Una Liga Senior de Golf en una ciudad sin campo de golf. El Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara gastará unos 10.000 euros en promocionar este deporte.

Una cifra que, según han confirmado fuentes de Vox a este medio, ascenderá a 8.200 euros que se invertirán en la I Liga Senior Ciudad de Guadalajara que acaba de comenzar y que se prolongará durante todo el año, en un torneo que se jugará fuera de la ciudad, concretamente en la localidad de Yebes.

La propuesta la presentaba recientemente el concejal de Turismo, Comercio y Hostelería, Víctor Morejón, de Vox. Lo justificaba en la idea de “despertar en los jugadores la inquietud por descubrir que, a escasos minutos de su lugar de juego, existe una ciudad acogedora, con una potente oferta gastronómica y capacidad hotelera suficiente”.

Dice que “se trata de una decisión estratégica que nos permite abrir Guadalajara a un mercado que hasta ahora no habíamos explorado de forma específica”.

Los campos de golf más cercanos se encuentran en las poblaciones de Cabanillas del Campo y Yebes.

El edil dice que se quiere “captar” a más de 15.000 jugadores potenciales, especialmente procedentes de la Comunidad de Madrid, donde se concentra un elevado número de federados con una liga “durante todo el año” para mayores de 55 años, solo parando en el mes de agosto.

El organizador de la liga, Eliseo Garcés, de MGS Eventos ha explicado que la competición constará de siete torneos puntuables y culminará en noviembre con “una gran final” a la que accederán los clasificados. Se ha lanzado un vídeo promocional en el que se convierte “simbólicamente la ciudad en un gran campo de golf”, pero en realidad el torneo se jugará fuera de Guadalajara.

PSOE: gasto en golf e instalaciones deportivas desatendidas

El PSOE se ha mostrado muy crítico con esta cuestión. Lamenta que el Gobierno de PP y Vox vayan a gastar cerca de 20.000 euros en promoción deportiva “mientras nuestras instalaciones deportivas siguen en mal estado”, remarca el edil Juan Flores quien detalla que se destinan 10.000 euros a patrocinar un torneo de golf “en una ciudad donde ni siquiera hay campo de golf” y además, “otros 10.000 euros a una charla en el Teatro Buero Vallejo”.

Fuentes del PP han precisado que este último gasto corresponde a las III Jornadas Formativas del Deporte, organizadas por las concejalías de Deporte y de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Guadalajara, y enmarcadas en la programación del 8 de marzo.

Eso, resalta el concejal, “para alguna pista de tenis o de pádel nos da, creemos desde el Grupo Municipal Socialista”. Frente a ese gasto contrapone la realidad de las instalaciones deportivas de la ciudad, como la pista de pádel situada en el complejo de San Roque, “que lleva semanas inutilizada sin una de las paredes, semanas con una cinta de balizar, mientras presumimos de arreglar instalaciones”, ha lamentado.

“En los últimos días hemos visto al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, el señor Engonga, presumir del arreglo de cuatro pistas de tenis, con una inversión de 35.000 euros; y, de nuevo, no discutimos que mejorar instalaciones sea positivo, el problema es venderlo como un gran éxito mientras la realidad de muchas otras instalaciones deportivas de la ciudad es, sencillamente, pésima”.

En este sentido, ha recordado que “seguimos sufriendo el desastre de las obras en los campos de fútbol anexos al estadio Pedro Escartín; deficiencias en la piscina Huerta de Lara, donde sigue habiendo caídas por la mala ejecución de las últimas obras. Visto lo visto, casi le pediríamos al concejal que no arregle nada, que es peor. Ejemplos claros de una gestión deficiente, con problemas, retrasos y falta de planificación”.

En su opinión, “evidencian una política deportiva basada en la apariencia, en el titular fácil y en la foto, en lugar de en la planificación, el mantenimiento, y el cuidado de las instalaciones públicas”.

El “turismo en diferido” de PP y Vox en Guadalajara, según AIKE

Sobre este tema también se ha posicionado el Grupo Municipal AIKE. Su portavoz, Susana Martínez, ironiza sobre las políticas deportivas de PP y Vox. “Tras el concurso de paellas, a los logros en materia de turismo del equipo de Ana Guarinos, sumamos la I Liga Senior de Golf 'Ciudad de Guadalajara', un evento que financia el Ayuntamiento pero que que se celebra en otra localidad, lo que podríamos llamar turismo en diferido”.

Critica que se haya realizado un contrato de adjudicación directa que supera los 8.000 euros para patrocinar una actividad que se realiza en el campo de golf de Valdeluz, en Yebes, cuya inscripción cuesta más de 40 euros, y que el concejal de turismo, Víctor Morejón, “presentó como si tuviera algo que ver con Guadalajara y fuera atraer miles de turistas, hablando de cifras y de una repercusión en la ciudad imposible de creer”.

El equipo de gobierno ha convertido la sala de prensa y el Ayuntamiento de Guadalajara en un stand donde representantes públicos promocionan marcas y eventos privados que nada aportan a los vecinos y vecinas

Susana Martínez — Portavoz del Grupo Municipal AIKE

En su opinión, “el equipo de gobierno ha convertido la sala de prensa y el Ayuntamiento de Guadalajara en un stand donde representantes públicos promocionan marcas y eventos privados que nada aportan a los vecinos y vecinas, cuyos impuestos pagan las fotos de un concejal que tiene la responsabilidad de promocionar turísticamente nuestra ciudad”.

Afea Susana Martínez que lleve “tres años promocionando paellas y campos de golf ajenos”. Algo que en su opinión “evidencia una falta de proyectos y trabajo que resulta vergonzante pero que la alcaldesa, Ana Guarinos, permite y consiente a sus socios de Vox”.

El Ayuntamiento de Burriana ha conseguido la luz verde de la Generalitat para continuar en el avance para la tramitación del Plan Parcial del Sector SURT-1 Sant Gregori. El gobierno municipal de PP y Vox ha obtenido un informe ambiental y territorial estratégico favorable para un proyecto que abarca 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de mar e incluye un campo de golf de 18 hoyos, capacidad para 6.000 viviendas y un paseo marítimo de dos kilómetros. perfila como uno de los desarrollos más ambiciosos de la provincia de Castellón y de toda la Comunitat Valenciana.

Con este respaldo autonómico, el consistorio podrá avanzar en la redacción de los documentos técnicos del Programa de Actuación Integrada (PAI) y continuar las obras de urbanización bajo gestión directa municipal. El gobierno municipal señala que la Generalitat no ha identificado impactos ambientales significativos, aunque sí ha establecido una serie de condiciones, algunas ya cumplidas y otras que se abordarán en la siguiente fase del proceso.

Entre las condiciones ya cumplidas figura la concesión de agua depurada para el riego del campo de golf, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Júcar hace 16 años, en 2009. Además subrayan que la futura construcción de una nueva depuradora, anunciada por la propia Generalitat, permitirá reutilizar las aguas residuales con tecnologías de última generación, garantizando una gestión hídrica sostenible.

Actualmente, ya se han recuperado 9,5 millones de euros de fondos públicos vinculados al proyecto, se ha aprobado la gestión directa del desarrollo urbanístico con el apoyo de todos los grupos políticos y se ha formalizado la liquidación con el anterior agente urbanizador. El gobierno local aspira a consolidar el litoral como un eje estratégico de desarrollo turístico, residencial y económico, en sintonía con el impulso al también proyecto en primera línea marítima de El Arenal.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha valorado positivamente el respaldo del gobierno autonómico, destacando que “la Generalitat Valenciana nos acompaña en hacer realidad uno de los proyectos turísticos más importantes de la región, con todas las garantías ambientales, para consolidar a Burriana como un referente del turismo del siglo XXI”.

La mayor villa marítima romana valenciana

Durante las excavaciones previas en el ámbito del PAI Sant Gregori, se descubrió una villa marítima romana de gran relevancia, datada entre el cambio de era y el siglo IV d.C., ubicada a escasos 75 metros de la costa. Este hallazgo obligó al equipo técnico a rediseñar elementos del proyecto como el paseo marítimo, las pasarelas y los canales de drenaje para asegurar su conservación.

José Manuel Melchor, director del Museo Arqueológico de Burriana, ha calificado el yacimiento como “la mayor villa marítima romana excavada en la Comunitat Valenciana”. Su documentación, protección y puesta en valor son prioritarias para el Ayuntamiento, que ya contempla la posible construcción de un museo en la zona como elemento cultural y atractivo turístico de alto valor añadido.

Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha considerado que la “derrota del PP” este martes en el Congreso de los Diputados, que tumbó por un voto la proposición de ley de la Región de Murcia para mantener el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura en los mismos términos de derivación de agua que en 2014, no es suficiente.

El coordinador de IU en la región, Pedro Mellado, cree que se debería poner fin al trasvase, garantizar unos caudales ecológicos del río Tajo y cumplir así con la normativa europea.

En este aspecto ha recordado que IU votó ayer en contra de esta propuesta y ha lamentado que el PP castellanomanchego tenga “una contradicción interna considerable, ya que afirma defender los intereses agrícolas del campo castellanomanchego, lo cual es incompatible con la apología del trasvase que realiza Génova”, según Mellado

Además, IU Castilla-La Mancha considera que el PSOE “debe dejar de defender en modo alguno una infraestructura que resulta de todo plano insostenible”. En este sentido, apuntan que Francisco Lucas Ayala, parlamentario del PSOE por la Región de Murcia, “afirmó categóricamente en el pleno del Congreso que el PSOE ni quiere ni va a cerrar el trasvase”.

Izquierda Unida considera que no basta con que el PSOE se limite a defender el statu quo de la canalización, sino que es necesario repensar los fines legítimos reales del acueducto.

La cantidad de agua trasvasada destinada al consumo humano, como es el aseo o beber no ha variado significativamente en la serie histórica, pero sí el montante destinado al riego, que ha crecido. Actualmente, la mitad del agua que enviamos al Segura se destina al riego de cultivos y de campos de golf

En su opinión, el trasvase Tajo-Segura ha sido, desde su finalización en 1978, una infraestructura “ambientalmente insostenible” para el suministro de agua suplementaria a la cuenca del Río Segura y afirma IU que, desde su puesta en funcionamiento, el volumen medio anualmente trasvasado por la infraestructura ha sido de 328 hectómetros cúbicos, “un 55% más del máximo permitido”.

“Aunque la cantidad de agua trasvasada destinada al consumo humano, como es el aseo o beber no ha variado significativamente en la serie histórica, sí lo ha hecho el montante destinado al riego, que ha crecido. Actualmente, la mitad del agua que enviamos al Segura se destina al riego de cultivos y de campos de golf”, lamentan.

“Ni en Castilla-La Mancha ni en Murcia es sostenible el regadío intensivo”

Para IU, esta cantidad de agua usada en riego “es preocupante porque, a lo largo de los años, la cuenca del Segura ha ido virando su producción a cultivos de riego intensivo, como son las frutas y verduras”. “La realidad es que, tanto Castilla-La Mancha como el Levante murciano son zonas en desertificación, en las que no son sostenibles producciones de regadío intensivo”, explica.

Además, añade Mellado, el Tajo es un río que “sufre bastantes vertidos en forma de nitratos, provenientes muchos de ellos de los tributarios de la margen superior del río”. Estos nitratos acaban, “gracias al trasvase”, en el Mar Menor, donde no hacen sino “contribuir a la debacle medioambiental de un paraje ecológico único en Europa”.

IU Castilla-La Mancha considera al trasvase una infraestructura que además “incita en la región beneficiaria el cultivo de especies no adaptadas al entorno productivo”. “El agua es un derecho humano fundamental que, considerando los acuerdos en materia de sostenibilidad firmados por España y la Unión Europea, no está siendo tratada como tal en el ámbito del trasvase y de las cuencas que se ven afectadas por el mismo”, concluye.

La Oficina Técnica del Mar Menor (OTMM), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha presentado alegaciones al desarrollo del plan parcial ‘El Escobar’, una urbanización con campo de golf en Jerónimo y Avileses (Murcia), cuyas obras se reemprenden tras 16 años de parálisis, “por su posible afección a la laguna y a las obras de lucha contra avenidas” que se están proyectando en desarrollo del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor.

