La disputa dentro de Junts para la carrera a la alcaldía de Barcelona empieza a tomar forma. La diputada en el Congreso Pilar Calvo, que es a su vez presidenta del Consejo Nacional de la formación, ha anunciado este miércoles que tiene intención de presentarse a las primaras.

A un año de las elecciones de 2027, Junts es de momento el único de los principales partidos en liza que no cuenta con un cabeza de cartel. La dirección ha sondeado durante meses algunas de las figuras vinculadas a la formación con mayor tirón, como Artur Mas o el empresario Tatxo Benet, pero ninguna de estas operaciones fructificó. 

A falta de caras visibles, fue el portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, el que desafió a la dirección y comunicó su intención de ser alcaldable. El concejal, señalado como heredero por Xavier Trias y con una larga experiencia en el ámbito municipal, nunca renunció a liderar el partido en los comicios de 2027. 

El movimiento de Martí Galbis buscaba además forzar unas primarias que por normativa en la federación de Junts en Barcelona no están garantizadas, pero que ahora todo el mundo ya da por hecho que se celebrarán. Tras su anuncio, Josep Rius, portavoz del partido y uno de los posibles candidatos de Puigdemont, se descartó para la carrera.

A la espera de qué hacen otros destacados nombres de Junts, como el exdiputado y abogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas, ha sido Calvo la que ha dado un paso al frente. La actual diputada en el Congreso desde 2021, experiodista de TV3 y Catalunya Ràdio, es también coordinadora de la federación barcelonesa de Junts.

La mayoría del Congreso que conforman el Gobierno y sus socios parlamentarios intenta blindar la posibilidad de que formaciones como ERC, Junts o incluso Podemos —si se acaba presentando en solitario a las próximas elecciones generales— puedan tener grupo parlamentario en la próxima legislatura. Este martes, el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) dieron luz verde a la toma en consideración de una propuesta de reforma del reglamento para rebajar los requisitos que permiten conformar un grupo en la Cámara Baja. Y lo han hecho con el rechazo frontal de PP y Vox, que si se hacen con el control del legislativo la próxima legislatura podrían bloquear las triquiñuelas reglamentarias que, históricamente, han utilizado los partidos pequeños (también los conservadores) para disfrutar de las ventajas que proporciona no acabar relegado en el grupo mixto.

La reforma del reglamento ha sido promovida, precisamente, por los dos partidos independentistas catalanes junto a Podemos, el BNG y Compromís. Y no es casual, porque podrían ser los grandes perjudicados si la Mesa del Congreso estuviera controlada la próxima legislatura por el bloque de la derecha y la ultraderecha, que este martes se encargó de dejar claro que piensa aplicar el reglamento a rajatabla y no permitirá ninguna de las habituales argucias —avaladas, eso sí, por el Tribunal Constitucional— para proporcionar grupo parlamentario a partidos que no han alcanzado los umbrales mínimos para ello. “Vox impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que puedan beneficiar a partidos minoritarios de corte nacionalista, prometió el diputado ultraderechista Ignacio Gil Lázaro.

Actualmente, el reglamento da derecho a constituirse en grupo parlamentario a las candidaturas que logren en las elecciones 15 diputados. Pero, más allá de esa vía ordinaria, ofrece una segunda de más sencillo cumplimiento: también pueden tener grupo los partidos que hayan obtenido al menos cinco escaños y el 5% del voto a nivel estatal o el 15% de los sufragios en cada circunscripción en la que se presenten. Lo que pretende la reforma que empezó a tramitarse este martes es rebajar esos umbrales y permitir que puedan formar grupo parlamentario las listas que obtengan al menos un 3% del voto estatal o el 10% de las papeletas en cada territorio en el que concurran.

En la práctica, la reforma pretende acabar con la discrecionalidad que ha existido en las últimas décadas en relación a la concesión o no de grupo parlamentario a los partidos minoritarios. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido esta misma legislatura con ERC y Junts, que no lograron en las elecciones los resultados requeridos por el reglamento: los republicanos se quedaron en el 13,1% de los votos y los de Carles Puigdemont, en el 11,1%. En agosto de 2023, nada más constituirse las Cortes Generales, PSOE y Sumar pactaron con los independentistas prestarles temporalmente varios diputados para superar el umbral mínimo y no tener que integrarse en el grupo mixto, lo que les hubiera privado tanto de recursos económicos como de visibilidad y tiempo de intervención en los debates.

Esta argucia parlamentaria —de la que, en otras legislaturas, se beneficiaron Coalición Canaria o el BNG gracias al apoyo de direcciones legislativas de diferente color político— se pudo llevar a cabo únicamente porque PSOE y Sumar la avalaron con su mayoría en la Mesa del Congreso. Pero buena muestra del enorme margen de maniobra con el que cuenta este órgano para permitir o no la creación de grupos parlamentarios a los partidos que no alcanzan por sí mismos los requisitos es que, en mayo de 2019, una Mesa en la que el PSOE también tenía la última palabra bloqueó la concesión de grupo parlamentario a Junts, que barajaba apoyarse en formaciones como ERC o EH Bildu para lograrlo.

Sin embargo, la izquierda no es la única que ha permitido ese tipo de ardides para beneficiar políticamente a grupos con los que quería entablar una buena relación durante la legislatura o para todo lo contrario. En 2011, por ejemplo, el PP permitió con su mayoría absoluta —y su control pleno de la Mesa— que UPyD se apoyara en Foro Asturias para tener grupo parlamentario. Esa misma manga ancha, por el contrario, se tornó en aplicación estricta del reglamento para impedir que Amaiur —la marca antecesora de EH Bildu— formase grupo, puesto que los abertzale se quedaron a décima y media de alcanzar el 15% de los votos en Navarra, la única de las cuatro circunscripciones en las que concurrieron (junto a las tres vascas) en las que no llegaron al umbral mínimo requerido.

PP y Vox amenazan con cerrar el grifo

Durante el debate parlamentario de este martes, tanto el PP como Vox dejaron muy claro que, si controlan la Mesa del Congreso la próxima legislatura, no piensan hacer ningún favor a los partidos minoritarios para permitirles acceder a las ventajas de tener un grupo parlamentario. “El vigente reglamento del Congreso ya es generoso con ustedes, yo diría excesivamente generoso, y les ha dado mucha más voz y mucho más protagonismo a lo largo de nuestra democracia del que los españoles les han dado en las urnas”, espetó dirigiéndose a ERC, Junts y el resto de los grupos nacionalistas y minoritarios el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que tachó de “fraude electoral de libro” y de “pucherazo” la maniobra llevada a cabo al inicio de la legislatura para que los independentistas catalanes no se fueran al grupo mixto.

Por su parte, su homólogo de Vox Ignacio Gil Lázaro sostuvo que el único motivo por el que los partidos proponentes han presentado esta reforma es porque dan por hecho que “en las próximas elecciones generales” van a “cosechar un rotundo descalabro en pérdida de escaños” en beneficio de “una amplia mayoría democrática surgida de la voluntad de las urnas integrada por Vox y el PP”. Si eso ocurre, la ultraderecha “impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que se han realizado en las últimas décadas “incumpliendo los requisitos establecidos” en el actual reglamento, prometió Gil Lázaro, que sostuvo que la práctica hasta ahora ha contravenido “la voluntad nacional expresada en las urnas”.

Por el contrario, el PSOE defendió por boca de su diputado Joaquín Martínez que la reforma busca reflejar en el Congreso la “realidad política territorial de la España del siglo XXI” y aseguró que “la fragmentación política no la provoca el reglamento, sino que la decide la ciudadanía cuando vota en libertad”. “Las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país”, argumentó Martínez en la misma línea que el parlamentario de Sumar Alberto Ibáñez, que aseguró que el objetivo de la reforma es “adaptar el reglamento a la realidad plural de la calle” y cargó contra una “falsa alternancia que debilita la democracia, empobrece los matices e, históricamente, invisibiliza la representatividad” de algunos territorios.

Una vez más, Junts ha vuelto a decir no a una moción de censura contra Pedro Sánchez. Aunque el PP no la exige abiertamente, y pide a los socios del Gobierno que muevan ficha ante el caso Plus Ultra, el partido que preside Carles Puigdemont ha salido al paso para descartarla. 

“El tema de la moción de censura no lo tenemos en estos momentos sobre la mesa”, ha zanjado Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario de Junts. “La capacidad de conmvocar elecciones es de Sánchez”, ha afirmado.

Tras la imputación del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una red de tráfico de influencias, Vox exigió rápidamente una moción de censura contra Sánchez. El PP de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha tratado de quitarse la presión depresentarla y ha pedido a los partidos que han respaldado hasta ahora al presidente que digan si la apoyarían o no.

Tras el movimiento del PNV, que consideró irresponsable que Sánchez continúe más allá de 2026, todas las miradas estaban depositadas ahora en Junts, que rompió con Sánchez a finales de 2025. Pero pese al distanciamiento, la moción no está en el horizonte de los de Puigdemont. 

Durante la rueda de prensa en el Parlament, Sales ha pedidO “celeridad” al PSOE para que se explique sobre el supuesto papel del expresidente en el caso 'Plus Ultra', y ha mostrado al mismo tiempo “respeto” por la presunción de inocencia del exmandatario socialista.

ERC pide no dar “crédito” a la moción

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado por su parte que ningún partido que apoyó la investidura del presidente del Gobierno puede dar “crédito” a una moción de censura encabezada por el PP. Y menos, ha añadido, en el caso de los partidos de ámbito catalán.

En rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, preguntada por la imputación del expresidente Zapatero, ha pedido que el expresidente dé “todas las explicaciones”. Por otro lado, Capella ha advertido que “los atestados no suelen ser neutros” y, critica, van más en la línea de reforzar ciertas tesis y no en aportar pruebas.

En referencia a una posible moción de censura ha insistido que ERC no alimentará esta idea porque el PP es de “nefasta memoria” en Catalunya. Sobre si Sánchez debería convocar elecciones ha dicho que deberá hacerlo cuando agote su mandato y, en todo caso, le ha instado a que antes de convocar elecciones “cumpla” sus acuerdos con ERC.

“Esto acaba de empezar”. Así intentan despejar en la dirección del PP las preguntas sobre una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez liderada por Alberto Núñez Feijóo apoyada en el PNV y Junts a cuenta del caso Zapatero. Ni siquiera las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, alentando un adelanto electoral aceleran los tiempos del PP. “Tenemos tiempo, quedan muchas semanas”, sostienen fuentes de Génova, que pretende que sean los socios del Gobierno los que pidan que Feijóo se lance: “Deben moverse los que le apoyan, estaremos a la altura”.

