¿Cuánto dinero público costó el referéndum del 1 de octubre? La Generalitat no dio una cifra ni antes ni después de la votación. Y, pese a las investigaciones de hasta tres juzgados sobre el 1-O, ninguno ha logrado por el momento resolver a cuánto ascendió el presupuesto de la consulta, cómo se pagó ni si lo hizo la Generalitat en solitario o en colaboración con particulares o entidades independentistas. 

La Fiscalía reclamó para los exconsellers y los miembros de la Mesa encausados una fianza doble de 6,2 millones. Esta cantidad se corresponde con lo que el ministerio público calculaba que se había gastado la Generalitat en el referéndum, en base a los datos del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que desde el pasado mes de febrero investiga los preparativos del referéndum.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dio credibilidad a esa cifra y ordenó a los exconsellers que depositaran 6,2 millones como fianza. Según explicó este domingo el exconseller Santi Vila en La Sexta, en su declaración ante la Audiencia aseguró que el 1-O se pagó con donaciones de particulares. La magistrada no lo tomó en consideración. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó imponer una fianza de la misma cantidad a los miembros de la Mesa.

El magistrado ha avalado el certificado de la Intervención de la Generalitat aportado por las defensas. En el documento, la interventora asegura que, cumpliendo con las sentencias del Constitucional, bloqueó las partidas de los presupuestos de la Generalitat previstas para organizar procesos electorales –a la práctica, el referéndum– que ascendían, precisamente, a 6,2 millones de euros, así como la disposición adicional 40 de las cuentas que habilitaba a gastar, sin cuantifacarlo, las partidas “que fuesen necesarias” para celebrar el referéndum.

En base a este certificado, el auto del juez Pablo Llarena por el que desestimó imponer una fianza a Forcadell y los miembros de la Mesa afea a la Fiscalía no haber aportado  “base probatoria” para sostener que la celebración del referéndum “fuera soportada con cargo a fondos públicos”.

“La certificación [de la Intervención de la Generalitat] es coherente con la realidad de contorno”, abundó Llarena, en referencia a las multas del Constitucional a la Sindicatura Electoral del 1-O y a las operaciones policiales para descabezar la logística del referéndum, que a criterio del magistrado pudieron limitar el gasto público del 1-O a la campaña oficial de divulgación y promoción de la participación ciudadana.

Del total de las partidas presupuestarias de 6,2 millones para el referéndum anuladas, la Intervención de la Generalitat sólo certificó compromisos de gasto por valor de 25.000 euros. En concreto, destinados al “mantenimiento ordinario y evolutivo” de un sistema informático “de Gestión Electrónica Plus” dependiente del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), uno de los programas que investigó el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Fue el juez Ramírez Sunyer quien comenzó la búsqueda de los consabidos 6,2 millones de euros, cifra obtenida de la suma de 5,8 millones que Oriol Junqueras introdujo en los presupuestos de la Generalitat para “procesos electorales y participativos”, y otros 400.000 euros incluidos en dos partidas del departamento de Governació, con los mismos fines.

Según consta en el sumario al que ha tenido acceso este diario, el juez Ramírez Sunyer reclamó a los agentes de la Guardia Civil que registraron la conselleria de la Vicepresidència el día 20 de septiembre que buscaran papeles y justificantes que acreditasen gastos electorales por valor de 6,2 millones.

Lo hizo a partir de las declaraciones del exsenador Santi Vidal, que aseguró que había una partida “oculta” de hasta 400 millones para el referéndum, cantidad que coincidía con los fondos de contingencia de las cuentas catalanas. La tesis del juez era que pese a la anulación del Constitucional, la Generalitat había dispuesto de fondos públicos para pagar el referéndum. Pero, según el sumario, los agentes no llegaron a encontrar estos papeles.

Casi todos los presos quieren salir de la cárcel. Los ocho exconsellers de la Generalitat, en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre, no son una excepción. Para lograrlo, los políticos ven una posibilidad en el Tribunal Supremo, al que algunos ya han pedido que se quede con su causa en la Audiencia Nacional para investigarla junto a la que afecta a la Mesa del Parlament. El objetivo, evitar la “disparidad de criterios inaceptable” entre ambos tribunales. Una vez la causa esté en el Supremo, las defensas pedirán la puesta en libertad de los exconsellers.

Fuentes jurídicas reconocen que en la Audiencia Nacional, tribunal que los exconsellers no consideran competente para investigar el delito de rebelión, hay poco que hacer, visto lo sucedido el caso de los líderes de Òmnium y la ANC –prisión incondicional confirmada en dos ocasiones– y el trato recibido por los exconsellers por parte de la magistrada Carmen Lamela. Sin embargo, no todas las defensas descartan volver a declarar ante la Audiencia Nacional, un derecho que tienen todos los imputados.

Recuerdan las mismas fuentes además que la pérdida del aforamiento por parte de los exconsellers, y en consecuencia la posibilidad de ser investigados en la Audiencia Nacional, fue provocada por la aplicación del 155 y su cese decretado por el Gobierno central. Históricamente el Supremo ha separado las causas y ha investigado sólo la parte que afectaba a los aforados, por lo que convencer al magistrado Pablo Llarena no va a ser fácil.

Por su lado, la Fiscalía no había decidido este viernes su posición concreta sobre la petición de Forcadell para agrupar toda la causa en el Supremo, han informado fuentes fiscales. Cabe recordar que, en un comunicado, el ministerio público ha subrayado las diferencias entre los miembros del Parlament y los del Govern para no oponerse a la decisión del magistrado Llarena sobre Forcadell.

El magistrado, en el auto por el decretó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, limitó el alcance de su investigación a los miembros de la Mesa y a la actividad parlamentaria en favor de la independencia “a diferencia de lo que pueda ocurrir con quienes aparecen involucrados en el proceso secesionista, pero son objeto de investigación en otros procedimientos”. Esto es, Puigdemont y los exconsellers. Lo que sí ha hecho Llarena es reclamar el caso Forcadell que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Las defensas de los ocho exconsellers encarcelados, compuestas por hasta cuatro abogados que representan a políticos de dos partidos, ERC y el PDeCAT, buscarán a lo largo de este fin de semana y los próximos días coordinar su estrategia, tanto si el caso llega al Supremo como si se mantiene en la Audiencia Nacional.

En este sentido, resulta significativo que los exconsellers del PDeCAT encarcelados han optado por relevar de su defensa al abogado Jaume Alonso-Cuevillas, catedrático de derecho procesal, y han contratado a los más reputados penalistas de Barcelona.

El cambio de abogados comporta que en la causa por rebelión en la Audiencia Nacional a Josep Rull y Jordi Turull les represente Jordi Pina, del bufete Molins & Silva, que también defiende al líder de la ANC en su causa por sedición. A Joaquim Forn lo llevará Daniel Pérez-Esqué, del despacho de Cristóbal Martell, y a Meritxell Borràs el abogado Xavier Melero. Todos ellos penalistas con décadas de experiencia sobre sus togas, tanto en casos de corrupción como en causas políticas –Melero y Pina defendieron a Artur Mas y a Irene Rigau en el caso 9-N.

