La alarma social provocada por el caso Naseiro forzó a un recién nombrado presidente del partido, José María Aznar, a promover acciones con el fin de reivindicar la honorabilidad de la formación conservadora. En abril de 1990 encargó un informe al responsable del comité de disciplina, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que debía “relatar los hechos” y “analizar las responsabilidades políticas y disciplinarias” del que fue el primer gran escándalo de financiación ilegal de un partido.

Como colofón, Aznar pidió que Gallardón redactara un “auténtico Código Ético, regeneracionista de la actividad política” que sirviera de “provocador de un debate en el partido y en el conjunto de la sociedad española”. “Constituye una paradoja dolorosa y deplorable” que en la sociedad “se extienda la idea de que la política es una actividad cuando menos oscura si no sucia”; “la política no es una actividad lucrativa que dé ocasión para el enriquecimiento propio o de familiares, amigos y socios”, se afirma en la introducción del código.

Lo ético y lo inmoral

En el trabajo hecho por Gallardón se combinan apartados en los que se detallan los privilegios que resulta “lícito” otorgar a los políticos y también aquellas actitudes “gravemente inmorales” en esta actividad.

El código afirma que “no se opone a la ética y por el contrario puede venir exigido por la justicia establecer gastos de representación y remuneraciones adecuadas para determinados cargos públicos y de partidos y grupos políticos”. Señala también que “es conforme a la ética proporcionar bienes y medios materiales públicos tales como viviendas, transporte, residencia veraniega, facilidades de comunicación, etc.,” a las autoridades del país.

En el lado de las obligaciones del político, el decálogo afirma que “es gravemente inmoral pedir, sugerir o aceptar o dar la menor impresión de que se aceptarán regalos, comisiones, atenciones, especiales, etc., para uno mismo o para parientes, amigos, socios, partidos” a cambio de “influir” en la resolución de concursos.

Igualmente señala que es “un deber moral” de cualquier persona que realice actividades políticas “asumir la responsabilidad que le corresponda por sus acciones y omisiones. En toda clase de órganos decisorios colegiados sus miembros comparten solidariamente la responsabilidad, que no desaparece ni se destruye, sólo se salva haciendo constar la discrepancia”.

En esta obligación, el código da un paso más al señalar que “quienes desarrollen actividades políticas y lleguen al conocimiento de violaciones legales o conductas contrarias a la ética deben no contribuir con la ocultación o el disimulo de ese conocimiento a la persistencia o impunidad de estas transgresiones”.

Como guía para aquellos que tienen la obligación de adjudicar concursos plantea un criterio ético bastante sorprendente: “El gasto o empleo efectivo de los caudales públicos debe llevarse a cabo de manera que no produzca el enriquecimiento injustamente desigual de personas físicas o jurídicas a las que se pueda encomendar la realización de obras o la prestación de servicios”.

Privilegios y obligaciones

El informe de Gallardón sobre el caso Naseiro fue entregado a diversos medios de comunicación en mayo de 1990. Por el contenido de las informaciones que entonces se elaboraron y por las reproducciones 'completas' que hoy pueden encontrarse en internet, se deduce que en la filtración del documento no se incluyó el código ético. Este apartado, sin embargo, sí fue conservado entre los papeles que durante un cuarto de siglo mantuvo en su poder el extesorero del PP Rosendo Naseiro, y que eldiario.es está reproduciendo en exclusiva.

Por un lado, el contenido del código es muy exigente en asuntos como los citados (regalos, responsabilidades colegiadas, etc.) o en otros como las incompatibilidades, sobre el que se señala que es “moralmente desaconsejable la iniciación de actividades” que puedan ser “racionalmente interpretadas como aprovechamiento de la actividad política para fines de lucro particular”.

Es decir, que en el informe de Gallardón se censuraban todos aquellos comportamientos que a lo largo de los años transcurridos se ha demostrado que se encuentran en la base de las corruptelas o grandes corrupciones en las que han incurrido los partidos políticos.

Por otro lado, justifica los sobresueldos, el pago de viviendas habituales, las dietas, el pago de casas de verano, los coches oficiales, el uso y abuso de transportes exclusivos y otras muchas prebendas. Esta parte del código ético es la que se ha cumplido con creces.

“El tema de la declaración de Naseiro es estremecedor”. El ex juez Elpidio Silva entiende que el “miedo” del antiguo tesorero del PP, Rosendo Naseiro, ofrece la “tremenda realidad” de “un partido político que se ha financiado durante muchos años de manera ilegal”. Y que José María Aznar, como máximo responsable, “lo sabía todo, que era una caja B”.

Silva añade que los papeles de Naseiro desvelados en exclusiva por eldiario.es “como mínimo” deben derivar en “una responsabilidad política tremenda” y después, continúa, en una investigación “a todos los niveles, por supuesto a nivel judicial”. Existen “indicios, alertas y evidencias que sirven y justifican una investigación muy a fondo de lo que ha sucedido en ese partido”, manifiesta en declaraciones a eldiario.es Andalucía.

El magistrado, al que el Tribunal Supremo apartó de la carrera judicial por la investigación del caso Blesa, destaca las circunstancias que motivaron a Naseiro a acudir “a un notario, por lo que pueda pasar”. “¿Pero qué es lo que puede pasar?”, se pregunta, “¿qué miedo tenía ese señor? ¿Temía por su vida, por su integridad física?”. Una situación que evidencia “que todo lo concerniente a la caja B era de pleno conocimiento de José María Aznar, que tenía la presidencia del Gobierno y el máximo cargo de responsabilidad en el PP antes que Mariano Rajoy”.

Sobre su inhabilitación, Elpidio Silva dice que seguirá “adelante” para demostrar con un “recurso de amparo al Constitucional” que su condena por prevaricación “es una farsa” que busca impedir “que se luche contra la corrupción”. Por esto, apura, “se mata al mensajero” en una “historia” que califica como “macabra, tenebrosa, aberrante”.

El ex juez del caso Blesa y fundador del partido Movimiento RED ha hecho estas declaraciones en un acto de apoyo a la candidatura municipal de EQUO al Ayuntamiento de Sevilla, encabezada por el alcaldable Esteban de Manuel. Silva entiende esta participación en aras de la necesaria convergencia de “todas las fuerzas de progreso y que estamos contra la corrupción”. Un “frente amplio” que debe impedir el regreso “al ciclo del ladrillo, comisión y vuelta a empezar”.

Cristina Cifuentes, exdelegada del Gobierno y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, tenía 24 años cuando trabajó como asesora del Grupo Popular de la Asamblea de esta comunidad. Por su actividad cobró 2.100.000 pesetas durante el ejercicio de 1988 y 2.310.000 en 1989; 192.500 pesetas al mes. Si bien en aquella época no se trataba de un mal sueldo para una joven –el salario medio en 1990 era de 189.064 pesetas–, su situación laboral tenía una trampa: trabajaba sin contrato, sin que el partido pagara su cuota a la Seguridad Social ni le retuviera el IRPF. Cobraba con un talón, cubierto por los fondos públicos que aportaba la Asamblea de Madrid al grupo parlamentario que entonces lideraba Alberto Ruiz-Gallardón. Cifuentes no tenía derecho a ninguna prestación social como trabajadora: no generaba derecho a paro, no estaba cubierta en caso de accidente laboral ni le cuentan esos años para su jubilación.

Esta situación laboral precaria e irregular queda retratada en la “Auditoria del Grupo de la Asamblea de Madrid sobre los ingresos y gastos de 1988 y 1989” que fue encargada por Rosendo Naseiro y cuyos resultados fueron conservados por el tesorero durante los últimos 25 años. Forma parte de los papeles de Naseiro, que estos días está publicando en exclusiva eldiario.es.

Cristina Cifuentes no era la única trabajadora del PP en la economía sumergida. En el cuadro de la auditoria citada, junto a los emolumentos de los 22 empleados populares que trabajaban en la Asamblea de Madrid, puede leerse una nota en la que se señala que “únicamente están dados de alta en la Seguridad Social y se les ha realizado la correspondiente retención del IRPF en las gratificaciones que figuran en la columna ‘nóminas”. Esto es, 15 personas trabajaban en la economía sumergida mientras que otros siete gozaban de un estatus regular. Cifuentes compartió situación laboral precaria con otros asesores, algún chofer, un contable y varias secretarias.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Cristina Cifuentes, que no ha querido hacer declaraciones.

Sobresueldos y precariedad

Del análisis de los papeles de Naseiro se desprende que en la gestión de sus ‘recursos humanos’ el Partido Popular aplica una filosofía en la que hace compatible la existencia de ‘sobresueldos’ para quienes ocupan ‘posiciones de responsabilidad’ con la ‘precariedad laboral’ para el común de los mortales, a los que se les escatima la protección social.

