Junts vuelve a registrar en el Congreso la proposición de ley para delegar en la Generalitat las competencias de migración. Esta misma iniciativa ya fracasó el pasado septiembre, durante el primer debate, con los votos en contra de Podemos, así como del PP y de Vox.

Los de Puigdemont ya anunciaron que intentarían de nuevo que el texto saliera adelante justo después de la crisis de Ceuta. El partido, que reclama que Catalunya quede fuera del reparto de migrantes, insiste en “dejar de cargar, de una vez por todas, con el lastre de un Estado que fracasa”.

La ley registrada este miércoles ante el Congreso conserva el fondo de la primera que intentó sacar adelante Junts, pero ha habido algunos cambios respecto a la propuesta que se pactó con el PSOE a principios del curso pasado, según ha avanzado Catalunya Ràdio.

El texto mantiene que Catalunya asuma la autorización de estancias de larga duración o la residencia temporal de migrantes, así como la expedición del documento de identidad para extranjeros y que los Mossos compartan con la Policía Nacional y la Guardia Civil la seguridad en puertos y aeropuertos.

Los cambios están en el preámbulo de la ley, la parte con la que Podemos se mostró más contrario y que llegó a tachar de “extremadamente racista”. Esta parte se ha reducido sustancialmente y se le ha dado un carácter más técnico para evitar consideraciones como que los migrantes pueden “representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.

“Ahora ya no hay ninguna excusa para no votar que sí”, ha dicho la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, en declaraciones para la radio pública. “La parte que molestaba a Podemos ya no está”, ha remachado.

Desde Junts confían que el nuevo texto pueda cosechar el sí de los morados. Igualmente, espera que los de Belarra no sean los únicos que se sumen al apoyo de la ley: “Los partidos catalanes y los que votaron que no en su día deberán decidir si quieren seguir en el juego de titulares o empezar a trabajar”, ha añadido Nogueras.

Aunque el texto cuenta con el apoyo del PSOE, a diferencia de la primera vez, los de Puigdemont han registrado la ley en solitario. “Saben que este es un compromiso pendiente. El PSOE hace de PSOE y parece que le gusta dilatar soluciones”, ha dicho la juntaire, que se muestra segura del voto a favor de los socialistas.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado enterarse del registro del nuevo texto por los medios, y ha asegurado que “cuando un partido quiere negociar” suele informar “antes” a los demás grupos, algo que no ha ocurrido. Belarra ha sostenido en declaraciones a los medios que Podemos que no ha tenido, de momento, oportunidad de leer el nuevo texto de Junts, pero ha recordado que su partido rechazó la anterior propuesta porque “la intención con la que se hacía era racista”.

Ahora, la ley debe empezar de nuevo todo el trámite parlamentario en el Congreso y lo hará con mucho menos margen que la última vez, teniendo en cuenta que a la legislatura de Pedro Sánchez le queda menos de un año.

El rebufo de la crisis de Ceuta

Junts ha aprovechado la entrada de 80.000 personas a Ceuta para volver a intentar tener las competencias en migración. Este gesto, así como las declaraciones del partido, que se niega a aceptar a más niños en Catalunya, “no va en contra de los menores, sino contra la irresponsabilidad del Gobierno español”, según palabras de Nogueras, que critica que Sánchez “no controle sus fronteras” y que “impulse regularizaciones extraordinarias de manera unilateral”.

La portavoz de Junts ha afeado al Gobierno que “se llene la boca con los derechos de los menores, pero cuando estos son catalanes y llevan estelada, los derechos desaparecen”. Estas declaraciones hacen referencia a la agresión sufrida por un espectador del Elche-Barça el pasado fin de semana, después de que un agente de la Policía Nacional le retirara una estelada durante el encuentro.

Nogueras, en rueda de prensa en el Congreso, ha asegurado que Sánchez “siempre tiene una excusa” para no “dar un paso adelante en la defensa de Catalunya. Asimismo, considera que sus políticas ”van en la dirección contraria al resto de la UE y ponen en riesgo a todo el espacio Schengen“. Desde Junts aseguran que los responsables de lo sucedido en Ceuta ”están en Madrid, no en Marruecos“ y han querido cerrar filas para que Catalunya ”deje de pagar las negligencias del Gobierno español“.

Nogueras ha insistido en que el territorio catalán “no tiene capacidad infinita” y ha querido insistir en la “necesidad” de limitar la llegada de más migrantes. “La Catalunya de los 10 millones que promueve el president Illa no sólo es inviable, sino irresponsable”. Para la portavoz de Junts, la llegada de más migrantes “pone en riesgo el sistema del bienestar y empobrece a la clase media y trabajadora”.

Aun así, ha querido insistir en la postura de partido “no es racista”, simplemente es una propuesta para que “Catalunya tenga las herramientas para evitar el descontrol”.

Junts y ERC han marcado distancias con la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Durante sus intervenciones en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido en identificar al partido de Sílvia Orriols con el “odio”.

En la familia mal avenida que es el independentismo catalán ha irrumpido una formación de extrema derecha, Aliança Catalana, que pese a tener solo dos diputados en el Parlament ha logrado que Junts vire hacia posiciones más duras en materia de migración y seguridad, tal y como ha ocurrido en España con el PP y Vox.

A todos los partidos catalanes, no solo a los soberanistas, preocupa el crecimiento que todas las encuestas otorgan a la formación ultra, tanto en los comicios a la Cámara catalana previstos para 2028 como, en especial, en las municipales del año que viene. Aliança crece especialmente a costa de Junts, que teme el auge de los de Orriols en sus feudos locales tradicionales.

En la antesala del nuevo curso político catalán que tradicionalmente abre la conmemoración de la Diada, Turull, llamó este miércoles a combatir a la extrema derecha para “salvar la nación” catalana sin tacticismo partidista. “Aunque algunos lo querrían así, la batalla contra la ultraderecha no es una batalla ideológica para lograr una supremacía o una hegemonía electoral”, subrayó.

Turull abogó por un “combate de valores” contra la extrema derecha, más allá de una batalla “electoral” con los partidos que la representan. “Estamos concentrados en soluciones y esperanzas, no en fomentar aún más la desesperación de la gente por cuatro votos. Nunca lo haremos”, se comprometió.

“Es en términos de ética política que deben combatirse los mensajes de odio, de señalamiento a lo diferente, de división de la sociedad y eso es lo que Junts, mayoritariamente, está hablando y decidiendo”, aseveró. “Si el odio va inoculándose en la sociedad catalana, acabará dividida”, pronosticó.