El PP intenta así quitarse de encima la presión para una moción de censura que, sostiene la dirección de Feijóo, no tiene visos de salir. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las acusaciones recogidas en el sumario, hecho público este lunes, no son suficientes para el líder de la oposición, temeroso de “regalar” un triunfo político a Sánchez, tal y como ha reconocido en múltiples ocasiones. Una tesis que comparte Felipe González.

Es el mismo Feijóo que hace apenas un mes, la pasada Semana Santa, apelaba directamente al PNV y Junts en una entrevista para Servimedia. “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”, dijo. Y concretó: “La moción de censura no la hago para gobernar con Junts y PNV. La plantearía para convocar elecciones y no haría como Sánchez, las convocaría. No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha para la convocatoria electoral”.

Incluso la semana pasada Feijóo pareció abrir la puerta a un movimiento definitivo contra Sánchez. En la sesión de control del miércoles, el líder del PP aseguró que “no se podrían cometer sin la complicidad” del Consejo de Ministros, lo que apunta directamente al presidente. Luego, en conversación con los periodistas, añadió: “Voy a hacer todo lo posible porque haya un cambio de Gobierno”. Desde Vox sí azuzan al PP para que se lance ya. “España sí tiene prisas” dejó escrito el dirigente Jorge Buxadé en Twitter.

Pero este lunes y con todos los medios del país llenos de titulares sobre los informes de la investigación de la UDEF a Zapatero, el PP ha tirado del freno para quitar a Feijóo la responsabilidad de presentar (y ganar) una moción de censura, y para meter presión a los socios de Sánchez. Especialmente al PNV.

“España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”, apuntó el portavoz del PP, Borja Sémper, tras asegurar que “el daño” que hacen los escándalos de corrupción “es extremadamente grave”. El dirigente recordó que “esta misma semana comienza el juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una contratación que la acusación considera amañada a su favor por la Diputación de Badajoz”.

“Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado, y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión porque están respaldando la corrupción no haciendo nada”, dijo Sémper, quien se dirigió expresamente al PNV: “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”.

El PP respondía así al PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, quien este mismo domingo dijo en un acto de partido: “Es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”.

PNV y Junts no siguen a Feijóo

Pese al recrudecimiento de la tormenta judicial en la que vive instalado el Gobierno, la última de las preocupaciones de Pedro Sánchez es la de la hipótesis de una moción de censura que en las filas socialistas creen imposible. Por el momento. 

En el Ejecutivo sostienen que una cosa es que algunos socios parlamentarios eleven el tono, algo que tampoco resulta novedoso, y otra que partidos como el PNV o Junts unan su suerte política al PP y a Vox. Ahí enmarcan las declaraciones de Esteban de este fin de semana con una opinión que ya trasladó el pasado mes de noviembre en una entrevista en elDiario.es cuando el señalado era Santos Cerdán. 

En la Moncloa explican que, en su competición electoral con EH Bildu, el PNV tendría imposible explicar que jugó un papel fundamental en una hipotética iniciativa que implica a la ultraderecha. La misma reflexión hacen sobre Junts, convertido en la práctica en fuerza de oposición en el Congreso pero con un camino también vedado hacia una moción con Vox. La moción de censura es lo que menos preocupa al Gobierno en un momento en el que vuelve a tener el agua al cuello por el ‘caso Zapatero’. El Ejecutivo contiene la respiración a la espera de la declaración del expresidente del próximo 2 de julio y de los nuevos detalles de la investigación que se van conociendo. 

En el PSOE creen que Zapatero será capaz de echar por tierra la presunta influencia en el rescate de Plus Ultra que le imputa el juez. Y se afanan en defender la “pulcritud” de esa operación económica, que salvó a la aerolínea en plena pandemia y de la que en Moncloa se muestran convencidos que nadie podrá demostrar irregularidad alguna.

Este lunes tanto el PNV como Junts han salido al paso de informaciones que alientan contactos sobre una posible moción de censura. Unos contactos “habituales”, aseguran desde el partido vasco, “pero en ninguno se ha puesto la moción de censura sobre la mesa como estrategia de nada”.

Puigdemont publicó este lunes en sus redes sociales un largo mensaje muy crítico con el PSOE, aunque en ningún momento abre la puerta a presentar una moción de censura contra Sánchez y agita la posibilidad de que la imputación sea ‘lawfare’. “Hace mucha gracia ver perfiles de militantes y simpatizantes del PSC y del PSOE hablando estos días de golpismo judicial y de confabulación mediático-policial que no hace tanto tiempo nos menospreciaban [...] cuando denunciábamos.

La izquierda pone distancia con Zapatero

Los aliados parlamentarios del Gobierno tampoco contemplan por ahora apoyar una moción de censura, aunque lo cierto es que, en los últimos días, se han alejado rápidamente de Zapatero tras haber mostrado inicialmente su confianza en él, y se han distanciado de la defensa cerrada al expresidente por la que ha apostado la Moncloa.

En la misma situación está Sumar. En ningún momento se han planteado romper el Gobierno, pero han puesto tierra de por medio con el que, hasta su imputación, era una de las figuras socialistas mejor vistas por el espacio a la izquierda del PSOE. “Lo que estamos viendo con Zapatero no es más que el enésimo recuerdo de una de las fallas estructurales de nuestro país”, aseguró este lunes la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, quien recordó que “el 15M”, que estalló cuando Zapatero era aún presidente del Gobierno, “tomó las plazas para crear y reivindicar una nueva manera de hacer política”. 

Desde Más Madrid, dentro de la coalición Sumar, Eduardo Fernández Rubiño siguió la misma línea. “Entendemos el shock en las filas socialistas”, dijo, para recordar que “muchos” se iniciaron “en política frente al Gobierno de Zapatero, que estaba recortando el Estado del bienestar de manera muy dura”.

ERC, por su parte, ha optado por el silencio ante las palabras de Esteban. Al contrario que EH Bildu, cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, afirmó este lunes en una entrevista en La Vanguardia que los 'abertzales' se mantienen “a la espera” y que, al menos por el momento, cuentan con terminar la legislatura.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha anunciado este lunes que no se postulará para ser candidato a la alcaldía de Barcelona en 2027 para no contribuir a una “lógica de división interna” y la “confrontación” en el seno de la formación.

Con la decisión de Rius, cercano a Carles Puigdemont, todos los números para encabezar la lista de Junts los tiene Jordi Martí, veterano neoconvergente barcelonés y actual portavoz de Junts en el Ayuntamiento.

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el de Rius, también concejal en Barcelona y cercano al expresident y al secretario general, Jordi Turull.

Martí, sin embargo, dinamitó los planes de la dirección al anunciar por sorpresa la semana pasada su intención de optar a liderar la lista de Junts en 2027. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

En una carta abierta a la militancia, Rius ha explicado que sopesó “muy en serio” la posibilidad de liderar la lista en la capital catalana, pero admite que el anuncio de Rius ha modificado sus intenciones iniciales.

“En las actuales circunstancias, no puedo postularme para ser candidato y contribuir a una confrontación que no servirá, en mi opinión, para salir más reforzados”, ha afirmado Rius. “En una lógica de división interna, a mí no me van a encontrar”, ha apostillado.

A falta de proclamación oficial, el nombre de Martí despeja la principal incógnita que quedaba entre los cabezas de lista para disputar la alcaldía a Jaume Collboni (que también repetirá como jefe de filas del PSC). ERC apostará por su actual secretaria general, Elisenda Alamany, mientras que los Comuns han elegido a Gerardo Pisarello.

Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa: vas caminando, tranquilamente, en dirección a la tintorería de la Calle Princesa, en el corazón del barrio del Carmen (Murcia), y lo haces a paso raudo porque son casi las ocho de la tarde y están a punto de cerrar. Mientras esperas tu turno, ahí fuera, en la calle, escuchas un sonido que pretende rugir, pero no pasa del leve alboroto. Te asomas y ves una pancarta que se mueve sola; una pancarta que reza: “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”; te frotas los ojos y compruebas que no estás a finales de 2023; que, de hecho, es 2026; compruebas también que la pancarta no se mueve sola, que tras ella hay cuatro, quizá cinco personas; miras con incredulidad a la señora de la tintorería y te dice: “Sí, hijo, sí. Vienen todos los días a esta hora desde hace tres años”. Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa. Lo que son las serendipias.

Era noviembre del año 2023 y unos cuantos miles de personas se manifestaban contra la amnistía en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia convocadas por el Partido Popular. La primera escena que recuerdo es la de varios miembros de la organización, chavales de las juventudes populares, repartiendo banderas de España y de la Unión Europea en los cuatro accesos de la plaza. Una hora después, Vox había convocado una segunda manifestación al otro lado del Segura, en la calle Princesa, justo enfrente de la sede del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y hacia la que dos señoras se embarcaron después de decirle una a otra que estaba a su lado: “Venga, vamos ahora a lo de Vox, que yo me he dejado una tortilla de patatas hecha”.

Pasaron los días, los meses, los otoños, y las tortillas. La amnistía se aprobó y se fue incorporando al paisaje político con la misma naturalidad con la que se incorporan las rotondas a las salidas de los pueblos. Los autobuses dejaron de fluir y las plazas de las capitales fueron paulatinamente olvidando el sonido de los himnos y de los pitidos. Hasta el propio Partido Popular, que tan vehementemente había convocado aquellas concentraciones de noviembre del 23, fue dejando el tema de lado porque entendieron lo útil que podría ser un alto el fuego con Junts, y porque el refrán que mejor funciona en política es el de nunca digas de esta agua no beberé y este cura no es mi padre, porque nunca se sabe. Lo que pasa es que cuando enciendes una cerilla, a veces, lo que viene después ya no depende de ti.

Una liturgia vespertina

Así que es mayo de 2026, y todos los días a las ocho de la tarde, en la Calle Princesa de Murcia, la liturgia es la misma: aparecen dos personas, un hombre y una mujer. Ambos superan los sesenta años, podría decirse que holgadamente. Entre los dos, atan de los dos extremos una pancarta a dos árboles en la acera de un local de tatuajes, justo enfrente de la sede del PSRM. De un tiempo a esta parte, ponía “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”, pero ahora el eslogan es diferente y señala a la corrupción del gobierno en general. Esas dos personas esperan, junto a su pancarta, que lleguen los demás.

