El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.

Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

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Este martes 7 de abril ha dado el pistoletazo de salida a la huelga indefinida en las escuelas infantiles madrileñas. Las trabajadoras de los centros educativos de niños de 0 a 3 años se han organizado para denunciar el abandono institucional que sufren en este sector, además de para exigir una mejora de condiciones laborales lo antes posible. Las profesoras reclaman una bajada de las ratios, salarios dignos y mayor inversión en las escuelas, siguiendo el modelo de otros niveles educativos, como el segundo ciclo (de 3 a 6 años).

Además de comenzar hoy con la huelga indefinida, trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Educación para ser escuchadas por las instituciones, a las que culpan de las malas condiciones en las que desarrollan sus jornadas. La huelga y las movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), y apoyadas por el sindicato CGT. Además, CCOO también han estado presentes en la concentración de la calle Alcalá. Otra cara conocida que ha participado en la protesta ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En general, todo tipo de perfiles se han agrupado esta mañana en defensa de las trabajadoras del sector 0-3, desde las profesoras más jóvenes a las más ancianas, padres, madres e incluso niños pequeños.

Las propias manifestantes frente al Ministerio han aplaudido el resultado de la convocatoria, que ha recibido la asistencia de cientos de trabajadoras de las escuelas infantiles, además de madres y padres, muchos de ellos con sus hijos pequeños. “Nos ha sorprendido que cada vez se une más gente al movimiento porque cada vez se entera más gente”, asegura una de las asistentes, que explica que se trata de una reivindicación a nivel estatal, pero es en Madrid donde se dan las peores condiciones laborales en este sector, ya que en otras comunidades “se están movilizando y ya se han conseguido cosas”.

Esta mañana, las de Madrid tenían mucha motivación para conseguir sus objetivos. Rosa Marín, portavoz de la PLEI, ha recordado que, durante el resto de días que se reúnan (miércoles a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación y jueves a las 18:00 horas en la Plaza de Callao) “no hay que perder las fuerzas hasta que tengamos compromisos y papeles firmados. Tenemos que seguir a tope. Hay que secundar la huelga lo máximo posible y venir a las concentraciones”.

Según las trabajadoras, la capital acoge las escuelas que viven la situación más delicada. En Madrid, se dan las peores ratios de toda España, aseguran, además de recibir poca inversión, lo que se traduce en infraestructuras deplorables, poco material y pocas manos para dar a los más pequeños un espacio seguro, limpio y con buena educación.

Las personas se han agrupado esta mañana frente al Ministerio de Educación para denunciar que no han recibido ninguna solución por parte de las instituciones, pese a haber hablado con ellas en numerosas ocasiones: “Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Nos han atendido amablemente, pero sin ninguna respuesta. Las palmaditas en la espalda no nos sirven para nada”, defiende una de las asistentes.

Sin embargo, según sostienen las trabajadoras, lo que reclaman a los políticos no es algo nuevo: “Lo que nos sirve es que el decreto 18/2008 lo revisen de una vez. Es un decreto del 2008, de cuando estaba el Gobierno de Esperanza Aguirre, que nos subió las ratios, cuando había otro decreto, en el cual eran las ratios mucho más bajas. Ya lo hemos tenido. Estamos pidiendo una cosa que ya ha existido. Lo que pasa es que se derogó para peores condiciones”.

No solo exigen unas mejores condiciones para ellas, sino también para los más pequeños, pues denuncian que estas malas circunstancias en las que trabajan a diario se traduce en poca atención y cuidado a los niños y niñas: “Se creen que el niño es un trozo de carne al que no hay que cuidar hasta los tres años, pero no es así. Es un ser con necesidades de comunicación, afectivas y de aprendizaje continuo. Es el andamiaje psicológico de toda la vida de una persona”.

Así se leía esta mañana en las pancartas frente al Ministerio de Educación. “Dos manos no sostienen veinte criaturas”, “sin condiciones dignas no existe educación de calidad”, “mi vocación no paga mis facturas”. Entre los cánticos, se podía escuchar, entre otros gritos: “No guardamos, educamos” o “no es vocación, es explotación”, acompañados de sonidos de cacerolas y silbatos.

Las educadoras infantiles también denuncian la poca visibilidad que reciben frente al resto de etapas educativas, pese a las grandes capacidades y esfuerzo que requiere su sector: “Hacemos lo mismo que cualquier profesor de otra etapa educativa, pero con más carga, porque también asumimos la higiene, la alimentación y el sueño”, explica una de las asistentes, “y no podemos hacer nuestro trabajo como queremos, pese a la formación que tenemos. Es una etapa muy específica que requiere una preparación muy concreta”.

Para garantizar el derecho a huelga, se han establecido servicios mínimos en las escuelas infantiles, que han sido criticados por UGT al considerarlos abusivos. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, ha explicado que desde el PLEI han realizado un escrito al Defensor del Pueblo para conseguir alternativas y “garantizar que el 50% de los trabajadores pueda ejercer su derecho a huelga”. Una de las manifestantes exponía que “todos los servicios mínimos son abusivos. En muchas escuelas solo pueden hacer huelga tres o cuatro personas, lo que nos deja prácticamente con las mismas ratios de siempre”.

No obstante, en la concentración, además de profesoras, limpiadoras o cocineras de las escuelas infantiles, también han participado las familias, que apoyan las movilizaciones, ya que “quieren que a sus hijos se les dé una calidad educativa que merecen. Ni más ni menos, la que merecen”. Muchas trabajadoras o familias no han podido asistir esta mañana: “Se puede apoyar más, pero ya ha habido mucha gente que se ha sumado. En mi escuela han ido muy pocos niños hoy, y también hemos visto familias aquí, en la concentración, incluso con sus hijos”, insiste una de las asistentes, que señala familias con carritos y niños a sus hombros, con cascos para proteger a los más pequeños del ruido.

Los estudiantes pueden solicitar desde el martes 7 de abril las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027, que cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros y beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas. 

Las becas MEC tienen como objetivo compensar las desigualdades personales, familiares, económicas, sociales y culturales de los estudiantes, con especial atención a aquellos que tengan necesidades educativas especiales.

Novedades de las becas MEC 2026-2027

Además del presupuesto récord de este año, el más alto hasta la fecha, esta convocatoria también ha introducido varias novedades.

Cómo solicitar las becas: requisitos y plazos

El plazo para presentar la solicitud para las becas MEC se ha abierto hoy, 7 de abril de 2026 a las 8:00 h y se cerrará el 18 de mayo de 2026 a las 15:00 h. Se aconseja no dejar la solicitud para el último día en vista a necesitar documentos adicionales para validar y confirmar la solicitud. 

Todo el proceso de solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de un formulario donde los estudiantes deben aportar la información necesaria.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Una vez presentada la solicitud, se podrá consultar su estado de tramitación en la sede electrónica del Ministerio, en el apartado 'Mis expedientes'.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, comenzará el procedimiento de valoración de la información de los solicitantes. En caso de cumplir los requisitos y que la información sea correcta, se notificará individualmente por vía telemática en el apartado 'Mis notificaciones' de la sede electrónica.

¿Quién puede recibir las becas MEC?

Pueden solicitar las becas aquellos estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan ciertos requisitos de aprovechamiento académico y que se matriculen en las enseñanzas universitarias y no universitarias que comprende la convocatoria. Los estudiantes de las siguientes enseñanzas pueden recibir la ayuda económica de estas becas: 

Cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general

Para cualquier duda sobre la solicitud o adjudicación de becas, se puede realizar una consulta en la sede electrónica del Ministerio, llamar al teléfono 910 837 937, o contactar con las Unidades de Becas de cada provincia. 

¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que hayas aprovechado para descansar. Vamos al lío, que con una semana sin boletín se nos acumula la faena.

Aprovechando la convocatoria de las becas para estudiar el próximo curso, proceso que ya está abierto y puedes ir mirando aquí, decidimos mirar un asunto que siempre me ha hecho ruido del programa de ayudas al estudio: hay una bolsa de gente que pese a que son oficialmente pobres, ganan demasiado como para optar a una beca completa, la que incluye una partida económica en mano que compense el coste de oportunidad de ir a la universidad y no ingresar un salario.

