La familia Villagrá Blanco, propietaria de los aperitivos Pipas Facundo y acogida en 2012 a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, ha recurrido el resultado de una inspección de Hacienda a la sociedad holding que controla distintas compañías del grupo familiar que encabeza el septuagenario Vicente Villagrá, presidente de la Cámara de Comercio de Palencia desde hace dos décadas.

La inspección afecta a Vidaro Inversiones, SL, sociedad dominante de varias empresas de la familia, y comprende los ejercicios 2013 y 2014, posteriores a la amnistía en la que los Villagrá Blanco legalizaron un patrimonio opaco de 11,2 millones que ocultaban en Suiza, tal y como reveló la investigación de Los Papeles de La Castellana.

En sus cuentas individuales del ejercicio 2016, recientemente depositadas en el Registro Mercantil, Vidaro Inversiones SL explica que “tiene recurrido el resultado del procedimiento inspector del Impuesto sobre Sociedades del Grupo fiscal de los ejercicios 2013 y 2014 que se incoó tras haberse iniciado un procedimiento de actuación de comprobación e investigación” de carácter “parcial”.

El procedimiento estaba limitado a “la correcta tributación de la deducción por doble imposición interna de dichos ejercicios” y se cerró en 2016, meses antes de que, este mismo año, la sicav de la familia, Rodavi Capital, haya reducido a cero su exposición a bonos del Tesoro español, su principal inversión a cierre de 2016 al suponer el 7,21% de su cartera.

Vidaro Inversiones, que no aporta cifras sobre el resultado de la inspección y la liquidación a abonar, recibió hace unos meses una providencia de apremio de la delegación de la Agencia Tributaria en Madrid para saldar el pago de deudas vencidas y no satisfechas en el periodo voluntario de pago, según recogía una notificación publicada en el BOE el pasado 19 de abril.

50 millones en dividendos

Vidaro ya señalaba en sus últimas cuentas consolidadas (del ejercicio 2015) que Hacienda había “iniciado un procedimiento de actuación de comprobación e investigación” sobre el Impuesto de Sociedades para los citados ejercicios. Entonces, explicaba que se había aplicado deducciones por doble imposición interna (que permiten a un obligado tributario no pagar impuestos dos veces por un mismo hecho imponible) generadas, fundamentalmente, por el cobro de cerca de 50 millones de euros en dividendos de distintas sociedades del grupo.

Vidaro se desgravó esos dividendos al entender que habían “sido repartidos contra reservas de la Sociedad distribuidora” correspondientes “a beneficios no distribuidos y que ya tributaron al tipo correspondiente del impuesto de Sociedades”. Esos beneficios, añadía, “ya existían” cuando Vidaro Inversiones adquirió esas sociedades; además, se aplicaron deducciones al IRPF “pagado por las personas físicas que vendieron su participación en la Sociedad distribuidora del dividendo”, tras una reestructuración accionarial entre varios descendientes de los fundadores de Pipas Facundo.

Vidaro Inversiones es una sociedad holding constituida en 2010 con la finalidad de administrar participaciones en distintas sociedades de la familia. Domiciliada en Madrid, desde el 19 de diciembre de 2011 es la dominante del grupo de empresas familiar. A cierre de 2016 tenía activos de 34,17 millones. Su presidenta es Rosa María Blanco, una de las dos hijas de los fundadores de Pipas Facundo y principal beneficiaria de la amnistía fiscal, en la que legalizó 10.961.961,14 euros que ocultaba en Suiza en cuentas de UBS y por los que pagó a Hacienda 333.890,94 euros, un 3% de lo aflorado.

En el consejo de Vidaro se sientan, entre otros miembros, el marido de Rosa Blanco y primer ejecutivo de Facundo Blanco SA, Vicente Villagrá, con el que este diario ha intentado contactar sin éxito. De 75 años, a finales del año pasado Villagrá se mostró partidario de no dar “ni un sólo paso atrás” a la reforma laboral de Mariano Rajoy, en una de sus escasas apariciones públicas como representante de los empresarios palentinos tras trascender su amnistía. En ella legalizó más de 262.000 euros pagando otro 3%.

Actualmente, Vidaro Inversiones controla el 100% de Facundo Blanco SAU, productora de las Pipas Facundo y el resto de aperitivos de la enseña, como los Chaskis; así como Industrial y Comercial Facundo SLU (dedicada al arrendamiento de inmuebles); Los Girasoles SAU (distribución al por mayor de productos alimenticios) y PDV Gesfasa Desarrollo SLU (gestión, desarrollo, adecuación y promoción de mercados).

Las administraciones públicas han encontrado en los ciudadanos anónimos algunos de sus mejores aliados para preservar la ley. Desde hace años se vive en España y en Europa una tendencia imparable de crear buzones anónimos para que los ciudadanos dejen pistas sobre posibles fraudes que faciliten así el trabajo de los servicios públicos. Estos buzones coexisten con delitos del código penal como la “revelación de secretos” que pisan una delgada línea roja. Tampoco la Agencia de Protección de Datos está a favor de este tipo de buzones con los que Hacienda, Empleo o Competencia han logrado mejorar su efectividad.

Esta misma semana, Europa Press accedía a los datos de inspecciones fiscales abiertas a raíz de una denuncia anónima en el buzón que tiene habilitado la Agencia Tributaria. Al buzón llegaron 12.555 denuncias, casi un 27% más que el año anterior con lo que se abrieron actas por un valor total de 116 millones de euros. En los últimos cinco años, la Agencia ha recibido 50.000 denuncias. Los inspectores de Hacienda son partidarios de fomentar aún más esta figura del delator, sopesando el pago de cantidades como se hace en otros países, como Alemania, o mediante los mistery shoppers, esto es, infiltrados.

Estos infiltrados los puso en marcha hace apenas un par de años la CNMV para vigilar la mala comercialización de productos financieros que dieron lugar a malas praxis como las de las preferentes.  El buzón anónimo de la Inspección de Trabajo, que se puso en marcha con mucha polémica en 2013, afloró más de 4.000 empleos sumergidos en sus dos primeros años de vida, mejorando cada año el número de denuncias que recibe.

Pero si desde un ámbito de la Administración Pública se ha fomentado el uso de estas figuras es en el ámbito de la Competencia. Este sector es uno de los que más aprecia el papel de wistleblower al fomentar que una de las partes de un cártel se chive del resto para rebajar su multa. El organismo de competencia nacional, CNMC, tiene habilitados además un buzón para denuncia ciudadana y un buzón interno para que los propios técnicos denuncien las presiones a los que les somenten las empresas reguladas o el personal del Gobierno a la hora de imponer sus multas. Este buzón es especialmente novedoso y en él se preserva el anominato para el mejor funcionamiento del sistema interno de la entidad.

Pero a un paso más de sofistificación ha llegado la Comisión Europea que la semana pasada anunció la creación de un buzón encriptado para que los ciudadanos denunciaran estos cárteles de empresas. La Comisión quiere que todos los delatores se sientan progetidos pero fomentar la bidireccionalidad de estos buzones ya que el anonimato complicaba, sin el apoyo tecnológico, la interacción con la fuente. Gracias a este buzón, y siempre que se dé permiso, los funcionarios europeos pueden entablar una conversación segura y encriptada con la fuente para pedir aclaraciones.

Este furor delator (sin entrar en las investigaciones policiales) contrarresta con la persecución legal a la que pueden ser sujetos los delatores con varios delitos en el código penal que ponen freno a estas prácticas. Pese a los beneficios que las administraciones ven para la competencia en desvelar prácticas de este tipo, el código penal reconoce en su artículo 279 que “la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

El ánimo de lucro, la obtención lícita o ilícita de la información o el delito asociado a la denuncia introducen en terreno resbaladizo el enjuiciamiento de este tipo de conductas. Sin embargo, en todos estos buzones anónimos financiados con dinero público, no se verifica el origen lícito o ilícito de las fuentes. Y tal y como hemos avanzado, en otros países de la UE se premia incluso a los delatores. Es más, la Hacienda española investiga los datos fiscales por los que otros países han pagado. Es el caso reciente de unos CD con datos fiscales de Suiza que compró Renania del Norte-Westfalia y por los que pagó 18 millones de euros a un delator para luego distribuírlos a fisco como el español.

También entra en conflicto aparente con estos buzones anónimos el artículo 197 del código penal, que persigue la “revelación de secretos”. La difusión de los datos es una de las características que marcan este tipo de delitos. Sin embargo, de nuevo las Administraciones Públicas se sirven de filtraciones periodísticas que acaban siendo perseguidas por ley para hacerla cumplir en otros terrenos. Ayer mismo difundía El Confidencial que las revelaciones de los Papeles de Panamá han servido para que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, realice catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encuentran en la base de datos del bufete panameño Mossack Fonseca.

También recientemente el Supremo ha avalado el uso de la Lista Falciani para perseguir delitos fiscales, dejando claro que el uso de estas pruebas es compatible con la legislación española. El tribunal que tomó en consideración su extradición a Suiza no consideró acreditado que se hubiera intentado lucrar con esta información y sí su relevancia pública. En Suiza, Hervé Falciani ha sido condenado a cinco años de prision que no cumplirá mientras no pise el país. La condena del país helvético penalizó el “espionaje económico” pero no la violación del secreto bancario.

Otro caso de una filtración mediática ha reavivado estos días el debate sobre la unificación de las normativas europeas. Se trata de la sentencia que el pasado miércoles dictó la justicia de Luxemburgo contra los delatores del escándalo LuxLeaks.

La Corte de Apelación de Gran Ducado condenó a Antoine Deltour a seis meses de cárcel y una multa de 1.500 euros y a Raphael Halet, a una sanción de 1.000 euros. El periodista Edouard Perrin fue absuelto. Para unificar los distintos criterios la Comisión Europea ha lanzado ahora una consulta pública para proteger a los delatores. Clarificar estas zonas de grises en el uso de información de relevancia pública urge.

La detención de una persona en Tenerife como supuesto filtrador de los Papeles de la Castellana ha provocado la reacción de Podemos. El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ha asegurado este lunes que el Consejo de Coordinación, la ejecutiva, prepara una batería de propuestas legislativas y de eventos para proteger a las personas desvelan información confidencial por el bien general.

Las acciones todavía no están concretadas, pero Podemos cree que la forma de actuar del Estado en esta materia es un claro ejemplo de la existencia de esa trama de personas e instituciones corruptas, el nuevo concepto que ha puesto sobre la mesa Podemos y que sustituye, o completa y supera, al de la casta, que tanto éxito cosechó en los inicios del partido, en 2014.

Echenique ha recordado en la habitual rueda de prensa de los lunes que la lista de personas que utilizaron a diversos despachos de asesoría fiscal del centro financiero de Madrid “es muy representativa de la trama que parasita las instituciones”. El secretario de Organización ha rememorado que entre las personas que utilizaron estas firmas para acogerse a la amnstía fiscal de Cristóbal Montor había “desde miembros de la Casa Real hasta empresarios del acero de Euskadi o de la sanidad privada de nuestro país”. “El poder económico, la aristocracia y la alta política figura en los Papeles de la Castellana. Y nos dice que los paraísos fiscales también están en Madrid”, ha remachado.

La publicación de Los Papeles de la Castellana en eldiario.es y el resto de medios asociados a Filtrala.org supuso la primera revelación de los documentos de la amnistía fiscal que se hicieron públicos en España. En la extensa lista que se fue desgranando durante tres semanas, se publicaron las amnistías fiscales de al menos 21 personajes relevantes, miembros de la familia Borbón, empresarios e incluso personajes de la dictadura franquista.

Echenique ha criticado que el primer detenido no sea ninguna de las personas señaladas en estas revelaciones sino una persona a la que se acusa de estar detrás de la filtración. “Queremos manifestar nuestro apoyo a quienes como Julian Assange, Edward Snowden o Chelsea Manning o esta persona, si se demuestra que ha sido él, desvelan cómo funciona esta trama”, ha asegurado Echenique. “Es indignante que, cuando se desvela un saqueo desde las altas instituciones del Estado y desde el poder económico ninguno esté en la cárcel ni devuelvan lo robado al erario público, pero al que ha desvelado esto se le detiene”.

La reunión de la ejecutiva tenía previsto concretar las medidas, que no estaban definidas durante la rueda de prensa: “Estamos planeando una agenda legislativa y de eventos para proteger a esta gente. Es una cuestión de derechos humanos y de libertad de información”, ha zanjado Echenique.

On February 14, in the context of the investigation regarding the Castellana Papers, police arrested a man in a Spanish town near Santa Cruz de Tenerife. The arrest is a new step in the investigation carried out by the police, following a complaint filed on June 6 by Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, a consultant office with address at Paseo de la Castellana, 156 (Madrid, Spain), to the Spanish National Police Corps based on the suspicion that their files had been hacked.  

According to the defense, the detainee has not yet been formally accused, nor has he appeared before a judge. The National Police published a statement announcing the arrest on March 10. The statement claims that “the detainee, who supposedly leaked fiscal information belonging to important Spanish businesses and wealthy people, faces up to five years in jail.” The statement does not provide further details regarding the charges.  

According to the edict, seen by this newspaper, a Madrid court started the judicial proceedings on October 10 in order to determine the “criminal facts” of a “disclosure of secrets” crime. A computer analysis of the complainant business office located three IP addresses that downloaded data, which led the police to a residence in a small coastal town in the Spanish province of Santa Cruz de Tenerife.

At 7:00 AM on February 14, the court issued the search warrant for the residence and authorized the seizure of any “evidence of crime”, such as laptop computers, hard drives and cell phones. The warrant also authorized “changing passwords of all services and platforms used by the supposed criminals and which could be related to the facts under investigation.”

At the searched residence, police found a man and his mother. The man was taken to a police station to be interrogated at 12:20 noon and he testified assisted by a public defender. According to the defense attorney he hired later, he was pressured to testify. The statement records that the public defender advised him not to testify.

In his statement, the man –who says he is unemployed– says that he downloaded files with “Windows explorer and MozillaFTP”. He used his personal laptop computer and he claims that he acquired his computer skills “in a self-taught way, with internet tutorials, that he doesn’t know how to program and that he can understand 20% of the source code of a HTML website”.

In his statement, the man explains how he sent the files to Filtrala.org and made it clear that he was never offered any compensation for the files, that he never requested compensation because he understood that he was “helping the common good.”

Associated Whistleblowing Press, the platform that manages Filtrala, explains “the arrest is not related to the safety of Filtrala’s transfer procedure, but to the way in which this person could have obtained the data that he later submitted to Filtrala, according to the police.”  

The police’s press statement published on Friday says “the hacker could download the data thanks to a configuration error in the fiscal office’s server [...]. Agents analyzed the evidence from the victim’s computer system and then tracked the origin of the intrusion.”

In June 2016, eldiario.es was the first, together with La Marea and Diagonal, to publish the investigation known as the Castellana Papers.  The investigation began when a massive leak reached Filtrala. 38.598 documents revealed the ways in which very wealthy people, businesses, public officials and prestigious families hide their assets or avoid paying taxes. The documents came from a consultant office on tax matters in Paseo de la Castellana, the heart of Madrid’s business area.  

The Castellana Papers were the first document leak regarding tax amnesties in Spain. The long list of names, which took three weeks to be broken down, included information on fiscal amnesties of at least 21 relevant people, members of the Bourbon family, businesses and even officials of the Franco's dictatorship.

