La actriz Karla Sofía Gascón se ha disculpado después de que se recuperasen publicaciones en Twitter racistas e islamófobas. “Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor”, ha afirmado Gascón en un comunicado enviado a los medios. “Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, añade la intérprete.

La actriz, nominada a los Oscar por su interpretación en Emilia Pérez, está de nuevo en el foco de la polémica por varios tuits publicados en los últimos años y que ahora han recuperado medios estadounidenses como como Variety y The Hollywood Reporter. En ellos, llega a llamar “drogata estafador” a George Floyd, el hombre que murió asesinado a manos de la policía en Minnesota, y que desencadenó el movimiento Black Lives Matter en todo el mundo. “Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quiénes consideran que la policía es asesina. Todos errados”, tuiteó solo un mes después del asesinato de Floyd.

En varios de los tuits ofensivos recuperados, la intérprete española carga contra el islam y los musulmanes. “Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España... todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam”. “El mayor atraso de derechos está en el islamismo”, dice en otro. O: “Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe... y un cordero”.

Uno de los mensajes que recupera Variety incluye comentarios racistas hacia la comunidad china a cuenta de la vacuna del coronavirus: “La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, un farolillo desplegable, 3 líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada”. Y otro, publicado por la actriz en 2021, critica precisamente la diversidad en la gala de los Oscar, a la que ella acudirá este año como nominada a Mejor Actriz. “Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo”, escribió entonces Gascón en Twitter.

Las imágenes que se difundieron hace tres años a través de las redes del brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, desencadenaron una ola de indignación que se extendió más allá de las fronteras de Estados Unidos.

El tío de George Floyd, Selwyn Jones, se quedó atónito cuando cientos de miles de personas salieron a la calle para manifestarse y exigir justicia racial y el fin de la brutalidad policial. Nunca se había imaginado que tantos manifestantes de todo el mundo corearían el nombre de su sobrino y se solidarizarían con la familia.

Han pasado tres años desde el asesinato de Floyd y Jones, de 57 años, ha encontrado diferentes formas de sobrellevar el dolor, en gran parte a través de la Fundación Hope929, una organización sin ánimo de lucro centrada en la defensa de la justicia racial, confundada con la educadora Liz Darden

El 26 de mayo de 2020, Jones se encontraba en Dakota del Sur viendo la televisión. El canal empezó a mostrar imágenes de Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años, que fue asesinado en febrero de ese mismo año por hombres blancos mientras corría por un barrio de Georgia. El canal también mostró imágenes de otro brutal ataque contra un hombre negro, en este caso a manos de un policía. En el vídeo, el hombre repitía sin parar que “no podía respirar”, antes de morir asfixiado.

“Vi esas imágenes y pensé: 'Dios mío. ¿Puede alguien ayudarlo?”, dice Jones a The Guardian.

“Y entonces me llamó mi hermana y me dijo: '¿Has visto lo que le ha hecho la policía [a George]? Me senté y algo me metió la mano en el corazón y me lo sacó porque se trataba del hijo de mi hermana mayor. Y mi sobrino no pudo hacer nada para defenderse, solo esperar su muerte”, explica, y añade: “Ya nada ha vuelto a ser igual”.

Un “giro determinante” en su vida

Jones, que viajó a Minneapolis el mes pasado para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de su sobrino, ha dado en los últimos dos años lo que él llama “un giro determinante”. “Queremos mandar el mensaje de que las personas normales y corrientes pueden reaccionar ante una tragedia y generar cambios en el mundo, no tienes por qué quedarte impasible y pensar que no puedes hacer nada. Las tragedias son un acicate para cambiar las cosas”, afirma.

En junio de 2022, Jones cofundó Hope929 junto a Liz Darden, una educadora de Harrison (Arkansas), a la que había conocido en distintos actos locales y comunitarios. Jones y Darden creen que el objetivo de esta organización va más allá de la lucha contra la brutalidad policial. “Nos centramos en las injusticias”, dice la mujer a The Guardian. “Históricamente, los grupos marginados han sido privados de sus derechos, así que creamos una organización sin ánimo de lucro para atender las necesidades de esas personas y construir futuros más fuertes y equitativos para las comunidades de todo el mundo”, indica.

La fundación tiene una gran variedad de propuestas y recursos para promover el cambio. Además de organizar seminarios destinados a los jóvenes y talleres sobre oratoria y seguridad pública, está desarrollando paquetes de ayuda para enviarlos a las personas que sufren determinados traumas, como la pérdida de seres queridos a causa de la violencia policial. “Queremos... poner en perspectiva que la equidad es un viaje personal”, señala Darden. Explica que la organización desarrolla programas que ofrecerán recursos transitorios para personas que salen de la cárcel y también está explorando nuevas alianzas con grupos para que Hope929 sea un centro de intercambio de información para las personas sin hogar.

Darden cuenta que la decisión de colaborar con Jones para ayudarlo a impulsar Hope929 surge de razones profundamente personales. Educadora y madre de niños birraciales, vive en Harrison, Arkansas, una ciudad de 13.000 habitantes que en Internet se conoce como “la ciudad más racista de EEUU”.

Harrison, que fue sede del histórico grupo Ku Klux Klan, atrajo la atención de todo el país después de que en julio de 2020 se hiciera viral en YouTube un vídeo en el que un cineasta sostenía un cartel de Black Lives Matter en la ciudad. El vídeo, titulado 'Holding a Black Lives Matter Sign in America's Most Racist Town' (Levantar una pancarta del movimiento Black Lives Matter en la ciudad más racista de América), ha sumado más de 12 millones de visitas y muestra a numerosos transeúntes blancos gritando insultos racistas al cineasta mientras sostiene esa pancarta.

“Formo parte de una comunidad que se enfrenta al prejuicio de ser la ciudad más racista del país. Es una etiqueta falsa, y hablo de ello para demostrar que no lo somos”, afirma Darden. En su opinión, Hope929 es “una oportunidad para entablar conversaciones incómodas y hacer que otros... oigan lo que hay que oír”.

“No se ha avanzado lo suficiente”

A pesar del gran apoyo mundial a los movimientos de defensa de la justicia racial que surgió tras el asesinato de George Floyd, Jones cree que no se ha avanzado lo suficiente. “Solo habremos hecho lo suficiente cuando cesen los homicidios”, afirma el tío de George, y cita los nombres de otras personas negras asesinadas por la policía, como Breonna Taylor, Tyre Nichols y Eric Garner.

Tras el asesinato de su sobrino, los legisladores demócratas presentaron la Ley George Floyd de Justicia Policial, un proyecto de ley federal destinado a abordar la brutalidad policial mediante la prohibición del uso de la estrangulación por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad federales, la adopción de medidas enérgicas contra las órdenes de detención sin previo aviso y la simplificación del proceso judicial contra los agentes acusados de violencia.

Aunque el proyecto fue aprobado dos veces en la Cámara de Representantes, primero en junio de 2020 y luego en marzo de 2021, el fracaso de las conversaciones bipartidistas con los senadores republicanos paralizó su tramitación, sobre todo porque los legisladores se encontraron en un punto muerto en torno a la eliminación de la inmunidad cualificada para los agentes.

En febrero, el proyecto de ley volvió a ser noticia en los medios de comunicación nacionales después de que RowVaughn Wells, la madre de Tyre Nichols, de 29 años, asesinado por agentes de policía de Memphis en enero, hiciera una emotiva petición en el funeral de su hijo para que se aprobara.

Para Jones, la supresión de la inmunidad cualificada no es un objetivo realista. “Tendrían que desnudar esta medida de contenido, literalmente, para que no fuera realmente aplicable, para que no fuera relevante en la práctica, porque si la hubieran querido aprobar, ya la habrían aprobado”, indica.

Una ambiciosa ley de derechos civiles

Mientras, Jones ha centrado sus esfuerzos en la aprobación de un proyecto de ley federal de Derechos Civiles Médicos que proporcionaría a las personas el derecho legal a recibir asistencia médica en caso de encontronazos con la policía.

“Todo lo que estamos haciendo es aprovechar... los últimos minutos de vida de mi sobrino... No estamos hablando de la vida que vivió. Estamos hablando de los últimos 15 minutos de su vida, en los que fue torturado más allá de lo imaginable. Solo entraba en sus pulmones el 2% de su capacidad pulmonar. Tenía piedras en el hombro y en la barbilla e intentó levantarse porque no quería morir. La muerte lo pilló desprevenido”, asegura el tío de George Floyd.

Darden expresa sentimientos similares sobre el proyecto de ley: “Salvaría infinidad de vidas. Es increíble que en EEUU este proyecto de ley no haya sido aprobado ya”. Además de Hope929 y sus esfuerzos para que se apruebe la ley de Derechos Civiles Médicos, Jones ha estado trabajando en varios cargos electos en otro proyecto para preservar el legado de su sobrino: designar el 25 de mayo como el día de George Floyd para siempre.

Su tío explica que quiere que “ese día sea un segundo 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos”. Detalla que, después de pensar en lo ocurrido, quiere que la gente diga: “Con su muerte, Floyd sentó las bases para que otros hicieran de este un lugar mejor, con leyes más justas y un enfoque completamente diferente del racismo y la brutalidad policial”.

Traducción de Emma Reverter.

De buena mañana, mientras tres hombres blancos acusados de asesinar a su sobrino se sientan en la sala de un juzgado, Diane Arbery Jackson prefiere refugiarse bajo el musgo que cuelga de un roble. Durante las últimas dos semanas, ha asistido todos los días al proceso de selección del jurado en el tribunal del condado de Glynn. Y todos los días, excepto uno, ha preferido quedarse fuera, en la zona ajardinada que rodea el juzgado.

“Me duele estar en la misma sala que ellos”, dice. “Es duro. Cuando los miras, piensas: '¿Cómo han podido hacer algo así a un joven? Ahmaud era un buen chico. Solo tenían que pararlo y hablar con él. Las armas no eran necesarias. Pero sé que Dios va a impartir justicia”.

En febrero del año pasado, Ahmaud Arbery, un joven negro de 25 años, salió a correr en la pequeña localidad costera de Satilla Shores. Los tres hombres acusados del asesinato, Gregory McMichael, de 67 años; su hijo Travis McMichael, de 35 años, y su vecino William “Roddie” Bryan, de 52 años, persiguieron a Arbery alegando que sospechaban que estaba implicado en una serie de robos en el barrio. Arbery había sido grabado por una cámara de vigilancia entrando y saliendo de una casa semiderruida de la zona, pero no hay pruebas que lo relacionen con ningún delito.

Los McMichael, ambos con armas de fuego, intentaron acorralar a Arbery, que estaba desarmado, con su camioneta. Se produjo una riña. Entonces, Travis McMichael disparó tres veces al joven con una escopeta.

Una prueba de fuego

Tras un largo proceso, esta semana se ha constituido el jurado, compuesto por 11 personas blancas y una negra. El juicio de los tres hombres, que se han declarado inocentes, ha dado comienzo este viernes con los argumentos iniciales. Se produce seis meses después de la condena del expolicía blanco Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, tras impedir que pudiera mover el cuello durante nueve minutos y 29 segundos.

Ese juicio fue, sin duda, un momento histórico para los defensores de la reforma del sistema policial en todo el país. Sin embargo, muchos analistas consideran que el caso de Ahmaud Arbery es una prueba de fuego más dura para evaluar el estado de la justicia racial en Estados Unidos.

“Este caso entronca con la muerte de Emmett Till –un adolescente afroamericano de 14 años que fue asesinado en Misisipi en 1955–”, dice el abogado defensor de los derechos civiles Lee Merritt, que representa a la familia Arbery. “Nuestro sistema legal es estadísticamente tendencioso, pero es una prueba mayor que el asesinato de George Floyd en Minnesota, porque estamos en el bastión de los supremacistas blancos aquí en el sur de Georgia”.

Esta opinión de Merritt se hace evidente en el entorno. Habla con The Guardian en la escalinata del tribunal, no muy lejos de un monumento a la Confederación, envuelto en plástico para protegerlo desde el inicio del juicio, y que sigue en pie en un parque. Las autoridades municipales han dicho que lo van a retirar.

Una ley de la época de la esclavitud

Los detalles legales de este juicio también remiten a la historia. Se espera que los abogados de los McMichael se apoyen en una ley de Georgia, ya desaparecida, que se remonta a la época de la esclavitud en el estado y que básicamente permitía a los ciudadanos detener a otras personas si tenían “motivos razonables y probables de sospecha” de que se estaba cometiendo un delito. A raíz de las protestas masivas tras la muerte de Arbery, el gobernador republicano de Georgia derogó la ley, pero se espera que los abogados de los tres acusados la utilicen en el juicio.

De hecho, el mes pasado el abogado de Bryan, Kevin Gough, aseguró que el cambio legal no les afecta. “Han cambiado la ley, pero cambiar la ley no nos afecta. No cambia que en ese momento sí estaba vigente”.

La historia de fondo de la acusación también apunta a la evidencia del racismo institucional en mundo de la justicia penal local. Uno de los primeros fiscales asignados al caso, George Barnhill, recomendó inicialmente no acusar a ninguno de los implicados, alegando que la persecución había sido “completamente legal” debido a los estatutos de detención ciudadana. Barnhill, que tenía un historial controvertido de persecución de residentes negros en su jurisdicción, acabó absteniéndose del caso. Otra exfiscal a la que se asignó inicialmente el caso, Jackie Johnson, ha sido acusada penalmente por presunta mala práctica en el proceso, ya que Gregory McMichael había trabajado como investigador en su oficina.

Las últimas semanas también han evidenciado las dificultades para constituir un jurado en este pequeño condado rural, compuesto por un 69% de residentes blancos y un 26% de negros y que votó en un 61% a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Los abogados defensores han argumentado que muchas personas que podrían haber actuado como jurado no se han presentado a prestar servicio, ya que el tribunal redujo el número final. En el proceso de selección, los candidatos fueron interrogados sobre su conocimiento previo del caso, si habían expresado su apoyo al movimiento Black Lives Matter y si conocían a alguno de los implicados.

En un comentario que ha llamado la atención, el abogado defensor Gough se quejó ante el juez: “Parece que los varones blancos nacidos en el sur de más de 40 años sin título universitario (…), que también podrían ser conocidos como Bubba o Joe Sixpack (nombres para referirse a hombres de clase trabajadora o de bajo nivel económico), (…) están significativamente subrepresentados”.

A pesar de todas las dificultades, Merritt se muestra convencido de que habrá condena: “Esperamos condenas por todos los cargos. Estos hombres deberían cumplir cadena perpetua. Solo así se hará justicia en este país”.

