Hace menos de 15 días que el Congreso aprobó definitivamente la Ley de Paridad. Entre otros cambios, la norma obliga a las sociedades cotizadas a tener consejos de administración paritarios. Sin embargo, deja fuera a las empresas con participación estatal, a pesar de que muchas siguen incumplimiento el principio de presencia equilibrada.

De las 42 empresas más relevantes con una participación pública de al menos el 50%, 18 tienen consejos de administración donde no hay paridad, a pesar de que la Ley de Igualdad de 2007 ya instaba a aplicar este principio en los nombramientos. Es decir, el 40% de estas grandes compañías tampoco pasarían el filtro de la nueva norma.

Si bien algunas de estas 18 empresas no cumplen con la paridad por poco (como la agencia EFE o Enusa, dedicada a la energía, que se quedan a un punto y medio), otras están muy lejos de hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de Correos, con un 81,3% de hombres y un 18,8% de mujeres en su consejo de administración. O Navantia, en la que los hombres ocupan el 78,6% de los asientos.

Hay solo dos casos en los que no existe paridad y el balance es favorable a las mujeres: el ICEX –entidad que impulsa el comercio exterior– y la compañía de seguridad aérea Senasa, con una mayoría de consejeras por encima del 60%. Sin embargo, una enmienda de Podemos a la Ley de Paridad que fue aceptada permite que en el caso de las mujeres ese 60% pueda ser superado si se justifica. Ese punto quiere evitar el efecto contrario al que pretende la norma, es decir, que si ya existen empresas donde las mujeres han conseguido ser mayoría acaben prescindiendo de alguna de ellas para cumplir esos porcentajes.

El análisis hecho incluye una selección de las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales con un gran volumen de facturación y/o plantilla y aquellas que están participadas a través de la SEPI.

Más allá de una directiva

La Ley de Paridad es, en parte, la transposición de una directiva europea aprobada en 2022 que exige que las grandes empresas tengan consejos de administración paritarios a partir de 2026. Se considera paridad cuando ninguno de los sexos supera el 60% de representación ni está por debajo del 40%. Esa directiva incluye sanciones en caso de incumplimiento y solo vincula a las compañías que coticen en Bolsa, tal y como incorpora la Ley de Paridad.

A pesar de que la norma recientemente aprobada va más allá de esta directiva –incluyendo, por ejemplo, la exigencia de presencia equilibrada en el Gobierno, organismos de Justicia, o entidades de interés público–, ha dejado fuera a las empresas con participación pública, incluso en las que el Estado tiene participación mayoritaria.

Fuentes del Ministerio de Igualdad aseguran que, si bien el ámbito de aplicación empresarial de la ley se ciñe a las compañías cotizadas, el terreno de actuación “se ha ampliado mucho” y se trata de un primer paso: “La intención es que siga creciendo”. Así, solo las empresas con participación pública que coticen tendrán la obligación de tener un consejo de administración paritario. Solo existe un caso relevante de este tipo en el que el accionariado mayoritario corresponda al Estado: Aena, y su consejo de administración sí cumple con la paridad.

Resistencias

El Consejo de Administración es el órgano directivo de una empresa: decide cuál y cómo debe ser su gestión, y hace un seguimiento periódico. Está formado por un número variable de consejeros y consejeras, entre quienes se elige a quien ocupe la presidencia. Estos órganos de gobierno presentes en grandes empresas han sido un territorio tradicionalmente muy masculinizado y con grandes resistencias al cambio. Las iniciativas, nacionales y europeas, para obligar a las empresas a incluir la paridad como un criterio más a tener en cuenta en el nombramiento de su consejo de administración y alta dirección, han sido siempre objeto de disputa.

Como ejemplo, la directiva europea en la que se basa la Ley de Paridad, que fue presentada en 2012 pero su aprobación llevó diez años.

La Ley de Igualdad de 2007 ya recogía “el fomento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración” de las sociedades mercantiles, pero lo hacía como recomendación y no como una obligación que implicara sanción en caso de incumplimiento. “Es finalidad de esta medida que el criterio prevalente en la incorporación de consejeros sea el talento y el rendimiento profesional, ya que, para que el proceso esté presidido por el criterio de imparcialidad, el sexo no debe constituir un obstáculo como factor de elección”, decía la norma.

Además de en el ámbito privado, la ley instaba a la Administración General del Estado y a sus organismos vinculados a hacer sus designaciones teniendo en cuenta la paridad, también en el caso de los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe. Aunque los datos muestran un avance, este ha sido más bien prudente: si en 2015, el 31% de los consejos de administración de 51 entidades participadas por el Estado estaban ocupados por mujeres, en 2020 esa cifra era del 37%, es decir, seis puntos más en cinco años, según un análisis del Instituto de las Mujeres.

Los procesos de selección de personal en las empresas públicas que dependen de la Diputación Foral de Bizkaia seguirán teniendo cauces diferentes a los que se siguen en la institución foral o el IFAS. El pleno de las Juntas Generales ha rechazado una enmienda de EH Bildu que planteaba cambios radicales en estas contrataciones para equipararlos con los que se siguen para los funcionarios forales, por entender que en estos momentos no se garantiza la igualdad de oportunidades entre los aspirantes, al quedar en manos esa selección en empresas consultoras entre las que ha citado a Campo & Ochandiano una sociedad que en 2019 acaparaba el 51% de la inversión del sector público vasco es este campo.

La moción planteada por EH Bildu, que ha apoyado también Elkarrekin (coalición de Podemos, IU, Equo y Alianza Verde), tiene como base una serie de recomendaciones realizadas por el Ararteko a la Diputación Foral de Bizkaia para modificar esos procesos y clarificarlos para garantizar la transparencia, la igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a raíz de dos quejas planteadas por dos aspirantes a un puesto en Gaikuntza, el Instituto Tutelar de Bizkaia, en noviembre de 2022. PNV y PSE-EE han rechazado que sea necesario establecer cambios en modelos de contratación que ampara la legislación y en los que “no se comete ninguna irregularidad”, y han presentado una moción conjunta en la que se insta a la Diputación Foral de Bizkaia a que “colabore con las entidades que conforman el sector público foral en la elaboración de unos criterios de buenas prácticas que se deban seguir en los procesos selectivos de personas y bolsas de trabajo”.

En el fondo del debate ha traslucido la sospecha de que “estos oscuros procesos de selección”, como los ha definido la portavoz de EH Bildu, Arantza Sarasola, dan lugar al “enchufismo” y a “bolsas de trabajo privadas”. “No hay más que cruzar los datos de las plantilla de estas empresas con las listas electorales”, ha señalado la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga. Un “enchufismo de carné” al que también ha hecho referencia el PP, que a través de Pablo Gómez-Guadalupe, que ha denunciado que “a veces la transparencia brilla por su ausencia en estos procesos”, aunque su grupo no ha apoyado la moción, porque ha considerado que es la propia ley la que establece que estos procesos de selección sean diferentes para estas empresas públicas y para el funcionariado propiamente dicho. PNV y PSE-EE han negado las críticas, y aunque se han mostrado de acuerdo en que la mayor agilidad que tiene el sistema de contratación de estas empresas respecto a una OPE, debe “estar vinculada a la objetividad y a todo tipo de garantía”, han recordado que es legislador el que marca esas diferencias a la hora de contratación.

En concreto la moción hace referencia a los procesos de selecciones de personal que se realizan en empresas que dependen de la institución foral como Beaz, Azpiegiturak, Aparkabisa, Basalan, Garbiker, Interbiak, Lantik o el Palacio Euskalduna, que por cierto acaba de cambiar de dirección ya que asume el cargo Iñigo Iturrate, que acaba de finalizar su etapa como parlamentario del PNV. También implica al ente de derecho público Gaikuntza, Instituto Tutelar de Bizkaia, que fue el proceso de selección que llevó a la queja del Ararteko, aunque tanto PNV y PSE-EE han negado este miércoles en el pleno de las Juntas que el Defensor del Pueblo Vasco hable de irregularidades. El Ararteko sí insta a la Diputación a la selección salvaguarde “los principios generales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”; que se concreten “los requisitos, méritos y criterios específicos que se encuentran en la base de los procesos selectivos”; que se conozcan por parte de las personas participantes en los procesos selectivos del resto de personas que en ellos han tomado parte, “así como su acceso al resultado de los procesos y a la motivación concreta que justifica la valoración de sus respectivas candidaturas”  y que se tenga información sobre “los elementos sustanciales que definen tales bolsas y regulan su gestión”.

