El perito de la Agencia Tributaria encargado de analizar las cuentas de la presunta trama corrupta del 'caso Osvaldos' declaró este miércoles en el juicio en el que Sergio Blasco, sobrino del exconseller del PP Rafael Blasco, figura como principal acusado en el banquillo. El perito, con casi cuatro décadas de experiencia, concluyó que el “principal perceptor” de los fondos de la presunta trama corrupta fue Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de València.

El inspector de Hacienda, a requerimiento del juez instructor de la causa, analizó las cuentas bancarias de las numerosas empresas que formaban parte de la supuesta trama corrupta. El perito estableció varias clases de mercantiles. Por un lado, las firmas que recibían adjudicaciones públicas de la sanidad pública valenciana (que cifró en un total de 32 millones de euros). Y, en un segundo escalón, las empresas 'zombis' (sin trabajadores ni actividad comercial aparente) que abonaban gastos personales de Sergio Blasco y su familia.

Se trata, según detalló a preguntas de la fiscal anticorrupción, Adoración Cano, de sociedades que “son solo nombres que no tienen personal y no tienen carácter de verdadera empresa que realiza una actividad”. Sus ingresos se limitaban a los abonos por parte de las mercantiles que resultaban adjudicatarias de contratos públicos. Con esos fondos, asumían “determinado tipo de gastos de carácter particular” del principal acusado, tales como la adquisición de vehículos para Blasco y para su esposa.

Esas supuestas empresas pantalla movieron un total de 1,1 millones de euros. El perito de la Agencia Tributaria repasó una a una las sociedades, empezando por Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, propiedad del hermano de Sergio Blasco. Esta firma recibió más de 459.000 euros de sociedades adjudicatarias de la sanidad pública, a pesar de no contar con empleados.

El perito también detectó que, sistemáticamente, por cada ingreso que recibía la empresa, a la semana siguiente, se registraba una salida. “Parece la necesidad de un determinado gasto la que da lugar a que haya ese ingreso”, aventuró. La firma pagó gastos personales de Blasco como viajes e incluso el pase al palco del Valencia Basket. Solía facturar con denominaciones genéricas como “consultoría” o “asesoramiento”.

Con otra de las empresas —Tamazula SL, administrada por un supuesto testaferro— también se adquirieron automóviles y servicios y se abonaron “compras particulares” de Sergio Blasco y su esposa, según las conclusiones del perito, que no consideraba “factible” que los importes facturados por la sociedad se correspondieran con una actividad real. Una de las personas vinculada a la empresa era una “empleada de hogar”.

La firma Vamont Consulting, por su parte, sufragó pagos que nada tenían que ver con su objeto social, tales como abonos en una pastelería, viajes, coches y gasolina. Una de las sobrinas de Sergio Blasco constaba como trabajadora de la empresa.

De los 358.000 euros que recibió de las sociedades que resultaron adjudicatarias de contratos públicos, 263.000 euros se destinaron a “sufragar pagos a Sergio Blasco y su familia”, según ratificó el perito en el juicio oral. En otra de las firmas (Out Log SL), Augusto César Tauroni, testaferro de Rafael Blasco, mantuvo participaciones hasta 2005.

La “figura principal” de los movimientos bancarios

Sergio Blasco fue, según las conclusiones del perito, la “figura principal” de los movimientos bancarios analizados, sirviéndose el acusado de “personas físicas que pertenecen a su círculo de confianza”.

Por su parte, el abogado de la defensa de Sergio Blasco cuestionó que el perito no usara para su análisis el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las actividades del exgerente del Hospital General de València en Perú. La pieza separada relativa a la construcción de dos hospitales en Lima fue archivada durante la instrucción de la causa.

El letrado insinuó que los pagos que recibió Blasco se correspondían a su actividad internacional, especialmente en África y América Latina. También destacó que el acusado fue consultor de la ONU y que cuenta con “distintos másteres en dirección de proyectos sanitarios”. El perito cuestionó, a su vez, que se usaran esas empresas para abonar gastos particulares.

Marciano Gómez, conseller de Sanidad del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, tuvo que hacer un hueco en su agenda oficial de este martes para comparecer ante la sección primera de la Audiencia de Valencia, en el juicio del 'caso Osvaldos', en el que Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial, figura como principal acusado de liderar la supuesta trama corrupta de saqueo de fondos públicos. De hecho, el conseller vació su agenda oficial de toda la jornada, según indica el portal de transparencia 'GVA Oberta'. Gómez esperó unas tres horas en la zona reservada a los testigos antes de acceder a la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia en la que se celebran las sesiones del juicio. Ante la primera pregunta del presidente del tribunal, el titular de la cartera de Sanidad reconoció haber mantenido una relación tanto profesional como de amistad con Sergio Blasco, cuyo tío fue conseller con el PSPV-PSOE y, tras su expulsión de las filas socialistas, con el PP valenciano en numerosas carteras. Luego fue condenado por corrupción. Marciano Gómez matizó que llevaba “mucho tiempo sin verlo”, en referencia a Sergio Blasco.

La fiscal anticorrupción, Adoración Cano, preguntó al conseller por los pagos a la presunta trama corrupta, por un importe total de 37.950 euros, de dos de sus empresas (actualmente inactivas). Fueron, según concluyó el juez instructor, unos abonos “sin justificación”. La representante del Ministerio Público tampoco parecía demasiado convencida por las explicaciones de Marciano Gómez. De hecho, la fiscal le preguntó a bocajarro si esos pagos eran “comisiones”, algo que el testigo negó de plano.

El conseller justificó los abonos por los supuestos trabajos de asesoría que Sergio Blasco habría elaborado para sus dos consultoras entre 2009 y 2011. Uno de los pagos, de 14.750 euros (en 2011), fue por un “voluminoso” informe sobre el sector sanitario en Perú, que fue “extraordinariamente útil” de cara a los clientes a los que Gómez ofrecía sus servicios.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción describió el informe aportado por Marciano Gómez para justificar los pagos y explicó que, a pesar de ser un documento ciertamente largo, apenas incluía “gráficos” sobre el sistema de salud peruano y una copia de una ley del mismo país. En un anexo, el informe de asesoramiento incluía “características generales de Perú como país”.

Por otro informe previo, “sucinto” pero “extraordinariamente útil”, una de las dos mercantiles de Marciano Gómez abonó 5.800 euros. Aunque eran pagos destinados a Sergio Blasco, según ha confirmado el testigo, se facturaron por empresas de la presunta trama corrupta. Una de ellas —Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, propiedad del hermano de Sergio Blasco, que también se sienta en el banquillo de los acusados— ni siquiera tenía actividad, tal como remarcó la fiscal Cano.

Los informes no estaban firmados. Gómez declaró que, seguramente, todo se trataría en alguna comida en restaurantes (nunca en el Hospital General de Valencia, ha dicho) y describió a Sergio Blasco como uno de los mejores conocedores del mercado sanitario en Perú, a pesar de ser el gerente de un hospital público valenciano. Otro de los pagos fue por una intermediación de Blasco.

El testigo aseguró que era “público y notorio” que el principal acusado tenía un amplio conocimiento sobre el mercado sanitario latinoamericano. Al actual conseller, en aquella época, le interesaba abrir esas “vías de negocio” para incluirlas en la cartera de servicios que ofrecía a su clientela.

La “condescendencia” de Sanidad con Sergio Blasco

Marciano Gómez también aludió a “cierta condescendencia” por parte de la Conselleria de Sanitat, que otorgó a Sergio Blasco una “compatibilidad” para pilotar importantes negocios al otro lado del charco, tales como la construcción de dos hospitales en Perú.

De hecho, Gómez contrafacturó, según la expresión usada en su testifical, a otra empresa que intentaba meter la cabeza en el proyecto de construcción de los dos hospitales en Lima, los centros de Callao y Villa María del Triunfo.

También destacó que el informe más voluminoso sobre el mercado peruano fue subrayado por él mismo, tal como consta tras ser incorporado a la causa. No solo hablaba del marco normativo, adujo Gómez. También de la cartera de servicios de distintas especialidades, de pacientes, del tipo de gestión sanitaria, de la distribución geográfica o de “si la sanidad era estatal o por comunidades o localidades”.

Marciano Gómez, conseller de Sanitat del Govern autonòmic de Carlos Mazón, va haver de fer un lloc en la seua agenda oficial de dimarts per a comparéixer davant la secció primera de l’Audiència de València, en el judici del cas Osvaldos, en què Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital Provincial, figura com a principal acusat de liderar la pretesa trama corrupta de saqueig de fons públics. De fet, el conseller va buidar la seua agenda oficial de tota la jornada, segons indica el portal de transparència Gva Oberta. Gómez va esperar unes tres hores en la zona reservada als testimonis abans d’accedir a la Sala Tirant de la Ciutat de la Justícia en què se celebren les sessions del judici. Davant la primera pregunta del president del tribunal, el titular de la cartera de Sanitat va reconéixer que havia mantingut una relació tant professional com d’amistat amb Sergio Blasco, l’oncle del qual va ser conseller amb el PSPV-PSOE i, després de la seua expulsió de les files socialistes, amb el PP valencià en nombroses carteres. Després va ser condemnat per corrupció. Marciano Gómez va matisar que estava “molt de temps sense veure’l”, en referència a Sergio Blasco.

La fiscal anticorrupció, Adoración Cano, va preguntar al conseller pels pagaments a la presumpta trama corrupta, per un import total de 37.950 euros, de dues de les seues empreses (actualment inactives). Van ser, segons va concloure el jutge instructor, uns abonaments “sense justificació”. La representant del ministeri públic tampoc semblava massa convençuda per les explicacions de Marciano Gómez. De fet, la fiscal li va preguntar a boca de canó si aquests pagaments eren “comissions”, cosa que el testimoni va negar de pla.

El conseller va justificar els abonaments pels pretesos treballs d’assessoria que Sergio Blasco hauria elaborat per a les seues dues consultores. Un dels pagaments, de 14.750 euros (el 2011), va ser per un “voluminós” informe sobre el sector sanitari al Perú, que va ser “extraordinàriament útil” amb vista als clients a qui Gómez oferia els seus serveis.

No obstant això, la fiscal anticorrupció va descriure l’informe aportat per Marciano Gómez per a justificar els pagaments i va explicar que, malgrat ser un document certament llarg, a penes incloïa “gràfics” sobre el sistema de salut peruà i una còpia d’una llei del mateix país. En un annex, l’informe d’assessorament incloïa “característiques generals del Perú com a país”.

Per un altre informe previ, “succint” però “extraordinàriament útil”, una de les dues mercantils de Marciano Gómez va abonar 5.800 euros. Encara que eren pagaments destinats a Sergio Blasco, segons ha confirmat el testimoni, es van facturar per empreses de la presumpta trama corrupta. Una d’aquestes –Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, propietat del germà de Sergio Blasco, que també s’asseu en el banc dels acusats– ni tan sols tenia activitat, tal com va remarcar la fiscal Cano.

Els informes no estaven signats. Gómez va declarar que, segurament, tot es degué tractar en algun dinar en restaurants (mai a l’Hospital General de València, ha dit) i va descriure Sergio Blasco com un dels millors coneixedors del mercat sanitari al Perú, malgrat que era el gerent d’un hospital públic valencià. Un altre dels pagaments va ser per una intermediació de Blasco.

