Enric Daza, el hasta ahora cabeza de lista de Junts en Cambrils, anunció este lunes su incorporación a Aliança Catalana y dio a entender que todo su grupo se iba en bloque a la formación ultra. No era cierto y sus dos compañeras le han desmentido unas horas después, pero el efecto ya se había conseguido: dar a entender que sectores y secciones locales completas están pasando de un partido a otro. Es decir, sumar a la estampida de votantes que sí está ocurriendo una sangría orgánica que, por el momento, Junts no está sufriendo, pero que Aliança tiene mucho interés en que acabe pasando. 'Fingirlo hasta conseguirlo' [Fake it till you make it], tal como recomienda el conocido aforismo en inglés.

El sueño de Aliança sería poder fichar a grandes nombres y caras conocidas del espacio de Junts, porque eso abonaría el relato de unos rivales en decadencia mientras ellos están en auge. Una sustitución de siglas dentro de un espacio político igual o similar, algo que han intentado la mayoría de las extremas derechas, pero también todas las nuevas formaciones en crecimiento cuando tratan de abrirse hueco.

El caso paradigmático que buscan emular es el de Donald Trump y su movimiento MAGA, que se ha extendido por el campo sociológico tradicional del republicanismo en EEUU y ha puesto en su órbita tanto viejos líderes como nuevas promesas de toda la derecha. En el Reino Unido, Reform UK ha conseguido algo similar: en enero pasado nueve líderes conservadores se fueron a la formación de Nigel Farage, que suma en sus filas hasta 21 exdiputados tories y once exministros. En una escala menor, algo parecido ha ocurrido con el alcalde de Niza, Éric Ciotti, y sus escarceos entre Les Républicains y Le Pen.

Pero, aunque sería lo más codiciado para el partido, no es exactamente eso lo que está ocurriendo entre Aliança y Junts. Al menos hasta la fecha. De hecho, uno los mayores intentos del partido de Orriols para robar nombres al universo de Carles Puigdemont tuvo lugar en Barcelona, donde la extrema derecha probó con el exconseller de Economía, Jaume Giró. Y, tras él, nombres relacionados con el Barça, como Sandro Rosell o Lluís Carrasco. Nada de ello fructificó, por lo que Aliança tiró mano de su propio banquillo con Jordi Aragonès.

En otros lugares, Aliança sí ha sido eficaz a la hora de atraer a cuadros de sus principales rivales. Daza, en Cambrils (aunque no sus compañeras) es un caso claro, como también lo es Èric Esteban, hasta ahora numero dos de Junts en Amposta. O Marina Quintana, exconcejal de Junts en Roda de Ter que ahora probará suerte con las siglas xenófobas.

Pero no es el único espacio del que pesca Aliança: en Tortosa presentan a Eduard Rel, proveniente del PSC, el mismo partido que había puesto en listas a Eduard Planes, que ahora irá con Aliança en Mont-roig del Camp. Y de ERC, con Conxita Iglesias en Sant Feliu de Buixalleu o Ramon Abad, que pasó de las listas de los republicanos a ser el coordinador del Aliança en la comarca de la capital de Lleida.

La pesca de candidatos ha sido tan variada que Aliança ha tenido una de sus primeras crisis por acercarse a nombres propios de la extrema derecha españolista. En concreto, en Vic, ciudad donde ya estuvo radicada la xenófoba Plataforma per Catalunya, Aliança ha fichado a Xavier Capelles, un hombre de la extrema derecha clásica que combatió el independentismo desde Societat Civil Catalana.

Pero, más allá de casos concretos, en la larga lista de nombres que la formación de Orriols está teniendo que confeccionar para abastecerse de cabezas de listas municipales, lo que más abunda son personas sin trayectoria política o partidista. Hay caras conocidas de las redes sociales, como el alcaldable a Girona, Marc Villafañe Valero, mucha cantera en el sector empresarial, y gente que se ha acercado al partido en los últimos años, como Arnau Liesa, candidato apartado en Figueres por mantener una relación con una exalumna menor de edad.

Esta heterogeneidad de procedencias, tan habitual cuando un partido está de subida, puede verse como una virtud, pero representa también un reto, en la medida que Aliança necesitará armonizar en el día a día multitud de intereses y acentos. De hecho, Junts fue también una sucesión de Convergència que bebió de la llegada de muy diferentes corrientes. Algo que inicialmente se mostró como signo de transversalidad pero que, en los momentos flacos, se ha acabado interpretando como una de las razones del actual desdibujamiento de su perfil ideológico.

Si bien el trasvase de cargos y líderes desde Junts no está siendo la avalancha que a Aliança le gustaría exhibir, los pronósticos electorales no son nada halagüeños para la formación de Puigdemont. Las encuestas indican que la formación de Sílvia Orriols está siendo muy eficaz robando electorado que había votado a Junts en anteriores elecciones.

En el último CEO, del total de encuestados que manifestaron haber votado a Junts al Parlament en mayo de 2024, un 28% decían que ahora elegirían a Aliança. Pero esta formación es atractiva para toda la derecha porque, de los exvotantes de Vox, un sorprendente 23% dice ahora que tomarán la papeleta de Orriols, y hasta un 8% de los que optaron por el PP.

Pero además, hay un dato que aparece de forma reiterada en los estudios demoscópicos y que debería poner en guardia a la derecha españolista tanto o más que a Junts. A los votantes de Vox y del PP les gusta Silvia Orriols casi tanto como su propio candidato. De hecho, la líder de Aliança obtiene la mejor nota de sus propios votantes, pero después de los de Vox, del PP en tercer lugar y, finalmente, de los de Junts. Esto, en cambio, no es recíproco, ya que los votantes de Aliança detestan a Ignacio Garriga y Alejandro Fernández, que serían los últimos candidatos a los que votarían como presidente.

Junts sale del Gobierno municipal de Girona. A un año de las elecciones locales de 2027, la formación de Carles Puigdemont se va a la oposición y deja en minoría el Ejecutivo del que ha formado parte hasta ahora, liderado por Guanyem (la marca de la CUP en la ciudad), con el alcalde Lluc Salellas, y con la participación de ERC.

La hasta ahora vicealcaldesa Gemma Geis, líder de Junts en el consistorio, ya venía lanzando mensajes en los últimos días de que se agotaba su papel dentro del tripartito independentista que encabeza Salellas. Junts aspira a lograr unos mejores resultados electorales si compite desde la oposición, en un contexto de auge de la xenófoba Aliança Catalana.

Con la salida de los seis ediles de Junts, el Ayuntamiento quedará gobernado por tan solo once concejales de 27. Entre las carteras que ocupaban los de Geis estaban las de Promoción Económica, Innovación, Salud o Lengua Catalana.

El movimiento de Junts se ha precipitado en los últimos días. Geis dejó caer la bomba el domingo, en un artículo en El Punt Avui, titulado Se nos ha acabado la paciencia, en el que daba por superado su paso por el Gobierno. Sus socios de Guanyem y ERC ya vieron que se trataba del preludio de su salida del Ejecutivo, hecho que constataron este lunes, durante el pleno municipal, cuando la propia vicealcaldesa no despejó las dudas sobre la inminente ruptura.

Ni el alcalde ni la vicealcaldesa, que se sientan el uno al lado de la otra, se saludaron cuando llegaron al pleno. El orden del día se terminó en poco más de una hora, y en el turno de ruegos y preguntas afloró la crisis de gobierno.

“Creo que este grupo municipal tiene todo el derecho del mundo a hacer su valoración política, a querer emprender su camino diciendo que Girona merece más y reconocer las cosas que se han hecho bien en este gobierno”, afirmó Geis, dando a entender, una vez más, que se disponían a abandonar el Ejecutivo.

Por su parte, antes de dar el pleno por terminado, el alcalde Lluc Salellas intervino para defender que mantener el tripartito hubiera sido la “mejor opción” hasta las municipales de mayo de 2027. De entrada, Salellas subrayó que en el contexto actual, con “ataques y agresiones al catalán”, es bueno que Girona tenga un gobierno independentista y “claramente” republicano.

Pero no sólo, porque el alcalde también quiso poner de relieve que, más allá de la ideología, el acuerdo Guanyem-Junts-ERC permitió trabajar “por la cohesión, para que la extrema derecha no pueda crecer ni tener espacio en la ciudad y avanzar hacia una Girona que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El portavoz de Junts en Cambrils, en la provincia de Tarragona, ha dado el salto a Aliança Catalana. El partido que lidera Sílvia Orriols ha anunciado el fichaje como cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027 de Enric Daza, actual portavoz de la formación de Carles Puigdemont.

Aliança ha celebrado un acto público en Cambrils para anunciarlo, en el que han tomado parte su secretario de organización, Oriol Gès, y la secretaria de Política Institucional, Aurora Fornos, además del propio Daza.

