El PP, Vox y Junts han vuelto a tumbar este jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, con medidas como la prohibición del corte de suministro de luz y agua, la protección a consumidores vulnerables y la suspensión de los desahucios para personas que no pueden afrontar el alquiler. Es esta la razón que han vuelto a poner como excusa los siete diputados de Junts para votar en contra del decreto, con el argumento de que fomentará la okupación. “Una excusa barata y falsa”, como ha recordado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate de la medida en el Congreso. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El Gobierno daba por perdida la votación de este martes y buscará ahora la manera de intentar rescatar las medidas de este paquete. No han servido los intentos de negociación en estas semanas y la modificación que introdujo en la medida sobre los desahucios tras pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas arrancaron al Ejecutivo que la suspensión de los desalojos no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Pero Junts decidió hace meses retirar su apoyo al Gobierno. Es una decisión estructural que difícilmente cambiará, al menos así lo creen en Moncloa, hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España, una decisión judicial que ya no depende del Ejecutivo. Las medidas a las que ha dado apoyo esa formación en el Congreso en todo este tiempo son iniciativas con las que coinciden ideológicamente, como la subida de las pensiones, pero se ha negado a negociar la agenda progresista de la coalición.

Junto a la estrategia de oposición al Ejecutivo, los de Puigdemont conviven en su seno con un debate sobre el giro ideológico de su formación, en pleno ascenso de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Quizás eso también explica por qué sus siete diputados votaron a favor hace un año de un texto casi idéntico al que se ha debatido este jueves y que ahora rechazan. La agenda de Junts en esta legislatura ha girado hacia la derecha en asuntos como la inmigración o la seguridad y por eso en esta ocasión han centrado sus críticas al decreto en la okupación, sobre la que el paquete no dice nada.

Así lo ha recordado Bolaños al defender la medida en la tribuna. “Les tengo que decir que ni okupas ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto, y al revés, se les excluye de cualquier beneficio”, les ha reprochado a los diputados catalanes. “Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo decreto en 2025. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley con los okupas, que ni están ni se les espera ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha criticado Bolaños.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado un “chantaje político” del Gobierno por “mezclar cosas” cuando “no tiene mayoría”. “¿Por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente si España va como un cohete?”, le ha prguntado antes de reprochar que se haya convertido “una medida excepcional en una penitencia para los propietarios”.

Los socios progresistas de la coalición han recriminado la “falacia” de las derechas en su rechazo al escudo social. “En eso sí forman un bloque la derecha catalana y española”, ha expresado el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

“Os pedimos una reflexión porque pulsar el botón rojo no hace caer al PSC o al señor Illa”, le ha dicho la portavoz socialista, Montserrat Mínguez, a la bancada de Junts: Si presionan el botón rojo tendrán un apluaso del PP y Vox, que les quiere ilegalizar. Pero tendrán el enfado de mucha gente que ha confiado en ustedes“. ”Quien está echando a la gente de sus casas son los fondos buitre, a quienes están protegiendo es a los fondos buitre“, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal.

Las medidas que decaen

Además de la protección contra los desahucios, el escudo social mantenía otras medidas como la extensión durante un año de la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluía la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, incluía la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

El nuevo texto mantenía la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

El Consejo de Ministros presentó ayer una nueva fórmula para intentar aprobar en el Congreso la subida de las pensiones y el escudo social. En lugar de meterlo todo en un mismo decreto ómnibus, en un gran paquete de medidas, el Gobierno lo ha troceado en dos partes para asegurarse el apoyo de sus socios de investidura y de los partidos que votaron en contra la semana pasada —PP, Vox y Junts—. El Ejecutivo ha conseguido así salvar al menos uno de los dos decretos, el que contiene la revalorización de las pensiones, mientras confía en que Junts termine apoyando el decreto del escudo social, a pesar de que el partido catalán aseguró anoche que no votaría a favor de la moratoria antidesahucios.

El Gobierno trata de salvar en segunda vuelta el conocido como 'escudo social', que se puso en marcha en 2020 para que las familias vulnerables pudieran hacer frente a los estragos económicos y sociales de la pandemia, y que PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-Ley, con las pensiones al margen y un cambio central en una de las medidas de protección que más reticencias causaba en Junts: la moratoria antidesahucios.

El PNV, que sí votó a favor del real decreto-ley ómnibus del pasado martes, ha negociado con el Ejecutivo un nuevo texto que incluye el bono energético, las ayudas por la dona, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables. Y en este último punto está la modificación con la que el Gobierno quiere atraer a Junts al acuerdo, al dejar fuera de este paraguas a los inquilinos de caseros con una o dos viviendas en alquiler. Son una “muy pequeña parte del mercado inmobiliario”, ha estimado el ministro de Cultura de Sumar, Ernets Urtasun.

“El Gobierno blinda a los inquilinos vulnerables para que los fondos buitre y grandes tenedores no los puedan desahuciar”, justifican fuentes de Moncloa, que indican que “las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social” porque “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. En el caso de propietarios de tres o más viviendas, se frenará el desahucio, siempre que los caseros no sean vulnerables.

Los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas y las corporaciones locales que, en la práctica, ya estaban obligadas a garantizar una alternativa para las familias vulnerables según la redacción del texto de la antigua moratoria, que decayó la semana pasada, independientemente de si los caseros eran pequeños, grandes propietarios, empresas o fondos de inversión.

“Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna”, indicaba el antiguo texto.

Además, acuerdos internacionales ratificados por España ya contemplan la obligación de los Estdos de garantizar una vivinda adecuada a la población, un incumplimiento por el que este país ha recibido varios requerimientos y condenas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas, por intentar desahuciar sin alternativa habitacional.

“Hay una responsabilidad importante de las comunidades autónomas para ofrecer esas alternativas habitacionales”, ha indicado la ministra portavoz Elma Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La medida es muy importante, pero para hacerla efectiva requiere de muchos más” actores además del Gobierno, ha insistido.

A falta de conocer la postura de Junts, que ya el año pasado se opuso al 'escudo social' en una primera votación, pero que acabó votando a favor tras conseguir el compromiso de una línea de avales para caseros ante impagos del alquiler, que se reactivó en diciembre, ha sido otro socio de la coalición quien se ha mostrado en contra del cambio. “El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ”solo“ tienen una vivienda para alquilar”, escribió en X la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que calificó la enmienda de “asco absoluto”.

“El Gobierno está acostumbrado a buscar y conseguir los acuerdos entre quienes a priori tienen posturas irreconciliables”, indican fuentes gubernamentales, que insisten en que no dejan “a nadie atrás”. “Ni a los pensionistas, ni a los migrantes, ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no pueden pagar el alquiler”, señalan estas mismas voces.