Muchos transeúntes del barrio del Carmen los conocen ya. Lola, una vecina que sale por las tardes a pasear con su hija, Lola también, dice que le resultan admirables los manifestantes. “Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero fíjate que llevan años aquí plantados, todos los días y no faltan ni uno”, explica. La camarera de un bar de la misma calle, en cambio, matiza: “de lunes a viernes siempre están aquí, menos en verano, Navidad y Semana Santa”.

Paco es el encargado de traer la pancarta. “¿De qué periódico venís? ¿elDiario…? ¿Ese es el del Escolar? Vosotros sois del PSOE, pero bueno, mira, al menos sois los primeros periodistas que se interesan por nosotros en todo este tiempo”. Se declaran enemigos acérrimos de este “gobierno criminal” y lamentan ser tan pocos. “La juventud, el pueblo, estáis dormidos y no sois conscientes de lo que se nos viene encima”, continúa Paco, al tiempo que van llegando el resto de los asistentes.

Cánticos y noticias

La convocatoria, explican, la hacían a través de un grupo de WhatsApp en el que hay más gente, pero cada vez se manifiestan menos. Ahora, dado el peso de la costumbre, no necesitan quedar para saber que allí se encontrarán. “Por el WhatsApp lo que hacemos es proponer cánticos para el día siguiente y nos pasamos noticias y cosas de esas”, dicen.

Se trata de otras cuatro personas, todas ellas mayores de sesenta años, excepto un señor algo más joven, Ramón, del que Paco nos advierte, “huid mientras podáis, porque como empiece a hablar no se va a callar en toda la tarde”. Ya son viejos conocidos en el barrio, y también tienen sus adversarios, como otro hombre mayor, declarado votante socialista, que les lanza alguna puya cuando pasa por su lado. Ramón le advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez “nos está matando de hambre”, y el señor socialista le señala al torso, dejándole caer que hambre, lo que se dice hambre, no debe de pasar. “¿Sabe por qué estoy gordo, señor mío? Le pregunta; ”porque como pan“.

Es en ese momento cuando se sienten fuertes para empezar los cánticos contra una sede del Partido Socialista aparentemente vacía. “Antes”, arranca la señora que acompañaba a Paco al principio, “cuando estaba Pepe Vélez [antiguo secretario general del PSRM], se asomaba por la ventana y se reía de nosotros. Al menos nos hacía caso, porque el desgraciado que hay ahora [refiriéndose a Francisco Lucas] lo único que ha hecho ha sido mandar a la policía a denunciarnos”.

La protesta, como es evidente, no cuenta con el permiso de la Delegación del Gobierno, aunque según ellos no la necesitan porque son menos de 20 personas. Mercedes, la más mayor del grupo, y también, hay que decirlo, la más exaltada de todos ellos, explica que no son ninguna manifestación, sino una “coalición de ciudadanos ofendidos”, pero aun con todo tuvieron que buscarse un abogado para afrontar la denuncia de la Delegación de Gobierno, aunque no tuvieron que pagar una multa finalmente.

Franco, “un bendito”

Según explica la propia Mercedes, ella “no está politizada” y “no vota a ningún partido”, pero sí que afirma que la izquierda es una “panda de gentuza, vividores y asesinos que quieren reescribir la historia”. “Me río yo el 14 de abril, cuando salen a manifestarse y dicen 'Viva la República'. Y una mierda. Asesinos todos. Al cura de esa iglesia de allí [la iglesia del Carmen] lo fusilaron. Y al de san Bartolomé también. Y al de san Antón. Y […] también está el asesino más grande de toda la historia, Simón Bolívar. Luego dicen de Franco, ¡pero si fue un bendito!”.

“Yo, por ejemplo, no soy tan radical como ella”, dice Juan, otro de los asistentes, “de hecho yo he votado a los socialistas siempre. Aquí cada uno vota a una cosa y piensa de una manera distinta, pero esto ya no puede ser. ¿Es que no estáis viendo que se están cargando el país?”

A ratos algún coche o moto que pasa por delante toca el claxon en señal de apoyo, pero para Paco no es suficiente: “Nada, pitan y lo que tú quieras, pero no se nos une ni Dios, ya se les hará tarde”. A ratos, alguno de los participantes interrumpe su protesta para unirse a la conversación.

— Claro, yo me imagino que tú estarás encantado con este gobierno, ¿no?

— Yo soy anarquista, señora —respondo en defensa propia—, a mí el gobierno me da igual.

— ¿Anarquista? —contesta Paco— yo de joven estaba en la ORT [Organización Revolucionaria de Trabajadores], y éramos maoístas —dice, mientras enarbola su bandera rojigualda.

— ¿Y qué pasó? Para acabar así, quiero decir.

— Pues que nos aburguesamos de la hostia.

Dos semanas y media después de que PP, Vox y Junts tumbaran la prórroga de los alquileres, la puesta en marcha de otro decreto sigue lejos. No obstante, tanto el Ministerio de Vivienda como Sumar y Junts han empezado a perfilar su posición para intentar pactar un nuevo paquete de medidas de vivienda, aunque la posición de la que parten los tres actores es sensiblemente diferente: Sumar deja claro que no va a renunciar a poner en marcha la prórroga, pero el ala socialista del Gobierno no la ve prioritaria y apuesta por centrar el nuevo decreto en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Junts, por su parte, insiste en que su condición previa para sentarse a hablar es que se acepten sus exigencias en materia fiscal, desde las deducciones fiscales a quienes paguen alquiler o hipoteca al IVA franquiciado para los autónomos.

Sumar lleva semanas presionando públicamente al PSOE para que acepte poner en marcha un nuevo decreto argumentando que, en esta ocasión, hay opciones de que Junts termine apoyándolo si también se incluyen en el texto algunas de sus exigencias. Pese a que los independentistas fueron uno de los partidos que derribó el decreto de prórroga de los contratos de alquiler al mismo precio, en las últimas semanas han mostrado una postura ambivalente y han abierto la puerta, al menos, a hablar. Y, para escenificar este acercamiento, Sumar anunció el lunes de la semana pasada que planeaba “elaborar” una nueva propuesta que incluyera algunas de las exigencias de los de Carles Puigdemont para intentar atraerlos a apoyar la extensión de los arrendamientos.

No obstante, dos semanas después no ha vuelto a haber noticias de esa promesa ni los contactos han dado frutos y fuentes tanto de Sumar como de Junts admiten que sus conversaciones no han registrado avances. “Seguimos con ello”, pero “de momento no hay mucha novedad”, explica un dirigente del espacio que lidera Yolanda Díaz, mientras otro del partido independentista coincide en que no se ha dado “ningún” paso adelante en los últimos días.

El miércoles, eso sí, Junts insistió en que está abierto a negociar sobre vivienda si se respeta su exigencia sobre desgravaciones fiscales. Pero aunque no ha rechazado expresamente hablar de la prórroga de los alquileres o de la regulación de los arrendamientos temporales, los antecedentes no son halagüeños. En el debate de hace dos semanas y media, Junts tachó de “estética” la primera medida. Y durante la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada —que se encuentra varada en el Congreso—, ha intentado descafeinar la norma proponiendo una regulación mucho más laxa que la que planteaba la izquierda.

Sea como fuere, y aunque haya sido Sumar quien más ha presionado públicamente para retomar las conversaciones con Junts, es el PSOE la formación que tiene la sartén por el mango para desbloquear la situación. Como la mayor parte de las reivindicaciones de los independentistas son en materia fiscal, el protagonismo recae particularmente en el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la última palabra en estos asuntos. No obstante, el Ministerio de Vivienda reclama su papel en las negociaciones, y la ministra Isabel Rodríguez ha insistido en los últimos días en que ya ha empezado a mantener contactos con los diferentes partidos y en que existe una “oportunidad” para llegar a un acuerdo con Junts si la formación acepta negociar algunas de las propuestas del Gobierno a cambio de sus reivindicaciones.

El problema es que el Ejecutivo no tiene una posición unívoca sobre cómo debe abordar esa negociación con Junts. Vivienda insiste en que no descarta incluir ninguna medida en el decreto que se negocie, tampoco la prórroga de los alquileres, pero fuentes del departamento deslizan que “lo que se lleve tiene que poderse aprobar”, lo que evidencia su escasa confianza en que los independentistas acepten la prórroga que tumbaron hace tres semanas. Bajo esa argumentación, el ala socialista del Gobierno es partidaria de centrarse en regular por decreto el alquiler temporal y por habitaciones, que el PSOE considera que es el verdadero agujero negro que provoca que el mercado del alquiler se encuentre disparado.

Sin embargo, renunciar a la prórroga de los alquileres es una línea roja para Sumar, que ha defendido esta extensión de los contratos como su medida estrella desde finales del año pasado. Fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz explican que eso no significa que estén en contra de regular el alquiler de temporada y por habitaciones, pero aseguran que ambas medidas, prórroga de los contratos y regulación de los arrendamientos temporales, son igualmente “urgentes e imprescindibles”. De hecho, la propia Sumar presentó el año pasado una ley en esta dirección en el Congreso junto a socios de izquierdas como ERC, EH Bildu o Podemos, y la legislatura pasada Unidas Podemos peleó hasta el final para incluir esta regulación en la ley de vivienda, un extremo que rechazó el PSOE. 

Una diferencia ideológica, no solo estratégica

Lo cierto es que, además de una discrepancia estratégica sobre cómo debe abordarse la negociación, entre las dos alas del Gobierno existe una importante diferencia ideológica en relación al mercado de la vivienda. Al menos una parte del PSOE nunca ha visto con buenos ojos una medida como la prórroga de los alquileres, que consideran que no gusta —e incluso perjudica— a una parte de su electorado. Y buena muestra de ello fue el episodio de tensión que se produjo en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el decreto que contenía la extensión de los contratos de arrendamiento, cuyo inicio se retrasó porque los ministros de Sumar se negaron a entrar al mismo si el presidente Pedro Sánchez no accedía a aprobar esa reclamación.

Ese ha sido, tan solo, el ejemplo más extremo de las discrepancias entre las dos partes del Ejecutivo en relación a la vivienda, pero no el único. Estas diferencias se han evidenciado a lo largo de la legislatura con asuntos como los incentivos fiscales a caseros —promovidos por el PSOE y rechazados por Sumar, que, sin embargo, ahora los acepta si es a cambio de que Junts apoye la prórroga de los alquileres— o la propuesta de los de Yolanda Díaz de condicionar la entrega de fondos a las comunidades a que estas apliquen los topes de precios al alquiler. De hecho, Sumar llegó a pedir el pasado octubre la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aunque se arrepintió en apenas unas horas tras el enfado que expresó públicamente el PSOE.

