Dieciocho chimeneas de la planta de Tereos en Zaragoza, antigua Campo Ebro Industrial, y un persistente olor impulsan a los vecinos del barrio zaragozano del Picarral a seguir exigiendo que la última fábrica con calificación de “industria tolerada” inicie el proceso de traslado fuera de la ciudad, como lo han hecho el resto de compañías que en su día estuvieron instaladas en el área urbana.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende denuncia episodios recurrentes de olores intensos, ruidos nocturnos y vibraciones provocadas por la actividad industrial y logística. A ello se sumó la fuga de almidón registrada entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando una espuma blanca cubrió varias calles del barrio y disparó todavía más la desconfianza hacia la planta. También han tenido que ser selladas por la empresa varias alcantarillas de la calle Obón tras el escape de vapores hace unos meses por los sumideros que, según la empresa, son vahos no tóxicos que buscan una salida. Según Ana Lasierra, presidenta de la Asociación, el alcantarillado público tiene un límite y no debería permitirse el vertido industrial de la fábrica con importante volumen de residuo.

Esta ha sido la razón por la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido que la empresa levante su propia depuradora pero la solución, lejos de recibir el visto bueno de los vecinos, ha avivado la polémica porque creen que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la instalación supone una ampliación de la actividad, que ahora se blinda por varias décadas más en la misma ubicación.

Sin embargo, la empresa niega que implique un aumento de la capacidad productiva ni de la actividad industrial, “que se mantiene dentro de los límites autorizados desde hace años”. Pero deja claro que no contempla su traslado a medio plazo, mientras que el Ayuntamiento argumenta que no puede obligarse al cierre de una actividad industrial que cumple la normativa vigente.

Modificación urbanística a costa del uso residencial

La Modificación Aislada del PGOU de Zaragoza recoge la ampliación del área industrial E-43, donde se encuentran las instalaciones de Tereos, incorporando terrenos que hasta ahora pertenecían a otra prevista originalmente para uso residencial con capacidad para 32 viviendas, zonas verdes y viales públicos ya urbanizados. Las obras de urbanización fueron cedidas y recibidas definitivamente por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2016. Además, el suelo residencial disponía de planeamiento aprobado e incluso de instrumentos de gestión urbanística ya inscritos registralmente.

Según la Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende, el Ayuntamiento ha vendido por 1.800 euros el terreno de una pequeña zona verde urbana, colindante al terreno donde se levantará la depuradora, convirtiéndolo en suelo industrial.

El equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, justifica la modificación argumentando que la nueva planta de tratamiento de efluentes forma parte de los compromisos ambientales asumidos por Tereos para mejorar su proceso productivo y reducir el impacto ambiental de la actividad industrial, ya que además la planta vertía hasta ahora a la depuradora municipal de La Cartuja.

Igualmente, la empresa sostiene que la nueva planta de tratamiento es tan solo un proyecto ambiental asociado a la mejora de su producción. “Es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y modernización, permitiendo reducir la carga sobre la depuradora municipal, disminuir emisiones, optimizar el consumo de agua y mejorar la integración ambiental en el entorno”, explica Javier Pemán, director general de Tereos Zaragoza. Unido a la digitalización de sus procesos industriales, detalla que este proyecto permitirá en una primera fase una reducción del consumo de agua cercana al 15%, gracias a la posibilidad de reutilización, así como una disminución de las emisiones de CO₂ de hasta 1.100 toneladas anuales.

60 años de actividad y problemas de tráfico

La empresa nació en 1964 bajo el nombre de Campo Ebro Industrial e inició su actividad cuando el entorno del Picarral todavía conservaba un marcado carácter industrial y la presión residencial era muy inferior a la actual. Con el crecimiento urbanístico de Zaragoza durante las últimas décadas, la fábrica ha quedado completamente encastrada en mitad del barrio, entre la avenida Salvador Allende y la trasera residencial del Picarral, convertida en una de las escasas grandes industrias que siguen integradas dentro de la trama urbana consolidada.

En el barrio residen muchos de los más de 200 trabajadores de la firma. Las viviendas de los primeros obreros de la fábrica se instalaron en calles sin asfaltar y carecían de red de saneamiento. Ahora, conviven con nuevas promociones, de forma que todas ellas rodean la fábrica.

Actualmente, la planta pertenece al grupo cooperativo francés Tereos Starch & Sweeteners Iberia, uno de los mayores productores mundiales de azúcar y derivados del almidón. Su actividad consiste en el procesado de maíz para fabricar almidones, glucosas y productos destinados a la industria alimentaria, farmacéutica, papelera y química.

Aunque no está considerada una industria especialmente contaminante ni trabaja con productos químicos peligrosos, los vecinos sostienen que sí resulta altamente molesta por los olores derivados de la fermentación del maíz, el funcionamiento continuo de la planta y el intenso tráfico de camiones pesados que atraviesa diariamente calles ya plenamente urbanizadas. Alrededor de 100 vehículos pesados circulan diariamente por esta zona del casco urbano a partir de las 06.00 horas, en cuyas proximidades hay tres residencias de mayores, un colegio, un instituto y una guardería.

Aunque las protestas van ligadas a la propia historia de la compañía, el último conflicto surge en mayo de 2025, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diseñada específicamente para permitir la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) dentro del recinto fabril, una mejora técnica que reducirá el impacto sobre la red de saneamiento de la ciudad.

La operación recibió además un fuerte respaldo institucional cuando el Ministerio de Industria adjudicó en abril de 2026 ayudas públicas por valor de casi 8 millones de euros destinadas a modernizar y hacer más sostenible la actividad de la planta. Para los residentes del Picarral, estas inversiones suponen la confirmación definitiva de que no existe ningún plan de traslado a corto o medio plazo.

Industria tolerada y ofensiva jurídica

Tereos comparte con Instalaza, La Zaragozana y Averly la singular calificación de “industria tolerada”, una figura reservada a empresas históricas que permanecieron en la ciudad mientras el crecimiento urbano acababa rodeándolas. En teoría, este tipo de actividades pueden seguir funcionando, pero bajo la premisa de que su permanencia es provisional y de que el destino final del suelo debe ser residencial o de zonas verdes.

Tereos será la única de las cuatro que seguirá en su ubicación actual después de que Instalaza haya iniciado ya el proceso para abandonar su histórica ubicación urbana y trasladarse fuera de la ciudad.

Para la asociación vecinal “ha sido el colmo” y lo que ha provocado la reacción del barrio ya resignado a convivir con ella, “es que se les permita ampliar el suelo industrial en el casco urbano”- Los vecinos consideran que la autorización de la depuradora rompe completamente la lógica de provisionalidad asociada a las industrias toleradas y convierte de facto a la fábrica en una instalación permanente dentro del barrio que puede perpetuarse otros 30 o 40 años y dificulta el traslado de la misma a suelo industrial municipal, “que es lo que se tenía que haber empezado a trabajar y negociar hace muchos años, asegurando los puestos de trabajo, como se ha hecho con Instalaza”, compara la representante vecinal. Por ello, presentaron alegaciones acompañadas de 1.500 firmas que el Ayuntamiento desestimó y aprobó definitivamente la modificación urbanística.

La Asociación de Vecinos del Picarral-Salvador Allende sostiene que se trata de una ampliación de la actividad, pese a los argumentos del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, porque en el propio proyecto de la depuradora presentado por la empresa deja muy claro que esta planta depuradora generará biogás que utilizaran en su proceso de producción y por tanto, sí se realiza actividad en la nueva instalación“. A su juicio, la ampliación del suelo industrial para esta actividad ”es algo insostenible en cualquier ciudad, a quince minutos de la Plaza del Pilar“. Y pretenden llegar hasta el final si tiene que resolverlo un juzgado ”como ya lo ha hecho con la Torre Outlet de Pikolin, que por cuatro veces ha sentenciado que el Ayuntamiento no puede hacer lo que quiera“, explica la presidenta, Ana Lasierra

Una vez hecha la recalificación por el Ayuntamiento, los vecinos esperan conocer la solicitud de la licencia de obras para valorar el tipo de instalación que se construirá y estudiar judicialmente si es legítimo colocar esta planta de tratamientos de vertidos industriales en el casco urbano y tan próximo a las viviendas. “Tras asesorarnos jurídicamente de normas estatales y europeas, haremos todo lo posible tras estudiar la licencia, para paralizar semejante aberración con la que en el Picarral no estamos dispuestos a convivir, y seguiremos luchando para que la fábrica salga del barrio y no sigamos soportando ruido, olores, contaminación y el paso de cientos de camiones por nuestras calles”, explica Lasierra.

Además, solicitarán que el ayuntamiento cree una mesa de trabajo con técnicos, empresa, partidos políticos y vecinos para comenzar a elaborar un plan que facilite a la empresa Tereos instalarse en suelo industrial municipal, “que es dónde debería de estar”.

Así, más de seis décadas después de su llegada al Picarral, la antigua Campo Ebro sigue simbolizando uno de los mayores dilemas urbanísticos de Zaragoza: la convivencia entre la industria histórica y una ciudad que ha terminado creciendo a su alrededor.

Si tenías veinte años el quince de mayo de 2011 ya habrás cumplido los treinta y cinco. Si tenías treinta y cinco, estás en la cincuentena. Este viernes se cumplen 15 años del comienzo del 15M, un movimiento ciudadano nacido de una manifestación que nadie esperaba, convocada por la plataforma Democracia Real Ya y otros colectivos en 58 ciudades españolas. Todo se precipitó la madrugada del 16 de mayo. Esa noche, la Policía desalojó a las personas que acampaban en la Puerta del Sol y 19 de ellas acabaron detenidas. Lo que sigue es historia y está muy contada. La acampada de Sol (también el resto de campamentos en numerosas ciudades y pueblos), la extensión a los barrios y el impulso de movimientos y mareas (la de la vivienda, la de la educación o la sanitaria) durante un ciclo de movilización que duró varios años.

Queda lejos ya pero sobreviven, como veremos, unos cuantos colectivos y prácticas de movilización que son herederas directas de lo que acaeció en 2011. Conmemorar significa “traer a la memoria juntos” y esa cualidad plural parece perfecta para la celebración que se está llevando a cabo estos días.Los actos del 15 aniversario se han elaborado desde Espacio Común 15M, una suerte de plataforma asamblearia –como todo en el universo quincemayista– que vela por el legado y la continuidad del movimiento, especialmente cuando asoma el mes de mayo.

“Se creó en el cuarto aniversario del 15M. Empezaban a quedar ya menos asambleas y nos preguntamos qué iba a pasar con las redes del movimiento que seguían funcionando, que eran muchas”, explica Deme, participante de Espacio Común 15M. Se produjeron muchas reuniones a lo largo del año -en Sol o en El Retiro- para conformarlo. “Es como un grupo de trabajo, un espacio muy flexible que ha servido como hilo conductor para la gente que quería organizar cosas en los distintos aniversarios. En todos se ha hecho algo, incluso durante la pandemia, cuando organizamos muchas charlas online”. Espacio Común 15M tiene un programa de radio que se emite los jueves en Ágora Sol Radio y un blog en el que se pueden conocer todas las convocatorias asociadas al aniversario.

Este año el acto central es la asamblea, que tendrá lugar el día 15 a las 18.30 h. en la Puerta del Sol. Estarán presentes figuras asociadas con el 15M como el politólogo Carlo Taibo, que ya estuvo hablando en la plaza en 2011, o Angustias, “la abuela del 15M”. Por el camino, se habrán organizado una exposición en el CSO La Enredadera con centenares de imágenes del fotógrafo Juan Plaza, un puesto en la Feria del Libro de Vallekas, otra exposición en el Teatro de Barrio, o la proyección de documentales sobre el 15M, entre otras cosas. Y algunos otros actos que se pueden consultar al final de este artículo.

La asamblea como primer centro de las movilizaciones

Las relaciones asamblearias volvieron a fraguarse durante el 15M. En un momento de máximo descontento social y pérdida de fe en la democracia representativa –también en el bipartidismo–, las lógicas organizativas que legitimaron la toma de decisiones durante las acampadas de mayo terminaron perpetuándose. Hoy, han sido asumidas por muchas de las asociaciones y colectivos que surgieron entonces como un ritual político en tiempos de crisis. 

La Asamblea Popular de Carabanchel fue una de esas ramificaciones que nacieron en el 15M y continuaron formando parte del tejido social madrileño. Es una de las estructuras vecinales más longevas desde entonces. Daniel, uno de sus integrantes, recuerda aquellos primeros días como un movimiento “impredecible y espontáneo” que encontró en los barrios su verdadera consolidación. “Cuando salió del centro de Madrid y llegó a los barrios, la gente empezó a definir cómo quería organizarse”, explica. 

La asamblea mantiene grupos de trabajo centrados en servicios públicos, comunicación y autodefensa laboral; además de reuniones periódicas y campañas concretas. No es sencillo, reconoce Daniel: con el tiempo, a veces disminuyen los recursos, la disponibilidad de sus miembros o las prioridades que atender. “La actualidad también nos atropella y, a veces, obliga a centrarse en las necesidades inmediatas del barrio y dejar a un lado otros proyectos que te gustaría hacer, pero para los que no siempre hay margen”, indica. 

Sus principales frentes han sido los servicios públicos, la comunicación o cuestiones de autodefensa laboral, en un mercado precario que ya caldeó el ambiente durante el 15M. La vivienda, que es hoy según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) el principal problema de los españoles, se trabajaba desde una comisión interna de la que luego derivó el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. 

Esta organización pasó a actuar como una estructura independiente centrada en el auge de precios y el boom inmobiliario del distrito, que también se acentuaba en otros puntos de la capital. Ambas entidades continuaron colaborando y compartiendo espacios en el EKO, uno de los centros sociales okupados más conocidos de la zona, que organiza movilizaciones y acciones comunes entre colectivos.

La transformación urbana de Carabanchel y la subida de precios han cambiado profundamente el distrito desde 2011. Daniel señala que la llegada de inversiones, galerías y nuevos usos del suelo han acelerado procesos de encarecimiento y desplazamiento vecinal que afectan a toda la ciudad. En paralelo, la asamblea ha impulsado campañas contra la explotación laboral —especialmente de trabajadores migrantes en situación irregular— y movilizaciones por la sanidad pública en barrios como Abrantes. “Identificas un problema y actúas”, resume.

Aunque reconoce que el clima político y social es hoy muy distinto al de 2011, Daniel rechaza la idea de que haya desaparecido la movilización social. Menciona las protestas docentes, las plataformas sanitarias, los sindicatos de inquilinas o las redes de autodefensa laboral nacidas en muchos casos del ecosistema asambleario del 15M. “No es todo tan multitudinario ni tan ruidoso como entonces, pero siguen pasando cosas”, afirma. 

Para él, la continuidad de colectivos como los sindicatos de vivienda demuestra que parte de aquella energía se institucionalizó, dando lugar a estructuras de barrio capaces de sostener conflictos concretos en el tiempo. Pese al desgaste acumulado tras quince años de actividad, la Asamblea Popular de Carabanchel reivindica haber resistido gracias a su “carácter intergeneracional” y a la persistencia de muchos de los problemas que atraviesan. 

Comunicar la ¿revolución? Madrid en Acción y Ágora Sol Radio

La rama comunicativa del 15M es, probablemente, una de las que ha demostrado más viveza a lo largo de los últimos lustros. Y lo que queda. Cada dos meses (a veces cada uno) sale a la calle Madrid en Acción, un periódico de papel que es heredero directo del Madrid 15M, que nació como cabecera de las asambleas del movimiento. Hablamos con Carlos, que lleva en el equipo de la publicación desde el principio y ha maquetado miles de páginas sobre política popular.

El Madrid 15M comenzó como una propuesta de la Asamblea Popular de Villaverde. “La idea surgió en diciembre de 2011 y en febrero sacamos el primer número”, explica Carlos. El periódico, alimentado por las diferentes asambleas del 15M, tenía un peculiar modelo económico que está en la base de su éxito. Cada una de las asambleas compraba lotes de periódicos, iba a recogerlos a un punto central –el EKO de Carabanchel– y luego los distribuía. Así sacaron 78 números de forma ininterrumpida y, en realidad, es exactamente lo que siguen haciendo, aunque años después cambiaran el nombre a Madrid en Acción porque daban servicio a los colectivos sociales madrileños en lugar de a las extintas asambleas de barrio.

En los mejores momentos llegaron a tirar 40.000 ejemplares, durante mucho tiempo salían 10.000 y aún hoy, tras haber superado diversas crisis del papel, imprimen unos 6.000 periódicos.“El archivo se perdió con los servidores donde estaba almacenado todo lo del 15M pero tenemos los PDF y pronto los pondremos en la página de Madrid en Acción. Estás de bajón, te pones a mirarlos y de repente te vienes arriba”, dice Carlos.

Otra de las patas comunicativas del movimiento fue Ágora Sol Radio, que sigue emitiendo y goza de buena salud, ahora en el estudio que tienen en el Centro Social Seco. La idea inicial, surgida en el seno de la Comisión de Comunicación de Sol, era emitir un boletín pero las idea bullían y pronto se convirtió en una emisora con diferentes programas en su parrilla.

Juan Carlos fue una de las miles de personas que acudieron a la manifestación que dio lugar a la acampada. En aquella época les acompañaba su hija, que era un bebé y se hartaría de ir a manis en los siguientes años. “Empezaba a hablar y comenzó a corear aquello de que no, que no, que no nos representan, pero en vez de representan decía que no nos representen. Creo que fue clarividente”, cuenta divertido Juancar. Pronto se involucraría con sus colegas Juanfer y Jarri (con los que ya había velado armas en Radio Vallekas) en la aventura de las ondas quincemayeras. Durante el camino, se les unieron otros aliados (Paco, María, Rober o David) y hoy en día siguen emitiendo el programa Barrio Canino dentro de Ágora Sol Radio.

El primer estudio de la acampada se formó con materiales donados o prestados y aún quedan reliquias en el estudio actual. “A algunos de los que llevamos más tiempo nos conectan emocionalmente con la historia de la radio”, explica Juancar. Ha habido seis estudios de Ágora Sol Radio: en la propia acampada, en un local cedido en la calle de la Montera, en otro de Antón Martín, en el Centro Social Seco de la calle Aguerri y Arruej y dos en el Centro Cultural Las Californias (el actual Seco), en un espacio municipal cedido a colectivos del barrio. “Hay dos micros (los que más se utilizan, son el 1 y el 5 para nosotros). Otro guardado en el armario que tiene una etiqueta pegada con un teléfono. Lo que se necesitaba se pedía por twitter y empezaba a llegar el material. Seguramente este micro era prestado pero su dueño nunca volvió a por él”. Juancar sigue enumerando objetos: se acuerda de unos cables o de un cuaderno, custodiado en un cajón, en el que están apuntados los materiales cedidos y los datos de sus dueños originales.