Suministros y bono social eléctrico

El nuevo escudo social mantiene otras medidas, que fueron tumbadas también con el decreto ómnibus de la semana pasada. Así, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluye la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Exención en el IRPF para las ayudas por los incendios y la Dana

Además, se conserva la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la Dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

Ampliación de deducciones y beneficios fiscales

El nuevo real decreto mantiene las ampliaciones a 2026 de algunas ayudas fiscales vinculadas a la inversión en eficiencia energética en viviendas, a la compra de vehículos eléctricos o instalación de cargadores en el hogar; la modificación del IVA en materia de hidrocarburos; y el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Prohibición de despidos en empresas con ayudas públicas

El nuevo texto mantendrá también la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

Actualización de las entregas a cuenta

El nuevo real decreto-ley mantiene también la actualización de entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales para 2026, mediante suplementos de créditos por valor de más de 3.000 y 3.600 millones, respectivamente.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su no al decreto ómnibus el pasado martes asegurando que “no se trataba de subir las pensiones, sino de implementar políticas contra la ciudadanía”. Entre estas medidas que, según el popular, afectan negativamente a la población se encuentra la moratoria antidesahucios, de la que ha asegurado que “no ha beneficiado a nadie”. Pero los datos dicen otra cosa: según un estudio del Observatorio DESCA, se trata de una medida que ha evitado en torno al 25% de los lanzamientos de inquilinos que se podrían haber ejecutado en todo el estado.

Eso se traduce en que más de 58.000 familias fueron beneficiadas por esta medida durante sus primeros tres años de aplicación. Según datos de esta misma entidad, entre 2008 y 2023, se llevaron a cabo 735.560 lanzamientos judiciales, que afectaron a más de 1,8 millones de personas. Esto significa que un 3,8% de la población ha perdido su vivienda habitual.

La moratoria antidesahucios se impulsó como parte del escudo social al inicio de la pandemia y fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2024. En un inicio, el texto suspendía sólo los desahucios derivados de impagos o extinciones de contratos de alquiler de familias vulnerables. Pero en 2021 se amplió a aquellos casos en los que los inquilinos han seguido viviendo en sus casas a pesar de no poder pagar o de tener un contrato vencido.

En estos casos, era necesario acreditar, además de la situación de vulnerabilidad, que los afectados llevaban habitando el inmueble más de un año o que tuvieran menores o personas dependientes a cargo. Es por este último caso que Feijóo saca a relucir las ocupaciones cuando hace referencia a la moratoria antideshaucios. Ha asegurado que se trata de una norma “lesiva” que ha “aumentado el fenómeno de la inquiocupación”.

Feijóo ha hecho esta declaración en una comparecencia sin preguntas después de haberse reunido en Barcelona con “una docena de entidades que representan a pequeños propietarios, PYMEs, inquilinos y sector turístico”, pero sin especificar cuáles. El popular ha asegurado que la vivienda se ha convertido en “una crisis nacional”, en gran medida “por las políticas erráticas del Gobierno”.

Para Feijóo, la moratoria ha “facilitado la ocupación y ha provocado que se saquen del mercado 800.000 pisos, que son los que actualmente están ocupados. El 40% de ellos, en Catalunya”. Pero este también es un dato erróneo. Según los Mossos d'Esquadra, el 93% de las ocupaciones que se produjeron en 2023 en Catalunya fueron en pisos que ya estaban vacíos, la mayoría de ellos propiedad de bancos. Así que tampoco es correcto que Feijóo asegure que la moratoria antideshaucios haya provocado “la irresponsabilidad de sacar 800.000 pisos del mercado”.

Igualmente, el líder de los populares ha asegurado que es un “grave error” haber aplicado la regulación de precios, ya que, según ha afirmado, el precio del alquiler ha subido 400 euros de media. Pero, tras las últimas evaluaciones, en Catalunya -la primera comunidad en aplicar la norma- las rentas han bajado entre un 3 y un 5%.

Con todo, Feijóo ha apuntado que no quería “hacer rehenes a los españoles” aprobando un decreto ómnibus que, a pesar de que incluía medidas como la continuación de la rebaja del transporte o la subida de las pensiones, “habría agravado la crisis en base a seguir enfrentando a propietarios e inquilinos” y ha insistido en la idea de que “los propietarios no son el enemigo”. De hecho, ha cargado contra la “caricaturización” del propietario, asegurando que la mayoría de ellos sólo tienen un piso, “que han pagado con sus ahorros”. En cambio, las cifras vuelven a decir otra cosa: un tercio de las viviendas que están en el mercado en España pertenecen a multipropietarios.

Igualmente, Feijóo ha asegurado que comprende la “frustración” de los inquilinos, especialmente de los jóvenes. Por eso, ha anunciado que, próximamente, presentará al Gobierno un plan especial de vivienda, del que ha adelantado algunas medidas. Entre ellas destaca la intención de crear un fondo estatal de garantía para el alquiler que avalará mediante créditos ICO la fianza de un alquiler. También plantea “bonificar el 75% de las rentas del alquiler” a los propietarios que decidan sacar al mercado pisos que lleven dos años desocupados. Y, por último, ha avanzado que creará un fondo de seguro de impago a propietarios que renten a menores de 40 años.

“Ya está bien de proteger a los ocupas y pedir a los propietarios que pongan su vivienda en el mercado en este clima de inseguridad”, ha remachado el popular, quien ha afeado al Gobierno que esté “bloqueando” la ley antiocupación que ya ha sido aprobada en el Senado. Así, ha culpado a Sánchez de que los propietarios no pongan sus viviendas en el mercado, motivo por el cual los jóvenes “siguen compartiendo piso a una edad en la que nuestra generación ya estaba firmando una hipoteca”.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado declarar la “desaparición sobrevenida de objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión” que acordó el pasado mes de julio en relación contra el decreto andaluz sobre desahucios, que ha sido recientemente derogado tras la aprobación por la Junta de Andalucía de la Ley 4/3013 de 1 de octubre de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Es decir, la suspensión del decreto queda sin efecto. No así el recurso interpuesto por el Gobierno central.

El Constitucional aclara que dejar ahora sin efecto la medida de suspensión, lo que venía obligado tras derogarse la norma recurrida por el Gobierno, no supone según el TC “pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto planteado en el presente proceso constitucional”. Es decir, el tribunal de garantías aún debe resolver en su momento el recurso de constitucionalidad que fue presentado por el Gobierno contra el decreto de Andalucía, y sólo entonces podrá determinar si ha decaído o no el objeto del mismo.

Por el momento, el Gobierno no ha recurrido la Ley ante el Constitucional, cuyo contenido es muy parecido al del decreto, al prever igualmente la expropiación temporal de viviendas, si bien incluye nuevos preceptos que no se incluían en el decreto inicial.

El pasado 30 de octubre el ministro de Economía, Luis de Guindos apuntó que los Servicios jurídicos del Estado aún estaban estudiando si las modificaciones de la Ley respecto del Decreto eran merecedoras de un nuevo recurso con su subsiguiente suspensión ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en su día que el Gobierno entiende que la norma andaluza “afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad”.

En el mismo sentido, detalló que “en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad” e indicó que “además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma”, el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. “Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad”, añadió entonces.

Las oficinas de prevención, intermediación y protección han proporcionado información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda, señala Elena Cortés.

La consejera presenta en el Parlamento el balance del primer año del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

Cortés insta a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios.

