Cuando el 23 de julio de 2023 todo el mundo daba por hecho que el PP y Vox gobernarían en La Moncloa, la noche electoral brindó la sorpresa política: el PSOE podría repetir gobierno de coalición si convencía a Carles Puigdemont, huído desde 2017 a Bélgica, para que sus siete diputados votasen sí a su investidura. A cambio, Pedro Sánchez prometió y aprobó una Ley de Amnistía traumática para muchos socialistas, y que desató la furia de la ultraderecha y la derecha política, mediática y judicial. El respaldo de Junts siempre estuvo condicionado a grandes cesiones en un proceso negociador muchas veces al límite del precipicio para el Gobierno. 

Más de tres años después, cuando Puigdemont ya puede regresar a España sin ser perseguido por la justicia, es de nuevo el líder independentista catalán el artífice de accionar el botón nuclear de la política española, al votar no a los decretos de vivienda que agitan las calles estos días, y poner fin así a la legislatura. Con Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, analizamos qué hay detrás de la estrategia seguida por Puigdemont y su partido a lo largo de estos años.  

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Escucha el episodio especial de Un tema Al día grabado en directo el pasado 3 de octubre en el Teatro Lope de Vega de Madrid.

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido Carles Puigdemont, expresidente catalán, líder de Junts y al que ha tildado de “fugado retornado”, que “pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña”.

Page ha advertido que, “solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía. La inmensa mayoría de los españoles no la hemos aceptado moralmente y, por tanto, no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de mercadeo”.

De este modo ha reaccionado el presidente castellanomanchego, un día después de que el aval del Tribunal Constitucional a la aplicación de la amnistía motivase que el Supremo levantara la orden de detención que pesaba en contra del político catalán, que ya puede regresar a España.

Page ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, donde ha reflexionado en torno a los 45 años que cumple esta feria y al medio siglo de la aprobación de la Constitución.

“Es bueno que este país tenga a gente que se encargue de preparar los 50 años de la Constitución española, no sea que, entre dimes y diretes, nadie caiga en la cuenta de que, dentro de nada, y hay que empezarlo a preparar desde ya, hay que celebrar por todo lo grande la Constitución española”.

“Estoy seguro de que no todo el mundo la va a celebrar. Sin duda, por ejemplo, el fugado retornado, es seguro”, ha dicho en alusión al regreso de Puigdemont a España.

La convocatoria electoral ya está publicada en el BOE. También, de nuevo, los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó al Gobierno la semana pasada. Lo que pasa es que ahora, con las elecciones convocadas, el parlamento está disuelto… Y PP, Vox y Junts ya no pueden tumbar las medidas de vivienda. Están en vigor, y lo siguiente, en 30 días… Es que la Diputación Permanente, una representación del Congreso hasta que se vuelva a conformar la cámara legislativa, las convalide o las tumbe. ¿Entonces? Pues el truco consiste en que en esta Diputación Permanente las mayorías son distintas. Y el Gobierno no necesita el voto de Junts, le vale con el PNV para intentar, al menos, convalidar el primer decreto. 

¿Es cuestionable este método? ¿Tiene amortizadas las críticas a este tipo de procedimientos Pedro Sánchez y lo apuesta todo por la vivienda? Lo abordamos con los periodistas de elDiario.es José Enrique Monrosi y Germán Aranda.

Fe de erratas: en una versión anterior de este episodio se afirmaba que el segundo decreto de vivienda entraba ya en vigor hasta que, presumiblemente, lo tumbara la Diputación Permanente. No es así: entra en vigor el 15 de noviembre. 

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“No volveremos al servicio de nuestro partido, sino de nuestro país”. Con estas palabras celebró este martes Carles Puigdemont que, tras nueve años, su horizonte judicial ha comenzado a resolverse y sus planes para retornar a Catalunya como persona libre empieza a tomar cuerpo. Aunque el expresident ha evitado poner fecha a su vuelta, en su entorno dan por hecho que lo hará de manera “inminente pero segura”, sin confirmar si desea hacerlo coincidir con la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras la corrección del Constitucional al Supremo en su negativa a aplicar la amnistía, el juez Llarena ha retirado la orden de detención en España que desde 2017 impedía al expresident volver. Esto implica que, desde este martes, Puigdemont puede pisar Catalunya sin ser arrestado.

Puigdemont, horas después de conocer la decisión judicial, ha evitado públicamente poner fecha a su regreso. En una declaración institucional, ha remarcado que la prioridad en su vuelta será el “servicio al país”, al tiempo que ha admitido que los nueve años fuera de Catalunya han supuesto un lastre. “No podemos negar que pese al fracaso de la estrategia para extraditarnos, la represión ha tenido consecuencias en el terreno familiar, personal, social y político”, ha aseverado.

Para el retorno definitivo del expresident todavía faltan unos días o, quizás, semanas: Puigdemont prefiere esperar, como mínimo, a que el juez Llarena certifique en un nuevo auto que le aplica la amnistía. No hay un plazo tasado, pero la resolución se producirá una vez el expresident u otro exconseller aporte al Supremo la sentencia del Constitucional sobre la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa, que sienta doctrina para amnistiar al resto de dirigentes.

Antes de rubricar oficialmente esta primera sentencia sobre la amnistía que servirá a Puigdemont y al resto de dirigentes, el Constitucional tiene que recabar los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía a Bassa. Cuando se completen, el Supremo amnistiará a todos los políticos que desde 2024 esperan el olvido penal del procés.

Por eso, en el entorno del expresident se impone la cautela, más aún después de casi diez años de batalla judicial con el Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha advertido de que el líder de Junts volverá a Catalunya “una vez esté aplicada de forma integral la amnistía”, pero que no se precipitará.

Esta es la “seguridad” que el equipo del expresident desea para activar el retorno. Pero no menos importante es la dimensión política de un retorno simbólico y largamente esperado por muchos catalanes. Puigdemont desea dar un sentido institucional y “de país” a su regreso, por lo que medita sobre si conviene hacerlo antes o después de las elecciones del 29N. Según opinó el propio Boye en los micrófonos de 3CatInfo, “lo más sensato” sería que Puigdemont esperara a que pasaran los comicios.

Los fieles del expresident, que este martes tras la decisión del juez Llarena brindaron con cava tanto en Barcelona como en Bruselas, han imaginado durante nueve años cómo sería el día que Puigdemont y sus compañeros en Waterloo pudieran volver a Catalunya. Tal como detalló él mismo, su intención es recorrer Catalunya, observar de cerca los cambios sufridos durante su ausencia y poder pulsar el estado de ánimo de la población.

“En términos de la relación Catalunya-España no se soluciona hoy nada”, ha proclamado Puigdemont. “La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico, pero no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley, el enorme significado que tiene como desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que éste no era el camino”, ha añadido.

El líder de Junts desea que su vuelta sea una victoria política, “del exilio contra la represión”, y hacerlo en clave del independentismo en su conjunto y no solo de su propio partido. Esa ha sido una de las claves del mensaje pronunciado desde Bruselas, que encaja con el interés que en los últimos meses ha mostrado por recobrar en lo posible su halo institucional desde Waterloo.

Por eso en las filas del expresident descartan de plano la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato, tal y como se había llegado a especular. Consideran que eso sería tanto como “españolizar” el retorno, es decir, ponerlo al servicio de una agenda con epicentro español y no catalán. Una vuelta que desean que sea un evento histórico propio, es decir, que ni esté eclipsada por las elecciones convocadas por Pedro Sánchez ni tampoco responda a un calendario convenido por los tribunales.

Junts, necesitado del impulso de Puigdemont

El deseo del expresident de mantener, al menos durante los primeros compases de su vuelta a Catalunya, un perfil de corte más institucional que partidista no impide que, en Junts, esperen el regreso como un revulsivo para el partido. La formación fundada por el propio Puigdemont sobre los rescoldos de Convergència atraviesa ahora el momento más apurado de su historia, con unas encuestas alarmantes que subrayan la fuga de sus votantes hacia la xenófoba Aliança Catalana.

Numerosos dirigentes de Junts ven en el regreso de su líder un punto de inflexión –quizás el último– para que el partido pueda volver a conectar con la pulsión de su electorado. También para que la independencia vuelva a ser considerada un objetivo posible y no un debate del pasado. De eso depende en buena medida, creen, la batalla entre Junts y Aliança y el futuro de ambas formaciones.

Carles Puigdemont lleva fuera de España desde el 30 de octubre de 2017. Llegó a Bruselas tras la fallida declaración de independencia y, después de nueve años de vericuetos judiciales en los que ha jugado al gato y al ratón con la justicia española, ha ganado.