Otra de las personas habituales frente a sus micros es Amparo. Es pensionista y, a sus 84 años, esta vecina de Carabanchel pertenece a otro de los colectivos más reconocibles de aquella época: los Yayoflautas. Son grupos activistas de jubilados que defienden los servicios públicos o mejoras en derechos sociales. Amparo llegó hasta ellos por pura curiosidad. “Me acababa de jubilar y descubrí quienes eran y lo que hacían. Me interesó muchísimo, porque siempre he intentado estar al tanto de lo que ocurre, y quedé con ellos en una cafetería. Allí llegaron varios con los chalecos amarillos [característicos ya entonces de este colectivo] y, en pocas horas, me enamoré de todo. Salí de ahí siendo ya una yayoflauta”, rememora con alegría años después, siendo ya una de sus voces más activas y públicas. 

Cuando estalló el 15M, Amparo atravesaba una situación personal delicada y no pudo vincularse demasiado al movimiento. Pero cada día lo seguía desde la televisión o la prensa. “Me recordó al Mayo del 68: una revolución espontánea, sin partidos”. El colectivo al que ella se adhirió surgió poco después, inspirado por aquel clima de indignación. Con una anécdota sobre el nombre por el que se hicieron conocidos y que aún conservan. “Esperanza Aguirre llamó una vez perroflautas a la gente que protestaba por sus derechos. Y dijimos: pues entonces, ¡somos yayoflautas!”. 

En este tiempo han seguido asistiendo a manifestaciones, concentraciones reivindicativas o asambleas, y colaborado puntualmente con otras entidades. También con representantes de distintos grupos políticos, aunque siempre con una máxima: “somos apartidistas, pero no apolíticos”. Los yayoflautas han acompañado protestas contra los recortes, por la vivienda o contra la guerra, siempre desde una militancia atravesada por la edad y por una conciencia generacional muy concreta: la de quienes sienten que “muchos de los derechos conquistados se están perdiendo”, explica. “Nos preocupa el futuro de nuestros hijos y nietos”, revela Amparo, que pasa a hablar de cuestiones latentes como “el alquiler imposible, las residencias deterioradas y una sanidad pública cada vez más castigada”.

El paso de los años también les ha supuesto algunas despedidas. “Ya no somos tantos, porque han muerto muchos compañeros”, añade Amparo en un hilo de voz. Y el cuerpo ya no responde igual. “Antes hacíamos las manifestaciones enteras; ahora, a veces nos quedamos a medio camino porque nos duelen las rodillas”. Hace año y medio dejaron incluso de reunirse cada lunes en Sol, una plaza que ahora sienten irreconocible. “Han hecho la política del cemento”, lamenta Amparo, que mira alrededor y apenas encuentra rastros del espíritu comunitario de 2011. Aun así, siguen saliendo a la calle siempre que pueden y hace unas semanas estrenaron una nueva pancarta: una flor con pétalos republicanos para recordar, dice, que “ya no somos ancianitos y que seguimos siendo rebeldes”.

Casas okupas y locales vecinales: del EKO o El Sol de la Conce

La plaza es el espacio por excelencia del 15M. El movimiento nació y se desarrolló con sus protagonistas sentados en el suelo de la calle, pero pronto se extendió a otros espacios de sociabilidad. “Los centros sociales okupados dejaron de ser espacios marginales y se llenaron de vecinos, ¡Entraron las abuelas!”, explica Deme de Espacio Común 15M. Ciertamente, las casas okupas fueron los cuarteles de invierno del 15M cuando las plazas se enfriaron.

 Ya en tiempos de la acampada había tenido importancia el saber acumulado de centros sociales céntricos como el Patio Maravillas (“Cerrado por revolución, disculpen las molestias”, se leía en su puerta) o el CSO Casablanca. Ambos fueron cruciales en el establecimiento de estructuras físicas o digitales, entre otras cosas. Algunos de los centros sociales okupados se llenaron de personas ajenas al movimiento de okupación, como el citado Patio Maravillas o el CSA La Enredadera, donde se trasladó la actividad de la Asamblea Popular de Tetuán durante el invierno.

Durante el 15M se llevaron a cabo también okupaciones, como la accidentada y efímera experiencia del Hotel Madrid, en el centro de la ciudad. Pero también otras más ligadas al 15M en los barrios como la de La Morada en el distrito de Chamberí o EKO Carabanchel. El gran centro social de Madrid -ahora amenazado de desalojo- nació en 2011 cuando un centenar de personas del entorno de la Asamblea Popular de Carabanchel decidió entrar al gran edificio de la calle Ánade para darle vida.

El 15M se extendió también por huertos urbanos o locales alquilados, más cercanos al asociacionismo vecinal, donde muchas de las comisiones emanadas de las asambleas encontraron refugio. Una de las entidades vecinales que nacieron del impulso y el tejido del 15M es El Sol de la Conce. Como en otros lugares, en el Barrio de la Concepción también se creó una asamblea de barrio. “Se generó con éxito y duró mucho, incluso en 2013 encontramos reuniones periódicas junto al metro. Más que otras, que languidecían. Es difícil determinar cuándo se extinguió porque ya la asamblea no se reunía semanalmente, era los sábados y luego pasó al viernes por la tarde (que tuvo más éxito)…”, cuenta Roberto, que es participante del espacio vecinal.

Siguieron organizando actividades en locales cedidos por entidades del barrio y, de forma natural, vieron que fundar una asociación les vendría bien. “Con estatutos nuevos y capital pequeño de aquellos que manteníamos regularidad de reuniones. En febrero de 2015 alquilamos el local que hasta día de hoy es nuestra sede social”, explica. Añadieron al nombre el referente geográfico de Sol y el apelativo popular del barrio, La Conce. Y continuaron el camino.

Las asambleas son abiertas y la cuota de socio es de 5 euros mensuales. “Somos en torno a 400 socios ahora, pero por el local pasan unas mil personas al mes. Tenemos muchas actividades diarias, algunas dentro de local y otras externas. Hay personas que participan en dos o tres, otras que siendo socias no vienen habitualmente”, explica Roberto.

Siguen la máxima de pensar en global y actuar en local. Se ocupan de los problemas del barrio y dan mucha importancia a la cultura. Son, como el mismo movimiento, políticos pero apartidistas. “Hay personas que nos vinculan a la izquierda, Podemos y después Más Madrid y Más País. Participan militantes de otros partidos, como PSOE, IU, también Anticapi. Siempre con abierta tolerancia y no adscritos a ningún partido”. 

Prácticas y saberes de la movilizacion: de Legal Sol al Archivo 15M

Antes del 15-M, la España democrática ya había vivido otras movilizaciones masivas. Con el intento de golpe de Estado en 1981, un millón y medio de personas se lanzaron a las calles de Madrid en defensa de la democracia. En 2003 volvió a haber una amplia respuesta social durante las manifestaciones del No a la guerra contra el gobierno de José María Aznar y su incursión en Irak. Pero, hasta mayo de 2015, pocas concentraciones ciudadanas se habían prolongado tanto en el tiempo, llegando a ramificarse en plataformas que aún resisten.

Las acampadas duraron casi un mes. Aunque, para lograrlo, hubo que formar a contrarreloj a una población poco acostumbrada a la burocracia de una protesta sostenida. Con 23 años y mientras aún cursaba sus estudios, Sol recorría los campamentos improvisados explicando a desconocidos cuáles eran sus derechos ante una identificación policial, cómo solicitar oficialmente una manifestación o qué hacer en caso de detención. “Había muchísimo desconocimiento”, recuerda ahora, a los 34 años.

Sol aún forma parte de la Comisión Legal Sol, una de las agrupaciones que surgieron en aquellos días para asesorar a los manifestantes junto a la Real Casa de Correos. No solo los ayudaban a título individual, también informaban a las distintas comisiones del movimiento o hacían de enlace con la Policía durante la acampada. Lo que nació como una red improvisada hace 15 años se ha convertido ahora en un espacio consolidado de apoyo legal a activistas o colectivos sociales. 

Entre sus miembros quedan pocas abogadas colegiadas, pero la mayoría tiene conocimientos legales básicos sobre cómo coordinar protestas e incluso asesorar en procedimientos judiciales. Sol recuerda cómo en el 15M vivió en sus carnes una “represión policial desmedida” frente a “movilizaciones pacíficas y ordenadas”, pero cree que ahora se han desplegado nuevas formas de presión: las sanciones económicas. 

“Con la ley Mordaza impulsamos iniciativas nuevas como Buroresistiendo, un portal para recurrir sanciones u ofrecer asesoramiento en caso de denuncia”, detalla. La comisión sigue activa y su trabajo actualmente se centra en ayudar a colectivos madrileños, organizando formaciones o participando en sus procesos penales y administrativos. En los últimos años, además, se han ido adhiriendo a causas vinculadas a nuevos movimientos que van tomando fuerza, como el ecologista.

Este artículo pretende ser, además de una fe de vida del movimiento, un ancla a la memoria del 15M. Pero es esta una preocupación que surgió en el interior de las asambleas desde el principio. La pequeña ciudad de la Puerta del Sol tuvo su propia biblioteca. Pronto, se creó también un archivo. Y ambos siguen existiendo.

Hablamos con Ana, que sigue participando del grupo que mantiene Archivo 15M, que actualmente está ubicado en dependencias del Centro Social Tres Peces Tres, en Lavapiés. Nos cuenta que el archivo y la biblioteca estaban ubicados en el Centro Social Okupado Casablanca, en el mismo barrio, cuando salieron de Sol. Después del desalojo de Casablanca, los libros y el material de archivo fueron llevados a otro espacio okupado. “Raíces, en Malasaña, que estaba vacío y era propiedad de un fondo. La policía secreta siguió a los compañeros que estaban trasladando los libros, los acusaron de usurpación y estuvieron años encausados”, explica Ana. Posteriormente, el archivo estuvo en el Centro Social Okupado EKO y actualmente en Tres Peces Tres.

En el archivo hay, por ejemplo, carteles originales, que han salido a exposiciones en el Reina Sofía –donde alguno se restauró–, a La Casa Encendida o fuera de España. Alguno de ellos se ha llevado este aniversario al Teatro de Barrio para una expsición. Custodian otros materiales, alguno tan especial como la urna donde se metían las propuestas de la gente en Sol.

En tiempos del 15M se montó también Audiovisol, que gestionaba la cantidad ingente de imágenes que se grabaron en la acampada. “Cuando se disolvió el colectivo, del que también participaba, los discos duros acabaron en mi casa porque yo vivía enfrente de La Tabacalera, donde nos reunimos”, explica Ana. Hoy en día, después de haberse trasladado la información a soportes actuales con la ayuda de Medialab, las grabaciones están junto con el archivo en Tres Peces Tres. “Por mi casa han pasado muchas personas que estaban haciendo tesis o documentales, están mejor allí”, explica la bibliotecaria del 15M.

El 15M sigue aquí: qué vino para quedarse y cuándo puede repetirse

Quince años después de la explosión de las plazas, el recuerdo del movimiento está muy teñido por la impronta de los partidos políticos que nacieron de su sustrato años después, pero su legado está muy presente entre los movimientos sociales y mantiene su primigenio carácter apartidista. Así sucede con el movimiento de la vivienda, que ha transitado de las camisetas verdes de la PAH –que sigue trabajando por el derecho a la vivienda– a la eclosión de los sindicatos de vivienda y sindicatos de barrio, algunos de los cuales, como el de Hortaleza, hunden sus raíces directamente en el 15M.

Si hay palabras o sensaciones que se repiten entre distintos testimonios, esas han sido las asambleas, la política apartidista o el apoyo mutuo, practicado entre grupos distintos pero en sintonía. A la pregunta de qué es lo que queda hoy de todo lo que trajo o prometió el 15M, muchas de sus respuestas también pasan por estos mismos conceptos. Seguramente, faltan muchas voces en el coro polifónico que hila este intento de agrupar a los habitantes desperdigados de Sol. Algunas tan armoniosas como las de la Solfónica, otras tan sistemáticas como las de la 15Mpedia. Pero no son pocas las que presentamos y nos hablan de las pervivencias del movimiento..

Para los miembros de la Comisión Legal Sol, por ejemplo, el gran legado del 15M fue haber generado una “cultura de movilización y de apoyo mutuo entre personas que nunca antes habíamos militado”, exponen a Somos Madrid con una certeza: “El asamblearismo y esa forma de organizarnos nos ha impregnado a muchas, y la prueba es que aquí seguimos”. 

Algo similar, y también su razón de ser, es lo que exponen desde la Asamblea Popular de Carabanchel. “Puede que en la acampada de Sol hubiera mucha concienciación y rabia que ahora se ha desinflado, pero si decimos que ya no queda movilización social estamos jugando a la profecía autocumplida: sí, en 2011 todo era más ruidoso y multitudinario, pero también ahora hay manifestaciones desde muchos frentes que se sostienen en el tiempo y traen nuevas reivindicaciones. No hay más que mirar a las educadoras infantiles de Madrid”.

Ana, del Archivo 15 tiene claro que se consiguieron cosas pero le quita importancia: prefiere seguir mirando hacia delante. “Tengo ya 59 años y he participado en multitud de movimientos sociales, ¿quién se acuerda ya de muchos de ellos? También se consiguieron reivindicaciones en ellos pero no importa quién lo hizo, hay que ir a por lo siguiente. Te pongo un ejemplo del 15M. Antes estaba prohibido grabar a los concejales en los plenos de tu municipio, a pesar de ser tus representantes. En el pueblo de mi marido, donde había una pequeña asamblea del 15M, alguien entró a grabar y le llamaron perroflauta. Hubo un movimiento generalizado para conseguir que se pudiera hacer –con un hashtag famoso, #grabatupleno– y hoy día está permitido”, dice Ana, que es docente y siempre se lo explica de esta forma a sus alumnos.

Cuando le preguntamos a Juancar de Barrio Canino sobre lo que queda del 15M se refiere a las prácticas. “Radio hace mucha gente, pero nosotros hacemos una radio asociativa y asamblearia. No son prácticas que nacieran en el 15M pero sí se establecieron como un estándar de funcionamiento para nosotros. Toda la radio la rige una asamblea y todo sale de una comisión de trabajo. Y nos ha funcionado muy bien. Rompe con la lógica habitual de asociaciones culturales, con sus juntas directivas, comisiones de trabajadores y proyectos públicos”. El colectivo Ágora Sol Radio siempre ha sido numeroso (entre las veinte y cuarenta personas) y, destaca Juancar, bienavenido gracias a las prácticas horizontales.

“Otra cosa que permanece en el colectivo desde tiempos del 15M es la diversidad. A una radio se acerca gente muy diferente. Personas con una visión más musical o contracultural (están los heavys, los poperos, el que dibuja o el rastafari de Tetuán). También los que somos más anarquistas o de entornos activistas, el que ha estado empadronado en todas las okupas de Madrid, la persona con más de ochenta años, gente del activismo queer…y todos convergemos haciendo cosas comunes”, recalca con tono firme, de orgullo.

Juancar se pone muy serio para subrayar la potencia de la radio libre y horizontal como laboratorio de prácticas ciudadanas. En una radio hay que aprender técnica y desenvolverse con ella, por lo que establecieron un sistema de madrinajes para enseñarse entre sí, que consideran muy propio del 15M. “Vimos que era importante la gestión del conocimiento dentro del colectivo, que fluyera horizontalmente para que no se produjeran relaciones de poder basadas en el conocimiento y nadie se convirtiera en imprescindible”, explica.

Deme, de Espacio Común 15M, habla de algunos de los impactos que el 15M tuvo y cuyos rescoldos aún se mantienen. “Está aún en la horizontalidad, en el vocabulario feminista, en algunas prácticas dentro de partidos políticos o sindicatos (algunos se han replanteado la participación y la transparencia, otros no). Subraya el impulso que el movimiento dio ”a las distintas mareas, a la PAH, a la participación en los barrios (que contagió incluso al 8M con su organización barrial), a los cientos de huertos urbanos que se abrieron…“. Y se refiere también a la actividad legal iniciada por Legal Sol, continuada por No somos delito (contra la Ley Mordaza) o a las batallas legales planteadas por el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M, que sigue operativo en la esfera del derecho. 

La preocupación por mantener una cohesión social, destacan otras voces, también parece haber venido para quedarse. “Nosotros reproducimos hoy lo que pasaba entonces, pero a menor escala: vecinos que se mueven juntos y sostienen con los esfuerzos disponibles una cosa que es de todos”, añaden desde El Sol de la Conce. “Yo me siento muy orgullosa de seguir peleando aunque ya no tengamos tanto foco. A veces flaquean las fuerzas y ya no podemos ir todas las semanas a Sol, pero no significa que no sigamos aquí”, concluye Amparo, de Yayoflautas Madrid. El viernes, hay asamblea en la Puerta del Sol.

El cas de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València és l’exemple més paradigmàtic de l’abús dels poders polítics i econòmics davant els drets dels ciutadans, a més d’un model clar de legitimació de la política dels fets consumats.

Només així s’entén el canvi de criteri del Tribunal Suprem amb la legalització de l’esmentat recinte logístic la construcció del qual va suposar l’expulsió de quasi un centenar de veïns d’unes terres d’horta productiva que van quedar arrasades.

L'alt tribunal va rebutjar esta setmana l'últim recurs que quedava per resoldre de l'associació ambientalista Per l'Horta posant fi a més de dos dècades de litigis entre l'Autoritat Portuària de València (APV) i l'esmentada entitat al costat de l'associació de veïns la Unificadora de La Punta i l'associació Per l'Horta.

El conflicte social i jurídic de la ZAL es remunta al conveni de cooperació subscrit entre el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València l’octubre del 1997 per a promoure el desenvolupament de la ZAL del port de València. Aquest desenvolupament es va plantejar sobre sòl que figurava en el pla general com a “sòl no urbanitzable d’especial protecció agrícola”. És per això que aquest pla especial va ser recorregut per les entitats esmentades.

D’aquest acord van nàixer successives versions del pla especial que ja van ser anul·lades pel Tribunal Suprem dues vegades, el 2009 i el 2015. La tercera versió d’aquest pla, aprovada per Resolució de 17 de desembre de 2018 de la Generalitat valenciana, és a què finalment el Suprem i va donar el vistiplau en una sentència de març del 2024 que va ser un punt d’inflexió pel canvi de criteri adoptat.

Un canvi de criteri que es va produir després d’amenaçar la multinacional MSC, amb interessos en la ZAL i en l’ampliació del port de València, d’anul·lar les inversions que tenia previstes en l’àrea logística, i després de declaracions públiques de l’alcaldessa, María José Catalá, anunciant la tramitació de diverses llicències abans que es coneguera la sentència.

