El concurso para elegir el diseño del nuevo Museo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) está definitivamente cerrado. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) ha rechazado el recurso que planteó hace unos días el estudio que recibió el segundo premio —Ramón Fernández-Alonso y Asociados— contra el fallo del jurado que declaró como ganador al estudio HAGO.

El tribunal desestima así el recurso al considerar insuficientes para revertir la decisión original las razones aportadas por el estudio del segundo premio, el cual intentaba hacerse de esta forma con el primer premio del certamen, valorado en 50.000 euros. En concreto, descarta un posible incumplimiento de las alturas y otras dimensiones como el espacio para paso de autobuses articulados, ya que este dimensionamiento del edificio es “de fácil subsanación en la fase de elaboración del proyecto”. Es lo que indica la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.

Por ello, considera la instancia judicial que esta circunstancia “no conlleva la exclusión de la oferta, por entenderse que no existe incumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones”. También califica de insuficiente la motivación alegada por el jurado a la hora de otorgar los premios y niega el acceso al expediente solicitado por la parte recurrente. EMT alegaba que en esta primera fase del concurso “se valoran anteproyectos, no proyectos ejecutivos”, para apoyar la decisión del jurado.

No obstante, el TACP considera que a su criterio no hay mala fe o temeridad al interponer el recurso, por lo que no multará al denunciante Ramón Fernández-Alonso con los 1.000 euros que le reclamaba la Empresa Municipal de Transportes de Madrid debido a que se alargó el proceso.

La resolución de este tribunal es definitiva y pone fin a las reclamaciones administrativas. El estudio denunciante podría, sin embargo, recurrir a la justicia ordinaria a través de un contencioso y alargar más este proceso, lo que ocurrió en otro de los concursos organizados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), el de la plaza del Dos de Mayo.

COAM eligió a través de un jurado compuesto por sus miembros y representantes del Ayuntamiento de Madrid la idea del estudio HAGO, una propuesta que plantea volúmenes rectangulares, con un hueco en su zona central, para alojar los vehículos históricos de la empresa municipal.

El jurado escogió esta propuesta por la “interesante imagen urbana” planteada entre los volúmenes residenciales de la zona, “que actúan como telón de fondo en la visión desde el río”. El fallo valoró el “acierto en la elección de la piel de acabado, sin mantenimiento y con durabilidad demostrada, volumen evanescente durante el día y singular por la noche, que juega el papel de chaqueta fría ventilada disminuyendo la radiación solar”.

También destacaba especialmente el “adecuado funcionamiento de las plantas y atractivo acceso desde el Paseo de los Melancólicos con una amplia visión de espacio expositivo a doble altura, sobre el que se proyecta un amplio espacio al aire libre mirando a Madrid Río”. No obstante, advertía que los dos autores del trabajo, los arquitectos Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio y Emilio Delgado Martos, deberán “revisar y justificar determinados dimensionamientos de planta y accesos de autobuses, que no influyen en la rotundidad de la propuesta”.

Posteriormente, en el recurso presentado ante el TACP, el estudio HAGO aseguraba que “todas estas medidas y consideraciones serán mostradas y calculadas en los planos vectoriales, que aún no han sido elaborados, por no ser necesarios para que el jurado emitiera su voto”.

Su proyecto se tendrá que desarrollar en una parcela de Madrid Río donde el Ayuntamiento de la capital había previsto inicialmente construir varias dotaciones deportivas. El anuncio de que este espacio, largamente reclamado por los vecinos e incluido incluso en la memoria vinculante del ámbito, sería finalmente dedicado a un nuevo museo de la EMT que enojó enormemente a las asociaciones vecinales.

Según estas entidades, la citada memoria indica que los terrenos están destinados “a mejorar las dotaciones deportivas para el alumnado y profesorado del IES Gran Capitán y del barrio ante la saturación del polideportivo Marqués de Samaranch y la llegada de nuevos vecinos de las 1.300 viviendas”. Por ello, advirtieron hace unos meses al área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente que no iban a consentir este “expolio” y que tomarían todas las medidas a su alcance “para conseguir esas instalaciones deportivas tan necesarias”.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya se está preparando para el concurso de acreedores al que se asoma el Grup La Pau, una cooperativa que ganó en 2025 junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias, valorado en 381 millones de euros, a pesar de tener problemas de tesorería. 

Según ha podido saber elDiario.es, el Grup La Pau está actualmente en fase de preconcurso de acreedores, un proceso previo en el que, durante un periodo de hasta cuatro meses, la empresa puede renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal.

Ante esta situación, el SEM ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos del departamento de Economía para valorar si, en caso de llegar el concurso, la otra compañía a la que se adjudicó el contrato junto a La Pau en una Unión Temporal de Empresas (UTE) podría acreditar por su cuenta la solvencia que se requiere para prestar el servicio.

La amenaza del concurso de acreedores en La Pau planea sobre la cooperativa cuando solo faltan dos meses para que empiecen a ofrecer sus servicios en el área metropolitana norte de Barcelona. El primero de los lotes del macroconcurso, que en total sumó unos 2.000 millones de euros, empezará a desplegarse este 1 de abril en las Terres de l'Ebre. El de La Pau está previsto para el 13 de mayo.

Los problemas económicos de La Pau no han sorprendido a nadie en el sector. La propia cooperativa, seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, ya había advertido en un documento interno de que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024. 

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia del Grupo La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa acreditó su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario para este artículo. Vicenç Chicharro, vicepresidente del Grup La Pau, aseguró el viernes en conversación telefónica que la compañía tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

Antecedentes polémicos

El origen de las reticencias de la Generalitat durante el concurso estaba en los problemas que tuvo la cooperativa en el País Vasco, donde gestionó parte del servicio de ambulancias y fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades, que incluían el uso de los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud por parte de clínicas privadas y el adeudo de salarios y pagas extras a buena parte de la plantilla.

El Ejecutivo vasco, que aseguró que La Pau estaba en una “situación económica complicada”, acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

Los problemas de tesorería de La Pau han supuesto que la otra empresa de la UTE, Direxis, haya ido adquiriendo más protagonismo de manera paulatina en la unión de empresas. Apenas cuatro meses después de ganar el concurso en Catalunya, se acordó la cesión del 9% de La Pau a Direxis, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el punto de que actualmente, en la UTE que prestará el servicio, La Pau solo tiene el 1%.

Ha sido Direxis, de hecho, quien ha pagado durante meses parte de los salarios de la plantilla de La Pau. Pero esta compañía dejó de aportar esas cantidades a finales de octubre debido a la “falta de confianza e inseguridad jurídica” con la cooperativa, según comunicó el comité de empresa a la plantilla. 

El dictamen del departamento de Economía, obtenido por esta redacción, considera que en caso de concurso de acreedores será Direxis quien deberá acreditar los requisitos de solvencia que se solicitaban en la licitación.

Lo podrá hacer, asegura el documento, con “medios distintos” a los presentados en un primer momento e incluso recurriendo, si fuera necesario, a “terceras empresas” para demostrar que habrá dinero para ofrecer el servicio.

Se llama Marina y llega en un Mercedes a la sede de Girona del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Ahí recoge muestras biológicas de pacientes y los traslada con su vehículo a otros laboratorios que tiene la entidad así como al Banco de Sangre y Tejidos (BST).

Solo entre 2022 y mediados de 2025, Marina ha facturado por estos traslados 180.000 euros al Govern. Sin concurso, sin tener una empresa de transportes, sin ninguna experiencia que la avale: siempre con contratos inferiores a 15.000 euros para evitar el preceptivo concurso público. 

Durante años el ICO, cuyo presupuesto depende del departamento de Salud de la Generalitat, ha estado fraccionando contratos para evitar licitar todo tipo de servicios que deberían haber sido contratados tras un concurso público.

Este periódico desveló en enero que el ICO había abierto un expediente a varios directivos de la entidad después de que una denuncia interna alertara de que se estaban troceando los contratos de mantenimiento y duplicando pagos a una constructora. 

Las presuntas irregularidades en la contratación, sin embargo, no acaban ahí. También el servicio de mensajería de la entidad e incluso, en ocasiones, el traslado de pacientes en ambulancia llevan años adjudicándose a dedo mediante contratos menores, según un análisis de la contratación realizado por elDiario.es.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 60% de la población adulta de Catalunya. 

Los hechos desvelados muestran el descontrol en la contratación de un organismo público cuyo presupuesto asciende a 390 millones de euros. Los contratos que se han estado adjudicando a dedo cubren servicios que le cuestan al ICO cada año cientos de miles de euros. Solo el servicio de mensajería se calcula que asciende a casi medio millón de euros anuales.

Gracias a esta práctica irregular, una persona como Marina lleva facturando alrededor de 50.000 euros al año, IVA incluido, a este ente público con una media de tres contratos a dedo al año por servicios de mensajería sin ni siquiera tener una empresa especializada.

Preguntados por elDiario.es, desde el ICO no quieren precisar por qué se le han estado adjudicando tantos contratos a esta persona. Afirman que es una autónoma y “cumple en todo momento la normativa vigente”.

Respecto al traslado de muestras biológicas en un transporte particular, afirman que “se trasladan debidamente protegidas en contenedores adecuados” y añaden que no se requiere de “un medio de transporte específico” para su traslado entre centros.

Irregularidades sin responsables

Desde el ICO admiten las irregularidades en la contratación, pero en esta ocasión no se ha abierto ningún expediente ni se sancionará a ningún directivo por haber estado fraccionando contratos durante años. 

“En 2025 se detectaron las incidencias mencionadas y se inició la preparación de una licitación”, responden desde la entidad. “Tenemos un procedimiento de análisis de la contratación iniciado por la dirección actual de manera voluntaria, a raíz de la denuncia del año pasado”, remachan. 

La licitación por el servicio de mensajería por carretera, puesta en marcha tras denunciarse el troceo de contratos, asciende a 845.000 euros por los próximos dos años y actualmente está en fase de recepción de ofertas.

La actuación de la entidad en esta ocasión contrasta con el expediente que se abrió el pasado noviembre tras una denuncia anónima. La investigación apreció una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa por parte de algunos directivos de este organismo de referencia de la cura e investigación sobre el cáncer.

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Los trabajadores del ICO mostraron recientemente a la dirección su enojo por el desaguisado en la contratación de la entidad. Según fuentes presentes en la conversación, los directivos trasladaron a los empleados que en esta ocasión no se abriría ningún expediente porque no se había presentado ninguna denuncia al canal ético de la entidad.

El XV Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote ‘1000 no se equivocan’ regresa el próximo 21 de marzo de 2026 al Pabellón Vicente Paniagua de Alcázar de San Juan, donde, a partir de las 12 horas, un millar de catadores ejercerán como jurado popular. Organizados en grupos de hasta diez integrantes, los mil catadores degustarán y puntuarán las seis categorías de vino establecidas por la organización, comunes para todos los participantes.

