La mayoría que suma la derecha en el Congreso no logra ponerse de acuerdo para empezar a tramitar una medida que, en principio, comparte: la prohibición del uso del burka. Este martes, el Congreso rechazará la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido presentada por Junts a causa de la oposición de PP y Vox, que rechazan el texto no porque no compartan que se prohíba utilizar este tipo de prendas, sino porque la iniciativa incluye también una disposición adicional para delegar en la Generalitat de Catalunya competencias migratorias que ahora mismo están en manos del Estado, como el control de las fronteras, la expulsión de inmigrantes o la facultad de expedir el DNI o el pasaporte.

Es la segunda vez en apenas unos meses que la derecha no logra ponerse de acuerdo en la Cámara Baja para iniciar la tramitación de una ley que prohibiría utilizar el burka o el nicab. El pasado febrero fue derribada otra iniciativa en ese sentido, propuesta por Vox, y entonces fue Junts quien se opuso a la misma argumentando que no apoyarían nada que presentase “un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Catalunya”. Entonces, sin embargo, los independentistas anunciaron que registrarían su propia proposición de ley en relación al burka, y este martes el diputado Josep Pagès la defendió asegurando que Junts no puede “aceptar que en nuestras calles haya personas invisibilizadas, borradas, cosificadas por una práctica que es sumisión, humillación y esclavitud”.

“Ni burka, ni Vox, de este marco no nos moveremos ni un milímetro”, argumentó en el debate parlamentario Pagès, que sostuvo que su iniciativa pretendía impedir que “en nuestra sociedad vulnerar los derechos de las mujeres no tenga consecuencias”, pero también afirmó que Junts no aceptaría “que eso se haga desde el racismo”. “El respeto a la pluralidad” religiosa “no puede amparar nunca prácticas que objetivamente suponen excluir a las mujeres de la vida pública”, y “dejar que de este debate se apropie la ultraderecha es precisamente lo que ha hecho el populismo de una izquierda acomplejada y desvinculada de la realidad”, espetó el diputado de Junts.

En contraste con la larga argumentación que ofreció para justificar la prohibición del burka, Pagès apenas se refirió a la segunda parte del texto, la cesión de competencias sobre migración y fronteras a la Generalitat, asegurando que es necesaria para que Catalunya “pueda disponer de las herramientas necesarias para ejercer en plenitud sus competencias”. Pero esta cuestión fue, precisamente, la que llevó a PP y Vox a oponerse al texto. La diputada popular Cristina Teniente aseguró que su partido comparte “el fondo” de la proposición de ley, y sostuvo que “el burka y los velos integrales” son “instrumentos de subordinación clara” que deben ser prohibidos. Pero también espetó que “un asunto tan sensible” no se puede “utilizar para introducir por la puerta de atrás una nueva cesión de competencias a Catalunya”.

“Los derechos fundamentales no se trocean, no se puede jugar con la seguridad del Estado y la igualdad en las mujeres no puede depender de su código postal”, defendió Teniente, que aseguró que el PP quiere “regular” el uso del burka, “pero con una ley clara” y “aplicable a todo el territorio nacional”. La parlamentaria popular anunció que su partido presentará una proposición de ley en este sentido.

Por su parte, la diputada de Vox Blanca Armario recordó el voto negativo de Junts a varias iniciativas presentadas por la ultraderecha contra el “islamismo” o el uso del burka. “Qué mala memoria tienen ustedes, señorías”, ironizó Armario, que sostuvo que Junts oculta “sus verdaderas intenciones” tras el intento de prohibir el uso del burka o el nicab: “Transferir las competencias sobre fronteras, la seguridad en los puertos o la expedición de documentos oficiales”. “La seguridad no es un puzzle de 17 comunidades autónomas”, sino que “se rompe cuando se fragmenta”, espetó la parlamentaria de Vox, que afirmo no querer oír “ni hablar de cesiones de competencias”. “Ya les han regalado bastantes tanto el PP como el PSOE”, “ni burka ni Junts”, zanjó.

La izquierda se opone

El PSOE, por su parte, se defendió de las críticas del PP —que acusó de “cinismo” a los socialistas— asegurando por boca de su diputada Andrea Fernández que “evidentemente el burka, el nicab o cualquier prenda orientada o destinada a ocultar o denigrar a las mujeres es contraria al feminismo”. No obstante, Fernández espetó que convertir a las mujeres que son obligadas a llevar burka “en un problema policial, que es lo que toda la derecha defiende, es sencillamente un planteamiento equivocado”, e insistió en que “este debate” promovido por Junts “poco o nada tiene que ver con la seguridad”, sino que “se utiliza para tapar la intolerancia”.

“La solución” del problema, planteó la diputada del PSOE, “en ningún caso pasa por expulsar a estas mujeres del espacio público a base de prohibiciones”. Y en la misma línea se expresó el parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello, que sostuvo que “las prohibiciones que se han planteado en Francia o Bélgica simplemente han expulsado a las mujeres del espacio público, en muchos casos marginándolas”, en lugar de lograr que se deje de utilizar el velo integral en la calle. “Necesitamos competencias”, pero no para poder dar “órdenes de perseguir a los más vulnerables, sino para evitar que las mujeres” sufran “acoso inmobiliario, explotación laboral o violencia machista”.

El Congreso de los Diputados dio este jueves luz verde a la ley de multirreincidencia con la que se endurecerá en el Código Penal el castigo para los autores reincidentes de pequeños hurtos. El PSOE volvió a sumar sus votos a los de PP, Vox, Junts y PNV para sacar adelante la norma, como lleva haciendo desde que a finales del año pasado decidió reactivar la tramitación de esta norma promovida por la formación de Carles Puigdemont para intentar volver a ganarse su favor. En contra votaron Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG, mientras ERC (a quien este asunto le genera una enorme incomodidad) se abstuvo. Tras pasar por segunda vez por el Congreso, la norma queda aprobada defintivamente y será de aplicación en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado.

La negativa de Junts a apoyar este jueves en el Congreso la mayor parte de las enmiendas que el PP introdujo en el Senado implica que la ley ha quedado aprobada prácticamente en los mismos términos en los que salió de la Cámara Baja hace mes y medio. La norma endurecerá las penas por hurto en dos supuestos, cuando haya multirreincidencia y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico, y en estos casos el autor podrá ser castigado con hasta tres años de prisión. Asimismo, se modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir a los ayuntamientos ejercer la acción penal contra este tipo de delincuentes cuando no lo haga la Fiscalía. El Congreso, además, sí ha respaldado una de las enmiendas introducidas por el Senado: la que endurece las penas por el robo de fluido eléctrico para actividades como el cultivo de marihuana.

La votación de este jueves, la última de la tramitación parlamentaria de la ley, culmina el giro que emprendió hace unos meses el PSOE para intentar tender puentes con Junts a través de esta ley, una de las reivindicaciones más clásicas de los independentistas. A finales del año pasado, los socialistas permitieron que se desbloqueara la proposición de ley de multirreincidencia como gesto hacia Puigdemont, con quien las relaciones ya entonces se encontraban muy tocadas y a quien la Moncloa intentó contentar asumiendo algunos de sus postulados en relación a este asunto. Y, desde entonces, su alianza en relación a este asunto se ha mantenido firme y cada paso de la tramitación ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Junts, PNV y Vox, lo que convierte a la ley de multirreincidencia en una de las que más respaldo ha recibido en toda la legislatura: 272 votos a favor de los 350 de la cámara.

En los últimos tiempos, presionado por su pugna con la ultraderechista Aliança Catalana y por algunos de sus alcaldes de la Catalunya interior, Junts ha ido endureciendo progresivamente su discurso sobre seguridad ciudadana. Y el debate de este jueves fue, de nuevo, buen ejemplo de ello, si bien la diputada de la formación independentista Marta Madrenas intentó repetidamente sacudirse ese sambenito e insistió en que “la seguridad no es de izquierdas ni de derechas” y en que quien ve “racismo” en la norma —una de las acusaciones que hizo, por ejemplo, Podemos— lo hace por su “mirada llena de prejuicios”. El dilema, aseguró Madrenas, es “continuar mirando hacia otro lado o hacer lo que hace falta”, porque “la realidad no desaparece por mucho que algunos decidan ignorarla”.

Por su parte, el PSOE —muy señalado por socios de izquierdas como Sumar, Podemos o EH Bildu por haber respaldado la tramitación y la aprobación de esta ley— también quiso hacer hincapié en que la norma “nace de una realidad que ha sido largamente trasladada por alcaldes” que “conocen mejor que nadie que la multirreincidencia es un problema de seguridad ciudadana”. Por boca de su diputado Francisco Aranda, los socialistas insistieron en que “se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda, porque seguridad y derechos no son opuestos, son la misma cosa”, y prometieron no confudir “nunca la lucha contra el delito o la sospecha sobre el inmigrante”. Algo que, dijo, han intentado PP y Vox con enmiendas como la que aprobaron los populares en el Senado para intentar entorpecer el proceso de regularización de inmigrantes que comenzará en las próximas semanas.