Los exconsellers de ERC, por su lado, mantienen al frente de su defensa a otro experimentado penalista, Andreu Van den Eynde, que también representa a Carme Forcadell, y que tras su salida de la Audiencia Nacional aseguró que “nunca en 20 años de profesión” un juzgado había citado a su cliente con 24 horas de antelación, como la magistrado Lamela.

A diferencia de los exconsellers en la Audiencia Nacional, Forcadell y los miembros de la Mesa sí respondieron a las preguntas de la Fiscalía del Supremo. Además, cumplieron los criterios fijados por Maza para evitar la prisión incondicional: asumir el 155 y su destitución, reducir la DUI a una mera declaración de voluntad y comprometerse a no defender la independencia fuera del marco constitucional. Los exconsellers no lo hicieron porque no contestaron al ministerio público, algo que tiene probabilidades de no repetirse.

La defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido al juez Pablo Llarena que reclame la investigación de la Audiencia Nacional contra los exconsellers y que ambas causas de investiguen en el Tribunal Supremo.

Así lo ha pedido al Tribunal Supremo el abogado de Forcadell, Andreu Van den Eynde, que también defiende a los exconsellers de ERC en la Audiencia Nacional, en un escrito al que ha tenido acceso este diario.

Entre los motivos esgrimidos para que todos los casos contra los políticos independentistas se investiguen en el Supremo, la defensa señala que la causa de la Audiencia Nacional y la del alto tribunal son “prácticamente idénticas”, por lo que el magistrado Pablo Llarena debe acumularlos en una sola investigación.

La defensa también exponen para su objetivo de acumular ambas causas en el Supremo el auto del alto tribunal por el que aceptó la querella de la Fiscalía contra Forcadell y la Mesa. La sala del Supremo consideró que los hechos denunciados, un plan del Govern y el Parlament para consumar la independencia de Catalunya incluso con violencia, podrían ser de “una naturaleza inescindible”. Es decir, que tendrían que ser juzgados por un mismo Tribunal, y al ser el Supremo una instancia superior, le correspondería a este órgano.

Sin embargo, el magistrado Pablo Llarena, en el auto por el que decretó este jueves prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell (que la presidenta del Parlament ha pagado este viernes), sí delimitó con claridad su causa con la de la magistrada Lamela en la Audiencia Nacional.

En este sentido, Llarena especificó que la causa en el Supremo “se limita” a las leyes independentistas aprobadas por el Parlament “mediante un comportamiento que aparece perfecta e inmutablemente esculpido en los diario”. Una actuación distinta, añadió, “a los que aparecen involucrados en el proceso secesionista pero son objeto de investigación en otros procedimientos”, es decir, los exconsellers en la Audiencia Nacional.

En procesos con aforados, el Supremo ha tendido a separar las investigaciones, y a ocuparse solo de la parte que afectaba a los cargos con fuero, en este caso, los miembros de la Mesa. Tampoco olvida este punto la defensa de Forcadell: Van den Eynde expone que el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet, está investigado por el Supremo junto a Forcadell y el resto de la Mesa pese a que, a diferencia de la presidenta, el dirigente de EUiA ha perdido su condición de aforado tras disolverse el Parlament por el 155. Nuet, al contrario que Forcadell, no forma parte de la diputación permanente.

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot), ha destacado que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa contra los miembros de la Mesa, tuvo una actuación “impoluta” en los interrogatorios de este jueves.

“El juez antes de empezar ya nos dijo que esto no era la Audiencia Nacional y lo que ha pasado allí no tiene por qué pasar aquí. Esto nos dejo claro qué quería”, ha aseverado Nuet en una entrevista en RAC-1 este viernes, tras quedar en libertad sin medidas cautelares este jueves.

Nuet ha destacado las diferencias entre los interrogatorios del magistrado Llarena en el Supremo a la Mesa y los de la jueza Lamela a los exconsellers en la Audiencia Nacional y ha considerado “clarísimo” que “el Supremo quería hacer de Supremo, porque es el Estado en el sentido profundo de la palabra”. En este sentido, ha criticado a la Audiencia Nacional por ser “una anomalía” en el sistema judicial español.

El también dirigente de Catalunya en Comú y EUiA ha pronosticado que el Supremo se terminará quedando la causa abierta contra los exconsellers en la Audiencia Nacional. “El juez ha enseñado un camino para desescalar judicialmente este conflicto. Tenemos que ser inteligentes y adaptar las estrategias judiciales a este camino”, ha añadido.

Nuet ha reconocido que el hecho de no ser independentista le ha “ayudado” a quedar en libertad, aunque también ha situado como motivos la inclusión de “3 o 4 hechos falsos” por parte del fiscal en su querella.

De hecho, ha criticado la querella de la Fiscalía por tener “un tufo de acción penal contra las ideas”. “Los hechos se relativizan, creen que hay una conjura para desarrollar la independencia como una acción criminal o terrorista. Es insufrible. Hoy lo sufren los independentistas pero mañana lo puede sufrir otra idea”, ha indicado.

Asimismo, se ha mostrado “indignado” por la noche en prisión que ha pasado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que previsiblemente quedará en libertad este viernes tras pagar una fianza de 150.000 euros. “El PP y Ciudadanos se derretirán cuando vean a Carme en los mitins del 21D”, ha zanjado.

Nuet ha defendido la estrategia de defensa de sus compañeros independentistas de la Mesa, que pasó por acatar el 155 y situarse dentro del marco constitucional para plantear la independencia de Catalunya.

“No traicionaron nada, su dignidad fue absoluta. No se arrodillaron ni traicionaron sus ideales. Hicieron un esfuerzo de sentido común, de decir cosas que la gente no dice porque no queda bien: que la DUI fue algo normal, pero que no se hizo efectiva, y que el 155 se está aplicando”, ha afirmado Nuet.

Lo expusieron durante el pleno del 6 de septiembre y este martes lo han reiterado ante la jueza. El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona; el secretario general de la Cámara catalana, Xavier Muro; y la secretaria de servicios jurídicos, Elisabet Riambau, han asegurado que advirtieron “permanentemente” a Carme Forcadell de que permitir el debate de la ley del referéndum suponía ignorar los avisos del Tribunal Constitucional y del Consell de Garanties Estatutàries, el 'TC catalán'.

Bayona, Muro y Riambau han declarado como testigos ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que instruye el caso Forcadell. La presidenta de la Cámara y los miembros de JxSí y CSQP de la Mesa están imputados por desobediencia y prevaricación por no impedir el debate y votación de la ley del referéndum y de otras dos iniciativas parlamentarias independentistas en octubre y julio de 2016, en contra de lo ordenado por el Constitucional

Fuentes judiciales han explicado que los letrados han señalado ante la magistrada el “contexto de absoluta excepcionalidad” en el que el Parlament aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica los pasados 6 y 7 de septiembre. La mayoría independentista de JxSí y la CUP retorció a su favor el reglamento del Parlament para aprobar ambas normas por la vía rápida, lo que provocó el enfado de la oposición.