Prèviament, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va anul·lar novament el pla de 2018 en haver-se tramitat amb una avaluació ambiental simplificada en lloc d'ordinària, que és la que requerix de majors tràmits i garanties.

Tant l'APV com la Generalitat Valenciana van recórrer al Suprem, la qual cosa va donar lloc a una sorprenent fallada que tirava per terra les seues anteriors resolucions. Així, va vindre a dir que malgrat assentar-se el recinte sobre un sòl no urbanitzable ja no era susceptible de ser revertit perquè l'obra de parcel·lació i vials ja s'havia realitzat. I per eixa manyaga motiu, no es requeria una avaluació ambiental ordinària, sinó simplificada. A més, diu la fallada que la urbanització s'havia executat perquè no es van paralitzar les obres cautelarment. Alguna cosa que no es va donar bàsicament perquè no va haver-hi resolucions judicials en eixe sentit. Així, es van legitimar els fets consumats d'una actuació sens dubte il·legal perquè es va finalitzar en 2005, quatre anys abans que el primer pronunciament del Suprem.

Consideren també els jutges que, ateses les circumstàncies especials que concorren en aquest cas, “és evident que a l’Administració ja no li és possible exercir les seues potestats de restauració de l’ordre urbanístic, reposant l’estat del sòl al previst en el pla general d’ordenació urbana de València (sòl rústic amb destinació agrícola), que és el que formalment li correspon després de l’anul·lació del pla especial, perquè la Zona d’Activitats Logístiques del port de València està totalment desenvolupada urbanísticament i té una enorme extensió”.

Aquest canvi de criteri del Suprem va caure com un poal d’aigua en les entitats veïnals i ecologistes. L’associació de la Unificadora de la Punta va qualificar “de sentència política” la part dispositiva del Suprem i va considerar que amb aquesta interpretació es podran emparar accions il·legals en els nostres territoris que podran donar carta blanca a la urbanització il·legal de parcs naturals o zones protegides com en el seu moment era la Punta, “donant via lliure a constructores i governs que posen per damunt l’interés urbanístic abans que la vida i la salut de les persones”.

El caso de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia es el ejemplo más paradigmático del abuso de los poderes políticos y económicos frente a los derechos de los ciudadanos, además de un claro modelo de legitimación de la política de los hechos consumados.

Solo así se entiende el cambio de criterio del Tribunal Supremo con la legalización del mencionado recinto logístico cuya construcción supuso la expulsión de casi un centenar de vecinos de unas tierras de huerta productiva que quedaron arrasadas.

El alto tribunal rechazó esta semana el último recurso que quedaba por resolver de la asociación ambientalista Per l'Horta poniendo fin a más de dos décadas de litigios entre la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la mencionada entidad junto a la asociación de vecinos la Unificadora de La Punta.

El conflicto social y jurídico de la ZAL se remonta al Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia en octubre de 1.997 para promover el desarrollo de la ZAL del Puerto de Valencia. Dicho desarrollo se planteó sobre suelo que figuraba en el Plan General como “no urbanizable de especial protección agrícola”. Es por esto que dicho Plan Especial fue recurrido por las mencionadas entidades.

De este plan urbanístico nacieron sucesivas versiones que ya fueron anuladas por la Justicia con sendos pronunciamientos del Tribunal Supremo en dos ocasiones, en 2009 y 2015. La tercera versión de ese Plan, aprobada en diciembre de 2018 por la Generalitat valenciana, es la que finalmente ha validado el Supremo en un fallo de marzo de 2024 que fue un punto de inflexión por el cambio de criterio adoptado.

Un cambio de criterio que se produjo tras amenazar la multinacional MSC, con intereses en la ZAL y en la ampliación del Puerto de Valencia, con anular las inversiones que tenía previstas en el área logística, y tras declaraciones públicas de la alcaldesa, María José Catalá, anunciando la tramitación de diversas licencias antes de que se conociera el fallo.

Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló nuevamente el plan de 2018 al haberse tramitado con una evaluación ambiental simplificada en lugar de ordinaria, que es la que requiere de mayores trámites y garantías.

Tanto la APV como la Generalitat Valenciana recurrieron al Supremo, lo que dio lugar a un sorprendente fallo que tiraba por tierra sus anteriores resoluciones. Así, vino a decir que a pesar de asentarse el recinto sobre un suelo no urbanizable ya no era susceptible de ser revertido porque la obra de parcelación y viales ya se había realizado. Y por ese mimo motivo, no se requería una evaluación ambiental ordinaria, sino simplificada. Además, dice el fallo que la urbanización se había ejecutado porque no se paralizaron las obras cautelarmente. Algo que no se dio básicamente porque no hubo resoluciones judiciales en ese sentido. Así, se legitimaron los hechos consumados de una actuación a todas luces ilegal porque se finalizó en 2005, cuatro años antes que el primer pronunciamiento anulatorio del Supremo.

Consideran también los jueces que, atendidas las circunstancias especiales que concurren en este caso, “es evidente que a la Administración ya no le es posible ejercer sus potestades de restauración del orden urbanístico, reponiendo el estado del suelo al previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (suelo rústico con destino agrícola), que es el que formalmente le corresponde tras la anulación del Plan Especial, pues la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia está totalmente desarrollada urbanísticamente y tiene una enorme extensión”.

Este cambio de criterio del Supremo cayó como un jarro de agua fría en las entidades vecinales y ecologistas. La asociación de la Unificadora de La Punta calificó “de sentencia política” el fallo del Supremo consideró que con esta interpretación se podrán amparar acciones ilegales en nuestros territorios pudiendo dar carta blanca a la urbanización ilegal de parques naturales o zonas protegidas como en su día era La Punta, “dando vía libre a constructoras y gobiernos que pongan por encima el interés urbanístico antes que la vida y la salud de las personas”.

La comunidad de vecinos de Puertochico que instaló una pancarta contra la apertura de un establecimiento de la cadena McDonald's en el mercado municipal de su barrio no va a descolgarla por el momento. El pasado 22 de octubre la Policía Local de Santander ordenó retirarla de la fachada del edificio del número 7 de la calle Andrés del Río porque alegaban que no tenía licencia.

Esto sucedió a las once de la mañana. Tres horas después, el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Santander ya había redactado un informe urbanístico exprés que aconsejaba retirar “el elemento publicitario” porque, según justificaban, “no es compatible con el planeamiento vigente”. A criterio de la autoridad municipal, incumple la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

El informe urbanístico hacía referencia al artículo 41 que prohíbe colocar banderas, banderolas, pancartas y lonas con objetivos publicitarios. Pero el texto de la pancarta, “GEMA, DE MERCADO DE BARRIO A PRE-AFTER, NO DA IGUAL”, ni siquiera hace referencia directa a la marca de comida rápida que se instalará ahí y que ha generado el conflicto con los vecinos.

La decisión municipal también se basaba en otro artículo que prohíbe lanzar propaganda gráfica en la vía pública y al ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a una persona como soporte material del mensaje.

Los vecinos recurrieron esta sanción, pero el Ayuntamiento ha respondido que sigue adelante con los trámites para sancionar a los responsables. La respuesta al escrito que presentaron los vecinos justifica la retirada de la pancarta aludiendo ahora a otros artículos diferentes de la ordenanza municipal e insisten en que supone un peligro. “A pesar de haber permanecido desde hace dos meses perfectamente en la fachada soportando las inclemencias temporales y de haber sido colocada por profesionales”, argumentan los vecinos.

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denuncia que el equipo de gobierno del PP “ahonda en su actitud persecutoria” porque incluye de forma “creativa” nuevos supuestos incumplimientos por la colocación de la pancarta, en un informe que creen “del todo tergiversado”.

Insisten en que la Alcaldía “debería cejar en su empeño por aplastar la voluntad vecinal de proteger su mercado municipal” que temen “sea entregado” a una multinacional en una operación de pelotazo de la que solo se beneficiaria Baika, empresa con la que se privatizó la gestión del mercado.

Para los vecinos de Puertochico, el problema no se limita a un ataque directo a su libertad de expresión. En su opinión, resulta especialmente grave la facilidad con la que “la Alcaldía detecta presuntos incumplimientos de la ordenanza de publicidad, mientras ignora de manera sistemática el flagrante incumplimiento del contrato de rehabilitación del Mercado de Puertochico”.

La Comisión señala a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y al concejal de Comercio, Álvaro Lavín (PP), que son, a juicio de la Comisión, “cómplices necesarios” de que el mercado lleve más de siete años en obras y “se encuentre a medio hacer con la destrucción de comercio local que ha supuesto y las dificultades que sufren quienes han aguantado”.

El contrato adjudicado a la empresa Baika establecía un plazo máximo de un año para la rehabilitación, “sin que hasta la fecha se haya sancionado o rescindido el contrato, ni siquiera exigido su cumplimiento efectivo”, aseveran los vecinos.

Desde la Comisión se denuncia, además, que el equipo de gobierno del PP no solo se inhibe de la protección de un servicio público esencial como es el mercado municipal, “incumpliendo su propia regulación de mercados y el fin social del mismo”, sino que ahora el mercado se está transformando en un centro del que “solo saquen tajada” constructoras y McDonald's. “Única empresa que puede hacer frente a los 300.000 euros que plantea ganar Baika de la explotación del mercado, suma imposible de afrontar para la mayoría de pequeños comerciantes”, añaden, al tiempo que señalan además la ausencia de transparencia de la adjudicación y del proceso de rehabilitación.

Apoyo internacional

En este contexto, una agencia vinculada a la UNESCO, el Business & Human Rights Resource Centre, cuya labor se centra en la protección del patrimonio y del comercio local, se ha puesto en contacto con los vecinos y ha trasladado sus alegaciones y reivindicaciones a la dirección central de McDonald’s en Estados Unidos.

La respuesta de la multinacional ha sido, según denuncian los vecinos, “evasiva y basada en un supuesto cumplimiento de la legalidad”, extremo que la Comisión niega a la vista de las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos del Ensanche, entre otros colectivos. Creen que la respuesta de la multinacional se debe al amparo con que cuentan por parte de la Alcaldía.

Las asociaciones vecinales de Huesca habían preparado para el pasado sábado una movilización inédita en la ciudad, concebida como la primera acción conjunta de los barrios desde hace años para denunciar el estado general de la ciudad y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante problemas cotidianos que, según afirman, se agravan con el paso del tiempo. Aunque la concentración quedó suspendida por el desalojo urgente de 200 vecinos en la plaza Santa Clara tras detectarse el riesgo de derrumbe de cuatro de sus edificios, una emergencia prioritaria, las razones que habían impulsado la protesta continúan plenamente vigentes y han cristalizado en un manifiesto que las asociaciones consideran un punto de partida para un ciclo largo de reivindicaciones.

La iniciativa agrupaba a las ocho asociaciones vecinales de Huesca -Perpetuo Socorro, Casco Antiguo, Santo Domingo y San Martín, San José, María Auxiliadora, Santiago, San Lorenzo y La Encarnación- y a varias plataformas ciudadanas: la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, Árboles Vivos y Ecologistas en Acción. El frente era amplio y transversal, y pretendía poner sobre la mesa un diagnóstico común: la sensación de que la ciudad se ha ido deteriorando en ámbitos urbanos, patrimoniales, ambientales y de servicios, mientras los mecanismos de participación permanecen estancados.

La convocatoria insistía en la necesidad de “un Ayuntamiento mediador, negociador y que sepa atender las necesidades de la sociedad”, una frase que resume, según los colectivos, el espíritu de la movilización. Los propios convocantes subrayaban que “la participación ciudadana se ha quedado en una mera intención; la administración local está muy lejos de la ciudadanía y la calidad de vida se deteriora ante la falta de atención de los servicios públicos”.

El malestar había crecido de forma sostenida durante los últimos meses, con episodios que han ido sumándose hasta generar un clima de desgaste evidente. El cierre prolongado de la biblioteca Ramón J. Sender en el Perpetuo Socorro, clausurada desde hace dos años por el mal estado de la cubierta y con una licitación que volvió a quedar desierta hace apenas unos días, se ha convertido en el símbolo más visible de esa inacción. Los vecinos lo expresaron con contundencia: “este es un espacio que es público, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Huesca de tenerlo activo. Que quede desierto… es ya ‘la razón de la sin razón’”.

A ello se suman controversias recientes asociadas a las actuaciones sobre el arbolado urbano, especialmente en la zona de Martínez de Velasco, donde la tala y la poda intensiva provocaron protestas vecinales. Árboles Vivos Huesca denunció que “el Ayuntamiento ha rebajado en un 87% la propuesta inicial de protección de ejemplares singulares en tan solo 12 años”. El descontento se extiende a la gestión de equipamientos y espacios públicos. En el barrio del Casco Antiguo, por ejemplo, las obras del Círculo Católico permanecen paralizadas, mientras el estado de calles como Lanuza o Sebastián Martín-Retortillo acumula quejas desde hace años.

En La Encarnación, la falta de mantenimiento y la ausencia de un proyecto claro para la zona han alimentado un sentimiento de abandono. Desde la Asociación de Vecinos del barrio de San José señalaron que “otra de las quejas vecinales pasa por el estado de nuestras calles y aceras, está deteriorado” y añadieron que “hay vecinos que nos piden que se mejore el parque, cuando llueve, cuando hace viento, se puede mejorar y también su iluminación porque vemos que es necesario acometer el alumbrado”. En varios barrios, las sedes vecinales reclaman reformas que llevan años pendientes. La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago denuncia que “el local presenta diversas deficiencias, entre ellas filtraciones… se trata de un problema que se arrastra desde hace años y del que la comunidad vecinal es plenamente consciente”.

En el plano patrimonial, el antiguo Seminario y su prolongado deterioro han sido uno de los elementos más citados por las plataformas convocantes. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio afirmó que “la inacción municipal, las trabas técnicas y la falta de voluntad política del equipo de gobierno paralizan cualquier acción conducente a la recuperación y aprovechamiento de la imponente construcción histórica”.

La decisión del Ayuntamiento de ofrecer el edificio a Paradores Nacionales como vía para desencallar la situación ha generado división: mientras algunos ven la fórmula como una oportunidad, otros la interpretan como un intento de “declinar responsabilidades” y “sacar el problema de encima”. También el proceso de venta del estadio de la SD Huesca, rebautizado ya como El Alcoraz by Amazon, ha sido incorporado a la crítica general por parte de las asociaciones, que consideran que el Ayuntamiento ha demostrado mayor capacidad negociadora en este ámbito que en los asuntos que afectan directamente a la vida diaria de los barrios.

Las tensiones se intensificaron en los días previos a la concentración, cuando el Ayuntamiento convocó a las asociaciones a una reunión previa al consejo ciudadano. Seis entidades decidieron no asistir y acusaron al gobierno municipal de improvisación y de intentar desactivar la protesta de última hora. Dos sí acudieron, aunque posteriormente varias plataformas denunciaron que ni siquiera fueron invitadas, como Árboles Vivos y Ecologistas en Acción.

En este contexto Javier Moreno, presidente de la asociación de vecinos de María Auxiliadora, afirma que “la sociedad, con estas quejas, va más por delante de la administración… hay una sociedad que, en realidad, es más comprometida, más responsable, está más sensibilizada… con temas como por ejemplo, el medio ambiente”. Otra declaración destacaba: “No se trataba solo una arbitrariedad institucional sino una verdadera falta de respeto y evidencia de anormalidad democrática, en un intento de desmovilización in extremis y de división de los colectivos ciudadanos”.

La movilización suspendida concentraba también el descontento generado por la “externalización” de la planificación municipal y el encargo de consultoras privadas para el Plan Estratégico 2026-2030 y estudios culturales, dejando de lado diagnósticos realizados por los propios colectivos. Los vecinos denunciaban que esta dinámica “amplía la distancia entre administración y ciudadanía y duplica trabajos ya realizados”.

Pero más allá de la protesta, las asociaciones han presentado una lista detallada de diecisiete actuaciones prioritarias que exigen que se incorporen al presupuesto municipal de 2026. Entre ellas destacan la reparación inmediata de la biblioteca Ramón J. Sender; el estudio y la intervención urgente en la cubierta del Seminario; la puesta en uso del edificio municipal de Vitalia en San José; la reapertura del centro de salud del Perpetuo Socorro; la reorganización de las plazas de San Félix y San Voto; la finalización del parque San Martín; la restauración ecológica del río Isuela y la Acequia Mayor; la redacción de un Plan Director del Arbolado; la recuperación del cauce natural en varios tramos verdes; la mejora de las infraestructuras básicas del parque Miguel Servet; y la reparación de sedes vecinales en barrios como Santiago o María Auxiliadora. Para los colectivos, estos puntos no son una lista de deseos, sino “mínimos imprescindibles” para que la ciudad deje atrás una etapa de parálisis.

El descontento vecinal también ha sido amplificado por la difusión de fotografías que muestran el deterioro cotidiano: bancos rotos, aceras levantadas, alumbrado dañado, jardinería descuidada, fuentes que no funcionan o carriles bici con problemas de mantenimiento. Algunas voces remarcan que “aquí no hay ningún tema político; hay mucha variedad de personas de diferentes sensibilidades y pasaría igual si estuviera el PSOE en el gobierno”.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Lorena Orduna ha respondido que muchos de los problemas señalados no se originan en el actual equipo de gobierno, sino que vienen de anteriores legislaturas. También ha defendido que la elaboración y ejecución de proyectos requiere plazos largos y que existen limitaciones administrativas que no pueden acortarse. Asegura que las reuniones con los representantes vecinales han sido frecuentes y que se ha respondido a todas sus preguntas, negando así la acusación de falta de diálogo. También ha reivindicado su labor al frente del plan de emergencias derivado del riesgo de derrumbe en Santa Clara: “Ser alcaldesa es estar con tus vecinos en todo momento. Sobre todo en las situaciones más graves”, escribió el domingo en sus redes sociales.

Pese a la suspensión de la concentración, las asociaciones insisten en que la movilización continúa viva y en que el trabajo de denuncia y propuesta no se detiene. Para los colectivos, “esta movilización es una suma de enfados de los barrios con el Ayuntamiento”, un reflejo de que el malestar es amplio, sostenido y transversal.

La intención ahora es mantener la presión, reclamar la incorporación de sus demandas al presupuesto municipal de 2026 y, cuando sea posible, retomar la convocatoria para visibilizar públicamente el malestar ciudadano. Las asociaciones consideran que la crisis abierta por el desalojo en Santa Clara no hace sino reforzar su diagnóstico: una ciudad con problemas acumulados que requieren planificación, inversión y atención continuada. Su hoja de ruta a medio plazo implica mantener la coordinación entre barrios, reforzar el trabajo conjunto con plataformas ciudadanas y seguir documentando y denunciando las situaciones de abandono.

