Ghariba hace dos años que vive, junto a su hijo de 9 años, en un piso del barrio del Clot de Barcelona. Este martes ha sido desahuciada de su casa, a pesar de que pagaba religiosamente su renta. El motivo: el contrato no estaba a su nombre, sino que ella pagaba a un hombre que le realquilaba y que jamás llegó a transferir ese dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL.

Esa es la razón que ha esgrimido la Justicia para no suspender la expulsión de esta madre en base al decreto de vivienda que prohíbe los desahucios a familias vulnerables y que viven en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple todos los requisitos expuestos en la ley, la letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona considera que, al no estar a su nombre el contrato, “carece de legitimación” para que se le suspenda el desahucio, tal como se expone en el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este razonamiento se basa en el artículo 2 del decreto de vivienda, que es el que establece la suspensión de los desahucios. En el texto no se habla en ningún momento de inquilinos, sino de “parte demandada” y eso es a lo que se acoge la Justicia para considerar que Ghariba, a la que se considera “tercera parte”, no está amparada por la ley.

“Eso es absurdo, porque al final a quien van a desahuciar es a ella, no a quien le realquiló la habitación”, apunta una fuente jurídica consultada por este medio, que afea al tribunal que se haya acogido a un “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular”. “Es imposible legislar para todas las casuísticas y, en este caso, ha habido mala voluntad”, zanja.

“Los beneficios económicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”, lamentan desde el Sindicat d’Habitatge del Clot. Además, alertan de que hay muchas más personas que, como Ghariba, están subarrendadas y que podrían quedar desprotegidas.

A pesar de que los activistas del barrio llamaron a parar el desahucio y a la presencia de diversos vecinos, estos no pudieron impedir que la policía entrara en casa de Ghariba y acabaran desahuciándola. Decenas de personas, en su mayoría muy jóvenes, han acudido a las puertas del hogar de esta mujer para intentar impedir que los agentes antidisturbios de los Mossos, que han movilizado seis furgonas, ejecutaran el lanzamiento, pero han sido desalojados uno a uno.

Se trata de la tercera vez que se intentaba ejecutar esta expulsión: la primera vez, el 5 de octubre, fue suspendido por las lluvias, que obligaron al Govern a decretar la alerta roja. El segundo intento fue el 14 del mismo mes, ya con el decreto de vivienda en vigor; en ese caso se suspendió por “falta de un dispositivo policial”. La nueva fecha fue fijada para este martes a las 9:00; la comitiva no ha llegado hasta las 11:30 y la expulsión se ha acabado efectuando dos horas más tarde.

Víctima de una estafa

Esta madre supo que había sido víctima de una estafa cuando le llegó la denuncia por impago. A partir de entonces, se acercó al sindicato de inquilinas del barrio, que fueron quienes la ayudaron a entender lo sucedido y descubrieron que, aunque Ghariba no había dejado de pagar, su dinero no llegó nunca a la propiedad.

En ese momento, los activistas intentaron mediar con Rambert 2001 SL, pero lamentan que no obtuvieron respuesta. La empresa desoyó las peticiones de regularizar la situación de Ghariba o de ofrecerle un alquiler social, al que esta madre tendría derecho por ley. Porque, aunque su proceso de desahucio empezó antes de que se aprobaran los llamados ‘decretos Maricarmen’, en Catalunya ya existía la ley 24/2015, que lleva más de 10 años en vigor.

Esta dicta que si la propiedad es un gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, antes de interponer cualquier demanda por impago de alquiler, se debe ofrecer un alquiler social. Y eso no ha sucedido.

Con todo, esta madre cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. Pero todavía nadie le ha ofrecido un lugar en el que reubicarse junto a su hijo de 9 años. Ghariba lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social.

La decisión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto Maricarmen, destinado a suspender los desahucios a personas vulnerables, ha suscitado críticas entre las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda. “El gobierno andaluz es como el perro del hortelano, ni para desahucios ni deja que los paren”, ha afeado la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, en un tuit publicado en su perfil de X.

Ese mismo símil lo ha empleado el parlamentario del grupo Por Andalucía Ernesto Alba para recriminar al Gobierno andaluz del PP que en materia de política de vivienda “ni hace ni deja hacer”. El también representante de Izquierda Unida ha señalado que por parte de la Junta “no sólo no hacen nada con esas competencias, sino que encima pretenden bloquear a un Gobierno central que sí quiere poner de su parte para garantizar el acceso a viviendas dignas y proteger a las inquilinas frente a la avaricia de los fondos buitres”. 

Ernesto Alba se refería así al recurso de inconstitucionalidad anunciado este jueves por parte de la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, en contra de los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la semana pasada para evitar desahucios como el que sufrió Maricarmen, la anciana de 87 años, con una discapacidad del 50% de su cuerpo, que falleció tras ser desalojada en una camilla de su casa, adquirida por un fondo inmobiliario, pese a llevar 70 años pagando el alquiler.

“Parece que a Moreno Bonilla no le importa que se sigan produciendo desahucios si este decreto ley no se convalida, o si se produce alguna situación de incremento de los alquileres, que se haga imposible que los jóvenes, que la clase trabajadora, que la clase media, pueda renovar su contrato de alquiler”, ha reprochado por su parte la secretaria general del PSOE andaluz María Jesús Montero.

Las competencias en el punto de mira

El Gobierno de Juanma Moreno, que ya había recurrido la Ley estatal de Vivienda ante el Constitucional, ha madurado unos días si seguía el mismo camino contra el decreto Maricarmen, calibrando el impacto que tiene ahora el debate público de la vivienda en las calles y en plena precampaña electoral. Finalmente, la consejera andaluza de Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves que la Junta va a iniciar los trámites para recurrir los dos decretos, alegando “invasión de competencias” y “vulneración del derecho a la propiedad privada”, recogidos en la Carta Magna.

“El Gobierno de la Junta de Andalucía está intentando parar los decretos de vivienda en el Constitucional, argumentando que se trata de competencias que solo les pertenecen a ellos”, ha comentado al respecto Ernesto Alba, antes de apostillar que, con esa actitud, desde el Gobierno del PP-A “están reconociendo que son los verdaderos responsables de la situación crítica que se vive en muchas partes de Andalucía, con alquileres por las nubes o el crecimiento sin control de los pisos turísticos”.

En esa misma línea, la líder socialista ha insistido en que el presidente de la Junta de Andalucía “solo ejerce las competencias vaciando el estatuto de autonomía cuando regula el Gobierno de España”. “Nos encontramos en una comunidad en la que no se hace nada para frenar el precio de la vivienda y, sin embargo, las actuaciones del Gobierno de España son recurridas por el Gobierno de Moreno Bonilla”, ha resumido Montero.

“El debate sobre la vivienda es político, no judicial”, ha aseverado el diputado de Por Andalucía, quien ha aludido a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre para señalar que “la pregunta que se tiene que responder” en dicha cita con las urnas es “sencilla”: “¿Qué va primero, los beneficios de los especuladores o el derecho de las familias trabajadoras?”.

Para la secretaria general de CCOO en Andalucía, con el intento de tumbar los dos decretos de vivienda que amplían el veto de compra a los fondos buitre hasta 2030 el Gobierno de Moreno “deja clara sus prioridades y del lado de quién está, que no son las personas trabajadoras que pueden verse en algún momento de su vida en situaciones vulnerables”, ha zanjado.

Antonio Carvajal, fotógrafo jubilado de 68 años, vive desde hace más de una década con su mujer, Juana, y su suegra dependiente en un piso de la calle Manuel Barrena Gragera, en la Ronda Norte de Badajoz. Nunca esquivaron un pago. Pero hace unos años la vivienda fue vendida sin aviso al fondo Beryllium II Invest Reo SL, parte de una estructura societaria de Reino Unido y sede fiscal en España. La familia siguió abonando la renta a la antigua propietaria durante meses, sin saber que ya no era la dueña, y acabó acumulando una deuda que ronda los 30.000 euros. Cuando representantes del fondo se presentaron en la vivienda reclamando ese dinero, comenzaron las amenazas de desahucio.

Carvajal, que dejó la fotografía tras perder parcialmente la vista por enfermedad, recibe una pensión y vive con ingresos estables junto a su mujer y su suegra. Pueden pagar un alquiler, pero el fondo se negó desde el principio a renovar el contrato o a indicar una vía para hacer llegar las mensualidades. En paralelo, una empresa mediadora ofreció a Antonio cantidades de dinero cambiantes para que abandonara la casa, sin llegar nunca a formalizar un acuerdo. La familia buscó alternativas habitacionales, pero todas las inmobiliarias rechazaron alquilarles sin nómina y los servicios sociales solo les plantearon como opción una residencia de mayores, algo inviable para un hogar independiente.

Según explica a elDiario.es uno de los miembros de la plataforma Inquilinato Badajoz, Daniel Ponte Balas, la vía jurídica tampoco funcionó. La justicia gratuita fue denegada por los ingresos que Juana había percibido el año anterior, pese a que ya no los cobraba. Según el relato del afectado, desde el propio juzgado se le sugirió que solo podría acceder a un abogado de oficio si se divorciaba. Para gestionar ese trámite contrató a un letrado que, según la información que maneja la familia, había participado en una candidatura interna de Vox en 2019. El abogado desapareció durante semanas, no avanzó el procedimiento y, cuando reapareció, se limitó a decir que “la papeleta estaba resuelta”, sin aportar documentación ni desbloquear la defensa. El tiempo perdido dejó a la familia sin representación en pleno proceso de desahucio.

Según la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por la plataforma, el fondo Beryllium II Invest Reo SL forma parte de un entramado empresarial cuyo administrador único es Duxburi Spain SL. Otra empresa del mismo grupo, G-M Reo Holdco SL, intentó desahuciar a varias personas —entre ellas una menor— en plena pandemia, según publicó El Salto Diario. No es un episodio aislado, sino un patrón de actuación de un grupo con recursos muy superiores a los de las familias a las que se enfrenta.

