Una acusada de la trama de saqueo de la sanidad valenciana delata al sobrino del exconseller del PP: “Sergio Blasco era la X”

Una de las acusadas en el juicio del 'caso Osvaldos' ha cantado la Traviata: “La X es Sergio Blasco”. La frase, corta y certera, ha dado un vuelco al juicio a la presunta trama del saqueo de la sanidad pública valenciana, en la segunda sesión de la vista. Gisela Samudio, diseñadora, ha confirmado que Sergio Blasco, sobrino del exconseller del PP condenado varias veces por corrupción, le propuso crear una empresa de la que el exgerente del Hospital General de Valencia, principal acusado, era propietario en la sombra junto con el presunto testaferro Francisco Escandell, que también se sienta en el banquillo. El aludido, situado en la sala al lado de su letrado, ha seguido con atención la confesión, que supone un auténtico torpedo contra la línea de flotación de su defensa.

Gisela Samudio, quien en la primera sesión de la vista pidió declarar la primera, incluso antes que los testigos, ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y ha desvelado detalles de la presunta trama de saqueo de la sanidad pública valenciana. La mujer ha consignado 20.000 euros para asumir la responsabilidad civil.

En respuesta a un detallado interrogatorio de la fiscal Adoración Cano, la acusada ha reconocido que “la X” que aparece en una documentación sobre la empresa creada, intervenida en su domicilio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, correspondía “a Sergio Blasco”.

De hecho, ha abundado en esa tesis varias veces. En un segundo interrogatorio por parte del abogado de Sergio Blasco, la mujer ha explicado el motivo por el que en la fase de instrucción negó que “la X” fuera el principal acusado. “Usted”, ha espetado la letrada, “llamó a mi abogada para decirle que qué pasaba con la X, que guardáramos silencio. Sergio intentó ponerse en contacto conmigo por esa X. No tenía obligación de decir la verdad [al figurar como investigada]”.

El letrado de la defensa de Blasco ha tratado de desacreditar el testimonio de Samudio, aunque ha salido trasquilado. “X era Sergio Blasco”, ha reiterado en tono firme la acusada ante la mirada satisfecha de la fiscal anticorrupción.

Sergio Blasco pilotaba la “gestión” de la empresa

Gisela Samudio ha explicado que, a través de su hermana Mónica, responsable de prensa del Hospital General de Valencia, conoció a Sergio Blasco, con quien mantuvo una “relación sentimental muy discreta”, según ha declarado.

El entonces gerente del centro sanitario público, le propuso crear una empresa —Identiart— que financió él junto con su presunto testaferro, Francisco Escandell.

La mujer ha reiterado varias veces que ella se encargaba de la “parte creativa” y que Sergio Blasco pilotaba la “gestión” de la sociedad.

La firma empezó a trabajar para ayuntamientos como el de Almoradí, para empresas privadas y, especialmente, para el Hospital General de Valencia y su fundación pública.

Blasco, según la acusada, daba siempre “las instrucciones”. Fue el acusado quien le dijo que pusiera una X en la documentación sobre los pagos, según ha declarado.

La primera testigo: Marina Albiol, exdiputada de Esquerra Unida

Por su parte, la exdiputada autonómica Marina Albiol, de Esquerra Unida, ha sido la primera testigo de la causa. Fue la parlamentaria que firmó el escrito inicial de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Albiol ha ratificado la denuncia y ha relatado cómo se iniciaron las pesquisas.

Tras recibir una llamada anónima en el grupo parlamentario en el que una garganta profunda daba una pista clave, se pidieron datos al Registro Mercantil y se solicitaron expedientes. “A partir de ahí salieron otras empresas, vimos que había una serie de relaciones y adjudicaciones que podían ser sospechosas”, ha declarado.

Una de las abogadas de las defensas, oriunda de Madrid, ha pedido un traductor al no haber entendido “prácticamente nada” de lo que declaraba, en valenciano, Marina Albiol. Aun reconociendo la “inmensa riqueza lingüística”, la letrada ha pedido al presidente del tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que requiriera a la testigo que hablara en castellano.

Sin embargo, el magistrado le ha recordado que Albiol estaba en su derecho. “Esta defensa tiene derecho a entenderla y necesitaría traducción”, ha pedido. El presidente del tribunal ha sugerido que se suspendiera la testifical en caso de que se necesitara un traductor.

La testigo ha recordado que se expresa en una de las lenguas oficiales del País Valenciano y ha afirmado que no le parecía “justo” que tuviera que volver otro día, con lo que ello supone en materia de conciliación laboral y familiar. “Tengo derecho a hablar en valenciano, sería como un castigo”, ha manifestado.

La fiscal anticorrupción, valencianohablante, se ha ofrecido a ejercer de traductora. Sin embargo, en el resto de la declaración ya no ha sido necesario y la letrada, aparentemente, lo ha entendido todo.