El Ayuntamiento de Santander privatizó la gestión del Mercado de Puertochico en 2017 para convertirlo en un mercado al estilo del madrileño siguiendo el 'modelo San Antón' combinando puestos de venta de alimentos y locales de restauración con la misma filosofía de potenciar el comercio local y los productos autóctonos.

La realidad es que ocho años más tarde el proyecto hace aguas. Un tercio de la superficie lo ocupará la cadena de comida rápida McDonald's, una decisión que ha desatado las críticas de los vecinos que han iniciado una campaña de protesta. No es un caso único, también en el Mercado de México –de propiedad pública– se va a instalar un supermercado de la firma Mercadona.

El antecedente de esta decisión fue la instalación en los bajos de un edificio emblemático como es el Gran Casino del Sardinero de otra franquicia de comida rápida, Burger King, en 300 metros cuadrados obtenidos de la rehabilitación del entorno del inmueble.

12 millones de ingreso en 40 años

La zona gastronómica del veterano mercado, en los bajos del Centro Cultural Doctor Madrazo, está en manos de Baika Mercado de Puertochico Abastos Gestión –una empresa de Álava– que tiene una concesión municipal por 40 años a cambio de un canon anual de 6.800 euros. El líder del PRC en Santander, Felipe Piña, explica de forma didáctica en sus redes sociales que los nueve puestos de estilo gastrobar iban a pagar a la empresa unos 310.000 euros al año.

Es decir, según las cuentas del PRC, en los 40 años de privatización el Ayuntamiento ingresará 270.000 por los alquileres y la empresa concesionaria más de 12 millones de euros. Un beneficio al que habría que descontar los 1,4 millones invertidos en la reforma. “Lo que iban a ser nueve puestos se convierten en un McDonald's, eso es lo que chirría”, advierte Piña.

La cuestión es que se desconoce qué tipo de acuerdo firmó el Ayuntamiento con la empresa. El Grupo Municipal Regionalista asegura que ha pedido, sin éxito, que le faciliten ese documento pero todavía sigue esperando. Al parecer, por la postura de la alcaldesa Gema Igual, se deduce que el acuerdo de cesión del mercado público no restringe la instalación de franquicias ajenas al modelo de negocio que se pretendió inspirar.

La alcaldesa ha confirmado que la opción de la cadena de restauración “cabe perfectamente en la licitación” del Ayuntamiento y ha reconocido que si el establecimiento de comida rápida cumple con los requisitos para recibir las licencias de obra y de actividad, abrirá “porque no se le puede prohibir”.

Ello habría favorecido que la empresa privada haya decidido modificar el objeto inicial de la rehabilitación del mercado –sin reprobación alguna por parte del Ayuntamiento– y alquilar 400 metros cuadrados a la franquicia de hamburguesas, que pretende además abrir fuera del horario comercial del mercado municipal. Su pretensión inicial era de seis de la mañana a dos de la madrugada, cuando el mercado abre de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

Esta circunstancia resulta especialmente relevante porque la propia alcaldesa, cuando hace un año –en octubre de 2024– se inauguró la primera parte de las obras de remodelación explicó que se había llevado a cabo una transformación integral, “para dotarlo de dos zonas de usos diferentes, coordinadas y proactivas, generadoras de sinergias siguiendo la línea de mercados como los de San Miguel o San Antón, en Madrid”.

La reforma delimitó dos zonas, una de mercado tradicional al sur con puestos de alimentación y otra nueva zona de hostelería y restauración al norte de 645 metros cuadrados, de los que 400 se destinarán ahora a la hamburguesería.

Suspender la concesión

Los vecinos han constituido una Comisión en Defensa del Mercado de Puertochico porque consideran que debería mantener su esencia de comercio local “y no un McDonald's, con los problemas de convivencia asociados al horario intempestivo que tendría de apertura, de seis de la mañana a dos de la madrugada: incompatibles con el de un mercado municipal”, explica el portavoz de la plataforma, Óscar Gutiérrez.

“Se trata simplemente de voluntad política y el equipo de gobierno es responsable de la normativa que rige los mercados municipales y de los contratos de las empresas a quienes adjudica su gestión”, añade.

Los vecinos consideran que la alcaldesa “tiene capacidad de suspender cautelarmente la adjudicación de este contrato y blindar el Mercado de Puertochico de la entrada de la multinacional de comida rápida, cuya instalación ya es contraria a la ordenanza municipal”. Se basan en que el retraso en el proceso de rehabilitación “la alcaldesa pudo haber tomado acciones, como han hecho en San Sebastián, contra Baika, la empresa gestora del mercado y de su rehabilitación, aún inacabada cuatro años después”.

Una reforma que, según la Comisión, “destruyó” la mayoría de los comercios “que no soportaron los tres años que han durado las obras de rehabilitación cuando se adjudicó por un año”.

La plataforma considera que Gema Igual debe decidir “si ceder un mercado, la ocupación de una plaza pública y un parque infantil a una multinacional, o dar continuidad al Mercado Municipal de comercio local que ha habido históricamente y que se había prometido para la reapertura”. Otro de los portavoces, Miro Fernández, critica que la alcaldesa lo ridiculice como una “cuestión de gustos”, cuando “se trata del modelo de mercado municipal que queremos en Puertochico”.

Contra la apertura de la franquicia en Puertochico –que fracasa el proyecto inicial de mercado local de gastrobares vinculados al producto local– también ha elevado la voz la formación Cantabristas: “Ceder este tipo de espacios icónicos de la ciudad a multinacionales supone un agravio para la hostelería y el comercio locales”, dicen. Desde la formación política, en la línea que vienen denunciando también otros partidos de oposición con representación municipal como PSOE, PRC o Izquierda Unida. 

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha visto este martes interrumpido y finalmente suspendido antes de concluir, tras la irrupción de una protesta de la Plataforma de Pensionistas del municipio para reclamar mejoras en el transporte público hasta los hospitales de Laredo y de Valdecilla.

La sesión se encontraba ya avanzada cuando ha comenzado a oírse el ruido procedente de una cacerolada convocada por la plataforma a las puertas del salón de plenos, que impedía continuar con las intervenciones por parte de los concejales.

En ese momento, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), se ha ausentado durante varios minutos del salón del plenos para hablar con los participantes en la protesta.

A su vuelta, ha explicado que les había trasladado la “total sintonía” con su petición y que ésta había sido reivindicada tanto por la actual como por las anteriores corporaciones del municipio, si bien les ha asegurado que el Ayuntamiento “no tiene competencias” en este asunto, sino que corresponden al Gobierno de Cantabria.

Tras ello, la sesión se ha retomado por unas instantes pero ha tenido que ser interrumpido enseguida por el ruido de la protesta y por la entrada de aproximadamente medio centenar de participantes e la protesta al salón de plenos.

Herrán ha aclarado que no tenía inconveniente en que lo hicieran pero si entraban a escuchar la sesión y no a interrumpirla, advirtiéndoles de que si lo hacían la tendría que suspender.

Ante nuevas interrupciones, la alcaldesa les ha vuelto a pedir silencio para poder continuar el Pleno y les ha explicado que podrían intervenir al final de la sesión, durante el apartado de ruegos y preguntas.

Sin embargo, los manifestantes han seguido gritando lemas, como 'Transporte y sanidad' o 'Es nuestro dinero' y han increpado a los concejales de la Corporación para que hicieran algo para la mejora del transporte a los hospitales.

La alcaldesa ha advertido entonces que no iba a tolerar faltas de respeto, ni insultos a ningún concejal de la Corporación.

Lo que no ha hecho es pedir la intervención de la policía ya que, según ha dicho, “todos sabemos hacer las reclamaciones que nos interesan de manera correcta, con respeto y sin insultos”.

Sin embargo, al matenerse las interrupciones de los participantes en la protesta, Herrán ha decidido suspender el Pleno, que en ese momento debatía una moción del PSOE para la modernización y adecuación del puerto de Castro a las necesidades de los usuarios.

Esta iniciativa no ha podido debatirse ni votarse, lo mismo que otra del PRC que solicitaba el reacondicionamiento del centro cívico de Islares.

La Asociación Rayuela desarrolla en los núcleos poblacionales de San Andrés y Punta Brava, en la isla Tenerife, el proyecto Infraestructuras Sociales: Los Palacios del Pueblo, orientado a reforzar los lazos comunitarios, combatir el aislamiento y prevenir el malestar emocional en barrios afectados por la presión urbanística. Se trata de una iniciativa que cuenta con financiación del Gobierno de Canarias, a través de la Convocatoria 2025 de Subvenciones a Proyectos de Innovación Social de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, en la que obtuvo la segunda mejor valoración. También ha sido premiada por el Consejo General de Trabajo Social en su convocatoria Visibilizando Proyectos Innovadores e Inspiradores en Trabajo Social – 2025, situándose entre los tres mejor valorados de todo el país. El proyecto arranca con un estudio sobre salud mental en colaboración con la Universidad de La Laguna, que permitirá evaluar el impacto de la intervención. 

El objetivo principal de este proyecto es comprobar la eficacia de este modelo en contextos de desplazamiento poblacional derivado de la presión turística, centrándose en recuperar las llamadas “infraestructuras sociales” como plazas, centros culturales, bibliotecas, espacios que facilitan la socialización y actúan como redes de apoyo frente a la soledad y la vulnerabilidad. A través del acompañamiento y la reactivación de estos espacios, Palacios del Pueblo busca reconstruir vínculos comunitarios para compartir inquietudes, generar soluciones colectivas y mejorar el bienestar común.

“Palacios del pueblo es un concepto rescatado de la sociología, concretamente de Eric Klinenberg, y a su vez viene de un concepto anterior llamado infraestructuras sociales”, explica a este periódico la coordinadora del proyecto y miembro de la asociación Rayuela, Irene Ruano. 

“Klinenberg plantea que las infraestructuras sociales sean esos espacios en los que se dan relaciones de convivencia y confianza para generar apoyo mutuo y comunidad, y esto puede suceder en cualquier espacio en el que hay un encuentro: el parque, una cola en el mercado, la puerta de un colegio”, señala.

Para el sociólogo en el que se referencia el proyecto, el ejemplo perfecto de un palacio del pueblo sería una biblioteca: abierta a todos los públicos y donde todos los usuarios pueden participar. “Y son espacios”, continúa Ruano, “en los que no hay que pagar, en los que no hay que tener ningún tipo de participación concreta, sino que se configuran como espacios desde donde fomentar la comunidad, la cohesión social”. 

Para Ruano, es precisamente dentro de esas redes donde se generan herramientas de resistencia y de resiliencia social: “Una de las cosas que pretendíamos con Palacios del Pueblo es que la gente entienda que los espacios que ellos mismos generan son un palacio, un lugar muy potente y con mucha capacidad de cambio”.

La privatización de los espacios comunes y la presión turística

Preguntada sobre la progresiva privatización de los espacios comunitarios, Ruano considera que es “precisamente la vorágine en la que vivimos la que no nos hace ser muy conscientes de ello, porque el sistema se ha encargado de que no tengamos tiempo de pensar y de hablar y este es otro punto que está presente en el proyecto: la colectivización del malestar”. 

En este punto se parte de la base de que todos los problemas individuales, tratados a veces incluso médicamente como individuales, son problemas que tienen su origen en lo colectivo. 

“Hablamos de bienestar y malestar emocional. Y no estamos hablando de problemas de salud mental. Porque creemos que también se ha patologizado tanto todo tipo de malestar y en el propio proyecto lo decimos. El consumo de medicación para el malestar emocional, en concreto en Canarias, es muy alto. Y, evidentemente, no lo negamos, pero sí que creemos que se patologiza en el sentido de que cuando tienes un malestar, te mandan una pastilla”, afirma. 

Para las creadoras del proyecto muchos malestares emocionales que se tratan de manera individual beben de la fuente estructural y colectiva y ofrece un ejemplo: “Si tú tienes que ir a trabajar a una hora y media de tu casa, y volver a tu casa otra vez después de una jornada de trabajo a otra hora y media de coche y cuando llegas a tu casa no tienes dónde aparcar porque vives en un lugar turístico o por ese motivo no tienes posibilidad de conseguir una casa en el lugar en el que quieres vivir, genera malestar, porque puede ser que ese barrio dé sentido a tu vida, en el que sientes tu arraigo”.

Ruano habla sobre los posibles recursos de medición de malestar en las poblaciones forzadas a desplazarse de los barrios y pueblos donde tienen su arraigo a causa de la presión turística que sufren. Aún no existe un recuento determinante de ese “descontento”, a la espera de la realización de un test final entre los participantes con la colaboración con el área de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna, precisamente para que sea un instrumento medible. “En base a las conversaciones que hemos tenido, a entrevistas, realizadas, incluso, a los propios funcionarios, sí que hay bastante malestar con el hecho de no poder elegir vivir en este caso en Punta Brava o en San Andrés. Y hay cierta tristeza y añoranza por el hecho de no haber podido seguir ahí”.

Durante la realización de este proyecto, la Asociación Rayuela se ha encontrado incluso con casos de personas con hijos pequeños que aunque se hayan tenido que desplazar de estos lugares por la presión turística, regresan con asiduidad para seguir teniendo relación con el barrio. “Una idea que permanece en la cabeza de muchas de las personas que se han tenido que ir es la de volver”, apunta Ruano.

Las esperanzas

Durante la realización de este estudio también se ha preguntado a los participantes por sus esperanzas. Hay ideas que coinciden y sentimientos compartidos. “Creo que hay gente que lleva mucho tiempo luchando en diferentes cosas y que esa sensación de pesadumbre no está en el centro, sino que hay siempre una sensación de que se van a conseguir cambiar cosas. Por ejemplo, en el caso de Punta Brava, creo que no se relaciona con una esperanza muy grande, pero sí que poco a poco se van consiguiendo algunas cosas en relación a la playa y al tema de los residuos”, detalla la coordinadora.

“Y en el caso de San Andrés, eso tiene que ver mucho también con algo que ya han dado por perdida a la playa, pero sí que por lo menos con no seguir perdiendo su identidad de barrio. Desde esas señas de identidad que tienen, desde lo cultural a la propia forma de ser o simplemente a la forma de estar en el barrio, cómo se organizan, cómo se juntan”, concluye.

Lo llaman desarrollo, pero se parece bastante a un desalojo. A un desalojo sin maletas, sin anuncios, sin resistencia. Simplemente, un día te despiertas y donde antes había trigo hay un vallado. Donde pastaban las ovejas, ahora se extienden los cables. Donde el horizonte era limpio, hoy se alza un catálogo de torres, tuberías y acero.

El proyecto, según las autoridades, “aprovecha un espacio sin conflicto”. Es decir: sin ruido. Sin oposición. Sin vecinos en las noticias. Sin pancartas. Sin preguntas. Un territorio perfecto.

La subestimación de bombeo y almacenamiento, rebautizada con entusiasmo institucional, ha sido la avanzadilla. Tras ella, llega el cortejo: aerogeneradores, placas solares, centros de transformación, torres de alta tensión, centros de datos, fábricas de hidrógeno. Todo en nombre del bien común. Pero no está claro de quién es ese bien, ni a quién se ha preguntado.

Mientras se firman convenios de colaboración, la población —quien aún queda— no ha recibido más que el eco del silencio. No hay convocatorias, ni asambleas, ni informes.

Aquí no vive nadie importante, piensan algunos. Por eso lo arrasan todo. Porque donde no hay resistencia, todo es campo. O mejor dicho: todo es negocio.

El escritor Juan Evaristo Valls Boix se ha propuesto imaginar cómo sería un mundo de perezosos. Qué pasaría si nuestro próximo acto de resistencia fuera descansar. Puede que lo primero que te venga a la mente es un mundo lleno de vagos que no quieren trabajar, pero este profesor de Filosofía de la Cultura está dispuesto a demostrar que la pereza es mucho más. En El derecho a las cosas bellas, un libro a medio camino entre el ensayo y el manifiesto en el que reivindica la vida “holgada”, desafía el sistema en el que nos vemos atrapados, y plantea si la solución está en pararnos y en las soluciones que encontramos cuando podemos pensar.

El derecho a las cosas bellas es la continuación del trabajo anterior del filósofo, Metafísica de la pereza, que ya indagó en las “formas de pensar la vida buena que no fueran capitalistas”. El también profesor de la Universidad Complutense de Madrid explica a elDiario.es que aquel trabajo, a pesar de que le dio “mucha alegría”, también podía entenderse como algo “muy individual”, así que surgió el reto de llevar este derecho al descanso desde la esfera más personal hasta la política social.

El resultado, escribe, es “una defensa de aquellos derechos que nos permiten dejar de trabajar para empezar a vivir”. Con una buena dosis de optimismo y alegría, sin que falten también apuntes históricos, el autor defiende una propuesta del descanso como resistencia, del parar como acto revolucionario que derive en un cambio a favor de las personas y su bienestar, de otra forma de vivir, pero también de hacer política, desde el activismo ciudadano hasta las medidas públicas que sustentan la vida de las personas sin la obligada mediación del mercado.

“Hoy en día tenemos muchas imágenes de la pereza, pero son privadas. Tienen que ver con un yate, una sauna… con una serie de pautas de consumo que son básicamente privilegios”, afirma Juan Evaristo, porque en ellos “la holgazanería de unos se sostiene con el trabajo de otros, y esos otros son casi siempre cuerpos migrantes, racializados y feminizados”. El autor aspira a vindicar no solo el derecho a las cosas bellas, sino también “a entender que la vida buena, en un sentido político colectivo, pasa justamente por permitir que los cuerpos paren, por valorarlos también donde no son productivos; valorar la vida en sí misma y no por sus méritos”.

Entre las voces que acompañan a Juan Evaristo están Hannah Arendt —“reconocía que ese mal horroroso pero ordinario que todos toleramos y ejercemos está vinculado a una asombrosa incapacidad de pensar”—; Paul Lafargue, autor de El derecho a la pereza en el siglo XIX, y Emma Goldman, que definió el anarquismo como un movimiento y una filosofía donde la belleza, el placer y la igualdad forman parte imprescindible de nuestra existencia.

El reino de la libertad comienza cuando dejamos de trabajar, y nuestra libertad será tan vasta como capaces seamos de acotar el reino de la necesidad

Juan Evaristo — Filósofo

Y hay sitio además para Bad Bunny —“La vida es una fiesta que un día termina”—, o la poesía de Robin Myers —“Nada me gusta más / Que tumbarme sobre la hierba / Y recordar de dónde vengo”. También para Silvia Plath, Audre Lorde, Judith Butler o, por supuesto, Karl Marx, con el que el autor coincide en que la reducción de la jornada laboral es “la condición básica” para ser verdaderamente libres. “El reino de la libertad comienza cuando dejamos de trabajar, y nuestra libertad será tan vasta como capaces seamos de acotar el reino de la necesidad”, añade.