La unidad de actuación del Plan Parcial, que abarca una superficie de 500 hectáreas, dividida en nueve fases de ejecución y un total de 2.900 viviendas, podría tener “impactos negativos” sobre la cuenca vertiente del Mar Menor y, por ende, sobre la laguna, según ha advertido la Oficina Técnica de la laguna.

Este órgano del Miteco ha recordado al ayuntamiento de Murcia que “ha abierto el plazo de información pública sobre una nueva fase para avanzar en el desarrollo de esta urbanización” ya que la principal causa de la degradación del Mar Menor ha sido la “caótica ocupación y transformación de la cuenca vertiente, con la expansión e incremento de las presiones de las actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, fundamentalmente, además de las turísticas y mineras”.

Riesgo de inundaciones

Además, otro de los grandes problemas del Campo de Cartagena es el del riesgo de inundaciones, que “se ha visto también incrementado por esa desordenada implantación de actividades que ha provocado la ocupación y transformación de los cauces naturales y la expansión del sellado del suelo por la ocupación urbanística”.

Por ello, la OTMM ha advertido de que este plan parcial, ya ejecutado al 30 por ciento, está ubicado sobre una de las subcuencas hidrográficas con mayores riesgos de inundación aguas abajo, en los municipios de Torre-Pacheco y Los Alcázares, como es la de la rambla de la Maraña, que afecta a Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación.

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Dirección General del Agua del Miteco tienen en tramitación ambiental “dos zonas de almacenamiento controlado y un sistema urbano de drenaje sostenible de escorrentía en la cuenca de la rambla de la Maraña” para minimizar los riesgos de inundación y favorecer la restauración ambiental de este cauce vertiente a la laguna. De hecho, la OTMM ha alertado de que el desarrollo del plan parcial podría interferir con los proyectos en trámite al introducir aguas arriba del mismo un cambio del coeficiente de escorrentía, por impermeabilización y sellado del suelo.

Un plan parcial con más de 20 años de antigüedad

Además, esta unidad del Miteco, encargada de coordinar el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, ha abogado por revisar la “consistencia” y los efectos adversos de esta propuesta tras transcurrir más de 20 años desde la aprobación del plan parcial, un periodo en el que se han producido avances normativos y “cambios de paradigmas sobre los efectos cada vez más virulentos de los periodos de sequía e inundaciones debidos al cambio climático”.

La OTMM ha apuntado que la memoria del proyecto refleja que los objetivos del desarrollo territorial de las pedanías del Campo de Murcia, con un “extraordinario valor ambiental”, mediante estas urbanizaciones, como eran atraer inversiones y nueva población de clase media extranjera, “no se han cumplido”, mientras que sí se ha producido una degradación ambiental del ámbito, la transformación de cauces, la pérdida de biodiversidad y el consumo de agua potable para mantenimiento del campo de golf.

Por tanto, el Miteco considera “muy conveniente”, antes de desarrollar todo el plan parcial ‘El Escobar’, esperar a que se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, que debía haber entrado en vigor en julio de 2023, según la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, para tener un “buen diagnóstico” y una ordenación del territorio actualizada, además de evaluar ambientalmente la incidencia de dichos desarrollos y el modelo propuesto.

Finalmente, entre otras consideraciones, la Oficina Técnica del Mar Menor ha subrayado que el diseño de la urbanización provoca la “desnaturalización” de uno de los cauces afectados, mezcla agua limpia de la lluvia con las aguas fecales, incrementando la demanda en la depuradora y el riesgo de vertido a cauce público por desbordamiento.

Un empresario está siendo investigado por el presunto robo de un total de 34 millones de metros cúbicos de agua, que fueron sustraídos durante 17 años en una pedanía de Lorca (Región de Murcia). La Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha desarrollado en la Región de Murcia la operación ‘Rough’, en la que ha investigado al gerente por usurpación de aguas subterráneas y contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de aguas de pozos y manantiales para el riego de un campo de golf.

El empresario solo tenía permiso para regar 5,3 hectáreas, pero administraba agua a un total de un total de 21,97 hectáreas, señala el Servicio de Protección a la Naturaleza del instituto armado. Para regar esta superficie utilizó un total de 15 pozos ilegales y de cinco manantiales desabastecidos, ocultos y repartidos por todo el campo de golf. Fueron de hecho los pozos ilegales lo que alertó a los vecinos, que descubrieron que se estaban construyendo pozos de noche. La Guardia Civil comprobó en helicóptero que había cuatro veces más zona verde que la permitida en el área de secano sobre el acuífero, en riesgo cualitativo y cuantitativo.

Se estiman que los daños podrían estar valorados en unos 65 millones de euros, informa la Guardia Civil. El gerente de la urbanización está acusado de ser el presunto autor de un delito de usurpación de aguas subterráneas y de otro contra los recursos naturales y el medio ambiente por su extracción ilegal.

La Diputación de Álava, cogobernada por PNV y PSE-EE, ha afirmado este miércoles que el campo de golf de Izki es una “apuesta” de la institución y que sigue siendo un “referente nacional e internacional”. Y ello a pesar de que la sociedad pública que lo gestiona, llamada Naturgolf, arrastre pérdidas de hasta 500.000 euros anuales, según ha denunciado la principal fuerza de la oposición, EH Bildu. Asimismo, informes oficiales constatan que entre 2002 y 2022 se han evaporado dos tercios de los jugadores y de los abonados (de 47.000 a 17.000 y de 900 a 300, en números redondos).

El diputado foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Anartz Gorrotxategi, ha argumentado en las Juntas Generales que las instalaciones ubicadas en Urturi generan 18 puestos de trabajo, que hay negocios de jardinería o material deportivo inducidos por el campo y que se celebran 45 eventos anuales que benefician al turismo y a la comarca. Además, ha destacado que el 24% de los golfistas proviene del extranjero y que, deportivamente, es un recinto puntero porque el recorrido lo diseñó la gran referencia española de este deporte, Severiano Ballesteros. En unas semanas, una etapa de la Vuelta Ciclista a España finalizará en el parque natural de Izki. Gorrotxategi, que es originario de la zona y que llegó a ser presidente de la cuadrilla o Gobierno comarcal, ha admitido la caída de usos pero ha recordado que se ha abierto un nuevo campo en La Rioja que es ahora competencia directa.

El diputado ha realizado estas consideraciones en el Parlamento foral a preguntas de EH Bildu. La procuradora Ruth Ibisate ha insistido en que “los datos no son buenos” y en que “las cosas no van como deberían”. La sociedad pública Naturgolf presenta un déficit anual de unos 500.000 euros, según sus datos, y hay un “descenso progresivo y evidente” de la actividad. “Es un gran hoyo para las arcas forales”, ha ironizado Ibisate tirando de un símil golfístico.

Hace aproximadamente medio año se presentó un informe sobre la situación de Naturgolf, creada en 1994 y que inició sus actividades en 1995. Según estos datos, empezó con 8.611 jugadores, llegó al cambio de milenio con 33.000, alcanzó un récord de 47.000 en 2002 e inició entonces una cuesta abajo casi continua. Los 17.394 jugadores de 2023 es el peor dato desde 1999 con la excepción de 2018 y de 2020, este segundo ejercicio condicionado por los cierres motivados por la COVID-19. En cuanto a abonados, son apenas 305. Es el registro más bajo desde 1997. Ese mismo informe muestra que Naturgolf tiene contratada por 483.000 euros anuales a la empresa Laziturri, que se encarga del mantenimiento y jardinería del campo de golf. Desde que se abrió, se han gastado más de 15 millones de euros en estas labores. El coste anual actual, con todo, es más bajo que los más de 800.000 euros que se abonaron en 2008, el máximo histórico.

El municipio malagueño de Mijas se prepara para dar la bienvenida a su decimotercer campo de golf. Si todo va como está previsto, habrá un nuevo recorrido de 18 hoyos y más de 800.000 metros cuadrados, enclavados en un resort con hotel de cinco estrellas, 350 apartamentos turísticos, museo de carruajes antiguos y un centro ecuestre para la doma clásica.

Se sumará a los 60 que ya existen en la costa malagueña, especialmente concentrados en la franja de Benalmádena hasta Manilva, con epicentro en Marbella, todos gobernados actualmente por el PP. El pasado 27 de mayo, la Junta de Andalucía publicó el visto el bueno a la modificación urbanística que Mijas tendrá que hacer: un millón de metros cuadrados (un kilómetro cuadrado) pasarán de no urbanizables a urbanizables con el fin de hacerle hueco.

Valle del Golf Resort tiene el apoyo unánime de los grupos municipales. El respaldo autonómico a la modificación urbanística estaba cantado: para el Gobierno andaluz, hace tiempo que este es uno de los proyectos estrella en el territorio. En la jerga oficial, un proyecto de “interés estratégico”, lo que no significa que tenga luz verde per se, pero sí que la Unidad Aceleradora de Proyectos (creada por el Gobierno de Moreno) le da “tramitación preferente y urgente”.

El Ejecutivo andaluz lo declaró “de interés turístico” en julio de 2019, seis meses después de tomar posesión, y lo subió de categoría apenas dos años después. Fue el primero en recibir ese marchamo, que en la práctica equivale a tener alfombra roja en la administración.

El consistorio, por su parte, respaldó recientemente por unanimidad el cambio del PGOU. Desde que se presentó, el proyecto ha contado con el apoyo de gobiernos de Ciudadanos-PSOE (2015-2019), Ciudadanos-PSOE (2019-2023) y, ahora, de PP y Vox.

La promotora es Logarma, S.A., propietaria de los terrenos, de uso agrícola residual, una parte de los cuales se quemaron en un incendio en 2009. Logarma es una empresa hotelera de largo recorrido en Málaga, donde tiene tres hoteles en Fuengirola, y vinculada a José Carlos Escribano, expresidente de AEHCOS (la patronal hotelera de la Costa del Sol) y ahora presidente de la Cámara de Comercio malagueña y alto cargo también en la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Ecologistas: “Reproduce un modelo insostenible”

La recalificación del suelo no acerca al campo de golf a la vuelta de la esquina, pero sí despeja el camino. Valle del Golf aún debe reparcelar los terrenos y presentar el proyecto, superando en ambos casos el análisis ambiental antes de obtener la licencia. Esto llevará al menos dos años, según Lourdes Burgos, concejala de Urbanismo de Mijas (PP).

El campo lindará con una zona de especial conservación (ZEC), incluida en el catálogo de espacios naturales protegidos de Andalucía y en la Red Natura 2000, y dos ríos que albergan población de nutria, protegida en España. Su creación plantea también el interrogante del agua, en una provincia ya bajo restricciones por la escasez derivada de la sequía, el crecimiento poblacional o el riego intensivo.

Para los ecologistas, la actuación ahonda en un modelo que esquilma los recursos naturales en beneficio de unos pocos. “Se escudan en el turismo de calidad y en la desestacionalización del turismo para reproducir el modelo insostenible del pasado. La administración no ha entendido que estamos ante una emergencia ambiental y climática”, lamenta Librada Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción.

El grupo ecologista defiende que antes de abrirle la puerta con el sello de “estratégico”, la Junta de Andalucía debería evaluar su impacto ambiental. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó su recurso el pasado diciembre. La administración tampoco ha contestado a dos de sus ocho alegaciones.

Por su parte, el sector le da la bienvenida. Santiago Urquijo, Presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Andaluza de Golf y secretario general de la Asociación Española de Campos de Golf, cree que es una “muy buena” noticia. “Para el sector es muy positivo que se construyan más campos de golf, que además son entornos sostenibles que contribuyen a preservar el medio ambiente”, aseguran en respuesta a este medio.

Urquijo señala que es “habitual” que para incorporar una superficie deportiva se modifique el PGOU y pone el acento en la vertiente económica.

El lado económico: más de 100 campos de golf y cuatro proyectos “estratégicos”

El golf es un segmento turístico mimado por el Ejecutivo de Moreno, quien se ha implicado en su defensa frente a las acusaciones despilfarro hídrico. Por el selecto listado de proyectos “estratégicos” han pasado cuatro campos de golf, todos acompañados de su resort: Sagüesal (Barbate), Castellar (Castellar de la Frontera), Atlanterra (Tarifa) y Valle del Golf (Mijas). Sagüesal, el más extenso de todos ellos (casi 1.100 viviendas), fue finalmente descartado. Otros, como el de los Acantilados de Maro, permanecen latentes tras suscitar un importante rechazo popular. Algunos fueron desechados, como el de Trebujena, a las puertas de Doñana. Los ecologistas denuncian que todos cubren de verde un negocio inmobiliario.