La propuesta de EH Bildu apoyada por Elkarrekin y que finalmente ha decaído, recuerda que los procesos selectivos para la contratación de personal que llevan a cabo las entidades empresariales del Sector Público Foral no son iguales a los procesos selectivos que llevan a cabo la Diputación Foral de Bizkaia y el IFAS, sino que “hay muchas diferencias entre dichos procesos”. En este sentido señala que tanto en la Diputación como en el IFAS se “publican o anuncian en el BOE las convocatorias y todos los pasos posteriores de los procesos selectivos; aprueban y anuncian las bases que regulan dichos procesos; publican la relación de las personas admitidas y excluidas en los procesos; publican los nombres de las personas que componen el órgano responsable de la tramitación y evaluación del proceso para que, si fuera necesario, sean recusadas; el hecho de que las personas que componen el tribunal sean funcionarias garantiza su objetividad e imparcialidad; publican los resultados para que las personas aspirantes puedan presentar recursos”.

Por ello, la moción establecía, por un lado, que las entidades que integran el Sector Público Foral de Bizkaia “respetarán el mismo procedimiento que las convocatorias de la Diputación en los procesos selectivos para la cobertura de sus plazas estructurales, y estos procesos selectivos serán dirigidos por tribunales nombrados por la Diputación en los mismos términos que en sus propias convocatorias”. Para las contrataciones eventuales y vacantes que se produzcan entre las convocatorias para la provisión de plazas, “se llamará por orden a las personas de las bolsas de trabajo surgidas de las últimas convocatorias; estas bolsas deberán estar debidamente publicadas. En caso de no disponer de bolsa de trabajo propia proveniente de sus propias convocatorias, tal y como se indica en la normativa de bolsas de trabajo de la Diputación, se llamará a las personas de las siguientes bolsas de trabajo, respetando este orden la Diputación, el IFAS,el IVAP, Diputaciones de Gipuzkoa y Álava, en naso de tratarse de puestos del ámbito sociosanitario, Osakidetza o de los ayuntamientos.

“Volver atrás cuando no es imprescindible, no la comparto”. Así ha criticado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la operación del Gobierno de coalición para que el Estado regrese a través de la SEPI al accionariado de Telefónica, y a su consejo de administración, ante el inminente aterrizaje de un fondo soberano saudí en la multinacional española. La decisión no gusta a la derecha pese a que, como ha reconocido el propio Feijóo, no tiene la información precisa para evaluar bien la decisión aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

“Así no se puede seguir trabajando”, ha aseverado Feijóo durante una entrevista en Antena 3. “¿Cuál es el mensaje del Gobierno? El mensaje del Gobierno es que puedan controlar las empresas en España. Y ojito, porque también le puedo meter impuestos, como se los he metido a otras empresas”, ha asegurado.

El líder del PP ha sostenido que con la entrada del Estado en la multinacional no se busca proteger la empresa de la potente inversión que ha anunciado un fondo de inversión propiedad de Arabia Saudí, sino mandar un mensaje: “Tengan ustedes cuidado con el Gobierno”.

“A Telefónica la podemos ordenar a través de la reglamentación sin necesidad de entrar en su concepto y sin necesidad de intentar controlar la compañía”, ha insistido, para aseverar que el Gobierno puede estar preparando la compra de participaciones en otras empresas estratégicas, como Repsol. “Lo que nos puede salvar de todo esto es el paraguas europeo”, ha planteado.

Pero otros países de la UE también mantienen importantes participaciones en empresas que pueden ser consideradas muy importantes para el Estado. Es el caso de Francia, Alemania o Italia con Orange, Deutsche Telekom, TIM o Proximus. Para Feijóo, Telefónica es diferente. De hecho, la ha considerado más grande que las otras. “España decidió hace 25 años que esta empresa compitiese y se convirtiese en una multinacional y una de las primeras empresas del mundo. Y por tanto, volver atrás cuando no es imprescindible yo no lo comparto”.

Feijóo ha hecho este análisis sin datos reales de la operación, según él mismo ha reconocido. “Como no tengo ninguna información porque no hemos sido informados de nada, pues le doy aproximaciones a lo que creo que se debe de hacer, porque el Gobierno de mi país no nos informa sobre las empresas estratégicas y sobre emitir deuda pública para comprar una participación en esa empresa estratégica”, ha zanjado.

Entre el 20 de diciembre de 1996 y el 19 de diciembre de 2023 han pasado 27 años menos un día. También ha pasado una historia de ida y vuelta. En el Consejo de Ministros de entonces, el Gobierno, en aquellos años del PP, aprobó la venta del 20% que todavía tenía el Estado en Telefónica, que se produciría al año siguiente. En la segunda fecha, esta misma semana y casi coincidiendo en la misma hoja del calendario, otro Consejo de Ministros, en este caso compuesto por PSOE y Sumar, aprobó la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica con una compra de hasta el 10%. La compañía volverá a tener capital público.

La de Telefónica es la historia de una de las privatizaciones más sonadas de los noventa. Hasta entonces, había sido un monopolio estatal, pero la liberalización impulsada por Europa para la entrada de nuevos actores privados en el sector, llevó a la desinversión de los estados en las compañías de telefonía. Eso sí, el Estado español fue uno de los más drásticos al salir por completo de las antiguas 'telecos' públicas. Países como Francia, Alemania o Italia mantienen posiciones en estas empresas desde entonces.

La privatización de Telefónica culminó con el Gobierno de Aznar, pero ya había comenzado unos años antes con Felipe González en la Moncloa. Si bien es cierto que el proceso más sonado y el que más se recuerda de aquella venta de Telefónica fue éste último. El Ejecutivo, con Rodrigo Rato como vicepresidente económico, daba orden de venta del 20,9% que todavía tenía el Estado en la compañía de telefonía. Esta operación supuso para las arcas públicas el ingreso de lo que hoy serían 3.786 millones de euros. 196 millones de acciones pasaron en 1997 del Estado a manos privadas.

De esta época procede uno de los nombres más célebres de las privatizaciones realizadas por el PP durante aquellos años. Juan Villalonga, amigo de la infancia de Aznar de su época en el colegio El Pilar, había accedido al puesto de presidente de Telefónica a propuesta del propio Gobierno apenas unos meses antes de que se anunciara la privatización de la compañía. Villalonga protagonizó un nombramiento muy sonado por su cercanía al propio presidente del Ejecutivo y porque su carrera se había desarrollado, hasta entonces, en otro sector muy distinto, el financiero.

El plan del Gobierno parecía claro. Se situaba en la presidencia de la compañía a una persona afín al Ejecutivo —más concretamente a su presidente— mientras se caminaba a su privatización. Eso, junto con la acción de oro que se reservó, se trataba de garantizar el control político de una de las compañías más importantes del Ibex, habiendo recibido la importante suma de dinero para las arcas públicas por su venta.

Así fue al principio. Durante unos años, Moncloa y Telefónica mostraron su sintonía sin necesidad de participar el Estado en la compañía. Una de las muestras más recordadas de aquella estrecha relación fueron los movimientos para crear una plataforma de televisión digital, Vía Digital, con la que competir con Sogecable (del grupo Prisa) y que acabó dejando algunos episodios destacados como la conocida como primera guerra del fútbol en España, por los derechos televisivos de este deporte.

Pero esta relación terminó de romperse cuando estalló el escándalo de las conocidas como 'stock options'. Esta polémica surgió a finales de 1999 al conocerse las ganancias millonarias —se estimó en unos 500 millones de euros— de Villalonga y un centenar de directivos de Telefónica por el pago en opciones sobre acciones. Esto, unido a una investigación por el supuesto uso de información privilegiada por parte del entonces presidente de Telefónica para sacar partido de una operación que se estaba negociando, acabó provocando en el año 2000 la salida de Villalonga. Sus anteriores valedores, el Gobierno del PP, le dejaron caer por unos escándalos que estaban empezando a manchar su propia imagen.

A Villalonga le sucedió César Alierta, también rostro conocido de las privatizaciones llevadas a cabo por Aznar en los noventa, al haber encabezado la de Tabacalera. Desde entonces, Telefónica ha vivido más de dos décadas como compañía privatizada, pero nunca ajena al ruido político o económico en España. El propio Rato reconocía en el anuncio de su privatización que era una compañía “estratégica” para España. Ese apelativo que no se dudaba en usar en el año 1997 está en el centro de la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica. Es estratégica y por eso se trata de evitar la influencia de otro Estado, Arabia Saudí, en su accionariado.