El número dos de Junts sostuvo que a la extrema derecha se la combate “con valores” como la libertad, la democracia, la tolerancia, la fraternidad, la cohesión social, el esfuerzo personal y el progreso. El mensaje de Turull llega después de que el empresario David Madí, expeso pesado convergente ahora sin cargo orgánico alguno pero que pretende influenciar en Junts, avalara los pactos de Junts con Aliança.

Turull criticó a los representantes políticos que intentan “distraer” a Junts para que miren “hacia una determinada formación política”, en alusión a Aliança Catalana, y subrayó que en su partido están concentrados en ser la alternativa al Govern de Salvador Illa, tras lo que ha acusado a ERC de ser muleta del Ejecutivo catalán.

Por su lado, Junqueras ha aseverado que “no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad”.

Para el líder de ERC, que ha confirmado su asistencia a la manifestación independentista de la Diada en Barcelona tras su ausiencia del año pasado, “el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido”.

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha afirmado que Junts “tiene parte de razón” al decir que la situación migratoria de Ceuta repercute en Catalunya, pero “la solución no puede ser desguazar las competencias de control de fronteras”.

“Junts tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Catalunya lo lleven los Mossos”, ha dicho Fernández en una entrevista con la agencia Europa Press preguntado por las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha vuelto a reclamar las competencias en inmigración para Catalunya y ha sostenido que lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta.

El PP y Junts comparten temor por la crecida de los partidos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana. Pese a ello, han focalizado su discurso en temas estrella de las formaciones ultra, con propuestas como la del partido de Puigdemont para delegar las competencias a Catalunya, y, en ocasiones, vinculando migración y delincuencia en contra de lo que sostienen los datos.

“El control de fronteras forma parte de esas competencias que son la columna de un Estado, de una nación, y lo importante es que mantengamos esas competencias en las mismas manos porque debe haber una unidad de acción”, ha subrayado Fernández.

A juicio de Fernández, Junts está aprovechando esta situación cuando ha sido responsable de una política migratoria irresponsable en Catalunya y, a día de hoy, sigue siendo el salvavidas de Pedro Sánchez en la Moncloa“, por lo que considera a los juntaires cómplices de la gestión del presidente español.

La solución, según Fernández, a la “invasión” que ha habido en Ceuta es fortalecer las competencias del Estado y dotar de más recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues asegura que en Catalunya hay 3.400 vacantes en Policía Nacional y Guardia Civil.

En cuanto a los menores inmigrantes que se encuentran en Ceuta, ha defendido que “con quien mejor están es con sus familias en su país de origen” y, por ello, que deben volver a Marruecos.

“Es algo de sentido común, creo que ha llegado el momento de que hagamos una enmienda a la totalidad a este posicionamiento. Es decir, nosotros no podemos acoger de forma ilimitada a menores de otro país sin que ese país sea responsable de sus propios menores y se desentienda. España no se puede convertir en la ONG de Europa”, ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que Catalunya “no está en disposición hoy de acoger a más menores porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene”, y ha instado al president de la Generalitat, Salvador Illa, a rechazar que la comunidad los acoja y a exigir al Gobierno que los devuelva a sus países de origen.

“Las mafias se frotan las manos cuando ven que Sánchez desprotege sus fronteras. Porque Sánchez es el único y principal responsable de lo que ha pasado, Sánchez es cooperador necesario y cómplice de que se haya invadido la frontera de Ceuta, que es la frontera de España”, ha agregado.

Preguntado por su opinión respecto al papel que ha tenido Marruecos, ha respondido que “quien lleva la política exterior de España no es España, es Marruecos” y ha acusado a Sánchez de actuar a su dictado.

Fernández ha subrayado el lema del PP catalán basado en el orden y el apoyo a la policía, y tras ello ha acusado a Illa de estar “sometido a las políticas de izquierda donde se protege al delincuente y se insulta y se desprotege a la policía”.

“Lo estamos viendo en Lleida estos últimos días, cómo esa política basada en la multiculturalidad mal entendida está fracasando”, y ha afirmado que lo que importa realmente es la integración real en los valores occidentales y de convivencia.

“Si una persona viene a nuestro país a delinquir, a aprovecharse de nuestro sistema y encima querer imponer su cultura que es excluyente, nosotros creemos que esa persona no es bienvenida, que se vaya a su país”, ha sostenido.

Por ello, ha defendido que el deber y la obligación de los gobernantes es “construir un dique contra aquellas personas que quieran venir a aprovecharse del sistema y a delinquir”.

Por otra parte, preguntado por cómo afronta su nueva etapa como 'número dos' de Alejandro Fernández en el PP de Catalunya tras su designación el pasado mes de junio, ha asegurado que es “un reto apasionante porque en Cataluña se debe iniciar el cambio político en España”.

Sobre cuáles serían los límites de la autonomía del PP catalán a partir de ahora si la estrategia de Génova no encajara en Catalunya, ha asegurado: “Estamos en el mejor momento, estamos en un momento donde hay una gran unidad de mensaje, donde hay una coordinación absoluta entre el PP de Catalunya y el PP nacional”.

“El único partido que a día de hoy dice lo mismo en todas las ciudades de España, el único partido que tiene una unidad de mensaje, que tiene un proyecto claro para los españoles, es el PP”, ha añadido.

Y ha concluido que el modelo del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, es “un modelo de éxito” y es precisamente el que quiere el PP catalán para, ha dicho, mejorar la vida de los ciudadanos por encima de premisas ideológicas.

El portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha propuesto condicionar la concesión de determinadas ayudas sociales a inmigrantes a que estos “demuestren su capacidad de integración” en la sociedad catalana.

Así lo ha dicho en una entrevista con EFE, en la que ha querido diferenciarse de las “propuestas populistas e incendiarias de la extrema derecha” que plantean la expulsión de personas migrantes.

“Buscan incendiar, diciendo simplemente: 'Todos los inmigrantes, fuera'. Esta no es la solución. Si tuviésemos una tasa de natalidad de dos hijos y pico por mujer fértil podríamos mantener la población con los que somos en este momento. Pero la realidad catalana es que tenemos un hijo por mujer fértil”, ha argumentado.

Por lo tanto, “sí que necesitamos inmigración”, ha remarcado.

Vergés es partidario de un inmigración regulada “en origen”, que llegue con todos los papeles en regla y que “pueda acceder a unos trabajos que realmente necesitamos cubrir, en un marco productivo de valor añadido, y no a unos trabajos de sueldos bajos que nos hacen entrar en un círculo vicioso que nos lleva a la decadencia”.

La propuesta de Junts en este terreno, según Vergés, es “realista”. “Inmigración, la que necesitamos, pero que venga aquí con toda la intención y la demostración de integrarse en el marco de derechos y deberes”, ha afirmado.

