El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha decidido firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes que aún siguen en situación de calle en la ciudad autónoma. El anuncio se produce a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios

La orden del Ejecutivo permitirá, por un lado, continuar con los trabajos de instalación de tiendas temporales que fueron frenados el viernes por responsables del puerto de Ceuta y, al mismo tiempo, autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados. La zona está situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto ceutí.

El Gobierno ya ha comenzado este sábado a acondicionar la explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmena. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado en una zona de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Además, en el entorno de esta explanada hay instalaciones como las del Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa.

La decisión del Gobierno, que ha adelantado El País y ha confirmado después elDiario.es, llega pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase este viernes en contra de ceder terrenos para la instalación de un recurso provisional de acogida en la zona para estas personas migrantes. Más de un mes después de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad —de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior—, la emergencia humanitaria continúa con cientos de menores sin protección y miles de adultos viviendo a la intemperie, en condiciones insalubres, comida insuficiente y riesgo de agresiones.

Según recogió Ceuta al Día, el resultado de la votación fue de 11 votos en contra y 4 a favor. En contra, se pronunciaron los miembros de la ciudad, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel. A favor, han votado los cuatro representantes del Estado: Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno.

La decisión se produjo pocas horas después de que más de un centenar de ceutíes se manifestasen en contra de esta instalación en una ubicación que los concentrados rechazan al considerar que se trata del “cordón umbilical de Ceuta”. Durante la concentración, los asistentes han reclamado “retornos ágiles y efectivos ya” y han defendido que los esfuerzos materiales y humanos destinados a la acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad se dirijan a reforzar los servicios de triaje y la tramitación de las solicitudes de asilo.

La movilización se ha sumado a las protestas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas en distintos puntos de la ciudad contra la instalación de recursos provisionales de acogida. Cada vez que trasciende una nueva ubicación, vecinos de la zona afectada salen a la calle para mostrar su rechazo a la decisión, una situación que está dificultando la búsqueda de espacios para sacar de la calle a los miles de migrantes que continúan en Ceuta.

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 confía en el que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ordene la “retirada inmediata” de las placas solares del nuevo parque del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas situado alrededor del monumento en recuerdo a las víctimas del trágico accidente aéreo del 20 de agosto de 2008, en el que iban 172 personas a bordo con destino a la isla de Gran Canaria.

Así lo ha reflejado la asociación en su perfil de X, con motivo de la visita este miércoles del ministro y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al parque fotovoltaico, considerado por la organización como una “insensatez de profanar donde murieron 154 personas”.

Al acto también acudirán el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, y el vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, entre otros directivos de la compañía, según la convocatoria oficial.

Ya el pasado mes de junio, la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, se dirigió por la misma vía a Óscar Puente, donde manifiestó estar “horrorizada” al ver “rodeado de placas fotovoltaicas” el monumento en recuerdo de las víctimas del accidente.

Además, en su momento, la organización también denunció “que no hay personal externo” a la instaladora que controle la planta fotovoltaica las 24 horas y que se deriva la responsabilidad del apagado a los técnicos de operaciones del Centro de Gestión Aeroportuaria, “personal no experto de Aena”.

Cargos públicos del PP en Burgos y Valladolid han criticado este lunes el retraso acumulado en la ejecución de la A-11 en un acto público celebrado en el municipio ribereño de Nava de Roa, entre reproches y abucheos de vecinos que han responsabilizado a PP y PSOE de no haber completado esta infraestructura en 30 años.

Lo que estaba previsto como un acto de partido –con pancarta, sintonía y declaraciones con vistas a la N-122– se ha visto retrasado por una protesta popular protagonizada por una veintena de vecinos que han calificado el acto como electoralista.

Los manifestantes han atribuido también a los políticos populares parte de la culpa de que no se haya terminado la Autovía del Duero y el tráfico pesado se derive a través de la N-122, con numerosos accidentes de tráfico con víctimas mortales. “Vergüenza os tenía que dar” y “vosotros tampoco habéis hecho nada”, les han espetado.

Superado el enfrentamiento, que algunos de los políticos han atribuido a representantes de partidos de izquierdas mientras otros lo han justificado por el “hartazgo” que se vive con esta infraestructura. “Fueron a por lana y salieron trasquilados. La gente les empieza a tomar la medida a estos caraduras”, ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de X.

Críticas a Puente y al PSOE

El senador del PP y alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), José Ángel Alonso, ha afeado que Óscar Puente inaugurara un tramo de autovía cuando esta apertura ha sido parcial y se obliga a los conductores de turismos a abandonar el doble carril antes de llegar a su supuesto término y los camiones y vehículos pesados están obligados a seguir circulando por la N-122.

“Óscar Puente vino con toda la parafernalia y el boato que tanto le gustan para hacerse una fotografía, pero no inauguró la conexión completa entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. La A-11 sigue sin estar terminada y la realidad vuelve a desmentir su propaganda”, ha afirmado, tras detallar que aún se trabaja en el viaducto proyectado en este último municipio.

Además, ha recordado que las obras ese tramo comenzaron entre 2019 y 2020 con un plazo de ejecución de tres años y, como aún no han terminado, se pospone hasta el primer semestre de 2027.

Exigencias al Ministerio

Los cargos del PP de Valladolid han indicado que exigirán al Ministerio que detalle los plazos de ejecución y finalización de los tramos de la A-11 que aún están pendientes, con qué presupuestos se cuenta, en qué situación administrativa se encuentran, qué trámites están pendientes y qué fechas se barajan para su licitación y construcción.

También pedirán que se concrete cuándo estará plenamente operativo el tramo recién inaugurado y exigirán que el Ejecutivo de Pedro Sánchez informe de qué protocolo se ha seguido para el acto de inauguración celebrado el pasado 24 de agosto y si se invitó a representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos afectados.

La semana pasada, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, acusó a Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político” por sus aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez”.

Otras infraestructuras

Por otro lado, el diputado burgalés Ángel Ibáñez ha puesto el acento en las consecuencias que el retraso acumulado en la A-11 –prometida en 1996– tiene para la seguridad vial, la actividad de las empresas y el futuro económico de toda la Ribera del Duero.

Antes de finalizar, también se han referido a la situación de la A-60 y la decisión del Ministerio de Transporte de sustituir el tramo central entre Medina de Rioseco (Valladolid) y Santas Martas (León) por un tercer carril en algunos tramos de la N-601, lo que, a su juicio, supone renunciar a la autovía.

“Este tren es el futuro porque se ha hecho a medida de lo que necesitamos: más capacidad, accesibilidad, comodidad y tecnología. Y los cambios se notarán desde el primer viaje”. Con estas palabras, pronunciadas en el interior de uno de los nuevos trenes Stadler, el ministro Óscar Puente ha hecho toda una declaración de intenciones: esta será su gran apuesta contra el deterioro de Cercanías Madrid, que concentra a la mitad de los usuarios de toda la red estatal. Una prueba del algodón para saber si este método puede extenderse a otras partes de España y, con el tiempo, sanear un servicio acostumbrado a la crítica.