After verifying the authenticity of the documents, eldiario.es, La Marea and Diagonal published the scoop that included relevant cases based on checked information, such as the decade-long existence of an offshore fortune belonging to the Borbón-Dos Sicilias family or the tax amnesty for the 113 million euros that private health businesses kept in Switzerland.

                                                                                                      Translated by Lucía Balducci

La Agencia Tributaria ha abierto inspección a los laboratorios Almirall, cuyos máximos accionistas son Jorge y Antonio Gallardo Ballart, poco después de conocerse que ambos hermanos legalizaron un patrimonio opaco de 113 millones de euros gracias a la amnistía fiscal que lanzó en 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Las actuaciones de Hacienda fueron comunicadas a la empresa en julio de 2016, unas semanas después de que, el pasado 9 de junio, la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón filtrala.org, revelase que ambos hermanos estuvieron entre los 9.387 contribuyentes catalanes que se acogieron a la amnistía. Esta medida de gracia benefició a cerca de 30.000 personas y empresas en toda España.

En sus últimas cuentas anuales, remitidas este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la farmacéutica catalana explica que “en julio de 2016, la Agencia Tributaria comunicó a Almirall, SA, en su condición de representante del grupo fiscal, el inicio de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del Impuesto de Sociedades (régimen de consolidación fiscal) de los ejercicios 2011, 2012 y 2013”.

La inspección también afecta al IVA, “Retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos trabajo/profesional, Retenciones e ingresos a cuenta arrendamientos inmobiliarios y Retenciones e ingresos a cuenta imposición no residentes de los periodos Junio de 2012 a Diciembre de 2013”, señala la empresa.

Como suele ser habitual en estos casos, la compañía dice que “debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales o de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación, pueden dar lugar a pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva”.

Posibilidad “remota”

“No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota”, concluye.

Los Gallardo escondían su dinero opaco en cuentas bancarias en Suiza y Mónaco a través de dos empresas de Panamá. La regularización que llevaron a cabo gracias a la amnistía es la de mayor importe que se conoce del pequeño listado de beneficiarios que ha trascendido gracias a investigaciones periodísticas y a sumarios y sentencias judiciales. El Gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a difundir la lista de amnistiados.

Ambos hermanos se acogieron a la amnistía el 14 de noviembre de 2012, una semana antes del lanzamiento, en alianza con La Caixa, de la marca Vithas, la mayor compañía de capital nacional de sanidad privada de España, que hace unos días abría en Madrid su centro más exclusivo, el hospital Vithas Internacional, enfocado especialmente en usuarios extranjeros (principalmente de Arabia Saudí, Rusia o Inglaterra).

Los dos hermanos legalizaron con la amnistía un patrimonio opaco de 112.979.114,13 euros: Jorge Gallardo (1941), presidente de Almirall y expresidente de la patronal farmacéutica (Farmaindustria), afloró un patrimonio de 55.818.421,65 euros y su hermano Antonio Gallardo (1936), 57.160.692,48 euros.

Este último no está implicado en la administración de Almirall, de la que fue presidente, y centra sus esfuerzos en el grupo Landon, la sociedad patrimonial del clan, que es una de las grandes fortunas españolas, en el puesto 13 del ránking nacional elaborado hace unos días por el diario El Mundo.

La cuota que pagaron al Fisco los Gallardo con sus DTE fue de 2.732.800,27 euros: apenas el 2,4% del patrimonio que ocultaban, gracias a la rebaja en las condiciones de la amnistía que decidió aplicar el Ministerio de Hacienda a mediados de 2012 para hacerla más atractiva para los defraudadores.

Los Gallardo controlan las sociedades Grupo Plafin (al 50%) y Todasa (un tercio cada uno), que a cierre de 2016 controlaban a su vez, respectivamente, el 41,3% y el 25,34% de Almirall.

La farmacéutica aumentó su facturación un 11,7% el año pasado gracias a la contribución de sus adquisiciones de terceras compañías, pero redujo su beneficio un 42,7%, hasta 75,5 millones. El resultado neto normalizado (excluyendo elementos extraordinarios) creció un 0,6% el año pasado, hasta los 83 millones.

El pasado 18 de octubre, la farmacéutica anunció un plan de reestructuración de plantilla en España que pactó un mes después con los representantes de los trabajadores, con un máximo de 102 afectados (cerca del 10% de su plantilla en España) y un coste de 26,6 millones en 2016. El recorte perseguía “reasignar recursos para poder apoyar los nuevos proyectos de crecimiento futuro de la compañía, fruto de la I+D interna y de las operaciones de desarrollo corporativo llevadas a cabo en los últimos 18 meses por las sociedades del grupo”.

Luis Bárcenas ha explicado el martes al tribunal del juicio de Gürtel que creó una sociedad panameña para gestionar cuentas en Suiza con la ayuda del bufete Favona, el mismo bufete que ayudó los herederos de María Cristina de Borbón Parma, prima del rey Juan Carlos, a ocultar 4,5 millones de euros de herencia a la Hacienda Pública.

En su segundo día de declaración, Bárcenas ha dicho que la fundación que creó, Sinequanon, “no era una sociedad pantalla, en todo caso una sociedad visillo, porque se me veía a mí perfectamente, no había ocultamiento”. Ha asegurado que para su creación contó con la ayuda del despacho Favona, subsidiario del banco Lombard Odier, “que también utiliza parte de la familia real”.

Según los Papeles de Castellana que publicó eldiario.es, ocho familiares del rey Juan Carlos pusieron en marcha una red de sociedades con sedes en Panamá e Islas Bermudas para repartirse la herencia de su tía, María Cristina de Borbón-Parma, y dejar el dinero en tres cuentas suizas protegidas por el secreto bancario.

En el entramado societario que crearon para ello contaron con la ayuda de Favona, la empresa que el banco suizo Lombard Odier con sede en Ginebra ponía a disposición de sus clientes más acaudalados para proteger sus identidades.

Los más de cuatro millones de euros de la herencia permanecieron desde 2009 y durante tres años ocultos bajo el secreto bancario suizo y solo afloraron con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. En noviembre de ese año, al menos dos de los herederos realizaron sucesivas declaraciones tributarias especiales y pagaron a Hacienda por el 10% de los rendimientos de sus inversiones en los últimos tres ejercicios.

“Prefería tener el dinero fuera de España”

Bárcenas ha tenido que explicar por qué acumuló su fortuna, la que según su versión obtuvo de negocios privados como la compraventa de arte, en cuentas suizas y no españolas. El extesorero del PP ha dicho con tono tranquilo que prefería ingresar su dinero en el país helvético y no declararlo en España, pero sin más explicación. La fiscal Concepción Sabadell le ha recordado que en otras declaraciones apuntó a las ventajas fiscales como motivo.

“Prefería tener el dinero fuera de España”, ha dicho Bárcenas, que ha justificado su decisión aludiendo a que se trataba de ingresos por negocios en el extranjero. Cuando la fiscal le ha preguntado por qué no ingresó ese dinero en sus cuentas españolas, ha contestado que no quería hacerlo y que esos ingresos no estaban declarados en España.

Bárcenas ha explicado al tribunal que juzga el caso Gürtel que ese dinero era “como un plan de pensiones fuera de España”. Las investigaciones de la trama corrupta destaparon que el extesorero llegó a tener 47 millones en sus cuentas en Suiza.

Esas cuentas que estaban a su nombre pasaron a ser titularidad de una fundación panameña creada por el propio Bárcenas. Según su explicación, la puso en marcha para gestionar fondos de otros “inversores iberoamericanos”, incómodos con que su dinero estuviese en una cuenta a nombre de un particular: “Mi abogado en Argentina dice a los inversores que les gustaría que estuviesen a nombre de una sociedad”.

Sin embargo, la fiscal le ha recordado que es la primera vez que da esta versión sobre la fundación. En otras declaraciones dijo que la había creado como consecuencia de su entrada en política –acababa de ser elegido senador y la fundación le permitía ocultar su nombre a las autoridades suizas– y por un cambio en la fiscalidad europea. “Era más beneficioso para mí”, le ha recordado Sabadell que dijo.

Dos años para justificar sus ingresos

Bárcenas ha detallado hoy de donde procede parte de la fortuna que guardó en Suiza. Si no la ha justificado hasta ahora es, ha dicho, porque su labor de recopilación de información se vio interrumpida con su detención. Desde que fue puesto en libertad en enero de 2015 y hasta “el pasado domingo”, ha analizado todos los documentos que posee para justificar el origen de sus fondos.

En el desglose de sus ingresos, destacan los 3 millones de euros que le dieron los inversores iberoamericanos, las operaciones de compraventa de arte, que sumaron 1,83 millones, 730.000 euros por la venta de acciones de Endesa o 174.000 euros que el exsenador Luis Fraga le devolvió por un préstamos que Bárcenas le había hecho. En total, estas cantidades suman unos 8,5 millones de euros.

El extesorero ha reconocido que no conserva documentos de muchas de esas operaciones, y que no puede justifcarlas con contratos de compraventa porque sus ganancias no vienen de ese tipo de negocios. Él actuaba como intermediaron y quienes llevaban las operaciones le ingresaban directamente el dinero en sus cuentas. En ocasiones se trataba de “contratos verbales”.

La amnistía fiscal de Montoro fue tan barata que, en algunos casos, defraudar a Hacienda salía a devolver

El ministro Cristóbal Montoro mintió al menos cuatro veces con ese “plan extraordinario de regularización fiscal” que en 2012 anunció.

Dijo que serviría para traer dinero a España y es falso: la mayor parte de los defraudadores que se acogieron a su amnistía fiscal mantuvieron el dinero en el extranjero.

Dijo que ayudaría a “aliviar la crítica situación de las cuentas públicas” y que se recaudarían 2.500 millones. Mentira. No llegó ni a la mitad.

Dijo que no era una amnistía y tampoco fue verdad porque lo era y porque en realidad fueron dos: una en 2012 y otra al año siguiente, a una tarifa aún menor.

Y también dijo que estos defraudadores pagarían por legalizar su dinero negro un “gravamen especial del 10%” y esta fue la mayor mentira de todas.

La letra pequeña rebajó la amnistía aún más: bastaba con el 10% de los beneficios que hubiese generado ese patrimonio oculto durante los últimos cuatro años. De ese modo, el “gravamen especial” de la amnistía de media no llegó al 3%. Por comparar, una barra de pan paga el 4% en IVA y la factura de la luz, el 21%.

La segunda amnistía de Montoro, menos conocida, fue un robo aún mayor. Fue hasta el año siguiente, en 2013, cuando Hacienda permitió regularizar el patrimonio oculto con declaraciones complementarias de los últimos tres años, pagando el 10% de los beneficios entre 2010 y 2012. ¿Y qué pasaba si en esos años había pérdidas en vez de beneficios, como ocurrió en muchas carteras de inversión en ese momento malo para la bolsa? Que la amnistía fiscal salía a devolver. Es decir, que los años en que tu cartera de acciones en Suiza daba pérdidas, Hacienda te desgravaba otros impuestos como premio por haber defraudado. ¿Les parece escandaloso? Es que lo fue.

Los Borbón-Dos Sicilias, descendientes de Alfonso XII y en la línea de sucesión de la Corona de España, escondían 4 millones en Suiza. Pagaron el 1,84%.

Los Gallardo Ballart, dueños de una de las mayores farmacéuticas españolas y del primer gran grupo nacional de hospitales privados, tenían 113 millones en Suiza. Pagaron el 2,4%.

Los López Quesada –incluido Pedro López Quesada, amigo íntimo del rey Felipe– escondían un millón en Suiza. Pagaron poco más de 1.200 euros, el 0,1%.

Son solo algunos nombres. Hay muchísimos más. La investigación de los Papeles de la Castellana que hemos publicado estas últimas semanas en eldiario.es –en colaboración con fíltrala.org, La Marea y Diagonal– ha servido para poner apellidos ilustres y números concretos al escándalo de la amnistía fiscal: empresarios, banqueros, aristócratas o primeros espadas del IBEX. Ha sido una larga serie de información exclusiva y delicada, de las más arriesgadas entre las que hemos afrontado en esta redacción. No es fácil informar sobre los más poderosos y enfrentar a su cohorte de abogados; el más mínimo patinazo nos habría costado una demanda capaz de cerrar eldiario.es.

El esfuerzo y el riesgo han merecido la pena, pero hemos fracasado en algo: no hemos conseguido que el debate sobre el fraude fiscal entrase en la campaña electoral. El resto de la prensa no ha ayudado. Pocos nos han citado, pocos han querido molestar.

A los socios de eldiario.es os aconsejo que visitéis este especial, con todo lo que hemos publicado estas últimas semanas sobre estos grandes defraudadadores; patriotas de la cuenta en Suiza y la empresa offshore en Panamá. Leedlo con orgullo. Es vuestro mérito también. Hemos podido publicar esta investigación porque nos debemos a vosotros. Y a nadie más.

Pedro López Quesada Fernández Urrutia, empresario de confianza y amigo íntimo del rey Felipe, regularizó junto a sus hermanos y su padre un patrimonio de 1.054.288,92 euros en la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

El dinero aflorado por los hermanos López Quesada y su padre provenía de la fortuna que su madre, Adela Fernández Urrutia, tenía oculto en una cartera de valores de UBS en Suiza y en una sociedad offshore radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, Cameron Overseas, según la investigación 'Los Papeles de la Castellana' realizada por eldiario.es, La Marea y Diagonal que parte de la documentación recibida en el buzón seguro filtrala.org.

En la Declaración Tributaria Especial (DTE), presentada el 30 de noviembre de 2012, los hermanos López Quesada y su padre declararon 12.423 euros de rentabilidad en los ejercicios no prescritos (2007-2010), e ingresaron a Hacienda una cuota de 1.242 euros (el 10%). El importe abonado a la Agencia Tributaria representa un 0,1% de todo el patrimonio que legalizaron en la amnistía fiscal.

Pedro López Quesada es marido de Cristina de Borbón-Dos Sicilias, prima del rey Felipe VI y amiga íntima de la reina, Letizia Ortiz. Ambos son habituales en la vida social de la familia Borbón y forman parte del núcleo más íntimo de los actuales reyes. Cristina ha acompañado en numerosas ocasiones a Doña Letizia en salidas privadas a conciertos y su marido Pedro López Quesada es un fijo en las escapadas de esquí del Rey Felipe.

El empresario López Quesada, director con más de 20 años de experiencia en el área corporativa de Citibank, fue también uno de los amigos íntimos de Iñaki Urdangarín. La buena relación entre el empresario y los duques de Palma, cultivada durante años de veraneo a bordo de sus barcos en Mallorca, le llevó a ser el padrino de la única hija del matrimonio de la Infanta Cristina de Borbón. López Quesada pasó a formar, así, parte de la pandilla del rey Felipe junto con Iñaki Urdangarín, los hermanos Fuster o Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, que recibió mensajes de apoyo de los reyes cuando se conoció su participación en el escándalo de las tarjetas 'black', según publicó eldiario.es. Precisamente, fueron Urdangarín y López Quesada quienes organizaron la despedida de soltero del entonces Príncipe de Asturias, según afirmaron varios medios (ya que la fiesta oficial se anuló por el luto del 11-M).

El carácter discreto del matrimonio de Pedro López Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias les ha permitido ganarse la confianza de los reyes. Además, Cristina ha sido de los pocas personas del anterior círculo íntimo de Felipe VI que ha conseguido conectar con la reina Letizia, amiga y compañera habitual en sus salidas nocturnas.

