Asturias seguirá defendiendo el ancho europeo en las vías ferroviarias, pero sin renunciar a que, entre tanto, se sigan mejorando las capacidades de las líneas de ancho ibérico, según ha asegurado este lunes el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez.

Después de que la semana pasada se hiciese público un documento del Ministerio de Transportes en el que se comunicaba a la Unión Europea (UE) que había descartado unificar los distintos anchos de la red porque tendría un coste de unos 20.000 millones de euros, Peláez ha afirmado que para Asturias es “irrenunciable garantizar la interoperatividad de las conexiones con los estándares europeos”, pero que tampoco puede renunciar a ampliar las capacidades de las vías de ancho ibérico.

Así se lo ha trasladado al Ministerio de Transportes, que es posible actuar en el momento actual para mejorar las líneas de ancho ibérico sin renunciar a la interoperatividad, ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Migrar del ancho ibérico al estándar

Frente al criterio del ministerio, las autoridades comunitarias defienden la necesidad de migrar desde el ancho ibérico -1.668 milímetros entre carriles- hacia el ancho estándar -1.435 milímetros- las líneas pertenecientes a los corredores europeos de la red TEN-T, que en el caso español son los corredores atlántico y mediterráneo.

De entrada, Transportes rechazó cambiar el ancho de vía exclusivamente en los corredores europeos porque suponía dejar aislados más de 5.000 kilómetros de la red, y también descartó la implantación de ancho mixto en esos corredores.

Por tanto, la única opción que analizó en profundidad fue el cambio de ancho en toda la red española de ancho ibérico, más de 13.000 kilómetros, aunque su conclusión es que el coste superaría los 20.000 millones de euros, para obtener un beneficio total del orden de 40 millones de euros al año.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la autopista AP-4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla. El presupuesto estimado del conjunto de actuaciones planteadas asciende a 246,8 millones de euros.

Tras la aprobación provisional, próximamente se someterá el expediente al trámite de información pública, lo que conlleva la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa el Ministerio en una nota de prensa.

El objetivo es aumentar la capacidad de dicha autopista, tras el incremento del tráfico experimentado desde la liberalización del peaje el 1 de enero de 2020. Por ello, se prevé construir un tercer carril a lo largo de 34,4 km (entre la conexión de la AP-4 con la autovía A-4 en Dos Hermanas y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471) para mejorar la fluidez del tráfico, la accesibilidad y la seguridad vial.

Actuaciones incluidas en el proyecto

Como principales actuaciones se contempla la ejecución de un tercer carril por sentido entre el enlace de Dos Hermanas con la A-4 y el enlace de Las Cabezas de San Juan, así como la remodelación de este último.

Además, el proyecto incluye otras actuaciones destinadas tanto a mejorar la situación actual como a adaptar la infraestructura a la nueva configuración de la autopista, entre ella, la modificación de las conexiones entre la AP-4 y la A-4, en concreto, la del ramal de Dos Hermanas hacia la AP-4 en sentido Cádiz, lo que requerirá la construcción de un paso superior sobre la autovía, y la mejora del ramal AP-4-A-4 sentido Sevilla para incrementar la velocidad de circulación mediante la ejecución de una variante con un mayor radio de curvatura.

Por otro lado, se contempla la ejecución de una vía colectora-distribuidora en la margen derecha para gestionar los accesos al área de servicio Los Palacios y de nuevas vías colectoras-distribuidoras en ambas márgenes de la AP-4 al sur del área de servicio El Fantasma, así como la adaptación de los tableros de los pasos superiores situados en los kilómetros 15,96 y 17,64 para incorporar plintos de pretiles y aumentar el gálibo.

Asimismo, está prevista la adecuación del enlace de Los Palacios y Villafranca, y de diversos viaductos y pasos superiores existentes; también la incorporación de un nuevo enlace intermedio entre Los Palacios y Las Cabezas, de tipología diamante con dos pesas. Para ello se demolerá el paso superior existente en el punto kilométrico 32,600 y el nuevo enlace se construirá en su entorno.

Por último, destaca la ejecución de una nueva conexión en diamante y glorieta con la A-471R desde la vía colectora-distribuidora en sentido Cádiz-Sevilla. Esta actuación se incluye en el programa de trabajos para aumentar la capacidad y mejorar la AP-4 tras la liberación del peaje, entre los que se encuentra también el proyecto de construcción de tercer carril en 7 kilómetros, entre el enlace SE-40/A-4 y el inicio de la AP-4 en Dos Hermanas, con un presupuesto vigente de 30 millones de euros (con IVA).

La alcaldesa de Teruel y líder del PP en la provincia, Emma Buj, ha anunciado este lunes que ha solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una alternativa que “condena a Teruel a convertirse en el cuello de botella” de esta infraestructura estratégica.

Buj ha realizado este anuncio tras la Junta de Gobierno Local y ha explicado que el Ayuntamiento también presentará alegaciones al proyecto para defender una infraestructura “ambiciosa” que responda a las necesidades de Teruel y del conjunto del eje ferroviario entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

La alcaldesa ha mostrado su rechazo a una propuesta publicada en el BOE, que contempla una doble vía entre Zaragoza y Teruel, con pendientes máximas del 18%, mientras que entre Teruel y Valencia mantiene una única vía con pendientes de hasta el 23%. En su opinión, esta solución impide que el corredor cumpla la función para la que fue concebido. “No solo perjudica a Teruel, sino también a Zaragoza, Valencia y al conjunto del corredor, porque deja de ser una verdadera conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo”, ha afirmado.

Entre las alegaciones que presentará el Ayuntamiento figura la construcción de un 'bypass' ferroviario para mercancías que conecte el Puerto de Escandón con Platea y el aeropuerto, de manera que los trenes de carga no atraviesen el casco urbano. Buj ha recordado que esta propuesta ya fue planteada durante la fase inicial de alegaciones y que llegó a estudiarse, aunque finalmente fue descartada por su coste económico.

La alcaldesa ha calificado esa decisión de “auténtica barbaridad”, ya que, según ha explicado, el incremento previsto del tráfico ferroviario de mercancías supondrá un importante perjuicio para los vecinos de Teruel al discurrir la vía junto a numerosas viviendas. “Para nosotros era fundamental que la estación de mercancías se ubicara en Platea y que los trenes de carga no atravesaran la ciudad. El único motivo por el que se ha rechazado es el coste económico”, ha señalado.

El Ayuntamiento reclamará una doble vía electrificada entre Teruel y Valencia y la ejecución de ese bypass para mercancías, con el objetivo de que la ciudad no soporte un tráfico ferroviario de mercancías permanente junto a las zonas residenciales.

La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio “irá a máximos” en sus alegaciones para reclamar una inversión que permita desarrollar un auténtico Corredor Cantábrico-Mediterráneo y no actuaciones puntuales que, en sus palabras, “no dejan de ser lo mismo que se está haciendo ahora, pero un poquito más”.

Ampliación de Pinilla

Durante su comparecencia, Emma Buj también ha informado de los avances en el proyecto de ampliación del campo Pinilla. La alcaldesa ha explicado que la Dirección General de Patrimonio ha emitido un informe favorable sobre una parte esencial del proyecto, concretamente la correspondiente a la zona de tribuna, donde se concentran buena parte de los servicios de la instalación.

Aunque todavía queda pendiente resolver algunos aspectos relacionados con la grada adyacente, Buj ha asegurado que el proyecto “va por muy buen camino” y ha señalado que, una vez se reciba la comunicación oficial, el Ayuntamiento trasladará el visto bueno a la empresa redactora para continuar con su desarrollo. “No dejamos de trabajar en agosto y, en cuanto tengamos la comunicación oficial, la empresa podrá avanzar en la redacción definitiva”, ha indicado.

Por otro lado, a Junta de Gobierno Local ha aprobado varios asuntos de gestión municipal, entre ellos la declaración de validez de la justificación de la subvención nominativa concedida al Centro Asociado de la UNED en Teruel correspondiente al ejercicio 2025, por importe de 40.000 euros.

También ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel para la promoción turística durante 2026, con una aportación de 4.500 euros por parte del Ayuntamiento y de 3.000 euros por parte de la institución comarcal.

Además, se ha aprobado el proyecto correspondiente al modificado número 2 de las obras de mejora y acondicionamiento de la calle Cuesta de los Gitanos, con un presupuesto de 1.017.038 euros. La alcaldesa ha precisado que no se trata de una nueva actuación, sino de la aprobación formal de las modificaciones introducidas durante la ejecución de una obra ya en marcha.