Sin embargo, el negocio para el Estado, en términos económicos, no es el mejor. Más allá de la evolución del precio de la acción de los últimos años, el sector público ha perdido la influencia que podría haber jugado durante estas tres décadas que ha estado fuera del accionariado de la compañía. También los dividendos que acostumbra a dar la compañía y que suelen ser considerados de los más constantes y elevados en el Ibex. Pero además, también tiene una lectura negativa en cuanto al coste que ahora supone volver a entrar en el grupo. Los 2.000 millones de euros que rondaba este martes el valor del 10% —aumentado con la subida de la acción de ayer— es en comparación mayor al precio al que se vendió el 20% en 1997, cuando se ingresaron 3.786 millones de euros.

Por el momento la operación no se ha producido y se desconocen algunas cuestiones no menores como el papel que tendrá el Estado en el consejo de administración. En el accionariado, la Sepi tendrá como socios a la teleco saudí STC, que tiene un 9,9% de las acciones entre propiedad directa e indirecta. También al gigante inversor Blackrock, que tiene el 5% del capital. Por otro lado, siguen dos de los accionistas más estables que tiene Telefónica, como BBVA y CaixaBank, ambos con el 4,8%. Cabe recordar que el Estado es también accionista de CaixaBank tras la fusión con Bankia a través del FROB.

El afán privatizador de los noventa

Desde la entrada de España en la Unión Europea a finales de los años ochenta y el comienzo de los 2000, el Estado fue deshaciéndose de todas las joyas de su sistema empresarial surgido de antiguos monopolios e iniciativas públicas de desarrollo de sectores. Telefónica es uno de los casos más significativos pero, ni mucho menos, una excepción. La Sepi tiene contabilizado que entre 1986 y 2014 se privatizaron cerca de 120 compañías, obteniendo por ello unos 45.000 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno de Aznar está considerado como el más intenso en este proceso. Fue la época en la que Endesa, Tabacalera, Telefónica, Aldeasa, Enagás o Iberia, entre otras muchas, dejaron de ser empresas participadas por el Estado.

Fue el momento álgido de los grandes nombres del empresariado público que encabezaron las privatizaciones. El ya citado Juan Villalonga lideró el final de la salida del Estado de Telefónica; Francisco González concluyó los intereses públicos en Argentaria; César Alierta acabó diluyendo la pública Tabacalera en la privada Altadis; bajo la presidencia de Rodolfo Martín Villa se terminó la presencia estatal en el sector eléctrico a través de Endesa. Y un largo etcétera.

Con el paso del tiempo, muchas de estas privatizaciones han acabado perteneciendo a grandes multinacionales o grupos que sí están participados por otros estados que optaron por tener presencia en sectores estratégicos pese a la liberalización que sufrieron todos ellos durante los años noventa. Endesa, Seat o Iberia fueron grandes compañías estatales que ahora pertenecen a gigantes de sus respectivos sectores participados por gobiernos extranjeros como son, respectivamente, Enel (Italia), Volkswagen (Estado de Baja Sajonia, Alemania), e IAG (Catar).

Cuando concluya la entrada del Estado en Telefónica, para lo que todavía no hay una fecha pública prevista, la teleco se sumará a otras inversiones en el Ibex 35. Una de cada cinco empresas del selectivo bursátil español tienen accionista público. Es el caso de Redeia (antigua Red Eléctrica), Enagás, Aena, CaixaBank, Telefónica, Indra e IAG, que todavía tiene una pequeña participación de la Sepi. También hay otras empresas cotizadas participadas por el Estado como Ebro Foods o empresas que no cotizan como Correos, Tragsa, Paradores, Loterías, Renfe o Adif.

Las acciones de Telefónica cerraron este miércoles, en el primer día tras el anuncio de la entrada del Estado en su accionariado, con una subida del 3,3%, siendo el mejor valor de una Bolsa que cerró en rojo.

El turismo es uno de los motores de la economía española y una de las actividades que más ha sufrido en estos casi dos años de pandemia, sobre todo en los meses de confinamientos y restricciones a la movilidad. Una falta de clientes y de visitantes, nacionales y extranjeros, que se ha traducido en que sea una de las industrias que concentra más ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Hasta el momento, el Gobierno ha aprobado 12 operaciones, por importe de 1.506,83 millones de euros. La última el pasado 28 de diciembre al grupo hotelero Soho Boutique, que suma casi una treintena de hoteles distribuidos por la geografía española y que recibirá fondos por valor de 30 millones de euros. La mayor parte, 24 millones, a través de un préstamo participativo.

Pero este es solo el último movimiento. De las 12 empresas a las que se han aprobado estas ayudas, la mitad son empresas turísticas. El resto, ligadas al sector industrial. Se trata de Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Ávoris, Grupo Hotusa, Grupo Serhs, y el citado Soho Boutique Hoteles.

Sin embargo, más relevante es el peso que tiene el sector en este volumen de fondos ya concedido, dado que estas compañías suman el 76% del total de fondos. En concreto, 1.153 millones de euros de los más de 1.506 aprobados por el Consejo de Ministros.

Las ayudas ya concedidas

Hay que tener en cuenta que tres de esas empresas han recibido fondos significativamente más altos que el resto, por su dimensión y por la situación económica que atraviesan. Air Europa fue la primera en recibir esta ayuda de rescate por el COVID y la que más ha recibido hasta el momento, 475 millones de euros. Unos fondos que, previsiblemente, no serán suficientes, más aún cuando su compra por parte de Iberia ha caído en saco roto, aunque las dos aerolíneas se han dado hasta finales de enero para negociar un nuevo acuerdo. Además, la compañía del grupo Globalia ya reconoció que tenía la puerta abierta a ayudas adicionales.

Por detrás de Air Europa está Avoris, con fondos por valor de 320 millones de euros. Avoris tiene, de nuevo, como protagonista a Globalia, porque es la sociedad fruto de la fusión de la división de agencias viajes y touroperadores de la empresa de la familia Hidalgo con las del grupo Barceló.

El tercer rescate en cuantía es el de Hotusa, (Hoteles Turísticos Unidos SA), con 241 millones, de los que 190 millones corresponden a un préstamo participativo. En este caso, la compañía cuenta con 219 establecimientos, de los que más del 60% están en España, y opera a través de marcas como Eurostars o Exe. En 2020, el grupo tuvo pérdidas por primera vez en sus 40 años de historia, 130 millones de euros. 

Las otras tres empresas turísticas que han recibido fondos, son el grupo hotelero catalán Serhs (34 millones), el citado Soho y, la ayuda que más polémica ha suscitado hasta el momento, los 53 millones concedidos a la aerolínea Plus Ultra, controlada por empresarios venezolanos considerados próximos al Gobierno de Nicolás Maduro.

Y las que están por venir

Los más de 1.500 millones de euros que ha concedido hasta el momento el Ejecutivo no van a quedarse ahí. No son ni la tercera parte de todo lo solicitado hasta la fecha. De momento, la SEPI ha recibido peticiones por importe de más de 5.345 millones de euros de un fondo que, en su totalidad, está contemplado en 10.000 millones, a los que pueden optar aquellas empresas que atraviesan dificultades financieras como consecuencia de la pandemia y que han agotado otras posibles vías de financiación.

Las próximas concesiones, de nuevo, se perfilan como hoteleras. El Gobierno no anuncia estas ayudas hasta que las aprueba en Consejo de Ministros, después del visto bueno del Consejo Gestor de SEPI. Pero hay otro paso previo que permite conocer qué empresas están más cerca de recibir fondos. 

La SEPI tiene que contratar asesores independientes para analizar en qué situación están las compañías solicitantes y si cumplen los requisitos. Contrataciones que va anunciando periódicamente y que son dobles. Por un lado, asesores jurídicos. Por otro, financieros. 

Y la sociedad estatal ha sacado a concurso tres paquetes de contratos de asesores desde el pasado verano. En total, 16 empresas y, de nuevo, la mitad corresponden al sector turístico. En concreto, Blue Sea Hoteles, Silken, Vincci Hoteles, Aerolínea Volotea, eDreams Odigeo S.A, Air Nostrum y Grupo Áreas. En total, según fuentes del sector, más de una veintena de empresas turísticas han solicitado fondos, entre ellas, compañías como Wamos, Petit Palace o Hesperia.

Además, desde septiembre, también se ha abierto el proceso de contratación de asesores externos para estudiar los casos de grupos industriales como la galletera Siro, la cotizada Técnicas Reunidas y, también, editoriales, como Vicens Vives. 