De su mano reivindica los cinco derechos que, según el autor, articulan la vida holgada: el derecho a la pereza, a la huelga, a la jubilación, a la ciudad y a la literatura. “Estos derechos son un modo de parar, de hacernos libres parando. Ejercerlos supone dirigir nuestros recursos a construir las condiciones materiales para vivir gustosamente”, afirma en el manifiesto. Pero también supone imaginar lo que ya hemos olvidado: “¿Dónde estamos cuando no crecemos, ni trabajamos, ni nos realizamos? ¿Qué somos, quién somos, cuando menguamos o nos deshacemos, cuando perdemos?”.

El derecho a la pereza y lo que nos vendió el capitalismo

Muchos de estos autores, explica Juan Evaristo, trataron de pensar en el capitalismo no como un sistema económico, sino también político “que produce un tipo de subjetividad que nos gobierna” y que consigue implicar plenamente a las personas “en la conducta que desea conseguir”. El autor se remonta a la primera mitad del siglo pasado y explica que entonces “la sociedad disciplinaria nos gobernaba a través del cuerpo, es decir, yo quiero que el trabajador a esta hora esté en la cadena de montaje o en la oficina hasta tal hora”.

Una vez gobernado el cuerpo, llegó el momento de lo que el filósofo denomina “gobernar el alma”. Al empresario ya no le preocupa tanto dónde está el trabajador y “lo que le importa es que esté pensando y deseando en la empresa”, dice Juan Evaristo. Ahí llegan las ofertas de flexibilidad, trabajo online, y las promesas de realización. “Como hay un continuo cuidado del vínculo afectivo con el trabajo, porque eso es lo que genera el rédito, el rendimiento, las horas extra…, la ideología neoliberal nos hace entender que nuestro lugar de realización, de felicidad y de plenitud vital es el trabajo y, por tanto, nuestra identidad y el sentido de nuestra vida están mediados por el trabajo”.

Hemos aprendido que ante las crisis y la precariedad la pasión es una solución, un escudo, aquello con lo que podemos vivir felices pese a la miseria material y la precariedad que nos rodea. Ya no nos creemos nada de eso

Sin embargo, basta una conversación con la generación atrapada en esta trampa para saber que algo muy importante no funciona. “El trabajo ya se ha mostrado como un fraude en la mediación hacia la vida buena, plena, feliz… que uno esperaba encontrar allí”, dice Juan Evaristo. “Hemos aprendido que ante las crisis y la precariedad la pasión es una solución, un escudo, aquello con lo que podemos vivir felices pese a la miseria material y la precariedad que nos rodea. Ya no nos creemos nada de eso”.

El escritor explica que hasta ahora hemos vivido “una fantasía de vida buena” y que consistía por ejemplo en vernos en un puesto laboral importante. Pero ese trabajo, afirma, “hace que nuestra vida sea una mierda, que nos mantengamos vinculados a vidas que no funcionan porque estamos hasta los 30 o 40 años en pisos compartidos, somos empleadas precarias o estamos haciendo prácticas hasta los nosecuántos”.

La pandemia y la oportunidad de pararse a pensar

Porque la vida, dice Juan Evaristo, está “al otro lado” del trabajo. “La vida inútil, holgada y bellísima, está ya muy lejos de aquí, en cualquier otra parte”. Habla de esa vida holgada de tiempo, de recursos, de cuidados, de salarios y de dignidad. Y para alcanzarla es necesario ir más allá del derecho a descansar: “Estos derechos del descanso no son suficiente. Nos procuran un descanso ‘necesario’, el cuidado mínimo que requerimos para recuperar nuestra fuerza y volver a la fábrica de la infelicidad”.

El filósofo sitúa nuestro despertar en la etapa posterior a la crisis financiera de 2008-2010 y especialmente en la pandemia, cuando detecta dos cambios. El primero es una toma de conciencia crítica. “Pasa por entender que la mayoría de los malestares que nos aquejan, que creemos que son psicológicos y que vamos a atender con terapia, con pastillas, no son una cuestión privada, sino que tiene una dimensión sistémica”, explica. Es la dimensión estructural que hace la mitad de los jóvenes emancipados de nuestro país viva con tres o más personas, el 41% comparta piso para repartir gastos y, aun así, el 48% de los menores de 30 años que están de alquiler realicen un “sobreesfuerzo” para pagarlo.

La mayoría de los malestares que nos aquejan, que creemos que son psicológicos y que vamos a atender con terapia, con pastillas, no son una cuestión privada, sino que tiene una dimensión sistémica

El segundo síntoma de cambio que detecta son los movimientos activistas que han brotado en torno a la crisis de la vivienda, la huelga de alquileres, las protestas contra la masificación turística de las ciudades o las consecuencias de la gentrificación. “Creo que abren la posibilidad de un cambio político. No sé cómo se va a dar, no sé cómo va a funcionar la pugna de este imaginario precioso, pero creo que hay una batalla que es lo que importa”, asegura el escritor. “Y creo que hay algo de este deseo de parar, entender que la libertad tiene que ver con descansar a pierna suelta y no con moverse como pollos sin cabeza”.

El derecho al descanso no necesario

El autor se declara optimista y defiende que “la revolución empieza cuando cambiamos de deseo, no cuando se satisfacen nuestras demandas. Y ese cambio de deseo está teniendo lugar”. Juan Evaristo equipara esos años de pandemia con el momento de parar, cuando algunas de las preguntas que plantea en el libro pasaron por nuestras cabezas: “¿Qué hacéis vosotras con la rabia y la resignación de no poder hacer otra cosa que producir y trabajar? ¿Cuánto scrolling y cuántos vídeos, cuánta anestesia necesitáis para dejar por un momento de pensar y desaparecer de esta vida que queríais amar y acabáis odiando? ¿Qué haréis con la tristeza que os espera cuando descubráis, un domingo por la noche, que no sabéis vivir sin trabajar, que la única forma y hábitos que vuestra vida tiene son los del trabajo?”.

Esas cuestiones llevan inevitablemente a plantear de qué tipo de descanso —y de vida— estamos hablando. El filósofo especifica que el descanso necesario sigue siendo entendido como la pausa que requiere reponerse para poder volver a arrancar la rueda de la productividad. Este, dice el autor, “es un derecho conservador, pensado para garantizar la longevidad o la durabilidad de las empresas y de la circulación capitalista”. El descanso necesario, argumenta, “no es un derecho para la gente básica, no es un derecho que garantice una vida buena o las cosas bellas”.

El descanso libre, tiene que ver con que uno se relacione con su vida y no se sienta constantemente expropiado de ella porque tiene que pagar el alquiler, trabajar, o consumir. Esa es la gracia

Y, frente a esto, habla de un descanso “libre” y que solo nos pertenece a nosotras. “El descanso libre tiene que ver con que uno se relacione con su vida y no se sienta constantemente expropiado de ella porque tiene que pagar el alquiler, trabajar, o consumir. Esa es la gracia”, afirma. También es su razón para el optimismo, porque ahí es donde dice que encuentra “una fuerza extraña y vulnerable, la fuerza para rendirse”.

Juan Evaristo habla del poder de una fuerza blanda que provoca el cambio, paradójicamente, desde la inacción. Es la protesta mediante la huelga, pero también el grito colectivo de movimientos como la ‘Gran Dimisión’ de cuatro millones de empleados en EEUU a finales de 2021, la realidad salarial detrás de la dificultad para cubrir cientos de miles de vacantes en nuestro país, el ‘Tang ping’ de los millennials chinos que renuncian a las presiones para seguir trabajando nueve horas al día, seis días a la semana; o el manifiesto Descanso Como Resistencia, de Tricia Hersey, también fundadora de The Nap Ministry.

Y en esa rendición está el descanso libre que defiende Juan Evaristo para todos: la holganza, entendida como “una relación con el tiempo sin objeto”, como ese rato de tiempo libre “que no sea ni tiempo de consumo ni descanso necesario”. Un rato para dormir más, soñar más, cocinar, cuidar o pasear, lo que él llama “tiempo sin objeto, que no está colonizado ni por el trabajo ni por el consumo”.

Una sociedad de perezosos solidarios

Juan Evaristo apuesta por la pereza por el mundo que surge cuando paramos. Asegura que los perezosos son, por definición “incompetentes”, lo que lleva a establecer relaciones que no están mediadas por la economía: “Cuando tú estableces una relación desde la incompetencia, la estableces desde el amor, desde el cuidado o desde la solidaridad, y hay un vínculo político desde la pereza”.

El escritor defiende que se trata de un planteamiento valioso porque trae “otras estructuras” que llevan a desprendernos de relaciones con el otro “porque vamos a sacar algo de él”. Así, aparecen “relaciones de camaradería” que pueden acabar teniendo consecuencias políticas. Porque estas relaciones de cuidado y de solidaridad nos llevan a pensar en las políticas que las respaldan —tanto laborales como económicas o de salud— y los lugares donde podemos hacer eso, cuidarnos.

“Un mundo de perezosos tiene que ver también con una ciudad distinta. Tiene que ver con pensar una sociedad que no esté orientada hacia el crecimiento, sino hacia permitirnos vivir en la vida”, comparte el escritor. “Tristemente, vivimos en ciudades que nos quieren para trabajar, pero nos expulsan para todo lo demás, donde es imposible vivir por los alquileres insufribles. El trabajador trabaja y luego la ciudad le expulsa, ya no le quiere si no es trabajando o consumiendo”.

La defensa de nuestro derecho a la ciudad empieza por el descanso como acto de resistencia y continúa por cuestionar si debemos cambiar políticas orientadas hacia el crecimiento por unas que “estén a disposición de la vida”. “La pregunta ‘¿cómo vivir?’, como buena pregunta filosófica, no admite respuesta alguna que se quiera definitiva, y preocuparse en contestarla es cosa ociosa e inútil”, escribe el filósofo. “Pero por eso es una pregunta bellísima y cada tentativa de respuesta es el comienzo de un mundo nuevo”.

El concejal de mayor edad Cibeles acaba de decir adiós a su acta. Félix López-Rey (Polán, Toledo, 1948) puso este martes fin a su segunda etapa como edil del Ayuntamiento, después de seis años como edil de Más Madrid, que se suman a los doce como representante de Izquierda Unida, de 1987 a 1999. “Entonces acabé muy cansado y me dije que ni con la Guardia Civil volvía a ser cargo público”, explica en conversación con este periódico desde su barrio, horas después de anunciar su segundo adiós como edil. Lo pensó hasta que una llamada de Carmena en 2019 le propuso volver a la política. “Pero Manuela, que tomo nueve pastillas al día”, le dijo al principio. “No te digo las que yo tomo”, respondió ella para convencerlo.

“La gente de la que te puedes fiar no es la que se postula para un cargo, la que de verdad vale es a la que empujan los demás para que esté”, explica Félix sobre su confianza con Carmena y por qué aceptó la propuesta que le ha mantenido hasta este martes en Más Madrid. Como le debía el puesto, la primera persona a la que contó que quería dejar su cargo fue ella: “Le comuniqué hace meses que me lo estaba planteando, es una persona a la que quiero y admiro”, aclara. Hoy, por la mañana, publicaba varios vídeos explicando las razones de su marcha.

López-Rey lo deja con 77 años, sesenta desde que con tan solo 17 comenzara sus primeras andanzas asociativas, cuando vivía en la chabola de sus padres, en un poblado en el sur de Madrid. Para casarse cuenta que tuvo de construir clandestinamente una habitación adosada a esta primera vivienda, donde colocó una cama de un metro escaso en la que dormía con su mujer. Recuerda que el día de su boda se permitió el lujo de darse el primer baño de su vida en una bañera: “En un local de la calle Escalinata, pagué 20 pesetas y me dejaron media hora. Fue un placer increíble”, evoca sonriendo.

Sus humildísimos orígenes explican lo rápido que encontró en la reivindicación vecinal Félix una vía para mejorar su situación y la de los que le rodeaban. En diciembre de 1971 fundaba junto a otros compañeros la Asociación Vecinal de Orcasitas. Utilizaron como sede el número 6 de la calle San Nicasio, otra chabola que luego se convertiría en su casa. Es importante este lugar porque allí se gestaron muchos de los logros vecinales de aquella época. Asegura el ya exconcejal que en ella estuvo Florentíno Pérez, hoy presidente del Real Madrid y en los setenta delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento. Allí negociaron, por ejemplo, que el antiguo vertedero de Pradolongo se convirtiera en una de las zonas verdes más grandes de la ciudad.

Las primeras asambleas de la asociación, una cada semana, cristalizaron en un barrio construido sobre las antiguas chabolas, el de la Meseta de Orcasitas, ejemplo urbanístico hoy en todo el mundo de lo que puede conseguir un vecindario organizado. “Llegamos a hacer las maquetas de nuestras propias viviendas”, relata López-Rey mientras explica cómo sorteaban entre los vecinos las futuras casas que se levantarían: cogiendo unas bolas hechas por ellos mismos de una gorra. Muestra de que el sorteo era limpio es que a él le tocó uno de los pisos más pequeños. Este proceso dejó también un fuerte arraigo de la participación ciudadana, esa que reclama intervenir en las decisiones políticas que les afectan en el día a día. El último ejemplo se vivió allí hace poco, cuando el Ayuntamiento se vio obligado a deshacer unas obras que ningún vecino había pedido. “Es el único barrio de Madrid donde nunca ha ganado la derecha”, afirma orgulloso el líder vecinal.

“Mi ilusión en la vida es que el ciudadano de a pie participe en la cosa pública”, apunta recordando el sentido de su carrera. “En el trabajo donde estés debes ser de un sindicato de clase, en el colegio de tus hijos hacerte del Ampa y en el barrio donde vivas has de ser de la asociación de vecinos. Y si no existe, hay que crearla”, resume como filosofía de clase. Y añade como consejo: “Lo que me ha demostrado la vida es que lo importante es que en un barrio haya 100 o 200 personas organizadas en torno a algo, ya sea una asociación, una radio o un grupo de amigos de la capa”.

Un ejemplo vivo de lo que conseguía la lucha vecinal, después de mucho trabajo, es el primer colegio de la Meseta de Orcasitas, que lleva el mismo nombre de su barrio. Levantado en 1978, su construcción se retrasó por una huelga de los fabricantes de ladrillos, esos de tono amarillo característicos de todas las construcciones de esta zona de Madrid, que se fabricaban en Ocaña. Cuenta López-Rey que acudió hasta la factoría para pedir los materiales con los que acabar la obra y que los niños del barrio pudieran empezar las clases cuanto antes. La luz no llegó tampoco al inicio de curso, así que desde la asociación propiciaron un enganche de emergencia para iluminar las instalaciones. Y, antes de la llegada de profesores y alumnos, a la vista de la falta de personal, fueron las propias mujeres del barrio las que tuvieron que adecentar las aulas. Luego la empresa encargada del mantenimiento las acabó contratando.

Un “verso suelto” y rencor con Almeida

“Siempre me han dicho que yo era un verso suelto, para mí eso es un piropo” dice este militante comunista, que todavía sigue afiliado a Izquierda Unida, sobre su visión de la política. “Haber estado en el Ayuntamiento ha servido para defender a la gente de a pie, a esos que no tienen voz”, explica sobre su trabajo como concejal, muy distinto en las dos etapas que vivió en Madrid.

Félix ha compartido mandatos -siempre desde la oposición- con cuatro alcaldes. ¿Con cuáles ha hecho mejores migas? “He sido concejal con Barranco, con Sahagún y con Álvarez del Manzano. Con los tres he tenido una buena relación, cordialísima: con el primero y el tercero, si nos vemos nos damos un abrazo. Y al entierro de Rodríguez de Sahagún fuimos una delegación de la asociación de vecinos”, recuerda.

López-Rey compara aquella época con la de ahora, en la que “se cobra mejor” como representante público y elogia a sus compañeros de Más Madrid, pero que define como “deprimente” en cuanto a su relación con los concejales del equipo de Gobierno. “Parece que algunos solo tienen asesores para buscar cómo meterle el dedo en el ojo a uno”, lamenta. Evita decir nombres, solo carga contra el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Le guarda rencor especialmente por aquella intervención en el pleno de Cibeles del pasado marzo, cuando el dirigente del PP acusó falsamente al concejal de la oposición de haber sido “condenado” por “defraudar 120.000” a Hacienda. Tanto se indignó que acabó acudiendo a los tribunales contra el primer edil, reclamándose que se retractara en un acto de conciliación convocado el pasado 26 de junio. “El alcalde no se presentó”, cuenta con pesar.

“Yo he luchado porque se recogiera la basura, porque haya fuentes”, relata mientras va desgranando las técnicas negociadoras de su asociación, unidas a otras más expeditivas: como cuando hicieron en 2008 una “cacería de cucarachas” que abundaban en torno a la basura de su barrio, recogiéndolas en botes de cristal e incluso dando premios a los capturadores más adiestrados. Luego las llevaron a la Junta de Usera para exigir a Gallardón una mejor limpieza. Parece que el vehemente mensaje caló, porque el entonces alcalde mejoró a partir de entonces los métodos de desinfección en el barrio. Estas y otras historias forman parte del libro Orcasitas, memorias vinculantes de un barrio, el libro de memorias de Félix López-Rey, recopiladas por el periodista Javier Leralta y que fue publicado por el propio Ayuntamiento de Madrid en 2021.

“Mi ilusión es que este libro llegue a otras generaciones, que entiendan el mensaje de que gente casi analfabeta, como es mi caso, ha sido capaz de mantener en jaque a las administraciones y levantar estos barrios” explica antes de preguntarse “¿por qué la juventud de ahora, que está muchísimo más preparada que nosotros, se resigna? No lo entiendo”. Pese a este atisbo de debilidad, Félix vuelve otra vez al optimismo al recordar cómo vecinos de su barrio con orígenes humildes ocupan hoy importantes cargos en España: “El otro día David Perejil, por ejemplo, dio un discurso en la ONU. Es hijo de albañil y hoy es director de la Agenda 2030 en el Ministerio”, aplaude con orgullo.

Con su segundo adiós a la política López-Rey pone fin a casi dos décadas como concejal en Madrid. Hace 26 años, con la primera marcha, su amigo y periodista Ángel del Río -cronista de la villa ya desaparecido- le dedicó estas palabras en el diario El Mundo: El concejal que se hizo hombre en una chabola deja su escaño, pero no se aleja de la política, ni mucho menos de su compromiso con los más necesitados (...) Félix seguirá al pie de cañón desde la Meseta de Orcasitas, haciendo de su casa un despacho donde recibe las quejas, los problemas y los anhelos de sus vecinos. Quien haya pensado que quitándole del Ayuntamiento va a condenarlo al ostracismo es que no le conoce. Por encima de militancias políticas y de cargos públicos, es un líder amasado con el barro de la meseta, tan permeable a los problemas humanos como la arcilla de esas zonas.