Por último, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento del expediente de incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto General de 2026 por importe de 325.551 euros, destinado a actuaciones que actualmente se encuentran en ejecución.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) denuncia que la plaga de conejos continúa provocando “graves pérdidas económicas” en las explotaciones agrarias aragonesas, además de “importantes daños” en infraestructuras agrícolas, “sin que las administraciones competentes adopten medidas eficaces” para controlar una situación que se prolonga desde hace años. Ante esta situación, UAGA-COAG anuncia que iniciará la vía judicial para reclamar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al considerar que ambas administraciones “incumplen su obligación” de controlar las poblaciones de conejos que encuentran refugio en los taludes de carreteras y vías ferroviarias.

La organización denuncia que esos espacios públicos se han convertido en “auténticas granjas de reproducción de conejos”, desde los cuales los animales invaden las parcelas agrícolas causando cuantiosos daños en cultivos e infraestructuras de riego, caminos y cerramientos. UAGA-COAG ha apuntado que, si las administraciones no realizan un control efectivo de la fauna cinegética en las infraestructuras de su competencia, deberán asumir la responsabilidad de los perjuicios ocasionados e indemnizar a los agricultores por las pérdidas sufridas.

La organización también reclama una profunda modificación de la normativa de Agroseguro, ya que considera que el actual sistema perjudica precisamente a los agricultores que padecen de forma continuada los daños de la plaga. Actualmente, cuando un agricultor ha dado parte de siniestro por conejos en sus parcelas de cereal durante cuatro campañas consecutivas, Agroseguro elimina para esa explotación la posibilidad de contratar esta cobertura, es decir, quien más necesita el seguro acaba perdiendo el derecho a asegurarse frente a este riesgo.

Además, UAGA-COAG ha criticado que para que Agroseguro reconozca los daños que ocasionan los conejos en el cereal, la planta tiene que alcanzar el estado fenológico (haber desarrollado al menos tres hojas). Sin embargo, cuando los conejos se comen el cultivo nada más germinar, el siniestro pasa a calificarse como un problema de nascencia y la póliza se anula, dejando al agricultor sin indemnización.

La organización ha considerado que esta práctica permite a Agroseguro cobrar una prima (en octubre), que incluye la cobertura por daños de conejo, para posteriormente no asumir la correspondiente indemnización. Y para colmo, cuando se produce la baja de la póliza por no nascencia, la devolución del importe al agricultor no se materializa hasta junio del año siguiente.

Por otra parte, UAGA-COAG ha expresado también su rechazo a que las inspecciones de los peritos para comprobar la nascencia del cereal se realicen durante el mes de marzo cuando, en la mayoría de las ocasiones, el cultivo ya ha desaparecido de las parcelas. La organización considera imprescindible adelantar estas revisiones a diciembre o enero para evitar la indefensión de los agricultores.

Medidas urgentes

UAGA-COAG insiste en que la situación requiere decisiones inmediatas y reclama a las administraciones un conjunto de medidas que permitan reducir de forma efectiva la sobrepoblación de conejos, entre otras, autorizar la caza con rifles de calibres 17 y 22; permitir el uso de visores térmicos; autorizar la caza desde vehículos; implicar a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y al personal forestal en las labores de control de la plaga; establecer ayudas a los cotos de caza para la adquisición de cartuchos, siguiendo el ejemplo de Castilla y León y Cataluña; incrementar la exigencia a los cotos de caza para que cumplan con sus obligaciones de control poblacional; sancionar la comercialización de conejos capturados vivos para evitar su traslado y expansión.

Asimismo, favorecer la creación de empresas especializadas en tratamientos mediante yoduro de aluminio; autorizar tratamientos con dióxido de carbono en aquellas zonas donde la actividad cinegética está prohibida, como los entornos de carreteras y las infraestructuras ferroviarias de ADIF.

Desde UAGA-COAG han subrayado que la plaga de conejos se ha convertido en el principal obstáculo para sacar adelante las producciones agrícolas en muchas comarcas. La organización reclama una actuación coordinada entre todas las administraciones implicadas para poner fin a una situación que compromete la viabilidad de muchas explotaciones y exige que quienes tienen la responsabilidad de controlar las poblaciones de conejos asuman también las consecuencias de su inacción.

Después de que este fin de semana se haya producido el séptimo robo de cable en unas vías de tren a su paso por Castilla-La Mancha, el Ministerio de Transportes ha informado de que realizará una propuesta para “endurecer las penas” por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal.

La propuesta incorpora un “subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión”, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio y se presenta con el objetivo de “reforzar” la protección de una infraestructura que desde Transporte consideran “crítica”.

Según el Ministerio que dirige Óscar Puente, la iniciativa responde a “la reciente oleada” de robos de cable que está provocando “retrasos, interrupciones del servicio y miles de viajeros afectados”, algo que consideran “totalmente inaceptable”.

“Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad”, han explicado. El último caso tuvo lugar el pasado viernes, “evidenciando el grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria, unos hechos que se reproducen en otros puntos del país”.

En este sentido, Transportes ha insistido en que “la respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial”.

Siete veces desde finales de junio

Este domingo, un nuevo robo de cable producido en la provincia de Ciudad, entre los municipios de Venta La Inés y Brazatortas, causó demoras en la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Se trata del séptimo caso de estas características desde finales del mes de junio.

El resto de robos han afectado a la circulación entre Madrid y Toledo, entre los trenes de Media Distancia entre Madrid y Jaén y nuevamente al AVE entre Madrid y Andalucía.

Se trabaja de “manera sustancial” para evitar los robos

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que la Guardia Civil trabaja en reducir “de manera sustancial” los robos de cable, tras la incidencia provocada por robo de cables entre Venta de la Inés y Brazatortas (Ciudad Real), que provocó este domingo un retraso en la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

Así lo ha trasladado Sabrido, a preguntas de los medios, en el minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento de Toledo por el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el XXIX aniversario de su asesinato.

Sabrido ha remarcado que están “básicamente controlados los puntos en que más se cometen este tipo de robos, principalmente en la provincia de Ciudad Real”, por lo que ha confiado que en breve plazo se reduzcan de una manera sustancial.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Valladolid la titularidad de un tramo de la VA-20, Ronda interior de Valladolid, entre los km 0 y 10,3, con una superficie estimada de 503,251,19 m², según ha informado a través de un comunicado.

El tramo objeto de la cesión está situado entre la glorieta de enlace con la N-620a y la glorieta de inicio de la VA-30, y comprende la zona que afecta a la infraestructura, incluyendo todas las calzadas, isletas y aceras.

La cesión se ha producido tras la finalización de las obras de integración urbana que han adaptado la vía al uso de peatones y ciclistas y que han supuesto una inversión de 12,75 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre otras actuaciones, se han creado 9,5 km de vía ciclista segregada del tráfico rodado y de las aceras peatonales, conectada con el resto de la infraestructura ciclista en servicio, se ha instalado iluminación propia; se han ampliado y acondicionado zonas verdes; y se han reparado las aceras y vados peatonales, garantizando la accesibilidad y la seguridad.

El Ayuntamiento de Valladolid asume la titularidad de este tramo de la VA-20 y los espacios reseñados, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y pasa a ser el responsable de su conservación, mantenimiento y explotación. Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas ni gasto alguno para la Administración General del Estado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a información pública el estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla.

Con fecha 1 de julio de 2026, la Dirección General del Sector Ferroviario ha resuelto aprobar provisionalmente dicho estudio e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones, tal como recoge el BOE, y ha destacado el ministro de Fomento, Óscar Puente, en sus redes sociales, en un mensaje en el que señala que con una inversión de casi 300 millones, se reducirán los tiempos de viaje a once minutos, con una estación intermedia en Parque Alcosa.

De este modo, se abre un periodo para, quien lo desee, pueda formular observaciones “sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental”, ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El trazado será en túnel

En un desayuno informativo de Europa Press, el pasado mes de febrero, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Ejecutivo aprobaría el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria para someterlo a información pública antes del verano.

La alternativa elegida para el trazado es la 'Norte 3', que junto a la parada del aeropuerto, plantea una parada intermedia en Parque Alcosa. Montero aseguraba que el 92,5% del trazado será en túnel, que defendía como “la solución más acorde para provocar menos desorden en el urbanismo de la ciudad”, al tiempo que reconocía que supone una cuantía más elevada.