En este sentido, y al igual que ya hizo Bayona en su primera declaración como testigo, los letrados han subrayado el “permanente advertimiento” que trasladaron a Forcadell. Le recordaron la orden que le había enviado el TC para impedir el debate, y de las consecuencias penales a las que se exponía si no lo hacía.

Todo ello quedó plasmado en un informe de los letrados el 6 de septiembre, que este martes Bayona, Muro y Riambau han ratificado. Recordaron entonces los letrados que la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica presentaban una “línea de continuidad” con resoluciones parlamentarias anuladas por el TC, por lo que la Mesa estaba obligada a impedir que se desarrollaran. “El incumplimiento de este deber –añadieron los letrados– puede dar lugar a responsabilidades de los miembros de la Mesa”.

Además, durante el pleno de septiembre, el Consell de Garanties Estatutàries afeó a JxSí y la CUP su maniobra parlamentaria que impidió al organismo pronunciarse sobre ambas normas. El 'TC catalán' dio la razón a la oposición y recordó que ternía que poder emitir un dictamen sobre la adecuación al Estatut y a la Constitución de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, igual que con todas las leyes que apruebe el Parlament. JxSí y la CUP lo obviaron.

Además, los letrados han asegurado que se sintieron “presionados” por algunos partidos de la oposición para que expusieran verbalmente el contenido de su informe durante la docena de reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que se sucedieron durante el pleno del 6 y 7 de septiembre. No obstante, Bayona y Muro han añadido que Forcadell les impidió intervenir en las reuniones.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado por cuarta vez que el derecho a la inviolabilidad parlamentaria, el principio que garantiza la libertad de expresión de los diputados, sea un motivo para archivar el caso Forcadell, tal y como reclama la defensa de la presidenta del Parlament y de los otros cuatro miembros de la Mesa imputados por no impedir debates parlamentarios sobre el referéndum.

En un auto, el TSJC ha acordado seguir investigando a Forcadell por permitir que se debatiera y aprobara la ley del referéndum el pasado 7 de septiembre. El alto tribunal catalán ve “evidente” que la “concreta conducta” de Forcadell no queda amparada por su inviolabilidad. Por ello insiste en mantener la investigación en la misma causa ya abierta contra los miembros de JxSí y CSQP de la Mesa del Parlament por permitir otras dos votaciones soberanistas al considerar que existe una “continuación planificada” de los hechos que se investigan.

Hasta ahora, para rechazar el argumento de la inviolabilidad, el TSJC había recordado a Forcadell que no la investigaba por un “delito de opinión”, sino por presunta desobediencia al Constitucional. Sin embargo, en el auto hecho público este lunes, el TSJC deja claro que se alinea, de momento, con las tesis de la Fiscalía, que rechaza de plano la inviolabilidad como causa exculpatoria.

Así, en su auto, el TSJC considera que los diputados disfrutan del derecho de inviolabilidad por sus opiniones o votos, pero que no les permite ser “inmunes de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales ejecutados al margen o en contra del propio sistema parlamentaria”. Es decir, que permitir el debate parlamentario de la ley del referéndum –el hecho por el que está imputada Forcadell– no es una opinión o un voto amparado por la inviolabilidad, sino una actuación que sí se puede investigar por la vía penal.

En este sentido, otro de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que el TSJC reproduce en su auto, es que quedan fuera del ámbito de protección del principio de inviolabilidad las conductas en las que “además de la opinión, sea necesaria la concurrencia de otra actuación”, como la desobediencia a resoluciones judiciales, en este caso el Tribunal Constitucional.

Con todo, el TSJC remarca que su coincidencia con el fiscal respecto a la inviolabilidad es “provisional” y que no supone su asunción definitiva al final de la investigación contra Forcadell.

Asimismo, el TSJC califica de “metajurídicas” algunas de las consideraciones alegadas por los querellados en su recurso, ya que plantean argumentos que ve “ajenos” a la “cuestión estrictamente jurídica”. Forcadell y el resto de querellados habían invocad, además de a la inviolabilidad, a los derechos a la libertad de expresión y al debate político y al derecho de autodeterminación de los pueblos para pedir el archivo de la causa. Todos estos argumentos han sido rechazados.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha activado la investigación penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir el debate de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Lo ha hecho citando a los primeros testigos: el secretario general y el letrado mayor del Parlament, Xavier Muro y Antoni Bayona.

Los dos letrados, que advirtieron a Forcadell de que permitir el debate de ambas leyes iba en contra de lo ordenado por el Constitucional, están citados para este jueves por la tarde, un horario inusual para el TSJC, que acostumbra a ordenar las citaciones por la mañana.

La última querella que la Fiscalía presentó el viernes 8 de septiembre contra Forcadell por permitir el debate de la ley del referéndum se unió a la causa que la presidenta del Parlament y los miembros soberanistas de la Mesa ya tenían abierta en el TSJC por no impedir dos debates soberanistas en el Parlament, en concreto la votación de las conclusiones sobre el proceso constituyente de julio de 2016 y de la resolución parlamentaria sobre el referéndum de octubre del año pasado.

Forcadell (JxSí); el vicepresidente del Parlament y su antecesor, Lluís Guinó y Lluís Corominas (JxSí); y los secretarios de la Mesa, Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot) están imputados por los delitos de desobediencia y prevaricación, que contemplan penas máximas de dos y quince años de inhabilitación, por no parar los debates parlamentarios.

En su anterior declaración como testigos, los letrados se reafirmaron ante la magistrada Alegret en que advirtieron a la Mesa de que debían obedecer al Constitucional. El testimonio de los letrados beneficia el relato de la Fiscalía, que sostiene que Forcadell desobedeció al Constitucional y despreció la Carta Magna al permitir los debates.

Por contra, la defensa sostiene que Forcadell actuó en todo momento conforme a sus funciones como presidenta del Parlament y que no podía parar ninguna de las tres votaciones por las que está imputada, ya que de haberlo hecho habría coartado el derecho de los diputados a debatir.

Sin finalizar los testigos de la defensa

También resulta inusual el hecho de que la magistrada haya citado, a propuesta de la Fiscalía, los letrados para testificar sobre el debate de la ley del referéndum (la tercera querella contra Forcadell) cuando todavía no han finalizado las declaraciones de los testigos que propuso la defensa de Forcadell en relación a la segunda querella del ministerio público contra la presidenta del Parlament.

Y es que el conseller de Presidència, Jordi Turull, no ha sido citado a comparecer todavía como testigo en la causa de Forcadell después de que en julio se suspendiera su declaración.