La importancia de los vídeos

Entre el pequeño grupo de activistas sentados en la hierba a las puertas del tribunal se encuentra Patricia Fields, de 68 años, de la cercana ciudad de Waycross. Al igual que Diane Arbery Jackson, ella también ha acudido al juzgado todos los días y recientemente se desplazó hasta Satilla Shores, el barrio donde Arbery fue asesinado.

“Es espeluznante”, dice. “Se percibe una sombra alargada sobre esas calles, como si hay algo que no estuviera bien”.

Son pocos los habitantes de Satilla Shores que han querido hablar con The Guardian sobre el asesinato de Arbery. En los cuidados jardines, algunas casas siguen mostrando pancartas de la campaña presidencial de Trump de 2020. Un carrito de golf exhibe un cartel que reza “Impeach Biden” (proceso de destitución contra el presidente Biden). En el lugar donde Arbery fue abatido no hay nada que recuerde su muerte. 

El caso tiene una profunda vinculación con atrocidades del pasado, pero también está estrechamente vinculado a procesos de la memoria reciente.

La aparición de un vídeo grabado por Bryan mientras participaba en la persecución va a desempeñar un papel fundamental en el caso. Las imágenes tardaron meses en difundirse ya que en un inicio el caso recibió relativamente poca atención por parte de la mayoría de los medios de comunicación nacionales.

La ausencia de imágenes fue un factor que, sin lugar a dudas, reforzó la decisión inicial de no acusar a los tres hombres que ahora serán juzgados. Hasta que el vídeo se hizo público el caso no pasó a manos de los investigadores del estado de Georgia, que rápidamente recomendaron presentar cargos contra los acusados. Es un vídeo clave, como también lo fue el de Darnella Frazier sobre el asesinato de George Floyd, que dio la vuelta al mundo y desempeñó un papel fundamental en el juicio contra Derek Chauvin.

El juicio también guarda llamativas similitudes con el proceso de George Zimmerman, acusado del asesinato del adolescente negro desarmado Trayvon Martin en el estado de Florida en 2012. Zimmerman, un vecino que se ofreció a hacer áreas de vigilante voluntario, y que disparó y mató a Martin tras perseguirlo por una actividad “sospechosa”, fue absuelto en el juicio alegando defensa propia en virtud de los estatutos de “stand your ground ” [quédate donde estás], una argumentación similar a la que los McMichael presentarán probablemente en el juicio, ligada a la defensa propia. Sin embargo, lo más relevante es que en el juicio de Zimmerman no hubo ningún vídeo de testigos.

Continuar la lucha

Diane Arbery Jackson almuerza en el jardín: gambas, maíz y patatas asadas. Cuenta a The Guardian algunos de sus recuerdos preferidos de su sobrino, cuya muerte llevó al estado de Georgia a ratificar su primer estatuto sobre delitos de odio en junio del año pasado.

“Siempre se mostraba cariñoso con todo el mundo”, dice. “Siempre te saludaba con un beso, solía decir 'te quiero'. Era una buena persona”.

Describe la historia de su familia en Brunswick, que se remonta más allá de la época de los movimientos en defensa de los derechos civiles. Su padre y su abuela participaron en las manifestaciones de los años 60, dice, y fueron agredidos por vecinos blancos. “Y por eso tenemos que seguir haciendo esto, continuar la lucha donde ellos la dejaron. Tenemos que unirnos como comunidad y seguir luchando”.

Traducción de Emma Reverter.

Los votantes de Mineápolis (en el estado de Minnesota, Estados Unidos) han rechazado este martes una propuesta para desmantelar el departamento local de Policía, una iniciativa impulsada a raíz de las protestas antirracistas tras el asesinato por un grupo de agentes del afroamericano George Floyd.

La iniciativa, rechazada en referéndum por un 56%, buscaba sustituir el cuerpo local de Policía con una nueva agencia de seguridad pública que respondiera a las crisis sin tener la violencia como primera opción.

La principal agrupación afroamericana del país, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), ha defendido que el desmantelamiento de la Policía era necesario para acabar con la violencia contra los afroamericanos y sanar a Minneapolis casi 18 meses después de la muerte de Floyd.

Entretanto, otros grupos se han opuesto a la medida con el argumento de que impactaría negativamente en comunidades ya golpeadas por la violencia, especialmente ahora que los homicidios en la ciudad marcan récords no vistos desde los años 90.

Dos demócratas progresistas de talla nacional, la legisladora Ilhan Omar y el fiscal general de Minnesota Keith Ellison, han apoyado la propuesta. Otros demócratas moderados, como una de las senadoras del estado, Amy Klobuchar, la han rechazado.

Floyd perdió la vida el 25 de mayo de 2020 cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda en Minneapolis. Durante su arresto, el policía blanco Derek Chauvin lo inmovilizó en el suelo durante más de nueve minutos presionando la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar.

La muerte de Floyd provocó las mayores protestas contra el racismo en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King Jr a finales de la década de 1960.

El sociólogo Alex Vitale, autor del libro 'El final del control policial', argumenta que el abuso de los agentes “no se puede solucionar con una reforma porque tiene su origen en la decisión de entregar a la policía todos los problemas sociales” derivados de un “sistema neoliberal de explotación”. La respuesta, según él, consiste en “un proceso de reducción del alcance de la policía y de su sustitución por alternativas”. El resultado final, dice, podría ser un modelo similar al inglés donde solo hubiese una pequeña parte de agentes armados para responder a un número muy reducido de casos.

Un contundente informe de la ONU que analiza la justicia racial tras el asesinato de George Floyd pide a los países que “desmantelen” el racismo sistémico y pongan fin a la “impunidad” por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

El documento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos examina 190 muertes en todo el mundo de personas africanas y afrodescendientes causadas por agentes del orden, el 98% de las cuales tuvo lugar en Europa, América Latina y Norteamérica, en su mayoría durante los últimos diez años.

El análisis demuestra que los agentes de policía rara vez tuvieron que rendir cuentas por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las personas afrodescendientes, “en parte debido a deficiencias en la investigación de esos actos, la carencia de una supervisión sólida e independiente y de dispositivos de denuncia y rendición de cuentas, y a una 'presunción de culpabilidad' generalizada que pesa sobre las personas afrodescendientes”, explica un comunicado de la oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet.

Con raras excepciones, en las pesquisas, los procesamientos, los juicios y las decisiones de los tribunales no se tuvo en cuenta el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios institucionales podrían haber desempeñado en los asesinatos, reza el documento.

El informe analiza en detalles siete casos considerados emblemáticos: los de Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto (Brasil); de George Floyd y Breonna Taylor (Estados Unidos); de Kevin Clarke (Reino Unido); de Janner (Hanner) García Palomino (Colombia) y de Adama Traoré (Francia).

También recuerda que la movilización mundial “ha forzado un reconocimiento largamente postergado del racismo y recentrado los debates en la naturaleza sistémica de este fenómeno y en las instituciones que lo perpetran”. La oficina de la alta comisionada recibió en junio de 2020, poco después del asesinato de Floyd, el mandato de preparar un informe exhaustivo sobre el racismo sistémico y las violaciones perpetradas por los agentes del orden.

“El statu quo es insostenible”, dice Bachelet en el comunicado. “El racismo sistémico requiere una respuesta sistémica. Es preciso aplicar una estrategia de amplio espectro y no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. Necesitamos un enfoque transformador que aborde los ámbitos interconectados que impulsan el racismo y desembocan reiteradamente en tragedias que podrían evitarse, como la muerte de George Floyd”.   

En muchos casos, las víctimas no representaban una amenaza

Tras analizar los 190 casos, el informe indica tres contextos principales en los que suelen producirse las muertes relacionadas con la acción policial.

El primero es la actuación de las fuerzas del orden ante “delitos leves, en controles de tráfico y en otros controles policiales”, como en los casos de George Floyd, Adama Traoré y Luana Barbosa dos Reis Santos. El segundo, dicen, es la intervención de agentes en la respuesta inicial “ante una crisis de salud mental”, como en el caso de Kevin Clarke. El tercero son las operaciones policiales especiales, como en los casos de Breonna Taylor, Janner García Palomino y João Pedro Mattos Pinto. Muchas de estas intervenciones se han descrito como operaciones de la “guerra contra las drogas” o relacionadas con pandillas.

En muchos de los casos examinados, la información disponible sugiere que las víctimas “no representaban una amenaza inminente de muerte o lesiones graves ni para los agentes del orden ni para el público, que justificara el grado de fuerza utilizado”, apunta el documento.

Además, en estos tres contextos, los prejuicios, los estereotipos y los perfiles raciales “intervienen de manera recurrente”. “Al parecer, las deducciones de los agentes del orden se siguen rigiendo por representaciones o percepciones erróneas y estereotipadas de las cosas y las personas que representan un peligro. Esta situación se ve agravada por factores interseccionales. Los estereotipos raciales se han traducido presuntamente en el uso indebido de la fuerza y en la falta de una atención adecuada en casos en que las fuerzas del orden han intervenido como equipo de respuesta inicial ante personas que sufrían crisis de salud mental”.

El informe hace hincapié en que en muchos países escasean los datos desglosados y exhaustivos oficiales relativos a las muertes de personas afrodescendientes a manos de agentes de policía.

“Se sienten continuamente traicionadas por el sistema”

El análisis se basa en consultas con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes, más de 110 respuestas por escrito y en consultas adicionales con expertos destacados, así como con familiares de víctimas.

Los familiares de las personas que fallecieron en estas circunstancias han expresado al alto comisionado “su ferviente deseo de esclarecer la verdad acerca de la muerte de sus seres queridos, y pidieron que los responsables rindieran cuentas de sus actos y que se evitara que otras personas sufrieran una suerte similar”.

Según el informe, las consultas revelan que las personas afrodescendientes “se sienten continuamente traicionadas por el sistema”, y que los problemas que afrontan para acceder a la justicia “se asemejan llamativamente entre sí con independencia del país de que se trate. Muchos expresaron una profunda falta de confianza en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia penal, principalmente debida a la impunidad”.

Uno de los motivos de preocupación que se plantearon continuamente fue “la excesiva vigilancia de que son objeto las personas y las comunidades negras, que les hace sentirse amenazadas en vez de protegidas”.

Con frecuencia, reza el documento, “las víctimas y sus familiares deben luchar para que se haga justicia, sin el apoyo debido y sometidos a una vigilancia excesiva y traumatizados”. Además, los familiares denuncian “la falta de acceso a asistencia jurídica y apoyo psicosocial adecuados, ante procesos que suelen ser largos y agotadores desde el punto de vista financiero y emocional”.

En numerosos casos, sostiene el texto, “el trauma psicológico y físico duradero abarca a comunidades enteras”. “Algunos de los interesados temen ser víctimas de represalias y acoso. La frecuencia con la que se presenta a las víctimas como 'merecedoras' del trato que recibieron de los agentes del orden resulta especialmente difícil para los familiares”.

“Varias familias me hablaron de los sufrimientos que han padecido en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y de la oprobiosa presunción de que sus seres queridos, de algún modo, ‘se lo merecían”, dice Bachelet. “Es desolador que el sistema no les apoye. Eso debe cambiar”.

“Ningún Estado ha asumido su responsabilidad por el impacto del racismo”

La alta comisionada ha hecho un llamamiento urgente a los Estados para que adopten una “agenda transformadora” para desmantelar el racismo sistémico, y que revierta “las culturas de negación”, ponga fin a la “impunidad” por las violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes del orden y subsane el déficit de confianza, así como que garantice que se escuchen las voces de los afrodescendientes y de quienes luchan contra el racismo, que se atiendan sus preocupaciones y que se haga frente a los legados de la esclavitud, la trata trasatlántica de esclavos africanos y el colonialismo, mediante la justicia y la reparación“.

El informe asevera que “ningún Estado” ha asumido “su responsabilidad integral por el pasado ni por el impacto actual del racismo sistémico”. Por el contrario, dice el comunicado, “persiste una incapacidad generalizada para reconocer la existencia y la repercusión del racismo sistémico y sus vínculos con la esclavitud y el colonialismo”.

La oficina señala también las “desigualdades complejas” y la “marcada marginación política y socioeconómica” que afectan a las personas afrodescendientes en numerosos Estados. “A lo largo y ancho de muchos países, en particular de América del Norte y del Sur y de Europa, es desproporcionado el número de afrodescendientes que viven en la pobreza y que se enfrentan a graves obstáculos para ejercer su derecho a la educación, la atención sanitaria, el empleo, la vivienda adecuada y el agua potable, así como para participar en la vida pública y ejercer otros derechos humanos fundamentales”. 

“La deshumanización de las personas afrodescendientes […] ha reforzado y fomentado la tolerancia hacia la discriminación racial, la desigualdad y la violencia”, dice el documento.

El informe también indica que la represión de las protestas antirracistas en algunos países “debe considerarse dentro de un contexto más amplio, en el que las personas que luchan contra el racismo sufren represalias, acoso, intimidación y a veces son víctimas de la violencia”. 

“El movimiento Black Lives Matter [Las vidas negras importan] y otras agrupaciones de la sociedad civil han proporcionado modelos de liderazgo que se fundan en escuchar a las comunidades”, dice Bachelet. “También están proporcionando a las personas el empoderamiento y las capacidades necesarias para reclamar sus derechos humanos. Esos esfuerzos deberían recibir financiación, apoyo y reconocimiento público”.

La alta comisionada considera que los Estados deben demostrar “más voluntad política para acelerar la acción en pro de la justicia racial, la reparación y la igualdad, mediante compromisos específicos, con plazos definidos, que permitan obtener resultados”. “Esto comprenderá el replanteamiento de la actividad policial y la reforma del sistema de justicia penal, que sistemáticamente han producido resultados discriminatorios para los afrodescendientes. Es esencial que pongamos manos a la obra para garantizar que estas pautas y estos ciclos problemáticos no se repitan indefinidamente. No hay excusa alguna para seguir soslayando el cambio transformador”.

“Tal como reconoció el Consejo de Derechos Humanos, la discriminación racial en la aplicación de la ley no pueden separarse de las cuestiones relativas al racismo sistémico”, concluye Bachelet.

El exagente Derek Chauvin ha sido condenado a 22 años y medio de prisión por el asesinato del afroamericano George Floyd. Tras ser declarado culpable el 20 de abril por un jurado popular, el juez le ha sentenciado este viernes por los cargos de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado.