De ellas no hay decisión tomada respecto a la concesión de fondos, según indican desde la SEPI. Además de estos asesores, el holding estatal ha contratado a 31 nuevos empleados con motivo de este fondo de ayudas. 

En cuanto a los asesores, el Gobierno puso en marcha el pasado año una licitación, valorada en 42 millones de euros. Se trataba de un acuerdo marco con 40 firmas de asesoría, 20 despachos jurídicos y 20 financieros, que son los que pueden acudir a los contratos de cada una de las empresas que optan al Fondo de Apoyo a la Solvencia. 

La SEPI no ha comunicado cuántas empresas han solicitado estas ayudas hasta finales de 2021, aunque sí el cómputo de cuánto han solicitado, los mencionados más de 5.345 millones. La última cifra de compañías que aspiraban a estas inyecciones de liquidez es de 69 empresas, según indicó en octubre la presidenta de la sociedad estatal, Belén Gualda, en su comparecencia en las Cortes en la que desglosaba los presupuestos de 2022. Varias de esas empresas han desistido del proceso porque han entendido que no cumplían las condiciones para recibir las ayudas, según reveló entonces Gualda.

El grupo de ingeniería Técnicas Reunidas ha anunciado este viernes que ha pedido acogerse al fondo estatal de rescate de empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con la solicitud de dos préstamos por un importe total de 290 millones de euros ante “la larga duración y profundidad de la pandemia”. El grupo, que pasada la primera de negociación lidera las caídas en bolsa este viernes al desplomarse más de un 18%, perdió 164 millones en el primer semestre, frente a los beneficios de 14,1 millones de un año antes.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía de la familia Lladó, especializada en la construcción de instalaciones para la industria energética, explica que el apoyo financiero solicitado se estructura en dos tramos: un préstamo participativo por 150 millones “que compensa el impacto que este largo periodo de pandemia ha tenido en los fondos propios de la sociedad”; y un segundo tramo en forma de préstamo ordinario de 140 millones “destinado a la mejora del capital circulante, ya que la pandemia continúa afectando a la ejecución de los proyectos”.

Ambos préstamos tendrían una duración de cuatro años, con la posibilidad de ser amortizados anticipadamente. “El desembolso de estos fondos se espera que se produzca en el cuarto trimestre del año, de acuerdo con los protocolos de actuación para su recepción por parte de SEPI como gestora del Fondo”. Este acumula peticiones de más de 30 empresas que han solicitado cerca de 4.000 millones. La concesión de las ayudas se ha atascado tras la polémica de la ayuda a la aerolínea Plus Ultra, que investiga un juzgado de Madrid.

Técnicas Reunidas factura más del 95% de su volumen de negocio en el exterior y está “claramente posicionada para crecer con la nueva demanda asociada hacia el desarrollo de tecnologías energéticas con bajo contenido en carbono”, indica el grupo, que espera que el apoyo de SEPI permita “reforzar su posición competitiva, duramente afectada por la pandemia, y seguir aportando conocimiento, innovación y tecnología española en un mercado global”. También le permitiría operar “en las mismas condiciones de competitividad de las que disfrutan otros grandes competidores internacionales que ya han conseguido apoyo financiero de sus respectivas administraciones”

Según la empresa, el apoyo estatal “garantiza la capacidad de Técnicas Reunidas tanto para la gestión de su cartera actual de proyectos y recientes contrataciones, como también para participar del nuevo negocio que el sector prevé”. “Técnicas Reunidas queda reforzada como una de las mayores empresas exportadoras de tecnología, líder de proyectos de ingeniería e integrador de suministradores españoles en la cadena de valor de la industria energética”.

Impacto de Delta

En el primer semestre, los resultados de Técnicas Reunidas se han visto afectados por “el impacto extraordinario negativo de la persistencia y profundidad de la crisis generada por el COVID sobre la ejecución de los proyectos que la empresa tiene en marcha, especialmente en Oriente Medio, donde la variante Delta ha tenido mayor impacto”.

No obstante, la evolución de la cartera de proyectos de Técnicas Reunidas “confirma que la compañía ha entrado en una nueva etapa de crecimiento: en lo que va de año, ha conseguido nuevos proyectos por importe total de cerca de 3.000 millones de euros y ya ha presentado ofertas firmes para otros proyectos que suman otros 6.000 millones de euros adicionales”.

La cartera a final del primer semestre alcanzó los 9.030 millones, un 11% menos, si bien se situaría en 10.100 millones si se incluyen algunos proyectos adjudicados después del cierre del periodo, el mismo valor alcanzado a finales del primer trimestre de 2020.

Las ventas alcanzaron 1.422 millones, un 33% menos, debido principalmente a la reprogramación de algunos proyectos importantes durante 2020, solicitados por los clientes para adaptar sus niveles de inversión al entorno Covid; así como por retrasos en la ejecución por la complejidad de trabajar en el entorno pandémico.

“La pandemia ha sido más larga de lo que nadie esperaba hace un año y el impacto mucho más profundo. Los daños sufridos por Técnicas Reunidas se han generado por distintas vías. Por un lado, hemos tenido obstáculos en la gestión de nuestras operaciones que han hecho muy difícil y costoso avanzar en los proyectos en ejecución. Por otro lado, hemos tenido que reprogramar grandes proyectos que representan más del 50% de nuestra cartera, con la consiguiente inactividad temporal de los recursos preparados para abordarlos”, ha explicado el presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó.

El ejecutivo, que ha afirmado que “ya hay razones para ser más optimistas”, tomó a mediados de 2020 el relevo en la presidencia del grupo de su padre, el exministro José Lladó Fernández-Urrutia.

En 2015, la sociedad pública creada para colocar los activos de la Expo, Expo Zaragoza Empresarial, S. A., se endeudó hasta los 114 millones de euros. Su acreedor es el Gobierno de Aragón que, a su vez, es su máximo accionista y principal cliente. Así es el rompecabezas que dibuja la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización de esta empresa de 2015.

El endeudamiento, apunta el informe, está motivado por la reestructuración de la deuda que la sociedad realizó a finales del ejercicio 2015, mediante la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda bancaria y su sustitución por deuda con el Gobierno de Aragón y con Corporación Empresarial Pública de Aragón, S. L. U. (sociedad participada al 100 % por la Administración autonómica).

Hay que recordar que Expo Zaragoza Empresarial se creó en marzo de 2009, y, tal y como se explica en su propia web, se marcaron “como fecha objetivo el mes de diciembre de 2010 para reacondicionar los espacios públicos y transformar los edificios en un Parque Empresarial de última generación”. A finales de 2015, de la “infraestructura, que es la totalidad del parque empresarial de la Expo, y que representa una superficie bruta construida de 181.134 metros cuadrados, se encuentran disponibles 85.645”.

Para tratar de cumplir su propósito, se realizó una ampliación de capital de 240 millones de euros (80,5 % aportado por el Estado, 17 % por el Gobierno de Aragón y 2,5 % por el Consistorio de la capital aragonesa). Solo ocho meses más tarde, en noviembre de 2009, se llevó a cabo una nueva ampliación, en este caso de 32 millones de euros, desembolsada íntegramente por el Estado.

En marzo de 2010, el Consejo de Ministros acuerda la transmisión de las acciones del Estado al Gobierno de Aragón. En la actualidad, la Corporación Empresarial Pública de Aragón (es decir, el Gobierno autonómico) tiene el 97,91 % de las acciones y el Ayuntamiento de Zaragoza el 2,09 %.

También su principal cliente

Uno de las razones que esgrime la Cámara de Cuentas para explicar el endeudamiento es el estancamiento de la actividad inmobiliaria. Lo paradójico es que el principal cliente también es el Gobierno autónomo. El 50 % de los contratos de arrendamiento, dice el informe, “se celebraron con la comunidad autónoma y con los entes que de ella dependen”.

Estos alquileres, continúa, “representaron el 96 % de los ingresos por los servicios de alquiler y generaron unos ingresos de 10 millones de euros”. Evidentemente, concluyen, “se pone de manifiesto la elevada dependencia que la sociedad tiene de las administraciones públicas”.

319 millones de coste. 32 de ingresos

El texto hecho público por la Cámara de Cuentas cuantifica el coste inicial de las instalaciones que fueron sede de la Expo de 2008, y que fueron transferidas a la comunidad autónoma, en 197 millones de euros. A esto hay que sumarle que las inversiones realizadas para la reconversión de dichas instalaciones ascienden a 122 millones de euros.