La concejala de Promoción de la Cultura del Vino, Bárbara Sánchez-Mateos, ha sido la encargada de detallar los aspectos organizativos y las principales novedades de esta decimoquinta edición; destacando del mismo modo el valor de esta iniciativa que no solo reconoce la excelencia de las bodegas, sino que también proyecta la imagen de la ciudad como referente en la promoción del sector vinícola.

El plazo de inscripción para los catadores se abrirá el 23 de febrero y permanecerá activo hasta el 8 de marzo a través de la web Concurso Vinos Tierra del Quijote – Inscripciones jurado concurso de vinos, mientras que el sorteo de las plazas tendrá lugar el 10 de marzo, dado que, como viene siendo habitual, el número de solicitudes supera ampliamente las 1.000 disponibles. Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento, se ha establecido que la persona que realice la inscripción deberá formar parte del grupo registrado, evitando así incidencias detectadas en ediciones anteriores.

En lo que respecta a las bodegas, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de marzo, una convocatoria que, tal y como ha señalado Bárbara Sánchez-Mateos, constituye una oportunidad estratégica de promoción directa, dado que los vinos participantes serán valorados por 1.000 personas que actúan como jurado popular y, al mismo tiempo, como potenciales consumidores; razón por la cual «es un honor resultar premiado en este concurso».

La responsable de Promoción de la Cultura del Vino ha destacado el importante componente social del evento, que acerca el mundo del vino a un gran número de colectivos. En este sentido, Bárbara Sánchez-Mateos ha puntualizado que el concurso contribuye a romper estereotipos asociados tradicionalmente al consumo de vino, al demostrar que no se trata de un ámbito reservado a especialistas, sino de una experiencia accesible para quienes disfrutan del producto con criterio y responsabilidad.

En cuanto a las condiciones de acceso, se ha recordado que está prohibida la entrada de menores de edad al Pabellón Vicente Paniagua durante la celebración del evento, restricción que afecta a todo el recinto y no únicamente al espacio destinado a la cata, por lo que no se permitirá el acceso a personas acompañadas de menores. Además, todos los participantes deberán aceptar expresamente las normas establecidas por la organización.

Como novedad en esta edición, y tras incidencias registradas en años anteriores, no se permitirá abandonar el recinto con los catavinos utilizados durante la cata, si bien, a la salida, se entregará uno como obsequio institucional. Esta medida, que forma parte de un refuerzo general de la seguridad, busca también preservar los recursos materiales y garantizar el buen funcionamiento de la jornada.

Paralelamente al concurso, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan también impulsará un programa de actividades complementarias destinadas tanto a quienes no resulten agraciados en el sorteo como al conjunto de la ciudadanía. Entre ellas se encuentra el Gachas Fest organizado por Bodegas La Unión, así como otras propuestas promovidas desde la concejalía de Promoción de la Cultura del Vino, que contribuirán a dinamizar la ciudad durante ese fin de semana, y de las que se informará próximamente.

Un concurso de arquitectura convocado en 2022 por el Ayuntamiento de Cuenca sigue sin resolverse, generando el enfado del estudio que obtuvo la mejor calificación.

El estudio Rojo/Fernández-Shaw+Lazcano reclama al consistorio conquense que le declare ganador del concurso de arquitectura para la redacción de un proyecto para la rehabilitación del edificio del Mercado y de la Plaza de España. El certamen se inició en el 2022, pero fue anulado por la Junta de Gobierno en septiembre de 2024 alegando que ya no era posible disponer de los fondos con los que se iba a ejecutar esta idea.

Este estudio, que obtuvo la mejor valoración por parte de la mesa de contratación durante el procedimiento, presentó un recurso contra la nulidad del concurso que debe dirimirse el próximo 11 de noviembre.

Los arquitectos reivindican su triunfo en estos días en los que el Ayuntamiento, a través del alcalde Darío Dolz, ha hablado de la existencia de una propuesta público-privada para la recuperación de estos espacios, “que se caracteriza por ser una privatización del espacio público y por ser secreta”, denuncian en declaraciones a Europa Press.

La idea de Rojo/Fernández-Shaw+Lazcano fue la mejor valorada por la mesa de contratación en la apertura de sobres, pero la resolución del concurso se demoró por el recurso presentado por otro estudio de arquitectura, cuya oferta económica había sido desechada por baja temeraria.

Meses esperando el fallo del concurso

Pasaron los meses y desde el estudio de arquitectura reclamaron, sin éxito, el fallo del concurso. Finalmente, el Ayuntamiento de Cuenca, tras perder los fondos europeos Edusi que debían financiar la remodelación de la plaza de España y el Mercado, decidió en septiembre de 2024 no adjudicar el contrato de redacción del proyecto, presupuestado en algo más de 300.000 euros con los presupuestos incluidos, “a pesar de conocer un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento sobre las dificultades jurídicas para fundamentar esta decisión”, apuntan desde el estudio.

Los arquitectos lamentan que varios equipos hayan dedicado su “tiempo y capacidades profesionales a analizar los ingentes problemas del área con sus respectivas conclusiones” y “enviasen sus propuestas con análisis, soluciones y estrategias urbanas, arquitectónicas, de viabilidad y movilidad, sociales”.

Sin embargo, “el Ayuntamiento de Cuenca ha decidido que esta inversión de dinero público en el concurso y de trabajo profesional en las propuestas enviadas al mismo no es relevante” para apostar por esa propuesta alternativa que critican por su “opacidad” y con cierto recelo ante la posibilidad de que se haya podido aprovechar del trabajo previo que hicieron los estudios que se presentaron a la licitación.

Por todo ello, desde Rojo/Fernández-Shaw+Lazcano reclaman la victoria de su proyecto y su derecho a este contrato, frente a los planes del Ayuntamiento de lanzar un nuevo concurso a partir de la presunta propuesta público-privada que tienen sobre la mesa.

El Ayuntamiento ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para participar en el 34º certamen fotográfico 'Un día en la vida de Camargo', que se celebrará el sábado, día 4 de octubre, a lo largo de toda la jornada. Se trata de un maratón fotográfico que se prolonga desde las 9.00 hasta las 21.30 horas, cuando se dan a conocer los nombres de los premiados y las fotografías galardonadas.

El alcalde, Diego Movellán, ha llamado la atención acerca de una de las singularidades del certamen, como es que los participantes descubren la temática en el momento de recoger el dorsal acreditativo.

Algo que, en su opinión, “garantiza frescura y espontaneidad en las imágenes que se realizan”, lo que “nos permite obtener una mirada auténtica de la realidad del municipio” a través de las diferentes perspectivas que la organización plantea en cada edición, como la relación de los camargueses con el mar o el papel del municipio como motor industrial de Cantabria.

Las personas interesadas en participar, tanto profesionales como aficionados a la fotografía digital, pueden inscribirse hasta el 1 de octubre a las 21.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera, ubicado en Maliaño, o a través de la web municipal.

El día del certamen, deberán acudir entre las 9.00 y las 10.00 horas a La Vidriera para registrarse, acreditarse y recibir su dorsal identificativo. Será entonces cuando conozcan el tema o temas que deberán plasmar en sus imágenes hasta la finalización del concurso.

La descarga de las instantáneas se realizará entre las 15.30 y las 17.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías, y quienes aspiren al premio a la mejor colección deberán hacerlo mediante una serie temática.

Todas las fotografías presentadas se proyectarán en el salón de actos de La Vidriera a partir de las 21.30 horas. Un acto en el que se darán a conocer los galardones otorgados por el jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio vinculados a la fotografía y la imagen, que valorarán tanto las técnicas empleadas como la creatividad, la imaginación y la originalidad de las imágenes.

El certamen repartirá más de 3.000 euros en premios, 2.700 en metálico. Así, se concederán 850 euros a la mejor colección y 500 euros al accésit en esta misma categoría. En cuanto a las mejores fotografías individuales, el primer premio estará dotado con 400 euros; el segundo, con 300; el tercero obtendrá 200 euros y el accésit, 150.

Además, tres finalistas recibirán 100 euros cada uno. También se entregará un premio especial para menores de 14 años consistente en una cámara de fotos y una mochila para el ganador, así como otra cámara para el accésit en esta categoría.

La concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha animado a participar en esta cita cultural que “se ha consolidado como un referente tanto para los profesionales como para los aficionados a la fotografía en Cantabria”, y que cada año muestra los aspectos que “nos identifican y diferencian como municipio” gracias a la “creatividad y originalidad” de la mirada de vecinos y visitantes.

El aceite de oliva virgen extra producido en la provincia de Jaén vuelve a situarse en lo más alto del pódium nacional -como no podría ser de otro modo dado su sabor y tradición centenaria-.

En esta ocasión, ha sido Picualia, elaborado por la Sociedad Cooperativa Agrícola Virgen de Zocueca en el reconocidísimo pueblo de Bailén, el que ha obtenido el Premio Especial “Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra” correspondiente a la campaña 2024-2025.

Se trata del máximo reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que consolida a esta cooperativa como uno de los grandes referentes de la calidad oleícola nacional e internacional.

¿Por qué ha ganado Picualia?

El aceite Picualia ha sido distinguido en la modalidad de “Frutado Verde Dulce”, una categoría que premia aquellos aceites de intensidad media-alta en nariz, con claras notas a aceituna verde, frutas frescas y matices vegetales, pero sin un amargor ni picor excesivo.

Es, en definitiva, un AOVE equilibrado, complejo y muy armónico, capaz de satisfacer tanto a los catadores expertos como al consumidor habitual que busca calidad en crudo -algo que los simples mortales no atisbamos a diferenciar, pero que los críticos saben distinguir un simple paladeo-.

Este galardón supone el culmen a una trayectoria premiada: más de 50 reconocimientos nacionales e internacionales avalan el trabajo colectivo de esta cooperativa jiennense, que ha convertido su producto en una verdadera bandera del buen hacer agrícola.

Jaén, cuna del mejor aceite

Aunque Picualia ha sido el protagonista absoluto de esta edición, no ha estado solo en la cima. Cuatro aceites jiennensesmás han llegado a la fase final de los premios, confirmando la supremacía de la provincia en el sector:

Este dominio absoluto de Jaén no solo habla del terruño privilegiado de la provincia, sino también del nivel de innovación, profesionalización y cuidado extremo que aplican sus cooperativas y almazaras.

Un concurso exigente, una selección rigurosa

El proceso de selección para este premio no deja lugar a dudas. Las muestras, procedentes de todas las comunidades productoras de España, fueron sometidas a un riguroso análisis físico-químico y sensorial en el Laboratorio Agroalimentario del Ministerio, con sede en Madrid.

La cata fue anónima y estuvo dirigida por el jefe del Panel Oficial de Catadores del propio ministerio, con la colaboración de los responsables de otros paneles públicos. Las 57 muestras analizadas han competido en igualdad de condiciones, garantizando la trazabilidad desde su origen hasta su evaluación final.

Reconocer la excelencia, premiar la tierra

Los Premios Alimentos de España tienen como objetivo visibilizar la excelencia de los productos agroalimentarios del país, entre ellos el aceite de oliva virgen extra, uno de los pilares de la dieta mediterránea y emblema indiscutible de la cultura gastronómica española.