El testimoni va assegurar que era “públic i notori” que el principal acusat tenia un ampli coneixement sobre el mercat sanitari llatinoamericà. A l’actual conseller, en aquella època, li interessava obrir aquestes “vies de negoci” per a incloure-les en la cartera de serveis que oferia a la seua clientela.

La “condescendència” de Sanitat amb Sergio Blasco

Marciano Gómez també va al·ludir a “una certa condescendència” per part de la Conselleria de Sanitat, que va atorgar a Sergio Blasco una “compatibilitat” per a pilotar negocis importants a l’altra banda de la bassa gran, com ara la construcció de dos hospitals al Perú.

De fet, Gómez va contrafacturar, segons l’expressió usada en la seuau testifical, a una altra empresa que intentava ficar el cap en el projecte de construcció dels dos hospitals a Lima, els centres de Callao i Villa María del Triunfo.

També va destacar que l’informe més voluminós sobre el mercat peruà va ser subratllat per ell mateix, tal com consta després de ser incorporat a la causa. No sols parlava del marc normatiu, va adduir Gómez. També de la cartera de serveis de diferents especialitats, de pacients, del tipus de gestió sanitària, de la distribució geogràfica o “si la sanitat era estatal o per comunitats o localitats”.

Marciano Gómez, conseller de Sanidad del Gobierno de Carlos Mazón, ha reconocido ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que juzga la presunta trama del 'caso Osvaldos' que sus empresas privadas pagaron un total de 37.950 euros a mercantiles de la presunta trama por supuestos trabajos de asesoramiento por parte de Sergio Blasco, principal acusado en la causa y sobrino del exconseller popular Rafael Blasco.

La fiscal anticorrupción, Adoración Cano, ha aludido a uno de los informes, que a pesar de ser voluminoso, apenas incluía “gráficos” sobre el sistema de salud peruano y la copia de una ley. Gómez, que ha esperado más de tres horas para declarar como testigo, ha enmarcado los pagos en las labores de asesoría que sus dos empresas hacían para clientes del sector sanitario.

El último pago de la firma del actual conseller fue de 14.750 euros. Gómez ha explicado que se trataba de un pago para la intermediación: “Nos proporcionaba los contactos y la información pertinente”.

Los pagos se hicieron a la empresa Vamont y a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo (esta última firma, propiedad del hermano de Sergio Blasco). En 2009, Marciano Gómez pagó 5.800 euros a Vamont en 2009, y 14.750 euros en 2011. El último pago fue de 14.750 euros en 2011.

El primer pago se correspondía a un informe “sucinto”, aunque “extraordinariamente útil”, según ha matizado. Con esa primera aproximación al mercado peruano, Marciano Gómez pagó por un segundo informe más amplio. Gómez ha destacado que el documento era “voluminoso”.

Las “vías de negocio” en América Latina

El titular de Sanidad ha dicho que mantenía una relación profesional y de amistad con Sergio Blasco mientras éste era director gerente del Hospital Provincial de Valencia. Marciano Gómez también ha declarado que Blasco era una de las personas que más conocía el sector sanitario en Perú, motivo por el cual pagó por supuesto trabajos de asesoramiento sobre ese país.

“Era público y notorio que Sergio Blasco tenía mucho conocimiento de ese impulso sanitario que se daba en Perú”, ha afirmado Gómez.

El exgerente del Hospital General de València impulsaba en aquella época la construcción de dos hospitales en Lima, un proyecto investigado en una pieza separada del procedimiento del 'caso Osvaldos' que fue finalmente archivada.

A Gómez le interesaban las “vías de negocio” en América Latina, en un contexto de crisis en Europa.

Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y principal acusado de la presunta trama del saqueo de la sanidad pública, vivió este martes la peor sesión del juicio del 'caso Osvaldos', en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide 20 años de prisión. Una de las acusadas, tras alcanzar un pacto con Anticorrupción, confesó todo en la sala mientras Blasco seguía en silencio y atentamente una declaración que supuso un grave aprieto para su defensa. Si en la primera sesión las defensas arremetieron casi al unísono contra la esencia de la compleja causa y el papel de la acusación pública, pidiendo la nulidad del procedimiento, en la segunda sesión se toparon con que el juicio seguía su curso con una de las acusadas tirando de la manta.

Mientras que las defensas consideraban que la querella inicial de Anticorrupción era una mera “expedición de pesca” de indicios o “causa general”, proscrita de plano en el ordenamiento jurídico español, el auto dictado el pasado 22 de septiembre por el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia concluyó que el procedimiento se inició “correctamente” y “sin una finalidad prospectiva”.

La querella del Ministerio Fiscal, tras un escrito de denuncia en 2014 de Marina Albiol, entonces diputada autonómica de Esquerra Unida, relataba “de forma pormenorizada” los hechos supuestamente delictivos. “Lejos de tratarse de una investigación prospectiva, se trata de una investigación cuyo objeto está perfectamente delimitado y éste, tal y como se describe en la querella, reviste caracteres de delito”, afirmaba la resolución.

“En este momento”, remachaba el auto, “no existe base para decretar ninguna nulidad”. El tribunal también acordó que Gisela Samudio, la acusada que ha confesado, declarara en primer lugar, tal como había solicitado en la primera sesión la abogada que ejerce su defensa. La confesión de Samudio, que ha consignado 20.000 euros para afrontar la responsabilidad civil, dejó a Blasco a los pies de los caballos.

La fiscal Adoración Cano fue por orden cronológico en su detallado interrogatorio y preguntó a la acusada cómo conoció a Sergio Blasco, sobrino de Rafael Blasco (que fue conseller de Sanidad del Gobierno de Francisco Camps). Gisela Samudio, diseñadora, hizo algún trabajo para el Hospital General de Valencia por intermediación de su hermana gemela, Mónica, responsable de prensa del centro sanitario.

Blasco quiso conocerla y quedaron los tres en un restaurante del barrio del Carmen. “La segunda vez que quedamos él y yo solos comenzamos una relación sentimental muy discreta”, declaró la acusada. El entonces gerente le propuso crear Identiart SL, una empresa “para empezar a trabajar y funcionar”.

En la documentación hallada por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el registro del domicilio de la diseñadora, se detallaba el reparto de las aportaciones a la sociedad mercantil: además de Francisco Escandell, considerado el presunto testaferro del exgerente del hospital, figuraba una misteriosa X. Escandell aportó 18.000 euros mientras que el tal X puso 7.000 euros.

La pregunta era evidente: ¿Quién era X? Gisela Samudio respondió firme: “La X es Sergio Blasco”. El aludido, según recordaba la mujer, le dijo: “Tenemos una relación privada y no tienes que estar poniendo mi nombre en ningún sitio, seguí sus indicaciones”.

Por su parte, con Francisco Escandell habló apenas “tres o cuatro veces”. La empresa empezó a trabajar para el Hospital General de Valencia, para su fundación y para firmas adjudicatarias de ambas instituciones públicas. “Yo me dedicaba más a la parte creativa y Sergio a la parte de gestión”, declaró la acusada.

Pagos de una farmacéutica

La fiscal le preguntó específicamente por los pagos de la farmacéutica Janssen: “¿Se encargó de todo esto Sergio?”. “Sí”, respondió Samudio. La firma pagó en 2007 a Identiart SL algo más de 55.000 euros, que fueron a parar a la empresa Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, cuyo primer accionista fue Escandell. Su sucesor como administrador de la sociedad fue el hermano de Sergio, Francisco José Blasco, que también se sienta en el banquillo de los acusados.

De los 69.000 euros que abonó la farmacéutica en 2008, 42.000 euros acabaron en el bolsillo de Blasco, según los informes policiales. La fiscal también se refirió a llamativas coincidencias de cifras: los 69.000 euros corresponden también a un pago de Janssen a una imprenta por inserciones publicitarias del Hospital General de Valencia. Las inserciones, afirmó Samudio, “se gestionaban” en el gabinete de comunicación del hospital público. Se trataba de la “misma cantidad”, destacó la representante de Anticorrupción.

En otra tanda de preguntas, también afloró una serie de mercantiles “más pequeñas” que también aparecen en la facturación. “La mayoría de esas empresas formaban parte de Engloba”, dijo la acusada en referencia al conocido grupo de comunicación valenciano en el que su hermana había trabajado antes de incorporarse al gabinete de comunicación del hospital.

Las “instrucciones”, remachó, “las daba Sergio”. La empresa conjunta también fue contratada para “nutrir” la página web del hospital (facturó 143.000 euros).

La firma cobró 11.000 euros de Tamazula SL, que también administraba Francisco Escandell. La acusada se sorprendió cuando la fiscal desgranó algunas sociedades a las que Identiart SL pagaba a pesar de haberles prestado servicios. Era Blasco, reiteró, quien se encargaba de la facturación.

La fiscal también preguntó a la acusada si alguna vez se planteó que estuviera cometiendo irregularidades, al ser su socio el gerente del hospital: “Es muy complicado, Sergio Blasco es brillante gestionando, a mí me habían dicho que era de los mejores gestores que había en España. Gestiona, manda, cuando estás a su lado los problemas los gestiona él, yo no iba a dudar de mi pareja”.

En 2010 se acabó el negocio. La empresa no tenía “dinero para pagar el alquiler ni para seguir”. La relación mercantil y sentimental decayó, según la acusada. Gisela Samudio guardó en su casa la documentación de la empresa que acabó en manos de la UDEF y que sirvió a Anticorrupción para apuntalar la acusación. La confesión de la diseñadora acabó de cerrar el círculo.

La acusada, al letrado de Blasco: “Usted llamó a mi abogada”

Tras la fiscal, fue el turno del abogado de Blasco, quien le preguntó el motivo por el que en la fase de instrucción dijo exactamente lo contrario que en el juicio y negó que la X correspondiera al sobrino de Rafael Blasco. La acusada no se arredró: “Usted llamó a mi abogada para decirle que qué pasaba con la X, que guardáramos silencio. Sergio se intentó poner en contacto conmigo por esa X. No tenía obligación de decir la verdad”.

Además de Marina Albiol, la primera denunciante de los hechos, también declaró un profesional de la sanidad al que Sergio Blasco encargó montar dos hospitales en Perú. El testigo confirmó que Blasco acudió a Perú: “Nos reuníamos y daba su opinión al respecto”. El proyecto incluía a conocidas empresas españolas proveedoras y adjudicatarias del Hospital General de Valencia.

Por otro lado, el exjefe del servicio jurídico del hospital, Bernardino Giménez, defendió su aval a uno de los principales contratos adjudicados a la presunta trama. “Desde el punto de vista sustantivo no había razón de reparo alguno”, adujo frente al firme escepticismo de la fiscal anticorrupción.

El mismo testigo también firmó el informe de compatibilidad para que Sergio Blasco trabajara en el extranjero (además de Perú también hubo proyectos en otros países como Guinea Ecuatorial o Angola). “El contrato de alta dirección es un contrato de servicio, si las partes establecen que pueden mantener relaciones internacionales es lo que acuerdan las partes”, dijo Giménez. El informe avalaba la “actividad docente” y las “colaboraciones internacionales”.