A las puertas de septiembre, el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado los primeros trenes de la marca suiza, que se irán incorporando progresivamente a la red madrileña después de cerrar un acuerdo de 1.306 millones de euros con el fabricante para construir 79 nuevos vehículos de gran tamaño. Lo ha hecho desde la estación madrileña de Príncipe Pío, a la que ya han llegado dos ejemplares. Estos trenes están pensados para poder alcanzar hasta los 200 metros de amplitud y alojar a unos 1.800 viajeros, en su versión de dos plantas.

El color rojo impera en el exterior y, nada más entrar, pueden verse unas puertas algo más amplias de lo habitual. “Uno de los problemas que nos trasladaban era el poco espacio en los vestíbulos para personas con movilidad reducida o bicicletas, y estos trenes van a facilitar esas salidas. Ya sabemos que Madrid no lo pone fácil para moverse en bici”, ha destacado el propio Puente en un dardo al Partido Popular, que gobierna a nivel municipal y autonómico y a cuyos gobiernos atribuye parte del estancamiento de Cercanías.

Acompañado del actual presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y en presencia del CEO de Stadler España, Ignacio Parra, el ministro Puente ha lanzado un augurio: “Siento que los usuarios hayan tenido que esperar tanto para que esto ocurra, pero vienen buenos tiempos para Cercanías Madrid”. A su lado había también dos socialistas: el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Puente ha recordado que esta inversión llevará tiempo hasta asentarse y será costosa: cifra en unos 4.000 millones de euros el presupuesto para sanear la red en toda España. Asegura que su éxito requerirá de una planificación “consistente y periódica” que “también dé garantías a los fabricantes”; en otras palabras, que otros gobiernos futuros no den marcha atrás a la renovación de la red. En su discurso inaugural, el ministro también se ha referido a las críticas por el traslado de 41 trenes Civia que operaban en Madrid para hacerlos funcionar en el núcleo de Cercanías Valencia.

Estos eran los vehículos más grandes de los que se disponía hasta ahora en la capital, pero el Ministerio considera que sus características ya no son aptas para la capital. “La justificación de que estos trenes vengan a Madrid es porque estos trenes son los que el núcleo de Cercanías de Madrid necesita. Son unos trenes pensados en el usuario que va a recibir el servicio, así que aquí no hay favoritismo por Madrid. Es una cuestión de funcionalidad”, alega.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reprochado en paralelo las incidencias de Cercanías que espera zanjar con los nuevos trenes: “Lo que deberíamos de saber especialmente es cuántos vehículos móviles de Cercanías van a ser puestos a disposición de todos los madrileños y desde luego que el servicio de Cercanías de Madrid funcione”,

Ampliar andenes en la C-5 para que quepan los nuevos trenes

Para la C-5, una de las líneas más saturadas, se prevé una remodelación que también ampliará los andenes en las estaciones para que quepan los nuevos trenes de Stadler. Madrid es el núcleo de Cercanías que más viajeros mueve en España, con más de 730.000 usuarios del transporte público en cada jornada laborable. Las unidades, que pueden mejorar hasta en un 20% la capacidad de la flota actual, se han podido ver en líneas como la C-7 y se irán desplegando por otros trazados del núcleo madrileño con el objetivo de descongestionarlos.

El propio presidente de Renfe ya vaticinó en sus redes sociales que estos nuevos trenes “permitirán descongestionar determinadas líneas” que, actualmente, están “al límite de su capacidad”. Por la estación donde esta mañana se han reunido los cargos públicos, la de Principe Pío, pasan tres líneas de Cercanías: la C-1, la C-7 y la C-10. La primera conecta con el aeropuerto y las dos estaciones de larga distancia, Atocha y Chamartín, mientras que la C-7 conecta con Alcalá de Henares y la C-10, con Villalba.

Los primeros trenes de gran capacidad que Renfe ha comprado al fabricante suizo comenzaron a prestar servicio el 24 de agosto, después de un proceso de homologación y ensayos operativos. A finales de abril, el ministro Óscar Puente participó en un viaje de prueba entre Albacete y Aranjuez. Ahora busca afianzar su legado en el Gobierno con la promesa de “un antes y un después” para Cercanías.

Madrid estrena este lunes sus primeros trenes Stadler, una marca suiza con la que Renfe ha contratado hasta 79 coches de gran capacidad y junto a la que Cercanías pretende ampliar su flota más saturada en hasta un 20% de su capacidad actual. Así lo ha anunciado en sus redes sociales el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ya a finales de finales concluyó un viaje de prueba entre Albacete y Aranjuez y aprovechó para arrojar algunos detalles sobre estos ferrocarriles: pueden llegar a los 200 metros de longitud y en cada uno de ellos caben 1.800 pasajeros, distribuidos en una o dos plantas y varios vagones.

El contrato de Renfe con la empresa de fabricación suiza se cerró por 1.306 millones de euros, aproximadamente unos 16 millones por tren. El acuerdo –parte de una inversión más amplia para adquirir nuevo material rodado en todo el país– contempla que los vehículos vayan llegando a la capital de forma progresiva, por lo que solo algunos se estrenarán esta semana.

Hasta ahora, los trenes más grandes de la flota eran los del modelo S450, con dos pisos y distintos remolques: cada uno de ellos cuenta con un centenar de asientos en la planta baja y 96 en la superior, según la página web de Renfe. A su vez, cada coche motor tiene 128 asientos. Dependiendo del número de vagones y de la composición de cada tren, esta serie puede albergar entre 1.200 y 4.000 plazas totales según la compañía pública, que incluye en el recuento a quienes puedan circular sentados y quienes han de hacerlo estando de pie.

Del contrato para los 79 trenes Stadler han trascendido dos modelos de diferente capacidad: los de 100 metros (que pueden ampliarse hasta 120 m) y los de 200, con posibilidad de extenderse hasta los 240. Estos últimos podrán acumular hasta 10 coches y reducirse hasta los 160 metros de longitud, con las unidades más grandes de toda la flota de Renfe en composición única.

Los trenes son de ancho ibérico y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, y disponen de sistemas de información al viajero. Todos los vehículos de este paquete absorben los últimos avances en accesibilidad y confort, con acceso y espacio para personas con movilidad reducida, todas las puertas de los coches de simple piso a nivel, áreas para bicicletas (zonas multifuncionales con capacidad para hasta seis bicicletas en T100 y 18 bicicletas en T200) y carritos infantiles, según la información difundida por Renfe.

Asimismo, las entradas a nivel de andén de seis de las diez puertas del T100 (12 de 20 puertas para T200) no tendrán escalones, por lo que se reducirá el tiempo de subida y bajada de pasajeros. Por otro lado, los trenes también cuentan con tomas de carga USB y enchufes en los asientos, un moderno sistema de información al pasajero y un sistema de video vigilancia CCTV de cobertura total.

