No ha tardado ni un día. Vox Castilla-La Mancha ya ha dejado claro al presidente del PP en esta comunidad autónoma Paco Núñez que, si quiere su apoyo para gobernar tras las elecciones autonómicas de 2027 -siempre y cuando la aritmética del voto así lo permita- el principio de la “prioridad nacional” será fundamental en las negociaciones para llegar a un pacto.

Es el peaje que ya han tenido que pagar los 'populares' en Extremadura y Aragón para poder gobernar en aquellos territorios y hoy el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ya le ha dicho a Paco Núñez que aquí tendría que pasar lo mismo para que él sea presidente de la Junta. “Este principio será prioritario en las negociaciones”.

Se refiere a que el PP tendrá que aplicar principios racistas en sus políticas de Gobierno en Castilla-La Mancha. Solo los 'españoles', y solo algunos, serán beneficiarios de los derechos del Estado del Bienestar porque el resto serán excluidos por razón de raza, papeles, cultura o nacionalidad.

Los 'populares' se apresuraron ayer a matizarlo. Sí, siempre que esté “dentro de la Constitución” o en el marco de la “legalidad”. El alcance de esa “prioridad nacional” pretendida por Vox está todavía por ver.

El efecto cascada ha llegado este jueves a Castilla-La Mancha. El portavox de Vox también le exige lo mismo a Emiliano García-Page. Pide que aplique “de manera inmediata los principios de prioridad nacional” porque él cree que eso “lo reclaman cada vez más vecinos de la región ante una situación insostenible”.

La prioridad nacional será una de sus líneas prioritarias en cualquier negociación política en Castilla-La Mancha

Iván Sánchez — Portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha

El partido de extrema derecha ha insistido hoy en Toledo que “la prioridad nacional será una de sus líneas prioritarias en cualquier negociación política en Castilla-La Mancha” y ha señalado que el partido pretende implantar este principio en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública.

El mensaje a Paco Núñez es claro “para que tome ejemplo de sus homólogos extremeños y aragoneses y deje de tender la mano a las políticas del PSOE para replicar en Castilla-La Mancha los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón”.

¿Cómo esquivará Núñez la condición de Vox si no tiene mayoría absoluta?

El presidente del PP castellanomanchego daba por hecho allá por el mes de febrero que necesitaría a Vox para gobernar. El discurso lo ha mantenido hasta hoy, con más o menos matices pero este jueves, en una comparecencia ante la prensa en el mismo escenario que el portavoz de Vox - las Cortes de Castilla-La Mancha- ha precisado que espera ganar las elecciones en 2027.

“Nosotros trabajamos por ganar las elecciones, trabajamos porque el proyecto del Partido Popular que yo lidero en Castilla-La Mancha obtenga un respaldo mayoritario de los ciudadanos y podamos gobernar con nuestro programa”. Reconoce que si no hay mayorías absolutas habrá que “explorar vías de acuerdo y en cada circunstancia y en función de los resultados llevará unas conversaciones y unos acuerdos”, ha avisado, ante la andanada de Vox.

A Paco Núñez le han preguntado sobre las condiciones que ya está poniendo el partido ultra a un año de las elecciones y sobre esta cuestión ha dicho que a él lo que le importa es que allí donde ha habido elecciones “se pueda cumplir la voluntad popular”, según recoge Europa Press.

Núñez ha recalcado que él se va a centrar en aquellos contenidos programáticos que benefician al conjunto de los ciudadanos, como en Extremadura o en Aragón. O en que se pueden mejorar los servicios públicos, la atención al ciudadano o en bajar los impuestos.

¿Y cómo afrontar la 'prioridad nacional' que le exige Vox desde hoy mismo? Paco Núñez navega en la misma ambigüedad que la dirección nacional de su partido, o sus compañeros de filas de otras comunidades autónomas. Asegura que él no se va a “perder” en “ninguna discusión semántica estéril”, respecto al concepto de “prioridad nacional” o “arraigo”, ya que “no nos conducen a ningún sitio”, aunque no explica cómo lo esquivará en un hipotético pacto con Vox en 2027.

El presidente del PP castellanomanchego subraya que la postura del PP con la inmigración es “muy clara”. “Aquel que venga a Castilla-La Mancha o a España, si quiere, a trabajar, a contribuir, a integrarse y a participar del proyecto de país, tiene las puertas abiertas para hacerlo”, pero “aquel que venga a delinquir tiene que salir de nuestro país”.

Dicho esto, ha lamentado que “iniciar procesos de regularización masiva en el que personas con antecedentes penales van a obtener de manera automática la nacionalidad y los derechos de los españoles, a pesar de que están delinquiendo nuestro país, no es de recibo”, volviendo a identificar migración con delincuencia, al más puro estilo de la extrema derecha.

En estas declaraciones no parece acordarse de que en los ayuntamientos de Villamalea -donde conviven hasta cinco religiones o credos y gobierna el PP- y Tarazona de la Mancha se aprobó por unanimidad de PP, PSOE e IU reclamar una agilización de la regularización extraordinaria masiva de migrantes. No solo porque en estos pueblos de Albacete la integración de quienes llegan de fuera es total, sino porque se han convertido en personas fundamentales para impulsar una economía local de base agraria.

El PSOE duda del “camino” de Núñez: “Representa el peor PP de España”

Mientras, el PSOE ha entrado en el intercambio dialéctico, criticando “el camino” que señala el presidente regional del PP, Paco Núñez, “refrendando” el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y, por tanto, lo que han denominado la “prioridad nacional”, y ha asegurado que lo que evidencia un día más es que representa “el peor PP de España”.

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena se ha preguntado sobre “cuál es el camino” al que se refiere Núñez, porque esa “prioridad nacional” es un concepto “ilegal, anticonstitucional y tan reprochable que hasta Feijóo en el Congreso, Ayuso en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía, lo han rechazado”.

“Si ese es el camino, un futuro bastante negro sería el que nos ofrecería el señor Núñez”, que está “por un lado rendido a la ultraderecha y, por otro lado, tutelado por su dirección nacional, de manera que, si tuviese que gobernar, en la mitad de los temas mandaría Vox y en la otra mitad mandaría Génova”, ha aseverado.

En este punto, Sánchez Requena ha asegurado que, “frente a esa falta de liderazgo de Núñez”, el único proyecto claro para seguir avanzando en derechos, en crecimiento del empleo, en estabilidad y en certidumbre, es el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Debo confesar que, cuando veía en los documentales de la cadena ARTE los discursos del xenófobo Jean-Marie Le Pen, nostálgico del régimen de Vichy, negacionista de las cámaras de gas y fundador de la ultraderecha francesa, proclamando aquello de “los franceses primero” o “prioridad nacional”, jamás pensé que ese mensaje terminaría llegando a mi país.

Y no de la mano exclusiva de la ultraderecha 'hermana' de aquel personaje siniestro, sino también asumido por un partido de Estado que ha gobernado España en varias legislaturas.

Nunca imaginé que la xenofobia y el racismo se convertirían en eje vertebrador de pactos de gobierno en comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, ni que ese discurso acabaría aterrizando en nuestras Cortes.

Y, sin embargo, aquí estamos.

Porque hay algo que no falla en esta deriva. Implacables con los débiles, sumisos con los poderosos.

Para estos nuevos profetas de la pureza, la culpa de la carestía de la vivienda, del gasto en guerras inútiles e inventadas, de la subida de los combustibles o de cualquier otro problema estructural, no la tienen quienes concentran un poder económico desorbitado y manejan los hilos del mundo saltándose gobiernos. No. La culpa, según ellos, es del migrante pobre.

Del que dejó atrás una vida sin futuro a miles de kilómetros para venir aquí a trabajar como interno, cuidando a una persona mayor siete días a la semana, veinticuatro horas al día, por una cantidad irrisoria, sin contrato y sin derechos.

Quizá tampoco sea quien colapsa la sanidad la mujer migrante que va a tener un hijo en uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Quizá el problema tenga más que ver con millones desviados hacia intereses privados. Pero de eso, curiosamente, estos profetas nunca hablan.

Los migrantes no tensionan el mercado inmobiliario. Pero sí lo hacen los grandes fondos que especulan con la vivienda. Y, sin embargo, a esos poderes nunca se les señala.

Que Santiago Abascal haya construido su discurso señalando a las personas migrantes como delincuentes, violadores o ladrones entra dentro de una lógica. No porque sea verdad, sino porque responde a un modelo político basado en el odio, el bulo y la deshumanización.

Pero la pregunta es otra. ¿En qué momento Alberto Núñez Feijóo decidió asumir ese mismo marco, copiarlo y mimetizarse con él?

¿En qué planeta viven?

¿Han bajado alguna vez a la realidad de nuestros pueblos, de nuestros barrios?

¿Qué mensaje lanzan a ese chico que llegó siendo un niño, que hoy está regularizado, que estudia, que prepara una oposición o que intenta sacar adelante un negocio, pero al que se pretende marcar de por vida por el simple hecho de no haber nacido aquí? ¿De verdad quieren condenarle a ser siempre ciudadano de segunda?

¿Pretenden que en una urgencia médica se atienda antes al que tiene determinado origen que al que está más grave?

¿Que en una escuela de música tenga más oportunidades un músico mediocre por ser 'de aquí' frente a un excelente instrumentista de origen extranjero?

Quien no entiende que el futuro de este país pasa por la inclusión, la convivencia y el reconocimiento mutuo, quien apuesta por el odio, la división, el racismo y el bulo como estrategia política, no merece gobernar. Pero es que, además, difícilmente merece el respeto de una ciudadanía que aspira a algo mejor.

Quien criminaliza a las personas por su origen, su color de piel o su acento, buscando rédito electoral en ese odio cuidadosamente sembrado, debería encontrarse con una respuesta clara. Rechazo social y político.

Señores Feijóo y Abascal, hagan un esfuerzo. Salgan de la burbuja de la M-30 y acérquense a conocer realidades como las de Villamalea o Tarazona de la Mancha. Allí comprobarán hasta qué punto sus discursos se desmontan por sí solos.

Señores Feijóo y Abascal, hagan un esfuerzo. Salgan de la burbuja de la M-30 y acérquense a conocer realidades como las de Villamalea o Tarazona de la Mancha. Allí comprobarán hasta qué punto sus discursos se desmontan por sí solos

En el camino verán campos de cebollas, de ajos, viñas, naves de champiñón, espacios donde la mayor parte de la mano de obra es extranjera, mientras muchos españoles ocupan otros puestos, más técnicos y mejor remunerados.

Quizá no perciban su esfuerzo. Quizá no sientan su sudor ni sus preocupaciones. Puede que el cristal tintado y el aire acondicionado de sus coches se lo impidan.

Porque hay barreras que no son físicas.

Y una de ellas se llama dignidad.