Para el portavoz parlamentario de Junts, hay que garantizar a cualquier persona migrante “los derechos más básicos”, de manera que “si un niño está enfermo hay que curarlo”, pero en cambio las prestaciones relacionadas con el acceso a la vivienda u otras ayudas sociales “deben ser un premio” por los “deberes” cumplidos.

“Si la persona recién llegada no demuestra esta voluntad y capacidad de integración, estas prestaciones no deben estar a su alcance”, ha subrayado.

“Confrontar” a Aliança Catalana

Vergés defiende “confrontar” con argumentos a Aliança Catalana, formación de extrema derecha independentista liderada por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, que según las últimas encuestas ya superaría a Junts en unas elecciones catalanas.

“Personalmente, creo que salir a confrontarlos, teniendo como tenemos nosotros las ideas claras y las carpetas bien trabajadas, es una buena opción”, ha opinado.

El auge de la extrema derecha en buena medida se explica, a su juicio, porque “los partidos tradicionales seguramente no han hecho suficiente énfasis en temas como la inmigración o la inseguridad”.

Según Vergés, Aliança “se aprovecha de determinados temas que preocupan a la gente”, pero “no aportan soluciones realistas”, por lo que Junts debe “explicar” qué piensa sobre estos asuntos.

“De esta manera, la gente verá que nos hacemos cargo de estas cuestiones con soluciones, y no para incendiar”, ha alegado.

Después de la polémica desatada por la contratación por la vía de urgencia de una hija de Orriols en Ripoll como policía local, Vergés ha denunciado que a Aliança “se le perdonan errores o determinadas actitudes que a nosotros probablemente nos provocarían dimisiones inmediatas”.

Excluir a Catalunya del reparto de menores de Ceuta

Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta, ha advertido al Gobierno español de que Junts está “frontalmente en contra” de que Catalunya acoja a algunos de ellos.

“No se puede seguir haciendo venir a menores no acompañados a Catalunya, cuando tenemos todos los centros de acogida saturados. Esto sería una irresponsabilidad”, ha alertado.

Vergés ha recalcado que “Catalunya siempre ha acogido a muchos más menores no acompañados que otras comunidades autónomas”, por lo que ahora son estas otras comunidades “las que deben recibir a estos menores” de Ceuta.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha rememorado este sábado, con un artículo y fotografías inéditas, el fugaz retorno a Catalunya que protagonizó el 8 de agosto de 2024, día en que fue investido Salvador Illa, a quien ha tildado de presidente del gobierno de la Generalitat “más españolista de la historia”.

En un artículo publicado en la red social X, con el título “Encara hi som, i sempre hi serem” (Aún estamos aquí, y siempre estaremos), Puigdemont recuerda que esa mañana irrumpió junto al Arc de Triomf de Barcelona y pronunció un breve discurso frente a varios miles de fieles que se habían congregado para darle la bienvenida.

Tras su intervención, Puigdemont renunció a intentar acceder al pleno del Parlament para asistir al debate de investidura de Illa, ante el dispositivo policial establecido en los aledaños de la cámara catalana, preparado para cumplir la orden de detención que sigue pesando sobre él en España al no haber sido aún amnistiado.

Puigdemont, que había conseguido escaño en las elecciones celebradas ese mismo año 2024 en Catalunya, quería dirigirse al pleno del Parlament para “advertir de la deriva que emprendería el país a partir de la presidencia del Govern más españolista de la historia”.

“Sabíamos que nos haría entrar en una etapa de gran dependencia y se pondría en marcha una agenda de voraz deconstrucción nacional, desde los elementos simbólicos hasta los pilares sobre los cuales se ha basado la prosperidad de Cataluña desde la recuperación del autogobierno, que nos haría entrar en una era de decadencia”, subraya.

Viaje de incógnito dos días antes

En su artículo, Puigdemont recuerda que había llegado a Barcelona de incógnito a última hora de la tarde del martes, 6 de agosto de 2024, después de cruzar la frontera de la Jonquera (Girona), “por la autopista y sentado en el asiento de atrás de un coche”.

Adjunta una fotografía en la que aparece sentado al lado del secretario general de Junts, Jordi Turull, que lo acompañó en aquel trayecto secreto de regreso a Cataluña: “Como podéis comprobar, ni vamos en el maletero, ni vamos disfrazados, ni entramos camuflados en la oscuridad de la noche”, añade sarcástico.

También adjunta una foto en la que se le ve sentado en un sofá, consultando unas notas, una imagen que atribuye a momentos antes de dirigirse al Arco de Triunfo para pronunciar su breve discurso del 8 de agosto de 2024.

Reproche a Elena por el dispositivo policial

Puigdemont recuerda el “feroz dispositivo de seguridad” de los Mossos d'Esquadra organizado por el entonces conseller de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, que “blindó todo el perímetro” del Parque de la Ciutadella, y denuncia la “represión policial” contra manifestantes independentistas que querían que el líder de Junts pudiera acceder al Parlament.

Con aquella aparición en público, explica Puigdemont, quiso “poner en evidencia lo que, dos años después, es aún más escandaloso: la actitud de rebeldía del Tribunal Supremo español que se negaba y todavía se niega a aplicar la ley de amnistía”.

“El propósito principal era poder hablar y, si esto era posible, volver sano y salvo a Waterloo. Nada no fue fácil ni exento de riesgo y tensión. Tampoco ahora es fácil”, remarca.

Tras su breve intervención en el Arc del Triomf, Puigdemont burló el dispositivo policial y logró huir otra vez de España, tras lo cual un juzgado de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a tres agentes de los Mossos d'Esquadra que presuntamente le ayudaron a escapar.

Respuesta de Rufián

En un mensaje de respuesta a Jordi Turull, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra Puigdemont al que ha acusado de generar “frustración”.

“Solo hicistéis el ridículo, generastéis una enorme frustración y jugásteis con una institución catalana como es la policía nacional de Catalunya. Todo ello, indigno de un president de la Generalitat”, ha afeado Rufián a sus rivales de Junts.

El exdiputado de Junts y exconseller de Economía de la Generalitat Jaume Giró se ha dado de baja como militante de forma definitiva de la formación de Carles Puigdemont, según ha avanzado Nació este martes y han confirmado fuentes del partido. Con la salida, Giró completa la desvinculación paulatina de Junts, que ya había comenzado en septiembre de 2025, cuando optó por dejar el acta de diputado.

El que fuera director general de La Caixa llegó a la política de la mano de Jordi Sànchez como fichaje independiente para formar parte del Govern de ERC y Junts presidido por Pere Aragonès. Poco después de un año, los posconvergentes optaron por abandonar el Ejecutivo, algo a lo que Giró se oponía, generando la primera brecha con la dirección. Giró llegó a hacer el amago de presentarse para las listas del Congreso, pero Puigdemont le cerró la puerta en favor de Míriam Nogueras.