La iluminación de los coches es LED, y cuentan con un eficiente sistema de calefacción y aire acondicionado y aislamiento térmico que garantizan un ambiente confortable a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del transporte. Así, podrán ampliarse en sus longitudes en ambas modalidades en caso necesario, adaptándose a la demanda de la red de Cercanías, que transporta a diario a más de 730.000 viajeros, el 55% de los desplazamientos de servicio público en España.

Renfe augmentarà la capacitat dels Rodalies de València en un 30% en les seues línies electrificades (C1, C2 i C6). La mesura suposarà la substitució progressiva del parc mòbil actual per un total de 41 noves unitats del model Civia Sèrie 465, uns trens de capacitat més alta i amb millor equipament tecnològic.

El desplegament suposarà la retirada gradual dels 34 ferrocarrils de la Sèrie 447 —en funcionament des de principis de la dècada de 1990 i amb una capacitat de 549 places, entre assegudes i dempeus— i de 7 combois de la Sèrie 464. Els nous models Civia S465 disposen de cinc cotxes per unitat, a diferència dels tres cotxes de la sèrie precedent, cosa que elevarà el límit de places per vehicle fins a les 748, amb vagons de pis baix en andana per a facilitar l’accés de persones amb mobilitat reduïda.

Segons les previsions de l’operadora, la incorporació de les primeres 22 unitats es completarà al tancament de l’exercici actual, una vegada conclòs el procés de posada a punt centrat en el confort interior del passatge. Les 19 unitats restants se sumaran al servei de forma gradual al llarg de 2027 en els trajectes que connecten València amb Gandia (C1), Xàtiva-Moixent (C2) i Castelló (C6).

Resposta a una xarxa en crisi

L’anunci de la renovació de la flota per part del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible es produeix en un context de persistent malestar social i polític per la fiabilitat del transport ferroviari a la Comunitat Valenciana. Durant els últims anys, el nucli valencià de Rodalies ha registrat xifres elevades de cancel·lacions de serveis i demores diàries produïdes per avaries en la infraestructura d’Adif, fallades en el material rodant i l’acumulació d’obres en el corredor mediterrani.

Associacions d’usuaris com Indignats amb Renfe, juntament amb informes del mateix sector, han reflectit de manera continuada problemes estructurals traduïts en nombrosos trajectes suprimits o amb retards acumulats. Aquestes deficiències han motivat constants reclamacions per part de la Generalitat Valenciana i d’ajuntaments de l’àrea metropolitana per a l’execució urgent d’un pla de xoc integral que garantisca la puntualitat i augmente la freqüència de pas.

Amb la reducció de l’edat mitjana dels trens en les tres línies principals de la província, el Ministeri de Transports confia a disminuir l’impacte de les avaries mecàniques associades a l’antiguitat del material mòbil i donar resposta a la creixent demanda de places en els desplaçaments interurbans.

Renfe aumentará la capacidad de los Cercanías de Valencia en un 30% en sus líneas electrificadas (C1, C2 y C6). La medida supondrá la sustitución progresiva del parque móvil actual por un total de 41 nuevas unidades del modelo Civia serie 465, unos trenes de mayor capacidad y con mejor equipamiento tecnológico.

El despliegue supondrá la retirada paulatina de los 34 ferrocarriles de la Serie 447 —en funcionamiento desde principios de la década de 1990 y con una capacidad de 549 plazas sumando las sentadas y las de pie— y de 7 convoyes de la Serie 464. Los nuevos modelos Civia S465 disponen de cinco coches por unidad, a diferencia de los tres coches de la serie precedente, lo que elevará el límite de plazas por vehículo hasta las 748, con vagones de piso bajo a nivel de andén para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.

Según las previsiones de la operadora, la incorporación de las primeras 22 unidades se completará al cierre del presente ejercicio, una vez concluido el proceso de puesta a punto enfocado en el confort interior del pasaje. Las 19 unidades restantes se sumarán al servicio de forma gradual a lo largo del año 2027 en los trayectos que conectan València con Gandia (C1), Xàtiva-Moixent (C2) y Castelló (C6).

Respuesta a una red en crisis

El anuncio de la renovación de la flota por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se produce en un contexto de persistente malestar social y político por la fiabilidad del transporte ferroviario en la Comunitat Valenciana. Durante los últimos años, el núcleo valenciano de Cercanías ha registrado cifras elevadas de cancelación de servicios y demoras diarias producidas por averías en la infraestructura de Adif, fallos en el material rodante y la acumulación de obras en el corredor mediterráneo.

Asociaciones de usuarios como Indignats amb Renfe, junto a informes del propio sector, han reflejado de manera continuada problemas estructurales traducidos en cuantiosos trayectos suprimidos o con retrasos acumulados. Estas deficiencias han motivado constantes reclamaciones por parte de la Generalitat Valenciana y de ayuntamientos del área metropolitana para la ejecución urgente de un plan de choque integral que garantice la puntualidad y aumente la frecuencia de paso.

Con la reducción de la edad media de los trenes en las tres líneas principales de la provincia, el Ministerio de Transportes confía en disminuir el impacto de las averías mecánicas asociadas a la antigüedad del material móvil y dar respuesta a la creciente demanda de plazas en los desplazamientos interurbanos.

Renfe ha arrancado el proceso para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal con el objetivo de operar en un futuro en ese país, después de que la expansión de sus servicios en Francia se haya visto obstaculizada por varias trabas regulatorias.

Así lo ha avanzado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista a Europa Press, en la que ha detallado que Renfe está intentando homologar sus trenes de las series 106 y 107 de Talgo. “Son modelos muy adaptables al entorno portugués, que en parte es de ancho ibérico como España y estamos intentando homologarlos para poder trabajar allí”, ha añadido.

Puente ha señalado que se trata de un cambio de enfoque en el plan de internacionalización de Renfe, ya que su objetivo era seguir expandiéndose en Francia, donde está presente solo en la zona sur. Sin embargo, las trabas regulatorias están retrasando su llegada a ciudades clave como París.

“Hay que analizar la realidad y no empecinarse en cosas que parecen difíciles, por lo que estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas más hacia Portugal, que está en vísperas de desarrollar su red de alta velocidad y es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla”, ha explicado.

Además, la sintonía de España en el ámbito del transporte es mayor con Portugal que con Francia: “Los dos países tenemos claramente el objetivo de estar vinculados a través de la red ferroviaria, pero, en el caso de Francia, la presión realizada en Europa para que impulse sus conexiones con España ha servido de muy poco”.

Puente ha reiterado el compromiso del Gobierno de tener listas ambas conexiones transfronterizas en 2030, a la espera de que los otros dos países desarrollen la infraestructura dentro de sus fronteras. De hecho, con los trenes 106 y 107, que pueden circular por distintos tipos de vías, se podrá poner el servicio en marcha de forma progresiva.

Multas a Talgo y llegada de trenes chinos

En cualquier caso, Renfe sigue esperando que Talgo le entregue los trenes de la serie 107 con dos años ya de retraso, después de que el operador le impusiera una multa de 116 millones de euros al fabricante de trenes por los retrasos de la serie 106.