Tal y como adelantó eldiario.es junto La Marea y Diagonal en la investigación ‘Los Papeles de la Castellana’, Cristina de Borbón-Dos Sicilias, su padre Carlos de Borbón, infante de España, su tía y su hermano también regularizaron cuatro millones en la amnistía fiscal de Montoro. Presentaron la declaración de la amnistía el 28 de noviembre de 2012, solo dos días antes de que lo hiciera Pedro López Quesada. “Igual que yo no conozco lo suyo, ella no conocería esto”, respondió López Quesada a las preguntas de este medio, que aseguró que no tenía constancia de que su esposa Cristina de Borbón también se hubiera acogido a la amnistía fiscal.

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, el patrimonio oculto en Suiza e Islas Vírgenes formaba parte de la herencia que Adela Fernández Urrutia, fallecida en mayo de 2010, dejó a sus cuatro hijos (Pedro, Adela, Beatriz y Almudena) y su marido Pedro López-Quesada (padre). “Cuando falleció regularizamos la situación y punto”, ha explicado López Quesada. Cada uno de los cuatro hermanos recibió un 22% de la herencia opaca de su madre mientras que su padre recibió un 12% de esos 1.054.288,92 euros ocultos al fisco español.

En el cuaderno particional de Adela Fernández-Urrutia consta que sus herederos tuvieron conocimiento de los bienes opacos con posterioridad a su fallecimiento. Una fecha que Pedro López Quesada sitúa a mediados de 2011, casi un año antes de que se aprobara la amnistía fiscal durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los hermanos aseguran que legalizaron la herencia opaca a través de la amnistía fiscal porque “era la fórmula que había cuando surgió”.

Cameron Overseas, sociedad radicada en Islas Vírgenes, estaba valorada en 286.278 euros en el momento de la legalización. La cartera de valores en UBS en Suiza, creada en abril de 1992, en 768.011 euros. Los activos en el banco helvético permanecieron opacos al fisco español durante al menos 20 años ya que la DTE no fue presentada hasta 2012, tal y como revela la documentación de ‘Los Papeles de la Castellana’.

Según Pedro López Quesada, tras “regularizar la situación” de los activos ocultos a la Hacienda española, el dinero se repatrió a España. Los modelos para declarar los bienes en el extranjero presentados por los hermanos López Quesada revelan que los herederos mantuvieron activa la sociedad Cameron Overseas en 2012, 2013 y 2014, hasta dos años después de legalizarla a través de la amnistía fiscal. “El proceso de cambio de titularidad fue muy prolongado, hay que traducir, mandar… Y la sociedad solo tenía 200 y pico mil euros en total”, explica López Quesada.

Los tíos de López Quesada afloraron 3,7 millones de dos offshore en Panamá

Ramón y Asunción Fernández Urrutia Carles, tíos de Pedro López Quesada por vía materna, también regularizaron 3,5 millones de euros en la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy. Ambos ocultaron su patrimonio en cuentas del banco Suizo UBS que figuraban a nombre de dos sociedades opacas panameñas. Tal y como aparece en la documentación de ‘Los Papeles de la Castellana’, Ramón Fernández Urrutia era beneficiario desde 2005 de una cuenta en UBS a nombre de Noraco Bussiness y su hermana de otra cuenta del banco suizo a nombre de la panameña Finaset Internacional.

Las sociedades offshore en Panamá permanecieron activas desde 2005 hasta que se disolvieron en 2014, un año y medio después de la regularización, presentada en noviembre de 2012.

Asunción Fernández Urrutia, tía de López Quesada, afloró 2.649.218 euros y su hermano Ramón, 1.071.149 euros. En la Declaración Tributaria Especial (DTE), la primera pagó 23.895 euros y el segundo, 52.582 euros, correspondiente al 10% de la rentabilidad obtenida por los activos ocultos entre 2007 y 2010 (sobre lo que tributan). La cuota representa un 2% de todo el patrimonio declarado por los hermanos en la amnistía.

Ramón Fernández Urrutia ha asegurado a eldiario.es, La Marea y Diagonal que “no tiene ni idea” de la existencia de ninguna sociedad panameña pero que sí reconoce que regularizó un dinero en Suiza que le dejó su padre en herencia. Vicente Fernández Urrutia, padre de los hermanos Fernández Urrutia y Carles, fue subdirector de automóviles SEAT durante el franquismo.

Asunción Fernández Urrutia ha rechazado responder a las preguntas de este diario.

Dos exdirectivos de Telefónica y Repsol han chocado con la Agencia Tributaria tras ser despedidos con indemnizaciones millonarias y, acto seguido, ‘recontratados’ con retribuciones superiores a los 100.000 euros anuales. Se trata de Luis Lada, histórico de Telefónica, y del director Financiero de Repsol entre 2005 y 2010, Fernando Ramírez Mazarredo. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org.

El caso del asturiano Lada (1949) es el más significativo, por la relevancia que llegó a tener en la operadora. Fue presidente de Telefónica Móviles y de Telefónica de España (2005-2006), y uno de sus hombres fuertes hasta que, en julio de 2006, César Alierta le despojó de sus funciones ejecutivas. Tras más de treinta años en la compañía, salió del consejo de administración. Por la extinción de su relación como ejecutivo y empleado de Telefónica, materializada a finales de 2006, Lada cobró una indemnización que disparó sus ingresos anuales por encima de los 8 millones de euros. Pero no se fue al paro. Como anunció la compañía, prestaría “asesoramiento estratégico” al entonces presidente, Alierta, y al comité ejecutivo de Telefónica.

A esas labores de asesoría Lada sumó otros cargos que mantiene: consejero independiente de Indra (desde junio de 2007), Gamesa (desde octubre de 2009) y Ence (desde marzo pasado); y presidente no ejecutivo del grupo de seguridad privada Segur (desde julio de 2014). Indra ha propuesto renovarle como consejero en la junta del próximo 29 de junio. La empresa tiene como mayor accionista al Estado y en ella participa Telefónica desde el año pasado.

Una sociedad con él de accionista mayoritario

Para canalizar los ingresos derivados de sus nuevas funciones como asesor en Telefónica y evitar tributar por el máximo en el IRPF, Lada se dio de alta como autónomo y constituyó en noviembre de 2006 la sociedad Ribafuerte SL, domiciliada en un lujoso chalé en Majadahonda (Madrid). Él era el mayor accionista (35,02%). El resto del capital se lo repartían su esposa (34,98%) y los tres hijos de ambos, con un 10% cada uno suscrito gracias a una donación de su padre formalizada ante notario en esas fechas.

El 16 de marzo de 2007, Alierta y Ribafuerte firmaron un contrato por el que esta prestaría “servicios profesionales de asesoramiento y consultoría al Presidente y, por delegación de éste, a la Alta Dirección de Telefónica en temas estratégicos”. La compensación, 500.000 euros brutos al año (42.000 euros brutos al mes). El contrato tenía una duración inicial de tres años, prorrogables anualmente. En caso de “resolución anticipada” antes de esa fecha, Ribafuerte cobraría los “honorarios profesionales” pactados hasta entonces (medio millón bruto al año hasta 2010).

En junio de 2013, la Agencia Tributaria abrió inspección a Luis Lada y a Ribafuerte, cuyas últimas cuentas en el Registro Mercantil son de 2014. Entonces, con un solo empleado, ingresó 299.999,96 euros (lo mismo que un año antes) y declaró pérdidas de 18.410 euros. En el periodo sujeto a inspección (2008-2011), la sociedad había ingresado, según Hacienda, 2.329.500,16 euros en total. Buena parte fue para Lada en forma de sueldo como director general (1,7 millones en esos cuatro años), retribución en especie (45.329,48 euros), dividendos (86.556,02 euros) y retribución como consejero (80.000 euros). Él y su mujer se asignaron un sueldo de 16.000 euros anuales que en 2010 elevaron a 24.000 euros.

En 2014, la Inspección obligó a recalcular la retribución de Lada por entender que no se ajustaba a un valor “normal” y que se había fijado sin el “rigor mínimo exigible”. Consideró que “las reglas de remuneración de dicha sociedad a favor del socio establecidas entre ambos han permitido la obtención de una ventaja fiscal indebida y el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública” y que la empresa no aportaba “valor añadido alguno a la actividad económica realizada por la persona física”, que podría haberse hecho “directamente” por esta.

En un primer momento, Hacienda determinó que el ejecutivo debía abonar al Fisco cerca de 220.000 euros: 135.600 por el IRPF (más una sanción de 57.138,29 euros) y otros 24.000 euros por el Impuesto de Sociedades. El ejecutivo, que hasta septiembre de 2014 fue consejero de Telefónica I+D, filial de la multinacional, no ha querido hablar sobre este asunto, pero fuentes próximas a él aseguran que el litigio ya está en la vía contencioso-administrativa y que, de momento, se ha saldado con el pago de cerca de 50.000 euros a Hacienda.

Fuentes de Telefónica señalan que Lada dejó de asesorar a la empresa hace años y niegan que la Agencia Tributaria haya abierto inspección a la compañía por este asunto. Sí reconocen que ha habido “más casos” de directivos que han continuado vinculados a la compañía en condiciones similares cuya situación con Hacienda “se regularizó”, aunque “no como sanción”.

El ex de Repsol

La historia de Lada recuerda al despido y posterior recolocación de Fernando Ramírez Mazarredo. Director Financiero de Repsol desde enero de 2005 hasta diciembre de 2010, Mazarredo sigue asesorando al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y a la propia petrolera a través de una empresa creada poco después de su despido. En su caso, la Agencia Tributaria no cuestiona el uso de esa sociedad interpuesta, sino la reducción del 40% que Repsol aplicó a su IRPF para la indemnización que cobró, aprovechando la normativa vigente en aquel momento, por considerar que se trataba de una “renta irregular”. Esa reducción (2.367.899,05 euros) permitió que ese año la declaración de la Renta del ejecutivo le saliera a devolver (Hacienda le pagó 53.367,69 euros).

Su despido se anunció la víspera de la Nochevieja de 2010. “Por mutuo acuerdo”, ambas partes pusieron fin a su relación contractual. Ese año, los ingresos de Mazarredo (que entonces tenía 57 años) superaron los 11 millones. Su despido le reportó 9.906.813,85 euros brutos (6.615.923 euros netos): 5.919.747,63 euros brutos correspondientes a una indemnización de tres años de sueldo; un “premio de permanencia” de más de 900.000 euros; 2.315.016,22 euros como liquidación y finiquito y 1.672.050 euros en concepto de “pacto de no competencia postcontractual”. A esas cifras sumó su sueldo de ese año (1,6 millones) y su retribución como consejero de Gas Natural, de la que la petrolera es accionista de referencia (139.150 euros brutos).

Su destino, como contó El Confidencial en noviembre de 2011, no estaba lejos de Repsol. Un mes después de su salida, la petrolera le recontrató como consultor autónomo para asesorías “en materias de análisis económico y gestión financiera”, “aspectos específicos de la gestión tesorera del Grupo Repsol”, asesoría en la venta del 15% de la argentina YPF que la compañía había decidido vender y “cualquier otra operación de carácter corporativo” que el presidente considerase conveniente.

El contrato firmado el 31 de enero de 2011 por Mazarredo y su sustituto en la dirección financiera de Repsol, Miguel Ángel Devesa (que también dejaría la compañía en 2012), estipulaba una duración de un año prorrogable por otro, con una retribución de 15.000 euros mensuales más IVA. Un mes después de firmar ese contrato, Mazarredo constituyó EF International Strategy SL, participada al 50% por él y otra persona de confianza de Repsol, Emiliano López Atxurra, consejero de Gas Natural y, desde enero de este año, presidente de Petronor, filial de Repsol. Según la petrolera, esta sociedad no se ha utilizado para facturar los servicios de asesoría de su antiguo director financiero, al que se abonan esos pagos “como persona física”.

Hacienda abrió inspección a Mazarredo en julio de 2013 por entender que “la norma exige una resolución de la relación laboral” para aplicarse esa reducción del 40%. Un año después le reclamó 1.158.183,85 euros, entre cuota e intereses de demora, por calificar esa ventaja fiscal de “improcedente” y considerar “probado que el obligado tributario no ha extinguido su relación contractual con la empresa”, al desempeñar funciones “propias del puesto que ocupaba anteriormente”.

¿Es ético ser despedido de mutuo acuerdo, recibir una millonaria indemnización y mantener una relación con esa misma empresa? “Si no me pareciera ético, no lo hubiera hecho”, dice Mazarredo, que sigue asesorando a Repsol y a Brufau, aunque las condiciones actuales (también a cambio de un fijo anual) son diferentes a las pactadas en 2011.

Ramírez Mazarredo recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que le dio la razón en septiembre del año pasado. La Agencia Tributaria ha recurrido a su vez en el Tribunal Económico Administrativo Central, según Mazarredo. Es probable que el contencioso acabe en el Tribunal Supremo. Repsol dice que no tiene ninguna inspección abierta por este asunto.

“El presidente decide en un momento determinado que la labor que yo debía realizar como ejecutivo ya está realizada y llegamos al acuerdo de que dejo de servir como ejecutivo de primer nivel y sigo sirviendo a la empresa de manera mucho más liviana”, señala Mazarredo, que subraya que la indemnización que cobró emanaba de “las condiciones que yo acordé cuando me contrató la compañía”. El ejecutivo recuerda que pone sus conocimientos “al servicio de esa compañía y de otras” sin ninguna responsabilidad ejecutiva.

El directivo firmó su contrato de alta dirección el 17 de febrero de 2005 con el entonces director de Recursos Humanos de Repsol, Jesús Fernández de la Vega. El hermano de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega también sería despedido en 2007 con más de 10 millones de euros de indemnización. Luego fue recontratado por la Fundación Repsol, pero dimitió inmediatamente por el escándalo generado.

El exembajador en Irak que acumuló una fortuna opaca durante sus años designados en Oriente Medio y África ha ascendido en la carrera diplomática. La mejora en el escalafón se produjo a través de una orden emitida el pasado 15 de junio y la ha recogido el Boletín Oficial del Estado este miércoles. El ascenso se produce de manera automática en función de la antigüedad de los funcionarios en la carrera diplomática, según fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores.

Francisco Elías de Tejada, que llegó a tener 1,7 millones de euros en cuentas del banco helvético UBS en Suiza y EEUU, ha pasado de “ministro plenipotenciario de tercera” a una subcategoría más en el escalafón de la carrera. El BOE recoge que, desde el pasado miércoles -unos días antes de que 'Los Papeles de la Castellana' revelaran su fortuna opaca-, es “ministro plenipotenciario de segunda”. 

El ascenso de Elías de Tejada se produjo oficialmente cinco días antes de que los medios que colaboran en 'Los Papeles de la Castellana' publicaran esta información y dos antes de que eldiario.es se pusiera en contacto con el Ministerio de Exteriores. No obstante, el primer contacto del equipo de investigación de Los Papeles de la Castellana con el alto funcionario se produjo tres semanas antes de su nombramiento. El exembajador rechazó dar explicaciones sobre su fortuna y dijo textualmente: “Quien tiene que saber esa información ya la sabe”, se limitó a responder sin especificar si se refería a la Agencia Tributaria o al Gobierno que ahora ha tramitado su ascenso.

La carrera diplomática se organiza en cuatro categorías: secretarios de Embajada, consejeros de Embajada, ministros plenipotenciarios y embajadores. No obstante, no todos los embajadores tienen que haber llegado a esa categoría para ser designados representantes españoles en otro país, sino que “cualquier persona puede ser designada por el Consejo de Ministros”, según fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID). 