En un principio, se informó de que los otros dos concejales de Junts, Teresa Recasens y Laura Mellau, también se iban a la formación xenófoba, pero lo ha desmentido Recasens en una rueda de prensa este martes. “No he pactado nada ni comulgo con Aliança Catalana”, ha declarado.

Lo que sí ha desvelado es que Compromís per Cambrils, la marca de Junts en el municipio, celebró este domingo una reunión en la que se puso sobre la mesa acudir a las elecciones con Aliança, y “mucha gente” estuvo de acuerdo.

Recasens ha comparecido sola. Menllau, la otra edil de Junts, ha asegurado a la agencia ACN que no seguirá en política.

Daza, que a principios del año pasado fue expulsado del gobierno en coalición que el PSC formaba con Junts –lo que provocó la salida del pacto de los de Puigdemont y la dimisión del alcalde– ha explicado que el cambio de partido responde a una reflexión “profunda” y ha afirmado que asume el reto “con la misma ilusión y más”.

“Necesitamos volver a poner orden, cuidar nuestras calles, reforzar la seguridad, impulsar el comercio, proteger nuestro modelo turístico y situar de nuevo los intereses de los cambrilenses en el centro de todas las decisiones. Estoy convencido de que Aliança Catalana es la fuerza que nos permitirá hacer posible este cambio”, ha asegurado Daza.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el 16 de julio hará pública la sentencia sobre la ley de amnistía. Con dicha sentencia, sea en el sentido que sea, se pondrá fin al debate sobre la juridicidad de la ley de amnistía. Si la ley de amnistía no tiene cabida en el derecho europeo, tampoco puede tenerla en el derecho español y tendría, en consecuencia, que ser expulsada del ordenamiento jurídico lato sensu.

Si, por el contrario, la ley tiene cabida en el derecho europeo, quedaría despejada la única duda que quedaba sobre su vigencia. Podrá continuar el debate jurídico académico o el debate político, como ocurre con cualquier norma jurídica después de que el máximo intérprete de la Constitución o del Derecho Europeo haya resuelto las dudas sobre la misma, pero su inclusión en el derecho español y europeo sería ya indiscutible. La última palabra estaría ya dicha.

Dado que la legislatura que se inició con las elecciones del 23 de julio de 2023 ha girado desde el primer momento sobre la amnistía, el alcance de la decisión que se va a conocer el 16 de julio no puede ser mayor. El TJUE avalará la estrategia de acoso y derribo del PP, Vox y de buena parte de la judicatura o, por el contrario, avalará la legitimidad y legalidad de la mayoría parlamentaria y su Gobierno.

En el primer caso, nos encontraríamos ante una crisis constitucional prácticamente inmanejable. Es muy poco probable que se produzca. En el segundo el nacionalismo catalán recuperaría la posición que ha ocupado en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución.

La sentencia va a ser, inevitablemente, una sentencia extraña ya que en el asalto a la ley de amnistía se ha practicado avant la lettre, la consigna de José María Aznar del “que pueda hacer que haga”. Han sido tres años de una guerra de guerrillas contra la ley en la que han participado los grupos parlamentarios de PP y Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado (en esta última cámara de manera fraudulenta); el Tribunal Supremo en varias ocasiones, así como también la Audiencia Nacional y algunos Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas y el propio Tribunal de Cuentas. Además de algunas de las asociaciones de jueces, que llegaron a convocar manifestaciones en las puertas de las Audiencias Provinciales e incluso huelgas, que carecen de cobertura constitucional. Y la “Brunete” mediática, por supuesto.

No todas las acciones han acabado siendo judicializadas, pero muchas sí lo han sido. Cada una ha tenido el recorrido judicial que le correspondía. En consecuencia, el debate sobre la ley de amnistía no ha sido un debate nítido. No ha sido un debate con base en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados o senadores del PP y Vox o en una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo, a las que se podría haber anudado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ha sido un debate con múltiples voces y ante diferentes instancias. Como consecuencia de ello, la cacofonía jurídica ha sido enorme.

Como consecuencia de esta enorme cacofonía, el TJUE se va a pronunciar este próximo 16 de julio sobre dos cuestiones prejudiciales menores, se podría decir, elevadas por el Tribunal de Cuentas la primera y por la Audiencia Nacional la segunda. Pero ambas van a despejar las dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho europeo.

El Tribunal de Cuentas analiza la responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y otros miembros del Govern, y pregunta si amnistiar el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés vulnera la directiva europea de protección de los intereses financieros de la Unión.

La cuestión elevada por la Audiencia Nacional se produjo en relación con la causa que afecta a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Audiencia Nacional considera que el TJUE debe decidir si la cobertura que da la ley de amnistía a la actuación de estos Comités es compatible con la Directiva europea de lucha contra el terrorismo o si, por el contrario, genera un espacio de impunidad incompatible con el marco comunitario.

En noviembre del año pasado, el Abogado General descartó que la ley de amnistía fuera incompatible con la normativa europea sobre protección de fondos o sobre terrorismo.

También descartó la alegación de que la ley de amnistía fuera una ley de “autoamnistía”, es decir, que se aprobaba por quienes había cometido delitos durante el procés para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Los redactores de la ley serían, pues, los beneficiarios de la misma, con lo que se produciría un intercambio de votos por impunidad.

Ya el Tribunal Constitucional argumentó que el objetivo de la norma no era un beneficio personal, sino un fin legítimo de Estado: buscar la normalización política y la convivencia en Cataluña tras la crisis constitucional de 2017. Con esta opinión es con la que coincide el Abogado General.

La opinión del Abogado General no es vinculante, pero estadísticamente suele anticipar el fallo definitivo.

De ser así, el TJUE estaría desbloqueando la situación jurídica de los líderes independentistas condenados o encausados, aunque todavía no condenados, como es el caso de Carles Puigdemont.

El nacionalismo catalán del que procede Junts ha sido una pieza muy importante en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente, representa una parte importante de la Constitución de España. La guerra de guerrillas contra la ley de amnistía lo ha descolocado. ¿Será posible que, resuelta la cuestión de la amnistía, esa forma de manifestación del nacionalismo catalán vuelva a hacer política de la forma en que demostró que sabe hacerlo?

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

El papa León XIV se ha convertido en el líder internacional mejor valorado por los catalanes. Así lo refleja el Barómetro de Opinión Política publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que ha aprovechado la visita del Papa a España y su especial paso por Catalunya para preguntar por su figura.

Y los resultados para la iglesia son positivos: un 59% de las personas que lo conocen aprueban su papel en la escena internacional, un porcentaje que lo sitúa al frente del ranking de líderes mundiales. Lo sigue el presidente francés, Emmanuel Macron, con un 50% de aprobación, y el podio lo completa Xi Jinping (47%), que sorprendentemente concita el aprobado tanto de los votantes de izquierda como los de Aliança Catalana. A la cola, y muy destacados, se sitúan Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

No solo aprueba, sino que genera poco rechazo

Pero el liderazgo del actual pontífice no se limita solo a su aprobación. También es uno de los dirigentes con menos rechazo frontal: solo un 12% de quienes lo conocen le otorga la nota mínima, un cero. Trump encabeza el rechazo absoluto con un 63%, seguido de Putin (54%), mientras que el resto de líderes quedan por debajo del 15%.

Otro elemento que refuerza la posición del pontífice es su grado de conocimiento. A pesar de ser una figura relativamente nueva –hace poco más de un año que ocupa su puesto–, el 95% de los catalanes dice que lo conoce. Esta notoriedad se explica, en buena parte, por el contexto en que se hizo el trabajo de campo: entre el 21 de mayo y el 25 de junio, coincidiendo con la visita del papa en Catalunya y la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, hechos que tuvieron un fuerte impacto mediático.

El contraste con los dos líderes más poderosos del planeta es elocuente. En un momento marcado por la guerra en Oriente Medio y por la tensión internacional –el mismo barómetro sitúa en un 5,8 sobre 10 la percepción de amenaza de un conflicto entre los Estados Unidos e Irán para la seguridad de Catalunya–, la figura del papa emerge como un referente de consenso allí donde Trump y Putin actúan como factores de polarización.

Apoyo transversal

Uno de los datos más singulares del barómetro es el carácter transversal de este apoyo. La aprobación supera el 50% en casi todos los electorados e incluso obtiene un 68% entre el electorado de los Comuns, un espacio político habitualmente alejado de la jerarquía católica. En el otro extremo, también aprueba con margen entre los votantes de Aliança Catalana, con un 56%. La valoración también es muy alta entre los votantes del PP (79%), Junts (73%), PSC (72%) y VOX (58%).