Ante la indefensión, Antonio acudió a Inquilinato Badajoz. El colectivo revisó la documentación, ordenó fechas y cantidades y abrió gestiones con la parte demandante. También impulsó una movilización que reunió a más de 500 personas el domingo 4 de octubre para denunciar la crisis de la vivienda y exigir una solución para el caso. Allí se exhibieron pancartas con lemas como 'Antonio se queda' o 'Los buitres, a Monfragüe'. El lanzamiento estaba fijado para este miércoles a las 10.30, pero finalmente ha sido suspendido durante al menos dos meses, un margen que permitirá negociar y aclarar responsabilidades en una historia marcada por la falta de información, la indefensión jurídica y la presión de un fondo internacional.

El aplazamiento no resuelve el conflicto. Quedan abiertas varias incógnitas: si Antonio podrá conservar su vivienda, si podrá denunciar a la antigua propietaria por no comunicar la venta, si logrará finalmente acceder a un abogado de oficio y si el fondo aceptará una solución que no pase por expulsar a una familia vulnerable. Por ahora, la noticia es que Antonio Carvajal sigue en su casa. No es una victoria definitiva, pero sí un respiro.

Al final, lo que sostiene a Antonio y a su familia no es solo el aplazamiento judicial, sino la red humana que ha ido apareciendo en el camino. El freno del desahucio deja también una lectura que trasciende el caso concreto. En los últimos días, varias voces han recordado el episodio de Maricarmen en Madrid, la vecina que logró detener un lanzamiento y cuyo gesto terminó convertido en símbolo de resistencia frente a los fondos buitre. La comparación no es casual: igual que entonces, aquí también ha sido la presión social y la organización vecinal la que ha conseguido detener una maquinaria que avanzaba sin mirar a las personas. En Badajoz, como en aquel caso, la diferencia la ha marcado la gente que decidió no mirar hacia otro lado.

El desahucio de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión. Los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que han venido acumulando fuerza y experiencia a lo largo de las últimas dos décadas, han galvanizado un malestar social profundo y han sabido presionar.

La coalición progresista gobernante en España, en una negociación contrarreloj no exenta de contradicciones y de dificultades, ha sabido leer el momento. No en vano es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos a la pena libertad e igualdad de las personas, y la dificultad para acceder y mantenerse en una vivienda se ha convertido claramente en una traba para ambas.

Así como en el pasado mes de febrero fue imposible acordar a la vez con Junts y con Podemos, con el consiguiente fracaso de las medidas que habrían podido evitar mucho sufrimiento, el clima social presentaba una oportunidad para atraer a suficientes grupos a un consenso básico, a la adopción de una serie de medidas urgentes para aportar un respiro a quienes penden de un hilo. También a una mayoría social que ha dicho basta a la lógica de “es el mercado, amigo” y que se asquea ante las palabras y actos de desdén de los especuladores y de sus lacayos.

Es lógico, pues en nuestra sociedad la dificultad para acceder a una vivienda o para mantenerse en ella es uno de los principales factores de desigualdad y de riesgo de exclusión social. La especulación está convirtiendo en irrealizable en la práctica el garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclaman la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatut.

Se trata, por tanto, más que de un problema acuciante, de una auténtica urgencia social que requiere de una respuesta política más ágil y más ambiciosa de lo que lo ha venido siendo hasta el momento.

Sin duda y, en el fondo, como siempre en toda lucha por los derechos, la movilización y la presión social son imprescindibles para explicar la creciente conciencia sobre la necesidad de generar un punto de inflexión en la garantía del derecho a una vivienda digna.

Junts, que negoció el texto hasta la última coma, se descolgó con un voto negativo a ambos decretos. Luego, ante la marea de indignación, se sacó un texto de la manga, para intentar descargarse de responsabilidad. Ha creído Junts —quizá por costumbre— que podía engañar a todo el mundo. No es así. Su bloqueo a los decretos es un antes y un después. Había que votar el viernes en el Congreso. Es la hora de la verdad.

Casi 10.000 personas participan ya en la marcha convocada en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar soluciones ante las dificultades de acceso a la vivienda y exigir medidas que garanticen este derecho.

La movilización, que partió del entorno del Monumento de Galdós, en la plaza de la Feria, avanzaba a las 11.30 horas hacia la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, después de varios días de protestas y de la acampada instalada en este espacio en defensa del derecho a la vivienda.

Durante la marcha se están escuchando consignas en defensa del derecho a la vivienda y también a favor de barrios antifascistas. Entre los mensajes coreados destaca “el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”, dirigido contra las políticas de vivienda de las instituciones canarias.

La protesta ha incluido además una sentada simbólica frente a la sede del Gobierno de Canarias, con los manifestantes levantando sus llaves como gesto reivindicativo ante las dificultades de acceso a una vivienda.

La movilización da continuidad a las protestas desarrolladas durante los últimos días, después de que los dos decretos ley sobre vivienda fueran rechazados en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts. Los colectivos y activistas participantes, entre ellos el Sindicato de Inquilinos de Tenerife y Derecho al Techo, ya habían advertido de que las movilizaciones continuarían.

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“¿Os acordáis de cuando era divertida?”. Olga Matute formuló esa pregunta a sus amigas cuando la fueron a ver, semanas después de ser desahuciada junto a una de sus dos hijas. La expulsión sumió en una profunda depresión a esta mujer, cuyo círculo la recuerda como risueña y activa. “¡Si todavía lo eres!”, le respondieron ellas. Pero no vio manera de remontar. El pasado 7 de septiembre, cuando hacía menos de cinco meses desde que la echaron de su casa, Olga se suicidó. A los 54 años y dejando atrás a dos hijas.

Para sus allegados fue un “mazazo”, pero ya se figuraban que la historia podría acabar así. Sus problemas de vivienda empezaron en 2010, cuando se separó de su marido. Como este nunca pagó la pensión de las niñas, Olga dejó de poder hacer frente a la hipoteca. Y, desde entonces, su vida se convirtió en “una sucesión de derrota tras derrota”, cuenta Míriam, una de sus amigas, en conversación con elDiario.es.

“No es un caso aislado. Se habla mucho estos días de Maricarmen y ojalá se hablara más. Pero ella sigue viva y Olga no”, lamenta. Por eso, la gran manifestación en defensa de la vivienda y en protesta de la caída de los dos decretos en la votación del Congreso, se hará en L’Hospitalet, no en Barcelona. “Será un gran homenaje, por ella y por todas las personas que sufren esta crisis. Es lo que hubiera querido”, asegura Míriam.

Que Olga vaya a ser la cara visible de la manifestación de este sábado es un acto de justicia, pero también una contestación a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en una visita a Catalunya esta semana quiso quitar hierro a su caso. “Si no recuerdo mal, leí el caso de una señora, creo recordar que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Y nadie acampó por ella. Nadie preguntó por ella”, zanjó el popular.

Estas palabras han enervado a los movimientos sociales, que no sólo sí se movilizaron por Olga y la van a convertir en protagonista de la marcha, sino que, además, han cuestionado a todas las administraciones que le “fallaron”. “Desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno, pasando por la Generalitat”, apunta Míriam, amiga cercana de Olga.

Estas dos mujeres, ambas del barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet, se llevaban más de 20 años, pero se volvieron muy cercanas. Se conocieron en las asambleas para organizar el referéndum del 1 de octubre y ya no dejaron de militar juntas. Pasaron por espacios antifascistas, feministas y asociaciones de barrio. Y, cuando su situación personal lo requiso, Olga se acercó también al Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Hizo de todo para parar el desahucio y no es que dejara de luchar; es que no pudo más”, sigue esta amiga. Recuerda que nunca ocultó que el peso con el que cargaba crecía día tras día. Incluso participó en una comisión de estudio del Parlament de Catalunya sobre la salud mental.

“Llevo dos años luchando contra un desahucio que sé que llegará. Cuando eso pasa, caes en un pozo muy profundo, del que no sabes salir. Te aíslas y sólo piensas en suicidarte. Pero es algo que no puedo permitirme. ¿Qué harían mis hijas si yo no estoy?”, explicó en 2024.

Olga tuvo razón y su desahucio no se pudo evitar. Cuentan los suyos que, después de 15 años de lucha, Olga no se creía que la carrera hubiera llegado a su fin. Tanto que, el día antes del desahucio, todavía no había hecho las maletas. “No pensaba que fuera a pasar de verdad. Y, por eso, nos asustamos”, rememora su amiga.

Aquella noche, Olga empezó a enviar mensajes “extraños” que activaron las alarmas de su círculo cercano. Decidieron llamar a emergencias para activar el protocolo antisuicidios, pero, visto en perspectiva, reconocen que quizás no fue la mejor solución. “No sabíamos que era algo tan sumamente violento”, asegura Míriam. Aquella noche, los Mossos entraron en su casa para llevársela al hospital y eso es “lo último que quiere una persona que, al día siguiente, va a sufrir un desahucio”.

Cuando llegó al centro, Olga negó tener cualquier intención suicida para evitar que la ingresaran y así poder estar en casa, con sus hijas, cuando llegara la comitiva judicial. En sólo dos días, tuvo que ser atendida tres veces por los servicios de emergencias. Su abogado, Jordi Naya, intentó, in extremis, parar el lanzamiento presentando ante el juzgado los partes médicos, acreditando que se encontraba en una situación de “riesgo inminente y grave para la salud y su integridad personal”.

Pero el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 5 de L’Hospitalet desestimó la petición. “En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión del desahucio”, alegó. Además, criticó que la solicitud se presentara pocas horas antes de la fecha fijada, lo que catalogó de “mala fe” y argumentó que impedía que “la parte contraria pudiera ejercer sus derechos en plena facultad”. Así, sin más, a la mañana siguiente, Olga fue expulsada de su hogar.