Esa que, lamentablemente, ustedes han decidido dejar fuera de su política.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez ha felicitado a la presidenta de Extremadura María Guardiola coincidiendo con la toma de posesión de un cargo que ostenta en virtud de un pacto con Vox. “Ese es el camino”, ha asegurado el líder de los 'populares' castellanomanchegos.

Núñez se ha referido a la vecina comunidad autónoma como “una tierra que ha emprendido una senda de cambio, crecimiento y oportunidades de la mano de un proyecto que cree en su gente y en su futuro” y sostiene que, de esta forma, “Extremadura avanza”.

Una fórmula que ve factible también para Castilla-La Mancha. No es la primera vez que confía sus posibilidades de gobernar en la región a un pacto con Vox, descartando así poder hacerlo en solitario. El pasado mes de febrero ya pedía abiertamente la necesidad de pactar con el partido ultra.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha apuntado que el concepto de 'prioridad nacional' incluido en el acuerdo de Gobierno de PP y Vox en Extremadura es “manifiestamente inconstitucional” y “nos degrada como sociedad”. Considera “muy lamentable”, en referencia implícita al PP, que un partido “supuestamente de Estado” y que “ha gobernado este país y que aspira a gobernar” pacte algo así.

“En España y en Castilla-La Mancha somos una sociedad rica, plural, diversa, en el que creo que la convivencia es un valor que al final todos agradecemos y que, por supuesto, somos una sociedad que respeta los derechos humanos, que respeta a sus vecinos y el PP acaba de comprarle el discurso a la extrema derecha. Alimenta el frentismo entre la gente, alimenta el frentismo en la sociedad, alimenta el odio”, ha asegurado.

De ahí que haya rechazado “rotundamente” ese planteamiento, que se ha mostrado convencida de que “ni siquiera va a salir adelante porque es inconstitucional, no puede salir adelante”.

Esta cuestión, a su juicio, no le quita gravedad a la voluntad que tanto Vox como el Partido Popular han mostrado de “querer llevar a cabo esa discriminación en razón del lugar de nacimiento de una persona”.

Solo buscan “generar enfrentamiento”

Padilla ha incidido en que lo único que hacen con estos anuncios y con estas medidas es “generar enfrentamiento” en la sociedad y también “entre empresarios, entre el sector económico, el agrario, la Conferencia Episcopal, Cáritas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales” porque todos ellos están “dando una lección al Partido Popular de cómo hay que gestionar la inmigración en nuestro país”, que no sigue el modelo que Vox ni el PP “quieren implantar”.

Según ha manifestado, el PP, en lugar de escuchar a la sociedad, al empresariado, a los sindicatos o a Cáritas, ha decidido “agarrarse al brazo de Vox” y esto “es muy grave”. Y al hilo de ello, ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, no solo se desmarca en este ámbito sino que “siempre que tiene oportunidad elige a Vox, elige los discursos que enfrentan y que generan odio en nuestra sociedad”.

“Hemos tenido varios ejemplos en Castilla-La Mancha y estoy segura que si de él dependiera, volviera a ocurrir, porque, de hecho, cada vez que tiene oportunidad, muestra ese deseo de llegar a acuerdos, a pactos con Vox”, ha finalizado.

“¿Alguien me puede explicar del PP y Vox en Castilla-La Mancha por qué en Extremadura han pactado que en esa región tengan 65 diputados (el doble que en Castilla-La Mancha) siendo la mitad de habitantes?”. Es la pregunta que este viernes ha planteado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, después de conocer el texto del acuerdo suscrito entre ambas formaciones en la vecina comunidad extremeña para permitir al configuración del Gobierno regional, cuatro meses después de las elecciones autonómicas.

En diciembre de 2025, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, propuso reducir el número de diputados de la Asamblea regional de los 65 actuales a 33, los mismos que tienen ahora las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo justificaba en la necesidad de reducir el “gasto en política” que, según dijo el bipartidismo de PSOE y PP “engorda” constantemente.

Sin embargo, en el pacto de Gobierno suscrito ayer mismo entre PP y Vox para facilitar el Gobierno en Extremadura, este aspecto no aparece.

Sergio Gutiérrez se ha preguntado por las razones que han llevado al PP castellanomanchego a romper el pacto suscrito con el PSOE para reformar el Estatuto de Autonomía, dando marcha atrás a la posibilidad de que el Parlamento regional pase de poder tener un máximo de 35 diputados (ahora tiene 33) a un máximo de 55, según el texto de la reforma. “¿Cómo es posible que permitan que Tellado [en alusión al secretario general del PP nacional] humille el pacto firmado entre todos en Castilla-La Mancha, con un argumento que no sostienen en las regiones vecinas?”, ha comentado en una publicación a través de las redes sociales

El secretario de Organización de los socialistas en la región cree que el presidente de PP castellanomanchego, Paco Núñez, “debería dimitir por su traición al pacto del Estatuto de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, el pacto extremeño ha pemitido a María Guardiola volver a gobernar en Extremadura, “donde Vox pidió reducir diputados y no lo ha permitido el PP” y eso, cree, demuestra que los 'populares' en Castilla-La Mancha “son unos títeres intervenidos por Tellado”.

El PSOE anunció que esperará a la celebración de las elecciones en Andalucía para retirar la reforma -cuyo texto está ahora varado en el Congreso de los Diputados, a la espera del debate de enmiendas- o seguir adelante con su tramitación.

El PP se mantiene: “No más diputados”

Sin embargo, la postura del Partido Popular castellanomanchego parece inamovible. Este viernes, a preguntas de los medios sobre este asunto recogidas por Europa Press, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha manifestado que él quiere que haya Estatuto de Autonomía pero no “que haya más diputados”, insistiendo en su intención de dejar la horquilla de parlamentarios donde estaba.

A juicio del líder regional del PP, la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha “está viva”, por lo que ha invitado a los socialistas a decir qué es lo que quieren hacer con este texto y a tramitarlo en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convocar la Comisión de Constitucional para ver las enmiendas que tanto el PP como otros partidos han presentado.

“Si alguien quiere romper el pacto, que lo diga. Pero es que el pacto está vivo, el Estatuto está vivo y se está tramitando en el Congreso de los Diputados”, ha subrayado el presidente regional del PP, quien ha asegurado que “comprar el argumentario del PSOE es muy peligroso” y que, en cualquier caso, el PSOE debe “explicar por qué no quiere tramitarlo en el Congreso”.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir hoy explicaciones sobre cómo gestiona Vox el dinero público y ha reprochado al líder regional David Moreno que no se pronuncie cuando otros dirigentes de su partido están reclamando cambios internos, más transparencia y la convocatoria de un congreso extraordinario en la formación ultra.

De igual forma ha pedido a Paco Núñez -presidente del PP de Castilla-La Mancha- que exiga a los alcaldes de su partido que gobiernan con Vox que investiguen cómo usa su socio de gobierno el dinero público.

Los socialistas se pronuncian así después de que la vicealcaldesa de Toledo y líder local de Vox en la capital volviese a pedir a su partido “más transparencia” sobre la gestión interna del dinero porque hay “dudas”, tal y como explicaba en una entrevista publicada este fin de semana el The Objetive. Inés Cañizares volvía a insistir en la necesidad de una reflexión interna apenas unas semanas después de firmar un manifiesto para exigir un congreso extraordinario.

Hoy el PSOE, a raíz de estas declaraciones, se pregunta “cuál ha sido el papel de David Moreno y de la Ejecutiva regional de Vox en Castilla-La Mancha y si van a ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre el destino y utilización de esos recursos” cuando el pasado mes de diciembre se conocía que habían destinado parte del dinero que la formación recibe por su representación en las Cortes de Castilla-La Mancha “para sufragar gastos de personal de la estructura nacional del partido”.

La Intervención del Parlamento autonómico detectó la práctica y eso provocó un cambio en el Reglamento que rige el funcionamiento de las Cortes regionales. Se aprobó una modificación con el fin de que los fondos públicos que reciben los grupos parlamentarios se dediquen exclusivamente actividades vinculadas a la política regional, sin que puedan desvivarse a otros fines, como por ejemplo mejorar las finanzas de los partidos nacionales.

Un dardo a Paco Núñez para investigar a sus socios de gobierno

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha dirigido también al Partido Popular. Ha dejado caer que esta misma práctica “se habría reproducido en distintos ámbitos municipales de Castilla-La Mancha”, donde los 'populares' gobiernan con Vox.

Los socialistas lanzan un dardo a Paco Núñez al que interpelan sobre la cuestión, sobre cómo está usando Vox el dinero en el ámbito local. “No puede seguir guardando silencio ante unos hechos que afectan directamente a instituciones en las que gobierna con Vox o ha sostenido acuerdos con esta formación”, señalan.

Los socialistas preguntan directamente al presidente regional del PP si va a pedir a sus alcaldes y alcaldesas que investiguen el uso del dinero de sus ayuntamientos por parte de Vox, o si, por el contrario, “va a continuar actuando como si no estuviera ocurriendo nada”.

“Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular”, señalan desde el PSOE regional.

Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular

Por otro lado, han apuntado a que una de las primeras comprobaciones “debería realizarse en municipios como Talavera de la Reina”, donde consideran necesario “esclarecer con detalle” cualquier actuación relacionada con el uso de los fondos públicos por parte de Vox. En aquella localidad, el teniente de alcalde es David Moreno, líder regional de la formación ultra.

“El dinero público es de los ciudadanos y ciudadanas, no de los partidos. Y quien haya utilizado recursos institucionales para fines ajenos a su función tendrá que dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades”.

Sin embargo, desde el PP, la secretaria general Carolina Agudo se ha limitado a decir que su formación no valora los asuntos internos de otros partidos.

La grieta de Vox sigue agrandándose

Los socialistas consideran que la “crisis abierta de Vox ya no puede ocultarse” y creen que la situación ha ido escalando en los últimos meses.

Sobre la falta de transparencia, el runrún interno en Vox, han recordado varios casos que consideran “de enorme gravedad” como las supuestas irregularidades contables de la asociación juvenil satélite de Vox, Revuelta, relacionadas con fondos destinados a víctimas de la dana y que llegaron a salpicar al diputado por Toledo en el Congreso, Manuel Mariscal.

Que la grieta se agranda en Vox lo ha vuelto a poner hoy en evidencia el portavoz de la extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que ha cargado contra Inés Cañizares, una de las más críticas en su exigencia de cuentas a su partido: “Cuando estuvo en las altas esferas del partido y vio cómo funcionaba, no se quejó absolutamente de nada”.