Al turista que viene a jugar al golf se le atribuyen cualidades muy apetitosas: aterriza en temporada baja, gasta más y se queda más tiempo. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales recientes que cuantifiquen su impacto económico. El último informe de la Consejería es de 2017, cuando había 104 campos de golf en Andalucía (comunidad líder, con el 20% del total nacional, el doble que la segunda, Comunidad de Madrid). Málaga concentra el 60%, según el listado de la Federación Andaluza. En 2017, Andalucía recibió 570.000 “turistas de golf”, casi todos hombres (78%), con un gasto diario medio que casi doblaba al turista “común” (112,77 euros al día) y un gasto total de 704,7 millones de euros.

En otro informe del Instituto de Empresa, encargado por la Federación Española de Golf, se asegura que el “impacto global” del golf en Andalucía es de 5.400 millones de euros al año (un 3% del PIB andaluz), gracias principalmente a la “capacidad de importación de capital extranjero”. Según ese documento, 100.000 turistas de golf son propietarios de una segunda residencia en Andalucía y unas 4.500 personas trabajan en los campos de golf. Según Urquijo, los campos de golf andaluces facturan 220 millones de euros y generan un gasto directo de 2.200 millones.

Hoy, hay 106 campos en Andalucía, según el Inventario de la Consejería de Turismo y Deporte, y y este será el 13º en Mijas, a la que solo supera Marbella (14). Valle del golf Resort sumará 80 nuevas hectáreas de juego, el 40% para las calles, el rough y los lagos, y el 60% de “áreas forestadas”, según el proyecto. En total, el ámbito de actuación abarca más de 100 hectáreas (un kilómetro cuadrado; Mijas tiene 148,8 en total) e incluye hotel y 350 apartamentos turísticos.

La concejala de Urbanismo, Lourdes Burgos, explica por qué al municipio le interesa convertir suelo en urbanizable para otro campo de golf: “Tenemos pocas plazas hoteleras, pero somos referente en turismo residencial, muy vinculado al golf. Son turistas con alto poder adquisitivo, que generan mucho empleo fuera de la estación tradicional de vacaciones, y que luego se convierten en residentes: no es lo mismo ir a Irlanda que jugar al golf todos los días aquí”.

“No estamos saturados de campos de golf. Lo que ocurre es que llevamos un retraso en la planificación y construcción de algunas infraestructuras”, valora Urquijo. “Creemos que no está justificado en datos económicos”, rebate Librada Moreno. “Las necesidades turísticas ya están cubiertas”.

La sostenibilidad: tomas ilegales de agua investigadas por la Fiscalía

La duda más acuciante es cómo se va a suministrar agua en un entorno árido, superpoblado de instalaciones similares y marcado en los últimos tiempos por la sequía y la escasez hídrica. Los promotores creen que necesitarán 48.000 metros cúbicos al año para abastecer al hotel y los apartamentos turísticos, y 250.000 para el campo de golf, estos últimos obtenidos exclusivamente de aguas regeneradas desde una depuradora próxima.

En 2008, la norma empezó a exigir que los campos de golf se regasen solo con aguas depuradas, con la excepción de los de interés turístico debidamente autorizados. A un 20% de los campos de golf de la Costa del Sol se les aplicaría esa excepción, según admite Urquijo, aunque no será el caso, a priori, de Valle del Golf, que se regaría exclusivamente con aguas regeneradas.

Sin embargo, la mayoría de los campos de golf de la Costa del Sol se servían históricamente de perforaciones con acceso a aguas subterráneas, y los ecologistas denuncian que es habitual que mezclen aguas depuradas con aguas limpias. El proyecto Valle del Golf se sitúa sobre un acuífero, sobre el que actualmente ya existe una captación autorizada cercana para riego.

La Fiscalía investiga desde febrero al menos a tres campos malagueños por posibles captaciones ilegales. Librada Moreno duda de que el nuevo campo se conforme con aguas depuradas, aunque así lo diga el proyecto. “En Mijas funcionan unas EDAR obsoletas: la del Cerro del Águila habría que ampliarla, y la de la Cala no está en tratamiento terciario, sino secundario. Esa agua no se va a echar a los campos de golf, que ya se resisten a usar la del terciario. Y menos ahora que todo el mundo pide agua regenerada”.

Un portavoz de Acosol explica que actualmente suministran siete hectómetros cúbicos (siete millones de metros cúbicos) a los campos de golf de su área de influencia. Esto daría para unos 30 campos, aproximadamente. Se pagan a 0,34 euros por metros cúbico, o a 0,11 a partir de cierto volumen. Acosol prevé aumentar la dotación a diez hectómetros el año que viene y también trabaja para lograr autorización autonómica para que esas aguas se puedan usar también para riego público y baldeo.

“Estamos hablando de una superficie regada de unas 2.200 hectáreas en la Costa del Sol y unas 3.500 en el conjunto de Andalucía, que supone el 0,3% de la superficie de regadío en Andalucía”, argumenta el gerente de la asociación de campos de golf. “Dentro del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas están incluidas las inversiones que llevarán el agua regenerada al 100% de los campos de golf, y estas obras ya están en marcha, las cuales van a beneficiar no sólo al golf sino también al sector agrícola malagueño. El objetivo 100% sostenible del golf de la Costa del Sol en materia hídrica se va a alcanzar muy pronto”, promete.

El crecimiento de Mijas

En cuanto al agua para el hotel y los apartamentos, la Oficina de Planificación concluyó que el proyecto es “compatible” con lo previsto en el plan hidrológico. Sin embargo, lo hizo en un informe de marzo de 2019 que compara con las previsiones del plan de 2016, en el que ya se advierte de la “alta dotación” actual del municipio de Mijas, “muy por encima de lo establecido”, y se recomienda “ajustar” los consumos.

Mijas tiene hoy 91.691 habitantes, un 18% más que en 2016, además de una importante población sin registrar, extranjeros con segunda residencia o turistas. En la situación de sequía actual, el consumo en Mijas está limitado a 200 litros por habitante y día, y llegó a ser de 160.

En septiembre de 2021, el servicio de dominio público hidráulico y calidad de las aguas pidió más documentación “en relación a la disponibilidad de recursos hídricos y los cálculos y resultados del estudio hidráulico”. Volvió a pedirlo un año después, en agosto de 2022. Según la concejala de Urbanismo, se ha incorporado un informe de ACOSOL (la empresa pública suministradora de agua) que disipa las dudas.

La declaración ambiental estratégica de la modificación urbanística concluye que un campo de golf evitará males mayores, como “la extracción de agua del subsuelo para el riego de cultivos” y la “acción devastadora de las riberas” que ocasionan los cultivos próximos. Según el documento, la actuación implica un movimiento de tierras “importante”, pero aumentará la capacidad de sumidero de CO2, algo que “resulta plenamente coherente con el programa de mitigación del plan de acción por el clima”.

La Junta exige al promotor algunas medidas de protección: no tocar el suelo cercano al ZEC, no abrir vías de ningún tipo en paralelo a la ribera del río, aplicar medidas que favorezcan la proliferación de la base alimenticia de la nutria y ejecutar una “pantalla tanto visual como sonora” para mitigar el impacto. También debe comprometerse a usar fertilizantes y fitosanitarios “de forma escasa y controlada, con productos alternativos o lo menos nocivos posible, sellando en su caso el terreno” para evitar la contaminación del acuífero. 

El juzgado que investigaba la guerra entre socios del elitista Club de Golf de La Moraleja ha decidido archivar el caso. En un auto adelantado por El Independiente y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada explica que no hay pruebas de que la actual directiva del Club sacara adelante acuerdos importantes usando el voto de personas fallecidas: “No hay ni el más mínimo indicio de la concurrencia de un delito societario”, explica la instructora. La acusación, una socia del Club que fue sancionada después de empezar a denunciar irregularidades, ha recurrido la decisión. Otra querella que interpuso contra la cúpula por injurias y amenazas también ha quedado archivada.

En las últimas semanas una decena de integrantes de la directiva de este exclusivo club de golf de La Moraleja han declarado como imputados ante un juzgado de Alcobendas acusados de un delito societario. Según la querella, este Real Club de Golf fundado en 1976 cuyas acciones cuestan miles de euros había sacado adelante acuerdos tan relevantes como la construcción millonaria de una casa-club a través de diversas irregularidades. Votos de muertos, abusos de la firma en blanco, firmas falsificadas o “delegaciones fraudulentas”.

En sus declaraciones, los directivos han negado los hechos. Han reconocido el uso de votos delegados pero han defendido que todas las delegaciones eran “correctas”, perteneciendo a familiares y amigos del club. “Ningún socio les ha manifestado en ninguna ocasión que hayan hecho uso de una delegación falsa o indebida”, explica la jueza. Sí reconocieron tres casos de votos de personas fallecidas, pero en el marco de un acuerdo aprobado por más de un millar de socios.

El juzgado de Alcobendas que investigaba el caso ha decidido archivarlo. “De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, explica en su resolución. Recomienda a la socia que recurrió que acuda a “los mecanismos legales a su disposición que permite la impugnación de los acuerdos sociales”, pero no al derecho penal.

“No hay ni el más mínimo indicio de la concurrencia de un delito societario”, dice. Tampomco hay indicios de que esos acuerdos “hayan causado un perjuicio para la sociedad o para la querellante”. Y finalmente explica que “no pueden aceptarse en sede de este delito las meras presunciones que irían contra los denunciados”.  

Fuentes del caso explican a este periódico que la acusación ya ha recurrido el archivo de las diligencias ante la Audiencia Provincial de Madrid. Un recurso en el que se alegan 20 nuevos casos de votos de personas fallecidas, aportando los documentos que demuestran que sí se delegó el voto en estas personas fallecidas, incluso las esquelas publicadas por la muerte de estas personas.

La segunda querella, también archivada

El mismo juzgado, en otro auto, ha archivado una segunda causa por amenazas e injurias iniciada a instancias de la misma socia, que en este caso denunciaba represalias y sanciones en el seno del Club de Golf de La Moraleja por haber desvelado estas irregularidades. Afirmaba que había sido amenazada con la apertura de un expediente disciplinario si no cesaba en sus peticiones de transparencia e información, y que finalmente ha sido expulsada un tiempo de las instalaciones, sanción ya recurrida.

En el mismo sentido, el juzgado explica que la vía debe ser la de recurrir la sanción, pero sin que exista ninguna actuación por parte del Club que pueda llevar al derecho penal. “Si la sanción impuesta es o no conforme a derecho excede de la competencia de este tribunal, al que solo le compete analizar si hay o no indicios de un delito. Y es evidente que no hay indicios de amenaza, ni hay indicios de injuria”, explica.

El Real Club de Golf de La Moraleja es una elitista organización creada en 1972. Se dedica a la gestión de campos –tiene dos en La Moraleja, la zona con renta per cápita más alta de España, y dos en el término municipal madrileño de Algete–. Cuenta con 130 empleados, una cifra de negocio anual de 17 millones y 6.000 socios que pueden practicar golf, tenis, pádel, squash o solazarse en sus chalés, pistas, clubes sociales, peluquerías y restaurantes que, según sus últimas cuentas presentadas al registro, ingresan 1,5 millones de euros anuales en comidas de socios.

En La Moraleja juega la jet set de España. Condes, duquesas, millonarias, herederos, CEO’s de multinacionales. Entre los más populares estuvo Mario Conde –que tuvo que sacar a subasta su acción por impagos–, Antonio García –el padre de Ana Obregón, uno de los impulsores del proyecto– o Juan de Borbón, padre del rey emérito, que fue socio de honor hasta su muerte. Son socios actualmente banqueros, exbanqueros y familias poderosas como los Ybarra, Domecq, Entrecanales, la familia Echenique, los Obregón, la familia Aguirre y cientos de apellidos de fortunas y directivos del país. 

Ahora, 14 personas que forman parte del consejo de administración tendrán que declarar en un juzgado de instrucción de Alcobendas como querelladas después de que se haya admitido a trámite una denuncia de la socia Elena García, presidenta también de la Asociación Pro-Defensa del Club de Golf La Moraleja y a quien el club ha expulsado por sanción disciplinaria (motivo por el cual presentó hace unos meses otra querella por derecho al honor).