Si lo ha conseguido es gracias a una ley, la de amnistía, que fue moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez. Las urnas le dieron el 23 de julio de 2023 la llave para que el presidente del Gobierno permaneciera en La Moncloa. Sánchez pasó de reclamar el cumplimiento “íntegro” de la sentencia del Supremo y presumir de que traería de vuelta a Puigdemont de la mano de la Fiscalía a votar la ley de amnistía. “Hacer de la necesidad virtud”, en palabras suyas. Ya antes había dado el paso con los indultos, en ese caso para contentar a ERC.

Por tacticismo o por convicción, el PSOE optó por buscar el apaciguamiento en Catalunya, una estrategia que funcionó pese a que, según las encuestas, no todos sus votantes comprendieron. Salvador Illa rematará pronto el plan con una foto: la de su reunión con Puigdemont en el Palau de la Generalitat cuando el líder de Junts vuelva a Catalunya

La amnistía ha sido también el instrumento para doblegar a unos jueces a los que pudo más su pulsión represora y, en más de un caso, autoritaria. Lo ha logrado por medio de la ley y de un tribunal, el de Justicia de la Unión Europea, que avaló el texto y desmontó las tesis del Supremo. Dos años y cuatro meses después de su aprobación, Puigdemont y otros líderes del procés han conseguido que se les aplique.

El expresident ha cometido muchos errores, y el que pagó más caro fue no convocar elecciones en octubre de 2017. Era su intención inicial y la acabó descartando por las presiones de ERC y la falta de garantías del Gobierno de Rajoy respecto a la aplicación del 155. El resto es conocido, aunque para Puigdemont aquel momento fue decisivo, vital y políticamente. Habrá gente que lo haya olvidado, pero él no, porque optó por una vía mucho más sombría de lo que sus adversarios y algunos medios han intentado trasladar. No estaba en la cárcel, cierto. Pero tampoco ha sido libre durante todos estos años.

Desde un principio quiso aprovechar su tirón mediático para “internacionalizar el conflicto”, aunque pronto descubrió que no sería nada fácil. Ni cuando fue eurodiputado ni después, el independentismo ha obtenido fuera los apoyos que anhelaba.

Durante estos años, el expresident ha recibido a mucha gente en Waterloo para mantener el pulso y estar al día de lo que pasaba en Catalunya, pero la distancia se ha impuesto. Comprobó también que las victorias judiciales que, incontestablemente, ha obtenido frente al juez Llarena durante todo este tiempo no se traducían en éxitos políticos.

La denominada “lucha del exilio” sirvió para que los tribunales extranjeros constataran los excesos de la alta magistratura española, pero poco más. Mientras tanto, la vida en Catalunya seguía y las preocupaciones de sus ciudadanos viraban del procés hacia las dificultades materiales, empezando por el aumento del coste de la vida y de los alquileres.

Eso explica también que Junts tumbase los decretos de vivienda. El partido ha logrado reconciliarse con sectores económicos influyentes, incluidos algunos de los que fueron más críticos con el procés y que ahora lo han recuperado como interlocutor para presionar en el Congreso de los Diputados. El ejemplo más evidente es la patronal Foment.

La legislatura empezó con la amnistía y acaba con ella. Alberto Núñez Feijóo escribió este martes en X que la amnistía es “otra mentira de Sánchez”. Lo que no dijo es que al PP ya le va bien que el futuro del expresident se haya resuelto. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, proclamó el pasado junio durante su discurso en el congreso del PP catalán. Precisamente esa expresión, “pasar página”, fue la que más repitió Illa durante la campaña de las autonómicas.

En su entrevista en The Sunday Times, Puigdemont anunció que su intención es hacer una gira por Catalunya para percibir cómo está “la realidad” del país. En su provincia, Girona, podrá constatar cómo el avance de Aliança Catalana parece imparable. No solo allí, pero especialmente allí y en Lleida. Se encontrará con fans, claro, pero también con antiguos votantes que ahora se han entregado a Sílvia Orriols y que lo consideran un “traidor”. Y con otros que van a votar a la extrema derecha por sus propuestas racistas y que, por más que Junts endurezca su discurso sobre inmigración, lo que quieren es un candidato netamente xenófobo.

Puigdemont se encontrará una Catalunya que ya no es la de 2017.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs para cumplir la pena de dos años que le quedaba pendiente tras obtener el indulto parcial, con la condición de que siga un curso para prevenir la corrupción.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC libra a Borràs de entrar en la cárcel para cumplir la pena de dos años que le quedaba, después de que el Gobierno indultara parcialmente la condena que se le impuso por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La suspensión de la pena de cárcel está condicionada a que la expresidenta del Parlament y exdirigente de Junts no vuelva a delinquir en los próximos cinco años y participe en al menos “un programa formativo sobre contenidos específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas”.

Borràs fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por delitos de prevaricación y falsedad documental, en una sentencia en la que el propio TSJC proponía su indulto parcial al considerar excesiva su entrada en prisión.

El pasado julio, el Gobierno le concedió la medida de gracia y dejó su condena en dos años cárcel, y el TSJC ejecutó el indulto en septiembre. El alto tribunal catalán ha suspendido la pena de prisión por los dos años que restaban, aunque esta condena podría ejecutarse si la expresidenta del Parlament vuelve a delinquir en un período de cinco años.

La sala razona en su auto que, para suspender la condena, debe imponer a Borràs la “obligatoriedad de dar cumplimiento a determinados deberes y obligaciones que deben tener una indudable utilidad rehabilitadora”.

En concreto, el TSJC obliga a Laura Borràs, que fue presidenta de Junts entre 2022 y 2024, a participar en actividades formativas “que se valoran imprescindibles y conducentes a los fines de prevención” establecidos en el Código penal.

Se trata de un máster, curso o seminario, con una duración mínima de 25 horas y unos contenidos “específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas”, impartido en un centro oficial, como la Escola d'Admistració Pública de Cataluña, una universidad pública o privada u otro organismo similar.

Borràs deberá presentar ante el tribunal, en un plazo máximo de tres meses, un plan que incluya la formación indicada, para “su aprobación y para implementar su seguimiento y control” por parte del TSJC.

En el caso de que la condenada no proponga el programa a seguir o que no sea aprobado por el TSJC, el seguimiento será “canalizado” a través del Servicio de Medidas Penales Alternativas, dependiente del Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, añade el auto.

La sala recuerda que los hechos por los que Borràs fue condenada se enmarcan “todos ellos dentro de la categoría genérica de los delitos de corrupción”, lo que la expresidenta del Parlament siempre ha negado.

Además, razona que ni sus circunstancias familiares o sociales exigen su ingreso en prisión para lograr “el fin último de alejamiento de la actividad delictiva”, teniendo en cuenta además que está cumpliendo la pena de inhabilitación -por trece años- y liquidó la multa de 36.000 euros impuesta en la sentencia.

La convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre ha pillado a la mayoría de las formaciones catalana con el pie cambiado, aunque no exactamente de sorpresa. En Junts había cundido la opinión de que Pedro Sánchez optaría por finalizar la legislatura, por lo que los primeros espadas de la formación, Jordi Turull, Míriam Nogueras y Mònica Sales, viajaron el lunes a primera hora a Bruselas. Son solo ocho semanas hasta que se pongan las urnas y no hay tiempo que perder.

En el partido independentista, este lunes, no se sentían responsables de lo ocurrido. “[En el Gobierno] saben que no tienen mayoría para seguir la legislatura desde hace meses, la han acabado cuando más les ha convenido”, afirman. Pese a que Junts había retirado oficialmente su apoyo al Ejecutivo en octubre de 2025, la convocatoria electoral le obliga ahora a redefinir su estrategia.

Tras las últimas elecciones generales, la posición privilegiada en la que quedó Junts les empujó a pactar con Sánchez y a enarbolar la bandera de la negociación exigente, algo que durante la legislatura se ha diluido. “Somos los únicos que nos hemos plantado delante del radicalismo de los dos extremos”, aseguraba Nogueras en un vídeo difundido por el partido.

Un mensaje con el que Junts trata de poner distancia con el PSOE, pero, sobre todo, con Aliança Catalana, aunque el partido de la extrema derecha catalana ha confirmado que no irá a las generales. Sobre la opción de que Carles Puigdemont pueda ser el candidato a los comicios, fuentes de Junts lo rechazan de plano. “Eso no tiene ni pies ni cabeza”, consideran, al menos en este momento, cuando aún no saben si podrá regresar en noviembre.

Rufián pide “un mínimo de condiciones”

En una situación igual de inestable se encuentra ERC, donde las desavenencias entre la dirección de Oriol Junqueras y el grupo en Madrid que controla Gabriel Rufián son públicas desde hace tiempo. No es infrecuente que el diputado contradiga a la dirección de su partido, la última vez ocurrió el viernes, cuando Junqueras anunció el voto favorable a los dos decretos de vivienda y Rufián aseguró que debía leerlos.