Izquierda Unida Castilla-La Mancha y Podemos han iniciado conversaciones para “construir una alternativa conjunta” que permita desbloquear el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía, ahora varado en el Congreso de los Diputados, después de que el PP diese un volantazo en su pacto con el PSOE y se negase a dar su visto bueno a una horquilla en el número de diputados en las Cortes regionales entre un mínimo de 25 y un máximo de 55. Los 'populares' introdujeron una enmienda para dejar el tope en 35 diputados y diputadas y eso ha provocado que la reforma entre en vía muerta, según ha reconocido hoy mismo el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Ante el panorama, IU y Podemos Castilla-La Mancha han acordado ofrecer una alternativa al PSOE. La propuesta para desbloquear la reforma se traduce en llegar a un máximo de 65 diputados, que permita “una mejor representación democrática” así como articular una mayoría en el Congreso de los Diputados frente a PP, y también a Vox que se ha negado desde el inicio a cambiar el Estatuto de Autonomía.

Lo ha anunciado hoy el coordinador de IU Castilla-La Mancha Pedro Mellado durante un acto en Ciudad Real. Ha explicado que, aunque la formación no considera que el número de diputados sea el principal problema de la comunidad autónoma, sí reconoce que la discrepancia sobre la horquilla de escaños se ha convertido en “el principal obstáculo” para avanzar en la reforma estatutaria.

En este sentido, Mellado ha señalado que Izquierda Unida ha iniciado conversaciones con Podemos para construir una alternativa conjunta que permita avanzar. “El objetivo es trasladar posteriormente esa propuesta al PSOE y articular una mayoría parlamentaria en el Congreso que deje atrás la oposición de Partido Popular y Vox”, ha comentado.

“Preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE retire la reforma

Desde IU han mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE valore retirar la reforma del Estatuto, tras las palabras de hoy del presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, una opción que, según Mellado, “no supone mantener la situación actual, sino dar un paso atrás” respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la universidad pública.

Como alternativa, en forma de enmienda al texto legislativo, Izquierda Unida plantea una horquilla que permita alcanzar hasta 65 diputados y diputadas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta cifra, según ha defendido Mellado, situaría a la comunidad en parámetros comparables a otras autonomías con población similar, como Euskadi o Canarias, que cuentan con 75 y 70 representantes, respectivamente.

Para la organización, esta ampliación “no solo responde a criterios de proporcionalidad, sino que permitiría mejorar la representación democrática de una comunidad de más de dos millones de habitantes, evitando escenarios de infrarrepresentación como el actual”.

La propuesta, señala IU, busca acercar posturas entre las distintas fuerzas progresistas y facilitar una mayoría similar a la que sostiene al Gobierno de España, con el fin de sacar adelante la reforma antes de que finalice el año.

Finalmente, Mellado ha subrayado que el nuevo Estatuto debe incorporar avances sociales clave, incluyendo medidas en materia de vivienda y derechos de las mujeres, además de garantizar un sistema de representación “más justa, más plural y más acorde a la realidad de Castilla-La Mancha”.

La derecha tradicional ha decidido blanquear a la extrema derecha. Ya casi no quedan tabúes, ni líneas rojas, ni siquiera el pudor de disimular. El PP parece haber asumido que, si quiere gobernar, tendrá que entregar a la extrema derecha todo lo que esta le exija: discurso, marco político y prioridades. No se trata solo de pactos puntuales o de cesiones tácticas; se trata de una aceptación de fondo. La derecha de siempre está cada vez más dispuesta a comprar el lenguaje, los enemigos y las recetas de la ultraderecha.

Las tres últimas elecciones autonómicas dejan lecturas bastante claras. La primera es que la izquierda haría bien en tomarse en serio el mensaje de las urnas. El PSOE, en particular, debería interpretar que no basta con refugiarse en la política nacional o internacional, en los grandes titulares o en la gestión desde arriba. El único camino posible pasa por volver al terreno: bajar al pueblo, al barrio, a la calle; reconstruir la política persona a persona, problema a problema. Escuchar más y proclamar menos.

La segunda lectura afecta a los partidos situados más a la izquierda del PSOE. La pérdida de representación debería servirles como advertencia definitiva: ir separados penaliza. La fragmentación no se percibe como pluralidad, sino como impotencia. Y cuando el electorado progresista siente que su voto no sirve para construir una alternativa sólida, opta por quedarse en casa. La división, una vez más, sale demasiado cara.

Mientras tanto, la derecha convencional parece haber elegido su camino. Está dispuesta a dar a la extrema derecha todo lo que pida, ya sea en forma de agenda cultural, de discurso agresivo o de políticas cada vez más deshumanizadoras. No solo pacta con ella: la normaliza. Y al hacerlo, contribuye a extender una forma de entender la política basada en el señalamiento constante, en la simplificación brutal de los problemas y en la explotación del malestar social.

Porque ahí está una de las claves de este momento: la extrema derecha recoge una parte importante del voto del malestar. Capitaliza la frustración, el enfado, la supuesta inseguridad y la presunta sensación de abandono. Pero en lugar de convertir ese malestar en soluciones reales, lo traduce en odio, en chivos expiatorios y en una política de confrontación permanente. Es un camino que bebe claramente de referentes como Donald Trump o Javier Milei: más ruido que respuestas, más propaganda que proyecto, más furia que humanidad.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario

Cabe preguntarse qué ocurriría si una parte de sus votantes se detuviera a pensar, a analizar con calma qué hay detrás de esas proclamas incendiarias. Quizá muchos no irían por ahí. Quizá descubrirían que detrás de esa supuesta rebeldía no hay una defensa de la gente común, sino una operación política al servicio de los de siempre, envuelta en un lenguaje bronco y provocador.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario. Porque cuando se aceptan sus marcos, cuando se asumen sus obsesiones y cuando se normaliza su retórica, lo que se deteriora no es solo el debate público: es la propia democracia.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado el pacto con Vox como vía legítima para alcanzar el Gobierno regional a partir de 2027 en un escenario sin mayorías absolutas y ha asegurado que no hará lo que, a su juicio, hizo Emiliano García-Page en 2015, cuando dijo que no pactaría con Podemos, que se incorporó a varias responsabilidades del Ejecutivo autonómico.

Lo hace después de que Alberto Núñez Feijóo haya asumido que el Partido Popular y Vox tienen que entenderse no solo para poder gobernar juntos en las comunidades autónomas -hay dos pactos pendientes en Aragón y en Extremadura- sino para después facilitar un hipotético acuerdo después de unas generales. 

El pasado domingo 22 de febrero en una conversación telefónica de una hora entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se reactivaron las negociaciones al máximo nivel en aquellas comunidades autónomas, según publica elDiario.es y ya hay un documento marco, en forma de decálogo, para llegar a acuerdos. En cualquier lugar. También en Castilla-La Mancha si llega el caso el año que viene. Aunque de entrada Abascal ha dicho que le suena “mal” lo del decálogo: “Es como si estuvieran negociando con salvajes”.

En todo caso, Paco Núñez se ha lanzado ya la ofensiva electoral de forma abierta, sabiendo que el líder de su partido da luz verde a ciertas cesiones para con el partido de ultraderecha.

Hoy mismo, el presidente del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, allanaba el camino del argumentario de los 'populares', cuando en una entrevista concedida a Europa Press apuntaba al crecimiento de Vox como clave para que Núñez desbanque a Emiliano García-Page de la Presidencia regional.

Horas después ha sido el propio Paco Núñez quien, en declaraciones a los medios, incidía en el asunto para subrayar que el PP ha dejado claros sus puntos de partida para alcanzar acuerdos: bajar impuestos, reducir la burocracia, desterrar lo que ha denominado “radicalismos desde el punto de vista de la ideología climática” - Vox habla directamente de que no existe el cambio climático- y que quiere trabajar por la generación de empleo. A su juicio, esos son planteamientos que comparte la mayoría de los vecinos de la región.

Ya da por hecho que se van a necesitar pactos y que no va a renegar de Vox como hizo Emiliano García-Page en 2015 con Podemos, una formación que terminó por entrar en el Ejecutivo autonómico. “Nosotros eso no lo vamos a hacer”, ha afirmado, asegurando que no dirá una cosa para hacer la contraria tras las elecciones, marcando también distancias con lo que hizo su compañera de filas extremeña María Guardiola, cuando dijo que antes de pactar con Vox se quitaría de enmedio. No fue así.

Nuñez reconoce que Vox es el que crece “de manera fuerte”

En su opinión, el PSOE “se está hundiendo”, tanto en encuestas como en resultados autonómicos, y ha citado como ejemplo los casos de Aragón y Extremadura, donde la suma del PP y Vox ha abierto la puerta a acuerdos de gobierno que podrían repetirse en Castilla-La Mancha.

Pero también reconoce que su partido tampoco va bien. Lo hace al señalar que el Partido Popular crece “levemente” mientras Vox lo hace “de manera fuerte”, lo que, a su entender, posibilita pactos de gobierno entre ambas formaciones. “Si la suma en este momento propicia que haya un cambio de gobierno, trabajaremos porque haya cambio de gobierno”, ha afirmado, reiterando que lo hará con condiciones “claras y sin mentir a los ciudadanos”, según recoge Europa Press.

Por la mañana, el secretario de Organización de los socialistas, Sergio Gutiérrez, había comentado que ve a un Paco Núñez “cada vez más débil”, bajo la tutela habitual del secretario general del PP nacional Miguel Tellado, muy presente en Castilla-La Mancha.

Gutiérrez ha asegurado que Bendodo “reemplaza” a Núñez, que el PP castellanomanchego es “una sucursal” y que el partido en la comunidad autónoma está “intervenido”.

El Gobierno regional critica que Núñez se “entregue” a Vox

Sobre estas declaraciones de Paco Núñez se ha pronunciado este miércoles la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, que ha afirmado que “el único clavo ardiendo al que tiene que agarrarse” el presidente del PP regional para alcanzar la Presidencia de la región en 2027, sea “entregarse a la ultraderecha, entregarse a Vox”.

Padilla también se ha referido al documento marco elaborado por Génova para negociar con Vox, del que “no se va a salir” el dirigente del PP, “porque ya saben que cuando les llaman obedecen incluso cumpliendo su palabra con la sociedad de Castilla-La Mancha, así que en este caso lo hará encantado”.

A juicio de Padilla, “lo que tiene que tener clara la sociedad de Castilla-La Mancha es que lo que ofrece el señor Núñez es un gobierno condicionado. Es la única posibilidad que él mismo reconoce que tiene de gobernar, porque reconoce que el presidente Page tiene un apoyo muy mayoritario”, y en este momento, según los sondeos que se conocen“, el socialista ”ampliaría la mayoría absoluta“.

Dicho esto, ha avisado de que “el dilema” que el propio Paco Núñez está planteando a la gente es el de elegir entre “un gobierno estable con autonomía propia para defender los intereses de Castilla-La Mancha o un gobierno condicionado, que es lo que está ofreciendo el señor Núñez”.

Aragón, Castilla y León o Andalucía se enfrentarán en los próximos meses a las elecciones autonómicas después de que Extremadura haya celebrado sus propios comicios adelantados en vísperas de la Navidad. Son varios espejos en los que puede mirarse (o no) Castilla-La Mancha. En esta comunidad la cita electoral autonómica no se producirá, salvo sobresalto, hasta mediados de 2027.