Elías de Tejada llegó a su primer puesto en una Embajada de la mano del Gobierno de José María Aznar, que le designó en Costa de Marfil en enero de 2003 -apenas un mes antes abrió una cuenta “confidencial” en Suiza-. Paulatinamente fue nombrado representante español en Níger, Liberia y Burkina Fasso. Estuvo en África hasta abril de 2007. En junio de 2008, el Gobierno socialista le nombró embajador en Bagdad, puesto para el que se presentó voluntario, según fuentes diplomáticas. Después dirigió la Misión Especial para Afganistán y Pakistán, cargo que ocupó apenas seis meses en 2011. Trinidad Jiménez le nombró director general para América del Norte, Asia y Pacífico en el Ministerio de Exteriores.

La llegada de José Manuel García-Margallo supuso un cambio para Elías de Tejada, que pasó a dirigir la Unidad de Emergencia Consular. De ese puesto fue trasladado hasta su ubicación actual como consejero cultural en la Embajada de España en París, a las órdenes del embajador Ramón de Miguel, exsecretario de Estado de Exteriores con Aznar.

Su mejora en el escalafón responde a los años de antigüedad en la carrera. Cuando se jubilan embajadores corren los puestos que hay por debajo en el escalafón, según explican desde la OID. Pasar de una categoría a otra implica que pueden acceder a más puestos de la carrera.

Elías de Tejada concentró centenares de operaciones de compraventa en distintos valores de multinacionales mineras y petroleras a través de una cuenta de esa entidad helvética en Estados Unidos que no figuraba en sus declaraciones ordinarias del IRPF entre 2008 y 2011. Así consta en la documentación a la que han tenido acceso eldiario.es, La Marea y Diagonal en el marco de la investigación de 'Los Papeles de la Castellana'.

A finales de 2012, cuando expiraba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, Elías de Tejada realizó gestiones para legalizar su patrimonio oculto, según figura en la documentación de un despacho de asesoría fiscal con el que estuvo en contacto. En los formularios de las complementarias solo figuraban sus operaciones con la cuenta de UBS en EEUU, pero no la cuenta 'confidencial' de Suiza. No consta que esas declaraciones llegaran finalmente a presentarse.

Gregorio López-Bravo de Castro, ministro clave de la dictadura de Francisco Franco, ayudó al industrial y multimillonario José María Aristrain Noain a esconder su fortuna a la Hacienda pública española como administrador de una de las fundaciones opacas de los 'señores del acero' vascos en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org procedente de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid.

López-Bravo, íntimo amigo de José María Aristrain Noain, fue responsable de las carteras de Industria y de Exteriores durante la dictadura franquista entre 1962 y 1973 y acabó su trayectoria profesional, truncada por su repentino fallecimiento en 1985, como empleado de Aristrain. Su nombre figura en uno de los documentos recopilados en julio de 2015 por los asesores fiscales de la hija de Aristrain, María de los Ángeles Aristrain de la Cruz, como paso previo a los trámites para regularizar un patrimonio multimillonario gestionado a través de sociedades opacas que el patriarca de la familia legó a sus hijos y que la condesa de Biñasco ocultó durante décadas a las autoridades españolas.

Según una carta fechada el 17 de julio de 1985, López-Bravo figuró hasta esa fecha como administrador de una de las herramientas que utilizó Aristrain para no pagar impuestos en España, la Fundación Gordi, radicada en Vaduz, capital de Liechtenstein. En la carta, dirigida al consejo de la Fundación Gordi, se comunicaba el cese de Gregorio López-Bravo como consejero de esa entidad, que fue una de las piezas clave de la estructura opaca de los Aristrain en el exterior.

La misiva instaba a que “el hijo y la hija”, Ángeles Aristrain y su hermano, José María Aristrain de la Cruz, “puedan disponer de su parte de la fortuna de la fundación y sus ingresos entre los 21 y los 28 años con el consentimiento del consejo de familia de la fundación”. José María Aristrain hijo, al que la Agencia Tributaria quiere sentar en el banquillo por un fraude fiscal de cerca de 200 millones de euros, el mayor de la historia judicial española, ya era en aquel momento mayor de edad. Su hermana Ángela todavía no había cumplido los 16 años. Según la documentación de Los Papeles de la Castellana, la herencia oculta en entidades opacas en Liechtenstein se repartió entre los dos hermanos en 1993, tras cumplir Ángela los 24 años.

Las fundaciones de Liechtenstein son una figura jurídica propia de ese minúsculo principado de menos de 37.000 habitantes que permiten a sus beneficiarios gestionar su patrimonio a través de un banco (normalmente, suizo) preservando en todo momento su anonimato. Son un instrumento similar al utilizado durante años por el multimillonario sueco Ingvar Kamprad para controlar su participación en la multinacional de los muebles Ikea sin pagar impuestos.

El cese de López-Bravo como administrador de la Fundación Gordi de Liechtenstein se produjo cinco meses después de su repentino fallecimiento. El antiguo ministro franquista murió en un accidente aéreo el 19 de febrero de 1985, cuando un avión de Iberia se estrelló en el Monte Oiz, a 30 kilómetros del Aeropuerto de Bilbao, sin que hubiera supervivientes. Menos de un año después de esa tragedia, el 20 de mayo de 1986, el fundador de la Corporación Aristrain, José María Aristrain Noain, también fallecía en otro accidente aéreo sobrevolando la Costa Azul francesa.

El sustituto de López-Bravo en el consejo de la Fundación Gordi fue el abogado Eusebio Laviñeta Hualde, vinculado en esos años a la Corporación J. M. Aristrain, la mayor siderúrgica española de aquella época. Según el Registro Mercantil, Laviñeta, con el que no ha sido posible contactar, ha ocupado 22 cargos en ocho sociedades, casi todas pertenecientes a la familia Aristrain.

No es posible determinar en qué fecha se constituyó la Fundación Gordi, dado su carácter opaco. Varios documentos en poder de los asesores fiscales de Ángela Aristrain acreditan que esta entidad manejó durante las décadas de los 80 y los 90 un patrimonio millonario. La fundación, vinculada a una cuenta de UBS en Suiza, gestionaba a 30 de abril de 1988, dos años después de la muerte de José María Aristrain, activos valorados en 18.052.986 dólares. A 27 de agosto de 1989, su cartera ya alcanzaba los 19.990.145 dólares; a 31 de diciembre de 1990, 22.086.380 dólares, con una tasa de retorno interna del 10,8%; y a 31 de diciembre de 1992 tenía 24.719.226 dólares y un retorno anual del 8%. Teniendo en cuenta la inflación acumulada, esos 24,7 millones de dólares equivaldrían hoy a más de 39 millones de euros.

El asesor de UBS autorizado por los Aristrain como administrador de los activos de Gordi era el suizo Josef Oberholzer. En 2002, una Corte helvética absolvió a este banquero, que fue vicepresidente de UBS, por su implicación en una red para permitir a un cártel colombiano blanquear 150 millones de dólares procedentes del narcotráfico. En aquel momento, fue el mayor caso de blanqueo de la historia de Suiza.

El vínculo entre López-Bravo y Aristrain, dos destacados miembros del Opus Dei, está ampliamente documentado. Tras dos décadas en política, el exministro presidió hasta su muerte Siderúrgicos Independientes Asociados (Siderinsa), la patronal que defendía los intereses de las empresas acereras españolas y que había sido auspiciada por su amigo Aristrain. A preguntas sobre este asunto, dos de los nueve hijos que tuvo el exministro confirman la estrecha relación entre el empresario y su padre, profesional y personal, pero aseguran desconocer su vinculación con esa fundación. Por su parte, Ángeles Aristrain no ha querido hablar con eldiario.es para comentar este asunto.

Como ministro de Industria, el fallecido expolítico fue el máximo responsable de la política industrial española en la década de los 60 del siglo pasado. En esos años de desarrollismo franquista, con la economía sometida a una fuerte intervención gubernamental, José María Aristrain forjó su imperio siderúrgico y su fortuna.

En abril de 1969, cuando López-Bravo todavía era ministro de Industria (pasó a Exteriores en octubre de ese año), Aristrain, que ya había empezado a tejer una red de entidades opacas en Liechtenstein, le nombró consejero de una recién creada fundación en España. La entidad llevaba el nombre del industrial y tenía como consejeros a, entre otros, al “ilustrísimo y reverendísimo señor don Ángel Suquía”, entonces obispo de Almería. A la postre cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, en 1986, como Arzobispo de Madrid, Suquía ofició la misa funeral por el ex ministro. “Era uno de esos cristianos de a pie a través de los cuales la Iglesia se hace presente y operante en la sociedad”, diría de él el religioso.

“Empresa Modelo”

En junio de 1972, un año después de que Francisco Franco recibiera a Aristrain en el Palacio de El Pardo para distinguir a su compañía como “Empresa Modelo”, López Bravo fue uno de los cuatro ministros del Franquismo presentes en el acto en el que la Dictadura celebró la concesión a Aristrain de la medalla al Mérito en el Trabajo.

La relación con López-Bravo se mantuvo en los siguientes años. El periodista José Apezarena, muy cercano al Opus Dei, contaba en su libro Todos los hombres del Rey (1997) que, cuando en 1973 López-Bravo se entera en un viaje oficial a París de su destitución como ministro de Exteriores de la dictadura, el encargado de recogerle del avión que le trajo a Madrid fue “su amigo José María Aristrain”.

La última etapa de López Bravo en política transcurrió al abrigo de la incipiente Alianza Popular y de la mano de Aristrain. El historiador Miguel A. del Río Morillas, especialista en Historia contemporánea española, cuenta en un artículo sobre la génesis de Alianza Popular que la candidatura de López-Bravo al Congreso de los Diputados en las primeras elecciones tras la muerte de Franco, en 1977, “se comenzó a gestar” a finales de marzo de ese año. Entonces, Manuel Fraga Iribarne “se entrevistó con el industrial José María Aristrain, el cual venía acompañado por el mismo López-Bravo”, según contó el propio Fraga en su libro En busca del tiempo perdido (1987).

López-Bravo concurrió a esas elecciones como número tres en las listas de la formación conservadora. Sólo fue diputado en la legislatura constituyente, desde 1977 hasta el 29 de diciembre de 1978. Como otros tardofranquistas enrolados en Alianza Popular, se dio de baja del partido en enero de 1979 por su oposición a la Constitución Española, recién aprobada en esas fechas.

Los tres “lópeces”

Nombrado por Franco ministro de Industria en 1962, cuando todavía no había cumplido los 40 años, López-Bravo fue uno de los tres “lópeces”, el triunvirato de ministros tecnócratas franquistas vinculados al Opus Dei que marcaron los primeros años 70 en España (los otros eran López Rodó y López de Letona). Tras la muerte del dictador, estuvo a punto de ser presidente del Gobierno. López-Bravo figuró en la terna de candidatos que el Consejo del Reino propuso al rey Juan Carlos en julio de 1976, junto a Adolfo Suárez y Federico Silva.

El elegido fue Suárez, pese a la buena opinión que el hoy monarca emérito tenía de López-Bravo: “Su elegancia y delicadeza en el trato; su serenidad y tacto frente a cuestiones graves y difíciles; su caballerosidad; su optimismo; su constante alegría y permanente disposición a servir, son algunas de las muchas virtudes que descubrí en Gregorio y que, apoyadas en su preclara inteligencia, me hicieron pensar, a menudo, cuán grato es encontrarse con un hombre cabal”, escribió de él Juan Carlos I en el libro Gregorio López-Bravo Visto por sus amigos (1987).

En el sector privado, el exministro fue un magnífico exponente de eso que hoy se llama puerta giratoria. Además de presidir la patronal acerera auspiciada por su amigo Aristrain, López-Bravo fue presidente del grupo químico Sniace, consejero del Banco Español de Crédito (a la postre Banesto), Acerinox, de Unión Explosivos Río Tinto y de Motor Ibérica, entre otras empresas. Durante su mandato como ministro de Industria se vio salpicado por el caso Matesa, el mayor escándalo económico del Franquismo (ayudas irregulares a una empresa textil), y fue relacionado a finales de los 70 por la revista Interviú con exportaciones irregulares de hierro y acero.

López-Bravo fue el principal impulsor de la fundación IEISA, constituida un año después de su muerte y muy vinculada a la Universidad de Navarra, adscrita a la prelatura del Opus Dei, y al Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).

"Es necesaria una reforma fiscal para que pague más quien más tiene, luchar contra el fraude y los paraísos fiscales y recuperar el impuesto sobre la riqueza y sucesiones”, señalan desde el partido tras conocerse que la familia Aristrain tenía su fortuna en Suiza o Liechtenstein

El candidato de Unidos Podemos al Congreso por Bizkaia, Iñigo Martínez considera “inadmisible” que se consientan situaciones derivadas de las acciones de ArcelorMittal, “mandando al paro a cientos de trabajadores y trabajadoras, mientras sus accionistas se llenan los bolsillos gracias a los paraísos fiscales”, en referencia a las revelaciones de los Papeles de la Castellana sobre la familia Aristrain. “No podemos dejar que las acerías vascas mueran mientras que los señores del acero tienen sus fortunas en Suiza o Liechtenstein”, ha señalado Martínez.

“La situación de la ACB en Sestao y ArcelorMittal Zumarraga son dos ejemplos de que dependemos de las decisiones que toma un señor en función de que en un mapa se enciendan unas lucecitas rojas en base a la rentabilidad económica que tengan esas fábricas”, añade.

Tras conocerse que los Aristrain, principales accionistas privados del gigante mundial del acero ArcelorMittal, mantuvieron durante décadas una estructura oculta de sociedades y fundaciones opacas en Liechtenstein vinculadas a cuentas bancarias en Suiza para esconder parte de su multimillonario patrimonio y eludir sus obligaciones fiscales en España, según la investigación de Los Papeles de la Castellana, el candidato de Unidos Podemos insiste en la necesidad de “una reforma fiscal para que pague más quien más tiene, luchar contra el fraude y los paraísos fiscales y recuperar el impuesto sobre la riqueza y sucesiones”.

“Cuando ganan dinero y pagan menos impuestos”, afirma el candidato de Unidos Podemos, “no solo cometen un fraude fiscal, sino que atacan a la democracia y a la ciudadanía en general, porque se recaudan menos impuestos en perjuicio de los servicios públicos”. 

La familia Aristrain ha mantenido durante décadas una estructura oculta de sociedades y fundaciones opacas en Liechtenstein vinculadas a cuentas bancarias en Suiza para esconder parte de su multimillonario patrimonio y eludir sus obligaciones fiscales en España. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org procedente de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid.

Vinculados durante décadas al negocio siderúrgico, los Aristrain son una de las grandes fortunas de España y una de las más discretas. Los documentos revelan que la utilización de estructuras 'offshore' por su parte se remonta hasta la década de los 60 del siglo pasado.

Entonces, el patriarca de la familia, José María Aristrain Noain, había amasado ya una enorme fortuna. Aristrain emigró de niño desde su Argentina natal a Ordizia (Guipúzcoa). Tras casarse con la hija de un adinerado chatarrero, forjó un negocio siderúrgico que con los años derivaría en una de las mayores empresas españolas del sector. Muy vinculado al País Vasco y al Opus Dei, Aristrain fue buen amigo del dictador Francisco Franco y de varios de sus ministros más poderosos. Murió en 1986, a los 69 años; sus allegados aseguran que fue de los pocos empresarios vascos que nunca cedió al chantaje de ETA.