Por el contrario, el importe de las ventas llegó a los 32 millones. El valor contable de la infraestructura asociada al negocio de la sociedad ascendía a finales de 2015 a 286 millones de euros.

La deuda de la Diputación de Bizkaia superó en 2012 los 2.207 millones de euros, lo que duplica el gasto disponible de sus departamentos en ese ejercicio, que rondó los 1.100 millones. El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas destaca que casi la mitad de ese dinero, 1.026, corresponde a las sociedades públicas forales, que como en todas las administradores supone una de las mayores sangrías de dinero público y que tienen un menor control parlamentario que las administraciones generales.

La auditoría del Tribunal señala que además el endeudamiento de las 16 sociedades públicas forales ha crecido un 60% desde 2009, cuando era de 643 millones, y se ha triplicado si se toma como referencia 2007, ejercicio en el que rondaba los 380 millones frente a los 1.026 contabilizados en 2012 en el informe del órgano fiscalizador. La oposición vizcaína ha reiterado la falta de información sobre la deuda de estas empresas a lo que califican de la “administración paralela que tenemos en Bizkaia”.

El informe se refiere al déficit que año tras año generan estas empresas publicas y que en 2012 obligaron a la Diputación a inyectar 62,1 millones de euros en ampliaciones de capital para Aparkabisa, SA (1,2 millones de euros), Azpiegiturak, SA (700.000 euros), Palacio Euskalduna, SA (10 millones de euros), Garbiker, SA (12, (12,3 millones de euros) e Interbiak, SA (37,9 millones de euros).

Precisamente esta última sociedad, la encargada de gestionar las obras en las carreteras de Bizkaia y el tramo vizcaíno de la autopista A-8, es la que tiene una peor situación financiera. Con 34 empleados y 1,7 millones anuales de gastos de personal, su presupuesto anual ronda los 157 millones de euros pero su cifra de negocio no alcanza los 50, que proceden del cobro de los peajes en la autopista. Según la memoria presupuestaria de Bizkaia, tiene suscritos préstamos bancarios por casi 950 millones de euros.

Enkarterri Berri Zerbitsuak S. L. gestionará la radio, la residencia y el hotel, pero también recibe competencias urbanísticas y de compra y distribución de energía, entre otras.

Sus estatutos permiten el nombramiento de hasta tres consejeros delegados y un gerente y la posibilidad de establecer dietas y salarios para los miembros del consejo.

El alcalde de la localidad encartada admite que son mejorables y dice que estudiarán la manera de aumentar las salvaguardas para evitar abusos “una vez que empiece a funcionar”.

La oposición se muestra preocupada porque “crea una mayor inseguridad laboral para el personal de la residencia”, “añade opacidad” y “elude el control del interventor municipal”.

Cuando ocurre un cambio de Gobierno es habitual que los nuevos inquilinos de la casa noble se encuentren fiambres en los armarios. En el caso del Ayuntamiento de Zalla, una localidad con 8.500 habitantes, la lista de cadáveres que dejó el PNV a su salida en 2011 no tiene desperdicio: Una emisora de radio con un coste de 80.000 euros anuales que emite una hora de contenido propio al día, un hotel restaurante pagado con fondos públicos que nunca se puso en marcha y cuyo mobiliario le cuesta al consistorio 100.000 euros al año en concepto de alquiler y una residencia con un servicio de catering que cuesta otros 200.000 euros anuales y que nunca se ha licitado de forma pública.

En total, son más de 350.000 euros de facturas anuales sujetas a contratos plurianuales sobre los que el nuevo Gobierno, compuesto por los independientes de Zalla Bai, tiene escaso margen de maniobra. El nuevo equipo trata ahora de reanimar todos estos despojos mediante la creación de una sociedad mercantil que los gestione, Enkarterri Berri Zerbitsuak S. L. El problema es que por el camino han acabado creado su propio monstruo de Frankestein de las empresas públicas con unos estatutos que delegan sobre ella gran parte de las competencias municipales.

Realmente Enkarterri Berri Zerbitsuak no será una sociedad completamente nueva, se trata de la reconversión de una empresa pública que ya existía y que se encargaba únicamente de gestionar la radio. Ahora sus estatutos también le darán control sobre la residencia u otros servicios de pisos tutelados y centros de día que el consistorio pudiera crear y también sobre el hotel restaurante municipal. Además, se le atribuyen competencias urbanísticas, de vivienda y de explotación del patrimonio y bienes municipales, así como de compra, producción y distribución de energía.

Y claro, para poder gestionar este enorme cajón desastre de bienes y servicios municipales hace falta personal. Por eso los nuevos estatutos prevén la posibilidad de nombrar hasta tres consejeros delegados y un gerente, establecer dietas para los miembros del consejo de administración que sean concejales de Zalla y salarios para los que no lo sean.

También establecen algunos controles sobre su funcionamiento. Por ejemplo, la junta de accionistas estará formada por todo el pleno municipal y tendrá facultades para fiscalizar la sociedad. Sin embargo, sólo se reunirá una vez al año y, en cualquier caso, el partido que tenga mayoría en el Ayuntamiento tendrá control sobre ella. Los estatutos también prevén que el consejo de administración esté formado al menos por un miembro de cada partido con representación en Zalla y que a todas sus reuniones asista la secretaria municipal, pero la figura del interventor no se menciona por lo que los contratos no estarían controlados por un funcionario independiente.

“Cubrir todos los nichos de mercado”

“Cubrir todos los nichos de mercado”El alcalde de Zalla, Javi Portillo, admite que los estatutos de la sociedad “son mejorables”. “No somos expertos en esto, hay partes en las que hemos hecho ‘copy-paste’ de otros textos similares y es posible que tengamos que revisarlas”, se sincera el primer edil. Sin embargo, justifica el ‘tótum revolútum’ competencial que recibe su criatura. “Queremos que en un futuro promocione vivienda para dar respuesta a la escasez de VPO que hay en el pueblo y que en la medida de lo posible alivie el 22% de paro que tenemos en el pueblo con nuevas contrataciones”, asegura Portillo. “El objetivo es que cubra todos aquellos nichos de mercado que no estén cubiertos en Zalla”, añade.

El alcalde de la localidad encartada argumenta que la figura de una S. L. es necesaria porque “de otra forma, con la nueva ley de bases, corren riesgo de desaparecer estos servicios municipales en tanto en cuanto no equilibren sus cuentas”. “Además, nos permite licitar la gerencia de esa sociedad a una empresa con experiencia en la gestión de ese tipo de servicios y con profesionales adecuados para ello, de forma que cobren un % de la facturación y un % de los beneficios que consigan”, añade portillo y recuerda que dichos servicios parten con un déficit anual de más de medio millón de euros.

De buenas a primeras, la nueva Sociedad no ha establecido el pago de dietas ni salarios para los miembros del Consejo y la licitación de la Gerencia, publicada el pasado viernes en el boletín, limita el salario de la empresa o profesional que gane el concurso al 8% de los ingresos de la nueva sociedad excluyendo los que vengan de las arcas municipales. Es más, el propio Portillo recalca que actualmente la junta de la residencia está compuesta por 7 concejales que cobran 350 euros cada vez que se reúne, “que además paga el ayuntamiento”. Sin embargo, admite que están estudiando la manera de evitar futuros abusos.

“Nos gustaría poner más salvaguardas, una vez que empecemos a funcionar pensaremos en blindarlo todo más”, comenta el regidor. “Pero hay que tener en cuenta que no hizo falta crear una sociedad mercantil para dar a dedo el servicio de catering de la residencia o para crear una emisora cuyo único propósito es repetir la señal de una radio privada”, añade.

La oposición, por el contrario, no ve suficientes garantías en una declaración de buenas intenciones. Josu Montalbán, portavoz del PSE, cree que la nueva sociedad “añade opacidad” y “elude el control del interventor municipal”. “Es una privatización encubierta de los servicios del Ayuntamiento porque una sociedad mercantil no se rige por los mismos criterios que una institución pública”, critica Montalbán. El portavoz socialista recalca que la nueva empresa podría aplicar la reforma laboral sobre los trabajadores de la residencia, que pasarán a ser parte de su plantilla, o ignorar las leyes de contratación pública cuando recurran a nuevo personal.

A falta de ver cómo se realizarán las nuevas contrataciones, el sindicato mayoritario de los trabajadores de la residencia, ELA, hizo la única alegación a los estatutos y ésta fue aceptada. Esta modificación incluyó a toda la plantilla dentro de la Relación de Puestos de Trabajo(RPT) del Ayuntamiento y ha provocado que los trabajadores estén “satisfechos con el proceso hasta el momento”. El alcalde de Zalla asegura, además, que seguirán el mismo procedimiento con los nuevos empleados “siempre que sea posible” recurriendo una vez más a las buenas intenciones.