A través de dicha enmienda, el PP quería reformar la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de un procedimiento de regularización extraordinaria probaran su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable. Los populares pretendían que solo una certificación oficial sirviese para demostrar la ausencia de un historial delictivo, pero esa enmienda fue vetada el martes por el Gobierno aduciendo que forzaría al Estado a elevar su gasto público para contratar a más funcionarios, algo que criticó duramente este jueves la diputada del PP María Jesús Moro, que calificó el veto de “antidemocrático, abusivo, intempestivo”.

Moro, asimismo, bromeó con el hecho de que el PSOE virase hace unos meses su posición en relación a esta ley después de muchos meses bloqueándola. “Señor Aranda, bienvenido al club, qué entusiasmo”, ironizó la diputada del PP, que aseguró que quienes se oponen al endurecimiento en el Código Penal de los hurtos reincidentes están “desconectados de la realidad”. “Hemos trabajado escuchando a las fuerzas de seguridad, a alcaldes, a comerciantes, a víctimas, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a procesalistas, a la academia y a abogados”, enumeró la parlamentaria.

Sumar critica la ley y ERC se abstiene

Sumar, uno de esos grupos que se opusieron a aprobar la ley de multirreincidencia, volvió a acusar a PSOE, PP, Vox y Junts de promover el “populismo punitivo”, y su diputado Enrique Santiago sostuvo que “incrementar las sanciones por hurto” no va a “acabar con los hurtos”, pero sí a “multiplicar la población penitenciaria”. “Una plaza de prisión nos cuesta 24.000 euros, mientras que una de formación profesional, poco más de 6.000 euros”, y sin embargo “no hay plazas de formación profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles”, denunció Santiago, que insistió en que buena parte del problema de los hurtos repetidos tiene que ver con las circunstancias económicas y vitales de sus autores.

ERC, por su parte, se abstuvo, como lleva haciendo desde el inicio de la tramitación de una norma que ha generado una enorme incomodidad a la formación republicana. Su diputada Pilar Vallugera afirmó que, aunque “las políticas de seguridad no son ni de derechas ni de izquierdas, sí lo es la manera como afrontas y defines la seguridad”, y cargó contra el “populismo punitivo”. “Los datos dicen que ha bajado la delincuencia, pero que los datos no les estropeen un buen relato”, afeó a los grupos proponentes Vallugera, que sin embargo justificó su abstención asegurando que no quiere contradecir a algunos alcaldes de ERC que han planteado la necesidad de endurecer la persecución de los hurtos.

El Gobierno acaricia la convalidación del decreto de medidas económicas por la guerra de Irán. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado este martes que su grupo apoyará el paquete de medidas en la votación que tendrá lugar en el Pleno el próximo jueves siempre y cuando el PSOE vote a favor de una proposición no de ley de Junts que pide la transposición de una directiva europea para permitir que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar eximidos de pagar IVA.

Esta iniciativa de los independentistas no tendría ningún efecto jurídico incluso si fuera aprobada este jueves por la mayoría de la Cámara Baja: el texto, al tratarse de una proposición no de ley, se limita a instar al Gobierno a que lleve a cabo esta transposición. La decisión de Junts de establecer una condición que al Ejecutivo le resultaría tan sencillo cumplir implica que la formación de Carles Puigdemont no tiene intención de poner demasiados problemas a la convalidación del paquete de medidas fiscales, a diferencia de lo que podría ocurrir con el segundo decreto aprobado el viernes pasado, el que incluye iniciativas en materia de vivienda.

Pocos minutos después de que Nogueras planteara las condiciones de Junts, fuentes de la Moncloa confirmaron que el PSOE apoyará la proposición no de ley para lograr el voto a favor de los independentistas. Con los siete apoyos de los de Puigdemont, y si EH Bildu (que se ha mostrado crítico con el contenido de la norma) no da la sorpresa absteniéndose, la Moncloa ya tiene los apoyos suficientes como para sacar adelante la convalidación del decreto anticrisis el próximo jueves haga lo que haga el PP, que por el momento no ha querido confirmar cuál será el sentido de su voto.

Aseguran en el Ejecutivo estar tranquilos sobre el respaldo parlamentario al decreto de este jueves y dan por hecho en la Moncloa que tienen los apoyos garantizados. “El decreto ya se ha negociado con los partidos y los agentes sociales. De hecho, es ese diálogo con los partidos el que ha marcado el perímetro de las medidas. Y por eso partimos de una base sólida para que podamos contar con una aprobación mayoritaria”, ha apuntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El PSOE volverá este jueves a unir sus votos al PP, Vox y Junts para culminar la tramitación parlamentaria de la ley de multirreincidencia. La medida implicará un endurecimiento de las penas por hurtos menores en caso de reiteración y es una de las más demandadas por parte de los independentistas catalanes desde el principio de la legislatura y, especialmente, desde hace unos meses, a causa de la presión que ejercen sobre Junts la ultraderechista Aliança Catalana y algunos de sus propios alcaldes de la Catalunya interior. Por eso, los socialistas decidieron desbloquearla justo cuando Carles Puigdemont anunció solemnemente la ruptura de la colaboración con el Gobierno. Un gesto que, hasta la fecha, no cuenta con reciprocidad alguna. Salvo excepciones contadas, como el decreto fiscal de este jueves para las consecuencias de la guerra, en Junts mantienen su portazo al Ejecutivo y se disponen a tumbar el decreto con medidas de vivienda impulsado por Sumar.

Una vez alcanzado el acuerdo político para sacar adelante la ley de multirreincidencia, la tramitación ha avanzado con rapidez y, a finales del año pasado, PSOE, PP y Junts cerraron la redacción final del texto, que también apoyó Vox. En febrero, el Congreso dio luz verde por primera vez a la norma, y el pasado miércoles el Senado —donde el PP cuenta con mayoría absoluta— terminó de incluir sus enmiendas. Lo que hará la Cámara Baja este jueves será pronunciarse sobre ellas, pero aunque las rechace, la reforma del Código Penal para castigar más severamente los hurtos reiterados será ley a partir del viernes: lo que se decide es cuál es su redacción final.

Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, las enmiendas que ha introducido el PP —que debatirá y votará este jueves el Congreso— buscan endurecer el texto y también entorpecer la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno hace unas semanas. En concreto, los populares quieren que la norma modifique la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de esa regularización prueben su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable ante la ausencia de una certificación oficial. También han aceptado una enmienda de Vox para garantizar que los delincuentes extranjeros condenados en España sean expulsados a sus países de origen y cumplan allí las penas impuestas por la justicia española.

La primera de esas modificaciones, la relativa al endurecimiento de los requisitos que deben cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a los papeles, tiene visos de salir adelante, puesto que Junts tiene previsto votar a favor de la misma. Si los independentistas no cambian de posición a última hora, su apoyo, sumado al de PP y Vox, sería suficiente para incluir esta medida dentro de la ley de multirreincidencia, con lo que esa norma podría acabar entorpeciendo la regularización de inmigrantes que se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Entre las filas socialistas admiten que si la ley de multirreincidencia promovida por Junts estuvo la primera mitad de la legislatura en un cajón era, principalmente, porque también existía un profundo debate interno. El texto de los independentistas catalanes asume el marco punitivista respecto a delitos menores del que habitualmente hace gala la derecha. Y eso enfrentaba al PSOE al conjunto de sus socios de izquierdas —a excepción de ERC, a quien este asunto genera una enorme incomodidad y que se ha abstenido en varias de las etapas de la tramitación de la norma— y abría de puertas hacia dentro una discusión sobre la idoneidad de esa reforma.

La necesidad de contentar a Junts, principalmente, pero también el interés mostrado por el PSC de Salvador Illa en que la medida salga adelante terminaron por decantar la balanza. Varios alcaldes socialistas de Catalunya, de hecho, acudieron presencialmente al primer Pleno del Congreso que dio luz verde a la reforma tras defender que se trata de una reforma muy demandada en ayuntamientos catalanes. El propio PSC ha trabajado una enmienda que será votada este jueves para endurecer las penas al robo de energía eléctrica destinada a los narcopisos.

Junts no apoyará el decreto de vivienda

Tras el choque del pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario, en lo que coinciden los dos socios de coalición de Gobierno es que apenas existe recorrido político para arrancar a Junts un respaldo al decreto que prorroga los contratos de alquiler. “Somos conscientes de que no hay apoyos, pero no por ello vamos a renunciar a hacer frente a la crisis habitacional”, dijo Pedro Sánchez durante su comparecencia. El presidente llegó a repetir hasta en tres ocasiones que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo del Congreso.