El abogado de Forcadell, Andreu Van den Eynde, preguntó a la magistrada Alegret sobre este aspecto. La jueza instructora le respondió mediante una providencia este martes que da cuenta de la gélida pero cortés relación entre las partes. “No está previsto en nuestras leyes procesales el interrogatorio al instructor de la causa”, ironizó Alegret para no contestar al abogado.

El derecho internacional ha aparecido por primera vez en las causas judiciales en las que están inmersos los dirigentes soberanistas. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que frene la investigación penal sobre ella y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament hasta que la Justicia europea la avale.

Forcadell está imputada por tres presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por no impedir tres debates parlamentarios sobre el referéndum y la independencia de Catalunya, tal y como le había ordenado el Tribunal Constitucional (TC).

A juicio de la defensa de Forcadell, que lidera el abogado Andreu Van den Eynde, las órdenes del TC para impedir debates parlamentarios podrían vulnerar principios recogidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y la Carta de Derechos Fundamientales de la UE (CDFUE) relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la garantía de la inviolabilidad parlamentaria.

Por ello, en un recurso, Forcadell pide al TSJC que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el órgano judicial que valore la “posible incompatibilidad” entre las órdenes y mandatos emitidos por el Constitucional y los derechos recogidos en los tratados europeos.

La petición de Forcadell al TSJC se ha realizado en un recurso de súplica contra la admisión de la querella que la Fiscalía presentó la semana pasada contra la presidenta del Parlament y los miembros soberanistas de la Mesa por no impedir que se debatieran y aprobaran las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

En caso de que el TSJC desestime este recurso (como todos los que ha presentado Forcadell a lo largo de la causa), la defensa pide al alto tribunal catalán que plantee ante el TJUE una cuestión prejudicial para que sea esta instancia europea quien se pronuncie sobre si es compatible con los tratados europeos la “persecución penal” de la Mesa del Parlament “por haber permitido la tramitación, debate y votación de iniciativas parlamentarias relativas al derecho de autodeterminación de Catalunya”.

La defensa de Forcadell sitúa los advertimientos del TC y las querellas de la Fiscalía contra la presidenta de la cámara en un “contexto de amenaza al Parlament” en el que el Constitucional pretende “alterar el funcionamiento” de la asamblea legislativa catalana y modificar los procedimientos de tramitación de iniciativas parlamentarias.

“La única conducta de Forcadell y Simó [la otra miembro de la Mesa imputada que defiende Van den Eynde] es cumplir con la tramitación parlamentaria de iniciativas políticas, desde su posición neutral como miembros de la Mesa, sin posibilidad de filtrar su contenido”, recuerda el recurso.

“Aquí está en juego la democracia, los derechos a la libertad de expresión y de iniciativa política, así como los derechos que indirectamente se manifiestan en cada uno de los temas tratados [por el Parlament]: autodeterminación de los pueblos, dignidad, respeto, prohibición de discriminación, etc.”, resalta Van den Eynde en su escrito.

Asimismo, en otro escrito, Forcadell solicita al TSJC la recusación de su presidente, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos, Mercedes Armas y Maria Eugènia Alegret –esta última la instructora de su causa– por falta de imparcialidad.

La Fiscalía Superior de Cataluña presentará este miércoles o este jueves una querella por desobediencia y prevaricación contra los cinco miembros de la Mesa del Parlament que han admitido a trámite la ley del referéndum, han informado fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Los querellados, a los que los letrados del Parlament habían advertido de las posibles consecuencias de tramitar la ley del referéndum, serán la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa de JxSí (Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet), así como el representante de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Josep Nuet.

Previsiblemente, la querella se acumulará a la causa que todos ellos ya tienen abierta ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y por la que están imputados por los mismos delitos, han apuntado fuentes jurídicas.

La presidenta del Parlament acumula así tres querellas del ministerio público por no impedir el debate y la votación de iniciativas soberanistas contraviniendo lo ordenado por el Tribunal Constitucional. La Fiscalía interpuso en octubre del año pasado la primera querella después de que Forcadell autorizara el debate y votación de las conclusiones sobre el proceso constituyente.

En febrero de este año llegó la segunda querella, en este caso porque la presidenta de la Cámara permitió una votación el pasado mes de octubre que abogaba por un referéndum unilateral sobre la independencia. Esta segunda querella incluyó, además de Forcadell, el resto de miembros de la Mesa que autorizaron la votación: el por entonces vicepresidente primero, Lluís Corominas (JxSí); las secretarias primera y cuarta Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí); y el secretario tercera, Joan Josep Nuet (CSQP).

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar com a testimoni el conseller de Presidència i expresident del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, en la causa oberta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i quatre membres de la Mesa per permetre la votació de dues resolucions a favor d'un referèndum.

En una interlocutòria, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que investiga la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa de JxSí i CSQP per desobediència al Tribunal Constitucional i prevarcació, cita per al proper 28 de juliol a Turull, el testimoni va ser sol·licitat per la defensa dels diputats del PDECat Lluís Corominas i Ramona Barrufet.

Alegret considera “pertinent” la declaració de Turull com a testimoni, en ser l'impulsor d'una de les resolucions a favor d'un referèndum d'independència que es van debatre a la Cambra catalana el passat mes d'octubre, “contrariant presumptament els mandats expressos del Tribunal Constitucional”.

Turull, ferm defensor de la independència i del referèndum unilateral va passar de la presidència de JxSí a ser portaveu i la conselleria de Presidència després de l'última crisi de Govern de Carles Puigdemont.

En canvi, la magistrada denega el testimoni dels tres últims expresidents del Parlament Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol que sol·licitava la mateixa defensa, en entendre que no consta que cap d'ells “hagi viscut una situació anàloga” en una actuació “contrària a l'ordenat específicament pel Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament”.

El cas Forcadell ha entrat en una fase letàrgica a l'espera que la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret decideixi si deixa a un pas del judici la presidenta del Parlament. Això no passarà fins que acabin de declarar tots els testimonis, majoritàriament polítics professionals que estan d'acord en els fets però, segons vinguin proposats per la Fiscalia o les defenses, discrepen sobre la seva interpretació jurídica.

Aquest dilluns el torn ha estat per la portaveu de JxSí al Parlament, Marta Rovira, que ha defensat que l'autorització de votacions simbòliques sobre el referèndum i el procés constituent per part dels imputats entra dins de les funcions habituals de la Mesa del Parlament i està emparada per la inviolabilitat parlamentària, per la qual cosa no mereix càstig penal.

En aquest sentit, Rovira ha denunciat davant la magistrada la “persecució” que, al seu parer, pateix l'independentisme per part del Tribunal Constitucional, el que ha provocat una picabaralla dialèctica entre la magistrada i la dirigent d'ERC, segons han informat fonts jurídiques. La declaració de Rovira ha durat gairebé una hora sense més sobresalts.