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261 desahucios en su primer año de funcionamiento. Son datos aportados en el Parlamento por Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, durante el balance de los primeros doce meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. “El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas”, ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. “Son familias que antes de firmar, quieren saber, porque saben que el conocimiento las empodera. Las oficinas les han proporcionado información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda”, ha señalado Cortés.

La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. “Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio”, ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4% del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del Programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del 'banco malo'. “Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo”, ha remarcado.

Herramienta “paliativa”

“Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares”, ha afirmado Cortés, que ha añadido: “Pero triunfalismo, ninguno. Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo soporta no legisle a su favor. La situación de alerta persiste”.

Cortés ha explicado que “la herramienta verdadera y profundamente transformadora” de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. “Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda vacía existente en Andalucía”, ha señalado la consejera.

Bloque institucional

229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

“El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía”, ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. “La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda”, ha concluido Cortés.

Bajo el enigmático nombre del dueño del piso cuyo uso acaba de ser expropiado por la Junta de Andalucía en Huelva, para evitar un desahucio, se esconde en realidad un típico ejemplo de lo que en el ya de por sí oscuro mundo financiero denominan “banca en la sombra”. Una práctica que algunos sostienen que en España no existe, pero que, como demuestra esta expropiación, 'haberla, hayla'.

Así, el piso cuenta con una hipoteca emitida por un banco. Éste, para sacarle aún un mayor beneficio que el interés que se comprometió a pagar el comprador del piso, se la vende a un fondo de inversión creado por él mismo, que la agrupa con otras muchas y las pone a la venta en el mercado financiero: AyT Fondo Hipotecario Mixto III. Éste es en realidad un montón de hipotecas de diversa calidad (unas más solventes que otras) aportadas por Caja Granada y el grupo La Caixa, para poder así venderlas a terceros como una inversión.

No es otra cosa, por tanto, que un vehículo financiero exactamente igual a los ya famosos activos tóxicos que generaron la debacle financiera del verano de 2007, hace ahora cinco años: hipotecas basura agrupadas junto a otras más solventes en un fondo que se vende a los inversores con promesa de alta rentabilidad.

A este tipo de productos financieros se les llama banca en la sombra, o banca paralela, porque sirven, pues, a la banca tradicional para prestar y captar dinero en el mercado, pero sin estar sometida a los exahustivos controles de los bancos, que han de cumplir exigencias de capital mínimo, solvencia, liquidez, etcétera.

Tan gigantesca y peligrosa como en 2007

Tras el fiasco de 2007, la actividad de la banca en la sombra decayó. Ante el susto, los líderes mundiales, reunidos en la cumbre del G-20 en Seul del año 2008, decidieron crear un instrumento de vigilancia y control de la banca en la sombra. Bautizado como Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), tiene el objetivo de poner coto a sus prácticas para evitar que vuelva a poner en peligro al sistema financiero global.

Lo primero que hizo fue un estudio del tamaño de esta banca finaciera. En él afirmó: La banca en la sombra “creció de 23 billones en 2002 a 50 en 2007. Cayó un poco hasta los 47 billones en 2008, pero se recuperó hasta los 51 billones en 2010”. El tercer informe sobre la situación de la banca en la sombra se emitirá en noviembre, pero el segundo, publicado hace ya 13 meses, decía que la banca en la sombra seguía sumando esos 51 billones “que equivalen a la mitad de todo el sistema bancario” mundial.

En otras palabras, la banca en la sombra es hoy, al menos, tan gigantesta como lo era en 2007, antes de la crisis financiera global. Crisis generada por las hipotecas basura de la banca en la sombra estadounidense a través de fondos similares al propietario del piso de Huelva.

Y al menos igual de peligrosa. Porque a pesar de lo urgente que era cambiar las reglas de juego de la banca y “poner coto”, según decía el G-20 en 2008, a la banca en la sombra, cinco años después apenas si hay unas recomendaciones publicadas por el CEF el 29 de agosto pasado, que la Unión Europea recogió en las suyas propias cinco días después. Por ahora, el poderoso lobby financiero internacional ha conseguido que sigan siendo sólo eso, recomendaciones.

Hoy es festivo en la calle Alonso de Ercilla de Huelva. Al menos en el domicilio de María del Carmen Andújar, protagonista del primer expediente de expropiación del uso de una vivienda en Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta lo ha aprobado, cuatro meses después de que el Tribunal Constitucional suspendiera de manera cautelar durante cinco meses el Decreto del Gobierno andaluz 'antidesahucios'.

Los altibajos han acompañado a María del Carmen desde mayo, cuando la Junta eligió su caso por reunir todos los requisitos que incluía el Decreto. Entonces declaró ingresar 400 euros por su dedicación a media jornada a una empresa de limpieza, la cuota de su hipoteca asciende a los 500 euros mensuales y comparte hogar con su marido, que recibe una ayuda de 400 euros, y con dos de sus cuatro hijos, ambos menores de edad. Además, tiene cuatro nietos y no dispone de ayudas familiares.

La última comunicación le permite disponer de la vivienda al menos durante los tres próximos años.

¿Es el final feliz con el que soñaban desde mayo?

Nosotros tenemos claro que esto no es definitivo. Aquí nadie te va a regalar nada. Es un impulso para mirar hacia adelante. Nosotros tenemos el objetivo de mejorar económicamente para poder pagar después al banco o poder negociar una vez pasados los tres años y sin que tengamos la presión del desahucio.

¿Qué sensaciones se perciben en su domicilio de la calle Alonso de Ercilla?

Estamos muy contentos con esta buena noticia porque cuando el Gobierno recurrió nos vinimos un poco abajo. Finalmente, está decisión de la junta es un alivio y al mismo tiempo un impulso para seguir luchando.

¿Cuál ha sido el peor momento en este tiempo?

Esto ha dado muchas vueltas. Primero no creía que pudiéramos pararlo. Después la Junta nos lo comunicó oficialmente y nos llevamos una gran alegría después de pasar muchas noches sin dormir. Y después llegaron las malas noticias con el recurso. Ahora parece que podemos estar contentos por fin.

¿Ha dado su vivienda por perdida alguna vez?

Llegó un momento, sobre todo cuando supimos que todo se podía parar, que perdí las esperanzas y temí lo peor. Ahora, sin embargo, animo a todos los que están en una situación parecida a que inicien el trámite. Creo que las familias con niños pequeños pueden conseguirlo. Al menos esa es la sensación que queda después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses.

María del Carmen Andújar, su marido, Manuel Luis Romero, y sus dos hijos de 15 y 17 años, podrán seguir durante tres años en su casa, situada en Huelva, tras haberse beneficiado del primer caso de una vivienda expropiada en España para evitar un desahucio. La familia, con unos ingresos mensuales de apenas 542 euros que cobra la mujer y los 400 que el marido percibirá hasta enero de 2014, es la primera con la que se completa todo el proceso contemplado en la Ley de la Función Social de la Vivienda, en vigor hace menos de una semana.