La comparación con el pontificado del Papa Francisco

Además, el CEO también ha querido tomar el pulso a la opinión de los catalanes sobre el primer año de pontificado. Porque aunque el tiempo parece que pasa muy rápido, solo hace 427 días que León XIV llegó al Vaticano. La percepción mayoritaria es de continuidad: un 33% considera que León XIV ha mantenido la misma orientación que su predecesor, Francisco I. Entre quienes perciben un cambio, predomina la sensación que el nuevo papa ha emergido en un tinte más conservador (28%) antes que progresista (15%). Una cuarta parte (24%) no se posiciona.

Ahora bien, la alta valoración de su papel internacional no se traduce en una autoridad moral equivalente. Preguntados por la importancia que dan a la opinión del Papa, casi la mitad de los catalanes (45%) admite que no da ninguna. Un 23% considera que puede ser relevante si habla de temas que les afectan y solo un 9% le da mucha importancia. Es el retrato de una sociedad ampliamente secularizada, que valora la figura del pontífice como un actor global relevante en un contexto hiperpolarizado, pero que mantiene una cierta distancia con los elementos más religiosos.

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.

La ley catalana para restringir la compra de vivienda con fines especulativos, pactada entre el Govern y los Comuns, deberá superar un obstáculo més después de que este miércoles llegue al Parlament como estaba previsto. Junts y el PP han decidido solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que dejará la tramitación en suspenso hasta que el órgano se pronuncie.

El CGE es el órgano consultivo catalán que examina el encaje constitucional y estatutario de las leyes. Su informe no es de obligado cumplimiento, pero sí paraliza el trámite, normalmente alrededor de un mes. Además, el dictamen de Garanties puede ser una avanzadilla de la decisión que acabe tomando el Tribunal Constitucional, a donde el PP ya ha anunciado que llevará la norma.

Según Junts, la ley vulnera el derecho fundamental de la propiedad, además de que invade competencias municipales, según ha explicado su portavoz parlamentario, Salvador Vergés. Los independentistas además reprochan al Govern querer aprobar el texto por lectura única, lo cual ha impedido las comparecencias de colegios profesionales y con las enmiendas simplificadas, y que lo haga, ha dicho, “aprovechando el verano”.

El portavoz de Junts ha avisado también de una consecuencia práctica de dejar la aplicación en manos de los ayuntamientos: podría haber municipios vecinos con reglas opuestas, con Barcelona aplicando el veto y Badalona ignorándolo, lo que generaría a su juicio “inseguridad jurídica”. Los Comuns, por su parte, creen que Junts actúa al dictado de la patronal y con el único objetivo de que unas pocas manos puedan seguir acumulando inmuebles.

La ley nació como una apuesta de los Comuns que, partiendo de un primer informe jurídico que avalaba su viabilidad, convirtieron la regulación en el precio de su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Salvador Illa. Con todo, la norma se rebajó durante la negociación. El texto que llegará al pleno impone que en las zonas de mercado residencial tensionado solo se podrá comprar vivienda para vivir en ella, para cedérsela a un familiar o para alquilarla a precio regulado, siempre y cuando no se compren edificios enteros.

Junts consiguió sorprender al Congreso la semana pasada cuando, durante la sesión en la que Pedro Sánchez debía dar cuenta de los escándalos de corrupción que asedian a su partido, Míriam Nogueras le propuso que dimitiese sin convocar elecciones, para investir a otra persona, socialista o no, con la misma mayoría parlamentaria que lo invistió a él. La 'vía Starmer', le llamaron, por el reciente relevo del primer ministro británico por, previsiblemente, su compañero Andy Burnham.

Los independentistas cocinaban esta propuesta desde hacía varios meses. En abril ya pidieron por primera vez elecciones a Sánchez, pero desde entonces venían madurando una fórmula que les permitiese exigir responsabilidades al presidente por lo que consideran un mandato fracasado, evitando sin embargo abrir la puerta a un gobierno del PP con Vox, al que no desean dar la mínima oportunidad. Fue ahí cuando surgió la idea de pedir la dimisión del líder del Ejecutivo sin elecciones y acabar con otro presidente el año de legislatura.

La propuesta de Junts iba a plantearse bajo la idea de que Sánchez debía “apartarse”. Pero entonces el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su salida, lo cual permitía hacer el mensaje mucho más fácil. Así nació la 'vía Starmer', una propuesta que permite a Junts aclarar su posición, en un momento en que el partido independentista ha roto el tabú de votar junto al bloque de la derecha, al tiempo que recibe algunos guiños del PP.

El viernes de la semana pasada el secretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, se abrió a pactos con los de Puigdemont alegando que el secesionismo había “dejado de ser una amenaza”. Un día después, Alberto Núñez Feijóo subrayaba que en Catalunya es tiempo de “pasar página” aunque no de “olvidar”. En la formación independentista niegan que hayan recibido ningún mensaje del PP en privado.

Al abanderar la 'vía Starmer', Junts traza una diferenciación entre Sánchez y la legislatura. Nogueras, según dijo, no cree que la legislatura deba acabarse ni que sea necesario convocar elecciones, tal como se repite desde PP o Vox, pero sí que es momento de que el presidente se vaya. Evocaba el “paso al lado” de Artur Mas en 2015. La portavoz independentista llegó a defender que, de lo contrario, la extrema derecha de Vox se vería reforzada.

Todo eso, por irreal que suene —hay ecos de las “jugadas maestras” del procés en esta maniobra—, cobra sentido dentro de la estrategia que Junts se marca para el epílogo del mandato.

Uno de sus objetivos en esta carrera final es desmarcarse lo máximo posible de Sánchez, un presidente al que ven políticamente agotado por la gota malaya judicial. Y eso que Junts no ha sido la fuerza más beligerante respecto a la corrupción. Entre otras razones, porque buena parte de sus bases ve en las causas contra Sánchez la misma mano negra judicial que antes habría actuado contra el independentismo.

Con todo, fuentes de Junts entienden que la acumulación de investigaciones de tanto calado como la de José Luis Rodríguez Zapatero o la de Leire Díez y, sobre todo, la condena a 24 años de prisión contra el exministro José Luis Ábalos, obligan al Gobierno a asumir su responsabilidad política, que ya solo ven posible con su dimisión. “Es una propuesta que el tiempo reforzará, porque de ahora en adelante, cada vez que haya un problema del Gobierno con sus socios, o un nuevo episodio de corrupción, se verá que lo más conveniente era la renuncia de Sánchez”, afirman estas mismas fuentes.

Una desconfianza insuperable

Pero la desafección de Junts hacia Sánchez nace más de la política que de los tribunales y tiene mucho que ver con la pérdida de confianza que han acumulado a lo largo de la legislatura. Los de Puigdemont creen que, con el acuerdo para la investidura, el expresident arriesgó mucho de su capital político, algo que entienden que no ha sido correspondido por el presidente del Gobierno.

En el partido rechazan que el problema esté en que Puigdemont no disfruta aún de la amnistía. “No es esa la razón de la ruptura con el Gobierno y nadie podrá decir que nunca hemos planteado la situación del expresident como una condición para llegar a cualquier acuerdo”, afirman fuentes de la formación.

Para mostrar el origen del malestar, señalan a una larga lista de “incumplimientos” del acuerdo de investidura. La cuestión del catalán en Europa, por la que creen que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano; la ley contra las ocupaciones, que no se ha llegado a tramitar; la negativa a publicar los balances fiscales o, peor aún, la inversión territorial, pese a que esta última es una obligación legal según el Consejo de la Transparencia…

Desde el final del procés, Junts ha sido varias veces un partido errático. Pero desde octubre pasado, cuando sometieron a la militancia la ruptura con el PSOE, esa bandera sí se ha mantenido izada. Y es la justificación del partido para su cada vez más visible coincidencia en el voto junto a la derecha de PP y Vox que, sin embargo, en Junts niegan que suponga nada parecido a integrarse o coordinarse con ese bloque.

El marcado desplazamiento de Junts hacia tesis de derecha radical, por ejemplo en cuestiones como la inmigración, tiene poco que ver con buscar sintonía con el PP, y mucho con la competencia de Aliança Catalana en algunos de sus feudos en Catalunya. La pujanza del partido xenófobo es otra de las razones por las que los de Puigdemont aspiran a acudir antes a unas generales, donde se sienten más fuertes, que a unas municipales que convendrían a su competencia.

Pese a eso, fuentes de la formación recalcan que no están pensando en apoyar una moción de censura, que ni siquiera creen que Feijóo quiera plantear. Y la razón es que, a su entender, el PP no está en disposición de cumplir ninguna de sus demandas, mucho menos si va de la mano de Vox, suma necesaria para que una moción triunfase en el Congreso.

No habría en Junts escrúpulos para votar con el PP, como antes no los hubo para votar con el PSOE; el problema es más bien un cálculo matemático por el que entienden que a Feijóo solo le dan los números con la extrema derecha. “Vox es nuestra línea roja”, aseguran fuentes de Junts.