Batalla tras batalla

El periplo de Olga empezó en 2010, cuando se separó de su pareja. Esa ruptura coincidió, además, con un despido. Poco después de aquello, evitó perder su casa gracias a una dación en pago a cambio de un alquiler social de la mano del Banco Sabadell. Pero esa renta tampoco fue fácil de abonar, ya que la situación agravó una diabetes grave que sufría y que le generó un grado de incapacidad que no la dejaba trabajar.

Como su pensión no alcanzaba, Olga decidió ocultar su condición y aceptó un empleo de dependienta. Pero duró poco porque la empresa cerró. Así, Olga se vio, de nuevo, sin ingresos, con dos hijas a cargo. Pero jamás dejó de pagar el alquiler. Fue entonces cuando su piso pasó a manos de Promontoria, una filial del fondo buitre Cerberus, que se negó a continuar con el alquiler social. Y aquel fue el golpe de gracia.

La nueva propiedad decidió poner el inmueble en venta y avisó a Olga, mediante un burofax, de que tenía que irse. Así se lo dijo “un matón” que se plantó en su casa, tal como aseguran desde el Sindicat. Pero ella negó en todo momento haber recibido tal comunicación. Preguntada por estas cuestiones, la propiedad ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es.

Olga llamó a todas las puertas que pudo, pero no logró evitar que le llegara una primera orden de desahucio. Este se pudo aplazar gracias al escudo social, que protegía a familias vulnerables que vivieran en pisos de grandes tenedores. Pero cuando cayó esta medida, este mismo 2026 y debido a los votos de Junts, PP y Vox, el juez volvió a reanudar el proceso y fijó una nueva fecha: el 15 de abril de este año.

“Si esa moratoria no se hubiera tumbado, Olga seguiría viva. Y hoy han vuelto a votar en el mismo sentido”, lamenta Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista. Esta mujer quedó en la calle, junto a una de sus hijas, todavía menor de edad, y otra madre soltera que ya había sido desahuciada previamente y que Olga acogió en su casa durante algunos meses.

“Estamos ante un problema estructural que genera un impacto enorme para la salud mental de las familias trabajadoras. Sobre todo en los niños y en las mujeres, que somos las más afectadas”, aseguran desde el Sindicat. Apunta a cómo, para muchas, separarse de sus parejas es “un privilegio que no pueden permitirse”.

Perder el ingreso de una pareja puede suponer un descalabro que desmonte toda una vida, como le pasó a Olga. Ella es una de las tantas personas que se han quitado la vida al verse vencidas por un sistema que les ha arrebatado la vivienda, el techo bajo el cual forjar una vida. “No son suicidios, son asesinatos”, recuerda Bermúdez.

“Olga era la persona más alegre que he conocido”, cuenta Míriam. Una mujer alegre, amante del buen vino y siempre dispuesta a reírse, bailar y celebrar victorias de los colectivos en los que militaba. Así como a consolar a sus compañeras ante las derrotas con un abrazo o un comentario optimista.

Tanto fue así, que a sus amigas les dijo, en la carta que dejó escrita antes de morir, que querían que celebraran una fiesta en su honor más que un funeral. Los suyos la han enterrado, aunque todavía no han sacado las fuerzas para cumplir el último deseo de Olga. Pero lo harán, asegura Míriam. “La manifestación de este sábado, en su honor, será el primer homenaje. Que su nombre nos sirva para seguir luchando y la fiesta ya llegará, seguro que llegará”.

Desde que se aprobó el ‘decreto Maricarmen’ hasta que el Congreso lo ha tumbado este viernes, apenas han transcurrido tres días. Unas jornadas que, precedidas de una fuerte movilización social, han llevado a miles de inquilinos a contener la respiración a la espera de saber si podrían atar la prórroga de sus contratos, evitar subidas de mensualidades o, en los casos más extremos, frenar desahucios que ya tenían día y hora.

Pero la mayoría parlamentaria, con un Junts alineado a última hora con PP y Vox, les ha dejado sin la protección que recogía la norma. Esta incluía, entre otras medidas, la prolongación durante dos años de todos los contratos que acabasen hasta 2028, la prohibición hasta 2030 de los desahucios de familias vulnerables, o la regulación más estricta de los alquileres de temporada o por habitaciones. 

A la familia de Félix, de 58 años, con mujer y un hijo de 29, se les acabó el contrato de alquiler el pasado día 29 de septiembre, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto ley, así que el reloj corre en su contra. Un fondo de inversión, Mosaic, compró la finca en la que vive, en Erandio (Bizkaia) y no renueva ningún contrato. 

“El decreto nos hubiera dado aire para respirar”, expresa su hijo, también Félix. Muchos de sus vecinos sintieron que se abría una ventana de esperanza para ganar tiempo antes de que lleguen las denuncias y órdenes de desahucio. Félix, en cambio, no era tan optimista: “Me imaginaba que iba a salir que no”, afirma, “por eso ni siquiera me siento decepcionado, sino muy desilusionado”. “Ya no creo en los Reyes Magos y esto era la crónica de una muerte anunciada”, lamenta.

El pasado 29 de septiembre también fue un día importante para Juanita y para Seha. Ambas tenían ese día marcado en el calendario como el de su desahucio, pero los jueces de sendos casos decidieron aplazar el lanzamiento a la espera de ver qué decidía el Congreso. “¿Eso significa que habrá otro lanzamiento?”, pregunta Seha, vecina de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y embarazada de riesgo, al enterarse de la noticia.

“Fue una alegría tan grande cuando se paró el desahucio y ahora mira... Yo sólo quiero estar aquí hasta que cierre los ojos por última vez. Después, que se queden el piso”, explica Juanita, de 78 años, que confiesa haberse tomado un ansiolítico después de la votación.

Esta mujer compró su piso de Sant Adrià del Besós (Barcelona) hace 20 años, pero se lo embargaron hace casi diez años, porque lo puso como aval a la compra de su sobrina. CaixaBank le dejó quedarse a cambio de un alquiler social, ya que Juanita cuenta con un informe de vulnerabilidad, pero en el momento en que cayó el escudo social, le llegó el burofax avisándola de que la echaban.

“Los políticos que votan contra leyes que protegen a las personas no son humanos. Ellos vienen de una madre como yo. ¿A sus madres las dejarían en la calle?”, se pregunta Juanita, que rompe en lágrimas. La acompaña la PAH, que asegura que se mantendrá muy cerca para intentar que esta mujer no acabe perdiendo su hogar. “La lucha la tenemos que hacer todas juntas, porque somos más Maricármenes de las que se imaginan”, asegura.

Desde el Sindicato de Inquilinas advierten de una emergencia social con los desahucios. “Vamos a un escenario de decenas de miles de desalojos, y con los niveles de sinhogarismo que hay, es una temeridad”, alerta Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. La caída del escudo social en enero, vigente desde la pandemia e igualmente rechazado por la derecha, asegura que ya disparó los desalojos. 

Solo en los últimos días, han sido varios los lanzamientos previstos que se han ejecutado o aplazado en función de si la fecha era anterior o posterior a la aprobación del decreto. En Mataró, una familia con un miembro con discapacidad fue expulsada de su casa el lunes. El miércoles y el viernes, en cambio, Macarena y Lucélia, en Barcelona y Manresa respectivamente, vieron cómo se aplazaban sus lanzamientos debido al fugaz decreto ley finalmente derogado. 

Los que esperaban prórrogas

Aunque los desahucios han atraído estos días todas las miradas, no solo las familias a punto de perder sus hogares estaban pendientes del decreto. También millones de inquilinos y propietarios aguardaban la votación del Congreso para conocer cómo quedaban los contratos. 

En total, dos millones de contratos de alquiler finalizan en España antes de 2029, según los datos del Ministerio de Consumo. Estos incluyen aproximadamente a cinco millones de arrendatarios. 

Uno de ellos es la abuela de Ana, que tiene 95 años. Vive de alquiler en Madrid y su contrato acaba en 2026. Su nieta, que estos días acampa en la Puerta del Sol, no sabe qué va a pasar con ella. Con el decreto contarían con dos años más de prórroga. “Si estamos tanta gente joven aquí es también para cuidar de nuestros mayores y para asegurarnos un futuro, poder vivir una vida digna y tranquila”, cuenta. 

No es la única que se ha acercado a la Puerta del Sol motivada por situaciones personales o familiares complicadas. También es el caso de Pablo, cuya madre vive en la sierra de Madrid y su casero le sube el alquiler mes a mes 20 euros. No sabe cómo va a poder seguir asumiendo los incrementos. El joven critica la inacción del Gobierno progresista y afirma: “Aquí en España están surgiendo dos opciones. Si trabajas te puedes pagar una casa, pero te mueres de hambre. Y si no, pues puedes comer un poco, pero vas a vivir o con tus padres o en la calle”. Otra situación que se repite es la de los caseros que se aprovechan. “Llevo cinco años de alquiler en Madrid, en cuatro casas distintas”, cuenta frente a su tienda de campaña Pau, que paga 500 euros por una pequeña habitación en una casa compartida con seis personas. Ahora considera que tiene suerte porque tiene un contrato indefinido, pero le echaron de su piso anterioR.

Desde Cieza, en Murcia, Aurora y su pareja, Alberto, expresan la misma inquietud, pendientes de un contrato que vence en marzo de 2028. “Estamos preocupados porque la zona en la que estamos, la Avenida Europa, se ha revalorizado mucho en los últimos años y hay indicios de que nos van a subir los precios”, expresan. Empezaron pagando a su casero 650 euros por un apartamento de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño, cocina y salón. “Ahora pagamos ya 711,25, por las subidas del IPC porque firmamos antes de la Ley de Vivienda”, afirman. 

Lo que más les afecta, relatan, es la incertidumbre: “Tenemos 34 y 35 años y proyectos profesionales y personales que queremos desarrollar en la capital, pero cada vez se está poniendo más complicado, no solo el alquiler, también adquirir una vivienda”, concluyen. 