Las discrepancias continuaron después, debido al rechazo del exconseller a vetar los pactos con el PSC en Catalunya. Partidario de una línea pragmática, Giró es partidario de una política de alianzas parecida a la que en su momento tejió Convergència, a la que también considera un buen ejemplo de equilibrio entre políticas sociales y económicas.

Giró comunicó su marcha del partido mediante un correo al secretario general Jordi Turull hace unos días.

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y exlíder de Junts y que se encontraba condenada a 4 y años y medio de cárcel por fraccionar contratos cuando se estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Ejecutivo ha librado a la independentista de esa pena y la ha conmutado por una de dos años, lo que impedirá que Borràs deba entrar a la cárcel.

El indulto parcial sigue el criterio del propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien, al imponer a Borràs la pena, ya reclamó una atenuación como la que finalmente ha acordado el Consejo de Ministros, al considerar que la entrada en la cárcel resultaba “desproporcionada y excesiva”. El indulto concedido conmuta el tiempo de prisión pero mantiene el resto de la condena, que supone multa e inhabilitación de 13 años.

Laura Borràs fue presidenta del Parlament tras concurrir como cabeza de lista a las elecciones del Parlament en 2021. En julio de 2022 fue apartada del cargo y también del escaño por el propio Parlament, tras haber sido procesada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, en un caso en el que quedó demostrado que, como presidenta de la ILC, había fragmentado contratos de la institución para otorgarlos fraudulentamente a un amigo suyo.

TSJC condenó a Borràs en marzo de 2023 por los dos delitos citados, pero suspendió la aplicación de la pena de prisión a la espera de que el Ejecutivo se pronunciara sobre la petición de indulto parcial hecha por el propio tribunal. Los magistrados utilizaban la vía del artículo 4.3 del Código Penal, que permite plantear al Gobierno la concesión de la medida de gracia cuando la pena sea “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por la conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs “no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la líder de Junts.

Tanto la propia Borràs como su formación siempre han mantenido que esta condena por corrupción debe leerse en clave de guerra judicial contra el independentismo. “El Gobierno español ha decidido hoy que no iré a prisión pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo”, ha escrito Borràs en su Twitter. A su modo de ver, la petición de indulto parcial del TSJC es un “reconocimiento” de la injusticia de la pena que impuso, por lo que ha asegurado que la decisión de librarla de esta pena no supone “un punto final”, sino que continuará luchando por su “honorabilidad en instancias europeas”.

En esa misma línea ha reaccionado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que este martes ha asegurado: Este indulto no blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de 'la toga nostra' en su sentencia. Y no repara por nada el daño ya hecho a la muy honorable presidenta Laura Borràs y su familia, cuyos perjuicios persistirán con la inhabilitación. Todo nuestro apoyo a ella“.

El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.

PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros este martes, pero que finalmente se ha aplazado a septiembre, precisamente por la falta de apoyos. Aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.

Las críticas de unos y otros tienen que ver con diferentes puntos del texto, pero revelan que el Gobierno tiene trabajo por delante para intentar conciliar los puntos de vista de sus socios progresistas y conservadores, algo especialmente complicado en un ambiente que cada vez más abiertamente es de precampaña electoral. De hecho, fuentes de Junts afeaban el pasado jueves la primera propuesta del Ejecutivo e interpretaban que, habiendo elaborado un decreto “amplio” en lugar de uno “pequeño y con medidas de consenso”, La Moncloa demuestra que “no tiene interés de que salga adelante, sino en hablar de su libro y hacer campaña” electoral.

Pese a la frialdad con la que han recibido la primera propuesta pública del Gobierno, Junts no se ha cerrado en banda a negociar, aunque un dirigente de la formación deja claro que, “tal y como está ahora”, los independentistas no van a apoyar un decreto que consideran “más de lo mismo”.

Otras fuentes del partido sostenían el mismo miércoles que su voto será negativo al texto “si mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. El borrador del decreto elaborado por el Ejecutivo no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, no recupera la exención fiscal para los pequeños propietarios hipotecados y tampoco establece medidas para facilitar los desahucios exprés.

La reforma de la ley del suelo, un escollo inesperado

Para Junts, por el contrario, no resulta tan problemática otra de las patas del decreto que sí supone una línea roja para Podemos: las modificaciones en la ley del suelo para dar más manga ancha a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, calificó el pasado jueves de “reforma de la ley del suelo con adornos” el paquete de medidas planteado por el Gobierno, y dejó claro que su partido no piensa apoyar la convalidación del decreto si incluye artículos que, a juicio de Podemos, suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

Fuentes de Podemos abundaban la semana pasada en ese razonamiento, y dejan claro que no van a apoyar —y tampoco a abstenerse— en la votación del decreto si incluye cambios en la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar sin éxito en varias ocasiones durante la legislatura.

Los morados no ven con malos ojos las medidas que se han incluido en relación estrictamente a la vivienda, entre ellas la iniciativa estrella del texto, la posibilidad de solicitar una prórroga de dos años de todos los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. Pero fuentes del partido aseguraban que “la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”. Y la aritmética parlamentaria está de su parte: con su voto en contra, al Gobierno no le dan los números para convalidar el decreto, incluso con el apoyo de Junts.

Pero el Ejecutivo también ha recibido presión por su derecha precisamente para lo contrario que exige Podemos: que el decreto sí reforme la ley del suelo. El PNV, cuyos votos también son imprescindibles para que el texto sea aprobado, ha pedido cambios en la norma que van en la línea que el Gobierno —y el PSOE, fundamentalmente, que es la formación que ha intentado con más ahínco reformar la ley del suelo esta legislatura— ha seguido al diseñar su borrador. En una nota de prensa enviada el miércoles pasado, los nacionalistas vascos aseguraron que es “imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para que, “si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse”, así se haga “y no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”.

Ante esta compleja geometría parlamentaria, el Gobierno ha decidido optar por la discreción. El ala socialista se limita a afirmar que lo pactado con su socio de Consejo de Ministros es únicamente un primer texto que poder negociar con los grupos. Mientras tanto, Sumar se centra en celebrar los aspectos que considera más positivos del decreto: la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos de alquiler por dos años al mismo precio, que además se extenderá a todos los arrendamientos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. “Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar un acuerdo”, planteaba el jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero, para ello, al Ejecutivo le espera una negociación intensa a varias bandas durante todo el mes de agosto.