Lo que ya está claro es que el de Santa Coloma no articulará ningún frente plurinacional progresista que combine los mundos de Sumar y Podemos con los de las izquierdas independentistas, tal y como trató de liderar, sin éxito. Sí es, en cambio, el candidato al que daría apoyo ERC, según lo que la dirección ha ido repitiendo durante todos los meses en los que él se ha salido de la línea marcada por Junqueras.

Este lunes, sin embargo, Rufián aseguraba que debía “reflexionar”. “Está escuchando a todo el mundo antes de decidir”, aseguraban fuentes del entorno del dirigente citadas por EFE, que aseguraban que tenía previsto reclamar “un mínimo de condiciones” a ERC para repetir como cabeza de lisa.

Tratando de desmarcarse de estos movimientos, los republicanos se han mostrado este lunes “preparados” para las urnas y con el convencimiento de que su papeleta es la “única” que “puede defender Catalunya”.

El chasco de los de Junqueras, con todo, era evidente, pues la mayoría de las conquistas con las que justificaban su apoyo a Sánchez se han ido por el desagüe con la convocatoria electoral. Ni la reforma del modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), dos de las cuestiones centrales para ERC, tienen ya recorrido, y el traspaso de Rodalies, la tercera pata de los acuerdos con el Gobierno, tampoco se ha completado. ERC acaba la legislatura con las manos prácticamente vacías en Madrid.

El PSC apuesta por Hereu con las encuestas a la baja

Para los socialistas catalanes la convocatoria tampoco llega en un buen momento electoral. El CEO (el CIS catalán) lleva meses pronosticando cierto desgaste del PSC. Especialmente en Catalunya, donde al Govern de Salvador Illa la gestión se le está haciendo cuesta arriba, pero también en el escenario de unas generales, donde el aliciente de Sánchez, que en julio de 2023 resultó en un verdadero gancho para el electorado catalán, ahora va a la baja.

Según los datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), durante toda la legislatura Sánchez se habría movido en Catalunya entre el 30 y 37% de votos (obtuvo un 34% cuando abrieron las urnas). En el último estudio, publicado en julio pasado, el voto ya bajaba a hasta el 29%.

Ante estos números, Sánchez debería volver a cuidar el granero catalán, de donde obtuvo nada menos que el 20% de todos los votos que le sirvieron para la investidura.

Para llevarlo a cabo, cuenta con Jordi Hereu, el actual ministro de Industria y exalcalde de Barcelona. Un hombre bien considerado tanto en el círculo de Sánchez como en el de Illa, pero con un perfil discreto y poco popular. Una elección que subraya que Sánchez será el absoluto protagonista del cartel electoral.

Los Comuns, a la espera del Frente Amplio

En la formación de Ernest Urtasun este lunes se multiplicaban los llamamientos para convertir el 29N en una gran movilización por la vivienda. “Especulación o vivienda”; proponían desde sus redes, al tipo que la dirigente en el Parlament, Jéssica Albiach reclamara “que las personas estén por delante de los fondos buitre”. Pero, de puertas para dentro, la formación está a la espera de que su espacio, ahora rebautizado como Frente Amplio, resuelva tanto la forma como las caras con las que concurrirá.

Por el momento, si desean acudir en coalición con Podemos, ambas partes tienen 10 días para ponerse de acuerdo. Los de Irene Montero siguen reclamando unas primarias. Por otro lado, la ministra Mónica García gana enteros como posible candidata de Sumar, a la vez que los Comuns siguen a la espera de si Ada Colau desea postularse.

Este martes, la exalcaldesa de Barcelona ha reconocido que se le ha ofrecido liderar Frente Amplio, aunque no ha confirmado su decisión. “Los partidos tienen sus órganos, van dando sus pasos y haciendo propuestas de nombres. Ya había dicho que me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas, pero el tema no va de nombres. Deben ser muchos nombres, en todo caso, no solo uno”, ha asegurado en una entrevista en La 2.

El pleno del Tribunal Constitucional afronta esta semana una deliberación clave sobre la amnistía y a las puertas de las próximas elecciones generales. Los magistrados tienen previsto dar luz verde a la aplicación de la ley de perdón al delito de malversación por el que fueron condenados Jordi Turull y Dolors Bassa, un movimiento que pondrá en marcha la cuenta atrás para que este criterio se aplique al caso de Carles Puigdemont y, en la práctica, pueda volver a España sin miedo a ser detenido. Los tiempos que maneja el tribunal de garantías hacen factible que todos los recursos pendientes queden solucionados antes del comienzo de la campaña electoral aunque vaya a tener una incidencia moderada en la elaboración de las listas de Junts y ERC, los dos partidos presentes en la lista de políticos pendientes de sentencia.

Los 12 magistrados tendrán este martes dos recursos encima de la mesa con los casos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa. Los dos acudieron al Constitucional porque, después del indulto que conmutó su pena de prisión, la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación mantenía intacta su condena de inhabilitación y eso les impedía presentarse a unas elecciones. El debate sobre el fondo del asunto no parece polémico: el ponente conservador del caso de Turull se ha comprometido a asumir el criterio de la mayoría y la ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre Dolors Bassa tampoco tendrá problema en salir adelante gracias a la mayoría progresista del organismo.

Está previsto, por tanto, que ambos recursos queden sentenciados entre el martes y el miércoles, aunque eso no significa que las resoluciones sean dictadas y notificadas el mismo día en que se conozca el resultado de las votaciones. Además de acometer el redactado definitivo de las resoluciones, los magistrados conservadores que previsiblemente discrepen también necesitarán tiempo para elaborar sus votos particulares. Sobre su cumplimiento, el propio presidente del Tribunal Constitucional dejó claro recientemente en un desayuno informativo que los tribunales de la Justicia ordinaria, entre ellos el Tribunal Supremo, estaban obligados a acatar y aplicar sus resoluciones, deslizando una crítica: “A veces surge una cierta voluntad de no atender las resoluciones del Tribunal Constitucional”, lamentó.

Las decisiones sobre Turull y Bassa no solo afectarán a estos dos exconsellers del Govern de Carles Puigdemont. Serán las primeras sentencias en las que el Constitucional dará por amnistiado el delito de malversación del procés, la acusación que mantiene al expresident bajo una orden de detención del Tribunal Supremo que implicará su detención si pone un pie en España. La decisión del Constitucional sobre este asunto, sin embargo, no se aplicará de forma automática al político catalán. La sentencia, una vez dictada y notificada, debe ser puesta en conocimiento formal del juez Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, para que levante la acusación de malversación y, con ella, la orden de detención. Está por ver si antes de hacerlo pide, por ejemplo, alegaciones a las partes.

Puigdemont y el 29N

Carles Puigdemont no tiene a día de hoy ningún impedimento que le aparte de una lista electoral de su partido –ya fue cabeza de lista de Junts al Parlament en 2024 y candidato a la investidura, entre otras–, pero la orden nacional de detención que pesa sobre él limita su actividad parlamentaria a delegar su voto, algo que también ha sido discutido por los tribunales. Está previsto que eso cambie en las próximas semanas cuando el Tribunal Supremo aplique las decisiones del Constitucional y haga desaparecer su imputación con malversación, aunque con la duda de en qué momento de la campaña electoral sucederá. Si antes 26 de octubre, límite para presentar candidaturas, o si ya en noviembre con la campaña en marcha y con Junts recuperando así su mayor activo electoral.

El resto de exconsellers condenados libran su batalla en paralelo y con un calendario igualmente ajustado en caso de querer figurar en alguna lista electoral del 29N. Los recursos de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y otros condenados todavía no están en el calendario, pero podrían quedar resueltos por aplicación de doctrina en el siguiente pleno del 20 de octubre, un día antes del comienzo del plazo para presentar candidaturas.

La aplicación de la amnistía se ha convertido en uno de los grandes choques entre Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Fiscalía. La Sala de lo Penal se negó a amnistiar el delito de malversación y, además, planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. El procés, dijeron por primera vez a lo largo de la causa, pudo afectar a los intereses económicos europeos y, además, supuso un enriquecimiento injusto para los políticos porque no tuvieron que pagar el referéndum del 1-O de su bolsillo. Las sentencias que dicte el Constitucional en los próximos días, tal y como figura en las ponencias que se votarán y cuentan con el apoyo mayoritario del pleno, apuntan en sentido contrario con algunas críticas muy duras al criterio del Tribunal Supremo.