Así, los 31 diputados cobraron en dos años 74 millones de pesetas en sobresueldos –además de las dietas que ya les pagaba la Asamblea de Madrid–, mientras que los 22 empleados eran remunerados con 44 millones y el partido se ahorraba el pago de la Seguridad Social y la retención del IRPF de 15 de ellos. No obstante, entre los cargos electos populares en la Asamblea de Madrid también se hacían sus apaños y así la auditoría realizada por los hombres de Naseiro señala que “no se retienen impuestos de la Renta de las Personas Físicas en las gratificaciones concedidas a seis Diputados, ni tampoco en los suplementos dados por servicios, incluidos en la cuenta de ‘otros gastos sociales’. En conjunto estos pagos ascienden a 29,7 millones en 1988 y a 25,2 millones en 1989”.

Asesores sin nombre

Al revisar las valoraciones que los auditores realizaron sobre el papel y la situación laboral de los “asesores”, podemos concluir que su imagen y sus actividades no eran del todo trasparentes. El documento “Auditoría del Grupo de la Asamblea de Madrid” señala que se han pagado 4.400.000 pesetas a “asesores exteriores sin nombre y sin señas”. Después se especifica que esa cantidad “se ha pagado a diversos asesores no identificados, sin que se hayan retenido los correspondientes impuestos”. También hay referencias poco alentadoras para este tipo de cargos en la “Auditoría del Grupo Parlamentario Autonómico de Andalucía”. Se afirma que “existen pagos a asesores sin identificar por un importe de 1,4 millones de pesetas, sin acuse de entrega, ni figura la autorización de la persona que ordenó los mismos; tampoco se ha realizado retención alguna de impuestos”.

Manuel Fraga Iribarne recibía personalmente donaciones en sus encuentros con empresarios y particulares para la financiación del Partido Popular, implicándose directamente en tareas de recaudación. Tanto José María Aznar como él mismo aseguraron en multitud de ocasiones que nunca habían ejercido este papel, con el fin de desligarse de la actividad de los tesoreros del PP, implicados todos ellos en casos de financiación ilegal. Un cheque a nombre de Fraga demuestra que no fue así.

El documento forma parte de los papeles que durante 25 años ha escondido el primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro, y que estos días está desvelando en exclusiva eldiario.es. La actividad como recaudador del PP de Fraga queda acreditada con el cheque cruzado a su nombre por el que recibió medio millón de pesetas en abril de 1989. Así lo atestigua también que dos días más tarde ese cheque fuera ingresado en la cuenta a nombre del Partido Popular en el Banco de Vitoria.

Según señalan fuentes conocedoras de los procedimientos de financiación en aquella época, aquella era una de las cuentas abiertas por la formación conservadora para acoger los dineros que se dedicaban a los pagos del gasto electoral de los comicios gallegos de diciembre de 1989, en los que Fraga resultó ganador. Unas elecciones, las primeras que ganó el PP en su historia, donde el partido incumplió la legislación electoral al gastar en su campaña más del doble del límite permitido.

La fotocopia del cheque de Banesto a nombre de Fraga y el recibo de ingreso fueron guardados por el entonces tesorero nacional, Rosendo Naseiro. Forma parte del lote de documentos desvelados estos días por eldiario.es. El tesorero guardó ambos documentos como prueba de que el mismísimo presidente del partido, Manuel Fraga, participaba en las tareas de recaudación de donativos. Naseiro, ante notario, también implicó en esas tareas al sucesor de Fraga, José María Aznar, al que responsabilizó de ser la persona que supervisaba y daba todas las directrices en materia de financiación del partido.

Estos documentos también hacen buenas las declaraciones realizadas ante el Congreso de los Diputados en 1990 por Ángel Sanchis, tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987. “Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan”. Sanchis, imputado en su día en el caso Naseiro y ahora en el caso Gürtel, admitió haber enviado miles de cartas solicitando fondos y haber organizado cenas para “esquilmar a los amigos, a los conocidos y a los conocidos de los amigos”. “No sé dónde está el problema. Recibir dinero era perfectamente legal. No lo he negado nunca”.

Descontrol

A pesar de las reiteradas declaraciones de las sucesivas direcciones del partido prometiendo control y transparencia sobre los ingresos que recibían de particulares y empresas a través de donaciones, las sucesivas imputaciones de los tesoreros y las noticias sobre el uso de contabilidades alternativas demuestran que, si alguna vez hubo voluntad de hacer limpieza, los buenos propósitos nunca culminaron con éxito.

En las auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro en los primeros años del PP queda claro que la supervisión sobre los donativos era tremendamente laxa. En la de Barcelona se asegura que “se han recibido 6.136.425 pesetas de donativos en 1989. El control de la recepción es débil, ya que no se emplean documentos prenumerados con original y copia, para recibirles”.

En la auditoria realizada en la sede provincial de Vizcaya puede leerse: “Se han obtenido 522.256 pesetas por donativos en 1989. Es decir, un 8% de todos los ingresos. En nuestra opinión estos ingresos pueden incrementarse a pesar de las dificultades que se exponen en la sede (que se realizan en Madrid, que somos una minoría, etc…). No se emplean recibos prenumerados y duplicados para el cobro de los donativos”.

En abril de 1990, tras el estallido del caso Naseiro, el nuevo presidente del PP, José María Aznar, encargó a Alberto Ruiz-Gallardón, entonces responsable del comité de conflictos de la formación popular, que elaborara un informe en el que debía analizar los pormenores del caso y redactar una “Propuesta de Normas Éticas de la Actividad Política”. Fue el primer “código ético” con el que el partido intentó atajar un caso de corrupción, del mismo modo en que lo hizo años después cuando estalló el caso Gürtel.

El informe de Gallardón afirma que entre el 30 de mayo de 1989 y el mes de abril de 1990 el PP había recibido donaciones por 20,3 millones de pesetas y que estas cantidades “corresponden a donantes conocidos e identificados, que por evidentes razones de discreción no se relacionan en este informe”.

Los deseos de veracidad, regeneración y ética que debían impulsar el informe de Gallardón quedan en entredicho. Ahora sabemos por los papeles que guardó Naseiro que entre marzo de 1987 y diciembre de 1988 la dirección de Alianza Popular ingresó sin ningún tipo de control ni de identificación 140 millones de pesetas (la mitad de esta cantidad, en efectivo) en una cuenta opaca abierta en el Banco de Fomento.

También conocemos que en 1989 la Tesorería Nacional del Partido Popular envió a Manuel Fraga 500 millones de pesetas para financiar la campaña electoral de los comicios gallegos de ese año. Rosendo Naseiro, que en aquel ejercicio era el jefe de las finanzas del partido, aseguró en un documento titulado “Comentario al cierre del ejercicio económico de 1989” que había mandado “aportaciones por 500 millones de pesetas de la Tesorería Nacional al partido de Galicia para atender los gastos de precampaña y campaña Gallegas”.

Más tarde, el propio Naseiro remitió el balance oficial del ejercicio para su fiscalización por el Tribunal de Cuentas del Estado, en el que solo se consignaban 199 millones de pesetas para este gasto de esos comicios.

El periodista Ferran Monegal se ha hecho eco este viernes en su artículo en 'El Periódico de Catalunya' de la información de eldiario.es sobre 'los papeles de Rosendo Naseiro'. “Ya tocan al intocable” es el nombre de su columna en la que el periodista sostiene que el Partido Popular mantiene un ataque abierto contra la Sexta.

Y esta semana tal ataque se produciría por dar voz a Ignacio Escolar para que explicase la exclusiva de eldiario.es. En concreto, se refiere a los “papeles que apuntan directamente a Aznar”, dice el periodista, en los que Naseiro declara ante notario que el expresidente del Gobierno era el que manejaba la Caja B del PP en los años que él era tesorero del partido. “¡Ah! El supremo Aznar. El último emperador”, ironiza Monegal.

El analista apunta a que la exclusiva de eldiario.es genera “nerviosismo” en el PP, pero que lo que más molesta y resulta “insoportable” es que una cadena de televisión recoja esta información e incluso “dé voz” a su director para que se conozca la investigación. Para el periodista, lo que desearían desde Génova, 13 es “que ninguna tele hablase” y así “diluir a eldiario.es, como si fuera cosa residual en la red”.

Manuel Fraga ganó las elecciones autonómicas en Galicia en 1989. Logró el 44,20% de los votos con 38 escaños de un total de 75 asientos en el Parlamento gallego. Una victoria contundente que después repitió en cinco ocasiones más. Su presidencia de la Xunta duró 15 años.

Pero, al menos en estos primeros comicios, el PP de Fraga hizo trampa y jugó con ventaja. Aunque el límite máximo de gastos autorizados por el Estado en esta cita electoral fue de 235 millones, la formación conservadora gastó más del doble de lo permitido: al menos 500 millones de pesetas, que fue el dinero que aportó la tesorería central del partido para la campaña gallega. 500 millones, sin contar lo que, por su parte, pudo aportar el PP gallego.

Esta actuación ilegal queda al descubierto en uno de los múltiples documentos que Rosendo Naseiro conservó durante los últimos 25 años y que eldiario.es desvela en exclusiva. El documento se titula “Comentario al cierre del ejercicio económico de 1989”. En él se explica que en 1989 el partido encajó “172 millones de déficit” como consecuencia de haber gastado 2.170 millones de pesetas y haber ingresado únicamente 1.977 millones de pesetas.