El runrún de la posibilidad de que PP y Vox sumen y arrebaten al PSOE de Emiliano García-Page la cómoda y única mayoría absoluta socialista de toda España no ha cesado desde mayo de 2023. En aquel entonces a las derechas les faltaron menos de 1.000 votos.

¿Qué puede ocurrir ahora que todo apunta a un cambio de ciclo, incluso en Castilla-La Mancha? El ‘popular’ Paco Núñez es más expresivo en este terreno que su homólogo en Vox, David Moreno. El presidente del PP ha convocado a los medios a un ‘cocido’ a la vuelta de las fiestas navideñas para hablar del ciclo electoral: del propio y del ajeno, es decir, de todo ese carrusel electoral autonómico en el que tampoco se descartan los comicios generales.

El PP castellanomanchego lleva meses pidiendo a Emiliano García-Page que provoque el adelanto electoral nacional usando los votos de los diputados socialistas por Castilla-La Mancha en forma de veto a Pedro Sánchez en el Congreso.

Paco Núñez ya se ve como presidente frente a un Gobierno regional “agotado, sin rumbo ni ideas”. Hasta lo ha escenificado en el mensaje de Navidad de este año. Mientras, en el PSOE los mensajes hacia el líder de la oposición pasan por pedirle que baje revoluciones de optimismo. Vox tiene su propia estrategia, la que marca Abascal.

¿Y qué ocurre en la llamada por algunos ‘izquierda alternativa’? Ni Sumar, ni Podemos, ni IU tienen representación actualmente en el Parlamento de Castilla-La Mancha. El resultado de las urnas en Extremadura deja ya algunas lecciones de cara a 2027, pero cada territorio es “un mundo”, tal y como reconocen estas formaciones políticas. También para los pactos a la izquierda del PSOE.

Podemos Castilla-La Mancha ya dijo horas después de las elecciones extremeñas que “existe un peligro real” de crecimiento “imparable” de PP y Vox, también en esta comunidad autónoma.

En opinión del partido morado “el PSOE ha comprado el marco a la derecha” y cree que faltan “políticas de izquierdas” para evitar que prolifere la “fábrica de ultraderechistas”. Su receta para evitarlo se centra, de momento, en cambiar la ley electoral de Castilla-La Mancha: llegar hasta los 47 escaños para las elecciones autonómicas de 2027 y crear una sexta circunscripción electoral única, como en Canarias, que englobe los restos de los votos de todas las provincias “para que no se pierda ni uno solo de los votos de las izquierdas”.

Nosotros no vamos a estar por la labor de llegar a acuerdos de última hora. Hay que trabajar con antelación y que la gente sepa bien qué es lo que planteamos

Pedro Mellado — Coordinador de IU Castilla-La Mancha

El coordinador regional de IU Pedro Mellado dice no estar sorprendido con lo ocurrido en Extremadura. “Era razonable pensar que iba a haber un avance de Vox”, apunta, frente a un PP cuyo discurso apenas se distingue ya del que tiene el partido ultra. Interpreta el “castigo” al PSOE en clave tanto nacional como regional. “También se veía venir”.

En cambio, lo ocurrido con Unidas por Extremadura (coalición de Podemos e IU) sí le ha resultado tan sorpresivo como grato, “sin caer en la euforia porque lamentablemente es inútil para evitar que Vox tenga capacidad de decisión”.

La mejor lección que llega desde la comunidad vecina, dice, son los acuerdos políticos de la izquierda que se han trabajado “de forma conjunta durante dos años”. Unos acuerdos que “ni han sido de última hora ni se han fraguado en los despachos” y en los que “no han interferido las estrategias de los partidos a nivel nacional”.  

Cree que eso lo ha premiado la ciudadanía y que es una fórmula a repetir, “sin tacticismos ni intereses fuera de la región”. Otra cosa es que eso sea posible en Castilla-La Mancha. De hecho, no lo ha sido en Aragón, la siguiente en el ciclo electoral. Allí las izquierdas no concurrirán en un único bloque a los comicios.

IU Castilla-La Mancha celebrará Asamblea Regional el próximo 31 de enero para marcar la línea política de cara a 2026 y 2027. La formación pide ser “prácticos” para llegar al electorado, y “para no aburrirles con nuestras historias”.

Pedro Mellado anuncia que habrá mano tendida “a todo el mundo”, reclama “honestidad” entre partidos de izquierdas y reconocer las posibilidades según la “implantación” de cada uno sobre el territorio con el fin de “sumar fuerzas”. Eso implica, apostilla, la necesidad de que no haya “imposiciones” y alude al “expediente de generosidad” de IU en este aspecto.

Eso sí, pide agilidad. “Nosotros no vamos a estar por la labor de llegar a acuerdos de última hora. Hay que trabajar con antelación y que la gente sepa bien qué es lo que planteamos”. Pone el tope para conseguirlo en el mes de septiembre de 2026. “Debe ser el momento para decir a la ciudadanía cómo nos vamos a presentar, quiénes son nuestros candidatos y candidatas y cuál es nuestro programa”. Para eso, añade, “todos debemos sentirnos también cómodos y reconocidos y saber que lo único que hay que repartir es trabajo”.

Movimiento Sumar pedía en las últimas horas del año 2025 un “giro claro” al Gobierno de Emiliano García-Page para “reforzar lo público”.

Jesús Plaza, coordinador de la formación política, dice sentirse “apenado” por el elevado porcentaje de extremeños que se quedaron en casa. “Deberíamos analizarlo todos y en particular el PSOE. No fue por apatía sino por desencanto”. Sumar no concurrió a estas elecciones, pero valora el trabajo realizado por Unidas por Extremadura. “Es el camino”.

Cree que la izquierda “debe reaccionar” frente a un “PSOE en shock” para “evitar asfaltar el camino a las derechas que donde mejor se mueven es en el fango” y critica la posición del presidente regional. “Su postura frente al Gobierno nacional está allanando el camino a la ultraderecha”.

Plaza pide “salir del fango con propuestas para que la gente se sienta protegida, con políticas de izquierda. De lo contrario seguirán cerrando la puerta y ahí es donde tiene espacio la ultraderecha”. Pone como ejemplo la situación de los jóvenes. “El 85% de los menores de 30 años no pueden acceder a una vivienda en Castilla-La Mancha. Algo estamos haciendo mal. La gente no se siente protegida y la extrema derecha sabe aprovecharlo enfangando y con mentiras”.

Sugiere la creación de una “mesa política” en la que incluso pueda llegar a sentarse el PSOE. “No puede ser que la gente esté en casa viendo las noticias y cómo nos tiramos los trastos a la cabeza, sin capacidad de llegar a acuerdos de mínimos”. En su opinión, “lo primero es el proyecto, de todos, después llegarán los nombres y apellidos”. Sin perder tiempo, pero “con paso firme”.

No puede ser que la gente esté en casa viendo las noticias y cómo en la izquierda nos tiramos los trastos a la cabeza, sin capacidad de llegar a acuerdos de mínimos

Jesús Plaza — Co-coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha

María Rodríguez coordina Movimiento Sumar de Castilla-La Mancha junto a Jesús Plaza desde febrero de 2025. Ella cree que se habla de una tendencia de cambio de ciclo político, hacia la derecha que no es tal, en particular en lo que tiene que ver con los jóvenes. “Trabajamos con gente muy joven que está participando de forma muy activa”, aunque se muestra cauta y advierte: “Si eso se produjese sería muy complicado avanzar en derechos”.

El trabajo para conformar un bloque progresista está iniciado. “Nuestra idea es aglutinar al máximo a la izquierda. Ya hemos trabajado con IU. No es una cuestión personal ni de siglas. El quebradero de cabeza está en cómo unirnos”, reconoce.

María Rodríguez relaciona la abstención electoral en Extremadura con “el bajón general en la izquierda”. Por eso cree que “hay que ilusionar de nuevo, hacer ver que nuestro trabajo es efectivo y viable para avanzar en derechos sociales”.

En Sumar se muestran optimistas. “Hay una buena posibilidad de crear una única candidatura de cara a 2027. Es la única manera de afrontar las elecciones, poniendo todo en el asador”.

“El objetivo no debe ser derribar al PSOE”

Tanto IU como Movimiento Sumar coinciden en una máxima: “El objetivo no debe ser derribar al PSOE, sino que tengamos un gobierno mucho amplio. Eso con seguridad permitirá atender problemas que ahora no se atienden”, dice Mellado.

“Sabemos que hay muchos socialistas desencantados con el presidente de Castilla-La Mancha, pero lo que no podemos hacer es hacer oposición al gobierno. No podemos estar perdiendo el tiempo ni provocar que la gente se quede en casa sin votar”, apostilla Jesús Plaza.

También miran hacia Podemos y su estrategia política autonómica. “En IU no somos seguidores de Emiliano García-Page, no ya del PSOE y ni mucho menos de la corriente nacional que intenta liderar, pero lo que está claro es que no queremos que PP y Vox gobiernen la región, o tener gobiernos al estilo de Madrid o Valencia. Nos pone los pelos como escarpias”, comenta Pedro Mellado. “Nosotros tenemos autonomía para poder llegar a acuerdos en el territorio, otros no lo sé. La única línea roja es que sean democráticos”.

A penes quatre dies després que Vox tombés el sostre de despesa balear aprovat pel PP, bloquejant d'aquesta manera els Pressupostos de 2026, l'Executiu de Marga Prohens nega que la legislatura estigui paralitzada, tanca les portes a la convocatòria d'eleccions anticipades i no descarta reprendre les negociacions amb el seu soci d'investidura per tirar endavant els comptes del proper any.

No només això. El Govern del PP ha aprovat aquest mateix divendres un dels seus decrets estrella, el que estableix un nou marc regulador dirigit a simplificar i agilitzar la tramitació de projectes estratègics, que la formació d'extrema dreta va dinamitar fa tot just dos mesos i que ara sí compta amb l'aval dels de Santiago Abascal arran d'una nova concessió dels conservadors: tal com exigia Vox, han quedat exclosos del text els projectes d'energies renovables -que hauran de tramitar-se per la via ordinària-, s'han suprimit les Zones d'Interès Autonòmic Energètic (ZIAE) i s'han retirat les al·lusions al canvi climàtic. Amb aquestes cessions, Prohens s'assegura la convalidació parlamentària de la norma.

En roda de premsa, el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu, Antoni Costa, ha asseverat que, malgrat el 'no' de Vox al sostre de despesa i la tensió entre tots dos partits, el Govern “segueix governant i aprovant iniciatives”, com en el cas del decret de simplificació. Sobre els pressupostos de 2026, ha assegurat que intentarà tirar-los endavant si es donen les circumstàncies per a això, malgrat que els últims dies el gabinet de Prohens admetia veure's abocat a prorrogar els comptes d'aquest any.