Con carácter previo a la aprobación definitiva del estudio informativo, se requiere la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Teniendo en cuenta el periodo vacacional que sucederá en el transcurso de este trámite, se establece un plazo para la información pública de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, este trámite y plazo de información pública sirve para que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras ferroviarias puedan emitir informe acerca de la concepción global del trazado proyectado y de los aspectos funcionales o de explotación incluidos en el estudio informativo.

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley del Sector Ferroviario, en las zonas afectadas por esta información pública las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Esta suspensión tendrá un plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación de este anuncio de información pública.

“Poco ambicioso”

Por su parte, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha lamentado que, tres años y medio después del inicio de los trabajos, el Gobierno de España aún no tenga completado el estudio de la conexión Santa Justa-aeropuerto de Sevilla. “Una situación que prolonga la injusticia con la ciudad, que sigue siendo la única gran capital española sin conexión ferroviaria con su terminal aérea”.

Igualmente, la titular de Fomento ha advertido que el estudio ha sido “poco ambicioso”, con una solución de mínimos que no contempla una conexión ferroviaria clara y directa con Sevilla Este y Parque Alcosa, o con un potencial turístico de primer nivel como Fibes. “Cuestiones, todas ellas, que sí se recogieron en el estudio informativo que elaboró la Junta de Andalucía y que envío al Ministerio de Transportes hace dos años, en mayo de 2024, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta alguna”.

Al respecto, la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) “valora positivamente” la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la aprobación provisional del estudio informativo para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla: “Un nuevo paso que permite iniciar el periodo de información pública y avanzar en una infraestructura que el tejido empresarial sevillano viene reclamando desde hace años”.

No obstante, la Confederación considera que este avance “no debe hacer perder la perspectiva”, tal como señala en un comunicado. “Resulta inadmisible que una ciudad como Sevilla siga sin una conexión ferroviaria entre su principal estación y el aeropuerto, especialmente teniendo en cuenta el peso del turismo en la economía provincial y cuando las principales ciudades españolas ya disponen de este tipo de infraestructura”.

Talgo y Renfe han cerrado este jueves un acuerdo sobre el proyecto S106 que resuelve las diferencias entre ambas compañías y conlleva, entre otros puntos, modificar 15 de los 30 trenes para que queden todos configurados con ancho variable y que el pago de penalizaciones por valor de 116 millones no se inicie hasta 2032.

En concreto, Renfe abonará a Talgo 132 millones de euros por la transformación a rodadura desplazable de los 15 trenes Avril de ancho fijo, según ha señalado el fabricante ferroviario a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informa EFE.

Se configurará así una flota final homogénea de 30 trenes de rodadura desplazable, de los que 20 se distribuirán para servicios AVE y 10 trenes para AVLO.

Talgo se hará cargo de todas las fases de los trabajos, con un plazo de 37 meses, y con disponibilidad de los primeros trenes modificados a partir del 15º mes.

Además de la planificación de la recepción de los trenes por parte del operador, este proceso conlleva la realización por Renfe de los pagos pendientes de los Avril y la liberación de la mayor parte de los avales vigentes, concretamente unos 200 millones de euros en los próximos tres meses.

Las penalizaciones no se abonarán hasta 2032

Respecto a las penalizaciones, el acuerdo recoge que los pagos no se iniciarán hasta 2032, con posterioridad al vencimiento de la deuda bancaria que acaba de ser reestructurada, extendiéndose después durante los 6 años siguientes.

El pago de Talgo a Renfe de las penalizaciones asociadas al proyecto S106 se efectuará entre los años 2032 y 2037. Estas penalizaciones ya se comunicaron en diciembre de 2024 y fueron provisionadas por la compañía en diciembre de dicho año.

El acuerdo contempla mejoras en el contrato de mantenimiento que suponen, por un lado, que, ligado al cambio de bogies y rodales, Renfe incremente el precio de mantenimiento en aproximadamente un 29%; y, por otro, que asuma la compra de todos los recambios necesarios que cederá a Tarvia, sociedad conjunta propiedad de Talgo y Renfe especializada en el desarrollo y ejecución de trabajos de mantenimiento.

Talgo garantizará a Renfe el correcto funcionamiento de los bogies durante toda la explotación prevista de los trenes, realizando las mejoras oportunas en los bastidores a su coste. Para ello, se han llevado a cabo verificaciones adicionales con pruebas de extensiometría y resultados positivos.

No obstante, se ha decidido complementar estos análisis con ensayos en banco adicionales “para despejar cualquier tipo de duda”, recalca Renfe.

Estas garantías y posibles mejoras se extienden también a los trenes de la serie S107, al ser equipos equivalentes.

En suma, este acuerdo aborda las penalizaciones por los retrasos en la entrega de los trenes Avril S106, el proceso de recepción de los trenes, la actualización de los pagos, la reconfiguración definitiva de los trenes incluyendo cambios de bogies y rodales, y el contrato de Tarvia.

“Con este acuerdo, Talgo da un paso hacia adelante en la nueva etapa que arrancó el pasado 17 de diciembre, reforzando la estabilidad, la capacidad industrial y la solidez financiera de la compañía”, señala.

Desde Renfe agregan que se trata de una operación estratégica que reforzará la versatilidad del material rodante, permitiendo su circulación tanto por líneas de alta velocidad como por red convencional.

Gracias a ello, apunta, se constituirá la base para la expansión hacia nuevos corredores, permitiendo llevar la alta velocidad a un mayor número de destinos, incluso internacionales. Además, se simplificará la gestión, mantenimiento y explotación de la flota S106.

Talgo cerró el año 2025 con una cartera de pedidos de 4.466 millones, que, en estos momentos, se eleva ya al récord histórico de 6.307 millones, y que cuenta con oportunidades comerciales de 14.000 millones en los próximos dos años, de ellas más del 80% en Europa.

La empresa china Gotion High-Tech, en colaboración con la eslovaca Inobat, construirá en Valladolid una gigafactoría pionera destinada a cubrir toda la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en territorio europeo y que tendrá un valor cercano a los 5.000 millones de euros, un proyecto que presentan este miércoles los ministros Óscar Puente y Jordi Hereu, y el presidente ejecutivo de Gotion, Steven Cai.

Valladolid acoge mañana la presentación de este proyecto industrial que ha cobrado un nuevo impulso tras la concesión dos subvenciones que suman 138,21 millones de euros a cargo del PERTE VEC V de 2026, cifra que supera los 92 millones de euros que recogía la resolución provisional publicada el pasado mes de mayo.

La ayuda definitiva aprobada por el Ministerio de Industria y Turismo se distribuye en más de 82,3 millones de euros para una planta de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos, destinada a la recuperación de ‘black mass’, y en 55,91 millones de euros para una fábrica de cátodos para baterías.

Los presupuestos totales previstos ascienden, respectivamente, a 411,53 y 532,82 millones de euros.

Valladolid, eje en electromovilidad

La presentación llega después de varios pasos institucionales y empresariales encaminados a asentar en Valladolid una gran industria vinculada a la electromovilidad.

El interés de Gotion por Valladolid se ha articulado, además, a través de su relación con la firma eslovaca Inobat, de la que la compañía china es accionista.

Ese esquema empresarial ya había situado a Valladolid en el foco de un proyecto de gigafactoría pionera en Europa destinado a cubrir la cadena completa de suministro de baterías para coches eléctricos, con una inversión hasta cerca de 5.000 millones de euros.

El objetivo de Gotion a través de Inobat es desarrollar en Valladolid una instalación capaz de abarcar no solo el ensamblaje, sino también la producción de componentes esenciales como ánodos y cátodos, dentro de una estrategia orientada a reforzar la autonomía industrial europea en el ámbito de la batería.

En paralelo, las administraciones han venido facilitando el encaje del proyecto mediante respaldo institucional, ayudas públicas y ajustes urbanísticos orientados a disponer de suelo industrial adecuado.

Entre esos movimientos figura la modificación del planeamiento para habilitar terrenos en el entorno de la Vereda de Palomares, donde se ha venido trabajando para ofrecer superficie suficiente a una eventual implantación industrial de gran escala.