Resulta que esa bolsa de gente es bastante más grande de lo que me había imaginado. Los compañeros de Datos cruzaron información y son casi 400.000 personas en la edad típica universitaria (18-24) y más de tres millones en total. Es mucha gente y decidimos titular “El Gobierno deja fuera de las becas completas a 380.000 jóvenes...” y la fórmula, señalando al Gobierno, os molestó a algunos. “Si tan mal os parece, probad con el PP”, venía a ser la queja. La protesta tiene cierto argumento (la época del PP fue terrible también para esto). Es un tema difícil de gestionar para el Ejecutivo, que además ha hecho un buen esfuerzo desde que está Pedro Sánchez. Pero la realidad es que todavía es un esfuerzo insuficiente. Vamos a explicarlo todo bien, que es algo complejo, técnica y políticamente.

El Gobierno reparte tres tipos de becas en función de la renta. Todas incluyen el pago de la matrícula universitaria. Hasta el primer límite (umbral 1), se obtiene la beca completa, que incluye también varias ayudas económicas para gastos. Si se supera ese límite, y hasta el segundo (umbral 2), se pierde la principal ayuda económica, de 1.700 euros anuales, y se mantienen otras menores. Si se supera ese segundo límite y hasta un tercero (umbral 3), que marca el fin de las ayudas, no hay dinero en mano y el estudiante simplemente no paga la matrícula.

El problema es que los límites los fija el Gobierno a su voluntad, pero el primero, el umbral 1, está tan bajo que queda por debajo de la línea que marca el riesgo de pobreza. Eso provoca que haya familias que ganan más de lo que marca como límite este umbral 1, pero menos de lo que el propio estado, INE mediante, considera el mínimo para no ser pobre. En ese pequeño intervalo están esos 380.000 jóvenes.

Decía que es complicado para el Gobierno porque es verdad que la situación ha mejorado mucho, pero aún falta. Cuando Sánchez llegó al Ejecutivo el programa de becas estaba en la lona. El umbral 1 no es que estuviera por debajo del límite de la pobreza, es que había que ser indigente para tener derecho a la ayuda completa. Y el dinero en mano era una broma. El PSOE ha casi duplicado la partida que se destina a becas, subido las cuantías notablemente y elevado los umbrales para que mucha más gente pueda recibir la ayuda completa.

Pero sigue existiendo no poca gente que no puede permitirse ir a la universidad, quizá no tanto porque no puedan pagar la matrícula, sino porque no pueden permitirse el lujo de no ingresar dinero en las economías familiares durante tantos años, una situación que las ayudas en mano palían. Y, como dicen los estudiantes, un Gobierno progresista, “el más progresista de la historia”, no debería permitir que pase esto.

Esto –y más, como el problema con los plazos– os contamos en este artículo, que viene aderezado con gráficos, con los datos concretos de los umbrales o la línea de pobreza, que he preferido dejar fuera de este boletín por no hacerlo más engorroso, o con la historia de Laura, que se quedó sin beca completa porque a su padre le subieron mínimamente el sueldo y eso les costó salir del umbral 1 por una cantidad inferior a la que dejó de ingresar por sobrepasar ese límite.

Antes de seguir, os recuerdo, por si se quedó perdido entre tanto texto, que ya se pueden pedir las becas. Aquí está el portal web del ministerio, válido para toda España, excepto Catalunya, que ahora tiene las competencias y gestiona sus propias ayudas.

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Cuando al padre de Laura le subieron el sueldo, en casa no se podían imaginar que iba a convertirse en una mala noticia. El salario anterior ubicaba a la familia dentro del umbral 1 que establece el Ministerio de Educación para repartir las becas al estudio. Es el grupo más bajo, donde entran las personas más vulnerables. Eso permitió a Laura recibir durante cuatro años la ayuda completa, que además del pago de la matrícula universitaria incluye ayudas económicas en mano para gastos. Pero esa mejora salarial, apenas 111 euros –“me acuerdo perfectamente de la cifra, porque generó mucha frustración”, cuenta la joven–, sacó a la familia del umbral 1 por exceso de renta y la encuadró en el 2. Y se esfumó el principal pago en metálico (1.700 euros este año).

“Fue un jarro de agua fría”, explica Laura. “Cuando pasas de umbral es un cambio muy grande. Cobras una miseria más y lo que pierdes es mucho. Una subida de sueldo que al año no supone tanto para la familia te deja sin el tipo de ayuda con la que contabas. Llegas a pensar: 'Preferiría que en mi familia ganáramos un poquito menos y seguir contando con la ayuda'”.

Laura, que actualmente está estudiando un máster, es una de las casi 380.000 personas de entre 18 y 24 años a las que el Gobierno considera demasiado ricas como para acceder a una beca completa, con ayudas directas, pese a que son hogares en riesgo de pobreza, según la definición oficial.

Esto sucede porque el umbral 1 de renta para acceder a las becas, el límite máximo de ganancias que fija el Gobierno para acceder a estas ayudas integrales, lleva años por debajo del que fija la línea de riesgo de pobreza familiar. El Estado reparte tres tipos de becas en función de la renta familiar y otros parámetros como el patrimonio, aunque los ingresos son el principal filtro.

Para ello, cada año se establecen tres límites de renta que fijan los derechos económicos de cada grupo: quien quede por debajo del umbral 1 tiene derecho a la ayuda completa, que incluye un pago directo de 1.700 euros, hasta 2.700 euros para residencia si se estudia en una comunidad autónoma diferente de la familiar, entre 50 y 125 euros en función del rendimiento académico y una cantidad variable de hasta 60 euros en función de una complicada fórmula matemática; los hogares que se sitúen entre el umbral 2 pierden la principal partida, los 1.700 euros; finalmente, por debajo del umbral 3 solo optan a la ayuda vinculada al rendimiento. En los tres casos se incluye el coste de la matrícula.

El problema para Laura y otros cientos de miles de personas en España que potencialmente podrían ir a la universidad si quisieran es que el Gobierno ha fijado este año el máximo de renta familiar que marca el umbral 1 en 23.286 euros anuales (en total, para una familia de cuatro miembros), mientras que la línea que establece el riesgo de pobreza está en 25.662 euros al año para esa misma familia.

Estas personas pueden acceder a la beca media o a la más básica. Pero ninguna de las dos llega a compensar el coste de oportunidad de estudiar (incluso podría cuestionarse con la completa). Y a la universidad va quien puede permitirse no trabajar durante esos años, como recuerda siempre Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Jaén y autor de varios informes sobre financiación universitaria.

El Gobierno ha aprobado este año la partida para becas más alta de la historia con 2.559 millones de euros que beneficiarán, calcula el Ministerio, a un millón de estudiantes. Aunque son para todas las etapas, la inmensa mayoría de ese dinero se destina a la universidad. Desde que el PSOE está en el Gobierno, el presupuesto para becas ha subido un 83% respecto al que aprobaba el PP. Las cuantías han subido y se han elevado los límites de renta que dan derecho a becas (con el PP el umbral 1 que daba derecho a la ayuda completa era de 14.613 euros anuales) hasta los 22.177 euros, ampliando así la base de los beneficiarios.

Pero con la subida del salario mínimo interprofesional y la buena marcha macro de la economía también ha subido la línea que marca el riesgo oficial de pobreza, que se fija de manera automática en un 60% de la mediana de ingresos (siempre ajustado al tamaño del hogar). ¿El resultado? Hoy, como ayer, el umbral 1 queda por debajo del de la pobreza, dejando a millones de personas en ese limbo. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación cuáles son los criterios para fijar los umbrales de renta, porque no van automáticamente ligados a ningún indicador, pero no ha obtenido respuesta.

“El sistema de umbrales deja que desear”

“El sistema de umbrales deja que desear en muchas situaciones, no evalúa bien a cada estudiante”, valora Andrés Campillo Ponce, responsable de becas de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. “Nosotros reclamamos que se revisen. Modificarlos, sí, pero también introducir otros requisitos para que la convocatoria sea más justa. Está bien que se eleven los umbrales de vez en cuando, pero nos gustaría que se haga respecto a algún indicador específico, por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Canae, explica Campillo Ponce, está trabajando en una propuesta integral para presentarla en el Observatorio de Becas, el foro de interlocución para este tema con el Ministerio de Educación.

“Nuestra idea ha sido siempre que los umbrales suban de manera que no dejen a nadie atrás. Todos los años nos encontramos subidas del SMI o de los salarios, pero luego estas subidas no se ajustan en los umbrales y de un año para otro ves que sales del umbral 1 al 2 sin haber hecho nada”, expone.