La última declaración testifical fue de las más llamativas de la ajetreada sesión del juicio. El empresario S. C. M. no recordaba haberse presentado a la adjudicación millonaria de la logística del hospital público, que ganó una de las sociedades de la presunta trama pese a que su mercantil figura en la documentación en manos de la fiscal.

Su empresa, explicó, se dedica a la logística, pero del sector naviero, industrial y siderúrgico. Nunca presentó ninguna oferta al “ámbito sanitario”.

Una de las acusadas en el juicio del 'caso Osvaldos' ha cantado la Traviata: “La X es Sergio Blasco”. La frase, corta y certera, ha dado un vuelco al juicio a la presunta trama del saqueo de la sanidad pública valenciana, en la segunda sesión de la vista. Gisela Samudio, diseñadora, ha confirmado que Sergio Blasco, sobrino del exconseller del PP condenado varias veces por corrupción, le propuso crear una empresa de la que el exgerente del Hospital General de Valencia, principal acusado, era propietario en la sombra junto con el presunto testaferro Francisco Escandell, que también se sienta en el banquillo. El aludido, situado en la sala al lado de su letrado, ha seguido con atención la confesión, que supone un auténtico torpedo contra la línea de flotación de su defensa.

Gisela Samudio, quien en la primera sesión de la vista pidió declarar la primera, incluso antes que los testigos, ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y ha desvelado detalles de la presunta trama de saqueo de la sanidad pública valenciana. La mujer ha consignado 20.000 euros para asumir la responsabilidad civil.

En respuesta a un detallado interrogatorio de la fiscal Adoración Cano, la acusada ha reconocido que “la X” que aparece en una documentación sobre la empresa creada, intervenida en su domicilio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, correspondía “a Sergio Blasco”.

De hecho, ha abundado en esa tesis varias veces. En un segundo interrogatorio por parte del abogado de Sergio Blasco, la mujer ha explicado el motivo por el que en la fase de instrucción negó que “la X” fuera el principal acusado. “Usted”, ha espetado la letrada, “llamó a mi abogada para decirle que qué pasaba con la X, que guardáramos silencio. Sergio intentó ponerse en contacto conmigo por esa X. No tenía obligación de decir la verdad [al figurar como investigada]”.

El letrado de la defensa de Blasco ha tratado de desacreditar el testimonio de Samudio, aunque ha salido trasquilado. “X era Sergio Blasco”, ha reiterado en tono firme la acusada ante la mirada satisfecha de la fiscal anticorrupción.

Sergio Blasco pilotaba la “gestión” de la empresa

Gisela Samudio ha explicado que, a través de su hermana Mónica, responsable de prensa del Hospital General de Valencia, conoció a Sergio Blasco, con quien mantuvo una “relación sentimental muy discreta”, según ha declarado.

El entonces gerente del centro sanitario público, le propuso crear una empresa —Identiart— que financió él junto con su presunto testaferro, Francisco Escandell.

La mujer ha reiterado varias veces que ella se encargaba de la “parte creativa” y que Sergio Blasco pilotaba la “gestión” de la sociedad.

La firma empezó a trabajar para ayuntamientos como el de Almoradí, para empresas privadas y, especialmente, para el Hospital General de Valencia y su fundación pública.

Blasco, según la acusada, daba siempre “las instrucciones”. Fue el acusado quien le dijo que pusiera una X en la documentación sobre los pagos, según ha declarado.

La primera testigo: Marina Albiol, exdiputada de Esquerra Unida

Por su parte, la exdiputada autonómica Marina Albiol, de Esquerra Unida, ha sido la primera testigo de la causa. Fue la parlamentaria que firmó el escrito inicial de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Albiol ha ratificado la denuncia y ha relatado cómo se iniciaron las pesquisas.

Tras recibir una llamada anónima en el grupo parlamentario en el que una garganta profunda daba una pista clave, se pidieron datos al Registro Mercantil y se solicitaron expedientes. “A partir de ahí salieron otras empresas, vimos que había una serie de relaciones y adjudicaciones que podían ser sospechosas”, ha declarado.

Una de las abogadas de las defensas, oriunda de Madrid, ha pedido un traductor al no haber entendido “prácticamente nada” de lo que declaraba, en valenciano, Marina Albiol. Aun reconociendo la “inmensa riqueza lingüística”, la letrada ha pedido al presidente del tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que requiriera a la testigo que hablara en castellano.

Sin embargo, el magistrado le ha recordado que Albiol estaba en su derecho. “Esta defensa tiene derecho a entenderla y necesitaría traducción”, ha pedido. El presidente del tribunal ha sugerido que se suspendiera la testifical en caso de que se necesitara un traductor.

La testigo ha recordado que se expresa en una de las lenguas oficiales del País Valenciano y ha afirmado que no le parecía “justo” que tuviera que volver otro día, con lo que ello supone en materia de conciliación laboral y familiar. “Tengo derecho a hablar en valenciano, sería como un castigo”, ha manifestado.

La fiscal anticorrupción, valencianohablante, se ha ofrecido a ejercer de traductora. Sin embargo, en el resto de la declaración ya no ha sido necesario y la letrada, aparentemente, lo ha entendido todo.

Marciano Gómez, conseller de Sanitat del Govern autonòmic de Carlos Mazón, ha sigut citat a declarar com a testimoni en el judici del cas Osvaldos, esdevingut davant la secció primera de l’Audiència Provincial de València. Sergio Blasco, ex-director gerent de l’Hospital Provincial de València i nebot de l’exconseller del PP Rafael Blasco, figura com el principal acusat de liderar una presumpta trama de saqueig de la sanitat pública a què dues consultores del conseller Gómez van abonar pagaments dubtosos. En el banc dels acusats també s’asseuen un germà i un nebot de Sergio Blasco, actualment directiu d’un hospital de la República Dominicana, a més de diversos empresaris que pretesament van participar en la xarxa corrupta. La fiscal anticorrupció ha repassat alguns dels pagaments a la presumpta xarxa i ha destacat, com ja va fer el jutge instructor, que les empreses de Marciano Gómez van pagar “sense cap justificació”.

El conseller de Sanitat de Mazón ha sigut citat el pròxim 22 d’octubre, en la tanda de testimonis sol·licitats a petició de la Fiscalia Anticorrupció, segons ha pogut confirmar elDiario.es. Dues consultores de Marciano Gómez, tal com va informar aquest diari, van pagar fons a empreses de la presumpta trama. Unes mercantils que, tal com va acreditar la instrucció del cas Osvaldos, van acabar abonant nombroses despeses personals de Sergio Blasco, com ara viatges a l’estranger, vehicles i terrenys, entre altres.

L’actual conseller compatibilitzava la seua faena de metge en la sanitat pública valenciana amb l’administració de dues consultores (Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL i Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL). La primera de les firmes va abonar 20.000 euros a Vamont Consulting SL, una empresa clau de la trama usada per a la construcció de dos hospitals privats al Perú (peça separada que es va arxivar finalment).

D’altra banda, Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL va pagar 17.400 euros a Corporación Sanitaria del Mediterréneo SL, empresa l’accionista de la qual era el germà de Sergio Blasco i que va abonar el pagament de diversos viatges a l’estranger de l’exgerent de l’Hospital Provincial i d’altres membres de la trama i fins i tot un vehicle Mercedes classe M i un passe per a la llotja vip en l’estadi del Valencia Basket durant dues temporades, entre altres despeses.

El jutge que va investigar la presumpta trama no el van convéncer les explicacions sobre els pagaments que va fer Marciano Gómez en la seua declaració com a testimoni durant la fase d’instrucció (abans de ser nomenat conseller de l’executiu de Mazón). Gómez, segons diu la interlocutòria de procediment abreujat, va abonar un total de 37.400 euros a les firmes de la trama “sense cap justificació”.

L’actual titular de Sanitat va declarar que va fer els pagaments “per indicació de Sergio Blasco” i que “no coneixia de res” les mercantils a què va abonar els diners. També va especificar que es tractava d’“uns fulls” amb informació sobre “uns hospitals al Perú que li va donar Sergio mateix”.

La resolució considerava que la consultoria sobre “pretesos projectes a Llatinoamèrica” no tenia “cap justificació documental”. A més, segons reblava, els pagaments van coincidir “en quantitat i dates” amb les transferències de Vamont Consulting SL a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, la firma que abonava les despeses particulars de Sergio Blasco i la seua família.

Una acusada demana declarar la primera

La defensa d’una de les acusades –Gisela Samudio, administradora d’una de les mercantils i definida per l’instructor com una “persona molt vinculada” a l’exgerent de l’Hospital Provincial– ha demanat declarar la primera, fins i tot abans que les testificals dels testimonis. El president del tribunal ha acordat que declare a l’inici de la sessió següent programada en el calendari del judici el pròxim 23 de setembre.

L’acusada, malgrat la seua “capacitat econòmica escassíssima”, segons la seua lletrada, ha consignat 20.000 euros per a afrontar part de la responsabilitat civil.

La fiscal anticorrupció ha deixat caure que la dona declararà a canvi que se li reconeguen possibles atenuants per reparació del mal causat o per a identificar a responsables de la presumpta trama. La defensa de la dona ha lamentat que la “peça de caça” per als investigadors de la causa sempre va ser l’exconseller Rafael Blasco i que les perquisicions van anar “ampliant-se” fins a arribar al nebot de l’expolític del PP i als empresaris que s’asseuen en el banc dels acusats. 

Una investigació “omnímoda”, segons les defenses

El juí ha arrancat dimarts amb la sessió de qüestions prèvies, en què les defenses han demanat a l’uníson la nul·litat de la causa, la instrucció de la qual consideren prospectiva. El lletrat d’un dels empresaris que s’asseuen en el banc dels acusats ha afirmat: “Pocs exemples he vist tan clars d’inici d’una investigació prospectiva”.

Les perquisicions es van iniciar el 2014 arran d’una denúncia d’Esquerra Unida i una querella posterior de la Fiscalia Anticorrupció. Una de les lletrades ha defensat que es tracta d’una “investigació omnímoda” i ha recordat que “dues habitacions” de la Ciutat de la Justícia de València acullen nombroses caixes amb documentació sobre diversos hospitals. Un altre dels advocats ha assegurat que es jutja una “causa general” i ha criticat la denúncia inicial de la diputada Marina Albiol.

Per part seua, la defensa de l’empresari Miguel Sanfélix ha assegurat que la parlamentària va aportar “únicament un quadre esquemàtic”, en referència a un croquis detallat de les relacions societàries de les empreses de la presumpta trama. “Amb fotografies molt boniques, això sí”, ha concedit el lletrat.

Comissions per a “beneficiar-se de manera il·lícita”, segons la fiscal

La representant de la Fiscalia Anticorrupció ha recordat, per contra, que la secció segona de l’Audiència Provincial de València va avalar la instrucció de la causa i va desestimar els recursos de les defenses contra la interlocutòria d’obertura de judici oral. En un to molt tècnic, la fiscal ha qüestionat una per una les al·legacions de les defenses i ha apuntalat l’inici de les perquisicions.