En ese marco, tanto el Gobierno central como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid han respaldado en distintos momentos la llegada de proyectos vinculados primero a Inobat y, posteriormente, al desarrollo promovido junto a Gotion. 

El taller de remolcado de Miranda de Ebro se trasladará el 6 de julio: allí trabajan una treintena de trabajadores entre trabajadores de Renfe y empleados de cuatro empresas subcontratadas, cuyo futuro promete ser desigual en una de las pocas ciudades de Castilla y León en las que gobierna la izquierda. Los primeros tienen, en principio, garantizado su puesto de trabajo en otra base de mantenimiento en Miranda de Ebro, pero los segundos ya han empezado a recibir notificaciones de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y cartas de despido.

La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando (PSOE), tiene previsto reunirse esta mañana con el Ministerio de Transportes, que dirige el socialista Óscar Puente, al que sindicatos, el gobierno municipal y la oposición piden explicaciones. En esa cita, según garantiza el Ayuntamiento, Hernando “expondrá la necesidad de mantener los dos talleres y no cerrar el de remolcado por su importancia para la ciudad”. Ni los sindicatos ni el resto de miembros de la coalición de gobierno (el PSOE gobierna con IU y Podemos) han sido invitados a esa nueva reunión.

El teniente de alcalde y coordinador provincial de IU en Burgos, Guillermo Ubieto, denuncia que hasta ahora ha habido un “bloqueo” por parte del Ministerio de Transportes. A través de IU -según relata Ubieto- contactaron con el Ministerio de Juventud y el comité de empresa consiguió una reunión a tres con Renfe. Una vez fijada la fecha, Renfe aplazó la cita por motivos de agenda, se les dio “largas” hasta el “bloqueo” actual.

“Alguien del equipo de Transportes cancela la reunión, intercede directamente con la dirección de Renfe para impedir que se dé esta reunión”, ha acusado Ubieto, que lamenta que esto contribuya a “romper la confianza” dentro del Gobierno de España. El edil de IU reclama “explicaciones” al Ministerio de Transportes. “Ahora tiene pinta de que va a ser una foto. Porque si no se reúnen con los sindicatos...”, apostilla Ubieto. Contactado por elDiario.es, la cartera de Óscar Puente emplaza a la reunión de este martes y descarta que se vayan a producir despidos.

Renfe garantiza que mantendrá el empleo

El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro y del presidente de Renfe, Álvaro Fernández, para que explique los motivos de la clausura del taller en el Congreso de los diputados. También pedirán explicaciones sobre los informes que avalan el cierre, las medidas previstas para garantizar el empleo directo e indirecto y el papel del Ayuntamiento de Miranda en el proceso previo a la decisión.

Renfe prevé trasladar la actividad de los talleres de remolcado a Material Motor, también en Miranda de Ebro para “optimizar el uso de las instalaciones, moderar los consumos y modernizar los medios productivos”. Renfe garantiza que se mantendrá el empleo y la carga de trabajo en el taller mirandés y subraya que el taller de remolcado tenía cada vez menos actividad. Sin embargo, el teniente de alcalde mirandino no se muestra convencido: “Creemos que es un cierre encubierto, que vayan vaciando los talleres progresivamente y mover a los trabajadores de Renfe a otras provincias o a Renfe Viajeros”, agrega.

A pesar de la presura de la medida, no es nueva. El Ministerio ya anunció a finales de octubre de 2025 que cerraría el taller de Remolcado en junio y trasladaría a los trabajadores de Renfe. Sin embargo, los trabajadores auxiliares y de las subcontratas han quedado más desprotegidos. Además, en la ciudad se imparte un Grado Medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario, un ciclo que ahora, temen, se pueda quedar en el aire como consecuencia de las decisiones que tome Renfe.

Este martes también está previsto convocar una Mesa del Ferrocarril, en la que participarán algunos sindicatos, partidos políticos y asociaciones de usuarios, comerciantes y empresarios de la zona y de otros puntos de la geografía española como Asturias o Castilla-La Mancha.

El presidente del comité de empresa y representante del sindicato de maquinistas, Asier Nieto, explica que esto “trasciende al colectivo de conducción” y ha apuntado que el sindicato “puede apoyar, pero no ir delante”, puesto que hay otros sindicatos que tienen más representación en los talleres de Miranda de Ebro.

La operadora recuerda que este traslado ya se anunció en 2022, y que desde entonces se han modernizado las instalaciones mirandinas para adaptarlas a los nuevos vagones. La compañía ha iniciado ya la formación del personal para adaptarse a la progresiva renovación del parque ferroviario de la compañía, que incrementará la actividad en el área de Motor. Renfe defiende que la actual base de Remolcado albergará la sede del Centro de Competencias Digitales, un espacio que ya prometió Óscar Puente en 2021. El objetivo es “optimizar los recursos materiales”.

El Ayuntamiento de Mora ha reclamado de forma unánime que esta localidad toledana cuente con una parada de tren en la estación 'Mora-Orgaz-Montes de Toledo' y a que la futura línea de alta velocidad Madrid-Jaén pase por el tramo Mora-Alcázar de San Juan, frente a la alternativa del denominado “baipás ferroviario por Montoro”.

Ha sido a través de una moción, presentada este miércoles en un pleno ordinario por el Grupo Municipal Popular a la que se han sumado y respaldado todos los grupos políticos con representación municipal.

La sesión contó además con la presencia en el pleno de representantes de la Plataforma por la Parada de Tren Mora-Orgaz, colectivo impulsor de esta reivindicación.

El alcalde moracho, Emilio Bravo, ha indicado que “desde hace casi veinte años apoya decididamente esta iniciativa” y, quiso agradecer públicamente la labor y el esfuerzo realizado por la plataforma para defender un objetivo compartido por los vecinos de Mora y de toda la comarca.

El Gobierno regional sigue confiando en que el tren pasará por Alcázar

La aprobación de esta moción llega una semana después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se mostrase confiado en que la conexión ferroviaria de la línea de AVE Madrid-Jaén se haga a través del tramo Mora-Alcázar de San Juan, ya que el ministro Óscar Puente “se comprometió a que saliera adelante”, según defendió el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

Estas afirmaciones llegaban después de que el propio Puente defendiera públicamente que el trazado del AVE Madrid-Jaén pase por Alcázar de San Juan por razones “técnicas”. Para Hernando, estas declaraciones del ministro “no paran un tren”. “Lo que cuenta es el compromiso institucional al que se acogió el pasado 8 de abril ante los alcaldes y alcaldesas de nuestra tierra” donde “se comprometió a que esta infraestructura saldría adelante”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado el contrato para desarrollar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010, así como valorar la extensión a otros municipios del suroeste de Madrid.

Con un importe de 619.266 euros (IVA incluido) y un plazo inicial de 24 meses, el estudio analizará la viabilidad de la conexión ferroviaria de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, así como la compatibilidad de esta conexión con otras extensiones de Cercanías en su entorno.

Según ha informado el departamento dirigido por Óscar Puente, el estudio incluirá el análisis del ámbito suroeste y oeste de la Comunidad de Madrid, planteando otras posibles actuaciones para dar servicio ferroviario a otros municipios del entorno y estudiando la compatibilidad de la propia extensión a Navalcarnero con otras ampliaciones de la red de Cercanías de Madrid.

Asimismo, el Ministerio ha apuntado que también se estudiará la movilidad de las localidades del entorno hacia las nuevas estaciones planteadas, de forma que se pueda diseñar un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de las nuevas líneas a otras poblaciones.

El Ministerio considera “positiva” la extensión de Cercanías hasta Navalcarnero, dado que se trata de un corredor “con gran potencial de crecimiento” que incluye no sólo este municipio, cuyas proyecciones de aumento de la población son “notables”, sino también un área de influencia que podría beneficiar a otros municipios cercanos al corredor como Cenicientos, Sevilla la Nueva o Navas del Rey.

En este sentido, desde el departamento que dirige Óscar Puente han indicado que este contrato permitirá conocer el grado de ejecución de las obras llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid y posteriormente paralizadas, así como determinar el estado en el que se encuentran y su posible aprovechamiento para el nuevo proyecto.

En este contexto, ha apuntado que para ello se deberá realizar un análisis funcional y de explotación de la actual estación de Móstoles-El Soto como posible cabecera intermedia de la línea.

El proyecto de ampliación de la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se adjudicó en 2009 por 369 millones de euros con el objetivo de construir 15 kilómetros de vía y siete estaciones (cuatro en Móstoles, una en Arroyomolinos --Parque Coimbra-- y otras dos en Navalcarnero).