En el caso de los 107, el ministro ha evitado hablar de nuevas sanciones y esperará a recibirlos y a analizar las circunstancias antes de imponer cualquier multa en aplicación de las cláusulas del contrato.

“Ahora estamos centrados en el proceso de evaluación y vamos a ver finalmente cuándo se produce la entrega para tener en cuenta todas las circunstancias”, ha añadido.

Óscar Puente ha afirmado que los problemas de capacidad industrial que han arrastrado a Talgo a dar esos trenes con retraso es algo generalizado en la industria europea, desde empresas como Alstom y Siemens a Stadler.

“No es de recibo que los tiempos medios de producción y puesta a disposición y certificación de un tren estén en torno a los seis años en este momento. Llegará un momento en el que si la industria no es capaz de fabricar a unos precios y plazos razonables, los chinos entrarán, y Europa tiene que tomar medidas para que no pase lo que ha pasado en la industria automovilística”, ha concluido al respecto.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,15 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación del firme en la autovía A-43, entre los km 0 y 17, a su paso por los términos municipales de Ciudad Real, Miguelturra, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, en la provincia ciudadrealeña. Próximamente se publicará el anuncio de licitación correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto de la actuación es la rehabilitación superficial del firme de este tramo de la A-43, con el fin de mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios y resolver las patologías detectadas en el pavimento.

Los trabajos previstos incluyen el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa. El espesor del fresado y el tipo de mezcla dependerá del grado de deterioro detectado.

Asimismo, se realizará la reposición de las marcas viales que hayan sido afectadas por las obras.

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat la tramitació per modificar la denominació oficial de l'aeroport de Son Sant Joan, que deixarà de dir-se “Aeroport de Palma de Mallorca” per passar a denominar-se “Aeroport de Palma-Mallorca”, amb un guionet entre el nom de la ciutat i el de l'illa.

La denominació del principal aeroport de Balears ha estat objecte de debat en diverses ocasions durant les últimes dècades. L'aprovació de la Llei de Capitalitat de Palma i la recuperació del nom oficial de la ciutat, que va deixar de ser “Palma de Mallorca” per passar a denominar-se simplement “Palma”, van reobrir el debat sobre la conveniència d'adaptar també el nom de la infraestructura aeroportuària a la nomenclatura oficial.

No debades, la proposta del Ministeri justifica la modificació en el fet que la denominació oficial de la capital balear és Palma des de l'aprovació de la Llei 15/2016, actualment vigent, i en els criteris de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) sobre la nomenclatura dels aeroports situats en illes.

El canvi figura en un esborrany d'ordre ministerial remès aquest divendres a l'associació 'Fem-ho en Català', a la qual el departament dirigit per Óscar Puente ha concedit un termini fins al pròxim 15 de setembre per presentar al·legacions abans de l'aprovació definitiva. La modificació suposa un canvi respecte al nom oficial vigent des de fa dècades, encara que no afecta el codi aeroportuari PMI ni a l'operativa de l'aeroport.

'Fem-ho en Català' ha celebrat que el Ministeri hagi acceptat parcialment una reivindicació que va presentar el setembre de 2025, quan va sol·licitar la normalització dels noms dels aeroports de Balears.

En el cas de Mallorca, l'entitat reclamava que l'aeroport passés a denominar-se “Aeroport de Palma”, argumentant que el nom oficial de la capital és únicament Palma. Encara que aquella petició va ser inicialment rebutjada, l'associació sosté que el Ministeri ha rectificat ara la seva posició en acceptar substituir “Palma de Mallorca” per “Palma-Mallorca”.

L'entitat considera que l'ús del guionet permet mantenir la referència a l'illa, atès que la infraestructura dona servei a tot el territori insular.

No obstant això, 'Fem-ho en Català' estudia presentar al·legacions per reclamar que la denominació oficial figuri íntegrament en català, de manera que passi a ser “Aeroport de Palma-Mallorca”. Segons l'associació, aquesta seria la fórmula plenament coherent amb l'oficialitat de la llengua catalana a les Balears. L'any passat, per la seva banda, l'Obra Cultural Balear (OCB) es va dirigir al ministre de Transports per modificar la denominació oficial de l'aeroport perquè passés a denominar-se “Aeroport de Palma”.

Al llarg dels últims anys s'han succeït distintes propostes, com la possibilitat de rebatejar l'aeroport amb el nom de Rafa Nadal que ha aflorat en diverses ocasions en el debat públic, especialment després dels principals èxits esportius del tenista manacorí. No obstant això, la proposta mai no ha arribat a traduir-se en una iniciativa formal amb recorregut administratiu.

El Ministeri de Transports ha optat ara per un canvi de caràcter estrictament toponímic i jurídic, limitat a adaptar la denominació de l'aeroport al nom oficial de la capital balear i als criteris de nomenclatura aplicables als aeroports situats en illes, sense contemplar la incorporació del nom de cap personalitat.

Al setembre de l'any passat, el ple de l'Ajuntament de Palma va rebutjar una iniciativa presentada per Vox per recuperar per a la ciutat la denominació Palma de Mallorca en lloc de Palma, un debat que ha ressorgit de forma intermitent al llarg de la darrera dècada i sota el mandat de partits de diferent signe polític. La proposta es va topar amb la ferma oposició de tots els grups, inclòs el PP -que governa el Consistori al costat de la formació d'extrema dreta-.

L'aeroport de Palma, situat a vuit quilòmetres de la ciutat i amb una capacitat per a 34 milions de passatgers, segons dades del Ministeri de Transports, és el tercer aeroport de la xarxa d'Aena en trànsit de viatgers i una de les principals infraestructures de l'illa, a més de la seva principal porta d'entrada i sortida. És un referent a nivell internacional pel seu volum d'activitat que assoleix els seus nivells més alts durant els mesos d'estiu.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la tramitación para modificar la denominación oficial del aeropuerto de Son Sant Joan, que dejará de llamarse “Aeropuerto de Palma de Mallorca” para pasar a denominarse “Aeropuerto de Palma-Mallorca”, con un guion entre el nombre de la ciudad y el de la isla.

La denominación del principal aeropuerto de Balears ha sido objeto de debate en varias ocasiones durante las últimas décadas. La aprobación de la Ley de Capitalidad de Palma y la recuperación del nombre oficial de la ciudad, que dejó de ser “Palma de Mallorca” para pasar a denominarse simplemente “Palma”, reabrieron el debate sobre la conveniencia de adaptar también el nombre de la infraestructura aeroportuaria a la nomenclatura oficial.

No en vano, la propuesta del Ministerio justifica la modificación en que la denominación oficial de la capital balear es Palma desde la aprobación de la Ley 15/2016, actualmente vigente, y en los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre la nomenclatura de los aeropuertos situados en islas.

El cambio figura en un borrador de orden ministerial remitido este viernes a la asociación 'Fem-ho en Català', a la que el departamento dirigido por Óscar Puente ha concedido un plazo hasta el próximo 15 de septiembre para presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva. La modificación supone un cambio respecto al nombre oficial vigente desde hace décadas, aunque no afecta al código aeroportuario PMI ni a la operativa del aeropuerto.