De hecho, es esa certeza, la de que Junts votará en contra de cualquier medida que proteja a los inquilinos frente a los propietarios, la que está en el centro de la discusión entre el PSOE y Sumar desde el pasado viernes. Los socialistas se cerraron en banda a unir la prórroga de los alquileres al decreto de medidas fiscales y económicas para paliar los efectos de la guerra porque eso implicaba directamente que el texto decayese durante su votación en Pleno ante la falta de apoyos. Y ahora asumen que esa negociación con los diputados de Carles Puigdemont sobre la situación habitacional de miles de familias a quienes les cumple el contrato de arrendamiento será, directamente, imposible.

El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, tampoco muestra demasiada confianza en un cambio de posición de última hora de Junts que permita salvar el decreto de medidas de vivienda, al menos en las circunstancias actuales. No obstante, en público tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como los partidos que conforman la coalición que ella lidera apuestan por fomentar que los colectivos sociales y sindicales ejerzan presión contra los independentistas catalanes para elevar el coste de derribar el texto. Y fuentes de uno de los partidos del espacio sostienen, además, que incluso si el decreto cae habrá merecido la pena aprobarlo porque, a su juicio, se ha producido un cambio de rasante por el cual la derecha será quien tenga que justificar su negativa y no el Gobierno dar explicaciones por no haber puesto en marcha medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda.

Junts sumará esta semana su voto a PP y Vox para dificultar la regulación de migrantes impulsada por el Gobierno. El partido de Carles Puigdemont apoyará la obligatoriedad de un certificado de ausencia de antecedentes penales, aunque su país de origen no conteste.

Tal y como ha avanzado el diario ARA, Junts votará a favor este jueves en el Congreso de una enmienda del PP en la ley de multirreincidencia que endurece los requisitos a los migrantes para obtener la regularización. La norma saldrá igualmente adelante.

La enmienda impulsada por el PP y que tendrá el aval de Junts y también de Vox contempla que todas las autorizaciones de residencia requieran que el solicitante no tenga antecedentes penales. Pero a diferencia del texto inicial pactado por el Gobierno y Podemos, la enmienda especifica que la falta de antecedentes se acredite con una certificación oficial de una autoridad competente del Estado de origen o de anterior residencia, y no solo con una declaración responsable del solicitante.

“En ningún caso, la imposibilidad de obtención de esta certificación o la falta de respuesta a las autoridades extranjeras sustituirá ese requisito por otros medios como declaraciones responsables”, se agrega en la enmienda del grupo de la derecha que apoyará Junts.

Entre los cambios introducidos en el texto en el Senado y que el Congreso votará esta semana, figura una enmienda del PP que exige un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia y otra que obliga, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma.

El texto incorpora también una enmienda del PSOE por la que se incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.

En el último pleno del Congreso, Junts y Vox ya se sumaron una moción del PP que pedía al Gobierno “renunciar con carácter inmediato” al proyecto para la regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes que viven sin permiso de residencia en España gracias a la unión de los votos de los populares con Vox y Junts.

Con 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención, la iniciativa del PP salió adelante también con el apoyo del diputado de UPN sin incorporar las enmiendas de Vox, que pedía añadir otras medidas más duras en materia de inmigración, ni de Junts, que quiso incluir la delegación de competencias en materia de inmigración para Catalunya.

Junts ha confirmado este sábado que el decreto anticrisis que congela los precios del alquiler tiene pocos visos de prosperar. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado contra el decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno, que incluye una prórroga de dos años para los contratos de alquiler, al considerar que “asfixia” a los pequeños propietarios.

Tras una discusión entre PSOE y Sumar, el Gobierno aprobó este viernes dos decretos para hacer frente a la inestabilidad en los precios derivada de la guerra en Irán. El primero contempla que todos los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027 vean su duración prolongada dos años en las mismas condiciones que se firmaron, y el segundo incluye la rebaja del IVA al 10% en el gas natural, los carburantes y la electricidad, entre otras medidas en energía.

El Ejecutivo confirmó que el decreto de energía se llevará al Congreso este jueves para su convalidación, pero para el segundo, el de vivienda, se va a dar un plazo más amplio, ya que quieren negociarlo con los socios parlamentarios del Gobierno. Junts ha anticipado ya su rechazo, y sus siete votos son indispensables para su luz verde en el Congreso.

Más opciones ha dado Turull de aprobar el decreto de medidas energéticas. “Van a tener nuestro apoyo todas aquellas medidas que den oxígeno a las clases medias y trabajadoras, a la pequeña y mediana empresa. Todas aquellas que vayan en la línea de asfixiar a las clases medias y trabajadoras ya la pequeña y mediana empresa no lo van a tener. Y de estos dos decretos, hay uno que claramente opta por asfixiar a las clases medias”, ha aseverado Turull.

En esta línea, ha instado al Ejecutivo central a “asumir los costes de las políticas sociales” y a “dejar de asfixiar al pequeño propietario” con un decreto que, ha augurado, “saben que luego el Congreso no aprobará”.

En declaraciones a los medios desde Viladecavalls (Barcelona), donde ha participado en unas jornadas de trabajo municipalista con representantes de las comarcas de Barcelona, Turull ha defendido que gracias a la insistencia de Junts en Madrid se ha conseguido la rebaja de precios de la gasolina, el gas y la electricidad.

El secretario general de Junts ha instado al president de la Generalitat, Salvador Illa, a “plantarse en Madrid para defender los intereses de los catalanes”.

Ha asegurado que Catalunya tiene recursos para hacer unas políticas fiscales que, dice, dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras, especialmente en referencia al IRPF. “Por esto nosotros pedimos al presidente Illa que haga esta rectificación, que no nos haga pasar más episodios de vergüenza”, ha apuntado.

“Si el president de la Generalitat hiciera de president de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa seguro que podría ser más beneficioso para los catalanes”, ha señalado.

El decreto que contiene la mayor parte de las medidas anticrisis del Gobierno ha sido bien recibido por Junts, que ha valorado especialmente la rebaja de impuestos a los carburantes y la electricidad. “Junts ha forzado una batería de medidas anticrisis para rebajar los impuestos y paliar los efectos de la guerra sobre la economía”, ha celebrado la formación en una nota, en la que ha asegurado que eso le lleva a “valorar el voto favorable a las medidas”.

La formación de Míriam Nogueras recuerda que ya llevó una propuesta en similares términos al Congreso hace unas semanas, por lo que entiende que el Gobierno ha recogido su posición en el decreto presentado este viernes para hacer frente a la situación económica derivada de la guerra en Irán.

En concreto, Junts valora las rebajas del IVA del 21% al 10% del gasoil, la electricidad y el gas natural, así como la rebaja del impuesto especial de la electricidad del 5,11 al 0,5% y la suspensión temporal del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que era del 7%. Destacan asimismo que también se han incorporado ayudas a las empresas electrointensivas.

Las medidas recogidas en el decreto, al parecer de Junts, tienen un “beneficio directo” sobre la mayoría de la población y empresas de Catalunya. Desde la formación no aclaran, sin embargo, si su apoyo se limitaría al decreto principal de las medidas anticrisis o podría extenderse también al segundo aprobado este viernes, en materia de vivienda.

Junts ha fichado en Manresa (Barcelona) a Sergi Perramon, el político que consiguió dos concejales en la ciudad para la extrema derecha de Front Nacional de Catalunya (FNC) en las últimas elecciones municipales. La formación de Carles Puigdemont ha llegado a un acuerdo en este municipio barcelonés con Avenç Nacionalista, la nueva plataforma de Perramon, para los comicios de 2027 en los que aspiran a desbancar de la alcaldía a ERC.

Ambos grupos, Junts y Avenç Nacionalista, darán los detalles de la coalición electoral este viernes al mediodía en una rueda de prensa conjunta en la capital de la comarca del Bages. El acuerdo se ha sellado entre el líder de Junts en Manresa, Ramon Bacardit, y Perramon. En las últimas semanas, los contactos entre ambas formaciones se habían intensificado y han encontrado alianzas en cuestiones como el padrón, la seguridad o los empleos.

Perramon, que llegó a militar en las juventudes de Convergència, se presentó en las últimas elecciones municipales de 2023 bajo las siglas del Frente Nacional de Catalunya y logró dos concejales y más del 6% de los votos. Sin embargo, se fue distanciando del partido y, desde 2025, actúa como concejal bajo la marca de Grup Nacionalista. A finales de diciembre, Perramon presentó públicamente el nuevo partido Avenç Nacionalista. En ese momento, aseguró que quería crear una plataforma de “centroderecha” rehuyendo de siglas y sin la marca de ningún partido.