Pero también hay una cuestión demoscópica que refleja el barómetro del CEO. Para muestra, el de noviembre pasado. Cuando se preguntó a los electores de Junts a quién prefieren en La Moncloa, el 37% respondió que a Sánchez. Un porcentaje solo superado por la opción de “nadie”, que eligió el 39%. A Feijóo solo lo nombraron el 0,8% de los votantes de Junts. Una fotografía contundente de por qué en el partido consideran una “trampa” la moción de censura que investiría al líder del PP.

El 24 de septiembre del 2023, a 48 horas de que Feijóo constatase que no basta con quererlo para ser presidente del Gobierno, el PP convocó la primera de sus manifestaciones de esta legislatura. Las crónicas recogieron que, ya solo empezar, se escucharon los primeros cánticos de “Puigdemont, a prisión” y que, en los discursos, el ataque más suave que se dedicó a Pedro Sánchez fue la de promover la “impunidad” del procés.

En esa misma concentración, Aznar, quién si no, acusó al entonces candidato socialista de estar dispuesto “a todo” para “satisfacer a golpistas”.

El PP intentó calentar la calle, aunque no lo logró. Una vez en el Congreso, planteó enmiendas a la ley de amnistía que no solo rechazaban el perdón y olvido legal de los delitos atribuidos a los líderes del procés, sino que directamente abogaban por disolver a los partidos que volviesen a plantear un referéndum como el del 1-O. Fue tras algunos coqueteos frustrados en los pasillos de Bruselas y mensajes, a través de emisarios del mundo económico, para ver si Puigdemont estaba dispuesto a escuchar al PP y avenirse a investir a Feijóo.

Parece que hace mucho de eso, pero en realidad fue anteayer. No hay peor memoria que la de los políticos —a Sánchez le pasó con Podemos y también con Junts—, aunque a veces sea algo bueno, puesto que les obliga a negociar y ceder. En lenguaje cursi, sería lo que se ha bautizado como el arte de la política. Para el resto, es lo que toda la vida se ha resumido en hacer de la necesidad virtud.

Y ahí, en ese punto del camino, es donde está ahora el PP en su estrategia con Junts. Lo cierto es que ha llegado más pronto de lo previsto, porque estaba cantado que sería así pero en el cálculo de probabilidades tenía más opciones que fuese tras las próximas generales y en función del resultado. Miguel Tellado, el dirigente popular que más sagaz intenta ser y que menos lo consigue, resumió la semana pasada en una frase cuál es la posición actual de su partido: “Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una organización criminal”.

Mientras, los populares insinúan que existen unos contactos que en Junts niegan. Míriam Nogueras fue tajante este lunes en una entrevista en TV3: “No hay relación”.

A los viejos del lugar en esto de la información política nos hizo gracia escuchar a Feijóo decir que había que “pasar página del procés”. Fue este fin de semana en el congreso del PP catalán. No nos hizo gracia porque fuese una frase especialmente ocurrente, sino porque justamente es lo que propuso Salvador Illa en la última campaña autonómica. Esa misma expresión. Y entonces los populares le afearon que renunciase a “defender a la mitad de los catalanes” (Cuca Gamarra dixit).

Juan Fernández, nuevo secretario general del PP catalán y, de momento, una de las voces más sensatas, se estrenó este lunes con una rueda de prensa en la que aseguró que no van a hacer política “mirando por el retrovisor”. Tiene su interés, puesto que, si hay alguien que ha enseñado las garras cada vez que el PP ha coqueteado con Junts, ha sido la dirección de los populares catalanes.

“El PP no debe hablar con Junts porque es un movimiento nacionalpopulista de corte supremacista”, proclamaba con su contundencia habitual el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en una entrevista publicada en abril de 2024.

Que el PP no quiera mirar por el retrovisor es una buena noticia. También lo sería que reconociese que ellos, lejos de ayudar a pacificar nada, incendiaron todo lo que pudieron: antes, durante y después del procés.

El siguiente paso sería aclarar cuál es su oferta para Catalunya porque hasta ahora ha sido el no a todo y, además, de la mano de Vox. Si quiere demostrar que va en serio, puede empezar por el modelo de financiación. Ese que rechazó en el encuentro ante la cúpula empresarial catalana hace solo unas semanas. Y, después, explicar cuál será su política lingüística, puesto que, si va a ser la de Mazón o Prohens, ya puede irse olvidando de que Junts —y no solo ellos— le rían las gracias.

El PP de Cataluña cerró ayer su primer congreso en 8 años y allí Alberto Núñez Feijóo ahondó en la nueva estrategia de su partido respecto al procés, la amnistía y Puigdemont: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”. Ya lo había verbalizado Miguel Tellado un día antes, con su versión a la catalana de “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017”. Deberíamos estar acostumbrados a que el PP monte tremendos carajales en la calle por la aprobación de leyes y políticas que después asumen y hasta celebran como si la idea hubiera sido suya: ahí están el divorcio o el matrimonio homosexual. Como en esas ocasiones, la amnistía ya es cosa de un pasado muy lejano y bien está, ahora toca recoger los frutos de la audacia de Pedro Sánchez, a quien ven cercado por los casos de corrupción. Quién se va a acordar de las concurridas manifestaciones en contra de la amnistía de 2023 y 2024 o del acoso diario en la sede de Ferraz de los cachorros de Vox reunidos para “putodefender España”, como lloraba un joven de derechas, o de los vaticinios sobre el presidente ilegítimo que rompía España cada día entregándola a los traidores. 

Deberíamos haber sospechado algo cuando el “Pujol, enano, habla castellano” se convirtió en hablar catalán en la intimidad y los pactos del Majestic pero España está dispuesta a caer siempre en la misma trampa pepera. Los gritos de “¡Puigdemont, a prisión! ya son como lágrimas en la lluvia, el Noviembre Nacional nunca tuvo que ver con el PP y Feijóo pide, y lo hace cada día, que apriete el botón electoral al hombre al que hasta hace poco quería ver entre rejas. El PP aprovecha el rencor de la alta magistratura que se sintió ofendida en lo más profundo de sus togas por la ley de Amnistía que osaba dejar sin efecto la sentencia del procés y, al mismo tiempo, intenta atraer a Junts y a los catalanes de derechas con el argumento de ”pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada“. ¿Dónde está la bolita? 

Era evidente, pese a la sobreactuación general, que PP y Junts estaban condenados a entenderse porque comparten ideas (muchas de ellas obsoletas) sobre fiscalidad y economía y una pulsión inagotable por defender a rentistas, empresarios y “gente de bien” frente a trabajadores, inquilinos y demás alborotadores. Lo que une el libre mercado intervenido a favor de los ricos que no lo separe una pequeña discrepancia sobre el concepto de tu nación o mi nación. Pero este entendimiento solo era posible una vez que Pedro Sánchez hubiera solucionado el problema constitucional y territorial más grave que ha tenido España. Un problema creado a pachas por nacionalistas españoles y catalanes (una vez que unos y otros dejaron de estar moderados por el pragmatismo de políticos como Jordi Pujol), que alimentaron el conflicto hasta la náusea del resto de españoles y catalanes. No hay mayor reconocimiento a la labor de Sánchez que el hecho de que PP y Junts voten juntos en el Congreso. 

Feijóo perdona a Puigdemont y Puigdemont perdona a Feijóo, siendo los dos conscientes de que el tablero nacional e internacional se ha movido tan a la derecha que los ha dejado sin la posibilidad de tener mayorías por sí solos, en España y en Cataluña. Siendo el antisanchismo una fuerza poderosa entre la derecha sin proyecto, Junts duda porque unas elecciones generales les pueden volver irrelevantes en el Congreso y Feijóo no les necesitaría para nada una vez derribada la línea roja, más mental que real, de formar gobierno con los ultras de Vox. Feijóo sueña, por su parte, con recuperar votos en Cataluña, donde es irrelevante y residual, porque soñar es gratis y porque es muy cansado gobernar contra los catalanes. Con esa fantasía en la cabeza, hasta se ha reconciliado con Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP catalán y que siempre ha cuestionado el acercamiento a Junts. Mientras tanto, Aliança Catalana y Vox cabalgan sobre la derechización del mundo, que posee una gran dosis de mezquindad y creación de chivos expiatorios, y aplauden en silencio el acercamiento de PP y Junts porque es una prueba para los más cafeteros de que solo quedan ellos.

España sigue siendo un país vivible porque la izquierda aún conserva poder y puede impulsar políticas valientes y transformadoras, pese a la unión de fuerzas diversas y poderosas en el otro lado. Lo sabe hasta Feijóo, que está ansioso por recoger los frutos de la amnistía de Sánchez después de años de incendiar a sus votantes con la salvación de España. A la hora de votar, solo necesitamos memoria. 