El juez, Peter A. Cahill, ha defendido antes de leer su sentencia que su decisión no se ha basado en las emociones, aunque ha querido reconocer el “sufrimiento” de la familia, de Minneapolis, e incluso, ha dicho, del país y la comunidad afroamericana. Esta sentencia supone el fin judicial de un caso que ha revolucionado la lucha contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

El Ministerio Público había pedido 30 años de cárcel para el expolicía, mientras que la defensa solicitó la libertad condicional. Por primera vez desde el inicio del juicio, Derek Chauvin ha tomado la palabra para dirigirse a la familia de Floyd: “Quiero darles mis condolencias”.

El 20 de abril, un jurado popular declaró a Chauvin culpable de los tres cargos por los que había sido procesado: asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado (implica negligencia), que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Después del veredicto, restaba por conocer el contenido de la pena, que se ha concretado finalmente este viernes.

Igual que en abril, cientos de personas se han concentrado esta tarde en los alrededores del tribunal de Minneapolis (Minnesota) para seguir los acontecimientos. Muchos han portado carteles con el rostro de Floyd, quien se ha convertido durante este año en un icono de la lucha contra el racismo en Estados Unidos.

Derek Chauvin mantuvo su rodilla presionando el cuello de Floyd con todo su peso durante ocho minutos y 46 segundos, lo que provocó su muerte. Todo comenzó cuando los empleados de una tienda llamaron a la policía porque Floyd había pagado supuestamente un paquete de tabaco con un billete falso de 20 dólares. En las imágenes, que se han convertido en la principal prueba de la acusación, se ve que Floyd no mostró ningún comportamiento violento ni supuso una amenaza para los agentes.

“Fueron nueve minutos y medio de crueldad contra un hombre indefenso que sólo rogaba por su vida”, ha recordado Matthew Frank, el fiscal del caso, para defender su petición de 30 años de prisión por un crimen que, ha reclamado, fue peor que un disparo o un puñetazo en la cara.

Antes de la lectura de la sentencia, además de las partes, han intervenido varios familiares tanto de Floyd como del exagente. Uno de los momentos más destacados lo ha protagonizado la madre de Chauvin, Carolyn Pawlently, quien se ha dirigido al tribunal por primera vez desde el inicio del caso.

“Derek ha reproducido una y otra vez lo que pasó ese día en su cabeza, ha dicho. Pawlently ha defendido la inocencia del expolicía y ha lamentado que se lo haya calificado de racista, antes de dirigirse a su hijo: ”Eres mi hijo favorito, gracias por tu tiempo“, le ha dicho entre lágrimas al finalizar su intervención.

Philonise Floyd, hermano de la víctima, ha pedido la máxima sentencia para Chauvin. “Yo era un camionero y mi vida cambió para siempre con su muerte. Empecé a hablar al mundo en nombre de George”, ha dicho quien desde la muerte de su hermano ha ejercido de principal portavoz de la familia.

La muerte de George Floyd desató el año pasado una ola de protestas en Estados Unidos, y también en el extranjero. En junio de 2020, más 250.000 personas se congregaron en la llamada Marcha de Washington. Las marchas se sucedieron en las semanas sucesivas en otras ciudades de Estados Unidos y también en diferentes puntos de Europa.

El país norteamericano tiene las tasas más altas del mundo de violencia policial, con un sesgo aún más crítico hacia la población negra. La Policía mata allí a más de 1.000 personas al año, en comparación con las ratios de Alemania, donde las fuerzas de seguridad matan a 10 personas anualmente. La impunidad policial, el miedo de los agentes o las numerosas detenciones son algunas de las causas que explican este trágico ránking.

Decenas de ciudades de Estados Unidos han recordado este martes a George Floyd, el afroamericano que murió asfixiado por un policía en Mineápolis (Minesota, EEUU) justo hace un año, con la promesa pendiente de una reforma policial que elimine la brutalidad contra las minorías raciales del país.

El primero en hacer patente ese eterno anhelo por parte de los sectores progresistas de cambio ha sido el presidente estadounidense, Joe Biden, que ha recibido a los familiares del asesinado en la Casa Blanca para hablar de la Ley George Floyd de Justicia en la Policía, una propuesta legislativa que se encuentra estancada en el Congreso estadounidense.

“El presidente tiene todavía muchas esperanzas de que va a firmar la ley. Estamos trabajando muy de cerca con los negociadores”, ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. En un mensaje en Twitter, Biden ha señalado que el país “se enfrenta ahora a un punto de inflexión” y ha recalcado, aludiendo a este proyecto legislativo, que los líderes políticos tienen que actuar.

La familia presiona a Biden y al Congreso

En el aniversario de la muerte de Floyd, sus parientes han visitado el Congreso estadounidense y la Casa Blanca para presionar a Biden y a los legisladores para que hagan realidad una legislación que, en principio, iba a ser aprobada durante los 365 días posteriores del trágico suceso en una esquina del sur de Mineápolis.

Uno de los hermanos de Floyd, Philonise, ha asegurado en una rueda de prensa en el Capitolio que el proyecto de ley es necesario y “debe llegar al escritorio de Biden”. “Necesitamos que se encargue de eso”, ha asegurado en el Capitolio estadounidense acompañado de varios miembros de la familia Floyd, como la hija del fallecido, la presidenta de la cámara Nancy Pelosi y otros legisladores demócratas.

La propuesta de ley sigue estancada en los pasillos del Congreso estadounidense. La legislación cuenta con el apoyo de Biden y pretende acabar, entre otras cosas, con el uso de técnicas de estrangulamiento, así como con la “inmunidad legal” para los agentes y la militarización de los departamentos policiales en un país en el que la policía mata a más de 1.000 personas al año, especialmente a la ciudadanía afroamericana.

Homenaje accidentado en Mineápolis

Mientras la familia de Floyd se encontraba en la capital del país, decenas de personas rendían homenaje al afroamericano fallecido el pasado 25 de mayo de 2020 en el lugar en el que murió asfixiado por el ex agente de policía Derek Chauvin.

En esta jornada, que debía ser pacífica, se ha registrado un tiroteo que se ha saldado con un herido, según ha confirmado a EFE un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad.

Otras ciudades recuerdan a Floyd

Además de Mineápolis, otras ciudades del país como Miami y Nueva York también se han sumado a los homenajes. En la Gran Manzana, autoridades y líderes comunitarios se han arrodillado durante 9 minutos y 29 segundos en memoria del asesinado.

“George Floyd no solo pasará a la historia como un mártir, también como un punto de inflexión para la vigilancia policial en Estados Unidos”, ha señalado Al Sharpton, el activista de derechos civiles que ha destacado el movimiento “intergeneracional y multiracial” que se echó a las calles pese a la pandemia de COVID-19 para reclamar justicia racial.

Al respecto, el alcalde de la ciudad Bill De Blasio ha recordado que el cambio es “posible” y que bajo su Administración la ciudad ha eliminado la política que permitía a la policía detener y cachear a cualquier persona por la calle y que, generalmente, acababa sufriendo la población negra y latina.

“La historia no es quién se arrodilla, sino cuándo se va a levantar América”, ha concluido Sharpton tras arrodillarse más de 9 minutos. “Imaginen cómo de largo se sintió esto sobre el cuello de un ser humano. Es hora de que corrijamos la vigilancia policial en este país”, ha zanjado.

Todo era igual y, a la vez, todo había cambiado. Miski Noor, activista de Minneapolis, sintió así el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco el 25 de mayo del año pasado.

“¿Cuántas veces habíamos visto viralizarse la muerte de una persona negra?”, se pregunta Noor, que en 2017 ayudó a fundar en Minneapolis el movimiento Black Visions a favor de una seguridad pública sin policías. Pero Noor sabe que para abolir a la policía también hay que enfrentarse al racismo sistémico y el peso de la historia. Sus padres son inmigrantes somalíes y Noor sabe que el problema es global.

El impactante asesinato de Floyd, inmovilizado durante nueve minutos y 29 segundos bajo las rodillas de un policía, ayudó a visualizar la violencia policial contra los negros en todo el mundo. Aunque no fueran las mismas circunstancias, recordó a las muertes de Adama Traoré, en Francia, y antes que él, de Mark Duggan, en el Reino Unido. Su ejecución fue el reflejo de una historia compartida de violencia contra los negros durante la esclavitud y el colonialismo, y ha servido como catalizador de un nuevo movimiento mundial contra símbolos del imperio y su racismo. Algunos de sus símbolos han sido destruidos o retirados.

El debate sobre los tributos públicos

En la ciudad inglesa de Bristol tiraron abajo la estatua del comerciante de esclavos Edward Colston. En el Capitolio de Kentucky, se quitó la estatua del líder confederado Jefferson Davis por decisión oficial.

Según el centro de estudios de los derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC), en el último año se han retirado más estatuas en honor a los estados confederados [los que se rebelaron contra el gobierno de EEUU en el Siglo XIX para defender la esclavitud y desencadenando la guerra civil] que en los cuatro años anteriores. Según los datos de SPLC, tras la muerte de Floyd ha habido casi 170 retiradas de estatuas y cambios de nombre en calles y otros homenajes a los símbolos y personajes confederados. Sigue habiendo más de 2.100 tributos a la Confederación en lugares públicos. Entre ellos, más de 700 monumentos.

Según Robin DG Kelley, titular de la cátedra de Historia Gary B. Nash de la Universidad de California en Los Ángeles, el debate sobre la historia pública no es un fenómeno nuevo, pero la muerte de Floyd ha servido como un gran catalizador. “El tema de la raza y la historia en lugares públicos ha estado en un proceso de revisión permanente”, dice Kelley. “Y no ha sido su muerte, sino la presencia de 26 millones de manifestantes, y el miedo que eso generó, lo que ha obligado a las instituciones a actuar”.

La petición de que se retirasen monumentos, se cambiasen nombres y se descolonizara la historia forma parte de las guerras culturales de los años 90 en Estados Unidos, que también incluyó la defensa de los estudios sobre minorías étnicas en las universidades. Más recientemente, Sudáfrica vivió en 2015 el exitoso movimiento estudiantil Rhodes Must Fall, que culminó con la retirada de una estatua que había en la Universidad de Ciudad del Cabo en homenaje al imperialista victoriano Cecil Rhodes, y sirvió de inspiración para acciones similares en el Reino Unido y otros países.

Noor, que usa el pronombre “ellas/ellos” para referirse a su persona (en inglés, el pronombre “they”’ no tiene género), explica que en la educación que recibió mientras crecía en Rochester (Minnesota), la historia de Estados Unidos era una versión blanqueada por hombres blancos y cisgénero. “Para vender tantas falsedades, para hacer pasar como hechos tantas mentiras, hay que borrar, hay que omitir historias enteras vividas”, dice Noor, que profundizó por primera vez en la historia africana y afroestadounidense durante sus estudios en la Universidad de Minnesota, en las Ciudades Gemelas (Minneapolis-Saint Paul).

Según la historiadora Nell Irvin Painter, autora de la obra en tinta, grafito y collage sobre la iconografía de los estados Confederados ‘From Slavery to Freedom’, antes de la muerte de Floyd mucha gente no se daba cuenta del peso de estos símbolos. “Todo esto ha pasado a primer plano con la toma de conciencia del público general alrededor de 2020”, dice Painter, que también es la autora del libro The History of White People. “[El asesinato de Floyd] fue tan atroz que no se podía fingir que aquello no había ocurrido; lo mismo que pasó con el movimiento de los derechos civiles, que tenía una larga historia pero la mayoría no lo conocía hasta que llegó el momento histórico propicio y mucha gente lo empezó a ver”.

Una revisión “inédita” de la historia de Reino Unido

Así ha sido también en el Reino Unido. En lo que los historiadores describen como una revisión “inédita” de la historia del imperio británico, se estima que desde las protestas del movimiento Black Lives Matter del verano pasado ha habido 39 nombres de calles, edificios y escuelas cambiados o en proceso de modificación, así como 30 monumentos decorativos, estatuas y placas retirados o a punto de serlo.

“La muerte de George Floyd hizo que me pusiera a explorar cómo funciona el racismo en este país, fue un gran despertar”, dice Tyrek Morris, estudiante universitario en Manchester. Morris organizó su primera protesta tras la muerte de Floyd. Dice que dondequiera que mirara encontraba pancartas con un lema constante: “Reino Unido no es inocente”.

El mensaje le hizo empezar a cuestionarse todo lo que le habían enseñado y, sobre todo, lo que no le habían enseñado. En las protestas de Black Lives Matter, Morris escuchó hablar de la familia de Mark Duggan, cuya muerte a manos de la policía desencadenó los disturbios de 2011 en Londres; del caso de Shukri Abdi y Christopher Kapessa, dos niños ahogados cuyas familias acusan a las autoridades de no haber tomado en serio sus casos; de los crímenes del imperio británico; y del papel que tuvo Gran Bretaña en el comercio de esclavos.

Se calcula que unas 15.000 personas protestaron con la organización All Black Lives UK (ABLUK) en la marcha del 6 de junio de Manchester, una de las 160 protestas que se celebraron ese fin de semana. ABLUK también organizó un encuentro de 10.000 manifestantes en Bristol, donde se derribó una estatua de Colston, el comerciante de esclavos.

La escritora Xahra Saleem, que lleva una pequeña joyería en la ciudad, recuerda perfectamente el momento en que la tiraron. Ella estaba entre las organizadoras y caminaba unos pasos por delante de la marcha. Cuando pasó junto a la estatua le dijo en broma a una amiga: “¿No sería guay que se cayera en algún momento?”. Y así fue. “Como si hubiéramos puesto de manifiesto algo que estaba ahí”, dice.

Las autoridades locales llevaban décadas ignorando una campaña local para retirarla. Pero todo fue diferente una vez que cayó la estatua de Colson. Como dice Saleem, “las escuelas cambiaron de nombre y los nombres de las carreteras también; todo sucedió muy rápido; a veces solo hace falta un pequeño empujón”.

Francia, dividida entre la condena o no a su pasado colonial

En Francia, el único país que tras prohibir la esclavitud volvió a imponerla, la indignación por la muerte de Floyd reavivó un crispado debate en torno al peso de su historia colonial y esclavista. En las islas francesas del Caribe, los manifestantes derribaron o desfiguraron las estatuas. En Martinica, estalló una histórica polémica por las figuras blancas en pedestales. Fueron atacadas las estatuas de homenaje a Victor Schœlcher, el político blanco que facilitó el decreto para abolir la esclavitud, entre demandas por aumentar la visibilidad de las rebeliones protagonizadas por esclavos que llevaron a la abolición.