'Fem-ho en Català' ha celebrado que el Ministerio haya aceptado parcialmente una reivindicación que presentó en septiembre de 2025, cuando solicitó la normalización de los nombres de los aeropuertos de Balears.

En el caso de Mallorca, la entidad reclamaba que el aeropuerto pasara a denominarse “Aeroport de Palma”, argumentando que el nombre oficial de la capital es únicamente Palma. Aunque aquella petición fue inicialmente rechazada, la asociación sostiene que el Ministerio ha rectificado ahora su posición al aceptar sustituir “Palma de Mallorca” por “Palma-Mallorca”.

La entidad considera que el uso del guion permite mantener la referencia a la isla, dado que la infraestructura da servicio a todo el territorio insular.

No obstante,' Fem-ho en Català' estudia presentar alegaciones para reclamar que la denominación oficial figure íntegramente en catalán, de forma que pase a ser “Aeroport de Palma-Mallorca”. Según la asociación, esa sería la fórmula plenamente coherente con la oficialidad de la lengua catalana en Balears. El año pasado, por su parte, la Obra Cultural Balear (OCB) se dirigió al ministro de Transportes para modificar la denominación oficial del aeropuerto para que pasara a denominarse “Aeroport de Palma”.

A lo largo de los últimos años se han sucedido distintas propuestas, como la posibilidad de rebautizar el aeropuerto con el nombre de Rafa Nadal que ha aflorado en varias ocasiones en el debate público, especialmente tras los mayores éxitos deportivos del tenista manacorí. Sin embargo, la propuesta nunca ha llegado a traducirse en una iniciativa formal con recorrido administrativo.

El Ministerio de Transportes ha optado ahora por un cambio de carácter estrictamente toponímico y jurídico, limitado a adaptar la denominación del aeropuerto al nombre oficial de la capital balear y a los criterios de nomenclatura aplicables a los aeropuertos ubicados en islas, sin contemplar la incorporación del nombre de ninguna personalidad.

En septiembre del año pasado, el pleno del Ayuntamiento de Palma rechazó una iniciativa presentada por Vox para recuperar para la ciudad la denominación Palma de Mallorca en lugar de Palma, un debate que ha resurgido de forma intermitente a lo largo de la última década y bajo el mandato de partidos de distinto signo político. La propuesta se topó con la firme oposición de todos los grupos, incluido el PP -que gobierna el Consistorio junto a la formación de extrema derecha-.

El aeropuerto de Palma, situado a ocho kilómetros de la ciudad y con una capacidad para 34 millones de pasajeros, según datos del Ministerio de Transportes, es el tercer aeropuerto de la red de Aena en tráfico de viajeros y una de las mayores infraestructuras de la isla, además de su principal puerta de entrada y salida. Es un referente a nivel internacional por su volumen de actividad que alcanza sus niveles más altos durante los meses de verano.

Asturias seguirá defendiendo el ancho europeo en las vías ferroviarias, pero sin renunciar a que, entre tanto, se sigan mejorando las capacidades de las líneas de ancho ibérico, según ha asegurado este lunes el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez.

Después de que la semana pasada se hiciese público un documento del Ministerio de Transportes en el que se comunicaba a la Unión Europea (UE) que había descartado unificar los distintos anchos de la red porque tendría un coste de unos 20.000 millones de euros, Peláez ha afirmado que para Asturias es “irrenunciable garantizar la interoperatividad de las conexiones con los estándares europeos”, pero que tampoco puede renunciar a ampliar las capacidades de las vías de ancho ibérico.

Así se lo ha trasladado al Ministerio de Transportes, que es posible actuar en el momento actual para mejorar las líneas de ancho ibérico sin renunciar a la interoperatividad, ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Migrar del ancho ibérico al estándar

Frente al criterio del ministerio, las autoridades comunitarias defienden la necesidad de migrar desde el ancho ibérico -1.668 milímetros entre carriles- hacia el ancho estándar -1.435 milímetros- las líneas pertenecientes a los corredores europeos de la red TEN-T, que en el caso español son los corredores atlántico y mediterráneo.

De entrada, Transportes rechazó cambiar el ancho de vía exclusivamente en los corredores europeos porque suponía dejar aislados más de 5.000 kilómetros de la red, y también descartó la implantación de ancho mixto en esos corredores.

Por tanto, la única opción que analizó en profundidad fue el cambio de ancho en toda la red española de ancho ibérico, más de 13.000 kilómetros, aunque su conclusión es que el coste superaría los 20.000 millones de euros, para obtener un beneficio total del orden de 40 millones de euros al año.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la autopista AP-4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla. El presupuesto estimado del conjunto de actuaciones planteadas asciende a 246,8 millones de euros.

Tras la aprobación provisional, próximamente se someterá el expediente al trámite de información pública, lo que conlleva la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa el Ministerio en una nota de prensa.

El objetivo es aumentar la capacidad de dicha autopista, tras el incremento del tráfico experimentado desde la liberalización del peaje el 1 de enero de 2020. Por ello, se prevé construir un tercer carril a lo largo de 34,4 km (entre la conexión de la AP-4 con la autovía A-4 en Dos Hermanas y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471) para mejorar la fluidez del tráfico, la accesibilidad y la seguridad vial.

Actuaciones incluidas en el proyecto

Como principales actuaciones se contempla la ejecución de un tercer carril por sentido entre el enlace de Dos Hermanas con la A-4 y el enlace de Las Cabezas de San Juan, así como la remodelación de este último.

Además, el proyecto incluye otras actuaciones destinadas tanto a mejorar la situación actual como a adaptar la infraestructura a la nueva configuración de la autopista, entre ella, la modificación de las conexiones entre la AP-4 y la A-4, en concreto, la del ramal de Dos Hermanas hacia la AP-4 en sentido Cádiz, lo que requerirá la construcción de un paso superior sobre la autovía, y la mejora del ramal AP-4-A-4 sentido Sevilla para incrementar la velocidad de circulación mediante la ejecución de una variante con un mayor radio de curvatura.

Por otro lado, se contempla la ejecución de una vía colectora-distribuidora en la margen derecha para gestionar los accesos al área de servicio Los Palacios y de nuevas vías colectoras-distribuidoras en ambas márgenes de la AP-4 al sur del área de servicio El Fantasma, así como la adaptación de los tableros de los pasos superiores situados en los kilómetros 15,96 y 17,64 para incorporar plintos de pretiles y aumentar el gálibo.

Asimismo, está prevista la adecuación del enlace de Los Palacios y Villafranca, y de diversos viaductos y pasos superiores existentes; también la incorporación de un nuevo enlace intermedio entre Los Palacios y Las Cabezas, de tipología diamante con dos pesas. Para ello se demolerá el paso superior existente en el punto kilométrico 32,600 y el nuevo enlace se construirá en su entorno.