El Congreso concluyó esta semana su periodo ordinario de sesiones con una votación histórica por inédita: la mayoría absoluta de los diputados pidieron la dimisión del presidente del Gobierno y, a la vez, que Pedro Sánchez presente una moción de confianza para volver a recabar la confianza de la Cámara. La iniciativa del PP, meramente declarativa, salió adelante con los votos de Vox y Junts. Pero Alberto Núñez Feijóo no dará el paso de presentar una moción de censura, temeroso de que el independentismo catalán no le apoye. Por si más adelante sí se atreve, los suyos siguen cortejando a los del fugado Carles Puigdemont.

Feijóo ha cerrado una de las peores semanas para el Gobierno con un sonoro triunfo parlamentario que se derretirá con la canícula veraniega. La sentencia del caso mascarillas y la condena de 24 años para el exministro José Luis Ábalos es un duro golpe para Pedro Sánchez, quien le confió además la siempre delicada Secretaría de Organización del PSOE. Pero los vaivenes de Junts escaman en las plantas altas del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del cuartel general del PP.

Un repaso sucinto a lo ocurrido este mes de junio permite comprender los temores del PP. En las últimas semanas, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto mandar a juicio a la esposa del presidente y le ha retirado el pasaporte, tras poner en duda la labor de la Policía Nacional en evitar una hipotética huida. El expresidente del Gobierno y uno de los principales arietes de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado como investigado por presunta corrupción. También sus hijas y su secretaria personal han sido imputadas. En los registros de su oficina se encontraron joyas valoradas en más de un millón de euros en una tasación “preliminar”.

El presidente del Gobierno compareció el miércoles ante el Congreso con todas estas piedras en su mochila para, en teoría, dar explicaciones. Para entonces, Feijóo ya había intentado todo para convencer a los socios de Sánchez de que le invistan a él con una moción de censura que, sin embargo, no se atreve a presentar. “Son los socios los que deben moverse”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, el día que se conoció la imputación de Zapatero. “Estaremos a la altura”, remachó su jefe de filas, quien unas semanas antes ya había dicho: “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”. 

El objetivo de Feijóo es el mismo desde 2023: atraer al PNV y a Junts. Sabe, o cree, que son los únicos capaces de cambiar de bando. Pero todos y cada uno de sus intentos han fracasado. Hasta el punto de que la relación con el nacionalismo vasco, con quien la colaboración ha sido habitual desde que Xabier Arzalluz hiciera presidente a José María Aznar, está totalmente rota.

Junts amaga con la 'vía Starmer'

Con Junts, la situación es diferente, al menos en apariencia. La coincidencia ideológica entre el independentismo de derechas catalán y las derechas españolas es mayor. Y no solo porque Feijóo ya intentó en 2023 convencer con un posible indulto a Carles Puigdemont para que le apoyara tras las elecciones. El rechazo a subir los impuestos a las principales empresas y fortunas del país, su negativa a intervenir el mercado de la vivienda o la criminalización de las personas migrantes les ha unido en múltiples votaciones parlamentarias.

Pero Junts tampoco termina de atreverse a dar el paso de dejar a Sánchez e investir a Feijóo en una moción de censura, aunque Vox se ha quitado de la ecuación y el líder del PP les ha prometido una convocatoria electoral inmediata. “No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha”, llegó a decir el jefe de la oposición.

La respuesta de Junts llegó por boca de Jordi Turull. El secretario general del partido dijo que estaban dispuestos a negociar la moción de censura. Eso sí: si Feijóo viaja a Waterloo y se reúne directamente con Puigdemont. Todo un jarro de agua fría para las pretensiones de la derecha española. Y también una forma de intentar cortocircuitar la creciente presión sobre Junts, sabedores de que mencionar la ciudad belga es un anatema para el PP.

Feijóo descartó inmediatamente tal opción. El ‘no’ del PNV y las condiciones imposibles de Junts podrían hacer pensar que en el PP han descartado absolutamente la idea de la moción de censura. Pero no lo han hecho porque los movimientos de Junts alientan la idea de que, en algún momento, los siete diputados de Puigdemont en Madrid podrían bajar el pulgar a Sánchez. Y así pareció ocurrir el miércoles pasado, cuando la portavoz de Junts pidió la dimisión de Sánchez, pero sin convocatoria electoral. Es decir, que este mismo Congreso elija a otro presidente.

Una idea directamente copiada de los últimos movimientos de la política británica, donde Keir Starmer ha dimitido para dejar paso a otro laborista como primer ministro, al alcalde de Manchester, Andrew Burnham. Será el séptimo jefe del Ejecutivo desde el Brexit de hace una década.

Míriam Nogueras no explicó a quién proponía como nuevo presidente ni qué condiciones debería cumplir esa persona. Eso lo hizo su secretario general, Jordi Turull, unos días después en una entrevista: un candidato que no necesariamente sea del PSOE, que se comprometa a cumplir los acuerdos de investidura supuestamente incumplidos y que viaje a Waterloo para recibir el plácet de Puigdemont. Son condiciones que se antojan inasumibles para el PSOE y que no están pactadas con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Sánchez. 

El mismo miércoles a la misma hora, Junts plantó al PP en una votación en el Senado sobre la dimisión de Sánchez. Pero un día después sí votó a favor de la moción del Congreso, sin explicar los motivos ni en la tribuna parlamentaria ni ante los medios de comunicación. Desde el jueves, silencio de radio.

“Que se mueva Sánchez”

En Génova, no saben qué esperar de Junts. De momento no hay intención de activar la moción de censura, pero la estrategia pasa por seguir cortejando al independentismo catalán. El jueves por la noche, el secretario general, Miguel Tellado, aseguró en la Cadena Ser que el independentismo de ahora no tiene nada que ver con el de antes. “Estamos en el año 2026, y lo que ha sucedido en Catalunya en el año 2017, pues sucedió en el 17”, explicó.

“No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo”, cuestionó. Tellado insistió: “Hoy el contexto es otro. Hoy la amenaza para la democracia española no es el secesionismo en Catalunya, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto”.

Feijóo estudió en 2023 la amnistía para Puigdemont y se planteó el indulto al ‘president’ que decretó la independencia de Catalunya durante unos segundos a cambio de la investidura.

Desde la dirección del PP refrendan las palabras de Tellado: “Lo peligroso es ceder ante el secesionismo”.

El calvario judicial no ha terminado para el Gobierno, que afrontará en las próximas semanas y meses otros hitos: la sentencia sobre el hermano de Sánchez, el juicio a la esposa del presidente y el avance de otras causas que afectan igualmente a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán y a los pagos en metálico del PSOE. El hito que podría precipitar los acontecimientos es que se diera una imputación del PSOE como organización. Mientras eso llega, en el PP creen que su jefe de filas no tiene que hacer nada, de momento. “Lo analizaremos y usaremos, pero no hay más novedades”, explican fuentes de Génova, que remiten a las palabras de Feijóo tras su éxito parlamentario: “Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación”.

“Lo del jueves implica que se tiene que mover Pedro Sánchez”, apuntan desde la dirección del partido. El presidente del Gobierno no da la sensación de estar pensando en tirar la toalla. A la vuelta del verano, si no antes, Feijóo y el PP tendrán que volver a responder sobre la moción de censura y seguir dando vueltas en la rueda de ratón hasta que lleguen las elecciones.

“En el caso de que decida no convocar elecciones, insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución”. Así reza el texto de la moción del PP que ha aprobado el Congreso este jueves, con el apoyo de Junts y Vox en la votación. Otro punto de la iniciativa pide también la dimisión de Pedro Sánchez “por la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables politicos nombrados” por él.

El Parlamento reclama así a Pedro Sánchez que se someta a la voluntad de la Cámara Baja en una iniciativa sin rango legal, pero que vuelve a poner en duda la sostenibilidad del Ejecutivo. La petición de una cuestión de confianza ha salido adelante con los votos favorables del PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y Junts. 178 votos a favor.

En la petición de dimisión, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha abstenido, por lo que el resultado ha sido de 177 votos a favor.

En ambos casos, se han contado 171 votos en contra, los del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV, Podemos, BNG.

A diferencia de lo que hiciera ayer en un debate similar en el Senado, Junts ha optado en esta ocasión por participar en la votación y apoyar la moción del PP. A efectos prácticos, que salga adelante esta iniciativa no tiene ningún efecto, pero a nivel político supone un nuevo golpe para el Gobierno de Sánchez porque evidencia un nuevo entendimiento entre las derechas estatales y la catalana, incluida la ultraderecha de Vox.

Junts ya pidió una cuestión de confianza hace más de un año a través de una proposición no de ley, otra iniciativa parlamentaria sin rango legal. Entonces, el Gobierno negoció con Junts, que finalmente retiró su texto.

Desde entonces, las relaciones entre los independentistas catalanes y el Gobierno se han enrarecido, y Junts ha retirado públicamente su apoyo a Sánchez por los “incumplimientos” de los acuerdos alcanzados para su investidura que, dicen, ha cometido el jefe del Ejecutivo.