Según Rokhaya Diallo, escritora, locutora y activista antirracista, “en Francia la muerte de George Floyd abrió un gran debate sobre la raza, en torno a cuestiones como el privilegio blanco, la violencia policial y el racismo dentro de la policía, así como el pasado colonial”. 

“Pero también hubo mucha resistencia y negación del problema, sobre todo en los debates televisados”, dice. “Siempre habrá negación pero lo que ha cambiado es que el problema ya no se puede ignorar, no se puede volver a tapar, sobre todo para los jóvenes de hoy”.

Francia fue el primer país en reconocer oficialmente la esclavitud como un “crimen contra la humanidad” en una ley de 2001 que tenía como objetivo mejorar la enseñanza de la época esclavista y colonial. Pero los historiadores han expresado su preocupación por el hecho de que la enseñanza en las escuelas francesas sigue siendo insuficiente. “Las conmemoraciones de Napoleón en Francia este mes de mayo demostraron que esto sigue siendo un debate”, dijo Diallo sobre la celebración del bicentenario de la muerte del emperador.

El presidente, Emmanuel Macron, prometió ser “intransigente ante el racismo, el antisemitismo y la discriminación” pero también ha dicho varias veces que Francia no retirará las estatuas de personajes polémicos de la época colonial . 

Según el historiador Kelley, la respuesta a la muerte de Floyd “tuvo una dimensión internacional” y lo que ocurrió “no fue simplemente empatía por otra víctima afroestadounidense”. En su opinión, “fue el reconocimiento de que este tipo de violencia estaba ocurriendo en todo el mundo”.

El caso de Floyd es inquietantemente parecido al de Adama Traoré, un hombre negro de 24 años que murió en 2016 tras ser detenido por los gendarmes en las afueras de París. “No puedo respirar”, dijo a los agentes que lo inmovilizaban en el suelo. Igual que Floyd. Los jueces de instrucción están examinando informes médicos contradictorios relacionados con su caso.

Assa Traoré dice que su hermano huyó de la policía porque no llevaba encima su documento de identidad, que allí es casi una manera de alargar la vida. Según algunos estudios, la probabilidad de ser detenido para un control de identidad en Francia es 20 veces superior para los hombres negros o magrebíes que para los blancos. Y esos controles pueden acabar en violencia o muerte.

Según Traoré, los negros esclavizados por los franceses también tenían que llevar documentos oficiales. En su opinión, la necesidad de estar documentado “tiene que ver con todo lo que no se dice sobre la historia colonial y sus consecuencias; mientras la policía francesa no enfrente su pasado y reconozca que hay racismo dentro del cuerpo, no llegaremos a ninguna parte, es una lucha que nunca terminará”. “Así que sí”, dice Traoré, “en un país que afronta la violencia de su pasado, las estatuas y los nombres de las calles son un comienzo”.

Un cambio institucional

Según la cineasta y activista Bree Newsome Bass, que en 2015 retiró la bandera confederada que ondeaba sobre la sede del estado de Carolina del Sur, toda la historia de Estados Unidos está en cuestión, igual que en Francia y en el Reino Unido. “Tendemos a pensar que nos hemos liberado del colonialismo, pero lo que no hemos incluido es la historia del genocidio de los indígenas de América; he llegado a comprender lo que eso significa en términos de cómo pensamos en Estados Unidos como una nación nueva en contraposición a la colonia que realmente es”, dice. “Comenzó como una colonia de esclavos, y aunque nos independizamos de Gran Bretaña, Estados Unidos evolucionó hasta convertirse en su propio estado colonial de colonos blancos”.

Ha pasado un año de la muerte de Floyd y sigue aumentando el número de personas negras asesinadas por la policía en Estados Unidos, un doloroso recordatorio de lo que no ha cambiado más allá de la caída de las estatuas. Derek Chauvin fue condenado por el asesinato de Floyd pero el creciente número de vidas perdidas se le sumaron los nombres de Rayshard Brooks y Daunte Wright junto a la reclamación constante por un cambio institucional y por hacer responsables a los culpables.

Como dice Kelley, los acontecimientos del año pasado demuestran lo fácil que es derribar una estatua, o cambiarle el nombre a un edificio, y lo difícil que es derribar un imperio, desmantelar el patriarcado y el capitalismo racial, y sustituir prisiones y cárceles por “formas de seguridad pública más cuidadosas y no carcelarias”.

En su opinión, la situación también abre otros dilemas: ¿Qué hacer con las universidades que han cambiado el nombre de sus edificios pero mantienen enormes propiedades inmobiliarias en comunidades donde los vecinos son de bajos ingresos? ¿O universidades titulares de fondos con intereses en cárceles privadas o en la Palestina ocupada? ¿Qué debemos pensar del Banco Barclays, que quitó de su nuevo edificio en Glasgow el nombre del esclavista Andrew Buchanan, pero tiene una sórdida historia propia de comercio con esclavos?

“La eliminación de los símbolos nos hace sentir bien, pero irónicamente tiene el efecto de individualizar y personalizar el racismo”, dice Kelley. “Algunos de los principales abolicionistas británicos, por ejemplo, formaban parte del grupo de los capitalistas industriales. ¿Se quedan? ¿O deben caer?”.

En el Reino Unido, los activistas también temen que la retirada de estatuas y otros cambios sean solamente cosméticos. Según Robert Beckford, profesor de Teología negra en la Queen's Foundation, “es necesario presentar una visión más equilibrada de la historia” “Pero me preocupa”, dice, “que eliminar los símbolos, la retirada de una placa, se considere como equivalente a un cambio institucional antirracista”.

En su opinión, el trabajo no ha hecho más que empezar.

El polémico informe sobre razas llevado a cabo por el Gobierno británico, donde se afirmaba que en las áreas estudiadas no había pruebas de racismo institucional en el Reino Unido, es para Morris una señal de lo lejos que está el país de enfrentar su pasado y su presente. Cree que a eso se llegará con más protestas. Saleem, que contribuyó a la protesta que terminó con la estatua de Colston, coincide. “Estamos planeando un verano de movimientos, actividades y protestas antirracistas”, dice.

El trabajo también sigue en Minneapolis. Este verano, Black Visions planea reunir a los residentes para responder a una pregunta: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad?”. El objetivo es llegar a una definición colectiva de seguridad, impulsada por los residentes de Minneapolis, y que incluya alternativas al actual enfoque de seguridad pública.

La coalición ‘Yes 4 Minneapolis’ ha presentado una petición para cambiar los estatutos de la ciudad, que requieren que la ciudad dependa de la policía para la seguridad pública. Piden que en las elecciones municipales de noviembre se pregunte a los residentes si quieren sustituir a la policía por un departamento de seguridad pública.

“Quiero que en el mundo en el que vivo estén más reflejados mi pueblo y mis antepasados”, dice Noor. “¿Pero qué tal si construimos ese mundo en lugar de limitarnos a cambiar los carteles de las calles en este? Son las personas negras las que siguen luchando por el derecho básico a la vida para poder prosperar, George Floyd forma parte de esa historia”.

Traducido por Francisco de Zárate

Un gran jurado federal de Estados Unidos imputó este viernes a cuatro exagentes de Policía, entre ellos Derek Chauvin, por supuestamente haber violado los derechos constitucionales del afroamericano George Floyd, que murió en mayo pasado en Mineápolis (Minesota).

Según un comunicado del Departamento de Justicia, los cuatro expolicías - Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane - afrontan el cargo de no proporcionar ayuda médica a Floyd, mientras que tres de ellos están acusados de haber violado el derecho de la víctima a quedar liberada de un uso excesivo de la fuerza.

Esta acusación es independiente de los cargos a los que se enfrentan en la jurisdicción estatal, donde Chauvin ya ha sido condenado por asesinato, y representa otra decisión extraordinaria contra los antiguos agentes, que no suelen enfrentarse a cargos penales por el uso de la fuerza con consecuencias mortales.

El escrito judicial describe que Chauvin presionó su rodilla izquierda contra el cuello de la víctima, y la derecha sobre la espalda y un brazo, mientras Floyd estaba esposado y sin ofrecer resistencia, y que siguió haciéndolo incluso cuando la víctima había perdido la consciencia.

El gran jurado sostiene que las acciones de Chavin violaron el derecho constitucional del afroamericano a quedar libre de un uso no razonable de la fuerza por parte de un agente, lo que resultó en su muerte.

Argumenta que Thao y Kueng no intervinieron para detener a Chauvin, lo que también derivó en el fallecimiento del hombre de raza negra; y acusa a los cuatro de no haber proporcionado asistencia médica Floyd.

En un escrito separado Chauvin es también imputado de privar a otro residente de Mineápolis, de catorce años, de su derecho constitucional a quedar libre de un uso “no razonable de la fuerza”.

En concreto el texto cuenta que en septiembre de 2017 Chauvin agarró al adolescente por la garganta y lo golpeó varias veces en la cabeza con una linterna, lo que le ocasionó heridas.

Estas imputaciones se producen después de que Chauvin fuera declarado culpable el mes pasado por un jurado de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado, tras ser juzgado por la muerte de Floyd ante un tribunal de Mineápolis.

Está prevista que la sentencia sea leída el próximo 16 de junio a las 13.30 hora local (18.30 hora GMT), aunque los abogados de Chauvin presentaron este martes una moción para solicitar un nuevo juicio por este caso.

Floyd murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin presionara la rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos, en un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en EE.UU. no vista desde el asesinato de Martin Luther King a finales de la década de 1960.

Alex Vitale es profesor de Sociología y coordinador de un proyecto sobre policía y justicia social en el Brooklyn College de Nueva York, y lleva los últimos 30 años escribiendo e investigando la actuación de la policía. Sus postulados radicales resuenan en EEUU desde el asesinato de George Floyd, cuyo caso ha desencadenado un debate público sobre el comportamiento de la policía. Durante las tres semanas que ha durado el juicio contra el agente Derek Chauvin, que ha sido condenado por asesinato, más de tres personas al día han muerto a manos de la policía en EEUU.

Su libro El fin de la policía (Capitán Swing) se publicará en junio en España y en él argumenta que el abuso de los agentes “no se puede solucionar con una reforma porque tiene su origen en la decisión de entregar a la policía todos los problemas sociales” derivados de un “sistema neoliberal de explotación”.

La respuesta, según él, consiste en “un proceso de reducción del alcance de la policía y de su sustitución por alternativas”. El resultado final, dice, podría ser un modelo similar al inglés donde solo hubiese una pequeña parte de agentes armados para responder a un número muy reducido de casos.

¿Cuál es su análisis del veredicto en el caso de George Floyd? ¿Cree que cambiará algo en cuanto a la responsabilidad y la actuación policial?

Es importante entender el veredicto como resultado de la presión popular. El movimiento Black Lives Matter y las protestas del último año han creado una crisis de legitimidad fundamental en la actuación policial de Estados Unidos. Esto se puede ver en la decisión de la Fiscalía de procesar de una manera agresiva el caso, lo que no es habitual, y también en la decisión de la policía de Minneapolis de testificar enérgicamente contra el agente, lo que es extremadamente inusual. 

A su vez, no deberíamos entender el veredicto como algo que vaya a producir un cambio profundo en la actuación policial estadounidense. Hemos visto este tipo de condenas poco habituales en el pasado y no han provocado ningún cambio significativo. De hecho, el discurso que viene de los agentes de policía y los líderes del Gobierno es que el sistema funcionó, que se trataba de una “manzana podrida”, un agente que ha sido despedido y condenado y que ahora se puede volver a lo que estaban haciendo sin tener que abordar los problemas subyacentes.

¿Están relacionados esos problemas con el propio origen de la policía?

Tenemos esta idea aceptada habitualmente que sostiene que la policía es simplemente un ejecutor neutral de un sistema legal que produce un orden social que beneficia a todos por igual. Sin embargo, si observamos los orígenes de la policía en EEUU y en el resto del mundo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en realidad está ligada a regímenes legalizados de explotación: especialmente el colonialismo, la esclavitud y la fabricación de una clase obrera industrial.

La policía surge cuando surge la necesidad por parte del Estado de utilizar la violencia para gestionar de forma más eficiente y legítima las consecuencias de esos sistemas de explotación.

La primera fuerza policial moderna que se ajusta a la definición es la Guardia de la Ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, que se creó para gestionar las poblaciones móviles de esclavos. Era un cuerpo civil profesional, uniformado y orientado a la aplicación de la ley durante las veinticuatro horas, cuyo trabajo principal era gestionar a los esclavos que trabajaban fuera de las casas de sus propietarios en talleres o almacenes.

Incluso la Policía Metropolitana de Londres, creada en 1829, utiliza el modelo de la ocupación inglesa de Irlanda. Sir Robert Peel, que creó la policía de Londres –Bobby es el diminutivo de Robert y de ahí lo de llamar a los policías bobbies– estaba a cargo de la ocupación inglesa de Irlanda y desarrolló la Fuerza de Preservación de la Paz de Irlanda como una forma híbrida de vigilancia policial para gestionar los levantamientos agrícolas en el campo irlandés. Después, tomó eso, lo modificó y lo utilizó en Londres para gestionar la afluencia masiva de trabajadores agrícolas que fueron desplazados por el movimiento de cercamiento [división de tierras comunales para uso individual privado]. Esta gente inundó las ciudades creando desorden y problemas de resistencia política y entonces se desarrolló la actuación policial para tratar de convertirlos en una clase trabajadora fija.

Y si el objetivo de la policía es defender ese sistema de explotación, ¿diría usted que la labor policial es entonces intrínsecamente racista?

No es necesariamente racista, salvo que estos sistemas de explotación siempre se han basado en la raza como factor central de organización. Además, esa noción de raza es cambiante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, durante los periodos de gran inmigración de hace 100 años, grupos como los italianos y los judíos, e incluso los irlandeses, no se consideraban blancos, sino que se les consideraba un grupo racial diferente.

Con el tiempo, estos grupos de Europa se convirtieron en “blancos”, la vigilancia policial se centró más en el creciente número de personas negras que viven en estas ciudades del norte y la policía se convierte en fundamental en el proceso de creación de guetos. La policía siempre ha formado parte de los proyectos raciales y, por tanto, contiene en su interior estos legados institucionales.

¿Entonces el objetivo de la policía es controlar comunidades desaventajadas?