El Departamento de Medio Ambiente, del que depende el ente, aclara que los 108.000 euros que aparecen en el documento de Presupuestos incluyen las retribuciones de dos ex directivos.

El director de Eusko Trenbide Sarea (ETS), Rafael Sarria, tiene un salario de 82.131 euros brutos al año, según ha aclarado el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Pese a que un portavoz de ETS dio por correcto hace diez días que la retribución era de 108.131 euros (lo que suponía un 11% más que el lehendakari), como aparece en un documento de los Presupuestos del País Vasco, el Departamento, del que depende esa sociedad pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias en Euskadi, asegura ahora que en esa cantidad se incluyen las indemnizaciones a dos ex directivos de la sociedad.

Un portavoz de ETS ha señala que el actual director general percibe una retribución ligeramente inferior a su predecesor, que “en 2011 y 2012 cobró 82.811 euros brutos”. En la herramienta opendata, puesta en marcha por el anterior Gobierno, el sueldo del entonces director de ETS en 2011 es de 81.805 euros (en 2012 los salarios de los altos cargos quedaron congelados), 300 euros menos. La información de esta herramienta, implantada para aumentar la transparencia, era más clara que los datos reflejados en los presupuestos pero está sin actualizar desde el pasado año. Con el documento de Presupuestos de 2013, el ciudadano tiene muchas más dificultades para acceder a los datos de los salarios de los altos cargos públicos.

El salario de Sarria, como gran parte de los directivos de las sociedades públicas, es superior a los de los viceconsejeros del Gobierno vasco, que son sus superiores, ya que perciben 78.673 euros brutos anuales. En Eusko Trenbide Sarea, como reveló este diario, el anterior Gobierno del PSE tenía tres cargos directivos en ETS, frente al único actual con el PNV, con un coste global de 233.421 euros, casi tres veces superior al actual.

Algunos directivos de de las sociedades públicas más importantes del Gobierno vasco han visto subido su sueldo respecto al pasado año, según la comparación entre la herramienta opendata y el documento de presupuestos. Esto choca con la congelación en todos los altos cargos del Ejecutivo de Lakua, desde directores a viceconsejeros, consejeros y el lehendakari así como los cerca de 70.000 funcionarios de la administración pública vasca. Varios tienen también tienen una mayor retribución que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que cobra 78.185 euros.

La parlamentaria del PSE Idoia Mendia pregunta si es "razonable" que cobre 108.000 euros anuales, un 11% más que el lehendakari, y los motivos de que gane un 30% más que su antecesor en plena congelación salarial de los funcionarios.

Los socialistas piden una relación completa de las retribuciones de los directores de las sociedades públicas tras conocerse que siete de los 12 más importantes se han subido sus sueldos.

Solicitan explicaciones por el desmantelamiento de Metaposta, el buzón virtual público,y las razones del despido de tres de sus cinco empleados.

El elevado sueldo del director de la sociedad pública Eusko Trenbide Sarea (ETS), Rafael Sarria, ha llegado al Parlamento. La parlamentaria del PSE, Idoia Mendia, ha presentado una batería de preguntas al lehendakari Iñigo Urkullu sobre si “es razonable” su retribución, que supera los 108.000 euros brutos anuales, un 11% más que Urkullu y un 30% superior a su antecesor en el cargo. “¿Cree que el director de una empresa dependiente del Gobierno vasco debe cobrar más que el lehendakari? Si es así, ¿por qué?”, inquiere.

Rafael Sarria, como director de una sociedad pública, tiene como inmediato superior a un viceconsejero, que percibe 78.000 euros (30.000 euros menos que él), y además en 2010 se llevó una indemnización de casi 90.000 euros de otra entidad pública, Metro Bilbao, al ser cesado de su cargo de director.

En su pregunta, Mendia interpela al lehendakari sobre las razones de que se suba la retribución a este directivo “en medio de la congelación salarial de los empleados públicos, incluidos los de ETS, tras un año de reducción neta por la supresión obligada por Rajoy de la paga extra de Navidad”.

La parlamentaria se refiere, en las preguntas que ha formulado, sobre el plan de reducción de sociedades públicas presentado la pasada semana por el lehendakari, en el que “puso el énfasis en la importante reducción en el gasto público en dichas empresas y sociedades, reducción de gasto que explicaba en el esfuerzo de eliminación de altos cargos”. Agrega que los altos cargos que se mantienen “estarían incrementando notoriamente sus retribuciones particulares, en contra de la política de congelación salarial para el conjunto de los empleados públicos y en contra también en los criterios de racionalidad”.

Como ha informado El Diario Norte, siete de los 12 directivos de las sociedades públicas más importantes del Gobierno vasco han visto subido su sueldo respecto al pasado año, con alzas de más de un 30% en el caso del director del ETS pero de un 3% en la mayoría de ellos.

Los socialistas piden al lehendakari una relación completa de las retribuciones de los directores y/o presidentes de las 69 sociedades públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, fundaciones y consorcios, “así como de los correspondientes a las 123 entidades participadas” que figuran en el plan de reducción.

Despidos en Metaposta

En otra de las preguntas, la parlamentaria Idoia Mendia reclama información sobre el futuro de Metaposta (el buzón virtual del ciudadano), que como también ha adelantado este diario se ha desmantelado al despedirse a tres de sus cinco empleados, entre ellos al entonces director. Asegura que se contradice con el anuncio de Urkullu, al presentar el plan, de que “su Gobierno no contempla en absoluto la destrucción de empleo público”.

Por ello, le interpela si, cuando el “30 de julio se comprometió a no destruir empleo público”, conocía los despidos acordados un mes antes, el 25 de junio, por el Consejo de Administración de Metaposta, “en el que el Gobierno vasco tiene el 47,5% de la participación. Si es así, ¿por qué no informó al respecto cuando explicó su estrategia de redimensionamiento del sector público?”.

Mendia pregunta por las razones de los despidos, la postura del Gobierno en el Consejo de Administración, si es necesario el servicio Metaposta “que el lehendakari Ibarretxe puso en marcha en 2008” y cómo se va a prestar el servicio, que cuenta con más de 40.000 usuarios, con dos únicos empleados.

El director general de la sociedad pública Eusko Trenbide Sarea (ETS), Rafael Sarria, quien gana un 11% más que el lehendakari Iñigo Urkullu, se llevó una indemnización de casi 90.000 euros en 2010 cuando fue cesado como director de otra entidad pública, Metro Bilbao. Como ha informado El Diario Norte, Sarria tiene una retribución bruta anual de 108.851 euros, superior en 11.000 euros al lehendakari. Su inmediato superior es un viceconsejero, que cobra 30.000 euros menos que el directivo de ETS.

Las elevadas indemnizaciones han sido habituales en las sociedades públicas vascas, cuyo entramado ha prometido reducir el actual Gobierno vasco. En el caso de Metro Bilbao, el PNV tenía establecida una cláusula en la que las indemnizaciones se fijaban por una cantidad equivalente al sueldo anual. El contrato de Sarria, quien estuvo como director del metro entre 2006 y 2010, determinaba en su cláusula tercera que “percibirá la remuneración de 89.599 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas”. El punto séptimo del contrato era un blindaje, puesto que establecía que si el suburbano rescindía el contrato por “causa ajena a la voluntad” de Sarria se le otorgaría la citada indemnización, que es lo que ocurrió finalmente.

La difusión de estas elevadas cantidades, junto al hastío de la ciudadanía a la corrupción, llevaron al PNV, a través del Consorcio de Transportes de Bizkaia del que depende Metro Bilbao, a establecer hace unos meses una indemnización en el caso de cese de los directivos del metro de una sola mensualidad.

Rafael Sarria es un militante histórico del PNV, al que tras su salida del metro los peneuvistas buscaron acomodo como directivo en una empresa dependiente del AIC de Amorebieta, el centro de desarrollo tecnológico del sector de la automoción con propiedad mayoritaria de la Diputación vizcaína gobernada por los nacionalistas. Su cese en 2010 causó una hondo malestar en el PNV, al verlo como una decisión “política” del PSE, que entonces dirigía Metro Bilbao.