El pasado día 18 de junio, Feijóo arengó al PNV y a Junts a apoyarle en una moción de censura. “Si lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo”, aseguró en una rueda de prensa en Bruselas. “Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y PP, hemos manifestado la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones. Eso suman 184 diputados. Se necesitan 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, que no se merece políticos trileros”, concluyó

No han sido 184 diputados. Pero una mayoría de 178 diputados permitiría sacar adelante una eventual moción de censura que el PP barrunta para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, puesto que alcanza la mayoría absoluta. No obstante, Junts asegura públicamente que no se plantea apoyar una moción con Feijóo al frente salvo que el líder del PP fuera a Waterloo a negociar directamente con Puigdemont, todavía prófugo de la justicia a expensas de que los tribunales europeos avalen la ley de amnistía.

En el PP daban por hecho a lo largo de la mañana que lograrían sacar adelante la iniciativa. “Lo de hoy es importante”, aseguraban fuentes de la dirección a primera hora. Ya el lunes, en las plantas nobles de la sede nacional de la madrileña calle de Génova señalaban la relevancia de la votación de este jueves. Y Feijóo se ha salido con la suya.

“La de hoy testa la posición de los socios” porque les “pone un espejo” delante después de la comparecencia de Sánchez de ayer a cuenta de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno y de la sentencia del 'caso mascarillas' conocida el pasado lunes con la condena a 24 años al ex secretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos.

Feijóo: “He tomado buena nota”

A la salida del Pleno, Feijóo ha asegurado que ha “tomado buena nota” de la votación. “Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación”, ha señalado en declaraciones a los periodistas.

La suma de votos supera la mayoría absoluta necesaria para una moción de censura. Preguntado si el paso dado por el independentismo catalán acerca que él se lance, Feijóo ha dicho que hará “en el momento oportuno lo que sea bueno para los intereses de los españoles”.

Los partidos que hicieron hace tres años presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tienen cada vez menos claro el futuro de la legislatura, aunque este miércoles volvieron a evidenciar que no son un bloque unívoco. Mientras algunos, como ERC o EH Bildu, mantienen su apoyo a Sánchez pese a endurecer el tono contra él, otros, como Junts, volvieron a exigirle la dimisión, si bien los de Carles Puigdemont improvisaron este miércoles una nueva propuesta: que el presidente imite al ya ex primer ministro británico, Keir Starmer, y renuncie a su cargo sin convocar elecciones para que el Congreso escoja un nuevo presidente.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fue quien reclamó la puesta en marcha de esta vía para investir a un nuevo candidato con la misma mayoría que dio la investidura al líder del PSOE en 2023. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, planteó durante su respuesta a la comparecencia de Sánchez tras la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

Nogueras reprochó a Sánchez que, en los últimos meses, “una gran parte de la energía” del Gobierno “se dedica a gestionar problemas de usted”. “Todo no puede quedar paralizado por una persona”, y “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”, le espetó la portavoz al presidente, a quien también dijo que “a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”.

Por su parte, su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, también evitó pedir a Sánchez que adelante las elecciones, y durante su intervención dejó muy claro que tampoco tiene intención de respaldar una hipotética moción de censura del PP contra él. Pero los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con el Gobierno tras conocer la sentencia del caso Mascarillas. “El PNV no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Estamos para representar a Euskadi”, remarcó Vaquero desde el atril del Congreso.

La representante del PNV recordó que apoyaron la investidura de Sánchez “a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad”, y por eso le pidió avanzar en esas medidas. Pero también acusó a Sánchez de “dar la espalda a una ciudadanía hastiada, cansada, enfadada, que ya no sabe en qué ni a quién creer”. A su juicio, “el Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones”. No obstante, ante esos acuerdos de las derechas, el PNV aseguró que “va a seguir defendiendo unas instituciones libres de dogmatismos, políticas que permitan seguir mejorando la situación de la ciudadanía”.

Quien sí pidió por primera vez elecciones anticipadas fue la líder de Podemos, Ione Belarra. Durante su intervención, Belarra recordó que “millones de personas confiaron” en Sánchez “para dos cosas, regenerar la política española y avanzar en derechos”, y espetó que “a la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción y a la segunda, con el mayor rearme de la historia de este país que está destinando a armas y a tanques el dinero de nuestra educación y de nuestra sanidad públicas”.

“Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso, porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable”, señaló Belarra. A su juicio, “ningún demócrata presidente debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como éste en el que este gobierno no aporta ya nada más nada”.

Rufián eleva el tono, pero ni él ni Bildu piden elecciones

El mismo tono duro utilizó contra Sánchez el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que elevó la contundencia de sus críticas contra el Gobierno en el pleno de este miércoles. En ningún caso Rufián abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó directamente a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El ‘y tú más’, el ‘y tú peor’, el ‘yo no sé nada’, no sirve”, espetó el portavoz de ERC, que sostuvo que en política “está lo legal y está lo moral” y sostuvo que “cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, y cuando la derecha roba, su gente ficha”.

“He aquí la pregunta, señor presidente: ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. ¿Ustedes han robado?”, cuestionó Rufián a un Sánchez que le miró con rostro muy serio durante toda su intervención. El portavoz de ERC justificó el endurecimiento de su tono recordando que “al exnúmero dos del PSOE, el que ayudó” a Sánchez “a ganar otra vez la secretaría general” del partido, “una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta”. “Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez, su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, espetó Rufián.

Más suave en las formas fue su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aunque aseguró que “la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral”, también sostuvo que eso debe implicar “saberlo todo”: tanto lo relativo a las causas que afectan al Gobierno y al PSOE como lo referente a “los corruptores, las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello”. Aizpurua aseguró que estas redes se incardinan en los aparatos del Estado, y pidió a Sánchez en el que también pidió al presidente Pedro Sánchez “dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del ‘y tu más’” y recuperar la iniciativa política para culminar lo que queda de legislatura.

En este contexto, la portavoz abertzale afirmó que Sánchez debe “asumir tres compromisos claros que den un sentido a la legislatura si desea continuar: aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura”. Y es que, a juicio de Aizpurua, los “casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido” son “muy graves”, pero eso “no obsta para que también exista una evidente operación en marcha para acabar la legislatura, tumbar su gobierno y, especialmente, cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional”.

“Nosotros no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad: no es desconfianza abstracta, es memoria política”, espetó la portavoz de EH Bildu. Aizpurua aseguró que en ciertos sectores del Estado se han “encendido todas las alarmas” y se está “justificando cualquier actuación” ante “la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del Estado español”.

El alcaldable de Junts por Barcelona, Jordi Martí Galbis, se abre a reunirse con Aliança Catalana, entre otras formaciones, si de ello depende su investidura tras las elecciones municipales de 2027. Lo ha manifestado en una entrevista en Aquí Catalunya de la Cadena SER, donde ha considerado que la formación islamófoba que lidera Sílvia Orriols en el Parlament es una fuerza “democrática”. 

Martí Galbis, discípulo de Xavier Trias y número 2 del exalcalde durante años, fue elegido este domingo candidato a la alcaldía de Barcelona en las primarias de su partido. El actual presidente del grupo municipal desafió a la dirección de Carles Puigdemont al postularse como candidato y acabó imponiéndose a los aspirantes designados desde Waterloo, sobre todo la diputada Pilar Calvo. 

De cara a futuras alianzas políticas, Martí Galbis ha asegurado que no tiene interés en hablar de Aliança Catalana. “Es un partido emergente, veremos cuáles son sus credenciales, su recorrido y su presencia en el Ayuntamiento, si es que la tienen”, ha expresado. 

El ya alcaldable ha asegurado que desde el “centro” político “ampio” que asegura que ocupa Junts, pueden negociar y pactar con “la mayoría de fuerzas políticas” salvo las “no democráticas” y que están “en las antípodas del ideario de Junts”. Preguntado durante la entrevista sobre si considera a Aliança “democrática”, ha respondido: “Entiendo que sí, si se presenta a las elecciones y la gente los vota, entiendo que hay unos mínimos”. 

“A partir de aquí”, ha añadido, “veremos cuál es su programa político en Barcelona; en Catalunya ya lo hemos visto y no nos gusta”. El alcaldable de Aliança en Barcelona, presentado el pasado viernes, será Jordi Aragonès, fundador del partido y primo del expresident Pere Aragonès.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

Junts ha escogido a su hombre para intentar recuperar la alcaldía de Barcelona. Ese hombre es Jordi Martí Galbís (Barcelona, 1961), un abogado que lleva más de un cuarto de siglo en política y desde hace 16 como concejal en el Ayuntamiento. Así lo ha decidido la militancia de la formación, que ha celebrado primarias este fin de semana, cuyo resultado ha dado una victoria del 40,3% para Martí Galbís. 

