respuesta ante una crisis de vivienda que vuelve a poner en primer plano una pregunta que ya estaba presente en las luchas de los barrios obreros de los años setenta: quién tiene derecho a permanecer en la ciudad y qué condiciones hacen posible una vida digna.

La distancia entre unas reivindicaciones y otras no es, quizá, tan grande como podría parecer. Entonces se reclamaban viviendas dignas, colegios, centros de salud, transporte, espacios verdes y barrios donde poder construir una vida. Hoy buena parte de las movilizaciones vuelven a hablar de vivienda, de expulsión de los vecinos, de cuidados y de la necesidad de poder seguir viviendo en los lugares donde se ha desarrollado una vida entera.

Para Martins, precisamente ahí está una de las claves de mirar hacia aquella historia. “Estamos en un momento en el que muchas cosas que creíamos garantizadas se nos están arrebatando con muchísima violencia”, apunta. La memoria de las luchas vecinales no sirve únicamente para recordar lo que se consiguió, sino también para preguntarse qué ocurre cuando derechos que parecían consolidados vuelven a estar en disputa.

Es también por eso que el proyecto evita plantearse como una mirada nostálgica hacia un pasado de grandes victorias. La memoria de las luchas vecinales sirve, en realidad, para formular preguntas sobre el presente. La vivienda aparece como la principal expresión de ese cambio. Pero detrás están también las formas de relacionarse con el lugar donde se vive, la precariedad y la dificultad para construir comunidad en una ciudad cada vez más móvil.

Después de cuatro años hablando con asociaciones vecinales, La Liminal ha detectado una preocupación por la falta de relevo generacional. “La gente ya no se sentía interpelada por estos movimientos de barrio”, explica Martins. Y eso abre otra pregunta: qué ha ocurrido para que una parte de la población haya dejado de sentirse vinculada a su entorno más inmediato.

La crisis de la vivienda lo hace todavía más evidente. “Estar en un barrio o en otro depende muchas veces de la duración de tu contrato de alquiler”, señala. Una ciudad en la que los alquileres expulsan y desplazan a sus habitantes dificulta la creación de vínculos duraderos. También lo hacen los horarios laborales, los hábitos sociales y una forma de vida que deja menos tiempo para relacionarse con quienes viven alrededor.

Sin embargo, la investigación también ha llevado a La Liminal a una conclusión menos pesimista. “Muchas de las personas con las que hemos hablado vinieron a vivir a una chabola en la que pasaban frío y calor, donde se les metía el agua y no tenían nada. Y encontraron la forma de hacerse con su lugar”, explica Martins.

Por eso, si dentro de 50 años alguien vuelve a recorrer Madrid con una cartografía sonora para contar las luchas de esta época, quizá encuentre formas de organización que todavía no tienen nombre. O espacios que hoy apenas empiezan a existir. “Creo que hay que confiar en que encontraremos maneras de resistir”, admite Beatriz.

Un ejercicio de memoria a través de la voz

La investigación de La Liminal sobre las luchas vecinales comenzó en 2022, aunque el colectivo llevaba tiempo encontrándose con ellas en sus trabajos sobre Madrid. El primer proyecto fue en Meseta de Orcasitas, junto a mujeres del barrio, y después llegaron nuevas investigaciones en Carabanchel Alto, San Isidro, Comillas y otros territorios, con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de la FRAVM. Pero a medida que acumulaban materiales y testimonios surgió la duda de cómo conseguir que aquella memoria saliera de los archivos y llegara a más gente.

“No queríamos ser nosotras quienes contáramos esas historias ni apropiarnos de esas voces. Queríamos que las contara la gente que las había protagonizado”, explica Martins. De ahí nacieron las cartografías sonoras, mapas que permiten recorrer físicamente los barrios mientras se escuchan las voces de quienes participaron en sus luchas. Un formato que, además, responde a una preocupación que las asociaciones les trasladaban con frecuencia: cómo llegar a generaciones que no conocen aquella historia o no sienten que forme parte de su propia vida.

“Muchas asociaciones organizan un montón de actividades y viene mucha gente, pero siempre es la misma gente, personas que ya conocen la historia”, cuenta. Frente a ello, el sonido permite otra forma de acercamiento. “Cuando escuchas una voz construyes un cuerpo, una imagen. Transmite mucho más que únicamente lo que está contando. Hay un cuerpo en esa voz que transmite historia”. En Vallecas, además, el material se ha elaborado en dos versiones; una reducida, pensada para acompañar el paseo, y otra extendida, de cinco o seis horas, que permite escuchar los testimonios desde casa.

La idea es que los mapas no se queden en un recorrido puntual. Se distribuirán a través de las asociaciones vecinales que han participado y estarán también disponibles en formato digital. En octubre, La Liminal presentará además una actualización de su guía didáctica y organizará tres formaciones abiertas, dos presenciales en Entrevías y Palomeras Bajas y otra online, para profesorado, dinamizadores comunitarios, asociaciones y otros colectivos interesados en utilizar estos materiales. Para ello, ha contado con el apoyo de material fotográfico cedido por la FRAVM, Santi Vaquero, Andrés Palomino, Javier Campano y Archivo Robert Capa y Cornell Capa (Centro Internacional de Fotografía).

Porque el objetivo último no es únicamente conocer la historia de Vallecas, sino aprender a mirar de otra manera el lugar que se habita. “Cuando vemos un paisaje, un tipo de vivienda, un tipo de calle, preguntarnos por qué está esto aquí, desde cuándo está aquí o si nos gustaría que fuera diferente”, plantea Martins. El paseo propone precisamente eso. Detenerse, escuchar y descubrir que detrás de lo que hoy parece cotidiano hubo personas que se organizaron para conseguirlo.

Donostia tendrá un nuevo restaurante McDonald’s en los números 4 y 6 de la calle de Lizarra. Será el cuarto de la ciudad y el de mayor superficie de Gipuzkoa. Hasta ahí, no deja de ser la propaganda de una gran cadena multinacional. Pero se da la circunstancia de que a escasos cien metros está Aldapeta Maria Ikastetxea. Por ello, cerca de un millar de personas han firmado una petición contra el establecimiento, y las presentarán al Ayuntamiento. Cuestionan su ubicación junto a un centro que promueve la alimentación saludable y alertan de posibles problemas de suciedad, ruidos, olores y tráfico en una calle frecuentada por menores.

El Ayuntamiento de Donostia concedió a la sociedad Restaurantes McDonald's SAU la licencia de obras el pasado 31 de agosto para acondicionar y unir dos locales comerciales situados en los bajos de un edificio residencial. El presupuesto de la actuación asciende a 400.880,54 euros y los trabajos tienen un plazo máximo de ejecución de seis meses, tras los cuales deberá tramitarse el permiso definitivo de apertura. El restaurante tendrá un aforo de 170 personas y contará con cocina, almacén con cámaras y sistema de extracción de humos.

Las obras han generado inquietud entre los residentes del edificio y de la zona. La oposición al proyecto se ha organizado a través de una petición en Change.org, creada el pasado 6 de octubre bajo el título 'Contra la ubicación de establecimientos de comida rápida frente a centros educativos' por el colectivo 'Comunidad educativa y vecinos Lizarra kalea'. La iniciativa suma 986 firmas —el viernes a las 13.40 horas— y pide al Ayuntamiento que reconsidere el proyecto y establezca una distancia mínima entre los establecimientos de comida rápida y los centros escolares.

En el escrito, las familias y los vecinos sostienen que “los 2.200 alumnos del mayor centro educativo de Gipuzkoa reciben formación y consejos sobre alimentación saludable, tanto desde el centro como desde las instituciones sanitarias”. Por ello, consideran inadecuada la ubicación del restaurante. “La presencia de una cadena internacional de comida rápida, conocida por ofrecer productos altos en grasas saturadas, azúcares y sales, representa un riesgo directo para la salud y el bienestar de los jóvenes”, recoge la petición, que también advierte de que la cercanía del local “incrementará el consumo de alimentos poco nutritivos, promoviendo la obesidad infantil y problemas de salud a largo plazo”.

Dos madres que estaban recogiendo a sus hijas de Aldapeta para la hora del almuerzo explican que han firmado la petición. Una ha indicado que le preocupa más el colapso que puede generar en la calle tan “concurrida por menores”, que atraiga turismo y la zona sea “intransitable”. La otra madre sí ha departido sobre la salud y la alimentación balanceada, aunque luego ha añadido que “sirve también para hacer piña entre los padres”, catalogando el movimiento como una forma de unirse y de hacer algo de la mano.

Eso sí, no significa que la posición sobre estar en contra del establecimiento sea unánime. Una señora mayor residente en la calle le cuenta a este diario que no entiende el revuelo a nivel de la preocupación de la salud de sus hijos, aunque reconoce que sí le preocupan más los ruidos y olores que puedan ocasionar por la calle. Otras dos mujeres, recogiendo a sus nietas del colegio, no estaban muy al tanto de la recogida de firmas, pero creen que no es algo que vaya a afectar demasiado. Pero hay más voces. Dos otras madres confiesan que no pretenden firmar puesto a que es “responsabilidad de cada familia lo que comen sus hijos”.

La controversia ya ha llegado al ámbito político municipal. El portavoz de Elkarrekin, Víctor Lasa, ha reclamado al alcalde, Jon Insausti, del PNV, que actúe para frenar la apertura mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Si hemos podido cambiar el planeamiento para impedir un centro comercial en San Bartolomé, también debemos estudiar cómo hacerlo para proteger a 2.200 escolares”, ha defendido Lasa. El portavoz ha anunciado que solicitará un informe jurídico urgente para analizar si es posible modificar los usos urbanísticos y presentará una moción para instar al Gobierno vasco a regular las distancias entre los establecimientos de comida rápida y los centros educativos.

Once activistas climáticos de Greenpeace de ocho países que bloquearon 12 horas la entrada de un buque cargado de gas fósil al puerto de Sagunto en 2021 se sientan en el banquillo este 23 de septiembre con una posible condena de cinco años de cárcel pendiendo de sus cabezas. “No recordamos una petición semejante”, explican los activistas.

Cinco años después de aquella acción y pocos días antes de la vista, uno de los procesados, Ernesto Baeza, cuenta a elDiario.es que no hicieron “nada malo”: “Es necesario que pongamos nuestro granito de arena así que, en ese momento, no lo dudé y probablemente volvería a hacerlo. No me arrepiento”.

Baeza tiene la sensación de que todo el caso se ha ido engordando según avanzaba el tiempo. “Cuando hicimos la acción me sentí parte de un gran mundo, pero luego nos avisaron de que la cosa se complicaba porque el asunto iba por el lado penal”. Finalmente, la Fiscalía los acusa de un delito de desórdenes públicos agravados y solicita que los encierren cinco años.

No hice nada malo. Es necesario que pongamos nuestro granito de arena así que, en ese momento, no lo dudé y probablemente volvería a hacerlo. No me arrepiento

Ernesto Baeza — Activista de Greenpeace

Ahora, este consultor informático ha tenido que “pedir una semana libre del trabajo para estar en el juicio. He intentado no comerme demasiado la cabeza durante estos años, pero a medida que se acerca la fecha y ves lo que dice la Fiscalía se nota el nerviosismo y la tensión”.

La organización Greenpeace encuadra este proceso en la creciente represión que vive el movimiento de protesta climático: “Solo en España, desde 2020, hasta 30 activistas se han visto envueltos en distintos procedimientos”, recuentan. Un fenómeno que se está esparciendo según la crisis climática empeora y las acciones de protesta son más visibles.

El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Bristol, Oscar Berglund, ha resumido recientemente para el think tank Carnegie Endowment for International Peace los hallazgos de su investigación sobre los métodos de criminalización del movimiento ambiental. Las fórmulas engloban la creación de nuevas leyes antiprotesta, el uso torticero de legislación preexistente, la presión policial y la denigración del movimiento.

Si se trasladan estos puntos a la realidad española, el mismo Berglund ya subrayó que en Alemania y España se están aplicando leyes, en principio, pensadas para combatir el crimen organizado contra los grupos ambientalistas. Los activistas de Greenpeace que van a ser juzgados —por su parte— se quejan de que los agentes de policía están “inflando” en sus atestados los hechos y, a partir de ahí, se endurecen los procesos penales. Sobre el menosprecio a los activistas, durante las olas de calor de este 2026 se ha podido ver al Partido Popular recuperar su estrategia de burla.

“Una combinación de actores estatales y corporativos ha hecho que la represión de las protestas ambientales se convierta en un fenómeno extendido por todo el mundo”, ha advertido Oscar Berglund en su resumen.

Francisco del Pozo es un veterano del activismo verde. Con muchas campañas a sus espaldas, este año ha tenido que afrontar tres procesos judiciales por acciones de protesta. “Después de 12 años de protesta, esto asusta”, confiesa a elDiario.es. “A principios de año mi familia y yo estábamos bastante atemorizados. Al final intentas explicar que estamos en buenas manos y que todo está muy hinchado, pero tienes que vivir con ello encima. Es una espada de Damocles”.

Ya que nos comemos este juicio, me gustaría que una sentencia favorable ayude a los activistas del futuro. Que un juez deje clara la exageración policial. Es fundamental para que el futuro activismo no sufra este calvario

Francisco del Pozo — Activista de Greenpeace

Del Pozo rememora que aquella acción de 2021 “era un bloqueo old school. No era nada loco y colaboramos con las autoridades para que no hubiera daños. El buque con gas de fracking se quedó parado y luego entró en el puerto cuando nos fuimos. Fue algo llamativo, pero sin más, por eso nos ha extrañado la severidad de las penas. De hecho, los compañeros de otros países —vinieron de Italia, Filipinas, Brasil, Chile...— no han entendido nada”.

La Guardia Civil terminó por abordar el barco y detener al capitán del buque de Greenpeace Esperanza que se jubilaba con esa última acción.

El activista reflexiona que “ya que nos comemos este juicio, me gustaría que una sentencia favorable ayude a los activistas del futuro. Que un juez deje clara la exageración policial. Es fundamental para que el futuro activismo no sufra este calvario”.

Preocupación en la ONU

La preocupación sobre la escalada de represión no se limita a la ONG o los académicos. El relator de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo este mismo verano: “Es chocante que las personas que defienden el futuro de nuestros hijos estén siendo perseguidas con normas pensadas para los grupos criminales o terroristas”. Y especificó que “mientras muchos países europeos se enorgullecen de sus ambiciosos objetivos ambientales y climáticos, nuevas leyes criminalizando la protesta pacífica entran en vigor”.