Este nuevo galardón no solo premia a un aceite. Premia a una forma de vida, a un territorio y a un modelo cooperativoque lleva décadas trabajando en silencio para que lo mejor de nuestros campos llegue a los hogares de medio mundo.

Y Jaén, una vez más, vuelve a demostrar que su oro no está en las minas, sino en los olivos.

A pesar de haber obtenido la mayor puntuación en el concurso para gestionar parte del transporte sanitario en Catalunya, el Govern no ve claro adjudicárselo al Grup La Pau debido a su historial de impagos, infracciones laborales e incumplimientos durante los cinco años en los que prestó este servicio en Euskadi. 

Las dudas sobre la solvencia de esta cooperativa han llevado a los miembros de la mesa de contratación a aprobar, por unanimidad, la solicitud de más documentación a esta empresa, que se presentó junto a otra compañía al concurso para gestionar el transporte sanitario en la zona norte del área metropolitana de Barcelona. 

El lote al que aspira esta compañía de Badalona es el mayor de todo el concurso y cuenta con un presupuesto base de más de 384 millones. Forma parte de la licitación más grande que prevé hacer el Govern en esta legislatura: casi 2.000 millones para repartir entre los diversos adjudicatarios de este servicio en toda Catalunya. 

Las polémicas del Grup La Pau en Euskadi, reveladas durante meses por elDiario.es, han sido el motivo que ha llevado a la Generalitat a mostrar dudas sobre la idoneidad de la adjudicación a pesar de la puntuación obtenida, según figura en el acta de la mesa de contratación. 

La cooperativa acordó rescindir el contrato con el Gobierno vasco el pasado noviembre tras recibir sanciones y más de una cincuentena de actas por parte de Inspección de Trabajo.

El Grup La Pau también dejó nóminas y pagas extras sin pagar, motivo por el cual el Ejecutivo de Euskadi le acabó incautando los 12 millones que había depositado como aval al ganar la adjudicación. Cinco millones y medio de ese aval incautado son del Institut Català de Finances (ICF), un ente público de la Generalitat.

El secretario de la mesa de contratación informó al resto de miembros que el Ejecutivo vasco, en el expediente que abrió al Grup La Pau, señala que la cooperativa se encontraba “en una situación económica complicada”. La propia cooperativa, en una memoria elaborada el pasado junio, aseguró que estaba cerca de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones en pérdidas entre 2021 y 2024.

La situación descrita por el Gobierno vasco ha llevado a la mesa de contratación a pedir al Grup La Pau toda la contabilidad de 2024 así como balances, la cuenta de pérdidas y ganancias, los movimientos de patrimonio neto y una memoria detallada para esclarecer todos los números. 

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) también ha exigido un plan de negocio para los dos próximos años que “garantice el principio de compañía en funcionamiento”. Es decir: todos los ingresos y gastos y movimientos de patrimonio que la cooperativa pretende hacer entre 2025 y 2027. 

El requerimiento llega al Grup La Pau después de que la cooperativa, al igual que todas las demás empresas que se presentaron al concurso, aportara inicialmente la documentación necesaria para garantizar su solvencia económica. A otras empresas del concurso también se les ha requerido documentación adicional, pero a ninguna de ellas por dudas sobre su solvencia.

El pasado domingo, un portavoz de la cooperativa remitió un escrito a elDiario.es en el que aseguraba que la situación financiera de la empresa era “absolutamente solvente” y recordaba la “trayectoria modélica” de la cooperativa que le ha consolidado como “un referente en el sector”.

La Xunta sacará a concurso 51 derechos mineros caducados como primera medida del plan de desarrollo impulsado a través de la Consellería de Economía. Los criterios de la Lei de Recursos Naturais serán clave para decidir la adjudicación ya que, según el presidente gallego, Alfonso Rueda, “el 40% del baremo tendrá que ver con el cumplimiento de criterios sociales, éticos y de impacto socioeconómico. La Xunta hace este anuncio semanas después de expulsar a los colectivos ecologistas y a las comunidades de montes del Consello da Minería, el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre el sector.

En su comparecencia tras la reunión del gobierno gallego, Rueda definió el anuncio como un “paso importante” en el desarrollo y la explotación de un sector “estratégico”. “En las próximas semanas” la Xunta publicará la convocatoria de los derechos caducadas para cada provincia: 17 en Lugo y Pontevedra, 10 en Ourense y 7 en A Coruña. Los derechos fueron otorgados, principalmente, para la extracción de caolín y arcilla en Lugo; caolín, feldespato, cuarzo, lousa, baritina, ferro y mica en Ourense; arcilla, losa, granito ornamental y en Pontevedra caolín, arcilla y cuarzo.

El primer paso, para las empresas interesadas, será pedir un permiso para “investigar el potencial” del yacimiento y, si quisiese explotarlo, y solicitar entonces la autorización para poner en marcha el proyecto, “si cumple todos los requisitos técnicos y ambientales”, puntualizó Rueda, antes de señalar que, si hay varios interesados, será la Lei de Recursos Naturais la que aporte el 40% de la puntuación final.

La minería gallega supone el 1,2% del PIB de la comunidad y representa o 8,2% de la producción estatal con minerales “con mucho futuro” como el cobre, el wolframio, el cobalto, el tántalo o el niobio. Galicia es el único lugar de Europa en el que se han detectado los tres últimos. Se usan en la tecnología de telefonía móvil, los vehículos eléctricos o los escáneres médicos. La comunidad gallega es, como recordó Rueda, líder en la producción de roca ornamental, granito y cuarzo.

“Tenia amics a totes les empreses que es van presentar”. Així s'ha defensat l'exconseller balear de Turisme i exvicepresident del PP balear Carlos Delgado, que des d'aquest dilluns s'asseu a la banqueta dels acusats arran de la presumpta manipulsació del concurs de privatització del port esportiu de Calanova (Mallorca), del qual va resultar beneficiària l'empresa Port Olímpic Calanova, vinculada a Carlos Gelabert, soci i amic personal de l'inculpat i qui també està encausat per aquests fets. La Fiscalia sol·licita per a Delgado un any i nou mesos de presó per delictes presumptes de prevaricació i tràfic d'influències, així com el pagament d'una multa d'1,1 milions d'euros. L'Advocacia de Balears eleva la petició a dos anys de presó pels mateixos il·lícits.

Delgado, que a finals del 2013, en ple mandat del popular José Ramón Bauzá com a president del Govern, va posar fi a la seva carrera política després d'haver estat al punt de mira per les seves polèmiques actuacions en matèria turística i urbanística, a més de la seva ferma oposició a la normalització de la llengua catalana i per haver posat en una fotografia amb els testicles d'un cérvol al cap exhibit com a trofeu de caça -episodi pel qual va rebutjar dimitir-, ha negat haver comès cap irregularitat durant el procés administratiu objecte d'enjudiciament, que al seu dia va arribar a definir dia com a “impecable”. En la seva declaració, Delgado ha assegurat que llavors tenia amics “a totes les empreses nàutiques” i que, tot i que sí que tenien una relació de “client-advocat”, Gelabert “no era ningú” per a ell: “Jo estava en un altre nivell”.

En concret, l'adjudicació va tenir lloc el setembre de 2013, quan Delgado era, a més de conseller, president de Ports de les Illes Balears (Ports IB). Els fets van transcendir després que un empresari es querellés contra l'exdirigent popular i altres empreses concursants, com Alcudiamar o Curvas Sports, denunciessin irregularitats en el procés, com el fet que la taula havia admès un nou estudi de la guanyadora quan ja no era possible presentar més documentació. Així mateix, sostenien que la baixa de preus realitzada per Port Olímpic era “temerària”, però Ports IB va rebutjar aquests recursos.

El Ministeri Públic apunta que Delgado va adoptar decisions i va dictar resolucions directament encaminades a afavorir l'adjudicació del concurs a Port Olímpic Calanova, de la qual administrador el seu amic i posterior soci Gelabert. Com relata el fiscal, l'adjudicació va generar un benefici econòmic desproporcionat -uns 700.000 euros- als dos socis de la mercantil, que es van enriquir gràcies a la influència de Delgado i la posterior venda de les accions de l'empresa. Així mateix, la Fiscalia acusa l'exconseller de servir-se tant de la seva ascendència jeràrquica com de la relació i l'amistat amb el llavors secretari general de la Conselleria i secretari del Consell d'Administració de Ports IB, Joaquín Legaza, perquè l'adjudicació resultés a favor de Port Olímpic.

A l'inici de la sessió d'aquest dilluns, les defenses han reclamat la lliure absolució de tots els seus patrocinats -a més de Delgado, Gelabert i Legaza, Francisco López Hinojosa, propietari amb Gelabert de la societat suposadament afavorida, i un altre empresari que participava en ella, Felipe Elvira-, emparant-se per a això en suposades irregularitats durant el tràmit d'instrucció. En concret, han al·legat que les declaracions dels processats van ser acordades, a parer seu, fora del termini previst legalment per a això, a més d'arguir la manca de competència del jutge que va tramitar el procediment judicial així com per la il·legitimitat en la personació d'una de les acusacions particulars. Les seves tesis han xocat contra les del fiscal anticorrupció Juan Carrau, que ha defensat la continuïtat de la vista oral. El tribunal ha denegat totes les qüestions plantejades.

Assegura que la seva relació amb el beneficiari era “de client-advocat”

Durant la seva compareixença, Delgado ha assegurat que la decisió de convocar i adjudicar el concurs a Port Olímpic Calanova no va estar motivada per una intenció de beneficiar Gelabert, sinó que venia precedida de la decisió del Govern balear de “concessionar o privatitzar” els ports degut a la situació “calamitosa en què ens trobàvem”. “I, en aquest context, hi havia un port [en al·lusió al de Calanova] que era un veritable desatre i el que suposava més despesa, amb un pressupost anual de més d'un milió d'euros i un dèficit de 700.000 euros”, ha manifestat, afirmant que les instal·lacions “eren molt velles” i apuntant a “presumptes mangonejos històrics amb els amarratges des de feia dècades”: “Ningú es atrevia a ficar-hi mà, hi havia polítics i algun jutge que no pagaven l'amarratge”, ha assegurat.

L'exconseller ha assenyalat que va ser quan el llavors secretari del consell d'administració li va comentar aquesta situació quan ell mateix va prendre la decisió d'iniciar l'expedient de privatització. En ser preguntat pel fiscal Carrau sobre el fet que ja llavors s'advertís que el consell d'administració li delegaria a ell la tramitació i que ningú el consultés sobre això, Delgado ha al·legat que “tots els òrgans col·legiats, a totes les administracions i en totes les decisions, es faculta el president per dur a terme allò que s'ha de dur a terme. És la norma habitual a l'administració balear”.