La mujer recibía la decisión del Consejo de Gobierno de Andalucía, que ha aprobado este martes este desposeimiento, como “un balón de oxígeno y una buena noticia”, después del “varapalo” que supuso la suspensión de su expediente cuando en julio el Gobierno de la Nación recurrió en Tribunal Constitucional (TC) el decreto por el que se había iniciado la expropiación. De hecho, sobre la propia ley pesa una amenaza de recurso, aunque existe la posibilidad de que Madrid convoque la comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado y negocie en este marco las discrepancias con respecto al texto. Pero a día de hoy, no está prevista su convocatoria. Igual que tampoco se sabe cuándo se pronunciará el TC sobre el decreto, que en todo caso ya ha sido superado por esta ley. Desde ese decreto hasta ahora han pasado seis meses, medio año superando trabas para poder ver los primeros frutos.

La vivienda en cuestión pertenece AyT Fondo Hipotecario Mixto III, Fondo de Titulizacióón de Activos, un fondo de participaciones hipotecarias emitidas por Caja Granada y la financiera del Grupo La Caixa, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, Credifimo. El fondo, a su vez, es gestionado por la financiera Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización SA.

De momento, no han presentado alegaciones contra este proceso, igual que tampoco procedieron a expulsar a la familia cuando se paralizó el decreto por el que se había iniciado este proceso.

“En Andalucía ni hay ni va a haber tregua contra los desahucios. Por muchos obstáculos que nos pongan, nunca nos vamos a rendir”, ha dicho en Huelva la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. “El Gobierno de España renuncia a cualquier uso social de estos inmuebles, ofreciéndolos como ganga a especuladores en busca de generar nuevas burbujas”, ha agregado la consejera de IU en referencia a los llamados fondos buitre, prestos a hacer negocios de oro con los restos del naufragio del boom inmobiliario.

Contra esto lucha la ley impulsada por el Gobierno de Andalucía, con una norma que, pese a lo que algunas voces críticas han dicho, no está regalando viviendas a cambio de nada. Detrás hay todo un proceso de negociación con la propiedad y un compromiso de pago por parte de la familia, pero todo dentro de su capacidad y con el fin último de que se cumpla la función social de la vivienda, un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.

Cuatro claves para entender cómo funciona

¿Qué paga la familia? La culminación del expediente de expropiación le asegura a esta familia un techo bajo el que vivir en alquiler social. La familia pagará el 25% de sus ingresos, y nunca más de 130 euros al mes. Es una expropiación temporal, por tres años.

¿Qué recibe la propiedad? La Junta de Andalucía ha propuesto a la propiedad un acuerdo por el uso de la vivienda durante ese periodo por 4.711 euros, justiprecio obtenido calculando el 2% del premio del remate por el que el fondo se adjudicó en subasta la misma.

¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo con la propiedad, en un plazo de 15 días, se iniciarán los los trámites para la urgente ocupación de la vivienda en tanto que la cuestión se dirime en la Comisión Provincial de Valoraciones. El trámite se llama “urgente ocupación”, pese a que la familia permanece en todo momento en su vivienda. Se trata, en realidad, de garantizar su mantenimiento en la misma.

¿Cómo funciona en los juzgados? El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huelva, que había fijado este desahucio porque la familia no hacía frente a la hipoteca, está siendo permanentemente informado de los pasos que se dan. De hecho, la familia solicitó la expropiación del uso de la vivienda el 23 de abril, cuando se había aprobado el decreto, y desde entonces la Consejería de Fomento y Vivienda ha actuado tanto a nivel administrativo como mediante comunicaciones al juez para evitar su desalojo.

Habrá muchas más

Es la primera, pero no la última. La medida de la expropiación temporal del uso, recogida en una disposición adicional de la ley, tiene un alcance ilimitado. “Se acogerán a la misma todas las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos”, en palabras de la consejera. De hecho hay otros 17 expedientes –igualmente de familias sin recursos apenas y con una treintena de niños que estaban abocados a quedarse sin techo- a los que sólo les resta el paso de su culminación en Consejo de Gobierno, dado que eran los que se habían podido tramitar durante los tres meses de vida del decreto.

Pero no se ha parado y hay otros 113 listos para su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras constatar los técnicos que cumplen los requisitos y encontrarse ahora en fase de cotejo de la información. Eso sí, los potenciales beneficiarios son muchos más, retratos de la cruda realidad que azota al país con ciudadanos expulsados de sus viviendas prácticamente todas las semanas por no poder pagar sus hipotecas. En las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda hay en concreto 507 familias que ya han pedido protección. Son potenciales beneficiarios, a la espera de estudiar sus casos.

Cronología en 10 fechas

9 de abril. El Consejo de Gobierno aprueba el decreto.

4 de julio. La Junta de Andalucía solicita la convocatoria de la comisión bilateral para evitar el recurso.

23 de mayo. Se inicia en Huelva, tras su publicación en el BOJA, la primera expropiación con el decreto.

9 de julio. El Gobierno de la Nación presenta un recurso contra el decreto en el TC.

10 de julio. Elena Cortés viaja a Bruselas para defender el decreto en la Comisión Europea.

11 de julio. El TC admite a trámite el recurso y suspende el decreto. Quedan paralizados los 18 expedientes que había en marcha.

24 de septiembre. La Junta de Andalucía recibe una carta del Gobierno de la Nación mostrándose dispuesto a convocar la comisión bilateral.

25 de septiembre. El pleno del Parlamento de Andalucía aprueba la ley.

9 de octubre. La ley entra en vigor tras su publicación en el BOJA. Se reactivan los 18 expedientes paralizados y se inician otros.

15 de octubre. Se procede a la primera expropiación con la ley.

¿Van a apoyar ustedes la moratoria que la Junta de Andalucía le ha pedido a la banca para que desahucie a familias en riesgo de exclusión social mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso contra el decreto de la función social de la vivienda? Es la pregunta que desde la tribuna de intervenciones del Parlamento de Andalucía ha lanzado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, a la bancada del PP durante el pleno de este miércoles, donde este decreto centraba las comparecencias de la mañana. Y lo ha hecho repetidas veces hasta que algunos populares han asentido con la cabeza. En realidad, esto no quiere decir que la vayan a apoyar de facto, pero al menos lo van a “estudiar”, según han confirmado poco después desde el PP a la prensa.

Es el único compromiso que la consejera ha arrancado al PP de Andalucía, que cuando se aprobó este decreto no votó en contra, sino que se abstuvo, pero que luego se ha tenido que tragar como su partido, desde el Gobierno de la Nación, lo ha recurrido dejando en suspenso la norma hasta que haya un pronunciamiento, que puede tardar cinco meses. En el Consejo de Gobierno de este martes se acordó enviar un escrito a los bancos solicitándoles dicha moratoria, que la Junta de Andalucía espera que sea bien acogida dado que la actitud del sector “ha sido colaboradora hasta el momento”, en palabras de Elena Cortés.