En 2024, último año del que hay datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los nuevos contratos de alquiler subieron un 8,8%. Nunca desde 2021 (año desde el que se contabiliza esta variable) los nuevos contratos habían subido tanto. Si en 2021 lo hicieron un 3,5%, en 2022 subieron un 5,3% y en 2023 se moderaron al 4,1%. El acumulado lleva a una subida del 12,9% en cuatro años en los contratos nuevos, por el 10,4% del alquiler en general. La prórroga de los alquileres, precisamente, atenuaría estas subidas porque permitiría a los inquilinos cuyo contrato venza en 2026 o 2027 extender al mismo precio su contrato por dos años.

La carrera en Junts para encontrar alcaldable en Barcelona se prevé agitada. Jordi Martí Galbis, actualmente portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha desafiado a la dirección y les ha comunicado que tiene intención de presentarse a la alcaldía. 

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el también concejal en la capital catalana Josep Rius, cercano a Carles Puigdemont y al secretario general, Jordi Turull.

Pero la irrupción de Martí Galbis, que ha adelantado el diario Ara, trastoca los planes del partido. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

Martí Galbis tratará de forzar unas primarias en la federación barcelonesa de Junts para que se decida de esta forma al candidato. Pero no está claro que lo consiga. El reglamento de la formación prevé que sea la Comisión Municipal Territorial la que, al conocer los candidatos y sus avales, decida cómo proclamarlos: de forma directa, con propuesta de nombre y ratificación, o con votación abierta a la militancia. 

Tras el movimiento de Martí Galbis, falta ver cómo reacciona la dirección, y si confirma a Josep Rius, que además de concejal en la ciudad es diputado en el Parlament y vicepresidente del partido. Antes de él, la dirección del partido barajó nombres de mayor impacto, como el empresario Tatxo Benet, o el expresident Artur Mas, pero no fructificaron.

La dirección buscaba un golpe de efecto parecido al retorno de Xavier Trias en las elecciones de 2023. El exalcalde logró entonces la victoria para Junts frente al PSC de Jaume Collboni y los Comuns de Ada Colau, pero no consiguió acceder a la alcaldía debido la alianza entre estos últimos y el PP para aupar al socialista.

Desde entonces, Junts ha ejercido como líder de la oposición en el consistorio, con Martí Galbis como cara más visible. Abierto a algunos pactos con el PSC, en general ha quedado relegado por el interés de Collboni en buscar acuerdos a la izquierda con ERC y los Comuns.

Junts se abre a validar un hipotético decreto estatal de vivienda que incluya desgravaciones fiscales en la compra y el alquiler de vivienda, así como en el ahorro previo a la compra y la rehabilitación.

Ahora bien, desvincula esta posibilidad de una nueva prórroga de los alquileres, una iniciativa que, a su juicio, “no soluciona el problema”. Así lo han explicado fuentes del partido en Madrid, después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, avalara en una entrevista a la ACN activar estos incentivos propuestos por Junts. La formación considera que estas medidas deberían ayudar a paliar la crisis residencial, frente a unas políticas del Gobierno que “no son buenas”.

Al día siguiente de que decayera la prórroga de los alquileres en el Congreso, Junts ya apuntó la opción de aprobar un nuevo paquete que incluya la ampliación de los arrendamientos, siempre que también incorpore sus propuestas, como correcciones técnicas, garantías para los inquilinos y los incentivos fiscales.

En concreto, el partido de Carles Puigdemont plantea una rebaja del 15 % del IRPF para las cantidades pagadas por la hipoteca o el alquiler (con un límite de 11.630 euros anuales), garantizar que Hacienda no penalice fiscalmente a las personas mayores cuando abandonan su vivienda para ir a una residencia e incentivos para la rehabilitación de viviendas, entre otras medidas.

Esta semana, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que el partido “evaluará” las propuestas fiscales de Junts, porque la prórroga de los alquileres es “primordial”, informa ACN.

En este sentido, las fuentes consultadas de Junts reiteran que no ven con malos ojos la ampliación de los arrendamientos, pero cargan contra la forma de este real decreto y dudan de que el Gobierno español vuelva a llevar la medida al Congreso. Defienden que las desgravaciones en materia de vivienda, recogidas en una proposición no de ley, tienen un coste “asumible” para las arcas públicas estatales.

En Junts insisten que esto no debe entenderse como un acercamiento al Gobierno ni que se retomen negociaciones con PSOE y Sumar.

La del 14 de mayo de 2024 ha pasado a la historia como la noche en la que el independentismo perdió la Generalitat tras más de una década de procés. Aquellas fueron las primeras elecciones en que las formaciones que abogan por la ruptura con el Estado no sumaron mayoría en el Parlament, tras cuatro legislaturas consecutivas de dominio en la Cámara. Dos años después, los números del bloque formado por Junts, ERC y la CUP están lejos de mejorar.

Las encuestas son especialmente duras para Junts, el partido que más está sufriendo la irrupción de Aliança Catalana (AC), una formación xenófoba y de ideología independentista que, aunque trata de recoger votantes de todos los espectros, es especialmente atractiva para quienes solían apoyar a Carles Puigdemont.

Más allá del asedio al que somete AC al resto, la llegada de esta fuerza a la Cámara catalana rompe las opciones de repetir lo que durante años se llamó “bloque independentista”, es decir, una serie de partidos que actuaban coordinados y, frecuentemente, pactaban para garantizar su permanencia en el Govern. Sin embargo, la formación de Sílvia Orriols es incompatible con ERC y CUP, que advierten que nunca participarán en una ecuación que incorpore a la extrema derecha.

En este escenario, ni siquiera una mayoría independentista en escaños –que ninguna encuesta ve probable– sería traducible en una investidura o un Govern de ese color, debido a la incompatibilidad de los votos necesarios para alcanzar la suma de 68 diputados.

La aparición de la fuerza capitaneada por Orriols es uno de los problemas de Junts, pero no el único. En el partido creen que el hecho de que Carles Puigdemont siga sin poder beneficiarse de la amnistía y volver a Catalunya los obliga a pelear con una mano atada a la espalda.

El empantanamiento de la situación personal y política del expresident en Bélgica es una de las claves para entender por qué en los últimos meses Junts ha roto formalmente con el Gobierno, al que apoyaron durante el primer tramo de la legislatura. Aunque la relación nunca se ha truncado del todo, en Junts creen ahora que el pacto con el Gobierno no da los réditos esperados mientras AC les come terreno por la derecha. Por eso últimamente los de Míriam Nogueras no han tenido complejos para aparecer en la misma fotografía que PP y Vox votando juntos en el Congreso.

Ese bandazo tampoco ha dado, por el momento, réditos a Junts, que en el terreno catalán es una formación sin un liderazgo claro en el Parlament y sin un candidato inapelable en Barcelona, sea cual sea el resultado de la pugna entre Josep Rius y Jordi Martí, que de momento se inclina en favor del primero.

De cara a las elecciones municipales, Junts está tratando de llevar a cabo una “reunificación”, según su terminología, del disgregado espacio de derecha nacionalista catalana que un día estuvo bajo la marca común de Convergència. En Manresa, Junts ha fichado a un concejal codiciado por Aliança y con un discurso semejante. En Sabadell, se acerca a un sector desgajado de ERC. Con los alcaldes y concejales antiguamente agrupados bajo el PDeCat, Junts aspira a ir cerrando acuerdos caso por caso.

ERC, entre la exigencia y la colaboración con Illa

En la sede de ERC se respira cautela pero también cierta sensación de alivio. Tras la debacle electoral que desalojó a Pere Aragonès del Govern llegó la decisión de firmar un acuerdo de investidura con Illa, que derivó en un congreso durísimo y que abrió el partido en dos mitades, dividido por la continuidad de Oriol Junqueras. Pero, una vez estabilizada la dirección, el último año ha sido más plácido y las encuestas acompañan.

La estrategia desplegada por Junqueras es más de gota malaya que de blitzkrieg. La idea general es apoyar y a la vez exigir a los gobiernos que están en el cargo, todos socialistas tanto en la escala estatal, como catalana e incluso en Barcelona.

Así, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Jaume Collboni y otros tantos alcaldes pueden contar con que ERC no va a intentar moverles la silla, habida cuenta de que la alternativa es la “extrema derecha o derecha extrema”, tal como suelen decir los republicanos. Pero si alguno de ellos quieren sacar delante legislación, acuerdos de gobierno o, sobre todo, presupuestos, ERC debe tener contrapartidas en cuestiones que considera estratégicas. Como la cesión del IRPF, que abortó los primeros presupuestos del Govern del PSC.

Esta política hasta ahora ha dado triunfos más bien magros a ERC, a la espera de que la nueva empresa mixta de Rodalies eche a andar, de ver qué pasa con la financiación o qué consigue a cambio de los próximos presupuestos, que Illa está convencido de que le aprobarán.

Pero las encuestas no van mal e incluso sitúan a ERC como segunda fuerza, capaz de remontar un vuelo que todo el mundo juzgaba imposible el 15 de mayo de 2024. Y eso, cuando Junqueras tampoco podría aún presentarse a las elecciones por no haberse podido acoger a la amnistía, es suficiente para refrendar la estrategia.

Una CUP invisible que busca su hueco en las municipales

El bloque independentista pasó en las últimas elecciones de controlar 74 escaños del Parlament (la mayoría está en 68) a quedarse en 59. ERC perdió 13, que la ligera subida de tres asientos de Junts no pudo compensar. Pero la bajada de la CUP no fue menos espectacular: se dejó cinco de sus nueve escaños y, en voto, perdió más de un 30%.

En aquel momento los cupaires pudieron pensar que habían sufrido un gran golpe. Pero lo que les deparaba una legislatura no era mucho mejor. Con el PSC en el Govern y los acuerdos de izquierdas en el Parlament con ERC y Comuns, la formación de la izquierda independentista ha quedado descolocada y ha perdido mucha de la visibilidad de la que gozó en otra época.

Ni siquiera el llamado “procés de Garbí”, una especie de refundación interna, logró volver a colocarlos en el mapa.

Y eso que los anticapitalistas no han renunciado a dar algunas batallas y a estar presentes en algunas negociaciones. Como ejemplo está la legislación para extender la regulación de precios a los alquileres de temporada, donde la CUP se entendió con el PSC, así como con los Comuns y ERC. En ámbitos como el policial, en cambio, la formación se ha destacado como uno de los grandes flagelos del Govern.

La CUP encara el reto de volver a ser una formación con influencia mirando a las elecciones locales del próximo año. El municipalismo, que fue el gérmen de este partido, vuelve a ser un valor refugio cuando algunas encuestas los ven fuera del Parlament. Una de las claves será si mantienen la alcaldía de Girona, ahora en manos de Lluc Salellas, que finalmente opta a la reelección.