La jueza ha admitido a trámite esta segunda querella, en la que acusa al consejo de varios delitos societarios –“vulneración del derecho a la información, acuerdos lesivos aprovechando mayorías ficticias y falsedad documental”–. Entre los querellados está el presidente del club, Juan Pablo Ridruejo, o los consejeros Aurora García Bardón (Microsoft Ibérica), Juan Manuel Bolás (expresidente del Colegio de Notarios y consejero del club hasta 2023), Joan David Grima (ACS) o Juan Marín (Accenture). 

El relato de los hechos en el escrito que ha sido admitido a trámite abunda en que la dirección del club da menos información de la que debiera a sus socios y en que, aprovechando votos delegados ficticios, e incluso usando el voto de personas que habían fallecido, se sacaron adelante algunas votaciones. Destaca, en concreto, la aprobación en 2019 de la construcción de un chalé como casa club en los campos ubicados en el término de Algete.

Hasta entonces había una casa prefabricada, pero el consejo de administración sacó adelante una construcción a la altura de los estándares del club. Cinco millones de euros para un chalé social inaugurado en 2023, un “acontecimiento verdaderamente importante que ya da servicio a nuestros campos 3 y 4. Con ella, completamos un proyecto que nos ha convertido en el club privado más grande y prestigioso de España y uno de los más importantes de Europa”, según la felicitación de Navidad enviada a los socios este año pasado por el presidente ahora querellado. Esa es la construcción que la denunciante asegura que salió adelante gracias a votos irregulares, un punto que pretende aclarar la jueza al llamar a declarar a parte del consejo de administración entre abril y mayo de este año. 

El proyecto ha sido contestado en algunas juntas de accionistas (los miembros del club) por socios que han mostrado hace tiempo su oposición a la construcción de campos en Algete o la nueva casa club, como se puede leer en la querella, una ampliación que desde su arranque tiene luces y sombras, críticos y defensores. “Los campos son muy buenos”, cuenta un socio veterano que prefiere no dar su nombre, “pero sí fue polémico porque la inversión fue muy alta y podía dejar el club en situación financiera complicada, como al parecer así fue”. “Como en cualquier sociedad, es posible que algún socio no esté de acuerdo con algo, pero la mayoría de los socios son los que deciden. Respetamos las opiniones de todos los socios y siempre pueden defender sus posturas en la Junta, que son sometidas a votación”, responden desde el club de golf.

El macroproyecto empezó a desarrollarse hace casi dos décadas: serían 36 hoyos (18 por campo), con restaurante y una casa club de nivel. Lo aprobó en 2004 la Junta General de Accionistas bajo la presidencia de Ricardo Pradas, que dejó la organización en 2014 al estar imputado, y luego condenado a prisión, por la Audiencia Nacional en el caso Novagalicia, donde un grupo de directivos organizó una trama para cobrar 19 millones en indemnizaciones en plena crisis de la caja.

Los terrenos sobre los que se ha construido fueron comprados por 36 millones al Duque de Alburquerque, Juan Miguel Osorio, cuatro veces grande de España y conocido de las revistas del corazón por haberse casado en segundas nupcias con la modelo Blanca Suelves. Pese al millonario desembolso, esas 136 hectáreas tenían una pega no menor: estaban en una zona altamente protegida, el terreno estaba sin deslindar y había riesgo de expropiación porque cerca pasan dos autopistas, según constató por escrito la consultora EY contratada por el propio club de golf en un informe. 

También se acordó pagar al duque 100.000 euros al año por usar una balsa de riego hasta que se construyera una instalación de depuración y se le vendieron seis acciones del club “a 74.000 euros cada una”, según el mismo texto. En total, según los datos hechos públicos en la inauguración de los campos, la operación Algete salió por 70 millones de euros.

Esos terrenos sobre los que el club quería construir su joya de la corona, y que fueron inaugurados en 2012, están protegidos porque colindan con un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), concretamente las “cuencas de los ríos Jarama y Henares”, según recoge la declaración de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid consultada por elDiario.es. “Cuando se presentó por primera vez el proyecto, a principio de los 2000, la Comunidad de Madrid –gobernada entonces por Alberto Ruiz Gallardón– emitió una declaración negativa por el efecto del campo de golf sobre el entorno del río Jarama y porque el plan de ordenación de Algete preveía hacer allí un parque fluvial”, recuerda María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de la región de Madrid. 

Pero algo cambió y, en 2007, ya bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, el proyecto consiguió una declaración de impacto ambiental “favorable”, según la resolución a la que ha podido acceder este medio. En ella se reflejan también las alegaciones que en su día hicieron el ayuntamiento de Algete y Ecologistas en Acción, entre ellas, “no se evalúan los efectos de humanización sobre la zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) colindante” o “no se justifica convenientemente la necesidad del proyecto”. “En esa época, Aguirre estaba en campaña por el golf, su marido era vicepresidente de la Federación y en la directiva de la Moraleja estaban varios familiares”, cuenta Nieto. En efecto, el primo hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, César Gil de Biedma y Zulueta, era vicepresidente del club en el momento de la concesión del permiso.

La expresidenta de la Comunidad Madrid, Esperanza Aguirre, asegura en una llamada de elDiario.es que no tiene “absolutamente ni idea de este tema, la Comunidad de Madrid no tiene ahí nada que ver y en todo caso las declaraciones de impacto ambiental son técnicas”. Preguntada por si la autorización pudo ser favorecida por la promoción del golf en esos años y su afición y relaciones en ese mundo, responde: “Lo que te puedo asegurar es que de esto de La Moraleja no se ha hablado jamás en el Consejo del Gobierno, o al menos yo no lo recuerdo”.

¿Cuál fue el impacto de estos campos de golf? “Se arrancaron muchísimos árboles, sobre todo fresnos que se transplantaron a la orilla del río y se secaron todos, era como un cementerio. Se transformó totalmente la topografía del lugar, porque era un llano de cultivo de cereal y ahora son colinas y desniveles con lagos artificiales, para lo que se hicieron movimientos de tierras brutales”, explica Nieto. La Comunidad de Madrid se limitó a imponer algunas restricciones al paso de maquinaria pesada y uso de agua, en esta zona limítrofe con el Jarama que, incluyendo los 100 metros colindantes con cada orilla, es parte de la zona de protección Red Natura, además de que hay una laguna cercana, Mozanaque, catalogada por su alta biodiversidad de aves.

Pese a todo ello, ese año 2007 el club tuvo vía libre para hacer su proyecto estrella, cuyo diseño se encargó al prestigioso golfista Jack Nicklaus, y la parcela quedó urbanizada, se instalaron redes eléctricas, canalizaciones, desagües y se pavimentó en parte. Ahora está en construcción un importante parking para los socios. El proceso tuvo también pegas y cierto descontrol en el gasto, según la auditoría que encargó el propio club a la firma Grant Thornton. En ella se desglosan irregularidades y negligencias como incumplimientos de contrato que no se reclaman o pagos desbocados para hacer los campos 3 y 4 del club más elitista de España. La auditoría revela sobrecostes de más de 4 millones y dedica varias páginas a Alfonso de la Joya –hermano de Adrián, imputado en casos relacionados con el comisario Villarejo–, socio del club y arquitecto en varios edificios de la Moraleja, cuyas empresas fueron también contratadas para este proyecto. Los auditores revelan también pagos a De la Joya por 77.000 euros sin contratos que soporten estas facturas y que responden “de manera resumida a trabajos y gestiones con el Ayuntamiento de Algete, con la Comunidad de Madrid, al ministerio de Fomento, Juan Osorio (el duque) y ayudas varias”. 

Pero el desembolso para conseguir esos campos de golf no acabó ahí. El club firmó un convenio con el Ayuntamiento de Algete –gobernado entonces por el PSOE y desde el 28M por el PP– para poder iniciar su proyecto y se comprometió a invertir 2 millones de euros para una escuela de golf municipal y a pagar, junto a la empresa del duque, 3,5 millones para un centro de educación ambiental, como queda recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 1 de abril de 2005. Según las cuentas recogidas en el informe de la consultora, La Moraleja consignó como pago al menos 2,1 millones al Ayuntamiento de Algete, aunque la escuela municipal no se ha hecho ni tampoco el centro ambiental.

“La cantidad total por la escuela de golf que correspondía pagar al club era de 1,5 millones de euros y se realizó en diversos pagos, correspondientes a los diferentes hitos cumplidos y expresamente marcados en el convenio al que se refiere, acordado y firmado en el año 2005”, confirman a elDiario.es fuentes oficiales del club de golf, que justifican que “en aquel momento ninguno de los gestores ni de los miembros del consejo de administración estaban en el club”.

El pago fantasma tuvo más recorrido, ya que ocho socios presentaron una reclamación judicial “que fue desestimada en dos ocasiones”, continúan las fuentes oficiales de La Moraleja. Por qué cobraron ese dinero en las arcas públicas de Algete y en qué se invirtió finalmente no se sabe. A la publicación de este artículo, el actual equipo de Gobierno no se había pronunciado sobre el destino de ese dinero acordado en 2005.

Cuando iban a construir la casa club, donde están los vestuarios y las zonas sociales, en el club se habían quedado sin suficiente dinero y decidieron hacer una casa provisional prefabricada. La propuesta de construcción de una nueva, en 2019, en una junta directiva, es un punto sobre los que se va investigar tras la querella, para saber si se sacó adelante legítimamente y por el que pasarán a declarar en el juzgado los más poderosos consejeros del mayor y más potente club de golf de España.

No todo es golf y lujo en el Real Club de La Moraleja. En el último año este exclusivo club social, ubicado en el código postal con mayor renta per cápita de España, se ha visto envuelto en una guerra encarnizada entre sus miembros, con acusaciones de “pucherazo” por parte de algunos socios y accionistas al consejo de administración. Los 14 miembros de la directiva del Club, según ha sabido elDiario.es, tendrán que declarar como querellados en un juzgado entre abril y junio para aclarar, entre otras cosas, si la construcción millonaria de una casa club salió adelante con los votos de socios que ya habían fallecido. Por el momento, el Real Club de Golf La Moraleja no ha contestado a las preguntas de este periódico.

El Real Club de Golf La Moraleja fue inaugurado en 1976 y cuenta, en la actualidad, con cuatro campos de 18 hoyos diseñados por el estadouindense Jack Nicklaus, considerado uno de los mejores golfistas de la historia. “Un ambiente distinguido en un enclave único”, afirma su página web para describir sus pistas de pádel, tenis, croquet, su “chalet social” y su spa. Para convertirse en socio hay que pagar una cuota mensual, pero el primer peaje es comprar unas acciones que, según diversos medios de comunicación, cuestan varios miles de euros cada una.

La convivencia entre los socios del Club, presidido por Juan Pablo Ridruejo desde hace una década, se ha resquebrajado en el último año, hasta llegar a los tribunales. Una de las socias ha formado una asociación 'Pro Defensa Socios del Club La Moraleja' y se ha querellado contra el Consejo de Administración, acusándoles de un rosario de irregularidades que incluyen sacar adelante votaciones clave con firmas falsificadas o, incluso, usando el voto de personas fallecidas para alcanzar las mayorías necesarias.

La querella de esta socia, que acaba de ser admitida a trámite por un juzgado de Alcobendas, acusa a los miembros del consejo de administración de conseguir “mayorías ficticias” a través de “delegaciones fraudulentas” de votos, a través del “abuso de firma en blanco, de falsificaciones de la firma” o, incluso, de la delegación de “votos de fallecidos”. Esta socia también denuncia que fue sancionada sin poder utilizar las instalaciones durante tres años como represalia por sus peticiones de información.

Según la querella, que ha podido examinar elDiario.es, esas mayorías supuestamente irregulares se usaron para sacar adelante votaciones clave como las relativas a la construcción de una casa club por un valor de cinco millones de euros. El documento pone encima de la mesa delitos societarios de vulneración del derecho de información y al control de la actividad social, así como otro de imposición de acuerdos lesivos y, de forma subsidiaria, un tercer delito de falsedad documental.

El caso ha caído en manos de un juzgado de instrucción de Alcobendas, que en los últimos días ha decidido admitir a trámite la querella, incoar diligencias previas, poner la apertura del caso en conocimiento de la Fiscalía y llamar a declarar a todos los querellados. Un total de 14 miembros del consejo de administración de Golf La Moraleja S.A que tendrán que comparecer en varias tandas entre abril y junio de este año. Esa decisión todavía es recurrible.