Perramon recibió recientemente ofertas de Aliança Catalana para ser candidato en Manresa, pero declinó. Esta formación, liderada por Sílvia Orriols, se ha quedado con el espacio de la extrema derecha independentista que un día trató de ocupar el FNC.

El pleno del Ayuntamiento de Manresa está constituido ahora mismo por 25 concejales: siete de ERC, seis de Junts, cuatro del PSC, 2 de Impulsem, 3 de FEM-CUP, 2 del FNC y 1 de Vox. ERC, PSC e Impulsem firmaron un acuerdo para gobernar conjuntamente.

Desde ERC ya han criticado el acuerdo. Gabriel Rufián, su portavoz en el Congreso, ha afirmado que llegarán más pactos de este tipo. “Y cuando pase, quienes han callado y fomentado una burbuja política, mediática y digital profundamente tóxica en Catalunya se preguntarán qué ha pasado”, ha dicho.

El Gobierno estudiará cómo mantener las medidas del escudo social que tumbó el Congreso este jueves con los votos de PP, Vox y Junts, que pusieron como excusa que la prohibición de los desahucios favorece la okupación, un argumento que rechaza el Ejecutivo y sus aliados, incluso el PNV que pactó una rebaja de la ambición inicial del decreto al dejar fuera de la moratoria antidesahucios a los propietarios con una única vivienda en alquiler. “Hay que pulsar el sentir de los grupos y, en función de esa cuestión, ver cuáles son las posibilidades que tenemos”, ha dicho la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER.

“Es un Gobierno inasequible al desaliento. Siempre el diálogo es la mayor ventaja que tenemos a la hora de poder modificar esa capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos”, ha agregado Montero, que ha trasladado la responsabilidad fundamentalmente al PP, a pesar de que Junts también rechazó el decreto por segunda vez, obligando a llevar al Congreso la subida de las pensiones por un lado y el resto del escudo social, por otro. “Quiero hacer un llamamiento a que uno no puede votar en contra de todas estas medidas y devolver otra vez la pelota al Gobierno. El Partido Popular tendrá que explicar por qué dice que no a todo esto, que es bueno para la gente y por qué piensa que intentar producir una derrota parlamentaria tiene mayor beneficio político que sacar adelante unas medidas que claramente son beneficiosas”, ha señalado.

La vicepresidenta ha descartado que el varapalo en el Congreso, que también tumbó el decreto que pretendía poner topes de precios en emergencias o catástrofes como la de Adamuz o la dana, suponga la inviabilidad de la legislatura: “Claro que es viable. El Gobierno lleva impulsando más de 50 iniciativas legislativas que ha permitido llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas. Tenemos todavía retos muy importantes de país que el Gobierno tiene que seguir acometiendo y lo hará, como siempre, intentando contar con el apoyo de distintas fuerzas parlamentarias en una aritmética que es la que han decidido los ciudadanos y que, por tanto, nos obliga a dialogar muchísimo hasta la extenuación para poder sacar adelante algunas medidas”. “¿A alguien le cabe duda de que si en este momento no hubiera un Gobierno progresista estas medidas ni siquiera estarían encima de la mesa?”, se ha preguntado.

La ministra de Hacienda ha reconocido que no tiene los apoyos para los Presupuestos Generales del Estado que se ha comprometido a presentar en el mes de marzo y ha señalado específicamente a ERC y Junts. Igualmente, ha admitido que los puentes están rotos con la formación de Carles Puigdemont. En el Gobierno dan por perdido el apoyo de los neoconvergentes hasta que el expresident vuelva a Catalunya en aplicación de la ley de amnistía.

En cuanto a ERC, el principal conflicto está ahora en la cesión de la gestión del IRPF a Catalunya, que ha puesto también en standby el apoyo de los republicanos a los presupuestos de Salavador Illa. “No tenemos acuerdo y, por tanto, hay que seguir trabajando y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación autonómica en la que hemos partido desde un primer momento en posiciones que estaban en las antípodas, hemos ido trabajando para llegar a un punto de encuentro y hoy estamos en condiciones de presentar un modelo de financiación dentro del régimen común que aporta unos recursos muy importantes para todas las comunidades autónomas, especialmente para Andalucía y para Catalunya”.

La también candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo verano ha acusado al PP de generar en los territorios un clima de confrontación con Catalunya con “nostalgia del procés”. “Vamos a intentar una convivencia justa, coherente, que entre todos repartamos los recursos de manera coherente”, ha dicho antes de acusar a Juan Manuel Moreno Bonilla de “mentir” cuando se presentó en una reunión con Pedro Sánchez pidiendo la retirada del cupo catalán. “Nadie está trabajando en un cupo catalán. Otra cosa es que algunos pretendan tenerlo”, ha apuntado antes de lamentar: “Nos estamos defendiendo todo el tiempo de mentiras”. “El señor Moreno Bonilla, bajo esa apariencia falsa de moderación, sigue a pie juntillas los dictados de Génova y repite como un papagayo lo que dice el señor Feijóo”, ha criticado.

Un ejemplo de esa estrategia de mentiras lo ha situado en la respuesta a la pregunta sobre si el rey emérito debería volver a España después de que Feijóo lo planteara tras la desclasificación de documentos del 23F que han servido a la derecha para avalar su papel durante el fallido golpe de estado. “¿Dónde está la polémica? O sea, ¿quién tiene una opinión contraria o distinta sobre que el rey emérito volverá cuando el rey emérito decida volver? Ni la Casa Real ni el Gobierno de España, ni parece que el principal partido de la oposición”, ha comenzado.

“La desclasificación de los papeles del 23F en un primer momento para el PP era una cortina de humo. Posteriormente utilizan los papeles desclasificados para inventarse una polémica en la que ni más ni menos meten a la Casa Real”, ha proseguido: “Me parece un despropósito absoluto que marca el desnortamiento que tiene el Partido Popular, que no sabe exactamente cuál es el papel que le toca jugar en este momento de la historia de España, que está invitando a Vox a apoderarse de las instituciones democráticas”.

El PP, Vox y Junts han vuelto a tumbar este jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, con medidas como la prohibición del corte de suministro de luz y agua, la protección a consumidores vulnerables y la suspensión de los desahucios para personas que no pueden afrontar el alquiler. Es esta la razón que han vuelto a poner como excusa los siete diputados de Junts para votar en contra del decreto, con el argumento de que fomentará la okupación. “Una excusa barata y falsa”, como ha recordado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate de la medida en el Congreso. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El Gobierno daba por perdida la votación de este martes y buscará ahora la manera de intentar rescatar las medidas de este paquete. No han servido los intentos de negociación en estas semanas y la modificación que introdujo en la medida sobre los desahucios tras pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas arrancaron al Ejecutivo que la suspensión de los desalojos no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Pero Junts decidió hace meses retirar su apoyo al Gobierno. Es una decisión estructural que difícilmente cambiará, al menos así lo creen en Moncloa, hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España, una decisión judicial que ya no depende del Ejecutivo. Las medidas a las que ha dado apoyo esa formación en el Congreso en todo este tiempo son iniciativas con las que coinciden ideológicamente, como la subida de las pensiones, pero se ha negado a negociar la agenda progresista de la coalición.

Junto a la estrategia de oposición al Ejecutivo, los de Puigdemont conviven en su seno con un debate sobre el giro ideológico de su formación, en pleno ascenso de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Quizás eso también explica por qué sus siete diputados votaron a favor hace un año de un texto casi idéntico al que se ha debatido este jueves y que ahora rechazan. La agenda de Junts en esta legislatura ha girado hacia la derecha en asuntos como la inmigración o la seguridad y por eso en esta ocasión han centrado sus críticas al decreto en la okupación, sobre la que el paquete no dice nada.

Así lo ha recordado Bolaños al defender la medida en la tribuna. “Les tengo que decir que ni okupas ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto, y al revés, se les excluye de cualquier beneficio”, les ha reprochado a los diputados catalanes. “Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo decreto en 2025. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley con los okupas, que ni están ni se les espera ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha criticado Bolaños.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado un “chantaje político” del Gobierno por “mezclar cosas” cuando “no tiene mayoría”. “¿Por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente si España va como un cohete?”, le ha prguntado antes de reprochar que se haya convertido “una medida excepcional en una penitencia para los propietarios”.