En su actual cargo al frente de Eusko Trenbide Sarea (ETS), el salario de Sarria es un 30% superior a su antecesor, que cobraba 81.805 euros, o sea 27.000 euros menos. El anterior Gobierno del PSE tenía tres cargos directivos en ETS, frente al único actual con el PNV, con un coste global de 233.421 euros.

Con este caso, siete de los 12 directivos de las sociedades públicas más importantes del Gobierno vasco han visto subido su sueldo respecto al pasado año, con alzas de más de un 30% en el caso del director del ETS pero de un 3% en la mayoría de ellos, lo que choca con la congelación en todos los altos cargos del Ejecutivo de Lakua, desde directores a viceconsejeros, consejeros y el lehendakari así como los cerca de 70.000 funcionarios de la administración pública vasca. Siete de ellos también tienen una mayor retribución que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que cobra 78.185 euros.

Siete de los 12 directores de las principales entidades públicas vascas han aumentado este año su salario, la mayoría con una media del 3%, en contraste con la congelación en el Gobierno y los funcionarios.

El responsable de Eusko Trenbide Sarea (ETS), Rafael Sarria, ha incrementado su sueldo en más de un 30% respecto a su antecesor.

El plan de reducción del entramado público en Euskadi, presentado el martes, no hace referencia a los salarios de los directivos.

Sueldos incluso por encima del lehendakari e incluso subidas respecto al pasado año, pese a la congelación salarial existente desde hace dos años en toda la Administración vasca. Los salarios de los directivos de las sociedades públicas en Euskadi no aparecen en el plan de reducción del entramado institucional presentado el martes por el Gobierno. El más llamativo es el de Rafael Sarria, director general de Eusko Trenbide Sarea, el gestor de infraestructuras ferroviarias, con un salario de 108.851 euros brutos al año, según los datos del documento de Presupuestos de 2013 que presentó el Ejecutivo autónomo y que son los vigentes, según ha confirmado a El Diario Norte un portavoz del Departamento de Hacienda .

Este salario supera en más de 11.000 euros anuales, un 11% más, al propio lehendakari (97.518 euros anuales) y está por encima de los consejeros del Gobierno vasco (86.930 anuales) y los viceconsejeros (78.673 euros). Como en el resto de los directivos de sociedades públicas, su inmediato superior es un viceconsejero.

En el caso de Rafael Sarria, el aumento es significativo respecto a su antecesor, que cobraba 81.805 euros, o sea 27.000 euros menos. El anterior Gobierno del PSE tenía tres cargos directivos en ETS, frente al único actual con el PNV, con un coste global de 233.421 euros.

Con este caso, siete de los 12 directivos de las sociedades públicas más importantes del Gobierno vasco han visto subido su sueldo respecto al pasado año, con alzas de más de un 30% en el caso del director del ETS pero de un 3% en la mayoría de ellos, lo que choca con la congelación en todos los altos cargos del Ejecutivo de Lakua, desde directores a viceconsejeros, consejeros y el lehendakari así como los cerca de 70.000 funcionarios de la administración pública vasca. Siete de ellos también tienen una mayor retribución que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que cobra 78.185 euros.

El siguiente en el ranking de sueldos es el director de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), Juan Cruz Vicuña, con una retribución de 103.439 euros, casi 2.000 más que en 2012, ya que se ha mantenido en el cargo. En este caso, más de 16.000 euros proceden en concepto de antigüedad. El funcionamiento inusual de las sociedades públicas tiene su ejemplo más claro en este caso, ya que SHESA es una sociedad bajo el paraguas del Ente Vasco de la Energía (EVE), cuya director general, Pilar Urruticoechea percibe menos, aunque alcanza los 91.650 euros. Una retribución casi 2.500 euros superior a su antecesor.

En los siguientes escalones están la directora de la sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, Yolanda Beldarrain, con una retribución de 86.674 euros, también con un alza de 2.500 euros respecto a su predecesor en el cargo; Alexander Arriola, director de SPRI (la Agencia de Desarrollo Empresarial), con 86.320 euros, en el que aparece por primera vez una ligera bajada del sueldo (80 euros) sobre su antecesor; y Marcos Muro, director de Visesa, con 85.917 euros, pero en este caso con una subida de casi 10.000 euros (cerca de un 15%) respecto al anterior responsable de esa sociedad dedicada a la promoción de vivienda pública.

Registro más claro sin actualizar desde 2012

El ranking prosigue con Juan Andrés Legarreta, responsable de la agencia de evaluación universitaria Unibasq, que prosigue en su puesto con el sueldo de 78.634 euros pero con un alza 1.700 euros; el director de la Agencia Vasca del Agua, Ura, con 76.908 euro, igual que su predecesor; el director de Eusko Tren, Iñigo Palomino, con 76.013 euros, el mismo que su antecesor o el director de la agencia pública de medio ambiente Ihobe, Javier Agirre, que tampoco varía el salario de su anterior director, con 72.278 euros.

En un nivel algo inferior están Agustin Elizegi, el director de Ejie, la sociedad pública de informática, una de las excepciones en la que se reduce el salario de 70.798 euros a 69.072 y Arantza Madariaga, la directora de Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo, con una rebribución igual a su predecesora: 65.471 euros.

En el documento de presupuestos hay sociedades sobre las que no aparecen los datos desglosados de los directivos, como los parques tecnológicos que el plan de reducción proyecta fusionarlos o la propia radiotelevisión pública vasca. El sueldo de la directora de EITB ha aparecido en el borrador de las cuentas del ente, que será de 85.235 euros, igual que su antecesor.

El plan de reducción del entramado de sociedades públicas en Euskadi, presentado el martes pasado por el lehendakari Iñigo Urkullu que de salida tiene sombras al incluir a sociedades sin personal ni gasto, no hacía ninguna referencia a los salarios de los directivos, que en muchos casos se han incrementado.

La información que ofrecía el Gobierno vasco a través de internet de las retribuciones era más clara con la herramienta opendata, puesta en marcha por el anterior Ejecutivo, pero está sin actualizar desde el pasado año. Con el documento de Presupuestos, el ciudadano tiene muchas más dificultades para acceder a los datos de los salarios de los altos cargos públicos.

El plan solo afecta a 14 sociedades públicas y de ellas 11 son áreas industriales en las que Bildu puede impedir su eliminación al no tener mayoría el Gobierno vasco.

Contempla la fusión de los tres parques tecnológicos en uno, pero todo indica que será una unión formal y prevé el cierre de sociedades ya anunciadas como Bilbao Ría 2000, Jaizkibia y Vilau Media.

El proyecto de reducción del entramado público vasco solo afecta a 14 sociedades públicas con control casi mayoritario del Gobierno (otros 35 son entidades participadas) y de ellas 11 son 'industrialdeak' (entidades en las que participan también las diputaciones y ayuntamientos que se dedican a promoción de suelo industrial y que se quieren dejar en una por territorio) en las que puede tener problemas para su eliminación por el rechazo de formaciones como Bildu, con mayoría en los consejos de varias de ellas. Y también incluye entidades que no tienen ni personal ni ninguna estructura, como fondos de capital riesgo o la sociedad para la gestión de centrales hidroeléctricas municipales. En el caso de las industrialdeak, la pasada legislatura se acometió una importante reducción de un tercio de las 26 existentes pero no se pudieron acometer más por el rechazo de Bildu y el propio PNV en varias comarcas guipuzcoanas.

La entidad pública más significativa de las 50 que parecen en el listado son los tres parques tecnológicos vascos, que el proyecto del Gobierno contempla fusionarlos en uno pero todo indica que será una unión formal. Cada parque tiene su sede en cada territorio y desde abril tiene además un único director, José Miguel Corres, a quien el Gobierno vasco colocó en ese puesto tras salir con una polémica gestión del BEC, la Feria de Muestras principal de Euskadi que tiene un agujero económico de más de 300 millones en pérdidas contables. Precisamente una de las entidades participadas que están en el listado es Bilbao Exhibition Centre Solar, apéndice del BEC.

Más significativa es la venta de la participación en el Polo de Innovación Garaia, en Mondragón, que funcionaba como el cuarto parque tecnológico vasco, en el que el Gobierno participa junto a la Diputación de Gipuzkoa, Corporación Mondragon y el Ayuntamiento de Mondragon.

Los tres fondos de inversión que se liquidan son Socade, Elkano XXI y Suztapen, que no tienen personal ni actividad propia, puesto que son instrumentos de la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que se dedica a ayudar financieramente a las empresas vascas.