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre el caso de Dolors Bassa, por ejemplo, acusa al Supremo de emitir “dos pronunciamientos distintos e inconciliables” sobre si la malversación es o no amnistiable, comparando la sentencia del procés con los autos que negaron el perdón a ese delito. Una “contradicción flagrante”, entre otras críticas a los autos del Supremo sobre el caso, que ahora serán sometidas a votación en un día que supondrá el principio del fin de la causa abierta contra Carles Puigdemont en 2017 a las puertas de unas elecciones generales convocadas, entre otros factores, por la posición de su partido en cuanto a la crisis de vivienda y los decretos que el Gobierno no consiguió sacar adelante en el Congreso la semana pasada.

Dos decretos fracasados y acampadas repartidas por todo el país. En tan solo una semana, el tablero de juego de la vivienda ha dado un vuelco dos veces, volviendo al punto de partida después del ‘no’ de PP, Vox y Junts a apoyar las medidas. Mientras las fichas continúan moviéndose, se siguen firmando desahucios. Una realidad que Dani, Aurora y sus tres hijos tienen muy presente, después de conseguir parar por segunda vez su 'lanzamiento'. “Estamos más tranquilos que en verano. Por lo menos, tenemos una puerta abierta a negociar con el fondo, que es lo que nosotros queríamos”, celebra Dani. Hace medio año, la pareja recibió “por sorpresa” una carta de desalojo para ellos y sus tres hijos de 10, 17 y 23 años, este último con un 45% de discapacidad. “Vino un representante del fondo con un cerrajero a cambiar la cerradura. Menos mal que mi mujer estaba ese día en casa”.

“Nos llamaron okupas y nos dijeron que nos teníamos que marchar”, recuerda Dani. La familia, que lleva 19 años viviendo en el piso, nunca ha dejado de pagar el alquiler, tampoco las facturas de luz, comunidad y agua. Les desahuciaban, explica Dani, porque el juez no admitió la validez de su contrato de alquiler: “No hicieron valer ni el contrato, ni los pagos, ni nada”. La primera orden de lanzamiento llegó el pasado 30 de julio. En ese momento, gracias a la acción de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la presión social, se logró aplazar hasta el 28 de septiembre.

De acuerdo con el afectado, el anterior propietario dejó de pagar el piso, que acabó en manos de una entidad bancaria y, finalmente, de un fondo de inversión: “En ningún momento nos notificaron que esta vivienda se dejó de pagar, ni que se había subastado, ni que había pasado a ser propiedad de un fondo”.

“Vino un perito a echar fotos”

En otras palabras, entidades bancarias y fondos de inversión tuvieron conocimiento de la venta del piso mucho antes que los propios habitantes de la vivienda, que descubrieron lo ocurrido cuando ya era demasiado tarde: “El banco nunca nos informó de la subasta, ni nos ofreció la posibilidad de comprar. Ellos sabían que el piso estaba en alquiler. Hace tiempo, no sé si porque el propietario intentó revisar la hipoteca o algo así, vino un perito del banco a echar fotos y a ver el piso”.

Como muchos otros, la familia vivió este proceso a ciegas: “No teníamos ninguna forma de contactar directamente con el fondo. Simplemente, nos vinieron del juzgado que teníamos que abandonar la vivienda”.

Ahora, con la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa, Dani se muestra “esperanzado”: “Esperamos llegar a un acuerdo. Desde un principio trasladamos nuestro deseo de adquirir la propiedad”.

Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 45 desahucios al día en España y dos diarios en la Región de Murcia en los primeros tres meses de 2026.

“Solo a finales de este mes de septiembre teníamos diez desahucios, hemos conseguido parar al menos ocho. No paran de llegar”, describe José Antonio Vives, portavoz de la PAH en Murcia. La repercusión que tiene el caso de Maricarmen ha sido fundamental, ha sido la gota que ha culminado el vaso, pero detrás hay muchos casos“.

La Paz, en el punto de mira

La familia de Aurora y Dani reside en el humilde barrio de La Paz, una zona que, por su proximidad al centro de Murcia, ha atraído la atención de fondos de inversión: “Sabemos que le ha pasado a más gente. Ha habido más desahucios en la zona, aunque desconozco sus circunstancias”, explica Dani.

De acuerdo con los datos del INE, la renta media anual de la zona apenas supera los 8.000 euros anuales, un 43% menos que la media del municipio. “En el barrio viven muchas familias vulnerables allí que se estaban acogiendo al escudo social. Ahora los fondos están reactivando las ejecuciones”, resume Vives. El pasado febrero, PP, Vox y Junts tumbaron por segunda vez el decreto que incluía la renovación del escudo social: “Han pasado seis meses, hemos visto una explosión de casos”.

Ahora que los nuevos decretos de la vivienda han caído tras el voto en contra de las derechas, Vives afea el rechazo del Gobierno regional a poner en marcha los controles del precio de la vivienda y el alquiler vigentes en la Ley Estatal de Vivienda: “No se ha hecho nada. En Barcelona con los mecanismos aplicados la han bajado un 7%. Puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no las aplicas no sirven de nada”. Pese a que en 12 municipios hay barrios que cumplen los requisitos para declararse zonas de mercado tensionado, el Gobierno regional se ha negado a ello. En noviembre del año pasado el Ejecutivo regional sorprendió, además, al denegar ayudas directas al alquiler ya concedidas a miles de jóvenes desde 2023, alegando falta de presupuesto: “Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes”, justificaron.

La Consejería no especificó ni el número de personas que se habían beneficiado de esa subvención ni cuántas se quedaron fuera del proceso, pero insistió en que el importe aportado bajo el marco del Plan Estatal de Vivienda resultó “escaso” para sufragarlas: “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6141,45 euros (3853,25 euros en 2025 y 2288,20 euros en 2026)”, defendió Fomento en una carta enviada a los solicitantes, indicando que la cantidad del siguiente expediente para conceder (12.420,00 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.

Ahora, en plena crisis de la vivienda, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado “la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de los últimos años” con 16 millones para llegar a 2.300 jóvenes.

La Región de Murcia ha experimentado uno de los mayores encarecimientos en los precios de la vivienda libre en los últimos meses. Según el INE, el incremento fue de un 15,6% en el primer trimestre de este 2026. El precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3%. Unos porcentajes que superaron con creces a la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

El partido xenófobo Aliança Catalana pasaría de tener dos diputados a 30 si las elecciones se celebraran hoy, cosa que le haría disputarse el primer puesto en escaños con el PSC. Así lo apunta la encuesta del instituto Ipsos para La Vanguardia, que refleja la posibilidad de un crecimiento sin igual para los de Sílvia Orriols, que vienen de ser la formación con menos diputados.

Esta proyección muestra una Catalunya muy difícil de gobernar, con Parlament muy fragmentado en el que destaca no sólo el auge de la extrema derecha, sino también la caída de los partidos que, hasta ahora, se han ido repartiendo el poder.

Por un lado, al PSC le pesa la legislatura de Illa y perdería 12 escaños (pasaría de 42 a 30), mientras que Junts se dejaría 19 asientos en las urnas, pasando de los 35 actuales a sólo 16, lo que le haría pasar de ser el segundo al quinto partido más votado. Se quedarían justo delante de PP, que perdería 4 escaños (se quedarían en 11) y los Comunes, dos (hasta los cuatro). Las únicas formaciones, aparte de Aliança, que saldrían beneficiadas son ERC, que ganaría tres diputados y se situaría en los 26; y Vox, que llegaría a los 18 escaños (siete más).

La intención de voto deja un panorama muy halagüeño para los de Orriols, que pasarían de ser votados sólo por el 3,8% de la población hasta hoy, que un 18% de los encuestados afirma que les dará su apoyo. De nuevo, todos los partidos pierden en intención, excepto ERC, que ganaría poco más de un punto, y Vox, que aumenta en cinco.

La encuesta muestra una crecida sin precedentes de la extrema derecha, lo que deja un panorama complicado. La reedición del pacto de Govern que mantiene a Illa en el poder sería insuficiente, ya que entre PSC, Comuns y ERC sólo sumaría 57 escaños. Se podría rascar algo más sumando a la CUP, con los que llegarían a ls 60 (estando la mayoría absoluta en 68).

La mayoría más clara se encuentra en los partidos independentistas, (aunque ese sentimiento sigue interpelando a menos del 50% de la población catalana). Si se suman, entre Junts, Aliança, ERC y la CUP llegarían a los 72. El problema es que en esta amalgama habría que restar, seguro, a los republicanos y los anticapitalistas, que ya han dejado claro su cordón sanitario frente a Orriols.

La otra fórmula que sumaría, pero sigue siendo igual de improbable, es la de las derechas, con Aliança, Vox, Junts y PP, que sumarían 75 escaños. En estos escenarios, lo que marcará la gobernabilidad será, pues, Aliança. Quienes se avengan a pactar con Orriols y, por contra, quienes estén dispuestos a asumir pactos que ahora parecen poco posibles, serán los que marcarán el nuevo Govern.