Se trata del hijo político de Xavier Trias, con quien fue concejal de distrito y responsable del área de Territorio durante su mandato. Martí Galbís le sucedió cuando el exalcalde abandonó definitivamente la política, después de haber ganado las elecciones de 2023, pero haber sido desbancado por Collboni a raíz de un pacto que incluía los votos de ERC, Comuns y el PP.

Ahora encara el reto de intentar recuperar la alcaldía, pero también la hazaña no menor de sustituir a Trias. Su figura ha sido decisiva en los últimos años para el grupo municipal, que perdió mucha fuerza durante los años del procés, siendo que el votante de Junts en Barcelona se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. 

La caída ha sido constante desde las elecciones de 2015, cuando Ada Colau entró en el consistorio. Trias ya no se presentó a los siguientes comicios y, en su lugar, el cabeza de lista fue ocupado simbólicamente por el exconseller Joaquim Forn, entonces en prisión preventiva por los hechos del 1-O. Ese gesto no gustó al votante de Junts, que prefería la versión convergent y provocó que la formación se dejara casi la mitad de los votos en el camino. 

La bajada de apoyo se mantuvo en las encuestas hasta que el nombre de Trias volvió a resonar. Con 75 años, el exalcalde confirmó que regresaba a la arena y le exigía la revancha a Colau. La estrategia de esa campaña fue volver a los orígenes y desvincularse de Junts, hasta el punto de esconder las siglas y concursar bajo la firma de Trias per Barcelona.

La apuesta personalista y alejada de las referencias al partido funcionó. El exalcalde remontó la pérdida de votos y resultó ganador de las elecciones, aunque la decisión del PP de apoyar a Collboni para evitar que un partido independentista gobernara Barcelona dejó a Trias sin su reválida. 

La derrota no sentó bien al exalcalde, que abandonó el pleno de investidura con el ya mítico “Que us bombin” (Que os den) y dejó definitivamente la política ahora hace dos años. Y, de nuevo, sin Trias, los pronósticos del partido en la capital se derrumbaron. El último barómetro municipal (diciembre de 2025) apuntaba a que, de celebrarse en ese momento las elecciones, el grupo habría perdido el 75% de los votos respecto a los comicios de 2023. Eso habría supuesto el peor resultado de su historia.  

La pugna entre las pulsiones nacionalistas e ideológicas que sacude a Junts desde el fin del procés -y desde la irrupción con fuerza de la xenófoba Aliança Catalana- han llegado también a Barcelona. La contienda para elegir al nuevo alcaldable de Junts se ha disputado entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas. 

En las primarias, a las que tenían derecho a voto los 628 militantes de la sección barecelonesa, han habido una participación del 67,24%. Jordi Martí Galbís se ha alzado con la victoria (40,3%), seguido de Calvo (29,3), Cuevillas (18,63%) y Freixa (11,15%).

Todos ellos han llegado a este fin de semana divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni. 

En este primer debate, la postura de Martí Galbís y Freixa es que el grupo municipal debe ser “soberano” para confeccionar su propia lista. Por otro lado están Cuevillas, exabogado del expresident, y Pilar Calvo, portavoz de Junts en el Congreso, que consideran que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto del partido.

En esta línea, la elección de Martí supone toda una declaración de intenciones de las bases en Barcelona, que han decidido dejar atrás el puigdemontismo y la narrativa post-procés para volver a abrazar las formas que representaban las siglas de CiU. 

La larga sombra de Aliança

A la espera de ver cómo recibe el electorado la decisión de los militantes de Junts en Barcelona, lo que dejan claro las encuestas es que uno de los mayores retos que tendrá que afrontar el nuevo alcaldable es la pugna con una Aliança Catalana que amenaza con entrar con fuerza en el consistorio. 

Tanto, que el barómetro pronostica que la formación xenófoba, que el viernes presentó a Jordi Aragonès como su candidato, podría incluso llegar a superar a Junts y situarse como primera fuerza de derechas en Barcelona. El mismo Martí Galbís ha hecho referencia al partido xenófobo, aunque sin mencionar su nombre. “Ha habido partidos que nos han contraprogramado y han querido anunciar precisamente estos días a su candidato. Eso demuestra que somos referencia”, ha apuntado en la rueda de prensa en que se le ha presentado como alcaldable.

El centro del debate electoral, no sólo para la batalla entre Junts y Aliança, versará sobre dos temas: la vivienda y la inseguridad. Estas son las mayores preocupaciones de la ciudadanía y un ámbito en el que Aliança parece que se siente más cómoda. 

El partido xenófobo no asume contradicciones a la hora de rechazar la regularización extraordinaria ni en pedir abiertamente la expulsión masiva de migrantes, que los de Orriols han convertido en el chivo expiatorio de todo mal que achaque a la ciudadanía catalana. Para Junts -que si bien endurecido su postura para intentar frenar el goteo de votos hacia Aliança- este es un terreno algo más resbaladizo. 

Mientras Aragonès apuesta por expulsar a los migrantes para resolver el problema de la vivienda en Barcelona, Martí Galbís prefiere guardarse sus medidas. Por el momento, lo único que ha avanzado es que promoverá una gran reducción de la carga impositiva para comprar y construir, así como ayudas para el alquiler.

Con el anuncio del resultado de las primarias, casi todas las cartas de la partida en que se decidirá la próxima alcaldía de Barcelona, en 2027, están sobre la mesa. Martí Galbís ha sido de los últimos en sentarse a la mesa, donde le esperaban Jaume Collboni, que aspira a renovar la alcaldía; Elisenda Alamany por ERC; Gerardo Pisarello por los Comuns, el ya mencionado Jordi Aragonès por Aliança: y el casi seguro, aunque sin confirmar todavía, Daniel Sirera por el PP. 

Con todo, la única incógnita que resta es el nombre que disputará la contienda por Vox, un partido al que las encuestas le augura una pérdida de casi 1,5 puntos que le dejaría por debajo del mínimo de votos para poder tener un asiento en el pleno municipal. Así, con casi todos los contendientes decididos, empieza la carrera a las elecciones. Aunque se celebrarán en mayo, ninguno tiene tiempo que perder. Tal como ha apuntado el alcaldable de Junts, “la campaña empieza mañana mismo”.

Junts elige este fin de semana al sucesor de Xavier Trias como alcaldable en Barcelona para 2027 en un proceso de primarias entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

Los candidatos llegan a la votación divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sobre la mesa de Junts han pasado los nombres del expresident Artur Mas, el empresario Tatxo Benet, los exconsellers Joaquim Form y Jaume Giró o el portavoz del partido, Josep Rius. Todos ellos se descartaron como candidatos.

Tanto Freixa, secretaria primera de la Mesa del Parlament, como Martí, líder del grupo municipal de Junts en Barcelona, coinciden en poner sobre la mesa la soberanía de la agrupación barcelonesa para confeccionar la lista electoral.

“El president Puigdemont es el presidente del partido y, por tanto, siempre que dice algo es escuchado, pero nuestro partido ha defendido mucho la autonomía municipal”, observa Freixa, que quiere “cierto margen” para Junts por Barcelona para tejer la candidatura.

Por su lado, Martí recuerda que el partido tiene la “tradición” de pactar su lista local con la dirección nacional. Otra costumbre dentro del partido, observa, es que “se mantenga y se preserve la autonomía local con todo”.

Calvo, portavoz adjunta de Junts en el Congreso, tiene la intención de reunir los cargos del partido en Barcelona si gana las primarias, pero sostiene que “evidentemente” se contaría con la dirección nacional.

Por contra, Cuevillas, exabogado del expresident, afirma contundente que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto de Junts. “El president es el referente de todo el partido de forma clara e indiscutida”, zanja.

Todos los candidatos se abren a integrar las diferentes sensibilidades de Junts en su candidatura si son escogidos cabezas de cartel, pero aparecen las dudas sobre qué harían si pierden la votación. Freixa asegura no haberse planteado la posibilidad de incorporarse a la lista ganadora; Martí también prefiere no especular sobre las consecuencias de las primarias.

Para Calvo, incorporarse a la lista ganadora dependerá de la voluntad de quien la lidere, aunque prefiere no plantear el escenario, igual que Cuevillas, quien se muestra confiado: “Yo quiero ser el alcalde de Barcelona”.

Martí, ungido por el exalcalde Xavier Trias, asegura que Junts ha tenido “malas experiencias” con Collboni, algo que “ha vacunado” a los de Carles Puigdemont. Ahora bien, no cierra la puerta a explorar pactos, también de investidura, con el PSC: “Si estamos en disposición de hablar, hablaremos con todo el mundo que no pise las líneas rojas que nos autoimponemos”.