Entre los activistas por la vivienda, la decisión de Junts de este jueves cayó como un jarro de agua fría. “Sabiendo que el PSOE llevaba tiempo negociando el decreto con ellos, no contemplábamos que lo tumbaran, porque era de mínimos”, se lamentaba Arcarazo, que no esconde su sorpresa. “Estamos en el momento de la legislatura en que la cuestión de la vivienda está más viva, con el nivel de hartazgo más alto, y no nos queda otra que caminar hacia una huelga general”, expresa. 

Con la aportación de Belén Ferreras, África Gelardo y Erena Calvo

El Sindicat de Llogateres plantea una huelga general “inminente” después de la caída de los dos decretos de vivienda este viernes debido a los votos negativos de PP, Junts y Vox. “Tenemos un Congreso rentista, hay que generar un conflicto mucho mayor, mucho más amplio; un conflicto de masas”, ha afirmado la portavoz del movimiento, Carme Arcarazo, en declaraciones a los medios desde la acampada de Plaça Catalunya.

Desde el Sindicat aseguran que ya están en conversaciones con CCOO, UGT y la CGT para encaminarse a un paro próximo. “Tenemos que crecer, que esta chispa se convierta en una ola masiva de movilización constante que culmine con una huelga general que pueda transformar el sistema de la vivienda”, ha añadido.

Arcarazo ha explicado que la asamblea abordará cómo andar hacia una huelga general. “Esto no sólo se convoca, sino que, sobre todo, se organiza”, ha dicho. “Será necesaria muchísima gente en los próximos meses, piquetes, charlas... hará falta un trabajo ingente”, ha añadido.

Precisamente la primera asamblea abierta que se convoca sobre esta cuestión ha tenido lugar la tarde del viernes en la misma Plaça Catalunya, al lado de la acampada, y donde los sindicatos de vivienda y la PAH han emplazado a la ciudadanía a reunirse después de la votación en el Congreso.

Según la portavoz del sindicato, la caída del 'decreto Maricarmen' es “solo el principio”. “La chispa que se ha encendido esta semana no sólo no termina, sino que hay que hacerla mucho mayor y llegar a muchos más lugares”, ha apuntado Arcarazo, que ha afeado al Congreso que “dé la espalda a la ciudadanía”.

Los dos reales decretos que ha aprobado el gobierno de coalición para responder a las protestas de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol y que deberían ser convalidados este viernes en el Congreso de los Diputados - Junts ya ha dicho que los tumbará- son dos monstruos jurídicos: disponen de 106 páginas que incluyen más de 60 medidas, herramientas e instrumentos, y con numerosas excepciones para múltiples casos distintos, por lo que un análisis detallado sería inabarcable en un artículo de opinión (e incluso inasumible por un servidor por la complejidad jurídica de muchos de sus temas). No obstante, a continuación, analizaré las principales medidas económicas que incluyen los dos textos, con la intención de valorar si merecen la pena ser aprobados definitivamente.

La primera medida que destaco es la referente a los fondos buitre. A pesar de que el Gobierno dijo literalmente y en rueda de prensa que se iba a prohibir la compra especulativa de los fondos buitre, en el BOE sólo podemos leer que van a impedir (encima temporalmente) la compra de viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Esto es una tomadura de pelo, porque, para empezar, no es una prohibición de compraventa (como pedía la acampada por la vivienda y como prometió el Gobierno), sino una limitación de esta. La idea subyacente es que, si ninguna empresa puede comprar viviendas por un precio sustancialmente más bajo, tampoco podrán obtener rentabilidades desmesuradas al venderlas. La idea no es mala, porque eso atenta contra el núcleo de su negocio carroñero, pero el problema es que el límite del 70% es muy arbitrario e insuficiente. Al fin y al cabo, este tipo de empresas podrán seguir comprando lotes de viviendas por un precio inferior al 71% de su valor, lo que les seguiría brindando importantes niveles de rentabilidad. Es mejor que nada, pero ni es lo demandado, ni es lo prometido, ni va a alterar mucho el mercado especulativo de los fondos buitre.

En cambio, la regulación para suspender desahucios (el detonante de las protestas) es bastante adecuada y las organizaciones sociales están bastante satisfechas con ella, pero el problema fundamental es que sería sólo hasta 2031. Si impedir el desahucio a personas vulnerables y sin alternativa habitacional es una obligación moral inexcusable, ¿por qué tiene fecha de caducidad?

Por otro lado, la regulación del alquiler de temporada para que ningún casero pueda disfrazar con esa etiqueta sus alquileres residenciales y así sortear la legislación, es un importante avance. No es más que convertir en ley lo que ya la jurisprudencia señala, pero sin duda serviría para desalentar a muchos arrendadores de acogerse a ese truco ilegal. Y pasa algo parecido con la regulación de habitaciones, prácticamente inexistente hasta la fecha, porque se trata de impedir que la suma del alquiler de todas ellas sea superior al alquiler de todo el piso alquilado. Esto es un avance importante, aunque igualmente requeriría mucha supervisión y control porque hay bastantes formas de hacer trampas.

Lo que sin duda es una buena medida es la congelación total del alquiler si se encuentra por encima del Índice de Referencia que creó el Gobierno hace unos años. Para aquellos que estén por debajo, sólo podrán subir un 2%, un nivel inferior a la inflación actual. Esto permitiría un alivio a los millones de inquilinos que hay en nuestro país. Lo malo es que es sólo hasta 2028 (y estoy obviando que lo que se necesita en un pico de burbuja de precios es que bajen los alquileres, no sólo que dejen de subir).

Lo que es para echarse las manos a la cabeza son las bonificaciones fiscales a los caseros: se les perdona el 100% de los impuestos si bajan el alquiler un mísero 5% y si cumplen algunas otras condiciones. Pero en caso de no cumplir esas otras condiciones, se les perdona el 70%. Esto no hay por dónde cogerlo: es un regalo extremadamente generoso a los caseros a cambio de migajas. Las ayudas fiscales a los caseros ya son injustas de por sí porque permiten que una persona que simplemente ingrese dinero por su propiedad pague muchísimos menos impuestos que una persona que ingrese la misma cantidad de dinero por trabajar, pero llevarlas al 100% de la tributación y encima para una reducción ridícula del alquiler es un despropósito se mire como se mire.

Otra medida muy criticable es el préstamo al 0% para la entrada de la vivienda, esta vez sin límite de edad. A algunos les sonará bien, pero esto sin regulación de precios sólo los haría subir todavía más, amén de que seguiría engordando los bolsillos de la banca, que sería la encargada de conceder créditos aunque tengan el respaldo del Instituto de Crédito Oficial. Es un error porque existen muchas otras alternativas para facilitar el acceso a la primera vivienda que son mucho más justas y adecuadas.

El aumento del IVA al 10% a prácticamente todos los pisos turísticos o de estancias hasta 30 noches va en la buena dirección, aunque es claramente insuficiente porque cualquier otro negocio similar tributa al 21%. No tiene sentido seguir favoreciendo un negocio que tantos problemas provoca en el mercado inmobiliario y en nuestras ciudades.

Todas las medidas señaladas hasta aquí corresponden al primer decreto, el que tiene más probabilidades de ser convalidado. En el segundo queda aislada la más ambiciosa: la renovación automática de los contratos de alquiler. Es decir, que cuando venza un contrato (cinco años si el casero es una persona física, siete si es una persona jurídica) este se prorrogue. Conviene subrayar que no estamos hablando de nada revolucionario ni bolchevique; mecanismos de este tipo funcionan desde hace décadas en muchos países europeos. Si finalmente cae, habrá que señalar con nombre y apellidos a quienes lo impidan, y seguir peleando esta medida desde la calle y desde las instituciones.

Como decía antes, hay muchas otras medidas que dejaré al margen en este análisis, pero las citadas pueden ser perfectamente clasificadas como las más importantes.

A tenor de lo señalado, hay algo que puede afirmarse sin demasiado riesgo: la mera existencia de los decretos es un motivo de orgullo para la movilización popular, porque recogen bastantes medidas que se llevaban tiempo reclamando desde la calle y que no habían visto la luz por falta de voluntad política y/o por falta de apoyo parlamentario. Es verdad que estos decretos incluyen medidas injustas y negativas, pero no son tan graves como para eclipsar las importantes ventajas y beneficios de las medidas positivas. Recordemos que hace apenas unos meses el Congreso tumbó medidas más tímidas que estas. Que ahora el PSOE haya aceptado ir más lejos en el Consejo de Ministros no se explica por una conversión repentina, sino por la presión social. El PSOE jamás habría aprobado este paquete si no fuera por lo que está ocurriendo en las calles. Y probablemente lo mismo pueda decirse de Junts, que también tiene que rendir cuentas ante su electorado y sabe que no puede ignorar un clamor tan extendido.

Hay además un detalle procedimental que no es menor: la convalidación se producirá en cuestión de días, no de un mes como la vez anterior. Eso obliga a los grupos parlamentarios a retratarse ahora, mientras la presión social es máxima, y no cuando el suflé haya bajado.

Nada de esto resuelve la crisis de la vivienda. Estas medidas sirven para contener una situación de emergencia, para que los precios no sigan subiendo y para que la gente no sea expulsada de sus casas, y eso hay que celebrarlo. Pero el problema de fondo, que es la especulación y el rentismo, sigue intacto. Sabemos qué haría falta para acabar con él; el problema es que no hay mayoría suficiente en las Cortes Generales para llevarlo a cabo. Pero eso es algo que hay que cambiar, en las urnas y en la calle, y la convalidación de los dos decretos es una forma de avanzar en esa dirección. Hace sólo unas semanas un paquete como este parecía impensable. El tablero político se está moviendo gracias a la movilización popular, y precisamente por eso hay que seguir empujando. 

La única diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, votará este viernes a favor de la convalidación de decreto ley que fija límites al desahucio de personas en situación vulnerable, entre otras medidas, mientras que rechazará el referido a la renovación automática de los alquileres.