Sí, gestionarlas. El objetivo del sistema es extraer riqueza de la manera más eficiente a través de procesos de explotación que casi siempre tienen que ver con la raza. Cuando tienes un sistema de explotación, habrá resistencia. Los trabajadores tratarán de formar sindicatos e ir a la huelga; los esclavos tratarán de escapar o matar a sus amos; la gente sometida al colonialismo se resistirá y formará levantamientos. La policía es una de las herramientas centrales que utiliza el Estado para gestionar y reprimir esos actos de resistencia.

Argumenta en su libro que en los últimos 40 años ha habido una expansión inmensa del alcance de la policía, a quien se le ha encomendado gestionar todo tipo de problemas sociales que no le corresponden ¿Por qué se ha producido este fenómeno?

En este periodo hemos visto que los políticos de ambos partidos en Estados Unidos han adoptado cada vez más una especie de política de austeridad neoliberal que alega que todo lo que el gobierno puede hacer frente a la globalización es subvencionar a los actores económicos que ya tienen más éxito con la esperanza de que sean tan competitivos que parte de su riqueza se filtre al resto de nosotros.

Esto no ha producido una amplia prosperidad, sino que ha generado una clase de multimillonarios y, por otro lado, ha generado una gran cantidad de personas sin techo, problemas generalizados de salud mental y de drogas... Más tarde, eso se ha convertido en un problema de delincuencia que hay que gestionar a través de la policía. 

Después de tantas reformas, ¿por qué seguimos viendo asesinatos a manos de la policía en Estados Unidos?

La historia de la policía es una historia de reformas. Cada nuevo jefe de policía se cree un reformista, pero estas reformas no son más que intentos de legitimar un sistema cuya legitimidad está siempre bajo asalto porque es un sistema que facilita la explotación. Hoy reaccionamos contra lo que en generaciones previas eran reformas innovadoras, que a su vez eran reformas de generaciones anteriores. Esta idea de que reformar la policía es la solución es una mala comprensión de la historia.

La solución, según usted, sería entonces reducir el alcance de la actuación policial ¿Cree que la sociedad estadounidense está preparada para ese debate?

Sorprendentemente, parece que sí. Los acontecimientos del último año han forzado una conversación pública sobre esto y estamos viendo cambios muy concretos como resultado. Un número creciente de ciudades están aplicando exactamente el tipo de cosas que el movimiento ha estado pidiendo: como sacar a la policía de las escuelas y sustituirla por consejeros y servicios; sacar a la policía del negocio de la salud mental y crear equipos de respuesta dotados de personal clínico y no de agentes; hacer algo sustancial sobre la falta de vivienda en lugar de utilizar a la policía para disolver sus asentamientos.

Y en todo este proceso, ¿qué papel juega el retirar financiación a la policía, que ha sido una de las principales reivindicaciones?

La demanda de retirar financiación a la policía ha sido un lema para expresar esta idea de que no debemos centrarnos en la reforma de la policía, sino que debemos centrarnos en sacar recursos de la policía para invertirlos en la comunidad.

Ahora bien, cuando la gente oye por primera vez este término, puede resultar desorientador porque durante generaciones se nos ha dicho que la única herramienta que podemos tener para producir seguridad en las comunidades es la policía armada. Por muy problemática que sea la policía, tienen miedo de que se elimine la única herramienta. Cuando los activistas tienen la oportunidad de explicar a la gente con qué quieren sustituir la vigilancia policial. La gente tiende a apoyar la idea.

Pero algunos pueden argumentar que retirar financiación podría significar dejar a la policía desprotegida en una sociedad con muchas armas.

Si a la gente se le da a elegir entre nada y la policía, la mayoría, aunque no todos, elegirá la policía, pero este movimiento no discute eso. Lo que defiende es la creación de todo un conjunto de instituciones e infraestructuras alternativas que nos permitan abordar los problemas de violencia y privación de forma más eficaz a través de estrategias de prevención y de intervención en los centros comunitarios. Será más eficaz para producir seguridad pública y no tendrán todas las consecuencias colaterales que se asocian con el control policial.

Y si llegamos a ese punto, ¿de qué debería ocuparse la policía en ese tipo de sociedad?

Creo que es una respuesta desconocida. En mi opinión, se trata de un proceso de reducción del alcance de la policía y de su sustitución por alternativas. Mientras hacemos eso, vemos lo que va quedando y si podemos o no reemplazarlo. El principio rector aquí es que la policía es peligrosa por naturaleza y se debe utilizar como herramienta de último recurso. Así que deberíamos dar todos los pasos que podamos para tratar de encontrar estrategias no policiales a nuestros problemas, y si no podemos llegar a eso, que así sea. 

Tal vez acabe pareciéndose a la forma en que se utilizan las unidades de respuesta armada en Inglaterra, que son un número muy reducido de agentes que responden a un número muy reducido de llamadas y con un nivel de supervisión muy alto. La gran mayoría de los policías en Inglaterra no están armados, pero estas pequeñas unidades, sí

¿Por qué cree que estos asesinatos que se dan en EEUU no ocurren tan a menudo en los países europeos?

Hay varios factores. Uno es que no hay tantas armas en circulación en Europa, pero también, históricamente Europa no ha tenido que gestionar los tipos de desigualdad y explotación que tiene Estados Unidos. El colonialismo y la esclavitud de Europa ocurrió en otro lugar. La tortura, el racismo y la violencia se exportaron, pero en Estados Unidos fueron proyectos domésticos. El exterminio de la población indígena y la esclavitud fueron proyectos domésticos y esa es, de hecho, una de las razones por las que tenemos tantas armas en EEUU.

Dos semanas después del asesinato de George Floyd, la ciudad de Minneapolis anunció que desmantelaría el departamento de policía para crear todo un sistema de seguridad pública diferente. ¿Cuál es el resultado un año después?

Todavía está en proceso. Hay una serie de obstáculos legales y burocráticos que hay que superar. Va a haber algunas medidas sujetas a votación este año para que los electores aprueben los cambios que permitirían que el plan siga adelante.

Hay un apoyo bastante amplio hacia estas iniciativas, por lo que considero que seguiremos viendo cómo avanza el plan, aunque llevará tiempo y eso está bien. Tiene que pasar tiempo para construir el apoyo de la comunidad y también para que empecemos a crear alternativas. Así, por ejemplo, Minneapolis ha destinado millones de dólares a iniciativas de la comunidad contra la violencia que ya están mostrando su éxito y van a reducir la necesidad de utilizar la policía.

El veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado en el caso contra el exagente de policía de Minneapolis Derek Chauvin por la muerte de George Floyd representa el punto final de un juicio histórico contra la brutalidad policial y un momento clave para la actuación policial y la batalla por la igualdad racial en EEUU.

Según los analistas, el juicio por el asesinato de Floyd, que falleció asfixiado con la rodilla de Chavin clavada en el cuello durante varios minutos, ha sido tan relevante que marcará un antes y un después en la rendición de cuentas de las fuerzas del orden.

Dos cosas fundamentales han cambiado desde que una adolescente que pasaba por allí grabó en vídeo la agónica muerte de Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que suplicaba por su vida, a manos de Chauvin, un hombre de raza blanca que miraba desafiante a la cámara.

En primer lugar, el movimiento Black Lives Matter (BLM), que ya venía luchando por la justicia y la igualdad y contra el desproporcionado número de asesinatos de personas negras a manos de la policía, ha impulsado un nuevo movimiento masivo de protestas a favor de los derechos civiles desde Minneapolis hasta el resto de Estados Unidos y del mundo.

En Estados Unidos, el movimiento ha inspirado marchas y protestas mayoritariamente pacíficas de costa a costa, y de los pequeños pueblos rurales a las grandes ciudades del país.

Las protestas se han ampliado para denunciar otros asesinatos cometidos por policías o agitadores racistas contra afroamericanos como Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Philando Castile, Walter Scott, Eric Garner, Michael Brown y tantas otras víctimas de esta recurrente tragedia estadounidense.

La mecha también prendió en otros países, con muchas ciudades celebrando marchas en recuerdo de los asesinatos cometidos por la policía de EEUU y de sus propios países. El lema Black Lives Matter se convirtió en un grito de guerra internacional.

En cierta medida también se ha dado un cambio más general en la cultura estadounidense. Ahora se espera de los directivos que revisen o aceleren las muy retrasadas políticas contra los arraigados privilegios de los blancos que en empresas y otras organizaciones han perpetuado una falta de diversidad tóxica.

Los cambios en la policía

Pero sobre todo, y con relación a las fuerzas del orden de Estados Unidos, se está empezando a plantear que no se puede terminar con estos asesinatos atroces sin una reforma fundamental de la policía, hasta el punto de replantear cómo deberían las ciudades gestionar la seguridad, el orden público y los servicios de asistencia, con propuestas como abolir por completo los departamentos de policía y retirarles financiación.

En segundo lugar, se han desmoronado partes importantes del conocido como muro azul del silencio con el que los departamentos de policía protegen a uno de los suyos cuando comete una infracción y evitan demandas por responsabilidades.

Las cosas empezaron a cambiar rápidamente cuando Medaria Arradondo, el jefe de policía de Minneapolis, vio el vídeo viral de la muerte de Floyd. Lo calificó públicamente de asesinato y ordenó el despido y arresto de Derek Chauvin y de los otros tres policías que participaron en la detención violenta de Floyd, que en ese momento era sospechoso de un delito menor: pagar con un billete falso de 20 dólares en una tienda de Minneapolis.

En el juicio a Chauvin por asesinato, Arradondo fue uno de los testigos estrella de la acusación, junto a varios policías de Minneapolis en activo que testificaron contra su excompañero.

Arradondo es el primer jefe de policía afroamericano en la historia de Minneapolis y cuando luchaba por ascender en el escalafón presentó una demanda contra el departamento por discriminación.

Arradondo dijo al jurado que estaba “vehementemente en desacuerdo” con las acciones de Chauvin; que el agente no había seguido “de ninguna manera o forma” los reglamentos o los códigos de formación; y que había mostrado un desprecio por el principio policial de respeto a “lo más sagrado, la vida”.

Incluso si el objetivo era usar a Chauvin como chivo expiatorio y defender que la policía ha mejorado, sigue siendo muy poco común que un jefe de policía reconozca y expulse a un agente que ha matado a alguien, que permita su procesamiento y que testifique en contra.

El departamento iba a quedar mal de todos modos porque Chauvin trabajó allí durante 19 años y había recibido numerosas quejas por brutalidad sin pagar las consecuencias. Por eso es aún más llamativa la transparencia y responsabilidad demostradas durante el caso.

Aunque en la apertura del juicio se dijo que se trataba de un agente y de un caso, estaba claro que en el banquillo de los acusados estaba toda la policía estadounidense. Como dijeron los propios familiares de Floyd, hasta EEUU estaba siendo juzgado.

El sistema policial estadounidense es muy amplio y descentralizado. Hay unos 18.000 departamentos de policía y cada uno tiene sus propios reglamentos sobre el uso de la fuerza, criterios de contratación y mecanismos de supervisión. Por ello, una reforma universal es casi imposible. Sin duda, la Administración Trump hizo mucho para dar marcha atrás a los pequeños progresos hacia una reforma.

Desde que George Floyd fue asesinado el 25 de mayo de 2020 no ha habido ningún cambio revolucionario en la justicia racial de EEUU ni en la actuación policial. En Minneapolis, por ejemplo, se votó en junio del año pasado por un proceso que reemplazaría al departamento de policía por un nuevo sistema de seguridad pública, pero pronto se encontró con todo tipo de dificultades.

La frustración en todo el país es muy grande pero ha habido avances. La terrible muerte de George Floyd resonó de forma tan amplia en todo el mundo que, aunque haya retrocesos y frenos de los conservadores, el curso es hacia delante.

Traducido por Francisco de Zárate.

Darnella Frazier tenía sólo 17 años el verano pasado cuando utilizó su teléfono móvil para grabar cómo Derek Chauvin le clavaba a George Floyd la rodilla en el cuello hasta matarle asfixiado.

El martes, después de que un jurado de Minneapolis declarara al expolicía culpable de los tres cargos por el asesinato de Floyd, Fraizer publicó en Facebook su alegría y alivio.

“He llorado mucho”, escribió. “Esta última hora mi corazón latía muy rápido, estaba muy nerviosa y con una ansiedad por las nubes”.

Después de cuatro agradecimientos en mayúsculas, su post cargado de emojis, que incluía manos rezando, corazones y un puño de solidaridad, terminaba con: “¡George Floyd, lo hemos conseguido! Se ha hecho justicia”.

Frazier se dirigía a la tienda con su primo de nueve años el 25 de mayo cuando se encontró con el incidente. Todavía le atormenta, dijo al tribunal, y declaró que le hubiera gustado poder hacer algo más. Una vez que el vídeo se hizo viral, también fue objeto de acoso en las redes sociales.

“Han sido noches en las que me he quedado despierta pidiendo perdón y disculpándome con George Floyd por no haber hecho más y no haber interactuado físicamente y no haberle salvado la vida”, dijo.

El vídeo de Frazier, que provocó manifestaciones en todo el mundo, captó a Floyd jadeando mientras suplicaba a Chauvin por su vida. Durante 9 minutos y 29 segundos. En la grabación, Floyd dice: “No puedo respirar” hasta en 27 ocasiones y pide ayuda incluso a su madre. El vídeo ha sido una prueba clave en el juicio contra Chauvin, que ahora se enfrenta hasta 40 años de prisión.

“Fue como un instinto natural, sinceramente”, dijo Frazier al Star Tribune el pasado mes de mayo sobre su decisión de empezar a grabar. “El mundo necesitaba ver lo que yo estaba viendo. Cosas como ésta ocurren en silencio demasiadas veces”.

Frazier ha rehuido los focos nacionales y sus abogados dijeron a los periodistas el pasado mes de junio que no buscaba ser una heroína. En cualquier caso, ha sido elogiada como tal por el jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo.

“Estoy absolutamente agradecida de que esto se haya capturado de la manera en que se hizo”, dijo Arradondo en una conferencia de prensa el año pasado. Frazier también recibió el premio Benenson al Valor de PEN América en diciembre, entregado durante una ceremonia virtual por el galardonado director Spike Lee.

“Nunca hubiera imaginado en mis 17 años de vida que este sería mi caso”, dijo Frazier al aceptar el premio desde su casa. “Es mucho que asimilar”.

Traducido por Javier Biosca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado este martes que se haya hecho “justicia” en el juicio por el asesinato del afroamericano George Floyd el mayo pasado, después de que el expolicía Derek Chauvin fuera declarado culpable de los tres cargos que enfrentaba.

Biden se ha declarado “aliviado” por el veredicto durante una llamada telefónica con el hermano de Floyd, Philonise, que fue grabada en vídeo y publicada en Twitter por el abogado de la familia, Ben Crump.