Paralelamente a la intención de voto, se encuentra el nivel de aprobación de los líderes catalanes, que deja a Gabriel Rufián como el preferido, con un 52% de apoyo. En segunda posición se encuentra Illa, con un descolgado 36%, seguido de Junqueras, 35%, y Sílvia Orriols. En cambio, el líder más reprobado, con diferencia, es Carles Puigdemont, con un 67% de votos negativos.

La crisis de la vivienda no se iba a resolver con dos decretos. Pero millones de inquilinos podían ganar algo que hoy les falta: la tranquilidad de saber que seguirán en sus casas. El Gobierno había dejado por el camino algunas de las medidas más ambiciosas para buscar un acuerdo. Lo que entró en el Congreso no era perfecto, pero suponía un avance importante. Lo que salió fue otro portazo.

En esta legislatura nunca hubo una mayoría progresista en el Parlamento. Pero no hace falta ser de izquierdas para necesitar una casa, ni para indignarse cuando desahucian a una anciana de 87 años. No hace falta siquiera ser inquilino precario para revolverse ante una injusticia flagrante. Se puede ser también casero –hay muchos que no abusan– y defender que este modelo no se sostiene. Hay un nuevo sentido común, que está despertando con las acampadas y las protestas ciudadanas. Una mayoría cada día más amplia, que ya no acepta que un techo sea un lujo. 

Aparece en todas las encuestas: cada vez son más los españoles que piden regular el alquiler, topar precios en zonas tensionadas, gravar las casas vacías o priorizar la vivienda pública. Incluso entre los votantes de derechas. Otro dato, que hoy publicamos: un 73% de los españoles respaldarían una huelga general por la vivienda. Entre ellos, un 60% de los votantes de PP y Vox. 

Es ya la opinión mayoritaria: un bien de primera necesidad no puede ser un simple producto de mercado. Es el mismo principio por el que el agua que sale del grifo cuesta lo que vale producirla, no lo que estarías dispuesto a pagar si te murieras de sed. Y cuando hay sequía, los cortes de suministro son para todos: no solo para los pobres.

Así lo ha entendido el PNV, ese partido poco sospechoso de antisistema. También Coalición Canaria, otra formación conservadora. Así lo entendió Junts, al menos en los primeros días. Parece increíble conociendo el desenlace, pero el partido de Puigdemont fue de los primeros que se movieron en la derecha, tras el desahucio de Maricarmen, para pedir medidas urgentes contra los fondos buitre.

El martes, en un corrillo de periodistas en el patio del Congreso, Míriam Nogueras presumió de que las izquierdas se quejaran del “decreto Junts”, como ella misma lo llamaba: “Que estén enfadadas es un buen ejemplo de que hemos conseguido nuestras cosas”.

Míriam Nogueras decía la verdad: Junts había logrado más que nadie en esa negociación. Su partido validó cada punto del decreto, según explican fuentes del Gobierno. No solo son de Junts varias medidas concretas, como las bonificaciones fiscales para caseros o que el impago de los alquileres de personas vulnerables lo asumiera el Estado. El Gobierno también les trasladó cada paso que daba con otros partidos. Conocían de antemano cada detalle de la nueva regulación, y no pusieron pegas. Se comprometieron a aprobarla. 

La división en dos decretos también buscaba agradar a Junts (y al PNV). Así podían votar a favor de la mayoría de las medidas sin aceptar el alquiler indefinido, que las derechas rechazaban.

Todo iba bien hasta que empezaron las llamadas.

Dice Junts que su ‘no’ al decreto es porque se queda corto: porque no protege a los inquilinos vulnerables. Basta con repasar sus propuestas para comprobar que esto es falso. Todas van en la misma dirección: recortar el decreto que habían pactado a favor de los caseros, o incluso endurecer los desalojos de los “okupas” por la vía penal. En algunos asuntos, como el alquiler de temporada, Junts incluso se desdice de lo que defendía. En diciembre de 2025, fue este partido quien planteó en el Parlament catalán una regulación contra este fraude. Ya no lo piden. 

Desde el Gobierno aseguran que este cambio en la posición de Junts solo responde a una cosa: a la presión de la patronal, al interés de quienes ganarían menos si este decreto se hubiera aprobado. “Vivir en Waterloo tantos años no es barato, hay que pedir ayuda a muchos empresarios que después te exigen estas cosas”, dicen fuentes gubernamentales. La dureza de la crítica es una muestra de su cabreo. La historia completa es más compleja, como recoge Neus Tomàs en esta imprescindible crónica que hoy publicamos.

La frase con la que Sánchez ha cerrado el debate parlamentario ha sido bastante clara: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

“Antes de lo que creen”. Tal vez en menos de dos meses.

Como adelantó en exclusiva elDiario.es, Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales tras el no a los decretos de vivienda. La fecha más probable es el 29 de noviembre, el primer domingo que permiten los plazos. Decidirá este fin de semana y, si se lanza, el anuncio llegará en cuestión de días. En un sentido u otro, probablemente lo sabremos el lunes.

Solo Sánchez sabe si dará este paso. La convocatoria electoral anticipada es una decisión que corresponde constitucionalmente al presidente. Varios ministros del equipo más cercano a Pedro Sánchez son partidarios del adelanto. Otros dudan.

Los principales argumentos a favor de convocar son tres. El primero, la movilización: que este debate puede ayudar a sacar de la abstención a una parte del electorado de izquierdas. Si PP y Vox arrasan en las encuestas es precisamente por esa asimetría: todos los votantes de la derecha están deseando votar, mientras que buena parte de la izquierda está desencantada. El voto que movería la vivienda no necesariamente iría al PSOE. Pero es precisamente la izquierda a la izquierda del PSOE quien tiene a sus potenciales votantes más desmovilizados. 

El segundo es de oportunidad. Salvo que Trump invada las Islas Canarias, no aparece en el horizonte un tren mejor al que subirse. El plan inicial que barajaban en La Moncloa –convocar las elecciones para 2027 tras el fracaso de los Presupuestos– es tan ilusionante como una colonoscopia. No se entiende tampoco por qué se adelantarían en ese caso, y no las otras veces que no hubo Presupuestos en esta legislatura.

Hay un tercer argumento: ¿es posible agotar el mandato cuando el Gobierno no tiene mayorías para aprobar sus decretos ni siquiera ante un asunto tan urgente? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué objetivo? 

En contra del adelanto electoral pesa la desorganización de los socios de Gobierno. Sumar –o el Frente Amplio– sigue sin aclarar quién será su candidata o candidato. Tampoco la fórmula, ni si habrá acuerdo con Podemos.

A lo largo de su carrera, Pedro Sánchez ha demostrado su habilidad táctica con los adelantos electorales. También su afición a correr riesgos muy altos. Acertó en abril de 2019, al convocar tras la foto de Colón del “trifachito” que dejó a la derecha en las raspas. Acertó en 2023, tras la debacle de la izquierda en las municipales y autonómicas. Pero también falló en septiembre de 2019, cuando forzó una repetición electoral por su resistencia inicial a pactar con Unidas Podemos. No todos los triples entran. 

Hoy la ventaja de la derecha y la extrema derecha en las encuestas parece demasiado amplia como para darle la vuelta al marcador en el último minuto. Pero si hay un debate capaz de provocar un cambio es solo este. Es lo que está pasando en todo el mundo, de Nueva York a Berlín. Es el único asunto capaz de generar una corriente de ilusión, de esperanza entre la izquierda. Es la kriptonita contra el auge de la ultraderecha. 

Al mismo tiempo, los movimientos sociales de gran calado –y este lo es– no garantizan a corto plazo mayorías parlamentarias. Es lo que ya pasó con el 15-M. Lo siguiente fue la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Más adelante, también supuso la mayor transformación de la política española desde la Transición. 

Con las movilizaciones por la vivienda solo hay algo que creo seguro. Más tarde o más temprano, esos jóvenes que hoy copan las plazas lograrán sus objetivos. Porque la alternativa a su triunfo –una sociedad neofeudal de rentistas y siervos– es tan distópica como intolerable.

P.D. Si aún no lo conoces, te recomiendo nuestro nuevo boletín sobre vivienda, Una casa para vivir, de nuestro compañero Germán Aranda. 

Resulta curioso que la legislatura que nació marcada por el apoyo de Junts a la investidura a cambio de la aprobación de la Ley de Amnistía pueda llegar a su fin, precisamente, por el NO de ese partido a la convalidación de los dos Decretos-Ley de Vivienda que esta semana se debían convalidar en el Congreso. 

Resulta difícil de entender esta manera de proceder de un partido que en Cataluña se encuentra más débil que nunca, asediado por un nuevo competidor de derechas y nacionalista, Aliança Catalana.