També ha recordat que la jurisprudència més recent del Tribunal Suprem no exigeix indicis de criminalitat “poderosos” per a obrir una investigació, tan sols que es verifique la “versemblança” dels fets denunciats. Tal com va passar en les albors del cas Osvaldos, amb una sèrie de diligències preprocessals per part d’Anticorrupció que va propiciar la querella del ministeri públic.

Es van obrir tres peces separades i només una ha arribat a judici. Una de les peces que es va arxivar –la “branca andina”– va ser la dels negocis de la presumpta trama al Perú. “Des del començament de la causa es va confirmar la versemblança” dels fets denunciats, ha explicat la fiscal.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional es va fer càrrec de la investigació. En el sumari consten informes de la Intervenció General de l’Estat que van acreditar presumptes irregularitats en adjudicacions a la pretesa xarxa.

La fiscal anticorrupció ha al·ludit al “cobrament” de presumptes comissions a preteses empreses pantalla “semiactives o inactives” per a “beneficiar-se de manera il·lícita”.

Marciano Gómez, conseller de Sanidad del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, ha sido citado a declarar como testigo en el juicio del 'caso Osvaldos', celebrado ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia. Sergio Blasco, exdirector gerente del Hospital Provincial de Valencia y sobrino del exconseller del PP Rafael Blasco, figura como el principal acusado de liderar una presunta trama de saqueo de la sanidad pública a la que dos consultoras del conseller Gómez abonaron pagos dudosos. En el banquillo de los acusados también se sientan un hermano y un sobrino de Sergio Blasco, actualmente directivo de un hospital de la República Dominicana, además de varios empresarios que supuestamente participaron en la red corrupta. La fiscal anticorrupción ha repasado algunos de los pagos a la presunta red y ha destacado, como ya hizo el juez instructor, que las empresas de Marciano Gómez pagaron “sin justificación alguna”.

El conseller de Sanidad de Mazón ha sido citado por el tribunal el próximo 22 de octubre, en la tanda de testigos solicitados a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según ha podido confirmar elDiario.es. Dos consultoras de Marciano Gómez, tal como informó este periódico, pagaron fondos a empresas de la presunta trama. Unas mercantiles que, tal como acreditó la instrucción del 'caso Osvaldos', acabaron abonando numerosos gastos personales de Sergio Blasco, tales como viajes al extranjero, vehículos y terrenos, entre otros.

El actual conseller compatibilizaba su trabajo de médico en la sanidad pública valenciana con la administración de dos consultoras (Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL e Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL). La primera de las firmas abonó 20.000 euros a Vamont Consulting SL, una empresa clave de la trama usada para la construcción de dos hospitales privados en Perú (pieza separada que fue finalmente archivada).

Por otro lado, Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL pagó 17.400 euros a Corporación Sanitaria del Mediterráneo SL, empresa cuyo accionista era el hermano de Sergio Blasco y que abonó el pago de varios viajes al extranjero del exgerente del Hospital Provincial y de otros miembros de la trama e incluso un vehículo Mercedes Clase M y un pase para el palco VIP en el estadio del Valencia Basquet durante dos temporadas, entre otros gastos.

Al juez que investigó la presunta trama no le convencieron las explicaciones sobre los pagos que dio Marciano Gómez en su declaración como testigo durante la fase de instrucción (antes de ser nombrado conseller del Ejecutivo de Mazón). Gómez, según reza el auto de procedimiento abreviado, abonó un total de 37.400 euros a las firmas de la trama “sin justificación alguna”.

El actual titular de Sanidad declaró que hizo los pagos “por indicación de Sergio Blasco” y que “no conocía de nada” a las mercantiles a las que abonó el dinero. También especificó que se trataba de “unos folios” con información sobre “unos hospitales en Perú que le dio el propio Sergio”.

La resolución consideraba que la consultoría sobre “supuestos proyectos en Latinoamérica” no tenía “justificación documental alguna”. Además, según remachaba, los pagos coincidieron “en cuantía y fechas” con las transferencias de Vamont Consulting SL a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, la firma que abonaba los gastos particulares de Sergio Blasco y su familia.

Una acusada pide declarar la primera

La defensa de una de las acusadas —Gisela Samudio, administradora de una de las mercantiles y definida por el instructor como una “persona muy vinculada” al exgerente del Hospital Provincial— ha pedido que declare la primera, incluso antes que las testificales de los testigos. El presidente del tribunal ha acordado que declare al inicio de la siguiente sesión programada en el calendario del juicio, el próximo 23 de septiembre.

La acusada, a pesar de su “capacidad económica escasísima”, según su letrada, ha consignado 20.000 euros para afrontar parte de la responsabilidad civil.

La fiscal anticorrupción ha dejado caer que la mujer declarará a cambio de que se le reconozcan posibles atenuantes por reparación del daño causado o para identificar a responsables de la presunta trama. La defensa de la mujer ha lamentado que la “pieza de caza” para los investigadores de la causa siempre fue el exconseller Rafael Blasco y que las pesquisas se fueron “ampliando” hasta llegar al sobrino del expolítico del PP y a los empresarios que se sientan en el banquillo. 

Una investigación “omnímoda”, según las defensas

El juicio ha arrancado este martes con la sesión de cuestiones previas, en la que las defensas han pedido al unísono la nulidad de la causa, cuya instrucción consideran prospectiva. El letrado de uno de los empresarios que se sientan en el banquillo ha afirmado: “Pocos ejemplos he visto tan claros de inicio de una investigación prospectiva”.

Las pesquisas se iniciaron en 2014 tras una denuncia de Esquerra Unida y una querella posterior de la Fiscalía Anticorrupción. Una de las letradas ha defendido que se trata de una “investigación omnímoda” y ha recordado que “dos habitaciones” de la Ciudad de la Justicia de València albergan numerosas cajas con documentación sobre varios hospitales. Otro de los abogados ha asegurado que se juzga una “causa general” y ha criticado la denuncia inicial de la diputada Marina Albiol, también citada como testigo.

Por su parte, la defensa del empresario Miguel Sanfélix ha asegurado que la parlamentaria aportó “únicamente un cuadro esquemático”, en referencia a un detallado croquis de las relaciones societarias de las empresas de la presunta trama. “Con fotografías muy monas, eso sí”, ha concedido el letrado.

Comisiones para “beneficiarse de forma ilícita”, según la fiscal

La representante de la Fiscalía Anticorrupción ha recordado, por el contrario, que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia avaló la instrucción de la causa y desestimó los recursos de las defensas contra el auto de apertura de juicio oral. En un tono muy técnico, la fiscal ha cuestionado una por una las alegaciones de las defensas y ha apuntalado el inicio de las pesquisas.

También ha recordado que la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo no exige “poderosos” indicios de criminalidad para abrir una investigación, tan solo que se verifique la “verosimilitud” de los hechos denunciados. Tal como ocurrió en los albores del 'caso Osvaldos', con una serie de diligencias preprocesales por parte de Anticorrupción que propició la querella del Ministerio Público.

Se abrieron tres piezas separadas y solo una ha llegado a juicio. Una de las piezas que se archivó —la “rama andina”— fue la de los negocios de la presunta trama en Perú. “Desde el principio de la causa se confirmó la verosimilitud” de los hechos denunciados, ha explicado la fiscal.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. En el sumario constan informes de la Intervención General del Estado que acreditaron presuntas irregularidades en adjudicaciones a la supuesta red.

La fiscal anticorrupción ha aludido al “cobro” de presuntas comisiones a supuestas empresas pantalla “semiactivas o inactivas” para “beneficiarse de forma ilícita”.

Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital Provincial de València i nebot d’un conseller condemnat pel desviament dels fons de Cooperació, s’enfronta a una petició de pena de 20 anys de presó i de 14 milions d’euros de multa per part de la Fiscalia Anticorrupció. La celebració del judici, en què s’asseurà en el banc dels acusats la presumpta xarxa corrupta, està prevista el mes vinent de setembre. Amb aquest panorama, el clan Blasco ha iniciat el procés de liquidació de Gestión Innovadora en Salud SL, l’empresa consultora vinculada accionarialment a Sergio Blasco i de la qual l’exgerent de l’Hospital Provincial va ser administrador únic entre el 2015 i el 2016, any en què el va substituir el seu germà Francisco, també processat en la causa. 

Francisco Blasco, segons indica el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, es va donar de baixa com a administrador únic el 24 de març passat. El germà de Sergio Blasco, segons la investigació del titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de València, va ser nomenat administrador d’una de les empreses de la presumpta trama corrupta, a pesar que desenvolupava “la seua activitat en l’àmbit agrari”. També figurava vinculat a l’adquisició i a la “recompra” d’altres firmes de la presumpta xarxa. 

El processat va ser nomenat liquidador únic de Gestión Innovadora en Salud SL el 31 de març passat. En la mateixa data, l’empresa, que ja consta com a extingida i que estava vinculada accionarialment a Sergio Blasco, es va dissoldre voluntàriament. 

Francisco Blasco va ser administrador de Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo i de Solana Cantal Gros, dues de les empreses que va usar la presumpta trama per a abonar despeses personals de l’exgerent de l’Hospital Provincial de València. La primera societat, segons la investigació, va ser “beneficiària” de pagaments per part d’algunes de les empreses de la presumpta xarxa corrupta que van ser adjudicatàries de contractes de la sanitat pública valenciana, especialment en conceptes d’assessorament i abonament de classes de formació. 

A pesar que Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo no tenia ni treballadors ni cap activitat, la firma va ingressar de la presumpta trama un total de 460.000 euros. 

L’empresa va abonar pagaments per a viatges de Sergio Blasco (a Las Vegas i a Costa Rica), abonaments per a dues temporades en una llotja VIP de l’estadi del Valencia Basket i el rènting d’un Mercedes classe M que usava habitualment l’exgerent de l’Hospital Provincial de València. La mateixa societat també va pagar a la dona de Sergio Blasco un curs de la Universitat de Navarra impartit a Madrid.

Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial de Valencia y sobrino de un conseller condenado por el desvío de los fondos de Cooperación, se enfrenta a una petición de pena de 20 años de prisión y de 14 millones de euros de multa por parte de la Fiscalía Anticorrupción. La celebración del juicio, en el que se sentará en el banquillo de los acusados la presunta red corrupta, está prevista el próximo mes de septiembre. Con este panorama, el clan Blasco ha iniciado el proceso de liquidación de Gestión Innovadora en Salud SL, la empresa consultora vinculada accionarialmente a Sergio Blasco y de la que el exgerente del Hospital Provincial fue administrador único entre 2015 y 2016, año en que lo sustituyó su hermano Francisco, también procesado en la causa.

Francisco Blasco, según indica el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se dio de baja como administrador único el pasado 24 de marzo. El hermano de Sergio Blasco, según la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de València, fue nombrado administrador de una de las empresas de la presunta trama corrupta, a pesar de que desarrollaba “su actividad en el ámbito agrario”. También figuraba vinculado a la adquisición y a la “recompra” de otras firmas de la presunta red.

El procesado fue nombrado liquidador único de Gestión Innovadora en Salud SL el pasado 31 de marzo. En la misma fecha, la empresa, que ya consta como extinguida y que estaba vinculada accionarialmente a Sergio Blasco, fue disuelta voluntariamente.