“Dicho déficit –asegura el documento– ha estado motivado por las aportaciones que por valor de 500 millones de pesetas ha enviado la Tesorería Nacional del partido a Galicia para atender los gastos de la Precampaña y Campaña Gallega. De no haber sido por este motivo, el ejercicio se habría cerrado con un superávit de 300 millones de pesetas”. Más adelante indica que “las aportaciones realizadas a la Campaña Gallega no estaban previstas en el presupuesto inicial para 1989”.

La financiación de los gastos electorales por encima de lo legal ya había sido señalada en un informe sobre la financiación del Partido Popular elaborado por el Tribunal de Cuentas del Estado en 1994. La institución supervisora detectó en el balance del ejercicio completo correspondiente a 1989 que la Tesorería Nacional reconoció haber enviado a Galicia (como gasto ordinario y bajo el epígrafe “67802-Precampaña”) una cantidad de 363.353.012 pesetas. Esta cifra contrastaba con la aportación electoral para los comicios gallegos declarada en su día por el partido, que se cifró en 199 millones de pesetas.

El propio Tribunal desautorizó en su informe el concepto de “precampaña” con el que el PP quiso justificar que esta inversión era distinta a la de los 199 millones reconocidos para la campaña electoral. El organismo fiscalizador señala que “el límite de gasto establecido por el Estado abarca desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración”.

Dinero de donaciones

El Tribunal de Cuentas en su informe de 1994 señala además que el Partido Popular no especifica la procedencia de los fondos que se remitieron desde Madrid para la campaña electoral gallega, tal como se exige en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Una hipótesis es que ese dinero procedía de aportaciones de empresas privadas o particulares. En el sumario de el caso Naseiro se recogía que en una declaración del entonces tesorero ante el juez Luis Manglano, durante los días de abril de 1990 en que estuvo detenido en Valencia, reconoció que “los 300 millones que envió” para las elecciones gallegas “procedían de donaciones” de particulares.

Si comparamos la cifra declarada oficialmente por el PP como aportación desde la Tesorería Central con los 500 millones de pesetas reconocidos por Naseiro, el exceso se sitúa en 301 millones. Pero incluso la cantidad detectada por el Tribunal de Cuentas resulta ser 137 millones menor que la que finalmente pudo emplear Manuel Fraga para iniciar un periodo de más de quince años de dominio absoluto en la política gallega.

El PSOE pide a Mariano Rajoy que dé explicaciones en el Congreso sobre la existencia de una contabilidad opaca en el PP desde su fundación. En su solicitud de comparecencia, los socialistas han incluido la alusión a las revelaciones de eldiario.es, que han demostrado que el extesorero Rosendo Naseiro manejó unas cuentas paralelas desde que se fundó el partido y que dejó dicho ante notario que José María Aznar conocía su existencia.

“Con cada nueva noticia se va haciendo cada vez más inexcusable que el presidente del Gobierno comparezca para dar explicaciones ante el Congreso”, dice el escrito registrado por el Grupo Socialista, que pide la comparecencia de Rajoy cada semana desde que el juez Ruz diera por acreditada la financiación irregular del PP y enviara al banquillo a 40 personas vinculadas con la trama corrupta Gürtel.

Los socialistas recuerdan que el PP y la exministra Ana Mato figuran como “partícipes a título lucrativo” en el caso Gürtel y que el partido conservador ha tenido que abonar 245.000 euros en concepto de fianza. Además, sostienen que, pese al intento del PP de “obstaculizar la acción de la justicia”, “más de cuarenta personas relacionadas con el Partido Popular” deberán sentarse en el banquillo por graves delitos, como malversación, fraude y estafa, entre otros.

“Esta actitud obstruccionista se ha extendido a otras causas judiciales”, continúa el Grupo Socialista, que insiste en que la Agencia Tributaria se negó a hacer un informe sobre los donativos irregulares anotados por Luis Bárcenas. También reprocha que comparara al PP con organizaciones como Cáritas o Cruz Roja.

A los reproches que el PSOE quiere hacer en sede parlamentaria a Rajoy, se suma la información de este diario que evidencia que la práctica de la contabilidad B del PP existía desde que se fundó como Alianza Popular. El texto registrado por los socialistas en la Cámara baja se hace eco de la existencia de sobresueldos y gastos no fiscalizados por el Tribunal de Cuentas e incluso de la declaración notarial del extesorero Rosendo Naseiro que apuntaba a Aznar como responsable del dinero negro.

El PSOE quiere añadir este asunto a las explicaciones que, a su juicio, el presidente debe dar en el Congreso para responder “sobre sus actuaciones y responsabilidades políticas y sobre todas las actividades que se han desvelado en estas causas judiciales e informaciones de los medios de comunicación”. La solicitud de comparecencia se discutirá en la próxima reunión de la Junta de Portavoces, donde el rodillo de la mayoría absoluta del PP ha tumbado todas las peticiones que los socialistas han realizado desde finales de marzo.

La candidata del PP a la alcaldía de Madrid analiza en 'El programa de Ana Rosa' las exclusivas de eldiario.es sobre la contabilidad del partido cuando lo dirigían Manuel Fraga y José María Aznar

“¡Madre mía, qué aparecerá en eldiario.es!”. Así ha recibido la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, las últimas informaciones publicadas por este medio sobre la contabilidad de su partido durante los años de liderazgo de Manuel Fraga y José María Aznar.

La presidenta del PP madrileño, entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco, se ha mostrado visiblemente molesta cuando la periodista Esther Palomera le ha preguntado sobre los sobresueldos que, según los papeles del extesorero del partido, Rosendo Naseiro, cobró Alberto Ruiz-Gallardón: “Me parece muy bien que le haga usted propaganda al bueno de eldiario.es”, le ha espetado a la colaboradora del Huffington Post.

Aguirre ha asegurado que las informaciones que ha publicado eldiario.es desde el martes no le afectan “para nada” y se ha mostrado extrañada por las noticias: “No tengo ni idea de lo que publica eldiario.es, pero es muy raro que en la Asamblea de Madrid o en el Senado, donde estaba Gallardón, se pagaran sobresueldos en negro”.

Las noticias sobre la supuesta contabilidad B del primer PP, el heredero de Alianza Popular, han sentado muy mal entre sus dirigentes actuales y pasados. A las veladas críticas de Aguirre se suman las de quien también fuera presidente durante el periodo que ahora se pone en duda, Antonio Hernández Mancha, quien en una entrevista en la cadena Ser calificó a este medio de “hoja parroquial que no lee nadie”.

El grupo parlamentario no realizó las retenciones de IRPF de sus 23 diputados, según recoge la auditoria interna

Gabino Puche, principal hombre de confianza del expresidente de Alianza Popular, fue portavoz en el Parlamento y lideró el partido desde 1990 hasta que Javier Arenas le sustituyó en 1993.

El Grupo Parlamentario Andaluz no estaba al corriente de sus pagos a Hacienda, con un “riesgo fiscal” de 48 millones de pesetas de entonces (288.000 euros). La contundencia de los informes de los que viene informando eldiario.es (la auditoría del PP del Grupo Parlamentario Andaluz fechada en 1990) llega al punto de dejar por escrito el nivel de conocimiento que la formación conservadora tenía de las irregularidades cometidas.

Entre las “debilidades importantes observadas” y que se detallan en este informe en concreto se encuentran que “no se realiza la retención del IRPF de los diputados autonómicos, lo que supone un riesgo fiscal que estimamos en 48 millones de pesetas”. El grupo popular estaba compuesto por 23 diputados, recoge el documento, que recibieron en 1989 un total de 89,1 millones de pesetas en concepto de gastos de representación. “Se debería haberles retenido el correspondiente IRPF”, incide en este punto, citando que las dietas las cobraban directamente del Parlamento andaluz.

Además, “existen pagos a asesores, sin identificar, por un importe de 1,4 millones de pesetas, sin acuse de entrega, ni figura la autorización de la persona que ordenó los mismos, tampoco se ha realizado retención alguna por impuestos”. En este punto el documento concreta que no se identifica a los asesores, que no firman como que han recibido las entregas, y que no se ha retenido el IRPF. “Tampoco figura en la nota de pago la autorización de la persona que autorizó el mismo”, indican los auditores, que hacen constar unos pagos e ingresos por valor de 107.300.882 pesetas.

El portavoz en la Cámara en aquel año 1989 era Juan Diego López Bonillo, que sustituyó a Antonio Hernández Mancha en 1987. El expresidente de Alianza Popular entre 1987 y 1988 fue portavoz del partido en el Parlamento andaluz y diputado por Córdoba de 1982 a 1987. Tras López Bonillo, el siguiente portavoz popular parlamentario fue Gabino Puche, principal hombre de confianza de Hernández Mancha y voz de los populares andaluces entre 1990 y 1993. Ese año, Javier Arenas le sustituyó al frente del partido y como aspirante a la Junta en 1994.