Como contaba Del Río, en los planes de Félix López-Rey no está dejar la política. Seguirá ejerciéndola desde su asociación, con intención eso sí de ocupar cada vez más un segundo plano, sin dejar el activismo vecinal. “La gente del barrio es mi familia y mi vida”, asegura. Por eso, seguirá reclamando el Metro a Orcasitas y trabajando en el proyecto de una residencia de proximidad para mayores que ya está en marcha. También recorrerá otros barrios cercanos hablando con la comunidad latina que celebra partidos de 'ecuavóley', esa a la que ayudó en una de sus últimas causas como concejal, reivindicando su derecho a jugar en el espacio público.

Si la película 'El 47' cuenta la historia del “secuestro” de un autobús para demostrar que podía llegar a barrios marginales de Barcelona a través del movimiento vecinal que en 1978 transformó la ciudad y cambió la imagen de sus suburbios para siempre, en el caso de Bilbao, concretamente en el barrio de Rekalde, la película se hubiera llamado 'El 27', porque fue el autobús que vivió la misma historia. “Viendo la película, lo que más me remueve es la palabra dignidad. Un pueblo sin dignidad no es nada. Yo he vivido y me he formado como persona en Rekalde y las reivindicaciones eran las mismas que aparecen en la película: agua, sanidad, servicios sociales, un ambulatorio, una escuela. Esas cosas que hoy en día nos parece impensable que puedan faltar”, reconoce Joseba Franco, uno de los activistas vecinales que luchó por los derechos de los barrios de Bilbao, tras ver la película.

Para Franco, el barrio de Rekalde, compuesto a su vez por Betolaza y Uretamendi, vivió tres hitos históricos. El primero, el nacimiento de la primera Asociación de Familias de España al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964. “En ese momento fue un auténtico hito y sirvió para que todo el barrio, que llevaba tiempo de lucha, tuviera un elemento común, un lugar de encuentro. Los problemas de una persona, eran problemas del barrio. Había un eslogan que decía 'Lucha por tu barrio y lucharás por ti'”, recuerda. El segundo, el atropello de la niña María Teresa Sánchez Rivas, que murió en 1970 arrollada por uno de los cientos de camiones que circulaban diariamente por un barrio en el que se ubican 27 empresas de transporte de mercancías. En el funeral, la rabia del barrio se desbordó y la Policía intervino. “La Policía nos molió a palos a todos, pero fue un momento en el que todo el barrio nos dimos cuenta de que teníamos más fuerza si luchábamos juntos”, sostiene Franco que recuerda el momento en el que un vecino se encaramó a una de las barricadas para proclamar a gritos la instauración de “la República independiente de Rekalde”.

El tercero de los hitos que se encuentra en la memoria del activista, fue la creación de la Universidad Popular, que tuvo su origen en uno de los locales de Uretamendi y el posterior “secuestro” del autobús 27. “En el año 1978 ya había una escuela en Rekalde. Conseguimos, sin construir grandes infraestructuras, que por la tarde, cuando se quedaba vacía nos la cedieran. Allí abrimos la Universidad Popular y nos reuníamos para aprender y debatir sobre los problemas del barrio. Llegamos a la conclusión de que el problema principal del barrio era conseguir que el transporte público llegara”, detalla. Así, un grupo de cuatro o cinco vecinos, entre los que se encontraba Franco, decidieron bloquear con una hormigonera una de las dos entradas al barrio y, pararon el autobús 27. “El conductor se bajó, no hubo ningún problema, y conseguí subir autobús a Betolaza. Deshinchamos las ruedas, hicimos pintadas en los laterales y lo dejamos en el barrio, pero no pasó nada. Al cabo de unos días, repetimos la jugada, pero en esa ocasión, como la gente ya se había enterado y cuando llegamos al barrio con el autobús la plaza estaba llena. A diferencia de la película, en la que la Policía les detiene, en nuestro caso la Policía no llegó al barrio y pude conducir el autobús hasta llegar al Ayuntamiento. Allí me detuvieron y me tuve que marchar de Bilbao. ¿Mereció la pena? Efectivamente, porque al cabo de unos meses el 27 llegó regularmente a Betolaza”, confirma orgulloso.

Así lo ha narrado Franco durante el cinefórum ‘Historia y memoria del movimiento vecinal en Euskadi’, organizado por el Instituto de la Memoria Gogora, en el que se ha proyectado el largometraje ‘El 47’ del director Marcel Barrena, protagonizado por Eduard Fernández. “Los movimientos vecinales en el tardofranquismo son sujetos activos de nuestra historia. Fueron el germen de la Euskadi democrática en la que vivimos hoy, en un periodo en constante ebullición, donde la militancia vecinal, obrera, cultural, feminista, la llegada de miles y miles de personas de todos los puntos del campo español, dieron un puñetazo en el frágil tablero político y social del tardofranquismo’”, ha señalado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, tras escuchar al activista.

'Barrios, memorias, luchas'

No es el único evento que se ha llevado a cabo a lo largo de esta semana para recordar y reivindicar el papel de los movimientos vecinales. Esta semana también ha tenido lugar en Bilbao el acto 'Barrios, memorias, luchas', un homenaje a los movimientos vecinales, en el marco de 'Los 50 años de Libertad en España'. “Como consecuencia de los movimientos antifranquistas logramos un Estado de derechos y democrático. Pusimos el punto donde había que ponerlo: en los movimientos sociales, que eran los grandes olvidados. Yo creo que contra lo que fue la dictadura, había tres fuentes importantes: el movimiento estudiantil, el movimiento sindical y el movimiento asociativo. Entre 1955 y 1975 seis millones de españoles se mudaron de provincia. Todo esto había que verlo en el contexto que había entonces, que era una emigración muy fuerte, por razones políticas y razones de hambre”, reconoce Francisca “Paquita” Sauquillo en una película realizada por Mikel Toral y visualizada durante el acto.

En dicha película se narra la historia de Dori, que se marchó de su tierra con sus seis hijos y una sola maleta. O la de Carmen, que recuerda el hambre y el racionamiento de las lentejas en su casa, en las que había más bichos que lentejas. “Las ciudades del Estado de más de 100.000 habitantes pasan de ser 20 en 1960 a ser 40 en 1975. No se podía construir, yo recuerdo la vez que hicimos una casa de ladrillo, que nos ayudó mucha gente del barrio. En el día había que levantar la casa, cubrirla y que esa noche durmiera alguien allí, para que cuando viniesen estuviera ocupada. Era un barrio que no tenía luz, agua, nada de nada. Hubo que hacerlo todo sin agua, luz, colegios, guarderías, centros de salud. Era un barrizal. Eso fue el chabolismo legalizado. Sí sabíamos que teníamos derecho a vivir con dignidad, que teníamos derecho a tener elementos de ciudad y a no ser el cuarto oscuro ni la trastienda de la ciudad”, explica otro de los activistas.

“Las asociaciones de vecinos fueron el primer cauce de democracia participativa local. Los barrios han dignificado la política de igualdad de derechos, de deberes, de responsabilidades, de servicios... Han venido gracias a las reivindicaciones históricas que se han producido en el movimiento vecinal. La democracia la fueron conquistando estos hombres y mujeres, calle por calle. Conseguir un colegio público en un barrio que no lo tenía, la construcción de un ambulatorio donde no llegaban los médicos, lograr que pase el autobús donde no pasaba nada. Esa es la democracia que hicieron realidad estas gentes, encerrándose en los locales, cortando el tráfico, protestando en la calle, luchando”, recuerdan los activistas en la película tras recalcar que “todo lo conseguido, también es lo primero que se pierde cuando desaparece la gente”.

Homenaje a los movimientos vecinales

“Desde el programa de España en Libertad 50 años nos hemos planteado no solamente explicar qué fue la dictadura y que se hagan reflexiones de los grandes alcances en derechos y en libertades durante la democracia, sino también rendir homenaje especialmente a la gente olvidada, a la gente de los movimientos sociales, fundamentalmente de los movimientos obreros, de los movimientos vecinales, de las mujeres o, por ejemplo, también el recuerdo del exilio de los niños de la guerra”, ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha afirmado que los movimientos vecinales son los “grandes olvidados en todo lo que ha sido la conquista de la democracia”.

En parecidos términos se ha expresado la comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, quien ha defendido el trabajo de “tanta gente de a pie que desde los barrios estuvo trabajando para conseguir derechos y libertades que hoy damos por supuesto”. “Nos interesa mucho toda esta memoria y todo ese recuerdo, pero también nos interesa mucho ese ejemplo. Creemos que es necesario traer todas esas historias del presente para que nos sirvan de inspiración y de modelo y para seguir defendiendo a día de hoy la democracia que, tristemente, parece que en algunos lugares está en retroceso”, ha agregado.

Por último, desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), su presidente, Julio Molina, ha considerado “de justicia” reconocer a los movimientos vecinales“. ”Después de haber pasado por unas etapas muy difíciles en este país de la España en blanco y negro, del nodo, por fin conseguimos la democracia y la libertad, y es de justicia reconocer a los movimientos vecinales porque, al igual que la clase obrera en los centros de trabajo o en las universidades, la conquista de la democracia y la libertad se fraguó también en los barrios con los vecinos y vecinas“, ha concluido.

La movilización de cientos de embarcaciones contra el proyecto de macrocelulosa de Altri, en la que lanchas de organizaciones ecologistas cruzaron la ría de Arousa junto a pesqueros o bateeiros rumbo al puerto de A Pobra do Caramiñal —donde decenas de miles de personas esperaban en tierra— tiene un precedente próximo en el tiempo. En junio, los barcos de pesca artesanal escoltaron al rompehielos de Greenpeace Arctic Sunrise en su llegada a Vilagarcía en la que fue la primera gran manifestación marítima contra la pastera. De aquella singladura surgió un documento conjunto y un compromiso entre dos sectores, muchas veces enfrentados sobre el papel, para hacer frente hombro con hombro a problemas comunes que van mucho más allá del riesgo de contaminación de la cuenca del río Ulla.

“Esto ya se puso de manifiesto con el Prestige”, rememora Xaquín Rubido, biólogo y rostro visible de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA). Entonces, los marineros de Arousa frenaron la entrada de fuel en la ría con sus propias manos, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Muchos de aquellos veteranos, con más canas y tripulando barcos que, en su mayoría, ni existían hace dos décadas, pusieron rumbo este sábado hacia A Pobra para oponerse a lo que sienten como una nueva amenaza contra su modo de vida.

Si Ulloa Viva, el movimiento nacido en la comarca lucense donde pretende instalarse Altri, es el ejército de tierra, la PDRA articula el brazo marítimo de la rebelión contra Altri. A ellos les tocó gestionar la logística de los dos desembarcos: tanto el de junio, en Vilagarcía como el de A Pobra.

La ría de Arousa y Palas de Rei, el enclave previsto para la celulosa, están separados por más de 100 kilómetros, pero unidos por un río, el Ulla —ése del que, según la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, “nadie bebe agua directamente”—, tan imprescindible para la fabricación de pasta soluble y fibras vegetales como para la supervivencia de la ría en la que desemboca y que, a lo largo de su curso, se ve amenazada por otro proyecto que vuelve a tomar cuerpo: la mina de cobre en los concellos coruñeses de Touro y O Pino.

Rubido recuerda que ya a finales de 2002, cuando la marea negra del petrolero azotaba la costa gallega, él mismo había propuesto integrar en la gestora de Nunca Máis —el movimiento ciudadano nacido de la manifestación dos paraugas que colapsó Santiago con más de 200.000 personas— a las cofradías de pescadores “más dinámicas”. Nombres como el de Francisco Iglesias, patrón mayor del pósito de O Grove, se convirtieron en símbolos de aquella lucha.

La propia PDRA, en la que está representado “todo el sector del mar” tiene entre sus miembros a la CIG —el sindicato mayoritario en Galicia— pero también a entidades ambientalistas como Greenpeace, Adega o la Agrupación Ecoloxista do Salnés. “Somos una estructura integradora. Siempre que se respeten los mínimos de defensa del sector productivo, que es ambientalmente sostenible, tendemos a llegar a acuerdos”.

No duda de que el mar está viviendo un momento crucial, y no sólo por Altri. “Hay mucho en juego y lo que tenemos sólo se gana con alianzas de futuro, con colaboración al nivel que sea posible. Los gestos son importantes y el sectarismo no es bueno; lo bueno es admitir que somos distintos: cada uno juega su papel, hace las cosas a su aire y hay que dejar que sea así. Todos los colectivos necesitan su momento y eso está bien”.

Manifiesto de a bordo

El Arctic Sunrise, curtido en romper hielo en los polos, lo hizo también en la ría de Arousa. Mientras estuvo atracado en el puerto de Vilagarcía, Greenpeace y la PDRA se sentaron a bordo para consensuar un documento sobre la “crisis” que afecta “a los océanos y a las personas que viven de ellos”. Manoel Santos, coordinador en Galicia de la organización ecologista, se muestra “especialmente orgulloso” de un texto que arranca pidiendo “un Tratado Global de los Océanos”.

Rubido también lo recuerda como un hito. “En ese acuerdo, ellos reconocían los problemas del sector”. Para él, estas formas de colaboración “implican acercamientos”. “No fue difícil: apartamos las cosas en las que íbamos a chocar y llegamos a acuerdos”, resume Santos. Y la macrocelulosa sobre el Ulla sólo era un punto entre una veintena.

“Impedir la puesta en marcha de nuevas plantas de celulosa como Altri, que pondría en peligro no solo el río Ulla, sino también la ría de Arousa como consecuencia de la disminución del caudal y el incremento de la contaminación y temperatura de las aguas del río”, consta negro sobre blanco. Santos enumera otros acuerdos a los que cree que “nadie podría oponerse”: “la regeneración de las rías, controlar los vertidos, frenar las especies invasoras, el furtivismo... ”.

El ecologista tiene claro que pescadores y mariscadoras ya “ven problemáticas ambientales que les afectan”, como el cambio climático o la subida de la temperatura del agua, y los efectos nocivos que tienen sobre la producción. “Ahí nos estamos encontrando y nos tenemos que defender unos a otros. Nadie más tiene un sector como el nuestro ni 1.600 kilómetros de costa”. Por eso, cree que estas alianzas estratégicas entre sectores pueden ser, en parte, cierto “hecho diferencial” gallego, pero también el que aquí se concentre “más del 60% de la pesca del Estado”.

Aun así, hace distinciones: “una cosa es la pesca industrial, el arrastre de fondo, el palangre de superficie... la pesca de altura y gran altura y otra muy distinta la pesca artesanal”; en sus movilizaciones, “excepto algún verso suelto con más conciencia, la pesca industrial no está”. Tienen claro que su lucha es la de “la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura extensiva”, actividades que, según sus cuentas, pueden abarcar el 80% de las embarcaciones gallegas —unas 4.000— pero poco más del diez por ciento de la facturación total del mercado.

“Del puerto de Vigo salimos casi apedreados por el arrastre de fondo. Con ellos vamos a tener conflicto hasta que desaparezca, porque nos parece el método de pesca más destructivo”, recapitula Santos. “Tuvimos lío con el palangre de superficie, que está acabando con los tiburones... pero no creo que lo tengamos con la pesca artesanal”. Aun así, no todos los puertos son iguales. “Las cofradías de pescadores, como las comunidades de montes y las asociaciones de vecinos son espacios de poder que los partidos siempre luchan por ocupar. En Galicia sabemos bien quiénes son los patrones mayores de un lado y del otro...”.

Contrato con la naturaleza

Rubido prefiere no incidir en las diferencias con la pesca industrial y se limita a decir que, entre ellos, “existe una distancia que se percibe por el silencio”. “La pesca, para ser sostenible, tiene que llegar a un contrato con la naturaleza y saber cuáles son los límites. El sector productivo de la ría de Arousa sí tiene ese trato”.

“Los problemas graves los están viviendo en el interior de la ria”, confirma Santos que enumera varias bahías con situaciones similares: Arousa, Pontevedra, Noia... “Ahí se chupan el urbanismo, la contaminación... Es el momento de evitar que se sigan deteriorando los ecosistemas y que se les defienda”.

El responsable de Greenpeace en Galicia da por hecho que a la larga habrá problemas con los bateeiros, curiosamente, el sector que más ha tirado de las últimas movilizaciones. “Es probable que tanta batea esté siendo perjudicial, habrá que verlo en su momento, porque ahora estamos en una crisis ecosistémica que ellos ya notan”.

Santos tiene dudas sobre la cantidad de bateas —Arousa acumula dos terceras partes de las más de 3.300 instaladas en la costa gallega—, pero no sobre la filosofía de una actividad que la convirtió en la primera productora mundial de mejillón. “La de bivalvos es la acuicultura más sostenible”. La contrapone a la que llama “carnívora”, la que satura supermercados y restaurantes con lubinas y doradas, criadas en piscifactorías con piensos procedentes de descartes de la pesca. “Nuestro mejillón se alimenta filtrando el mar, así que lo que toca es tener un mar sano para que pueda filtrarlo”.

Para él, la explotación sostenible de los recursos marinos pasa sólo por la pesca artesanal y el marisqueo. “Las otras formas no nos valen. Si éstas se cuidasen con un poco de cariño y se invirtiese en ellas lo que se invierte en otras partes, nos iría mucho mejor y tendríamos capacidad de surtir a la población”. Pese a la urgencia del momento, no se engaña: “¿Que no hacen todo bien? Seguro, pero seguro que nosotros tampoco”. Y tiene claro lo que espera en el futuro: “Chocaremos, pero será en otro momento”.

“La convivencia es buena, ayuda a relativizar las diferencias y buscar puntos en común para tejer un movimiento social”. Tras más de cuatro décadas en el activismo, Rubido detecta cómo el cambio de mentalidad va impregnando un sector productivo que ha dejado de ser reacio al cuidado del medio ambiente. El ecologismo se lo agradece subiéndose a su barco. “Estamos defendiendo una cultura. Si desaparecen las mariscadoras no solo desaparece una actividad: desaparece una cultura”. Y como si estuviese al timón, Rubido concluye: “Lo importante es mantener el rumbo”.

Como en otras ciudades de España, el acceso a la vivienda en Sevilla se ha convertido en un “drama” agravado por el aumento de los precios, que se acercan a los de la burbuja inmobiliaria de 2008, alimentados por el boom de las viviendas turísticas. En este contexto, se ha puesto en marcha el Sindicato por la Vivienda de Sevilla, una iniciativa ciudadana, impulsada en su mayoría por gente joven, con el objetivo de articular una respuesta organizada en la capital andaluza frente a “la mercantilización de un derecho elemental” como es la vivienda.

El Sindicato por la Vivienda de Sevilla nace así al calor de la oleada de protestas que está recorriendo todo el territorio español para reivindicar que “la vivienda no es un negocio”. De esta forma, la nueva organización sevillana se suma a la red de sindicatos que se han desplegado los últimos años por España para combatir “una de las crisis más graves de la actualidad”, la de la vivienda, que está copando el debate público y marcando la agenda política.