“Nada va a hacer que las cosas mejoren del todo, pero al menos ahora hay algo de justicia”, ha afirmado Biden durante la llamada telefónica.

El presidente ha recordado el famoso comentario que hizo la hija de George Floyd, Gianna, durante una de las miles de marchas contra el racismo que espoleó la muerte de su padre el pasado verano. “Pienso en el comentario de Gianna, que decía 'mi padre va a cambiar el mundo'. Va a empezar a cambiarlo ahora”, ha asegurado Biden en la llamada, que también escucharon otros familiares de Floyd.

El mandatario describió a la familia de Floyd como “increíble” y dijo que le gustaría estar con ellos para abrazarles, mientras que la vicepresidenta, Kamala Harris, les describió en la misma llamada como “líderes reales”.

Harris: “Todos somos parte del legado de Floyd”

La primera vicepresidenta negra de Estados Unidos ha considerado que queda “mucho por hacer” para combatir la “injusticia racial”, que es “un problema de cada estadounidense”, no solo de los negros, latinos o de aquellos con raíces asiáticas o indígenas. “Todos somos parte del legado de George Floyd. Y nuestro trabajo, ahora, es honrar ese legado, honrarle a él”, afirmó.

Harris subrayó que Estados Unidos tiene “una larga historia de racismo sistémico”, que está “evitando” que el país “cumpla su promesa de libertad y justicia para todos”. Aunque expresó su “alivio” por el veredicto, admitió que “no borra el dolor” causado por la pérdida de Floyd, y que “una medida justa no es lo mismo que una justicia igualitaria” para todos.

“Este veredicto nos lleva un paso más cerca (de esa justicia igualitaria). Pero el hecho es que tenemos trabajo por hacer. Todavía debemos reformar el sistema”, recalcó.

Harris ha asegurado que el veredicto marcará “un punto de inflexión” en Estados Unidos, y tanto ella como Biden se comprometieron a impulsar más reformas sobre las prácticas policiales en el país.

Biden y Harris vieron el veredicto en directo desde la Casa Blanca, y el presidente telefoneó luego al gobernador de Minesota, Tim Walz; y a continuación a Philonise, una llamada en la que participaron también Harris y la primera dama, Jill Biden.

Horas antes de que el jurado terminara de deliberar, Biden generó algo de polémica al asegurar que estaba “rezando para que el veredicto sea el correcto” e insinuar que las pruebas contra Chauvin eran “abrumadoras”.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo luego que el presidente no pretendía “influir” en el jurado, que se encontraba aislado, sino únicamente “expresar su compasión por la familia” de Floyd.

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

La sentencia que deberá cumplir el exagente de polícia ya condenado por causar la muerte por asfixia de Floyd en mayo de 2020 se conocerá en unas semanas, entre seis y ocho, según ha apuntado el juez.

El jurado ha declarado culpable de todos los cargos al exagente de policía Derek Chauvin que mató al afroamericano George Floyd. Tras el veredicto, el juez tendrá que decidir próximamente la condena de Chauvin. La muerte de Floyd, en mayo de 2020, desencadenó una ola de protestas contra el racismo y la violencia policial en todo Estados Unidos y a nivel internacional.

Chauvin, que ha salido esposado del tribunal, se enfrentaba a tres cargos: asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado (implica negligencia), que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Una multitud de manifestantes se ha concentrado a las puertas del tribunal y en el lugar donde Floyd fue asesinado y han celebrado la condena del expolicía.

Derek Chauvin mantuvo su rodilla presionando el cuello de Floyd con todo su peso durante ocho minutos y 46 segundos, lo que provocó su muerte. Todo comenzó cuando los empleados de una tienda llamaron a la policía porque Floyd había pagado supuestamente un paquete de tabaco con un billete falso de 20 dólares. En las imágenes, que se han convertido en la principal prueba de la acusación, se ve que Floyd no mostró ningún comportamiento violento ni supuso una amenaza para los agentes.

“Hemos caminado con los ojos cerrados durante mucho tiempo y hoy se empiezan a abrir”, ha afirmado Courteney Ross, novia de Floyd, tras conocer el veredicto. “Esto va a ser lo primero de un futuro de cambios”, ha añadido.

El jurado ha deliberado durante 10 horas en los últimos dos días y el juicio ha durado tres semanas en las que han declarado 45 personas en total: 38 de la acusación y siete de la defensa. El jurado está compuesto por seis personas blancas, cuatro afroamericanos y dos “multirraciales”.

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han hablado con la familia de Floyd por teléfono inmediatamente después del veredicto en una conversación que se ha podido seguir en directo. “El mundo va a empezar a cambiar ahora. Habéis sido una familia increíble”, ha afirmado el presidente.

La primera vicepresidenta negra de Estados Unidos ha considerado que queda “mucho por hacer” para combatir la “injusticia racial”, que es “un problema de cada estadounidense”, no solo de los negros, latinos o de aquellos con raíces asiáticas o indígenas. “Todos somos parte del legado de George Floyd. Y nuestro trabajo, ahora, es honrar ese legado, honrarle a él”, afirmó durante una comparecencia junto al presidente en la Casa Blanca.

“No llamaría justicia al veredicto de hoy porque la justicia implica reparación verdadera, pero es rendición de cuentas, que es el primer paso hacia la justicia”, ha declarado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. Por su parte, el gobernador del estado, Tim Walz, ha señalado también que “este veredicto es un paso importante hacia la justicia”.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, quien protagonizó un duro enfrentamiento con el entonces presidente Trump por su reacción al asesinato de Floyd y las subsiguientes protestas, también se ha pronunciado: “George Floyd vino a Mineapolis para mejorar su vida, pero finalmente su vida habrá mejorado nuestra ciudad”.

“Esperamos que este veredicto de culpabilidad empiece a mostrar que el supremacismo blanco no ganará. El supremacismo blanco no tiene lugar en democracia, especialmente una democracia que se supone que nos tiene que garantizar nuestra libertad de vivir”, ha afirmado en un comunicado la Black Lives Matter Global Network Foundation. “Pero permítannos dejar claro que esto no nos devuelve a nuestros seres queridos”.

Amnistía Internacional ha señalado que la reforma policial sigue siendo necesaria y ha recordado que la condena representa “una excepción, no la norma”.

El veredicto final llega en un contexto de creciente tensión en el país tras la muerte por disparos de policías del afroamericano Daunte Wright, de 20 años, en Brooklyn Center (Minesota) y de Adam Toledo, de 13 años, en Chicago, ocurridos ambos en las últimas semanas.

Antes de la celebración del juicio, el Ayuntamiento de Mineápolis accedió a pagar 27 millones de dólares a la familia de George Floyd como compensación económica por su muerte. El acuerdo destinará, paralelamente, 500.000 dólares al barrio donde Floyd fue asesinado, según informó Associated Press.

El médico Bradford Langenfeld, que certificó la defunción de George Floyd, sostuvo este lunes que la asfixia fue la causa más probable de su muerte y no un ataque al corazón, como intenta demostrar la defensa del expolicía Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano.

Langenfeld, que trabaja en el Centro Médico del condado de Hennepin (Minesota), fue uno de los testigos citados a declarar este lunes en el juicio contra Chauvin por la muerte de Floyd. Durante su testimonio, el facultativo explicó que trató a la víctima durante 30 minutos el pasado 25 de mayo, en los que los médicos intentaron reanimarlo.

“No hubo ningún trauma significativo u obvio que sugiriera que sufrió algo que le produjera una hemorragia que llevara a un paro cardíaco”, dijo Langenfeld. En ese sentido, indicó que el motivo más probable de su muerte fue una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno en el cerebro y otros órganos.

Preguntado entonces por el abogado de la acusación Jerry Blackwell sobre si su principal teoría acerca de la causa del deceso de Floyd fue una falta de oxígeno, Langenfeld contestó afirmativamente: “Creo que en aquel momento, en base a la información de la que disponía, es lo más probable que ocurriera”.

En este momento de su declaración Blackwell le interrumpió para pedirle que aclarara si existe otro nombre para “la deficiencia de oxígeno”, a lo que el testigo respondió que “asfixia es un término entendido comúnmente”.

“Una vez dejó de resistirse, debió haber terminado”

También ha declarado este lunes el jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, que criticó la actuación de su exagente de una forma severa. “Una vez que el señor Floyd dejó de resistirse, y ciertamente una vez estando angustiado y tratando de verbalizarlo, eso debió haber terminado”, ha afirmado el jefe policial.

Arradondo también ha señalado que Chauvin violó los protocolos del departamento en su inmovilización de Floyd. “Seguir aplicando ese nivel de fuerza a una persona que estaba boca abajo, esposada en la espalda, eso de ningún modo o forma es algo normativo. No es parte de nuestra capacitación, y ciertamente no es parte de nuestra ética o nuestros valores”, ha añadido.

Floyd perdió la vida en mayo pasado cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar.

El expolicía está acusado de los cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12,5 años de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

La segunda jornada del juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano George Floyd, ha arrancado este martes con el testimonio de varios testigos de la muerte de este en mayo pasado en Mineápolis (Minesota, Estados Unidos). “Él (Chauvin) solo nos miraba. Tenía una mirada fría, sin corazón. No le importábamos. Parecía que no le importaba lo que estábamos diciendo y no cambiaba nada de lo que él estaba haciendo”, ha afirmado Darnella Frazier, la joven que grabó el vídeo del suceso que se hizo viral y en el que se ve cómo Chauvin hincó la rodilla en el cuello de Floyd.

Frazier, ahora de 18 años y que en aquel momento era menor de edad, ha asegurado que el acusado fue presionando su rodilla “más fuerte” conforme avanzaba el tiempo.

“Presencié un asesinato”

Antes de la joven mineapolitana ha ofrecido su testimonio Donald Williams, considerado “testigo crucial” al haber sido profesional en artes marciales mixtas y agente de seguridad, y conocer técnicas de inmovilización y estrangulamiento, de lo que fue preguntado. En su declaración, Williams ha explicado que llamó al número de emergencias de la policía para denunciar a los agentes implicados en el incidente, porque creyó que estaba siendo “testigo de un asesinato”.

“Llamé a la policía para denunciar a policías (...). Porque creo que fui testigo de un asesinato y sentí la necesidad de llamar a la policía”, ha asegurado Williams al ser preguntado por el fiscal de Minesota, Matthew Frank, en el arranque de la segunda jornada del juicio.

El testigo ha apuntado que primero intentó razonar con los agentes presentes en la escena del crimen, cuando vio cómo Chauvin presionaba la rodilla sobre el cuello de Floyd, pero, como no le hicieron caso, llamó al teléfono de emergencias. En esa llamada, que fue reproducida en el juicio, se puede oír a Williams diciéndole a un operador que un oficial de la policía estaba “tratando de matar a un ciudadano” frente a la tienda Cup Foods, en la esquina en la que Floyd pereció.

Estas dos comparecencias han caldeado el ambiente dentro de la sala, ya que tanto la Fiscalía de Minesota como la defensa de Chauvin han pedido al juez que no constara en acta una decena de preguntas de ambos, tras ser formuladas o tras la respuesta de los testigos, mientras que el magistrado ha tenido que parar en varias ocasiones la audiencia para hablar en privado con ambas partes.

Con sus cuestiones, los abogados del expolicía buscaban convencer al jurado de que los agentes presentes -Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane y J.A. Keung- se sintieron “amenazados” cuando los transeúntes les “increparon”, en el momento en que el acusado en este juicio tenía su rodilla sobre el cuello de Floyd.

El expolicía está acusado de los cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12,5 años de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

El juicio contra el expolicía acusado de asesinar a George Floyd ha comenzado este lunes con la visualización del escalofriante vídeo de su muerte, que ha enmudecido a los asistentes y será la prueba principal de la acusación en este proceso .

Nada más empezar, uno de los fiscales, Jerry W. Blackwell, se ha dirigido a los 12 miembros del jurado y ha anunciado que su objetivo es demostrar que el ya exagente Derek Chauvin es “todo menos inocente” y que debe ser condenado por el asesinato el 25 de mayo de 2020 de Floyd, cuya muerte desató protestas por todo el país. Con ese fin, ha mostrado uno de los vídeos del fallecimiento de Floyd, que fue grabado por un transeúnte.

En las imágenes se veía al afroamericano tendido en el suelo y esposado, mientras gritaba de dolor, llamaba a su madre y repetía una y otra vez: “¡No puedo respirar!” y “No puedo más”. También se apreciaba cómo Chauvin apretaba su rodilla contra el cuello de Floyd y permanecía impasible frente a los gritos de los viandantes, que le increpaban, le pedían que soltara a la víctima y que comprobara que seguía teniendo pulso.

Chauvin hizo caso omiso y permaneció con la rodilla en el cuello de Floyd hasta que llegó una ambulancia, momento en el que la víctima ya estaba inconsciente.

Mientras el vídeo se mostraba en la pantalla, la sala ha permanecido en silencio.

Chauvin, sentado junto a su abogado, ha levantado su cabeza en varias ocasiones para mirar la grabación y ha vuelto a bajarla para mantener la vista fija en un cuaderno amarillo en el que ha ido tomando notas. El expolicía, que fue despedido por el caso de Floyd, ha acudido a la corte vestido con un traje gris, una camisa azul claro y una corbata azul oscura, además de una mascarilla azul celeste.

Terminado el visionado, Blackwell ha dejado claro que la meta de la acusación es que el jurado tome una decisión basada en las imágenes y no en los argumentos que pueda presentar la defensa. “Pueden creer lo que están viendo sus ojos. Esto es homicidio. Esto es asesinato”, ha afirmado.

Por su parte, el abogado de la defensa, Eric Nelson, ha intentado desviar la atención del jurado del vídeo y ha profundizado en ciertos detalles del caso, como que Floyd, ha asegurado, estaba ebrio y actuó con hostilidad hacia la policía. “No hay en esta corte una causa política o social”, ha afirmado Nelson, intentando desvincular el caso de Floyd del debate en Estados Unidos sobre la violencia policial contra los afroamericanos.

Chauvin y otros agentes intentaron detener a Floyd después de que este intentara usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado.

Una condena limitada que despierta escepticismo

El expolicía está acusado de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años; y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12,5 años de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

Fuera del recinto judicial, se han concentrado algunos manifestantes que coreaban lemas, como “¡Justicia para George Floyd!” y “¡No puedo respirar!”, rememorando una de las últimas frases que dijo antes de perder el conocimiento. El ambiente, sin embargo, es escéptico con la posible resolución judicial.