No vale la metáfora de las "manzanas podridas": el árbol del PP está podrido desde sus raíces; está emponzoñado desde que nació

“En el PP somos como somos”, decía hace unos días Mariano Rajoy en su visita a Valencia, cuando le preguntaban por los últimos casos de corrupción en una autonomía que ha cantado bingo con todos sus corruptos presidentes de la Diputación: en Castellón, Carlos Fabra, hoy en prisión; en Alicante, Joaquín Ripoll, imputado por el caso Brugal; y en Valencia, Alfonso Rus, el contador de billetes que sabe llegar hasta los “dos millones de pelas”. En el PP “son como son” y lo son desde hace mucho: desde que el partido nació.

Sobresueldos para los dirigentes, mientras que los trabajadores del partido no cotizaban en la Seguridad Social. Pagos en negro y caja B, mientras que Aznar se presentaba en público como el mayor azote contra la corrupción. Cuentas ocultas donde el dinero entraba en efectivo y salía en cheques al portador (que firmaba García-Tizón, el hoy presidente de la Comisión Constitucional del Congreso).

Un descontrol absoluto con la contabilidad (que quedó impune), con momentos tan berlanguianos como que robasen en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid al PP de aquellos años unos cuantos cheques al portador que estaban en un taco para pagar a los diputados; parlamentarios al portador que se robaban entre ellos. Enternecedor.

Los papeles de Naseiro tienen ya un cuarto de siglo, pero su historia sigue de plena actualidad. Son cientos de documentos –aún nos quedan por publicar– que demuestran que ya no vale esa metáfora de las “manzanas podridas”, de la responsabilidad individual. Las manzanas las da un manzano y este árbol está podrido desde sus raíces; está emponzoñado desde que nació.

Naseiro, sé fuerte

El primer tesorero en apuros que echó un pulso al presidente del PP para que le protegiese, para que le ayudase, para que no le dejase caer, no fue Luis Bárcenas: fue Rosendo Naseiro. La gran diferencia es que Naseiro fue mucho más discreto y ese pulso lo ganó.

Los documentos notariales que ha publicado en exclusiva eldiario.es (ante el estruendoso silencio del resto de la prensa escrita) son bastante claros. La amenaza era evidente, y para nada sutil. Naseiro presentó su dimisión desde un notario, pero antes dejó escrito que tiraría de la manta si el PP le intentaba convertir en el “chivo expiatorio” de la caja B y de toda la mugre en las finanzas del partido incompatible con la corrupción.

Naseiro señalaba directamente a la cabeza del partido: al presidente José María Aznar que aún hoy preside el mayor 'think tank' conservador, la FAES, que se financia con fondos públicos. Según Naseiro, Aznar era el máximo responsable de la caja B y de toda la gestión de la tesorería del PP que estamos desvelando en estos días. Naseiro tenía algo más que su dedo acusador: también muchos documentos. Por eso la amenaza funcionó.

Todo está prescrito, claro. ¿Las responsabilidades políticas también?

Pagos en dinero negro. Sobresueldos. Fraude a la Seguridad Social. El Partido Popular cometió todo tipo de irregularidades contables y laborales en los últimos años de Manuel Fraga y los primeros de José María Aznar. Así lo reconoció por escrito el propio PP en unas auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro y a las que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es.

Las auditorías son de 1990. Apenas unos años antes, en 1987, había entrado en vigor la nueva Ley sobre financiación de los partidos políticos, y el Tribunal de Cuentas había puesto varios peros a la contabilidad del PP. Para subsanar todas estas deficiencias, Naseiro hizo dos cosas: auditar todas las sedes regionales del partido y encargar al abogado José Manuel Penido, un hombre de su máxima confianza, la adaptación a las nuevas exigencias de la ley. 

El 6 de marzo de 1989, Rosendo Naseiro se dirigió por carta a los gerentes provinciales y autonómicos de la formación. En esa misiva, Naseiro les pedía la redacción de informes contables y advertía que, “pese a la fecha en la que fue promulgada la precipitada ley, la rendición de cuentas tiene vigencia retroactiva desde primero de enero de 1987”. El PP necesitaba aclarar su contabilidad y hacerlo con urgencia, y ante la falta de respuestas claras por parte de los gerentes provinciales, Génova 13 decidió encargarse de hacer auditorías, a cuyas conclusiones ha tenido acceso eldiario.es.

El análisis de las finanzas del PP en los territorios desvela todo tipo de irregularidades: pagos generalizados de sobresueldos a cargos electos, débil control de los donativos recibidos, contratos en negro a trabajadores a los que no se daba de alta en la Seguridad Social o contratación de estudios que nunca llegaban a realizarse.

Todas estas prácticas son las que el PP reconoce en la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción y que forma parte de los papeles de Naseiro. Se trata de auditorías realizadas sobre los ejercicios de 1988 y 1989, que firmó Luis Pérez Cristóbal, auditor de la formación política y adscrito a su departamento de Tesorería. Pérez Cristóbal viajó a principios de 1990 por todas las sedes del PP para conocer el estado de sus finanzas. Los informes elaborados con posterioridad retratan a un PP instalado en la irregularidad permanente. En aquel momento, Manuel Fraga era el presidente del partido y José María Aznar, el vicepresidente ejecutivo de la formación.

La contundencia de los informes llega al punto de dejar por escrito la cuantificación del “riesgo fiscal” por no estar al corriente en sus pagos a Hacienda. La auditoría del PP de su grupo en el Parlamento andaluz da buena muestra del nivel de conocimiento que la formación conservadora tenía de las irregularidades cometidas. En uno de los párrafos de ese documento se puede leer: “No se realiza retención del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los diputados autonómicos, lo que supone un riesgo fiscal que estimamos en 48 millones de pesetas”. Se refiere a los pagos de gratificaciones que el grupo parlamentario del PP repartía entre sus diputados autonómicos, al margen de los propios ingresos que les pagaba directamente el Parlamento andaluz. Este sistema de sobresueldos no solo existía en Andalucía.

Los sobresueldos de Gallardón

La documentación elaborada a petición del tesorero del PP revela que los sobresueldos han existido en la formación desde sus inicios. Su grupo en la Asamblea de Madrid tenía un acuerdo para compensar a sus señorías y elevar sus ingresos en un concepto que la auditoría califica como “gratificación asegurada”. Solo en gratificaciones y dietas para los diputados, el PP se gastó 63 millones de pesetas en 1988 y 1989. Se trata de aportaciones al margen de las retribuciones que cobraban como parlamentarios autonómicos; la Asamblea de Madrid pagaba en aquel momento unas dietas por asistencia a plenos y comisiones. El dinero que el grupo parlamentario del PP pagaba a sus diputados provenía de fondos públicos: de la asignación que hacía la Asamblea de Madrid; no consta en ningún caso en el informe de la auditoría que el origen de esos fondos fuese en B.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el exvicepresidente de la CAM Luis Eduardo Cortés o el actual secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fueron algunos de los beneficiados por esos pagos en los que el grupo parlamentario PP en la Asamblea de Madrid se gastó prácticamente la mitad de su presupuesto para esos años. En el caso concreto de Alberto Ruiz-Gallardón, sus ingresos directos de la Asamblea de Madrid –dietas como diputado y como portavoz del PP en ese Parlamento autonómico– fueron en 1989 de 840.000 pesetas, mientras que las “gratificaciones” que añadió a ese sueldo su grupo parlamentario sumaban otras 1.425.600 pesetas. Según la documentación en poder de esta redacción, Gallardón ocupaba el cuarto lugar en el ranking de mejor pagados por este sistema de compensación ideado por el PP.

Algunos de esos sobresueldos en el PP de Madrid de esos años se pagaban en cheques al portador, según aparece en la auditoría. El descontrol en el manejo de dinero era de tal calibre en las oficinas del PP que incluso llegaron a robar varios de esos cheques que, a todos los efectos, eran casi lo mismo que dinero en efectivo. La auditoría del grupo popular en la Asamblea de Madrid relata la “sustracción de cinco cheques al portador, destinados a pagar dietas de los diputados”. Según explica la documentación del PP, ese robo se produjo en 1988 y el dinero sustraído fue 220.050 pesetas. 

eldiario.es ha podido hablar con el exministro Ruiz-Gallardón, que asegura que todos sus ingresos eran en A, los depositaba en el banco y los declaraba en la renta. “Nunca he cobrado un sobresueldo”, afirma. Gallardón también dice que se trataba de un único sueldo por su trabajo como líder de la oposición en el Parlamento autonómico de Madrid, aunque los conceptos y pagadores fueran distintos.

Fraude a la Seguridad Social

Entre las ilegalidades que el PP reconoce en sus auditorías está el fraude a la Seguridad Social. Un caso paradigmático es la sede del PP catalán, donde en 1989 trabajaban 18 personas, de las que solo la mitad estaban dadas de alta. El PP tenía a 22 personas contratadas en el grupo de la Asamblea de Madrid y solo siete de ellas estaban dadas de alta en la Seguridad Social. 