Costa ha insistit que a Balears no hi ha un escenari de bloqueig institucional, desviant l'atenció al Govern central. “Estem en la situació oposada”, ha insinuat: “Estem temporalment en pròrroga de pressupostos, però podem seguir aprovant normes. El que està bloquejat i inundat de corrupció és el Govern central, que és el que està tardant a convocar eleccions”.

En relació amb el decret al qual el Govern ha donat llum verda aquest divendres, el text és pràcticament idèntic al que va fracassar el 30 de setembre, quan els de Bambú van votar en contra del mateix en no veure atesa una de les seves exigències lingüístiques, palesa en una Proposició de Llei amb la qual pretenien blindar l'espanyol com a llengua vehicular en l'educació però traspassant els límits marcats pels conservadors a l'acord pressupostari que tots dos partits van rubricar al maig.

Preguntat sobre si aquesta manera de treballar -que un text sigui aprovat a Consell de Govern una vegada pactat amb Vox per a assegurar la seva convalidació- contempla aplicar-se a altres futures mesures, Costa ha asseverat que aquest divendres l'Executiu ha donat llum verda a un decret llei “cent per cent pactat amb Vox i amb garantia de convalidació en el Parlament enfront dels qui parlen de bloqueig”. “Avui s'ha aprovat un text que és bo per a les illes, amb consens suficient i amb garanties de convalidació”, ha incidit, recalcant que “aquesta és la manera de treballar que té el Govern: ho hem dit per activa i per passiva, sempre negociant iniciativa a Iniciativa”.

“Avui hem demostrat que podem arribar a acords. Per tant, satisfacció total del Govern”, ha remarcat.

 Vox, per la seva banda, ha celebrat haver frenat el que defineix com una “desregulació encoberta” destinada a facilitar la instal·lació “massiva” de renovables. “Hem evitat que Balears acabi com Andalusia, on el govern del PP està talant oliveres per instal·lar camps de plaques solars”, ha asseverat la portaveu parlamentària del partit, Manuela Cañadas.

Declaració de Projectes d'Especial Interès Estratègic

En concret, el decret torna a crear la figura dels Projectes d'Especial Interès Estratègic (PEIE), amb un marc únic per agilitzar i simplificar la tramitació administrativa i acompanyar tant projectes públics com privats. També es restitueix la Unitat Acceleradora de Projectes Estratègics (UAPE), integrada a l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, que actuarà com a finestreta única i oferirà seguiment i suport tècnic als promotors.

Els projectes podran ser declarats PEIE per volum d'inversió, creació d'ocupació o impacte transformador en el model econòmic balear. La declaració donarà accés a tramitació preferent, reducció de terminis, acompanyament tècnic, coordinació amb les diferents administracions i prioritat a l'hora d'optar a finançament.

Abans que Vox tombés al setembre el decret, el Govern va declarar com a projecte d'especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, a Mallorca, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo, una decisió que atorga un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les illes.

El Govern de Prohens intenta ara tancar la crisi oberta amb Vox arran del bloqueig pressupostari, al temps que evita projectar una imatge de paràlisi institucional. Amb la pretesa pròrroga dels comptes de 2025 i el nou acord subscrit amb l'extrema dreta, l'Executiu sosté que té marge per seguir legislant sense necessitat d'acudir anticipadament a les urnes.

Apenas cuatro días después de que Vox tumbase en sede parlamentaria el techo de gasto balear aprobado por el PP, bloqueando de este modo los Presupuestos de 2026, el Ejecutivo de Marga Prohens niega que la legislatura esté paralizada, cierra las puertas a la convocatoria de elecciones anticipadas y no descarta reanudar las negociaciones con su socio de investidura para sacar adelante las cuentas del próximo año.

No solo eso. El Govern del PP ha aprobado este mismo viernes uno de sus decretos estrella, el que establece un nuevo marco regulador dirigido a simplificar y agilizar la tramitación de proyectos estratégicos, que la formación de extrema derecha dinamitó hace apenas dos meses y que ahora sí cuenta con el aval de los de Santiago Abascal tras una nueva concesión de los conservadores: tal como exigía Vox, han quedado excluidos del texto los proyectos de energías renovables -que deberán tramitarse por la vía ordinaria-, se han suprimido las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y se han retirado las alusiones al cambio climático. Con estas cesiones, Prohens se asegura la convalidación parlamentaria de la norma.

En rueda de prensa, el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, ha aseverado que, pese al veto de Vox a las cuentas públicas y la tensión entre ambos partidos, el Govern “sigue gobernando y aprobando iniciativas”, como en el caso del decreto de simplificación. Sobre los presupuestos de 2026, ha asegurado que intentará sacarlos adelante si se dan las circunstancias para ello, a pesar de que en los últimos días el gabinete de Prohens admitía verse abocado a prorrogar las cuentas de este año.

Costa ha insistido en que en Balears no existe un escenario de bloqueo institucional, desviando la atención al Gobierno central. “Estamos en la situación opuesta”, ha deslizado: “Estamos temporalmente en prórroga de presupuestos, pero podemos seguir aprobando normas. El que está bloqueado e inundado de corrupción es el Gobierno central, que es el que está tardando en convocar elecciones”.

En relación con el decreto al que el Govern ha dado luz verde este viernes, el texto es prácticamente idéntico al que fracasó el 30 de septiembre, cuando los de Bambú votaron en contra del mismo tras no ver atendida una de sus exigencias lingüísticas, plasmada en una Proposición de Ley con la que pretendían blindar el español como lengua vehicular en la educación pero traspasando los límites marcados por los conservadores en el acuerdo presupuestario que ambos partidos rubricaron en mayo.

Preguntado sobre si esta forma de trabajar -que un texto sea aprobado en Consell de Govern una vez pactado con Vox para asegurar su convalidación- contempla aplicarse a otras futuras medidas, Costa ha aseverado que este viernes el Ejecutivo ha dado luz verde a un decreto ley “cien por cien pactado con Vox y con garantía de convalidación en el Parlament frente a quienes hablan de bloqueo”. “A día de hoy se ha aprobado un texto que es bueno para las islas, con consenso suficiente y con garantías de convalidación”, ha incidido, recalcando que “esta es la forma de trabajar que tiene el Govern: lo hemos dicho por activa y por pasiva, siempre negociando iniciativa a Iniciativa.

“Hoy demostramos que podemos llegar a acuerdos. Por lo tanto, satisfacción total del Govern”, ha remarcado.

 Vox, por su parte, ha celebrado haber frenado lo que define como una “desregulación encubierta” destinada a facilitar la instalación “masiva” de renovables. “Hemos evitado que Balears acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares”, ha aseverado la portavoz parlamentaria del partido, Manuela Cañadas.

Declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico 

En concreto, el decreto vuelve a crear la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), con un marco único para agilizar y simplificar la tramitación administrativa y acompañar tanto proyectos públicos como privados. También se restituye la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, que actuará como ventanilla única y ofrecerá seguimiento y apoyo técnico a los promotores.

Los proyectos podrán ser declarados PEIE por volumen de inversión, creación de empleo o impacto transformador en el modelo económico balear. La declaración dará acceso a tramitación preferente, reducción de plazos, acompañamiento técnico, coordinación con las distintas administraciones y prioridad a la hora de optar a financiación.

Antes de que Vox tumbara en septiembre el decreto, el Govern declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, en Mallorca, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo, una decisión que otorga un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las islas.

El Govern de Prohens intenta ahora cerrar la crisis abierta con Vox tras el bloqueo presupuestario, al tiempo que evita proyectar una imagen de parálisis institucional. Con la pretendida prórroga de las cuentas de 2025 y el nuevo acuerdo suscrito con la extrema derecha, el Ejecutivo sostiene que tiene margen para seguir legislando sin necesidad de acudir anticipadamente a las urnas.

La direcció nacional del PP ha deixat en mans de la presidenta de Balears, Marga Prohens, la decisió de celebrar un possible avenç electoral després que Vox i el conjunt dels grups d'esquerres tombessin el seu sostre de despesa, un pas imprescindible per poder aprovar els pressupostos de 2026. La nova crisi entre populars i el seu soci d'investidura torna a posar en risc la tramitació dels comptes i obre una nova fase d'inestabilitat per a l'Executiu regional.

En ser preguntada sobre si podrien convocar-se comicis anticipats en comunitats en les quals, com en el cas de Balears, l'extrema dreta està posant traves a l'aprovació dels pressupostos del proper any, la portaveu parlamentària del PP, Ester Muñoz, ha derivat la responsabilitat als seus presidents autonòmics, al·legant que són qui tenen la capacitat i la legitimitat jurídica per poder convocar eleccions.

Així i tot, la diputada ha deixat clar a qui responsabilitza de l'actual situació: “Vox ha de decidir què vol ser de gran: si afavorir governs que no siguin d'esquerres o jugar al joc del PSOE”.

A l'arxipèlag, la Càmara autonòmica va ser testimoni de la caiguda del sostre de despesa no financera de la comunitat autònoma, contra el que es van alçar Vox i l'esquerra entre acusacions de ser -els conservadors- “un veritable timo” i “una estafa”. Com en altres autonomies governades en minoria pel PP, al gabinet de Prohens no li estan sortint els números per tirar endavant els seus tercers pressupostos de la legislatura, un fet que el vicepresident primer de l'Executiu balear, Antoni Costa, focus dels retrets que els grups van llançar en la sessió d'ahir, va atribuir a ordres directes procedents de les seus nacionals de PSIB-PSOE i extrema dreta i no a “discrepàncies tècniques ni divergències econòmiques”.

La dirección nacional del PP ha dejado en manos de la presidenta de Balears, Marga Prohens, la decisión de celebrar un posible adelanto electoral tras el varapalo sufrido este martes por el Ejecutivo autonómico al ver tumbado su techo de gasto -un paso imprescindible para poder aprobar los presupuestos de 2026-, con los votos en contra de Vox y el conjunto de los grupos de izquierdas. La nueva crisis desatada entre populares y su socio de investidura vuelve a poner en riesgo la tramitación de las cuentas y abre una nueva fase de inestabilidad para el gobierno regional.

Al ser preguntada sobre si podrían convocarse comicios anticipados en comunidades en las que, como en el caso de Balears, la extrema derecha está poniendo trabas a la aprobación de los presupuestos del próximo año, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha derivado la responsabilidad a sus presidentes autonómicos, alegando que son quienes tienen la capacidad y la legitimidad jurídica para poder convocar elecciones.

Aun así, la diputada ha dejado claro a quién responsabiliza de la actual situación: “Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor: si favorecer gobiernos que no sean de izquierdas o jugar al juego del PSOE”.