Los socios progresistas de la coalición han recriminado la “falacia” de las derechas en su rechazo al escudo social. “En eso sí forman un bloque la derecha catalana y española”, ha expresado el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

“Os pedimos una reflexión porque pulsar el botón rojo no hace caer al PSC o al señor Illa”, le ha dicho la portavoz socialista, Montserrat Mínguez, a la bancada de Junts: Si presionan el botón rojo tendrán un apluaso del PP y Vox, que les quiere ilegalizar. Pero tendrán el enfado de mucha gente que ha confiado en ustedes“. ”Quien está echando a la gente de sus casas son los fondos buitre, a quienes están protegiendo es a los fondos buitre“, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal.

Las medidas que decaen

Además de la protección contra los desahucios, el escudo social mantenía otras medidas como la extensión durante un año de la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluía la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, incluía la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

El nuevo texto mantenía la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes está analizando “cartel a cartel” el idioma de la señalización de las autopistas para ver si se cumple el uso de los rótulos en catalán. Esta revisión ocurre después de que Junts preguntara en el Congreso sobre esta cuestión al Ministerio, al que acusaron de querer “hacer desaparecer el catalán” de las carreteras.

“Si hay algo que contradice la normativa vinculada a la señalización, procederemos a cambiar los carteles que lo incumplen”, han indicado este miércoles fuentes del Gobierno recogidas por la agencia ACN. Destacan que el Ministerio cumple con los criterios de señalización en idiomas oficiales como el catalán, pero que si se detecta “alguna anomalía” trabajarán “de inmediato” para arreglarlo.

En el caso concreto de la AP-7, apuntan a que es una autopista que estaba sujeta a una concesión y que ha pasado a ser de gestión estatal. “Su señalización se renovó para sustituir la que se encontraba en mal estado y corregir la numeración de las salidas que estaban mal kilometradas”, exponen. En total, se han cambiado 22 carteles, de los cuales 20 son “exclusivamente en catalán” porque corresponden a topónimos oficiales (nombre propio), y sólo dos tienen desdoblamiento bilingüe.

Queja de Junts

Los diputados de Junts en el Congreso Isidre Gavín y Pilar Calvo registraron este martes una batería de preguntas por escrito dirigidas al Ministerio que dirige Óscar Puente a raíz de la sustitución de señales viarias en catalán por versiones exclusivamente en castellano en varias autopistas de Catalunya. Según exponen, en los últimos días se ha observado cómo la Dirección General de Carreteras está retirando o modificando rótulos existentes en catalán.

Junts recuerda que la legislación estatal en materia de tráfico establece que las indicaciones escritas en paneles de señalización deben figurar en castellano y también en la lengua oficial de la comunidad autónoma cuando la señal esté ubicada dentro de su ámbito territorial.

Pedro Sánchez minimizó el órdago de Junts cuando Carles Puigdemont anunció la ruptura con el Gobierno. En Moncloa vieron inicialmente aspavientos, pero no creyeron que la sangre llegara al río. Se equivocaron. Y no tardaron en darse cuenta. Por eso el Ejecutivo multiplicó los gestos hacia la formación independentista (apoyo a la ley contra la multirreincidencia, un macrodecreto con promesas pendientes, el compromiso de publicar las balanzas fiscales...) al tiempo que intentó reagrupar a la mayoría de la investidura. Pero en Moncloa dan por perdido el apoyo de Junts, al menos hasta que Puigdemont vuelva gracias a la aplicación de la amnistía.

El Gobierno ha vuelto a escuchar el portazo este miércoles en el Congreso. La portavoz, Míriam Nogueras, ha confirmado que su grupo votará en contra del decreto del escudo social. Por segunda vez. Ya sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazar hace un mes el paraguas de protección social que se implementó durante la pandemia. La excusa de los neoconvergentes fue que la prohibición de los desahucios era un coladero para la okupación. Tras el varapalo, el Gobierno negoció con el PNV una rebaja de la ambición para dejar fuera a los propietarios con una única vivienda en alquiler.

“Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, ocupación ‘no’. Y cumplimos”, expresó Nogueras en la sesión de control: “Lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación el escudo social y las ocupaciones. Si votáramos que ‘sí’, quizás nos ahorraríamos todas esas mentiras que dicen de nosotros. Pero nosotros no engañamos”. “Escudo social, sí. Ocupaciones, no”, ha señalado llevándose el reproche de Sánchez por vincular la protección del escudo social a personas vulnerables con la ocupación.

Ante la segunda derrota en el Congreso, el Gobierno tendrá que buscar la fórmula para mantener esa protección. Lo que, en principio, no ven en el Ejecutivo es presentar un tercer decreto (ya lo han hecho en esta ocasión desgajando el 'escudo social' de la subida de las pensiones, que sí se aprobará con el 'sí' de PP y Junts). “El Gobierno ha promovido por dos veces el escudo social. Separar la parte de desahucios no lo ve la izquierda. Puede ser que la izquierda diga que cuando lo tumben lo vea distinto, que ahora cambie de opinión”, señala una fuente gubernamental sobre la anterior negociación, en la que Moncloa pretendía llevar la prohibición de los desahucios por separado para minimizar los riesgos, pero se opusieron los socios progresistas y finalmente fueron por separado las pensiones y todo lo demás en un único texto. “El Gobierno está dispuesto a hablar, pero no vamos a traerlo al gusto de cada cual”, apunta esa fuente.

Una ministra descarta que se vaya a aprobar un nuevo decreto. “Tenemos instrumentos”, dice sobre el mantenimiento de las medidas de protección social, como el bono energético, las entregas a cuenta a las comunidades y ayuntamientos o la actualización del Ingreso Mínimo Vital. Además, sostiene que serán las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP, las que tendrán que dar respuesta a los desahucios: “Tienen unas obligaciones estatutarias en materia de emergencia habitacional para personas en situación de vulnerabilidad”.

Lo que asumen en Moncloa es que no tienen nada que hacer por ahora con Junts. “La situación de Junts se acabará de estabilizar cuando vuelva Puigdemont”, reflexiona un miembro del Gobierno. La estimación del Ejecutivo es que se podría producir ese escenario en primavera dado que la sentencia del Tribunal Constitucional se espera para abril o mayo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya le han allanado el camino. También está pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, tras la opinión favorable del abogado general, que suele marcar la pauta de los jueces en Luxemburgo.

En todo caso, la tensión con Junts se mantiene en un momento sensible para el Gobierno ante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado que ha prometido en el primer trimestre del año. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó al mes de febrero, que ya ha pasado y ahora la intención es hacerlo en marzo, es decir, en las próximas cuatro semanas. “No están en condiciones de aprobar presupuestos”, señalan fuentes gubernamentales sobre Junts y reconocen que lo importante de las cuentas públicas es aprobarlas, no solo presentarlas, a pesar de que Sánchez aseguró que podría acabar el mandato sin sacar adelante los presupuestos en toda la legislatura. “No dan lugar a la interlocución. Cortesía parlamentaria hay, pero no hay capacidad de diálogo”, lamentan esas fuentes.

No han servido los gestos a Junts ni la rebaja de la ambición del decreto del escudo social para conseguir atraer a la formación de Carles Puigdemont, que sigue dejando claro a Pedro Sánchez que está lejos de una reconciliación. La portavoz neoconvergente, Míriam Nogueras, ha confirmado que sus siete diputados se opondrán de nuevo al decreto que se vota en el Congreso este jueves. El 'no' de Junts, que se suma a PP y Vox, condena al fracaso ese texto legal que incluye medidas como la prolongación del bono social eléctrico, las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos o la prohibición de los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

“Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, ocupación ‘no’. Y cumplimos”, ha dicho. Pero ha añadido: “Lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación el escudo social y las ocupaciones. Si votáramos que ‘sí’, quizás nos ahorraríamos todas esas mentiras que dicen de nosotros. Pero nosotros no engañamos. ”Escudo social, sí. Ocupaciones, no“, ha asegurado.

Nogueras ha concluido: “¿Su escudo social es un titular? Porque si realmente quisiéramos impulsar el escudo social bastaba con que hiciera una cosa, separarlo de las ocupaciones. ¿Por qué no lo ha hecho?”.

El presidente le ha reprochado que vincule la protección del escudo social a personas vulnerables con la ocupación: “No sé por qué usted tiene que identificar la situaciones de potencial desalojo de colectivos vulnerables con la ocupación, nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Lo que estamos precisamente en ese real decreto ley tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones de venidas de vulneración social, ¿qué tendrá que ver eso con la ocupación?”.

Ante la primera derrota en el Congreso del escudo social, el Gobierno decidió desgajar las medidas en dos decretos: uno con la subida de las pensiones, que sí saldrá adelante con los votos de PP y Junts, además de los socios de la coalición, y otro con las del escudo social en sí. En este segundo se incluyeron cambios pactados con el PNV, como que la moratoria antidesahucios excluya a los propietarios con una única vivienda en alquiler.