La historia se repite hasta la saciedad, ya sea en puestos institucionales o en pequeñas sedes municipales. El informe al PP en el distrito madrileño de Chamberí reza: “La secretaria de la sede local no está dada de alta en la Seguridad Social y, según nos comunica la tesorería, es a causa de la negativa de la sede regional a formalizar este requisito”. El informe relativo al PP de Álava abunda en el mismo retrato: “El gasto más importante efectuado corresponde a las gratificaciones (4,2 millones) sin que se efectúe retención por las gratificaciones de la secretaria y el asesor, dándose la circunstancia de que la secretaria cobra como autónoma y carga el IVA al grupo”. 

En el PP de aquellos años era frecuente fichar sin necesidad de firmar un contrato. Los pagos en negro a los trabajadores del partido eran constantes. Las contabilidades a las que ha tenido acceso esta redacción anotaban como contratados a personas a las que nadie enviaba una nómina a final de mes. Para estos casos, los populares utilizaban el capítulo de “gratificaciones” para pagar servicios y eludir el pago de impuestos para el trabajador y de cuotas a la Seguridad Social por parte de la formación política. 

Además de los fraudes a la Seguridad Social, también hubo impagos. Parte de esta deuda acabó en un pacto del PP con la Administración del que muchas delegaciones se enteraron sobre la marcha. Fue el caso del PP en el País Vasco, que en febrero de 1990 acudió al organismo público para pagar sus deudas pendientes tras solicitar un crédito a La Caixa por 1.720.000 pesetas para afrontar esos pagos. En la misma ventanilla, la dirección del PP en Bilbao se enteró de que todas las cuentas habían quedado saldadas tras un acuerdo entre Génova 13 y la Seguridad Social.

Como resultado de esa visita, los populares vascos se llevaron un certificado que decía: “Según nos informa la Tesorería General de la Seguridad Social, los representantes de ese partido llegaron a un acuerdo con nuestros servicios centrales a fin de regularizar su situación frente a la Seguridad Social, por lo que adjunto remitimos impresos de solicitud de aplazamiento pago de deuda”. 

El expresidente de Alianza Popular (AP) Antonio Hernández Mancha insiste en que la cuenta opaca que desveló eldiario.es no era ilegal, puesto que no existía aún una ley de financiación de partidos. Según el expolítico, antes de que entrara en vigor esa normativa, en julio de 1987, las cuentas eran una “anarquía”, aunque ha alegado que las de AP estaban fiscalizadas por los bancos con los que había contraído deudas.

Hernández Mancha ha explicado en una entrevista en la Cadena SER que la ley de financiación de partidos políticos entró en vigor cuando él llevaba seis meses al frente de AP y ha defendido que tuvo que pasar por un “periodo transitorio” para adecuarse a la normativa.

Interrogado por la necesidad de que el partido conservador tuviera que cumplir con las obligaciones tributarias, el exdirigente ha dicho que “en aquel momento Hacienda no nos fiscalizaba”. “Las normas fiscales también han ido cambiando”, ha precisado. Además, ha señalado que eran los bancos con los que el partido había contraído deudas los que “fiscalizaron” los números del PP cuando entró en vigor la legislación“. ”El Banco Popular llevaba un control de las entradas y salidas, además de la contabilidad que llevaba mi tesorero“, ha explicado.

Cuando el PP abrió esa cuenta opaca, el Congreso de los Diputados estaba tramitando la Ley sobre financiación de los partidos políticos, que vería la luz el 3 de julio de 1987. El PP siguió operando con esa cuenta y moviendo cheques al portador incluso después de que la legislación les obligase a ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. La cuenta no se cerró hasta diciembre de 1988.

Sobre la anotación del entonces tesorero, Rosendo Naseiro, que describió la documentación sobre la cuenta corriente de AP como “confidencial” por tratarse del “movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad”, Hernández Mancha no ha sabido contestar: “Pregúntele al señor Naseiro”, ha dicho. A pesar de desconocer por qué el extesorero se refería así a esos movimientos, ha asegurado que no podía ser una cuenta en la “clandestinidad” porque estaba en un banco a nombre de Alianza Popular.

El expresidente de AP ha asegurado que financió personalmente la formación al suscribir pólizas para pagar asuntos del partido, como la sede en Córdoba. Ha explicado que era Manuel Fraga el que le ordenaba que actuara de esa manera. Según el abogado, esas deudas siguen sin pagarse al Banco Santander. “Cada vez que me las pasan a cobro, tengo que recordar que era para el partido”, ha afirmado.

Hernández Mancha ha señalado que despidió al equipo de tesorería cuando se hizo con el poder del partido. Aunque ha asegurado que Mariano Rajoy no sabía nada de los movimientos de los extesoreros, no ha querido decir lo mismo de Aznar. Tampoco se ha pronunciado sobre la reincorporación de Sanchis, Bárcenas y Naseiro cuando él dejó la presidencia de AP. “El feeling mío de cómo gestionaban los dineros del partido no era el que se acomodaba a mis criterios éticos y de eficacia”, ha dicho el expolítico. Además, ha criticado que Naseiro organizara unas cenas a las que acudía Fraga con “la flor y nata” de los empresarios en las que estos pagaban una cantidad de dinero por asistir: “Eso no me gustaba”.

Sobre su descripción de eldiario.es como una “hoja parroquial que no lee nadie” ha dicho que no quería “ofender”. “Puedo compararles con el Wall Street Journal y así no se sienten ofendidos”, ha añadido. “El auto de Ruz justo dice lo contrario de lo que dice el informe de eldiario.es”, ha proseguido Hernández Mancha, que ha lamentado que la Cadena SER le diera importancia a la información e incluso que Iñaki Gabilondo, a quien ha llamado ínclito, le dedicara su videoblog.

También ha pedido una “última palabra” para defender a Rajoy. “La estabilidad de usted como periodista, de esta casa [Grupo Prisa] y de España depende de que siga gobernando Mariano Rajoy”, le ha espetado a Pepa Bueno. “El Grupo Prisa es una columna vertebral no solo de nuestro periodismo sino también de nuestra cultura y lamento las dificultades que atraviesa –ha proseguido–. Ustedes, que tienen que velar por la continuidad de una institución valiosa, tienen que saber que está garantizado si gana Rajoy y, si no gana, igual no está tan garantizado”, ha zanjado.

El expresidente de Alianza Popular mintió ayer al menos tres veces al intentar descalificar nuestra exclusiva sobre la caja B de su partido

El expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha mintió al menos tres veces en la SER al intentar refutar la exclusiva que ayer desveló eldiario.es, esa cuenta opaca que su partido utilizó para ocultar el dinero negro y la caja B justo antes de la refundación de la vieja AP en el Partido Popular.

Hernández Mancha: “No existía contabilidad B porque ni siquiera existía la contabilidad A”.

Falso. Todas las personas jurídicas en España están obligadas a pagar impuestos y a llevar una contabilidad desde mucho antes de que existiese la ley de financiación de partidos. Es sorprendente que un abogado como Hernández Mancha ignore esta obviedad. Además, en 1985 el Congreso obligó a los partidos a presentar ante el Tribunal de Cuentas todos sus gastos electorales. Si no había siquiera contabilidad A, ¿cómo lo hacía entonces Alianza Popular?

Hernández Mancha: “La ley de financiación de partidos políticos, que es la que establece la obligatoriedad de una contabilidad […], no entra en vigor hasta después de ser yo presidente del Partido”.

Falso. Hernández Mancha presidió Alianza Popular entre 1987 y 1989. Y la Ley sobre financiación de los partidos políticos entró en vigor el 3 de julio de 1987, cuando él era el líder de la derecha española. AP abrió esa cuenta corriente opaca unos meses antes –en marzo de 1987–, pero siguió operando con ella hasta el final de 1988, al margen del Tribunal de Cuentas y de cualquier fiscalización.

Hernández Mancha: “eldiario.es es una hoja parroquial que no lee nadie”.

Falso. El medidor independiente ComScore certifica 4,4 millones de lectores mensuales para eldiario.es y sus medios asociados. En nuestro Google Analytics, que está auditado por OJD, tuvimos el último mes 6,7 millones de usuarios únicos; de media, nuestro servidor registra medio millón de visitas cada día laborable. Además, la calidad de una noticia no se mide por el tamaño del diario que la publica. Aunque trabajásemos en un “medio pequeñito” –como nos definió una vez el director de un periódico, La Razón, al que hace tiempo que superamos ampliamente en número de lectores–, los periodistas de eldiario.es seguiríamos siendo igual de rigurosos con nuestro trabajo.

No creo tampoco que seamos una “hoja parroquial”, como despectivamente nos califica Hernández Mancha, pero sin duda las noticias que publicamos, con el apoyo de una parroquia que ya supera los 11.000 socios, van a misa.

Rosendo Naseiro fue el primer tesorero del Partido Popular que durmió en una prisión. No fue mucho tiempo: solo cinco días y cuatro noches incomunicado en la cárcel Modelo de Valencia, entre el lunes 9 y el viernes 13 de abril de 1990. Nada más salir en libertad condicional, Naseiro puso en marcha una astuta operación para evitar que José María Aznar le dejase en la estacada; para garantizar que el entonces presidente del PP le ayudaría a no volver a prisión.