“Es una decisión política”, tercia Santiago Cuesta, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de CCOO en el Observatorio. “Debería haber un criterio para que los umbrales respondieran a la situación real de las familias. No puede ser que apruebes un umbral que está por debajo de cualquier referencia, no responde a las necesidades reales de las familias y estás excluyendo a personas. Va contra el propio concepto de la beca o ayuda, es un ejercicio teórico que deja fuera a familias que deberían tener derecho, sobre todo en el umbral 1”.

Cuesta cuenta que CCOO lleva “años pidiendo una reforma absoluta del sistema”, y aunque concede que es positivo que el Gobierno esté subiendo las partidas año tras año, insiste en que es necesario “cambiar los criterios, que tienen 20 años”. “No es que haya pérdida de talento, es que le estamos robando expectativas de futuro a los chavales. Si somos una sociedad avanzada como decimos, hay que demostrarlo aquí, en las políticas sociales, esto es básico para el ascensor social”, sostiene.

El problema viene de atrás y no se acaba de resolver. En 2023, las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas hicieron un estudio en la Universidad de Alicante que ya explicaba que el sistema de becas es “ineficaz” por esta misma cuestión y proponían que el umbral 1 se elevase como mínimo hasta la línea de pobreza para acoger a todo ese colectivo. Aquel informe advertía también de que el carácter lineal de todo el proceso, utilizar las mismas referencias para toda España, junto a la variabilidad de precios universitarios entre las comunidades autónomas, provoca que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar los estudios diverja entre autonomías en términos relativos. Esto es, dice el informe con el precio de las tasas y las rentas de 2023, para una familia catalana o madrileña, el coste universitario se fijaba en un 5,8% sobre la renta mediana; para una gallega en un 3,4%.

Este asunto lo ha abordado el PNV en el Congreso porque Euskadi es una de las comunidades con menos becarios debido a que, al ser una de las más ricas de España, más familias se quedan fuera de las ayudas por renta. “El Gobierno central pone unos umbrales para acceder a becas iguales para todos, pero las condiciones no son las mismas en todo el Estado”, argumentaba el diputado Joseba Agirretxea, “no es lo mismo igualdad que equidad. Y hacer una raya igualitaria en este caso no es equitativo”. El partido le ha pedido al Gobierno que ajuste los umbrales.

Cuantías escasas, plazos tardíos

También preocupan a familias y estudiantes las cuantías que se pagan a los becarios como los plazos de ejecución de las ayudas. “Las cuantías son fundamentales”, dispara Cuesta, de CCOO. “El objetivo de las administraciones es ampliar el espectro, hacer las ayudas accesibles a más personas. Eso está muy bien, pero lo que hay que pensar es cómo las distribuyes para quien más las necesite. El ejemplo de la ayuda de residencia de las becas universitarias es palmario. Tienes una ayuda máxima de 2.700 euros anuales. Es irreal. Sin hablar de Madrid siquiera, no hay prácticamente ningún sitio que baje de 450 euros al mes. Le vas a pagar cuatro meses, pero los estudios duran diez. ¿Eso es una ayuda?”, pregunta retóricamente. El mismo argumento repetirá para la cuantía fija para las becas mejor dotadas, 1.700 euros para todo el año, o la variable (hasta 60 euros).

“Ha habido alguna subida reciente”, concede el estudiante Campillo Ponce, “pero la situación de la vivienda va a peor. Si vives fuera de tu ciudad de residencia en una capital de provincia tienes difícil acceder a una residencia con esa beca. Es cierto que algunas universidades complementan las ayudas, pero no se puede estar dependiendo de las universidades”, elabora. La escasez de los montantes, contaban Martí y Ródenas en su estudio, provoca que estos estudiantes tuvieran que trabajar además de estudiar, “por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Y luego están los plazos. María Sánchez, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de AMPAs del país, explica que para muchos hogares es fundamental que se agilice la ejecución de las ayudas, que muy a menudo llegan a los bolsillos de los beneficiarios a mitad de curso. “El plazo de solicitud es amplio, pero eso supone que muchas familias acaban cobrando la beca en marzo y tienes que adelantar el gasto”, cuenta, lo que para algunos hogares se convierte en un obstáculo casi insalvable. “Hay familias que a día de hoy no han cobrado el 100% de la beca”, corrobora el portavoz de Canae. “Nuestra principal reclamación es que cuando empiece el curso, en septiembre, tengan ingresada al menos la cuantía principal para poder hacer frente al curso y que nadie tenga que adelantar dinero”, explica.

Laura cuenta que durante todo su periplo educativo ha vivido en casa de sus padres, “si no, habría sido todo mucho más complicado”. También tenía unos ahorros propios de haber trabajado previamente. “Pero aún así he notado que tengo que limitarme en muchas cosas que otros compañeros no”, explica.

“Si el objetivo del sistema de becas es que cualquier persona que quiera continuar sus estudios lo tenga garantizado, con este sistema, a día de hoy, no da”, cierra Cuesta. “No cuestionamos el esfuerzo inversor que ha hecho la administración, pero, si con ese esfuerzo no se llega, el sistema es fallido”.

La tasa de abandono escolar temprano ha caído a su “mínimo histórico” en Andalucía en 2025, situándose en el 14,5%, según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a partir de las variables educativas recogidas en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto a 2024, Andalucía reduce la tasa en un punto, mientras la media nacional cae en 0,2 puntos hasta el 12,8%, “el dato anual más bajo de la serie histórica”. La evolución anual de la tasa andaluza registra una caída desde 2019 de 7,1 puntos y, por primera vez, baja del 15%. Así, Andalucía mejora en 2025 su posición en el ranking comparativo de abandono escolar temprano, situándose por delante de seis comunidades autónomas. Además, se posiciona a 1,7 puntos de la media nacional, cuando la distancia en 2019 era de 4,3 puntos.

El dato de abandono escolar temprano está directamente relacionado con la tasa de 'ninis', el porcentaje de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja, y que se sitúa en Andalucía en un 14,55%, 4,49 puntos menos que en 2018 y un recorte de casi 10 puntos respecto a la situación de hace una década.

Este descenso se produce también en un contexto marcado por la reducción del alumnado en la comunidad, ligada al desplome de la natalidad. Según datos de la Consejería de Educación, el curso 2025/26 arrancó con 19.000 alumnos menos respecto al año anterior entre Infantil y Bachillerato. Desde el curso 2018/19 el sistema educativo andaluz ha perdido en su conjunto más de 120.000 estudiantes. 

Esta tendencia de la tasa de abandono escolar redunda en los datos de evolución de las tasas de titulación en la comunidad. Así, el porcentaje de alumnado que cursa cuarto de la ESO y titula en Andalucía (88,9%) se sitúa por encima de la media nacional (88,5%) por primera vez. Desde el curso 2017/18 Andalucía ha mejorado en 5 puntos porcentuales; el porcentaje de alumnado que cursa segundo de Bachillerato y titula en Andalucía (90,5%) se sitúa también por encima de la media nacional (89,8%) por primera vez.

En la Formación Profesional, Andalucía “lidera”, junto al País Vasco, el porcentaje de titulados en los grados superiores de la FP con un 83% en todo el país. La tasa de alumnado titulado en FP Grado Básico en Andalucía acumula tres cursos por encima de la media nacional.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha reivindicado el liderazgo del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, un día después de que Milagros Tolón haya sido nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

“Si yo fuera la ministra, no me gustaría que de lo único de lo que se hablara es que es un contrapeso para Emiliano García-Page, porque parece que el único mérito que están destacando todos los medios de comunicación” --en referencia a Tolón-- “es que discrepa internamente con el presidente”, ha abundado la portavoz gubernamental.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha restado importancia a las informaciones periodísticas en las que se ve a la nueva ministra como una posible sustituta del propio Emiliano García-Page al frente de los socialistas castellanomanchegos.

Se ha centrado en destacar el liderazgo del presidente regional, que, según ha subrayado, “está más que contrastado dentro y fuera del Partido Socialista”.

Un “apoyo social” para Page que es “mayoritario”

Dicho esto, ha hecho hincapié en el “apoyo social” que tiene Emiliano García-Page, que ha tildado de “mayoritario”. De hecho, ha recordado, “es el único presidente autonómico con mayoría absoluta” por lo que, según ha comentado, en el Gobierno de Castilla-La Mancha están “muy tranquilos, confiados y además muy orgullosos” de contar con el liderazgo del presidente en Castilla-La Mancha, que además “tiene una voz propia y la valentía suficiente para defender la región, pero también los ideales del Partido Socialista”.