“Al menos” 15 votos de socios muertos

La querella explica que esta socia y otros solicitaron, sin éxito, conocer la relación exacta de las delegaciones de voto, tardando varios años en obtener algunas de ellas y solo a través de un notario. Denuncia también “ciertas vinculaciones empresariales” entre los miembros del consejo y apunta a diversas informaciones periodísticas de El Independiente y El Mundo sobre el conflicto abierto en el Real Club de Golf para solicitar la apertura de una causa.

Estas irregularidades, afirma, arrancaron en una Junta de 2016, aunque esos votos sospechosos no fueron clave para sacar adelante los acuerdos, lo que según reconoce la propia querella le quita relevancia penal a los hechos. No pasa lo mismo con las votaciones de 2019 en las que el Club aprobó la construcción de una casa club nueva por cinco millones de euros.

Afirma tener constancia de “al menos” 15 votos de personas que, para entonces, ya habían fallecidos, y asegura estar en disposición de aportar hasta 40 testigos. Personas que afirmarán que “o bien no han efectuado ninguna delegación de voto a favor de los miembros del Consejo, o bien se ha abusado de su firma en blanco pues no se ha autorizado expresamente a votar a favor en este punto del orden del día de la construcción de la casa club”.

“De no contar con los votos delegados fraudulentos la propuesta no habría salido adelante y no se habría perjudicado a los socios con el endeudamiento y aumento de cuotas”, subraya la querella. “En unos casos o la delegación está en blanco solo con la firma, o la letra del texto no es del socio autorizando el voto favorable a este acuerdo”.

En su auto, la magistrada Lidia María Paloma afirma que esta exposición de hechos “presenta características que hacen presumir la posible existencia de delitos societarios” y abre diligencias para llamar a declarar al consejo de administración, aunque especifica que lo hace “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investigaban posibles delitos societarios en la adquisición del campo de golf ubicado en la localidad de Borriol, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada considera que de las diligencias de investigación practicadas no ha resultado la comisión de hecho delictiva alguna por parte de los investigados: el que fuera presidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra, el golfista Sergio García y el padre de éste.

La causa se abrió en julio de 2016, fue archivada en un primer momento en mayo de 2017 y se reabrió con posterioridad, ya en 2020, al aparecer nuevos datos en el marco de otro procedimiento, el que se sigue por la presunta ocultación del patrimonio de Fabra.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha estimado la solicitud de sobreseimiento de las actuaciones formulada por los tres investigados.

La magistrada entiende que no existe “relación alguna” entre el préstamo de 100.000 euros efectuado por el padre del golfista a Carlos Fabra en 2009 con la adquisición por parte de la empresa de la familia del deportista, Golf Borriol SL, de los terrenos propiedad de Golf del Mediterráneo SA, cuyo consejo de administración presidía también el expresidente de la Diputación.

“La constitución de las hipotecas que prestó Golf del Mediterráneo SA fue realizada por decisión del Consejo de Administración y ratificado por la Junta General de la sociedad”, recoge el auto, que puede ser recurrido en reforma y/o apelación.

Decisiones “fuera del alcance y poder de decisión” de Fabra

Esas decisiones estaban “fuera del alcance y poder de decisión” de Carlos Fabra, “cuya participación quedaba reducida a emitir su propio voto sin ostentar la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo”, añade.

La juzgadora tampoco aprecia la comisión de ningún delito en el contrato de arrendamiento de industria suscrito en noviembre de 2013 entre ambas empresas, pues éste “no implicaba lesión alguna para los intereses” de Golf del Mediterráneo SL, en tanto que la entidad arrendataria “sustituía como gestor en las instalaciones a una asociación deportiva con dificultades económicas”.

Ese contrato fue ratificado igualmente por la Junta General de la mercantil arrendadora en junio de 2014, por lo que “también estaba fuera del alcance y poder de decisión del investigado Carlos Fabra”.

Finalmente, el auto recoge que las diligencias de investigación practicadas no han acreditado que los investigados “recibieran remuneración o gratificación alguna” como consecuencia de estas operaciones económicas, ni se ha establecido “relación alguna” entre el préstamo de 2009 antes citado con la adquisición de los terrenos del campo de golf.

“El contrato de arrendamiento se presenta como una solución económica para la entidad Golf del Mediterráneo SA, previsto para cubrir un periodo de diez años, aunque posteriormente quedó limitado a un periodo inferior desde su firma en el año 2013 hasta el año 2016, cuando se adjudican los terrenos a Golf Borriol”, precisa la resolución judicial.

Del mismo modo, la juzgadora ha analizado un segundo préstamo, de Golf Borriol SL al club de campo del Mediterráneo, de julio de 2013, y ha concluido que se otorgó de forma pública y respondía a “la necesidad de abonar gastos necesarios como seguros sociales y nóminas”.

Giro importante en el proyecto privado que el Atlético de Madrid desarrollará alrededor de su estadio, sobre tres parcelas públicas que el Ayuntamiento le cedió hace un año y medio. La mayor de ellas albergará finalmente un campo de golf y no las 25 pistas de pádel y el estadio para 6.000 personas inicialmente previstos, según una información que avanza este martes el diario El Mundo y ha podido confirmar este periódico.

El rotativo asegura que el club rojiblanco está a punto de cerrar un acuerdo con la empresa Topgolf para la construcción de unas instalaciones dedicadas a este deporte, con espacio para decenas de jugadores y un sistema de cámaras para la monitorización de los lanzamientos. El proyecto se completará con varios restaurantes, recintos de música y ocio -previstos en el proyecto inicial- y unas pistas de pickleball, deporte de raqueta de nueva implantación que sustituirá al parecer las 25 pistas de pádel previstas en el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid.

Los planes desvelados esta semana son muy distintos a los que presentó el Atlético de Madrid hace año y medio, después de firmar la cesión de las parcelas con el Gobierno de Almeida durante los próximos 75 años para levantar allí el proyecto Ciudad del Deporte. Entonces anunció que la parcela más grande de las que componen el proyecto, situada entre el Estadio Metropolitano y la M-40, tendría un miniestadio con capacidad para 6.000 espectadores, además de las 25 pistas de pádel mencionadas. Lo que sí que se mantendrá será la piscina de olas para la práctica del surf.

Así figura también en el texto del convenio firmado por el club rojiblanco y el Ayuntamiento de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico, donde detalle específicamente que habrá también “edificaciones destinadas a usos asociados que permitan completar la oferta de servicios” y que se plantea “la posibilidad de incorporar otras actividades”, citando algunas como skating o jumping pero sin hablar de golf en ningún momento. No obstante, fuentes municipales explican que la lista de actividades no estaba cerrada y que desde el área de Obras tienen conocimiento del proyecto de golf que pretende desarrollar el Atlético. En el planeamiento, este entorno se plantea con un uso “comercial-deportivo”.

Según los detalles del nuevo proyecto desvelado por El Mundo, el nuevo miniestadio se trasladaría a la parcela donde estará la ciudad deportiva del Atlético, que iba a albergar seis campos de entrenamiento que ahora se quedarán en cinco. El estadio también reducirá su capacidad de los 6.000 asientos previstos inicialmente a los 5.000.

Queda también por definir qué instalaciones habrá en la tercera parcela de uso privado, donde el Atlético de Madrid apostaba por levantar un hotel y ahora El Mundo habla además de “un complejo universitario” y “una clínica”.

La empresa Topgolf había anunciado una inversión de decenas de millones de euros en España a través de un acuerdo de un grupo inversor para abrir varias instalaciones de la marca estadounidense en España y Portugal. “Dentro de poco podremos dar más detalles”, aseguraba Pablo Juantegui, CEO de Topgolf Ibérica, en una entrevista publicada el mes pasado en la revista My Golf Way.

En la misma publicación, el empresario detallaba que cada campo de golf tendrá unos 60.000 metros cuadrados mínimos de extensión y capacidad para entre 600 y 800 personas en sus 102 bases. Las dimensiones de la parcela municipal sobre la que se va a asentar son de 121.855 m2, justo el doble. De momento, ni Atlético de Madrid ni Topgolf han confirmado la operación, que deberá aparecer en la licitación de los proyectos que saldrá a la luz en los próximos meses.

El Atlético de Madrid se ha asociado con una promotora inmobiliaria -la empresa Cívitas- para ejecutar este proyecto que une deporte y ocio sobre un suelo que inicialmente se había reservado para sucesivas candidaturas a los Juegos Olímpicos de la capital, en las que acabó fracasando. El acuerdo con el consistorio incluye también levantar varias instalaciones deportivas públicas en otras dos de las parcelas de las cinco implicadas en este proyecto.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes participó esta semana (del 16 al 19 de octubre), en la feria de golf más importante de Europa, la IGTM. El objetivo: posicionar la Región de Murcia como uno de los mejores destinos del continente para disfrutar de este deporte en cualquier época del año. 

Durante la feria, que este año se celebró en Lisboa, la delegación regional mantuvo más de 40 reuniones con turoperadores, plataformas de greenfees y medios especializados. 

Para la ocasión, la Comunidad estuvo representada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) y la Asociación de Empresarios del Golf de la Región de Murcia (Aegolf), que compartieron espacio con representaciones empresariales de Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa y UGOLF. 

Esta actuación se incluye en la estrategia de la Consejería de Turismo para impulsar la oferta de golf regional, que este año se ve reforzada con un Plan de Reactivación del Sector puesto en marcha entre el Itrem y Aegolf que cuenta con una dotación de 150.000 euros y que ha permitido cerrar acuerdos con 15 turoperadores de Reino Unido, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, Alemania, Irlanda, Francia y Bélgica, además de organizar campañas de comunicación, acciones de marketing digital, viajes de familiarización y torneos. 

Según Aegolf, entre enero y septiembre de este año los campos regionales vendieron 412.3560 greenfees, lo cual representa un aumento de más del 10 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este sentido, el segmento está acercándose de nuevo a las cifras récord de 2019, año en el que se registraron 165.000 golfistas en la Región, quienes originaron 2 millones de pernoctaciones y generaron un gasto directo en torno a los 265 millones de euros, lo que supuso un 8,1 por ciento del gasto total asociado al sector turístico regional. 

El Ajuntament de Palma, en manos del PP, ha concedido este martes el permiso de instalación y obras para la actividad de un hotel de cinco estrellas en una finca aledaña al campo de golf de Puntiró. Inicialmente, el Consell de Mallorca denegó, presupuestado en 10,2 millones de euros, la declaración de interés general del proyecto por considerar que se encontraba en suelo protegido, si bien los tribunales acabaron dando la razón al promotor.

No en vano, los campos de golf y los complejos turísticos y residenciales que suelen llevar aparejados ha sido foco en las últimas décadas de protestas y denuncias por parte de grupos ecologistas, que alzan la voz contra las políticas basadas en el cemento, el asfalto y el ladrillo que tradicionalmente han asolado la isla. Estas infraestructuras, además, se han situado en el punto de mira de entidades como el GOB, que ha pedido el cierre de los campos de golf regados de forma ilegal con agua potable teniendo en cuenta la crisis hídrica que atraviesa anualmente Mallorca.

En concreto, el proyecto de hotel en Puntiró, situado a diez kilómetros de Palma, está presupuestado en 10,2 millones de euros y prevé ocupar una superficie de 13.183 metros cuadrados, además de contar con 173 habitaciones con una capacidad total para 348 huéspedes. El campo de golf fue además adquirido el año pasado por un empresario alemán a través de la empresa T Club y es el único diseñado por el exgolfista estadounidense Jack William Nicklaus.

Tras la concesión de la autorización, el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos de Palma, Óscar Fidalgo, ha detallado que la solicitud se presentó en 2019 y el proyecto de obra se aprobó en marzo de 2022, de manera que para el equipo de gobierno actual es una cuestión “de puro trámite”.

Fidalgo ha recordado que los tribunales se pronunciaron sobre este asunto dando la razón a la promotora, Golf Park Entertainment Mallorca, en relación a la declaración de interés general del proyecto urbanístico.

Agilización de expedientes

En este contexto, el regidor ha afirmado que “ya se nota un cambio en la agilización de la concesión de expedientes”. Desde Cort han señalado que se encuentran ultimando las actuaciones para acelerar la concesión de licencias, con un plan de choque que se ejecutará “de forma progresiva”.

Entre las medidas se incluye la creación de una ventanilla única para profesionales y técnicos, atención especial a personas mayores de 65 años y resolución de dudas de los usuarios de manera presencial.