Esta ha criticado nuevamente que el Gobierno de la Nación lo haya recurrido, “yendo contra las 12 familias que habían podido salvar su vivienda gracias al decreto”, así como dejando sin esperanza a otras seis que tenían el expediente iniciado. Ha lamentado el “insulto a la inteligencia” en los argumentos esgrimidos para intentar tumbar la norma, como el supuesto “colapso financiero” que va a provocar en el país, y ha recordado cómo el PP inicialmente ni se planteó recurrirlo. “La solución va a venir si logramos darle una función social a las más de 700.000 viviendas que están vacías en Andalucía”, ha esgrimido la consejera, quien ha abogado por que la comunidad autónoma se convierta en “un territorio libre de desahucios”.

Por el PP ha intervenido Alicia Martínez, quien ha atacado a IU, “que se atribuye la paternidad de este decreto”, mientras su gente “compra vivienda embargadas”. Ha arremetido así contra Diego Valderas, “que se aprovechó de un desahucio para comprar su vivienda y que es quien tendría que haber subido a esta tribuna a dar explicaciones”. En su opinión, el Gobierno de la Nación ha aprobado reformas hipotecarias que ya evitarán 120.000 desahucios en España. “El recurso se ha interpuesto porque lo determina el Consejo de Estado, no por sugerencia de la UE”, ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que “una comunidad autónoma no es competente para limitar el derecho a la propiedad”.

Paralelamente continúa la tramitación en el Parlamento de Andalucía del proyecto de ley que completará el desarrollo legislativo de este decreto -ampliamente convalidado por la calle- y donde se introducirán algunas modificaciones, en gran medida propuestas que han hecho llegar colectivos de lucha contra los desahucios. Está por ver si el PP se abstendrá de nuevo cuando toque votarlo, lo que probablemente tendrá que decidir cuando todavía no haya una resolución sobre el recurso presentado por Madrid.

La Junta de Andalucía escenificó este martes la propuesta que el día anterior hacía su vicepresidente, Diego Valderas. Y lo ha hecho en forma de “iniciativa política”, en palabras de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. Después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del Gobierno central contra el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, suspendido temporalmente, el Consejo de Gobierno ha decidido que la Consejería de Fomento y Vivienda se dirija por escrito a las entidades financieras que operan en la comunidad autónoma. El objetivo es tan claro como directo: que establezcan una moratoria en la ejecución de hipotecas en tanto en cuanto no se conozca la decisión definitiva del alto tribunal.

Es un nuevo intento por parte del Gobierno andaluz para que se dejen de ejecutar desahucios entre familias en riesgo de exclusión social. Al menos durante los próximos cinco meses, plazo máximo que tiene el Constitucional para ratificar o levantar la suspensión del decreto, que recoge la expropiación temporal del uso de la vivienda durante tres años en determinados casos.

“No somos insumisos legales”, señaló el portavoz del Ejecutivo andaluz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, añadiendo que el proyecto de ley sigue su tramitación en su camino parlamentario. Ha apuntado, incluso, que la norma podría aprobarse en septiembre, y que las oficinas que tiene abiertas la Consejería en este sentido prosiguen con el análisis de los casos que requieran el asesoramiento de la Junta a pesar de que el Gobierno central se haya puesto “del lado de los bancos”.

La Junta, por tanto, sigue adelante a la hora de dar respuesta a la situación de “indefensión y angustia” en la que han quedado las familias que se habían acogido al decreto (un total de 18 expedientes se habían abierto al respecto) y las que se podían adherir al mismo. “El texto es perfectamente constitucional y respetuoso con la doctrina que recoge el Tribunal Constitucional sobre la función social de la vivienda”, ha afirmado Vázquez. La Junta, paralelamente a su trabajo con las familias, redacta las alegaciones para plantear el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma andaluza.

Según el portavoz, “cuando se expulsa a una familia de su domicilio se le está produciendo un daño que es irreparable”, afirmando que “este Gobierno de progreso no renuncia a una medida que se considera de justicia social”.

Los bancos “están moviendo ficha”

En la Administración aluden a los “resultados”, aunque “paliativos”, que están posibilitando la labor de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, donde “unas 2.000 personas” en riesgo de desahucio están recibiendo la “intermediación” de la Consejería de Fomento para que no se llegue a ejecutar el desalojo forzado de sus viviendas.

“Hay entidades financieras que están intentando alcanzar acuerdos en muchos casos”, apuntan fuentes de la Junta, que destacan que ya no existe la “impunidad” que podía haber antes gracias, también, a que “muchas instituciones” están tratando de “paliar la situación”. Uno de estos casos es el de Encarni y Antonio, una pareja que ha conseguido la dación en pago con La Caixa en estos días y que posa con el documento que lo acredita a las puertas de una notaría.

Desde Stop Desahucios ponen el ejemplo de dicha entidad, “donde mejor va” la experiencia y con quienes “se están consiguiendo daciones en pago y alquileres sociales” para las personas que tienen la imposibilidad de pagar su hipoteca. “Desahuciar ahora es más incómodo, por la presión social”, añaden desde la Junta, a pesar de que “el problema social de fondo no se ha solucionado”. La Administración está “constatando” que las entidades “están moviendo ficha” y “sin remedio” tienen que “avenirse a acuerdos” en algunos casos cuando exista “margen” para ello.

Llegan noticias del pasado. Que alguien tire de la cadena. Ajuste de cuentas en la Sala Andalucía. Las cuentas de la vieja. Máximo Responsable pierde el apellido al ritmo de un obsesivo regatón, mil campanas suenan en mi corazón, ni tú ni nadie puede cambiarme este billete de quinién. ¿Te da cuén, delincuén?

Grandes emociones de censura, cruentas primarias, todo lo que les gusta es ilegal o engorda. Todo es mentira salvo alguna cosa. Ya, tal.

Bárcenas, el encierro más peligroso. Mariano tiene un embolao. Susana mete los dedos en un enchufe. Colocan a su partenaire de refilón. Interferencias en la comunicación. Mañana te llamo, Luis.

Plan Pons en siete días, ponga un muerto en su vida. Floriano rima feo. Alaya desayuna magdalenas en el bar de los eres. Y un exportador de mollete dice que la crisis terminó hace tiempo, que ahora toca ajustarse a otro contexto, oh, la flexibilidad, la competitidad, la credibilidad en adobo, los sueldos son más “lógicos”, Babilonia, tierra de oportunidades. Cae en picado la venta de autos, crece sin medida la publicación de autos judiciales y Kissinger sigue sin devolver el premio Nobel de la Paz. Yo creo que es algo.

El Alto Tribunal estudia un anteproyecto de ley letal, mortal de necesidad, la legalización de la corrupción con carácter retroactivo. Por petición popular.

Cal y arena. Libertad de horarios para el desahucio del convenio colectivo. Más goles de Bruselas contra la dignidad. Lástima que el ataque no sea siempre una buena defensa, que le pregunten a la acusación particular que, sin rubor alguno, piensa pagar las minutas de silencio de los abogados de quienes no tienen defensa. Un laberinto a costa nuestra.

No tiene guasap Mariano. Amenaza Pedro Jota con endiñar un wikiliki cutre estilo radio macuto a mí que me registren. Cortinillas de humo pa que no se hable de Teddy Bautista. ¿Qué pasó con Teddy Bautista? No hay derecho de autor.