Además, ha aprovechado para felicitar a Tolón por su nombramiento, que al igual que pasó con Isabel Rodríguez en su día, es “un plus para la región”, porque “entendemos que se preocuparán de manera especial por los asuntos que tienen que ver con Castilla-La Mancha”.

“Le deseamos lo mejor de los aciertos”, ha apostillado.

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI y junto a Elma Saiz, la nueva portavoz del Gobierno de España.

Tras conocerse las noticias, las reacciones no han dejado de producirse. Primero con felicitaciones desde su propio partido, el PSOE y dl presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha señalado a través de su perfil en la red social X que “dos grandes mujeres que asumen nuevas responsabilidades en esta legislatura” en relación a Milagros Tolón y Elma Saiz, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo nacional, respectivamente.

El exministra de Educación, Pilar Alegría, ha dado su enhorabuena a Tolón como sucesora en el cargo, destacando que va a afrontar “un reto apasionante en una cartera fundamental para el desarrollo de nuestro país”. Por otro lado le ha deseado “muchos éxitos y todo el acierto en esta nueva etapa. Y ya sabes que aquí estoy para lo que necesites”, le escribía a través de las redes sociales.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha felicitado a Milagros Tolón como “paisana” y “sucesora en la Alcaldía de Toledo”, en un mensaje no sin cierta retranca.

Por otro lado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Amengol ha señalado que tanto Tolón como Saiz son “dos mujeres que dan un paso adelante y asumen nuevos retos” las que desea “mucho acierto en esta nueva etapa”.

El PP ve en el nombramiento la “sucesión” para Page

Mientras, el Partido Popular a nivel nacional ha deslizado la idea de que Pedro Sánchez está ya trabajando en la “sucesión” de Emiliano García-Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha, al nombrar a Milagros Tolón como ministra de Educación, según declaraciones en fuentes recogidas por Europa Press. Claro que eso también se dijo de Isabel Rodríguez, la actual ministra de Vivienda.

Y desde el PP de Castilla-La Mancha, su secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha deseado “aciertos” a Tolón al frente de la cartera que le ha asignado Pedro Sánchez, pero para decir después que “España no necesita nuevas ministras, sino un adelanto electoral para que los ciudadanos puedan mostrar lo que opinan del ejecutivo socialista de Sánchez”.

Carolina Agudo cree que Tolón que se incorpora a un Consejo de Ministros “nefasto” con un presidente del Gobierno “cercado por la corrupción”, y que “sigue en Moncloa gracias al apoyo de Emiliano García-Page, que con sus ocho votos en el Congreso, facilita que Pedro Sánchez sea presidente de todos los españoles”.

Otras valoraciones

Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha (CCOO) han valorado positivamente que Tolón no tenga que compaginar con ninguna otra responsabilidad en el Gobierno el cargo de un “ministerio tan fundamental”. Ana Delgado, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, ha considerado que puede ser “una señal inequívoca de una dedicación plena para unos avances que son imprescindibles y urgentes”. Sin embargo, ha explicado que la ministra “tiene por delante mucho trabajo pendiente empezando por la necesidad de abordar la negociación del tan esperado estatuto docente”.

Ha finalizado señalando que necesitan que “la nueva ministra se tome muy en serio la profesión docente, que es un reto mayúsculo el que debe asumir Milagros Tolón”, para apostillar que CCOO “estará como siempre colaborando en todo lo que suponga una mejora del sistema educativo y organizando las calles en todo lo que sea parálisis o retroceso”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha felicitado a Milagros Tolón por su nombramiento y le ha deseado “el mayor de los éxitos para hacer frente a los múltiples desafíos que requiere la cartera ministerial”. Señalan además que se ponen a “total disposición de la nueva ministra para colaborar en aquellos avances que supongan una mejora real de las condiciones laborales del profesorado y, en consecuencia, de la calidad del sistema educativo español”.

CSIF ha aprovechado para reclamar que “se retome de manera inmediata la negociación de la Ley del Profesorado y el Estatuto Docente”, apuntando que este último es “más necesario que nunca”. Han “exigido” que la nueva ministra inicie su mandato con la tramitación “urgente” del anteproyecto negociado en la Mesa Sectorial para la reducción del horario lectivo y de las ratios, así como con la convocatoria “inmediata” de la Mesa de negociación para abordar los asuntos pendientes y comprometidos.

En definitiva, CSIF reclama un Estatuto Docente “que regule la profesión desde el acceso hasta la jubilación y que mejore las condiciones laborales y retributivas, como requisito imprescindible para dignificar la labor docente y mejorar la educación pública”.

La Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha también ha querido felicitar a Tolón por su nueva responsabilidad. A través de su perfil en la red social X destacaban que la nueva ministra “fue estudiante de tercer ciclo de la facultad en la segunda mitad de los años noventa” y le han deseado “mucha suerte y acierto”.

Milagros Tolón ha prometido su cargo como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España. La hasta ahora delegada del Gobierno central en Castilla-La Mancha ha prometido su nueva responsabilidad ante el rey Felipe VI y bajo la atenta mirada de Pedro Sánchez.

A través de tu perfil en la red social X, Tolón destacaba que es “un honor tomar posesión como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y formar parte del Gobierno que más está haciendo por la justicia social, el desarrollo sostenible y la modernización de España”, un cargo en el que sucede a la anterior ministra, Pilar Alegría. Al mismo tiempo, Elma Saiz, prometía también su cargo como nueva portavoz del Gobierno de España.

Ya por la tarde ha recibido la cartera ministerial de manos de Pilar Alegría, la hasta ahora ministra del ramo que se volcará a partir de este momento en su candidatura a la Presidencia de Aragón. Milagros Tolón reconocía su labor. “No partimos de cero”, ha dicho para refererise a la inversión realizada y a los logros, como por ejemplo la reducción “significativa” del abandono escolar temprano o al hecho de que el deporte español viva “un momento de esplendor”, ha comentado, según recoge Europa Press.

También ha recordado su experiencia personal en el ámbito de la docencia -durante más de una década fue profesora en la Escuela de Adultos de Toledo- y ha explicado que enseñó a leer y escribir a personas mayores, sobre todo mujeres. Según ha explicado, para ellas “cada palabra aprendida era una conquista”.

“Nunca es tarde para aprender, (...) no es cuestión de edad, sino voluntad y esperanza porque el futuro de nuestro país empieza en las aulas”, ha indicado.

También ha expresado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por depositar su confianza en ella y ha incidido en que “es un orgullo formar parte de un proyecto que está transformando y modernizando España”. Y de nuevo piropeaba a Pilar Alegría. “Con tu ilusión, tu fuerza, tus ganas, tu empeño, serás lo que quieras ser. Necesitamos hombres y mujeres con ilusión y ella no solo lo transmite con su bonita sonrisa sino con su forma de pensar”.

Al acto de intercambio de carteras han acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, que ha recibido la portavocía del Gobierno de Alegría; y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Asimismo, han asistido el ex ministro de Defensa, José Bono; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; la exministra de Transportes y actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Su predecesora en el cargo, Pilar Alegría, ha señalado a Tolón que hoy recibe “una importante responsabilidad” y le ha transmitido que espera que siga “consolidando” la educación en España durante el resto de la legislatura. Por su parte, ha indicado que a ella le toca “cerrar una etapa” y aunque ha admitido “errores no intencionados”, ha recalcado que ha intentado “desde el primer momento” hacer bien su trabajo.

Uno de los retos de Tolón en su nuevo cargo será el de “aprobar el estatuto docente” en el tiempo que resta a la legislatura del Gobierno de España. La nueva ministra ha sido delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha desde 2023 y antes ocupó durante dos legislaturas la Alcaldía de Toledo.

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha felicitado a Milagros Tolón “una paisana y sucesora mía como alcaldesa en Toledo” que, según ha dicho “ha obtenido un ministerio importante”.

Según el barón castellanomanchego, “siempre hay que tener en consideración la educación, incluyendo la importancia y el nivel en los nombramientos. Felicito a Milagros, nos conocemos de toda la vida”.