En la lista se incluyen sociedades sobre las que ya se preveía la disolución como Bilbao Ría 2000, con un agujero de más de 100 millones de euros, y Jaizkibia, creada para la puesta en marcha del nuevo puerto exterior de Pasaia, ahora en un cajón. También destaca el caso de Vilau Media, una empresa en la que participaba ETB y que le dejó un agujero de 700.000 euros, un caso que está en los tribunales por presunta malversación de fondos de su ex gerente, Juan Diego, ahora en la dirección de Beaz, sociedad pública para la promoción de empresas dependiente de la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV.

Precisamente, en Beaz se pretende integrar al CEDEMI, el centro de desarrollo empresarial de la Margen Izquierda. La lista se completa con la integración en Visesa, sociedad pública de Vivienda, de Orubide, dedicada a gestionar el suelo, y con la eliminación de varias entidades participadas dedicadas a la cogeneración poco conocidas.

El Tribunal vasco de Cuentas, que ha examinado a las 14 empresas forales en el ejercicio de 2011, destaca que hay contratos prorrogados desde 2002 "sin que se haya aprobado" esa ampliación.

El Instituto Tutelar de Bizkaia tardó más de medio año en pagar a proveedores, 113 días por encima del plazo legal, según reprocha la auditoría.

Cinco de las 14 sociedades públicas de Bizkaia realizaron contrataciones a dedo por importe de más de 400.000 euros en vez de realizar licitaciones o pedir otras ofertas, según constata el Tribunal Vasco de Cuentas en un informe que ha analizado su actividad durante 2011.

El órgano fiscalizador ha detectado las irregularidades en las sociedades Bizkaikoa (gestión de museos), Azpiegiturak (proyectos y explotación de obras públicas), Bizkaiko Basalan (trabajos forestales), Interbiak (infraestructuras viarias) y Zugaztel (grabación y call center). Las contrataciones directas han ido para diferentes servicios, desde el montaje y desmontaje de exposiciones o suministros de plantas y productos fitosanitarios hasta elaboración de informes, telefonía y limpieza. El informe resalta que la empresa Interbiak prorroga desde 2002 y 2006 sendos contratos de telefonía y limpieza con un gasto en 2011 de 70.062 y 37.682 euros, “sin que se hayan aprobado las correspondientes prórrogas, por lo que sería conveniente la realización de nuevas licitaciones”.

El Tribunal comprueba igualmente incumplimientos en la ley para el pago a los proveedores, que establece un plazo máximo de abono para las administraciones de 50 días, en seis sociedades públicas en contratos por un importe de casi cuatro millones de euros. En dos casos, la demora en el pago es de hasta 113 días en el caso del Instituto Tutelar de Bizkaia y 76 en Aparkabisa.

La auditoría también examina la deuda de las 14 sociedades públicas, que en 2011 se elevó a 1.039 millones. Estas empresas tenían en ese ejercicio un total de 761 trabajadores, de ellos 16 altos cargos, que suponen unos gastos para los vizcaínos de 46,8 millones de euros anuales.

En sus alegaciones, la Diputación de Bizkaia argumenta, sobre las contrataciones a dedo, de que en algunos casos eran servicios desglosados que no requerían la licitación y en otros son específicos y urgentes. En relación a los contratos de telefonía y limpieza, explica que el primero se licitó en 2012 y el segundo se está preparando en la actualidad. Las demoras en el pago a proveedores son replicadas por la Diputación vizcaína en dos de las seis sociedades con retrasos: en el caso de Aparkabisa (el centro de transportes y aparcamiento de camiones), se ha debido al retraso en el pago de los deudores comerciales y, en Lantik (servicios informáticos de la administración foral), argumenta que solo un 0,28% de los contratos de esta empresa tuvieron retraso.

La Diputación vizcaína tuvo que aportar 95,7 millones de euros para compensar, según recoge el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Las pérdidas del sector público empresarial de Bizkaia se elevaron a 51,7 millones de euros en 2011, ejercicio en el que la Diputación aportó 95,7 millones para compensarlas, según las conclusiones del informe de fiscalización de la Cuenta General de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2011. El órgano fiscalizador destaca, en sus conclusiones, como “incertidumbres”, tanto las discrepancias sobre el Cupo con el Estado y la demanda de la Comisión Europea sobre la “falta de adopción” de medidas para recuperar las deducciones y bonificaciones fiscales establecidas en las Normas Forales de 1996.

El informe del TSJPV se elabora con las cuentas de la Diputación foral de Bizkaia, las de los organismos autónomos forales (Sector Público Administrativo), con las de las entidades públicas empresariales forales y de las cuentas de las sociedades mercantiles forales (Sector Público Empresarial). El correspondiente a 2011 ha sido aprobado por unanimidad de los miembros del pleno, aunque con el voto particular concurrente de uno de ellos.

De los 95,7 millones de euros aportados por la Diputación de Bizkaia, 84,5 millones fueron vía ampliación de capital y 10,9 millones de euros para compensar pérdidas de estas sociedades. Además, ha subvencionado a estas sociedades con otros 20,4 millones de euros para la realización de inversiones. El informe menciona también el incremento del endeudamiento en un 8,7% en 2011 correspondiendo el mayor importe a Interbiak. SA para la realización de infraestructuras.

En lo relativo a la financiación a corto plazo destaca, con una excepción, que “su situación financiera evidencia la suficiencia del activo para hacer frente al pasivo a corto plazo”. Finalmente, y analizado el resultado del ejercicio, informa de que las pérdidas del sector público empresarial en 2011 ascienden a 51,7 millones de euros. Los ingresos de explotación de dicho sector, el 77,7%, corresponde a prestación de servicios a empresas vinculadas, según el órgano fiscalizador.

En el capitulo destinado al sector público administrativo y, respecto al cumplimiento de la legalidad, el TVCP opina que, durante 2011, la actividad económico financiera se ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, con la excepción de unas “salvedades puntuales” para la Diputación y para un organismo autónomo que se concretan en el propio informe.

Respecto a la concesión de subvenciones, señala que la Diputación ha concedido de forma directa, “sin acreditar la dificultad” de realizar una convocatoria pública, ocho subvenciones por un importe global de 2,6 millones de euros. Según ha subrayado, una situación similar se plantea con cuatro convenios suscritos con una fundación privada por un importe total de 0,8 millones.

En la fiscalización de la contratación administrativa, la “salvedad” detectada en el Instituto foral de Asistencia Social, se centra en la contratación directa de obras, servicios y suministros por importe global de 0,9 millones de euros “sin tramitar los correspondientes expedientes de contratación”.

Respecto a la Cuenta de la Diputación vizcaína, el Tribunal cree que “presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio 2011, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al cierre” pero destaca “algunas salvedades que obedecen a la aplicación de criterios de registro de operaciones no admitidos por el órgano fiscalizador” y que reducen el Resultado Acumulado en 23,9 millones de euros. También alude a la falta de inclusión de determinados gastos pluriananuales.

El órgano fiscalizador hace hincapié también en “dos incertidumbres”, la primera de ellas, relativa a la demanda interpuesta por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la “falta de adopción” de medidas necesarias para la recuperación de las deducciones y bonificaciones fiscales establecidas en las Normas Forales 3/1996 y 7/1996.

Asimismo, incide en los efectos económicos “que se pueden derivar de las discrepancias que mantiene la Administración General de la Comunidad autónoma vasca con la Administración General del Estado en cuanto a la aplicación de la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011”.

Recomendaciones

El TVCP incluye un apartado de “consideraciones y recomendaciones” ante “algunas deficiencias” detectadas en el curso de la fiscalización que, “sin afectar de manera relevante al cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión”. Éstas se refieren a aspectos presupuestarios y contables, ingresos fiscales, a la contratación de bienes y servicios, concesión de subvenciones y al personal.

En relación al sector público empresarial y, respecto al “cumplimiento de la legalidad”, el TVCP opina que la actividad económico financiera durante 2011 se ha realizado “de acuerdo con la normativa vigente”, con la excepción de “dos salvedades”. En el área de personal y en el caso de cuatro sociedades públicas, “no se ha podido verificar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal contratado en el ejercicio 2011”, un total de 10 trabajadores, “realizada por medio de empresas especializadas”.

En relación a las cuentas anuales de los entes y sociedades integrantes del Sector Público Empresarial, el Tribunal opina que “presentan adecuadamente la actividad económica del ejercicio 2011, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo” a excepción de las cuentas de Azpiegiturak, SA, “debido a la incertidumbre que afecta a existencias y el inmovilizado inmobiliario con saldo al cierre del ejercicio de 144,7 y 16,2 millones de euros, respectivamente”.