Por último, destaca la ejecución de una nueva conexión en diamante y glorieta con la A-471R desde la vía colectora-distribuidora en sentido Cádiz-Sevilla. Esta actuación se incluye en el programa de trabajos para aumentar la capacidad y mejorar la AP-4 tras la liberación del peaje, entre los que se encuentra también el proyecto de construcción de tercer carril en 7 kilómetros, entre el enlace SE-40/A-4 y el inicio de la AP-4 en Dos Hermanas, con un presupuesto vigente de 30 millones de euros (con IVA).

La alcaldesa de Teruel y líder del PP en la provincia, Emma Buj, ha anunciado este lunes que ha solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una alternativa que “condena a Teruel a convertirse en el cuello de botella” de esta infraestructura estratégica.

Buj ha realizado este anuncio tras la Junta de Gobierno Local y ha explicado que el Ayuntamiento también presentará alegaciones al proyecto para defender una infraestructura “ambiciosa” que responda a las necesidades de Teruel y del conjunto del eje ferroviario entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

La alcaldesa ha mostrado su rechazo a una propuesta publicada en el BOE, que contempla una doble vía entre Zaragoza y Teruel, con pendientes máximas del 18%, mientras que entre Teruel y Valencia mantiene una única vía con pendientes de hasta el 23%. En su opinión, esta solución impide que el corredor cumpla la función para la que fue concebido. “No solo perjudica a Teruel, sino también a Zaragoza, Valencia y al conjunto del corredor, porque deja de ser una verdadera conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo”, ha afirmado.

Entre las alegaciones que presentará el Ayuntamiento figura la construcción de un 'bypass' ferroviario para mercancías que conecte el Puerto de Escandón con Platea y el aeropuerto, de manera que los trenes de carga no atraviesen el casco urbano. Buj ha recordado que esta propuesta ya fue planteada durante la fase inicial de alegaciones y que llegó a estudiarse, aunque finalmente fue descartada por su coste económico.

La alcaldesa ha calificado esa decisión de “auténtica barbaridad”, ya que, según ha explicado, el incremento previsto del tráfico ferroviario de mercancías supondrá un importante perjuicio para los vecinos de Teruel al discurrir la vía junto a numerosas viviendas. “Para nosotros era fundamental que la estación de mercancías se ubicara en Platea y que los trenes de carga no atravesaran la ciudad. El único motivo por el que se ha rechazado es el coste económico”, ha señalado.

El Ayuntamiento reclamará una doble vía electrificada entre Teruel y Valencia y la ejecución de ese bypass para mercancías, con el objetivo de que la ciudad no soporte un tráfico ferroviario de mercancías permanente junto a las zonas residenciales.

La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio “irá a máximos” en sus alegaciones para reclamar una inversión que permita desarrollar un auténtico Corredor Cantábrico-Mediterráneo y no actuaciones puntuales que, en sus palabras, “no dejan de ser lo mismo que se está haciendo ahora, pero un poquito más”.

Ampliación de Pinilla

Durante su comparecencia, Emma Buj también ha informado de los avances en el proyecto de ampliación del campo Pinilla. La alcaldesa ha explicado que la Dirección General de Patrimonio ha emitido un informe favorable sobre una parte esencial del proyecto, concretamente la correspondiente a la zona de tribuna, donde se concentran buena parte de los servicios de la instalación.

Aunque todavía queda pendiente resolver algunos aspectos relacionados con la grada adyacente, Buj ha asegurado que el proyecto “va por muy buen camino” y ha señalado que, una vez se reciba la comunicación oficial, el Ayuntamiento trasladará el visto bueno a la empresa redactora para continuar con su desarrollo. “No dejamos de trabajar en agosto y, en cuanto tengamos la comunicación oficial, la empresa podrá avanzar en la redacción definitiva”, ha indicado.

Por otro lado, a Junta de Gobierno Local ha aprobado varios asuntos de gestión municipal, entre ellos la declaración de validez de la justificación de la subvención nominativa concedida al Centro Asociado de la UNED en Teruel correspondiente al ejercicio 2025, por importe de 40.000 euros.

También ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel para la promoción turística durante 2026, con una aportación de 4.500 euros por parte del Ayuntamiento y de 3.000 euros por parte de la institución comarcal.

Además, se ha aprobado el proyecto correspondiente al modificado número 2 de las obras de mejora y acondicionamiento de la calle Cuesta de los Gitanos, con un presupuesto de 1.017.038 euros. La alcaldesa ha precisado que no se trata de una nueva actuación, sino de la aprobación formal de las modificaciones introducidas durante la ejecución de una obra ya en marcha.

Por último, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento del expediente de incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto General de 2026 por importe de 325.551 euros, destinado a actuaciones que actualmente se encuentran en ejecución.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) denuncia que la plaga de conejos continúa provocando “graves pérdidas económicas” en las explotaciones agrarias aragonesas, además de “importantes daños” en infraestructuras agrícolas, “sin que las administraciones competentes adopten medidas eficaces” para controlar una situación que se prolonga desde hace años. Ante esta situación, UAGA-COAG anuncia que iniciará la vía judicial para reclamar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al considerar que ambas administraciones “incumplen su obligación” de controlar las poblaciones de conejos que encuentran refugio en los taludes de carreteras y vías ferroviarias.

La organización denuncia que esos espacios públicos se han convertido en “auténticas granjas de reproducción de conejos”, desde los cuales los animales invaden las parcelas agrícolas causando cuantiosos daños en cultivos e infraestructuras de riego, caminos y cerramientos. UAGA-COAG ha apuntado que, si las administraciones no realizan un control efectivo de la fauna cinegética en las infraestructuras de su competencia, deberán asumir la responsabilidad de los perjuicios ocasionados e indemnizar a los agricultores por las pérdidas sufridas.

La organización también reclama una profunda modificación de la normativa de Agroseguro, ya que considera que el actual sistema perjudica precisamente a los agricultores que padecen de forma continuada los daños de la plaga. Actualmente, cuando un agricultor ha dado parte de siniestro por conejos en sus parcelas de cereal durante cuatro campañas consecutivas, Agroseguro elimina para esa explotación la posibilidad de contratar esta cobertura, es decir, quien más necesita el seguro acaba perdiendo el derecho a asegurarse frente a este riesgo.

Además, UAGA-COAG ha criticado que para que Agroseguro reconozca los daños que ocasionan los conejos en el cereal, la planta tiene que alcanzar el estado fenológico (haber desarrollado al menos tres hojas). Sin embargo, cuando los conejos se comen el cultivo nada más germinar, el siniestro pasa a calificarse como un problema de nascencia y la póliza se anula, dejando al agricultor sin indemnización.

La organización ha considerado que esta práctica permite a Agroseguro cobrar una prima (en octubre), que incluye la cobertura por daños de conejo, para posteriormente no asumir la correspondiente indemnización. Y para colmo, cuando se produce la baja de la póliza por no nascencia, la devolución del importe al agricultor no se materializa hasta junio del año siguiente.

Por otra parte, UAGA-COAG ha expresado también su rechazo a que las inspecciones de los peritos para comprobar la nascencia del cereal se realicen durante el mes de marzo cuando, en la mayoría de las ocasiones, el cultivo ya ha desaparecido de las parcelas. La organización considera imprescindible adelantar estas revisiones a diciembre o enero para evitar la indefensión de los agricultores.