Solo cuatro días después de salir de la cárcel, durante la mañana del martes 17 de abril de 1990, Naseiro se presentó en el despacho del notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela y Piñol. Su propósito era registrar la entrada de “un sobre cerrado” que contenía varios documentos que demostraban la existencia de la caja B del Partido Popular. Incluía una declaración que había redactado el propio tesorero en la que acusaba a la dirección del PP de haberle elegido como “chivo expiatorio” y afirmaba que “allí donde haya adoptado alguna decisión lo ha sido siempre bajo la supervisión, directrices y criterios de Don José María Aznar”.

Tras registrar la documentación, Rosendo Naseiro utilizó el fax de la propia notaría para enviar un escrito dirigido a Aznar en el que le expresaba la “conveniencia de poner a tu disposición este cargo” ante “la extraña situación en que me veo inmerso en mi condición de Tesorero del Partido”.

El relato de estos hechos se incluye entre la abundante documentación que Rosendo Naseiro ha conservado oculta durante los últimos 25 años y que eldiario.es está desvelando en exclusiva. La relación de acontecimientos se describe en un documento con el que Rosendo Naseiro da instrucciones precisas de cómo deberían actuar en las horas y días siguientes a su abogado José Manuel Penido Medina y los miembros de su familia directa, en el caso de que se confirmara “la insolidaridad y falta de apoyo temidos” por parte de “los máximos dirigentes del Partido Popular” que acarrearían “unas consecuencias nefastas para mi familia”.

El extesorero ordena que, según sea el comportamiento de José María Aznar, “se proceda a destruir el sobre ante el notario que lo devuelve, o bien ante el mismo fedatario público, proceder a la apertura del sobre, debiéndose testimoniar acto seguido mediante acta notarial el contenido del mismo”. Naseiro conservó una copia de esos documentos, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Un sobre cerrado

En la documentación que Rosendo Naseiro esgrimió para disuadir a José María Aznar de que lo utilizara como “chivo expiatorio” están los certificados, ingresos y cheques de la cuenta corriente opaca que Alianza Popular abrió en 1987 en el Banco de Fomento, de los que ha dado conocimiento eldiario.es. También se incluyen los que hoy desvela y otros que se publicarán en los próximos días y que reflejan las prácticas irregulares del PP desde 1987 hasta 1990, cuando la caja B empieza a registrarse en los papeles de Bárcenas.

En el sobre cerrado que recibió el notario de Alicante en la mañana del 17 de abril de 1990 destaca un documento en el que Naseiro vierte graves acusaciones sobre la actuación del entonces presidente del Partido Popular. Afirma que José María Aznar era el que daba las “ordenes” y marcaba “las directrices” en “todos los temas de contenido económico”.

Naseiro escribe primero: “Toda mi actuación al frente de la Tesorería Nacional… ha sido siempre bajo la supervisión, directrices y criterios de Don José María Aznar”. Y añade: “Fue precisamente Don José María Aznar quien me presentó a Don Salvador Palop, con indicación (para mí era una orden) de que tratara con este señor todos los temas de contenido económico de la Comunidad Valenciana”. Por último escribe: “Igualmente fue Don José María Aznar quien me indicó (una orden más para el firmante) que en la Comunidad de Castilla y León comentara con el señor Pérez Villar todos los temas de contenido económico”.

Recaudadores del PP

Rosendo Naseiro desvelaba con la misiva la estrecha vinculación de Aznar con Palop y Pérez Villar, a los que apuntaba como 'recaudadores del PP' en las dos comunidades en las que, junto a Galicia, los populares tenían influencia determinante en 1990: Valencia y Castilla y León.

Las escuchas realizadas sobre el teléfono del hermano de Salvador Palop, el concejal del Ayuntamiento de Valencia, fueron el hilo del que tiró la policía para investigar la trama de financiación ilegal del PP conocida como caso Naseiro. En ellas Palop hablaba abiertamente de comisiones y presumía de ser una persona cercana al PP, cosa que después el partido intentó desmentir.

El otro nombre citado, Miguel Pérez Villar, fue vicepresidente y consejero de la Junta de Castilla y León durante la presidencia de José María Aznar. Fue acusado, condenado e inhabilitado por repartir en 1989 cerca de 570 millones de pesetas a empresas mineras a las que asesoraba su mujer, Rosario Carballo.

El PP respalda a Naseiro

En la copiosa documentación que Naseiro ha conservado durante 25 años no aparece ningún documento que desvele lo que ocurrió en las horas y días siguientes a la visita al notario, ni tras el envío de la carta por fax al presidente el Partido Popular. ¿El tesorero selló un pacto con José María Aznar?

Lo cierto es que los comprometidos papeles que contenían el sobre cerrado que Naseiro registró ante el notario de Alicante nunca vieron la luz. El mismo día 17 de abril de 1990, a última hora de la tarde, la Comisión Ejecutiva del PP emitió una nota en la que comunicaba que aceptaba la dimisión del tesorero. El portavoz de la dirección, Miguel Ángel Rodríguez, explicó esa noche a los periodistas que Naseiro mantendría su militancia en el partido y que “aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible” en sus actividades. Añadió que varios dirigentes del PP destacaron “la talla política y humana” de Naseiro “al poner su cargo a disposición”.

El 4 de mayo de 1990, dos semanas después, Rosendo Naseiro celebró una rueda de prensa. El objetivo fue “exculpar públicamente al actual presidente del partido, José María Aznar, y a su antecesor en el cargo, Manuel Fraga, de cualquier responsabilidad en las irregularidades financieras que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo”. “La responsabilidad de pedir dinero y de gestionar los fondos del partido era mía. Tanto Fraga como Aznar están limpios de toda sospecha”.

Rosendo Naseiro tenía 54 años cuando realizó la visita a la notaría de Alicante. En los 25 años que han transcurrido desde entonces ha sabido ampliar su fortuna con la explotación de concesiones públicas de correo y operaciones multimillonarias con obras de arte. Solo ahora, cuando está a punto de cumplir los 80 años, el estallido del caso Gürtel puede salpicarle con la investigación de los movimientos por 4,7 millones de euros que realizó entre 2003 y 2004 desde su cuenta en el Banco Gottardo de Lugano en Suiza. El nombre en clave de esa cuenta opaca en Suiza de Naseiro era “Glotón”.

La redacción de eldiario.es ha intentado contrastar toda esta información tanto con Rosendo Naseiro como con José María Aznar. Naseiro no ha contestado el teléfono. En cuanto a Aznar, desde su oficina aseguran que está fuera de España y no va a hacer comentarios.

DOCUMENTOS: las tres cartas que Naseiro llevó al notario

eldiario.es no ha tenido acceso a los documentos originales que Rosendo Naseiro firmó para que custodiase su notario, pero sí a las copias que el extesorero del PP guardó junto con el resto de sus papeles más sensibles, y cuya veracidad ha podido confirmar por otras fuentes.

El primero de estos tres documentos a los que ha accedido eldiario.es es la carta de dimisión de Naseiro. Ese mismo día la envió por fax a la sede del partido desde el despacho del notario de Alicante. Horas después, por la tarde, el PP comunicó formalmente su dimisión. El entonces portavoz del partido, Miguel Ángel Rodríguez, salió en defensa de Naseiro asegurando que “aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible” y elogiando su “talla política y humana”.

Este segundo documento es el que explica todos los detalles del plan de Naseiro para garantizar su protección por parte del PP. En él se revela la existencia de otra carta destinada a José María Aznar, en sobre cerrado, que el notario debía guardar hasta que la reclamase él mismo, su mujer, su hija o su abogado.

Y esta última es la carta secreta que se guardaba en el sobre cerrado. En ella Rosendo Naseiro señalaba a Aznar como el máximo responsable de “la supervisión, directrices y criterios” de toda su actuación como tesorero. Naseiro también afirmaba en ella que había sido el presidente del partido quien le indicó que trabajase con el entonces imputado Salvador Palop “todos los temas de contenido económico de la Comunidad Valenciana”. La advertencia estaba clara: el documento saldría a la luz si el PP le convertía en el “chivo expiatorio”.

A diferencia del bronco y prolongado enfrentamiento mediático y legal que mantienen Luis Bárcenas y Mariano Rajoy a cuenta de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, al responsable de las finanzas populares en el tránsito de las décadas del 80 al 90 del pasado siglo, Rosendo Naseiro, le fue suficiente un contundente gesto de amenaza para doblar el pulso de la dirección conservadora, en la que entonces se estrenaba como líder un político con fama de duro: José María Aznar.

Esta es la cronología de los hechos:

6 de marzo de 1989. Rosendo Naseiro firma la primera carta como tesorero nacional del Partido Popular que aparece entre sus papeles. Sucede en el cargo al diputado del PP Ángel Sanchis.

Septiembre de 1989. José María Aznar es designado candidato del PP a las elecciones generales.

28 de noviembre de 1989. Por orden judicial, la Brigada de Estupefacientes de Valencia pincha el teléfono de Rafael Palop Argente para investigar un supuesto tráfico de drogas.