Así lo ha decidido la Ejecutiva de CC en una reunión celebrada la tarde de este jueves en Arrecife. Con esta decisión, el partido liderado por Fernando Clavijo adopta la misma posición que el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Sin los cinco votos del PNV, el Gobierno se queda sin los apoyos necesarios para convalidar el texto incluso aunque Junts finalmente votara a favor, algo que la formación independentista catalana decidirá en una reunión esta misma noche. El 'no' de los nacionalistas vascos y de CC se suma así al rechazo inamovible de las derechas estatales de PP y Vox.

CC apoyará el primer texto pese a considerar “que es insuficiente y necesita cambios”. Según afirman en un comunicado, los nacionalistas canarios han logrado el compromiso de incorporar a ese primer decreto que “se tramite la posibilidad de limitar la compra de vivienda por no residentes” en las Islas .

El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, criticó la forma de actuar del Gobierno del Estado. “Después de ocho años no se puede pretender resolver un problema de esta magnitud con dos decretos, deprisa y corriendo, y dando 48 horas a los grupos para analizarlos. No se puede seguir gobernando a golpe de improvisación”, afirmó.

Toledo insistió en “el modo canario de hacer política frente a la dinámica de bloques. ”No estamos para elegir un bando. Estamos para dialogar, alcanzar acuerdos y conseguir soluciones que mejoren la vida de la gente“, señaló.

Un “sí crítico” al primer decreto

CC señala que su voto favorable al primer decreto no supone un cheque en blanco. “Hay muchas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y tiene mucho que mejorar”, aseguró Toledo.

CC dice que aprovechará su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios que reconozcan las singularidades de Canarias, aumenten la oferta de vivienda y reduzcan la carga burocrática. Entre ellos, defenderá que el silencio administrativo sea positivo cuando transcurran seis meses sin resolución de las licencias de obra.

“El problema de la vivienda no se resuelve si no conseguimos que haya más casas en el mercado”, sostuvo Toledo, que reclamó también mayores garantías jurídicas para propietarios e inquilinos y medidas que permitan que las personas vulnerables dejen de serlo.

Toledo defendió que Canarias necesita instrumentos propios ante una presión demográfica, turística y residencial que “no es comparable a la de otros territorios”. “La limitación de la compra de vivienda por no residentes es una medida fundamental para Canarias”, afirmó.

El dirigente nacionalista incidió en que el objetivo es proteger el acceso a la vivienda de quienes viven en las islas frente a la adquisición de inmuebles que permanecen vacíos durante buena parte del año. “No podemos permitir que se especule con la vivienda en Canarias

mientras nuestra gente tiene dificultades para encontrar dónde vivir“, señaló.

Toledo recordó que CC lleva tiempo defendiendo esta medida. “Cuando la pusimos sobre la mesa algunos dijeron que eran ocurrencias políticas. Hoy hemos conseguido abrir la vía para que pueda convertirse en una realidad”.

“No rotundo” al segundo decreto

En cuanto al segundo decreto, CC votará en contra porque considera que “genera inseguridad jurídica, desprotege al pequeño propietario y puede provocar la retirada de viviendas del mercado del alquiler”.

“Somos radicalmente contrarios a este decreto. Es un auténtico disparate”, afirmó Toledo.

El número dos de los nacionalistas canarios cuestionó especialmente las.compensaciones económicas previstas en determinados supuestos de no renovación de los contratos y advirtió de sus posibles consecuencias sobre un mercado “que ya tiene un grave problema de falta de oferta”.

“El efecto práctico puede ser que se retiren cientos o miles de casas del mercado en Canarias cuando ya estamos viviendo una auténtica emergencia habitacional”, señaló.

Toledo recordó que alrededor de nueve de cada diez alquileres residenciales están, según los datos manejados por CC, en manos de pequeños propietarios y defendió que las políticas públicas deben ofrecer garantías a ambas partes.

“Tenemos que proteger a todas las personas de esta tierra, a los inquilinos y también a los pequeños propietarios. Necesitamos más vivienda, más seguridad jurídica y más oferta, no medidas que provoquen que haya todavía menos casas disponibles en el mercado”, concluyó.

Seha está agotada; las ojeras delatan días sin dormir y comiendo mal. Se acaricia la barriga, pequeña para una embarazada de siete meses. “Hace días que no noto que el bebé se mueva”, dice, mostrando una angustia acrecentada por el hecho de que su hijo pesa la mitad de lo que debería. Tiene un embarazo de riesgo, que haría recomendable que acudiera al médico a la mínima alarma, pero no ha podido. Estaba intentando evitar su desahucio.

Esta mujer de 25 años vive en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto a su marido Muhmmad y las dos hijas que tienen en común, desde hace casi cinco años. Este martes, mientras las pequeñas estaban en el colegio, sus padres esperaban en la puerta a que llegara la comitiva judicial que tenía el encargo de echarles del piso, propiedad de Cerberus. A la misma hora, en Madrid, el Gobierno estaba aprobando el decreto de vivienda que prohíbe los desahucios para personas vulnerables hasta 2030.

“Estábamos muy pendientes. Era lo último que nos podía ayudar”, dice esta joven. Desde la PAH, entidad que la acompaña, se comunicaron con los juzgados para intentar evitar, in extremis, que Seha fuera una de las últimas personas desahuciadas antes de que el ‘decreto Maricarmen’ entrara en vigor. Y lo consiguieron.

Se les comunicó el aplazamiento por la vía telefónica, sin exponer los motivos ni fijar una nueva fecha. La familia no puede hacer ningún movimiento hasta que la jueza les envíe un escrito, confirmando la decisión de manera oficial. Pero los abogados creen que ese documento no llegará hasta el viernes, cuando el Congreso decida si convalida o no las normativas. “No van a querer fijar otro día hasta saber si la moratoria de los desahucios sale adelante”, expone Miguel Ruiz, abogado de la PAH.

La tranquilidad que sintió Sahe cuando supo que su expulsión había sido aplazada duró poco. Sabe que le han dado tiempo, pero no cuánto. Por eso, mira con mucha expectación y angustia hacia la votación del viernes en el Congreso, que decidirá su futuro y podría convertirla en una de las primeras personas beneficiadas por el ‘decreto Maricarmen’.

“No entiendo a quienes quieren votar en contra de esta ley. Ninguna familia merece este trato ni estar en la calle con los niños. Es cosa de humanidad. ¿Cómo alguien puede estar en contra de que la gente tenga su casa y estabilidad?”, reflexiona esta joven. Si el desahucio se hubiera ejecutado, no tenía adónde ir. Desde el Ayuntamiento de Cornellà sólo pudieron ofrecerle tentativamente un par de noches en un albergue. Y luego, nada.

Ella se veía en la calle, con unas hijas pequeñas a las que ha intentado proteger todo lo posible, hasta el punto de que no han llegado a enterarse de que su hogar corría peligro. Y embarazada de un bebé en riesgo. “Está muy débil, no crece como debería. Sólo pesa 1 kilo, cuando tendría que pesar el doble. Yo creo que es por el estrés y, si me hubieran echado, no quiero ni pensar qué habría pasado”, reflexiona.

Tiene claro que su situación habitacional ha afectado de manera muy negativa a su embarazo. Pero la jueza que fijó la fecha de su desahucio para este martes no considera lo mismo. Cuando se marcó la fecha en el calendario, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 5 de Cornellà ya sabía cómo estaba Seha y que seguiría estándolo para el día fijado. En base a eso, el abogado de la familia presentó un recurso y una solicitud de aplazamiento. Pero este fue desestimado.

“El hecho de que ahora se suspendiera por uno o dos meses no cambia la situación en la que se encuentra la demandada, embarazada de siete meses. Porque, aunque se diera la prórroga de un mes o dos, seguiría embarazada o a punto de parir”, relata la jueza en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Una embarazada repartidora de Glovo

Seha llegó a España desde Pakistán hace 11 años con su familia. Era una adolescente que pudo estudiar y llegó a graduarse en comercio internacional. Antes de encontrar trabajo en lo suyo, decidió tomar un empleo como teleoperadora para ganar algo de dinero y fue en ese puesto donde conoció a Muhmmad, quien sería su marido. Él, también pakistaní, trabajaba en la misma empresa gracias una visa de estudiante que usaba para acabar el doctorado de Cadena de Suministros.

Un día llamó al departamento de Seha porque tenía problemas técnicos y las conversaciones telefónicas se alargaron más allá de lo profesional. Hablaron, se gustaron y, en seguida, se enamoraron. “Fue raro decirle a nuestros padres que nos habíamos conocido por teléfono. No es habitual encontrar pareja así en nuestra cultura, pero aun así, nos dejaron casarnos”, cuenta ella. Lo hicieron pronto y, como tenían ahorros, poco después de la boda encontraron el piso del que ahora les quieren echar. “Yo llegué allí casi con el vestido de novia”, bromea.

Se compraron un coche y cimentaron las bases para formar una familia. Al año de llegar, se quedó embarazada, pero ahí empezaron los problemas. Al comunicarlo a la empresa, la echaron. Su esposo protestó y también le despidieron. Ambos fueron a juicio y, aunque ella perdió, a Muhmmad sí le reconocieron la nulidad. Pero, en el transcurso de ese tiempo, perdió la visa de estudiante. Y, al no tener contrato vigente, se quedó sin papeles.

Ahora, pasado el tiempo, ha conseguido permiso de residencia, pero no de trabajo. “Como es doctor, le ofrecen muchos empleos, pero no se los pueden dar porque no tiene papeles”, se lamenta Seha. Ambos desempleados, el dinero no les llegaba y, aunque pudieron seguir pagando su alquiler, de 700 euros, durante algo más de un año, pasado ese tiempo, el dinero se agotó.

Para entonces, Seha esperaba a su segunda hija y los retrasos se acumulaban. Fue en ese momento, en 2023, cuando la propiedad inició el proceso judicial para expulsarles. Contando el del pasado martes, han sufrido cuatro intentos de desahucio. El primero pudo ser aplazado debido al embarazo y los dos siguientes gracias a la moratoria de desahucios que cayó, debido a los votos de PP, Junts y Vox, el pasado abril y que protegía a familias vulnerables. Entonces, la jueza señaló la fecha: 29 de septiembre de 2026. Pero este también se anuló; esta vez, gracias al ‘decreto Maricarmen’.