Medidas urgentes

UAGA-COAG insiste en que la situación requiere decisiones inmediatas y reclama a las administraciones un conjunto de medidas que permitan reducir de forma efectiva la sobrepoblación de conejos, entre otras, autorizar la caza con rifles de calibres 17 y 22; permitir el uso de visores térmicos; autorizar la caza desde vehículos; implicar a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y al personal forestal en las labores de control de la plaga; establecer ayudas a los cotos de caza para la adquisición de cartuchos, siguiendo el ejemplo de Castilla y León y Cataluña; incrementar la exigencia a los cotos de caza para que cumplan con sus obligaciones de control poblacional; sancionar la comercialización de conejos capturados vivos para evitar su traslado y expansión.

Asimismo, favorecer la creación de empresas especializadas en tratamientos mediante yoduro de aluminio; autorizar tratamientos con dióxido de carbono en aquellas zonas donde la actividad cinegética está prohibida, como los entornos de carreteras y las infraestructuras ferroviarias de ADIF.

Desde UAGA-COAG han subrayado que la plaga de conejos se ha convertido en el principal obstáculo para sacar adelante las producciones agrícolas en muchas comarcas. La organización reclama una actuación coordinada entre todas las administraciones implicadas para poner fin a una situación que compromete la viabilidad de muchas explotaciones y exige que quienes tienen la responsabilidad de controlar las poblaciones de conejos asuman también las consecuencias de su inacción.

Después de que este fin de semana se haya producido el séptimo robo de cable en unas vías de tren a su paso por Castilla-La Mancha, el Ministerio de Transportes ha informado de que realizará una propuesta para “endurecer las penas” por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal.

La propuesta incorpora un “subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión”, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio y se presenta con el objetivo de “reforzar” la protección de una infraestructura que desde Transporte consideran “crítica”.

Según el Ministerio que dirige Óscar Puente, la iniciativa responde a “la reciente oleada” de robos de cable que está provocando “retrasos, interrupciones del servicio y miles de viajeros afectados”, algo que consideran “totalmente inaceptable”.

“Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad”, han explicado. El último caso tuvo lugar el pasado viernes, “evidenciando el grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria, unos hechos que se reproducen en otros puntos del país”.

En este sentido, Transportes ha insistido en que “la respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial”.

Siete veces desde finales de junio

Este domingo, un nuevo robo de cable producido en la provincia de Ciudad, entre los municipios de Venta La Inés y Brazatortas, causó demoras en la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Se trata del séptimo caso de estas características desde finales del mes de junio.

El resto de robos han afectado a la circulación entre Madrid y Toledo, entre los trenes de Media Distancia entre Madrid y Jaén y nuevamente al AVE entre Madrid y Andalucía.

Se trabaja de “manera sustancial” para evitar los robos

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que la Guardia Civil trabaja en reducir “de manera sustancial” los robos de cable, tras la incidencia provocada por robo de cables entre Venta de la Inés y Brazatortas (Ciudad Real), que provocó este domingo un retraso en la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

Así lo ha trasladado Sabrido, a preguntas de los medios, en el minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento de Toledo por el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el XXIX aniversario de su asesinato.

Sabrido ha remarcado que están “básicamente controlados los puntos en que más se cometen este tipo de robos, principalmente en la provincia de Ciudad Real”, por lo que ha confiado que en breve plazo se reduzcan de una manera sustancial.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Valladolid la titularidad de un tramo de la VA-20, Ronda interior de Valladolid, entre los km 0 y 10,3, con una superficie estimada de 503,251,19 m², según ha informado a través de un comunicado.

El tramo objeto de la cesión está situado entre la glorieta de enlace con la N-620a y la glorieta de inicio de la VA-30, y comprende la zona que afecta a la infraestructura, incluyendo todas las calzadas, isletas y aceras.

La cesión se ha producido tras la finalización de las obras de integración urbana que han adaptado la vía al uso de peatones y ciclistas y que han supuesto una inversión de 12,75 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre otras actuaciones, se han creado 9,5 km de vía ciclista segregada del tráfico rodado y de las aceras peatonales, conectada con el resto de la infraestructura ciclista en servicio, se ha instalado iluminación propia; se han ampliado y acondicionado zonas verdes; y se han reparado las aceras y vados peatonales, garantizando la accesibilidad y la seguridad.

El Ayuntamiento de Valladolid asume la titularidad de este tramo de la VA-20 y los espacios reseñados, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y pasa a ser el responsable de su conservación, mantenimiento y explotación. Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas ni gasto alguno para la Administración General del Estado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a información pública el estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla.

Con fecha 1 de julio de 2026, la Dirección General del Sector Ferroviario ha resuelto aprobar provisionalmente dicho estudio e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones, tal como recoge el BOE, y ha destacado el ministro de Fomento, Óscar Puente, en sus redes sociales, en un mensaje en el que señala que con una inversión de casi 300 millones, se reducirán los tiempos de viaje a once minutos, con una estación intermedia en Parque Alcosa.

De este modo, se abre un periodo para, quien lo desee, pueda formular observaciones “sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental”, ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El trazado será en túnel

En un desayuno informativo de Europa Press, el pasado mes de febrero, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Ejecutivo aprobaría el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria para someterlo a información pública antes del verano.

La alternativa elegida para el trazado es la 'Norte 3', que junto a la parada del aeropuerto, plantea una parada intermedia en Parque Alcosa. Montero aseguraba que el 92,5% del trazado será en túnel, que defendía como “la solución más acorde para provocar menos desorden en el urbanismo de la ciudad”, al tiempo que reconocía que supone una cuantía más elevada.

Con carácter previo a la aprobación definitiva del estudio informativo, se requiere la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Teniendo en cuenta el periodo vacacional que sucederá en el transcurso de este trámite, se establece un plazo para la información pública de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, este trámite y plazo de información pública sirve para que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras ferroviarias puedan emitir informe acerca de la concepción global del trazado proyectado y de los aspectos funcionales o de explotación incluidos en el estudio informativo.

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley del Sector Ferroviario, en las zonas afectadas por esta información pública las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Esta suspensión tendrá un plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación de este anuncio de información pública.

“Poco ambicioso”

Por su parte, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha lamentado que, tres años y medio después del inicio de los trabajos, el Gobierno de España aún no tenga completado el estudio de la conexión Santa Justa-aeropuerto de Sevilla. “Una situación que prolonga la injusticia con la ciudad, que sigue siendo la única gran capital española sin conexión ferroviaria con su terminal aérea”.

Igualmente, la titular de Fomento ha advertido que el estudio ha sido “poco ambicioso”, con una solución de mínimos que no contempla una conexión ferroviaria clara y directa con Sevilla Este y Parque Alcosa, o con un potencial turístico de primer nivel como Fibes. “Cuestiones, todas ellas, que sí se recogieron en el estudio informativo que elaboró la Junta de Andalucía y que envío al Ministerio de Transportes hace dos años, en mayo de 2024, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta alguna”.