Una de las mineapolitanas que no confía en que la Justicia estadounidense pueda cerrar las heridas causadas por ese episodio fatal es Anwulika Okafor, una organizadora comunitaria que vivía a dos bloques del punto en el que el hombre afroamericano murió presuntamente asfixiado por el agente. “A pesar de que todos vimos a Derek Chauvin usando su rodilla para matar lentamente a George Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, todavía no tengo fe en el sistema judicial de este país para que sea condenado por asesinato”, dice Okafor, con tono asertivo, mientras recoge firmas para cambiar el sistema de vigilancia de la ciudad.

“Siento que si se da la justicia como se debe, que le den los años (de condena) que de verdad merece, los policías se lo van a pensar dos veces antes de tomar acciones violentas contra la comunidad”, dice Viviana Inamagua, una joven de 23 años nacida en Veracruz (México) y que reside en Minesota desde hace un lustro.

Los departamentos de policía de las principales ciudades del mundo proporcionan impunidad legal a sus integrantes a la hora de hacer uso letal de la fuerza aunque sus vidas no estén en peligro, según una investigación encargada por The Guardian. El estudio, desarrollado por la Universidad de Chicago y varios centros asociados, ha descubierto que ni uno solo de los departamentos policiales de las ciudades investigadas mantiene una actitud coherente con las directrices en materia de derechos humanos marcadas por las Naciones Unidas (ONU) en relación con los protocolos que guían el uso de la fuerza.

El estudio ha abarcado 48 ciudades de Estados Unidos y del resto del mundo, la mayor parte en los países más ricos y democráticos. La investigación revela que los agentes de policía de Estados Unidos y otros lugares del mundo no solo utilizan la violencia con impunidad, sino que sus normas de conducta se lo permiten.

Este estudio llega en un momento en que el escrutinio sobre su comportamiento es intenso. No hace todavía un año desde que un agente de la policía de Minneapolis cometió el brutal asesinato de George Floyd, un hecho que desató una ola de protestas sin precedentes.

“El país va a examinar esto [el caso George Floyd] con el filtro de una conciencia y una sensibilidad nuevas pero [Derek Chauvin, el policía que mató a Floyd] va a ser juzgado con las mismas leyes y por el mismo sistema de siempre”, dice Sherri Williams, profesora de la American University que escribe y analiza sobre raza y representación.

La realidad vs las recomendaciones de la ONU

Las conclusiones del estudio realizado por la Clínica de Derechos Globales de la Universidad de Chicago se publicarán en el informe “Impunidad Global”. En un análisis encargado por The Guardian enmarcado dentro del proyecto Overpoliced, Underprotected [policía excesiva, protección insuficiente], los investigadores compararon las normas escritas que regulan el uso de la fuerza en una serie de ciudades con varios documentos de Naciones Unidas. Entre estos últimos se encuentra el código de conducta de la ONU para agentes de las fuerzas de seguridad que enfatiza que solo debe utilizarse fuerza letal cuando los agentes se encuentren ante una amenaza real a su propia vida o a las de otros.

La investigación se centra en los países ricos y desarrollados para comparar lugares que disponen de recursos comparables. Estados Unidos y sus ciudades están sobrerrepresentados para fundamentar el alcance del proyecto.

En Estados Unidos, la policía mató a 987 personas el año pasado. El índice de muertes casi triplica al de su vecina Canadá y multiplica por 30 el de Alemania.

“El gran número de países y departamentos de policía, en EEUU y el resto del mundo, que dicen a sus agentes que se puede hacer un uso letal de la fuerza –disparar contra alguien– si se resisten a ser detenidos o huyen es asombroso”, dice Nino Guruli, uno de los autores del estudio, abogado de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UIC John Marshall. “Como si fuera más importante completar una detención o no retirarse que evitar muertes o sufrimientos innecesarios”.

Para analizar las políticas relativas al uso de la fuerza, los investigadores utilizaron una escala de evaluación basada en cuatro categorías: si el uso de la fuerza letal en una ciudad concreta es legal según el derecho internacional; si la fuerza letal puede ser utilizada solo en caso de amenaza inmediata y como último recurso; si puede ser empleada solo en respuesta a una amenaza del mismo tipo, mortal; y si la policía debe rendir cuentas ante un organismo de supervisión por su uso de la fuerza letal.

Según el estudio, hay 13 ciudades en las que está permitido que los agentes empleen fuerza letal aunque no hayan agotado el resto de opciones a su disposición, por ejemplo, tácticas para disminuir la tensión en un encuentro.

Uso de la fuerza sin amenaza

En Denver, por ejemplo, se permite a los agentes que hagan uso de la fuerza letal para detener o evitar la huida de un sujeto por un delito que ya ha sucedido y sin la exigencia de que el sospechoso suponga una amenaza inmediata en ese momento:

“105.2 Está justificado que un agente utilice fuerza física letal … solo cuando crea, de manera razonable, que es necesario: b. Para realizar una detención o evitar la huida de una persona bajo custodia de la que cree 1. Que ha cometido o tratado de cometer un delito con el uso o la amenaza de uso de un arma que pueda provocar la muerte.”

Este tipo de procedimientos reciben cada vez más escrutinio ante casos de brutalidad policial que acaban teniendo perfil alto ante la opinión pública. El asesinato de Eric Garner, un neoyorquino estrangulado hasta morir durante su detención, impulsó la prohibición en el estado de Nueva York de la técnica que permitía el ahogo. Hubo protestas por todo el país. Tras las muertes de Floyd y Elijah McClain –también en 2020– los abogados especializados en derechos civiles han cuestionado, en la misma dirección, si los policías actuaron ante alguna amenaza directa contra sus vidas.

En 25 ciudades, los agentes pueden hacer un uso mortífero de la fuerza en respuesta a una amenaza de grado menor o cuando no existe una amenaza inmediata.

Rendición de cuentas

Esto puede variar drásticamente. Filadelfia lo formula con claridad y prohíbe el uso de fuerza mortífera cuando no exista “la creencia objetiva y razonada de que un sospechoso es peligroso, incluso si la fuerza mortífera podría haber estado justificada en un momento previo”. Pero en Indianápolis, las normas son mucho más opacas y requieren solo de “una amenaza de fuerza mortífera” para actuar.

Es habitual que no se ejerza la rendición de cuentas tras el uso de la fuerza letal. Los investigadores descubrieron que muchos departamentos de policía de todo el mundo no requieren a la policía un informe sobre el uso de fuerza excesiva. Ni siquiera cuando el resultado es una muerte. Esto tiene dos consecuencias: la rendición de cuentas por uso de fuerza letal por parte de la policía no es suficiente y la ciudadanía no sabe lo que ha sucedido, en gran medida porque los hechos no se documentan correctamente.

Solo ocho ciudades exigen un informe de uso interno en caso de que un agente use fuerza mortífera. Solo 16 ciudades lo exigen cuando el resultado es la muerte o alguien resulte herido.

Richard Aborn, presidente de la Comisión Ciudadana sobre el crimen de Nueva York, dice que la ausencia de requisitos a la hora de informar puede ser deprimente. “Se trata del mensaje que lance el liderazgo de la unidad policial”.

“Creo que si solo hiciéramos eso –aplicar la disciplina a esos casos– no necesitaríamos cambiar las normas”.

Pero si es poco probable que las administraciones locales informen internamente sobre el uso de la fuerza, parece más difícil que se cumpla un requisito de información externa.

“Las leyes y las normas son muy importantes para la rendición de cuentas y la transparencia de la acción pública. Esto es especialmente cierto en los departamentos responsables del cumplimiento de la ley a los que el estado otorga el poder de terminar con la vida”, dice Claudia Flores, una de las autoras del estudio y profesora asociada de práctica en la Clínica de Derechos Humanos Globales de la facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

El poder de los sindicatos

Algunas organizaciones hacen campaña en defensa de reformar el sistema descrito. Piden limitar el poder de los sindicatos policiales, sobre el cual se ejerce poco control en la actualidad. Muchas veces esas organizaciones contribuyen a configurar las normas para el uso de la fuerza. Se pide que la comunidad ejerza alguna supervisión de las negociaciones en torno a la regulación de lo relacionado con estos temas.

“Tenemos amnesia histórica sobre el modo en que tratamos a la gente en este país”, dice Williams. “Actuamos como si no supiéramos que [las normas] fueron diseñadas para hacer lo que están haciendo”.

El estudio reveló –y esto podría llevar a sorpresa a quienes se centran en la brutalidad policial y el racismo estructural en Estados Unidos– que la ciudad de Nueva York es la que tiene las normas y directrices más estrictas sobre el uso excesivo de la fuerza. Tras Nueva York están Ciudad de México y Buenos Aires. Los últimos lugares de la lista los ocupan Riad, Bombay y París.

Pero eso no significa que las ciudades que encabezan el listado tengan mejores departamentos de policía o se registren menos ejecuciones extrajudiciales. Una política más amplia no implica necesariamente mejor rendición de cuentas ni la capacidad legal de que ese control suceda.

A lo largo del último año se ha puesto de manifiesto con cada vez mayor claridad que el poder de los cuerpos policiales no ha sido sometido a controles suficientes durante demasiado tiempo. Ahora, en Estados Unidos, se han alzado algunas voces desde el ámbito público y desde el activismo de base que exigen el fin de siglos de racismo y de normas y prácticas policiales inadecuadas.

A principios de marzo, la Cámara de Representantes aprobó una de las reformas policiales más amplias de la historia de Estados Unidos: la ley George Floyd para una acción policial justa. El paquete legislativo, cuya aprobación por el Senado es poco probable debido a la mayoría republicana en esa cámara, incluye cambios radicales en el modo en que la policía trabaja. Por ejemplo, prohíbe las maniobras que utilizan el estrangulamiento.

Este año Naciones Unidas convocó a un grupo de expertos en el uso de la fuerza. El grupo pide a Estados Unidos que adopte reformas amplias y termine con la brutalidad policial. Advierte a los departamentos de policía sobre el uso del gas lacrimógeno y otras medidas en esa línea de uso de la fuerza contra manifestantes. También destaca una militarización creciente de las armas en poder de la policía en Estados Unidos.

“Las reformas de la actuación policial deben implicar medidas auténticas y sustanciales para desmantelar el racismo sistémico actual contra minorías como las raciales y étnicas, sin excluir a otras, modificando las asignaciones presupuestarias actuales y gastando más dinero en recursos alternativos de carácter social que resultan fundamentales para la seguridad de las comunidades”, dice el informe del grupo.

Pero esas reformas normativas podrían llegar demasiado tarde para la resolución del caso del ex policía Derek Chauvin, para saber si rendirá cuentas por utilizar su rodilla para aplastar el cuello de George Floyd durante más de ocho minutos.

“El verano pasado fue un momento de conversación”, dice Johnetta Elzie, activista por los derechos civiles y cofundadora de Campaign Zero (Campaña Cero), un grupo de investigación y apoyo centrado en terminar con la violencia policial. “Ahora depende de qué persona y de qué institución se preocupa lo suficiente de exigir la rendición de cuentas de la policía y sus sindicatos”.

Traducido por Alberto Arce.

El Ayuntamiento de Mineápolis ha accedido a pagar 27 millones de dólares a la familia de George Floyd como compensación económica por su muerte el pasado mes de mayo a manos de la policía de la ciudad. El acuerdo se produce antes del juicio y destinará, paralelamente, 500.000 dólares al barrio donde Floyd fue asesinado, según asegura Associated Press. Esta suma es, en palabras del abogado de la familia Ben Crump, la mayor compensación pre juicio de la historia del país.

“Quiero, en nombre del Consejo de la ciudad, ofrecer mis más profundas condolencias a la familia de George Floyd, sus amigos y toda nuestra comunidad que lamenta su pérdida”, ha reiterado la presidenta del Consejo de Mineápolis, Lisa Bender.

En una rueda de prensa, el equipo legal de la familia ha agradecido a la ciudad su “liderazgo” y su compromiso. “Estamos agradecidos al Ayuntamiento no solo por decir que os importa George Floyd, sino por demostrarlo. No solo por decir que 'Black Lives Matter', sino por enseñarle al mundo que 'Black Lives Matter'”, ha añadido Crump. “Esta indemnización le dice a Estados Unidos que podemos hacer más que señalar, acusarnos y crear división. Podemos hacer las cosas mejor”, ha asegurado el abogado portavoz de la familia antes de exigir a las cámaras legislativas nacionales una reforma policial e institucional profunda.

La familia de Floyd interpuso una denuncia en julio tras conocer que se había producido una violación federal de los derechos civiles. La denuncia estaba dirigida a la ciudad y a los cuatro policías que habían participado en el arresto y habían sido acusados de asfixiar a Floyd. Concretamente, esta denuncia, que ha desatado el procedimiento judicial actual, acusa a los policías involucrados de violar los derechos del fallecido y señala a la ciudad de permitir la cultura de la extralimitación, el racismo y la impunidad de sus fuerzas policiales. Derek Chauvin, el policía que presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante la detención, se encontraba en libertad desde octubre tras pagar una fianza de un millón de dólares, según confirmó el Departamento de prisiones del estado.

El acuerdo encuentra su precedente en 2019. Aquel año, la ciudad de Mineápolis compensó con 20 millones de dólares a la familia de Justine Ruszcyk Damond, una mujer desarmada que fue disparada por la policía tras reportar un posible crimen.

Un asesinato que desató protestas por todo el país

El incidente que terminó con Floyd asfixiado por la policía se originó cuando los empleados de una tienda llamaron porque alguien había pagado un paquete de tabaco con un billete falso de 20 dólares. Floyd, que tenía su 4x4 aparcado al lado del local, no había abandonado el lugar cuando llegó el primer coche policial. El informe dice que les habían comunicado que Floyd estaba “totalmente borracho” y fuera de control. Lo sacaron del coche, lo esposaron y lo pusieron sentado en el suelo apoyado en la pared. Durante la detención, uno de los policías, Derek Chauvin, mantuvo su rodilla presionando el cuello de Floyd y todo su peso durante ocho minutos y 46 segundos. A los pocos minutos, Floyd dejó de moverse y su muerte se certificó de camino al hospital.

El asesinato desató una oleada de protestas por todo el país y fue la chispa que encendió el movimiento de “Black Lives Matter” que exigía el fin del racismo policial e institucional. El movimiento adquirió, rápidamente, carácter global y supuso el inicio de un debate sobre los derechos civiles que todavía perdura.