Sobre la seva relació amb Gelabert, ha al·legat que llavors era “de respecte”, de “client a advocat” -Gelabert s'havia encarregat de la demanda de divorci de Delgado-, desmentint que es veiessin “una o dues vegades per setmana” durant 2013, any en què es va tramitar el concurs, com va afirmar “una senyora que va mentir” -en referència a una testimoni, l'exdona de Gelabert, que va apuntar a la confiança que tots dos es professaven i que va assegurar que fins i tot anaven amb vaixell amb les seves respectives parelles-. “Això és mentida”, ha remarcat l'exconseller, que ha incidit que Gelabert només li va comentar que es presentaria al concurs atès que la seva entitat “havia estat sempre al món nàutic”. En aquest punt, ha asseverat que tenia amics “a totes les empreses que es van presentar, inclòs el meu oncle Manolo”. “I no s'hi va abstenir?”, li ha interpel·lat el fiscal, i el processat s'ha limitat a respondre que “no tenia cap obligació legal” ni hi concorria “cap requisit”.

Desconeix els informes en contra del Govern

“Segur que no van menjar calçots a Gènova?”, ha continuat preguntant-li el representant del Ministeri Públic. L'exconseller ha assenyalat que es van veure “dues o tres vegades però sempre en esdeveniments socials, potser en la inauguració d'alguna galeria d'art, però mai no vam menjar calçots per a res ni vam anar amb vaixell”. Les investigacions també apunten que els telèfons mòbils de les exdones de tots dos van ser emprats pels dos per creuar trucades, extrem que Delgado ha assegurat no recordar. El fiscal també li ha inquirit si Gelabert li trucava per el sobrenom de Caco: “Per res. El meu germà de petit sí que em trucava Caco”. En aquest instant, Carrau ha demanat exhibir un mail incurs en el procés d'adjudicació en què es refereixen a ell com Caco, ironitzant: “Potser el deien Caco d'amagat i no a vostè directament, perquè no és freqüent que entre professional i client es dirigissin en aquests termes...”.

Així mateix, en ser inquirit sobre si no li “estranyà” la celeritat amb què es va aprovar la convocatòria del concurs -van transcórrer només quatre dies-, l'acusat ha deixat anar: “Em va semblar el més normal del món”. En aquesta línia, sobre els informes emesos per Intervenció contraris a l'adjudicació, Delgado ha assenyalat: “Quina Intervenció?”. “Del Govern”, li ha respost el fiscal, i l'exconseller ha preguntat: “De quina seu?” per a continuació assegurar que “no se'n va tenir notícia”.

Tot seguit, Delgado ha admès que tampoc es va debatre la solvència tècnica del licitador o sobre si Gelabert va vendre posteriorment les seves accions: “Em tenia sense cura el tema empresarial de Gelabert. La meva vida era una altra, jo no estava en aquests temes. Jo era el conseller. Casualment sóc advocat, però podria ser forner”. Ni tan sols ha reconegut que posteriorment els ho comentés, quan tots dos treballaven al mateix despatx d'advocats. Sobre això, Delgado ha recordat que, a principis del 2014, Gelabert se'n va anar d'un despatx a el que “no estava còmode” i “va venir al nostre”. “I Gelabert no va parlar amb vostè sobretot allò, o sobre la seva contractació al despatx?”, li ha preguntat Carrau. L'exconseller ha manifestat que va ser el seu germà Álvaro qui va fer de mediador en la contractació i li va dir que “jo estaria encantat”.

Finalment, sobre un viatge que van fer junts el 2016, juntament amb les seves respectives parelles, a Londres i que les indagacions consideren un regal per part de l'empresari guanyador, Delgado ha admès que van viatjar junts, però que no va tenir res a veure amb el concurs: “Ell va pagar els vols de Ryanair, jo el sopar i cadascun els hotels. Lligar uns vols low cost amb una adjudicació em sembla rocambolesc”. Preguntat per l'advocat de la Comunitat Autònoma sobre un quadre que també hauria constituït una recompensa per l'adjudicació, l'acusat ha assegurat que li van regalar el seu germà, aficionat a l'art, i Gelabert. “Va costar 300 euros”, ha puntualitzat.

Un conseller procliu als interessos turístics i urbanístics

Cal recordar que, abans de recalar a la Conselleria de Turisme, Delgado va ser director general a la de Presidència amb Jaume Matas com a president del Govern i, abans, alcalde del municipi mallorquí de Calvià en substitució de la històrica primera edil d'aquesta localitat, la socialista Margarita Nájera. Sota el seu comandament, i al llarg d'una dècada, els populars van interposar una bateria de querelles contra la seva antecessora al càrrec. Totes van acabar arxivades.

Com a conseller, una de les decisions més qüestionades va ser l'aprovació d'una Llei de Turisme que permetia l'expansió dels allotjaments turístics en edificacions ja existents en tot tipus de sòl rústic, sense necessitat de comptar amb una declaració d'interès general ni amb informes d'avaluació d'impacte ambiental, així com l'ampliació de la comercialització turística d'habitatges unifamiliars, fet que va motivar crítiques fortes de les entitats ecologistes i fins i tot del Consell Econòmic Social (CES) de Balears. Delgado sempre va ser procliu als projectes de camps de golf i ports esportius sota el pretext de la desestacionalització.

Durant el seu càrrec com a conseller van transcendir una imatge en què apareixia posant amb els testicles d'un cérvol sobre el cap, amb la cara ensangonada, i una altra, rifle a la mà, al costat de l'animal que acabava de matar. Les imatges van desfermar les crítiques de l'oposició i dels grups animalistes, que en van reclamar la dimissió.

“Tenía amigos en todas las empresas que se presentaron”. Así se ha defendido el exconseller de Turismo y exvicepresidente del PP balear Carlos Delgado, quien desde este lunes se sienta en el banquillo de los acusados a raíz del presunto amaño del concurso de privatización del puerto deportivo de Calanova (Mallorca), del que resultó beneficiaria la empresa Port Olímpic Calanova, vinculada a Carlos Gelabert, socio y amigo personal del inculpado y quien también se encuentra encausado por estos hechos. La Fiscalía solicita para Delgado un año y nueve meses de prisión por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, así como el pago de una multa de 1,1 millones de euros. La Abogacía de Balears eleva su petición a dos años de cárcel por los mismos ilícitos.

Delgado, quien a finales de 2013, en pleno mandato del popular José Ramón Bauzá como presidente del Govern, puso fin a su carrera política tras haber estado en el punto de mira por sus polémicas actuaciones en materia turística y urbanística, además de por su firme oposición a la normalización de la lengua catalana y por haber posado en una fotografía con los testículos de un ciervo en la cabeza exhibido como trofeo de caza -episodio por el que rechazó dimitir-, ha negado haber cometido irregularidad alguna durante el proceso administrativo objeto de enjuiciamiento, que en su día llegó a definir día como “impecable”. En su declaración, Delgado ha asegurado que entonces tenía amigos “en todas las empresas náuticas” y que, a pesar de que sí tenían una relación “cliente-abogado”, Gelabert “no era nadie” para él: “Yo estaba en otro nivel”.

En concreto, la adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Delgado era, además de conseller, presidente de Ports de les Illes Balears (Ports IB). Los hechos trascendieron después de que un empresario se querellase contra el exdirigente popular y otras empresas concursantes, como Alcudiamar o Curvas Sports, denunciasen irregularidades en el proceso, como el hecho de que la mesa había admitido un nuevo estudio de la ganadora cuando ya no era posible presentar más documentación. Asimismo, sostenían que la baja de precios realizada por Port Olímpic era “temeraria”, pero Ports IB rechazó estos recursos.

El Ministerio Público apunta a que Delgado adoptó decisiones y dictó resoluciones directamente encaminadas a favorecer la adjudicación del concurso a Port Olímpic Calanova, de la que administrador su amigo y posterior socio Gelabert. Como relata el fiscal, la adjudicación generó un desproporcionado beneficio económico -unos 700.000 euros- a los dos socios de la mercantil, quienes se enriquecieron gracias a la influencia de Delgado y la posterior venta de las acciones de la empresa. Asimismo, la Fiscalía acusa al exconseller de servirse tanto de su ascendencia jerárquica como de la relación y amistad con el entonces secretario general de la Conselleria y secretario del Consejo de Administración de Ports IB, Joaquín Legaza, para que la adjudicación resultara a favor de Port Olímpic.

Al inicio de la sesión de este lunes, las defensas han reclamado la libre absolución de todos sus patrocinados -además de Delgado, Gelabert y Legaza, Francisco López Hinojosa, propietario junto a Gelabert de la sociedad supuestamente favorecida, y otro empresario que participaba en ella, Felipe Elvira-, amparándose para ello en supuestas irregularidades durante el trámite de instrucción. En concreto, han alegado que las declaraciones de los procesados fueron acordadas, a su juicio, fuera del plazo previsto legalmente para ello, además de arguyir la falta de competencia del juez que tramitó el procedimiento judicial así como por la ilegitimidad en la personación de una de las acusaciones particulares. Sus tesis han chocado contra las del fiscal anticorrupción Juan Carrau, quien ha defendido la continuidad de la vista oral. El tribunal ha denegado todas las cuestiones planteadas.

Asegura que su relación con el beneficiario era de “cliente-abogado”

Durante su comparecencia, Delgado ha asegurado que la decisión de convocar y adjudicar el concurso a Port Olímpic Calanova no estuvo motivada por una intención de beneficiar a Gelabert, sino que venía precedida de la decisión del Govern balear de “concesionar o privatizar” los puertos debido a la situación “calamitosa en la que nos encontrábamos”. “Y, en este contexto, había un puerto [en alusión al de Calanova] que era un verdadero desatre y el que más gasto suponía, con un presupuesto anual de más de un millón de euros y un déficit de 700.000 euros”, ha manifestado, afirmando que las instalaciones “eran muy viejas” y apuntando a “presuntos mangoneos historicos con los amarres desde hacía décadas”: “Nadie se atrevía a meter mano ahí, había políticos y algún juez que no pagaban el amarre”, ha asegurado.

El exconseller ha señalado que fue cuando el entonces secretario del consejo de administración le comentó esta situación cuando él mismo tomó la decisión de iniciar el expediente de privatización. Al ser preguntado por el fiscal Carrau sobre el hecho de que ya entonces se advirtiera de que el consejo de administración le iba a delegar a él la tramitación y que nadie le consultase al respecto, Delgado ha alegado que “todos los órganos colegiados, en todas las administraciones y en todas las decisiones, se faculta al presidente para llevar a cabo lo que se tiene que llevar a cabo. Es la norma habitual en la administración balear. Si no sería imposible”.

Sobre su relación con Gelabert, ha alegado que entonces era “de respeto”, de “cliente a abogado” -Gelabert se había encargado de la demanda de divorcio de Delgado-, desmintiendo que se vieran “una o dos veces por semana” durante 2013, año en que se tramitó el concurso, como afirmó “una señora que mintió” -en referencia a una testigo, la exmujer de Gelabert- al apuntar a la confianza que ambos se profesaban y que aseguró que incluso iban en barco con sus respectivas parejas. “Eso es mentira”, ha remarcado el exconseller, quien ha incidido en que Gelabert tan solo le comentó que se iba a presentar al concurso dado que su entidad “había estado siempre en el mundo náutico”. En este punto, ha aseverado que tenía amigos “en todas las empresas que se presentaron, incluído mi tío Manolo”. “¿Y no se abstuvo?”, le ha interpelado el fiscal, a lo que el procesado se ha limitado a responder que “no tenía ninguna obligación legal” ni concurría “ningún requisito” para ello.  