Fidalgo ha explicado que, según el último informe de junio -cuando entró el nuevo equipo de gobierno del PP-, el plazo medio de concesión estaba en alrededor de dos años, muy superior a los tres meses que marca la ley, una situación “inadmisible”, en opinión de Fidalgo.

El teniente de alcalde de Urbanismo ha insistido en que están trabajando en “simplificar los trámites” y eliminar “disfunciones” que ha atribuido a una “diarrea legislativa” que “ha provocado que se alarguen de manera innecesaria y absurda procesos que deben ser mucho más ágiles”.

En este sentido, ha considerado que la plantilla actual de funcionarios “ha funcionado de manera eficaz y coordinada en otras épocas” pero que hay que “dar los instrumentos” a los técnicos para que puedan hacer su trabajo. “Llevaban ocho años sin ser escuchados en la gerencia de urbanismo”, ha afirmado Fidalgo.

También en materia de urbanismo, Fidalgo ha confirmado que el chiringuito de la playa del Pelón, en la zona de Ciudad Jardín, cuenta con “todos los permisos” de Demarcación de Costas así como con contrato de explotación, dado que el anterior equipo de gobierno aprobó la ocupación en 2019. Con todo, Urbanismo solicitará a Costas que informe sobre la existencia de depósitos ocultos bajo la arena junto al quiosco.

“Los ricos y sus actividades de ocio que despilfarran recursos esenciales son un lujo que no nos podemos permitir”, con esas palabras de denuncia, activistas de Extinction Rebellion y Jauzi Ekosoziala se han colado en los campos de golf de Neguri en Bizkaia y Gorraiz, en Navarra, para plantar verduras. “En plena emergencia climática, ese tesoro que es el agua se derrocha en juguetes de ricos”, han criticado en un vídeo en el que se ve a varias personas entrando por la noche en los campos de golf y con azadas plantando cebollas y berenjenas.

Se trata de una acción que los activistas han realizado en Euskadi y Navarra, pero también en Madrid, Barcelona, Valencia e Ibiza, donde, han llevado a cabo otras medidas en diez campos de golf como bloquear los hoyos con cemento o desplegar pancartas que decían “El agua es un bien común” o “¡Alerta: sequía! Golf clausurado por justicia climática”.

En el caso concreto de Navarra, zona especialmente seca durante el verano, los activistas han denunciado que hay “cerca de 40.000 hectáreas afectadas por la escasez de agua”. La situación es tan grave que muchos agricultores deciden, como solución última frente a la sequía, sustituir cultivos como el maíz o la verdura por otros que requieren un menor consumo de agua como son el trigo, la cebada o el girasol. Aun así, en muchas zonas de la comunidad foral la falta de agua es tal que ni siquiera está garantizado que lleguen a cosechar.

Miembros de Extinction Rebellion y Jauzi Ekosoziala de forma conjunta se adentraron al campo de golf de Gorraiz, donde “de forma simbólica” plantaron 12 plantones de berenjena. “En algunos sitios directamente los activistas han puesto cemento en los hoyos, aquí hemos creado un pequeño huerto para exigir de forma simbólica, que el agua se utilice para cuestiones importantes. Puede que un campo de golf no gaste mucha agua en comparación con otras actividades, pero se trata de un gasto de agua para el disfrute de muy pocas personas, mientras hay restricciones en la agricultura y en el consumo de agua. ¿Si todas las personas jugáramos al golf cuánta agua nos haría falta?”, se pregunta uno de los activistas que ha participado en la acción y que no ha querido revelar su identidad a este periódico por las posibles represalias.

La intención en Neguri, Bizkaia, también era realizar un acto simbólico en el campo de golf, donde cubrieron varios hoyos con tierra. “No queríamos destrozar los hoyos, pero sí poner un pequeño huerto porque consideramos importante hacer ver que el gasto del agua cuando se riegan esos campos podría ser beneficioso para usarlo en la agricultura”, asegura uno de los activistas que se adentró al campo de golf de Neguri, una acción que llevaban planeando varias semanas.

“Tan solo un hoyo de un campo de golf engulle más de 100.000 litros de agua al día para mantener el césped que lo rodea. Es insoportable el cinismo de seguir permitiendo este tipo de ocio elitista mientras el mundo rural sufre pérdidas millonarias por la falta de agua en sus cosechas”, han lamentado desde Extinction Rebellion.

Los activistas, además, han manifestado que en todo el país “se riegan cada día 437 campos de golf”. “La cifra supone un consumo de agua superior al de las poblaciones de Madrid y Barcelona sumadas, para un entretenimiento que disfruta apenas un 0,6 % de la población”, han alertado, tras exigir “una planificación democrática del uso del agua de forma inmediata, y la utilización de herramientas verdaderamente democráticas y participativas para decidir sobre nuestros recursos”.

Aunque su origen es mucho más antiguo, la primera mención registrada del juego del golf en Escocia data de 1457, cuando el rey Jacobo II de Escocia prohibió el juego porque distraía a sus súbditos de la práctica del tiro con arco, más importante para el entrenamiento militar.

A pesar de esta prohibición, el juego siguió practicándose y, en el siglo XVIII, el golf se había convertido en un pasatiempo popular en Escocia, y empezaron a aparecer los primeros clubes y campos de golf.

En la actualidad, el golf está considerado uno de los deportes más populares del planeta. Sin embargo, en Escocia, su lugar de origen, hay entre 175 y 250 días de lluvia al año.

En comparación, en Almería, el único desierto en territorio europeo, con menos de 25 días de lluvia al año, se pueden encontrar ocho campos de golf. En la provincia de Málaga, con 70 días de lluvia, hay 50 campos.

El impacto de los campos de golf no es desdeñable. Hay casi 40.000 campos de golf en el mundo. Ocupan 26 veces más espacio por jugador que un campo de fútbol y aportan mucho menos valor a la comunidad.

Un campo de golf, con un mínimo de 20 hectáreas, puede consumir entre 20.000 metros cúbicos de agua en el norte de España y 270.000 en el sur, suficiente para abastecer a una población de 7.000 personas.

Los campos de golf tampoco se deben considerar espacios naturales. Más bien son enormes jardines, con una diversidad ecológica reducida al mínimo y donde se han erradicado a la mayoría de las especies que podrían habitar ese paraje, desde ratones y topos hasta insectos.

Estos se ven afectados por los pesticidas e insecticidas que se utilizan de forma intensiva en estas instalaciones. El uso de fertilizantes también contribuye al fenómeno de la eutrofización, que es responsable de la destrucción del Mar Menor.

Soluciones a medias

La respuesta de la industria del golf a las críticas de las organizaciones ecologistas ha sido algo llamado modernización ecológica, un intento de usar la ciencia y la tecnología por hacer más sostenible la presencia de campos de golf.

Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Bath creen que estas prácticas son insuficientes, y que en realidad son una maniobra política para acometer una verdadera reforma, como el golf ecológico (organic golf) que requiere medidas mucho más radicales (y más caras).

Una de estas prácticas es el riego con agua reutilizada o depurada, es decir, aguas residuales que han pasado por una depuradora, pero no son aptas para consumo humano.

En 2010 un análisis de la reutilización del agua en Gran Canaria encontró que se empleaba casi el doble del agua necesaria, y que, debido a los restos de nitratos presentes, su uso podía contaminar los cauces de agua.

La procedencia del agua es otro factor importante. La agricultura de regadío consume el 80% de los recursos hídricos del país. Una buena parte procede del millón de pozos ilegales que se explotan con muy poco control.

Con esta agua se podría abastecer a 118 millones de personas, y la sobreexplotación de los acuíferos lleva inevitablemente a su contaminación e inutilización, provocando inmensos daños en el medio ambiente. Solo en la zona del Mar Menor, se calcula que el 25% del agua de regadía procede de pozos ilegales, según WWF.

Aunque menos visibles, en los últimos años se han sucedido las denuncias por el uso de pozos ilegales por parte de los campos de golf. En 2013 se sancionó al Club de Golf Valderrama en Cádiz con una multa de 155.000 euros por el uso ilegal de dos pozos de agua para riego.

En 2018 se descubrieron en Mallorca diez pozos ilegales de agua potable que eran explotados por seis campos de golf, que recibieron una sanción de 250.000 euros.

Cuando en 2004 se canceló el trasvase del Ebro, los agricultores y campos de golf del sureste español miraron hacia el mar. Las desoladoras, hasta entonces testimoniales, pasaron a suministrar el 10% del consumo de agua de España, y de esa cantidad, un 22% se dedica a la agricultura, y muchos campos de golf comenzaron a usarla para el riego.

Según el informe de WWF, la desalación de agua de mar tampoco es sostenible. Se trata de un proceso que consume una enorme cantidad de energía (que actualmente procede en su mayor parte de combustibles fósiles) y que agrava el efecto invernadero.

El alto coste de estas aguas está subvencionado por los gobiernos de las comunidades, por lo que no se cubre su verdadero coste. Recientemente, el Govern de las Illes Balears ha prohibido el uso de agua desalada para campos de golf. 

¿Golf sostenible?

El golf es un área de actividad muy rentable para los inversores y que crea puestos de trabajo, y quizá eso hace más complicada su regulación. La situación en España en los últimos años ha mejorado, con un esfuerzo por parte de las administraciones públicas y las empresas del sector por aumentar la sostenibilidad de estas instalaciones que atraen a 1,2 millones de turistas al año.

Sin embargo, el golf ecológico, igual que las verduras ecológicas, es mucho más caro. Estas son algunas de las prácticas requeridas:

Cabe mencionar que existen certificaciones para el golf ecológico como la GEO Certified, que es una certificación para la gestión sostenible de campos de golf, pero solo la tiene una cuarta parte de los campos de Golf del mundo. En España este sello se ha concedido a 16 campos de un total de más de 300.

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“No se puede construir sin ton ni son si no hay recursos ni infraestructuras”, dice el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Atlanterra, Francisco Acedo. Esta zona del municipio gaditano de Tarifa ha vuelto a ser el foco del debate público después de que la Junta de Andalucía acordase la aceleración de 'Atlanterra Golf', un complejo turístico que incluye un campo de golf de 18 hoyos, 1.035 viviendas, 1.372 plazas hoteleras y un centro comercial. 

Acedo no entra en el debate sobre los pros y los contras del proyecto —creación de empleo, posible daño medioambiental, cambio de modelo productivo andaluz— y se centra en que la iniciativa no puede ser “otra cortina de humo para seguir dando licencias de construcción sin tener infraestructuras”. “¿De dónde se va a sacar el agua?”, es lo que le preocupa. 

La zona de Atlanterra sufre de escasez de agua desde el inicio de sus primeras construcciones. Ni el embalse de Almodóvar, de capacidad limitada, ni los pozos de la finca de La Obscuridad dan abasto. La parcela SA-1 “Cabo de Plata” siempre ha estado en el punto de mira del desarrollo urbanístico y 'Atlanterra Golf' es un nuevo intento para una iniciativa que desde 2008 lleva siendo rechazada por el mismo motivo: la falta de agua.

“Zahara está sobredimensionada”

“Los cortes de agua son continuados sobre todo en verano cuando la ocupación es total. Y cada año vamos a peor”, dice un representante de La Tahona, una zona de Atlanterra que colinda con la entidad local autónoma​ (ELA) de Zahara de los Atunes. “Cuando La Tahona eran cuatro casas suministrábamos agua, pero con la llegada de los hoteles cortamos el suministro”, dice el alcalde de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo (Gente de Zahara). El presidente de la ELA no es partidario de 'Atlanterra Golf' ya que agravaría los problemas de superpoblación y de desborde de los servicios que sufre su localidad. “Zahara ya está sobredimensionada. Hay que mejorar lo que hay y no construir más”, remata. 

Vecinos de distintas urbanizaciones denuncian las averías y la falta de presión en una red de abastecimiento anticuada. “Las instalaciones no están proyectadas para la gente que veranea aquí”, se queja Manuel Ariza, vecino de Atlanterra Sol y miembro de la asociación de Vecinos de Atlanterra. Ante unas infraestructuras hidráulicas deficitarias, las urbanizaciones han tenido que invertir en depósitos para el almacenamiento de agua. Pero el problema se agudiza en la época estival donde, como cuenta un vecino de la urbanización Atlanterra Pueblo, es habitual pedir cubas de agua. La demanda se dispara cuando los hoteles también recurren a camiones cisternas para rellenar sus aljibes. 