No sabemos si el presidente convocará elecciones de manera inmediata o esperará todavía un poco. Lo que parece evidente es que la votación de los Decretos-Ley de Vivienda supone un antes y un después de una legislatura que se inició muy tocada por el ataque de la derecha, que esperaba ganar y que ahora termina gracias al toque de gracia de Junts, en un movimiento que parece difícil de entender.

El martes por la noche se celebró la cena anual de la patronal Pimec. Casi 1.000 empresarios y representantes de la mayoría de instituciones y partidos catalanes. Muchas de las conversaciones y preguntas versaron sobre los decretos de vivienda. La presentadora del acto, micro en mano, fue interpelando a los distintos políticos que asistían al evento. Cuando le tocó el turno a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts ya abrió la puerta a rechazar ambos decretos. El segundo se daba por descontado, pero la cuestión era qué votarían al primero.

En los corrillos con representantes empresariales, Nogueras les pidió también ayuda para que a Junts le fuese más fácil explicar su posición, según confirman a elDiario.es fuentes presentes en el acto, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pimec, en una interpretación inicial, había valorado positivamente “la orientación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el alquiler asequible y ampliar la oferta”. Pero, al mismo tiempo, esta organización empresarial, una de las más moderadas, reclamó que el conjunto de las medidas garantizase seguridad jurídica, viabilidad económica y “un aumento efectivo de la oferta”. Además, advirtió del riesgo de generar incertidumbre y de que acabase poniéndose menos vivienda en el mercado.

Hubo posicionamientos menos diplomáticos y mucho más duros con los decretos del Gobierno. Las Cámaras de la Propiedad de Catalunya alertaron de que podían “agravar” el problema. También insistieron en que, en su opinión, se estaba abonando una “mayor inseguridad jurídica”. Este sector, siempre próximo al tradicional entorno convergente, entiende que las medidas que finalmente no han prosperado trasladaban a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas.

En una línea parecida, el colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, cuya representante más conocida es la exconsellera y exdiputada Lourdes Ciuró, considera que la mayor parte de las medidas actuaban sobre el parque de alquiler existente, sin impulsar suficiente vivienda nueva ni ampliar de manera efectiva la oferta pública y asequible.

Como siempre, la patronal más tajante fue Foment. A los argumentos esgrimidos por el resto de representantes empresariales, su presidente, Josep Sánchez Llibre, añadió que los decretos pretendían “socializar” la propiedad privada: “Es la propiedad de miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler”.

Junts, que no solo por la presión de las plazas, pero también por ella, negoció el primer decreto con el Gobierno, constató pronto que los sectores que le son más afines electoralmente, aquellos que se erigen como representantes de los llamados pequeños propietarios, rechazaban ambos textos. Además, a diferencia de otras formaciones, sus votantes no están en esas protestas de la calle.

El partido fue endureciendo su discurso tras conocerse el contenido de los decretos, pese a que el Gobierno los había dividido en dos para asegurarse de que votaría al menos uno de ellos, el que incluía las propuestas que habían negociado. Incluso en las filas de los independentistas decían que el primero era “el decreto de Junts”. Pero Nogueras y otros diputados expresaron su enfado por no haber tenido hasta horas después los dos decretos, empezaron a deslizar que algunas de las medidas no eran las acordadas y atribuyeron los cambios a la influencia de Sumar y el resto de “ideologías extremas”.

“Queremos ver la letra pequeña”, “lo estamos analizando”, se limitaban a señalar. La palabra que empezaron a repetir fue “decepción” y, a partir de ahí, el discurso fue escalando cada vez más.

Fuentes de Junts confirman que también sus alcaldes les hicieron llegar el rechazo a los decretos. Uno de los argumentos es que eran “inaplicables” y apelaban, como las patronales, a la falta de seguridad jurídica para los propietarios.

Los diputados en Madrid eran de los más duros en el rechazo y Jordi Turull optó por convocar una reunión telemática, en la que Puigdemont no participó porque solo asiste a las permanentes o a las más reducidas. Sirvió para certificar el ‘no’ que se ha confirmado este viernes en el Congreso. “Un decreto en el que sale el nombre de ‘Maricarmen’ no es un decreto, es un artículo de opinión”, critican en el partido.

El Gobierno estaba convencido hasta el jueves por la tarde de que Junts no tumbaría ambos decretos, pero a media tarde empezó a cundir el pesimismo.

Los argumentos que se esgrimieron en la reunión telemática de los posconvergentes, en la que el rechazo a los decretos se adoptó por unanimidad, fueron los que Nogueras repitió en la tribuna del Congreso. Según su interpretación, los fondos buitre podrían seguir especulando y desahuciando y los pequeños propietarios tendrían que asumir el coste de proteger a los inquilinos vulnerables.

En la comparativa entre los decretos presentados por el Gobierno y el texto alternativo que le entregó este viernes en el Congreso, lo más destacable es que los de Puigdemont proponen recortar el decreto de vivienda a favor de los caseros y acelerar los desalojos de okupas. En esta información se pueden leer las diferencias entre ambos documentos.

Con la propuesta de Junts queda claro que la principal objeción no era que el decreto del Gobierno se quedase corto, como afirmó Nogueras desde la tribuna, sino que, en su opinión, se excedía.

En su defensa del pequeño casero, las prórrogas extraordinarias pasarían a ser voluntarias, favorecidas solo con incentivos fiscales, y la prohibición de los desahucios de familias vulnerables afectaría solo a los grandes tenedores. Una de sus rectificaciones más destacables es que es partidario de no regular el alquiler de temporada, el gran agujero por el que gran cantidad de pisos han dejado de estar al alcance de muchos vecinos de las grandes ciudades.

La opinión de sus votantes

Sus votantes no son inmunes a la crisis de la vivienda. Según el último sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), es el principal problema para los electores de la mayoría de los partidos catalanes: para un 62% en el caso de la CUP, un 53% en los Comuns, un 38% en los del PSC, un 34% en ERC y un 20% en los de Junts. Entre los votantes de Aliança y Vox, la principal inquietud es la inmigración.

El azar quiso que Junts tuviera que tomar la decisión sobre los decretos, quizás la más trascendente de este final de legislatura, un 1 de octubre, nueve años después del de 2017. Un tiempo en el que el partido, como el conjunto de la sociedad catalana, ya no tiene la independencia como principal preocupación política. Pasados los años del procés, Junts es hoy un partido que trata de posicionarse con claridad en la derecha, con un discurso de corte liberal en lo económico y cada vez más duro en cuestiones como la inmigración o la delincuencia.

La cúpula de la formación es muy consciente de que ya no se disputa la mayoría de los votos con ERC, como ocurría hace una década, sino con Aliança, una formación de extrema derecha que en materia de vivienda está muy cómoda con el mismo discurso que Vox. Los ultras independentistas se han pasado la semana acusando a los de Puigdemont de estar vendidos al PSOE.

Junts es, por tanto, un partido de ideología liberal-conservadora, con un electorado que se sitúa hacia la derecha, que tiene importantes vínculos con las patronales y que se disputa los apoyos con formaciones instaladas en la extrema derecha. Pero aún hay una razón más para que opten por no aprobar nada que llegue del Gobierno: se han sentido engañados en la negociación que mantenían en Suiza y, desde hace cerca de un año, han llegado a la conclusión de que les resta aparecer junto a Sánchez. Y eso, como ya alertaron hace meses, no cambiará cuando regrese Puigdemont.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado duramente  que PP, Vox y Junts hayan decidido tumbar los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. “¡Vergüenza!”, ha escrito en un post de X.

“Ahora vendrá el carrusel de ‘explicaciones/excusas/mentiras’ de PP, Vox y Junts. Pero que no nos engañen: los hechos importan y están ahí. Ni cuentos ni relatos. Hoy toca una pregunta muy sencilla: ¿qué intereses han protegido con su voto? ¿Los de quienes necesitan una vivienda asequible o los de quienes hacen negocio con ella? Cada uno que asuma su responsabilidad”, ha cuestionado. La situación ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se esté planteando un adelanto electoral, una decisión que tomará durante el fin de semana.

“Nosotros tenemos claro el interés que defendemos: el de la gente que quiere una vivienda y un futuro dignos”, ha zanjado Martínez.

El decreto ley alternativo que ha propuesto Junts al Gobierno, tras pedir la retirada de los dos textos ya publicados en el BOE y que PP, Vox, Junts y UPN han tumbado este viernes, refuerza la protección de los caseros frente a los inquilinos, elimina la regulación de los alquileres de habitación y temporada, lima las prórrogas de los arrendamientos al hacerlas voluntarias y también limita al máximo el escudo antidesahucios, entre otros cambios.