Desconoce los informes en contra del Govern

“¿Seguro que no comieron calçots en Génova?”, ha continuado preguntándole el representante del Ministerio Público. El exconseller ha señalado que se vieron “dos o tres veces pero siempre en acontecimientos sociales, a lo mejor en la inauguración de alguna galería de arte, pero nunca comimos calçots para nada ni fuimos en barco”. Las investigaciones también apuntan a que los teléfonos móviles de las exmujeres de ambos fueron empleados por los dos para cruzar llamadas, extremo que Delgado ha asegurado no recordar. El fiscal también le ha inquirido si Gelabert le llamaba por el apodo de Caco: “Para nada. Mi hermano de pequeño sí me llamaba Caco”. En ese instante, Carrau ha pedido exhibir un mail incurso en el proceso de adjudicación en el que se refieren a él como Caco, ironizando: “A lo mejor le llamaban Caco a escondidas y no a usted directamente, porque no es frecuente que entre profesional y cliente se dirigieran así en estos términos...”.

Asimismo, al ser inquirido sobre si no le “extrañó” la celeridad con que se aprobó la convocatoria del concurso -transcurrieron tan solo cuatro días-, el acusado ha espetado: “Me pareció lo más normal del mundo”. En esta línea, acerca de los informes emitidos por Intervención contrarios a la adjudicación, Delgado ha señalado: “¿Qué Intervención?”. “Del Govern”, le ha respondido el fiscal, a lo que el exconseller ha preguntado: “¿De qué sede?”, para a continuación asegurar que “no se tuvo noticia de ello”.

Acto seguido, Delgado ha admitido que tampoco se debatió la solvencia técnica del licitador o sobre si Gelabert vendió posteriormente sus acciones: “Me tenía sin cuidado el tema empresarial de Gelabert. Mi vida era otra, yo no estaba en estos temas. Yo era el conseller. Casualmente soy abogado, pero podría ser panadero”. Ni siquiera ha reconocido que posteriormente se lo comentara, cuando ambos trabajaban en el mismo despacho de abogados. Sobre ello, Delgado ha recordado que, a principios de 2014, Gelabert se fue de un despacho en el que “no estaba cómodo” y “vino al nuestro”. “¿Y Gelabert no habló con usted sobre todo aquello, o sobre su contratación en el despacho?”, le ha preguntado Carrau. El exconseller ha manifestado que fue su hermano Álvaro quien hizo de mediador en la contratación y le dijo que “yo estaría encantado”.

Finalmente, acerca de un viaje que realizaron juntos en 2016, junto a sus respectivas parejas, a Londres y que las pesquisas consideran una regalo por parte del empresario ganador, Delgado ha admitido que viajaron juntos, pero que no tuvo nada que ver con el concurso: “Él pago los vuelos de Ryanair, yo la cena y cada uno los hoteles. Ligar unos vuelos low cost con una adjudicación me parece rocambolesco”. Preguntado por el abogado de la Comunidad Autónoma sobre un cuadro que también habría constituido una recomenpensa por la adjudicación, el acusado ha asegurado que se lo regalaron su hermano, aficionado al arte, y Gelabert. “Valía 300 euros”, ha puntualizado.

Un conseller proclive a los intereses turísticos y urbanísticos

Cabe recordar que, antes de recalar en la Conselleria de Turismo, Delgado fue director general en la de Presidencia con Jaume Matas como presidente del Govern y, mucho antes, alcalde del municipio mallorquín de Calvià en sustitución de la histórica primera edil de esta localidad, la socialista Margarita Nájera. Bajo su mando, y a lo largo de una década, los populares interpusieron una batería de querellas contra su antecesora en el cargo. Todas acabaron archivadas.

Como conseller, una de sus decisiones más cuestionadas fue la aprobación de una Ley de Turismo que permitía la expansión de los alojamientos turísticos en edificaciones ya existentes en todo tipo de suelo rústico, sin necesidad de contar con una declaración de interés general ni con informes de evaluación de impacto ambiental, así como la ampliación de la comercialización turística de viviendas unifamiliares, lo que motivó fuertes críticas de las entidades ecologistas e incluso del Consejo Económico Social (CES) de Balears. Delgado siempre fue proclive a los proyectos de campos de golf y puertos deportivos bajo el pretexto de la desestacionalización.

Durante su cargo como conseller trascendieron una imagen en las que aparecía posando con los testículos de un ciervo sobre su cabeza, con la cara ensangrentada, y otra, rifle en mano, junto al animal que acababa de matar. Las imágenes desataron las críticas de la oposición y de los grupos animalistas, que reclamaron su dimisión.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada ha declarado, a través de cuatro sentencias emitidas entre octubre y noviembre, la nulidad de la convocatoria del concurso público para la adjudicación en régimen de concurrencia de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y de ámbito local en Andalucía. Estas decisiones, a expensas de presumibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo, dejan en el aire nada menos que 101 licencias que fueron otorgadas por un periodo de 15 años el 27 de abril de 2022 en el Consejo de Gobierno de la Junta.

La Junta de Andalucía aprobaba por entonces el tercer concurso de TDT local, en que el que se habían ofertado un total de 112 licencias en 45 demarcaciones. Entre los principales adjudicatarios de las licencias destacaron Publicaciones del Sur, con 20; Comunicación y Servicios 101, con 12; Procono, con 5; Pedro Pérez, con 5; Antonio A. Ruiz-Berdejo, con 5, y Listengo, con 4. Otras adjudicaciones de licencias que destacaban fueron las del Sevilla FC y de la Fundación Real Betis Balompié. En términos geográficos, en la provincia de Almería se otorgan 14 licencias, 15 en Cádiz, 16 en Córdoba, 13 en Granada, 8 en Huelva, 8 en Jaén, 15 en Málaga y, por último, 12 en Sevilla.

Las cuatro sentencias, contra las que aún caben recurso de casación, declaran la nulidad de aquella convocatoria contra la cual se interpusieron cinco recursos contencioso-administrativos por parte de televisiones que no fueron adjudicatarias del concurso. Uno de ese recursos se archivó, como informó la Junta en abril de 2022, si bien otros cuatro han sido ahora estimados. De ser ratificadas las sentencias por el Supremo, además de tener que convocarse otro concurso, es de suponer que las televisiones damnificadas que llevan un par de años funcionando también recurrirán y reclamarán a la Junta la devolución de las millonarias cantidades invertidas (en materiales, cámaras, platós, equipos tecnológicos, etc) para los 15 años siguientes, tal y como se establecía en el pliego, pudiendo generarse una importante maraña judicial entre los adjudicatarios de origen y los que resulten del nuevo concurso.

Este tercer concurso se publicó en el BOJA extraordinario número 37, de 27 de abril de 2021, aprobándose al tiempo el pliego de bases que lo regía. El Gobierno andaluz cumplía así el plazo establecido en la Ley 1/2021, de 22 de enero, segun destacó en su momento la Junta, por la cual se articulaba un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local gestionado por particulares. Son 98 las empresas privadas afectadas por estas sentencia, según fuentes del proceso.

La planificación radioeléctrica

Las sentencias determinan que no consta que Andalucía hubiera solicitado al Estado la afectación de la reserva al servicio público de radiotelevisión. Los jueces han analizado principalmente si había decaído la reserva y se había excluido de la planificación radioeléctrica afectada por el Estado. Es decir, si el hecho de que hubiera decaído ese espectro radioeléctrico disponible impedía convocar un concurso público como el abierto por la Junta, que ahora queda anulado, dejando en el aire todas las inversiones de las empresas amén de los cientos de puestos de trabajo que están ahora en el aire también.

La Consejería de Presidencia, que informó de las sentencias en una nota informativa distribuida el viernes pasado, resolvió aquel concurso y presumió de hacerlo por primera vez dentro del plazo legalmente establecido, habiéndose tramitado de forma íntegramente electrónica. Durante la tramitación se recibieron 487 solicitudes de participación de 54 licitadores diferentes. En la convocatoria solo habían quedado desiertas 11 licencias. Algunas de ellas, como es el caso de los municipios andaluces de Baena, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba e Iznalloz, ya venían quedándose desiertas en anteriores convocatorias.

Nuria López, directora regional de televisiones de Procono S.A. (una de las entidades afectadas) y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Televisión Local de España (Acutel), reconoce a este periódico que ha sido “un varapalo” pero que al asunto aún le queda “recorrido judicial”. “Nosotros entendemos que no ha decaído la reserva de planificación radioeléctrica porque no hemos dejado de emitir y vamos a seguir trabajando y emitiendo porque no hay sentencia firme”, apunta al anunciar que su entidad interpondrá recurso. “Por la razón que sea, hay quien no tiene interés en darle estabilidad al sector”, lamenta en lo que supone el tercer concurso público del mismo ámbito que acaba anulado por el momento.

En abril de 2006, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria del primer concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión privada, en el que se asignaron 163 concesiones a personas físicas y jurídicas de toda Andalucía. La resolución fue impugnada y quedaron anulados los otorgamientos hechos en más de una treintena de las 62 demarcaciones.

El segundo concurso de TDT local se convocó en agosto de 2016, ofertándose 111 licencias en 44 demarcaciones. Esa convocatoria también fue impugnada, esta vez por diversas empresas. Se otorgaron un total de 89 licencias, pero la resolución terminó anulándose por el TSJA, obligando a la Junta a convocar un nuevo concurso cuyas bases, a expensas de los recusos ante el Tribunal Supremo, han sido ahora anuladas.

Se busca la tarjeta de Navidad con la que el alcalde de Logroño felicitará las navidades a los y las logroñesas. La concejala de Educación e Infancia, Laura Rivas, ha presentado la convocatoria del XXXVIII Concurso de Tarjetas de Navidad que está dirigido a alumnado de 3º de Infantil a 6º de Primaria matriculado en centros de enseñanza de nuestra ciudad, y de Centros de Educación Especial.

Durante intervención, Rivas ha subrayado que “este tradicional concurso no podía faltar a su cita anual, ya que con iniciativas como esta logramos incentivar la participación del alumnado y potenciar su creatividad, dándoles un canal de expresión y otorgándoles el protagonismo que merecen en unas fechas tan especiales como las navideñas”. Además, la concejala de Educación e Infancia ha añadido que “gracias a esta actividad fomentamos valores asociados a la Navidad, como la solidaridad, la empatía, la amistad, el respeto, la integración, el optimismo o la esperanza”.

Los participantes entregarán sus trabajos en el centro escolar en el que cursen sus estudios. Con las obras recibidas, cada centro seleccionará una tarjeta por clase que presentarán en la Gota de Leche (c/ Once de Junio, 2), antes de las 14:00 horas del 22 de noviembre de 2024. Para facilitar la participación de los menores, la tarjeta se podrá realizar en cualquier lámina de dibujo, formato A4.