Una crisis “provocada por un modelo económico injusto que trata la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental básico para vivir, como la comida o el agua”, según recoge el manifiesto fundacional de esta entidad, que ha echado a andar este lunes con la vocación de combinar la organización y la movilización con reivindicaciones concretas y con una fecha en el horizonte: el 5 de abril, día en el que los sindicatos de inquilinas han convocado la primera manifestación estatal por la vivienda.

La crisis de la vivienda en Sevilla

En su primera rueda de prensa, el Sindicato por la Vivienda de Sevilla ha puesto cifras y rostros al drama residencial que sufre el país y afecta también a los sevillanos. En la capital hispalense, “más de un cuarto de la población asalariada percibe un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional” (1.184 euros mensuales), mientras los precios alcanzan cifras desorbitadas: “Alquileres que superan los 900 euros e hipotecas superiores a los 135.000 euros con condiciones abusivas impuestas por las entidades financieras”, como advierten desde la organización sindical.

Frente a ello, denuncian en su manifiesto que las políticas públicas actuales “no están resolviendo la crisis, sino todo lo contrario”. En este sentido, acusan a las empresas públicas encargadas de facilitar el acceso a la vivienda (Emvisesa a nivel local y AVRA en el contexto de la Junta de Andalucía) de ofrecer soluciones que distan de ser accesibles para gran parte de la población, al “anunciar promociones públicas por 200.000 euros”.

“Las administraciones públicas, que deberían garantizar el derecho a la vivienda, son cómplices”, reprochan. “Han tolerado y favorecido la liberalización del mercado inmobiliario, la promoción del alquiler turístico y la, a todas luces, insuficiente oferta de vivienda protegida; lo único que realmente garantizan es la prosperidad de unos pocos poderosos, a costa de la miseria de la mayoría”, critican desde el Sindicato por la Vivienda sevillano, recordando que “mientras decenas de miles de personas están desesperadas por acceder a un techo que les brinde estabilidad y dignidad, cerca de 25.000 viviendas permanecen vacías en nuestra ciudad, en manos de fondos buitres, bancos e inmobiliarias cuya única función es especular y subir los precios del mercado”.

Lista de objetivos

Todo ello conduce a “una situación cada vez más alarmante”, en la que “cada vez son más las personas que se ven obligadas a vivir en condiciones precarias o que directamente son expulsadas del acceso a una vivienda digna”. Ante este panorama, el Sindicato por la Vivienda de Sevilla plantea una lucha activa contra lo que describen como una “dictadura inmobiliaria”.

En su lista de objetivos, figura negociar con las administraciones para promover mejoras como crear un parque público de viviendas protegidas “realmente asequibles”, limitar los precios del alquiler para que en ningún caso superen el 5-15 % del salario de los inquilinos, endurecer las normativas contra cláusulas abusivas en contratos de arrendamiento e hipotecas o expropiar las viviendas vacías en manos de especuladores.

En definitiva, este nuevo sindicato se propone, desde Sevilla, hacer efectivo un derecho recogido en la Constitución Española, que se ha convertido en un “horizonte inalcanzable” para miles de personas, especialmente entre la población joven. “La vivienda no puede seguir siendo el negocio de unos pocos, debe ser un derecho accesible para todas y todos”, reivindica Álvaro Pastor, secretario general de la organización que defiende que “tener un techo no es un lujo, es algo imprescindible para la supervivencia, como la comida o el agua”.

Ahora que ya se ha puesto en funcionamiento, el Sindicato por la Vivienda sevillano anima a “inquilinos e inquilinas, hipotecados e hipotecadas, trabajadores y trabajadoras” a unirse a esta iniciativa, asistiendo a las asambleas y actividades que anunciarán a través de sus redes sociales. Desde esta plataforma ciudadana recién estrenada, confían en que el movimiento en defensa de la vivienda pueda coger impulso y alcanzar conquistas en Sevilla al calor del fervor que se respira a nivel nacional, como se espera demostrar en la manifestación estatal del próximo 5 de abril.

Los deportes tradicionales se siguen practicando en Aragón, aunque ahora los aficionados a la barra aragonesa de Zaragoza se han quedado sin el único campo de tiro de barra ubicado junto al antiguo pabellón de Aragón en la Expo 92, para la construcción de una residencia privada de estudiantes.

El Club Barraires, dedicado a los juegos tradicionales, denunció la situación en redes sociales, donde criticó “la destrucción del único campo de Tiro de Barra Aragonesa y deportes tradicionales de la ciudad de Zaragoza, posiblemente el mejor equipamiento de este tipo de la comunidad autónoma de Aragón. Dicen que esta destrucción es cuestión de ”progreso“ al ofrecer este nuevo solar para la construcción de la residencia de estudiantes del Campus Tecnológico de Aragón”.

Calificó la destrucción del campo como una “auténtica vergüenza” y lamentó que ni el Gobierno de Aragón, ni Zaragoza Deportes, ni el Justicia de Aragón atendieran sus demandas para preservar el espacio o habilitar una alternativa.

Tras esta decisión, decidieron trasladarse a Pinares de Venecia, de donde también fueron expulsados ya que la zona forma parte de la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza y van a comenzar a asfaltarla.

El terreno del actur había sido calificado para uso deportivo desde 2010, pero en 2022 el Gobierno de Aragón y la patronal aragonesa CEOE hicieron una permuta entre el mismo y el edificio de alabastro del pabellón de Aragón. Esta operación urbanística ha culminado con la venta del terreno para realizar residencia estudiantil privada más grande de Zaragoza, que abrirá sus puertas en 2026 y que tendrá capacidad para 670 residentes.

La nueva instalación junto a la ribera del Ebro será una realidad en 18 meses y está basada en el modelo coliving, constará de 336 estudios de alquiler a precio asequible, biblioteca, zonas de coworking, gimnasio, cafetería, zonas de preparación de comidas, lavandería, terrazas y salas polivalentes. Asimismo, contará con 75 plazas de aparcamiento en sótano y 25 plazas en el exterior. Un proyecto que en su conjunto va a suponer una inversión por parte de los inversores de 18 millones de euros, que se recuperarán a lo largo de los 75 años de la concesión.

Proposición no de ley en las Cortes

Las primeras competiciones de lanzamiento de barra aragonesa datan de 1930, con el primer campeonato de Aragón celebrado en Zaragoza. Es el deporte más reglamentado y que se expande con normas homogéneas por la comunidad, gracias, por una parte, a ser acogido por la Federación Regional de Atletismo, lo que ha permitido su estandarización. De hecho, solo el lanzamiento de barra aragonesa y el tiro de bola aragonesa están reconocidos como deportes tradicionales en Aragón. Ante la desaparición del único campo donde practicarlo en Zaragoza, CHA ha reclamado este lunes, 6 de enero, “soluciones”, lo que el presidente del Ligallo de Redolada de Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha considerado “un golpe” a la cultura e identidad aragonesas.

CHA presentará una proposición no de ley (PNL) en las Cortes de Aragón, a cargo de la diputada Isabel Lasobras con el objetivo de garantizar la reubicación de esta práctica y la protección de los deportes tradicionales en el territorio.

Chuaquín Bernal ha señalado la importancia del tiro de barra como una manifestación cultural única: “La barra aragonesa no es solo un deporte, es una conexión directa con nuestra historia y nuestras raíces. La demolición de este espacio, sin ofrecer alternativas, no solo deja sin lugar a quienes practicaban este deporte, sino que también pone en peligro la transmisión de esta tradición a las futuras generaciones”.

Bernal ha destacado la urgencia de proteger y promover los deportes tradicionales, subrayando su valor como parte esencial de la identidad aragonesa y su capacidad para generar cohesión social. “Es inaceptable que en Zaragoza, una ciudad que debe ser referente en la preservación de nuestras tradiciones, permitamos que se pierdan espacios fundamentales para nuestro patrimonio cultural”, ha afirmado.

En Campo de Criptana rechazan el Plan de Biometanización impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha al considerarlo un “erróneo modelo”. En esta localidad de Ciudad Real acaba de constituirse la plataforma 'Stop Biometano Criptana' que en la tarde del viernes presentaba su manifiesto en una asamblea ciudadana.

Fue en agosto cuando la Junta de Castilla-La Mancha pisó el acelerador y declaró como “prioritarios” proyectos de plantas de biogás en la provincia de Ciudad Real, uno de ellos en Campo de Criptana. Ayer mismo se publicó el decreto que regulará la gestión de purines porcinos en la comunidad autónoma, una vez que decaiga la moratoria para la instalación del macrogranjas el próximo 31 de diciembre y el Gobierno regional apuesta por valorizar los excrementos de los cerdos a través de estas plantas de biometano que llevan meses proliferando por todo el territorio regional, con una fuerte oposición social que, en algunos casos, ha logrado frenarlos, como en el caso de Albacete.

En Campo de Criptana, varios integrantes de 'Stop Biometano Criptana' se reunieron con el alcalde Santiago Lázaro López el pasado 14 de diciembre y ahora tras la asamblea, tanto el edil como el colectivo ciudadano han mostrado “sintonía” para “blindar” al municipio contra este tipo de proyectos.

Dicen estar convencidos de que “la lucha solo acaba de comenzar”. Durante el acto se presentó el manifiesto que define las intenciones de la plataforma ante un centenar de asistentes. Ahora comenzarán a recoger adhesiones y firmas ciudadanas “para parar este tipo de instalaciones que presentan graves riesgos de olores, de dispersión de fitotóxicos, de accidentes, de contaminación del acuífero y de contaminación del aire”, según afirman.

Entre las trece razones expuestas en el manifiesto para oponerse a este tipo de plantas a gran escala se incide en el trasiego incesante de camiones de gran tonelaje “cargados de residuos fétidos” y el “efecto llamada a macrogranjas”. En su opinión, este modelo de generación de biometano “encierra un falso discurso de descarbonización y se implementa para dar beneficio únicamente a los fondos de inversión promotores y perjuicio a toda la población y su entorno”.

Reclaman la retirada del Plan de Biometanización

Frente a estos riesgos y problemas, se pusieron de manifiesto las peticiones y soluciones que desde 'Stop Biometano Criptana' se reclaman al Ayuntamiento y a la Junta de Comunidades y que pasan por impedir la instalación de este tipo de plantas y de macrogranjas y apostar por una gestión de residuos orgánicos más local y a escala razonable, así como la retirada del Plan Regional de Biometanización.

La asamblea ciudadana se reunirá mensualmente y se ofrece a la ciudadanía colaborar con los grupos de trabajo y de coordinación que se irán implementando partiendo de un grupo coordinador motor que se ha encargado hasta ahora de dar los primeros pasos desde la primera asamblea.

Una concentración el 4 de enero en la plaza Mayor

Los asistentes a la asamblea, incluyendo personas procedentes de poblaciones vecinas, insistieron en la necesidad de coordinarse en esta lucha que va a afectar no solo a Criptana, sino a todas las demás localidades. Se aclaró también que, tal y como se declara en el Manifiesto, “no se está en contra de la tecnología de tratamiento de residuos en sí, sino del modelo a gran escala de macroplantas y también que quien realmente tiene el poder final de pararlas es el ayuntamiento, mediante el cambio de la normativa local”.  

Con el reparto de hojas de firmas y folletos, se dio por finalizado el acto haciendo un llamamiento a la concentración que tendrá lugar en la plaza Mayor a las doce de la mañana del próximo 4 de enero. 

La pretensión de levantar un complejo turístico y de ocio dedicado a los “deportes extremos” en Coín avanza lenta pero firme. Desde que elDiario.es Andalucía desvelase la existencia del proyecto avalado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno como inversión de “interés estratégico” para la comunidad auotónoma, la promotora Nature Call Initiatives (integrada en el holding societario liderado por Jaime y Javier Ardid Martínez-Bordiú –bisnietos de Franco–) ha iniciado una intensa campaña para convencer a vecinos, medios y partidos políticos de sus bondades. Entre tanto, impulsaba los trámites administrativos para materializar su idea. El temor de una buena parte de la sociedad coína, de la oposición y de grupos ambientalistas es que afecte al acuífero sobre el que se colocaría.

De la ambición de la propuesta da cuenta el nombre: Transcendence. Para encajarla es necesario, antes que nada, modificar el Plan Parcial que actualmente ordena la zona de Los Llanos de Matagallar. Por ahora, y desde 1996, se prevé que el terreno se destine algún día a uso residencial. A instancias de Nature Call, el ayuntamiento inició los trámites para cambiar ese destino, para lo que se necesita el visto bueno de la administración autonómica.

En este contexto, la Junta de Andalucía emitió el 30 de julio el documento del que este medio ha informado esta semana. Un “documento de alcance” que tiene por objeto delimitar el estudio ambiental que, en plazo de 15 meses, deberá presentar la promotora. Y es ahí donde la administración autonómica ha empezado a marcar el terreno: el proyecto final deberá ser muy “preciso” sobre cómo va a abastecerse de agua, tendrá que aportar datos de consumo, y no podrá incrementar la “presión” sobre el acuífero.

A pesar de la advertencia, la promotora dice estar satisfecha con el marco que le fija la Junta. “Los técnicos no han encontrado incompatibilidades del proyecto con la ubicación elegida”, celebró en una nota distribuida a los medios. No era el momento: el documento de alcance fija el marco, pero el examen llegará cuando Nature Call presente el estudio ambiental, que sí será examinado en detalle junto a las alegaciones que reciba.

Esto es lo que se conoce del proyecto y su repercusión social en el año transcurrido desde que se presentó.

El proyecto: deportes extremos, aventura y naturaleza

Inicialmente, la idea de los Ardid Martínez-Bordiú era levantar un “Centro de Alto Rendimiento en Deportes Extremos y e-sports”, donde practicar wakeboard, kitesurf, skateboard, e-buggies, MTB, rafting, rápel o salto base, además de e-sports, según se describía en la declaración de interés estratégico de la Junta de Andalucía, desvelada por este medio el pasado septiembre. La oferta deportiva se dividía en cinco “mundos” inspirados en la Grecia clásica: Mundo Agua; Mundo Tierra; Mundo Fuego; Mundo Aire; y Quinto Elemento. Además, habría un “Mundo Kids”, y zonas públicas con restaurantes, zona de convenciones, spa/fitness, club/coworking/think tank y otras áreas públicas.

En Coín, muchos arquearon las cejas ante algunas de las actividades previstas. Situar una piscina de olas sobre el acuífero en el contexto actual de sequía y restricciones para la población y la histórica economía de regadío que identifica la zona genera rechazo. De ahí que desde el principio los promotores reforzaran su propuesta con promesas de sostenibilidad: materiales naturales o reciclados, depuradora, sistemas de condensación, construcción sobre pilotes de madera para evitar el daño al suelo y subsuelo, donde está el acuífero.

En su última nota de prensa, la promotora parece abandonar su apuesta por los deportes extremos, algo que precisamente sirvió a la Junta de Andalucía para justificar su carácter innovador y, por tanto, su potencial “estratégico”. Ahora, lo denominan “proyecto ecoturístico de deporte de aventura y naturaleza de Coín”. Está en la línea del intenso trabajo de los últimos meses para trasladar la supuesta apuesta sostenible del proyecto, al que se presenta como una oportunidad de mejora. “Un antes y un después en el turismo sostenible en Andalucía”, según sus materiales de promoción.

En total, el complejo ocuparía casi 1,1 millones de metros cuadrados, 107.000 de ellos construidos: 47.000 metros cuadrados para instalaciones y 60.000 para “alojamientos turísticos de apoyo a la actividad deportiva”. Serían 510 viviendas turísticas independientes, dos de ellas villas de 1.000 metros cuadrados. Además, habría un “pueblo” de 33.000 metros cuadrados con “los principales restaurantes” en la zona central y un aparcamiento de 57.000 metros cuadrados.  

La inversión prevista por Nature Call, que se ha comprometido a priorizar a la economía local en las contrataciones, es de 267 millones de euros.

Los negocios de los promotores: la familia Ardid Martínez-Bordiú

La cifra de viviendas previstas es inferior a lo que permite ahora el Plan Parcial vigente (900). Sin embargo, su destino exclusivamente turístico alimenta la sospecha de una parte del pueblo de que el deporte (ya sea extremo, de aventura o de naturaleza) es solo el señuelo de una operación urbanística más.

A esta hipótesis contribuye la promotora. Nature Call, con un capital social de cuatro millones de euros, tiene como socio único a Ard-Id Investment & Development, S.L., el holding familiar de los hijos de Mariola Martínez-Bordiú, la segunda nieta de Francisco Franco, y Rafael Ardid, nieto de un general republicano. Su negocio habitual es el mercado residencial de lujo. El objeto social de la sociedad matriz es la promoción, construcción y arrendamiento de inmuebles, y la explotación de hoteles, apartahoteles e instalaciones hosteleras. Son, por ejemplo, responsables del hotel Only You en el histórico edificio rehabilitado de La Equitativa de Málaga, a cuya inauguración acudió el propio Juan Manuel Moreno.

Tras lograr un aval estatal a las pérdidas acumuladas durante la pandemia, la familia vendió por 114 millones de euros de uno de sus inmuebles más emblemáticos, un cinco estrellas en pleno barrio de Salamanca y poco después adquirió por 56 millones un inmueble de siete plantas situado en el número 53 de la calle Velázquez de Madrid. Tras echar a los inquilinos, están transformando el inmueble para ofrecer 13 viviendas de lujo, de las que en 2023 prevendieron siete por un total de 57,7 millones, según El Confidencial.

La resistencia al proyecto

Los Llanos de Matagallar es zona sensible. Los terrenos, situados junto a un extenso pinar que aloja pistas deportivas y la antigua ciudad del cine, son propiedad de Nature Call, pero nunca han tenido un uso privativo, sino que sirven de zona de expansión y disfrute de los vecinos, que suelen acudir allí a pasear o hacer deporte. Casi nadie sabe a ciencia cierta cómo aquellos terrenos, que nunca han estado vallados, dejaron de ser municipales, y desde hace un siglo se ha planteado en diversas ocasiones su recompra por el pueblo. Desde los 90 es terreno urbanizable.

La resistencia vecinal ya echó abajo el proyecto de Aifos a finales de la primera década del siglo. La constructora, símbolo de los excesos del boom constructivo de la Costa del Sol, acabó quebrando con 900 millones de euros de deudas. Entre la quiebra de Aifos y los vecinos acabaron con la pretensión de construir allí 900 viviendas y dos campos de golf. Y el suelo pasó de Caja Granada (acreedor de Aifos) a la familia Ardid.