Atención, pasamos de las fotocopias al original. Bárcenas, número uno en ventas de carretera, versión original, como las cintas de los Chunguitos o de Camela. Prohibido jugar impunemente con ambos conjuntos músico vocales para montar gracietas con doble sentido, que nos conocemos. Consulte el Caralibro de sus amigos ingeniosos. Encontrará ocurrencias de actualidad, insultos variados, revoluciones de sillón, vanidades de feria.

La otra tarde, sin ir más lejos, se organizó un importante pollo en la pantalla pública. Afearon la actitud de un tipo que soltó un par de crueldades con un montón de arte y mala leche. Nunca más se supo de su nick. Le han negado el saludo hasta en el tren de los escobazos. No vamos a reproducir lo que puso el tío sobre Obama y Gandhi. No insista. En este momento se detecta un atasco de tráfico del copón en la rotonda principal de google: Obama, Gandhi, Nino Bravo, Culos, Bin Laden, Dinero Gratis, Me Duele el Pie, Capricornio, Gatos, Perros, Ladrones, Chistes Fáciles, Fulanita en Pelotas, Vecinos Ruidosos, Optalidón de Contrabando, Lady Kaka, Ramadán Din Don, Bob Marley, Jueza Alaya, Inés Rosales, Elvis, Toro de Osborne, Cuarto Milenio. Al Capone, Canciones Lentas, Colombo, Error, Fin del Mundo.

Recuerde: todo es mentira salvo alguna cosa.

El PSOE comenzará en los plenos municipales y provinciales su anunciada campaña frente al recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto de la función social de la vivienda que ha presentado el Gobierno de la Nación. Para ello, ha redactado una moción que los grupos municipales del PSOE, y también los de las diputaciones, elevarán a sus correspondientes plenos exigiendo a Madrid que “dé marcha atrás en un recurso que ataca la autonomía de Andalucía y va contra las personas, porque este decreto pretende que a la cadena de desgracias que supone el desempleo no se le sume también el desahucio”.

Lo ha expresado así el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, quien se ha preguntado por qué se ha esperado hasta el final para recurrir. “Imagino que por el impacto que al principio tuvo el decreto, el PP no se atrevió a ir contra él ni cuestionó su legalidad, sino que ha esperado a las órdenes de la troika”, ha apuntado. En su opinión, “el Gobierno de España es un títere, y este recurso es un reflejo más de su debilidad”. Ha llamado por ello a la implicación en esta batalla de los ayuntamientos y diputaciones “que ya fueron parte esencial en la defensa de la autonomía de Andalucía”.

Por otra parte, ha advertido la posibilidad de que el Gobierno de la Nación vaya contra la ley que consolidará este decreto. “El Parlamento de Andalucía sigue trabajando en el desarrollo de la ley, que pasará por los sucesivos plenos, y nos preguntamos si también va a recurrirla”, ha manifestado. Sí ha puntualizado que precisamente el desarrollo de la ley “deja al Gobierno de Mariano Rajoy sin uno de sus argumentos para ir contra el decreto, porque en su recurso cuestionaba el rango de la normativa por la que se fijaban estas medidas”.

Cuando pase de decreto a ley, según el socialista, habrá un argumento menos que defender en el TC, si bien ha confiado en que no se produzca este segundo recurso, del que ha dicho que sería “otra agresión más a la autonomía de Andalucía y sus instituciones”. Precisamente, con esta ley se pretende matizar algunos puntos del decreto para consolidar más todavía su legalidad frente a futuros frentes que se le abran, según han puntualizado desde la Consejería de Fomento y Vivienda, que no obstante insiste en que tal y como está la norma es “impecable”.

El decreto 6/2013 de medidas para asegurar la función social de la vivienda, más conocido como decreto antidesahucios, entró en vigor hace dos meses, y fue recurrido la pasada semana, horas antes de que expirara el plazo máximo para ello y tras algunas críticas desde la Comisión Europea sobre sus posibles repercusiones en la estabilidad financiera de España. El TC admitió a trámite el recurso, por lo que la norma queda suspendida hasta que dictamine, lo que puede tardar hasta cinco meses. Esto invalida los 12 desahucios que había evitado en toda Andalucía desde su entrada en vigor a mediados de abril, así como otros seis expedientes que ya se habían iniciado para defender el derecho a la vivienda de otras tantas familias en riesgo de exclusión social.

La ofensiva del PSOE se une a la que ya iniciaron sus socios de gobierno de IUe une a la que ya iniciaron sus socios de gobierno de IU la pasada semanas, con concentraciones en todas las capitales de provincia y con una campaña de recogida de firmas, además de la petición de una moratoria a la banca hasta que se pronuncie el TC, para defender una norma que se ha convertido en seña de identidad de la legislatura en su apuesta por otras fórmulas para solucionar los principales problemas de la crisis.

Hay que reconocer que el razonamiento de Rajoy es impecable al recurrir ante el Constitucional el decreto de la Junta sobre los desahucios, ya que la miseria de doce familias pobres, además de andaluzas, puede dar al traste con la incipiente recuperación de España. Que si empezamos a confiscar, aunque sea temporalmente, viviendas desocupadas a los pobres bancos, estas beneméritas instituciones de caridad verán caer su rating internacional, no podrán recibir otros 45.000 millones de euros para sanearse a nuestra costa y como consecuencia no podrán dar liquidez a sus propias constructoras, que a su vez no podrán llevar dinero negro y morado en maletines a las sedes del PP. El catastrófico resultado sería que el partido no podría untar a sus muy honrados dirigentes, que se verían muy desmotivados para seguir sirviendo a la patria y eso sí que no lo podría soportar la marca España. O la carca España, vaya usted a saber.

Y para afianzar aún más, si cabe, la recuperación económica, también hay que suprimir las becas de los hijos de los obreros, ya que la “igualdad social no es posible y los modelos políticos que la persiguen son contrarios al progreso” como bien escribió el mismísimo Rajoy cuando no era nadie. Ahora que ha prosperado, hasta convertirse en el más ferviente lacayo de la patronal bancaria, puede desarrollar estas liberales teorías, que incluyen también los recortes en dependencia, sanidad y pensiones, que los pobres somos cansinos hasta para morirnos.

Y mientras dos millones de trabajadores ven perder sus derechos al decaer sus convenios -otros seis ya los perdimos hace tiempo- y el hambre llega a las escuelas, aquí tenemos al PSOE andaluz discutiendo de nuevo si son galgos o podencos, delicada cuestión que decidirá un juez tras la querella presentada por el cibernético alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, que cree que su partido le maltrata en su ansia viva de ser presidente de la Junta. No sé si la ciega Justicia (o tuerta del ojo derecho) le dará la razón y al final tendremos que consultar el BOJA en Facebook y en menos de 140 caracteres, aunque tengo por seguro que en el PP ya le preparan al regidor tuitero un sentido homenaje.