Posteriormente, se convocará al jurado para evaluar y fallar el concurso. El alcalde será el encargado de elegir la tarjeta que será la felicitación oficial municipal del Ayuntamiento de Logroño. El jurado valorará la utilización de elementos propios de las fiestas navideñas y de la ciudad, así como la originalidad, calidad artística y la incorporación de valores navideños.

El XXXVIII Concurso de Tarjetas de Navidad contará con nueve premios. Los premios consisten en ocho vales en material escolar por valor de 150 euros cada uno y un vale de 200 euros para la tarjeta seleccionada por el alcalde como felicitación oficial. Todos los ganadores recibirán también diplomas.

 XXXVII Concurso de Tarjetas de Navidad

Finalmente, la concejala de Educación e Infancia ha recordado que la tarjeta ganadora del año pasado fue ‘En Logroño, en Navidad, nos gusta compartir’ creada por Julia Romero Ortiz, alumna de 5º de Primaria del colegio Duquesa de la Victoria.

En el concurso participaron 24 centros escolares de la ciudad y, de entre todas las tarjetas presentadas, se seleccionaron alrededor de 300 para el certamen. Además de la tarjeta ganadora, fueron premiados ocho dibujos realizados por: Paula Merino, de 3º de Infantil de Escolapias, Lucía Barrios, de 1º de Primaria de San José (Maristas), Beatriz Jula, de 2º de Primaria de San José (Maristas), Alba Merino, de 3º de Primaria de Escolapios, Noa Iglesias, de 4º de Primaria de Escolapios, Mar Martínez, de 4º de Primaria del colegio 7 Infantes, Alba Sáez, de 6º de Primaria, del 7 Infantes de Lara y Javier Rey, de Educación Especial, del colegio Los Ángeles.

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado dos concursos de méritos para la selección de cuatro docentes en comisión de servicios que actuarán como asesores de los programas de cooperación territorial de refuerzo de la competencia lectora y la competencia matemática en La Rioja durante el curso 2024/2025, destinados a alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Básico de centros sostenidos con fondos públicos.

En concreto, se seleccionarán dos docentes para el programa de cooperación territorial de refuerzo de la competencia lectora y otros dos para el de competencia matemática. A través de estos programas, se busca atender al alumnado de manera personalizada; trabajar en la reducción de la brecha de género; formar a asesores, coordinadores y docentes de los centros educativos en ambas metodologías y en estrategias para el aprendizaje competencial, tanto de las matemáticas como de la lectura en distintos soportes; y asesorar a los centros para el desarrollo de los planes de lectura y de mejora de la competencia matemática. 

Los dos docentes asesores seleccionados para el desarrollo del programa de refuerzo de la competencia lectora deberán adquirir formación en metodologías del proceso de lectoescritura y estrategias para el aprendizaje competencial de la lectura; coordinar e impartir la formación recibida a los coordinadores de planes de lectura o bibliotecas escolares y a los docentes de los centros; aconsejar a los centros en la elaboración de los planes de lectura y guiarles durante el proceso de implantación; y elaborar recursos educativos digitales de apoyo al profesorado, entre otras.

Por otra parte, los docentes del programa de cooperación territorial de refuerzo para la competencia matemática deberán, entre otras funciones, adquirir formación en metodologías y estrategias para la enseñanza y aprendizaje de esta competencia, incluyendo la formación en didáctica de las matemáticas, el uso de las nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos que incluyan la reducción de la brecha de género; coordinar e impartir esta formación a los coordinadores del plan en cada centro; aconsejar a los centros en la elaboración de los planes de refuerzo de la competencia matemáticas, así como guiarles durante su proceso de implantación; y elaborar recursos digitales de apoyo al profesorado. 

Los docentes interesados en participar en estos programas deberán presentar su solicitud, junto con el currículum vitae y la documentación acreditativa de los méritos alegados, hasta el próximo 13 de noviembre, a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.  Ambos programas, impulsados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, están dirigidos a mejorar el nivel de desempeño en las competencias lectora y matemática del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Ciclos Formativos de Grado Básico.

En 2009, para el PP de Andalucía era “una incompatibilidad como una catedral de grande”. Hablamos de la presencia de familiares de representantes públicos en la empresa Mina de Aguas Teñidas S.A. (MATSA). Si hace 15 años, y durante los siguientes, el entonces líder de los populares andaluces, Javier Arenas, cargaba duramente contra el expresidente de la Junta y por entonces vicepresidente tercero de Rodríguez Zapatero en el Gobierno de España, Manuel Chaves, por no haberse inhibido en la aprobación de una ayuda de 10,1 millones de euros a dicha empresa en la que por entonces era apoderada su hija Paula Chaves, ahora “no hay incompatibilidad” a juicio de la Junta.

Hasta un joven diputado Juan Manuel Moreno preguntó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el 27 de mayo de 2009 al entonces ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, relativa a saber cuáles son los criterios para la concesión de ayudas de la minería en Andalucía. “¿Acaso no conoce Manuel Chaves el nombre de su hija?”, ironizó Juan Manuel Moreno. “Lo que es absolutamente vergonzoso es que el señor Chaves utilice la Junta de Andalucía como si fuese un cortijo y ya estamos cansados de favorecer a familiares y amigos y no es la primera vez que surge el escándalo con su hija o con alguno de sus hermanos”, sentenció el que diez años después se convertiría en presidente de Andalucía.

Es de recordar, como ha informado este periódico en estos días, que el delegado territorial en Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta Andalucía, Pedro Yórquez Sancha, firmó el pasado 28 de agosto la autorización ambiental para una balsa de 15 millones de m3 de residuos tóxicos en el municipio de Cortegana que planea construir la minera Sandfire-MATSA, empresa en la que trabaja su hermano desde hace unos diez años.

Pedro Yórquez Sancha fue nombrado delegado territorial de la consejería el 7 de septiembre de 2022. De esa manera adquiría la condición de alto cargo de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Para entonces, su hermano llevaba unos diez años desempeñando distintas funciones en la minera MATSA, según su perfil profesional. La Delegación de la Junta presidida por Juan Manuel Moreno dijo a este medio “desde el punto de vista jurídico no hay incompatibilidad” porque el familiar “no es un alto cargo de la empresa, ni ha presentado él el proyecto y no está en el área de la empresa implicada”. “No existe conflicto de intereses ni incompatibilidad en su tramitación administrativa”, ha dicho también MATSA.

Cabe recordar también que la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía establece que estos cargos “están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil”.

Pues bien, la empresa MATSA, como se ha dicho, ya fue foco de la actualidad a partir del año 2009 cuando El Mundo destapó aquella millonaria ayuda para construir una planta de tratamiento de mineral en Valdelamusa, de la que se informó apenas un mes después de que Zapatero 'fichara' a Chaves y dejara la presidencia de la Junta 19 años después. Su sustituto, José Antonio Griñán, decidió no abrir expediente sancionador a su antecesor y el PP llevó el asunto al Supremo, que finalmente negó al PP legitimidad judicial activa para exigir a la Junta sancionar a sus representantes.

“Los socialistas creen que ganando las elecciones ya tienen derecho a todo, incluso, a saltarse la ley y confundir recursos públicos como si fueran bienes privados del PSOE”, clamaba Arenas por entonces mientras Chaves se defendía en el Congreso de los Diputados. En 2018, finalmente, el TSJA obligó a MATSA a devolver aquella ayuda más los intereses después de que la Junta en 2014, ya presidida por Susana Díaz, reclamara su reintegro.

Otro episodio bien conocido en Andalucía fue la anulación en 2017 por parte del TSJA, ratificada luego por el Tribunal Supremo en 2019, de una adjudicación minera en 2014 a MATSA en dos municipios de Huelva (Paymogo y Puebla de Guzmán) cuando Paula Chaves ocupaba el cargo de directora del Área Legal y Relaciones Institucionales. Los tribunales, que estimaron en parte el recurso de la empresa minera Emerita Resources (la misma que llevó a los juzgados el 'caso Aznalcóllar') y que se había sentido perjudicada en el concurso adjudicado en primera instancia a MATSA, decidieron retrotraer el procedimiento a la valoración de las ofertas abiertas y admitidas “una vez excluidos los criterios de valoración genéricos por ser contrarios a derecho”.

Aquelllo también levantó las iras en las filas populares. La gestión en materia de minas “huele mal” desde “hace muchos años”, dijo en 2015 el ya presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, cuando trascendio aquel caso.

Como también ha informado este periódico, el depósito de desechos mineros que acaba de autorizar la Junta se planea, por otra parte, sobre unos terrenos que perdieron la protección especial tras un convenio firmado por la empresa y un alcalde que ahora es el director general de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

L'exconseller balear de Turisme Carlos Delgado (PP) serà jutjat a partir del 25 de novembre vinent per les presumptes irregularitats comeses al concurs de privatització d'un port esportiu de Mallorca del qual va resultar beneficiària l'empresa Port Olímpic Calanova, vinculada a un exsoci i amic personal de l'acusat.

La vista prèvia pel més conegut com a 'cas Calanova' s'ha saldat aquest dijous sense acord a l'Audiència Provincial de Balears, per la qual cosa tant Delgado com quatre processats més hauran de seure finalment a la banqueta: Carlos Gelabert, exsoci del exdirigent popular; Francisco López Hinojosa, propietari amb aquest de la societat suposadament afavorida, l'exsecretari general de la Conselleria de Turisme Joaquín Legaza i l'empresari Felipe Elvira.

En concret, la Fiscalia sol·licita per a l'exconseller un any i nou mesos de presó per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències, així com el pagament d'una multa d'1,1 milions d'euros. L'Advocacia balear eleva la petició a dos anys de presó pels mateixos il·lícits. Per la seva banda, Delgado nega haver comès qualsevol tipus d'irregularitat durant aquell procés administratiu, que va arribar a definir al seu dia com a “impecable”.

L'adjudicació va tenir lloc el setembre de 2013, quan Delgado era conseller de Turisme sota el mandat de José Ramón Bauzá, a més de president de Ports de les Illes Balears (Ports IB). Els fets van transcendir després que un empresari es querellés contra l'exdirigent popular i altres empreses concursants denunciessin irregularitats en el procés, com el fet que la mesa havia admès un nou estudi de la guanyadora quan ja no era possible presentar més documentació. Així mateix, sostenien que la baixa de preus realitzada per Port Olímpic era “temerària”, però Ports IB va rebutjar aquests recursos.

El Ministeri Públic apunta que Delgado va adoptar decisions i va dictar resolucions directament encaminades a afavorir l'adjudicació del concurs a Port Olímpic Calanova, de la qual era administrador el seu amic i soci posterior Gelabert. Com relata el fiscal, l'adjudicació va generar un benefici econòmic desproporcionat als dos socis de la mercantil, que es van enriquir gràcies a la influència de Delgado.