Durante todo este tiempo, ha sido Seha la que ha intentado mantener a su familia, encadenando empleos precarios. El último, como repartidora para Glovo, un trabajo que la mantuvo sobre la bicicleta hasta hace pocas semanas, estando ya encinta de más de seis meses. Aguantó todo lo que pudo hasta que su doctora le dijo que, debido a su embarazo de riesgo, debía tomarse la baja.

A pesar de que la familia aseguró frente a la jueza que su voluntad era pagar lo que pudieran, la propiedad negó en todo momento la posibilidad de un alquiler social. “Yo no quiero nada gratis ni pretendo que todos tengamos que tener lo mismo. Sólo quiero lo mínimo, por humanidad”, relata.

Esta joven consiguió parar su desahucio in extremis gracias a la ayuda de la PAH, entidad con la que contactó justo el día antes de la fecha fijada. “Nuestro abogado de oficio no sabía qué más intentar, así que le pregunté a ChatGPT qué opciones tenía y me dijo que probara con la PAH”, confiesa. El mail les llegó el lunes, en plena manifestación frente al Palau de Congressos, donde se encontraba el presidente Pedro Sánchez. Allí crearon un cartel para mover su caso por redes e informaron como pudieron a los periodistas presentes.

“No hace ni 24 horas que me conocen y se plantaron en mi casa. Me han ayudado más que mi familia y siento que he llegado al lugar correcto”, cuenta Seha, que reconoce que tener a estos activistas a su lado fue lo único que la hizo sobrellevar esas horas de espera, mientras aguardaba a la comitiva judicial en su casa. “Me puse tres candados. Tenía mucho miedo porque no sabía si vendría la policía o si habría pelea. ¿Y si me empujaban?”, se pregunta, posando la mano sobre su vientre.

Sabe que le han dado una tregua y reza para que el Congreso convalide el decreto que debería parar los desahucios a personas vulnerables hasta 2030. “Tengo 25 años y ya he vivido cosas que valen por la vida de alguien que tiene 40. Y ya quiero descansar, sólo pido un poco de paz y un lugar donde criar a mis hijas”.

Vecinos de Burgos residentes en pisos de alquiler en las calles Calzadas, Segovia y Avenida de Cantabria han empezado a movilizarse ante una amenaza de desahucio, después de que el nuevo propietario les haya comunicado este verano que no renovará los contratos de alquiler, algunos de los cuales caducan este mismo año.

La situación afecta a un centenar de vecinos, la mayoría de edad avanzada, que en algunos casos llevan siete décadas viviendo en los pisos, desde que los construyera la sociedad benéfica de la por entonces Caja de Ahorros Municipal, reconvertida en Caja de Burgos y que acabó integrada en CaixaBank.

En mayo, los inmuebles pasaron a manos de un nuevo propietario, hecho del que informaron a los inquilinos con un burofax, y luego llegaron otros, ha explicado a EFE un familiar de uno de los afectados: notificación de que no se renovarán los contratos y propuesta de compra “a precios desproporcionados”.

Ha indicado que existen dos tipos de alquiler: los indefinidos, ante los que los nuevos propietarios han pedido una fe de vida y un empadronamiento histórico; y los temporales, cuyos contratos se firmaron en 2016, cuando hubo un amago de desahucio al pasar la propiedad de la extinta caja de ahorros a CaixaBank.

A los contratos temporales, que vencen en algunos casos en noviembre o diciembre de este año, y en otros a lo largo de 2027, 2028 o 2029, la nueva propiedad les ha notificado que no se renovarán los alquileres, y les ha dicho que cuando caduquen tienen que entregar las llaves e irse.

Buscarán asesoramiento legal

Los vecinos se reunieron este martes en una asamblea, en la que participaron miembros del Sindicato de Vivienda, que ofrecieron apoyo y visibilizar el problema, y acordaron buscar asesoramiento legal para frenar los desahucios, y estudiar cómo les afectarían las medidas incluidas en los decretos ley del Gobierno.

En la reunión recordaron que los contratos dejaron de ser de renta antigua en 2016; y que en los 72 años que llevan construidas las viviendas han sido los inquilinos los que han asumido reformas y mantenimiento, con inversiones como cambiar las antiguas cocinas de carbón con las que entraron a los edificios.

También que cuando CaixaBank arregló portales y puso ascensores en 2016, se benefició de ayudas públicas, lo que debería tenerse en cuenta ahora, han insistido los inquilinos.

Manifestación el sábado

Desde el Sindicato de Vivienda de Burgos han explicado a EFE que aprovecharán la manifestación convocada este sábado, 3 de octubre, a las 20:00 en la plaza del Cid para visibilizar la situación de los vecinos, que tendrán un espacio para contar su historia junto con la lectura del manifiesto.

Adrián Mallen ha indicado que el caso de Burgos ejemplifica por qué las medidas propuestas por el Gobierno central son un “parche”: aunque se consiga prorrogar automáticamente los contratos de alquiler será solo una solución temporal, y el problema volverá dentro de dos o tres años.

El colectivo tenga claras las reivindicaciones para la protesta del sábado, que se replicará en otras ciudades españolas: prohibir los desahucios; expropiar viviendas a bancos, fondos buitre y especuladores; y conseguir una bajada “drástica” de los alquileres, ha indicado Mallen.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha considerado “un monumento a la incoherencia” la postura de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, de llamar a mantener la presión en la calle de cara al pleno extraordinario del Congreso de este viernes, en el que se debatirá la convalidación de los dos decretos de vivienda. No obstante, ha dicho que, a su juicio, el Gobierno de coalición no se romperá en caso de que no salgan adelante ambos textos.

García-Page, en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), ha asegurado que le ha “dolido mucho” que se pueda estar “apelando a la movilización contra el Gobierno siendo vicepresidenta del Gobierno”.

“Si quieres movilizarte contra tu Gobierno, lo más decente desde el punto de vista político es no estar”, ha aseverado, aunque ha apuntado después que “ningún ministro quiere dejar de serlo”. “Si depende de los ministros no se rompe nada, otra cosa es que dependa de los partidos que conforman el Gobierno”, ha apostillado.

En todo caso, el presidente castellanomanchego cree que “la ruptura no tiene por qué ser lo peor, lo peor es tener el enemigo dentro”, apuntando que “lo mejor es no hacerse trampas”.

Se están intentando sumar peras con manzanas

En cuanto a los propios decretos, García-Page cree que el hecho de que las medidas se hayan separado en dos textos es “posibilista” ya que “se están intentando sumar peras con manzanas”. A su juicio, los decretos suman medidas que son “antagónicas” porque los tienen que validar “desde la gente más a la izquierda del PSOE hasta gente del fascismo independentista”, en referencia a Junts.

En todo caso, el presidente autonómico ha considerado que la medida es “un torniquete” para parar “una hemorragia” surgida con el desahucio de Maricarmen pero ha saludado su llegada.

Para García-Page, en España “no hay estrategia de vivienda” ni en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez ni en los anteriores y ha apuntado que hay un “efecto de fondo difícil de concretar” porque “fue tan duro el golpetazo que nos pegamos con la crisis de 2007”, que se imputó “en buena medida” a la burbuja inmobilizaria, que ahora hay “una sensación contraria” de que “hablar de vivienda es corrupción”.

“Los funcionarios se han vuelto enormemente puntillosos, la legislación se ha ido estrechando y la política se ha ido haciendo cada vez más difícil porque está totalmente atomizada”, ha expuesto.

En cuanto a las posibles soluciones para el mercado de la vivienda, el presidente de Castilla-La Mancha ha argumentado que requieren “tiempo y gran estabilidad política”, considerando que un gobierno que tuviera dicha estabilidad tardaría en resolver la cuestión “no menos de cinco o seis años”.

El país necesita mucho más mercado y quitarnos de complejos y telarañas intelectuales

Para él, el país necesita “mucho más mercado y quitarnos de complejos y telarañas intelectuales” porque “hay que construir mucha vivienda y de todo tipo”, cifrando la cantidad en “no menos de 300.000 o 400.000” al año, mientras que ahora la cifra está “por debajo de 100.000”.

Según su opinión, esta estrechez del mercado es la que posibilita la llegada de fondos buitre. “Los buitres son aves carroñeras que acuden cuando el animal está muerto”, señalando que lo que está muerto es el mercado de la vivienda y por ello “hay mucha gente que viene y abusa”.

En todo caso, ha manifestado que en este asunto hay una responsabilidad del Gobierno “pero la hay del conjunto”, recordando que “el 40% o 50%” de los costes de la vivienda tienen que ver con el suelo y esa ley “el PP la bloqueó en el Congreso y ahora está parada”. “Sin esa ley, sin cambios que son necesarios en la legislación de vivienda, que destila más prevención que estimulación, es muy complicado que se arregle el problema”, ha razonado.

Para finalizar, García-Page ha asegurado que parte de esta situación es consecuencia de una “crisis de crecimiento”, afirmando que la cuestión viene porque “el país sigue creciendo”, algo que “necesita de gestión”.

“Los mayores problemas que tenemos son consecuencia del éxito: se nos han quedado estrechas las vías del AVE, pequeñísimas las redes de comunicación y muchas infraestructuras portuarias, las autovías...Eso es síntoma de que el país está en una fase expansiva pero tienen una crisis de crecimiento, distinta a la de los años 80 que era de miseria, faltaba de todo”, ha concluido.

Entre 2012 y 2015, Andalucía se situó a la vanguardia de las políticas públicas en materia de vivienda en una España aplastada por la gran recesión, donde la gente se arrojaba por las ventanas cuando venían a desahuciarlas de sus casas. 2012, el año en que el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, la crisis habitacional tocó techo: 500 desahucios diarios, unos 70.000 en total.