Francisco Blasco fue administrador de Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo y de Solana Cantal Gros, dos de las empresas que usó la presunta trama para abonar gastos personales del exgerente del Hospital Provincial de Valencia. La primera sociedad, según la investigación, fue “beneficiaria” de pagos por parte de algunas de las empresas de la presunta red corrupta que fueron adjudicatarias de contratos de la sanidad pública valenciana, especialmente en conceptos de asesoramiento y abono de clases de formación.

A pesar de que Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo no tenía ni trabajadores ni actividad alguna, la firma ingresó de la presunta trama un total de 460.000 euros.

La empresa abonó pagos para viajes de Sergio Blasco (a Las Vegas y a Costa Rica), abonos para dos temporadas en un palco VIP del estadio del Valencia Basquet y el 'renting' de un Mercedes clase M que usaba habitualmente el exgerente del Hospital Provincial de Valencia. La misma sociedad también pagó a la esposa de Sergio Blasco un curso de la Universidad de Navarra impartido en Madrid.

La Conselleria de Sanitat, que dirige el popular Marciano Gómez, ha adjudicado 18,2 millones de euros a la empresa Kanbanlog SL, propiedad de Miguel Sanfélix García. La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 16 años de prisión al empresario por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en el marco del 'caso Osvaldos', una presunta trama de cobro de comisiones en la sanidad pública valenciana durante los Gobiernos autonómicos del PP, en el que figura como principal procesado Sergio Blasco, exdirector gerente del Hospital Provincial de València y sobrino de Rafael Blasco, exconseller popular condenado por el desvío de los fondos de la cooperación. Además, tal como desveló elDiario.es, dos consultoras del conseller Marciano Gómez abonaron a la presunta trama corrupta pagos que el juez instructor consideraba “sin justificación”. Gómez, según el portal de transparencia 'GVA Oberta', mantiene actualmente una participación de 1,9 millones de euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, que abonó uno de los pagos sospechosos. El titular de la cartera de Sanidad ya adjudicó el año pasado un contrato de 2,3 millones de euros a la misma empresa. Otros dos empresarios procesados en la misma causa también han recibido un contrato menor del Consorcio Hospital General Universitario de València (CHGUV).

La empresa adjudicataria forma parte de la presunta red corrupta que desvió fondos de contratos de la sanidad pública valenciana para pagar terrenos, vehículos o viajes de lujo al exgerente del Hospital Provincial de València, Sergio Blasco.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Miguel Sanfélix una un total de 16 años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso medial con los delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales. Además, también le pide una multa de cuatro millones de euros por blanqueo y prohibición para el ejercicio de su profesión como administrador durante dos años.

El “papel muy relevante” de Miguel Sanfélix

Anticorrupción considera que el empresario utilizó su red de sociedades para el cobro de presuntas comisiones de otros adjudicatarios y de empresas subcontratadas lucrarse económicamente “de forma ilícita” y para beneficiar tanto al exgerente del CHGUV, Sergio Blasco, a varios de los familiares de este último o al “personal directivo de la administración sanitaria”.

“Igualmente”, agrega el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, “utilizó sus sociedades inactivas para desvío de cantidades de dinero público de [la empresa] Outlog a estas sociedades inactivas creadas por él mismo”.

Anticorrupción calcula que obtuvo comisiones de 275.623 euros. Por otro lado, la cantidad desviada a “otras sociedades de la trama” asciende a más de 1,6 millones de euros. La acusación pública adjudica a Miguel Sanfélix un “papel muy relevante” en la “creación del entramado societario” de la presunta red corrupta para el desvío de dinero en su propio beneficio y también de “Sergio Blasco, sus familiares y del resto de acusados”.

Contrato de gestión logística hasta 2028

La empresa Kanbanlog SL ha ganado el contrato de servicios de logística de gestión de almacenes en el departamento de salud La Fe de València, adjudicado mediante un procedimiento abierto de tramitación urgente.

La firma Eulen SA quedó en segundo lugar en la clasificación de las ofertas presentadas, con puntuación total otorgada por la mesa de contratación de 82,74 puntos, frente a los 98 de Kanbanlog SL.

La resolución de adjudicación, según la documentación consultada por este diario, fue firmada el pasado 2 de diciembre por Pedro Manuel López Redondo, director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanitat. La empresa de Miguel Sanfélix se hace así con el contrato de la gestión logística hasta 2028, por un valor total de 18,2 millones, incluyendo el IVA.

Los ingresos de la firma: “supuestas comisiones”, según el juez

Kanbanlog SL, según el juez instructor del 'caso Osvaldos', recibió pagos de Outlog SL, otra mercantil implicada en la trama, a pesar de que no contaba con personal (como máximo tuvo un trabajador a partir de 2013). “La mayor parte de los ingresos de Kanbanlog son supuestas comisiones de ventas a empresas del propio entramado”, aseguraba el instructor de la causa. El empresario cuenta, según el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de València, con un “amplio patrimonio tanto inmobiliario como en vehículos”.

La investigación del 'caso Osvaldos', a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, detectó correos electrónicos entre Miguel Sanfélix y Sergio Blasco en los que se detallan datos de la facturación de Out-Log SL, “sin que exista justificación salvo el acuerdo entre ellos para que el administrador de una mercantil dé explicaciones al director de un hospital de los beneficios que van a obtenerse por parte de la mercantil a la que ha adjudicado contratos”, sostiene el juez instructor. 

El empresario alegó, en declaraciones a este diario, que la firma especializada en logística sanitaria está implantada “en prácticamente todos los hospitales de la Comunitat Valenciana” y que ha trabajado para administraciones de diferentes colores políticos. De hecho, la firma obtuvo un contrato de emergencia del Gobierno del Pacte del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, durante la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19.

En el sumario del 'caso Osvaldos' también constan grabaciones de conversaciones entre Sergio Blasco, el empresario y otros integrantes de la presunta trama en las que el exgerente del Hospital General afirma que “ha puesto mucho en este negocio” y que “le ha dado un contrato de 10 años a Miguel [Sanfélix]”.

La UDEF también detectó un viaje —de un día— a Panamá pagado a Sergio Blasco por la presunta trama y otro a Andorra, este último desplazamiento abonado con fondos de la mercantil farmacéutica Jansen Cilag SA.

Dos empresarios procesados en el 'caso Osvaldos', la presunta trama de saqueo de la Sanidad pública valenciana, han recibido un contrato menor por parte del Consorcio Hospital General Universitario de València (CHGUV). Se trata de José María Soriano y Francisco José Escandell, administrador único y apoderado, respectivamente, de la empresa Mantenimientos Integrales Turia SL.

La firma ha sido adjudicataria de un contrato menor para las obras de mantenimiento e higienización de las consultas de alergias del CHGUV, epicentro del presunto saqueo por parte de una trama dirigida supuestamente por Segio Blasco, exgerente del centro hospitalario durante la etapa del PP y sobrino del exconseller popular condenado por el desvío de los fondos de la cooperación. El contrato menor, por un importe de 44.367,89 euros fue adjudicado el pasado 20 de octubre en un proceso de licitación al que se presentaron dos empresas, según la documentación consultada por elDiario.es.

Otra sociedad de la presunta trama, la firma de gestión logística Kanbanlog SL, ha obtenido recientemente un contrato de 2,3 millones de euros por parte del departamento de Salud de Sagunt, tal como ha informado este diario. El actual titular de la cartera de Sanitat, el popular Marciano Gómez, abonó pagos sin justificación a dos empresas vinculadas al 'caso Osvaldos' mediante una consultora privada, en la que el conseller mantiene una participación de 1,9 millones de euros.

Mantenimientos Integrales Turia SL fue adjudicataria de multitud de contrato públicos por parte del hospital público, dependiente de la Conselleria de Sanitat y de la Diputación de València, durante la etapa de Sergio Blasco como gerente del CHGUV. La firma efectuó pagos a empresas de la presunta red corrupta del 'caso Osvaldos' a pesar de la “falta de recursos técnicos y humanos” de las mercantiles, según apunta el juez instructor de la causa.

Francisco José Escandell es amigo de la infancia de Sergio Blasco y viajó con la familia del exgerente del hospital a Punta Cana, todo abonado por otra mercantil de la presunta red.

La instrucción del caso detectó facturas de obras en un inmueble de Sergio Blasco en Alzira por importe de 92.000 euros, aunque sólo constaba el pago de 2.000 euros en la cuenta de Mantenimientos Integrales Turia SL. También abonó un viaje a Düsseldorf (Alemania) a un alto directivo del hospital y a su pareja.

Entre la documentación analizada por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también consta un préstamo de 125.000 euros de Mantenimientos Integrales Turia SL, firmado por José María Soriano, a otra empresa de la trama para la adquisición de cuatro fincas rústicas en Carcaixent vinculadas a Sergio Blasco.

Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con los dos empresarios para recabar su versión.

Varios empresarios procesados en el 'caso Osvaldos', una trama de presunto saqueo de 35 millones de euros en adjudicaciones de la sanidad pública valenciana, están pendientes de la fecha en que se sentarán en el banquillo de los acusados. Una de las empresas implicadas acaba de obtener una adjudicación pública. La Conselleria de Sanitat del Ejecutivo autonómico del PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, ha adjudicado un contrato por un importe de 2,3 millones de euros a la firma Kanbanlog SL, administrada por Miguel Sanfélix, uno de los procesados del 'caso Osvaldos'.

Se trata de la misma trama presuntamente corrupta a la que el actual titular de la cartera de Sanitat, el popular Marciano Gómez, abonó pagos sin justificación mediante una consultora privada, en la que el conseller mantiene una participación de 1,9 millones de euros.

La empresa adjudicataria forma parte de la presunta red corrupta que desvió fondos de contratos de la sanidad pública valenciana, durante los gobiernos del PP, para pagar terrenos, vehículos o viajes de lujo al exgerente del Hospital Provincial de València, Sergio Blasco, principal procesado en la causa y sobrino de un exconseller condenado por el desvío de los fondos de la cooperación.

Así, la empresa Kanbanlog SL ha logrado la adjudicación del servicio de gestión logística de los almacenes del departamento de Salud de Sagunt, dependiente de la Conselleria de Sanitat. La mesa de contratación se reunió el pasado 14 de septiembre y eligió a la firma, al tratarse de la oferta más ventajosa. Kanbanlog SL fue la única empresa que se presentó a la licitación.

Con un plazo de ejecución de cuatro años, el departamento de salud de Sagunt ha solicitado a la firma la constitución de una fianza, por un importe de 93.600 euros, y la presentación de las certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, según la documentación consultada por elDiario.es.

La firma, según el juez instructor del 'caso Osvaldos', recibió pagos de Outlog SL, otra mercantil implicada en la trama, a pesar de que no contaba con personal (como máximo tuvo un trabajador a partir de 2013). “La mayor parte de los ingresos de Kanbanlog son supuestas comisiones de ventas a empresas del propio entramado”, aseguraba el instructor de la causa.

El empresario cuenta, según el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de València, con un “amplio patrimonio tanto inmobiliario como en vehículos”. Con unos activos de 3,7 millones de euros, Kanbanlog SL declaró unos beneficios de 273.077 euros en 2022, según sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil. Miguel Sanfélix, administrador único, cobra una retribución anual como gerente de 36.385 euros.