El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

Anna Navarro, la diputada que formó tándem con Carles Puigdemont en las pasadas elecciones catalanas, ha anunciado este martes que abandona el Parlament por motivos “personales y profesionales” sin haber cumplido aún la mitad del mandato. Según ha explicado su formación en un comunicado, Navarro continuará formando parte de la Dirección Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Junts.

Nacida en Olot (Girona) en 1968, Navarro llegó a ser una ejecutiva de Silicon Valley, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, y donde ocupó la vicepresidencia de la empresa de software NetApp y la dirección de Procore Technologies. Reconocida en Catalunya con la Creu de Sant Jordi en el año 2021, Puigdemont la convirtió en su fichaje estrella de cara a las elecciones de mayo de 2024.

Se trataba de demostrar que Junts era un proyecto que aún podía incorporar a independientes de prestigio y hacer emerger nuevos liderazgos. Sin embargo, la llegada de Navarro a la primera línea política fue inicialmente discreta, a lo que le siguieron algunas declaraciones polémicas, como cuando afirmó en las redes sociales haber tenido más dificultades que un migrante para acceder a la sanidad catalana al regresar de EEUU.

En su comunicado de despedida, la ya exdiputada destaca “la intensidad, la exigencia y el aprendizaje” que ha supuesto para ella esta etapa de dos años en la Cámara.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía tiene, desde este jueves, efectos jurídicos. Pero no tardará en tener también impacto directo en la política, donde la vuelta de los líderes independentistas a la primera línea podría condicionar la recta final de la legislatura.

En Junts, aunque en público se muestran cautelosos, ya dan por prácticamente segura la amnistía a Carles Puigdemont. Y, en los planes que trazan, calculan que el Supremo puede tener interés en precipitarla antes de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Las cábalas de la formación independentista parten de una premisa: consideran que el TJUE no ha dejado al Supremo ninguna salida digna para no aplicar la ley del olvido penal. Es cierto que la sentencia leída en Luxemburgo no responde a ninguna cuestión prejudicial planteada por Manuel Marchena. Pero también lo es que algunos párrafos del fallo marcan como imperativo la obligación de los tribunales de aplicar la amnistía de forma automática, por mandato del legislativo y “sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Las formaciones independentistas saben que, por muy contundente que sea la doctrina europea, algunos tribunales competentes podrían continuar buscando subterfugios para no perdonar a los líderes del procés. Puigdemont lo expresaba este jueves con un símil futbolístico cuando decía que ese partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Y, pese a eso, entre los dirigentes de Junts, más en Barcelona que en Waterloo, se ha impuesto la idea de que el golpe asestado por el TJUE será el definitivo y que el Supremo moverá ficha. Muy probablemente después de que este otoño el Tribunal Constitucional declare la ley pactada entre el Gobierno y el independentismo como plenamente legal.

¿Puede la amnistía suavizar a Junts en el Congreso?

Lo que también barruntan en Junts es que, una vez asumido por parte del Supremo que la amnistía no tiene marcha atrás, a los jueces puede entrarles la prisa para dejar libre a Puigdemont y que su regreso, y todas las consecuencias políticas que este puede tener, ocurran bajo el mandato del actual Gobierno. Es decir, antes de convocar elecciones. Sería un último dardo a Pedro Sánchez, que los independentistas creen que les ha tomado el relevo como bestia negra de la cúpula judicial.

Presenciar desde la Moncloa el regreso de Carles Puigdemont podría no ser el escenario preferido por Sánchez para una precampaña. Pero el Gobierno ya ha pilotado procesos igual de costosos, como la excarcelación de los líderes independentistas a través de indultos.

Pero, además, una situación así no necesariamente ha de ser mala para Sánchez. De hecho, según explican algunos de sus socios, el Gobierno ya habría hecho correr que uno de los elementos de optimismo ante los presupuestos es, precisamente, la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya.

Según esa teoría, la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont dejaría a Junts más satisfecha respecto a los acuerdos alcanzados con el PSOE o, al menos, con menos argumentos para el descontento. De esta forma, podrían ser más proclives a apoyar al Ejecutivo en una de sus últimas leyes importantes de la legislatura.

Junts anhela el regreso de Puigdemont, pero no cree en milagros

En Junts, sin embargo, rechazan de plano que su posición en el Congreso tenga nada que ver con el estado judicial de Puigdemont. “Ni hemos pedido nunca que se le arregle su situación a cambio de ningún voto, ni vamos a condicionar nuestras decisiones a que lo esté”, afirmaba pocos días antes de la sentencia del TJUE un alto cargo de Junts, que dejaba claro que su formación ya había expresado con claridad que piensa que Sánchez no debería seguir como presidente.

Cuestión diferente es si un eventual regreso del expresident puede suponer un revulsivo para Junts, que pasa por momentos complicados por la fuga de votantes hacia la formación xenófoba Aliança Catalana. En el partido hay prácticamente consenso a la hora de señalar que la ausencia de Puigdemont ha sido un inconveniente en los últimos años.

Las voces más cercanas a Puigdemont ponen el acento en la desventaja que supone que un candidato a la presidencia deba hacer campaña en el lado norte de la frontera con Francia, como le ocurrió al candidato de Junts en 2024. Otros, más críticos con la actual dirección, señalan también la desconexión del presidente del partido respecto a la realidad de un país en el que hace casi una década que no reside.

Más allá de eso, en Junts son conscientes de que un regreso de Puigdemont no tendría, en 2026, los mismos efectos que podría haber tenido en 2019, cuando ganó las elecciones europeas en Catalunya con prácticamente un millón de votos.

El tiempo ha pasado y la figura de Puigdemont ha perdido magnetismo, sobre todo entre un independentismo ya poco interesado en nada que suene a procés. Eso no significa que su partido vaya a dejar pasar la posibilidad de un regreso triunfal, que sin duda tendría además trascendencia histórica. Pero nadie espera hoy del expresident un milagro electoral.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes la aplicación inmediata de la ley de amnistía y el regreso ya a España del expresidente de Catalunya Carles Puigdemont tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda”, ha afirmado Puente en una entrevista en RNE en la que ha añadido que el expresidente “lo tendría a huevo”.

En su opinión, «hay cosas que son insostenibles» y a las que “hay que plantar cara de una vez”, y ha señalado que el regreso sería un gesto de liderazgo político y una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el TJUE y el Tribunal Constitucional.

Ha puntualizado que no sabe qué decisión va a tomar Puigdemont, una vez que el TJUE ha resuelto que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, no menoscaba la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no daña las finanzas europeas.

“Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez, dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría”, ha insistido.

El ministro ha considerado “tremendamente complicado de entender que la justicia española intente incumplir” la ley de amnistía y que se sostenga que “no se va a aplicar con carácter inmediato”.