12 de diciembre de 1989. En las escuchas se detectan conversaciones entre el concejal de Valencia Salvador Palop Martínez (hermano de Rafael Palop Argente) y Ángel Sanchis, extesorero de la formación conservadora y diputado nacional. Nace el caso Naseiro sobre presunta financiación ilegal del PP.

1 de abril de 1990. José María Aznar es nombrado presidente del Partido Popular. Manuel Fraga deja definitivamente el cargo y concentra su actividad en Galicia.

9 de abril de 1990. El magistrado Luis Manglano ordena la detención de Rosendo Naseiro, Salvador Palop, tres empresarios y un arquitecto municipal. Apoyado en las escuchas telefónicas, les imputa organizar una trama de concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones para financiar al PP.

13 de abril de 1990. Tras cuatro días incomunicado, el juez Manglano pone en libertad con cargos a Naseiro.

13 de abril 1990. Aznar encarga a Alberto Ruiz-Gallardón (entonces presidente del Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del PP) un informe sobre el caso Naseiro que incluya “las propuestas de medidas a adoptar”.

14 de abril de 1990. Aznar pide en el Congreso de los Diputados que se abra una comisión “que investigue hasta el final el caso Naseiro”.

16 de abril de 1990. El juez Luis Manglano remite al Tribunal Supremo el sumario del caso Naseiro tras encontrar implicaciones del aforado y diputado nacional Ángel Sanchis.

17 abril 1990. Naseiro entrega al notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela y Piñol un sobre cerrado con documentación comprometedora. Al tiempo, Naseiro envía una carta a nombre del presidente del PP, José María Aznar, por fax. En ella le expresa “la conveniencia de poner a tu disposición” el cargo de tesorero del partido.

17 de abril de 1990. La Comisión Ejecutiva del PP emite una nota en la que comunica que acepta la dimisión del tesorero, Rosendo Naseiro. El portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que Naseiro mantendrá su militancia en el partido y que “aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible” en sus actividades. Añade que varios dirigentes del PP destacaron “la talla política y humana” de Naseiro “al poner su cargo a disposición”.

4 de mayo de 1990. Naseiro celebra una rueda de prensa con el objetivo de “exculpar públicamente al actual presidente del partido, José María Aznar, y a su antecesor en el cargo, Manuel Fraga, de cualquier responsabilidad en las irregularidades financieras que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo”. “La responsabilidad de pedir dinero y de gestionar los fondos del partido era mía. Tanto Fraga como Aznar están limpios de toda sospecha”.

12 de mayo de 1990. Aznar niega que exista negociación con el Gobierno de Felipe González para limitar la dimensión del escándalo de los casos de Guerra y de Naseiro. “Me niego a cualquier chalaneo vergonzoso para pactos de silencio”. El caso Juan Guerra afectó al hermano del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, por utilizar un despacho oficial para negocios privados.

28 de mayo 1990. El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, manifiesta que las primeras comprobaciones sobre el caso Naseiro “no confirman los indicios delictivos” hallados por el juez Luis Manglano. Torres no descarta que “en el plazo de dos meses pida el sobreseimiento del caso”.

18 de junio de 1992. El Tribunal Supremo estima la petición de los abogados defensores de los acusados en el caso Naseiro para que se anulen como prueba de cargo los pinchazos telefónicos en los que se basaba la imputación, al considerar que “habían vulnerado derechos fundamentales”.

7 de julio de 1992. El fiscal y las acusaciones retiran todas las acusaciones del caso Naseiro. Una vez anulada la principal prueba, afirman que es imposible mantener los cargos.

15 de julio de 1992. El Tribunal Supremo dicta una sentencia absolutoria en el caso Naseiro, ya que por el principio acusatorio nadie puede ser condenado si previamente no existe acusación.

El milagro económico español fue más bien una gran pelota de sobres, comisiones y cuentas B echada a rodar por los grandes prohombres de nuestra democracia

Poco a poco, como quien no quiere la cosa, se van desvelando los mimbres del milagro económico español. Y resulta que de milagro no tuvo nada. Fue más bien una gran pelota de sobres, comisiones y cuentas B echada a rodar por los grandes prohombres de nuestra democracia.

Pero eso no quiere decir que en España no se produzcan milagros. Porque, si uno lee con detenimiento la exclusiva publicada ayer por este periódico, es evidente que se producen, y a patadas.

Vea, por ejemplo, el milagro de la transustanciación del dinero negro de Alianza Popular en dinero negro del PP. ¡Aleluya! El partido del gobierno era corrupto antes incluso de ser. A ver quién supera eso. Suena el asunto tan español que uno no sabe si llamar a la Guardia Civil o a Valle-Inclán para que lo firme y lo mande a imprenta.

Está también el santo milagro del delito prescrito, gracias al cual los papeles de Naseiro tendrán las mismas consecuencias judiciales que, póngase por caso, el horóscopo del ABC. ¡Aleluya otra vez! ¡Den gracias al Señor y circulen!

¿Y qué me dicen del milagro de Bárcenas? Ahora sabemos que el tesorero más famoso de España era sincero cuando, entre peineta y peineta, alegaba que él solo era un mandado, un tonto útil, un Adolf Eichmann de ventanilla. Póngalo en perspectiva para comprender, en su plenitud, las implicaciones místicas del asunto: Luis el cabrón dice la verdad y Mariano el presidente miente.

Aunque, para milagro inexplicable, el de la invisibilidad, la de esta exclusiva, obviada por la mayor parte de los medios de comunicación (con, es cierto, honrosas excepciones). Eso sí que merecería ser analizado por un comité de expertos del Vaticano, quizá una asamblea mixta formada por teólogos, Marshall McLuhan y, si le dan las horas, Soraya Sáenz de Santamaría.

Este martes, Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, se enfadó muchísimo con las revelaciones de este periódico. Tanto se cabreó que, en declaraciones a Cadena SER, expuso el enésimo milagro de nuestra democracia, resumido en la sentencia: “Antes no había contabilidad A, así que no puede haber contabilidad B”. Y santas pascuas. Ríase usted de los panes y los peces.

Dijo también el señor Hernández Mancha que este diario es “una hoja parroquial”. Y algo de razón debe de tener, dado que pocas veces se han leído tantísimos milagros juntos en tan pocos párrafos. Y lo peor es que no serán los últimos. Vayan agenciándose un rosario.

En realidad, en el Partido Popular lo que siempre parece haber funcionado es la caja C de caradura

Este martes lo desvelaba en exclusiva eldiario.es, también conocido como la “hoja parroquial” que siguen con más fervor los dirigentes populares. La caja B va en el ADN del Partido Popular desde el día que se fundó. En realidad, Luis Bárcenas continuó una tradición que pasaba de padres a hijos y de tesoreros a gerentes. Los tesoreros del Partido Popular no están todos imputados por una casualidad o un mal golpe del destino. Lo están porque la financiación ilegal conformaba un sistema en el Partido Popular.

En su defensa alega el inolvidable Hernández Mancha que no podía haber caja B porque ni siquiera había caja A. Tiene razón. En realidad, en el Partido Popular lo que siempre parece haber funcionado es la caja C de caradura. Se manejaba con sencillos pero efectivos criterios contables: uno para mí, otro para ti, otro para el partido y otro para pagar otra ronda. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, contando los billetes en el coche hasta llegar a los “dos millones de pelas” no es una anécdota. Es un símbolo y se convertirá en un icono de la mitología popular.

Rosendo Naseiro y Manuel Fraga sentaron las bases de un sistema pedestre y descarado de financiación ilegal e irregular que facilitaba la ilusionante tarea que, ya entonces, en los ochenta, jóvenes y ambiciosos militantes como Vicente Sanz, entonces secretario general del PP valenciano, o Eduardo Zaplana, alcalde de Benidorm, se habían autoimpuesto: “Estar en política para forrarse” o “hacerme rico porque estoy arruinado y… me lo gasto todo en la política”.

La Justicia anuló por un vicio procedimental las grabaciones donde se les escuchaba proclamar tan altos fines. El caso Naseiro y las pruebas sobre la financiación ilegal popular se esfumaron mientras que el caso Filesa abría en canal la financiación ilegal de los socialistas. En esta materia el bipartidismo no fue tan perfecto y los populares aprendieron la lección.

Bajo el liderazgo de Aznar, aquel sistema rudimentario y bandoleril propio del fraguismo aprendió a volar por debajo del radar, refinó mínimamente sus métodos y mejoró notablemente los sistemas de recaudación y reparto del botín. Tampoco es que se mataran a pensar y ejecutar complejas tramas y entramados de empresas pantalla y paraísos fiscales, pero al menos intentaban blanquear mínimamente aquel río de dinero 'black' que regaba las campañas y los cargos del partido.

La sensación de impunidad de los últimos años del aznarismo y la pasión por todo lo que “brilla-brilla”, propio de los nuevos ricos, les volvió algo descuidados y vagos. Lo justo para que, como a Naseiro, les pillaran casi de rebote mientras se investigaba otras actividades ilegales. Tras siete años de investigación boicoteada y bloqueo a la acción de la Justicia por cualquier medio necesario, ahora ya sabemos que aquella caja C del Partido Popular se hizo mayor en una versión más grande, más voraz, más saqueadora y, por imposible que parezca, más C de caradura.