En el archipiélago, la Cámara autonómica fue testigo de la caída del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se alzaron Vox y la izquierda entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos lanzaron en la sesión de ayer, atribuyó a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

El Parlament balear ha sido testigo este martes del acorralamiento al que Vox y la izquierda han sometido al PP a cuenta del debate del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se ha alzado -excepto la bancada del Grupo Popular- la totalidad de la Cámara entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Marga Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos han lanzado en la sesión de hoy, ha atribuido a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

Pese a que los populares comparecían en el pleno dando por perdido el techo de gasto -que ha sido rechazado con 30 votos en contra y 28 a favor- a tenor del desenlace de las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha aseverado que, al inicio de las mismas, dejaron “muy claras” las dos condiciones que su formación puso sobre la mesa: que las conversaciones únicamente versasen sobre cuestiones presupuestarias, rechazando así que se convirtieran en un “intercambio de cromos”, y que se desarrollasen “con la voluntad de aprobar los presupuestos”. “No queríamos negociaciones de cartón-piedra, no queríamos conversaciones disimuladas y no queríamos escenificaciones para justificar posicionamientos ideológicos que ya venían dictados desde fuera de Balears”, ha incidido. 

Costa ha subido al atril reconociendo sin paliativos que el PP no ha logrado recabar los apoyos suficientes para sacar adelante una medida indispensable para dar luz verde a los próximos presupuestos y, como ya dejó entrever en noviembre, admitiendo que el Ejecutivo deberá prorrogar las cuentas de 2025. Pese a ello, el vicepresidente ha puesto en valor el fallido límite de gasto que aprobó el Consell de Govern el pasado 17 de octubre, cifrado en 6.924 millones de euros -361 millones más respecto a este año-, lamentando en su intervención que PSIB y Vox hayan “bloqueado” unos presupuestos que, entre otras cuestiones, pretendían “responder a la realidad actual de Balears, que afronta un incremento constante de presión demográfica sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales y que necesita más profesionales, más infraestructuras y más inversión de manera inmediata”.

“Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Balears no tenga presupuestos a que este Govern haga su trabajo”, ha criticado, deslizando que “la decisión ya estaba tomada de antemano” y que “el 'no' estaba garantizado”.

En respuesta, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha iniciado su intervención entre risas y felicitando a Costa por su “nominación a los Goya de este año como actor”, ha considerado que las cuentas autonómicas están “otra vez configuradas por la irresponsabilidad de un gobierno que ha convertido la gestión pública en una sucesión interminable de excusas, mentiras y deslealtades, pero con una diferencia [respecto a las negociaciones de las cuentas de 2025] que debe grabarse a fuego en las actas de esta Cámara”: “El escenario ha cambiado drásticamente porque la confianza se ha roto”. “Cuatro meses después de haber cerrado unos presupuestos que nacieron tardíos y con fecha de caducidad, nos encontramos en esta situación y a los ciudadanos les debemos la verdad. No olvidemos ni permitamos que se olvide que en diciembre de 2024 tuvimos la obligación ética y política de tumbar sus cuentas. No fue un capricho, fue un acto de legítima defensa de la dignidad parlamentaria”, ha remarcado.

Vox: “Nuestra posición es inamovible”

Su negativa a apoyar tanto el techo de gasto como unos eventuales futuros presupuestos se basa, ha aseverado, en una razón “demoledora y simple”: “Ustedes -dirigiéndose a la bancada del PP- han demostrado carecer del activo más valioso y fundamental para gobernar con legitimidad: la palabra, el compromiso y la lealtad con sus socios preferentes y con los ciudadanos que les dieron su confianza”. La dirigente de extrema derecha ha asegurado que desde su partido no van a “entrar más en su juego de trampas” ni a “permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices llegadas de la calle Génova”: “Nuestra posición es inamovible. No podemos, no debemos y no vamos a apoyar este techo de gasto ni a avalar unos futuros presupuestos”.

Pese al rechazo frontal de los de Abascal, el vicepresidente del Ejecutivo regional, en su siguiente turno de palabra, les ha tendido la mano para iniciar una nueva negociación aunque en estos momentos no se den las circunstancias para ello. “Si algún día están en disposición, de verdad, de negociar un techo de gasto y unos nuevos presupuestos, el Govern estará ahí”, ha apuntado: “Lo seguiremos intentando hasta que lo consigamos”.

El PSOE niega haber “llamado a Ferraz”

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al PP de “no querer llegar a un acuerdo” con los socialistas: “A cada negociación iba añadiendo nuevas reglas”, ha espetado, ironizando que nunca ha negociado ninguna medida “para finalmente conseguir que no se apruebe”. “Yo creo que hay que elogiar su arte de negociar para que algo no se consiga, como el techo de gasto. Le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido plenamente su objetivo. No quería techo de gasto porque no quería negociar unos presupuestos de verdad”, ha continuado. En esta línea, ha expresado que llegó a “pensar que estábamos negociando y me lo tomé en serio”.

En su intervención, el socialista ha asegurado que las dos únicas condiciones “económicas” que su grupo puso sobre la mesa fueron cuestiones que el ganinete de Prohens ya había propuesto: la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. En esta línea, ha asegurado que en ningún momento se le ocurrió “hacer una llamada telefónica a Ferraz” para negociar esas medidas y, en cambio, sí optó “por escuchar a la presidenta del Govern”, cuya ausencia en la sesión de este martes ha afeado: “Ella es la que no quiere escuchar el debate del techo de gasto. Se ha ido a Madrid para participar en un congreso nacional de policías. El resto estamos aquí para debatir sobre lo que es importante para esta comunidad autónoma”.

Las negociaciones, “puro teatro”

A continuación, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha referido a las discrepancias ideológicas que le separan del PP en cuanto al techo de gasto después de que Costa reprochara a la formación ecosoberanista, a Més per Menorca y a Unidas Podemos “haber descartado desde el primer momento cualquier posibilidad de acuerdo”, lo que para el vicepresidente es una “posición legítima” y una postura “coherente con su ideario”, pero no “una posición responsable ni beneficiosa, porque renuncian al diálogo y no contribuyen a la mejora del bienestar de la ciudadanía de estas islas”.

El ecosoberanista ha recriminado que el Govern no tenía intención de aprobar el techo de gasto por cálculo electoralista. “Si ahora digo que los cuatro diputados de Més per Mallorca votamos a favor, le da tal parraque que no hay quien le levante de la silla”, ha ironizado.

En esta línea, Josep Castells, de Més per Menorca, ha criticado la forma de conducir las negociaciones por parte del Ejecutivo del PP y el hecho de que, a su juicio, éste nunca ha tenido intención de materializar acuerdo alguno. Para el menorquinista, las negociaciones han sido “puro teatro”, recordando que el Govern “no aceptó absolutamente ninguna” de las medidas que propuso a cambio de apoyar el techo de gasto. “Ahora yo le pregunto: ¿qué estaba dispuesto a ceder en las negociaciones? Nos dijo que los impuestos son intocables. ¿Qué quería usted negociar?”. En su réplica, Costa ha aseverado que lo citó a las negociaciones “por el respeto” que le debe “como diputado de esta Cámara y como portavoz del grupo parlamentario”, espetando a continuación al ecosoberanista: “A la próxima me lo pensaré dos veces”.

El portavoz de Unidas Podemos, José María García, por su parte, ha lamentado las políticas fiscales del Ejecutivo, justificando su rechazo al techo de gasto en el hecho de que las políticas del Govern “no se hacen por el bien de la ciudadanía”. El parlamentario de la formación morada ha apuntado que, en el marco de las negociaciones con el grupos, mantuvo una “cordial y breve charla” en la que emplazó al Ejecutivo a recuperar el impuesto de sucesiones “para que al menos no se repitiera la indecencia” de que los tres mayores herederos de las islas “hayan escatimado a las arcas públicas 55 millones de euros cada uno, que suponemos que no habrán ido a la economía productiva del país”.

“Seguramente se lo estén gastando en ladrillo o a lo mejor son de esos que compran las cosas con ese dinero”, ha señalado García, quien ha abundado en que la intención de su partido pasa por recuperar las figuras fiscales que suprimió el Govern de Prohens nada más arrancar la legislatura “para que pague más el que más tiene”.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha reconocido que confiaba en una sorpresa de última hora, aunque ha lamentado que se ha confirmado que PSIB y Vox “no iban en serio y que solo lanzaban envites para ganar tiempo”. Respecto a los de Abascal, los ha acusado, en línea de Costa, de no apoyar el techo de gasto porque “no cuentan con la autorización de Bambú”, mientras que ha achacado el 'no' del PSOE a la “debilidad” del partido a nivel nacional y del Gobierno central. “La pregunta que tendríamos que hacernos es por qué en todas las comunidades en las que el PP gobierna en minoría, Vox ha votado en contra de los presupuestos”, ha abundado después el vicepresidente, quien ha defendido que el Govern ha cumplido “al pie de la letra” todos los acuerdos rubricados con la formación de extrema derecha. “No sé si Vox puede decir lo mismo”, ha sentenciado.

Un teleférico con dos líneas junto al Casco Histórico de Toledo, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es la propuesta de Vox, que gobierna en la capital de Castilla-La Mancha junto al PP.

Una de las líneas uniría la zona de aparcamiento junto a la actual estación del AVE con el Miradero, a unos pasos de la plaza de Zocodover, y la otra tendría un carácter más turístico, a modo de paseo panorámico de la ciudad, sobre el Tajo.

Al menos ese es el proyecto que, según avanzaba esta semana La Tribuna de Toledo, está sobre la mesa de Vox, que gestiona el Urbanismo de la ciudad, aunque poco más ha trascendido sobre la idea. Las empresas que lo han presentado, y con las que ha contactado elDiario.es Castilla-La Mancha, no han dado detalles, de momento.

Fue una de las propuestas de Vox durante el pasado año, en el debate sobre el estado de la ciudad de Toledo. El PP no se opuso, aunque tampoco hace gala de la idea. A principios de este mes de noviembre la formación ultra dijo que el proyecto “está a punto de salir a la luz” y pidió a la oposición, PSOE e IU, no impacientarse: “Podrán subir en él”. Desde el PP, siguen sin pronunciarse abiertamente a favor.

Y no solo ocurre con este proyecto. Este año, la idea que ha lanzado Vox pasa por colocar una noria gigante sobre la zona conocida como Vega Baja de Toledo, extramuros, y en el lugar sobre el que se asientan los restos de la ciudad visigoda. Desde la formación de Santiago Abascal han llegado a expresar dudas de que existan los restos arqueológicos para justificar la noria.

Su socio de gobierno, el PP, no parece tenerlo claro. Se abstuvo al votar la idea de la noria en el pleno municipal en el que se habló de la cuestión. Toledo se juega en la actualidad ser Capital Europea de la Cultura en 2031, uno de los proyectos estrella de Carlos Velázquez.

Las propuestas de la formación ultra no resultan raras teniendo en cuenta que el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ya defendía en una entrevista con este medio en junio de 2024 que el Casco Histórico es demasiado “pétreo”. Su apuesta pasa por cambiarlo, ya sea con teleféricos, norias gigantes o edificios más 'modernos' que rompan con la estética actual.