Y hablando de mordidas y de desfachatez, tampoco es de desdeñar la dentellada que el vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha lanzado a la jueza Alaya, acusándola de montar una causa general contra la Junta, aunque hay que reconocer que estoy de acuerdo en parte de la frase, que el asunto de los ERE nos 'causa general' bochorno a las gentes de izquierda, al contrario que a las gentes de la derecha, que la corrupción de sus líderes les parece amor a España. Que no sólo deben acabar en la cárcel los que metieron la mano en el cajón o cobraron sobresueldos, sino que deberían irse a casa todos aquellos que no vigilaron a los chorizos como debían, incluyendo, por supuesto, a Mariano Rajoy y a toda la directiva nacional del PP.

Como la futura retirada de Griñán parece que marca ese camino, es hora de que la izquierda española, y la andaluza dando ejemplo, deje de distraerse con estas cosas, no sin limpiar la era de los ERE, y empiece a poner pie en pared, o una barricada en Despeñaperros, que a nada que nos descuidemos el convenio que se nos va aplicar es el del sector del algodón en Alabama, para mayor gloria de España y de las cuentas poco corrientes de los líderes del PP, que lo suyo, además de desfachatez, es simple y llana fachatez.

No son solo los 12 desahucios que ha evitado en sus casi tres meses de vida el decreto sobre la función social de la vivienda, sino también el “importante efecto disuasorio” que estaba teniendo la norma en las entidades financieras a la hora de ejecutar desalojos. Lo ha destacado este viernes la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien ha remarcado que la Junta de Andalucía había notado estos meses un descenso en la intención de las entidades bancarias de recurrir al desahucio, sustituido por una voluntad de diálogo con los afectados, por ese efecto disuasorio que ahora se “se carga el cruel recurso contra este derecho humano presentado por el Gobierno de la Nación” en el Tribunal Constitucional (TC), si bien no ha podido concretar cifras de esta tendencia a la baja. La admisión a trámite de este recurso este jueves deja sin efecto el decreto hasta que haya una resolución, que puede tardar hasta cinco meses.

Entre tanto, la docena de familias que han podido permanecer en sus viviendas gracias a este decreto, quedan ahora como ocupas porque las entidades financieras con las que tenían contratada una hipoteca a la que no podían hacer frente por carecer de recursos tienen la potestad de echarlas una vez que la norma está en suspenso. La consejera ha señalado que no tienen todavía noticias si alguno de los bancos afectados va a proceder a ejecutar el desalojo de estas familias, “casi todas con rostro de mujer, que son las que se han puesto delante para salvar a los suyos y garantizarles un hogar”. En todo caso, confía en que las entidades financieras sean sensibles en este terreno, dado que se trata de familias en riesgo de exclusión social.

Paralelamente, quedan suspendidos otros seis expedientes que ya se habían iniciado en el marco del decreto, aunque la consejera ha animado a todas la personas en esta situación a “que sigan acudiendo a la oficina de defensa de la vivienda porque se van a atender todos los casos en la medida de nuestras posibilidades y a la espera de lo que determinan los tribunales”.

La consejera, que se ha mostrado desilusionada de su viaje a Bruselas para explicarle la norma a la Comisión Europea ante la ofensiva del PP, ha hecho estas declaraciones tras participar en la concentración convocada por IU en la Subdelegación del Gobierno de Sevilla. Estas protestas se han repetido en todas las provincias con la participación de sindicatos y plataformas ciudadanas como el 15M o Alquiler Digno y un grito de guerra: “Sí se puede”.

La titular de Fomento y Vivienda ha insistido en exigir a Madrid “que retire su recurso y convoque la comisión bilateral con la Junta de Andalucía para abordar en este marco el decreto, que para nada es anticonstitucional como pretende hacer creer el PP, que ha preferido ponerse del lado de la banca en lugar del de los ciudadanos”.

María del Rocío Huelva, una de las personas afectadas directamente por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de manera cautelar durante cinco meses el decreto del Gobierno andaluz antidesahucios, pide “al menos” una medida de gracia. Esta vecina de Almonte (Huelva) sufre en sus carnes el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto que ha prosperado. Habita, de momento, en una de las 12 viviendas con expedientes de expropiación tramitados por el Gobierno autonómico en toda la Comunidad.

“Necesitamos una solución general, desde luego, pero pido que no se paren por lo menos los procesos abiertos porque no pueden jugar con nosotros de esta forma”, se queja María del Rocío Huelva, quien vive en una casa con su marido, su hija y su nieta de tres años con los únicos ingresos regulares del padre de familia, por debajo de la cuota de su hipoteca, unos 700 euros mensuales. La pareja de María del Rocío renunció a la mitad de la ayuda social (426 euros) para acceder a un trabajo de media jornada que le proporciona 325 euros. En total, ni 550 euros. “Somos muchas las familias con necesidades, eso está claro, pero este tipo de decisiones de los políticos es un problema que se añade para nosotros por la incertidumbre y la desesperación, y se debería tener en cuenta”, agrega.

En esta situación económica y tras impagos reiterados, el banco inició los trámites de desahucio con fecha de 9 de agosto de 2012, pero la Junta lo frenó en junio con el decreto. Fue un oasis en un caminar desértico por todas las administraciones. “Hace casi un año que tenemos los enseres recogidos. Cuando gracias al trabajo de la Plataforma del 15M de Sevilla, que nos informó de todo, la Junta expropió la casa al banco temporalmente y nos dio tres años de margen con alquiler social, vimos la luz después de mucho trabajo y comenzamos a acondicionar de nuevo las habitaciones. Esto es un nuevo golpe”, asegura María del Rocío Huelva, que “nunca” se decidió a sacar todas las pertenencias de las bolsas porque “esto podía pasar”.

“Soy la primera que quiere pagar la hipoteca, pero nos lo han puesto muy difícil y hacemos todo lo que podemos. Llevamos toda la vida trabajando. Mi marido lo hace incluso con problemas físicos”, expone la María del Rocío Huelva, a la que le cuesta morderse la lengua al referirse a los dirigentes políticos. Sobre ellos, sin especificar, opina: “Nunca hemos robado nada y nadie puede sacarnos comportamientos malos en mi familia. No sé si los que tiran la pelota de un sitio a otro pueden decir lo mismo”.

El decreto ley sigue su curso hacia la categoría de Ley en el Parlamento andaluz, donde fue aprobado sin votos en contra. Y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía estudia la providencia del Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno en aras de la constitucionalidad. “La esperanza nunca se pierde, pero estos palos duelen mucho cuando varios de los tuyos dependen de tu casa”, concluye María del Rocío Huelva.

Las familias que estaban beneficiadas por el decreto

El de María del Carmen en Huelva capital fue el primer caso de beneficio de este decreto, a finales de mayo, cuando se inició el proceso para conseguir la expropiación temporal del uso de su vivienda y evitar así el desahucio. Se habían comprobado también en este caso que la residente cumplía los requisitos y corría serio riesgo de quedar excluida de la sociedad, al disponer sólo de una renta menor.

A mediados de junio, otras dos viviendas, una en Motril y otra en Charches-Valle del Zalabí, ambas en la provincia de Granada, se sumaron a la lista de acogida al decreto andaluz. En ambos casos, las dos inquilinas – Ana y Margarita, respectivamente- habían dirigido su solicitud a la Consejería de Fomento y Vivienda ante el embargo de sus viviendas, obteniendo respuesta afirmativa para iniciar el proceso en sus casas.