Junts se ha sumado a la lista de partidos de la oposición que exigen dimisiones en masa por los recientes escándalos con los Mossos. Como ya hicieron este viernes los socios de Illa en el Govern, el partido de Puigdemont ha salido a la palestra para exigir la destitución del director general del cuerpo, Josep Lluís Trapero, así como la de las conselleres de Interior, Núria Parlon, y Educación, Esther Niubó por la infiltración de dos agentes de la policía catalana en una asamblea de profesores.

Hasta este sábado, los postconvergents se limitaron a exigir explicaciones a un Govern que pasó más de 24 horas sin aclarar si los Mossos habían ordenado -y por qué- infiltrar a agentes en las reuniones convocadas por el sector para preparar las huelgas convocadas durante este final de curso. Pero ahora han decidido subir la apuesta y pedir ceses: “Es un Govern fallido”, ha apuntado Jordi Turull, secretario general del partido en una atención a medios.

Desde la formación lamentan que Illa “trate a los profesores como delincuentes” y ha añadido que “espiar reuniones de maestros es algo que sólo hacen las dictaduras”. Turull ha cargado duramente contra el President, afeándole que se “llene la boca” hablando de la lucha contra la extrema derecha y la defensa de las libertades, mientras perpetra “ataques a derechos fundamentales como el de reunión o huelga”.

Después de horas de silencio, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, emitió un comunicado el pasado viernes para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Esta explicación no ha contentado ni al sector ni a buena parte de la oposición. Los Comuns y ERC -socios de Illa-, así como la CUP y recientemente Junts, han exigido no sólo dimisiones sino también más explicaciones y disculpas por parte del Govern a los professores y a la sociedad en general.

Que Junts exija ahora la dimisión del director general de los Mossos rubrica la ruptura con Trapero, que pasó de ser un héroe para el independentismo debido a su papel com 'major' durante el procés y el 1 de Octubre, a un traidor. Quien llegó a ser imputado por sedición por su papel al frente de la policía catalana durante esas jornadas, decepcionó a sus acólitos durante el juicio del procés, cuando aseguró que nunca había compartido “el plan ideado por el Govern de alcanzar la independencia”. Incluso llegó a afirmar que tenía un “plan” para detener a Puigdemont si así se lo hubiera ordenado el juez.

Tras su absolución, en 2020, Trapero volvió al cargo, pero por poco tiempo. Fue destituído por el Govern de ERC en 2023. Un año después, Trapero fue rescatado por Illa y le nombró director general de la policía catalana, un cargo con mucha más carga política que el de major. De hecho, es la primera vez que este puesto lo ocupa un Mosso d'Esquadra.

Otras dimisiones

En su comparecencia ante los medios, Turull también ha exigido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, debido a la crisis de Rodalies. Esta petición no es nueva: hace más de un año que la formación exige su cese, pero este sábado la han reiterado tras conocerse el descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí este viernes, sólo una semana después de la reapertura de un túnel que estuvo cerrado por obras.

Esta noticia se da, además, el mismo día en que el Govern ha retirado la medida que hacía que Rodalies fuera gratuito hasta que se resolviera la crisis que afecta a la frecuencia y velocidad de los trenes desde el accidente mortal de Gelida, ahora hace tres meses.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

“Esto no acaba aquí”. Esas fueron las primeras palabras que pronunció el pasado martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en los pasillos del Congreso apenas unos minutos después de que la mayoría que forman PP, Vox y Junts tumbara el decreto de medidas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, que contenía la prórroga de los alquileres que vencieran en 2026 y 2027. Desde entonces, Bustinduy y el resto de los principales dirigentes de Sumar se han afanado en mantener el foco mediático sobre este asunto. Y en el partido cunde la sensación de que la presión social terminará obligando a moverse a los actores que ven con más reticencias la prórroga: el primero, Junts, pero también el Ministerio de Vivienda.

Desde el varapalo parlamentario del martes, Bustinduy ha iniciado un periplo mediático para expresar el mismo mensaje que difundió ya en la tribuna del Congreso: que la pelea por la prórroga de los alquileres se va a mantener. Lo mismo planteó este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que aseguró que su coalición no se va a “rendir” e insistió en que, aunque el decreto de vivienda fue “derrotado en el Congreso”, las medidas que contiene están “ganadas en la calle” y esa “fuerza social” hace inevitable que terminen convirtiéndose en ley. 

En privado, el análisis que hace Sumar es el mismo: que el debate sobre la medida ha calado en la sociedad y que hay “caldo de cultivo” como para, al menos, pelear la reactivación de la prórroga de los alquileres. Y las fuentes consultadas señalan un hito clave en este pulso: la manifestación convocada el próximo 24 de mayo en Madrid por el Sindicato de Inquilinos bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida, bajemos los precios”, que el ala minoritaria del Gobierno aspira a que sea al menos tan masiva como las celebradas en 2024 y 2025 en varias ciudades de España y cuyo manifiesto emplaza a las “vecinas, sean propietarias o inquilinas”, a protestar para “acabar con el modelo especulativo de la vivienda”. 

Con esa marcha en el horizonte, Díaz se mostró convencida el jueves en una entrevista en RNE de que aún hay espacio para “negociar” con Junts y afirmó que Sumar va a “trabajar con la parte socialista” del Ejecutivo para recuperar la prórroga de los alquileres al mismo precio, si bien evitó poner una fecha para culminar esa negociación. Lo cierto es que, por ahora, no ha habido ningún movimiento concreto, y los partidos se han limitado a marcar públicamente sus posiciones después de la derrota parlamentaria del decreto del pasado martes. Pero también es verdad que, frente a la negativa rotunda y el escaso entusiasmo por la medida que expresaban la semana pasada Junts y el PSOE, respectivamente, tras la votación del martes sus discursos han cambiado.

El jueves, por ejemplo, la portavoz de los independentistas catalanes en el Congreso, Míriam Nogueras, se mostró dispuesta en TVE a negociar con el Gobierno un nuevo decreto de medidas de vivienda, e incluso le reprochó su “lentitud” a la hora de poner en marcha iniciativas para afrontar la crisis. La posición de Junts es aún muy lejana a la del Ejecutivo, pero Nogueras incluso verbalizó lo que para su grupo es “imprescindible” que incluya un nuevo decreto: medidas como las desgravaciones fiscales para “toda persona que esté pagando” un alquiler o la recuperación de la “seguridad jurídica” —aunque no concretó a qué se refería con ello.

Junts mantiene la puerta entreabierta y el PSOE pide tiempo

Las palabras de la portavoz de Junts suponen la culminación de un brusco viraje que comenzó el lunes, cuando la formación confirmó que derribaría el decreto el martes pero abrió la puerta a convalidar un nuevo paquete de medidas siempre que contemplara sus demandas, que además de las rebajas fiscales o la “seguridad jurídica” también incluyen la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. Sumar intentó ensanchar esa vía para salvar a última hora el decreto, pero no hubo movimientos por parte del ala socialista del Gobierno, que consideró que los de Carles Puigdemont únicamente querían tener un relato que les permitiera no ser culpados del fracaso del decreto. 

Varios días después de tumbar el texto, Junts mantiene sin embargo la puerta entreabierta al menos a negociar. Fuentes del partido, de hecho, sostienen que la pelota está en el tejado del PSOE y que ellos se encuentran “a la espera” de recibir una llamada, aunque también dejan caer que, si los socialistas no están en las tesis de Sumar —que se ha abierto a aceptar las demandas de Junts a cambio de recuperar la prórroga de los alquileres—, “no merece la pena hablar”.

Por ahora el PSOE no ha dado pasos concretos, y fuentes de la Moncloa piden tiempo para preparar una propuesta que poder renegociar con los grupos parlamentarios. “No sabemos cómo articularlo todavía, no podemos avanzar pantallas a la velocidad de la luz”, explican estas fuentes. Sin embargo, el discurso del ala socialista del Gobierno ha experimentado un cambio importante en los últimos días: si la semana pasada fuentes de ese sector admitían en privado que no querían involucrarse en la negociación porque la daban por perdida desde el primer momento, este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró públicamente que el viraje de Junts ha abierto “una ventana de oportunidad”.

“Yo le agradezco a aquellos grupos que se están abriendo a la posibilidad de alcanzar esos acuerdos”, y particularmente “a Junts”, planteó Rodríguez, que anunció que mantendrá una “ronda” de reuniones con los grupos parlamentarios y se mostró abierta a aceptar las ayudas fiscales que reclaman los independentistas, puesto que la propia Moncloa las planteó hace unos meses. Fuentes del Ministerio de Vivienda se muestran optimistas ante la posibilidad de negociar, aunque también abren la puerta a rebajar la “medida de máximos” que supone, a su juicio, la prórroga “unilateral” de los contratos de alquiler, que era la que contemplaba el decreto que fue rechazado el martes pasado.

Vivienda, asimismo, ha asegurado en los últimos días que tiene intención de “intensificar los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año”. Esa ley, no obstante, es una materia completamente diferente a la de la prórroga de los alquileres, y lleva meses varada en el Congreso por falta de apoyos.

Junts ha denunciado que su diputada en el Congreso Marta Madrenas ha sido acosada este miércoles en Madrid por haber votado en contra del decreto de prórroga de alquileres, un episodio que fuentes del partido vinculan al «señalamiento» que hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su grupo durante el debate.

Según han explicado a EFE fuentes del partido que han presenciado los hechos, la escena ha ocurrido en los alrededores del Congreso, cuando un hombre se ha acercado a la diputada asegurando que la conocía «de haberla visto en la tele» y, acto seguido, ha empezado a increparla.

El hombre la ha seguido durante un trecho, mientras le gritaba que «por su culpa a millones de personas las iban a echar de su casa», y finalmente le ha escupido, si bien no ha llegado a alcanzarla.

Precisamente fue Madrenas quien este martes defendió desde la tribuna del hemiciclo el ‘no’ de Junts al decreto ley, que quedó derogado con los votos de Junts, el PP y Vox.

La diputada y exalcaldesa de Girona sostuvo que el decreto era «jurídicamente defectuoso», «económicamente incoherente» y socialmente «ineficaz» y lo enmarcó en una «operación de propaganda» con «sesgo ideológico» y «alergia sistemática a los propietarios».

El momento de mayor tensión en el pleno se produjo con la intervención de Rufián, que leyó el nombre de cada uno de los siete diputados de Junts para enfatizar que son los «responsables de que la gente viva hoy más angustiada».