Se plantea incluso con el trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo. Tanto el alcalde Carlos Velázquez, como el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page se niegan a que la futura línea férrea, “un escalextric”, como llegó a decir Page, rompa el cono visual de la ciudad y por eso apuestan por una segunda estación lejos del centro de la ciudad.

Lo que plantea Vox es todo lo contrario: hay que mantener una sola estación y si la línea hacia Lisboa rompe la visual sobre el Casco Histórico es lo de menos.

La fricción con la Zona de Bajas Emisiones o el presupuesto 2026

El teleférico, la noria e incluso el trazado del AVE Madrid-Lisboa son tan solo algunos detalles de la fricción entre PP y Vox de los últimos tiempos, aunque no son los únicos y quizá ni siquiera los más importantes. Este lunes Vox mostraba su negativa a aprobar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para Toledo.

Un desencuentro con el que el alcalde Carlos Velázquez dijo estar “decepcionado” y pidió “responsabilidad” a su socio. El edil ha advertido que no solo se perderán los fondos europeos correspondientes, sino que además supondrá incrementar el precio de los autobuses urbanos si ya no se cuenta con esas subvenciones de la Unión Europea.

En paralelo, hace una semana se aprobó el calendario de tramitación del presupuesto municipal, con más de 117 millones de euros para 2026, con el objetivo de que la cuentas estén aprobadas en pleno el próximo 18 de diciembre, según informa Toledodiario.es. Y lo cierto es que tampoco cuentan con el visto bueno de Vox preceptivo para que el PP pueda aprobarlo. De momento.

La formación ultra pide mover una partida de 400.000 euros: que se aminore el dinero destinado a cooperación al desarrollo o a las asociaciones de vecinos, e incluso a los propios grupos políticos, mientras el alcalde llama a “la responsabilidad” de su socio de Gobierno.

El alcalde 'tira la caña' a la líder local de Vox para que pase al PP

Lo más curioso es que, en los últimos días, el alcalde Carlos Velázquez (PP) se planteaba fichar a su vicealcaldesa, Inés Cañizares, de Vox, para incluirla en las listas 'populares' de cara a las elecciones municipales de 2027.

Velázquez, que también es presidente del PP en la provincia de Toledo, se mostraba abierto ante esta posibilidad preguntado al respecto en un desayuno informativo del medio digital Encastillalamancha.es. “Cuando llegue el momento, lo veremos”, afirmaba, añadiendo posteriormente que la pregunta también “habrá que hacérsela a ella”.

 “Jamás me afiliaría al PP. Otra cosa es que yo pueda pactar -con Velázquez- desde una postura independiente. Son cosas distintas”, respondía ella a preguntas de Toledodiario.es.

La actual presidenta del Grupo Municipal de Vox y vicealcaldesa tampoco descarta una posible incorporación a la candidatura 'popular' para 2027.

El pasado mes de septiembre Inés Cañizares se convirtió en una de las caras visibles, como tesorera, del proyecto del 'ex' de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. La 'asociación cultural' Atenea que se presentaba el ex dirigente de la formación ultra en Madrid, meses después de abandonar Vox, tras su desencuentro con la dirección del partido que él mismo ayudo a fundar, y en el que formaba parte del llamado sector liberal.

Vox perderá uno de sus cuatro concejales en el Ayuntamiento de Ciudad Real este viernes si no cambian las tornas. Regino Pérez, siguiente en la lista con la que el partido ultra concurrió a las elecciones municipales en el Ayuntamiento en 2023, tomará posesión de su acta de concejal en el Pleno ordinario de este viernes, pero lo hará como no adscrito, tras haberse desvinculado del partido por desavenencias internas.

Según ha adelantado COPE y ha confirmado Europa Press a través de Vox, Pérez, que ocupaba el número seis en la candidatura municipal, sustituirá a Luis Alberto Marín, quien presentó hace unas semanas su renuncia como edil y también como vicepresidente quinto de la Diputación Provincial, aunque negó diferencias con el partido.

El número tres de la lista, Luis Blázquez, no llegó a tomar posesión de su cargo al ser elegido diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que permitió la entrada en el Pleno de la número cinco, Fátima de la Flor.

La llegada de Regino Pérez como no adscrito dejará a Vox con menor representación en el Ayuntamiento de Ciudad Real, donde compartía oposición con el Grupo Socialista y con Ciudadanos, tras la ruptura del pacto de gobierno PP-Vox a raíz de sus discrepancias con la distribución entre escolares de un cuadernillo para colorear que hablaba sobre los diferentes tipos de familias. Un concepto de el PP acepta pero Vox no y presentó una demanda ante los tribunales a través de Abogados Cristianos que han perdido de forma reciente.

El PP podría alcanzar mayoría y Vox habla de “transfuguismo”

Con la llegada de Regino Pérez como concejal no adscrito, la aritmética municipal cambia en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

El Partido Popular, que gobierna con 11 concejales, podría alcanzar la mayoría absoluta (13 votos) si logra el apoyo de Ciudadanos y del nuevo concejal no adscrito, lo que le permitiría sacar adelante iniciativas y proyectos que requieran la mayoría.

Desde Vox, su portavoz Ricardo Chamorro ha denunciado, en rueda de prensa, la “colaboración del PP con el transfuguismo” en Ciudad Real, calificando la situación como “una maniobra inmoral, contraria al reglamento y un fraude político a los votantes”.

“Los ciudadrealeños votaron una candidatura de Vox compuesta por cuatro concejales electos. Ese fue el mandato claro de las urnas. Ahora se rompe la voluntad popular con la ayuda de un concejal tránsfuga, según se ha anunciado, después de varias reuniones de este concejal con el PP”, ha afirmado Chamorro.

El partido recuerda que el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROPAG) establece que los concejales sustitutos deben integrarse en el grupo por el que fueron elegidos, y que cualquier alteración debe comunicarse al Pleno, por lo que acusan al PP de “quebrar esa norma y degradar la vida institucional”.

El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado a conocer este viernes que los tribunales han rechazado la demanda presentada por la Fundación Abogados Cristianos por el reparto del cuadernillo infantil 'Mandalas con valores' entre los alumnos participantes en un programa de visitas al consistorio capitalino, en febrero de este año.

Un cuadernillo para colorear en el que se reflejaban distintos tipos de familias, más allá de la tradicional, y que el entonces socio de Gobierno del PP en el ayuntamiento, Vox, criticó al considerar que “adoctrinaba” a los niños y niñas. Aquello provocó la ruptura del pacto de Gobierno PP-Vox en Ciudad Real y, desde entonces, los 'populares' gobiernan en minoría.

Ahora la sentencia judicial, según el PP, ha desestimado la demanda de la Fundación Abogados Cristianos, “sin posibilidad de recurso y con condena de costas” por el reparto del cuadernillo infantil.

El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, ha recordado que el procedimiento se inició a instancias de Ricardo Chamorro, portavoz de Vox y en aquel momento teniente de alcalde en el equipo de Gobierno de Francisco Cañizares, al que ahora se pide “irse y dejar de estorbar”.

“No se evidencia vulneración del deber de neutralidad ideológica”

La sentencia señala, según el PP, que “no se evidencia vulneración del deber de neutralidad ideológica del Ayuntamiento, ni contradicción con el interés superior de los menores”. El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, ha recibido con satisfacción la noticia, afirmando que “refuerza el compromiso con el fomento de los valores de educación, tolerancia y respeto a la diversidad en los que basa su política el equipo de gobierno”.

Arroyo ha afirmado que el procedimiento judicial de Abogados Cristianos comenzó y fue promovido por el concejal de Vox, Ricardo Chamorro, que “ha demostrado que sigue estando en contra de los intereses del Ayuntamiento y también en contra de las familias de Ciudad Real”. La respuesta de la Justicia, subraya el portavoz, viene a demostrar que “Chamorro está permanentemente en la confrontación entre los ciudadanos”, sin importarle los intereses de Ciudad Real.

Y aludiendo a declaraciones recientes del edil de Vox en las que cuestionaba las referencias morales del equipo de gobierno municipal, Guillermo Arroyo considera que este respaldo judicial a la política del ayuntamiento “supone un nuevo revés a la postura de rechazo a las iniciativas municipales que mantiene Chamorro en el consistorio” y por eso le ha hecho un llamamiento a reflexionar al respecto de su situación: “Qué mejor moralidad que cuando uno se equivoca, lo mejor es irse y dejar de estorbar”.

Vox ha advertit que no donarà suport al sostre de despesa aprovat divendres passat pel Govern del PP si aquest no dóna resposta als acords assolits entre ambdues formacions. “Primer que compleixin el que han de complir i després, si volen parlar del sostre de despesa, ens asseurem”, ha asseverat aquest dilluns la portaveu parlamentària del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas, qui ha retret la “supèrbia” i el “llenguatge agressiu” mostrats, en la seva opinió, pel vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.

En aquest sentit, Cañadas ha acusat l'Executiu d'actuar “com si tingués majoria absoluta” i de “no voler negociar”, recordant una vegada més als conservadors que el PP “governa gràcies al suport de Vox”. Amb tot, ha avançat que acudirà a les negociacions del sostre de despesa -pas previ a l'elaboració dels Pressupostos autonòmics- si el Govern els convoca, admetent que la seva formació continua en l'oposició. “Vox no anirà darrere, per la qual cosa serà el Govern qui proposi una reunió, però amb aquesta actitud sembla que no vol negociar”, ha defensat.

La portaveu ha instat així el vicepresident Costa a mostrar “millor tarannà” i “respecte cap als votants de l'oposició”, i ha reclamat que s'estableixi un calendari per complir els acords subscrits amb Vox. Cañadas ha acusat a més el PP d'“entrar en campanya electoral” malgrat que encara queda any i mig per al final de la legislatura, llevat que “estiguin pensant en un avançament electoral”, un extrem que els populars descarten. “Si algú creu que aquest Govern tirarà la tovallola, quedarà parat i no farà res més, va molt equivocat”, va manifestar Costa a principis d'octubre.

La setmana passada, Cañadas va recriminar que el Govern presumeix d'haver complert amb el 90% del seu programa electoral quan “no s'ha complert ni el 3%” del de Vox. En ser preguntada sobre les condicions que els de Santiago Abascal posen sobre la taula per a donar el seu suport al sostre de despesa, la portaveu va al·ludir a les seves 20 propostes de resolució derivades del Debat de Política General, amb les quals el partit reclama, entre altres mesures, l'eliminació de les classes de religió islàmica, facilitar la construcció d'habitatge destinat prioritàriament a “famílies espanyoles, joves i treballadors” i la creació d'un registre autonòmic de migrants i menors estrangers no acompanyats.

El PP, favorable a fixar dates

Per la seva banda, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha mostrat la seva confiança que el sostre de despesa tiri endavant al Parlament. Ha assegurat que l'Executiu es reunirà aquesta setmana amb els grups que acceptin participar en la negociació, encara que ha insistit que és una competència “pròpia del Govern”.