Cornel West es pensador, el cuarto mejor pensador del mundo, según los lectores de la revista Prospect. Ahora reflexiona sobre las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, sobre si los votantes estadounidenses apoyaran o darán la espalda a Donald Trump. Nadie sabe lo que pasará, tampoco West, sobre todo porque ve contradicciones en los estadounidenses que ni siquiera él puede explicar del todo.

Una de esas contradicciones se dio en Charlottesville (Virginia) el 12 de agosto de 2017, el día en que activistas de extrema derecha amenazaron a una comunidad, mataron a una mujer que participaba en una manifestación contra el racismo y más tarde se regodearon cuando Trump se refirió a ellos como “gente muy buena”. West, siempre elegante con su característico traje negro, bufanda negra, camisa blanca, gemelos relucientes y su afro canoso, lo vivió en primera persona.

“Recuerdo cómo esas personas nos observaban, nos insultaban y nos escupían sin parar. Y luego el ataque, y la llegada de los antifascistas para salvarnos. Pero lo que también recuerdo es caminar por el parque y ver a estos hermanos neofascistas escuchando música negra. Dije: 'Vaya, esto es Estados Unidos, ¿no? Estos hermanos neofascistas escuchando algo de Motown (discográfica estadounidense especializada en música afroamericana) antes de matarnos. ¿No es increíble?”, dice en una entrevista con The Guardian.

Las opiniones de West son relevantes por su trayectoria y porque está presente en sectores muy diferentes: en el mundo académico, en los medios de comunicación, en la cultura popular. Parece demasiado erudito como para ser un referente de la cultura popular y demasiado popular como para ser un pensador influyente en el ámbito académico y, sin embargo, ha logrado ambas cosas. Espera sacar provecho de esta ventaja de aquí a noviembre.

“Biden no me chifla, pero tenemos que votarle”

“Biden no me chifla”, reconoce. “No lo apoyo. Pero creo que tenemos que votarle. Tampoco soy un enamorado de las élites neoliberales. Creo que tienen que asumir su parte de responsabilidad por el momento neofascista. Pero al final, el movimiento supremacista blanco es tan letal....y cala muy profundo”.

Hace una larga pausa. Es evidente que es una cuestión dolorosa para él. “Si lo piensas, el 65% de los hermanos blancos y el 50% de las hermanas blancas votaron a Trump. Ese es el tipo de país en el que vivimos. Es como... ¡guau! Si no fuera por los votantes negros, los hispanos y otras minorías y los blancos progresistas... Las acciones de Trump han tenido repercusiones en todo el mundo... todos sabemos que es un mafioso, un mentiroso patológico y un xenófobo”.

¿Y qué pasará? ¿Trump será reelegido? Si pierde, ¿aceptará el resultado y hará un traspaso ordenado de poder? West hace una pausa y reflexiona.

“Es difícil decirlo. A muchos nos gustaría acompañarlo hasta la salida. Probablemente dirá que estas elecciones estaban amañadas y que son ilegítimas. Podría pedir a su legión de seguidores que no acepten el resultado de las elecciones. Entonces, tendremos un problema, hermano... un enfrentamiento civil, tío”.

Para muchos, estas son las elecciones de la COVID-19. Trump infravaloró la gravedad de la pandemia, no reaccionó, no hizo caso a la comunidad científica que lo asesoraba, luego se contagió, se recuperó, y finalmente ha convertido esta recuperación en parte su historia. “Ha creado un personaje; una versión simplificada de una obra de Pirandello”, señala West. “Intenta convencernos de que es el hombre fuerte y el único que puede salvar a Estados Unidos; que es Superman y ha vencido el mismo virus que negaba”.

West, de 67 años, se ve a sí mismo como parte de una “coalición antifascista” contra Trump. Está apoyando a los menos malos. “Lo que no quiero presentar a Biden como un gran defensor de los pobres y los trabajadores”, dice. “No quiero mentir. Ya hemos tenido suficientes mentiras con Trump”. Es una 'elección de Hobson' (una elección libre en la que hay una sola posibilidad). “Ante un neofascista frío y mezquino como Trump, tengo que intentar impulsar a Biden”, concluye.

El mismo argumento es aplicable para Kamala Harris, la número dos de la apuesta demócrata. Biden tiene 77 años y esto convierte a Harris en una potencial presidenta. “Es una hermana negra brillante”, dice West, “pero en gran medida es parte de esa élite y jerarquía imperial”.

Una trayectoria estelar

El anhelo de West de participar en el debate predominante comenzó en su infancia, en Sacramento, California, donde creció con su madre Irene, una distinguida profesora, su padre, Clifton, funcionario civil de la Fuerza Aérea, y tres hermanos. Los West alzaron sus voces progresistas en la iglesia bautista de Shiloh como defensores de los derechos civiles y a través de la Liga Urbana, una organización histórica de derechos civiles. El joven Cornel fue con sus padres a ver a Martin Luther King. “Era magnético. Yo era demasiado joven para entender todos sus mensajes, pero me impactó en el alma”.

West era un estudiante apasionado y llevó su activismo al colegio. A los ocho años, fue expulsado de la escuela porque se negó a saludar a la bandera. Un profesor trató de coaccionarlo y terminaron peleándose. Tenía sus motivos; una tragedia familiar, un clásico caso de ultraje, la muerte de su tío abuelo. “Mi tío abuelo formaba parte de un grupo de militares que regresó de la Primera Guerra Mundial; los lincharon con el uniforme puesto. Se envolvieron en la bandera para hacerles saber que no iban a ser ciudadanos de pleno derecho, a pesar de que habían estado dispuestos a dar sus vidas por el país”.

El joven West, asertivo y sin estudios, tuvo la suerte de ser brillante y de tener padres que lo apoyaban y que conocían el sistema. Su madre encontró una escuela en el otro extremo de la ciudad y, además, todos los días le daba clase de refuerzo. West encontró su vocación. “Me lo pasé muy bien”, dice. “Tuve la suerte de superarlo”.

Su trayectoria ha sido estelar. En 1970 fue aceptado en la Universidad de Harvard y se graduó tres años más tarde en Lenguas y civilización de Oriente Próximo. Luego fue a Princeton y se convirtió en el primer afroamericano que se doctoró en Filosofía en esa universidad.

Ante un neofascista frío y mezquino como Trump, tengo que intentar impulsar a Biden

Después de dar clases en Harvard, fue al Union Theological Seminary de Nueva York, a la Universidad de París y a la Divinity School de la Universidad de Yale. En Yale, durante una protesta contra el apartheid en el campus, fue detenido y encarcelado por poco tiempo. En 1988, regresó a Princeton donde pasó seis años enseñando Religión y Estudios afroamericanos antes de volver a Harvard, cargo que terminó de manera explosiva en 2002 cuando se peleó con el entonces presidente de la universidad, Lawrence Summers. Volvió a Princeton para impulsar un método de enseñanza más pionero sobre Estudios afroamericanos. En 2017, regresó a Harvard, donde ahora da clase en la Escuela de Teología.

Los libros que ha publicado han desempeñado un papel clave en su popularidad, digna de una estrella de rock. El primero que publicó tuvo una buena acogida. En 1993, publicó la colección de ensayos Race Matters (La raza importa). Se convirtió en la lente a través de la cual gran parte de EEUU debatió esta cuestión: fue un texto de referencia en colegios y universidades y que definió batallas políticas e intelectuales. Bill Clinton, el entonces presidente, invitó a West a la Casa Blanca para una consulta privada. Algunos aclamaron el libro, que fue reeditado en una edición del 25 aniversario, como una flecha que atraviesa el oscuro corazón de Estados Unidos. Otros cuestionaron su análisis. Pero pocos cuestionaron la afirmación del libro de que la raza es importante y, por tanto, West también lo es.

Hoy, West es un pensador ingenioso, con opiniones claras y una profunda fe, extraída de una base cristiana que hace que se refiera a Trump, Michael Bloomberg e incluso Tucker Carlson, el famoso presentador de derechas de Fox News, como “hermanos”. Esto puede acarrearle problemas, por ejemplo, cuando habla del polémico líder de la Nación del Islam. “Cuando llamo hermano a Trump, dicen: 'Oh, Dios mío, el hermano West es muy abierto de mente'. Pero llamo hermano a Louis Farrakhan, y dicen: 'Oh el hermano West debe ser antisemita'. Como cristiano debes amar a tu prójimo, y no es amar a un prójimo afín sino amar en todos los sentidos”.

“No sería quien soy sin Aretha Franklin”

Su amor por Barack Obama se debilitó por su tiempo en la Casa Blanca. Ha llamado al primer presidente negro de su país “criminal de guerra” por haber autorizado el uso de aviones no tripulados para bombardeos. “Los ciudadanos no entienden la magnitud del rescate de Wall Street. ¿Por qué asignas un billón de dólares para el 0,01% más rico del país y dejas a tu gente en la estacada, y luego pides su voto cada cuatro años como si fueras su héroe?”.

La música y la cultura desempeñan un papel fundamental en el pensamiento de West. Nadie más yuxtapone el pensamiento de los grandes poetas y filósofos con el de Curtis Mayfield o Bootsy Collins. “No sería quien soy sin Aretha Franklin o John Coltrane”, afirma. También le gusta el hip-hop. Mientras hablamos, se prepara para una cumbre de hip-hop dirigida a aumentar el registro de votantes. “Genios como Rakim y Tupac están luchando con su concepción de lo que significa ser humano en su contexto”, dice. “Son artistas y todos los artistas, como dice Shelley en su Defensa de la Poesía, son los 'legisladores no reconocidos del mundo'”.

También las hermanas Wachowskis, cineastas de culto que lo contrataron para interpretar el papel de Councillor West en las películas The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions. “Fue increíble”, recuerda. “Tuvimos un diálogo intelectual con Keanu Reeves y Laurence Fishburne, leyendo a Schopenhauer y William James. Son intelectuales, sin lugar a dudas”.

Sin embargo, cuando su lente política y cultural apunta a Obama, lo analiza con lupa. “Es triste que el primer presidente negro terminó pareciéndose más a Kenny G que a John Coltrane. ¿Qué podemos decir? Como Kenny G, toca las notas y está bien. Obama está bien. No es un fascista ni nada por el estilo. Pero estamos buscando a alguien como Coltrane”.

“Derribar monumentos no empodera a los pobres”

Desde la muerte de George Floyd asfixiado por la Policía, la gente ha buscado diagnósticos y soluciones radicales. Una revuelta sin precedentes que West puede explicar de manera sencilla: “El linchamiento público de George Floyd conectó con la pandemia y con el mafioso neofascista de la Casa Blanca, y sacó a relucir nuestra esencia como personas y como sistema”, explica. “Lo que pasa es que durante mucho tiempo hemos estado viviendo una mentira”.

El asesinato de Breonna Taylor y la decisión del gran jurado de que ningún policía fuera acusado de su muerte “muestran que el sistema está podrido”, según dice West, en voz baja. “Por eso se preocupa más por las balas que atraviesan la puerta del vecino blanco que por la bala que mató a la hermana negra”.

Desde Race Matters al movimiento Black Lives Matter (la vida de las personas negras importa) señala el “nuevo y hermoso momento en la lucha por la libertad de los negros”. Pero incluso en este caso, West identifica problemas y aconseja establecer objetivos concretos. Debe ser “un asunto profundamente humano que siempre es multirracial, multinacional, multigénero, multiorientación sexual”. Es clave que se prioricen a aquellos más necesitados. “El enfoque debe ser el empoderamiento de los más vulnerables, como dice la Biblia, los pobres y la clase trabajadora. Cuando se derriban monumentos, no se empodera a los pobres. Se convierte en un gesto simbólico”.

En su opinión, esa estrategia requiere una reflexión profunda. “Lincoln fue un supremacista blanco la mayor parte de su vida pero, Dios mío, maduró y se convirtió en una fuerza del bien. Lo que ocurre es que a veces terminas produciendo rechazo en algunos miembros de comunidades más amplias a las que intentas llegar”.

El linchamiento público de George Floyd conectó con la pandemia y con el mafioso neofascista de la Casa Blanca, y sacó a relucir nuestra esencia como personas y como sistema

Cuando entrevisté a West por primera vez, lo agasajaban en la Universidad de Cambridge y en Londres, David Cameron era el primer ministro del Reino Unido y crecían las políticas de austeridad y la división social.

“Reino Unido tiene problemas graves”, afirmó West en ese primer encuentro. Ninguno de los dos pudimos prever lo que sucedería después. “Boris Johnson”, espeta con desdén. “Es el primo hermano de Trump, más educado, más sofisticado, pero en la misma línea que Trump y que Netanyahu, Modi y Bolsonaro. Odio tener que afirmar que estuve en lo cierto cuando hablaba sobre Reino Unido”, indica. Sonríe y encoge los hombros para reconocer que él “tampoco vio venir a Boris Johnson”.

En Zoom, da una lección sobre cómo reflexionar. Se balancea hacia adelante y hacia atrás a un ritmo pausado. Lo invitan en universidades, cumbres y tiene un podcast, The Tightrope (La Cuerda Floja): un diálogo con la profesora Tricia Rose, socióloga de la Universidad Brown de Rhode Island, que abarca temas sociales, culturales y de raza. Está un poco nervioso porque en 2024 pronunciará la conferencia Gifford. Se trata de un evento auspiciado por la Universidad de Edimburgo desde 1888 y es “el mayor honor en la carrera de un filosofo”. West hablará sobre la lucha contra la muerte, el dogma y la dominación.

Es un férreo defensor de Julian Assange y de la campaña para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. “Es alguien que nos cuenta la verdad”, señala West. “Simplemente ha dejado al descubierto algunos de los crímenes y mentiras del imperio estadounidense”. ¿Pero pagará el precio por ello? “Rezo por él. Pero creo que no tiene buena pinta, tío”.

Ante la posibilidad de un futuro sombrío, con solo un atisbo de esperanza depositada en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, West insiste en la necesidad de seguir una trayectoria definida.

“Militarismo, racismo, pobreza y materialismo; los cuatro absorberán la energía de la democracia estadounidense”, afirma, recitando con admiración. “Martin Luther King dijo eso justo antes de que lo mataran, y, como sabes, los que dicen la verdad a menudo son asesinados. Así es el mundo”.

¿Debería él estar preocupado? Inclina la cabeza y ríe. “Oh, diablos, podrían matarme cualquier día; me parece bien. Voy a caer bailando, hermano, como Ella Fitzgerald y Muhammad Ali, con un poco de Rakim y algo de Coltrane”.

Traducido por Emma Reverter