Familias más beneficiadas recientemente lo fueron el 24 de junio en Málaga, cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el inicio de la expropiación temporal de dos viviendas, de Ana María y Said, una vez que se había comprobado que ambos cumplían los requisitos contemplados en la norma y corrían serio riesgo de exclusión social si finalmente eran desahuciados de sus casas. Estas viviendas se unen a otras dos de Málaga sobre las que tambiénse había iniciado expediente de expropiacón.

Tras la referida familia de Almonte, otra familia que estaba pendiente del recurso ante el alto tribunal vive en la localidad gaditana de San Roque. Sergio tuvo noticia de la aplicación del decreto antidesahucios en su caso el 21 de junio. Y ahora, transcurrida sólo una semana desde entonces, la decisión del Gobierno central les devuelve la incertidumbre.

La décima expropiación llegaba a Sevilla, la primera en esta provincia. La vivienda de Sevilla capital se encuentra situada en la calle Avenida de la Ciencia, siendo de propiedad de la entidad financiera Banco de Sabadell, según consta en el anuncio del BOJA.

El BOJA publicaba ayer mismo los anuncios que daban inicio a los expedientes de expropiación temporal de uso de otros dos inmuebles en la provincia de Málaga, concretamente en la avenida de La Palmilla y en la calle Galera de la capital. Los beneficiarios eran una mujer separada con dos hijas menores de tres años a su cargo y sin ningún tipo de ingreso, cuya vivienda se sitúa en el distrito de Palma-Palmilla, y un matrimonio con dos niños menores, que viven en el barrio de Parque Victoria Eugenia.

Para las familias que se habían beneficiado con la norma andaluza, "el riesgo de desahucio vuelve a existir", lamentan desde la Administración.

Elena Cortés: "Rajoy ha forzado la suspensión del decreto en un claro abuso de sus prerrogativas".

Los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento y Vivienda están estudiando ya la providencia del Tribunal Constitucional.

“Las familias afectadas por desahucios vuelven a estar en manos de la buena voluntad de un juez”, aseguran tajantemente fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda. La titular del departamento, Elena Cortés, considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “en un claro abuso de sus prerrogativas, ha forzado la suspensión” del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, que cumplía este viernes tres meses en vigor y que ha sido suspendio al ser admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo central.

Según indican desde la Consejería, cuyos servicios jurídicos están estudiando ya la providencia del Tribunal Constitucional, los afectados “ya no tienen la tutela” de la Administración andaluza. “La expropiación de uso no ha culminado” y “el riesgo de desahucio vuelve a existir” ya que “el proceso judicial sigue su curso habitual”. Es el caso de siete familias que ya habían sido beneficiadas por el decreto, sobre cuyas viviendas la Junta ya había iniciado los trámites para la expropiación temporal de su uso de manos de las entidades bancarias que eran las propietarias.

La suspensión de la norma afecta a todos los procesos de desahucio en marcha o por venir en Andalucía, no sólo a los 12 expedientes de expropiación de uso de viviendas para evitar desahucios ya abiertos (los siete citados y otros cinco más recientes iniciados durante los primeros días de julio), sino a todos y cada uno de los procesos de desahucio que haya o vaya a haber en Andalucía, aclaran desde la Junta.

La incertidumbre creada en estas familias con la interposición del recurso por parte del Gobierno de Rajoy sufre un revés en contra ya que, según recoge la Constitución, el decreto queda suspendido hasta un máximo de cinco meses. “El riesgo de desahucio existe” y el proceso “sigue su curso”, insisten desde la Junta.

“Nunca bajaremos los brazos”, dice la consejera

A juicio de la consejera, en declaraciones remitidas a eldiario.es/andalucia, “el recurso del PP provoca desahucios, al ponérselos en bandeja a la banca, y encarece el acceso a la vivienda, al aplastar la opción del alquiler”, ha asegurado Cortés tras conocer la noticia. “El Gobierno andaluz seguirá trabajando para evitar desahucios y para promover la salida en alquiler asequible del inmenso stock de vivienda vacía de Andalucía”, ha indicado.

“Nunca bajaremos los brazos en el cumplimiento de nuestros compromisos con las víctimas de esta crisis-estafa que no han provocado y que el PP les quiere hacer pagar”, añadiendo que “la sociedad civil organizada, cuya lucha ha permitido este decreto ley, no permitirá retrocesos en la defensa del derecho a la vivienda”.

Cortés entiende que el Gobierno no recurre en defensa de la Constitución “sino de los intereses de una pequeña élite financiera y para lanzar el mensaje de que no hay alternativa a la política de recorte de derechos sociales y servicios públicos”, en una suspensión “forzada por las bravas” que “socava el poder de las víctimas de las crisis y refuerza la posición de privilegio de las entidades financieras”.

Según la consejera, “el Gobierno quita poder y recursos a la gente que no puede pagar su vivienda como consecuencia de una crisis que no ha provocado y se lo da a los bancos rescatados con dinero público que han provocado la crisis” ya que, con el decreto, “las entidades financieras sabían que forzar el desahucio suponía quedarse con una vivienda vacía susceptible de ser sancionada con 9.000 euros y cuyo uso podría ser expropiado”. “Ahora ya no tienen esa inhibición”, por lo que Cortés entiende que “el Gobierno del PP está provocando desahucios” y el PP-A, “que en su día garantizó a los andaluces que el decreto no sería recurrido, demuestra que es un cero a la izquierda”.

Desde la Consejería apuntan que el decreto también incluye medidas “que atacan la raíz del problema”, como es la acumulación de vivienda vacía. Además, la Consejería ha empezado a inspeccionar el parque de vivienda de Andalucía al objeto de detectar aquellas que estén vacías e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados, pudiendo sancionar a las personas jurídicas que las posean.

También ha recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances. Una veintena de ellos ya han contestado. La Consejería ha estado trabajando además en la orden de fomento de medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso funciones a EPSA en materia de fianzas de arrendamientos y suministros. De cualquier forma, señala la Junta que el decreto ley sigue tramitándose como ley en el Parlamento andaluz, donde fue convalidado sin ningún voto en contra.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado martes por el Gobierno contra el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía.

En su recurso, como adelantó esta mañana eldiario.es/andalucia, la Abogacía del Estado invocó el artículo 161.2 de la Constitución (“El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”), por lo que la admisión a trámite tendrá como inmediata consecuencia la suspensión de la norma cuestionada desde el pasado martes, fecha en que quedó registrada la impugnación en este Tribunal.

Según ha informado el Tribunal Constitucional en una nota informativa, éste dará traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento andaluces, que dispondrán de un plazo de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.

La resolución

El texto completo de la resolución señala que el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acuerda:

1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra el art. 1, por el que se da nueva redacción a los arts. 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de

la Función Social de la Vivienda.

2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Andalucía, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de

quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.

3.- Tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso -9 de julio de 2013– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes del Gobierno y del Parlamento de Andalucía.

4.- Publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.