La documentación acredita que algunas de esas entidades opacas que puso en marcha José María Aristrain hace medio siglo han estado activas hasta fechas muy recientes. En Liechtenstein, a tiro de piedra de Suiza, los Aristrain contaban con al menos dos Stiftung, palabra alemana que significa “fundación”. Se trata de una figura jurídica propia de ese minúsculo principado de menos de 37.000 habitantes, tantos como Teruel capital. Un Stiftung permite a sus beneficiarios gestionar su patrimonio a través de un banco (normalmente, suizo) preservando en todo momento su anonimato. Es un instrumento similar al que utilizó un bisnieto del expresidente Maura para defraudar a Hacienda, o al que ha empleado durante décadas el multimillonario sueco Ingvar Kamprad para controlar su participación en la multinacional de los muebles Ikea sin pagar impuestos.

Los stiftung de los Aristrain se llamaban Fundación Laguardia (establecida el 22 de agosto de 1974) y Fundación Gordi. Ambas estaban domiciliadas en Vaduz, la capital de ese principado alpino. En ese paraíso fiscal, los 'señores del acero' vascos también contaban con al menos tres “establecimientos” o anstalt. Se trata de estructuras híbridas entre una sociedad mercantil y una fundación, utilizadas frecuentemente por los extranjeros en ese país para la tenencia de dinero y de acciones de empresas en otros países.

La documentación de Los Papeles de la Castellana procedente de los asesores fiscales de la hija de José María Aristrain, María de los Ángeles Aristrain de la Cruz, revela que el más antiguo de esos establecimientos es Plywood Trading, constituido el 18 de mayo de 1966. Los otros dos se llamaban Inometal Trade Holding y Egui-Ferro Holding Etablissement. El primero fue creado en junio de 1978, mientras que Egui-Ferro se constituyó en mayo de 1993, coincidiendo con el reparto de la herencia entre los dos hermanos Aristrain: José María y Ángeles Aristrain de la Cruz. Su padre, José María Aristrain, había fallecido años antes, el 20 de mayo de 1986, en un accidente de helicóptero en Mónaco, pero entonces su hija Ángeles aún era menor de edad. El reparto de la herencia no llegó hasta que cumplió los 24 años.

La condesa y el presunto defraudador

Nacida en agosto de 1969, Ángeles Aristrain es condesa de Biñasco por vía matrimonial. Está casada con Alberto Díez de Rivera Elzaburu, hijo de los marqueses de Huétor de Santillán, abogado, economista y socio del despacho de gestión de propiedad industrial Elzaburu. Con una actividad pública que se limita a su condición de “miembro de honor” del Museo Guggenheim y a la gestión de su ganadería Las Pueblas, Ángeles Aristrain es, si cabe, más discreta que su hermano, José María Aristrain de la Cruz, al que la Agencia Tributaria quiere sentar en el banquillo por un fraude fiscal de cerca de 200 millones de euros, el mayor de la historia judicial española, según adelantó en octubre pasado El Confidencial.

El 10 de mayo de 1993, siete años después de la muerte de su padre, Ángeles Aristrain estaba a tres meses de cumplir 24 años. En esa fecha, el albacea del desaparecido patriarca de la familia, José María Zabala Mendizábal, certificó en un escrito que los herederos, los dos hermanos Aristrain de la Cruz, “ambos domiciliados en Madrid, han decidido la partición de su herencia y en consecuencia resulta la Señorita María de los Ángeles Aristrain de la Cruz única propietaria y derechohabiente del Etablissement Inometal Trade Holding, Vaduz”. El documento adjuntaba la firma de José María Aristrain hijo, que renunció al 50% de sus derechos en esa entidad, y autorizaba al apoderado general de ese anstalt, Gaspar René Zentner, residente en Zurich (Suiza), para que Ángela Aristrain “conste en los actos de la Sociedad, como única propietaria” de ese ente opaco en Liechtenstein.

La hija de Aristrain también se convirtió en beneficiaria de los bienes administrados por la Fundación Laguardia, que a 10 de octubre de 1994 gestionaba a través de una cuenta en UBS activos valorados en 27.225.725 dólares. Al cambio actual y teniendo en cuenta la inflación acumulada desde entonces, la cifra equivaldría a unos 40 millones de euros. En 1997, la cartera de la Fundación Laguardia ascendía ya a 30.443.748 dólares de entonces, con una rentabilidad anual del 10,96%, según carta remitida el 15 de enero de 1998 por G. P. Rossetti y A. Stankiewicz, ambos vicepresidentes de UBS. En esas fechas, el hermano de Ángeles Aristrain negociaba con el Gobierno de José María Aznar la toma de un 11% de la empresa estatal Aceralia, entonces en proceso de privatización, a cambio de la Corporación Aristrain, controlada por ambos hermanos.

La Fundación Laguardia estuvo administraba en los años 90 por, entre otros, Andreas Welti, banquero de esa entidad helvética al que Aristrain otorgó poderes en Laguardia en agosto de 1995. Preguntado por este asunto, Welti dice que no recuerda haber administrado esa sociedad opaca de los Aristrain.

La documentación remitida a filtrala.org que custodiaban los asesores fiscales de Ángeles Aristrain da cuenta de un patrimonio oculto de hasta 50 millones de euros en esas fechas. Según un informe fechado el 12 de mayo de 2015, los activos gestionados por Inometal Trade Holding ascendían a cierre de 2014 a 12.330.949 dólares y 8.645.276 francos suizos, y los de Egui-Ferro, a 352.000 francos suizos. En total, más de 18,8 millones de euros al cambio actual.

A esa cifra se sumarían más de 30 millones de euros en otras dos cuentas bancarias opacas que aparecen asociadas a ella en la documentación que manejaban sus asesores fiscales, a pesar de que su nombre no figura directamente en estos documentos. En una de ellas, a nombre de Muscari Corp, figuran inversiones por valor de 30.495.752,13 euros a 12 de marzo de 2015, que estaban guardados en el Private Investment Bank Limited en Nassau (Bahamas), con el número de cliente 11287985. La otra cuenta opaca que sus propios asesores fiscales vinculan a Ángeles Aristrain está en el banco suizo BSI a nombre de Corevi Limited. El 31 de diciembre de 2014, esta cuenta tenía depositados otros 539.658 euros.

La documentación de Ángeles Aristrain en poder de sus asesores fiscales también sugiere que el entramado offshore de la familia se extendió durante años a Panamá y a Antillas Neerlandesas. Entre los documentos figura el acta de una sociedad panameña, Riscimbras Inc, creada en enero de 1980 y disuelta el 2 de noviembre de 1993, meses después de que los hermanos Aristrain acordaran repartirse la herencia de su padre; y unas anotaciones manuscritas de 1977 dan cuenta de otra sociedad de José María Aristrain Noain en otro paraíso fiscal, Curazao (antiguas Antillas Neerlandesas).

Esa sociedad, según esas notas, se llamaba Metro Properties NV y era, según ese documento, la propietaria de seis apartamentos de lujo (el 41B, el 42B, el 44B, el 48B y el 34B y el 50D) en el edificio Galleria, en el 117 East 57th Street de Park Avenue de Nueva York, adquiridos por José María Aristrain Noain en fecha indeterminada por 1.085.000 dólares. El representante de esa sociedad de Aristrain en Curazao era el abogado J.A. Schiltkamp, ya fallecido, del despacho especializado en sociedades offshore Corporate Trust NN.

Ángeles Aristrain no ha respondido a las repetidas llamadas a su oficina en Madrid ni a un correo electrónico para comentar este asunto. El pasado 2 de junio, eldiario.es logró por primera y única vez contactar con su teléfono móvil. “No soy yo”, respondió una voz de mujer al otro lado de la línea. Desde su oficina, insisten en que es una persona “muy discreta” y declinan hacer comentarios.

Gestiones para regularizar

Ángeles Aristrain es residente en Navarra, que tiene transferidas del Ejecutivo central la mayoría de las competencias en materia fiscal. El Gobierno navarro aprobó en junio de 2012 la Ley Foral 10/2012, por la que, en lugar de aplicar la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro (aprobada ese año), dio algunas facilidades a los contribuyentes navarros al permitirles regularizar su patrimonio oculto hasta el 31 de diciembre de 2012 con rebajas del 90% en el importe de los recargos y del 20% en los intereses de demora.

La hija de Aristrain no regularizó esos fondos aprovechando esa norma. “Habiéndose incumplido la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero, que actualmente se encuentran sin regularizar”, aseguraban sus asesores en un informe interno, donde le advirtieron de que tras esa mini amnistía fiscal en Navarra aún le quedaban otras alternativas para legalizar su patrimonio.

eldiario.es no ha podido confirmar si esa regularización se produjo ni, en su caso, cuál fue la opción elegida, ni la cuota que Aristrain pagó. Sí está acreditado que los trámites se iniciaron unos meses después de la intervención del Banco Madrid por presunto blanqueo de capitales, del que Aristrain era cliente destacada.

El 6 de julio de 2015, Ernesto Lejeune Valcárcel, catedrático de Derecho Tributario y “mandatario verbal” de Ángeles Aristrain, recibía una documentación del banco suizo BSI de los ejercicios 2011 a 2014 y declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de Aristrain de esos años. Y nueve días después, los asesores fiscales de Aristrain en Madrid remitían una carta a otro banco suizo, Julius Baer, para solicitar información de las cuentas “Inometal Trade Holding Etablissement” y “Egui-Ferro Holding Etablissement” para “proceder a la regularización de las mencionadas cuentas ante las autoridades españolas”.

“Que yo sepa, Ángeles Aristrain tiene su situación regularizada con Hacienda”, dice su asesor Ernesto Lejeune, preguntado por este asunto.

PSOE y Podemos consideran que es un “escándalo” que un embajador mantuviera opaca una fortuna en inversiones petrolíferas, tal y como han revelado los Papeles de la Castellana que eldiario.es publica junto a Diagonal y La Marea. Así se han pronunciado ambos partidos ante esta nueva revelación que demuestra que Francisco Elías de Tejada, que fue embajador en Irak y que ahora es consejero cultural de la Embajada española en París, no informó a la Agencia Tributaria en sus declaraciones ordinarias del IRPF dos cuentas que tenía en Suiza y en EEUU al menos hasta 2012. PP y Ciudadanos han declinado hacer comentarios sobre este asunto.

“Es un escándalo mayúsculo que un embajador haya abierto cuentas opacas y se haya enriquecido usando sus contactos y haciendo negocios utilizando su puesto, siguiendo la línea de Arístegui -ha expresado el responsable de Economía de la Ejecutiva del PSOE, Manuel de la Rocha-. La Agencia Tributaria y la Fiscalía deben, siempre respetando su presunción de inocencia, iniciar una investigación para que se clarifiquen esas posibles irregularidades y se depuren responsabilidades”.

“Es escandaloso. Absolutamente escandaloso que además sea un representante de España. Hay que actuar con toda la determinación y casos como esos revelan cómo se ha gobernado es este país. En realidad, simplemente cumpliendo la ley los cambios serían enormes”, ha respondido Iglesias en una entrevista que eldiario.es publicará íntegra este martes.

Iglesias sostiene que “el fraude fiscal es el crimen más terrible a pesar de que hay una terminología que lo rodea que lo pinta de gris y no es habitual que esté en las portadas, y las consecuencias son peores servicios públicos, precariedad y que uno de cada tres españoles esté en riesgo de pobreza”.

El PSOE también sostiene que la lucha contra el fraude es una de las principales medidas de su programa elesctoral. “Hemos reforzado el programa para incluir criterios más duros contra los paraísos fiscales: prohibiremos que las empresas que operen desde ellos puedan contratar con la Administración española y que los bancos en esos lugares tengan que irformar de manera automática de quiénes son sus clientes, como hacen en España”, enumera De la Rocha.

Las afirmaciones de Iglesias y de De la Rocha responde a la información publicada este lunes en el marco de la investigación de Los Papeles de la Castellana, que demuestra que el embajador español en Irak durante la postguerra mantuvo al menos desde 2002 cuentas opacas al fisco en sus declaraciones ordinarias de IRPF durante los años 2008-2011, el periodo en el que estuvo destinado en Oriente Medio. PP y Ciudadanos han declinado hacer comentarios sobre esta publicación.

Una de las cuentas del banco UBS la abrió en Suiza en diciembre de 2002, un mes antes de ser designado embajador en Costa de Marfil. También dispuso de una cuenta en esa misma entidad helvética en Estados Unidos, a través de la que realizó inversiones en empresas relacionadas con el petróleo, la siderurgia y la minería. Elías de Tejada se ha negado a responder a las preguntas de los medios que colaboran en la investigación de Los Papeles de la Castellana. “Quien tiene que saber esa información ya la sabe”, se limitó a decir. El alto diplomático inició las gestiones para regularizar su fortuna a finales de 2012, pero la documentación disponible no permite saber si finalmente quedó legalizada.

Un alto diplomático español, Francisco Elías de Tejada, acumuló un patrimonio de hasta 1,7 millones de euros en dos cuentas opacas del banco helvético UBS en Estados Unidos y Suiza mientras desarrollaba su carrera como embajador en países como Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger, Afganistán o Irak. Elías de Tejada concentró centenares de operaciones de compraventa en distintos valores de multinacionales mineras y petroleras a través de una cuenta de esa entidad helvética en Estados Unidos que no figuraba en sus declaraciones ordinarias del IRPF. Así consta en la documentación a la que han tenido acceso eldiario.es, La Marea y Diagonal en el marco de la investigación de 'Los Papeles de la Castellana'.

El Gobierno de José María Aznar concedió a Elías de Tejada sus primeros destinos relevantes en una carrera diplomática siempre vinculada a países donde el petróleo jugaba un papel fundamental en la vida económica y en el conflicto político. Fue embajador en Costa de Marfil desde enero de 2003. Un mes antes de ocupar el puesto, Elías de Tejada abrió una cuenta en Suiza en UBS –una cuenta con clasificación confidencial según la correspondencia del banco– aunque la mayor parte de su patrimonio opaco estaba depositado en una cartera de inversiones de la misma entidad en Estados Unidos. Ninguna de las dos cuentas del banco suizo fue declarada en sus IRPF originales de 2008 a 2011. En la documentación no consta la fecha de apertura de la cuenta en EEUU aunque sí se observan saldos ya desde 2003. A finales de ese año, la cuenta estadounidense ya tenía inversiones por valor de 290.100 dólares (229.691 euros, al cambio de entonces). Su patrimonio crecería exponencialmente con los años.

A finales de 2012, cuando expiraba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, Elías de Tejada realizó gestiones para legalizar su patrimonio oculto, según figura en la documentación de un despacho de asesoría fiscal con el que estuvo en contacto. En los formularios de las complementarias solo figuraban sus operaciones con la cuenta de UBS en EEUU, pero no la cuenta 'confidencial' de Suiza. No consta que esas declaraciones llegaran finalmente a presentarse.

De África a Oriente Medio

Además de Costa de Marfil, el embajador sumó paulatinamente la función de representar a España ante Burkina Faso, Níger y Liberia, países que compaginó hasta 2007. Al cierre de ese ejercicio, su patrimonio oculto en esas dos cuentas llegó a superar los 1,7 millones de euros.