El fallo del TJUE acredita, a su juicio, que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo, que cuestiona su capacidad para decidir cómo regula la vida del país y que cree que está por encima de él.

Turull tilda de “miseria y frivolidad” el comentario de Puente

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado los comentarios del ministro: “Cuanta miseria y frivolidad”, ha escrito en la red social X.

Para que fuera posible la vuelta de Puigdemont a España, todavía habría que esperar a que el Tribunal Constitucional anule la decisión del Tribunal Supremo, recurrida por el expresidente, que determinó que el delito de este último no entraba dentro de los amnistiables por la ley.

El aval de la justicia europea a la ley de amnistía para los líderes del procés despeja el camino a una estrategia de acercamiento al partido de Puigdemont que Feijoó lleva cultivando cada vez con menos disimulo. A pesar de que el PP ha hablado de terrorismo, de delincuencia, de humillación y traición a España, el presidente del partido lleva tiempo apostando por “pasar página”, y ya no tendrá que negociar amnistías ni indultos para negociar votaciones, mociones y quizá gobiernos con un Junts regularizado para la política estatal.

Hablamos con Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, sobre los efectos políticos del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, y cómo debemos interpretar los movimientos de los últimos meses en el PP y en Junts a partir de ahora en un contexto político donde el auge de la ultraderecha condiciona las alianzas entre ambos.

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Enric Daza, el hasta ahora cabeza de lista de Junts en Cambrils, anunció este lunes su incorporación a Aliança Catalana y dio a entender que todo su grupo se iba en bloque a la formación ultra. No era cierto y sus dos compañeras le han desmentido unas horas después, pero el efecto ya se había conseguido: dar a entender que sectores y secciones locales completas están pasando de un partido a otro. Es decir, sumar a la estampida de votantes que sí está ocurriendo una sangría orgánica que, por el momento, Junts no está sufriendo, pero que Aliança tiene mucho interés en que acabe pasando. 'Fingirlo hasta conseguirlo' [Fake it till you make it], tal como recomienda el conocido aforismo en inglés.

El sueño de Aliança sería poder fichar a grandes nombres y caras conocidas del espacio de Junts, porque eso abonaría el relato de unos rivales en decadencia mientras ellos están en auge. Una sustitución de siglas dentro de un espacio político igual o similar, algo que han intentado la mayoría de las extremas derechas, pero también todas las nuevas formaciones en crecimiento cuando tratan de abrirse hueco.

El caso paradigmático que buscan emular es el de Donald Trump y su movimiento MAGA, que se ha extendido por el campo sociológico tradicional del republicanismo en EEUU y ha puesto en su órbita tanto viejos líderes como nuevas promesas de toda la derecha. En el Reino Unido, Reform UK ha conseguido algo similar: en enero pasado nueve líderes conservadores se fueron a la formación de Nigel Farage, que suma en sus filas hasta 21 exdiputados tories y once exministros. En una escala menor, algo parecido ha ocurrido con el alcalde de Niza, Éric Ciotti, y sus escarceos entre Les Républicains y Le Pen.

Pero, aunque sería lo más codiciado para el partido, no es exactamente eso lo que está ocurriendo entre Aliança y Junts. Al menos hasta la fecha. De hecho, uno los mayores intentos del partido de Orriols para robar nombres al universo de Carles Puigdemont tuvo lugar en Barcelona, donde la extrema derecha probó con el exconseller de Economía, Jaume Giró. Y, tras él, nombres relacionados con el Barça, como Sandro Rosell o Lluís Carrasco. Nada de ello fructificó, por lo que Aliança tiró mano de su propio banquillo con Jordi Aragonès.

En otros lugares, Aliança sí ha sido eficaz a la hora de atraer a cuadros de sus principales rivales. Daza, en Cambrils (aunque no sus compañeras) es un caso claro, como también lo es Èric Esteban, hasta ahora numero dos de Junts en Amposta. O Marina Quintana, exconcejal de Junts en Roda de Ter que ahora probará suerte con las siglas xenófobas.

Pero no es el único espacio del que pesca Aliança: en Tortosa presentan a Eduard Rel, proveniente del PSC, el mismo partido que había puesto en listas a Eduard Planes, que ahora irá con Aliança en Mont-roig del Camp. Y de ERC, con Conxita Iglesias en Sant Feliu de Buixalleu o Ramon Abad, que pasó de las listas de los republicanos a ser el coordinador del Aliança en la comarca de la capital de Lleida.

La pesca de candidatos ha sido tan variada que Aliança ha tenido una de sus primeras crisis por acercarse a nombres propios de la extrema derecha españolista. En concreto, en Vic, ciudad donde ya estuvo radicada la xenófoba Plataforma per Catalunya, Aliança ha fichado a Xavier Capelles, un hombre de la extrema derecha clásica que combatió el independentismo desde Societat Civil Catalana.

Pero, más allá de casos concretos, en la larga lista de nombres que la formación de Orriols está teniendo que confeccionar para abastecerse de cabezas de listas municipales, lo que más abunda son personas sin trayectoria política o partidista. Hay caras conocidas de las redes sociales, como el alcaldable a Girona, Marc Villafañe Valero, mucha cantera en el sector empresarial, y gente que se ha acercado al partido en los últimos años, como Arnau Liesa, candidato apartado en Figueres por mantener una relación con una exalumna menor de edad.

Esta heterogeneidad de procedencias, tan habitual cuando un partido está de subida, puede verse como una virtud, pero representa también un reto, en la medida que Aliança necesitará armonizar en el día a día multitud de intereses y acentos. De hecho, Junts fue también una sucesión de Convergència que bebió de la llegada de muy diferentes corrientes. Algo que inicialmente se mostró como signo de transversalidad pero que, en los momentos flacos, se ha acabado interpretando como una de las razones del actual desdibujamiento de su perfil ideológico.

Si bien el trasvase de cargos y líderes desde Junts no está siendo la avalancha que a Aliança le gustaría exhibir, los pronósticos electorales no son nada halagüeños para la formación de Puigdemont. Las encuestas indican que la formación de Sílvia Orriols está siendo muy eficaz robando electorado que había votado a Junts en anteriores elecciones.

En el último CEO, del total de encuestados que manifestaron haber votado a Junts al Parlament en mayo de 2024, un 28% decían que ahora elegirían a Aliança. Pero esta formación es atractiva para toda la derecha porque, de los exvotantes de Vox, un sorprendente 23% dice ahora que tomarán la papeleta de Orriols, y hasta un 8% de los que optaron por el PP.