Además, les dijo que la «bandera que comparten» con el PP y Vox es un billete de «50 pavos» que se sacó del bolsillo y colocó ante la tribuna de oradores.

Nogueras lamenta el «a por ellos» de Rufián

Fuentes de la dirección de Junts consultadas por EFE vinculan el episodio vivido hoy por Madrenas a la intervención de Rufián, a la que también se ha referido este miércoles su jefa de filas en el Congreso, Miriam Nogueras.

En declaraciones a TV3, Nogueras ha acusado a Rufián de lanzar un «a por ellos» contra JxCat «al más puro estilo Vox».

«Esta actitud no la había visto en nadie que no fuese de Ciudadanos o de Vox», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, en unas declaraciones que ha compartido el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en la red social X.

“¿Ustedes no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler?”, preguntó hace unas semanas desde el atril del Congreso Gabriel Rufián al grupo de Junts. La respuesta a esta pregunta está en una encuesta que realizó el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) en julio de 2025, centrada en la opinión de los catalanes en materia de vivienda. Y una de las conclusiones fue, precisamente, que Junts es el partido catalán que tiene menos electorado en alquiler.

El sondeo, que era la primera que se realizaba específicamente sobre la cuestión de la vivienda, incorporaba un largo cuestionario en el que se desgranaban las actitudes y valores de la ciudadanía ante este problema. Uno de los titulares que se desprendía fue la práctica unanimidad de los encuestados a la hora de reconocer las dificultades para acceder a un techo o cómo la vivienda se había convertido en un problema personal para uno de cada tres.

Pero el cuestionario también preguntaba por la situación personal de los encuestados, si vivían en un piso de alquiler, de propiedad u otras modalidades y, también, con qué partido político simpatizaban más.

Este cuestionario permite así cruzar ambas variables y saber en qué régimen vive el electorado de cada partido. De esta forma, se observa que Junts es la formación catalana con más propietarios entre sus electores, seguido de Aliança Catalana, mientras que Vox es la que tiene más votantes en alquiler, con la CUP en la siguiente posición.

Si tomamos al conjunto de los catalanes, el 28,6% viven en residencias alquiladas por ellos mismos o por personas de su entorno. Junts y Aliança tienen prácticamente la mitad de simpatizantes que tengan que pagar la renta al final del mes.

ERC también es un partido con más propietarios que la media, aunque en cuestiones de vivienda suele situarse en posiciones contrarias a las de Junts y más cercanas a Comuns y PSC, que tienen un 25,8% y un 25,4% de inquilinos entre sus votantes respectivamente. El PP se sitúa más cercano a la media.

Para entender estos resultados conviene tener en cuenta la edad de los votantes. Según los perfiles demográficos del propio CEO, Vox y la CUP son dos partidos que suelen tener más votantes en franjas de edad más jóvenes, sobre todo entre los 25 y 40, época en que el alquiler es la fórmula más frecuente.

La encuesta del CEO especifica el tipo de situación personal respecto a la vivienda. Junts vuelve a aparecer como el partido cuyos votantes tienen menos preocupaciones con esta materia: el 42% tienen ya la vivienda pagada, el 22% está aún pagando la hipoteca y el 19% viven en la casa que un familiar o amigo tiene en propiedad. El PP también destaca como una formación de viejos propietarios: el 39% de votantes tiene piso y no hipoteca.

En cuanto a las personas que alquilan su casa para vivir ellas solas o con sus familias, Aliança es el partido que tiene menos simpatizantes en esta situación, seguido de Junts, Comuns y ERC. En cambio, Comuns y CUP son quienes más votantes tienen en alquileres compartidos, una modalidad que vuelve a denotar la juventud de sus electorados.

Una de las cuestiones que reveló la encuesta del CEO es que tener una vivienda en propiedad era un deseo absolutamente mayoritario, con valores por encima del 80%. Pero, además, la afirmación de que llegar a poseer una casa era un objetivo vital era refrendada no solo por quien ya la tenía o la estaba pagando; también por aquellos que estaban de alquiler o vivían en otras modalidades. Por eso una de las conclusiones del estudio es que la mayoría de las personas que viven de alquiler, lo hacen por necesidad y no como una opción vital.

La guerra de la vivienda no cesa de tener escaramuzas en el Congreso sin que esos enfrentamientos sirvan para que se pongan en marcha soluciones viables. El último intento de Sumar de prorrogar los alquileres fracasó ante el muro que forma la mayoría de derechas que existe en el Congreso. Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra. El PNV se abstuvo. La izquierda se estrelló ante su propia impotencia, que proviene de los resultados de las elecciones de 2023. Para algunas cosas, no es lo mismo estar en el poder que gobernar.

Sumar se negó a rendirse ante la aritmética de los escaños mientras el PSOE no había ocultado su falta de interés en la negociación del decreto al no ver posibilidades de éxito. “Vivir de alquiler se ha convertido en un riesgo de exclusión social”, dijo Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales estimó que diez millones de personas viven de alquiler y por tanto sufren ese riesgo. Al otro lado, “un 5% de la población percibe rentas por contar con viviendas en alquiler”.

Son las grandes empresas inmobiliarias las que “se están lucrando”, dijo. “Las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en casinos financieros”. A los que dicen que la solución pasa exclusivamente por aumentar la construcción de viviendas, respondió que no servirá si caen “en manos de gigantes financieros”.

Quien subió a la tribuna con ganas de entrar en el cuerpo a cuerpo y de dar nombres, fue Gabriel Rufián. Sacó del bolsillo un billete de 50 euros y lo puso sobre el atril. “¿Saben cuál es su bandera? –dijo refiriéndose a Junts–. La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Cincuenta pavos. La (bandera) que comparten con PP y Vox”. El portavoz de Esquerra leyó dos veces los nombres de los diputados de Junts para señalarlos. Acabado el discurso, se acercó a sus escaños e intentó entregarles unos papeles con los comentarios de personas que rechazan la posición de su partido. Fueron los diputados del PP los que más protestaron por un gesto que los de Junts ignoraron.

Marta Madrenas, de Junts, calificó el decreto de prórroga de “operación propagandística de legalidad jurídica muy dudosa”. Reprochó que no se haya incluido la obligación de pagar el alquiler, como si eso fuera imprescindible, cuando lo que todo el mundo sabe es que la gente paga cada mes su alquiler por mucho que le cueste. Hasta que no puede asumir más subidas y debe buscar otra vivienda.

Los argumentos del PP y Vox fueron idénticos. Su opción es dejar que el mercado funcione por su cuenta sin limitaciones y aumentar la construcción de pisos. “Cada vez que intervienen en el mercado, hay menos oferta y pisos más caros”, dijo Daniel Pérez Osma, del PP. En opinión de Carlos Hernández Quero, de Vox, lo que se está viviendo es la consecuencia de “una oferta absolutamente pírrica y una demanda artificialmente inflada”. Lo segundo, como es de esperar en Vox, por culpa de la inmigración. No hizo ninguna mención a los fondos extranjeros que hacen negocio con sus inversiones en vivienda.

Quero repitió argumentos de pasados discursos en los que hace un diagnóstico en el que no faltan argumentos de peso, pero en los que, a la hora de plantear soluciones, se limita a repetir lo que siempre ha dicho el Partido Popular. El protagonista del supuesto y publicitado giro social de Vox, que admitió que su hermana se hubiera beneficiado del decreto de prórroga, no pasa de repetir el discurso habitual de la derecha en el Parlamento.

Frente a la acusación de Quero de que la culpa la tienen “las ideas de Belarra, de Rufián y de Matute”, Bustinduy le respondió en la réplica que Blackstone tiene más de 30.000 viviendas en España. Para demostrar que ahí es donde desaparece el nacionalismo español de Vox, el ministro le preguntó: “Entre un fondo extranjero y una familia española, ¿usted de qué lado está?”. La respuesta está clara, porque Quero se opone a cualquier regulación del mercado, incluidas las que afecten a una multinacional como Blackstone.

Como se comprobó en el discurso de la portavoz de Junts, sí hay una intervención en el mercado que aceptan los grupos opuestos al decreto, la que consiste en aprobar desgravaciones fiscales en favor de los propietarios. Y hay que decir que se llevan años aplicando con distintos gobiernos sin que nadie haya podido confirmar que sirven para reducir el precio de los alquileres.

Intervenir en el mercado reduciendo la oferta pública es también lo que hizo en 2013 el Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella cuando vendió 1.860 viviendas de protección pública y locales de la Empresa Municipal de Vivienda al fondo de inversión Blackstone por 128 millones de euros. Cinco años después, el propio fondo valoró esas viviendas en 662 millones. Los alquileres subieron en 5,5 millones, un 49%, con respecto a 2015.

En 2008 casi el 80% de los hogares era de propiedad. El porcentaje cayó hasta el 64% en 2022, según un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC. Tener un empleo y un sueldo estables era antes una garantía de que se podría comprar un piso, una realidad que empezó a venirse abajo en 2008 y que se ha agravado desde entonces. Se ha producido un cisma en la sociedad. Los hogares que viven de alquiler han pasado del 11,9% al 19,2%. Los hogares que son además dueños de otras viviendas y las alquilan casi se han triplicado y han pasado del 3,4% al 9,8%.

Los dos millones de nuevas viviendas construidas desde entonces –una cifra claramente insuficiente– han profundizado una estructura en la que no deja de crecer la diferencia entre los que han aumentado el número de viviendas en propiedad y los que no tienen ninguna ni poder adquisitivo para comprar y para los que la única opción es el alquiler.

El de la vivienda es un problema que se ha convertido en estructural y en el que el sistema político está dejando tirados a millones de ciudadanos. En los últimos 25 años, el porcentaje de viviendas sociales en España se ha reducido a niveles ínfimos que son aún más escandalosos si se comparan con otros países de Europa Occidental. Nuestro país se ha convertido en un mercado muy rentable para los fondos de inversión extranjeros. Es también un mercado hostil y prohibitivo para los ciudadanos españoles.

El decreto de medidas para paliar la crisis de vivienda ya es historia. Este martes, PP, Vox y Junts volvieron a unir sus votos en el Congreso para derogarlo un mes después de que el Gobierno lo aprobase, y con ello tumbaron la posibilidad de que los inquilinos cuyos contratos de alquiler venzan en 2026 y 2027 —tres millones de personas en un millón de hogares, según el Ejecutivo— pidan una prórroga de sus arrendamientos al mismo precio. Pero Sumar se resiste a asumir esa derrota y apuesta por que el Gobierno vuelva a dar luz verde a la medida en Consejo de Ministros para darse al menos otro mes para negociar, una idea ante la cual el PSOE ha hecho oídos sordos, al menos por el momento.