La protesta contra el proyecto de Aifos se canalizó en su día a través de la Mesa del Agua, que ha resucitado ahora para oponerse al nuevo proyecto. En febrero fue capaz de liderar una protesta vecinal que reunió a unos 5.000 vecinos, según sus estimaciones. Una quinta parte del pueblo. En un Pleno celebrado hace un año, todos los partidos (PSOE, Vox, Andalucía x Sí, Unidas Podemos y PP, que gobierna) apoyaron mociones contrarias al proyecto. Pero el alcalde, Francisco Santos, ya advirtió que “no es tan fácil” rechazarlo, y avanzó la línea que ahora desliza la promotora: si se frustra el proyecto, sus impulsores buscarán resarcirse. Desde entonces, el consistorio ha canalizado la propuesta de la promotora hacia la Junta de Andalucía.

El principal argumento para los detractores sigue siendo el mismo: el complejo iría justo encima del acuífero que riega las provechosas huertas de Coín y abastece al municipio, con unos 25.000 habitantes censados. Se trata de una zona de recarga especialmente porosa, de modo que el temor es doble: por la cantidad de agua que requiere un proyecto así, que tendría que salir del acuífero; y por el posible impacto de cualquier filtración sobre la potabilidad del agua o de la impermeabilización sobre la recarga.

Nature Call encargó un informe a un hidrogeólogo, que concluye que el acuífero tiene un excedente de 62 litros por segundos que se vierten a la cuenca del Guadalhorce. Al otro lado, los opositores al proyecto esgrimen otro informe de un catedrático de la Universidad de Málaga, este de 1997, que ya advertía de que el acuífero se explotaba por encima de sus posibilidades. Desde entonces, la población ha crecido en un 40%, han llegado hasta aquí las plantaciones de subtropicales con su demanda intensiva de agua, y la sequía ha golpeado con fuerza en los últimos años.

Añaden lo que ven sus ojos. Del manantial del Nacimiento, apenas a unos cientos de metros de dónde iría el complejo, antes brotaban 3000 litros por segundo y hoy está seco. Una bomba le saca el agua de las entrañas a través de lo que los vecinos conocen como “la grieta”. 

Los vecinos de la calle de San Francisco de Teruel a duras penas olvidan lo sucedido casi a mediodía el 13 de junio de 2023. El edificio del número 21 colapsó y se vino abajo en medio de un estruendo ensordecedor, como atestiguan las numerosas grabaciones del momento. Milagrosamente no hubo heridos porque unos minutos antes había sido desalojado por un sospechoso sonido de crujidos.

Las 21 familias de este inmueble se quedaron prácticamente sin nada, y algo parecido las nueve del número 19, que fue declarado en ruina.

Han pasado quince meses y las quejas de los afectados por la forma de actual del Consistorio, presidido por la popular Emma Buj, no han menguado. Agradecen que habilitase una partida para pagar el alquiler a quienes se quedaron sin vivienda –aunque los vecinos lamentan la inseguridad de que esta ayuda se renueve cada seis meses–, pero achacan al equipo de gobierno “una grave falta de diligencia” a la hora de investigar las causas de lo ocurrido. El Ayuntamiento, sin embargo, niega que existan demoras.

Hay que recordar que determinar el motivo por el que el edificio se vino abajo supondrá a su vez identificar quién tiene que la responsabilidad de asumir el resarcimiento, que puede conllevar un importe millonario.

Los afectados del número 21, de hecho, presentaron meses atrás una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Teruel por un total de 3,9 millones de euros. El Consistorio, por su parte, reclama a los propietarios y a las aseguradoras en torno a 800.000 euros por las facturas abonadas.

Ya el mismo día del suceso, los vecinos denunciaron que llevaban “doce días” alertando al Ayuntamiento de que se filtraba agua por las paredes del garaje. Las protestas de los afectados continúan quince meses después: “Parece que al Ayuntamiento les importa más tapar la grietas en su gestión y las filtraciones en la prensa que la solución a los problemas del municipio”, lamenta Elvira Martín, portavoz del grupo de trabajo del Barrio del Carmen. Se trata de un equipo montado por los propios vecinos para coordinar una investigación propia y armarse jurídicamente ante lo que se viene.

En el caso ha intervenido también la Justicia de Aragón, que el pasado mes de julio emitió una resolución en la que instó al Consistorio a “acometer una actuación integral en la zona de la calle San Francisco”, tras las denuncias vecinales de filtraciones por todo el área. Recuerda esta institución, en la misma resolución, que “la inactividad de los ayuntamientos en materia de conservación podría, si procediere, determinar el nacimiento de una responsabilidad administrativa”, tal y como ha determinado el Tribunal Supremo.

“Hay gente que aún se echa a llorar si quedamos cerca del solar o en las concentraciones del día 13”, dice Javier Carbó, otro de los portavoces de los vecinos. Mes tras mes, en recuerdo del triste suceso, los afectados se siguen concentrando cada decimotercer día para reclamar una solución a su situación.

En enero y junio del año pasado, antes del colapso, los bomberos ya tuvieron que intervenir para achicar agua en bloques colindantes. Junto a esto, Elvira Martín recuerda que en su día los vecinos cogieron “muestras en un pozo de registro” y en esas muestras –una semana después– el agua llevaba cloro, como sucede con el agua de boca. “En total, los bomberos tuvieron que sacar dos millones de litros en sendas intervenciones”, dice la portavoz de los vecinos aún sorprendida. “Lo que está pasando en esta comunidad no es normal”, recuerda Martín que afirmó uno de los bomberos.

Además, la portavoz destaca que desde aquel derrumbe se han seguido produciendo efectos similares en otros puntos de la misma zona del núcleo urbano turolenses, como en el denominado Callejón del Gato o en la plaza de las Monjas, debido presuntamente a las filtraciones. “Lo que reclamamos es que se resuelvan los problemas de las infraestructuras públicas municipales. No puede ser que en el último informe se señale que no han sido capaces de analizar un tramo la red de saneamiento”, añade.

El mencionado documento apunta que, en las revisiones llevadas a cabo en julio y en octubre del año pasado, se localizaron “deficiencias en la red de saneamiento”, unos problemas que coinciden con su “antigüedad”. Sin embargo, el mismo informe evita “afirmar” que esas deficiencias sean suficientes para provocar filtraciones. Asimismo, instó a llevar a cabo catas cuando finalice el desescombro.

La versión del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, el concejal delegado del Servicio de Infraestructura y Brigada de Obras, Juan Carlos Cruzado, niega que se estén demorando a propósito las pesquisas sobre las causas de lo ocurrido en junio de 2023 y achaca el retraso a los afectados. “Ahora mismo, todo está paralizado hasta que los propios vecinos autoricen a los equipos de investigación de los seguros a entrar al solar. Ya dijimos que hasta que no se hiciera el desescombro total no se podía empezar”, sostiene.

“Todo son retrasos y trabas continuas –responde frente a esto Javier Carbó–. Para el desescombro tardaron medio año de hacer una adjudicación sin proyecto y otro medio año en ejecutarlo. Y tardaron otro mes más en darnos el acta de recepción del solar. Aún no tenemos el informe de saneamiento que se ha pedido”.

Hay que matizar, en todo caso, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel dio la razón al Ayuntamiento en cuanto al procedimiento de contratación empleado para el desescombro. Los afectados reclamaban ejecutarlo con otros medios de actuación de menor coste.

En todo caso, el concejal Cruzado descarta que un eventual deficiente mantenimiento de la red de saneamiento y abastecimiento municipal esté detrás de lo ocurrido: “Analizamos toda la calle San Francisco y las calles próximas y el informe de la compañía de aguas concluyó que no hay ningún problema ni avería reseñable en la zona investigada”, añade.

Y aún hay más denuncias: según denuncia el grupo municipal socialista, el Ayuntamiento ni siquiera ha cursado una petición de ayudas al Gobierno de Aragón –tal y como lo apuntó el propio Ejecutivo autonómico en su respuesta a una pregunta parlamentaria–, institución con competencias en materia de Vivienda.

El portavoz municipal socialista, José Antonio Guillén, reconoce sin reparos que, “en el momento de la emergencia, el Ayuntamiento actúo bien, poniendo todo lo que estaba de su parte para ayudar a los vecinos. La propia alcaldesa, que estaba en funciones, lo hizo”, añade.

Sin embargo, a partir de entonces esto cambió: “La actitud del equipo de gobierno nunca ha sido empática con los vecinos, sino de enfrentamiento: los tratan como si fueran un grupo de la oposición”, señala Guillén, quien dice no sentirse “corresponsable” del modo como el equipo de gobierno trata a los afectados. 

Apenas 24 horas antes de que el pleno del Ayuntamiento de Oviedo apruebe el convenio para la reordenación urbanística y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega, un movimiento social, integrado por un amplio abanico de profesionales de diversos ámbitos, han suscrito un manifiesto donde piden a los representantes de los grupos políticos municipales que escuchen la voz de la ciudadanía.

Su SOS para “salvar La Vega” va en la misma línea que recientemente trazó el Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS-España), un organismo vinculado a la Unesco, que ha alertado sobre el “alto riesgo de afección” que puede afectar al conjunto industrial de esta antigua fábrica.

El manifiesto incluye las firmas de los arquitectos Marcos Balbín, José Ramón Fernández Molina, Felipe Díaz Miranda y Macario Iglesias, del sociólogo Jacobo Blanco, del catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar, de los geógrafos Ícaro Obeso y Toño Huerta, y de los profesores de Historia Francisco Erice y Rubén Vega.

También lo suscriben la presidenta de la Asociación de Artistas Visuales, Consuelo Vallina, la galerista Mónica de Juan, los escultores Fernando Alba y Adolfo Manzano, el promotor musical Carlos Barral, los músicos Xosé Ambás y Ramés Ilesias y la escritora Azahara Alonso.

Entre los firmantes también figuran el fotógrafo Javier Bauluz, el periodista Xuan Cándano, el cuentacuentos Milio del Nido, el empresario José Suárez Arias-Cachero “Felechosa” y los extrabajadores de la fábrica de armas de La Vega Víctor Triviño y Javier Ordás.

La unidad del conjunto fabril

El manifiesto se ha presentado este lunes en un acto celebrado en la librería Matadero Uno de Oviedo. Durante su intervención, los firmantes de este escrito se mostraron partidarios de mantener la unidad del conjunto fabril y abogaron por una planificación y estudio en profundidad de las futuras actuaciones ya que estiman que previsiblemente aparecerán nuevos restos arqueológicos pertenecientes a lo que fue el conjunto palaciego de Alfonso II y restos del antiguo monasterio de La Vega.

Con este manifiesto, quieren que el convenio que este martes se aprobará previsiblemente en el pleno sea un documento que sirva como una declaración de intenciones y no se convierta en compromisos que puedan condicionar decisiones futuras.

Una de las actuaciones más controvertidas es la que contempla la inclusión del tráfico rodado con la apertura de un vial que sí entienden que puede comprometer el desarrollo futuro de ese espacio.

Una oportunidad “histórica”

Advierten que la movilidad urbana debe quedar fuera de la fábrica, porque de lo contrario dicen que rompería el perímetro de ese conjunto histórico con un aspecto agresivo como es el tráfico urbano.

El manifiesto comienza reconociendo que la fábrica de La Vega es Oviedo y pertenece “a su pasado y a su futuro”. Asegura que la ciudad tiene ante sí una oportunidad histórica para reinventarse dando nueva vida a “un formidable patrimonio histórico ligado a la mejor arquitectura de la historia industrial asturiana y española”.

Los firmantes opinan que La Vega debe ser el principio de un nuevo Oviedo “más atractivo, dinámico, cohesionado y verde”. Por eso, la fábrica debe ser vista como un conjunto y no pieza a pieza, de manera aislada y fragmentada. Están convencidos de que las ciudades del futuro van a tender necesariamente a la peatonalización de sus centros, y La Vega ya forma parte de la centralidad de Oviedo.

La protección patrimonial

“La Vega, Santuyano, los posibles restos del palacio de Alfonso II, son parte esencial del origen y la historia de Oviedo, son ya parte del casco histórico de nuestra ciudad”, inciden.

Una consideración a los orígenes, siguiendo criterios urbanísticos contemporáneos, exige una ordenación urbanística de La Vega que no solo proteja, sino vincule entre sí y con el resto de la ciudad al conjunto fabril y a los elementos protegidos de La Vega y su entorno, así como el perfil urbano de la ciudad que desde allí se contempla, multiplicando el valor simbólico del espacio.

“La consideración de La Vega como un espacio sin grado de protección patrimonial, histórico artístico o ambiental, como terrenos o parcelas edificables, lleva a plantear una masificación de viviendas cuya volumetría desvirtúa lo que es un referente en la historia de Oviedo, como antiguo monasterio de Santa María de La Vega, ligado a dos Patrimonios de la Humanidad, Santuyano y el Camino de Santiago, con su visual a la torre de la Catedral. Un paisaje cultural que liga el pasado medieval a la industrialización con su centenaria Fábrica de Armas, origen de la Asturias industrial del siglo XIX”, añade.

El manifiesto recuerda que todos estos aspectos han sido advertidos por ICOMOS, órgano asesor de la UNESCO. Por ello, resaltan que desoírlos pone en peligro el principal título patrimonial que ostenta la ciudad.

“Las excavaciones arqueológicas pueden hallar restos monásticos o prerrománicos y lejos de ser un freno a la operación urbanística, son una oportunidad para posicionar Oviedo en la historia universal”, subraya.

Rechazo al vial

Su rechazo a la inclusión de un vial es absoluto: “Esta visión unitaria de La Vega choca por completo -expone el escrito- con la introducción de miles de vehículos diarios a través de un recinto cuyo atractivo radica precisamente en la preservación de su conjunto. Ni la preservación de Santuyano, ni los nuevos usos de La Vega justifican la introducción de tráfico en el recinto”.

Los promotores de este movimiento ciudadano aseguran que un vial desmembraría la fábrica y limitaría la posibilidad de hacer del conjunto un espacio público de la calidad que esta histórica factoría merece.

“Existen múltiples alternativas para dar solución a los problemas de tráfico sin seguir degradando nuestro Patrimonio de la Humanidad, ni cercenar la posibilidad de hacer de La Vega un equivalente a esos otros ejemplos de recuperación del patrimonio industrial que tanto admiramos de España, Europa y del resto del mundo”, destacan.

El potencial cultural

También se refieren al gran potencial que las naves de La Vega han demostrado como sede para el desarrollo de actividades culturales, especialmente al cubrir una de las carencias que presenta la capital asturiana en esta materia, ya que no tiene una sala municipal de exposiciones ni recinto ferial.

“La industria cultural puede convivir con otras industrias innovadoras y alejar de La Vega los proyectos artísticos o culturales es un error en una ciudad que pretende presentar su candidatura a Capital Europea de la Cultura. Estamos a tiempo de evitar un nuevo despropósito comparable a la destrucción de la Estación del Vasco”, manifiestan.

El convenio de La Vega deja abierta la posibilidad de que el desvío del tráfico no se lleve a cabo, a que se realicen excavaciones arqueológicas que modifiquen la operación urbanística o a que se deriven los derechos edificatorios a otros terrenos públicos, lo cual supone un notable avance con respecto a la redacción anterior.

Por todas estas consideraciones, los promotores de esta iniciativa piden a los grupos políticos del Ayuntamiento de Oviedo que escuchen la voz de la sociedad civil, profesionales, expertos en patrimonio, vecinos y organismos internacionales que estos días piden abandonar la idea del vial de La Vega y repensar el futuro planeamiento urbanístico de ese espacio.

Este grupo de profesionales que han suscrito este manifiesto han mostrado su preocupación por el futuro del patrimonio ovetense pero no han formalizado ninguna adscripción formal como agrupación, ni se han constituido en una asociación, según han confirmado a este diario.

La plataforma “Salvemos La Vega”

Los que sí llevan tiempo 'batallando' con este tema son los miembros de la plataforma “Salvemos La Vega” que piden la paralización de la aprobación del convenio por la posible pérdida del prerrománico asturiano de su calificación como Patrimonio de la Humanidad y el grave peligro que, según afirman, supone el convenio para el patrimonio medieval e industrial, como ha avisado ICOMOS.

Nada más conocer el informe emitido por este organismo vinculado a la Unesco, los representantes mostraron su satisfacción, a través de un comunicado, porque se valorase La Vega como “un conjunto fabril de innegable interés y relevancia para entender el patrimonio ovetense, asturiano y español en general”, afirmaron, y por el hecho de que este órgano asesor expresara oficialmente su preocupación por los planes que contempla el convenio para esta infraestructura ubicada en la capital asturiana.

Sin embargo, los miembros de la plataforma no ocultan su “indignación” ante el “silencio” de los responsables políticos, cuya reacción ha sido “adelantar la fecha de firma del convenio a la segunda quincena de agosto: nocturnidad y alevosía -señalan- en pleno periodo estival para ahogar las críticas”.

Actualmente siguen a la espera de que les ofrezcan explicaciones acerca de la pérdida de valor patrimonial que “implica el actual convenio y de la dejación de funciones de los responsables institucionales” entre los que citan a la Consejería de Cultura y Ministerio de Cultura, entre otros, que ICOMOS denuncia.

El convenio

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó, el pasado mes de diciembre, con los votos a favor de los concejales del gobierno municipal del PP y de los ediles del PSOE e IU y con la abstención de Vox, el convenio pactado con el Ministerio de Defensa y el Principado para la reutilización de los 120.000 metros cuadrados que ocupa la antigua fábrica de armas de La Vega.

El acuerdo incluía la construcción de un millar de pisos públicos destinados a jóvenes, la creación de un polo de desarrollo económico y tecnológico, espacios públicos y unos 25.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, según las explicaciones ofrecidas en aquel momento por el concejal de Planeamiento, Gestión Urbanística, Medio Ambiente y Infraestructuras, Nacho Cuesta.

En su intervención, el concejal del equipo de gobierno indicó que este convenio era fruto del consenso de tres administraciones “de distinto signo político que han priorizado el interés general y el bien común”. “Es el primer paso para echar abajo esos muros que rodean la fábrica y que permitirán su incorporación a la trama urbana”, ratificó el edil.

PSOE e IU optan por el acuerdo

El PSOE apoyó el acuerdo y, a través de su portavoz Carlos Fernández Llaneza, recordó que será un plan especial el que fije la ordenación definitiva de los terrenos y valoró que gracias a las modificaciones introducidas pasaba a tener financiación pública.

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, destacó la voluntad de su partido de llegar a consensos en los principales proyectos de la ciudad y especialmente resaltó el hecho de que los cambios introducidos en el protocolo han permitido pasar de “una operación puramente económica a una de un profundo contenido social”.

La semana pasada, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo dio el visto bueno a los cambios introducidos en la redacción del convenio para la reordenación urbanística y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega con los votos favorables del PP, del PSOE e IU y la abstención de Vox. Una vez aprobado, ya solo está pendiente del trámite del pleno que se celebra este martes.