Ha comentado que la hasta ahora delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha “va a poder compartir retrato en la galería con ilustres como Maraval, como Rubalcaba, como Gabilondo. Francamente, [lo compartirá] con gente de gran trascendencia intelectual y política en España. Creo que eso es para celebrarlo”.

Milagros Tolón (Toledo, 1968) será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en sustitución de Pilar Alegría, que se centrará ahora en la campaña electoral de Aragón.

Ha sido toda una sorpresa un día después del batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de Extremadura. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid es además diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha y llegó a ejercer durante más de diez años como docente en la Escuela de Adultos de Toledo.

La llegada de la actual delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha al Consejo de Ministros se produce en una situación de tensión interna en el PSOE toledano a cuenta de las recientes declaraciones de una consejera de Emiliano García-Page que deslizó que Pedro Sánchez no había ganado la primarias que le elevaron a la Secretaría General del PSOE de forma limpia.

La consejera de Emiliano García-Page pidió disculpas dos días después. Una corriente interna del PSOE en Toledo a la que no es ajena la delegada del Gobierno había pedido su dimisión. Milagros Tolón calificó las palabras de la consejera como “gravísimas” y “un bulo sin demostrar” y no tardó en recibir respuesta de la portavoz de García-Page. “Que no se ponga nerviosa quien tuvo relación con Ábalos o Salazar”, le espetó Esther Padilla.

La llegada de Milagros Tolón al Consejo de Gobierno ahondará, quizá todavía más, unas diferencias que son públicas desde hace años a cuenta de Pedro Sánchez, como principal razón de enfrentamiento aunque no la única. Quien ahora será ministra de Educación ocupó la Alcaldía de Toledo entre 2015 y 2023, cuando tras ganar las elecciones no tuvo mayoría suficiente para hacer frente al pacto de gobierno de PP y Vox que le arrebataron el bastón de mando local. Durante su etapa de alcaldesa uno de los comentarios en los mentideros públicos fueron las constantes 'zancadillas' del Gobierno de Castilla-La Mancha para sacar adelante los proyectos para Toledo.

La compleja relación Page-Tolón se remonta a la etapa en la que ella se posicionó junto a Pedro Sánchez para lograr hacerse con las riendas del PSOE nacional, mientras que Emiliano García-Page se decantó del lado de Susana Díaz. Milagros Tolón ha estado siempre en el núcleo de confianza del presidente nacional y forma parte de la Ejecutiva Nacional del partido y fue presidenta del Comité Federal, el máximo órgano de dirección del PSOE entre congresos.

Se llegó a especular con la posibilidad de que Tolón plantase cara a Emiliano García-Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha cuando ella dejó caer un “veremos” que finalmente no se concretó y el actual líder socialista en la comunidad autónoma fue elegido por abrumadora mayoría, aunque no sin crítica interna.

Con Pedro Sánchez tocado por las acusaciones de presunta corrupción en el seno del partido y con los casos de acoso sexual que han aflorado, Milagros Tolón se ha mantenido firme en la defensa del presidente y lider nacional del partido, y ante los embates de Emiliano García-Page. Uno de los últimos fue pedir un adelanto electoral que ella se apresuró a rechazar. Ahora no, dijo, porque “el país se está transformando”.

Milagros Tolón tomará posesión del cargo como ministra de Educación esta misma tarde a las 18 horas en la sede del ministerio en Madrid.

He leído en El País que las Facultades de Ciencias de la Educación van a proponer al Ministerio de Educación y al de Universidades que el Máster de Formación del Profesorado (MFP), actualmente de 60 créditos y de un año de duración, pase a contar con 120 créditos impartidos en dos cursos escolares, lo que seguramente vendrá acompañado, además, de un aumento de precio. 

Para argumentar esta propuesta, se basan en una evaluación de la OCDE que sugiere que los profesores españoles son “los que menos sólIda ven la formación que recibieron de la Unversidad para dedicarse a su oficio”. Me parece obvio que eso no implica, como se está pretendiendo, que estos profesores consideren que lo que les ha faltado es un año más de formación pedagógica. Creo que implica más bien lo contrario: que están muy disconformes con el MFP que les han obligado a cursar. Lo que las Facultades de Educación deberían poner sobre la mesa son los informes de evaluación del actual MFP, las encuestas de satisfacción de los egresados.

Es lo mismo que pedí en el año 2008 cuando se propuso convertir el CAP, un cursillo de “adaptación pedagógica” que duraba dos meses, en el actual MFP. En mi artículo Golpe de Estado en la Academia, denuncié, por aquel entonces, que con la implantación del MFP, las Facultades de la Educación perpetraban un auténtico golpe de Estado en el interior de la Universidad, obligando a todas las carreras teóricas que tienen como salida profesional la enseñanza secundaria a cursar un máster de pedagogía en lugar de un máster de su propia especialidad. Para que esta jugada tuviera sentido, habría sido necesario probar la pertinencia de la formación pedagógica para los egresados de estas carreras teóricas, como son, por ejemplo, Matemáticas, Física, Química, Filosofía, Filología o Historia. Por ello algunos no cesamos de reclamar que se nos presentaran los informes de evaluación del famoso CAP, algo que jamás se hizo. Y no se hizo porque todo el mundo sabía que la utilidad del CAP era valorada muy negativamente por el profesorado de secundaria. Pero las Facultades de Ciencias de la Educación se salieron con la suya, y su incompetencia con ese cursillo de dos meses fue premiada con un máster de un año. 

Ahora intentan hacer la misma jugada. Como los datos indican que el MFP está muy mal valorado, lo que hay que hacer es duplicar su duración y aumentar su precio. Y tampoco ahora se va a preguntar su opinión a los egresados. Ni siquiera se van a poner sobre la mesa las encuestas de satisfacción, para empezar porque las que existen están tan mal hechas que son impresentables. Entrando en el MFP de la UCM, la última encuesta de satisfacción que se publica es la del curso 2022/2023, en la que el máster obtiene un aprobado raspado (algo insólito en los másteres de la UCM), pero resulta que la encuesta sólo ha sido respondida por el 18,20% de los implicados. Es decir, estos grandes expertos en la evaluación, ni siquiera han sabido autoevaluarse de forma convincente. La verdad es que la opinión de los que cursan el MFP es muy negativa. Por lo general lo consideran una pérdida de tiempo, humillante, infantil y ridícula, en la que aseguran pasar mucha vergüenza ajena. 

Únicamente se valoran bien las prácticas en los IES, que precisamente no están a cargo de pedagogos, sino de profesores especialistas en la materia. Es una pretensión absurda la de que se puede enseñar a enseñar Matemáticas, Filosofía o Historia, sin saber ni Matemáticas, ni Filosofía ni Historia. O que los que jamás han pisado un aula van a enseñar lo que es un adolescente a los que conviven con ellos cinco horas al día, intentando dar clase de Matemáticas, Filosofía o Historia. 

Los pedagogos han sido desde hace décadas un verdadero caballo de Troya para la enseñanza pública. Es increíble que encima se hayan vestido con ropajes progresistas o de izquierdas con eso de tanto citar a Paulo Freire. Cada vez que las mareas verdes han denunciado el deterioro de la enseñanza estatal, la escasez de profesores, la sobrecarga docente, las ratios inhumanas, la inestabilidad de los interinos o la falta general de financiación, han llegado los pedagogos para arreglarlo proponiendo más formación del profesorado. El problema de la enseñanza estatal ya no es, por ejemplo, Díaz Ayuso, sino que los profesores no saben enseñar, porque no se les ha formado lo suficiente. Y todo es de lo más performativo: cuando más se deteriora la institución, más difícil es enseñar, más ocurre que el aula se convierte en un infierno y más abundan los profesores de baja por depresión o por ansiedad. Y entonces se llega a la conclusión de que hay que alargar de nuevo la duración del MFP. Es un insulto a la inteligencia. Eso sí, esta es la solución gubernamental más barata. Es la que aconseja invariablemente esa casta de tecnócratas autodenominados expertos en educación que, aunque rara vez han pisado un aula, han asesorado todas las reformas educativas desde la LOGSE. Cualquier cosa menos preguntar a los profesores su opinión sobre la naturaleza del problema. 

Y cualquier cosa menos recuperar un poco de sentido común. El mayor y mejor incentivo para el conocimiento es el conocimiento. El amor por el conocimiento en sí mismo. Es un Aristóteles elemental. Los seres humanos desean saber. No hay que insuflarles el saber a traición, mientras juegan al corro de la patata. Eso sí, la única manera de amar el conocimiento es conociendo. Por eso, las Facultades de Ciencias de la Educación son, por su misma existencia, un contrasentido y lo mejor sería suprimirlas.