Greenpeace recuerda que “la última vez que activistas de la organización ingresaron en la cárcel fue en 2013 en la Rusia de Vladímir Putin”. Era una protesta “también contra los combustibles fósiles en el Ártico”. Según este grupo, “cada vez que tocamos el sector de los combustibles sabemos que la respuesta va a ser dura”.

Lo que se ha constatado es que esta oleada de presión ha provocado un enfriamiento entre los activistas, es decir, miedo —le han puesto la etiqueta de chilling effect—. “Desde luego que sí”, admite Francisco el Pozo. “Porque si sigues activo, si en lugar de una multa van por lo penal, te tienen bailando durante años. Y lo mismo les ocurre a los compañeros de Futuro Vegetal, de Extinction Rebellion o de los grupos por la vivienda... te meten la ansiedad en el cuerpo y te quitan de la primera línea. De esa manera se adelgaza el colectivo activista. Y funciona”.

Ernesto Baeza es optimista en cuanto al juicio “porque tenemos apoyo”. En cuanto al activismo, “a lo largo de la historia hay momentos de represión y luego de grandes victorias. Pero esto de ahora nos obliga a desarrollar la inventiva y crear mecanismos para no callar”.

Desde que Madrid recuperó la tasa de basuras, desaparecida hace más de una década, las críticas al nuevo impuesto y su deriva judicial fallida se solapan con las que ya existían por la limpieza de las calles. Y, pasado el tiempo, también con las quienes defienden que la ciudad aún sigue sucia. Contenedores desbordados, montones de latas en el suelo, solares abandonados, material de obra, escombros, enseres desperdigados junto a los contenedores u ocupando parte de la calzada... La lista es larga y casi todos los caminos llevan a Puente de Vallecas: es el distrito con más denuncias registradas en madridestasucio.es, una plataforma recién creada que ha comenzado a acumular imágenes tomadas por los vecinos, donde se muestra cómo la basura se ha ido comiendo sus barrios.

En el momento de publicar este artículo la herramienta cuenta con alrededor 700 imágenes subidas, que han sido tomadas en 10 de 21 distritos que componen la ciudad. Junto a la cifra de fotografías, aparece el número de días que quedan para las elecciones municipales. La mayoría, unas 200 fotos, pertenecen a Puente de Vallecas, seguido de las zonas de Centro (82) y Carabanchel (72). Todos los ejemplos son anónimos y, antes de publicarse, pasan por el filtro de los organizadores, que moderan los comentarios. Por ejemplo, la primera denuncia que se subió en Vallecas tiene fecha del pasado 9 de agosto. Muestra a un grupo de personas tiradas sobre colchones en mitad de la acera, aunque las escenas se vuelven cada vez más variopintas.

Varias fotografías de Vallecas publicadas este lunes exponen los contenedores de reciclaje tapados a la vista por cajas de cartón apiladas, dado que el interior del depósito parece lleno. En otras, del mismo día, las papeleras están repletas de bolsas de plástico o cajas de madera para transportar fruta, botellines o refrescos. Junto a los puntos de reciclaje para la ropa se apilan prendas a montones fuera del cubo, llegando a ocupar parte de la calzada o de la acera y obstaculizando el paso a pie.

Esta misma semana, una cuenta en redes (@MadridDecadente, con publicaciones habituales sobre el estado de la ciudad y más de 33 seguidores en X) ha denunciado la inversión de 70 millones de euros para cubrir con una losa el paso de la M-30 en Ventas y otros 120 para el edificio de las Cuatro Torres. “Solo con ese dinero se podría arreglar la mitad de Vallecas”, ha sentenciado este usuario.

“Se gasta más que nunca en limpieza y Madrid está más sucio que nunca [...] ¿Dónde está el dinero?”, lanza abiertamente al público la organización detrás de esta plataforma. Independientes por Madrid es un partido político anunciado este verano por Marta Higueras, la mano derecha de Manuela Carmena durante su etapa como alcaldesa y la futura cabeza de lista de esta nueva marca municipalista, que concurrirá a las próximas elecciones. Aunque ellos son quienes moderan las publicaciones y crearon la web, invitan a participar en este mapa incluso a quienes no comulgan con sus ideas.

“Para enviar una foto no se te pide afiliación, ni correo, ni opinión política. Si tu calle está sucia, tu foto vale igual que cualquier otra”, destacan en el apartado de preguntas frecuentes. La iniciativa no pretende (y de momento, tampoco puede en términos vinculantes) sustituir al portal de denuncias oficial del consistorio, pues solo de esta última forma se garantiza que la información llegue directamente a Cibeles; aunque sí trata de ofrecer una segunda vía, colaborativa y abierta al público, con la que seguirle el rastro a la suciedad.

Los avisos por suciedad dejaron de tramitarse desde las redes sociales de Línea Madrid. Al desaparecer, las quejas quedaron dispersas y sin rastro visible

De hecho, el equipo de Marta Higueras advierte de que este portal existe “porque los avisos por suciedad dejaron de tramitarse desde las redes sociales de Línea Madrid”, un canal público de atención a la ciudadanía: “Al desaparecer, las quejas quedaron dispersas y sin rastro visible”. Detrás de los tres distritos “vigilados” más comentados hasta el momento siguen otros siete: Tetuán, Usera, Retiro, Latina, San Blas-Canillejas, Villaverde y Arganzuela. Aunque la mayoría de denuncias tienen que ver directamente con la limpieza, también hay imágenes del arbolado seco en calles del centro o ciclistas invadiendo la acera en la Plaza de Antón Martín.

El tipo de fotografía más común es la de los contenedores municipales desbordados, que abundan en cualquiera de los distritos seleccionados. También los escombros de la obra ocupando parte de la vía pública o dificultando el acceso a determinados servicios públicos en plena calle, como las papeleras o algunos portales. Otros ejemplos advierten de roturas en el mobiliario urbano e incluso un “alcornoque reventado” que los ciudadanos sitùan en la calle Dos Amigos. Por lo general, en los primeros días de circulación se han acumulado más denuncias anonimizadas por la basura en distritos del sur o con menor poder adquisitivo per cápita, salvo en el centro de Madrid.

Sin embargo, este mapa no muestra exactamente cuál es el distrito más sucio de todos: solo expone aquellos lugares de los que más gente ha querido dejar constancia. Quienes traten de registrar sus fotografías podrán hacerlo sin miedo a dejar la pista de su nombre, correo electrónico, teléfono o dirección IP; al menos según lo que aseguran los impulsores del portal. A la pregunta de si estos gestos no contribuyen, precisamente, a ensuciar la imagen de la ciudad son tajantes: “La basura ya está en la calle. Enseñarla no la crea, la hace difícil de ignorar”.

“Estamos impresionados, personas que no se conocía de nada se están ayudando las unas a las otras y se ha creado una especie de familia”. Alex Mendiolagoitia, de la Agrupación Astronómica de Madrid, es uno de los coordinadores de la Misión Globo Sonda Eclipses, un proyecto de ciencia ciudadana que lanzará 16 globos sonda hasta la estratosfera desde distintos lugares el próximo 12 de agosto para medir la radiación cósmica y fotografiar la sombra de la luna sobre la península. “Tenemos 13 equipos, son casi 100 personas implicadas, que van desde los 9 hasta los 85 años de edad”, relata.

El proyecto nació en las mentes de Mendiolagoitia y Juan José García, divulgador astronómico, hace tres años en una heladería. “Oye, como el sol está muy bajo en el horizonte, ¿por qué no subimos más arriba?”, se plantearon. Ahora, han implicado a decenas de aficionados que ya han ensayado y aprendido los protocolos para participar en el experimento con globos desde Valladolid, Palencia, Euskadi, La Rioja, Zaragoza y Soria. “El eclipse es el mayor espectáculo que te puede brindar la naturaleza”, resume. “No hay nada más impresionante”.

Siguiendo a insectos, aves y murciélagos

El proyecto de los globos es solo una de las muchas iniciativas de ciencia ciudadana que han surgido en torno al Trío de Eclipses y por las que centenares de científicos y voluntarios tomarán datos de lo que ocurra antes, durante y después de la totalidad. Uno de los grandes centros de atención es el comportamiento animal cuando la luna oculte la luz del sol por alrededor de dos minutos. Por ejemplo, un equipo de investigación internacional con científicos de la Estación Biológica de Doñana instalará trampas de luz a lo largo de la trayectoria del eclipse para atraer insectos voladores, como polillas y escarabajos. Su intención es detectar cambios en su abundancia y comportamiento, en particular de aquellas especies cuya actividad depende de la luz de la luna para el movimiento, la búsqueda de pareja o la reproducción.

El proyecto Ecoeclipse, coordinado por los investigadores Airam Rodríguez e Irene Mendoza, centrará su atención en los cambios experimentados por aves y murciélagos. “Tratamos de registrar los paisajes sonoros y ver cómo responden a los cambios de luminosidad”, explica Rodríguez. Hasta el momento se han apuntado más de 100 personas que colocarán más de 300 grabadoras automáticas para registrar el sonido en zonas silvestres y periurbanas durante cinco días —48 horas antes, durante la jornada del eclipse y 48 horas después— para comparar los resultados y ver cómo afecta la ocultación repentina del sol al comportamiento de los animales.

“Se acaba de apuntar una asociación de espeleología de Euskadi que pondrá micrófonos en las salidas de las cuevas para registrar el comportamiento de los murciélagos cavernícolas antes y después del eclipse”, informa Irene Mendoza, todavía sobrepasada por el éxito de su iniciativa, que no tiene presupuesto.

A los promotores del experimento les interesa estudiar la sensibilidad de los animales a la contaminación lumínica. “Podríamos comparar la reacción de los murciélagos con las aves. Creemos que estas van a ser menos reactivas al eclipse”, explica. “Pero sobre todo vamos a intentar correlacionar la contaminación lumínica de las poblaciones con su respuesta al eclipse. Nuestra hipótesis es que las aves y los murciélagos de las zonas más contaminadas van a responder menos que las que están en sitios más prístinos”.

Tras los pasos de Einstein

Otras iniciativas, como el proyecto FreeDSM, coordinado por Eduard Masana, investigador en el Institut de Ciències del Cosmos (UB-IEEC), también implican el seguimiento de la luminosidad del cielo, en este caso mediante dispositivos de bajo coste construidos por los propios ciudadanos.

Alrededor de un centenar de voluntarios se han prestado a construir un fotómetro para registrar con precisión cómo se oscurece el cielo a medida que avanza la ocultación solar, además de documentar los cambios atmosféricos que esto provoca. “El objetivo es medir la variación del brillo del cielo durante el eclipse, pero estos fotómetros también tienen sensores de humedad y temperatura”, señala Masana. “Hemos pasado de ser unos 20 a llegar casi a 100 personas, ha sido un poco una locura. Queremos que lo sigan usando después para monitorizar la contaminación lumínica”.

Otros proyectos son más técnicos y ambiciosos, como el Proyecto MEE, organizado por la Agrupación Astronómica de Barcelona (ASTER), que pretende repetir el experimento de Arthur Eddington de 1919, en el que probó que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta, a partir de imágenes digitales obtenidas con instrumental al alcance de aficionados. El objetivo es fotografiar las estrellas visibles alrededor del Sol durante el eclipse total y comparar su posición aparente con imágenes de referencia tomadas cuando el Sol no está en esa región del cielo. Con esas medidas, los investigadores intentarán detectar la diminuta desviación de la luz causada por la gravedad solar, tal como predice la relatividad general.

No imaginamos la cantidad de gente que no se ha parado nunca a pensar cómo se mueven la Luna y la Tierra y el Sol y ahora lo hará

Eva Villaver — Subdirectora del IAC y miembro de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses

El científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), Alejandro Sánchez de Miguel, tratará de capturar en vídeo de alta definición (HD) y alto rango dinámico (HDR) la polarización de la corona solar durante la totalidad del eclipse, utilizando un polarizador giratorio. Retransmitirá la señal procesada en coordinación con la Agencia Espacial Europea (ESA). Y el proyecto NATE, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), probará desde Palencia la tecnología que utilizará en el eclipse total de 2027 en Marruecos para observar de forma continua la corona solar mediante una red de diez telescopios distribuidos a lo largo del recorrido.

A ello hay que incluir la iniciativa Eclipse compartido, que tiene como objetivo acercar el fenómeno a colectivos vulnerables como personas con ceguera o discapacidad visual mediante dispositivos que permiten vivir un eclipse a través del sonido. La herramienta transforma la intensidad de la luz en sonido a medida que la Luna cubre el Sol y se ha utilizado con éxito en eclipses anteriores en Estados Unidos, Chile y Argentina.

Emociones muy humanas

La medición de lo ocurrido durante el eclipse no se limitará a la física y los animales, sino que abarcará también las emociones humanas. Desde el Grupo de investigación Lotuneak: Human Bonds for Change, de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Itziar Alonso Arbiol y José Joaquín Pizarro tratarán de determinar cómo cambia un acontecimiento como estos nuestra percepción de lo individual y lo colectivo. “Cuando vivimos algo tan impresionante hay unos efectos en la población en los días siguientes”, señala Alonso. “Una de las cuestiones que vamos a preguntar es cómo lo has vivido, qué has sentido que te pasa con respecto al resto de seres humanos, porque investigamos cómo algunas emociones impactan en cómo nos relacionamos con los otros”.

Es una ocasión para interesar a la juventud por estos fenómenos y dar pie a una nueva generación de personas interesadas por la ciencia

David Galadí — Coordinador de la Comisión Científica y de Asesoramiento para el Trío de Eclipses.

Eva Villaver, subdirectora del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y miembro de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, cree que es una magnífica oportunidad para acercar la ciencia a las personas. “La astronomía es la más sexy de las ciencias duras y es la puerta de entrada al resto de las ciencias”, asegura. “No imaginamos la cantidad de gente que no se ha parado nunca a pensar cómo se mueven la Luna y la Tierra y el Sol y ahora lo hará”, asegura.

Villaver aún recuerda su primer eclipse total, en el archipiélago Svalbard en el año 2015, cuando se puso a llorar desconsoladamente, sobrepasada por la emoción. “Por eso resaltaría también el aspecto empático; hay ocasiones como esta que nos conectan de manera especial con otras personas y nos hacen sentir parte de la humanidad”.