Ecologistas en Acción denuncia que 'Atlanterra Golf' se aprobó sin tener las garantías en cuanto a la provisión necesaria de agua. La organización calcula que las instalaciones —el campo de golf, las viviendas y los hoteles— necesitarían más de 500.000 m³ al año. Por ello, si en la actualidad la escasez de agua es notoria, ¿cómo se garantizará el suministro cuando en la zona se levante el nuevo núcleo urbanístico? La coordinadora de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas, teme, como Acedo, que finalmente no se desarrolle el proyecto y que la intención sea la de “simplemente obtener terrenos aptos para urbanizar sin renovar las infraestructuras”.

Adhesión a la zona gaditana

El desarrollo del sector SA-1 “Cabo de Plata” donde se ubica la urbanización nueva lleva suspendido desde 2008. La causa es obvia: no hay agua suficiente. Pero el Ayuntamiento de Tarifa ha buscado machaconamente fórmulas para sortear este problema. El pasado 2 de junio en pleno ordinario, el Consistorio solicitó por unanimidad su adhesión al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) con el fin de garantizar el abastecimiento de agua en la urbanización Atlanterra.

La petición fue aprobada en agosto y el pasado 14 de septiembre Tarifa participó en su primera sesión del CAZG. Esto facilita la incorporación del municipio a la cuenca hidrográfica del Guadalete-Barbate.

“Por ley, Tarifa no puede unirse a la zona de abastecimiento gaditana”, resalta Yllescas, que apela a la Ley 17/1995 de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del Guadiaro a la cuenca del Guadalete. Este trasvase solo permitía el suministro a quince municipios, pero en la actualidad además de la reciente incorporación de Tarifa figuran los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate.

“El consorcio solo gestiona las infraestructuras hídricas, es la Junta de Andalucía quien establece cómo y de dónde se abastece a un núcleo de población”, dice el presidente del CAZG y también alcalde de Trebujena (IU), Jorge Rodríguez. Desde el CAGZ se reconoce la “preocupación” por el “problema generalizado” de abastecimiento de agua en la zona de Atlanterra, pero descartan que la adhesión de Tarifa al consorcio perjudique al resto de municipios. Rodríguez ve asegurado el suministro de agua para consumo humano aunque recela de que sea suficiente para el regadío y sobre todo, para campos de golf.

Agustín Conejo teme que la inclusión de Tarifa en el CAZG pueda repercutir al suministro de Zahara de los Atunes. “No entiendo que se habilite esto y más si es para un campo de golf cuando en otras zonas, como Zahora y Los Caños de Meca no hay agua potable”, dice. En la misma línea opina el alcalde de Conil de la Frontera, Juan Manuel Bermúdez (IU): “Hay que valorar si ['Atlanterra Golf'] es factible y no repercute en un bien escaso como el agua”. El Ayuntamiento de Tarifa (PSOE) no ha atendido a las llamadas de este diario para dar a conocer su parecer sobre este asunto.

Los ecologistas no tienen “ninguna duda” de que la inclusión de Tarifa provoca un déficit en el resto de la red. “Es indudable que el agua es la que hay y si la pones en un sitio deja de ir a otro”, dice Yllescas, que además avisa de que su organización recurriría ante los tribunales el cambio de cuenca de la localidad.

Impulso turístico

Los problemas de agua en la zona no son nuevos. Que “el turismo tiene la capacidad de reactivar la economía” tampoco. El mantra del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, se basa en que este sector representa el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, que da trabajo a unas 450.000 personas y genera 22.000 millones de euros. 

“La creación de empleo y al aprovechamiento de recursos naturales y económicos” son los argumentos básicos que han servido al Ejecutivo andaluz para defender recientemente otros proyectos similares como 'Valle del Golf Resort’ en Mijas (Málaga) y 'Següesal Golf Resort' y 'Castellar Golf', en Barbate y Castellar de la Frontera, respectivamente, ambos en la provincia de Cádiz.

Para Ecologistas en Acción estos proyectos responden “a una política urbanística y turística obsoleta” y ya han iniciado las acciones legales para impedir que el litoral gaditano se someta a “la economía del ladrillo”. “No aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores del pasado”, dice Yllescas. “Nosotros no hemos dado ninguna licencia. Estos proyectos ya la tienen por parte de los Ayuntamientos. Lo que hemos hecho es hacerle la vida más fácil a los que invierten en Andalucía”, defiende Marín que, ante las críticas, insiste en que “no se va a desarrollar nada que no cumpla con la ley”.

En la “agilización de todas las actuaciones y procedimientos de las administraciones públicas andaluzas que sean necesarios para la efectiva implantación” de estas iniciativas de interés turístico, la Junta de Andalucía ha asignado un gestor de proyectos -project manager lo llaman- para garantizar “un seguimiento individualizado” de los mismos dentro de lo que se conoce como Unidad Aceleradora de Proyectos.

La Consejería de Transformación Económica insiste en que la recuperación económica tras la Covid-19 no se centra en campos de golf y en el ladrillo. Según la relación de iniciativas declaradas de “interés estratégico” por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía, la apuesta, “de momento”, está en la industria, en las energías renovables e incluso en la investigación y tratamiento contra el cáncer como refleja la construcción del Centro Andaluz de Protonterapia. El cambio de modelo productivo “va más allá del turismo”, dicen las fuentes consultadas.

3 de agosto de 2021. “La Junta considera que esta inversión contribuirá a la creación de empleo y al aprovechamiento de recursos naturales y económicos”. Así explicó el Gobierno andaluz su decisión para impulsar el proyecto 'Castellar Golf', ubicado en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz). En la última reunión del Consejo de Gobierno tras el receso veraniego, el pasado 31 de agosto, la Junta dio exactamente los mismos motivos para agilizar el 'Atlanterra Golf', esta vez en el término municipal de Tarifa. A estos proyectos le antecede el del campo de golf del Següesal en Barbate, de nuevo en Cádiz.

“La creación de empleo estable y de calidad en todos los sectores de producción y el aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicos, bajo el principio de sostenibilidad y la promoción de la inversión pública y privada” son los argumentos del Ejecutivo en su plan de recuperación tras la pandemia de COVID-19.

“La Junta no ve más futuro para Andalucía que los campos de golf rodeados de urbanizaciones de lujo”, denuncia Ecologistas en Acción de Cádiz. Para el ecologista Juan Clavero estos planes “adolecen de graves irregularidades legales” y espera anularlos. Con respecto al último proyecto anunciado, el de Tarifa, Clavero tiene una “moderada confianza” en ganar la batalla judicial ya que no se ha presentado la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como obliga la normativa comunitaria y estatal. La asociación ya “tumbó” las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios gaditanos de Chiclana de la Frontera, Valdevaqueros y Prado del Rey.

A estas iniciativas se les une el complejo Valle del Golf Resort en Mijas (Málaga) y ​​tres hoteles de “alta calidad” en Marbella. Todos están incluidos en la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía (UAP), órgano que hace “la efectiva puesta en marcha y ejecución del proyecto”, como se recoge en su página web, a través de la “agilización de todas las actuaciones y procedimientos de las administraciones públicas andaluzas”.

“El Gobierno andaluz asume como una de sus prioridades adoptar todas las medidas necesarias para impulsar la actividad económica”, explican desde la Junta de Andalucía.

Interés turístico

Las empresas pueden acceder a la Unidad Aceleradora de Proyectos si sus propuestas son declaradas de “interés estratégico” por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía. Esto otorga una “tramitación urgente y preferente” así como una “reducción de los plazos administrativos”, cuando sea posible, como se apunta en la web de la UAP.

Por esta vía ya se gestionan la ampliación de la refinería de Gibraltar-San Roque, la consolidación y ampliación del Parque Empresarial de Cosentino, en Almería, la construcción de una planta de heparinas de Laboratorios Rovi en Granada y la construcción de 12 plantas solares fotovoltaicas por Solarbay en Sevilla.

Además, el Consejo de Gobierno puede considerar otras iniciativas de interés por “su especial relevancia derivada de su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía”. Estas no tienen necesariamente que ser elevadas a la calificación de “interés estratégico” y, por lo tanto, no se pueden beneficiar de una reducción de tiempos administrativos.

Sin embargo, el interés turístico del Gobierno andaluz es patente. Los últimos proyectos asignados a la UAP, que depende de la Secretaría General para la Administración Pública y que dirige Ana María Vielba, tienen a los sectores del turismo y de la construcción como destinatarios: tres hoteles “de alta calidad” en Marbella, el 'Valle del Golf Resort', el 'Següesal Golf Resort', el 'Castellar Golf' y el 'Atlanterra Golf.' Con anterioridad también se habían aprobado otras iniciativas como la construcción de las ciudades de la Justicia de Sevilla y Jaén y de un nuevo hospital en Málaga.

“El turismo tiene la capacidad de reactivar la economía”, ha expresado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, que argumenta la actuación del Gobierno andaluz. Y se defiende: “Nosotros no hemos dado ninguna licencia. Estos proyectos ya la tienen por parte de los Ayuntamientos. Lo que hemos hecho es hacerle la vida más fácil a los que invierten en Andalucía”. Ante las críticas, Marín insiste en la “simplificación burocrática” y en que “no se va a desarrollar nada que no cumpla con la ley”.

Creación de empleo

La actividad turística, según Marín, es un “sector estratégico” que proporciona trabajo a unas 450.000 personas y genera 22.000 millones al Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, un 13%. La “generación de empleo” es uno de los argumentos más utilizados por el Gobierno andaluz para defender este tipo de proyectos que, según las fuentes consultadas, suman una inversión de 4.460 millones y que, calculan, crearán unos 10.000 empleos entre directos e indirectos.

Para el economista Juan Torres estas iniciativas son “una apuesta por un motor económico que genera poco valor añadido, empleo de baja calidad y que dilapida y sobreexplota recursos naturales”. El doctor en Ciencias Económicas descarta que los campos de golf y los establecimientos hoteleros sean “los yacimientos de empleo que hay que descubrir y explotar”. “El empleo y el mejor aprovechamiento de los recursos se da cuando se industrializa una economía a partir de sus recursos endógenos y se vincula esa estrategia con las redes de servicios de alto valor añadido”. “[La UAP] es una iniciativa que implica a todo el Gobierno, no solo a Turismo. Cada consejería propone proyectos de su competencia. Hay muchos que nada tienen que ver con megaurbanizaciones ni con el golf”, recalcan las fuentes del Ejecutivo.

La provincia de Cádiz, según la última Encuesta de Población Activa, registró en el segundo trimestre de 2021 una tasa de paro del 25,55%, cuatro puntos por encima del dato andaluz (21,58) y casi diez más que el valor nacional, que se situó en 15,26%. Cádiz es la región española con más paro. El alcalde de Barbate, Miguel Molina (Andalucía Por Sí), donde se planea el 'Següesal Golf', defendió el carácter “dinamizador” de este proyecto cuyo objetivo es el de “bajar el desempleo” en la zona.

“Confío en que la UAP dé resultado, pero siempre cumpliendo con todos los trámites medioambientales”, sostiene el alcalde socialista de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca. Su consistorio aprobó la modificación del PGOU en octubre de 2020 para adaptarlo a los requisitos de la Junta de Andalucía para declarar el proyecto de “interés estratégico” y activar una iniciativa que comenzó hace 20 años. “Puede ser un proyecto que genere empleo y traiga desarrollo no solo al municipio, sino a toda la comarca”, dice.

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz (PSOE), apunta a que el 'Atlanterra Golf' lleva desarrollándose desde 2008 y aplaude la coordinación entre promotores, Ayuntamiento y la Junta para “favorecer el desarrollo económico, social y sostenible” del municipio. “No queremos crear nuevos núcleos turistas, pero no puedo parar un plan parcial urbanístico ya aprobado”, argumenta Ruiz, que explica que Tarifa “no solo aboga por este tipo de proyectos”. De todas maneras, el alcalde tarifeño reconoce que estas iniciativas “no son el camino a futuro” y coincide con los críticos en que habría que plantear “otras vías de desarrollo”.