Es un contrasentido intentar enseñar a enseñar conocimientos sin haber experimentado nunca el amor por el conocimiento. Estos cursillos de “formación del profesorado”, por lo general, los imparten personas que no han conocido la enseñanza ni como profesores, puesto que no saben nada que se pueda enseñar, ni como alumnos, porque han estudiado una carrera absurda y vacía en la que era imposible aprender nada. Personas amargadas y frustradas por definición, pues jamás han podido vivir ninguna de las alegrías del conocimiento ni de la enseñanza, esa alegría con la que el físico explica física, el historiador historia, el filólogo lengua o literatura, el matemático matemáticas, el filósofo filosofía. Personas que viven perplejas intentando resolver un problema que no existe o que es irresoluble, el de cómo se puede despertar el interés por las matemáticas sin saber matemáticas, o por la historia o la biología sin saber ni historia ni biología. Todo sin caer en la cuenta de que la respuesta siempre ha estado ahí delante de sus narices: las matemáticas son el mejor incentivo para estudiar matemáticas, porque las matemáticas son apasionantes. Y la receta infalible es la de contar con un profesor que sepa matemáticas, que ame las matemáticas y que sea capaz de transmitir su entusiasmo al practicarlas.

Las Facultades de Ciencias de la Educación son escuelas para gente triste, que jamás ha podido experimentar la alegría que supone saber algo, porque no se les enseña ningún saber, sino sólo cómo se enseña a enseñar algo que no sabes. Un truco de magia o, quizás, una estafa monumental. Como la que ahora van a proponer al Ministerio. 

Pero la cosa no quedará aquí, esto es sólo el primer paso de un atraco más profundo. En la próxima legislatura se atreverán por fin con lo que es su verdadera apuesta, que ya llevan barajando desde hace tiempo: la de que para ser profesor de secundaria no haya que cursar ninguna otra carrera que la de Ciencias de la Educación. Lo he visto argumentar ya, incluso en ciertos ambientes progresistas. Al fin y al cabo, se dice, los contenidos ya están en Internet y, además, el futuro profesor ya los ha estudiado en el bachillerato. Ahora sólo le queda aprender a enseñarlos. Y para eso está la carrera de pedagogía. Será así como se consumará definitivamente el golpe de Estado en la Academia que comenzó en el 2008. 

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha lanzado la convocatoria de becas y ayudas para el curso 2025-2026 con un presupuesto histórico que supera los 2.500 millones de euros. Miles de estudiantes de Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, universitarias y otras modalidades podrán beneficiarse de las ayudas estatales. Sin embargo, junto a la oportunidad económica llega también una advertencia: las becas no son un ingreso a fondo perdido. El Gobierno establece una serie de obligaciones académicas y personales cuyo incumplimiento puede implicar la devolución total o parcial del dinero recibido.

Qué cubre y qué requisitos hay que cumplir

El sistema de becas MEC cubre diferentes tipos de ayudas en función de la situación económica, académica y familiar de cada estudiante. Existen la beca básica (de 300 euros), la ayuda ligada a la renta (de hasta 1.700 euros), la de residencia (2.700 euros), la de excelencia académica y la de matrícula, que asume el pago directo de los créditos matriculados por primera vez. Todas ellas comparten el mismo marco regulador y están sujetas a los mismos criterios de seguimiento por parte del Ministerio.

Para poder optar a estas ayudas es necesario cumplir una serie de requisitos generales: poseer nacionalidad española o residencia legal, no superar los umbrales de renta y patrimonio familiar, y acreditar un rendimiento académico mínimo. En el caso de estudios universitarios, se exige haber obtenido al menos un 5 de nota media en el curso anterior. En FP, Bachillerato y otras enseñanzas postobligatorias, el alumno debe matricularse del curso completo o de un número mínimo de módulos equivalente.

Las obligaciones

El Ministerio recuerda que recibir una beca implica una responsabilidad directa: la de aprovecharla. Entre las obligaciones más importantes figuran asistir regularmente a clase (al menos el 80% de las horas lectivas), presentarse a los exámenes y superar un porcentaje mínimo de las materias. En enseñanzas universitarias se debe aprobar al menos el 50% de los créditos matriculados, porcentaje que puede elevarse al 65% o al 80% en determinadas ramas como Ciencias de la Salud o Arquitectura, según lo establecido en la convocatoria anual. En el caso de FP o Bachillerato, el estudiante deberá superar la mitad de las asignaturas o módulos del curso.

Los supuestos que obligan a devolver la beca están claramente definidos. El más habitual es la anulación voluntaria de la matrícula o el abandono de los estudios sin causa justificada. También deberá reintegrar la ayuda quien no haya superado el mínimo de créditos exigidos, quien haya obtenido la beca mediante datos incorrectos o quien no haya asistido a clase con regularidad.

No todas están sujectas a devolución

No obstante, no todas las ayudas están sujetas a devolución. El Ministerio especifica que el componente de matrícula, que cubre el coste de los créditos cursados por primera vez, no se reembolsará aunque el estudiante no cumpla los requisitos académicos, siempre que haya asistido y realizado las pruebas correspondientes. El resto de componentes, en cambio, sí pueden reclamarse en caso de incumplimiento. La devolución se tramita mediante un procedimiento administrativo de reintegro regulado por el Ministerio, en el que el alumno recibe una notificación formal y puede presentar alegaciones si lo considera necesario.

Cómo se realiza

El proceso de solicitud y gestión de las becas MEC se realiza exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio. Es necesario disponer de usuario y contraseña o sistema Cl@ve, cumplimentar los datos académicos y económicos y presentar la solicitud antes de la fecha límite fijada en la convocatoria. Aunque las resoluciones suelen llegar en otoño, los pagos pueden realizarse de forma fraccionada durante el curso. Por ello, Educación recomienda revisar periódicamente el estado del expediente y conservar toda la documentación acreditativa.

El Gobierno parece que se ha tomado en serio esto de rebajar las ratios que os contábamos hace unas semanas. Lo que parecía, conociendo al Ejecutivo, un anuncio genérico de buena voluntad se concretó la semana pasada con detalles: el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos que en Primaria haya 22 alumnos por clase y en Secundaria 25. Sin matices, para todos. Es una rebaja notable desde los 25 y 30 actuales, respectivamente.

Bueno, en realidad sí hay matices, pero son a más a más. Para incidir en la rebaja en las clases que más lo necesitan (el ministerio siempre ha dicho que son más eficaces las rebajas puntuales y dirigidas que el café para todos) el alumnado con necesidades educativas especiales contará doble. Esto es, si en una clase de máximo 22 estudiantes hay uno de este perfil el total real será de 21. Si hay dos, 20. Y así.

A los sindicatos les gusta esta idea, aunque a la vez advierten de que se queda corta porque deja fuera a muchos jóvenes que sin entrar en la categoría de necesidades educativas especiales (que se asocia a discapacidades) sí necesita apoyos de algún tipo (alumnado vulnerable, altas capacidades, etc.). Tampoco les gustan los plazos de aplicación que ha diseñado Educación: será progresivo, por cursos, empezando dentro de dos (desde el 2027-2028) y los representantes del profesorado exigen que sea ya. Aquí te dejo nuestro artículo con los detalles.

El mismo proyecto de ley –que se seguirá negociando este jueves– incluye la promesa del presidente de bajar las horas lectivas semanales (las horas de clase que imparte un profesor) a 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria. Esta es una medida que tendrá menos impacto porque ya está vigente en casi todas las comunidades autónomas, pero será un alivio para las que no lo tienen, como Madrid, donde ha sido el caballo de batalla del profesorado los últimos dos cursos.

Con este tema va a tener que hilar fino el Gobierno si no quiere que le pase como a las organizaciones sindicales madrileñas, que firmaron un acuerdo pensando que se iban a 19 horas lectivas en Secundaria para encontrarse que la Consejería de Educación ha hecho una treta contable para que la mitad del profesorado tenga técnicamente 19 horas, pero en realidad solo se ha cambiado la consideración de las tutorías y todo sigue igual.

Otro día hablaremos más detenidamente de este cambio de actitud del ministerio, que como sabéis se negó a bajar las ratios cuando aprobó la Lomloe y ahora está realizando propuestas ambiciosas que creo que han sorprendido a más de uno. De momento, seguimos con más cosas, que hoy (también, está la educación agitada) vamos cargaditos.