Cuentan que el Partido Popular prefiere nuevas elecciones en Andalucía a permitir que gobierne Susana Díaz. No me extraña. Será por dinero…

Hay un hilo conductor de corrupción que va desde la fundación de AP por Fraga al PP de Rajoy y que ayuda a entender a este partido y lo explica

Ya tenemos hoy las pruebas fehacientes que demuestran lo que nos temíamos desde hace años: que la Caja B, que el dinero B, que la financiación ilegal estaban en el ADN del PP, de soltero AP. Que el PP se ha abastecido de dinero ilegal desde su origen y que lejos de existir una conjura de los tesoreros, todos coaligados en maquinación masónica en la tarea de buscar la ruina al PP, los administradores del dinero de AP/PP formaban parte de un engranaje basado en el manejo de dinero negro, en el trasiego de pesetas y euros sin pasar por el fisco, en un ir y venir de cheques y pagos, en trapicheo, en escaqueo del dinero a la Hacienda que deberíamos ser todos. Ante la difusión de los papeles que evidencian esta financiación ilegal desde el origen, hay que subrayar una vez más: ¡cuánto tiempo y esfuerzo cuesta demostrar lo obvio!

Los documentos publicados por este periódico certifican que desde que se fundó AP, y de su costilla se creó luego el PP, el dinero no controlado por Hacienda ha sido la base de la financiación de este partido: desde Fraga hasta Rajoy; de Hernández Mancha a Aznar; de Naseiro a Bárcenas; de Sanchis a Lapuerta y a los que hubieran seguido, de no publicarse, en enero de 2014, los papeles de Bárcenas, con B.

Hay un hilo conductor de corrupción que va desde la fundación de AP por Fraga al PP de Rajoy y que ayuda a entender a este partido y lo explica.

Un trasiego de pesetas y euros, un barrizal de empresarios que dan dinero “al partido” y luego se lo cobran en obras públicas; gentes que inyectan dinero a AP/PP de forma absolutamente interesada, para recibir todo a cambio; una economía paralela, fraudulenta, mentirosa; millones de pesetas y de euros sustraídos al fisco.

Las reacciones a la difusión de la evidencia de la contabilidad paralela certifican la verdad de los papeles desvelados por eldiario.es.

Así, va Hernández Mancha y dice que este periódico es una hoja parroquial que no lee nadie, y ese aparente rechazo del marco informativo es una forma asaz explícita de su aceptación: él, aunque sea nadie, se lo ha leído.

Hernández Mancha, que expulsó de AP a Gregorio Ordoñez –que luego sería asesinado por ETA–, cuando este era concejal de su partido en el Ayuntamiento de San Sebastián; Mancha, que hizo un papelón patético, sin encontrar sus propios folios, sus propias palabras, en un debate sobre el estado de la nación en el que fue laminado por Felipe González; Mancha, que luego de abandonar la política se dedicó a hacer negocios turbios en países turbios, dice que la información le suena a chino. (A chino le suena también al ministro de Interior, Fernández Díaz, el lío del ático del aún presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González).

Hernando, portavoz del PP en el Congreso, reniega del pasado de su propio partido y dice que él no sabe nada de lo que pudo ocurrir hace tantos lustros. Normal, no sabe nada de lo que ocurre ahora, Bárcenas, como para entrar en memorias.

Pero lo cierto es que empresarios que luego eran favorecidos con contratos públicos han soltado millones de pesetas y de euros a AP/ PP. Que ese dinero que deberían haber pagado al fisco para construir los hospitales, las escuelas, las carreteras…, todo eso que se dice en estos casos, se lo han embolsado en el partido de Rajoy; ha sido blanqueado, inyectado en las arcas de AP/PP con la herramienta de los tesoreros elegidos para esa tarea y no para otra.

Mientras Rus cuenta billetes en Valencia con voz cazallera y de fondo se escuchan comentarios tabernarios del tipo “trabajar es de tontos”, AP/PP queda retratada en su esencia corrupta, en su caja B, en su contabilidad B, en su financiación ilegal. Mariano callará.

El PP ha reaccionado con aparente frialdad a las nuevas revelaciones que ha publicado este martes eldiario.es en las que se prueba que había contabilidad B en el PP desde su fundación, cuando todavía era Alianza Popular y el tesorero era Rosendo Naseiro.

Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, cree que se trata de un asunto “viejo” que data de “hace 26 años” y que surge “de manera recurrente como si fuera una novedad”. En su opinión, hay una investigación en marcha desde “hace mucho tiempo” y “ha habido un auto clarísimo del juez Ruz que convino que no hay financiación del PP” y que ha sido ratificado con sendos informes por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Según el diputado conservador, en ese auto, aunque el juez “ha probado que es verdad que hay una caja B que manejaban dos personas”, ha dejado claro “que eso no es financiación ilegal del PP”. “Yo no voy a corregir al juez Ruz ni a la Fiscalía”, ha añadido Hernando.

Al ser preguntado por si alguien en el partido debería dar explicaciones sobre la documentación que ha desvelado eldiario.es, Hernando se ha mostrado sorprendido. “Es que no hay ninguna novedad. Toda la contabilidad que fue solicitada por el juez fue depositada en los juzgados”.

Tampoco considera que deba dar explicaciones Arturo García-Tizón, que por entonces era secretario general de AP y firmaba los cheques bancarios. “¿Pero de qué va a dar explicaciones? ¿De lo que pasó hace 26 años que él desconocía?”, ha insistido el portavoz del PP, que finalmente ha derivado el asunto al propio García-Tizón, que en la actualidad es diputado por Toledo y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. “Pregúnteselo usted a él, usted dice que lo conocía. Yo no sé lo que él firmaba. Yo no conozco lo que hacía la gente hace 26 años”.

Hernando ha aprovechado para arremeter contra la oposición por “utilizar estas cosas con fines políticos”.

Celia Villalobos ha rehusado responder a nuestras preguntas. “No tengo absolutamente nada que decir sobre lo que vosotros escribáis”, ha afirmado, molesta, la vicepresidenta primera del Congreso.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se limitó a recordar que es un asunto que está en sede judicial “y es ahí donde tiene que seguir”.

Por el contrario, para la oposición son hechos que, aunque “no sorprenden”, sí confirman que la financiación irregular del PP es algo “histórico” que se remonta a la propia existencia del partido de Rajoy, desde que se denominó Alianza Popular, y que, por lo tanto, Bárcenas y Lapuerta –los dos extesoreros implicados hasta ahora en los hechos– eran dos “personas más de la cadena”.

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha ironizado con el asunto al afirmar que, cuando el PP creó sus estatutos, a la vez creó una “caja B” para pagos paralelos.

José Luis Centella, de la Izquierda Plural, ha sentenciado que ese problema en el PP es algo “estructural” y está en su seno “desde que Fraga parió” el partido. Centella ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé explicaciones en el Congreso, avisando de que, si no lo hace en esta legislatura, lo tendrá que hacer en la próxima, cuando pierda la mayoría absoluta.

Pedro Azpiazu, del PNV, cree que el PP, “evidentemente, debe salir a dar explicaciones. Es una vergüenza sobre la que los dirigentes del PP deben urgentemente rendir cuentas”.

Rosa Díez, portavoz de UPyD, cree también que son una vergüenza todas las informaciones que están aflorando sobre la financiación ilegal del PP y la caja B que manejaban sus dirigentes. “Ha quedado demostrado que [esos pagos] eran derechos ancestrales”, ha asegurado la dirigente magenta.

El expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha ha reaccionado visiblemente molesto por la exclusiva de eldiario.es: la documentación que demuestra que el PP tuvo una contabilidad paralela desde su fundación en 1987. El expresidente de la entonces denominada Alianza Popular ha cargado contra este medio: “eldiario.es es una hoja parroquial que no lee nadie y ustedes le hacen caso”, ha dicho en declaraciones al programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser.

Hernández Mancha ha llamado a la emisora para reiterar su versión ya recogida en la información que hoy publica eldiario.es. Entre 1987 y 1988, los casi dos años que Hernández Mancha fue presidente del partido conservador, la organización manejó 204 millones de pesetas en una cuenta opaca. Según un documento del extesorero Rosendo Naseiro, esa cuenta corriente “no aparece reflejada en nuestra contabilidad”.

“Antes no había contabilidad A, así que no puede haber contabilidad B”, ha defendido Hernández Mancha. Según su versión, antes de 1990 no existía la ley de financiación de partidos y, por tanto, la formación conservadora no tenía que manejar oficialmente unas cuentas.

Además, ha acusado a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta de haber difundido esta documentación por interesarles ante el proceso judicial en el que están inmersos por la corrupción en el PP. Estos documentos demuestran que la caja B del PP existía antes de su llegada a la gerencia del partido. De hecho, el primer apunte de los papeles de Bárcenas coincide con el remanente de la cuenta opaca cuando la dejó su antecesor, Rosendo Naseiro. Esa anotación, que lleva las iniciales R. N., era de ocho millones de pesetas.