Al contrari que Rovira i en línia amb la Fiscalia, els representants de Ciutadans, PSC i PP que ja han acudit a testificar al TSJC creuen que Forcadell i els altres membres de la Mesa imputats per desobediència i prevaricació –Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet de JxSí i Joan Josep Nuet de CSQP– no van fer cas ni al Constitucional ni al reglament de la Cambra, extrem que neguen les defenses.

Rovira s'ha queixat davant la jutgessa de la situació “inèdita” que el TC sotmet a la cambra catalana al dictar resolucions preventives i advertint del que poden i no poden fer els diputats, ha indicat, cosa que provoca que els diputats independentistes se sentin “perseguits i coaccionats” pel Constitucional i que suposa una “ingerència” en la separació de poders.

La magistrada ha respost preguntant a Rovira si creia que el reglament del Parlament està per sobre de les resolucions del TC, al què Rovira ha contestat apel·lant als drets fonamentals, a la doctrina internacional i al dret a l'autodeterminació dels pobles. “Serà la doctrina internacional qui decidirà si Catalunya ha exercit correctament o no el dret a l'autodeterminació”, ha aprofundit Rovira a la sortida del TSJC en declaracions a la premsa.

I ara, Turull i els expresidents del Parlament

Si algú creia que la desfilada de polítics actuant com a testimonis davant del TSJC s'acabaria aviat estava equivocat. La defensa de Lluís Corominas i Ramona Barrufet, ambdós del PDECat, ha demanat al TSJC que citi com a testimonis al nou conseller de Presidència i expresident del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, i als tres últims expresidents del Parlament: Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol.

La defensa vol que Turull testifiqui per ser l'impulsor de les propostes de resolució sobre el referèndum independentista que van motivar la querella de la Fiscalia sobre Forcadell, mentre que amb la presència dels expresidents es busca respondre els antecedents de la Mesa en el control i tramitació de resolucions parlamentàries que la Fiscalia inclou en la seva acusació.

Sobre aquest últim punt, Rovira ha recordat aquest que, abans de dur-les al ple, les conclusions sobre el procés constituent ja estaven aprovades per la comissió d'estudi que les va debatre, i, que igual que en altres conclusions d'estudi com la de la bales de goma, el seu debat i votació al ple de la Cambra va ser “un acte de solemnitat política”.

D'altra banda, no es descarta que Corominas –que aquest dilluns, després del pas de Turull al Govern, ha estat nomenat president del grup d'JxSí i ha estat substituït a la Mesa pel neoconvergent Lluís Guinó–- demani de nou a Alegret acudir a declarar com a imputat després de la seva breu compareixença del passat mes de juny. Hi ha cas Forcadell per estona.

El caso Forcadell ha entrado en una fase letárgica a la espera de que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret decida si deja a un paso del juicio a la presidenta del Parlament. Esto no pasará hasta que terminen de declarar todos los testigos, en su mayoría políticos profesionales que están de acuerdo en los hechos pero, según vengan propuestos por la Fiscalía o las defensas, discrepan sobre su interpretación jurídica.

Este lunes el turno ha sido para la portavoz de JxSí en el Parlament, Marta Rovira, que ha defendido que la autorización de votaciones simbólicas sobre el referéndum y el proceso constituyente por parte de los imputados entra dentro de las funciones habituales de la Mesa del Parlament y está amparada por la inviolabilidad parlamentaria, por lo que no merece castigo penal.

En este sentido, Rovira ha denunciado ante la magistrada la “persecución” que, a su juicio, sufre el independentismo por parte del Tribunal Constitucional, lo que ha provocado un rifirrafe dialéctico entre la magistrada y la dirigente de ERC, según han informado fuentes jurídicas. La declaración de Rovira ha durado casi una hora sin más sobresaltos.

Al contrario que Rovira y en línea con la Fiscalía, los representantes de Ciutadans, PSC y PP que ya han acudido a testificar al TSJC creen que Forcadell y los otros miembros de la Mesa imputados por desobediencia y prevaricación –Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet de JxSí y Joan Josep Nuet de CSQP– desoyeron abiertamente el Constitucional y también el reglamento de la Cámara, extremo que niegan las defensas.

Rovira se ha quejado ante la jueza de la situación “inédita” a que el TC somete a la cámara catalana al dictar resoluciones preventivas y advirtiendo de lo que pueden y no pueden hacer los diputados, ha indicado, lo que provoca que los diputados independentistas se sientan “perseguidos y coaccionados” por el Constitucional y supone una “injerencia” en la separación de poderes.

La magistrada ha respondido preguntando a Rovira si creía que el reglamento del Parlament está por encima de las resoluciones del TC, a lo que Rovira ha contestado apelando a los derechos fundamentales, la doctrina internacional y al derecho a la autodeterminación de los pueblos. “Será la doctrina internacional quien decidirá si Catalunya ha ejercido correctamente o no el derecho a la autodeterminación”, ha ahondado Rovira a la salida del TSJC en declaraciones a la prensa.

Y ahora, Turull y los expresidents del Parlament

Si alguien creía que el desfile de políticos actuando como testigos ante el TSJC se terminaría pronto estaba equivocado. La defensa de Lluís Corominas y Ramona Barrufet, ambos del PDeCAT, ha pedido al TSJC que cite como testigos al nuevo conseller de Presidència y expresidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, y a los tres últimos expresidentes del Parlament: Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol.

La defensa quiere que Turull testifique por ser el impulsor de las propuestas de resolución sobre el referéndum independentista que motivaron la querella de la Fiscalía sobre Forcadell, mientras que con la presencia de los expresidentes se busca responder los antecedentes de la Mesa en el control y tramitación de resoluciones parlamentarias que la Fiscalía incluye en su acusación.

Sobre este último punto, Rovira ha recordado que, antes de llevarlas al pleno, las conclusiones sobre el proceso constituyente ya estaban aprobadas por la comisión de estudio que las debatió, y, que al igual que en otras conclusiones de estudio como la de la balas de goma, su debate y votación en el pleno de la Cámara fue “un acto de solemnidad política”.

Por otro lado, no se descarta que Corominas –que este lunes, tras el paso de Turull al Govern, ha sido nombrado presidente del grupo de JxSí y ha sido sustituido en la Mesa por el neoconvergente Lluís Guinó– pida de nuevo a Alegret acudir a declarar como imputado tras su breve comparecencia del pasado mes de junio. Hay caso Forcadell para rato.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha denunciat la “persecució judicial” dels càrrecs electes catalans. Ho ha fet aquest diumenge en el marc de la comissió política de la Francofonia, on ha explicat que la majoria de la Mesa de la Cambra catalana ha rebut una querella “per preservar la llibertat d'expressió” en permetre un debat i votació sobre el procés independentista català.

El pronunciament de Forcadell arriba després que aquest divendres es conegués que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat per tercera vegada pronunciar-se sobre si el dret a la inviolabilitat parlamentària, el principi que garanteix la llibertat d'expressió dels diputats, és un motiu de fons per arxivar la causa que investiga per desobediència i prevaricació a la presidenta del Parlament.