El texto al que ha tenido acceso elDiario.es dista notablemente del primer decreto-ley publicado en el BOE el pasado miércoles. No solo en cuanto a la longitud, ya que recorta notablemente la norma. También en cuanto a la ambición para proteger a los inquilinos, lo que dificulta cualquier aproximación con partidos de izquierda como Sumar, que consiguieron una prórroga automática a los arrendamientos.

Así, en cuanto a las extensiones de los contratos de alquiler, si bien mantienen el horizonte temporal de diciembre de 2028, no las hace obligatorias y automáticas, sino que serán “voluntarias” y pactadas con el casero. En ese pacto tendría que constar el contrato prorrogado, su duración y la renta aplicable “y hará constar que el arrendatario se encuentra al corriente del pago de la renta y de las demás cantidades cuyo pago haya asumido o le correspondan”.

El escudo antidesahucios también es mucho más flojo: recorta el límite temporal hasta el 31 de diciembre de 2028, frente al 2030 en vigor, y solo será de aplicación para entidades financieras y grandes tenedores, con una autorización judicial de la suspensión del desahucio por periodos de meses y excluyendo expresamente la okupación.

Sobre las cuantías sin pagar, el primer decreto ya contenía un mecanismo para compensar a los caseros a quienes habían dejado de pagar el alquiler, por el que el Estado podía pagar para evitar el desahucio. Junts establece un límite de dos meses para reemprender el lanzamiento y, también, que será el Estado directamente quien financiará las ayudas, que solo podrán producirse una vez por contrato.

Tampoco beneficia a los inquilinos en el ámbito fiscal. El Real Decreto-ley del miércoles recoge, por primera vez en más de una década, una deducción del 10% en el IRPF para las cuantías que abonan los inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros. La propuesta de Junts amplía ligeramente el alivio tributario (al 15%), pero lo limita temporalmente a 2026 y 2027.

Al otro lado, lima toda la casuística en las bonificaciones para los propietarios, que se podrán beneficiar en el caso de que haya una prórroga acordada. Mantiene la exención del 90% en el IRPF a lo que cobran por los alquileres si recortan un 5% el precio del alquiler, pero después lo sitúa en el 70% para todos los casos sin distinción. La carga de la rebaja se divide al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

En materia fiscal, también propone recortar al 5% el IVA de la vivienda nueva, siempre que sea para residencia habitual y que la superfie no exceda los 120 metros cuadrados.

No recoge el IVA para los alquileres turísticos, que el Ejecutivo había situado al 10%. Precisamente lo situó en el tipo reducido, frente a la intención de que fuera el 21%, para atar el apoyo de socios como PNV o Junts. Tampoco modifica el régimen de socimis, ni la posibilidad de elevar el IBI para la vivienda vacía o para los pisos turísticos.

Además, Junts incorpora un título completo con “medidas urgentes frente a la ocupación ilegal de viviendas”, que reforma tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la del ámbito civil. En el primer caso, los neoconvergentes añaden un procedimiento cautelar que da 48 horas para aportar un título de posesión, tras lo cual el juez resuelve y sin que la intervención de los servicios sociales pueda suspender el trámite.

En el segundo, amplía la recuperación rápida de los inmuebles para propietarios y también elimina determinados trámites de vulnerabilidad social.

El texto de Junts amplía las definiciones de fondo buitre, aunque sin mencionarlo, y también el veto a su compra, aunque no serán de aplicación estos límites si se comprometen a destinarlo a vivienda social durante cinco años, a personas vulnerables o en el caso de entidades públicas. La prohibición es más laxa para las empresas que para las entidades financieras en sí.

El texto de los neoconvergentes no incluye en su articulado otras medidas que sí incorpora el del Gobierno, como la línea de ayudas Tu Casa para financiar la entrada a una vivienda ni la cuenta de inversión con incentivos fiscales.

Puedes leer el decreto completo bajo estas líneas.

El Gobierno ya maneja la posibilidad de convocar elecciones generales, algo que Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con la gestión de Pedro Sánchez, lleva pidiendo desde hace tiempo. El presidente de Castilla-La Mancha considera ahora que, si finalmente no se aprueban los dos decretos de vivienda que se debaten en el Congreso, debido al rechazo de Junts, sería el momento de poner fecha a esos comicios.

Page ha argumentado que la legislatura actual comenzó en 2023 dándole “el mando a distancia” a Carles Puigdemont, al que ha calificado como “un señor no muy de derechas, sino de extrema derecha independentista”. “Ahora ellos (en referencia a Junts) son los que deciden. No quiero adelantarme a lo que puedan ser los votos, pero no sería tampoco la primera vez que dicen una cosa y hacen la contraria. Desde luego, la situación del país ha sido de un laberinto sin salida desde el primer día”.

“Cuando los pactos se hacen orillando tus valores, tus principios, y los haces con la extrema derecha, que además quiere dinamitar España, pues francamente traen, como mínimo, dolores de cabeza. Y en este caso no creo que haya nadie que se sorprenda al pensar que Junts en realidad no era bloque progresista ni era mayoría progresista para nada. Simple y llanamente el Parlamento es de mayoría conservadora”, ha resaltado.

Preguntado por si la votación de hoy podría suponer el final de la legislatura, el presidente castellanomanchego no ha querido aventurarse en dar una opinión. Sí ha remarcado que los decretos de vivienda se han aprobado en el Consejo de Ministros ante la “situación de emergencia de miles y miles de inquilinos”, pero que ahora es “enormemente arriesgado” decirle a esa ciudadanía, si no prosperan, que “se esperen sentados a ver cuándo se quieren convocar elecciones”.

“Es un altísimo riesgo el que se corre desde el punto de vista de la credibilidad ante los destinatarios de los dos decretos”, ha añadido.

Finalmente, preguntado por los posibles resultados tras una convocatoria de elecciones generales, Page ha señalado que el panorama político está “tan absolutamente trufado en España” y que “han cambiado tantas cosas de sitio”, que los españoles “van a tener mucho trabajo de recolocar el puzzle”.

La marcha al Congreso por la votación de los decretos de vivienda ha reunido a miles de personas en la Carrera de San Jerónimo, la vía que conecta Sol con el hemiciclo. “Hace falta ya una huelga de alquileres. Hace falta ya una huelga general”, ha sido uno de los mensajes lanzados por la multitud ante la Cámara Baja, donde este viernes los diputados han votado (y tumbado) los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros.

Tras su rechazo, el Sindicato de Inquilinas recoge el guante de esa petición y llama a sindicatos laborales, comités de empresa o colectivos de estudiantes a “una huelga general que pare el país”. Las manifestaciones convocadas en toda España este sábado 3 de octubre servirán como lanzadera a esa convocatoria.

“Esto es por Maricarmen” o “Madrid será la tumba del rentismo” han sido otro de los gritos más coreados en la marcha junto al Congreso. A los manifestantes, que también han agitado sus llaveros en señal de protesta, les ha rodeado un fuerte dispositivo policial y la presencia de antidisturbios también ha sido abundante junto al hemiciclo, donde a las 11.00 arrancaba un pleno en el que Junts ha tumbado las medidas impulsadas por el Gobierno central. Para ello, sus parlamentarios han mostrado incluso mensajes de inquilinos “preocupados por la inquiokupación”.

“Rentistas culpables, diputados responsables” ha sido otro cántico constantes en una concentración que retoma la indignación desatada por el desahucio de Maricarmen a sus 87 años y la posterior acampada en Sol. Las diferentes administraciones han recibido el reproche popular con proclamas como “Ayuso y Almeida idos a la mierda” o “¿dónde está el Gobierno progresista?”.

Estos mensajes de indignación se han dejado ver también en las pancartas y carteles que pueblan la multitudinaria marcha. “PP, Junts y Vox no ayudáis a los más necesitados. ¿Para quién gobernáis?” o “PSOE y Sumar traidores responsables” son algunas de las frases que han mostrado los manifestantes.

La concentración ha aglutinado a personas de diferentes edades, orígenes o condición social unidas por “el drama del alquiler”. Así lo define Alfonso, jubilado de 69 años que disfruta de un contrato de renta antigua, pero ve cómo sus familiares sufren el encarecimiento de los precios: “Mis hijos no pueden ahorrar para comprarse una casa por lo que gastan en alquiler y cada vez va a peor porque los caseros no dejan de subírselo”. Su nieta acampa en Sol desde el pasado martes, algo que él apoya. “Aunque me preocupa y lo paso regular por las noches”, apostilla mientras trata de encontrarla entre el gentío.

La protesta muestra así de nuevo el carácter transversal de una movilización articulada alrededor del movimiento por la vivienda, pero que va más allá. Se han escuchado peticiones por “una huelga general” que acompañe a la de alquileres, vivas a “la lucha de la clase obrera” y atronadores aplausos cuando los manifestantes han pasado por el centro de salud Las Cortes, acompañados del cántico “Sanidad pública”. También “los invasores son los inversores”, en respuesta a la criminalización de la población migrante, recrudecida por la crisis de Ceuta.