“Lo principal es que la ciencia entre en la vida cotidiana de la gente, porque el fenómeno está al alcance de todo el mundo”, recalca David Galadí, coordinador de la Comisión Científica y de Asesoramiento para el Trío de Eclipses. La observación de un eclipse como este, apunta, ya no aporta tanta información a la ciencia como en el pasado y ahora es más un espectáculo natural y un instrumento para la comunicación y divulgación. “Yo mismo soy un hijo de la generación del cometa Halley”, asegura. “El trío de eclipses podría ser una ocasión similar para interesar a la juventud por estos fenómenos y dar pie a una nueva generación de personas interesadas por la ciencia”.

La Asociación Cultural Serranía de Guadalajara está impulsando la creación de una plataforma para coordinar la recuperación del territorio afectado por el incendio de La Mierla, más de 32.000 hectáreas, en la Sierra Norte de Guadalajara.

El objetivo es “recuperar todo lo quemado, recuperar montes, pueblos y tejido económico de la Sierra”, pero también “exigir medidas de prevención y extinción de incendios”, además de divulgar iniciativas de ayuntamientos, asociaciones, empresas, profesionales y particulares.

Álvaro Cuevas es el presidente de esta entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa, promoción y difusión de la cultura, las tradiciones, el patrimonio y el medio ambiente de los pueblos de esta comarca al noroeste de la provincia de Guadalajara.

“A través de la Plataforma Sierra Norte de Guadalajara, vamos a coordinar y contar con todos los actores que se quieran sumar a esta causa. Sabemos que hay miedo e incertidumbre, pero las ayudas a nivel provincial y regional se están generando. Esto es una mesa de debate y de apoyo, pero para llenar la Sierra con todo lo que tenía hace falta dinero, lo más importante es que tengamos ganas desde todos los estamentos, porque la Sierra sigue viva”“, señala en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha.

La asociación ha creado un canal de Whatsapp para coordinar todas las acciones y “dar voz a todas las iniciativas propuestas”.

Días antes, ya se anunciaba la creación de otra plataforma, impulsada por la Asociación de Titulares de Cotos de Caza (Atica), que se erigió en “coordinadora” de la recuperación, incluyendo asesoramiento legal, aunque no será la única iniciativa. En este caso, Álvaro Cuevas, destaca que ellos son una plataforma distinta, “que generará sinergias con otras, porque aquí estamos todos para arrimar el hombro y trabajar conjuntamente”.

Los movimientos vecinales de los últimos días se repiten. También para tratar de ayudar de forma “urgente” a la fauna silvestre que ha sobrevivido al voraz incendio.

La segunda noche sin cenas solidarias en Donostia tras la prohibición del alcalde del PNV, Jon Insausti, ha sido sustituida por una cacerolada de protesta y por gente cenando en medio de la plaza de la Constitución. KAS (Kaleko Afari Solidarioak, la promotora de la iniciativa) ha rellenado con centenares de personas la plaza del antiguo ayuntamiento este miércoles por la tarde-noche. Este jueves seguirán en la pelea y “finalmente” tendrán una reunión con Insausti. Los portavoces de la iniciativa han exigido “retirar la prohibición” de su actividad solidaria, de la que eran beneficiarias unas 300 personas, y han recordado las propuestas que han puesto sobre la mesa para alcanzar “una alternativa conjunta”.

Lo que se avisó como una concentración ruidosa, con cacerolas, se ha transformado en una manifestación y en una cena. La iniciativa ha partido desde la Constitución hasta la Diputación de Gipuzkoa y ha vuelto a su punto de partida, donde se ha celebrado una cena conjunta. Entre cacerolazos y tambores, los manifestantes andaban cogidos de las manos por las calles mientras gritaban a una voz “cenar no es un delito” o “nadie es ilegal”. Se encontraban presentes desde voluntarios hasta personas que apoyan la iniciativa, incluyendo algunas que disfrutaban de las cenas cada noche.

Al volver a la plaza de la Constitución, los portavoces de KAS han compartido su molestia ante la falta de respeto hacia su labor. Partiendo de la frase que dijo Insausti durante su rueda de prensa de este martes –“humanismo sí, exigencia también”–, KAS ha declarado que humanismo es lo realizado en “seis años” y exigencia “es lo que se puede pedir al alcalde”. La iniciativa ha criticado a Insausti, a su partido el PNV, a sus socios del PSE-EE y al PP, que siempre se ha opuesto, por “fomentar miedo, el odio” y la criminalización de la pobreza. El regidor ha llegado a decir que hay datos que muestran que crece la delincuencia donde se producen los repartos y la oposición de izquierdas le ha acusado de comprar el marco de la ultraderecha.

Voluntarios de KAS le han comentado a este periódico su decepción ante la decisión del Ayuntamiento. Uno de ellos ha confesado no tener “esperanza de que se llegue a un acuerdo con el alcalde”, sobre todo al ver que “ha priorizado prohibir” antes que nada. Con cierto nivel de indignación, una trabajadora social le explica a elDiario.es/Euskadi que “cuando hay hambre” aumenta la tensión, insistiendo en la “falta de empatía” por parte de las autoridades. Adicionalmente, cree que el trabajo municipal puede “ser complementado” por iniciativas como ésta: “Una cosa no tiene que quitar la otra”.

Tal y como había pedido la plataforma Errespetatu Andoain, el PSE-EE de Andoain se ha posicionado y ha votado favorablemente a las alegaciones municipales contra el proyecto del denominado 'lazo' de Bazkardo. Considera que la infraestructura planteada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde comparte Gobierno con el PNV, no responde a las necesidades del municipio y condiciona negativamente el debate sobre una solución integral. El portavoz socialista, Aritz Alkain, ha defendido que la propuesta foral “no sirve, no es suficiente ni responde de manera adecuada” a la problemática de ruido y contaminación que sufre la localidad.

Esta decisión se ha producido tras un último pleno municipal marcado por la tensión y los reproches directos de la plataforma Errespetatu Andoain hacia los representantes políticos. Durante aquella sesión, una ciudadana calificó de “cínico” a Alkain, recriminando a los socialistas un supuesto silencio frente a la Diputación en encuentros previos. Ante estas acusaciones, Alkain exigió respeto y subrayó que su grupo siempre ha escuchado a los vecinos, una postura que el partido ha querido visibilizar ahora mediante su respaldo explícito a las alegaciones del Ayuntamiento, de EH Bildu.

El PSE-EE fundamenta su voto favorable en que la filosofía de las alegaciones coincide con su defensa histórica de una variante actualizada como la mejor opción para el municipio. Según el grupo socialista, el proyecto del lazo perpetúa la presencia de una infraestructura de alta capacidad en el núcleo urbano, impidiendo la transformación necesaria para Andoain. La formación sostiene que, mientras la autovía mantenga su trazado actual, cualquier medida para reducir el impacto acústico y atmosférico tendrá resultados insuficientes.

A pesar del apoyo al fondo del documento, los socialistas criticaron la “pésima gestión” de EH Bildu durante este proceso. Alkain reprochó a la coalición abertzale haber externalizado la redacción de las alegaciones cuando ya había transcurrido más de la mitad del plazo de exposición pública. El portavoz socialista ha denunciado una falta de voluntad para “buscar el consenso político” y ha exigido una estrategia compartida que no se realice “de espaldas al resto de grupos municipales” en un asunto de trascendencia estratégica.

El partido aprovecha para recordar que esta postura de rechazo es coherente con sus posicionamientos públicos de octubre de 2025 y marzo de 2026, así como con las alegaciones que ya presentaron en el año 2022. Alkain ha concluido que su compromiso seguirá siendo la búsqueda de una solución que aleje las afecciones del tráfico del casco urbano y favorezca la cohesión social.

Tras seis años de movilización social para paliar el hambre de más de 300 personas sin hogar, el Ayuntamiento de Donostia ha prohibido el reparto de cenas en la vía pública por parte de la iniciativa ciudadana voluntaria Kaleko Afari Solidarioak (KAS). La resolución municipal, firmada este lunes, fue comunicada esa misma noche por agentes de la Guardia Municipal en los puntos de reparto de la plaza de la Constitución, la plaza de Gipuzkoa y el entorno de Anoeta. El documento oficial fundamenta la decisión en informes técnicos de los departamentos de Salud Pública, Seguridad Ciudadana y Espacio Público, estableciendo el cese de la actividad a partir de este martes.

El alcalde, Jon Insausti, del PNV, ha justificado la medida señalando que la decisión nace de una “reflexión rigurosa, sosegada y serena”. El primer edil ha explicado que, aunque no cuestiona el origen solidario de la iniciativa, considera que “una comida al día no es suficiente para garantizar una inclusión social” y que es necesario transitar hacia pasos estructurados desde la vía administrativa. Insausti ha calificado este replanteamiento como un “ejercicio sano y necesario” para adaptar las políticas públicas a las necesidades actuales de acompañamiento.

Pero la prohibición se ha sustentado también en datos sobre “convivencia y seguridad”. Según ha detallado el alcalde, tras el cese de los repartos en el barrio de Egia en octubre de 2024 la delincuencia en la zona descendió un 20%, mientras que en los actuales puntos de reparto las intervenciones policiales se han duplicado. Diferentes voces, incluida EH Bildu, principal fuerza de la oposición, o IU, han acusado al regidor del PNV de comprar los argumentos de la derecha y de la extrema derecha. El PSE-EE, socio de coalición del PNV, sí apoya estas medidas del alcalde.

Como alternativa, Insausti ha anunciado un refuerzo de 500.000 euros adicionales para los servicios sociales, elevando la inversión total a dos millones de euros anuales con el apoyo del Gobierno vasco. Este presupuesto potenciará el programa Otorduak, que permite canjear tickets por platos en establecimientos colaboradores. Se anuncia un incremento de la capacidad de 316 a 416 comidas diarias. El alcalde ha admitido que esta opción “no es suficiente”, mas la ha defendido como un “punto de partida”.

Otro detalle que ha introducido Insausti es que las cenas, supuestamente, no son únicamente repartidas a personas arraigadas en la ciudad, sino provenientes de otros municipios. “Donostia no puede sola”, ha asegurado. El programa Otorduak requerirá un mínimo de empadronamiento para poder acceder a él.

Preguntado por los periodistas sobre cómo se buscará esa colaboración con otros muncipios, el alcalde ha anunciado que la Diputación de Gipuzkoa convocará a los concejales de servicios sociales de los ayuntamientos para coordinar una estrategia conjunta. Ha confirmado la asistencia de María Jesús Idoeta, la concejala de servicios sociales y acción comunitaria de Donostia.

KAS denuncia “falta de respeto” y exige un plan integral

La respuesta de la iniciativa social no se ha hecho esperar. Tras la comparecencia del alcalde, una multitud se ha concentrado frente al Ayuntamiento para denunciar lo que consideran una actuación marcada por la “falta de respeto y responsabilidad”. Portavoces del grupo KAS han criticado que la administración no haya buscado una interlocución directa con el colectivo antes de emitir una orden que deja sin alimento a centenares de personas “de un día para otro”.

Desde la iniciativa han asegurado que ni bajo el mandato de Eneko Goia, también del PNV, ni ahora con Insausti el Gobierno municipal ha mostrado “disposición a colaborar” para mejorar esta red voluntaria. Asimismo, han acusado al consistorio de carecer de un “plan integral” real, afirmando que la comida ofrecida en recursos municipales sigue siendo insuficiente para atender la demanda.

Entre los asistentes, un usuario habitual de las cenas ha querido expresar su angustia ante los medios: “¿Adónde vamos a ir ahora? ¿A quién le ha hecho daño un plato de comida?”, ha lamentado. Ha descrito a los voluntarios como su única “familia” en la ciudad. Ante la gravedad de la situación, el colectivo ha solicitado una reunión urgente con el alcalde y ha asegurado que seguirá luchando por el derecho a la alimentación, convocando una nueva movilización, una cacerolada, para este miércoles a las 20.00 horas en la plaza de la Constitución.

El pleno del Ayuntamiento de Andoain de este jueves ha motivado un nuevo (y tenso) debate sobre la construcción del denominado 'lazo' de Bazkardo. En la sesión hubo enfrentamientos verbales directos entre representantes municipales y ciudadanos. Se acusa a algunos partidos de plegarse a los dictados de la Diputación o, como es el caso del PNV, que apoya el proyecto, de venderlo como favorable sin justificar el motivo.

El conflicto tiene su origen en la conexión entre la N-I y la A-15, donde la Diputación Foral de Gipuzkoa proyecta un lazo como enlace para absorber un tráfico de 70.000 vehículos diarios. Mientras la institución foral defiende la obra, valorada en 57 millones de euros, los vecinos abogan por una variante exterior que aleje la carretera del casco urbano. La plataforma sostiene que el proyecto actual es un “parche” que no resuelve los problemas de contaminación acústica ni de seguridad, basándose en estudios técnicos previos que favorecían la opción de la variante.

Durante el pleno, un representante de Errespetatu Andoain ha tomado la palabra para denunciar que el colectivo se siente “ignorado, menospreciado y profundamente estafado” por la imposición de este plan. Según el portavoz, el 93,78% de los participantes en su consulta apostó por la variante exterior mejorada, un mandato que consideran que el Ayuntamiento debe defender con firmeza. Los ciudadanos han recriminado a los concejales su “silencio” ante la Diputación y han preguntado directamente a quién representan, “si a quien gobierna Gipuzkoa o al pueblo que los eligió”.

El alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, de EH Bildu, ha intervenido para informar de que el Gobierno municipal ya ha remitido su propuesta de alegaciones, la cual mantiene la posición contraria al lazo. Álvarez ha explicado que han contratado una asesoría externa experta en planificación urbana debido a que este asunto “condiciona al pueblo totalmente para los próximos años y décadas”. El primer edil ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá adelante con el compromiso adquirido en octubre de 2025 de rechazar el enlace foral. En una sintonía similar, el portavoz de Elkarrekin, Jose Mari Iparraguirre Balda, le ha pedido disculpas a la plataforma. Ha lamentado pensar en que “les ha decepcionado como concejal”, recordando que siempre ha estado a favor de esta iniciativa ciudadana.

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Aritz Alkain, ha señalado que su grupo acababa de recibir el informe de alegaciones de 35 páginas y que necesitaba tiempo para estudiarlo antes de realizar aportaciones. Tras su intervención, el ambiente ha comenzado a tensarse cuando una ciudadana le llamó “cínico” a Alkain, quien ha respodido de forma tajante: “Yo no voy a tolerar que aquí se me llame cínico... aquí estamos para que nos tratéis con respeto”. La vecina ha replicado que tampoco tolerarían ser “ninguneados” y ha criticado que los socialistas no cuestionaran al diputado foral en reuniones anteriores.