Durante tres meses, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, un Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida tramitó medio millar de solicitudes de expropiación de viviendas a entidades bancarias, al amparo de la conocida como 'ley antidesahucios', para evitar que familias vulnerables fueran desalojadas de sus casas.

Todo lo que está pasando ahora mismo en España ya pasó antes en Andalucía: el problema, los protagonistas, las reivindicaciones y las dificultades para aprobarlas. En este mismo momento, otro Gobierno de coalición de izquierdas se tambalea, como un trapecista en el alambre, buscando el equilibrio imposible entre propietarios e inquilinos.

Una parte de España -representada por miles de personas acampadas en la Puerta del Sol de Madrid- contiene el aliento, pendiente del Consejo de Ministros de este martes, donde PSOE y Sumar se han citado para aprobar un decreto de vivienda que revierta la terrible imagen internacional de un país tras el desahucio de Maricarmen: una anciana de 87 años, con discapacidad en la mitad de su cuerpo, que llevaba 70 años en su casa sin dejar de pagar un solo mes, expulsada por un fondo buitre que compró su piso y le subió un 250% el alquiler.

La encrucijada del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios a la izquierda tiene un precedente andaluz, muy útil para calibrar las expectativas y el mayor o menor riesgo de frustración. ¿Qué va a ocurrir? “Ojo, porque en la puerta de la casa de Maricarmen está en juego una legislatura, no ésta, sino la que viene”, avisa, desde Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Maíllo era el líder recién llegado de IU en Andalucía, cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, expulsó a los suyos del Gobierno de coalición acusándoles de una “deriva radical”. Meses antes, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), había desobedecido una orden de la presidenta, al realojar a familias que llevaban meses ocupando pisos en un edificio vacío propiedad de Ibercaja. Díaz le retiró a su consejera las competencias para adjudicar VPO, para devolvérselas 48 horas después, escenificando la mayor crisis política de un Gobierno progresista de coalición.

Juanma Moreno: “Menos ideología y más gestión”

Las discrepancias sobre políticas de vivienda tuvieron mucho que ver con la ruptura de aquella alianza de izquierdas (eso, y el tacticismo de Susana Díaz, que adelantó las elecciones un año para cortocircuitar el ascenso de un nuevo fenómeno político a su izquierda: Podemos).

Ahora España está instada, de sopetón, en un debate social que lleva enquistado décadas: la vivienda en este país no cumple su función social, por tanto, no cumple con los requisitos que aparece en la Constitución.

PP y Vox se han autoexcluido de este debate, aunque los populares gobiernan 11 comunidades autónomas y tienen las competencias en materia de vivienda. Han boicoteado la ley estatal del Ejecutivo de Sánchez, porque la consideran excesivamente intervencionista, se han negado a declarar zonas tensionadas (para topar el precio de los alquileres).

Los populares apuestan por fórmulas que no solivianten el mercado inmobiliario ni el turismo, como bajar impuestos a quienes aún pueden comprarse una casa (1,2 millones de contribuyentes andaluces está exento de hacer la declaración de la renta, porque sus ingresos no llegan al mínimo): “El problema se empieza a resolver cuando se construye más”, asegura el presidente andaluz, Juanma Moreno, que este lunes ha participado en el acto de la primera piedra de una promoción de viviendas de alquiler “a precio asequible” en Sevilla, una colaboración público privada con dinero del promotor, de las administraciones y de fondos europeos.

Es el mayor proyecto de vivienda pública y privada de Andalucía -691 pisos a alquiler asequible-, cofinanciado con fondos europeos, la participación del Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento, junto con la promotora. Dadas las circunstancias, Moreno ha preferido estar en la presentación de este proyecto en Sevilla que en Madrid, donde Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de sus barones territoriales para intentar resituar el debate público en un marco más propicio a sus intereses políticos: la corrupción del PSOE, la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta.

“El problema de la vivienda en España necesita menos ideología y más gestión”, ha sentenciado Moreno. Un minuto antes que él, el CEO de la promotora Lagoon Living, Javier Braza, ha dicho prácticamente lo mismo: Dejémonos de ideologías. No demonicemos al sector privado. Hace falta un pacto de Estado por la vivienda“.

Pero España está lejos de un pacto de Estado. De cualquier tipo de pacto de Estado. La vicepresidenta primera del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, acaba de pedir explícitamente que la gente se movilice contra el Gobierno del que forma parte. A la parte socialista del Ejecutivo le ha indignado, como le indignó en 2023 cuando hizo exactamente lo mismo otra ministra, Ione Belarra, líder nacional de Podemos, también acusando a sus socios de “arrastrar los pies” en materia de vivienda.

Este momento álgido del Gobierno de coalición de izquierdas tiene reminiscencias del pasado. Basta retroceder a la legislatura 2012-2015 en Andalucía, cuando se gestó el primer Ejecutivo de PSOE-IU. La legislatura en la que los comunistas se estrenaron en la Junta asumiendo las competencias en materia de vivienda, cuando aprobaron la polémica 'ley antidesahucios'.

Elena Cortés (IU): “Con nuestra ley llegamos hasta donde quisimos llegar”

La ley que vino a cambiar el paradigma del debate público sobre vivienda, al regular por primera vez la “expropiación temporal de su uso” a personas jurídicas (bancos, fondos de inversión), “en una España donde la gente se tiraba por la ventana cuando venían a desalojarlas de sus casas”, recuerda la autora material de aquella ley, la exconsejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés.

En una entrevista telefónica con elDiario.es, Cortés reconoce que todo lo que está sucediendo ahora le está “removiendo cosas por dentro”, porque los paralelismos con la encrucijada en la que hoy se encuentra el Gobierno de Sánchez son evidentes. La Ley de la Función Pública de la Vivienda de Andalucía se popularizó en los medios como 'ley antidesahucios', porque venía a responder de urgencia al drama de impagos hipotecarios que había dejado la gran recesión de 2008.

Pero el nombre original que se eligió no era casual: emanaba de la propia Constitución, para subrayar que la vivienda debía tener una “función social” y que la propiedad privada debía estar limitada por dicha función, así lo reconoce el artículo 33 de la Carta Magna. “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes” (art. 33.3).

En 2013, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, aprobó por la vía de urgencia un ambicioso decreto ley que le permitía sancionar a las entidades bancarias por no sacar sus casas vacías al mercado –entonces se estimaban un millón de viviendas vacías en Andalucía– y la expropiación temporal para evitar desahucios.

“Aquella norma sacudió el debate público y puso a IU por encima del PSOE en todos los titulares de prensa”, recuerda un miembro socialista de aquel Gobierno, que reconoce que sus socios “supieron capitalizar el 100%” de aquella ley que “opacó todo lo demás que se estaba haciendo en ese momento”. “En los telediarios se hablaba de la expropiación de casas en Andalucía, pero aquello, aunque luego lo tumbara la Justicia, se corrigió mucho jurídicamente para que pudiera salir: el acierto fue expropiar el uso, no el inmueble en sí”.

En efecto, la Justicia terminaría tumbando aquella ley, aunque los mismos jueces reconocieron en la sentencia que “era necesaria una acción normativa absolutamente inmediata” en una España sacudida por la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, con las órdenes de levantamiento disparadas. La política nacional –sobre todo los partidos de la izquierda tradicional (PSOE e IU)– aún estaba desnortada por la indignación social del 15M.

El PP de Arenas se abstuvo; el Gobierno de Rajoy recurrió

La presión social era tan elevada, que incluso el PP de Javier Arenas (que venía de ganar las elecciones andaluzas de 2012, pero no pudo gobernar) no se atrevió a votar en contra del decreto en el Parlamento. Se abstuvo.

Los populares andaluces se quedaron en tierra de nadie. Pero, al poco de aprobarse el decreto antidesahaucios, el Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y logró que se paralizase cautelarmente. Estuvo en vigor apenas unos meses: se habían iniciado 18 expedientes de expropiación de viviendas a bancos –la norma sólo se activaba a petición expresa de las familias que iban a ser desahuciadas– y dejó en espera 520 solicitudes. Ninguna prosperaría, porque año y medio después los jueces tumbaron parcialmente la ley y declararon nulos los artículos más ambiciosos.

“Nosotros sí llegamos hasta donde quisimos llegar con aquella ley”, dice Cortés. La exconsejera andaluza de Vivienda recuerda que el proyecto de ley llegó al Consejo de Gobierno “avalado por un informe jurídico específico”, con el objetivo de “exprimir al máximo las competencias autonómicas en materia de vivienda”, y siguiendo el mismo recorrido que, años atrás, hizo la Ley de la Reforma Agraria para regular la expropiación de tierras baldías, sobre todo latifundios.

El Constitucional asestó un golpe duro a la ley, pero no la suspendió en su totalidad. Sin embargo, el siguiente Gobierno de Susana Díaz dio un volantazo en política de vivienda: metió la norma antidesahucios en un cajón y llevó al Parlamento andaluz una Ley de Tanteo y Retracto –sustituyó la expropiación por la compra preferente de viviendas a los bancos antes de que desahuciasen a sus inquilinos–, aprobada con los votos del PSOE y su nuevo socio (Ciudadanos), la abstención del PP y de Podemos, y el único rechazo de IU.

En diciembre del año pasado, el Parlamento andaluz aprobó la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Juanma Moreno, con los únicos votos favorables del PP y su mayoría absoluta. La norma derogó todas las leyes anteriores de gobiernos progresistas.

“Al PSOE le presionan en los despachos, a la izquierda le presiona la calle”

A Elena Cortés no le suena raro que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, haga hoy un llamamiento a la movilización de la gente para presionar al mismo Gobierno del que forma parte, horas antes del Consejo de Ministros clave para aprobar el decreto de vivienda. “No es contradictorio, al revés, es necesario: todos los gobiernos reciben presiones, el PSOE las recibe en los despachos, y la izquierda transformadora la recibe de la calle. El capital sabe cómo meterse en los despachos: yo llevaba una semana de consejera de Vivienda, y el primer empresario que recibí me preguntó: ¿a quién le doy el maletín con dinero? La concentración en la Puerta del Sol es lo que da fuerza a Sumar para negociar con el PSOE. Ojalá yo hubiera tenido una manifestación así en Plaza Nueva entonces. La movilización ayuda mucho”, asegura.