Fue paralizado en 2010 por la constructora Cemonasa, filial de OHL, que abandonó el proyecto tras haber invertido más de 140 millones de euros en plena crisis financiera y con las obras ya iniciadas. Tras varias decisiones judiciales, la Comunidad lo abandonó definitivamente e instó al Ministerio a asumirlo.

Con este estudio de viabilidad, el Ministerio asume la construcción de esta infraestructura, en línea con el compromiso anunciado por el ministro Óscar Puente el pasado julio, que envió una carta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la que ofrecía la disposición del Ministerio de hacerse cargo de las obras pendientes.

Desde Transportes han resaltado que estos trabajos permitirán “potenciar una movilidad metropolitana sostenible” a través del servicio de Cercanías e incrementar los niveles de accesibilidad y de cohesión social a través de un sistema ferroviario “de calidad”.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha informado a la ciudadanía sobre la reciente aclaración emitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en relación con el acceso a las subvenciones al transporte aéreo para residentes en territorios extrapeninsulares, entre ellos Canarias.

El Ministerio aclara que las personas nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos españoles y dispongan de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar podrán acogerse a las bonificaciones al transporte aéreo para residentes en las mismas condiciones que los familiares de ciudadanos de la Unión Europea.

Asimismo, se especifica que, aunque en las tarjetas de residencia expedidas bajo esta modalidad no figure expresamente la mención “familiar de ciudadano de la Unión”, esta condición podrá acreditarse mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, explica el Ayuntamiento.

En este sentido, el Ministerio establece que será suficiente presentar la resolución de la Oficina de Extranjería por la que se concede la autorización de residencia o cualquier otra documentación válida que permita acreditar dicha condición.

Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se recuerda que esta aclaración tiene como finalidad garantizar el acceso a los derechos reconocidos a las personas residentes en Canarias y facilitar los trámites administrativos relacionados con la obtención de los certificados necesarios para beneficiarse de las subvenciones al transporte.

Las personas interesadas pueden dirigirse a los servicios municipales correspondientes para obtener información adicional sobre la documentación requerida en cada caso, indica el Consistorio.

Punta Zorroza es un enclave estratégico situado en el extremo occidental de Bilbao, en la confluencia de la ría del Nervión y el río Cadagua, justo frente a la localidad de Barakaldo. Concretamente, se compone de una superficie de aproximadamente 320.000 metros cuadrados, ubicada junto a Olabeaga, frente a la isla de Zorrotzaurre. Se trata de una de las grandes operaciones de transformación urbana y regeneración de la ciudad, gestionada por Bilbao Ría 2000, que continuará el modelo de desarrollo ya visto en Zorrotzaurre y donde se prevé crear un barrio nuevo en los próximos años. Por ello, este lunes se ha dado el primer paso del nuevo proyecto con la firma de un acuerdo por parte del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Bilbao Ría 2000 y alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, con el que se pretende estudiar la viabilidad y rentabilidad del tren en la nueva zona.

El acuerdo plantea la licitación del ‘Estudio de viabilidad y estudio de rentabilidad de la integración ferroviaria de la línea 01-720-Bilbao Abando Indalecio Prieto-Santurtzi en Punta Zorrotza y análisis de cargas y aprovechamientos previstos en el planeamiento del subámbito BZ.01 Punta Zorrotza, Bilbao’. Se trata de un estudio estratégico fundamental para la posterior tramitación del 'Estudio Informativo' por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que se licitará de acuerdo con los requerimientos de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en diciembre de 2025. El concurso tendrá un presupuesto de licitación de 420.000 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 12 meses. Sin embargo, el desarrollo urbano del futuro barrio no estará condicionado por las obras del tren, por lo que se estima podrá empezar en dos años.

Tras la firma del acuerdo, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha reconocido que el estudio para Punta Zorrotza es “el primer estudio de esta naturaleza que se va a hacer una vez aprobada la Ley de Movilidad Sostenible” el pasado mes de diciembre, lo que “va a dar más rigor, si cabe todavía, a los análisis que se hacen para determinar efectivamente la integración que vaya a producirse”. En este sentido, ha resaltado la importancia de “la movilidad diaria que afecta al día a día de la ciudadanía e impacta de lleno en las ciudades” y ha defendido que “no cabe una integración ferroviaria que no contemple la dimensión urbana en el sentido más amplio”.

Por su parte, el presidente de Bilbao Ría 2000 y alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha señalado que el estudio, que analizará las diferentes alternativas de integración ferroviaria desde el punto de vista social, jurídico, ambiental, económico y constructivo para el traslado de vías y la nueva estación de viajeros, así como el desarrollo urbano del futuro barrio de Punta Zorrotza, supone la “llave para el desarrollo” del nuevo barrio. “Con su licitación, se podrá decir que el plan de actuación de Punta Zorrotza ya está en marcha para que esos 320.000 metros cuadrados de este nuevo barrio se incorporen a la ciudad dentro de un nuevo proceso de transformación de Bilbao”, ha insistido.

Según ha detallado, entre los principales objetivos de la actuación que ha citado Aburto, se encuentra “cohesionar Zorrotza y unirlo aún más con la ciudad a través de Olabeaga, Zorrotzaurre y San Ignacio, e implantar actividad económica, desarrollo residencial, nuevos equipamientos de proximidad y ciudad, y nuevas zonas libres y de ocio. Se prevé que el efecto tractor provoque una movilidad en el nuevo ámbito de 10.000 personas al día. También se buscará aprovechar su apertura al mar con la implementación de actividades relacionadas con la ría y el Cadagua, y recuperar de manera prioritaria sus márgenes ”abriendo estos frentes para el disfrute de la ciudadanía“.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Bilbao se encuentra tramitando la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que posibilitará el desarrollo urbano de Punta Zorrotza, si bien, para su aprobación definitiva, es necesaria la previa aprobación definitiva del Estudio Informativo por parte de la Dirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes, para la modificación de trazado de la línea 01-720-Bilbao Abando-Santurtzi de Adif.

En concreto, el ‘Estudio de viabilidad y estudio de rentabilidad de la integración ferroviaria de la línea 01-720-Bilbao Abando Indalecio Prieto-Santurtzi en Punta Zorrotza y análisis de cargas y aprovechamientos previstos en el planeamiento del subámbito BZ.01 Punta Zorrotza, Bilbao’ que se licitará en los próximos días se divide en tres partes: en primer lugar, un estudio de viabilidad que recogerá tanto el análisis previo de alternativas, como el estudio de la demanda y el análisis coste/beneficio a través de una comparación y selección de alternativas, un estudio de movilidad que incluirá el resultado de someter el modelo de movilidad a los distintos escenarios y actuaciones previstas, con sus conclusiones, una caracterización técnica de la solución de integración ferroviaria y desarrollo urbano resultante y un estudio funcional, de capacidad y con propuestas de explotación que incluirá el estudio de demanda del transporte y la estación. En segundo lugar, un estudio de rentabilidad económica, social, medioambiental, y financiera que incluirá las diversas alternativas planteadas para la actuación ferroviaria, las previsiones de demanda y sus efectos económicos, sociales y medioambientales. Y, en tercer y último lugar, un estudio de análisis y valoración de cargas y aprovechamientos que, entre otros parámetros, definirá las diferentes fases de ejecución de las actuaciones (integración ferroviaria y desarrollo urbano), su viabilidad técnica en cuanto a tiempos y orden de ejecución de cada actuación y la financiación sostenible de la operación en sus diferentes fases.

La sentencia condenatoria del Supremo en el caso Ábalos destaca el “convencimiento [del Tribunal] de que la aportación realizada” por el empresario corrupto Víctor Aldama, jefe de la trama y penado con cuatro años y medio de cárcel, “al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”, por el que se suspende la ejecución de su castigo de prisión a cambio de que cumpla un año de servicios a la comunidad. Sin embargo, la supuesta aportación realizada por Aldama –su confesión voluntaria ante la Audiencia Nacional para salir de la cárcel por un grave caso de fraude fiscal y la posterior entrega de documentación al Supremo– apenas supuso novedades respecto a los delitos que la Guardia Civil había descubierto ya y tenía acreditados a través de numerosas pruebas tras más de dos años de investigación del caso.