Forcadell ha considerat al seu torn insòlita la situació que es viu a Catalunya perquè “el Govern espanyol exigeix a la Mesa que, per raons polítiques, censuri iniciatives legislatives dels diputats i prohibeixi debats parlamentaris”.

Segons Forcadell, aquesta és una exigència que “el Govern s'ha negat a complir per preservar la sobirania parlamentària, la llibertat ideològica i el dret d'iniciativa dels diputats”. Aquest incompliment –ha relatat la mateixa Forcadell– ha suposat una querella penal contra cinc dels set membres de l'òrgan.

Així mateix, la presidenta del Parlament ha recordat que el procés judicial contra la consulta del 9N de 2014 i els procediments contra centenars d'ajuntaments és “la resposta del Govern espanyol a la majoria de la ciutadania de Catalunya, que demana un referèndum d'autodeterminació”.

Les declaracions són fruit de la participació de Forcadell davant homòlegs de parlaments estatals i regionals de parla francesa, com l'Assemblea Nacional de França, el Parlament del Canadà i l'Assemblea Nacional a del Quebec. Forcadell intervindrà aquest dimarts al ple de l'Assemblea en el debat 'Diversitat lingüística, diversitat cultural i identitats', que es desenvoluparà al Centre de Congressos Europeu de Luxemburg.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha denunciado la “persecución judicial” de los cargos electos catalanes. Lo ha hecho este domingo en el marco de la comisión política de la Francofonía, donde ha explicado que la mayoría de la Mesa de la Cámara catalana ha recibido una querella “por preservar la libertad de expresión” al permitir un debate y votación sobre el proceso independentista catalán.

El pronunciamiento de Forcadell llega después que este viernes se conociera que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado por tercera vez pronunciarse sobre si el derecho a la inviolabilidad parlamentaria, el principio que garantiza la libertad de expresión de los diputados, es un motivo de fondo para archivar la causa que investiga por desobediencia y prevaricación a la presidenta del Parlament.

Forcadell ha considerado a su vez insólita la situación que se vive en Catalunya porque “el Gobierno español exige a la Mesa que, por razones políticas, censure iniciativas legislativas de los diputados y prohíba debates parlamentarios”.

Según Forcadell, esta es una exigencia que “el Govern se ha negado a cumplir para preservar la soberanía parlamentaria, la libertad ideológica y el derecho de iniciativa de los diputados”. Dicho incumplimiento –ha relatado la misma Forcadell– ha supuesto una querella penal contra cinco de los siete miembros del órgano.

Asimismo, la presidenta del Parlament ha recordado que el proceso judicial contra la consulta del 9N de 2014 y los procedimientos contra centenares de ayuntamientos es “la respuesta del Gobierno español a la mayoría de la ciudadanía de Catalunya, que pide un referéndum de autodeterminación”.

Las declaraciones son fruto de la participación de Forcadell ante homólogos de parlamentos estatales y regionales de habla francesa, como la Asamblea Nacional de Francia, el Parlamento de Canadá y la Asamblea Nacional a de Quebec. Forcadell intervendrá este martes en el pleno de la Asamblea en el debate 'Diversidad lingüística, diversidad cultural e identidades', que se desarrollará en el Centro de Congresos Europeo de Luxemburgo.

La partida d'escacs en què s'ha convertit el cas Forcadell manté la seva principal incògnita per resoldre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat per tercera vegada pronunciar-se sobre si el dret a la inviolabilitat parlamentària, el principi que garanteix la llibertat d'expressió dels diputats, és un motiu de fons per arxivar la causa que investiga per desobediència i prevaricació a la presidenta del Parlament.

La inviolabilitat parlamentària és el principal argument de la defensa de Carme Forcadell, que dirigeix el lletrat Andreu Van den Eynde. Així ho va manifestar en l'escrit del passat 5 de maig on va sol·licitar per primera vegada l'arxiu de la causa, petició que va ser rebutjada el mateix dia per la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret. En un escrit de només set línies, la jutgessa va argumentar que no era el moment processal oportú per resoldre-ho.

El mateix argument formal va repetir la magistrada per rebutjar el recurs de súplica de la defensa, en què, a més, va recordar a Forcadell que no l'investigava per un “delicte d'opinió”. Aquest divendres, en una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC ha avalat la decisió de la magistrada i ha rebutjat el recurs de queixa que havia presentat la defensa de Forcadell.

La tesi es repeteix en les tres resolucions judicials: fins que no s'hagin practicat totes les diligències, és a dir, al final de la instrucció, no es resoldrà el fons de l'assumpte sobre la inviolabilitat de Forcadell. “L'arxiu, dit sigui de passada, no pot sol·licitar-se en qualsevol moment de la instrucció”, afegeix el TSJC. En canvi, la defensa de Forcadell considera que Alegret no podia iniciar la instrucció del cas sense resoldre la qüestió de fons sobre la inviolabilitat de Forcadell en ser un dret fonamental que té com a diputada.

Amb tot, excepte sorpresa d'última hora, la magistrada rebutjarà, un cop completada la instrucció, que la inviolabilitat parlamentària de Forcadell sigui un argument per arxivar la causa. I és que la sala civil i penal del TSJC ja va advertir al març que la inviolabilitat parlamentària no permetia “generar zones immunes a l'imperi de la llei”, i que només emparava les opinions i els vots dels diputats.

De fet, la tesi d'acusació de la Fiscalia contra Forcadell i els altres quatre membres de la Mesa imputats estira d'aquest fil i sosté que la seva actuació al permetre els debats sobre el procés constituent i el referèndum no és una opinió sinó un acte decisori. En conseqüència, no poden quedar sota el paraigua de la inviolabilitat parlamentària.

Millo declara amb apunts

La decisió del TSJC ha coincidit amb una nova jornada d'interrogatoris en el marc del cas Forcadell, obert per desobediència al Tribunal Constitucional per permetre que el ple del Parlament votés dues resolucions a favor del referèndum. Aquest divendres han comparegut com a testimonis el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el portaveu parlamentari de Ciutadans (C's), Carlos Carrizosa.

Dins la sala d'interrogatoris, han informat fonts judicials, Millo ha llegit alguns apunts durant la seva declaració, cosa que no permet la llei d'enjudiciament criminal als testimonis excepte per consultar dades. Les mateixes fonts han explicat que, en la seva declaració, tant Millo com Carrizosa s'han mostrat convençuts, tal com sosté la Fiscalia, que Forcadell i els altres imputats no podien permetre el debat sobre el referèndum perquè així els hi havia ordenat el Tribunal constitucional.

Ja fora del TSJC, Millo ha acusat Carme Forcadell i els altres membres de la Mesa imputats de “voler situar-se per sobre de la llei” en permetre el debat sobre el referèndum pel qual estan imputats.

Al cas Forcadell li queda una única testimoni per declarar, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el proper 17 de juliol. No obstant això, les fonts consultades no descarten que la instrucció s'allargui ja que alguna de les defenses podria demanar la citació de més testimonis o algun dels imputats també podria acudir de nou a declarar voluntàriament.