Pero además, hay un dato que aparece de forma reiterada en los estudios demoscópicos y que debería poner en guardia a la derecha españolista tanto o más que a Junts. A los votantes de Vox y del PP les gusta Silvia Orriols casi tanto como su propio candidato. De hecho, la líder de Aliança obtiene la mejor nota de sus propios votantes, pero después de los de Vox, del PP en tercer lugar y, finalmente, de los de Junts. Esto, en cambio, no es recíproco, ya que los votantes de Aliança detestan a Ignacio Garriga y Alejandro Fernández, que serían los últimos candidatos a los que votarían como presidente.

Junts sale del Gobierno municipal de Girona. A un año de las elecciones locales de 2027, la formación de Carles Puigdemont se va a la oposición y deja en minoría el Ejecutivo del que ha formado parte hasta ahora, liderado por Guanyem (la marca de la CUP en la ciudad), con el alcalde Lluc Salellas, y con la participación de ERC.

La hasta ahora vicealcaldesa Gemma Geis, líder de Junts en el consistorio, ya venía lanzando mensajes en los últimos días de que se agotaba su papel dentro del tripartito independentista que encabeza Salellas. Junts aspira a lograr unos mejores resultados electorales si compite desde la oposición, en un contexto de auge de la xenófoba Aliança Catalana.

Con la salida de los seis ediles de Junts, el Ayuntamiento quedará gobernado por tan solo once concejales de 27. Entre las carteras que ocupaban los de Geis estaban las de Promoción Económica, Innovación, Salud o Lengua Catalana.

El movimiento de Junts se ha precipitado en los últimos días. Geis dejó caer la bomba el domingo, en un artículo en El Punt Avui, titulado Se nos ha acabado la paciencia, en el que daba por superado su paso por el Gobierno. Sus socios de Guanyem y ERC ya vieron que se trataba del preludio de su salida del Ejecutivo, hecho que constataron este lunes, durante el pleno municipal, cuando la propia vicealcaldesa no despejó las dudas sobre la inminente ruptura.

Ni el alcalde ni la vicealcaldesa, que se sientan el uno al lado de la otra, se saludaron cuando llegaron al pleno. El orden del día se terminó en poco más de una hora, y en el turno de ruegos y preguntas afloró la crisis de gobierno.

“Creo que este grupo municipal tiene todo el derecho del mundo a hacer su valoración política, a querer emprender su camino diciendo que Girona merece más y reconocer las cosas que se han hecho bien en este gobierno”, afirmó Geis, dando a entender, una vez más, que se disponían a abandonar el Ejecutivo.

Por su parte, antes de dar el pleno por terminado, el alcalde Lluc Salellas intervino para defender que mantener el tripartito hubiera sido la “mejor opción” hasta las municipales de mayo de 2027. De entrada, Salellas subrayó que en el contexto actual, con “ataques y agresiones al catalán”, es bueno que Girona tenga un gobierno independentista y “claramente” republicano.

Pero no sólo, porque el alcalde también quiso poner de relieve que, más allá de la ideología, el acuerdo Guanyem-Junts-ERC permitió trabajar “por la cohesión, para que la extrema derecha no pueda crecer ni tener espacio en la ciudad y avanzar hacia una Girona que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El portavoz de Junts en Cambrils, en la provincia de Tarragona, ha dado el salto a Aliança Catalana. El partido que lidera Sílvia Orriols ha anunciado el fichaje como cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027 de Enric Daza, actual portavoz de la formación de Carles Puigdemont.

Aliança ha celebrado un acto público en Cambrils para anunciarlo, en el que han tomado parte su secretario de organización, Oriol Gès, y la secretaria de Política Institucional, Aurora Fornos, además del propio Daza.

En un principio, se informó de que los otros dos concejales de Junts, Teresa Recasens y Laura Mellau, también se iban a la formación xenófoba, pero lo ha desmentido Recasens en una rueda de prensa este martes. “No he pactado nada ni comulgo con Aliança Catalana”, ha declarado.

Lo que sí ha desvelado es que Compromís per Cambrils, la marca de Junts en el municipio, celebró este domingo una reunión en la que se puso sobre la mesa acudir a las elecciones con Aliança, y “mucha gente” estuvo de acuerdo.

Recasens ha comparecido sola. Menllau, la otra edil de Junts, ha asegurado a la agencia ACN que no seguirá en política.

Daza, que a principios del año pasado fue expulsado del gobierno en coalición que el PSC formaba con Junts –lo que provocó la salida del pacto de los de Puigdemont y la dimisión del alcalde– ha explicado que el cambio de partido responde a una reflexión “profunda” y ha afirmado que asume el reto “con la misma ilusión y más”.

“Necesitamos volver a poner orden, cuidar nuestras calles, reforzar la seguridad, impulsar el comercio, proteger nuestro modelo turístico y situar de nuevo los intereses de los cambrilenses en el centro de todas las decisiones. Estoy convencido de que Aliança Catalana es la fuerza que nos permitirá hacer posible este cambio”, ha asegurado Daza.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el 16 de julio hará pública la sentencia sobre la ley de amnistía. Con dicha sentencia, sea en el sentido que sea, se pondrá fin al debate sobre la juridicidad de la ley de amnistía. Si la ley de amnistía no tiene cabida en el derecho europeo, tampoco puede tenerla en el derecho español y tendría, en consecuencia, que ser expulsada del ordenamiento jurídico lato sensu.

Si, por el contrario, la ley tiene cabida en el derecho europeo, quedaría despejada la única duda que quedaba sobre su vigencia. Podrá continuar el debate jurídico académico o el debate político, como ocurre con cualquier norma jurídica después de que el máximo intérprete de la Constitución o del Derecho Europeo haya resuelto las dudas sobre la misma, pero su inclusión en el derecho español y europeo sería ya indiscutible. La última palabra estaría ya dicha.

Dado que la legislatura que se inició con las elecciones del 23 de julio de 2023 ha girado desde el primer momento sobre la amnistía, el alcance de la decisión que se va a conocer el 16 de julio no puede ser mayor. El TJUE avalará la estrategia de acoso y derribo del PP, Vox y de buena parte de la judicatura o, por el contrario, avalará la legitimidad y legalidad de la mayoría parlamentaria y su Gobierno.

En el primer caso, nos encontraríamos ante una crisis constitucional prácticamente inmanejable. Es muy poco probable que se produzca. En el segundo el nacionalismo catalán recuperaría la posición que ha ocupado en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución.