A favor de convalidar el texto votaron este martes tanto PSOE y Sumar como sus socios habituales (ERC, EH Bildu, Podemos, BNG o Coalición Canaria), con la notable excepción del PNV, que se abstuvo tras conocer que el decreto ya iba a caer por la negativa de Junts a apoyarlo. La derrota, por tanto, fue contundente. Pero el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que la derogación del decreto no va a “disuadir” a Sumar “en la defensa de lo que es justo”, y prometió que el Gobierno va a “seguir peleando lo que haga falta hasta que prevalezca el derecho a la vivienda”.

Para ello, Bustinduy pidió al PSOE desde la tribuna del Congreso que tenga la “voluntad política suficiente” para trabajar “desde esta misma noche” para “volver a traer la prórroga” de los alquileres a la Cámara Baja. Y, una vez consumada la caída del decreto, insistió aún con más claridad: el Gobierno debe aprobar la medida, dijo, “las veces que haga falta”. Por ahora, no obstante, el ala socialista del Ejecutivo ha evitado responder a esa exigencia: fuentes del Ministerio de Vivienda se limitaron a asegurar minutos después de la derrota parlamentaria que “intensificará los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año”, una ley completamente diferente a la de la prórroga de los alquileres que lleva meses varada en el Congreso por falta de apoyos.

No obstante, incluso si el PSOE se aviniera a aprobar un nuevo decreto para recuperar la medida, la votación de este martes demostró que, hoy por hoy, no cuenta con los votos para ser convalidada. El Gobierno ha intentado escenificar que la negociación se ha mantenido abierta hasta el último momento, pero lo cierto es que el lunes el paquete de medidas quedó ya abocado al fracaso. Fue entonces cuando Sumar hizo una última intentona para tratar de convencer a Junts de que cambiaran de posición cediendo públicamente ante dos de sus exigencias clásicas: la puesta en marcha de más incentivos fiscales para los caseros y la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. Los de Yolanda Díaz instaron al PSOE a aceptar estas dos medidas para, al menos, intentar reencauzar la negociación con los independentistas, pero no hubo movimientos de última hora en el ala socialista del Gobierno, que considera que la formación de Carles Puigdemont tenía decidido desde hace semanas derribar el decreto y que, ante ello, poco se podía hacer.

Al PSOE, de hecho, le molestó que varios portavoces de Sumar criticaran horas antes de la sesión plenaria que la parte socialista del Gobierno no se haya implicado en la negociación, como confesaron fuentes de la formación. Y esa irritación se evidenció durante el debate, puesto que Bustinduy defendió el decreto en el Congreso sin que ninguno de los ministros del PSOE estuviera sentado en la bancada azul durante su discurso, si bien los socialistas no suelen acudir a los debates de los martes en el Congreso hasta el momento de la votación. Por el contrario, de Sumar sí estuvieron presentes tanto la vicepresidenta Díaz como el titular de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Sanidad, Mónica García.

Sabedor de que el decreto tenía las horas contadas, Bustinduy quiso poner a los grupos parlamentarios ante la disyuntiva de decidir entre “si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera”. El ministro hizo hincapié en que derribar la prórroga de los alquileres deja “a la intemperie” a los inquilinos que ya no podrán beneficiarse de ella, y aseguró que “esta votación no va del Gobierno” sino de una “ciudadanía” que “está harta de que, ante su principal preocupación, la política se desentienda”. “Ustedes elegirán qué intereses defienden y de qué lado se ubican”, espetó. Y acusó a PP, Vox y Junts de no tener “un solo argumento para desproteger a tres millones de personas”. “Lo van a hacer por cerrazón ideológica y porque se sienten impunes”, denunció.

Bustinduy criticó que “el mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España: no son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50%”. Y, ante la negativa de la derecha a apoyar el decreto, afirmó que “toda España” sabrá que “cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo”, “cada casting para visitar un piso impagable”, “cada familia que tenga que cambiar a sus hijos de colegio” o “cada trabajador que tarde 30 minutos más en llegar al curro” serán responsabilidad de PP, Vox y Junts.

Esa apelación, sin embargo, no sirvió para mover ni un ápice de su posición a Junts, que presumió de derribar un decreto que calificó de “operación de propaganda [...] jurídicamente muy defectuosa”, en palabras de su diputada Marta Madrenas. Eso sí: más allá de los “graves errores jurídicos”, Madrenas no se esforzó en ocultar que Junts está en contra de lo que la diputada calificó como “un viaje ideológico persistente” del Gobierno y, particularmente, de Sumar, a quienes acusó de tener “una alergia sistemática a los propietarios, a todos”. “Les imponen nuevas cargas, alteran contratos en vigor y no prevén ninguna compensación, nada, ni una: el Gobierno invita a la fiesta y los privados la pagan”, aseveró Madrenas.

La parlamentaria de Junts, asimismo, se refirió concretamente a la prórroga de los alquileres recogida en el decreto para calificarla de medida “estética” y, más aún, contraproducente. “Están generando una inseguridad jurídica sistémica, falsas expectativas y una futura litigiosidad masiva”, denunció Madrenas, que defendió que, frente a la prórroga de los alquileres al mismo precio, Junts plantea “una deducción fiscal al alquiler” más amplia incluso que la que ya existe. “Esto sí que sería una reducción directa del coste para las familias sin perjudicar a los propietarios”, argumentó la diputada, que no obstante evitó cuidadosamente afirmar que la aprobación de esta rebaja fiscal bastaría para que Junts se replanteara su apoyo a la prórroga de los alquileres en un nuevo decreto.

Bustinduy señala a Junts: “No todo son fichas en un tablero”

Bustinduy aprovechó su turno de réplica al final del debate para responder a Madrenas que su rechazo al decreto no se debe a “ninguna de las objeciones técnicas” que ha planteado. “Usted lo sabe, porque si esa fuera la causa, mañana mismo podemos retomar las negociaciones, resolver las dudas y garantizar el derecho a que sigan en sus casas cientos de miles de personas, incluyendo 200.000 hogares en Cataluña, pero no es esa la razón”, lamentó el ministro, que espetó a la diputada de Junts que “no todo son fichas en un tablero de negociación”. “La vida de cientos de miles de personas no debería ser una ficha en un tablero, y ustedes, tumbando este decreto, quizá persigan otras causas, pero el interés general de Cataluña y de los catalanes no”, acusó.

El titular de Derechos Sociales también chocó con el portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, que acusó con mucha contundencia al Gobierno de ser el culpable de la crisis de acceso a la vivienda por su política de “fronteras abiertas” que, dijo, ha hecho crecer de forma insostenible la demanda de inmuebles. “Nos ha dicho que su hermana es una de las personas que podría beneficiarse de la prórroga. Según su metáfora, usted tiene a su propia gente al borde del precipicio y lo que va a hacer hoy es empujarles”, espetó Bustinduy, que aseguró que, con su rechazo al decreto, Vox vota “a favor del saqueo de los barrios populares, a favor del negocio de buitres aristócratas” y “a favor del expolio a los trabajadores”.

“¿Entre una familia española y un fondo extranjero que expulsa a esas familias a la calle, Vox de qué lado está? ¿Quién tiene prioridad ahí?”, preguntó el ministro a Quero, que previamente había asegurado que la crisis de acceso a la vivienda se debe a que hay “mucha gente buscando casa y pocas casas disponibles”. “Este desequilibrio es una opción política: impedir o limitar la producción de vivienda, abrazar los controles de precios que llevan a desplomes severos de la oferta y, finalmente, abrir de par en par las puertas de nuestro país a millones de personas que también buscan alojamiento”, había resumido el diputado de Vox, a lo que Bustinduy contestó que, “entre España y los fondos buitre”, la ultraderecha elige a los segundos y que “no hay bandera y no hay pulsera que pueda tapar eso”.

El ministro también tuvo un duro cruce de argumentos con el diputado del PP Daniel Pérez, que afirmó que el decreto de medidas de vivienda “es improvisación, propaganda y supervivencia política” y sostuvo que “cada vez que el Gobierno interviene en el mercado ocurre lo mismo, menos oferta, más dificultades y precios más altos”. “Entre su electorado ustedes tienen el doble de inquilinos que de caseros, ¿ustedes creen que van a poder explicar que van ustedes a dejar a tres millones de compatriotas desamparados a su suerte?”, le respondió Bustinduy, que recordó que la derogación de la prórroga de los alquileres va a suponer a los inquilinos “un coste medio de 2.000 euros por hogar al año, y en ciudades como Madrid, de 600 o 700 euros más al mes”. “A sus votantes, a su gente, dos tercios de los cuales apoyan esta medida”, denunció.

El PSOE rechaza las críticas de la izquierda

Durante el debate, Bustinduy evitó criticar al PSOE por su falta de implicación en la negociación del decreto y, a diferencia de lo que hicieron algunos de sus compañeros de filas de Sumar en la mañana del martes, se limitó a pedir expresamente a los socialistas que el Gobierno vuelva a poner en marcha la prórroga de los alquileres en un nuevo decreto. Pero el PSOE se sacudió las críticas de la izquierda y defendió que “si mañana sube el precio del alquiler, será por ellos (PP y Vox)”. “Creo que no tenemos que errar el tiro, las izquierdas no tenemos que equivocarnos de adversario”, defendió desde la tribuna el diputado del PSC Ignasi Conesa durante su intervención en el debate parlamentario. 

La realidad es que los socialistas nunca creyeron en la viabilidad de una medida que se empeñaron en dejar al margen del paquete de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Irán por la certeza de que una medida así no contaría con el respaldo necesario. “Es que las habas están contadas. Claro que defendemos esas medidas, las defendemos tanto que las hemos aplicado mucho tiempo. Pero es que las posturas están muy claras y Junts nos ha dicho a la cara que no había ni margen a la negociación”, defienden en el grupo parlamentario. 

De hecho, en el PSOE deslizan que buena parte del debate político propiciado por Sumar con este decreto tiene más de performativo que de política real, dada la imposibilidad de sacarlo adelante y el momento de debilidad política por el que atraviesa el espacio hasta ahora liderado por Yolanda Díaz. Tanto es así que, según esas mismas fuentes socialistas, la cacareada negociación de Sumar con grupos como Junts apenas si se ha producido de manera simbólica. “Es que no había margen. No había nada que negociar y se ha visto en la votación. La hemos votado a favor los que estábamos a favor y la han votado en contra los que estaban en contra. Ha sido así desde el principio. Que lo asumamos no significa que no apoyemos esas medidas y que nos parezca injustificable la postura de las derechas”, añaden. El diputado socialista le recriminó ese voto al PP y Vox: “Mucha prioridad nacional, pero si echan a un español de su casa, viva el especulador sea de donde sea”.