Sagreras ha reivindicat que el gabinet de Marga Prohens ha pogut aprovar “gairebé totes” les seves iniciatives des de l'inici de la legislatura i que el seu objectiu és continuar dialogant “amb discreció”. Així mateix, ha destacat que el sostre de despesa de 6.924 milions d'euros és “el més alt de la història de Balears”, la qual cosa permetrà “reforçar els serveis públics i consolidar la transformació econòmica iniciada pel Govern”.

En aquesta línia, ha subratllat que Balears preveu mantenir “dèficit zero” per tercer any consecutiu i ha defensat que el Govern ha incrementat el pressupost en gairebé 1.000 milions des de 2023, ha baixat els impostos en 835 milions i ha reduït el deute en més de 550 milions. Per això, ha demanat a la resta de partits “no bloquejar” la tramitació i, si ho fan, que “expliquin als ciutadans per què estan en contra d'invertir 361 milions més en sanitat, educació, habitatge o serveis socials”.

En relació amb l'exigència de Vox de calendaritzar els acords de governabilitat, Sagreras s'ha mostrat favorable a fixar dates, i ha recordat que moltes d'aquestes mesures també formen part del programa electoral del PP.

El PSIB critica el “deteriorament” dels serveis públics

Mentrestant, el PSIB-PSOE ha anunciat que també està disposat a reunir-se amb el Govern per negociar el sostre de despesa, si són convocats, encara que el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ha admès que no alberga “moltes esperances” si les converses les dirigeix Costa, a qui acusa de “no tenir cintura per negociar”.

Pons ha recordat els precedents del rebuig al sostre de despesa de 2024, la “mutilació” de la Llei de Simplificació Administrativa o el fracàs del decret de Projectes Estratègics. A més, ha mostrat la seva “preocupació” pel “deteriorament dels serveis públics” i les creixents llistes d'espera sanitàries. “Mentre el vicepresident presumeix dels pressupostos més alts de tots, hi ha una vaga en serveis socials, més llistes d'espera i un cribratge de càncer que no funciona bé”, ha defensat.

El socialista ha incidit que els últims pressupostos també eren els més alts però van tenir un dels nivells d'execució pressupostària “més baixos que hagi pogut veure”, al mateix temps que una part dels fons europeus s'han hagut de tornar a Europa perquè “no s'han executat”. D'aquesta manera, ha apuntat que no es tracta de tenir un sostre de despesa alt, sinó de “saber-lo executar” i d'orientar-lo “cap als serveis que la ciutadania reclama”.

En qualsevol cas, ha advertit que, si la negociació d'aquest sostre queda en mans del vicepresident, “les probabilitats que aquesta encalli són molt altes”. Això ho ha justificat en què no només pel fet que Costa hagi reconegut que “no ha parlat amb ningú”, sinó perquè “els precedents no donen massa confiança”.

Més es nega a “consagrar” la política fiscal de PP i Vox

Finalment, Més per Mallorca ha anunciat que no donarà suport al sostre de despesa proposat pel Govern si abans no coneixen els Pressupostos Autonòmics, asseverant que dins la seva formació “poden ser ingenus, però tontos no”.

D'aquesta manera s'ha expressat el portaveu de Més al Parlament, Lluís Apesteguia, durant la roda de premsa prèvia al ple d'aquest dimarts, en la qual ha rebutjat la possibilitat que puguin donar llum verda a aquesta senda de despesa si el Govern “no té voluntat de canviar la seva política pressupostària”. L'ecosobiranista ha criticat la falta de voluntat de l'Executiu en aquest sentit atès que no ha aprovat una modificació del cànon de l'aigua per als grans consumidors o la creació d'un impost per als 'rent a car' procedents de la península.

No obstant això, ha aclarit que la seva formació acudirà a la crida de l'Executiu per negociar, advertint que no aprovaran el sostre de despesa si després pretén negociar amb Vox els pressupostos per destinar 20 milions a la “segregació lingüística”.

Apesteguia ha avançat que es nega a “consagrar” la política fiscal de PP i Vox, que ha definit en una “baixada d'impostos als més rics i apujar-los als pobres”, la qual cosa suposa una “menor recaptació” i “posa en perill” la sostenibilitat dels serveis públics si es té en compte que el proper any Balears ja no comptarà amb fons europeus.

Vox ha advertido de que no apoyará el techo de gasto aprobado el pasado viernes por el Govern del PP en Balears si éste no da respuesta a los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones. “Primero que cumplan lo que deben cumplir y después, si quieren hablar del techo de gasto, nos sentaremos”, ha aseverado este lunes la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, quien ha reprochado la “soberbia” y el “lenguaje agresivo” mostrados, en su opinión, por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

En este sentido, Cañadas ha acusado al Ejecutivo de actuar “como si tuviera mayoría absoluta” y de “no querer negociar”, recordándoles una vez más a los conservadores que el PP “gobierna gracias al apoyo de Vox”. Con todo, ha avanzado que acudirá a las negociaciones del techo de gasto -paso previo a la elaboración de los Presupuestos autonómicos- si el Govern les convoca, admitiendo que su formación continúa en la oposición. “Vox no va a ir detrás, por lo que será el Govern quien proponga una reunión, pero con esta actitud parece que no quiere negociar”, ha defendido.

La portavoz ha instado así al vicepresidente Costa a mostrar “mejor talante” y “respeto hacia los votantes de la oposición”, y ha reclamado que se establezca un calendario para cumplir los acuerdos suscritos con Vox. Cañadas ha acusado además al PP de “entrar en campaña electoral” pese a que aún queda año y medio para el final de la legislatura, salvo que “estén pensando en un adelanto electoral”, un extremo que los populares descartan. “Si alguien cree que este Govern tirará la toalla, quedará parado y no hará nada más, va muy equivocado”, manifestó Costa a principios de octubre.

La semana pasada, Cañadas recriminó que el Govern presume de haber cumplido con el 90 % de su programa electoral cuando “no se ha cumplido ni el 3 %” del de Vox. Al ser preguntada sobre las condiciones que los de Santiago Abascal ponen sobre la mesa para dar su apoyo al techo de gasto, la portavoz aludió a sus 20 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General, con las que el partido reclama, entre otras medidas, la eliminación de las clases de religión islámica, facilitar la construcción de vivienda destinada prioritariamente a “familias españolas, jóvenes y trabajadores” y la creación de un registro autonómico de migrantes y menores extranjeros no acompañados.

El PP, favorable a fijar fechas

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha mostrado su confianza en que el techo de gasto salga adelante en el Parlament. Ha asegurado que el Ejecutivo se reunirá esta semana con los grupos que acepten participar en la negociación, aunque ha insistido en que es una competencia “propia del Govern”.

Sagreras ha reivindicado que el gabinete de Marga Prohens ha podido aprobar “casi todas” sus iniciativas desde el inicio de la legislatura y que su objetivo es seguir dialogando “con discreción”. Asimismo, ha destacado que el techo de gasto de 6.924 millones de euros es “el más alto de la historia de Balears”, lo que permitirá “reforzar los servicios públicos y consolidar la transformación económica iniciada por el Govern”.

En esta línea, ha subrayado que Balears prevé mantener “déficit cero” por tercer año consecutivo y ha defendido que el Govern ha incrementado el presupuesto en casi 1.000 millones desde 2023, ha bajado los impuestos en 835 millones y ha reducido la deuda en más de 550 millones. Por ello, ha pedido al resto de partidos “no bloquear” la tramitación y, si lo hacen, que “expliquen a los ciudadanos por qué están en contra de invertir 361 millones más en sanidad, educación, vivienda o servicios sociales”.

En relación con la exigencia de Vox de calendarizar los acuerdos de gobernabilidad, Sagreras se ha mostrado favorable a fijar fechas, y ha recordado que muchas de esas medidas también forman parte del programa electoral del PP.

El PSIB critica el “deterioro” de los servicios públicos

Mientras tanto, el PSIB-PSOE ha anunciado que también está dispuesto a reunirse con el Govern para negociar el techo de gasto, si son convocados, aunque su portavoz adjunto, Marc Pons, ha admitido que no alberga “muchas esperanzas” si las conversaciones las dirige Costa, a quien acusa de “no tener cintura para negociar”.

Pons ha recordado los precedentes del rechazo al techo de gasto de 2024, la “mutilación” de la Ley de Simplificación Administrativa o el fracaso del decreto de Proyectos Estratégicos. Además, ha mostrado su “preocupación” por el “deterioro de los servicios públicos” y las crecientes listas de espera sanitarias. “Mientras el vicepresidente presume de los presupuestos más altos de todos, hay una huelga en servicios sociales, más listas de espera y un cribado de cáncer que no funciona bien”, ha defendido.

El socialista ha incidido en que los últimos presupuestos también eran los más altos pero tuvieron uno de los niveles de ejecución presupuestaria “más bajos que haya podido ver”, al mismo tiempo que una parte de los fondos europeos se han tenido que devolver a Europa porque “no se han ejecutado”. De este modo, ha apuntado que no se trata de tener un techo de gasto alto, sino de “saberlo ejecutar” y de orientarlo “hacia los servicios que la ciudadanía reclama”.

En cualquier caso, ha advertido de que, si la negociación de este techo queda en manos del vicepresidente, “las probabilidades que esta encalle son muy altas”. Esto lo ha justificado en que no solo por el hecho de que Costa haya reconocido que “no ha hablado con nadie”, sino porque “los precedentes no dan demasiada confianza”.

Més se niega a “consagrar” la política fiscal de PP y Vox

Finalmente, Més per Mallorca ha anunciado que no respaldará el techo de gasto propuesto por el Govern si antes no conocen los Presupuestos Autonómicos, aseverando que en su formación “pueden ser ingenuos, pero tontos no”.

De esta manera se ha expresado el portavoz de Més en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante la rueda de prensa previa al pleno de este martes, en la que ha rechazado la posibilidad de que puedan dar luz verde a esta senda de gasto si el Govern “no tiene voluntad de cambiar su política presupuestaria”. El ecosoberanista ha criticado la falta de voluntad del Ejecutivo en este sentido dado que no ha aprobado una modificación del canon del agua para los grandes consumidores o la creación de un impuesto para los 'rent a car' procedentes de la península.

No obstante, ha aclarado que su formación acudirá a la llamada del Ejecutivo para negociar, advirtiendo de que no aprobarán el techo de gasto si después pretende negociar con Vox los presupuestos para destinar 20 millones a la “segregación lingüística”.

Apesteguia ha avanzado que se niega a “consagrar” la política fiscal de PP y Vox, que ha definido en una “bajada de impuestos a los más ricos y subírselos a los pobres”, lo que supone una “menor recaudación” y “pone en peligro” la sostenibilidad de los servicios públicos si se tiene en cuenta que el próximo año Balears ya no contará con fondos europeos.