A pesar de que el Ejecutivo confiaba en atraer así a los neoconvergentes, se han topado con el 'no' de nuevo. Fuentes gubernamentales reconocían el martes que no tenían aún el plan para salir de esa situación, que supone la caída de las medidas del escudo social que se activaron en la pandemia. “Partido a partido”, respondían.

En el habitual 'cara a cara' con el líder de la oposición, Sánchez le ha acusado de hacer “política para ultras”. “En lo que ha quedado, de la política para adultos a la política para ultras”, le ha reprochado en la sesión de control después de criticar su “sarta de mentiras”.

Feijóo ha aprovechado una vez más su turno en las sesiones de los miércoles para cargar con dureza contra el Gobierno y le ha pedido “transparencia” sobre multitud de temas, desde la tragedia de Adamuz a las informaciones publicadas en algunos medios sobre el expresidente José Luis Zapatero.

“Ya que se pone a dar lecciones. ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, con los pocholos, con Quirón y con la Sanidad? ¿Qué va a hacer usted con ese señor Mazón al que han señalado diciendo negligente o ”grosera negligencia“?”, le ha respondido Sánchez.

Pensaba escribir sobre la ley de multirreincidencia aprobada en el Congreso, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por miedo. Tengo miedo a que no se entiendan mis dudas, siendo un debate donde no parecen caber matices. Tengo miedo a que me acusen de estar del lado de los delincuentes y de no importarme sus pobres víctimas. Miedo a que me llamen “buenista” por no creer en el punitivismo. Miedo a que, quienes defienden esta ley, me deseen los peores males: “ojalá te pase a ti, que te roben por la calle o en tu comercio, y veas cómo el chorizo entra en comisaría por una puerta y sale por la otra”.

No sé si la ley de multirreincidencia dará miedo a los pequeños delincuentes contra los que va destinada. A mí sí me da miedo. No porque me la vayan a aplicar a mí, que soy incapaz de robar un lápiz en Galerías Preciados. Lo que me da miedo es lo que resuena detrás de la ley: el discurso del miedo, precisamente del miedo, que avanza gracias a debates como la multirreincidencia.

Me da miedo ver a los diputados de Junts festejando la ley en la puerta del Congreso como un gran logro, cuando su interés no es la tranquilidad de los vecinos sino la disputa política con la ultraderecha de Aliança Catalana. Me da miedo ver a Cuca Gamarra, del PP, vinculando la multirreincidencia y la regularización de inmigrantes, también para competir con la ultraderecha: “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización? Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero de delincuentes.”

Me da miedo ver al PSOE comprando el discurso de las derechas y ultraderechas, con todos los matices socialdemócratas que quieran ponerle; y además hacerlo por cálculo parlamentario, para ganarse el favor de Junts en próximas votaciones.

Me da miedo ver cómo el discurso del miedo gana cada vez más terreno en una de las sociedades más seguras de Europa. Me da miedo ver a tantos ciudadanos comprando la mercancía que les venden partidos, televisiones y redes sociales que insisten en magnificar la delincuencia, siendo como somos uno de los países con menor criminalidad de Europa. Repito: uno de los países con menor criminalidad de Europa. Me da miedo que, siendo uno de los países más seguros, tengamos al mismo tiempo uno de los Códigos Penales más duros de Europa, y estemos entre los países con más población encarcelada. A cada alarma social respondemos endureciendo el Código Penal y aumentando los años de cárcel.

El mismo miedo que me da ver cómo partidos, televisiones y redes sociales extienden desde hace años el miedo histérico a la okupación, pese a su baja incidencia. A ellos se suman los vendedores de “seguridad”, que nos machacan con su publicidad de terror. Me da miedo que, siendo un país tan seguro, seamos el primer país de Europa y cuarto del mundo en número de alarmas de hogar instaladas. Insisto: primer país de Europa y cuarto del mundo. Y en números totales, no relativos.

Esa combinación de un país objetivamente seguro, con una sociedad asustada, un Código Penal duro, cárceles cada vez más pobladas, ultraderecha al alza e instaladores de alarmas recorriendo los barrios, sí que da miedo. Para multirreincidencia, la de los portavoces del miedo, ya sean políticos, periodistas o comerciales.

Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época eran unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts. La iniciativa salió adelante con el apoyo de toda la derecha y del partido cuyo líder, que se llama Pedro Sánchez, no deja de repetir que hay que frenar a Vox cueste lo que cueste. Parece que el jueves tocaba tomarse el día libre en ese empeño.

La frase en cuestión tiene que ver con las puertas de comisarías o juzgados. Cuca Gamarra lamentó en el debate que sea habitual desde hace años ver a delincuentes “entrar por una puerta y salir por otra”. Pilar Vallugera, de Esquerra, que optó por la abstención, se centró en la lentitud de la justicia que permite que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”. Para la versión más entusiasta estaba Míriam Nogueras, de Junts: “Los ladrones que campan por Catalunya, roban y asustan día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros mayores, a los campesinos, y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán”.

Pasan los años y hasta las décadas y las mismas frases aparecen en la boca de los políticos. Es llamativo, porque la situación no puede ser más diferente a la que existía cuando se empezaron a utilizar esas palabras.

Nogueras estaba acompañada en el patio del Congreso por un grupo de alcaldes de Junts que han presionado durante meses para que se adoptara la medida. Afirmaban que la delincuencia estaba aumentando en sus ciudades y que sus expectativas electorales se estaban viniendo abajo por la pujanza de Aliança Catalana, el partido de la ultraderecha independentista. Incluso viajaron a Waterloo para ver a Carles Puigdemont y dar la voz de alarma.

Sílvia Orriols, líder de Aliança, ha confirmado que su partido no se presentará a las próximas elecciones generales. Tampoco lo necesita si Junts se ocupa de hacer su trabajo en el Congreso.

La reforma impone que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza”, aunque uno de ellos sea leve y el valor de lo sustraído sea inferior a 400 euros. Los hurtos continuados serán castigados con penas de uno a tres años a partir de tres condenas. El actual Código Penal ya aumentaba las penas por multirreincidencia si la cuantía de varios robos superaba los 400 euros.

¿Qué quiere decir que esos delincuentes “ya no saldrán”, como decía Nogueras? Todos los que apoyan los cambios aspiran a que esos presuntos ladrones entren en prisión preventiva y desaparezcan de las calles por mucho tiempo, no a causa de la duración de la pena, sino del retraso tradicional de la justicia.

En los años ochenta, el primer Gobierno de Felipe González recibió la herencia de unas prisiones abarrotadas y en condiciones materiales deplorables que estaban a punto de estallar. Existía el convencimiento generalizado de que no se trataba a los presos como seres humanos. Se calculaba que más del 90% de ellos eran preventivos a la espera de juicio. Lo que se llamó la reforma Ledesma, por el ministro de Justicia, intentaba resolver una situación explosiva poniendo en libertad a muchos de esos internos, lo que supuso un aumento de la pequeña delincuencia. El factor esencial fue la ola de robos cometidos en las grandes ciudades relacionados con el consumo de droga.

“La desigualdad y la marginación, en combinación con el paro y la crisis económica, desemboca, con la droga como hilo trágico, en unos índices de delincuencia como no se habían conocido en España”, escribe Arturo Lezcano en el libro 'Madrid, 1983'.

Frente a las falsedades que se leen en las redes sociales sobre la nostalgia de esos años ochenta en España, básicamente porque casi no había extranjeros, la realidad fue muy diferente. Y fue entonces cuando se popularizó la frase que empieza por “entra por una puerta...”.

Pasada esa época –la cárcel, las sobredosis y el sida acabaron con una generación de personas que violaban la ley por decisión propia o adicción–, la sociedad se instaló en un panorama que no ha cambiado demasiado. España es un país con un bajo nivel de criminalidad grave y con un alto porcentaje de población carcelaria, lo que es una cierta paradoja. Es uno de los países de Europa Occidental con más presos por habitante (117 por 100.000 en 2024) por detrás de Gran Bretaña (170).

Teniendo en cuenta que Feijóo ha dado pista libre a relacionar inmigración con delincuencia, no es extraño que Gamarra sacara un tema que no tenía que ver directamente con la reforma. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización? Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes”, dijo. Es un mensaje idéntico al de Vox.

El partido de Santiago Abascal votó a favor, aunque cree que la reforma es “necesaria, pero no suficiente”, dijo Juan José Aizcorbe. “Mientras no se haga un control efectivo de las fronteras, la multirreincidencia seguirá existiendo”. El PP y Vox están en plena competición para ver quién llama criminal con más intensidad a los inmigrantes sin papeles, sobre todo si son africanos.

A pesar de los comentarios de la derecha y la extrema derecha, el diputado socialista Francisco Aranda dijo que la norma se hace desde la óptica “progresista”, lo que es una forma bastante imaginativa de describir los cambios.