Esta semana hemos hablado de...

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Cierro hoy, para variar, con una bonita historia.

Yo vuelvo a vuestro buzón el martes que viene.

Hasta entonces, ¡feliz semana!

El Gobierno ha propuesto este martes a los sindicatos bajar las ratios de alumnos por clase en las aulas y centros a los que acude el alumnado más desfavorecido. El Ministerio de Educación ha presentado a los sindicatos un anteproyecto de ley en el que incluirá tres líneas preferentes de actuación: reducir el número máximo de estudiantes específicamente en las aulas que cuenten con alumnado con necesidades educativas especiales: bajar las ratios en algunos centros concretos “ubicados en zonas de especial complejidad social”; y hacerlo con carácter más general en 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO, un momento educativo, la transición de Primaria a Secundaria, especialmente delicado para los jóvenes, según ha adelantado El País y confirmado este diario.

De esta manera, y cinco años después de descartar hacerlo cuando aprobó la Lomloe, el departamento que dirige Pilar Alegría hace un guiño a los sindicatos con una de las principales reivindicaciones de las organizaciones de profesores, y específicamente con la línea que venía reivindicando CCOO en los últimos años –centrarse en el alumnado vulnerable–, descartada por el Ejecutivo por considerar la bajada general de las ratios extremadamente cara. Además, el Ejecutivo centra sus esfuerzos en la escuela pública, receptora de la mayoría del alumnado desfavorecido frente a la concertada: las escuelas públicas acogen a tres de cada cuatro estudiantes con necesidades de apoyo educativo.

Los sindicatos han valorado positivamente la propuesta, según ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de Educación de CCOO, que ha exigido al Gobierno que la generalice a todo el alumnado con alguna necesidad de apoyo y que la concrete. En este momento, según figura en el documento que ha compartido Educación, la rebaja de ratios solo aplicaría al alumnado con necesidades educativas especiales (en términos generales, vinculado a algún tipo de discapacidad), pero deja fuera a los que tienen altas capacidades, dificultades de aprendizaje (retrasos madurativos, dislexia, inmigrantes con problemas de idioma) o están en situación de vulnerabilidad social.

Según un informe de CCOO de la semana pasada, en el sistema hay más de un millón de estudiantes que tienen alguna necesidad de apoyo, de los que solo 250.000 entran en la categoría de necesidades especiales que incluye el Gobierno en su propuesta. Tres de cada cuatro se quedarían fuera, por tanto.

También le han exigido los sindicatos al Gobierno que concrete su propuesta. El documento del ministerio no especifica cuánto más va a contar este alumnado a la hora de establecer la ratio. Esto es, CCOO lleva años proponiendo que cuenten doble. Esto es, si en una clase hay un estudiantes con necesidades educativas especiales y la ratio máxima está en 25 alumnos por clase, ese aula tendría como máximo 24. Pero Educación, por el momento, no ha aterrizado la cifra.

En este momento, las ratios máximas están entre ocho y 25 alumnos por clase en Infantil (según el curso), 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, aunque en mucha comunidades se han bajado debido a la caída de la natalidad. Además, se dan grandes diferencias entre comunidades y entre centros de una misma comunidad, entre otras variables en función de que sean urbanos o rurales.

Una relación reconocida

“La relación entre las ratios escolares y la calidad del sistema educativo está reconocida por numerosas investigaciones y estudios académicos. En este sentido, la reducción del número de alumnas y alumnos por aula y su impacto en la mejora de la educación es un principio generalmente aceptado del que participan tanto las Administraciones educativas como los agentes sociales”, argumenta el Gobierno en su propuesta.

A partir de este razonamiento, Educación desgrana sus propuestas. Para la reducción de ratios a partir de la presencia del alumnado con necesidades educativas especiales, propone “considerar la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas de centros ordinarios como criterio reductor del número máximo de alumnado establecido en la normativa básica para las diversas enseñanzas”, sin especificar más.

Para la bajada del estudiantado en las clases de “determinados centros”, explica que “la aplicación del principio de equidad a las posibles intervenciones sobre las ratios puede incrementar sus efectos positivos cuando se dirigen al alumnado que presenta dificultades o condiciones desfavorecidas, facilitando su atención más personalizada, contribuyendo a disminuir las tasas de abandono educativo y favoreciendo el éxito escolar”. Para ello, tendrá en cuenta diversos indicadores, como la estadística de promoción, titulación y abandono de los centros, datos de vulnerabilidad urbana o el índice de vulnerabilidad socioeconómica del ministerio. Esta medida afectará a Primaria, la ESO y la Formación Profesional Básica y Media. Queda por determinar “el número de centros en los que intervenir y el profesorado necesario para atender a los posibles incrementos de unidades en las enseñanzas mencionadas, en función de las reducciones de ratios a aplicar y de las disponibilidades presupuestarias iniciales”.

Por último, la reducción de ratios en los cursos de transición entre Primaria y Secundaria, los que plantean más dificultades al alumnado (5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO) y la FP Básica y el Bachillerato, los criterios de aplicación pasan por la “realización de proyectos de centro que incluyan acciones de calidad y planificación estratégica para incrementar el apoyo y la atención individualizada al alumnado, orientados a la mejora de resultados escolares y que, para ello, necesiten incremento de profesorado destinado a reducciones de ratios en sus aulas de las enseñanzas y cursos especificados”, según se lee en el documento.

Alumnos de toda España de 6º de Primaria se someterán este curso por primera vez desde hace años a una única evaluación, elaborada por el Ministerio de Educación, para comprobar su adquisición de las competencias básicas. Se trata del primer examen de carácter externo –aunque no cuenta para nota– que se distribuirá por igual a escolares de todas las comunidades autónomas, de acuerdo con lo que establece la LOMLOE, en un nuevo paso en el despliegue del modelo de evaluación del sistema que prevé la ley.

Las pruebas, fechadas a partir del 7-8 de abril y hasta finales de mayo –no necesariamente serán simultáneas, por lo tanto–, llevan por nombre Evaluación General del Sistema Educativo, y discurrirán sobre cuatro ámbitos de conocimiento: Comunicación Lingüística, STEM (ciencia, tecnología y matemáticas), Digital y Plurilingüe. La ley también prevé que se realicen al término de la educación obligatoria, en 4º de la ESO. Pero esas arrancarán dentro de dos cursos, en el 2027-2028. De carácter plurianual, fuentes del Ministerio afirman que estos tests se harán “cada tres o cuatro años”.

La otra característica principal de estas pruebas es que serán muestrales y no censales. Esto significa que no deberán acometerlas todos los alumnos españoles de 6º de Primaria, sino solo una muestra de unos 1.000 centros de todas las comunidades, según indican desde el ministerio.

El objetivo de estos tests externos es obtener datos sobre la adquisición de competencias del alumnado al término de cada etapa. “Tienen carácter informativo, formativo y orientador para los centros y para el conjunto de la comunidad educativa”, señalan desde el ministerio. Además, una de sus principales novedades respecto a otro tipo de evaluaciones externas es que, al ser los modelos de carácter estatal, permitirán hacer análisis y comparaciones entre comunidades autónomas.

La Evaluación General del Sistema Educativo que arranca este curso supone también consolidar el modelo evaluativo que contempla la LOMLOE, vigente en las aulas desde el curso 2022-2023, y que cuenta con otras pruebas externas, aunque esas no son ni homogéneas ni comparables entre comunidades. Se trata de las llamadas Evaluaciones Diagnósticas, a las que se somete anualmente –desde hace dos cursos– el alumnado de 4º de Primaria y 2º de la ESO. En ese caso, y aunque participa en su elaboración el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sus últimos responsables son las administraciones educativas –esto es, cada consejería–, con lo que pueden introducir cambios o más materias a evaluar.

El despliegue de estas evaluaciones se superpone a las que son propias de algunas comunidades autónomas, como es el caso de Catalunya al término de 6º de Primaria y 4º de la ESO, y también a las pruebas internacionales de competencias como las que organiza la OCDE, ya sea PISA (su última edición fue a principios de 2025) o la de comprensión lectora PIRLS (cuya próxima edición será en 2026).