La partida de ajedrez en que se ha convertido el caso Forcadell mantiene su principal incógnita por resolver. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado por tercera vez pronunciarse sobre si el derecho a la inviolabilidad parlamentaria, el principio que garantiza la libertad de expresión de los diputados, es un motivo de fondo para archivar la causa que investiga por desobediencia y prevaricación a la presidenta del Parlament.

La inviolabilidad parlamentaria es el principal argumento de la defensa de Carme Forcadell, que dirige el letrado Andreu Van den Eynde. Así lo manifestó en el escrito del pasado 5 de mayo en el que solicitó por primera vez el archivo de la causa, petición que fue rechazada el mismo día por la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret. En un escrito de solo siete líneas, la jueza argumentó que no era el momento procesal oportuno para resolverlo.

El mismo argumento formal repitió la magistrada para rechazar el recurso de súplica de la defensa, en el que, además, recordó a Forcadell que no la investigaba por un “delito de opinión”. Este viernes, en un auto, la sala civil y penal del TSJC ha avalado la decisión de la magistrada y ha rechazado el recurso de queja que había presentado la defensa de Forcadell.

La tesis se repite en la tres resoluciones judiciales: hasta que no se hayan practicado todas las diligencias, es decir, al final de la instrucción, no se resolverá el fondo del asunto sobre la inviolabilidad de Forcadell. “El archivo, dicho sea de paso, no puede solicitarse en cualquier momento de la instrucción”, añade el TSJC. Por contra, la defensa de Forcadell considera que Alegret no podía iniciar la instrucción del caso sin resolver la cuestión de fondo sobre la inviolabilidad de Forcadell al ser un derecho fundamental que tiene como diputada.

Con todo, salvo sorpresa de última hora, la magistrada rechazará, una vez completada la instrucción, que la inviolabilidad parlamentaria de Forcadell sea un argumento para archivar la causa. Y es que la sala civil y penal del TSJC ya advirtió en marzo de que la inviolabilidad parlamentaria no permitía “generar zonas inmunes al imperio de la ley”, y que solo amparaba las opiniones y los votos de los diputados.

De hecho, la tesis de acusación de la Fiscalía contra Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa imputados tira de ese hilo y sostiene que su actuación al permitir los debates sobre el proceso constituyente y el referéndum no es una opinión sino un acto decisorio. En consecuencia, no pueden quedar bajo el paraguas de la inviolabilidad parlamentaria.

Millo declara con apuntes

La decisión del TSJC ha coincidido con una nueva jornada de interrogatorios en el marco del caso Forcadell, abierto por desobediencia al Tribunal Constitucional por permitir que el pleno del Parlament votara dos resoluciones a favor del referéndum. Este viernes han comparecido como testigos el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y el portavoz parlamentario de Ciutadans (C's), Carlos Carrizosa.

Dentro de la sala de interrogatorios, han informado fuentes judiciales, Millo ha leído algunos apuntes durante su declaración, algo que no permite la ley de enjuiciamiento criminal a los testigos salvo para consultar datos. Las mismas fuentes han explicado que, en su declaración, tanto Millo como Carrizosa se han mostrado convencidos, tal y como sostiene la Fiscalía, de que Forcadell y los demás imputados no podían permitir el debate sobre el referéndum porque así se lo había ordenado el Tribunal Constitucional.

Ya fuera del TSJC, Millo ha acusado a Carme Forcadell y a los demás miembros de la mesa imputados de “querer situarse por encima de la ley” al permitir el debate sobre el referéndum por el que están imputados.

Al caso Forcadell le queda una único testigo por declarar, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el próximo 17 de julio. Sin embargo, las fuentes consultadas no descartan que la instrucción se alargue ya que alguna de las defensas podría pedir la citación de más testigos o alguno de los imputados también podría acudir de nuevo a declarar voluntariamente,

Los únicos dos miembros de la Mesa del Parlament que no están imputados en el caso Forcadell, el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra (Ciutadans), y el secretario tercero, David Pérez (PSC), han declarado como testigos este viernes ante la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret.

Ambos se han alineado con las tesis de la Fiscalía, como ya ocurrió en su primera declaración de diciembre del año pasado, cuando solo la presidenta estaba imputada. En sus declaraciones han sostenido que las órdenes del Constitucional obligaban a la Mesa a impedir el debate de una resolución prorreferéndum en el último Debate de Política General. Lo contrario opinan la presidenta de la Cámara y el resto de imputados, que ven su actuación totalmente legal y avalada por el reglamento de la Cámara.

La declaración de Espejo-Saavedra y Pérez se ha alargado tres horas. Según fuentes jurídicas, además de sus explicaciones, en el interrogatorio se han mostrado varios documentos y se ha hecho referencia a los informes de los letrados de la Cámara, que cada parte cree que van a su favor.

Fiscalía y defensas se agarran a distintos artículos del reglamento del Parlament para sostener sus tesis. Así, el ministerio público argumenta que Forcadell desobedeció al Constitucional y desoyó el artículo 37.3 del reglamento, que obliga a la Mesa a calificar todas las resoluciones parlamentarias. Pese a estar advertida por el Constitucional de que debía frenar cualquier debate sobre el referéndum, sostiene el fiscal, la presidenta de la Cámara siguió adelante con la tramitación de la resolución.

Por contra, las defensas de Forcadell, Corominas, Simó, Barrufet y Nuet destacan que su comportamiento no merece castigo penal al estar avalado por el artículo 152.1 del reglamento, que permite a la Mesa autorizar votaciones “congruentes” con lo tratado en el Debate de Política General (DPG). Por lo tanto, según su tesis, si en el debate se había hablado sobre el referéndum, el pleno tenía derecho a votar sobre él.

Espejo-Saavedra ha rechazado que el artículo 152 sea exculpatorio para los diputados imputados ya que, ha añadido, el reglamento del Parlament “no es una isla jurídica”. El diputado ha considerado que el Constitucional ya había advertido con suficiente claridad de que la Mesa tenía que impedir el debate sobre el referéndum.

“El TC es el máximo intérprete de la Constitución y, evidentemente, sus resoluciones vinculan a todos los poderes públicos”, ha dicho Espejo-Saavedra. “La sentencia del TC era clarísima, había resoluciones que no se podían aprobar de ninguna manera”, ha remachado Pérez.

Por encima de un artículo concreto del reglamento, tanto la presidenta como sus compañeros imputados han advertido en varias ocasiones de que una interpretación de los hechos como la de la Fiscalía lleva al Parlament a un callejón sin salida en el que no puede debatir prácticamente sobre nada, y a la Mesa, en particular, a ejercer un control político sobre las iniciativas parlamentarias que no le corresponde. A esta tesis respondió la Fiscalía requiriendo a la Cámara precedentes en que la Mesa vetó votaciones independentistas.