Idoia Mikelez, concejala de EAJ-PNV, ha defendido la coherencia de su partido, afirmando que han sido los únicos en mantener la misma postura de principio a fin: sí al lazo. Mikelez ha reconocido la labor de la plataforma y el valor de las firmas recogidas, pero puntualizó que “hay otro grupo grande de andoindarras que no está de acuerdo” con su iniciativa. La representante ha argumentado que el estudio multicriterio determinó que el lazo era el “proyecto más viable”.

El cierre del debate estuvo protagonizado por dos ciudadanos, uno de ellos que preguntó directamente a Mikelez por los beneficios específicos del lazo. La concejala le ha respondido no saberlos de memoria en ese momento. El vecino ha acusado a la representante de “vender algo sin saber de qué está hablando” y calificó de “mentira” el proyecto de cubrición en Mimendi. Según el residente, los dibujos presentados son “imposibles” de realizar por problemas de cota y altura para el paso de camiones, concluyendo que le están “mintiendo” y que eso les “pone de muy mala hostia”.

Dieciocho chimeneas de la planta de Tereos en Zaragoza, antigua Campo Ebro Industrial, y un persistente olor impulsan a los vecinos del barrio zaragozano del Picarral a seguir exigiendo que la última fábrica con calificación de “industria tolerada” inicie el proceso de traslado fuera de la ciudad, como lo han hecho el resto de compañías que en su día estuvieron instaladas en el área urbana.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende denuncia episodios recurrentes de olores intensos, ruidos nocturnos y vibraciones provocadas por la actividad industrial y logística. A ello se sumó la fuga de almidón registrada entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando una espuma blanca cubrió varias calles del barrio y disparó todavía más la desconfianza hacia la planta. También han tenido que ser selladas por la empresa varias alcantarillas de la calle Obón tras el escape de vapores hace unos meses por los sumideros que, según la empresa, son vahos no tóxicos que buscan una salida. Según Ana Lasierra, presidenta de la Asociación, el alcantarillado público tiene un límite y no debería permitirse el vertido industrial de la fábrica con importante volumen de residuo.

Esta ha sido la razón por la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido que la empresa levante su propia depuradora pero la solución, lejos de recibir el visto bueno de los vecinos, ha avivado la polémica porque creen que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la instalación supone una ampliación de la actividad, que ahora se blinda por varias décadas más en la misma ubicación.

Sin embargo, la empresa niega que implique un aumento de la capacidad productiva ni de la actividad industrial, “que se mantiene dentro de los límites autorizados desde hace años”. Pero deja claro que no contempla su traslado a medio plazo, mientras que el Ayuntamiento argumenta que no puede obligarse al cierre de una actividad industrial que cumple la normativa vigente.

Modificación urbanística a costa del uso residencial

La Modificación Aislada del PGOU de Zaragoza recoge la ampliación del área industrial E-43, donde se encuentran las instalaciones de Tereos, incorporando terrenos que hasta ahora pertenecían a otra prevista originalmente para uso residencial con capacidad para 32 viviendas, zonas verdes y viales públicos ya urbanizados. Las obras de urbanización fueron cedidas y recibidas definitivamente por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2016. Además, el suelo residencial disponía de planeamiento aprobado e incluso de instrumentos de gestión urbanística ya inscritos registralmente.

Según la Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende, el Ayuntamiento ha vendido por 1.800 euros el terreno de una pequeña zona verde urbana, colindante al terreno donde se levantará la depuradora, convirtiéndolo en suelo industrial.

El equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, justifica la modificación argumentando que la nueva planta de tratamiento de efluentes forma parte de los compromisos ambientales asumidos por Tereos para mejorar su proceso productivo y reducir el impacto ambiental de la actividad industrial, ya que además la planta vertía hasta ahora a la depuradora municipal de La Cartuja.

Igualmente, la empresa sostiene que la nueva planta de tratamiento es tan solo un proyecto ambiental asociado a la mejora de su producción. “Es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y modernización, permitiendo reducir la carga sobre la depuradora municipal, disminuir emisiones, optimizar el consumo de agua y mejorar la integración ambiental en el entorno”, explica Javier Pemán, director general de Tereos Zaragoza. Unido a la digitalización de sus procesos industriales, detalla que este proyecto permitirá en una primera fase una reducción del consumo de agua cercana al 15%, gracias a la posibilidad de reutilización, así como una disminución de las emisiones de CO₂ de hasta 1.100 toneladas anuales.

60 años de actividad y problemas de tráfico

La empresa nació en 1964 bajo el nombre de Campo Ebro Industrial e inició su actividad cuando el entorno del Picarral todavía conservaba un marcado carácter industrial y la presión residencial era muy inferior a la actual. Con el crecimiento urbanístico de Zaragoza durante las últimas décadas, la fábrica ha quedado completamente encastrada en mitad del barrio, entre la avenida Salvador Allende y la trasera residencial del Picarral, convertida en una de las escasas grandes industrias que siguen integradas dentro de la trama urbana consolidada.

En el barrio residen muchos de los más de 200 trabajadores de la firma. Las viviendas de los primeros obreros de la fábrica se instalaron en calles sin asfaltar y carecían de red de saneamiento. Ahora, conviven con nuevas promociones, de forma que todas ellas rodean la fábrica.

Actualmente, la planta pertenece al grupo cooperativo francés Tereos Starch & Sweeteners Iberia, uno de los mayores productores mundiales de azúcar y derivados del almidón. Su actividad consiste en el procesado de maíz para fabricar almidones, glucosas y productos destinados a la industria alimentaria, farmacéutica, papelera y química.

Aunque no está considerada una industria especialmente contaminante ni trabaja con productos químicos peligrosos, los vecinos sostienen que sí resulta altamente molesta por los olores derivados de la fermentación del maíz, el funcionamiento continuo de la planta y el intenso tráfico de camiones pesados que atraviesa diariamente calles ya plenamente urbanizadas. Alrededor de 100 vehículos pesados circulan diariamente por esta zona del casco urbano a partir de las 06.00 horas, en cuyas proximidades hay tres residencias de mayores, un colegio, un instituto y una guardería.

Aunque las protestas van ligadas a la propia historia de la compañía, el último conflicto surge en mayo de 2025, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diseñada específicamente para permitir la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) dentro del recinto fabril, una mejora técnica que reducirá el impacto sobre la red de saneamiento de la ciudad.

La operación recibió además un fuerte respaldo institucional cuando el Ministerio de Industria adjudicó en abril de 2026 ayudas públicas por valor de casi 8 millones de euros destinadas a modernizar y hacer más sostenible la actividad de la planta. Para los residentes del Picarral, estas inversiones suponen la confirmación definitiva de que no existe ningún plan de traslado a corto o medio plazo.

Industria tolerada y ofensiva jurídica

Tereos comparte con Instalaza, La Zaragozana y Averly la singular calificación de “industria tolerada”, una figura reservada a empresas históricas que permanecieron en la ciudad mientras el crecimiento urbano acababa rodeándolas. En teoría, este tipo de actividades pueden seguir funcionando, pero bajo la premisa de que su permanencia es provisional y de que el destino final del suelo debe ser residencial o de zonas verdes.

Tereos será la única de las cuatro que seguirá en su ubicación actual después de que Instalaza haya iniciado ya el proceso para abandonar su histórica ubicación urbana y trasladarse fuera de la ciudad.

Para la asociación vecinal “ha sido el colmo” y lo que ha provocado la reacción del barrio ya resignado a convivir con ella, “es que se les permita ampliar el suelo industrial en el casco urbano”- Los vecinos consideran que la autorización de la depuradora rompe completamente la lógica de provisionalidad asociada a las industrias toleradas y convierte de facto a la fábrica en una instalación permanente dentro del barrio que puede perpetuarse otros 30 o 40 años y dificulta el traslado de la misma a suelo industrial municipal, “que es lo que se tenía que haber empezado a trabajar y negociar hace muchos años, asegurando los puestos de trabajo, como se ha hecho con Instalaza”, compara la representante vecinal. Por ello, presentaron alegaciones acompañadas de 1.500 firmas que el Ayuntamiento desestimó y aprobó definitivamente la modificación urbanística.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende sostiene que se trata de una ampliación de la actividad, pese a los argumentos del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, porque en el propio proyecto de la depuradora presentado por la empresa deja muy claro que esta planta depuradora generará biogás que utilizaran en su proceso de producción y por tanto, sí se realiza actividad en la nueva instalación“. A su juicio, la ampliación del suelo industrial para esta actividad ”es algo insostenible en cualquier ciudad, a quince minutos de la Plaza del Pilar“. Y pretenden llegar hasta el final si tiene que resolverlo un juzgado ”como ya lo ha hecho con la Torre Outlet de Pikolin, que por cuatro veces ha sentenciado que el Ayuntamiento no puede hacer lo que quiera“, explica la presidenta, Ana Lasierra

Una vez hecha la recalificación por el Ayuntamiento, los vecinos esperan conocer la solicitud de la licencia de obras para valorar el tipo de instalación que se construirá y estudiar judicialmente si es legítimo colocar esta planta de tratamientos de vertidos industriales en el casco urbano y tan próximo a las viviendas. “Tras asesorarnos jurídicamente de normas estatales y europeas, haremos todo lo posible tras estudiar la licencia, para paralizar semejante aberración con la que en el Picarral no estamos dispuestos a convivir, y seguiremos luchando para que la fábrica salga del barrio y no sigamos soportando ruido, olores, contaminación y el paso de cientos de camiones por nuestras calles”, explica Lasierra.

Además, solicitarán que el ayuntamiento cree una mesa de trabajo con técnicos, empresa, partidos políticos y vecinos para comenzar a elaborar un plan que facilite a la empresa Tereos instalarse en suelo industrial municipal, “que es dónde debería de estar”.

Así, más de seis décadas después de su llegada al Picarral, la antigua Campo Ebro sigue simbolizando uno de los mayores dilemas urbanísticos de Zaragoza: la convivencia entre la industria histórica y una ciudad que ha terminado creciendo a su alrededor.

Si tenías veinte años el quince de mayo de 2011 ya habrás cumplido los treinta y cinco. Si tenías treinta y cinco, estás en la cincuentena. Este viernes se cumplen 15 años del comienzo del 15M, un movimiento ciudadano nacido de una manifestación que nadie esperaba, convocada por la plataforma Democracia Real Ya y otros colectivos en 58 ciudades españolas. Todo se precipitó la madrugada del 16 de mayo. Esa noche, la Policía desalojó a las personas que acampaban en la Puerta del Sol y 19 de ellas acabaron detenidas. Lo que sigue es historia y está muy contada. La acampada de Sol (también el resto de campamentos en numerosas ciudades y pueblos), la extensión a los barrios y el impulso de movimientos y mareas (la de la vivienda, la de la educación o la sanitaria) durante un ciclo de movilización que duró varios años.

Queda lejos ya pero sobreviven, como veremos, unos cuantos colectivos y prácticas de movilización que son herederas directas de lo que acaeció en 2011. Conmemorar significa “traer a la memoria juntos” y esa cualidad plural parece perfecta para la celebración que se está llevando a cabo estos días.Los actos del 15 aniversario se han elaborado desde Espacio Común 15M, una suerte de plataforma asamblearia –como todo en el universo quincemayista– que vela por el legado y la continuidad del movimiento, especialmente cuando asoma el mes de mayo.

“Se creó en el cuarto aniversario del 15M. Empezaban a quedar ya menos asambleas y nos preguntamos qué iba a pasar con las redes del movimiento que seguían funcionando, que eran muchas”, explica Deme, participante de Espacio Común 15M. Se produjeron muchas reuniones a lo largo del año -en Sol o en El Retiro- para conformarlo. “Es como un grupo de trabajo, un espacio muy flexible que ha servido como hilo conductor para la gente que quería organizar cosas en los distintos aniversarios. En todos se ha hecho algo, incluso durante la pandemia, cuando organizamos muchas charlas online”. Espacio Común 15M tiene un programa de radio que se emite los jueves en Ágora Sol Radio y un blog en el que se pueden conocer todas las convocatorias asociadas al aniversario.

Este año el acto central es la asamblea, que tendrá lugar el día 15 a las 18.30 h. en la Puerta del Sol. Estarán presentes figuras asociadas con el 15M como el politólogo Carlo Taibo, que ya estuvo hablando en la plaza en 2011, o Angustias, “la abuela del 15M”. Por el camino, se habrán organizado una exposición en el CSO La Enredadera con centenares de imágenes del fotógrafo Juan Plaza, un puesto en la Feria del Libro de Vallekas, otra exposición en el Teatro de Barrio, o la proyección de documentales sobre el 15M, entre otras cosas. Y algunos otros actos que se pueden consultar al final de este artículo.

La asamblea como primer centro de las movilizaciones

Las relaciones asamblearias volvieron a fraguarse durante el 15M. En un momento de máximo descontento social y pérdida de fe en la democracia representativa –también en el bipartidismo–, las lógicas organizativas que legitimaron la toma de decisiones durante las acampadas de mayo terminaron perpetuándose. Hoy, han sido asumidas por muchas de las asociaciones y colectivos que surgieron entonces como un ritual político en tiempos de crisis. 

La Asamblea Popular de Carabanchel fue una de esas ramificaciones que nacieron en el 15M y continuaron formando parte del tejido social madrileño. Es una de las estructuras vecinales más longevas desde entonces. Daniel, uno de sus integrantes, recuerda aquellos primeros días como un movimiento “impredecible y espontáneo” que encontró en los barrios su verdadera consolidación. “Cuando salió del centro de Madrid y llegó a los barrios, la gente empezó a definir cómo quería organizarse”, explica. 

La asamblea mantiene grupos de trabajo centrados en servicios públicos, comunicación y autodefensa laboral; además de reuniones periódicas y campañas concretas. No es sencillo, reconoce Daniel: con el tiempo, a veces disminuyen los recursos, la disponibilidad de sus miembros o las prioridades que atender. “La actualidad también nos atropella y, a veces, obliga a centrarse en las necesidades inmediatas del barrio y dejar a un lado otros proyectos que te gustaría hacer, pero para los que no siempre hay margen”, indica. 

Sus principales frentes han sido los servicios públicos, la comunicación o cuestiones de autodefensa laboral, en un mercado precario que ya caldeó el ambiente durante el 15M. La vivienda, que es hoy según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) el principal problema de los españoles, se trabajaba desde una comisión interna de la que luego derivó el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. 

Esta organización pasó a actuar como una estructura independiente centrada en el auge de precios y el boom inmobiliario del distrito, que también se acentuaba en otros puntos de la capital. Ambas entidades continuaron colaborando y compartiendo espacios en el EKO, uno de los centros sociales okupados más conocidos de la zona, que organiza movilizaciones y acciones comunes entre colectivos.