Poco después, Elías de Tejada se presentó según fuentes diplomáticas, como voluntario para ocupar la Embajada en Irak, una de las plazas más relevantes entonces para la diplomacia. El ministro socialista Miguel Ángel Moratinos le designó en junio de 2008, cuando España llevaba ya cuatro años sin presencia militar en el país. La llegada de Elías de Tejada a Bagdad sentó bien en EEUU, con quien José Luis Rodríguez Zapatero tuvo tensiones por su decisión de retirar las tropas españolas. “Teniendo en cuenta el difícil periodo de relaciones entre EEUU y España en Irak, lo que escuchamos del embajador Elías de Tejada es alentador”, escribió en agosto de 2008 su homólogo norteamericano en un cable diplomático que hizo público WikiLeaks.

Tras abandonar Bagdad, fue designado embajador en Misión Especial para Afganistán y Pakistán, aunque este destino no implicaba su desplazamiento a la zona de conflicto sino que desarrollaba su actividad desde Madrid, según esas mismas fuentes diplomáticas.

Pese a que la cuenta en Suiza se abrió en diciembre de 2002, en la documentación no se aportan saldos de la filial helvética hasta 2007. Precisamente, ese año es el que acumuló mayor patrimonio, al tener 454.868 euros que se vieron reducidos en los tres años siguientes a cerca de 250.000. En 2011, la cifra se quedó en 187.878 euros.

Tras su cese como embajador de la Misión Especial para Afganistán y Pakistán, puesto que ocupó apenas seis meses en 2011, la ministra Trinidad Jiménez le nombró director general para América del Norte, Asia y Pacífico en el Ministerio de Exteriores. La llegada de José Manuel García-Margallo supuso un cambio para Elías de Tejada, que pasó a dirigir la Unidad de Emergencia Consular. De ese puesto fue trasladado hasta su ubicación actual como consejero cultural en la Embajada de España en París, a las órdenes del embajador Ramón de Miguel, exsecretario de Estado de Exteriores con José María Aznar entre 1996 y 2004, la época en la que Elías de Tejada comienza su carrera de embajador.

eldiario.es no ha podido confirmar si Elías de Tejada llegó a legalizar esa fortuna a través de las declaraciones complementarias. El embajador ha rechazado responder a las preguntas de los medios que trabajan en 'Los Papeles de la Castellana': “Quien tiene que saber esa información ya la sabe”, se limitó a responder.

Preguntado por si se refería a la Agencia Tributaria, insistió en que no quería dar más explicaciones. “Voy a hablar con quien me puede asesorar y les vuelvo a llamar”, aseguró en ese primer contacto telefónico. Desde entonces, Elías de Tejada se ha negado a ponerse al teléfono en todas las ocasiones que los medios que publican Los Papeles de la Castellana han intentado contactar con él.

Frenética actividad en bolsa

El diplomático, que hoy ocupa el puesto de consejero cultural de la Embajada española en París, realizó de 2007 a 2011 operaciones de compraventa de títulos por valor de 142 millones de euros. Su actividad bursátil, que realizaba desde la cuenta de Estados Unidos que ocultaba a Hacienda, alcanzó su máximo en 2009, cuando llegó a ejecutar órdenes de compraventa por importe de hasta 43,5 millones de euros, lo que da idea de su gran actividad en los mercados. Según los extractos de UBS, llega a hacer operaciones intradía o con un día de diferencia en los mercados por valor de un millón de euros, apostando a una sola compañía.

El grueso de las operaciones de compraventa de títulos que el diplomático realizó en 2009 se llevó a cabo con la multinacional brasileña Vale, que opera en los sectores de minería, petróleo, siderurgia y logística en seis continentes. Entre 2010 y 2011, también invirtió en corporaciones internacionales dedicadas a la extracción de petróleo en alta mar como Seadrill, Nabors y Transocean, que operan sus plataformas petrolíferas 'offshore' en África y Oriente Medio, regiones donde Elías de Tejada había sido representante como embajador de España. Muchas de esas órdenes de compra y venta de títulos se producían en un lapso de días e incluso horas. También en el momento de mayor volatilidad de los bancos apostó contra entidades financieras.

Las inversiones en empresas energéticas, acereras y de extracción de materias primas se mantuvieron en la cartera de valores del diplomático español entre 2007 y 2011. Cliffs Natural Resources, Arcelormittal o Companhia Siderurgica son otras de las firmas internacionales en las que invirtió. Durante esos años, más de la mitad de sus operaciones de compraventa estaban distribuidas en empresas de este corte. Entre sus inversiones también estaban incluidas acereras como Tenaris, líder mundial en la producción de tubos para extraer petróleo, o la compañía Frontline, la mayor empresa de buques para el transporte de petróleo.

Las operaciones bursátiles realizadas con la cuenta de UBS de Francisco Elías de Tejada en Estados Unidos se redujeron drásticamente en 2010, cuando realizó compras y ventas de títulos por importe de 27,6 millones. En 2011, el importe pasó a 10,9 millones, coincidiendo con la fase más aguda de la crisis financiera.

La vía más barata para la regularización

El despacho fiscal que asesoró a Elías de Tejada calculó dos fórmulas a través de las que podía legalizar su fortuna: por la vía ordinaria a través de la presentación de declaraciones complementarias del IRPF o mediante la Declaración Tributaria Especial, el eufemismo utilizado por el Gobierno para la amnistía fiscal. La segunda opción le salía menos rentable ya que tenía que abonar al erario casi diez veces más que mediante la vía de las complementarias. Según los cálculos del despacho al que contrató el diplomático, Elías de Tejada habría tenido que pagar 238.833 euros con la amnistía de Cristóbal Montoro frente a los 22.228 euros de la vía ordinaria, incluyendo recargos e intereses de demora.

La escasa cuantía de esta factura fiscal, incluso menor que en las ventajosas condiciones de la amnistía, se explica por el criterio en el que se basó la Agencia Tributaria. Mientras que en la amnistía Hacienda exigió el pago del 10% solo contando las ganancias del capital opaco en los ejercicios no prescritos (2007-2010), a través de la vía ordinaria computó el balance entre pérdidas y beneficios de los activos ocultos. En el caso de Elías de Tejada, como las inversiones que tenía le habían dado pérdidas elevadas, la fórmula ordinaria le resultaba más beneficiosa. De esta forma, en vez de pagar un porcentaje -10% en el caso de la amnistía- por todo el capital aflorado, Hacienda solo hizo tributar por los rendimientos del capital opaco en los ejercicios no prescritos. 

Francisco Elías de Tejada pertenece a una familia de abogados y pensadores políticos. Su tío, Francisco Elías de Tejada y Spínola, fue un destacado ideólogo del carlismo. Tanto su hermano, José María Elías de Tejada, como su sobrino, también José María, han ocupado puestos públicos en la Administración. El primero fue secretario de Estado del Ministerio de Educación en 1979 y abogado del Estado, ahora en excedencia. El segundo fue secretario en el consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, de capital 100% público, entre 2012 y 2016. Una hermana de Francisco Elías de Tejada se casó con Ricardo Martí Fluxá, diplomático de carrera, secretario de Estado de Seguridad con Aznar (1996-2000) y jefe de Protocolo de la Casa Real. Además, otros miembros de la familia han sido socios de algunas de las firmas de consultoría y auditoría más importantes del mundo: PwC (PricewaterhouseCoopers) y Deloitte.

La crisis económica ha hecho cada vez más consciente a la ciudadanía de la importancia que tiene el fraude fiscal

Se confirma así lo que los técnicos de Hacienda venían apuntando desde hacía años: de los casi 60.000 millones de euros anuales de fraude fiscal estimados, el 70% corresponde a grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas

El hueco que deja el diablo es el título de un interesante estudio elaborado por varios profesores de la Universidad de Zaragoza, y publicado por Fedea en 2014. En este documento los autores estiman, a partir de los datos proporcionados por el Panel de Declarantes publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, el fraude fiscal de la economía española en el IRPF.

Las conclusiones del estudio son demoledoras. A excepción de las rentas del trabajo, la infradeclaración afecta de forma muy considerable al resto de fuentes de renta, yendo desde el 45% en el caso de los ingresos provenientes de actividades económicas hasta el 60% en las rentas del capital mobiliario. También los rendimientos procedentes del capital inmobiliario resultan ampliamente infradeclarados, hasta en un 55% según el estudio. La dimensión del fraude estimado alcanza, sólo en materia de IRFP, la friolera de 20.000 millones de euros al año.

Si a esos cálculos sobre el IRPF sumamos otras estimaciones de fraude en el resto de figuras impositivas (particularmente IVA, Impuesto de Sociedades y Patrimonio), el fraude fiscal podría triplicar o cuadruplicar esa cifra, alcanzando el 6%-8% del PIB tal y como recurrentemente ha señalado Gestha.

La crisis económica ha hecho cada vez más consciente a la ciudadanía de la importancia que tiene el fraude fiscal. Investigaciones de la prensa como los conocidos Papeles de Panamá, o los Papeles de la Castellana, han ayudado también a desarrollar esta actitud crítica. En un contexto en el que las políticas de ajuste impuestas por Bruselas se han traducido en durísimos recortes sobre los servicios públicos fundamentales y han erosionado intensamente las condiciones de vida de millones de personas en nuestro país, a nadie se le escapa que cada euro de fraude no recaudado no sólo agranda el agujero fiscal de la Hacienda española, sino que además abona el terreno ideológico para exigir recortes futuros.

Obviamente no es lo mismo reducir el déficit público recortando gastos que aumentando ingresos, ni es lo mismo subir impuestos a la mayoría social que hacer que pague quien no paga. Ese es precisamente uno de los grandes desafíos que tiene nuestra economía: garantizar un Estado de Bienestar de calidad, incrementando la presión fiscal de quien no paga y reforzando la progresividad.

Las cuentas son evidentes. Entre 2009 y 2014 los Presupuestos Generales del Estado experimentaron recortes del gasto por valor de 18.500 millones de euros en sanidad y educción, 10.800 millones en materia de inversiones en infraestructuras, 7.200 millones en prestaciones por desempleo, 6.900 en política de vivienda, 2.700 en atención a las familias e infancia, 2.500 millones en atención al medio ambiente y otros tantos en I+D+i. El lector atento ya se habrá dado cuenta; la suma total de los recortes es muy similar al fraude anual estimado. Las conclusiones son evidentes: la infradotación de nuestro maltrecho Estado de Bienestar responde en buena medida a la insolidaridad de quienes defraudan.

Pero al tiempo que nos hemos hecho conscientes de esta situación, también hemos advertido que el hueco que deja el diablo –ese fraude fiscal que al final repercute en un Estado de Bienestar más frágil– tenía nombres y apellidos, y se gestionaba desde lujosos despachos de asesoría fiscal situados a veces en Panamá, y otras en el Paseo de la Castellana. Se confirma así lo que los propios técnicos de Hacienda venían apuntando desde hacía años: de los casi 60.000 millones de euros anuales de fraude fiscal estimados, el 70% corresponde a grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas, muy por encima de las cifras relativas a pymes y autónomos.

Aquí encontramos los tres elementos que, superpuestos en el tiempo y en el espacio, han determinado la mayor crisis de desafección política que ha atravesado nuestro país en décadas: las mismas oligarquías económicas y políticas que nos han recetado recortes, austeridad fiscal y rebajas salariales, son las que se han beneficiado de una generalizada corrupción y, además, las que han contribuido a desfiscalizar la Hacienda Pública ocultando su patrimonio e incluso llevándose su dinero a paraísos fiscales.

Más aún, esas mismas oligarquías que se beneficiaron de la corrupción y/o que contribuyeron al fraude fiscal, han sido las que en 2012 se acogieron a la amnistía del gobierno del Partido Popular. Esta “regularización especial”, como la llama el PP, no sólo ha permitido legalizar ante Hacienda el patrimonio oculto de muchas fortunas –con el nocivo mensaje que esto manda al conjunto de los contribuyentes–, sino que además está facilitando que dicho afloramiento se haga a tipos muy inferiores a los inicialmente planteados. En teoría, la amnistía pretendía regularizar los patrimonios ocultos aplicando un tipo impositivo del 10% al importe del capital aflorado. Sin embargo, hoy sabemos que las fortunas que se han acogido a esta “ventana de oportunidad” están beneficiándose de porcentajes de tributación en el entorno del 1-2%.

Como reza la conocida máxima atribuida a Abraham Lincoln, “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Es imprescindible que durante la próxima legislatura se aborden definitivamente medidas para perseguir mucho más intensamente el fraude fiscal en España. Profundizar nuestra democracia así lo exige.

La cuantía para considerar la comisión de un delito fiscal debe rebajarse de los 120.000 euros a los 50.000, tal y como sucede con las defraudaciones a los presupuestos de la Unión Europea. Además, debe ampliarse a diez años del plazo de prescripción de estos delitos. El próximo Congreso tendrá el reto de desarrollar un estatuto básico en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la finalidad de blindar su autonomía y terminar con el uso partidario de la institución. Debe ser además el propio Congreso quien nombre y controle al director general de la AEAT.

Por cada euro que el Estado invierte en fraude fiscal, se recaudan entre 8 y 10 euros adicionales. Y, sin embargo, nuestro país es de los que menos invierte en esta materia en la UE. Alemania, que gasta cinco veces más en administración fiscal de lo que gasta España, tiene un inspector por cada 700 habitantes, mientras que en nuestro país dicho indicador es de un inspector por cada 2000 habitantes. Si queremos combatir eficazmente el fraude fiscal, la AEAT debería duplicar su plantilla durante la próxima legislatura para ponerse al nivel medio de la UE-28. En materia de fraude, al igual que sucede con otros problemas económicos, decisiones políticas alternativas terminan configurando realidades institucionales muy distintas. Es la hora de que España se parezca más a los países de nuestro entorno.

Horacios, Lucrecios, Verginios, Menenios. La historia dice que fueron las familias más antiguas y fundadoras de la antigua Roma. Pater familias que crearon un orden social en el que ellos, los patricios, gozaban de privilegios y prerrogativas. Con el tiempo, aparecieron los Julios, Domicios, Pinarios, Postumios, Claudios, Valerios, Junios, Sergios, Servilios y Cornelios. Y, entre todos ellos, se repartían territorios, cargos, prebendas, corruptelas, negocios, esclavos y ejércitos.

Han pasado dos mil años. Ya no hay Imperio Romano. Pero en la entonces conocida Hispania se puede distinguir un puñado de entidades y apellidos –los Borbones, los Pujol, los Rato, los Botín– que quizá no se repartan privilegios y prebendas como en la edad Antigua, pero que sí se comportan como patricios, disfrutando de prebendas y privilegios –concesiones públicas, incentivos fiscales, puertas giratorias–. Y, cuando esas prebendas y privilegios no resultan suficientes, se aprovechan de paraísos fiscales para pagar menos impuestos.

Los papeles de la Castellana y otras revelaciones, como las de los papeles de Panamá y la lista Falciani, así como procesos judiciales abiertos y lo que se ha ido conociendo de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, están dibujando un siglo largo de evasión fiscal: desde Antonio Maura hasta José María Amusátegui, pasando por Rodrigo Rato, Juan de Borbón y su hija, Pilar, y ministros franquistas. Un hilo negro que conecta a las tradicionales fuerzas vivas en la opacidad financiera.

'Los Papeles de la Castellana' es una investigación conjunta de las redacciones de eldiario.es, La Marea y  Diagonal a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org. Varios despachos de asesoría tributaria ubicados en La Castellana, el distrito financiero de Madrid, manejan expedientes en los que constan estas operaciones y ponen al descubierto las fórmulas que distintas empresas y fortunas españolas han utilizado para ocultar su patrimonio en el extranjero.