Pese a estas luchas aledañas, la jornada se ha convertido en un plebiscito sobre la situación de la vivienda en España. Pedro Sánchez se plantea incluso adelantar las elecciones al 29 de noviembre al decaer ambos decretos, tanto el que aporta mayor protección frente a desahucios como el que establece la prórroga automática de alquileres. En la marcha, el sentir ha sido claro: “Gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende”.

Cinco horas después del arranque, el número de personas movilizadas ha descendido sensiblemente hasta algunos centenares, que aguardaban la decisión del Congreso. Toda la jornada ha discurrido sin altercados violentos, aunque manifestantes han expulsado a algunos influencers vinculados a la ultraderecha al grito de “fuera fascistas de nuestros barrios”.

Pese al descenso del número de asistentes, la indignación ha estallado al conocerse la caída del primero de los dos decretos, en una votación que seguían en sus móviles. “Sus beneficios, nuestra miseria”, “vergüenza”, “no nos representan” o “la lucha está en la calle y no en los ministerios”, han coreado con rabia antes de regresar a la acampada y comprobar que el segundo tampoco salía adelante. Han insistido además en la exigencia de una “huelga general ya”.

El Gobierno ha decidido no retirar ninguno de los dos decretos de vivienda que se votarán este viernes en el Congreso de los Diputados pese al 'no' de Junts a ambos, que hará que no se convaliden. Para el Ejecutivo “España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente” y por ese motivo han rechazado la petición de la formación independentista de que el Gobierno retirara el decreto antes de la votación para renegociarlo y llevar a la Cámara un texto nuevo y acordado.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha cargado esta noche en redes sociales contra el rechazo anunciado de Junts a los decretos de vivienda. Mete a los de Puigdemont en el mismo grupo que PP y Vox y les urge a los tres a “elegir”: “o están con la mayoría social o con los especuladores”. Asegura que este viernes “su voto les retratará ante generaciones enteras”.

El Gobierno, asegura Sánchez, “no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda”. “Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy con el caso de Macarena en Barcelona”.

El Ejecutivo ha asegurado que “se ha trabajado durante meses en ellos para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía”. Por ese motivo, ha agradecido “la responsabilidad y el compromiso” mostrado por ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria (CC) “que ya han anunciado que mañana votarán a favor de mejorar la vida de millones de personas”.

En este sentido, han reiterado que “ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores”. “Con las clases medias y trabajadoras o con las élites”, han añadido.

Los decretos, ha señalado el Gobierno, “contienen medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios”.

Por ello, para el Ejecutivo, la utilidad de las medidas “se ha demostrado hoy mismo” porque “ha servido para evitar que Macarena, una vecina de Barcelona, perdiera su casa”.

El 'no' de Junts a ambos decretos ha condenado a los dos a caer en la votación de este viernes en el Congreso de los Diputados. La formación catalana tenía en sus manos salvar el primero de los textos, ya que después de que tanto PNV y Coalición Canaria anunciaran su voto afirmativo, una abstención de Junts hubiera bastado para que este fuera aprobado.

En cuanto al segundo, que incluia la prórroga automática de los alquileres, ya estaba condenado al fracaso después de que la formación jeltzale anunciara que votaría en contra, algo que también hará CC.

Junts ha decidido tumbar los dos decretos sobre vivienda que se debatirán este viernes en el Congreso y pedirle al Gobierno que los retire antes de la votación. La formación independentista rechaza de plano la batería de medidas reclamada por los movimientos en favor de la vivienda, que considera que agravarían el problema, y exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez elaborar un nuevo texto con sus demandas. Tras esta decisión, ninguno de los dos decretos saldría adelante, pese a tener el voto afirmativo de todos los socios del Gobierno, incluido PNV y Coalición Canaria.

Ahora, 'RAC 1' ha adelantado que el partido de Puigdemont va a entregar hoy una propuesta de Real Decreto propia “para que sirva como punto de partida si el PSOE quiere avanzar hacia una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario”, según han explicado fuentes de los de Puidgemont.

“Es una propuesta amplia y técnicamente solvente, que actúa con contundencia contra los fondos buitre y protege a todas las familias”, han añadido estas mismas fuentes. Reiteran que la condición es retirar los dos decretos negociados con los grupos durante los últimos días, incluido Junts, “evitando así sus efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda”.

Ni siquiera la división en dos del texto legal, que desgajó en un segundo decreto la prórroga automática de los alquileres para dar más opciones de apoyo parlamentario al resto de medidas, ha conseguido convencer a los independentistas, que han optado por rechazar los actuales textos y reclamar que se elabore uno nuevo de urgencia.

“Una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a ellos para las familias de clase media y trabajadora”, asegura la formación en el comunicado que ha emitido tras la reunión telemática de su Ejecutiva este martes.

Entre las razones para rechazar las medidas Junts aduce que no se frena la compra de los fondos buitre, tal y como pedían, y que tampoco se protege de forma adecuada a los pequeños propietarios. Además, “determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias”, inciden, a la vez que entienden que las medidas del decreto supondrían la salida de un volumen importante de inmuebles del mercado del alquiler.

Esgrimiendo estas razones, Junts se muestra dispuesto a apoyar un nuevo decreto que se elabore de urgencia y recoja sus reclamaciones, algo que consideran que en este momento no ocurre.

Fuentes del grupo ya habían expresado en las últimas horas su “decepción y preocupación” ante las disposiciones legales aprobadas. “No sólo no cumplen los objetivos, sino que agravan el problema de vivienda con una técnica jurídica deficiente”, afirmaban estas fuentes, que criticaban al Gobierno por estar “siempre más pendiente de los equilibrios políticos que resolver los problemas”.

En la misma línea, fuentes de Junts cargaban el miércoles contra el Gobierno y aseguraban que “está siempre más pendiente de los equilibrios políticos que de resolver los problemas”. Los decretos, planteaban estas fuentes, “no solo incumplen sus objetivos, sino que agravan el problema de la vivienda con una técnica jurídica deficiente”. “¿Este decreto impide que compren los fondos buitre? Clarísimamente, no”, espetaba Junts, que sostiene que “con la redacción actual, si alguien deja en herencia a su hijo un piso alquilado, el inquilino podría comprarlo antes de que el hijo lo recibiera”.

La dirección de Junts se ha reunido en mitad de una enorme expectación tras el anuncio de Coalición Canaria, a eso de las 20.00 horas (19.00 en el archipiélago), de que votará a favor del decreto. Su apoyo, unido al que confirmaron a lo largo de la mañana Podemos, primero, y el PNV, después, situaba a los independentistas catalanes como el único partido que no había anunciado su posición.

Ante la importancia de la votación de este viernes, el presidente Pedro Sánchez volvió a pedir el jueves por la tarde “altura de miras” a los grupos parlamentarios y aseguró que aprobar el decreto “es una cuestión de pura humanidad”. “Dejemos a un lado la ideología y las confrontaciones partidistas”, planteó Sánchez. Más duro se mostraba el pasado martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que vaticinaba que “quien se oponga al clamor social tendrá un destino muy delicado”.

El Gobierno creía el pasado martes que el apoyo de Junts al primer decreto estaba garantizado. Vivienda había negociado con Junts los principales detalles del decreto principal e incluido alguna de las reivindicaciones de la formación catalana en materia de ayudas fiscales a propietarios e inquilinos. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a cundir el miedo entre el Ejecutivo a un nuevo fiasco parlamentario por las voces del entorno de Junts que apostaban por rechazar ambas disposiciones.

La decisión final de Junts trata de pasar la presión al Gobierno, al que conminan a retirar unos decretos que ya están publicados en el BOE y sobre el que todos los grupos se han posicionado. Una maniobra que, sin embargo, aboca a las medidas en materia de vivienda a quedar bloqueadas en la Cámara este viernes.

“España no puede esperar más”

Tras el 'no' de Junts a los dos decretos de vivienda, fuentes del Gobierno han asegurado a elDiario.es que  “España ya no puede esperar más” y que “necesita soluciones y una política de vivienda valiente”. “Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites”, explican las mismas fuentes.

El presidente Pedro Sánchez ha cargado esta noche en redes sociales contra el rechazo anunciado de Junts a los decretos de vivienda. Mete a los de Puigdemont en el mismo grupo que PP y Vox y les urge a los tres a “elegir”: “o están con la mayoría social o con los especuladores”. Asegura que este viernes “su voto les retratará ante generaciones enteras”.

El Gobierno, asegura Sánchez, “no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda”. “Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy con el caso de Macarena en Barcelona”.