La transformación urbana de Carabanchel y la subida de precios han cambiado profundamente el distrito desde 2011. Daniel señala que la llegada de inversiones, galerías y nuevos usos del suelo han acelerado procesos de encarecimiento y desplazamiento vecinal que afectan a toda la ciudad. En paralelo, la asamblea ha impulsado campañas contra la explotación laboral —especialmente de trabajadores migrantes en situación irregular— y movilizaciones por la sanidad pública en barrios como Abrantes. “Identificas un problema y actúas”, resume.

Aunque reconoce que el clima político y social es hoy muy distinto al de 2011, Daniel rechaza la idea de que haya desaparecido la movilización social. Menciona las protestas docentes, las plataformas sanitarias, los sindicatos de inquilinas o las redes de autodefensa laboral nacidas en muchos casos del ecosistema asambleario del 15M. “No es todo tan multitudinario ni tan ruidoso como entonces, pero siguen pasando cosas”, afirma. 

Para él, la continuidad de colectivos como los sindicatos de vivienda demuestra que parte de aquella energía se institucionalizó, dando lugar a estructuras de barrio capaces de sostener conflictos concretos en el tiempo. Pese al desgaste acumulado tras quince años de actividad, la Asamblea Popular de Carabanchel reivindica haber resistido gracias a su “carácter intergeneracional” y a la persistencia de muchos de los problemas que atraviesan. 

Comunicar la ¿revolución? Madrid en Acción y Ágora Sol Radio

La rama comunicativa del 15M es, probablemente, una de las que ha demostrado más viveza a lo largo de los últimos lustros. Y lo que queda. Cada dos meses (a veces cada uno) sale a la calle Madrid en Acción, un periódico de papel que es heredero directo del Madrid 15M, que nació como cabecera de las asambleas del movimiento. Hablamos con Carlos, que lleva en el equipo de la publicación desde el principio y ha maquetado miles de páginas sobre política popular.

El Madrid 15M comenzó como una propuesta de la Asamblea Popular de Villaverde. “La idea surgió en diciembre de 2011 y en febrero sacamos el primer número”, explica Carlos. El periódico, alimentado por las diferentes asambleas del 15M, tenía un peculiar modelo económico que está en la base de su éxito. Cada una de las asambleas compraba lotes de periódicos, iba a recogerlos a un punto central –el EKO de Carabanchel– y luego los distribuía. Así sacaron 78 números de forma ininterrumpida y, en realidad, es exactamente lo que siguen haciendo, aunque años después cambiaran el nombre a Madrid en Acción porque daban servicio a los colectivos sociales madrileños en lugar de a las extintas asambleas de barrio.

En los mejores momentos llegaron a tirar 40.000 ejemplares, durante mucho tiempo salían 10.000 y aún hoy, tras haber superado diversas crisis del papel, imprimen unos 6.000 periódicos.“El archivo se perdió con los servidores donde estaba almacenado todo lo del 15M pero tenemos los PDF y pronto los pondremos en la página de Madrid en Acción. Estás de bajón, te pones a mirarlos y de repente te vienes arriba”, dice Carlos.

Otra de las patas comunicativas del movimiento fue Ágora Sol Radio, que sigue emitiendo y goza de buena salud, ahora en el estudio que tienen en el Centro Social Seco. La idea inicial, surgida en el seno de la Comisión de Comunicación de Sol, era emitir un boletín pero las idea bullían y pronto se convirtió en una emisora con diferentes programas en su parrilla.

Juan Carlos fue una de las miles de personas que acudieron a la manifestación que dio lugar a la acampada. En aquella época les acompañaba su hija, que era un bebé y se hartaría de ir a manis en los siguientes años. “Empezaba a hablar y comenzó a corear aquello de que no, que no, que no nos representan, pero en vez de representan decía que no nos representen. Creo que fue clarividente”, cuenta divertido Juancar. Pronto se involucraría con sus colegas Juanfer y Jarri (con los que ya había velado armas en Radio Vallekas) en la aventura de las ondas quincemayeras. Durante el camino, se les unieron otros aliados (Paco, María, Rober o David) y hoy en día siguen emitiendo el programa Barrio Canino dentro de Ágora Sol Radio.

El primer estudio de la acampada se formó con materiales donados o prestados y aún quedan reliquias en el estudio actual. “A algunos de los que llevamos más tiempo nos conectan emocionalmente con la historia de la radio”, explica Juancar. Ha habido seis estudios de Ágora Sol Radio: en la propia acampada, en un local cedido en la calle de la Montera, en otro de Antón Martín, en el Centro Social Seco de la calle Aguerri y Arruej y dos en el Centro Cultural Las Californias (el actual Seco), en un espacio municipal cedido a colectivos del barrio. “Hay dos micros (los que más se utilizan, son el 1 y el 5 para nosotros). Otro guardado en el armario que tiene una etiqueta pegada con un teléfono. Lo que se necesitaba se pedía por twitter y empezaba a llegar el material. Seguramente este micro era prestado pero su dueño nunca volvió a por él”. Juancar sigue enumerando objetos: se acuerda de unos cables o de un cuaderno, custodiado en un cajón, en el que están apuntados los materiales cedidos y los datos de sus dueños originales.

Otra de las personas habituales frente a sus micros es Amparo. Es pensionista y, a sus 84 años, esta vecina de Carabanchel pertenece a otro de los colectivos más reconocibles de aquella época: los Yayoflautas. Son grupos activistas de jubilados que defienden los servicios públicos o mejoras en derechos sociales. Amparo llegó hasta ellos por pura curiosidad. “Me acababa de jubilar y descubrí quienes eran y lo que hacían. Me interesó muchísimo, porque siempre he intentado estar al tanto de lo que ocurre, y quedé con ellos en una cafetería. Allí llegaron varios con los chalecos amarillos [característicos ya entonces de este colectivo] y, en pocas horas, me enamoré de todo. Salí de ahí siendo ya una yayoflauta”, rememora con alegría años después, siendo ya una de sus voces más activas y públicas. 

Cuando estalló el 15M, Amparo atravesaba una situación personal delicada y no pudo vincularse demasiado al movimiento. Pero cada día lo seguía desde la televisión o la prensa. “Me recordó al Mayo del 68: una revolución espontánea, sin partidos”. El colectivo al que ella se adhirió surgió poco después, inspirado por aquel clima de indignación. Con una anécdota sobre el nombre por el que se hicieron conocidos y que aún conservan. “Esperanza Aguirre llamó una vez perroflautas a la gente que protestaba por sus derechos. Y dijimos: pues entonces, ¡somos yayoflautas!”. 

En este tiempo han seguido asistiendo a manifestaciones, concentraciones reivindicativas o asambleas, y colaborado puntualmente con otras entidades. También con representantes de distintos grupos políticos, aunque siempre con una máxima: “somos apartidistas, pero no apolíticos”. Los yayoflautas han acompañado protestas contra los recortes, por la vivienda o contra la guerra, siempre desde una militancia atravesada por la edad y por una conciencia generacional muy concreta: la de quienes sienten que “muchos de los derechos conquistados se están perdiendo”, explica. “Nos preocupa el futuro de nuestros hijos y nietos”, revela Amparo, que pasa a hablar de cuestiones latentes como “el alquiler imposible, las residencias deterioradas y una sanidad pública cada vez más castigada”.

El paso de los años también les ha supuesto algunas despedidas. “Ya no somos tantos, porque han muerto muchos compañeros”, añade Amparo en un hilo de voz. Y el cuerpo ya no responde igual. “Antes hacíamos las manifestaciones enteras; ahora, a veces nos quedamos a medio camino porque nos duelen las rodillas”. Hace año y medio dejaron incluso de reunirse cada lunes en Sol, una plaza que ahora sienten irreconocible. “Han hecho la política del cemento”, lamenta Amparo, que mira alrededor y apenas encuentra rastros del espíritu comunitario de 2011. Aun así, siguen saliendo a la calle siempre que pueden y hace unas semanas estrenaron una nueva pancarta: una flor con pétalos republicanos para recordar, dice, que “ya no somos ancianitos y que seguimos siendo rebeldes”.

Casas okupas y locales vecinales: del EKO o El Sol de la Conce

La plaza es el espacio por excelencia del 15M. El movimiento nació y se desarrolló con sus protagonistas sentados en el suelo de la calle, pero pronto se extendió a otros espacios de sociabilidad. “Los centros sociales okupados dejaron de ser espacios marginales y se llenaron de vecinos, ¡Entraron las abuelas!”, explica Deme de Espacio Común 15M. Ciertamente, las casas okupas fueron los cuarteles de invierno del 15M cuando las plazas se enfriaron.

 Ya en tiempos de la acampada había tenido importancia el saber acumulado de centros sociales céntricos como el Patio Maravillas (“Cerrado por revolución, disculpen las molestias”, se leía en su puerta) o el CSO Casablanca. Ambos fueron cruciales en el establecimiento de estructuras físicas o digitales, entre otras cosas. Algunos de los centros sociales okupados se llenaron de personas ajenas al movimiento de okupación, como el citado Patio Maravillas o el CSA La Enredadera, donde se trasladó la actividad de la Asamblea Popular de Tetuán durante el invierno.

Durante el 15M se llevaron a cabo también okupaciones, como la accidentada y efímera experiencia del Hotel Madrid, en el centro de la ciudad. Pero también otras más ligadas al 15M en los barrios como la de La Morada en el distrito de Chamberí o EKO Carabanchel. El gran centro social de Madrid -ahora amenazado de desalojo- nació en 2011 cuando un centenar de personas del entorno de la Asamblea Popular de Carabanchel decidió entrar al gran edificio de la calle Ánade para darle vida.

El 15M se extendió también por huertos urbanos o locales alquilados, más cercanos al asociacionismo vecinal, donde muchas de las comisiones emanadas de las asambleas encontraron refugio. Una de las entidades vecinales que nacieron del impulso y el tejido del 15M es El Sol de la Conce. Como en otros lugares, en el Barrio de la Concepción también se creó una asamblea de barrio. “Se generó con éxito y duró mucho, incluso en 2013 encontramos reuniones periódicas junto al metro. Más que otras, que languidecían. Es difícil determinar cuándo se extinguió porque ya la asamblea no se reunía semanalmente, era los sábados y luego pasó al viernes por la tarde (que tuvo más éxito)…”, cuenta Roberto, que es participante del espacio vecinal.

Siguieron organizando actividades en locales cedidos por entidades del barrio y, de forma natural, vieron que fundar una asociación les vendría bien. “Con estatutos nuevos y capital pequeño de aquellos que manteníamos regularidad de reuniones. En febrero de 2015 alquilamos el local que hasta día de hoy es nuestra sede social”, explica. Añadieron al nombre el referente geográfico de Sol y el apelativo popular del barrio, La Conce. Y continuaron el camino.

Las asambleas son abiertas y la cuota de socio es de 5 euros mensuales. “Somos en torno a 400 socios ahora, pero por el local pasan unas mil personas al mes. Tenemos muchas actividades diarias, algunas dentro de local y otras externas. Hay personas que participan en dos o tres, otras que siendo socias no vienen habitualmente”, explica Roberto.

Siguen la máxima de pensar en global y actuar en local. Se ocupan de los problemas del barrio y dan mucha importancia a la cultura. Son, como el mismo movimiento, políticos pero apartidistas. “Hay personas que nos vinculan a la izquierda, Podemos y después Más Madrid y Más País. Participan militantes de otros partidos, como PSOE, IU, también Anticapi. Siempre con abierta tolerancia y no adscritos a ningún partido”. 

Prácticas y saberes de la movilizacion: de Legal Sol al Archivo 15M

Antes del 15-M, la España democrática ya había vivido otras movilizaciones masivas. Con el intento de golpe de Estado en 1981, un millón y medio de personas se lanzaron a las calles de Madrid en defensa de la democracia. En 2003 volvió a haber una amplia respuesta social durante las manifestaciones del No a la guerra contra el gobierno de José María Aznar y su incursión en Irak. Pero, hasta mayo de 2015, pocas concentraciones ciudadanas se habían prolongado tanto en el tiempo, llegando a ramificarse en plataformas que aún resisten.

Las acampadas duraron casi un mes. Aunque, para lograrlo, hubo que formar a contrarreloj a una población poco acostumbrada a la burocracia de una protesta sostenida. Con 23 años y mientras aún cursaba sus estudios, Sol recorría los campamentos improvisados explicando a desconocidos cuáles eran sus derechos ante una identificación policial, cómo solicitar oficialmente una manifestación o qué hacer en caso de detención. “Había muchísimo desconocimiento”, recuerda ahora, a los 34 años.

Sol aún forma parte de la Comisión Legal Sol, una de las agrupaciones que surgieron en aquellos días para asesorar a los manifestantes junto a la Real Casa de Correos. No solo los ayudaban a título individual, también informaban a las distintas comisiones del movimiento o hacían de enlace con la Policía durante la acampada. Lo que nació como una red improvisada hace 15 años se ha convertido ahora en un espacio consolidado de apoyo legal a activistas o colectivos sociales. 

Entre sus miembros quedan pocas abogadas colegiadas, pero la mayoría tiene conocimientos legales básicos sobre cómo coordinar protestas e incluso asesorar en procedimientos judiciales. Sol recuerda cómo en el 15M vivió en sus carnes una “represión policial desmedida” frente a “movilizaciones pacíficas y ordenadas”, pero cree que ahora se han desplegado nuevas formas de presión: las sanciones económicas. 

“Con la ley Mordaza impulsamos iniciativas nuevas como Buroresistiendo, un portal para recurrir sanciones u ofrecer asesoramiento en caso de denuncia”, detalla. La comisión sigue activa y su trabajo actualmente se centra en ayudar a colectivos madrileños, organizando formaciones o participando en sus procesos penales y administrativos. En los últimos años, además, se han ido adhiriendo a causas vinculadas a nuevos movimientos que van tomando fuerza, como el ecologista.

Este artículo pretende ser, además de una fe de vida del movimiento, un ancla a la memoria del 15M. Pero es esta una preocupación que surgió en el interior de las asambleas desde el principio. La pequeña ciudad de la Puerta del Sol tuvo su propia biblioteca. Pronto, se creó también un archivo. Y ambos siguen existiendo.