Aldama hizo su confesión en noviembre de 2024, nueve meses después de que le detuvieran y el juez le imputara por las irregularidades descubiertas en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. La supuesta aportación de Aldama al esclarecimiento de los delitos se produjo además un mes después de que ingresara en prisión por otra causa penal, un fraude fiscal multimillonario relacionado con el negocio de la venta de hidrocarburos. Para quedar en libertad en el caso Hidrocarburos, Aldama se dispuso a colaborar con la Justicia en el caso Mascarillas y confesó al juez que había entregado 250.000 euros a José Luis Ábalos y 100.000 euros más a su asesor Koldo García a cambio de que le adjudicasen un contrato multimillonario de mascarillas con el que ganó 3,7 millones de euros.

En la misma declaración sostuvo que había pagado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, 25.000 euros por el amaño de obras públicas en el norte de España. Y que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pidió conocerlo. Unos días más tarde, entregó en el Tribunal Supremo documentación que supuestamente acreditaba el amaño de obras en el Ministerio de Transportes a cambio del pago de comisiones ilegales, para lo que entregó un listado del presupuesto del departamento que no demostraba nada, y un papel manuscrito, supuestamente del asesor Koldo García, con datos sobre seis obras amañadas que Transportes cuestionó porque la mayoría no pertenecía al tiempo de Ábalos en el Ministerio.

Junto a ello, Aldama intentó desacreditar al ministro Ángel Víctor Torres, al asegurar y aportar documentación del alquiler de un piso para el uso de Ábalos y el propio Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó por su parte que en las horas del alquiler del piso él se encontraba en Canarias o volando a Madrid. Aldama también denunció el pago a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, de 25.000 euros a cambio de conseguir el aplazamiento tributario de una deuda. El exjefe de gabinete declaró que nunca cobró nada del empresario corrupto. La sentencia sostiene que jamás se produjo ese aplazamiento.

El Supremo señala en la sentencia que Víctor de Aldama “decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial”. El Tribunal defiende que Aldama “ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados”.

Nada salvo su autoinculpación

Víctor Aldama llegó a declarar en el juicio que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una denuncia sin pruebas que el fiscal jefe Anticorrupción consideró un “simple desahogo de Aldama”. Durante la investigación judicial, Aldama denunció en medios afines al PP –radios, televisiones y periódicos– todo tipo de corruptelas de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o de la esposa del presidente, que los tribunales archivaron por tratarse de bulos fácilmente contrastables. Además, Aldama aportó documentación del amaño de obras en el Ministerio de Transportes que ahora investiga la Audiencia Nacional en una causa donde figuran como imputados Ábalos, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sentencia del Supremo considera probada la existencia de delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif; en la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y su asesor Koldo García; en la contratación de dos mujeres, conocidas del exministro, en empresas públicas; en el pago del apartamiento durante dos años a una de ellas; en el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra para el disfrute del ministro a cambio de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Pero de todos estos delitos que el Supremo considera probados en su sentencia del caso Ábalos, Aldama no aportó nada relevante que la Guardia Civil no hubiera descubierto ya mucho antes, salvo su autoinculpación. Un mes y medio antes de la confesión del empresario corrupto, la UCO remitió al juez un informe de más de 200 páginas donde daba cuenta de las pruebas encontradas durante la investigación sobre todas estas cuestiones y algunas otras. El trabajo era fruto de “las intervenciones telefónicas, y el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024”.

Lo que sigue resume solo algunas de las numerosas pruebas que la Guardia Civil había reunido sobre los delitos investigados:

Aldama, jefe de la organización criminal. “Como jefe de la organización criminal, Aldama sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él a quienes emplea para múltiples tareas, siendo las más relevantes a los efectos de este, la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Koldo García de manera directa, o a través de su hermano Joseba García, así como la materialización de las oportunidades de negocio conseguidas por la organización criminal”.

Otras contraprestaciones a Ábalos y los pagos a Koldo García: 10.000 euros al mes. Koldo García habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024, donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de Aldama, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada 'K' y que se lograba identificar con Koldo. Estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a José Luis Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama. De este modo, los pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos“. ”En el lapso temporal en el que Ábalos y Koldo permanecen en el Ministerio, se localiza la primera retribución que Aldama habría pagado a Koldo ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 Aldama consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000 euros. A la luz de estas evidencias, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las labores realizadas por Aldama en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios“.

El contrato de las mascarillas que enriqueció a Víctor Aldama. “La selección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente mediación de Koldo García. En este sentido, se ha localizado una conversación entre Aldama y un tercero donde, inmediatamente después de que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos, el primero solicitaba dinero en metálico para ”seguir alimentando la máquina (...) Aldama tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de Soluciones de Gestión a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros“.

Regalo/soborno con el chalé de La Alcaidesa. “Koldo habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por Aldama y empleado por Ábalos”. “Aldama, durante el mes de marzo, vuelve a encomendar a Corvillo que contacte con una nueva persona de nombre Claudio, vinculado a Villafuel. Es conocido por esta instrucción que Claudio Rivas se encontraría vinculado presuntamente, al igual que Aldama, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”. “Hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete (...) La importancia de este mensaje radica en que el día 1 de junio de Have Got Time abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros. Esta empresa compradora, Have Got Time, es titulada por Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel”.

El enchufe de la pareja sentimental de Ábalos y el alquiler de un apartamento. “Se han analizado las conversaciones adyacentes de Koldo y Aldama en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a Jésica como a Alberto. El referido Alberto resulta ser Luis Alberto Escolano Martín, a la sazón también detenido en las presentes diligencias previas como presunto testaferro de Aldama. Jésica se correspondería con Jésica Rodríguez, quien mantendría una relación particular con Ábalos. Koldo recibe el día 23 de febrero de 2021 recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días. Koldo, conocedor de la circunstancia le responde que ”hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses“ y Ábalos le contesta: ”Díselo“, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes (...) Jésica se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía Koldo a Aldama para que un tal Alberto abone un alquiler. La persona que envía originalmente ese mensaje a Koldo fue Jésica, buscando que Escolano abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que Koldo le remita a Aldama la reclamación efectuada por Jésica del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado este viernes el inicio de las obras del nuevo aparcamiento de la estación de Valladolid-Campo Grande cargar contra al Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León por el futuro ferroviario de la ciudad. El exalcalde de la ciudad ha acusado al actual regidor, Jesús Julio Carnero, y al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, de haber “echado el cerrojo” a Valladolid al bloquear proyectos vinculados a la integración ferroviaria.

“Normalmente, cuando algo está bloqueado, uno se pregunta quién tiene la llave. Y aquí los que tienen la llave han decidido echarle el cerrojo a nuestra ciudad”, ha afirmado Puente.

La visita tenía como objetivo supervisar el arranque de las obras del aparcamiento subterráneo de la futura estación que forma parte de la remodelación integral de Campo Grande. Puente, acompañado de representantes de su ministerio, de Renfe, Adif, subdelegado del Gobierno y del PSOE municipal, también ha introducido una cápsula del tiempo en la cimentación de la infraestructura.

Puente ha defendido que la ciudad ya tomó una decisión sobre el futuro de las vías del tren con la firma del convenio de integración ferroviaria de 2017 y ha explicado que el debate sobre el soterramiento solo está sirviendo para retrasar actuaciones ya proyectadas, financiadas e incluso aprobadas técnicamente. “La mejor estación no es la que desaparece, la mejor estación es la que conecta”, ha apuntado.

El ministro ha enumerado varios proyectos pendientes de ejecución, como los pasos de Ariza, la actuación de Arco de Ladrillo o la mejora del paso de San Isidro. Puente ha recordado que todos ellos existe financiación y que el único obstáculo es la falta de apoyo institucional por parte de Ayuntamiento y de la Junta. “Lo tienen todo. Informes favorables, autorizaciones, terrenos y financiación. Todo menos una cosa: el voto favorable de quienes quieren que las cosas no avancen”, ha criticado.

“Más cómodos en el debate que en la solución”

Puente ha criticado la defensa del soterramiento que tiene el PP , que fue una de las principales promesas electorales de Jesús Julio Carnero y una reivindicación compartida por la Junta. El alcalde llegó a prometer “irse” si no conseguía comenzar el soterramiento en esta legislatura.