Dinero “a corto plazo”

“Esta unidad se está convirtiendo en una gran depredadora del ecosistema de Andalucía y frustra la oportunidad de cambio de modelo productivo para nuestra comunidad”, expresa la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera. El programa electoral de este partido destaca que la actividad turística en la región es “uno de los pilares de su economía y del empleo”, pero critica la precariedad, la estacionalidad o la masificación, así como la sobreexplotación del litoral andaluz que provoca este sector.

Por su parte, el presidente de la organización regional andaluza de los Promotores Inmobiliarios (FADECO), Francisco Martínez-Cañavate, aplaude la “magnífica iniciativa” de la Junta. “Es una idea formidable para cualquier sector que la administración se vuelque con unos proyectos durante toda la maraña burocrática para que no se queden en un cajón”, apunta.

Martínez-Cañavate teme que “si Andalucía no es competitiva, las inversiones se vayan a otras comunidades y países” y espera que se sumen iniciativas tanto privadas como públicas a la UAP. “No hay que negar estos proyectos. Hay que hacer lo que sabemos hacer. Si llega Mercedes, le abrimos las puertas, pero si no llega, ¿qué alternativas se ofrecen?”, se pregunta. Torres tacha la “poquísima imaginación” de los dirigentes que “se deben a los intereses de los grupos de poder dominantes y son incapaces de enfrentarse a las inercias para dar paso a la innovación, a las ideas nuevas y a la transformación”.

Juan Clavero lo tiene claro: “La construcción y el turismo dan dinero a corto plazo. El I+D+i y la tecnología no implican un pelotazo inmediato”. El miembro de Ecologistas en Acción de Cádiz cree que la región “desaprovecha” la oportunidad dada por la pandemia de la COVID-19 para cambiar el modelo productivo y apostar por otras vías de desarrollo.

Un campo de golf de 18 hoyos, dos hoteles de cuatro estrellas, más de 730 viviendas y casi un millar de apartamentos turísticos. Todo acompañado de instalaciones deportivas, de ocio, de esparcimiento y de restauración. El municipio gaditano de Barbate se prepara para acoger un proyecto turístico-deportivo que ocupará una superficie de 467 hectáreas, es decir, unos 700 campos de fútbol.

Los planes para desarrollar el 'Següesal Golf Resort' se han apresurado después de que Gobierno andaluz, en su apuesta por la agilización burocrática, lo haya incluido en la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía (UAP). Este órgano, que depende de la Secretaría General para la Administración Pública, tiene la tarea de asesorar a los agentes implicados en los trámites a realizar para “la efectiva puesta en marcha y ejecución del proyecto”, como se recoge en la información facilitada por la Junta de Andalucía. 

“Hay otros proyectos para potenciar Barbate y no este, que no trae beneficio para el pueblo”, dice Carmen Martínez, de SOS Barbate. Esta plataforma ciudadana, que une a distintos colectivos, se ha constituido para dar a conocer los planes del Ayuntamiento barbateño. “Hay un gran desconocimiento y llega lo de siempre: que van a urbanizar, a hacer hoteles y que eso genera empleo”. “No pueden hacer otra vez lo mismo y sobre todo cuando pensamos que nos hemos vacunado de la enfermedad de la especulación inmobiliaria”, dice el activista de Ecologistas en Acción, Juan Clavero. Su organización ha presentado 138 alegaciones a un proyecto cuya justificación no es más que “el interés de una empresa privada”.

“Hay más revuelo que crítica”, dice a eldiario.es/Andalucía, el alcalde de Barbate, Miguel Molina. “Es una exageración. La mayoría del pueblo está a favor, pero hay colectivos que mienten. En Madrid y en Sevilla me llaman preguntando si me he vuelto loco”, dice. Molina aclara que “el parque natural no se va a tocar y eso de que se no va a crear empleo es otra mentira” ya que calcula que el proyecto generará entre unos 300 y 400 puestos de trabajo directos; “un acicate” para una población que cuenta con alrededor de 3.000 desempleados.

“Argumento manido”

La Junta de Andalucía llegó a un acuerdo con la empresa Bogaris Residential 7 SL. en julio de 2011 para que el proyecto fuera declarado de “interés turístico”. Por aquel entonces, el socialista José Antonio Griñán era el presidente de la Junta y su Ejecutivo se basó en un decreto de 2008 -el 43/2008- por el que se regulan las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía. Cabe resaltar que una norma posterior del año 2020 anula esta declaración para los proyectos de campos de golf aunque no es aplicable para el 'Següesal Golf Resort' que ya estaba en tramitación.

El Gobierno andaluz defendió el “interés turístico” del campo de golf porque, como recogía la decisión, “favorecerá la desestacionalización turística que requiere la zona, a la vez que atraerá un turismo de calidad y apoyará la generación de empleo”. En esa línea el Ayuntamiento de Barbate, gobernado por Andalucía Por Sí, apuntala ahora un proyecto con el objetivo de “bajar el desempleo”. “Esto es un proyecto dinamizador”, dice Molina.

Pero las fuentes consultadas dudan del impacto socioeconómico de este macroproyecto situado a medio camino entre Barbate y Vejer de la Frontera. “Es un argumento muy manido”, dice Luisa (pseudónimo), una vecina barbateña que prefiere mantener el anonimato. “Te dicen que el pueblo está deprimido, pero son excusas para no afrontar de manera valiente otros retos que no tengan que ver con el ladrillo”, dice otro vecino que, por represalias, también prefiere no desvelar su nombre. “La industria turística en Barbate no necesita más resorts ni campos de golf. No estamos hablando de un hotelito sino de un proyecto mastodóntico que no tiene sentido”.

El 'Següesal Golf Resort' se convertiría en otra propuesta más para los amantes del golf en la zona. A poco más de media hora de Barbate se encuentra el complejo Fairplay Golf & Spa Resort, en Benalup-Casas Viejas, mientras que el club de golf Montemendio está sólo a 20 minutos. Clavero explica que “el golf no es la respuesta a la desestacionalización” del empleo ya que el porcentaje de los turistas que apuestan por esta actividad “es menor” que los que “vienen buscando espacios naturales”. SOS Barbate ve una “competencia feroz” en un proyecto que provocará “el hundimiento de los pequeños negocios de alquiler turístico y restauración”. Martínez cree que se debería potenciar el turismo ornitológico, el arqueológico, el cultural o el gastronómico. Coincide Luisa: “La gente tiene ganas de trabajar, hay muchas ideas, pero al final se hace lo que ya está aprobado”. 

Impacto medioambiental

“Su naturaleza y su gente son el verdadero potencial de Barbate. Lo natural vende y es un sello de calidad”, remata la vecina barbateña. La planificación del “Següesal Golf Resort” está en una zona colindante al Parque Natural de la Breña y Las Marismas. Las fuentes consultadas resaltan la huella medioambiental que generaría este proyecto en contra de la tendencia actual por el desarrollo sostenible. “Se va a cimentar la periferia del parque natural”, dice Clavero.

Ecologistas en Acción informa que se pretende reclasificar un total de 304 hectáreas de terrenos actualmente clasificados como no urbanizables y, en parte, especialmente protegidos. Además remiten a un informe de la antigua Consejería de Medio Ambiente en el que el proyecto “supondría la eliminación de 230 hectáreas de superficie forestal”. 

Junto a los atascos y los problemas de accesibilidad que generaría el proyecto, a SOS Barbate le preocupa la gestión del agua. “No sabemos cómo se van a abastecer. Dicen que de los pozos locales, pero incluso estos tienen problemas en época de sequía. Y lo peor es que en la zona de la urbanización todo el agua de lluvia deja de caer al acuífero y se va por la alcantarilla”, apunta Martínez, que en base a este déficit hídrico “no quiere ni pensar” cómo se regaría un campo de golf de 867.940 metros cuadrados. Los ecologistas han estimado que el gasto de agua, basado en un riego de 8 meses, sería de 1.600.000m3 al año, que equivale a unas 474 piscinas olímpicas.

El alcalde explica que ya hay en marcha un compromiso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vejer de la Frontera para pasar del actual tratamiento secundario a uno terciario, el de mayor nivel de depuración, y poder así reutilizar el agua. Molina insiste en que el parque natural no se verá afectado y que “Barbate cumple con el medio ambiente ya que el 83% de su terreno está protegido”.

En parte del 17% restante se sitúa un complejo en cuya segunda fase, la de extensión, provocaría que la masa forestal de alcornoques que se sitúa en la zona norte del proyecto quedase aislada del parque natural. “Sería como un agujero negro”, dice Martínez. Esto contraviene las directrices de la Red Natura 2000 para la conservación de la biodiversidad ya que “la fragmentación de los ecosistemas o de los hábitats es uno de los procesos más graves de pérdida de diversidad biológica”.

Otras opciones de desarrollo

Clavero intenta convencer a Molina de que sus reivindicaciones no van en contra de dar una respuesta a la demanda turística. “El problema es que se va a crear una ciudad nueva sin haber tenido un debate ciudadano más amplio porque esto le va a hacer competencia a Barbate y a Vejer”, dice Clavero. Molina rechaza estas afirmaciones. Pese a que la zona donde se sitúa el proyecto cuadruplica la superficie del núcleo urbano de la localidad, el alcalde defiende que habrá “una densidad bajísima de construcción”.

El Ayuntamiento barbateño ha adaptado en los últimos meses su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cumplir con los requisitos del proyecto. Ecologistas en Acción propone que en esta revisión se planteen alternativas de desarrollo turístico en el núcleo urbano de Barbate. “Tanto la zona de la ribera como el espacio detrás del puerto tienen unos usos marginales”, dice Clavero, que pide la rehabilitación de esos suelos de uso residencial para usos hoteleros. “Estoy de acuerdo”, dice Molina, que está intentando hacer “una reprogramación” del plan para que “los pocos desarrollos que haya en el pueblo sean turísticos”.

Las alegaciones de la organización ecologista también subrayan que el proyecto choca con el modelo de ciudad que se recoge en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). En su artículo 25 se describe el modelo de ciudad como el de “ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo”.

“En un resort la gente no va a salir ya que tiene todas sus necesidades cubiertas”, subraya Clavero. Pero el alcalde confía en que los turistas “se muevan, vayan al mercado, a las tiendas, cenen en sus bares... Ahora no vienen a Barbate porque no tenemos las suficientes plazas hoteleras. Mi pena es no tener más para que la gente no se vaya a Conil [de la Frontera] o a otros pueblos”, dice Molina.

El Ayuntamiento de Pareja, en Guadalajara, ha solicitado ya a la Confederación Hidrográfica del Tajo un permiso para poner en marcha un campo de golf rústico, de 9 hoyos y 10 hectáreas, de conformidad con la normativa de propio organismo en materia de cuenca para usos deportivos en terrenos de dominio público de los que es propietario el organismo de cuenca.  

Ubicado en las proximidades del azud de Pareja, los terrenos donde se propone la instalación deportiva forman parte de la denominada popularmente como Ría de Pareja en el Embalse de Entrepeñas, y se sitúan en la margen sur de la misma, prácticamente a continuación del Azud de Pareja. Ocupan una extensión de unas 10 hectáreas en las condiciones actuales, con el embalse al 40% de su capacidad.  

El proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Pareja define un recorrido de golf de nueve hoyos que, según el Consistorio, “cumple los estándares dimensionales y de dificultad homologados y equiparables a campos de golf federados”. 

El planteamiento es de un campo de golf rústico, es decir, desarrollado sobre terreno en estado natural, tanto topográfico como geológico, adoptando las soluciones a su propia orografía y vegetación natural, sin requerir para ello de movimiento de tierras, riegos o acometidas eléctricas, y ningún mantenimiento. 

El campo de golf de Pareja sería gestionado por el propio Ayuntamiento y por clubes de este deporte de la provincia. “Nuestro objetivo es dotar al municipio una instalación deportiva técnica, medioambiental y económicamente sostenible, darla a conocer en la comarca y fuera de ella, permitiendo con ello disfrutar de práctica de un nuevo deporte a los aficionados de la zona de Entrepeñas y muy pronto a los que vengan a conocerla y disfrutarla de otros lugares, y generar actividad económica en nuestro municipio mediante la  generación nuevas dinámicas turísticas”, señala Javier del Río, alcalde de Pareja.  

La ejecución del proyecto significará “un gran impulso económico para la comarca” y una apuesta por el deporte y la actividad turística, “siguiendo la misma línea que nos hemos marcado desde hace años, proponiendo actividades deportivas, de calidad, y su desarrollo en las instalaciones apropiadas”,  termina Javier del Río.