Al respecto, la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) “valora positivamente” la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la aprobación provisional del estudio informativo para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla: “Un nuevo paso que permite iniciar el periodo de información pública y avanzar en una infraestructura que el tejido empresarial sevillano viene reclamando desde hace años”.

No obstante, la Confederación considera que este avance “no debe hacer perder la perspectiva”, tal como señala en un comunicado. “Resulta inadmisible que una ciudad como Sevilla siga sin una conexión ferroviaria entre su principal estación y el aeropuerto, especialmente teniendo en cuenta el peso del turismo en la economía provincial y cuando las principales ciudades españolas ya disponen de este tipo de infraestructura”.

Talgo y Renfe han cerrado este jueves un acuerdo sobre el proyecto S106 que resuelve las diferencias entre ambas compañías y conlleva, entre otros puntos, modificar 15 de los 30 trenes para que queden todos configurados con ancho variable y que el pago de penalizaciones por valor de 116 millones no se inicie hasta 2032.

En concreto, Renfe abonará a Talgo 132 millones de euros por la transformación a rodadura desplazable de los 15 trenes Avril de ancho fijo, según ha señalado el fabricante ferroviario a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informa EFE.

Se configurará así una flota final homogénea de 30 trenes de rodadura desplazable, de los que 20 se distribuirán para servicios AVE y 10 trenes para AVLO.

Talgo se hará cargo de todas las fases de los trabajos, con un plazo de 37 meses, y con disponibilidad de los primeros trenes modificados a partir del 15º mes.

Además de la planificación de la recepción de los trenes por parte del operador, este proceso conlleva la realización por Renfe de los pagos pendientes de los Avril y la liberación de la mayor parte de los avales vigentes, concretamente unos 200 millones de euros en los próximos tres meses.

Las penalizaciones no se abonarán hasta 2032

Respecto a las penalizaciones, el acuerdo recoge que los pagos no se iniciarán hasta 2032, con posterioridad al vencimiento de la deuda bancaria que acaba de ser reestructurada, extendiéndose después durante los 6 años siguientes.

El pago de Talgo a Renfe de las penalizaciones asociadas al proyecto S106 se efectuará entre los años 2032 y 2037. Estas penalizaciones ya se comunicaron en diciembre de 2024 y fueron provisionadas por la compañía en diciembre de dicho año.

El acuerdo contempla mejoras en el contrato de mantenimiento que suponen, por un lado, que, ligado al cambio de bogies y rodales, Renfe incremente el precio de mantenimiento en aproximadamente un 29%; y, por otro, que asuma la compra de todos los recambios necesarios que cederá a Tarvia, sociedad conjunta propiedad de Talgo y Renfe especializada en el desarrollo y ejecución de trabajos de mantenimiento.

Talgo garantizará a Renfe el correcto funcionamiento de los bogies durante toda la explotación prevista de los trenes, realizando las mejoras oportunas en los bastidores a su coste. Para ello, se han llevado a cabo verificaciones adicionales con pruebas de extensiometría y resultados positivos.

No obstante, se ha decidido complementar estos análisis con ensayos en banco adicionales “para despejar cualquier tipo de duda”, recalca Renfe.

Estas garantías y posibles mejoras se extienden también a los trenes de la serie S107, al ser equipos equivalentes.

En suma, este acuerdo aborda las penalizaciones por los retrasos en la entrega de los trenes Avril S106, el proceso de recepción de los trenes, la actualización de los pagos, la reconfiguración definitiva de los trenes incluyendo cambios de bogies y rodales, y el contrato de Tarvia.

“Con este acuerdo, Talgo da un paso hacia adelante en la nueva etapa que arrancó el pasado 17 de diciembre, reforzando la estabilidad, la capacidad industrial y la solidez financiera de la compañía”, señala.

Desde Renfe agregan que se trata de una operación estratégica que reforzará la versatilidad del material rodante, permitiendo su circulación tanto por líneas de alta velocidad como por red convencional.

Gracias a ello, apunta, se constituirá la base para la expansión hacia nuevos corredores, permitiendo llevar la alta velocidad a un mayor número de destinos, incluso internacionales. Además, se simplificará la gestión, mantenimiento y explotación de la flota S106.

Talgo cerró el año 2025 con una cartera de pedidos de 4.466 millones, que, en estos momentos, se eleva ya al récord histórico de 6.307 millones, y que cuenta con oportunidades comerciales de 14.000 millones en los próximos dos años, de ellas más del 80% en Europa.

La empresa china Gotion High-Tech, en colaboración con la eslovaca Inobat, construirá en Valladolid una gigafactoría pionera destinada a cubrir toda la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en territorio europeo y que tendrá un valor cercano a los 5.000 millones de euros, un proyecto que presentan este miércoles los ministros Óscar Puente y Jordi Hereu, y el presidente ejecutivo de Gotion, Steven Cai.

Valladolid acoge mañana la presentación de este proyecto industrial que ha cobrado un nuevo impulso tras la concesión dos subvenciones que suman 138,21 millones de euros a cargo del PERTE VEC V de 2026, cifra que supera los 92 millones de euros que recogía la resolución provisional publicada el pasado mes de mayo.

La ayuda definitiva aprobada por el Ministerio de Industria y Turismo se distribuye en más de 82,3 millones de euros para una planta de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos, destinada a la recuperación de ‘black mass’, y en 55,91 millones de euros para una fábrica de cátodos para baterías.

Los presupuestos totales previstos ascienden, respectivamente, a 411,53 y 532,82 millones de euros.

Valladolid, eje en electromovilidad

La presentación llega después de varios pasos institucionales y empresariales encaminados a asentar en Valladolid una gran industria vinculada a la electromovilidad.

El interés de Gotion por Valladolid se ha articulado, además, a través de su relación con la firma eslovaca Inobat, de la que la compañía china es accionista.

Ese esquema empresarial ya había situado a Valladolid en el foco de un proyecto de gigafactoría pionera en Europa destinado a cubrir la cadena completa de suministro de baterías para coches eléctricos, con una inversión hasta cerca de 5.000 millones de euros.

El objetivo de Gotion a través de Inobat es desarrollar en Valladolid una instalación capaz de abarcar no solo el ensamblaje, sino también la producción de componentes esenciales como ánodos y cátodos, dentro de una estrategia orientada a reforzar la autonomía industrial europea en el ámbito de la batería.

En paralelo, las administraciones han venido facilitando el encaje del proyecto mediante respaldo institucional, ayudas públicas y ajustes urbanísticos orientados a disponer de suelo industrial adecuado.

Entre esos movimientos figura la modificación del planeamiento para habilitar terrenos en el entorno de la Vereda de Palomares, donde se ha venido trabajando para ofrecer superficie suficiente a una eventual implantación industrial de gran escala.

En ese marco, tanto el Gobierno central como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid han respaldado en distintos momentos la llegada de proyectos vinculados primero a Inobat y, posteriormente, al desarrollo promovido junto a Gotion.