¿Recta final de la causa?

Con la declaración como testigos de Espejo-Saavedra y Pérez de este viernes, la causa contra Forcadell y los miembros de la Mesa de JxSí y CSQP encara, en teoría, su recta final. Solo quedan por declarar tres testigos más. La última será la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el próximo 17 de julio.

Una vez finalizada su declaración, si las partes no proponen nuevos testigos o documentos, la magistrada Alegret ya lo tendría todo listo para decidir si deja a Forcadell a un paso del banquillo. Sin embargo, la causa también podría frenarse y esperar a nuevos acontecimientos políticos, como ya ocurrió entre la primera y la segunda querella de la Fiscalía. Y es que tras declararse la causa como compleja, su plazo de instrucción finaliza en abril del año que viene.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (CSQP), ha declarat aquest dilluns com a imputat per desobediència i prevaricació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el cas Forcadell. Al diputat, membre d'EUiA i de Catalunya en Comú, l'ha acompanyat fins la porta dels jutjats una concentració convocada per les entitats independentistes, que li han donat suport a l'entrada i sortida de l'edifici judicial.

La compareixença de Nuet davant la magistrada Maria Eugènia Alegret ha estat breu, de 30 minuts, en línia amb la dels seus companys de Mesa imputats, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó, i la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell. El diputat només ha contestat a les preguntes del seu advocat.

Segons ha explicat el diputat a la sortida, la declaració que ha realitzat davant la jutgessa “podria haver estat signada per qualsevol dels meus companys de la taula”. Nuet s'ha dirigit breument a la concentració per reclamar unitat davant el Govern del PP i reafirmar el seu compromís amb el dret a decidir.

Nuet, líder d'EUiA i secretari de l'Executiva del partit d'Ada Colau, Catalunya en Comú, està imputat, juntament amb els quatre membres de la Mesa de JxSí, per permetre el debat i la votació d'una resolució parlamentària favorable al referèndum unilateral a l'últim Debat de Política General.

El principal argument de les defenses dels imputats, la inviolabilitat parlamentària, ha estat descartat tant per la sala del TSJC com per la magistrada instructora. El mes de maig passat, en la interlocutòria en què va rebutjar el recurs d'arxiu de la defensa de Forcadell, Alegret va recordar a la presidenta del Parlament que no l'investiga per un “delicte d'opinió” sinó per presumpta desobediència i prevaricació per haver “donat curs a iniciatives parlamentàries ja declarades inconstitucionals”.

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (CSQP), ha declarado este lunes como imputado por desobediencia y prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso Forcadell. Al diputado, miembro de EUiA y de Catalunya en Comú, lo han acompañado hasta la puerta de los juzgados una concentración convocada por las entidades independentistas, que le han mostrado su apoyo a la entrada y salida del edificio judicial.

La comparecencia de Nuet ante la magistrada Maria Eugènia Alegret ha sido breve, de unos 30 minutos, en línea con la de sus compañeros de Mesa imputados, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó, y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. El diputado solo ha contestado a las preguntas de su abogado.

Según ha explicado el diputado a la salida, la declaración que ha realizado ante la juez “podría haber sido firmada por cualquiera de mis compañeros de la mesa”. Nuet se ha dirigido brevemente a la concentración para reclamar unidad ante el Gobierno del PP y reafirma su compromiso con el derecho a decidir.

Nuet, líder de EUiA y secretario de la Ejecutiva del partido de Ada Colau, Catalunya En Comú, está imputado, junto a los cuatro miembros de la Mesa de JxSí, por permitir el debate y la votación de una resolución parlamentaria favorable al referéndum unilateral en el último Debate de Política General.

El principal argumento de las defensas de los imputados, la inviolabilidad parlamentaria, ha sido descartado tanto por la sala del TSJC como por la magistrada instructora. El pasado mes de mayo, en el auto en el que rechazó el recurso de archivo de la defensa de Forcadell, Alegret recordó a la presidenta del Parlament que no la investiga por un “delito de opinión” sino por presunta desobediencia y prevaricación por haber “dado curso a iniciativas parlamentarias ya declaradas inconstitucionales”.

El principal argument de defensa de Carme Forcadell, la inviolabilitat parlamentària, no convenç al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, ha recordat a la presidenta del Parlament que no la investiga per un “delicte d'opinió” sinó per presumpta desobediència i prevaricació per haver “donat curs a iniciatives parlamentàries ja declarades inconstitucionals”.

En aquests termes s'ha expressat Alegret en la interlocutòria en què ha descartat arxivar la causa, tal com havia demanat la defensa de Carme Forcadell esgrimint la inviolabilitat parlamentària. La magistrada afegeix a la interlocutòria que “tot privilegi ha de ser interpretat estrictament”.

L'advocat de Forcadell i de la secretària primera de la Mesa Anna Simó, Andreu van den Eynde, va demanar l'arxiu de la causa perquè, al seu parer, totes dues diputades estaven emparades per la inviolabilitat parlamentària, és a dir, el principi que garanteix la llibertat d'expressió dels diputats. Alegret ho va rebutjar el passat 5 de maig en un escrit de només set línies, al·legant que no era el moment processal per resoldre-ho.

Van den Eynde va replicar amb un recurs en què remarcava que Alegret havia de resoldre l'assumpte com a qüestió prèvia al procediment, donada la seva obligació de donar empara als parlamentaris. En un altre interlocutòria, amb data d'aquest dilluns, la jutgessa descarta que Forcadell i Simó estiguessin emparades per la figura de la inviolabilitat parlamentària quan van permetre el debat parlamentari de les resolucions independentistes per les que estan imputades.

És més, Alegret recorda que la imputació per desobediència i prevaricació de les diputades es va decidir per aquests delictes “suposadament comesos pels membres de la Mesa del Parlament (no per altres diputats) en donar curs a iniciatives parlamentàries ja declarades institucionals, i no per cap delicte d'opinió, com sembla entendre's”.

El TSJC ja havia deixat clar que el cas Forcadell no versava sobre la inviolabilitat parlamentària o sobre el dret a la llibertat d'expressió dels diputats, sinó sobre si la Mesa va desobeir el Constitucional quan va decidir tramitar la resolució sobre el referèndum a l'octubre, i si Forcadell també va transgredir l'Alt Tribunal al permetre el debat sobre el procés constituent al juliol.

En la resolució del març passat en què desestimava els recursos de súplica dels investigats després de la segona querella de la Fiscalia, la sala civil i penal del TSJC va advertir que la inviolabilitat parlamentària no permetia “generar zones immunes a l'imperi de la llei”, i que només emparava les opinions i els vots dels diputats, arguments que ara també reprodueix Alegret.

De fet, la tesi d'acusació de la Fiscalia tirarà d'aquest fil i argumentarà que l'actuació de la Mesa no és una opinió o un vot, sinó un acte decisori, de manera que no pot quedar sota el paraigua de la inviolabilitat parlamentària.