Hablamos con Ana, que sigue participando del grupo que mantiene Archivo 15M, que actualmente está ubicado en dependencias del Centro Social Tres Peces Tres, en Lavapiés. Nos cuenta que el archivo y la biblioteca estaban ubicados en el Centro Social Okupado Casablanca, en el mismo barrio, cuando salieron de Sol. Después del desalojo de Casablanca, los libros y el material de archivo fueron llevados a otro espacio okupado. “Raíces, en Malasaña, que estaba vacío y era propiedad de un fondo. La policía secreta siguió a los compañeros que estaban trasladando los libros, los acusaron de usurpación y estuvieron años encausados”, explica Ana. Posteriormente, el archivo estuvo en el Centro Social Okupado EKO y actualmente en Tres Peces Tres.

En el archivo hay, por ejemplo, carteles originales, que han salido a exposiciones en el Reina Sofía –donde alguno se restauró–, a La Casa Encendida o fuera de España. Alguno de ellos se ha llevado este aniversario al Teatro de Barrio para una expsición. Custodian otros materiales, alguno tan especial como la urna donde se metían las propuestas de la gente en Sol.

En tiempos del 15M se montó también Audiovisol, que gestionaba la cantidad ingente de imágenes que se grabaron en la acampada. “Cuando se disolvió el colectivo, del que también participaba, los discos duros acabaron en mi casa porque yo vivía enfrente de La Tabacalera, donde nos reunimos”, explica Ana. Hoy en día, después de haberse trasladado la información a soportes actuales con la ayuda de Medialab, las grabaciones están junto con el archivo en Tres Peces Tres. “Por mi casa han pasado muchas personas que estaban haciendo tesis o documentales, están mejor allí”, explica la bibliotecaria del 15M.

El 15M sigue aquí: qué vino para quedarse y cuándo puede repetirse

Quince años después de la explosión de las plazas, el recuerdo del movimiento está muy teñido por la impronta de los partidos políticos que nacieron de su sustrato años después, pero su legado está muy presente entre los movimientos sociales y mantiene su primigenio carácter apartidista. Así sucede con el movimiento de la vivienda, que ha transitado de las camisetas verdes de la PAH –que sigue trabajando por el derecho a la vivienda– a la eclosión de los sindicatos de vivienda y sindicatos de barrio, algunos de los cuales, como el de Hortaleza, hunden sus raíces directamente en el 15M.

Si hay palabras o sensaciones que se repiten entre distintos testimonios, esas han sido las asambleas, la política apartidista o el apoyo mutuo, practicado entre grupos distintos pero en sintonía. A la pregunta de qué es lo que queda hoy de todo lo que trajo o prometió el 15M, muchas de sus respuestas también pasan por estos mismos conceptos. Seguramente, faltan muchas voces en el coro polifónico que hila este intento de agrupar a los habitantes desperdigados de Sol. Algunas tan armoniosas como las de la Solfónica, otras tan sistemáticas como las de la 15Mpedia. Pero no son pocas las que presentamos y nos hablan de las pervivencias del movimiento..

Para los miembros de la Comisión Legal Sol, por ejemplo, el gran legado del 15M fue haber generado una “cultura de movilización y de apoyo mutuo entre personas que nunca antes habíamos militado”, exponen a Somos Madrid con una certeza: “El asamblearismo y esa forma de organizarnos nos ha impregnado a muchas, y la prueba es que aquí seguimos”. 

Algo similar, y también su razón de ser, es lo que exponen desde la Asamblea Popular de Carabanchel. “Puede que en la acampada de Sol hubiera mucha concienciación y rabia que ahora se ha desinflado, pero si decimos que ya no queda movilización social estamos jugando a la profecía autocumplida: sí, en 2011 todo era más ruidoso y multitudinario, pero también ahora hay manifestaciones desde muchos frentes que se sostienen en el tiempo y traen nuevas reivindicaciones. No hay más que mirar a las educadoras infantiles de Madrid”.

Ana, del Archivo 15 tiene claro que se consiguieron cosas pero le quita importancia: prefiere seguir mirando hacia delante. “Tengo ya 59 años y he participado en multitud de movimientos sociales, ¿quién se acuerda ya de muchos de ellos? También se consiguieron reivindicaciones en ellos pero no importa quién lo hizo, hay que ir a por lo siguiente. Te pongo un ejemplo del 15M. Antes estaba prohibido grabar a los concejales en los plenos de tu municipio, a pesar de ser tus representantes. En el pueblo de mi marido, donde había una pequeña asamblea del 15M, alguien entró a grabar y le llamaron perroflauta. Hubo un movimiento generalizado para conseguir que se pudiera hacer –con un hashtag famoso, #grabatupleno– y hoy día está permitido”, dice Ana, que es docente y siempre se lo explica de esta forma a sus alumnos.

Cuando le preguntamos a Juancar de Barrio Canino sobre lo que queda del 15M se refiere a las prácticas. “Radio hace mucha gente, pero nosotros hacemos una radio asociativa y asamblearia. No son prácticas que nacieran en el 15M pero sí se establecieron como un estándar de funcionamiento para nosotros. Toda la radio la rige una asamblea y todo sale de una comisión de trabajo. Y nos ha funcionado muy bien. Rompe con la lógica habitual de asociaciones culturales, con sus juntas directivas, comisiones de trabajadores y proyectos públicos”. El colectivo Ágora Sol Radio siempre ha sido numeroso (entre las veinte y cuarenta personas) y, destaca Juancar, bienavenido gracias a las prácticas horizontales.

“Otra cosa que permanece en el colectivo desde tiempos del 15M es la diversidad. A una radio se acerca gente muy diferente. Personas con una visión más musical o contracultural (están los heavys, los poperos, el que dibuja o el rastafari de Tetuán). También los que somos más anarquistas o de entornos activistas, el que ha estado empadronado en todas las okupas de Madrid, la persona con más de ochenta años, gente del activismo queer…y todos convergemos haciendo cosas comunes”, recalca con tono firme, de orgullo.

Juancar se pone muy serio para subrayar la potencia de la radio libre y horizontal como laboratorio de prácticas ciudadanas. En una radio hay que aprender técnica y desenvolverse con ella, por lo que establecieron un sistema de madrinajes para enseñarse entre sí, que consideran muy propio del 15M. “Vimos que era importante la gestión del conocimiento dentro del colectivo, que fluyera horizontalmente para que no se produjeran relaciones de poder basadas en el conocimiento y nadie se convirtiera en imprescindible”, explica.

Deme, de Espacio Común 15M, habla de algunos de los impactos que el 15M tuvo y cuyos rescoldos aún se mantienen. “Está aún en la horizontalidad, en el vocabulario feminista, en algunas prácticas dentro de partidos políticos o sindicatos (algunos se han replanteado la participación y la transparencia, otros no). Subraya el impulso que el movimiento dio ”a las distintas mareas, a la PAH, a la participación en los barrios (que contagió incluso al 8M con su organización barrial), a los cientos de huertos urbanos que se abrieron…“. Y se refiere también a la actividad legal iniciada por Legal Sol, continuada por No somos delito (contra la Ley Mordaza) o a las batallas legales planteadas por el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M, que sigue operativo en la esfera del derecho. 

La preocupación por mantener una cohesión social, destacan otras voces, también parece haber venido para quedarse. “Nosotros reproducimos hoy lo que pasaba entonces, pero a menor escala: vecinos que se mueven juntos y sostienen con los esfuerzos disponibles una cosa que es de todos”, añaden desde El Sol de la Conce. “Yo me siento muy orgullosa de seguir peleando aunque ya no tengamos tanto foco. A veces flaquean las fuerzas y ya no podemos ir todas las semanas a Sol, pero no significa que no sigamos aquí”, concluye Amparo, de Yayoflautas Madrid. El viernes, hay asamblea en la Puerta del Sol.

El cas de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València és l’exemple més paradigmàtic de l’abús dels poders polítics i econòmics davant els drets dels ciutadans, a més d’un model clar de legitimació de la política dels fets consumats.

Només així s’entén el canvi de criteri del Tribunal Suprem amb la legalització de l’esmentat recinte logístic la construcció del qual va suposar l’expulsió de quasi un centenar de veïns d’unes terres d’horta productiva que van quedar arrasades.

L'alt tribunal va rebutjar esta setmana l'últim recurs que quedava per resoldre de l'associació ambientalista Per l'Horta posant fi a més de dos dècades de litigis entre l'Autoritat Portuària de València (APV) i l'esmentada entitat al costat de l'associació de veïns la Unificadora de La Punta i l'associació Per l'Horta.

El conflicte social i jurídic de la ZAL es remunta al conveni de cooperació subscrit entre el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València l’octubre del 1997 per a promoure el desenvolupament de la ZAL del port de València. Aquest desenvolupament es va plantejar sobre sòl que figurava en el pla general com a “sòl no urbanitzable d’especial protecció agrícola”. És per això que aquest pla especial va ser recorregut per les entitats esmentades.

D’aquest acord van nàixer successives versions del pla especial que ja van ser anul·lades pel Tribunal Suprem dues vegades, el 2009 i el 2015. La tercera versió d’aquest pla, aprovada per Resolució de 17 de desembre de 2018 de la Generalitat valenciana, és a què finalment el Suprem i va donar el vistiplau en una sentència de març del 2024 que va ser un punt d’inflexió pel canvi de criteri adoptat.

Un canvi de criteri que es va produir després d’amenaçar la multinacional MSC, amb interessos en la ZAL i en l’ampliació del port de València, d’anul·lar les inversions que tenia previstes en l’àrea logística, i després de declaracions públiques de l’alcaldessa, María José Catalá, anunciant la tramitació de diverses llicències abans que es coneguera la sentència.

Prèviament, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va anul·lar novament el pla de 2018 en haver-se tramitat amb una avaluació ambiental simplificada en lloc d'ordinària, que és la que requerix de majors tràmits i garanties.

Tant l'APV com la Generalitat Valenciana van recórrer al Suprem, la qual cosa va donar lloc a una sorprenent fallada que tirava per terra les seues anteriors resolucions. Així, va vindre a dir que malgrat assentar-se el recinte sobre un sòl no urbanitzable ja no era susceptible de ser revertit perquè l'obra de parcel·lació i vials ja s'havia realitzat. I per eixa manyaga motiu, no es requeria una avaluació ambiental ordinària, sinó simplificada. A més, diu la fallada que la urbanització s'havia executat perquè no es van paralitzar les obres cautelarment. Alguna cosa que no es va donar bàsicament perquè no va haver-hi resolucions judicials en eixe sentit. Així, es van legitimar els fets consumats d'una actuació sens dubte il·legal perquè es va finalitzar en 2005, quatre anys abans que el primer pronunciament del Suprem.

Consideren també els jutges que, ateses les circumstàncies especials que concorren en aquest cas, “és evident que a l’Administració ja no li és possible exercir les seues potestats de restauració de l’ordre urbanístic, reposant l’estat del sòl al previst en el pla general d’ordenació urbana de València (sòl rústic amb destinació agrícola), que és el que formalment li correspon després de l’anul·lació del pla especial, perquè la Zona d’Activitats Logístiques del port de València està totalment desenvolupada urbanísticament i té una enorme extensió”.

Aquest canvi de criteri del Suprem va caure com un poal d’aigua en les entitats veïnals i ecologistes. L’associació de la Unificadora de la Punta va qualificar “de sentència política” la part dispositiva del Suprem i va considerar que amb aquesta interpretació es podran emparar accions il·legals en els nostres territoris que podran donar carta blanca a la urbanització il·legal de parcs naturals o zones protegides com en el seu moment era la Punta, “donant via lliure a constructores i governs que posen per damunt l’interés urbanístic abans que la vida i la salut de les persones”.

El caso de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia es el ejemplo más paradigmático del abuso de los poderes políticos y económicos frente a los derechos de los ciudadanos, además de un claro modelo de legitimación de la política de los hechos consumados.

Solo así se entiende el cambio de criterio del Tribunal Supremo con la legalización del mencionado recinto logístico cuya construcción supuso la expulsión de casi un centenar de vecinos de unas tierras de huerta productiva que quedaron arrasadas.

El alto tribunal rechazó esta semana el último recurso que quedaba por resolver de la asociación ambientalista Per l'Horta poniendo fin a más de dos décadas de litigios entre la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la mencionada entidad junto a la asociación de vecinos la Unificadora de La Punta.

El conflicto social y jurídico de la ZAL se remonta al Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia en octubre de 1.997 para promover el desarrollo de la ZAL del Puerto de Valencia. Dicho desarrollo se planteó sobre suelo que figuraba en el Plan General como “no urbanizable de especial protección agrícola”. Es por esto que dicho Plan Especial fue recurrido por las mencionadas entidades.

De este plan urbanístico nacieron sucesivas versiones que ya fueron anuladas por la Justicia con sendos pronunciamientos del Tribunal Supremo en dos ocasiones, en 2009 y 2015. La tercera versión de ese Plan, aprobada en diciembre de 2018 por la Generalitat valenciana, es la que finalmente ha validado el Supremo en un fallo de marzo de 2024 que fue un punto de inflexión por el cambio de criterio adoptado.

Un cambio de criterio que se produjo tras amenazar la multinacional MSC, con intereses en la ZAL y en la ampliación del Puerto de Valencia, con anular las inversiones que tenía previstas en el área logística, y tras declaraciones públicas de la alcaldesa, María José Catalá, anunciando la tramitación de diversas licencias antes de que se conociera el fallo.

Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló nuevamente el plan de 2018 al haberse tramitado con una evaluación ambiental simplificada en lugar de ordinaria, que es la que requiere de mayores trámites y garantías.

Tanto la APV como la Generalitat Valenciana recurrieron al Supremo, lo que dio lugar a un sorprendente fallo que tiraba por tierra sus anteriores resoluciones. Así, vino a decir que a pesar de asentarse el recinto sobre un suelo no urbanizable ya no era susceptible de ser revertido porque la obra de parcelación y viales ya se había realizado. Y por ese mimo motivo, no se requería una evaluación ambiental ordinaria, sino simplificada. Además, dice el fallo que la urbanización se había ejecutado porque no se paralizaron las obras cautelarmente. Algo que no se dio básicamente porque no hubo resoluciones judiciales en ese sentido. Así, se legitimaron los hechos consumados de una actuación a todas luces ilegal porque se finalizó en 2005, cuatro años antes que el primer pronunciamiento anulatorio del Supremo.

Consideran también los jueces que, atendidas las circunstancias especiales que concurren en este caso, “es evidente que a la Administración ya no le es posible ejercer sus potestades de restauración del orden urbanístico, reponiendo el estado del suelo al previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (suelo rústico con destino agrícola), que es el que formalmente le corresponde tras la anulación del Plan Especial, pues la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia está totalmente desarrollada urbanísticamente y tiene una enorme extensión”.