La sentencia va a ser, inevitablemente, una sentencia extraña ya que en el asalto a la ley de amnistía se ha practicado avant la lettre, la consigna de José María Aznar del “que pueda hacer que haga”. Han sido tres años de una guerra de guerrillas contra la ley en la que han participado los grupos parlamentarios de PP y Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado (en esta última cámara de manera fraudulenta); el Tribunal Supremo en varias ocasiones, así como también la Audiencia Nacional y algunos Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas y el propio Tribunal de Cuentas. Además de algunas de las asociaciones de jueces, que llegaron a convocar manifestaciones en las puertas de las Audiencias Provinciales e incluso huelgas, que carecen de cobertura constitucional. Y la “Brunete” mediática, por supuesto.

No todas las acciones han acabado siendo judicializadas, pero muchas sí lo han sido. Cada una ha tenido el recorrido judicial que le correspondía. En consecuencia, el debate sobre la ley de amnistía no ha sido un debate nítido. No ha sido un debate con base en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados o senadores del PP y Vox o en una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo, a las que se podría haber anudado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ha sido un debate con múltiples voces y ante diferentes instancias. Como consecuencia de ello, la cacofonía jurídica ha sido enorme.

Como consecuencia de esta enorme cacofonía, el TJUE se va a pronunciar este próximo 16 de julio sobre dos cuestiones prejudiciales menores, se podría decir, elevadas por el Tribunal de Cuentas la primera y por la Audiencia Nacional la segunda. Pero ambas van a despejar las dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho europeo.

El Tribunal de Cuentas analiza la responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y otros miembros del Govern, y pregunta si amnistiar el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés vulnera la directiva europea de protección de los intereses financieros de la Unión.

La cuestión elevada por la Audiencia Nacional se produjo en relación con la causa que afecta a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Audiencia Nacional considera que el TJUE debe decidir si la cobertura que da la ley de amnistía a la actuación de estos Comités es compatible con la Directiva europea de lucha contra el terrorismo o si, por el contrario, genera un espacio de impunidad incompatible con el marco comunitario.

En noviembre del año pasado, el Abogado General descartó que la ley de amnistía fuera incompatible con la normativa europea sobre protección de fondos o sobre terrorismo.

También descartó la alegación de que la ley de amnistía fuera una ley de “autoamnistía”, es decir, que se aprobaba por quienes había cometido delitos durante el procés para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Los redactores de la ley serían, pues, los beneficiarios de la misma, con lo que se produciría un intercambio de votos por impunidad.

Ya el Tribunal Constitucional argumentó que el objetivo de la norma no era un beneficio personal, sino un fin legítimo de Estado: buscar la normalización política y la convivencia en Cataluña tras la crisis constitucional de 2017. Con esta opinión es con la que coincide el Abogado General.

La opinión del Abogado General no es vinculante, pero estadísticamente suele anticipar el fallo definitivo.

De ser así, el TJUE estaría desbloqueando la situación jurídica de los líderes independentistas condenados o encausados, aunque todavía no condenados, como es el caso de Carles Puigdemont.

El nacionalismo catalán del que procede Junts ha sido una pieza muy importante en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente, representa una parte importante de la Constitución de España. La guerra de guerrillas contra la ley de amnistía lo ha descolocado. ¿Será posible que, resuelta la cuestión de la amnistía, esa forma de manifestación del nacionalismo catalán vuelva a hacer política de la forma en que demostró que sabe hacerlo?

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

El papa León XIV se ha convertido en el líder internacional mejor valorado por los catalanes. Así lo refleja el Barómetro de Opinión Política publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que ha aprovechado la visita del Papa a España y su especial paso por Catalunya para preguntar por su figura.

Y los resultados para la iglesia son positivos: un 59% de las personas que lo conocen aprueban su papel en la escena internacional, un porcentaje que lo sitúa al frente del ranking de líderes mundiales. Lo sigue el presidente francés, Emmanuel Macron, con un 50% de aprobación, y el podio lo completa Xi Jinping (47%), que sorprendentemente concita el aprobado tanto de los votantes de izquierda como los de Aliança Catalana. A la cola, y muy destacados, se sitúan Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

No solo aprueba, sino que genera poco rechazo

Pero el liderazgo del actual pontífice no se limita solo a su aprobación. También es uno de los dirigentes con menos rechazo frontal: solo un 12% de quienes lo conocen le otorga la nota mínima, un cero. Trump encabeza el rechazo absoluto con un 63%, seguido de Putin (54%), mientras que el resto de líderes quedan por debajo del 15%.

Otro elemento que refuerza la posición del pontífice es su grado de conocimiento. A pesar de ser una figura relativamente nueva –hace poco más de un año que ocupa su puesto–, el 95% de los catalanes dice que lo conoce. Esta notoriedad se explica, en buena parte, por el contexto en que se hizo el trabajo de campo: entre el 21 de mayo y el 25 de junio, coincidiendo con la visita del papa en Catalunya y la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, hechos que tuvieron un fuerte impacto mediático.

El contraste con los dos líderes más poderosos del planeta es elocuente. En un momento marcado por la guerra en Oriente Medio y por la tensión internacional –el mismo barómetro sitúa en un 5,8 sobre 10 la percepción de amenaza de un conflicto entre los Estados Unidos e Irán para la seguridad de Catalunya–, la figura del papa emerge como un referente de consenso allí donde Trump y Putin actúan como factores de polarización.

Apoyo transversal

Uno de los datos más singulares del barómetro es el carácter transversal de este apoyo. La aprobación supera el 50% en casi todos los electorados e incluso obtiene un 68% entre el electorado de los Comuns, un espacio político habitualmente alejado de la jerarquía católica. En el otro extremo, también aprueba con margen entre los votantes de Aliança Catalana, con un 56%. La valoración también es muy alta entre los votantes del PP (79%), Junts (73%), PSC (72%) y VOX (58%).

La comparación con el pontificado del Papa Francisco

Además, el CEO también ha querido tomar el pulso a la opinión de los catalanes sobre el primer año de pontificado. Porque aunque el tiempo parece que pasa muy rápido, solo hace 427 días que León XIV llegó al Vaticano. La percepción mayoritaria es de continuidad: un 33% considera que León XIV ha mantenido la misma orientación que su predecesor, Francisco I. Entre quienes perciben un cambio, predomina la sensación que el nuevo papa ha emergido en un tinte más conservador (28%) antes que progresista (15%). Una cuarta parte (24%) no se posiciona.

Ahora bien, la alta valoración de su papel internacional no se traduce en una autoridad moral equivalente. Preguntados por la importancia que dan a la opinión del Papa, casi la mitad de los catalanes (45%) admite que no da ninguna. Un 23% considera que puede ser relevante si habla de temas que les afectan y solo un 9% le da mucha importancia. Es el retrato de una sociedad ampliamente secularizada, que valora la figura del pontífice como un actor global relevante en un contexto hiperpolarizado, pero que mantiene una cierta distancia con los elementos más religiosos.