Kanbanlog SL ostenta la mitad del accionariado de Out-Log SL, otra empresa implicada en la presunta trama que tuvo que reintegrar al Hospital General de València 876.000 euros cobrados de más por la gestión logística entre 2014 y 2015.

La firma, según el instructor de la causa, recibió ingresos “por supuestos trabajos y servicios efectuados a las mercantiles de la estructura que no se justifican por supuestas mediaciones o ventas de equipamiento”.

Audios: Sergio Blasco “ha puesto mucho en este negocio”

La investigación del 'caso Osvaldos', a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, detectó correos electrónicos entre Miguel Sanfélix y Sergio Blasco en los que se detallan datos de la facturación de Out-Log SL, “sin que exista justificación salvo el acuerdo entre ellos para que el administrador de una mercantil dé explicaciones al director de un hospital de los beneficios que van a obtenerse por parte de la mercantil a la que ha adjudicado contratos”, sostiene el juez instructor.

En el sumario también constan grabaciones de conversaciones entre Sergio Blasco, el empresario y otros integrantes de la presunta trama en las que el exgerente del Hospital General afirma que “ha puesto mucho en este negocio” y que “le ha dado un contrato de 10 años a Miguel [Sanfélix]”.

Además de las adjudicaciones investigadas en el marco de la trama del 'caso Osvaldos', solo en 2019 Kanbanlog SL también obtuvo contratos por 5,2 millones de la Conselleria de Sanitat, durante la etapa del Pacte del Botànic. El empresario consiguió en pleno confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID-19, mediante un procedimiento negociado sin publicidad y de emergencia, dos contratos valorados en 358.000 euros para suministro y reparto de mascarillas y equipos de protección en residencias sociosanitarias dependientes de la Generalitat Valenciana.

“Hemos trabajado con el PSOE, con el PP y con los que sean”

Miguel Sanfélix, a preguntas de este diario, asegura que la empresa cuenta con más de 60 trabajadores, que “está aportando mucho” al sector de la logística y “a nivel nacional tiene prestigio y compite con grandes multinacionales”. También destaca el trabajo de la firma durante la pandemia.

El empresario lamenta que, más de un año después de que el juez dictara el auto de procedimiento abreviado, aún no conoce la calificación de la Fiscalía. “Llevo sufriendo 10 años el caso y sólo he podido declarar una vez, es una pesadilla”, agrega.

Sanfélix destaca que la empresa ha ganado concursos en otros territorios —recientemente en Andalucía— y que está implantada “en prácticamente todos los hospitales de la Comunitat Valenciana”. Además, lamenta que se le vincule con la mercantil, de la que está cerca de desvincularse al haber cumplido la edad de jubilación.

También defiende la última adjudicación que ha obtenido la firma: “La logística es eficiencia y será porque aportamos más eficiencia que nadie, a fuerza de mucho trabajo y mucho innovar”. “Seguimos trabajando, hemos trabajado con el PSOE, con el PP y con los que sean”, concluye.

El PSPV-PSOE ha anunciado una “ofensiva parlamentaria” para conocer la relación del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, “con empresas implicadas en casos de corrupción de la etapa Blasco” y ha exigido su inmediata comparecencia en las Corts Valencianes.

Así lo ha anunciado el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Rafa Simó, tras la publicación en elDiario.es de la participación que ha declarado el conseller, de 1,9 millones de euros, en la empresa que abonó pagos a la trama corrupta del 'caso Osvaldos' que obtuvo 35 millones de euros en adjudicaciones públicas.

Rafa Simó ha advertido: “Los y las socialistas valencianos estamos muy preocupados, no queremos que las malas prácticas de los gobiernos del Partido Popular del pasado vuelvan a aparecer”. 

El diputado socialista ha afirmado: “Tenemos muchas dudas que quien ha sido instrumento de la corrupción del Partido Popular gestione el presupuesto más cuantioso de la Generalitat”. Simó considera que “hechos como estos permiten ver a los valencianos y valencianos quiénes son realmente los miembros del Consell de Carlos Mazón y la ultraderecha”.

El portavoz de Sanidad ha detallado la ofensiva parlamentaria: “El grupo socialista presentará una batería de iniciativas para conocer todos los detalles sobre la vinculación del conseller de Sanitat de Mazón con estas empresas que están salpicadas por la corrupción del PP”. 

Compromís: “Es muy grave”

Por otra parte, el portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, ha calificado de “muy preocupante” la información que destapa que el conseller Marciano Gómez declara una participación de 1,9 millones de euros en una de las empresas que realizó pagos a la trama corrupta del 'caso Osvaldos'. 

“Hoy sabemos más detalles de la posible relación del actual conseller de Sanidad con la trama corrupta de la familia Blasco que saqueó la sanidad valenciana”, ha afirmado Esteve, quien ha recordado que Compromís pidió “hace ya dos meses” la comparecencia del conseller en las Cortes Valencianas “para explicar con toda la transparencia necesaria cuál es la relación que pueda tener con este caso y todavía no lo ha hecho”. “Es urgente que el conseller Gómez comparezca en sede parlamentaria”, ha reiterado.

Para el parlamentario autonómico, “es muy grave que al frente de la Sanidad valenciana el PP y el president Mazón hayan situado a alguien con tantas sombras, porque estamos hablando de un caso en el que presuntamente se desviaba dinero público que tenía que destinarse a mejorar la salud de todas y todos y que acababa en los bolsillos particulares de los cabecillas de la trama”.

Los pagos a la trama del 'caso Osvaldos'

Tal como publicó este diario el pasado 31 de julio, dos consultoras del conseller Marciano Gómez pagaron a la trama del 'caso Osvaldos' sin justificación alguna, según el juez instructor de la causa.

En su ficha del portal de transparencia GVA Oberta, Gómez anota una participación de 1,9 millones de euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, de la que se desvinculó poco antes de ser nombrado conseller.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha declarado una participación de 1.978.467,54 euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, según indica el portal de transparencia de GVA Oberta. Se trata de una de las dos compañías del conseller de Carlos Mazón que abonó pagos injustificados a una trama presuntamente corrupta que saqueó 35 millones de euros en adjudicaciones públicas de la sanidad valenciana. Dos consultoras de Marciano Gómez abonaron 37.400 euros a dos empresas instrumentales del 'caso Osvaldos', la presunta trama liderada por Sergio Blasco, sobrino del exconseller popular Rafael Blasco y exgerente del Hospital General de Valencia. Los pagos no estaban justificados, según un auto del juez instructor de la causa.

Gómez ha declarado una participación de 1,9 millones en la consultora, además de 85.387,50 euros en acciones de Telefónica. El conseller de Sanitat también anota 419.003,98 euros en fondos de inversiones, un seguro de vida de 48.080,97 euros y un plan de pensiones de 63.055 euros, todos en el Banco Sabadell. 

En el apartado de “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, el conseller declara 28.000 euros, además de 56.499,44 euros en depósitos en cuentas.

El conseller también posee bienes inmobiliarios (tres viviendas y sendos garajes en València) que suman un valor catastral total de 305.304,39 euros. Su renta declarada por rendimiento de trabajo ascendía a 83.402,88 euros, mientras que los rendimientos de capital apenas sumaban 3.859,21 euros.

Pagos por “indicación” del líder de la trama

Marciano Gómez declaró en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, encargado de las pesquisas sobre el 'caso Osvaldos'. El conseller reconoció que “no conocía de nada” a las dos empresas a las que abonó los fondos y que lo hizo por “indicación” de Sergio Blasco. El juez indica que los pagos no tenían “justificación documental alguna”.

Gómez, ocho días antes de su nombramiento como conseller, cesó como administrador único de la consultora Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una empresa especializada en el sector sanitario en la que también figuraban sus dos hijos y su esposa.

El conseller de Sanitat de Carlos Mazón, el popular Marciano Gómez, pagó a una trama presuntamente corrupta sin conocer a las empresas y sin ninguna justificación, tal como reconoció ante el juez instructor del 'caso Osvaldos', la causa pendiente de juicio en la que figura como principal procesado Sergio Blasco, sobrino del exconseller del PP condenado por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana. Así figura en el auto de procesamiento del juez instructor de la causa, en la que un presunto entramado corrupto saqueó adjudicaciones públicas por un valor total de 35 millones de euros que fueron a parar, a través de empresas pantalla, al abono de gastos particulares, terrenos, viajes y vehículos de lujo de Sergio Blasco, exdirector gerente del Hospital Provincial de Valencia. El sobrino de Rafael Blasco está acusado de los presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

El médico Marciano Gómez, secretario autonómico de la Agencia Valenciana de la Salud durante el Gobierno de Eduardo Zaplana, fue administrador único de dos consultoras del sector sanitario: Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL e Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL (esta última firma actualmente extinguida). Ambas firmas hicieron pagos a empresas de la trama “sin justificación alguna”, según indica el juez instructor. Así, el actual conseller de Sanitat abonó 20.000 euros a Vamon Consulting y 17.400 euros a Corporación Sanitaria del Mediterráneo. Gómez, según el auto, declaró en calidad de testigo que efectuó los pagos a ambas empresas –“a las que no conocía de nada”– por “indicación” de Sergio Blasco. Todo ello por unos “folios con información en relación a unos hospitales en Perú que le dio el propio Sergio”, agrega el auto. 

Vamont Consulting SL era una de las empresas vinculadas a la construcción de dos hospitales en Perú cuyo administrador es el militar José Luis Sánchez Galán, “amigo de la infancia” de Sergio Blasco y vinculado al Hospital General de Valencia a través de su esposa, Cristina Sanz Hernández, quien además de apoderada de la firma era directora de administración de la fundación del centro sanitario. La sociedad, destaca el instructor, no tenía actividad real ni su administrador “conocimiento previo de la actividad mercantil”.

Sergio Blasco pilotó la construcción de los hospitales de Callao y Villa María del Triunfo en Lima, con un consorcio de firmas españolas (todas adjudicatarias del Hospital Provincial de Valencia) y con una inversión de 100 millones de dólares. La empresa Vamont Consulting SL también pagó un “viaje de ida y vuelta en un día” para Sergio Blasco y su hermano a Panamá, según la documentación analizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras los registros a las empresas y a los miembros de la trama.

Así, la consultora de Marciano Gómez pagó 14.700 euros a Vamont Consulting SL “por supuestos proyectos en Latinoamérica sin justificación documental alguna”. El actual conseller de Sanitat adujo ante el juez que se trataba de abonos “por intermediación en el mercado sanitario peruano, sin justificación alguna”, recuerda el auto.

El abono coincide “en cuantía y en fecha” con los pagos de Vamont Consulting SL a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una firma cuyo accionista era el hermano de Sergio Blasco. Sin embargo, recuerda el instructor, no existe “documento justificativo de tales facturas”.

Pagos sin contrato a empresas instrumentales

Marciano Gómez también pagó 17.400 euros a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una sociedad tan “íntimamente vinculada con Sergio Blasco” que el propio exgerente del Hospital General de Valencia efectúa transferencias para cubrir el saldo de la cuenta bancaria, destaca el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia. La firma es una mera sociedad instrumental (no cuenta con trabajadores ni actividad alguna) y factura a la consultora del actual conseller de Sanitat en concepto de “intermediación en el mercado farmacéutico peruano (...) adjuntándose un informe y sin que conste contrato”. 

Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL también asume el pago de varios viajes al extranjero de Sergio Blasco y de otros miembros de la trama, un curso de la Universidad de Navarra para su esposa e incluso un vehículo Mercedes Clase M y un pase para el palco VIP en el estadio del Valencia Basquet durante dos temporadas para el exgerente del Hospital General, entre otros gastos.

La firma, según el juez, mantiene la “peculiaridad” de que los ingresos y pagos que recibe de empresas adjudicatarias del Hospital Provincial de Valencia y de consultoras como las de Marciano Gómez “están muy parejas en el tiempo con los gastos de índole personal y que Sergio Blasco justifica en que se trata de pago en especie de los trabajos realizados por él y facturados por la mercantil”.

Una portavoz de la Conselleria de Sanitat, a preguntas de elDiario.es, asegura que Marciano Gómez simplemente compareció como testigo ante el juez instructor. Gómez “acreditó que había pagado a cambio de un servicio, que se prestó”, agrega la misma fuente.

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“Investigad la empresa Tamazula SL”. En abril del 2014, a poco más de un año para las elecciones autonómicas que perdería el PP después de dos décadas en el Palau de la Generalitat, sonó el teléfono del grupo parlamentario de Esquerra Unida en las Corts Valencianes. Al otro lado del hilo telefónico, un hombre que aseguraba ser empresario pasaba un chivatazo a modo de venganza contra la familia Blasco. Tirando del hilo, la formación presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que desglosaba una presunta trama de corrupción liderada por Sergio Blasco Perepérez, sobrino del exconseller corrupto condenado por robar los fondos públicos de la cooperación valenciana.

Sergio Blasco, licenciado en derecho por la Universitat de València, fue director económico financiero del Hospital Provincial de Valencia entre 1997 y 2001 y gerente entre 2002 y 2014. Está casado con Deborah Salom Císcar, hija del primer matrimonio de Consuelo Císcar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) condenada por corrupción y esposa de Rafael Blasco. Forma parte de la segunda generación de una familia, oriunda de Alzira, que ha ostentado un descomunal poder en la política valenciana y cuya trayectoria ha acabado empantanada en numerosos casos de corrupción.

Los datos del Registro Mercantil mostraban que la empresa Tamazula SL, una instrumental sin empleados y dedicada a la compraventa y explotación de toda clase de fincas, aparecía en medio de una red de empresas con dos perfiles diferentes: firmas reales que habían recibido hasta 35 millones de euros en adjudicaciones del Hospital Provincial de Valencia y sociedades sin actividad alguna.

Las empresas visibles (Out Log SL, Kanbanlog SL y Connectall System SL) comparten como administrador a Miguel Sanfélix, un empresario del sector sanitario. Sin embargo, la mitad del accionariado de Out Log SL pertenece a Mantenimientos Paesvi SL, cuyo administrador único y accionista es un amigo de la infancia de Alzira del gerente del Hospital Provincial de Valencia: Francisco José Escandell Vila. Este último también aparece como administrador de otras empresas adjudicatarias (Cyomed Levante SL y Mantenimientos Integrales Turia SL, domiciliadas en Xirivella y Mislata).

Francisco José Escandell Vila también figuraba como antiguo accionista de Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una empresa adquirida por Francisco José Blasco Perepérez. El hermano del gerente del Hospital Provincial de Valencia, también procesado en el 'caso Osvaldos', aparecía como accionista de otras empresas (Estudios y Proyectos Sociosanitarias Xúquer SL y Sanygestión 2012 SL) en las que emerge un nuevo miembro de la familia: Francesc Blasco Tello, sobrino de Sergio.

Aunque la estructura de la red de empresas (unas que reciben las adjudicaciones y otras de la familia Blasco, todas unidas por Francisco José Escandell Vila) ya resultaba sospechosa, faltaba algún dato que confirmara una vinculación más sólida. Un trabajo académico de Francesc Blasco Tello, realizado para su licenciatura en administración y dirección de empresas de la Universitat Politècnica de València, apuntaló las sospechas casi por casualidad.

El documento trataba sobre la implementación de un sistema de gestión de calidad en la firma Out Log SL (la que más adjudicaciones públicas obtuvo) e incluía una lista de proveedores de la empresa. El trabajo académico indicaba que Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL (propiedad del hermano de Sergio Blasco) era proveedora de Out Log SL.

En conclusión: empresas que habían recibido adjudicaciones públicas millonarias del Hospital General de Valencia estaban ligadas a otras sociedades vinculadas a la familia del gerente que firmaba los contratos públicos del centro sanitario. La instrucción del 'caso Osvaldos', que se ha prolongado durante ocho años, ha confirmado que la red de empresas sirvió para canalizar “beneficios ilícitos” y el “cobro de comisiones” de las adjudicaciones millonarias. 

La rama internacional en Perú y Guinea Ecuatorial

Después de la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, hubo más soplos. Otras gargantas profundas revelaron que Sergio Blasco había pilotado la construcción de dos hospitales privados en Perú con una inversión de 100 millones de dólares, gracias a una cláusula de compatibilidad otorgada por la Generalitat Valenciana en su contrato de alta dirección, que le permitía realizar “colaboraciones internacionales fuera del territorio español”.

En un documento colgado en la página web del Congreso de la República de Perú, Sergio Blasco figuraba como “representante” de las empresas dedicadas a la construcción de los hospitales de Callao y Villa María del Triunfo en Lima. Un consorcio de firmas españolas, todas adjudicatarias del Hospital Provincial de Valencia, se encargó del proyecto en Perú.

Además, una ampliación de la denuncia de Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción reseñaba otros proyectos en Guinea Ecuatorial y Angola, vinculados a Sergio Blasco. Todas las operaciones internacionales de la presunta trama exportaban el modelo de sanidad público-privada que armó el PP en la Generalitat Valenciana.

Puerta giratoria en República Dominicana

Sin embargo, esa pieza del 'caso Osvaldos' fue archivada. Cuatro meses después de su dimisión en 2014, el sobrino de Rafael Blasco se embarcó hacia República Dominicana. Durante los últimos siete años, mientras avanzaba la instrucción, Sergio Blasco ha sido director de proyectos, gerente administrativo y, finalmente, gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago, un centro sanitario con el que había firmado convenios y proyectos cuando dirigía el Hospital Provincial de Valencia.

Además, Sergio Blasco se hizo en 2015 con el accionariado de Gestión Innovadora en Salud SL, una firma española cuyo accionista anterior fue José Juan Vázquez Bernia, en cuyo perfil de LinkedIn se presenta como técnico de mantenimiento (en el Registro Mercantil también figura como administrador de una peluquería domiciliada en Alzira).

El periodista Sergi Tarín, que ha seguido la pista de Sergio Blasco sobre el terreno en República Dominicana, recuerda que el Hospital Metropolitano de Santiago es “el más importante del país y probablemente uno de los más importantes del Caribe”. El centro privado incluye “a toda la flor y nata del país a nivel empresarial”, apunta Tarín.

Sergio Blasco fue detenido en Valencia, el 23 de marzo del 2017 de regreso de un viaje a República Dominicana, en una operación comandada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Con él cayeron prácticamente todos los miembros de la red.

La UDEF también realizó hasta 18 entradas y registros en domicilios y sedes de empresas, además de la Conselleria de Sanitat y el Hospital Provincial de Valencia, en busca de la documentación de las adjudicaciones millonarias. Sergio Blasco tuvo que pagar una fianza de 80.000 euros para recuperar su pasaporte y poder incorporarse a su puesto en República Dominicana.

Una trama de “cobro de comisiones”, según el juez

Un lustro después de las detenciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha colocado al sobrino de Rafael Blasco al borde del banquillo. El auto de procedimiento abreviado revela que el entramado de empresas sirvió para canalizar el “beneficio ilícito” obtenido con las adjudicaciones públicas, por un monto total de 35 millones de euros. Los pagos detectados de otras adjudicatarias a la red de sociedades pantalla responde al “cobro de comisiones”, señala el juez instructor.

Así, las pesquisas de la UDEF han acreditado que la trama del 'caso Osvaldos' pagó vehículos, viajes de lujo e incluso fincas y terrenos para Sergio Blasco. La red también abonó una visita de un día a Panamá por parte del entonces gerente del Hospital Provincial de Valencia.

El auto establece un esquema piramidal de empresas formado por tres escalones: las grandes firmas que obtuvieron 33 millones de euros en adjudicaciones, las medianas (dos millones) y un tercer nivel de sociedades pantalla, en el que se ventilaban los pagos y los “gastos particulares” de Sergio Blasco, sin actividad alguna, entre ellas Tamazula SL. El soplo anónimo que desencadenó la investigación dio en el clavo.

La República de Panamá luce en su costa del mar Caribe playas de arena blanca e islas, islotes y cayos que, gracias a su clima tropical, convierten al país en un destino ideal para tomar el sol. Allí fue Sergio Blasco, sobrino del exconseller valenciano del PP condenado por corrupción, en un viaje pagado por la trama del 'caso Osvaldo' por la que el exgerente del Hospital Provincial de Valencia está al borde de sentarse en el banquillo de los acusados por los supuestos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. La red piramidal de empresas para vehicular las presuntas comisiones ilícitas por las adjudicaciones de 35 millones de euros de la sanidad pública valenciana pagó a Sergio Blasco un viaje de ida y vuelta de apenas un día a Panamá, considerado por la Unión Europea como un paraíso fiscal.

Vamont Consulting, una de las firmas pantalla de la trama, abonó un viaje a Punta Cana (República Dominicana) a través de una agencia de viajes para los hermanos Francisco José y Sergio Blasco. Desde allí se desplazaron a la Ciudad de Panamá en un “viaje de ida y vuelta en un día”, según destaca el juez instructor en el auto de procedimiento abreviado. Mientras Francisco José y otro miembro de la expedición visitaban la urbe, Sergio Blasco “efectuaba una reunión con alguien no identificado”, apostilla el magistrado.

La fugaz visita al paraíso fiscal es el viaje más llamativo, dada su brevedad, que la trama del 'caso Osvaldos' abonó al exgerente del Hospital Provincial de Valencia. Las pesquisas policiales han revelado que la red de empresas pagó, además de terrenos para Sergio Blasco, viajes a Las Vegas (incluyendo una excursión al cañón del Colorado) China y Roma. Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL también abonó un viaje a Costa Rica para Sergio Blasco y para la procesada Gisela Samudio Bejarano, administradora de la mercantil Identiart y definida por el juez como “persona muy vinculada” al exgerente del Hospital Provincial.

La instrucción del 'caso Osvaldos' también ha detectado que la mercantil farmacéutica Jansen Cilag SA abonó unos supuestos patrocinios —“por mediación de Sergio Blasco”— por la organización de cursos y actos ya celebrados. Uno de los pagos en concepto de publicidad institucional, por importe de 58.000 euros, fue destinado a cubrir un viaje de Sergio Blasco a Andorra en 2010 (cuando España aún consideraba al principado como un paraíso fiscal), según revela la documentación analizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras los registros a las empresas y a los miembros de la trama.