El ministro ha reiterado que esa opción de “imposible”, con un coste que cifró en más de 2.000 millones de euros y un horizonte de ejecución de dos décadas. Frente a ello, ha reivindicado las obras que ya se han realizado y entrado en servicios y ha acusado a los responsables autonómicos y municipales de preferir mantener abierto el debate antes que ejecutar soluciones concretas.

“Viven más cómodos en el debate que en la solución, porque la solución les deja sin discurso”, afirmó.

Puente ha definido a Carnero y Mañueco dentro de la categoría de quienes “ponen palos en las ruedas”. “Respeto a los que tiran del carro, incluso a los que se suben a él o a los que se limitan a verlo pasar. Lo que me molesta es la cuarta categoría, los que ponen palos en las ruedas. Y a esa categoría pertenecen el máximo responsable de esta ciudad y el máximo responsable de esta comunidad autónoma”, ha asegurado.

La intervención concluyó con una reivindicación de las inversiones impulsadas por el Gobierno en Valladolid durante los últimos años y con un mensaje dirigido al nuevo Ejecutivo autonómico formado por PP y Vox. “Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha remachado.

Puente ha ironizado con el llamamiento del nuevo gobierno de Castilla y León de PP y Vox a “liberar Castilla y León del sanchismo”. Por ello ha cuestionado de qué habría que “liberar” Valladolid. En concreto, ha relatado varias actuaciones promovidas o financiadas por el Gobierno, entre ellas la nueva estación ferroviaria, la variante este para sacar mercancías del centro urbano, la futura Ciudad de la Justicia, la rehabilitación del barrio 29 de Octubre, los ascensores urbanos, la red pública de bicicletas Biki, los corredores verdes o distintas inversiones en movilidad sostenible y comercio de proximidad. También reivindicó las obras de la A-11, la A-60 y la nueva conexión ferroviaria de Olmedo,la ‘U’ de Olmedo, asegurando que la inversión estatal en la provincia se ha multiplicado en los últimos años.

“Si todo eso es el sanchismo, ¿de qué exactamente quieren liberar a Valladolid?”, ha ironizado el ministro. El líder socialista ha reclamado al Ejecutivo de Mañueco y Pollán que se ponga a trabajar en proyectos propios y ha adelantado que volverá a la provincia “pronto” para inaugurar varios tramos de la A-11 o para presentar el proyecto industrial “más importante para Castilla y León en más de 60 años”.

“Lo que ha traído el sanchismo a Valladolid es tangible, se puede ver y se puede tocar; lo que está por ver es lo que vaya a traer el mañuequismo y el carnerismo”, ha apostillado.

Ni la Junta ni el Ayuntamiento invitados

Paralelamente, mientras Puente visitaba las obras de la estación, tanto el presidente de la Junta como el alcalde de Valladolid se encontraba en la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Valladolid. Preguntado por si había sido invitado por el Ministerio, Carnero ha negado que tanto el equipo de gobierno o el Ejecutivo autonómico hayan sido invitados.

“¿Usted me ve a mí con cara de ir a un sitio donde no me invitan?”, ha ironizado el regidor para señalar que por primera vez en la historia, la UVa va a tener una mujer al frente. “El sanchismo persiste en el levantamiento de esos muros”, ha aseverado. Fuentes del Ministerio del Transportes han confirmado a este medio que ambas administraciones no han sido invitadas.

Al conocer las palabras de Carnero, Puente ha respondido, vía mensaje de X, que el regidor tiene “recurrida la estación ante los tribunales y quiere que le invitemos a la puesta de la primera piedra. Si alguno le entiende le ruego que me lo explique”.

El conflicto sobre soterramiento e integración

El modelo de integración y de soterramiento se decidirá en los tribunales, o al menos la liquidación de la SVAV. En noviembre de 2025, Adif y Renfe denunciaron formalmente el convenio de integración ferroviaria vigente desde 2017 al considerar que los continuos rechazos y bloqueos del Ayuntamiento hacían imposible su desarrollo.

Durante aquella reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, llegó a acusar al Consistorio de intentar paralizar la integración para forzar una vuelta al proyecto de soterramiento, mientras el alcalde defendía que determinadas actuaciones podían provocar un “caos circulatorio” en la ciudad y reclamaba abrir una nueva etapa de diálogo para estudiar alternativas.

La ruptura dejó a Valladolid en una situación inédita: sin avances en el soterramiento que defienden Ayuntamiento y Junta, pero también sin la posibilidad de desarrollar el convenio de integración tal y como estaba concebido hasta entonces.

El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Castilla y León para paralizar la resolución del convenio impulsada por Adif.

El tribunal consideró que no existían riesgos inmediatos que justificaran suspender la decisión y señaló que los argumentos planteados por el Ejecutivo autonómico respondían a “escenarios hipotéticos o decisiones futuras”. Además, los magistrados apreciaron la existencia de “incumplimientos relevantes y reiterados” y destacaron la falta de voluntad común entre las partes para ejecutar las actuaciones previstas. Aunque el fondo está pendiente de resolución, el auto supuso un respaldo provisional a la posición defendida por el Ministerio.

El próximo 20 de junio a las 11:30 horas, la plaza de España de Alcázar de San Juan se convertirá en el epicentro de una nueva gran movilización social para defender el llamado Tren de la Mancha.

Bajo el lema 'Defendemos el progreso de nuestra tierra', la Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PFCM), junto a la plataforma por la parada en Mora-Orgaz, han convocado esta manifestación para exigir infraestructuras ferroviarias que consideran vitales para el futuro de Castilla-La Mancha.

Antes, esta misma semana, mantendrán una reunión en la Consejería de Fomento con la directora general de Transportes y Movilidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Lucía Balmaseda.

No es la primera movilización, y ahora la protesta arrecia, tras anunciar el ministro de Transportes, Óscar Puente, que la opción de su departamento pasa por un baipás en Montoro (Córdoba) alejando la opción por Alcázar de San Juan, en la futura línea del AVE Madrid-Jaén.

La movilización, dicen los convocantes, no solo busca una mejora puntual, sino un cambio estratégico en el mapa ferroviario del centro peninsular y en sus reivindicaciones detallan un hasta siete objetivos irrenunciables.

Por un lado la construcción del tramo Mora-Orgaz-Alcázar de San Juan, que incluiría una estación de viajeros para la comarca de Madridejos y Consuegra, estas dos últimas en la provincia de Toledo. El compromiso fue aprobado por el Ministerio de Fomento en el año 2008, ratificando así un convenio con la Junta de Castilla-La Mancha en 2001.

Por otro, paralizar el baipás ferroviario por Montoro, una obra que las plataformas consideran perjudicial para la línea tradicional, así como un nuevo acceso ferroviario por el sur a Toledo, conectando de forma más eficiente la capital regional.

También reclaman la recuperación de la parada del tren en Mora-Orgaz, el mantenimiento y mejora de todos los servicios en la línea completa Madrid-Alcázar-Jaén o la creación de una Plataforma Logística Intermodal en Alcázar de San Juan para potenciar el transporte de mercancías. En definitiva, “la vertebración definitiva de Castilla-La Mancha a través del ferrocarril”, señalan.

Reducción drástica de los tiempos de viaje

Uno de los argumentos centrales de la protesta es la ineficiencia de los tiempos actuales frente a lo que permitirían las mejoras solicitadas. Según los datos que manejan las plataformas, los trayectos podrían reducirse de forma significativa.

Por ejemplo, un viaje desde Alcázar de San Juan a Madrid-Atocha, que actualmente oscila entre 1hora y 18 minutos y 1hora y 36 minutos, podría completarse en tan solo 46 minutos con la nueva infraestructura.

En el caso de Jaén, el tiempo de viaje a la capital se reduciría de las casi cuatro horas actuales a menos de 3 horas (2 horas y 48 minutos).

Localidades como Valdepeñas o Manzanares también verían recortados sus tiempos en aproximadamente 40 minutos respecto a la situación actual.

Sin conexiones directas, “falta de oportunidades para los jóvenes”

Los organizadores enfatizan que esta no es solo una cuestión de transporte, sino de supervivencia económica y social. “Defendemos un transporte moderno, seguro y sostenible que sea un derecho ciudadano”, reza el manifiesto

La falta de conexiones directas y eficientes se señala como una de las causas principales de la pérdida de población y de “la falta de oportunidades para los jóvenes en la región”.