A día de hoy se sabe que 705 personas con cargos públicos se acogieron a la amnistía fiscal, de las que por ahora solo se conocen un puñado de estos nombres: Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, José Ángel Fernández Villa –el líder del sindicalismo minero–, Francisco Granados y la esposa de Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq, entre los más relevantes. Del resto de los políticos o familiares directos de políticos que tuvieron acceso al dinero público y además guardaban patrimonio opaco poco o nada se sabe. Al menos por ahora.

Una lista de 705 nombres que se podría quedar pequeña con otra lista, de 872, aprehendida por la policía del franquismo en 1958 y conocida por la agenda Rivara.

Agenda Rivara

Los nombres que figuraban en la libreta de George Laurent Rivara, enlace de la Société de la Banque Suisse, fueron publicados en el BOE en marzo de 1959, “haciendo público el resumen de las actuaciones del Juzgado Especial de Delitos Monetarios con motivo de la documentación al súbdito suizo D. George Laurenz Rivara”.

¿Y qué había en esa lista? Personas y entidades españolas con cuentas secretas en la banca suiza, con un montante superior a los 70.000 millones de pesetas de la época. Entre ellos, figuran el padre del que fue presidente de Catalunya Jordi Pujol; el hermano de Juan Antonio Samaranch (expresidente del COI), nobles, banqueros, deportistas, farmcéuticos, embajadores..., fundamentalmente radicados en Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián.

Entre los nombres, se puede encontrar Juan Villalonga Villalba, director general del Banco Central en la época y abuelo del que fue compañero de pupitre de José María Aznar y director general de Telefónica –y tío abuelo de Fernando Villalonga, exconseller con Zaplana–.

Además, estaba Juan Trias Bertrán, padre de Xavier Trias, y un tío del alcalde de Barcelona, Ramón Trias Bertrán. En la agenda, también, figuraba Florenci Pujol Brugat, padre de Jordi Pujol Soley, ex presidente de la Generalitat que confesó en 2014 haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años “un dinero ubicado en el extranjero”.

Pero no sólo hay apellidos en la agenda Rivara, también figuraban entidades financieras como el Banco Español de Crédito, el Banco Central y el Banco Atlántico, entre otras, además de directivos del Popular y el Zaragozano.

Fueron los representantes más acrisolados de la oligarquía financiera, encabezados por Juan March, quienes aparte de poner a salvo una gran parte de sus dineritos en bancos franceses, ingleses, alemanes y suizos, no dudaron en añadir su ayudita financiera para la creación de un “estado de necesidad” que en último término justificase la sublevación.

Borbones

Según reveló el diario El Mundo, el conde de Barcelona –cuyo padre, Alfonso XIII, se llevó dinero fuera de España tras instaurarse la Segunda República en 1931– dejó a sus hijos bienes y fondos por un valor de 1.100 millones de pesetas tras su muerte, el 1 de abril de 1993. La mayor parte de ese patrimonio se encontraba en tres cuentas en Suiza, dos en Lausanne y una en Ginebra. En ellas había fondos depositados por un valor de 728,75 millones de pesetas, que al cambio actual, y aplicando el IPC de estos últimos 20 años, serían unos 7,85 millones de euros. A esa cantidad se sumaría un patrimonio inmobiliario cercano a los 350 millones de pesetas, entre el que destacan el chalet familiar de Puerta de Hierro en Madrid, un edificio en la Gran Vía de la capital y un apartamento en la ciudad portuguesa de Estoril. Siempre según el diario El Mundo, el grueso de las cantidades depositados en las cuentas suizas de Juan de Borbón acabó en manos del rey. En concreto, unos 375 millones de pesetas. Juan Carlos de Borbón los recibió a través de tres cheques que fueron ingresados el 21 de octubre de 1993, momento en el que se procedió al reparto de la herencia, en la cuenta 10.031 de Sogenal –Société Générale Alsacienne de Banque–, de Ginebra.

Juan de Borbón no ha sido el único con cuentas en Suiza. La familia de su primo Alfonso de Borbón –tío de Juan Carlos–, también, como se detalla en su testamento: una tía del rey Juan Carlos, su primo e infante de España Carlos de Borbón y dos de sus hijos mantenían bienes opacos al fisco español hasta 2012. El dinero procede de cuentas en Suiza y una parte tiene su origen en la herencia de María Cristina de Borbón-Parma, fallecida en 2009: los Borbón-Dos Sicilias ocupan el primer puesto de la línea de sucesión de la Corona española tras los descendientes del rey Juan Carlos. Alfonso de Borbón –uno de los catorce nietos legítimos de Alfonso XII– murió en 1964 y dejó en herencia 90 millones de pesetas: el equivalente hoy a 17 millones de euros, descontada la inflación.

Alicia de Borbón Parma, esposa de Alfonso de Borbón, y su hijo, Carlos de Borbón-Dos Sicilias –infantes reales– y dos primos del rey Felipe VI –Pedro de Borbón-Dos Sicilias y su hermana Cristina de Borbón-Dos Sicilias– regularizaron, en 2012, 4.000.816 euros procedentes de cuentas en el banco suizo Lombard Odier gracias a la amnistía fiscal que planteó entonces el Gobierno de Mariano Rajoy.

Inés de Borbón, hermana de Carlos de Borbón, prima de Juan Carlos, también cobró en bancos suizos dos herencias valoradas en 6 millones de euros. Imputada por blanqueo en la trama Púnica, ocultó al juez el detalle de sus cuentas: “En casa nos enseñaron a no hablar de dinero”, ha afirmado. Los investigadores tienen pruebas de que parte del dinero que entregaba a Inés de Borbón un ejecutivo de una entidad de Ginebra procedía de la trama de Granados y Marjaliza.

Con este familiar serían cinco los miembros conocidos de los Borbón que se han acogido a la amnistía fiscal.

La biografía del rey Juan Carlos camina en paralelo al manejo de dinero que su hermana, Pilar de Borbón, almacenó de manera opaca a través de una sociedadoffshore registrada como “Delantera Financiera”,  según datos que obtuvieronlaSexta y El Confidencial junto con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ): Pilar de Borbón accede a la presidencia de la empresa en agosto de 1974, cuando el dictador Francisco Franco estaba ingresado por una flebitis y por primera vez el rey Juan Carlos tomaba las riendas de la Jefatura del Estado de forma provisional. La sociedad se cerró apenas cinco días después de la proclamación del rey Felipe.

'Patricios' de la Restauración y el franquismo

Borja Pérez-Maura –bisnieto del que fue presidente cinco veces con Alfonso XIII, Antonio Maura– pagó 112.122 euros para legalizar su patrimonio oculto: el 1,4%. “Por razones familiares, desde hace muchas generaciones la familia ha tenido patrimonio fuera de España”, justifican desde su entorno.El dinero estaba escondido a través de una fundación en Liechtenstein y su origen es la herencia del hijo de Antonio Maura, Gabriel Maura, que fue también ministro en el último gobierno monárquico antes de la II República.

La nueva revelación de  Los Papeles de la Castellana conecta la época de la Restauración española con la del Gobierno de Mariano Rajoy, a una fundación en Liechtenstein con cuentas en Suiza, a la amnistía fiscal de 2012 con el régimen previo a la II República. Borja Pérez-Maura, nieto del ministro Gabriel Pérez-Maura y Gamazo y bisnieto del por cinco veces presidente Antonio Maura, usó la amnistía fiscal para regularizar más de ocho millones de euros que guardaba en cuentas suizas a través de una fundación opaca. La saga Pérez-Maura es una de las más ricas de España y está emparentada con otras familias del poder económico, como los Botín, los Gamazo o los Herrera.

Otros apellidos ilustres también son hilo conductor de la historia de España de los Goiberno de Antonio Maura a José María Aznar. Es el caso de Ramón Rato Rodríguez-San Pedro, el padre de Rodrigo Rato que llegó a pisar la cárcel en 1967 con una pena de tres años por evasión fiscal. El abuelo de Don Ramón, Faustino Rodríguez-San Pedro había sido alcalde de Madrid y ministro de Fomento con Antonio Maura en 1903. Su hijo, Rodrigo Rato, una de las personalidades políticamente expuestas de la lista de la amnistía bajo la lupa judicial. Dicen que la detención del padre (y también del hermano mayor) de Rodrigo Rato se hizo en el enlace de María Ángeles Rato con Emilio García Botín, sobrino de Emilio Botín. Otro de los nombres salpicados en la historia reciente por los escándalos de cuentas opacas en suiza.

Las querencias franquistas no libraron a Ramón Rato de la cárcel. Y es que no está exenta la dictadura de sus agujeros negros.  Una de los cuatro hijos de Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas en la dictadura entre 1970 y 1974, legalizó una cartera de inversiones oculta en Suiza gracias a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Como el resto de los que recurrieron a esas declaraciones tributarias especiales que habilitó el Ministerio de Hacienda en 2012, Isabel Fernández de la Mora pagó el 10% de los beneficios generados por sus inversiones entre 2008 y 2010. Abonó una cuota de 4.022 euros, el 0,6% del capital regularizado.

En la documentación de Los Papeles de la Castellana figuran más descendientes directos de otros prohombres de la dictadura como Pilar Tello, hija de Blas Tello y Fernández Caballero, consejero nacional del Movimiento, gobernador civil en Toledo y director general de Política Interior en el franquismo.

Lista Falciani y Papeles de Panamá

En 2010 las autoridades francesas compartieron con varios países europeos, entre ellos España, la conocida como 'lista Falciani' de contribuyentes con cuentas en el HSBC de Suiza. Fruto de esa investigación, la familia del banquero ya fallecido Emilio Botín regularizó su situación y pagó 200 millones a la Hacienda española.

En total, Hacienda descubrió gracias a los datos de Falciani que 659 españoles tenían cuentas en este banco suizo sin declarar, lo que le permitió ingresar alrededor de 260 millones de euros por regularizaciones voluntarias una vez que fueron apercibidos por la Agencia Tributaria. Y como en el caso de la agenda Rivara, algunos bancos también aparecen salpicados. Banco Santander y la filial española de BNP Paribas están siendo investigados en el marco de estas operaciones de evasión.

Precisamente hace unas semanas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacó a la luz el nombre de contribuyentes de todo el mundo en la investigación de Los Papeles de Panamá, con cuentas y empresas opacas en paraísos fiscales. La información, que ya ha sido solicitada al Consorcio por la Fiscalía Anticorrupción y por la Agencia Tributaria, incluye nombres como Pilar de Borbón, Pedro Almodóvar, Rodrigo Rato, Lionel Messi, Bertín Osborne o José Manuel Soria.

El propio Soria, uno de los ministros más protegidos por Mariano Rajoy, dimitió el pasado abril como ministro de Industria, diputado y presidente del PP de Canarias ante sus numerosas contradicciones sobre su participación en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales incluidas en los papeles de Panamá. Hasta el final, el presidente en funciones dijo confiar en sus explicaciones, pero en la dirección del PP crecía el enfado por sus falsedades. Finalmente, su jefe y amigo decidió dejarle caer.

eldiario.es reveló que la empresa familiar de los Soria, Oceanic Lines estaba participada en un 80% por una sociedad instrumental con sede en Jersey. Poco después, el diario El Mundo sumaba un nuevo documento, el del acta anual de UK Lines, que Soria firmaba en su condición de secretario de la misma. El cerco se estrechó tras publicarse horas después que el ministro  tenía una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. La versión oficial del Gobierno y del PP se mantuvo a pesar de que las diferentes comparecencias públicas del ministro fueron demostrando las falsedades en cuanto a su relación con UK Lines, donde figuraba como administrador a pesar de que él atribuyó a “un error” la aparición de su firma y la de su hermano. “Ni tengo ni he tenido empresas registradas en Panamá. Es falso”, fue la primera versión defendida en una rueda de prensa convocada en Lanzarote poco después de que El Confidencial y  La Sexta hicieran pública su investigación.

La carrera política de Soria terminó hace dos meses con la publicación de los papeles de Panamá. Un patricio más del hilo negro de la opacidad financiera que conecta a Borbones, empresarios, familias ilustres y fuerzas vivas de la Restauración y el franquismo en más de un siglo de evasión fiscal.

La nueva revelación de Los Papeles de la Castellana conecta la época de la Restauración española con la del Gobierno de Mariano Rajoy, a una fundación en Liechtenstein con cuentas en Suiza, a la amnistía fiscal de 2012 con el régimen previo a la II República. Borja Pérez-Maura, nieto del ministro Gabriel Pérez-Maura y Gamazo y bisnieto del por cinco veces presidente Antonio Maura, usó la amnistía fiscal para regularizar más de ocho millones de euros que guardaba en cuentas suizas a través de una fundación opaca.

El matrimonio de Borja Pérez-Maura y Berta de la Peña pagó a la Agencia Tributaria 112.112,82 euros por los cerca de ocho millones de euros que en el año 2010 acumulaba en tres cuentas de dos bancos en Suiza. El dinero permanecía oculto al fisco español a través de una fundación opaca llamada Fuentas con sede en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Cada uno de los cónyuges ingresó 56.056,41 euros el 21 de noviembre de 2012 en la Agencia Tributaria mediante el modelo 750 que aprobó el ministro Cristóbal Montoro con el objetivo de aflorar activos ocultos.

Esa cifra correspondía al 10% de los 560.564,08 euros de ganancia que generó su fortuna oculta entre 2008 y 2010 y suponía un 1,4% del total escondido en bancos del país helvético. Así lo revela la documentación exclusiva a la que ha tenido acceso eldiario.es en la investigación 'Los Papeles de la Castellana', realizada conjuntamente con La Marea y Diagonal, asociados al buzón seguro filtrala.org.

Borja Pérez-Maura es el hijo de Ramiro Pérez y Gabriela Maura de Herrera, heredera del ducado de Maura tras la muerte de su padre, Gabriel Maura y Gamazo. Gabriel Maura fue ministro de Trabajo durante unos meses justo antes de la proclamación de la II República en 1931 y antes había ocupado otros cargos como el de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Se exilió al estallar la Guerra Civil y no regresó a España hasta 1953. El rey Alfonso XIII le concedió el ducado en reconocimiento a su padre, Antonio Maura, que fue presidente en cinco ocasiones durante su reinado y líder del partido conservador tras el abandono de las filas liberales.

La saga Pérez-Maura es una de las más ricas de España y está emparentada con otras familias del poder económico, como los Botín, los Gamazo o los Herrera. Según el ranking de El Mundo, la familia Pérez-Maura, que posee la naviera Pérez y Cía, es una de las 100 fortunas españolas y maneja más de 300 millones de euros. Borja Pérez-Maura formó parte del consejo de administración de la sociedad familiar de la que fue vicepresidente hasta 2014.

La fortuna que el matrimonio Pérez-Maura regularizó en 2012 procedía en un 90% de la herencia del padre (Ramiro Pérez de Herrera) y del abuelo materno del empresario (Gabriel Maura y Gamazo), según figura en las anotaciones del gestor que contrataron los Pérez-Maura. El manuscrito explica que eran beneficiarios de una fundación en Liechtenstein con dinero en dos bancos (UBS y HSBC). “Bonos en el 90% de distintas entidades”, rezaba el escrito en el que señalaba también que la “pretensión” de los clientes era “dejarlo todo allí”, es decir, en Suiza tras la regularización y el “levantamiento del velo” de las “fundaciones no residentes interpuestas”.