El viaje fue abonado a la empresa Sakvitur, la agencia de viajes de cabecera de Consuelo Císcar que financió la vuelta al mundo de su hijo, el artista Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar), a cargo del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), el museo que dirigía su madre. La agencia del empresario Enrique Martínez fue investigada en el marco del 'caso IVAM' por los viajes del matrimonio Blasco-Císcar a Shanghai o Roma, entre otros destinos.

Estructura piramidal de la red

El juez ha procesado a 11 presuntos miembros de la trama del 'caso Osvaldos' incluyendo a los hermanos Blasco y a varios empresarios, entre ellos un taxista que figuraba al frente de una de las firmas pantalla. Sin embargo, ha librado del banquillo al exconseller del PP Rafael Blasco, al no ver indicios de que “diese orden, indicación o sugerencia alguna en pos de determinar” las empresas que debían ser adjudicatarias de los contratos.

El auto considera que la organización recibió 35 millones de euros en adjudicaciones públicas de la sanidad valenciana, cuyas comisiones se canalizaban mediante una red piramidal de empresas que abonó viajes, la compra de terrenos y vehículos e incluso el pago del personal doméstico de Sergio Blasco y de su esposa, Deborah Salom Císcar (hija de la exdirectora del IVAM).

Pagos de vehículos y motocicletas, viajes a Roma, Las Vegas, Punta Cana, Costa Rica o China e incluso el personal de la limpieza. La trama del 'caso Osvaldo', una compleja red de empresas supuestamente utilizada por Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial de Valencia, para vehicular presuntas comisiones ilícitas, revela el uso de dinero de la sanidad pública valenciana para gastos de la familia del exconseller del PP Rafael Blasco, condenado por corrupción en el marco del saqueo de los fondos de la cooperación valenciana. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha dictado el auto de procedimiento abreviado, que coloca a Sergio Blasco y a su hermano Francisco José al borde del banquillo de los acusados por los presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. La resolución también revela las interioridades de una trama que obtuvo adjudicaciones públicas por valor de 35 millones de euros.

El juez instructor sostiene que Sergio Blasco creó “un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito” de la adjudicación de concursos públicos a firmas de conocidos que a su vez subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras sociedades de la misma red, sin actividad alguna, “pero justificando con ello los pagos que se efectuaban” y usándolas para cobrar “comisiones directas e indirectas”. La trama llegó a justificar pagos con trabajos de consultoría descargados del 'Rincón del vago'. En definitiva, una red dedicada a “la gestión del cobro de comisiones”, según el auto.

Sergio Blasco fue director económico financiero del Hospital Provincial de Valencia entre 1997 y 2001 y gerente entre 2002 y 2014, año en que dimitió tras una denuncia de Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción. “Desde su posición como director del hospital dirige el entramado de contratos y empresas para obtener beneficios ilícitos y repartirlos”, indica el auto. En la trama figuran como procesados empresarios como Miguel Sanfélix, José María Soriano, José María Brotón González e incluso un taxista que constituyó una de las firmas pantalla. Todos ellos unidos por lazos de amistad con Sergio Blasco.

El instructor establece una pirámide de tres niveles formada por empresas reales que recibieron adjudicaciones de 33 millones de euros entre 2005 y 2014, otras firmas con una estructura mínima que ingresan dos millones de euros públicos en el mismo periodo y un tercer escalón con sociedades sin personal ni “actividad económica real”.

La pirámide empresarial, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y y las periciales de la Intervención del Estado, abonaron gastos particulares de la familia Blasco y de otros integrantes de la presunta trama. Uno de los correos electrónicos intervenidos en los registros policiales desvela que el empresario Miguel Sanfélix informaba a Sergio Blasco sobre la facturación de la empresa Outlog SL (la que más volumen de adjudicaciones obtuvo), “sin que exista justificación salvo el acuerdo entre ellos”, según el magistrado.

En el sumario también constan grabaciones de reuniones en las que se oye a Sergio Blasco afirmando que “ha puesto mucho en este negocio” y “se ha dejado la piel para sacar contratos”. La causa también incluye conversaciones por WhatsApp y por correo electrónico entre Sergio Blasco y el empresario José María Soriano en las que este último pide “permiso y opinión” al entonces gerente del Hospital Provincial sobre el manejo de las sociedades.

Viajes de lujo y fincas para Sergio Blasco

La mercantil Vamont Consulting, vinculada a los proyectos en el extranjero de la presunta trama, también efectuó pagos para gastos de Sergio Blasco y de personas de su entorno. Así, la empresa pagó viajes a Punta Cana (República Dominicana), a Las Vegas (incluyendo excursión al cañón del Colorado) y a China, entre otros destinos. También consta un pago de 6.000 euros a la falla Caputxins de Alzira, localidad de origen del clan, el mismo año en que la esposa y la hija de Sergio Blasco fueron falleras mayores, además de otros gastos abonados por el personal del centro hospitalario y sus familiares “sin que exista justificación”.

La firma Tamazula SL, sin actividad alguna, tuvo como asalariadas al personal de servicio de Sergio Blasco y de su mujer, Deborah Salom Císcar (hija de Consuelo Císcar, la esposa de Rafael Blasco). La empresa pantalla también adquirió un Volvo XC90 que conduce la mujer del exgerente del hospital y pagó un viaje a Túnez del matrimonio (anotado como “viaje de empresa”), un equipo de aire acondicionado, lámparas de exterior y un estudio de interiorista.

La mercantil Mantenimientos Integrales Turia SL prestó a Tamazula SL (administrada por el presunto testaferro Francisco José Escandell, también procesado) 125.000 euros para la adquisición de cuatro fincas rústicas en Carcaixent vinculadas a Sergio Blasco y abonó 92.000 euros para obras en la finca que la familia posee en Alzira. Por otro lado, Tamazula SL adquirió otras cuatro fincas rústicas en la Barraca de Aigües Vives de Alzira, donde está situada una mansión de Rafael Blasco y su esposa Consuelo Císcar, subastada para abonar la responsabilidad civil impuesta al expolítico del PP.

Finalmente, la firma Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo pagó caterings en Alzira, el abono a un palco VIP del Valencia Basket y un viaje a Roma a José Vicente B., responsable de gestión ambiental del hospital, “como compensación” a su colaboración en trabajos en Guinea Ecuatorial de Sergio Blasco. Además, también compró un Mercedes clase M, cuyo conductor habitual era Sergio Blasco y abonó un curso de la Universidad de Navarra, celebrado en Madrid, para su esposa. La empresa también pagó un viaje a Costa Rica para Sergio Blasco y para la procesada Gisela Samudio Bejarano, administradora de la mercantil Identiart y “persona muy vinculada” al gerente del Hospital Provincial.

Las pesquisas han documentado el pago de un viaje a Düsseldorf (Alemania) a un alto directivo del hospital y a su pareja. Connectall System, otra de las sociedades de la red, efectuó un pago de 14.000 euros a una auxiliar de enfermería relacionada con un directivo del hospital. La empresa Kanbanlog compró un vehículo Jeep Wrangler usado por el empresario Miguel Sanfélix, además de un Nissan, mientras que Solucones Logísticas Hospitalarias adquirió una motocicleta para el mismo empresario. La firma Bicnet Sistemas SL le compró un Opel Astra a José Ignacio S., trabajador del área de informática del sector hospitalario.

Por su parte, Iaunua Gestión y Servicio SL, vinculada al fallecido directivo del hospital Daniel Pérez Cuesta y a su sobrina Ana Clarés, recibió pagos de Reyval Ambient SL, adjudicataria de la gestión de residuos del centro sanitario públicos, para un supuesto curso del que no consta su existencia. En su declaración ante el juez, el representante legal de Reyval aseguró que el pago era “consecuencia” de la adjudicación del concurso.

Ana Clarés, también procesada en la causa y trabajadora del sector de la hostelería, accedió a figurar como administradora de la firma a petición de su tío. La mujer consta como titular de 18 cuentas bancarias y autorizada en otras 13, así como en ocho depósitos bancarios.

Proyectos en Perú y Guinea abonados por un taxista

Sanygestion 2021 SL, administrada por José Luis Martínez Climent, un taxista amigo de Sergio Blasco, abonó viajes a Perú y Guinea Ecuatorial de personal de alta dirección del Hospital Provincial de Valencia en el marco de sendos proyectos de construcción de centros sanitarios en el extranjero pilotados por el exgerente. Agem SA, una de las firmas vinculadas con los proyectos en Guinea Ecuatorial y en Angola terminó la relación comercial con la trama “al tener conocimiento de la interposición” de la denuncia de Esquerra Unida que desencadenó la querella de la Fiscalía Anticorrupción. 

Marciano G., un ex responsable del Servicio Valenciano de Salud y administrador de Iniciativas Médicas y Farmacéuticas, pagó a empresas de la trama “sin justificación alguna”. Lo hizo, según declaró en la fase de instrucción, sin conocer de nada a las firmas y “por indicación de Sergio Blasco” en relación al proyecto de Perú.

Jansen Cilag SA y Roche Farma SA, dos farmacéuticas que eran “grandes proveedores” del Hospital General, patrocinaron cursos que ya se habían celebrado, pagando a empresas de la trama “por mediación de Sergio Blasco”, indica el auto. También abonaron viajes del entonces gerente del hospital público y un plan de comunicación de la revista Fem Salut, una publicación que pagaba de forma encubierta a periodistas por hablar bien de la sanidad valenciana en la época del PP.

Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial de Valencia y sobrino del corrupto confeso Rafael Blasco, creó “un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos que a su vez subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras empresas de la misma trama, sin que estas ejercitasen actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se efectuaban, sirviéndose asimismo de estas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas”.

Así resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia la presunta trama del 'caso Osvaldo' en el auto de incoación de procedimiento abreviado que sitúa a Sergio Blasco al borde del banquillo de los acusados, junto con su hermano Francisco José y varios empresarios, por los supuestos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. 

El auto, adelantado por el diario Las Provincias y al que también ha tenido acceso elDiario.es, destaca que los presuntos beneficios ilícitos fueron repartidos entre los integrantes de la organización desmantelada en la 'operación Osvaldos'. La presunta trama aprovechaba la adjudicación de contratos administrativos, “en muchos casos con irregularidades”, a una red de empresas controladas por procesados vinculados a Sergio Blasco, que a su vez subcontrataban con otras sociedades sin actividad empresarial ni personal que no han podido justificar los trabajos o servicios prestados.

Las empresas de la supuesta red en ocasiones “recibían pagos sin justificación” de otras firmas que habían sido adjudicatarias por parte del Hospital Provincial de Valencia sin otra justificación que “la gestión del cobro de comisiones”. La instrucción ha detectado un “constante trasvase de cantidades de dinero sin justificación”, según destaca el juez.

La resolución libra del banquillo de los acusados al exconseller del PP Rafael Blasco, tío del procesado y condenado por corrupción por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana. La instrucción no ha acreditado que Rafael Blasco “diese orden, indicación o sugerencia alguna en pos de determinar las empresas que debían ser adjudicatarias”.