Además, la plataforma denuncia que la actual situación obliga a muchos ciudadanos de la zona a desplazarse por carretera hacia Madrid o Toledo, aumentando los costes y la huella de carbono, cuando la infraestructura ferroviaria debería ser la columna vertebral de la movilidad regional.

Un nexo logístico estratégico

La propuesta también pone el foco en la capacidad industrial de la zona. La creación de la Plataforma Logística Intermodal en Alcázar de San Juan se presenta como una oportunidad para convertir a la comarca en un nodo de conexión de mercancías a nivel nacional, aprovechando su ubicación privilegiada.

Las plataformas han hecho un llamamiento masivo a todos los vecinos de las comarcas afectadas —incluyendo Mora, Madridejos, Consuegra, Villacañas, Quero y Manzanares, entre otras— para que se sumen a la protesta y exijan “un tren que nos una y que traiga el progreso que nuestra tierra merece”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su reunión semanal, la autorización para la firma del convenio de construcción de la estación intermodal del centro logístico del Llano de La Pasiega, en el municipio cántabro de Piélagos.

El acuerdo establece las condiciones de colaboración y financiación para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, así como el establecimiento de las bases para la futura explotación de las instalaciones. El siguiente paso será la rúbrica entre las administraciones central, Adif y el Gobierno regional.

El acuerdo del Consejo de Ministros ha sido avanzado por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Casares, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que ha calificado de “extraordinaria noticia” la aprobación en la reunión ministerial, a propuesta del departamento de Transportes y Movilidad Sostenible.

En una reciente visita a Cantabria, el titular de este departamento, Óscar Puente, adelantó que Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) iba a aprobar este mes el convenio para construir la terminal intermodal ferroviaria y que el documento se llevaría de inmediato al Consejo de Ministros para poder suscribirlo con Cantabria.

El proyecto contará con una superficie de 140.343 metros cuadrados y una inversión global de 62 millones de euros, financiados a partes iguales por las administraciones regional y central. El Gobierno cántabro ya autorizó recientemente la financiación plurianual de 31 millones para la estación intermodal, cuyas obras se prevé que empiecen en 2027.

“Es una extraordinaria noticia que da cumplimiento a la palabra dada del presidente Pedro Sánchez”, ha valorado Casares. “Es un proyecto de interés autonómico que ve la luz gracias al Partido Socialista y al Gobierno de España”, ha remachado, a la par que ha cifrado en 50 millones la inversión del Ejecutivo central en la construcción de todo el centro logístico.

El Puerto de Santander, el gran beneficiado

Por su parte, el consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, ha señalado que tras las autorizaciones correspondientes, “lo único que queda es firmar el convenio”, algo que espera que “se haga cuanto antes”.

El también titular regional de Empleo ha subrayado que “si alguien sale beneficiado” con esta actuación es el Puerto de Santander, puesto que los dos millones de metros cuadrados de La Pasiega se convierten en “una extensión” del puerto gracias a la estación intermodal. “Por lo tanto, quien instale una empresa en La Pasiega realmente está instalando su empresa en el Puerto de Santander. Y eso, lógicamente, significa una ventaja competitiva importantísima”.

Tras la firma del convenio, la empresa pública cántabra Sican tendrá que licitar y adjudicar el proyecto de construcción y de más trámites y pasos que llevarán “un tiempo”, ha indicado Arasti. Pero ha apuntado que “lo más difícil ya se ha hecho”, también el “importante” trabajo del Gobierno regional para “convencer” al central de que “el proyecto merecía la pena” y “era viable financiera, económica y técnicamente también”.

La estación estará dispuesta en paralelo y contigua a la línea ferroviaria Palencia-Santander, lo que permitirá el acceso directo a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) administrada por Adif.

La construcción de la nueva terminal intermodal se integra en un proyecto más amplio para dotar a Cantabria de una futura plataforma logística intermodal e interregional que estará provista de conexiones portuarias, ferroviarias y viarias, y tendrá una superficie de 200 hectáreas.

Según el Ministerio, la creación de una terminal intermodal en el polígono del Llano de La Pasiega es una reivindicación “largamente sostenida” por el gobierno de Cantabria, para la que se llegó a un acuerdo de financiación en 2024.

Acuerdo de financiación

Según establece el convenio, Sican asumirá la contratación de la redacción del proyecto y la contratación de las obras, en coordinación con Adif. Ambas entidades serán titulares de la terminal intermodal ferroviaria en igual proporción al término del proyecto, en régimen de copropiedad.

Por su parte, Sican asumirá la explotación de la terminal directamente, o a través de una tercera entidad, tras la suscripción de un contrato por el que Adif arrienda a Sican el total del 50% de su titularidad.

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 148,68 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de más de 581 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Zaragoza.

El Gobierno ha dado luz verde a seis expedientes de contratación, divididos en 29 lotes. Cuatro de ellos se corresponden con actuaciones en carreteras estatales en la provincia de Zaragoza, en Aragón. Se ha autorizado un lote que tiene por objeto la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia, correspondiéndose con la AP-68, entre los kilómetros 237 y 295 y su enlace con la A-2.

Otro lote se refiere a la conservación del sector 5 de carreteras en esta provincia, incluyendo 124,49 kilómetros de la A-2, entre los kilómetros 180 y 294; así como distintas vías de servicio de la misma, en el punto kilométrico 65 de la N-234, entre los kilómetros 236 y 304, en 39 kilómetros de la N-2, entre los puntos kilométricos 203 y 252, la N-2A entre los km 223 y 227, y 4 kilómetros en la N-2R, entre el 204 y 227.

El tercer lote tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-2, entre los kilómetros 299 y 339; la A-68, entre los kilómetros 207 y 234; la N-2 entre los kilómetros 326 y 340; la N-232, entre los kilómetros 186 y 207; 5 kilómetros en la N-232-A, entre el 208 y 219; la Z-40, entre los puntos kilométricos 13 y 34; además de distintas vías de servicio y enlaces de estas carreteras.

El último lote de estas licitaciones es para la conservación del sector 4 de carreteras, correspondiéndose con la AP-2 entre los kilómetros 18 y 120. También para la rehabilitación del firme en la autopista AP-2, entre los puntos kilométricos 46,615 y 52,795.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha garantizado la financiación de la gratuidad del transporte público y se ha comprometido a atender los pagos pendientes, ha informado la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, en un comunicado.

Fernández ha señalado que el Ministerio ha confirmado este lunes durante una reunión de la Comisión General de Directores Generales que ya dispone de partida presupuestaria para afrontar tanto la liquidación pendiente de 2025 como el adelanto correspondiente a 2026.

Durante su intervención, Fernández ha reclamado además que, una vez garantizada la disponibilidad presupuestaria, se agilice la tramitación de la justificación correspondiente al ejercicio 2025 para poder recibir las cantidades aún pendientes, así como adelantar en la medida de lo posible los anticipos correspondientes a 2026.

“Ahora que existe cobertura presupuestaria, es fundamental reducir los tiempos burocráticos para que los recursos lleguen cuanto antes y evitar que los anticipos vuelvan a retrasarse hasta finales de año”, ha indicado.

Durante la reunión, la directora general ha trasladado, además, la necesidad de que Canarias sea tenida en cuenta en el reparto de los nuevos fondos europeos destinados a modernizar y descarbonizar la movilidad, dotados con más de 4.300 millones de euros para España.

En este contexto, ha defendido que el diseño de estas convocatorias incorpore las singularidades de los territorios insulares y ultraperiféricos para evitar que Canarias quede excluida de futuras líneas de financiación.

“Las regiones ultraperiféricas tienen necesidades específicas que deben ser contempladas. La realidad de nuestras islas, especialmente en las islas no capitalinas y las zonas rurales, exige instrumentos adaptados que permitan seguir impulsando el transporte público y garantizar la cohesión territorial”, ha indicado.

Es por ello que, el Gobierno de Canarias indica que presentará alegaciones para que los criterios de reparto tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago y permitan acceder a recursos destinados a proyectos de movilidad sostenible adaptados a la realidad insular, ha puntualizado Fernández.

Por otro lado, para concluir su intervención, María Fernández ha alertado en el encuentro sobre la posibilidad de que Aena implante nuevas tasas a las guaguas que permanecen en espera para recoger a turistas en los aeropuertos canarios, una medida que “puede generar efectos negativos sobre la movilidad y aumentar la congestión en los entornos aeroportuarios”. La responsable   estatal recogió esta preocupación y se comprometió a trasladarla para su valoración.