Los socios del Gobierno no vieron progresismo por ningún lado, sino todo lo contrario. “¿Por qué el acceso a la vivienda no genera un consenso como esta ley para meter en la cárcel a robagallinas?”, se preguntó Enrique Santiago, aunque en este caso habría que hablar sobre todo de robamóviles. El portavoz de Sumar acusó al PSOE de utilizar los argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria”.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, planteó que el mayor problema sigue estando en los tribunales: “Tenemos uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más”. Igual el problema no está ahí. Da igual que aumenten las penas si los juicios tardan mucho tiempo en celebrarse. Ningún juez mantendrá en prisión preventiva a una persona durante dos años si le piden uno de prisión. Ese pronóstico de Nogueras de que “ya no saldrán” es algo más que discutible.

Sobre la frase de entrar por una puerta y salir por otra, José María Mena, que fue fiscal jefe del TSJ de Catalunya durante diez años, tenía una respuesta inteligente: “No tenemos tantas puertas. Entran y salen por la misma”. La clave no es “endurecer las leyes”, decía, “basta con aplicarlas”.

Para los políticos, aplicar leyes puede ser una tarea ardua, por ejemplo por problemas presupuestarios. La solución más fácil es reformar el Código Penal al que se puede estirar como un chicle hasta dejarlo irreconocible. Tendrán el titular, se abrazarán alborozados y se harán fotos, y el problema que exista en la calle seguirá siendo el mismo.

Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero.

“Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC).

También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”.

En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV. El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente.

Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE.

Sin avances para el traspaso de competencias migratorias

A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto.

Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea.

El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la ley de multirreincidencia con la unión de votos del PSOE, Junts y la derecha para sacar adelante este texto, que era uno de los principales compromisos que adquirió el Gobierno con la formación de Carles Puigdemont. La ley pasará ahora al Senado.

El texto tenía los apoyos garantizados desde diciembre, cuando en la ponencia llegaron a un acuerdo con el PSOE para impulsar una ley que ha sido una de las principales obsesiones de la derecha y la ultraderecha desde hace años, tal y como han criticado durante el debate grupos de izquierda, que han acusado a los independentistas catalanes de dejarse arrastrar ideológicamente por el ascenso de Aliança Catalana. Vox ya registró en 2022 una ley como esta, que ha utilizado frecuentemente para vincular la delincuencia con la inmigración.

Estas son las claves:

¿Quiénes han votado a favor?

Ha salido adelante con 302 votos a favor de PSOE, PP, Junts, Vox y PNV. Han votado en contra 36 diputados: Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG. ERC y Coalición Canaria se han abstenido.

Esquerra ha dicho que se abstenía a petición de los alcaldes del partido que, según ha relatado la diputada Pilar Vallugera, les han trasladado su preocupación por este asunto en los últimos meses. La formación ha alcanzado en paralelo un acuerdo con el Gobierno este martes para incrementar el número de jueces y juezas en Catalunya.

¿Qué es la multirreincidencia?

La multirreincidencia es la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, la mayoría de las ocasiones pequeños robos o hurtos. En la exposición de motivos de la ley, Junts habla de las quejas de muchos alcaldes y alcaldesas catalanes que desde 2021 denuncian una “alarma social” por una “oleada de delitos”, sobre todo hurtos pero también peleas, por parte de un “reducidísimo grupo de personas” que el “sistema no era capaz de evitar”. 

¿Qué cambia?

El actual Código Penal ya incluye, en realidad, castigos más duros para las personas que cometan robos de forma continuada. Si una persona es condenada por un hurto en más de tres ocasiones y la cuantía de lo robado supera los 400 euros, el juez pasará a imponerle una pena de prisión de seis a dieciocho meses, en lugar de una multa. Lo que propone Junts en su texto es que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza” y siendo al menos uno de ellos leve, incluso aunque el valor de lo sustraído sea menor a 400 euros.

Móviles

La iniciativa de Junts también plantea que los hurtos “menos graves o graves” continuados (a partir de tres condenas) sean castigados con penas de uno a tres años. Y aplica esta horquilla a los robos de teléfonos móviles: “Dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos”. 

Una de las modificaciones que salió adelante en diciembre en el Congreso extiende también el incremento de los castigos a los delitos de estafa. En el caso de que el delincuente sea condenado por este motivo al menos tres veces se impondrán penas de entre seis meses y tres años independientemente del valor de lo estafado. Una de las enmiendas transaccionales del PP también modificó ligeramente el apartado sobre el hurto de teléfonos móviles para evitar que se tengan en cuenta en este aspecto los robos en tiendas o almacenes: “No se considerarán incluidos los que se encuentren a la venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales”. 

El petaqueo

La ley hace referencia a una de las técnicas que utilizan los narcotraficantes para llenar de combustible sin tener que atracar en puerto las lanchas con las que transportan la mercancía, especialmente en zonas como el Estrecho de Gibraltar. Los traficantes utilizan otras embarcaciones más pequeñas cargadas con bidones de combustible para llegar hasta las lanchas, atracadas lejos de la costa. Según denuncian los agentes policiales, es difícil perseguir este tipo de barcos.

Para castigar estas conductas, una enmienda modifica el Código Penal para tipificar como delito “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro con temeridad manifiesta de cualquier forma de combustibles líquidos no comprendidos en el apartado anterior, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, se castigará con la pena de prisión de uno a cinco años”.

Poder a los juzgados

Se dará poder a los juzgados en sus primeras diligencias en caso de “reiteración delictiva” para tipos penales graves. Son los contemplados en el artículo 57 del Código Penal: “Homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares”. 

¿Y ahora qué?

El texto va ahora camino al Senado pero, con un acuerdo tan amplio, lo lógico es que la Cámara, controlada por el PP, no ponga pegas a la ley y quede definitivamente aprobada allí sin necesidad de volver al Congreso.

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la ley de multirreincidencia, que endurece las penas para algunos delitos menores cometidos de forma reiterada, como el hurto de teléfonos móviles en la calle. Y lo ha hecho con una extraña mayoría: el PSOE ha unido sus votos a Junts y a la derecha para sacar adelante este texto, que era uno de los principales compromisos que adquirió con la formación de Carles Puigdemont para dar estabilidad a la legislatura. Esquerra Republicana se ha abstenido y el resto de socios de izquierda ha votado en contra. 302 votos a favor, incluido el PNV, los 36 en contra de Sumar, Podemos y el BNG y la abstención de los independentistas catalanes y Coalición Canaria.

El texto, que registró Junts durante la legislatura, tenía los apoyos garantizados desde diciembre, cuando en la ponencia llegaron a un acuerdo con el PSOE para impulsar un texto que ha sido una de las principales obsesiones de la derecha y la ultraderecha desde hace años, tal y como han criticado durante el debate grupos de izquierda, que han acusado a los independentistas catalanes de dejarse arrastrar ideológicamente por el ascenso de Aliança Catalana. Vox ya registró en 2022 una ley como esta, que ha utilizado frecuentemente para vincular la delincuencia con la inmigración.

Los primeros movimientos de los socialistas para llegar a un acuerdo en esta ley se produjeron precisamente pocos días después de que Junts confirmase su ruptura con el Gobierno y dejase en suspenso su apoyo a todas las votaciones provenientes de sus partidos, PSOE y Sumar. En pocas semanas, los partidos de la comisión llegaron a un acuerdo para desbloquear el texto.

La multirreincidencia es la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, sobre todo pequeños robos o hurtos. En la exposición de motivos de la ley, Junts habla de las quejas de muchos alcaldes y alcaldesas catalanes que desde 2021 denuncian una “alarma social” por una “oleada de delitos”, sobre todo hurtos pero también peleas, por parte de un “reducidísimo grupo de personas” que el “sistema no era capaz de evitar”. 

El actual Código Penal ya incluye, en realidad, castigos más duros para las personas que cometan robos de forma continuada. Si una persona es condenada por un hurto en más de tres ocasiones y la cuantía de lo robado supera los 400 euros, el juez pasará a imponerle una pena de prisión de seis a dieciocho meses, en lugar de una multa. 

Lo que propone Junts en su texto –y apuntalan las enmiendas pactadas– es que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza” y siendo al menos uno de ellos leve, incluso aunque el valor de lo sustraído sea menor a 400 euros.

La norma aprobada ya por el Congreso también plantea que los hurtos “menos graves o graves” continuados (a partir de tres condenas) sean castigados con penas de uno a tres años. Y aplica esta horquilla a los robos de teléfonos móviles: “Dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos”. 