Este cambio de criterio del Supremo cayó como un jarro de agua fría en las entidades vecinales y ecologistas. La asociación de la Unificadora de La Punta calificó “de sentencia política” el fallo del Supremo consideró que con esta interpretación se podrán amparar acciones ilegales en nuestros territorios pudiendo dar carta blanca a la urbanización ilegal de parques naturales o zonas protegidas como en su día era La Punta, “dando vía libre a constructoras y gobiernos que pongan por encima el interés urbanístico antes que la vida y la salud de las personas”.

La comunidad de vecinos de Puertochico que instaló una pancarta contra la apertura de un establecimiento de la cadena McDonald's en el mercado municipal de su barrio no va a descolgarla por el momento. El pasado 22 de octubre la Policía Local de Santander ordenó retirarla de la fachada del edificio del número 7 de la calle Andrés del Río porque alegaban que no tenía licencia.

Esto sucedió a las once de la mañana. Tres horas después, el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Santander ya había redactado un informe urbanístico exprés que aconsejaba retirar “el elemento publicitario” porque, según justificaban, “no es compatible con el planeamiento vigente”. A criterio de la autoridad municipal, incumple la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

El informe urbanístico hacía referencia al artículo 41 que prohíbe colocar banderas, banderolas, pancartas y lonas con objetivos publicitarios. Pero el texto de la pancarta, “GEMA, DE MERCADO DE BARRIO A PRE-AFTER, NO DA IGUAL”, ni siquiera hace referencia directa a la marca de comida rápida que se instalará ahí y que ha generado el conflicto con los vecinos.

La decisión municipal también se basaba en otro artículo que prohíbe lanzar propaganda gráfica en la vía pública y al ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a una persona como soporte material del mensaje.

Los vecinos recurrieron esta sanción, pero el Ayuntamiento ha respondido que sigue adelante con los trámites para sancionar a los responsables. La respuesta al escrito que presentaron los vecinos justifica la retirada de la pancarta aludiendo ahora a otros artículos diferentes de la ordenanza municipal e insisten en que supone un peligro. “A pesar de haber permanecido desde hace dos meses perfectamente en la fachada soportando las inclemencias temporales y de haber sido colocada por profesionales”, argumentan los vecinos.

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denuncia que el equipo de gobierno del PP “ahonda en su actitud persecutoria” porque incluye de forma “creativa” nuevos supuestos incumplimientos por la colocación de la pancarta, en un informe que creen “del todo tergiversado”.

Insisten en que la Alcaldía “debería cejar en su empeño por aplastar la voluntad vecinal de proteger su mercado municipal” que temen “sea entregado” a una multinacional en una operación de pelotazo de la que solo se beneficiaria Baika, empresa con la que se privatizó la gestión del mercado.

Para los vecinos de Puertochico, el problema no se limita a un ataque directo a su libertad de expresión. En su opinión, resulta especialmente grave la facilidad con la que “la Alcaldía detecta presuntos incumplimientos de la ordenanza de publicidad, mientras ignora de manera sistemática el flagrante incumplimiento del contrato de rehabilitación del Mercado de Puertochico”.

La Comisión señala a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y al concejal de Comercio, Álvaro Lavín (PP), que son, a juicio de la Comisión, “cómplices necesarios” de que el mercado lleve más de siete años en obras y “se encuentre a medio hacer con la destrucción de comercio local que ha supuesto y las dificultades que sufren quienes han aguantado”.

El contrato adjudicado a la empresa Baika establecía un plazo máximo de un año para la rehabilitación, “sin que hasta la fecha se haya sancionado o rescindido el contrato, ni siquiera exigido su cumplimiento efectivo”, aseveran los vecinos.

Desde la Comisión se denuncia, además, que el equipo de gobierno del PP no solo se inhibe de la protección de un servicio público esencial como es el mercado municipal, “incumpliendo su propia regulación de mercados y el fin social del mismo”, sino que ahora el mercado se está transformando en un centro del que “solo saquen tajada” constructoras y McDonald's. “Única empresa que puede hacer frente a los 300.000 euros que plantea ganar Baika de la explotación del mercado, suma imposible de afrontar para la mayoría de pequeños comerciantes”, añaden, al tiempo que señalan además la ausencia de transparencia de la adjudicación y del proceso de rehabilitación.

Apoyo internacional

En este contexto, una agencia vinculada a la UNESCO, el Business & Human Rights Resource Centre, cuya labor se centra en la protección del patrimonio y del comercio local, se ha puesto en contacto con los vecinos y ha trasladado sus alegaciones y reivindicaciones a la dirección central de McDonald’s en Estados Unidos.

La respuesta de la multinacional ha sido, según denuncian los vecinos, “evasiva y basada en un supuesto cumplimiento de la legalidad”, extremo que la Comisión niega a la vista de las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos del Ensanche, entre otros colectivos. Creen que la respuesta de la multinacional se debe al amparo con que cuentan por parte de la Alcaldía.

Las asociaciones vecinales de Huesca habían preparado para el pasado sábado una movilización inédita en la ciudad, concebida como la primera acción conjunta de los barrios desde hace años para denunciar el estado general de la ciudad y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante problemas cotidianos que, según afirman, se agravan con el paso del tiempo. Aunque la concentración quedó suspendida por el desalojo urgente de 200 vecinos en la plaza Santa Clara tras detectarse el riesgo de derrumbe de cuatro de sus edificios, una emergencia prioritaria, las razones que habían impulsado la protesta continúan plenamente vigentes y han cristalizado en un manifiesto que las asociaciones consideran un punto de partida para un ciclo largo de reivindicaciones.

La iniciativa agrupaba a las ocho asociaciones vecinales de Huesca -Perpetuo Socorro, Casco Antiguo, Santo Domingo y San Martín, San José, María Auxiliadora, Santiago, San Lorenzo y La Encarnación- y a varias plataformas ciudadanas: la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, Árboles Vivos y Ecologistas en Acción. El frente era amplio y transversal, y pretendía poner sobre la mesa un diagnóstico común: la sensación de que la ciudad se ha ido deteriorando en ámbitos urbanos, patrimoniales, ambientales y de servicios, mientras los mecanismos de participación permanecen estancados.

La convocatoria insistía en la necesidad de “un Ayuntamiento mediador, negociador y que sepa atender las necesidades de la sociedad”, una frase que resume, según los colectivos, el espíritu de la movilización. Los propios convocantes subrayaban que “la participación ciudadana se ha quedado en una mera intención; la administración local está muy lejos de la ciudadanía y la calidad de vida se deteriora ante la falta de atención de los servicios públicos”.

El malestar había crecido de forma sostenida durante los últimos meses, con episodios que han ido sumándose hasta generar un clima de desgaste evidente. El cierre prolongado de la biblioteca Ramón J. Sender en el Perpetuo Socorro, clausurada desde hace dos años por el mal estado de la cubierta y con una licitación que volvió a quedar desierta hace apenas unos días, se ha convertido en el símbolo más visible de esa inacción. Los vecinos lo expresaron con contundencia: “este es un espacio que es público, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Huesca de tenerlo activo. Que quede desierto… es ya ‘la razón de la sin razón’”.

A ello se suman controversias recientes asociadas a las actuaciones sobre el arbolado urbano, especialmente en la zona de Martínez de Velasco, donde la tala y la poda intensiva provocaron protestas vecinales. Árboles Vivos Huesca denunció que “el Ayuntamiento ha rebajado en un 87% la propuesta inicial de protección de ejemplares singulares en tan solo 12 años”. El descontento se extiende a la gestión de equipamientos y espacios públicos. En el barrio del Casco Antiguo, por ejemplo, las obras del Círculo Católico permanecen paralizadas, mientras el estado de calles como Lanuza o Sebastián Martín-Retortillo acumula quejas desde hace años.

En La Encarnación, la falta de mantenimiento y la ausencia de un proyecto claro para la zona han alimentado un sentimiento de abandono. Desde la Asociación de Vecinos del barrio de San José señalaron que “otra de las quejas vecinales pasa por el estado de nuestras calles y aceras, está deteriorado” y añadieron que “hay vecinos que nos piden que se mejore el parque, cuando llueve, cuando hace viento, se puede mejorar y también su iluminación porque vemos que es necesario acometer el alumbrado”. En varios barrios, las sedes vecinales reclaman reformas que llevan años pendientes. La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago denuncia que “el local presenta diversas deficiencias, entre ellas filtraciones… se trata de un problema que se arrastra desde hace años y del que la comunidad vecinal es plenamente consciente”.

En el plano patrimonial, el antiguo Seminario y su prolongado deterioro han sido uno de los elementos más citados por las plataformas convocantes. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio afirmó que “la inacción municipal, las trabas técnicas y la falta de voluntad política del equipo de gobierno paralizan cualquier acción conducente a la recuperación y aprovechamiento de la imponente construcción histórica”.

La decisión del Ayuntamiento de ofrecer el edificio a Paradores Nacionales como vía para desencallar la situación ha generado división: mientras algunos ven la fórmula como una oportunidad, otros la interpretan como un intento de “declinar responsabilidades” y “sacar el problema de encima”. También el proceso de venta del estadio de la SD Huesca, rebautizado ya como El Alcoraz by Amazon, ha sido incorporado a la crítica general por parte de las asociaciones, que consideran que el Ayuntamiento ha demostrado mayor capacidad negociadora en este ámbito que en los asuntos que afectan directamente a la vida diaria de los barrios.

Las tensiones se intensificaron en los días previos a la concentración, cuando el Ayuntamiento convocó a las asociaciones a una reunión previa al consejo ciudadano. Seis entidades decidieron no asistir y acusaron al gobierno municipal de improvisación y de intentar desactivar la protesta de última hora. Dos sí acudieron, aunque posteriormente varias plataformas denunciaron que ni siquiera fueron invitadas, como Árboles Vivos y Ecologistas en Acción.

En este contexto Javier Moreno, presidente de la asociación de vecinos de María Auxiliadora, afirma que “la sociedad, con estas quejas, va más por delante de la administración… hay una sociedad que, en realidad, es más comprometida, más responsable, está más sensibilizada… con temas como por ejemplo, el medio ambiente”. Otra declaración destacaba: “No se trataba solo una arbitrariedad institucional sino una verdadera falta de respeto y evidencia de anormalidad democrática, en un intento de desmovilización in extremis y de división de los colectivos ciudadanos”.

La movilización suspendida concentraba también el descontento generado por la “externalización” de la planificación municipal y el encargo de consultoras privadas para el Plan Estratégico 2026-2030 y estudios culturales, dejando de lado diagnósticos realizados por los propios colectivos. Los vecinos denunciaban que esta dinámica “amplía la distancia entre administración y ciudadanía y duplica trabajos ya realizados”.

Pero más allá de la protesta, las asociaciones han presentado una lista detallada de diecisiete actuaciones prioritarias que exigen que se incorporen al presupuesto municipal de 2026. Entre ellas destacan la reparación inmediata de la biblioteca Ramón J. Sender; el estudio y la intervención urgente en la cubierta del Seminario; la puesta en uso del edificio municipal de Vitalia en San José; la reapertura del centro de salud del Perpetuo Socorro; la reorganización de las plazas de San Félix y San Voto; la finalización del parque San Martín; la restauración ecológica del río Isuela y la Acequia Mayor; la redacción de un Plan Director del Arbolado; la recuperación del cauce natural en varios tramos verdes; la mejora de las infraestructuras básicas del parque Miguel Servet; y la reparación de sedes vecinales en barrios como Santiago o María Auxiliadora. Para los colectivos, estos puntos no son una lista de deseos, sino “mínimos imprescindibles” para que la ciudad deje atrás una etapa de parálisis.

El descontento vecinal también ha sido amplificado por la difusión de fotografías que muestran el deterioro cotidiano: bancos rotos, aceras levantadas, alumbrado dañado, jardinería descuidada, fuentes que no funcionan o carriles bici con problemas de mantenimiento. Algunas voces remarcan que “aquí no hay ningún tema político; hay mucha variedad de personas de diferentes sensibilidades y pasaría igual si estuviera el PSOE en el gobierno”.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Lorena Orduna ha respondido que muchos de los problemas señalados no se originan en el actual equipo de gobierno, sino que vienen de anteriores legislaturas. También ha defendido que la elaboración y ejecución de proyectos requiere plazos largos y que existen limitaciones administrativas que no pueden acortarse. Asegura que las reuniones con los representantes vecinales han sido frecuentes y que se ha respondido a todas sus preguntas, negando así la acusación de falta de diálogo. También ha reivindicado su labor al frente del plan de emergencias derivado del riesgo de derrumbe en Santa Clara: “Ser alcaldesa es estar con tus vecinos en todo momento. Sobre todo en las situaciones más graves”, escribió el domingo en sus redes sociales.

Pese a la suspensión de la concentración, las asociaciones insisten en que la movilización continúa viva y en que el trabajo de denuncia y propuesta no se detiene. Para los colectivos, “esta movilización es una suma de enfados de los barrios con el Ayuntamiento”, un reflejo de que el malestar es amplio, sostenido y transversal.

La intención ahora es mantener la presión, reclamar la incorporación de sus demandas al presupuesto municipal de 2026 y, cuando sea posible, retomar la convocatoria para visibilizar públicamente el malestar ciudadano. Las asociaciones consideran que la crisis abierta por el desalojo en Santa Clara no hace sino reforzar su diagnóstico: una ciudad con problemas acumulados que requieren planificación, inversión y atención continuada. Su hoja de ruta a medio plazo implica mantener la coordinación entre barrios, reforzar el trabajo conjunto con plataformas ciudadanas y seguir documentando y denunciando las situaciones de abandono.

El Ayuntamiento de Santander privatizó la gestión del Mercado de Puertochico en 2017 para convertirlo en un mercado al estilo del madrileño siguiendo el 'modelo San Antón' combinando puestos de venta de alimentos y locales de restauración con la misma filosofía de potenciar el comercio local y los productos autóctonos.

La realidad es que ocho años más tarde el proyecto hace aguas. Un tercio de la superficie lo ocupará la cadena de comida rápida McDonald's, una decisión que ha desatado las críticas de los vecinos que han iniciado una campaña de protesta. No es un caso único, también en el Mercado de México –de propiedad pública– se va a instalar un supermercado de la firma Mercadona.

El antecedente de esta decisión fue la instalación en los bajos de un edificio emblemático como es el Gran Casino del Sardinero de otra franquicia de comida rápida, Burger King, en 300 metros cuadrados obtenidos de la rehabilitación del entorno del inmueble.