Calvo descarta un hipotético escenario en el que Junts, con ella a la cabeza, negocie su apoyo a la reelección de Collboni, porque cree que los de Puigdemont “van a ganar y punto”. Sin embargo, y hablando sobre pactos puntuales, sostiene que Junts “siempre” ha estado abierto a sellar acuerdos que “beneficien” a la ciudadanía. “Si es un buen acuerdo, se puede pactar”, opina.

Freixa rechaza apoyar una eventual reelección de Collboni porque, a su juicio, su modelo de ciudad está “agotado”. Y Cuevillas añade: “Con la gente del 155 no podemos pactar un gobierno”. Sin embargo, el abogado aplaude los entendimientos que Martí ha conseguido con el gobierno actual, que vería bien reeditar en un futuro si solo abordan “medidas concretas”.

Cuevillas augura un “papel residual” por Aliança Catalana en las próximas municipales en Barcelona, porque “no tiene implantación” en la ciudad. El partido de extrema derecha, asegura el abogado, le ofreció ser candidato a la capital catalana, pero que lo rechazó porque le daría “vergüenza”.

Freixa, preguntada por si aceptaría el apoyo de los de Silvia Orriols para llegar a la alcaldía de Barcelona, descarta tejer coaliciones “con los extremos”, pero avisa: “Si alguien quiere sumarse sin pedirle nosotros el voto, es otra cosa. Tampoco puedes impedir quién vota y quién no vota”.

Asimismo se expresa Calvo, que reta a Aliança Catalana a decidirse entre una candidata independentista o alguien que “defiende la política española” si sus votos son decisivos para la alcaldía. Eso sí, advierte que Junts ha dejado “muy claro” que hay “líneas políticas” de la extrema derecha independentista con las que “jamás” estará de acuerdo.

Martí también ve elementos de los de Orriols que no le gustan “nada”, pero subraya la incertidumbre sobre quién encabezará su proyecto en la ciudad y cuál será su “talante”. “Quiero esperar a ver cómo evoluciona el panorama político (…) en el país en general”, señala.

La vivienda, principal problema

Los cuatro candidatos están de acuerdo en que el acceso a la vivienda es el principal problema que el candidato a la alcaldía de Barcelona debe abordar. Martí se reserva las grandes medidas “para cuando sea candidato”, aunque menciona las propuestas que, a lo largo del mandato, ha formulado el partido: reducir “muchísimo” la carga impositiva para adquirir un hogar, la construcción y la promoción, o ayudas al alquiler.

La receta de Calvo pasa por una “gran inversión” en nuevas viviendas de protección oficial, la “flexibilización” del 30% de residencias asequibles en nuevas construcciones o rehabilitaciones, “eliminar burocracia” o tejer una colaboración público-privada. Además, defiende tener en cuenta la antigüedad en el empadronamiento a la hora de adjudicar viviendas de protección oficial.

En una línea similar se expresa Freixa, que considera necesaria una inversión pública “sin precedentes” en materia de vivienda, especialmente en protegida. También interpela a las compañías privadas. La candidata quiere “incentivar” a los propietarios, sin “leyes de castigo”, y subraya la necesidad de “acabar” con las políticas de Colau y Collboni y poner en marcha medidas consensuadas, “sin que se prioricen ideologías”.

Ahora bien, los cuatro reconocen que hace falta tiempo para abordar la crisis de la vivienda, con medidas a corto plazo y otras enfocadas al futuro. Cuevillas cree que muchas problemáticas están “enquistadas” por el “mal” que, a su juicio, han hecho el PSC y los Comuns en Barcelona.

“Barcelona, capital de Catalunya”

Según Freixa, cuando alguien llega a Barcelona, no encuentra “ningún indicio” de que sea la capital de Catalunya, por lo que propone instalar “grandes anuncios” en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, “paneles informativos” en las calles o “lo que haga falta” para que se constate la catalanidad de la ciudad. También enfatiza la necesidad de “cuidar” la lengua y hacerla “obligatoria” para todos los que quieran venir a vivir a Barcelona.

Sobre las mismas coordenadas, Calvo se compromete a “recuperar la identidad catalana” de Barcelona, el ingrediente necesario para que la ciudad recobre “autoestima”. “Y, desde aquí, ser capaces de generar las sinergias necesarias para conseguir que lleguen más inversiones y oportunidades de trabajo calificado para nuestra gente joven”, dice.

Cuevillas, que, como Martí, subraya la capitalidad de Barcelona, ansía que se convierta en la primera ciudad de un “país libre” y que “tenga ese empuje” que, a su juicio, la ciudad tenía en el pasado. “Lo que debe recuperar Barcelona es la autoestima, la ilusión”, apunta.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este jueves sus arengas al PNV y Junts para que le apoyen en el Congreso una moción de censura para descabalgar del poder a Pedro Sánchez y convocar elecciones generales inmediatamente. “Si lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo”, ha asegurado en una rueda de prensa en Bruselas. “Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y PP, hemos manifestado la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones. Eso suman 184 diputados. Se necesitan 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, que nos e merece políticos trileros”, ha concluido.

Feijóo recupera así la idea de una moción de censura pese a que no ha logrado, por ahora, reunir la mayoría absoluta necesaria para hacerse con el Gobierno. El PP y Vox, con UPN y Coalición Canaria, no alcanzan los 176 diputados necesarios. Feijóo necesita al PNV o a Junts, dos partidos que en sus declaraciones públicas han dado por amortizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que a la hora de la verdad no quieren tumbarlo.

Este mismo jueves, Junts se ha felicitado por la aprobación de un decreto del Gobierno. Ha sido apenas 48 horas después de unirse al PP para intentar debatir y votar una moción que incluía un punto que reclamaba a Sánchez la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria electoral. La Mesa del Congreso ha vetado ambas iniciativas, y el PP ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional.

Feijóo ya planteó formalmente hace unas semanas su propuesta de un Gobierno técnico encabezado por él para un tránsito rápido a elecciones a la vuelta del verano. La idea fue rechazada de plano por el PNV. El partido vasco dio este miércoles una prórroga al Gobierno al marcar un calendario más o menos expreso: que el Gobierno presente su proyecto de presupuestos para 2027 y, si no logra los apoyos para sacarlos adelante, que convoque, entonces sí, elecciones.

Cerrada la puerta del PNV, a Feijóo solo le queda el partido de Carlos Puigdemont. Desde Junts ya le han planteado al líder del PP que para lograr su respaldo a una moción de censura tiene que viajar en persona a Waterloo y reunirse con el expresidente catalán, huido de la justicia desde 2017.

En 2023, Feijóo negoció con Junts su investidura. Rechazó la amnistía, pero sí puso sobre la mesa los indultos.

“Mi mensaje es que el cambio está más cerca”, ha dicho Feijóo, quien ha asegurado que cuando el PP llegue al poder “España tendrá un Gobierno dignifique la política, regenere las instituciones y reconstruya el Estado de derecho en nuestro país”. “No va a haber un Gobierno que organice un compló para ir contra jueces, fiscales, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y no va a haber un Gobierno que invada el Poder Legislativo”, ha zanjado.

“Esta es la hora de la verdad”, ha dicho Feijóo. “Es la hora de los que están a favor de un Gobierno asolado por casos de corrupción, sin mayoría parlamentaria, sin cuentas, sin presupuestos y sin capacidad normativa. Y los que estamos a favor de una España decente. Y ahí hay que clarificar y hay que posicionarse”.

“El Gobierno no quiere poner urnas”

“Estoy a favor de una convocatoria urgente de elecciones”, ha dicho Feijóo, que ha dicho que “el Gobierno no quiere poner urnas”. Una insinuación sobre una supuesta resistencia de Sánchez a convocar elecciones, pese a que a la legislatura le queda más de un año para llegar a su final legal.

Feijóo sigue así la estela de su secretario general, Miguel Tellado, quien esta mañana ha acusado a Sánchez de “no dejar votar a los españoles”.

“Tenemos que desplazar a este Gobierno, y que otro Gobierno convoque elecciones de forma inmediata”, ha asegurado Feijóo en Bruselas antes de reunirse con el resto de dirigentes del PP Europeo.

“Es la propuesta que está encima de la mesa”, ha dicho Feijóo. “La única solución es remover al Gobierno para elegir a otro y que convoque”, ha reiterado, para descartar negociaciones secretas con los partidos a los que reclama su apoyo. “Tengo contacto en tiempo real con todas las fuerzas”, ha asegurado, en referencia a que ha hecho su propuesta en público.

“Si no lo hacemos ahora, ¿en qué supuesto lo vamos a hacer?”, se ha cuestionado, en referencia a los casos de corrupción que acorralan al PSOE. “¿Puede haber algún supuesto más grave?”, ha añadido. “Hay partidos que hablan de este asunto y presentan iniciativas en el Congreso. Vamos a ver si se queda en una tentativa o van en serio y respetan a los votantes que representan”, ha zanjado.