La sentencia que tumbó la 'ley andaluza antidesahucios' puso el derecho a la propiedad privada por encima de la función social de la vivienda. El drama de Maricarmen ha reabierto el debate sobre dónde residen las competencias en materia de vivienda, con el Gobierno central y las comunidades del PP intercambiando acusaciones.

En enero de 2014, el Constitucional que tumbó la ley andaluza antidesahucios consideró que la política de vivienda forma parte de la “regulación económica” de un país y, por tanto, es competencia del Estado, aunque la gestionen las comunidades. El Tribunal de Garantías no consideró este asunto al nivel de otras políticas delegadas, como la sanidad o la educación.

El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando su decreto –presionado por sus socios de izquierdas– sabiendo que su malísima sintonía con los tribunales puede echarle por tierra una norma tan ambiciosa como la que están exigiendo los acampados en la Puerta del Sol. Pero, al tratarse de una norma de rango estatal, no corre el mismo riesgo de la andaluza, de ser paralizada de forma cautelar por invasión de competencias.

Cortés está convencida de que la jueza podía haber impedido el desahucio de Maricarmen. “El primer artículo de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El legislador no eligió ese orden al azar: un Estado social no puede desahuciar a una anciana de 87 años con discapacidad que siempre ha pagado su alquiler. La ley tiene que atender al Estado social”, sentencia.

La manifestación por la vivienda del sábado en Madrid acabó en una acampada histórica en la Puerta del Sol de Madrid, una propuesta del Sindicato de Inquilinas que a estas horas sigue creciendo y que demanda medidas urgentes: un decreto que el Gobierno tiene que aprobar mañana en el Consejo de ministros. 

En la Puerta del Sol pasamos la primera madrugada de esta acampada con dos periodistas de elDiario.es. Germán Aranda, compañero especializado en temas de vivienda. Marcos García Santonja, compañero de Un tema Al dia. Graban y se graban, para capturar un momento que, quizá, sea recordado durante años.

Hablamos con personas que han decidido acudir allí a acampar y a manifestarse. Gente como Ana, Pablo, Tobías, Miguel, Celia, Javi y Adela.

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El PP, Vox y Junts han vuelto a tumbar este jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, con medidas como la prohibición del corte de suministro de luz y agua, la protección a consumidores vulnerables y la suspensión de los desahucios para personas que no pueden afrontar el alquiler. Es esta la razón que han vuelto a poner como excusa los siete diputados de Junts para votar en contra del decreto, con el argumento de que fomentará la okupación. “Una excusa barata y falsa”, como ha recordado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate de la medida en el Congreso. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El Gobierno daba por perdida la votación de este martes y buscará ahora la manera de intentar rescatar las medidas de este paquete. No han servido los intentos de negociación en estas semanas y la modificación que introdujo en la medida sobre los desahucios tras pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas arrancaron al Ejecutivo que la suspensión de los desalojos no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Pero Junts decidió hace meses retirar su apoyo al Gobierno. Es una decisión estructural que difícilmente cambiará, al menos así lo creen en Moncloa, hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España, una decisión judicial que ya no depende del Ejecutivo. Las medidas a las que ha dado apoyo esa formación en el Congreso en todo este tiempo son iniciativas con las que coinciden ideológicamente, como la subida de las pensiones, pero se ha negado a negociar la agenda progresista de la coalición.

Junto a la estrategia de oposición al Ejecutivo, los de Puigdemont conviven en su seno con un debate sobre el giro ideológico de su formación, en pleno ascenso de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Quizás eso también explica por qué sus siete diputados votaron a favor hace un año de un texto casi idéntico al que se ha debatido este jueves y que ahora rechazan. La agenda de Junts en esta legislatura ha girado hacia la derecha en asuntos como la inmigración o la seguridad y por eso en esta ocasión han centrado sus críticas al decreto en la okupación, sobre la que el paquete no dice nada.

Así lo ha recordado Bolaños al defender la medida en la tribuna. “Les tengo que decir que ni okupas ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto, y al revés, se les excluye de cualquier beneficio”, les ha reprochado a los diputados catalanes. “Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo decreto en 2025. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley con los okupas, que ni están ni se les espera ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha criticado Bolaños.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado un “chantaje político” del Gobierno por “mezclar cosas” cuando “no tiene mayoría”. “¿Por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente si España va como un cohete?”, le ha prguntado antes de reprochar que se haya convertido “una medida excepcional en una penitencia para los propietarios”.

Los socios progresistas de la coalición han recriminado la “falacia” de las derechas en su rechazo al escudo social. “En eso sí forman un bloque la derecha catalana y española”, ha expresado el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

“Os pedimos una reflexión porque pulsar el botón rojo no hace caer al PSC o al señor Illa”, le ha dicho la portavoz socialista, Montserrat Mínguez, a la bancada de Junts: Si presionan el botón rojo tendrán un apluaso del PP y Vox, que les quiere ilegalizar. Pero tendrán el enfado de mucha gente que ha confiado en ustedes“. ”Quien está echando a la gente de sus casas son los fondos buitre, a quienes están protegiendo es a los fondos buitre“, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal.

Las medidas que decaen

Además de la protección contra los desahucios, el escudo social mantenía otras medidas como la extensión durante un año de la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluía la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, incluía la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

El nuevo texto mantenía la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

El Consejo de Ministros presentó ayer una nueva fórmula para intentar aprobar en el Congreso la subida de las pensiones y el escudo social. En lugar de meterlo todo en un mismo decreto ómnibus, en un gran paquete de medidas, el Gobierno lo ha troceado en dos partes para asegurarse el apoyo de sus socios de investidura y de los partidos que votaron en contra la semana pasada —PP, Vox y Junts—. El Ejecutivo ha conseguido así salvar al menos uno de los dos decretos, el que contiene la revalorización de las pensiones, mientras confía en que Junts termine apoyando el decreto del escudo social, a pesar de que el partido catalán aseguró anoche que no votaría a favor de la moratoria antidesahucios.

El Gobierno trata de salvar en segunda vuelta el conocido como 'escudo social', que se puso en marcha en 2020 para que las familias vulnerables pudieran hacer frente a los estragos económicos y sociales de la pandemia, y que PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-Ley, con las pensiones al margen y un cambio central en una de las medidas de protección que más reticencias causaba en Junts: la moratoria antidesahucios.

El PNV, que sí votó a favor del real decreto-ley ómnibus del pasado martes, ha negociado con el Ejecutivo un nuevo texto que incluye el bono energético, las ayudas por la dona, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables. Y en este último punto está la modificación con la que el Gobierno quiere atraer a Junts al acuerdo, al dejar fuera de este paraguas a los inquilinos de caseros con una o dos viviendas en alquiler. Son una “muy pequeña parte del mercado inmobiliario”, ha estimado el ministro de Cultura de Sumar, Ernets Urtasun.

“El Gobierno blinda a los inquilinos vulnerables para que los fondos buitre y grandes tenedores no los puedan desahuciar”, justifican fuentes de Moncloa, que indican que “las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social” porque “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. En el caso de propietarios de tres o más viviendas, se frenará el desahucio, siempre que los caseros no sean vulnerables.

Los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas y las corporaciones locales que, en la práctica, ya estaban obligadas a garantizar una alternativa para las familias vulnerables según la redacción del texto de la antigua moratoria, que decayó la semana pasada, independientemente de si los caseros eran pequeños, grandes propietarios, empresas o fondos de inversión.

“Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna”, indicaba el antiguo texto.

Además, acuerdos internacionales ratificados por España ya contemplan la obligación de los Estdos de garantizar una vivinda adecuada a la población, un incumplimiento por el que este país ha recibido varios requerimientos y condenas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas, por intentar desahuciar sin alternativa habitacional.

“Hay una responsabilidad importante de las comunidades autónomas para ofrecer esas alternativas habitacionales”, ha indicado la ministra portavoz Elma Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La medida es muy importante, pero para hacerla efectiva requiere de muchos más” actores además del Gobierno, ha insistido.

A falta de conocer la postura de Junts, que ya el año pasado se opuso al 'escudo social' en una primera votación, pero que acabó votando a favor tras conseguir el compromiso de una línea de avales para caseros ante impagos del alquiler, que se reactivó en diciembre, ha sido otro socio de la coalición quien se ha mostrado en contra del cambio. “El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ”solo“ tienen una vivienda para alquilar”, escribió en X la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que calificó la enmienda de “asco absoluto”.

“El Gobierno está acostumbrado a buscar y conseguir los acuerdos entre quienes a priori tienen posturas irreconciliables”, indican fuentes gubernamentales, que insisten en que no dejan “a nadie atrás”. “Ni a los pensionistas, ni a los migrantes, ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no pueden pagar el alquiler”, señalan estas mismas voces.

Suministros y bono social eléctrico

El nuevo escudo social mantiene otras medidas, que fueron tumbadas también con el decreto ómnibus de la semana pasada. Así, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluye la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Exención en el IRPF para las ayudas por los incendios y la Dana

Además, se conserva la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la Dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

Ampliación de deducciones y beneficios fiscales

El nuevo real decreto mantiene las ampliaciones a 2026 de algunas ayudas fiscales vinculadas a la inversión en eficiencia energética en viviendas, a la compra de vehículos eléctricos o instalación de cargadores en el hogar; la modificación del IVA en materia de hidrocarburos; y el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Prohibición de despidos en empresas con ayudas públicas

El nuevo texto mantendrá también la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

Actualización de las entregas a cuenta

El nuevo real decreto-ley mantiene también la actualización de entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales para 2026, mediante suplementos de créditos por valor de más de 3.000 y 3.600 millones, respectivamente.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.