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El actual conseller de Sanidad de Mazón defiende sus pagos en 2009 y 2011 al principal acusado en una trama corrupta

El conseller Marciano Gómez accede a la Ciudad de la Justicia de València para su declaración testifical.

Lucas Marco

València —
22 de octubre de 2025 23:00 h

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Marciano Gómez, conseller de Sanidad del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, tuvo que hacer un hueco en su agenda oficial de este martes para comparecer ante la sección primera de la Audiencia de Valencia, en el juicio del 'caso Osvaldos', en el que Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial, figura como principal acusado de liderar la supuesta trama corrupta de saqueo de fondos públicos. De hecho, el conseller vació su agenda oficial de toda la jornada, según indica el portal de transparencia 'GVA Oberta'. Gómez esperó unas tres horas en la zona reservada a los testigos antes de acceder a la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia en la que se celebran las sesiones del juicio. Ante la primera pregunta del presidente del tribunal, el titular de la cartera de Sanidad reconoció haber mantenido una relación tanto profesional como de amistad con Sergio Blasco, cuyo tío fue conseller con el PSPV-PSOE y, tras su expulsión de las filas socialistas, con el PP valenciano en numerosas carteras. Luego fue condenado por corrupción. Marciano Gómez matizó que llevaba “mucho tiempo sin verlo”, en referencia a Sergio Blasco.

La fiscal anticorrupción, Adoración Cano, preguntó al conseller por los pagos a la presunta trama corrupta, por un importe total de 37.950 euros, de dos de sus empresas (actualmente inactivas). Fueron, según concluyó el juez instructor, unos abonos “sin justificación”. La representante del Ministerio Público tampoco parecía demasiado convencida por las explicaciones de Marciano Gómez. De hecho, la fiscal le preguntó a bocajarro si esos pagos eran “comisiones”, algo que el testigo negó de plano.

El conseller justificó los abonos por los supuestos trabajos de asesoría que Sergio Blasco habría elaborado para sus dos consultoras entre 2009 y 2011. Uno de los pagos, de 14.750 euros (en 2011), fue por un “voluminoso” informe sobre el sector sanitario en Perú, que fue “extraordinariamente útil” de cara a los clientes a los que Gómez ofrecía sus servicios.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción describió el informe aportado por Marciano Gómez para justificar los pagos y explicó que, a pesar de ser un documento ciertamente largo, apenas incluía “gráficos” sobre el sistema de salud peruano y una copia de una ley del mismo país. En un anexo, el informe de asesoramiento incluía “características generales de Perú como país”.

Por otro informe previo, “sucinto” pero “extraordinariamente útil”, una de las dos mercantiles de Marciano Gómez abonó 5.800 euros. Aunque eran pagos destinados a Sergio Blasco, según ha confirmado el testigo, se facturaron por empresas de la presunta trama corrupta. Una de ellas —Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, propiedad del hermano de Sergio Blasco, que también se sienta en el banquillo de los acusados— ni siquiera tenía actividad, tal como remarcó la fiscal Cano.

Los informes no estaban firmados. Gómez declaró que, seguramente, todo se trataría en alguna comida en restaurantes (nunca en el Hospital General de Valencia, ha dicho) y describió a Sergio Blasco como uno de los mejores conocedores del mercado sanitario en Perú, a pesar de ser el gerente de un hospital público valenciano. Otro de los pagos fue por una intermediación de Blasco.

El testigo aseguró que era “público y notorio” que el principal acusado tenía un amplio conocimiento sobre el mercado sanitario latinoamericano. Al actual conseller, en aquella época, le interesaba abrir esas “vías de negocio” para incluirlas en la cartera de servicios que ofrecía a su clientela.

La “condescendencia” de Sanidad con Sergio Blasco

Marciano Gómez también aludió a “cierta condescendencia” por parte de la Conselleria de Sanitat, que otorgó a Sergio Blasco una “compatibilidad” para pilotar importantes negocios al otro lado del charco, tales como la construcción de dos hospitales en Perú.

De hecho, Gómez contrafacturó, según la expresión usada en su testifical, a otra empresa que intentaba meter la cabeza en el proyecto de construcción de los dos hospitales en Lima, los centros de Callao y Villa María del Triunfo.

También destacó que el informe más voluminoso sobre el mercado peruano fue subrayado por él mismo, tal como consta tras ser incorporado a la causa. No solo hablaba del marco normativo, adujo Gómez. También de la cartera de servicios de distintas especialidades, de pacientes, del tipo de gestión sanitaria, de la distribución geográfica o de “si la sanidad era estatal o por comunidades o localidades”.

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