El representant del Ministeri Públic acusa l'exconseller de servir-se tant de la seva ascendència jeràrquica com de la relació i amistat amb el secretari general de la Conselleria i secretari del Consell d'Administració de Ports IB perquè l'adjudicació resultés a favor de Port Olímpic .

La Fiscalia considera, a més, que Delgado va maniobrar per sostreure al Consell d'Administració de Ports IB el control del procediment i eliminar la intervenció necessària del director gerent, encarregat de proposar l'aprovació dels plecs dels nomenaments dels components de la mesa de contractació.

Durant la instrucció de la causa, un funcionari de Ports IB va assegurar que se'l va voler expedientar per haver informat desfavorablement sobre l'adjudicació del port esportiu a Port Olímpic. En el seu informe, segons va informar Europa Press, el tècnic va advertir que la proposta de l'adjudicatària vulnerava els plecs de contractació quant al nombre i la mida dels amarratges. El testimoni va manifestar davant la jutgessa que, transcorregut un temps, el gerent de Ports IB li va informar que determinats càrrecs volien expedientar-lo, però finalment ho havia aconseguit “aturar”.

Cal recordar que Delgado va ser vicepresident del PP balear i alcalde del municipi mallorquí de Calvià en substitució de la històrica primera edil d'aquesta localitat, la socialista Margarita Nájera. Sota el seu comandament, i al llarg d'una dècada, els populars van interposar una bateria de querelles contra la seva antecessora al càrrec. Totes van acabar arxivades.

El exconseller balear de Turismo Carlos Delgado (PP) será juzgado a partir del próximo 25 de noviembre por el presunto amaño del concurso de privatización de un puerto deportivo de Mallorca del que resultó beneficiaria la empresa Port Olímpic Calanova, vinculada a un exsocio y amigo personal del acusado.

La vista previa por el más conocido como 'caso Calanova' se ha saldado este jueves sin acuerdo en la Audiencia Provincial de Balears, por lo que tanto Delgado como otros cuatro procesados deberán sentarse finalmente en el banquillo: Carlos Gelabert, exsocio del exdirigente popular; Francisco López Hinojosa, propietario junto a éste de la sociedad supuestamente favorecida, el exsecretario general de la Conselleria de Turismo Joaquín Legaza y el empresario Felipe Elvira.

En concreto, la Fiscalía solicita para el exconseller un año y nueve meses de prisión por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, así como el pago de una multa de 1,1 millones de euros. La Abogacía balear eleva su petición a dos años de cárcel por los mismos ilícitos. Por su parte, Delgado niega haber cometido cualquier tipo de irregularidad durante aquel proceso administrativo, que llegó a definir en su día como “impecable”.

La adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Delgado era conseller de Turismo bajo el mandato de José Ramón Bauzá, además de presidente de Ports de les Illes Balears (Ports IB). Los hechos trascendieron después de que un empresario se querellase contra el exdirigente popular y otras empresas concursantes, como Alcudiamar o Curvas Sports, denunciasen irregularidades en el proceso, como el hecho de que la mesa había admitido un nuevo estudio de la ganadora cuando ya no era posible presentar más documentación. Asimismo, sostenían que la baja de precios realizada por Port Olímpic era “temeraria”, pero Ports IB rechazó estos recursos.

El Ministerio Público apunta a que Delgado adoptó decisiones y dictó resoluciones directamente encaminadas a favorecer la adjudicación del concurso a Port Olímpic Calanova, de la que administrador su amigo y posterior socio Gelabert. Como relata el fiscal, la adjudicación generó un desproporcionado beneficio económico a los dos socios de la mercantil, quienes se enriquecieron gracias a la influencia de Delgado.

El representante del Ministerio Público acusa al exconseller de servirse tanto de su ascendencia jerárquica como de la relación y amistad con el secretario general de la Conselleria y secretario del Consejo de Administración de Ports IB para que la adjudicación resultara a favor de Port Olímpic.

La Fiscalía considera, además, que Delgado maniobró para sustraer al Consejo de Administración de Ports IB el control del procedimiento y eliminar la intervención necesaria del director gerente, encargado de proponer la aprobación de los pliegos de los nombramientos de los componentes de la mesa de contratación.

Durante la instrucción de la causa, un funcionario de Ports IB aseguró que se le quiso expedientar por haber informado desfavorablemente sobre la adjudicación del puerto deportivo a Port Olímpic. En su informe, según informó Europa Press, el técnico advirtió de que la propuesta de la adjudicataria vulneraba los pliegos de contratación en cuanto al número y el tamaño de los amarres. El testigo manifestó ante la juez que, transcurrido un tiempo, el gerente de Ports IB le informó de que determinados cargos querían expedientarle por ello, pero finalmente lo había conseguido “parar”.

Cabe recordar que Delgado fue vicepresidente del PP balear y alcalde del municipio mallorquín de Calvià en sustitución de la histórica primera edil de esta localidad, la socialista Margarita Nájera. Bajo su mando, y a lo largo de una década, los populares interpusieron una batería de querellas contra su antecesora en el cargo. Todas acabaron archivadas.

El delegado nacional de Tauromaquia de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, el oscense José López Puy, obtuvo el pasado mes de mayo una plaza en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) gracias los puntos obtenidos en la entrevista, ya que fue segundo en la fase de méritos. Hubo una sustitución en el jurado justo antes del proceso y accedió al tribunal un exasesor del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza que, un día después de concluir el proceso, dejó su puesto en el IACS.

José López Puy fue nombrado el pasado mes de mayo como técnico/a de área dentro del proyecto PROCURE tras pasar un proceso de selección en el que quedó el primero. López Puy obtuvo la segunda puntuación en la fase 2 de baremación de méritos y, en la entrevista, superó en tres puntos a su oponente, quedándose finalmente con el puesto.

Antes de que se iniciase la baremación de méritos, el 2 de abril de 2024, se modificó el tribunal, destituyendo a la vocal María José Vicente, Técnica de área de la Unidad de Decisiones Basadas en la Evidencia del IACS y nombrando en su lugar a Julián Illana, director del Área de Transferencia de Conocimiento del IACS desde el 15 de noviembre de 2023, que había sido asesor del Ayuntamiento de Zaragoza en la anterior legislatura, durante el mandato de Jorge Azcón.

El 18 de abril se publicó la lista definitiva de admitidos, entre los que constaba López Puy y el 15 de mayo se hicieron públicos los resultados de las pruebas, en la segunda fase obtuvo 40,07 puntos y se quedó en segundo lugar, superando en la entrevista a su oponente en tres puntos. Su valoración final fue de 53,07 puntos, con los que se aseguraba el puesto. El 30 de mayo se le nombró de forma oficial para el puesto convocado. El 31 de mayo, un día después del nombramiento de López Puy, Illana presentó su renuncia como trabajador en el IACS, tal y como consta en la documentación publicada por el propio organismo.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, organismo del que depende el IACS, explican que este puesto es de nueva creación y temporal y que “no había ningún perfil adecuado en el IACS”. Sobre el cambio en el tribunal, exponen que se había contado inicialmente con una técnica por ser especialista en el método Delphi (método que se apoya en la opinión de un grupo de expertos), pero que, después, “se consideró oportuno que ocupara su lugar el director del Área de Transferencia de Conocimiento del IACS” porque “poseía una visión más amplia del trabajo que iba a desempeñar la persona que fuera elegida para el proyecto PROCURE”. Desde el IACS y el Departamento de Sanidad se señala que, dada la relevancia y alcance del proyecto, “debían estar representadas en la Comisión de Selección a través de sus respectivos directores de área”.

El proyecto para el que fue nombrado tiene como objetivo realizar una evaluación de las prácticas de contratación pública en salud en Europa y buscar la manera de gestionarlas de forma más eficaz y precisa mediante diálogos estructurados con todos los agentes de la cadena de valor de la contratación sanitaria.  

En diciembre de 2022 fue nombrado delegado nacional de tauromaquia de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP. López Puy es jurista y politólogo y tiene experiencia laboral en empresas vinculadas al mundo del toro, fue director de operaciones y logística de la Feria Taurina de Huesca. Durante un año y medio también trabajó como gestor de proyectos científicos en dos empresas durante un año.

López Puy es muy crítico en sus redes sociales con el PSOE al que ha acusado de ser “compañero de viaje” de ETA por pactar con Bildu y los ha acusado de tener en sus filas “indecentes” y “frikis como Ramón Lasaosa en Huesca”. También celebró la decisión del Gobierno de Aragón de crear su propio premio de tauromaquía ante la decisión del Gobierno de España de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.

“La actuación de la Comisión carece de rigor antes, durante y después de apreciarse el fallo que expuso el demandante (...). Lo que refleja el expediente y la sucesión de informes y actas es una actuación inverosimil”. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la adjucación de una plaza de profesor contratado doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) tras detectar varias irregularidades cometidas por la comisión de selección que gestionó el concurso oposición hasta el punto de que los magistrados se preguntan en la sentencia “cómo es posible” que no se cambiara el tribunal, visto su proceder.

La más determinante para el TSJC fue que la comisión hizo públicos los baremos y las rúbricas con las que iba a valorar las pruebas a los candidatos una vez iniciado el proceso, después o, en el mejor de los casos, a la vez de celebrar las pruebas a los aspirantes. Además, según recoge la sentencia, al menos dos miembros del tribunal habían dirigido la tesis del candidato que finalmente sacó la plaza y una de ellas evaluó un proyecto de investigación del que era responsable, pero que un candidato había presentado como mérito.

La ULPGC ha confirmado a este diario que va a ejecutar la sentencia y que “ya se están realizando las gestiones para que próximamente se eleve a Consejo de Gobierno la aprobación de una nueva comisión evaluadora para esta plaza”.

“Eso no son criterios de valoración”

Alejandro Suárez-Bonnet estaba cansado de vivir en Londres. Quería volver a España. Cuando salió una plaza en la ULPGC que encajaba con su perfil se presentó. Con un currículum como el suyo, pensaba, tenía buenas opciones. The Royal Veterinary College donde trabaja está considerada una de las mejores facultades del mundo en Veterinaria, sumaba docencia y tenía 75 artículos publicados, alguno de ellos en Nature, probablemente la revista científica más prestigiosa del planeta.

Tardó poco en darse cuenta de que el proceso, relata, “estaba viciado desde el principio”. La Comisión de selección no había publicado, como exigían las bases de la convocatoria, los criterios específicos con los que valoraría los méritos de los candidatos más allá del reparto proporcional de cada uno de los tres apartados: un 70% en méritos académicos, docentes e investigadores, 15% la exposición y defensa de un proyecto docente e investigador y otro tanto para la exposición oral de un tema, sin ningún detalle concreto más. La sentencia del TSJC sostiene que “evidentemente eso no son los criterios de valoración, puesto que no se determina cómo se puntúan los porcentajes”.