Unas horas antes de que el decreto decayese por el voto en contra del PP, Vox, Junts y la abstención del PNV, Pedro Sánchez enarbolaba la bandera antiespeculación para defender explícitamente la intervención del mercado. “La especulación expulsa a familias de los barrios y convierte los centros urbanos en parques temáticos, destruye la identidad y el alma de las ciudades. Hay capitales en las que las familias destinan más del 70% de sus ingresos a la vivienda. Y eso es una fuente de injusticia y de malestar social”, dijo durante su intervención en el Bloomberg CityLab 2026 en la que pidió la aplicación de la ley de vivienda. 

“Hay un dilema que hay que resolver: o mirar hacia otro lado, o intervenir un mercado que no funciona. La ley de vivienda es una herramienta que permite declarar zonas tensionadas y actuar sobre los precios de forma sensata. Les da herramientas a los gobiernos autonómicos, pero hay una condición: querer aplicar esta herramienta”, apuntó el presidente.

El decreto de vivienda que, entre otras medidas, incluye la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 será tumbado en el Congreso —salvo vuelco de última hora— por la mayoría que forman PP, Vox y Junts. Fuentes de la formación independentista confirmaron este lunes su rechazo al paquete de medidas aprobado hace un mes, sobre cuya convalidación decidirá la Cámara Baja este martes. Pero también señalan que, aunque no vayan a apoyar que el texto siga en vigor, depende del PSOE poner en marcha un nuevo decreto que sí se abrirían a apoyar si incluyera, además de la prórroga de los alquileres, medidas como las ayudas fiscales a caseros o la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. “Sumar ha entendido qué defiende Junts y está dispuesto a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE?”, espeta Junts.

Este lunes por la mañana, a poco más de 24 horas de que el Congreso vote la convalidación del decreto de vivienda que afecta a la renovación de cerca de un millón de alquileres, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sorprendía al deslizar que a lo largo del día “podrían darse las condiciones” para desbloquear la negociación con Junts. En concreto, Bustinduy aseguró que Sumar estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones del partido de Carles Puigdemont a cambio de su voto a favor del texto, y entre ellas mencionó “matizaciones sobre la prórroga de los alquileres”, así como las ya mencionadas exenciones impositivas a los propietarios de pisos en alquiler y el IVA franquiciado para los autónomos. España, de hecho, está obligada a aprobar esta última medida por tratarse de una directiva europea.

El ministro, eso sí, aseguró que ese acuerdo solo sería posible si existía “voluntad política” por parte de Junts, pero también del PSOE, que desde el primer momento se ha desentendido de la negociación del decreto de vivienda y la ha dejado en manos de Sumar. Y, aunque los independentistas confirmaron horas después de las palabras de Bustinduy que mantienen su intención de votar en contra del decreto este martes —y, por tanto, de tumbarlo—, también apuntaron directamente a los socialistas e indicaron que la vía planteada públicamente por Sumar es la que sí podría conducir a que Junts aceptara un decreto con medidas de intervención en el mercado de los alquileres.

“Las declaraciones de hoy de Sumar acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE? ¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo y por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y de los pequeños propietarios?”, plantean fuentes del partido de Puigdemont. Y, al confirmar su voto en contra de la convalidación del decreto de vivienda este martes en el Congreso, estas mismas fuentes llaman la atención sobre que es un texto que “no se puede modificar” para incluir sus propuestas, porque la votación solo admite un sí o un no de los grupos parlamentarios.

El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, considera que la posición de Junts deja la puerta deliberadamente abierta para aprobar un nuevo decreto que incluya las medidas exigidas por los independentistas a cambio de que estos se comprometan a aceptar que también esté en el paquete la prórroga de los alquileres. Y, al haber ya asegurado públicamente la alianza liderada por Yolanda Díaz que está dispuesta a ceder con las ayudas fiscales a caseros y la puesta en marcha del IVA franquiciado, sería el Ministerio de Hacienda —controlado por el PSOE y que ya conoce las exigencias de Junts— con quien Puigdemont tendría que negociarlas y el que, en su caso, debería darles luz verde.

No obstante, fuentes socialistas rebajan las expectativas, ven muy lejano un entendimiento con Junts y se mantienen en la misma tesis que han mantenido desde que el Consejo de Ministros aprobó el decreto, hace un mes: que la medida estaba condenada al fracaso porque en el Congreso no hay una mayoría de diputados que la compartan. De hecho, el PSOE siempre ha sostenido que Sumar era consciente de esta realidad, y las fuentes consultadas deslizan que los ministros capitaneados por Díaz se empeñaron en aprobar la prórroga de los alquileres por su necesidad de marcar perfil propio en un momento de debilidad.

“Saben lo que planteamos”

Sea como fuere, fuentes de Junts aseguran que ya han dejado “claras” sus propuestas en materia de vivienda, “tanto en la tribuna como en el registro del Congreso”. Entre las iniciativas que plantean se encuentran “que el Estado español pague las políticas sociales, que se deduzcan alquileres e hipotecas” o “que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que se encuentran en una residencia”. Estas fuentes de Junts, asimismo, insisten en que el Gobierno “tiene pendiente resolver muchos temas, como el de los autónomos: eliminación del IVA por debajo de los 85.000 euros y rebaja de la cuota de los autónomos que se subió por la puerta de atrás”. “Saben lo que planteamos”, afirman.

Así las cosas, como Junts va a tumbar este martes el decreto que el Consejo de Ministros puso en marcha hace un mes, la posibilidad de solicitar una prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 al mismo precio quedará derogada a partir del miércoles. La única manera de que eso no ocurra es que el Consejo de Ministros diera luz verde este mismo martes a un nuevo decreto que activara de nuevo la medida. Ese texto, no obstante, debería incluir las medidas que plantea Junts para no enfrentarse a la misma falta de mayorías dentro de un mes, cuando fuera enviado al Congreso para su convalidación.

Los tiempos son muy apretados, aunque lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría llevar en mano al Consejo de Ministros un texto este mismo martes. Si eso no ocurriera, el Gobierno tiene plena capacidad para aprobar un nuevo decreto en cualquier momento, pero hasta ese momento la prórroga de los alquileres decaería y los inquilinos a los que les venciera el contrato no podrían acogerse a la misma, como sí han podido hacer durante el último mes. Según el Ministerio de Derechos Sociales, hasta un millón de hogares —lo que equivale a más de dos millones de personas inquilinas— tienen derecho a beneficiarse de la medida.

Junts ha anunciado este lunes que votará en contra del decreto sobre vivienda que se somete a la convalidación del Congreso de los Diputados este martes. Fuentes de la formación independentista han confirmado a elDiario.es que su voto será 'no' y que no está “negociando nada” con el Gobierno, aunque también deslizan que el Ejecutivo “sabe qué plantea” Junts de cara a alcanzar un acuerdo en materia de vivienda: entre otras medidas, más descuentos fiscales para los propietarios de viviendas en alquiler o la puesta en marcha del “IVA franquiciado” para los autónomos.

Precisamente a primera hora el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había asegurado este lunes que “podrían darse las condiciones” para que se cerrara un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que los independentistas catalanes permitieran la convalidación del decreto de vivienda. En concreto, el dirigente de Sumar aseguró que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones clásicas del partido de Carles Puigdemont en materia de vivienda a cambio de su voto a favor del texto.

En una entrevista en La hora de La 1, Bustinduy apeló a la “voluntad política” tanto de Junts como del PSOE —que hasta ahora ha dejado en manos de Sumar la negociación— para cerrar ese pacto “en el tiempo que queda”, que es corto, puesto que el paquete de medidas se debatirá y votará este martes por la tarde. “Junts, en las últimas semanas, ha puesto sobre la mesa algunas de las condiciones que piden para poder reconsiderar su voto: algunas son matizaciones sobre la prórroga de los alquileres, también alguna medida fiscal que no es nuestro modelo, pero que podría merecer la pena, y han planteado el IVA franquiciado de los autónomos”, que es “una transposición de una directiva europea” que el Gobierno está obligado a aceptar pero cuya aprobación podría acelerar, enumeró el ministro.

Hasta ahora Junts había sido taxativo en su negativa a apoyar el decreto de prórroga de los alquileres y este lunes las fuentes consultadas han insistido en ese 'no'. Hace más de una semana, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que el decretó no iba a tener su voto a favor, e insistió en que el partido lo ha “dicho el primer día”. “Y lo sabían ellos también, yo creo que incluso antes de aprobarlo”, espetó.

Pese a ello, Bustinduy se ha mostrado optimista. “Hay herramientas con las que se podrían incorporar algunas de esas medidas que pide Junts, que son de ámbito tributario y que tienen que ver con la situación de los autónomos”, ha asegurado el ministro, que ha afirmado que “conversaciones hay siempre abiertas con todos los grupos parlamentarios” al ser preguntado por si Sumar sigue teniendo abiertas negociaciones con los de Puigdemont. “Yo espero es que esas conversaciones se materialicen en las próximas horas en un acuerdo que pueda mandar un mensaje muy claro a las familias españolas: que el Gobierno y el Congreso van a proteger sus condiciones de vida frente a un mercado de la vivienda secuestrado por unas lógicas de especulación”, ha planteado.

En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de la cuota de Sumar, ha asegurado que ha sido Junts quien ha puesto las dos medidas —las bonificaciones fiscales para caseros y el IVA franquiciado para los autónomos— “sobre la mesa” y ha afirmado que esas iniciativas “no deben ser un obstáculo para la convalidación del decreto” de vivienda. La negociación “requiere de generosidad por parte de todo el mundo”, ha planteado Urtasun, que ha evitado confirmar que Sumar esté negociando directamente con Junts pero sí ha dicho que “conversaciones hay a todas horas” con todos los partidos.

Bustinduy y Urtasun, además, se han mostrado muy críticos con el PP no haber querido ni siquiera “sentarse” a discutir sobre el decreto de alquileres. “El 20% de los votantes del PP son inquilinos y el 20% de la población española son inquilinos, y se han negado siquiera a sentarse para hablar”, ha denunciado el titular de Derechos Sociales, que también ha confirmado que no ha recibido respuesta a la carta que entregó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para solicitarle que reconsiderase su postura. “No han expresado un solo argumento para oponerse” a una medida que “el sentido común, el interés general” y “la opinión de sus propios votantes” avalan, ha afirmado.