12 millones de ingreso en 40 años

La zona gastronómica del veterano mercado, en los bajos del Centro Cultural Doctor Madrazo, está en manos de Baika Mercado de Puertochico Abastos Gestión –una empresa de Álava– que tiene una concesión municipal por 40 años a cambio de un canon anual de 6.800 euros. El líder del PRC en Santander, Felipe Piña, explica de forma didáctica en sus redes sociales que los nueve puestos de estilo gastrobar iban a pagar a la empresa unos 310.000 euros al año.

Es decir, según las cuentas del PRC, en los 40 años de privatización el Ayuntamiento ingresará 270.000 por los alquileres y la empresa concesionaria más de 12 millones de euros. Un beneficio al que habría que descontar los 1,4 millones invertidos en la reforma. “Lo que iban a ser nueve puestos se convierten en un McDonald's, eso es lo que chirría”, advierte Piña.

La cuestión es que se desconoce qué tipo de acuerdo firmó el Ayuntamiento con la empresa. El Grupo Municipal Regionalista asegura que ha pedido, sin éxito, que le faciliten ese documento pero todavía sigue esperando. Al parecer, por la postura de la alcaldesa Gema Igual, se deduce que el acuerdo de cesión del mercado público no restringe la instalación de franquicias ajenas al modelo de negocio que se pretendió inspirar.

La alcaldesa ha confirmado que la opción de la cadena de restauración “cabe perfectamente en la licitación” del Ayuntamiento y ha reconocido que si el establecimiento de comida rápida cumple con los requisitos para recibir las licencias de obra y de actividad, abrirá “porque no se le puede prohibir”.

Ello habría favorecido que la empresa privada haya decidido modificar el objeto inicial de la rehabilitación del mercado –sin reprobación alguna por parte del Ayuntamiento– y alquilar 400 metros cuadrados a la franquicia de hamburguesas, que pretende además abrir fuera del horario comercial del mercado municipal. Su pretensión inicial era de seis de la mañana a dos de la madrugada, cuando el mercado abre de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

Esta circunstancia resulta especialmente relevante porque la propia alcaldesa, cuando hace un año –en octubre de 2024– se inauguró la primera parte de las obras de remodelación explicó que se había llevado a cabo una transformación integral, “para dotarlo de dos zonas de usos diferentes, coordinadas y proactivas, generadoras de sinergias siguiendo la línea de mercados como los de San Miguel o San Antón, en Madrid”.

La reforma delimitó dos zonas, una de mercado tradicional al sur con puestos de alimentación y otra nueva zona de hostelería y restauración al norte de 645 metros cuadrados, de los que 400 se destinarán ahora a la hamburguesería.

Suspender la concesión

Los vecinos han constituido una Comisión en Defensa del Mercado de Puertochico porque consideran que debería mantener su esencia de comercio local “y no un McDonald's, con los problemas de convivencia asociados al horario intempestivo que tendría de apertura, de seis de la mañana a dos de la madrugada: incompatibles con el de un mercado municipal”, explica el portavoz de la plataforma, Óscar Gutiérrez.

“Se trata simplemente de voluntad política y el equipo de gobierno es responsable de la normativa que rige los mercados municipales y de los contratos de las empresas a quienes adjudica su gestión”, añade.

Los vecinos consideran que la alcaldesa “tiene capacidad de suspender cautelarmente la adjudicación de este contrato y blindar el Mercado de Puertochico de la entrada de la multinacional de comida rápida, cuya instalación ya es contraria a la ordenanza municipal”. Se basan en que el retraso en el proceso de rehabilitación “la alcaldesa pudo haber tomado acciones, como han hecho en San Sebastián, contra Baika, la empresa gestora del mercado y de su rehabilitación, aún inacabada cuatro años después”.

Una reforma que, según la Comisión, “destruyó” la mayoría de los comercios “que no soportaron los tres años que han durado las obras de rehabilitación cuando se adjudicó por un año”.

La plataforma considera que Gema Igual debe decidir “si ceder un mercado, la ocupación de una plaza pública y un parque infantil a una multinacional, o dar continuidad al Mercado Municipal de comercio local que ha habido históricamente y que se había prometido para la reapertura”. Otro de los portavoces, Miro Fernández, critica que la alcaldesa lo ridiculice como una “cuestión de gustos”, cuando “se trata del modelo de mercado municipal que queremos en Puertochico”.

Contra la apertura de la franquicia en Puertochico –que fracasa el proyecto inicial de mercado local de gastrobares vinculados al producto local– también ha elevado la voz la formación Cantabristas: “Ceder este tipo de espacios icónicos de la ciudad a multinacionales supone un agravio para la hostelería y el comercio locales”, dicen. Desde la formación política, en la línea que vienen denunciando también otros partidos de oposición con representación municipal como PSOE, PRC o Izquierda Unida. 

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha visto este martes interrumpido y finalmente suspendido antes de concluir, tras la irrupción de una protesta de la Plataforma de Pensionistas del municipio para reclamar mejoras en el transporte público hasta los hospitales de Laredo y de Valdecilla.

La sesión se encontraba ya avanzada cuando ha comenzado a oírse el ruido procedente de una cacerolada convocada por la plataforma a las puertas del salón de plenos, que impedía continuar con las intervenciones por parte de los concejales.

En ese momento, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), se ha ausentado durante varios minutos del salón del plenos para hablar con los participantes en la protesta.

A su vuelta, ha explicado que les había trasladado la “total sintonía” con su petición y que ésta había sido reivindicada tanto por la actual como por las anteriores corporaciones del municipio, si bien les ha asegurado que el Ayuntamiento “no tiene competencias” en este asunto, sino que corresponden al Gobierno de Cantabria.

Tras ello, la sesión se ha retomado por unas instantes pero ha tenido que ser interrumpido enseguida por el ruido de la protesta y por la entrada de aproximadamente medio centenar de participantes e la protesta al salón de plenos.

Herrán ha aclarado que no tenía inconveniente en que lo hicieran pero si entraban a escuchar la sesión y no a interrumpirla, advirtiéndoles de que si lo hacían la tendría que suspender.

Ante nuevas interrupciones, la alcaldesa les ha vuelto a pedir silencio para poder continuar el Pleno y les ha explicado que podrían intervenir al final de la sesión, durante el apartado de ruegos y preguntas.

Sin embargo, los manifestantes han seguido gritando lemas, como 'Transporte y sanidad' o 'Es nuestro dinero' y han increpado a los concejales de la Corporación para que hicieran algo para la mejora del transporte a los hospitales.

La alcaldesa ha advertido entonces que no iba a tolerar faltas de respeto, ni insultos a ningún concejal de la Corporación.

Lo que no ha hecho es pedir la intervención de la policía ya que, según ha dicho, “todos sabemos hacer las reclamaciones que nos interesan de manera correcta, con respeto y sin insultos”.

Sin embargo, al matenerse las interrupciones de los participantes en la protesta, Herrán ha decidido suspender el Pleno, que en ese momento debatía una moción del PSOE para la modernización y adecuación del puerto de Castro a las necesidades de los usuarios.

Esta iniciativa no ha podido debatirse ni votarse, lo mismo que otra del PRC que solicitaba el reacondicionamiento del centro cívico de Islares.

La Asociación Rayuela desarrolla en los núcleos poblacionales de San Andrés y Punta Brava, en la isla Tenerife, el proyecto Infraestructuras Sociales: Los Palacios del Pueblo, orientado a reforzar los lazos comunitarios, combatir el aislamiento y prevenir el malestar emocional en barrios afectados por la presión urbanística. Se trata de una iniciativa que cuenta con financiación del Gobierno de Canarias, a través de la Convocatoria 2025 de Subvenciones a Proyectos de Innovación Social de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, en la que obtuvo la segunda mejor valoración. También ha sido premiada por el Consejo General de Trabajo Social en su convocatoria Visibilizando Proyectos Innovadores e Inspiradores en Trabajo Social – 2025, situándose entre los tres mejor valorados de todo el país. El proyecto arranca con un estudio sobre salud mental en colaboración con la Universidad de La Laguna, que permitirá evaluar el impacto de la intervención. 

El objetivo principal de este proyecto es comprobar la eficacia de este modelo en contextos de desplazamiento poblacional derivado de la presión turística, centrándose en recuperar las llamadas “infraestructuras sociales” como plazas, centros culturales, bibliotecas, espacios que facilitan la socialización y actúan como redes de apoyo frente a la soledad y la vulnerabilidad. A través del acompañamiento y la reactivación de estos espacios, Palacios del Pueblo busca reconstruir vínculos comunitarios para compartir inquietudes, generar soluciones colectivas y mejorar el bienestar común.

“Palacios del pueblo es un concepto rescatado de la sociología, concretamente de Eric Klinenberg, y a su vez viene de un concepto anterior llamado infraestructuras sociales”, explica a este periódico la coordinadora del proyecto y miembro de la asociación Rayuela, Irene Ruano. 

“Klinenberg plantea que las infraestructuras sociales sean esos espacios en los que se dan relaciones de convivencia y confianza para generar apoyo mutuo y comunidad, y esto puede suceder en cualquier espacio en el que hay un encuentro: el parque, una cola en el mercado, la puerta de un colegio”, señala.

Para el sociólogo en el que se referencia el proyecto, el ejemplo perfecto de un palacio del pueblo sería una biblioteca: abierta a todos los públicos y donde todos los usuarios pueden participar. “Y son espacios”, continúa Ruano, “en los que no hay que pagar, en los que no hay que tener ningún tipo de participación concreta, sino que se configuran como espacios desde donde fomentar la comunidad, la cohesión social”. 

Para Ruano, es precisamente dentro de esas redes donde se generan herramientas de resistencia y de resiliencia social: “Una de las cosas que pretendíamos con Palacios del Pueblo es que la gente entienda que los espacios que ellos mismos generan son un palacio, un lugar muy potente y con mucha capacidad de cambio”.

La privatización de los espacios comunes y la presión turística

Preguntada sobre la progresiva privatización de los espacios comunitarios, Ruano considera que es “precisamente la vorágine en la que vivimos la que no nos hace ser muy conscientes de ello, porque el sistema se ha encargado de que no tengamos tiempo de pensar y de hablar y este es otro punto que está presente en el proyecto: la colectivización del malestar”. 

En este punto se parte de la base de que todos los problemas individuales, tratados a veces incluso médicamente como individuales, son problemas que tienen su origen en lo colectivo. 

“Hablamos de bienestar y malestar emocional. Y no estamos hablando de problemas de salud mental. Porque creemos que también se ha patologizado tanto todo tipo de malestar y en el propio proyecto lo decimos. El consumo de medicación para el malestar emocional, en concreto en Canarias, es muy alto. Y, evidentemente, no lo negamos, pero sí que creemos que se patologiza en el sentido de que cuando tienes un malestar, te mandan una pastilla”, afirma. 

Para las creadoras del proyecto muchos malestares emocionales que se tratan de manera individual beben de la fuente estructural y colectiva y ofrece un ejemplo: “Si tú tienes que ir a trabajar a una hora y media de tu casa, y volver a tu casa otra vez después de una jornada de trabajo a otra hora y media de coche y cuando llegas a tu casa no tienes dónde aparcar porque vives en un lugar turístico o por ese motivo no tienes posibilidad de conseguir una casa en el lugar en el que quieres vivir, genera malestar, porque puede ser que ese barrio dé sentido a tu vida, en el que sientes tu arraigo”.

Ruano habla sobre los posibles recursos de medición de malestar en las poblaciones forzadas a desplazarse de los barrios y pueblos donde tienen su arraigo a causa de la presión turística que sufren. Aún no existe un recuento determinante de ese “descontento”, a la espera de la realización de un test final entre los participantes con la colaboración con el área de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna, precisamente para que sea un instrumento medible. “En base a las conversaciones que hemos tenido, a entrevistas, realizadas, incluso, a los propios funcionarios, sí que hay bastante malestar con el hecho de no poder elegir vivir en este caso en Punta Brava o en San Andrés. Y hay cierta tristeza y añoranza por el hecho de no haber podido seguir ahí”.

Durante la realización de este proyecto, la Asociación Rayuela se ha encontrado incluso con casos de personas con hijos pequeños que aunque se hayan tenido que desplazar de estos lugares por la presión turística, regresan con asiduidad para seguir teniendo relación con el barrio. “Una idea que permanece en la cabeza de muchas de las personas que se han tenido que ir es la de volver”, apunta Ruano.

Las esperanzas

Durante la realización de este estudio también se ha preguntado a los participantes por sus esperanzas. Hay ideas que coinciden y sentimientos compartidos. “Creo que hay gente que lleva mucho tiempo luchando en diferentes cosas y que esa sensación de pesadumbre no está en el centro, sino que hay siempre una sensación de que se van a conseguir cambiar cosas. Por ejemplo, en el caso de Punta Brava, creo que no se relaciona con una esperanza muy grande, pero sí que poco a poco se van consiguiendo algunas cosas en relación a la playa y al tema de los residuos”, detalla la coordinadora.

“Y en el caso de San Andrés, eso tiene que ver mucho también con algo que ya han dado por perdida a la playa, pero sí que por lo menos con no seguir perdiendo su identidad de barrio. Desde esas señas de identidad que tienen, desde lo cultural a la propia forma de ser o simplemente a la forma de estar en el barrio, cómo se organizan, cómo se juntan”, concluye.

Lo llaman desarrollo, pero se parece bastante a un desalojo. A un desalojo sin maletas, sin anuncios, sin resistencia. Simplemente, un día te despiertas y donde antes había trigo hay un vallado. Donde pastaban las ovejas, ahora se extienden los cables. Donde el horizonte era limpio, hoy se alza un catálogo de torres, tuberías y acero.

El proyecto, según las autoridades, “aprovecha un espacio sin conflicto”. Es decir: sin ruido. Sin oposición. Sin vecinos en las noticias. Sin pancartas. Sin preguntas. Un territorio perfecto.

La subestimación de bombeo y almacenamiento, rebautizada con entusiasmo institucional, ha sido la avanzadilla. Tras ella, llega el cortejo: aerogeneradores, placas solares, centros de transformación, torres de alta tensión, centros de datos, fábricas de hidrógeno. Todo en nombre del bien común. Pero no está claro de quién es ese bien, ni a quién se ha preguntado.

Mientras se firman convenios de colaboración, la población —quien aún queda— no ha recibido más que el eco del silencio. No hay convocatorias, ni asambleas, ni informes.

Aquí no vive nadie importante, piensan algunos. Por eso lo arrasan todo. Porque donde no hay resistencia, todo es campo. O mejor dicho: todo es negocio.