Los criterios específicos se establecieron dos días después, “cuando los candidatos ya habían presentado toda la documentación”, recoge la sentencia. Y se elaboraran adaptándose al perfil de los candidatos que se quería favorecer, según denunció Alejandro. Por ejemplo, poniendo un tope a los puntos por artículos publicados con el que con solo presentar cinco ya se llegaba al máximo. Los magistrados coinciden con el demandante: “Es difícil no representarnos que el baremo elaborado después de conocer el perfil investigador y docente de los candidatos no incurra en arbitrariedad. En un concurso en el que los candidatos se conocen por trabajar todos en el mismo departamento, y en el caso, además, por haber sido algunos miembros de la comisión directores de tesis o coautores de proyectos, si deciden no abstenerse, cuando menos debieron extremar los requisitos y exigencias del procedimiento concursal para evitar suspicacias, y además, permitir la impugnación de aquellos criterios que se considerasen perjudiciales o arbitrarios a aquellos que se presentaban al concurso”, abunda la sentencia.

“La actuación era nula de pleno derecho”

Pese al recurso previo de Alejandro, “un cuarto de hora antes de que se presentase el primer candidato” para realizar las pruebas, la Comisión decidió continuar el proceso, se sorprenden los magistrados. La sentencia dedica un folio a explicar el caos en torno a cómo gestionó la ULPGC ese recurso, la información que tenía el presidente al respecto y cómo le llegó, y el rol de la Comisión, a la que dedica dos duros párrafos.

“Estimamos con el recurrente que la actuación era nula de pleno derecho, y no subsanable. Ya no solo es que se incurra en el defecto de falta de publicación de los criterios de valoración, sino que además, no se anula la prueba y se sustituye a la comisión para que elabore unos criterios nuevos. Lo que hubiese sido necesario habida cuenta de la actitud e informes de la Comisión que defendió en todo momento lo insostenible que era la elaboración de los criterios antes de las pruebas, y lo que subyace en el expediente, es como es posible que se mantenga a una comisión que se reúne para celebrar unas pruebas con unos criterios inaplicables”.

Y continúa: “La actuación de la Comisión carece de rigor antes, durante y después de apreciarse el fallo que expuso el demandante un día antes de la celebración de las pruebas. Lo que refleja el expediente y la sucesión de informes y actas es una actuación inverosímil”.

La sentencia concluye explicando que “no es comprensible” que “si la Comisión pretendía aplicar el baremo de la Universidad para Contratado Doctor con adaptación, el citado baremo prima la titulación y la investigación, cursos, becas frente a la docencia” se le acabara dando la plaza a “un perfil en el que sobresale la experiencia docente”.

Por todo ello el TSJC declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de la Universidad y ordena retrotraer el proceso selectivo, que deberá hacerse con otra comisión y unos criterios de valoración “objetivos”. También le impone costas a la ULPGC.

Unas publicaciones que nadie ha comprobado que existan, dos agraciados con una plaza pública que “extrañamente” renuncian a ella, un hijo que aspira a un puesto en el mismo departamento universitario que su padre y un juez “sorprendido” por varias actuaciones del tribunal que adjudicó la plaza. Son algunos de los ingredientes de un proceso selectivo para una plaza de profesor ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid que acabó con el hijo obteniendo el cargo pese a quedar tercero en el concurso. Una victoria efímera, en cualquier caso: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el proceso y ordena que se vuelvan a evaluar “los méritos de todos los candidatos” ante la denuncia de un profesor que se quedó fuera cuando, pensaba, era el aspirante mejor colocado.

Todo empezó hace tres años, cuando Daniel Martín se presentó a una plaza pública de ayudante doctor del área de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Al final del proceso de evaluación de méritos su nombre aparecía en el cuarto lugar.

Cuando la comisión iba a adjudicar la plaza, las dos primeras personas en la lista renunciaron a ella –para posterior sorpresa del juez– y el cargo finalmente fue para el tercero en liza: Ernesto Castro. El ganador final es escritor y pensador (tiene publicados varios ensayos) y ya daba clase de Estética en la misma UAM antes de presentarse el concurso público. También es hijo de Fernando Castro, escritor, filósofo y profesor titular en el mismo departamento de la Autónoma al que pertenece la plaza en cuestión, como destaca la sentencia. Castro padre e hijo colaboran habitualmente en diferentes proyectos.

A Martín, que ya tenía problemas con la baremación que se había realizado de sus méritos, le pareció todo sospechoso y decidió denunciar. El TSJM le ha dado la razón parcialmente. En una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez falla a favor del denunciante y anula la resolución de la presidenta de la Comisión de la UAM que le adjudicaba la plaza a Castro hijo. La Justicia ordena que los méritos sean valorados de nuevo de forma motivada por la Comisión de selección y se vuelva a adjudicar la plaza. También rechaza dársela directamente al denunciante, como este pretendía.

Méritos sin justificar

Como es habitual en muchos de los conflictos a la hora de adjudicar plazas en la Universidad, la clave está en los méritos. En cómo se valoran y bareman tanto los propios, los del denunciante, como los de otros candidatos, según recoge la sentencia.

Ernesto Castro aportó 60 artículos y reseñas y por todas ellas fue valorado. Pero, según recoge la sentencia, solo justificó documentalmente 16, “sin que exista documento alguno que justifique la hipotética existencia de los otros 44”, escribe el juez, que rechaza el argumento de la universidad de que si se evaluaron en su momento fue porque se presentaron. “Se pide a la Sala [que] lleve a cabo un auténtico acto de fe, que presumamos como cierto y veraz lo que no consta (...). Nos parece mucho presumir”, argumenta el TSJM. Hacerlo, añade, “pudiera derivar en una situación de preeminencia injustificada a favor de un concreto candidato”.

Algo parecido sucedió con otra de las candidatas, que aparece en la sentencia con el nombre Marina. Esta presentó como méritos un libro (No han escuchado nada todavía) y ocho capítulos de libros colectivos, además de 23 artículos publicados.

La sentencia del TSJM da la razón a Martín en ambos casos. “La valoración de los 60 artículos y reseñas bien pudiera dar lugar a un tratamiento diferencial carente de justificación a favor de un candidato ligado por vínculo de parentesco con un profesor del departamento”, dice el juez en alusión al padre de Ernesto. “Otro tanto de lo mismo cabe decir respecto a Doña Marina que no aportó, o al menos no consta en el enmarañado expediente administrativo incoado, la documentación justificativa de sus méritos de investigación”.

Tampoco se valoraron los méritos individualmente ni se justificaron las puntuaciones que se otorgaron a los candidatos, reprocha el juez. Afea la sentencia que el tribunal diera por buena “la radical falta de motivación de las puntuaciones de los candidatos avaladas por la Resolución impugnada, al proscribirse la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, y a continuación hace lo propio con que se diera “una puntuación global a cada uno de los cuatro bloques (investigación, experiencia docente, formación académica y otros méritos) sin que pueda saberse a ciencia cierta : 1) qué méritos se valoraron; 2) qué criterios y parámetros de puntuación se usaron para valorarlos”.

Y sin criterios conocidos no se puede reclamar. Explica la sentencia que al no desglosarse “los méritos concretos que se valoraron a cada candidato ni cuánta puntuación recibieron por cada uno” resulta “imposible impugnar una decisión de esta índole”. Y sostiene que, ante “la expresa petición” de que la adjudicación de la plaza sea explicada es “intolerable el silencio sobre las razones” que han llevado a tomar esa decisión. De hecho, califica de “explicaciones vagas, ambiguas, genéricas o inconcretas” las aportadas, que concluían que “tres de los candidatos (el propuesto y los dos suplentes) superan ampliamente, por su formación, trayectoria y experiencia docente al resto de solicitudes”.

¿Cómo se evaluó?

Martín también cuestionaba en su denuncia la puntuación obtenida durante el proceso de evaluación tanto por él mismo como por sus competidores. Señala que presentó decenas de publicaciones propias de su área, además de ediciones en revistas, docencia, congresos o estancias en el extranjero que no se valoraron correctamente.

Por estas razones la Justicia obliga a la UAM a repetir el concurso público. Y deben hacerlo, esta vez, de forma clara: “Deben plasmar por escrito la puntuación otorgada a cada mérito y los parámetros de calificación usados para valorarlos, excluyendo aquellos que no estén documentados a través del soporte justificativo de los mismos que los candidatos aportaron con sus solicitudes”.

Una decisión unánime

Miembros del tribunal que adjudicó la plaza señalan que la Comisión, compuesta por siete miembros, “tuvo en cuenta los méritos académicos y científicos de los candidatos, así como la adecuación de su currículum a las actividades docentes e investigadoras que desarrollar” y que “tomó su decisión de manera unánime”. Dos de los integrantes del tribunal explican a este diario que la falta de motivación de las puntuaciones o no le supusieron un problema “ni a la Comisión de Profesorado de la Universidad, que vio un primer recurso, ni al Juzgado de lo Social que vio a su vez el recurso contencioso-administrativo en primera instancia”. 

Para los seleccionadores, “no hubo adjudicación 'a dedo'. De hecho, los dos primeros candidatos propuestos renunciaron a la plaza y fue el tercero quien finalmente la aceptó”. Y justifican: “la irregularidad consiste, según el TSJM, en el hecho de que no se habrían cotejado adecuadamente los méritos alegados con los documentos justificativos de los mismos y que solo aquellos que estén debidamente justificados –no que no existan– deben ser tenidos en cuenta y baremados de nuevo”.

Para Daniel Martín, además de los méritos sin acreditar se han sobrevalorado méritos ajenos al área específica, “por razones totalmente ajenas al rigor académico”. Incluso opina que la candidata que quedó en segundo lugar y rechazó la plaza es “fantasma”, es decir, que se presentó como señuelo para después rechazarla. Este periódico ha contactado con Ernesto Castro y con la UAM, pero no ha obtenido respuesta.

Nuevas irregularidades, misma estructura

Las plazas de profesor ayudante doctor son una de las vías de entrada a la carrera académica tras realizar el doctorado. Es la primera figura en el camino a la estabilización laboral de los investigadores y duran un máximo de seis años. Sucede en ocasiones que se utilizan para darle un puesto a un investigador de la casa que haya leído la tesis en un departamento o que lleve años con algún contrato postdoctoral de investigación. Hasta tres de cada cuatro docentes de los centros públicos trabajan en el mismo campus en el que leyeron su tesis, según datos oficiales del Ministerio de Universidades.

Pero no es el caso de Martín. Él hizo su tesis con un contrato de Formación del Personal Investigador (FPI) entre 2014 y 2018 y trabajó para la Universidad de Granada, la de Oviedo o la de Salamanca. Actualmente se encuentra en California realizando una estancia.

Profesor universitario, escritor y pensador, Ernesto Castro es uno de los nombres más presentes en la esfera del pensamiento filosófico de todo el país. Además de en la UAM, ha dado clase en la Universidad de Zaragoza y en la Complutense de Madrid. Ha escrito varios libros y tiene más de 150.000 suscriptores en su canal de Youtube. Se autodefine como un “filósofo erudito de la generación milenial” y causó cierto revuelo cuando analizó el estilo musical del trap con entrevistas a C. Tangana y a Yung Beef.

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