“Es una ley que nace de los territorios y no de los despachos. Una ley muy esperada y que llega demasiado tarde, marcada por bloqueos en la tramitación”, ha lamentado la diputada de Junts Marta Madrenas. “Es una ley necesaria y equilibrada, no es una ley ideológica sino una respuesta a la realidad. Una realidad incontestable”, ha defendido.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reprochado al PSOE haber desbloqueado la norma tras la ruptura entre ambas formaciones. “Queda clara cuál es la manera de que entiendan las cosas. Y no es precisamente allanarse como hacen sus socios, que priorizan 'frenar a la derecha' mientras que en realidad lo que acaban frenando son los trenes de Catalunya”, ha escrito en su perfil oficial de X.

El PP, por su parte, ha aprovechado el debate para atacar al Gobierno y a los migrantes. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización. Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes. El que venga a delinquir, a su país. La residencia en España se gana, no se regala”, ha cargado la diputada del PP Cuca Gamarra.

Poco antes había criticado la corrupción del Ejecutivo. “La única multirreincidencia hasta hace poco era la de sus números doses. La única que hoy preocupa en las filas del PSOE es la de los fajos de billetes de 50 euros que señalan ya al PSOE por financiación irregular. La única que les ha ocupado era la de los condenados de EH Bildu que les exigían libertad a cambio de sus votos”, ha dicho. 

El único partido del bloque de izquierdas en el Congreso que no ha rechazado el texto ha sido Esquerra Republicana, que a pesar de no estar de acuerdo con el espíritu del texto, se ha terminado absteniendo a petición de los alcaldes del partido que, según ha relatado la diputada Pilar Vallugera, les han trasladado su preocupación por este asunto en los últimos meses. “No pondremos trabas, nos abstendremos como muestra de que hemos escuchado a los alcaldes, pero la realidad no se cambia a golpe de código penal. No somos punitivos, somos realistas”, ha dicho en la defensa de su posición, en la que ha recordado que los datos hablan de una reducción de los delitos y no al revés.

Esquerra ha alcanzado en paralelo un acuerdo con el Gobierno este martes para incrementar el número de jueces y juezas en Catalunya. Según fuentes de la formación, el Gobierno aprobará 91 nuevas plazas en 2026, vía real decreto y otras 90 plazas en 2027. “Ambos aumentos se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la Ley de Eficiencia y, entre otras cosas, garantizan que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso, vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar”, han trasladado fuentes de la formación.

Críticas de la izquierda: “Criminaliza la pobreza”

Sumar ha sido muy crítico con lo que han calificado de “delirio populista”. “¿Esto qué es? ¿Un experimento de la gran coalición?”, ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, que ha censurado que al mismo tiempo siga sin haber acuerdo parlamentario para derogar la ley mordaza o solucionar el problema de la vivienda. “Existe una mayoría para endurecer el Código Penal para delincuentes de poca monta. ”Será un reflejo de lo mal que está el mundo: mano dura con los débiles e impunidad con los fuertes. Los demócratas no se deberían dejar llevar por esta ola populista“, ha denunciado Santiago contra el PSOE.

“El endurecimiento de penas no sirve para prevenir los delitos”, ha reprochado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que se ha dirigido a Junts en catalán. “Amics de Junts, esto no servirá para parar los hurtos ni para frenar a Aliança Catalana”, les ha dicho. “España es un Estado seguro, donde los niveles de delincuencia son bajos, pero tenemos unos centros carcelarios con una población de las más altas de Europa y uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más. Al mismo tiempo sabemos que el endurecimiento de esas penas no va a servir”, ha insistido Iñarritu en sus críticas.

Podemos también ha sido muy crítico con la ley, que ha tildado de “racista”, “clasista” y de imponer un “populismo punitivo” contra los “robagallinas” mientras que deja fuera a los multirreincidentes de grandes delitos. “Solo busca criminalizar la pobreza y estigmatizar a la gente con pocos recursos”, ha criticado la diputada Martina Velarde.

El PSOE se ha desembarazado de esas críticas. El diputado Francisco Aranda ha defendido que el compromiso del Gobierno es firme para atajar el fenómeno de la multirreincidencia pero ha descartado que se haya fiado todo “al punitivismo”. “Sin fiarlo todo al punitivismo ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha. Por eso nosotros también trabajamos en medidas adicionales al Código Penal para reducir y atajar que haya quien haga de la multirreincidencia su modus vivendi”, ha defendido.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha declarado este jueves que la sentencia que se ha conocido este jueves sobre su inmunidad y la de Toni Comín y Clara Ponsatí “es una bofetada muy dura al Parlamento Europeo”, ya que “el máximo tribunal de la Unión Europea revoca una decisión contra los derechos que han sido vulnerados por ese rodillo que formaban el PP, el Partido Socialista, Vox y Ciudadanos con el apoyo del Gobierno español y con la complicidad vergonzosa de la presidencia de la Eurocámara”.

“Hoy el Parlamento Europeo ha pasado mucha vergüenza y debe examinar qué ha hecho mal, como le ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE... en aquel momento era tan evidente que se estaban pisoteando unos derechos… ¿Cómo se podía justificar que una persona que ha participado en un acto en el que se gritó que debíamos ir a prisión, que esa persona, actuando como relatora, iba a ser imparcial? Hemos tenido que esperar, lamentablemente, demasiados años y causa un daño grave a la reputación del Parlamento Europeo”, ha apuntado Puigdemont, acompañado por Toni Comí en las instalaciones de la Eurocámara.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

El presidente de Junts ha cargado duramente contra la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la que ha recriminado que “se negó a recibirnos a tres eurodiputados que queríamos exponerle la situación en la que nos encontrábamos y se negó a dar una respuesta. Requeriría una aclaración por parte de la presidenta sobre cuál es su papel: si es el de miembro de un partido político o el de presidenta de todos los eurodiputados, incluidos aquellos con los que no está de acuerdo”.

Prudentes sobre la decisión de la Amnistía

Preguntado por si la sentencia puede tener algún efecto sobre la posición del TJUE sobre la Ley de Amnistía, Puigdemont ha insistido en que son “prudentes respecto a las expectativas sobre lo que deben hacer los tribunales y con sus decisiones. Es evidente que la opinión del abogado general, en el caso de las cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía, era contundente, pero quien debe tomar la decisión es el Tribunal. Ya sabéis que la opinión no es vinculante y nosotros mantendremos la prudencia, el respeto y la expectativa”.

Sobre un posible acercamiento al PSOE en caso de que la Ley de Amnistía sea respaldada por los tribunales, el presidente de Junts ha recordado que “eso son muchas pantallas, ni siquiera hemos pasado la primera pantalla. Primero tenemos que ver cuál es la decisión del juez del TJUE y, después, cuál es la decisión del juez español. Una cosa es lo que diga Europa y otra cosa es lo que haga España, porque en el caso de Cataluña, España va por su cuenta”.

Las palabras de Puigdemont llegan cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trata de rearmar la mayoría de la investidura para tratar de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de Junts, las relaciones del Ejecutivo de Sánchez con el partido independentista catalán no pasan por el mejor momento. Los problemas de Rodalies, que han sido ampliamente utilizados por Junts para ataca a los socialistas, o la posición de la formación de Puigdemont con su rechazo al escudo social, han provocado que el supuesto diálogo entre ambas formaciones se vea constantemente trabado. Además, los independentistas insisten en recordar que quedan todavía pendientes algunas cuestiones como la publicación de las balanzas fiscales o la oficialidad del catalán en la UE.

Mientras, a pesar de que el TJUE señala como “contraria a la exigencia de imparcialidad” que el ponente que redactó el informe para el Parlamento pidiendo la pérdida de la inmunidad de los tres parlamentarios independentistas fuera un eurodiputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento, Jorge Buxadé, jefe de Vox en el Parlamento Europeo, ha señalado que la sentencia del “demuestra que se trata de un Tribunal profundamente parcial, politizado e ideologizado”. En lugar de hacer un ejercicio de autocrítica, el líder de la formación de ultraderecha ha comentado que “esta sentencia confirma que la justicia europea no actúa con neutralidad, sino con criterios políticos”.

El Consejo de Ministros presentó ayer una nueva fórmula para intentar aprobar en el Congreso la subida de las pensiones y el escudo social. En lugar de meterlo todo en un mismo decreto ómnibus, en un gran paquete de medidas, el Gobierno lo ha troceado en dos partes para asegurarse el apoyo de sus socios de investidura y de los partidos que votaron en contra la semana pasada —PP, Vox y Junts—. El Ejecutivo ha conseguido así salvar al menos uno de los dos decretos, el que contiene la revalorización de las pensiones, mientras confía en que Junts termine apoyando el decreto del escudo social, a pesar de que el partido catalán aseguró anoche que no votaría a favor de la moratoria antidesahucios.