Desde hace años, estos estudios internacionales son los únicos elementos de que dispone el Ministerio de Educación para comparar el desempeño educativo de las distintas comunidades autónomas. La última edición de PISA, la de 2022, permitió constatar el liderazgo de Castilla y León y Asturias en Matemáticas, Ciencia y Lectura, así como el declive de comunidades como Catalunya, Andalucía, Canarias o Comunitat Valenciana.

Para encontrar un precedente a las pruebas externas de carácter estatal en España hay que remontarse a 15 años atrás. Fue en 2009 y 2010 con las evaluaciones recogidas por la LOE, la ley de educación de Zapatero, cuyo modelo de hecho ha replicado la actual LOMLOE.

Tras ese breve intento de evaluar el sistema llegó al Gobierno el PP, cuyo modelo fue inicialmente el de las reválidas. Su ley educativa, la LOMCE, se aprobó en 2013 y contemplaba finalmente dos exámenes externos que todos los alumnos debían superar para pasar de etapa: en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato. En 6º de Primaria se dejó al final una evaluación sin contar para nota.

Con todo, esta propuesta generó amplio rechazo en la comunidad educativa, tanto entre el profesorado como en las familias. Fue uno de los aspectos más criticados de la ley, hasta el punto de que en 2016 el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se vio obligado a rebajar su apuesta y convirtió todas las reválidas en pruebas diagnósticas muestrales. Aun así, el rechazo que despertaba la ley en varias comunidades autónomas, las no gobernadas por el PP, hizo que su aplicación fuera desigual.

El Gobierno ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, destinar 6.100.993 euros a La Rioja para seguir impulsando el nuevo sistema de Formación Profesional.

La inversión total aprobada asciende a 923 millones de euros. En concreto, el Gobierno ha acordado dar luz verde a tres elementos importantes: dos repartos autonómicos y una convocatoria estatal, que permitirán la cualificación y recualificación de los trabajadores ocupados y desempleados, así como seguir desarrollando formaciones en línea con las necesidades de los sectores productivos.

Por un lado, se ha autorizado la concesión de 867.284.490 euros para acciones formativas de personas trabajadoras, de los que más de 696,5 millones se destinarán a oferta formativa para trabajadores desempleados y más de 145,9 serán para formaciones dirigidas a trabajadores ocupados. De esta partida, 5.673.430 euros corresponden a La Rioja.

También se ha aprobado el reparto de 31.296.070 euros entre las comunidades autónomas, de ellos 427.563 euros para La Rioja, para implementar proyectos en FP entre pymes y micropymes, para los campeonatos de ‘skills’, para la movilidad del alumnado y las personas en formación, para las estancias del profesorado y los formadores en empresas, centros de FP, y proyectos de innovación, y para formaciones y estancias formativas.

Además, se ha dado luz verde a una amplia convocatoria de carácter estatal para microformaciones de grados A (formaciones de corta duración), en línea con las demandas de los sectores productivos que participan en los distintos hubs y PERTEs.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica el miércoles 11 de junio la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2025/2026 y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha. El curso académico se iniciará el 1 de septiembre de 2025 y finalizará el 31 de agosto de 2026.

Las actividades lectivas y las derivadas de la programación didáctica y de la programación general anual se desarrollarán, para el profesorado, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.

En las Escuelas Infantiles Autonómicas, las actividades lectivas, para sus profesionales, se desarrollarán entre los días 1 de septiembre de 2025 y 31 de julio de 2026. Las Escuelas Infantiles Autonómicas comenzarán el 8 de septiembre y finalizarán el día 24 de julio de 2026.

Las enseñanzas de 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria comenzarán el día 8 de septiembre y finalizarán el día 17 de junio de 2026 Los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial podrán realizar el horario en jornada única durante los meses de septiembre y junio.

Los Ciclos Formativos de Grado Básico, Programas Específicos de Formación Profesional y Bachillerato, comenzarán el día 8 de septiembre y finalizarán el día 17 de junio de 2026, excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya finalización estará en función de las fechas de realización de las pruebas de acceso a la Universidad. En estas enseñanzas la convocatoria extraordinaria se incluirá dentro del cómputo total de días lectivos.

Los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, comenzarán el día 8 de septiembre y finalizarán el día 17 de junio. Los cursos de Especialización de Formación Profesional comenzarán el día 29 de septiembre y finalizarán el día 17 de junio de 2026

Las enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad virtual comenzarán el día 13/10/2025 y finalizará el 17/06/2026. La Educación de Personas Adultas comenzará el día 8 de septiembre y finalizará el día 17 de junio de 2026. Las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza comenzarán el día 8 de septiembre y finalizarán el día 10 de junio de 2026.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores comenzarán el día 8 de septiembre y finalizarán el día 17 de junio de 2026. En este periodo están incluidos los días dedicados a las pruebas extraordinarias. Las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial comenzarán el día 24 de septiembre y finalizarán el día 17 de junio de 2026.

Días no lectivos

Tendrán la consideración de días no lectivos, las festividades oficiales, de acuerdo con el calendario laboral que rija en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2025/2026; las dos festividades locales fijadas por los ayuntamientos, siempre garantizando los días lectivos en las diferentes enseñanzas para el curso 2025/2026, de acuerdo con el artículo tercero de la presente orden y el descanso escolar entre el primer y el segundo trimestre comprenderá desde el día 22 de diciembre hasta el 6 de enero de 2026, ambos inclusive.

También el descanso escolar entre el segundo y el tercer trimestre será desde el 30 de marzo de 2026 hasta el 6 de abril, ambos inclusive; el día de la Enseñanza, fijado para el día 14 de noviembre; los días de descanso lectivo de libre disposición serán el 16 y el 17 de febrero de 2026. También serán días no lectivos el 31 de octubre y el 7 de enero de 2026.

Serán las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes quienes concretarán y aprobarán mediante resolución, los calendarios escolares correspondientes a su provincia antes del 30 de junio de 2025 aplicando los criterios establecidos en esta orden, oídos los representantes del profesorado, de las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de enseñanzas no universitarias. En el caso de las Escuelas Infantiles Autonómicas los calendarios provinciales se concretarán en el ámbito correspondiente.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto este mes de mayo el plazo para solicitar las ayudas escolares dirigidas al alumnado matriculado durante el curso 2024/2025 en centros docentes españoles en el extranjero. Se trata de un programa anual que busca apoyar a las familias residentes fuera del país cuyo hijos e hijas estudian en instituciones educativas dependientes del Estado español.

¿Quién puede beneficiarse?

Podrán acceder a estas ayudas las familias cuyos hijos estén escolarizados en alguno de los centros docentes españoles gestionados directamente por el Ministerio o en centros de titularidad mixta. Las ayudas se dirigen a estudiantes desde segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato o Formación Profesional.

Entre los requisitos, se exige que el estudiante haya estado matriculado durante el curso 2024/2025 y que no repita curso, salvo causa debidamente justificada. Además, la familia debe acreditar un determinado nivel de ingresos, con umbrales que varían según el número de miembros de la unidad familiar.

Cómo presentar la solicitud

El proceso de solicitud se realiza íntegramente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. El plazo finaliza el 31 de julio de 2025, incluido. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que acredite la matrícula del estudiante, los ingresos familiares y, en su caso, situaciones específicas como discapacidad, familia numerosa o monoparental.

En esta edición, la ayuda tendrá carácter de pago único y cubrirá parte de los gastos derivados de la escolarización, como material, transporte o comedor, aunque el importe exacto será determinado una vez analizadas todas las solicitudes.

Una medida con continuidad

Esta convocatoria forma parte de un programa que se repite cada año, y que en anteriores ediciones ha beneficiado a cientos de familias españolas residentes en el extranjero. Aunque la cuantía final varía en función del número de beneficiarios y del presupuesto disponible, en años anteriores —según resoluciones previas— ha oscilado entre los 300 y 900 euros por estudiante.

La resolución oficial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 6 de mayo, donde también está disponible el formulario y las instrucciones detalladas para completar el proceso.

Una ayuda clave para la igualdad educativa

Desde el Ministerio destacan que esta medida contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, también para quienes residen fuera del país. Algunas asociaciones de familias han reclamado, no obstante, una ampliación del presupuesto y una revisión de los umbrales económicos, que consideran desfasados en relación con el coste de vida en algunos países.

Para más información o para resolver dudas, el Ministerio ha habilitado un canal de contacto a través de su web, así como un número de atención al ciudadano especializado en este tipo de convocatorias.