“Por razones familiares, desde hace muchas generaciones, la familia ha tenido patrimonio fuera de España”, justifican fuentes cercanas a la familia en declaraciones a los medios que investigan Los Papeles de la Castellana. Uno de los motivos que aducen sobre la posesión de dinero fuera de España es que los Pérez-Maura tienen “orígenes y familia fuera del país”. El abuelo materno de Pérez-Maura, del que procede la herencia, según la documentación del despacho fiscal en la que se realizó la amnistía, se exilió al estallar la Guerra Civil en 1936. “Es un dinero que viene de mucho antes de la guerra”, zanja un allegado a la familia que sitúa en varias generaciones anteriores el origen del dinero aunque no sabe especificar a qué rama familiar pertenecía el dinero: “Es dinero que se ha ido heredando de padres a hijos y que ahora se ha regularizado”.

El dinero que los Pérez-Maura regularizaron mediante la amnistía fiscal estaba oculto en tres cuentas en el UBS y en el HSBC abiertas en 2003 y 2004, respectivamente, a nombre de Fuentas Foundation, creada en 1993. “Al día de hoy, según consta en nuestros registros, aparece Mauro Borja Francisco de Pérez (sic), nacido el 12.08.1938, y Berta de la Pena (sic), nacida el 08.06.1944, como beneficiarios económicos”, figura en los certificados de titularidad emitidos por las entidades bancarias en septiembre de 2012, dos meses antes de que los dueños se acogieran a la amnistía fiscal.

Amnistía fiscal para evitar la paralela de Hacienda

El despacho contratado por los Pérez-Maura planteó dos opciones para aflorar esos activos: la Declaración Tributaria Especial aprobada por Cristóbal Montoro o la “regularización ordinaria” mediante la presentación de complementarias del IRPF y patrimonio del periodo 2007-2011, es decir, los “ejercicios no prescritos (administrativa y penalmente)”.

La recomendación de los asesores fue que se acogieran a la amnistía fiscal por varias “ventajas”, entre ellas que el coste era similar, que no se interrumpía el periodo de prescripción y, además, que tenía mayor seguridad que mediante la presentación de complementarias del IRPF. “En la declaración ordinaria, la solicitud de devolución de los ejercicios 2008-2009 podría dar lugar a una comprobación administrativa”, advertía el despacho, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.

Unos meses después de la regularización presentaron el modelo 720 por el que se declaran los activos legales que se poseen en el extranjero. Ese documento reflejaba un saldo total de bienes declarados en el extranjero superior a los 18 millones de euros.

Los activos de la Fundación Fuentas gracias a la que los Pérez-Maura habían eludido al fisco español estaban valorados en nueve millones de euros en el año 2012, según la declaración del matrimonio a través del modelo 720. Esa sociedad se constituyó en Vaduz (Liechtenstein) el 1 de junio de 1993 por Borja Pérez-Maura, que gozaba de un poder de su esposa firmado en 1983 para gestionar los bienes familiares, y pasó a estar administrada por dos testaferros.

En los estatutos de la fundación patrimonial se establecía como beneficiarios a Borja Pérez-Maura y Berta de la Peña y, una vez fallecidos, a su hija Gabriela Pérez-Maura de la Peña. El escrito, rubricado por los fundadores de la sociedad, también nombraba a dos miembros del clan familiar para tutelar el patrimonio de la fundación en caso de fallecimiento de los beneficiarios si la hija aún no había cumplido los 21 años –la fundación se formó cuando tenía ocho años–.

Los 'tutores' del patrimonio de Gabriela Pérez-Maura en esa sociedad eran Ramiro y Ángel. El primero es el heredero del ducado de Maura. El otro elegido para administrar los bienes de la fundación Fuentas fue Ángel Pérez-Maura García –familiar de los Botín (su madre era prima del fallecido presidente de Banco Santander Emilio Botín)–.

Ángel Pérez-Maura García está en busca y captura en Guatemala por el presunto soborno al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta de ese país Roxana Baldetti. Pérez-Maura está implicado supuestamente en una trama de cobro de comisiones por la concesión de un contrato a la filial del grupo español TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona), de la que fue accionista mayoritario a través de la empresa familiar Pérez y Cía. 

Descendientes de la saga política de los Maura y la élite castellana de caciques de los Gamazo, los Pérez-Maura, han mantenido una postura discreta entre las grandes fortunas españolas. Su origen se remonta al siglo pasado, durante las maniobras políticas de la Restauración política en España.

Antonio Maura, cinco veces presidente del Consejo de Ministros durante la Restauración, desarrolló fuertes vínculos con los Gamazo durante su niñez. Germán Gamazo, abogado y político español, tuteló a Maura como patriarca de la familia durante su ascenso político. La alianza entre ambas familias se selló a la vieja usanza: con un matrimonio. El enlace entre Antonio Maura y Constancia Gamazo, hermana de Germán, allanó el camino de una carrera política que le llevó a presidir las filas del Partido Liberal y el Gobierno español.

Este enlace fue el germen de la saga Pérez-Maura. Una unión entre los intereses políticos y empresariales de dos de las familias aristocráticas españolas más importantes. Los Gamazo consiguieron vincularse con el poder político y así mantenerse en el grupo de las élites. Fruto del matrimonio entre Antonio Maura y Constancia Gamazo nacieron diez hijos.

El mayor, Gabriel Maura y Gamazo, fue un político destacado durante la Restauración que llegó a ser ministro durante unos meses justo antes de la proclamación de la II República en 1931. Se exilió al estallar la Guerra Civil y no regresó a España hasta 1953. Fue el primer duque de Maura, un título nobiliario a medida concedido por el rey Alfonso XIII en reconocimiento a su padre, Antonio Maura. El ducado de Maura ha sido la herencia aristocrática más preciada de la familia, que mantiene en la actualidad.

Gabriel Maura se casó con Julia de Herrera, V Condesa de la Mortera, también perteneciente a otra aristocrática saga familiar española que hizo fortuna haciendo negocios en Cuba. De este enlace nació Gabriela Maura de Herrera, III duquesa de Maura, de cuyo matrimonio surgió el apellido compuesto Pérez-Maura. Casada con Ramiro Pérez de Herrera, sus tres hijos heredaron la fusión de sus apellidos de noble linaje: Pérez y Maura.

Una dinastía aristocrática entre la política y la empresa

Los Pérez-Maura, una de las sagas familiares más ricas de España, están entre las 100 mayores fortunas españolas. Propietarios de la naviera Pérez y Compañía, manejan un patrimonio de más de 300 millones de euros, según el ranking de El Mundo.

Borja, Ramiro y Jaime Pérez-Maura y Herrera, los tres hijos del matrimonio de Ramiro Pérez y Gabriela Maura, se han manejado entre la carrera diplomática, política y la vida empresarial. Borja Pérez-Maura, que legalizó un patrimonio de 8 millones de euros ocultos en Suiza a través de la amnistía fiscal, es el único de los tres hermanos que no ha fallecido. Según las anotaciones de los asesores fiscales de los Pérez-Maura, la fortuna regularizada procedía “en un 90%” de la herencia del padre (Ramiro Pérez de Herrera) y del abuelo materno del empresario (Gabriel Maura y Gamazo). Borja Pérez-Maura fue vicepresidente de la naviera familiar entre 2011 y 2014, cuando se acogió a la amnistía fiscal.

Su hermano, Ramiro Pérez Maura, heredero del ducado de Maura y del condado de la Mortera, fue embajador de España en Corea, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía, Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Luxemburgo entre 1982 y 2000. La mayoría de estos países estaban considerados como paraísos fiscales por España mientras ocupó su cargo como representante en el exterior. Aunque gran parte de su vida profesional se centró en su carrera diplomática, ocupó cargos políticos durante la Transición. Fue senador con Unión de Centro Democrático en 1977, partido con el que estuvo fuertemente vinculado en las Islas Baleares.

Ramiro y Borja se casaron con las hermanas Lucía y Berta de la Peña González Camino, respectivamente. La primera, viuda de Ramiro Pérez Maura, se hizo célebre en la campaña electoral por ser la mujer que pidió donativos para Cáritas a Pedro Sánchez durante un acto en los alrededores del hotel Ritz de Madrid. “¿No das a Cáritas y luego quieres que te vote la gente? ¡Qué vergüenza!”, le espetó al candidato socialista.

Su hermana, Berta de la Peña, era también beneficiaria de los activos que tenía ocultos en una fundación en Liechtenstein junto a su marido, Borja Pérez Maura. Legalizó la mitad de los fondos que el matrimonio escondía en el banco suizo UBS. Las hermanas De la Peña son descendientes de una saga de militares franquistas herederas de otros apellidos aristocráticos: González-Camino y Aguirre.

Jaime Pérez Maura, fallecido en 1994, fue el tercer paladín de la familia. Empresario y naviero, fue el verdadero impulsor de la compañía familiar, Pérez y Compañía. Se casó con Elena García Botín, prima de los hermanos Emilio y Jaime Botín, accionista históricos y expresidentes del Banco Santander y Bankinter.

Elena García, el nexo que une a los Botín con los Pérez-Maura, fue también diputada en el Congreso con Alianza Popular (formación predecesora del Partido Popular) entre 1986 y 1989. Sin embargo, permaneció en la Junta Directiva Nacional del PP hasta 2014, cuando dimitió en desacuerdo por la retirada de la reforma de la Ley del Aborto. Otros dirigentes del partido, como Federico Trillo, son habituales en los eventos sociales de la familia.

Los Pérez Maura, naturales de Santander, forman parte del círculo de amistades del rey emérito Juan Carlos I, con quienes compartían la afición por los deportes náuticos, tal y como publicó El País. La saga familiar ha cimentado su influencia en torno a sus vínculos con el PP y UCD, su presencia dentro de las relaciones exteriores y sus matrimonios con descendientes de altos cargos del Ejército franquista y familiares de la dinastía bancaria de los Botín.

Una saga noble de costumbres

Los descendientes de los tres hermanos Pérez-Maura han mantenido costumbres, protocolos y tradiciones durante cuatro generaciones familiares. Presentes en los actos sociales de la nobleza cántabra, sus enlaces matrimoniales figuran habitualmente en las páginas de “Vida social” en el periódico Abc, donde son habituales duques, condes, marqueses o miembros de familias reales europeas.

Uno de los hijos de Jaime Pérez Maura, Ramón Pérez-Maura, es periodista y adjunto al director de ABC, donde escribe a veces de sus raíces familiares. Sin embargo, además de la naviera familiar Pérez y Cía, la dinastía heredera del ducado de Maura mantiene una afición en común: la caza. Perdices, jabalíes, venados e, incluso, osos son los codiciados ejemplares que los miembros de la familia Pérez-Maura se han cobrado en sus cotos de caza distribuidos por todo el territorio cántabro. Según fotos publicadas por los Pérez-Maura, en una jornada de caza junto “con sus amigos” podían cobrarse más de 200 ejemplares de perdices.

Aunque la mayoría de herederos de la saga Pérez Maura han mantenido un perfil discreto en el plano mediático, otros sí que han aparecido en los medios. Ángel Pérez Maura, hijo de Jaime Pérez Maura y Elena García Botín, está en busca y captura en Guatemala por el presunto soborno al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta del país centroamericano Roxana Baldetti. Pérez-Maura está implicado en una trama de cobro de comisiones por la concesión de un contrato a la filial del grupo español TCB en Guatemala, que fue accionista mayoritario a través de la empresa familiar Pérez y Cía.

Los nueve herederos de los tres hermanos Pérez Maura, Ramiro, Borja y Jaime, eran potenciales beneficiarios de los activos ocultos en la Fundación Fuentas, con sede en Liechtenstein, en caso de fallecimiento del matrimonio. Según fuentes cercanas a la familia, son los últimos de una larga lista. “Es un dinero que está en la familia desde hace cuatro generaciones, al menos”, explican.

Gonzalo Fernández de la Mora, fallecido en 2002, fue un dirigente clave en el tardofranquismo que ocupó la cartera de Obras Públicas a partir de 1970, bajo la presidencia de Luis Carrero Blanco y hasta 1974. Antes había desempeñado una exitosa carrera diplomática en la dictadura con distintas paradas en consulados tan codiciados como Fráncfort, Bonn y Atenas.

Criado en una familia muy conservadora -su padre fue coronel del cuerpo jurídico militar y su madre, de ascendientes monárquicos, era hija de un ministro de Isabel II- durante la Transición, Gonzalo Fernández de la Mora fundó Unión Nacional Española, que después se integró en Alianza Popular, lo que aupó al exministro del régimen a la vicepresidencia de AP. El periodismo de la época lo situó dentro del denominado grupo de “los siete magníficos de Alianza Popular” junto a otros fundadores del partido: Manuel Fraga (cabeza visible de Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), y Licino de la Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA) y Licinio de la Fuente (Reforma Social).

Padre de cuatro hijos, Isabel, Gonzalo, Juan Luis y Sandra, una de ellas, Isabel, ha ocultado al menos desde 2003 más de 640.000 euros en Suiza, según la investigación de Los Papeles de la Castellana. La cuenta se abrió apenas un año después del fallecimiento de su padre. Su hijo Gonzalo Fernández de la Mora Varela es director de la revista “Razón española” que fundó su padre y que en 2013 cumplió 30 años.

Fernández de la Mora ocupó un escaño por Pontevedra tras las elecciones constituyentes y allí entabló relación con un joven registrador de la propiedad con el que estaba lejanamente emparentado llamado Mariano Rajoy Brey. La entrada del hoy presidente del Gobierno en Alianza Popular fue precisamente a través de Unión Nacional Española, partido en el que militó, convertido en discípulo de las teorías que Fernández de la Mora explicitó en su libro más famoso, El crepúsculo de las ideologías, un tratado ideológico que asumía la desigualdad como algo inherente al ser humano y calificaba a quienes proponían luchar contra ella como “envidiosos”. El ensayo coqueteaba con las teorías supremacistas.

Etiquetado como uno de los inmovilistas del Régimen, Fernández De la Mora abandonó esas siglas cuando Alianza Popular recomendó el voto a favor de la Constitución. Rajoy, entretanto, siguió su camino en la política gallega alineado con alguna de las tesis de su mentor, como la que le llevó a escribir un polémico artículo en el diario Faro de Vigo –ya como presidente de la Diputación de Pontevedra– que tituló “Igualdad y modelos de sociedad”. En aquella tribuna Rajoy citaba el libro “magistral” de Fernández de la Mora para legitimar, él también, las desigualdades sociales y políticas y deslizar los beneficios que ofrece a la sociedad las diferencias basadas en la estirpe.

El exministro franquista siguió todavía unos años como cara del partido Derecha Democrática Española, que propugnaba reformar la Constitución, y escribió numerosos ensayos y artículos siempre defendiendo posiciones muy conservadoras.

En 2002, tras la muerte de Gonzalo Fernández de la Mora, ABC, periódico en el que colaboraba como editorialista, definió así su trayectoria como ministro de Obras Públicas del franquismo: “Dobló los créditos presupuestarios para carreteras y terminó el acondicionamiento de la red principal, elaboró la Ley General de Autopistas (adjudicando 1.500 kilómetros), redujo al mínimo el déficit de Renfe e inició la construcción de la gran estación ferroviaria madrileña de Chamartín, dobló la red del metro de Madrid y Barcelona y resolvió el abastecimiento de agua a Madrid”.