En una entrevista en marzo, unas horas antes de cumplir 92 años, Gloria Steinem habló de las sesiones que seguía organizando en su sala de estar en Nueva York para charlar con mujeres de todo el mundo, los talking circles. Sentarse, hablar, escuchar. La casa que sirvió a ratos de redacción para revista Ms. seguía siendo un punto de encuentro, como ella se empeñó.

En la conversación, un evento con público organizado con Bloomberg, Steinem explicó en un par de pinceladas el poder sencillo y a la vez cada vez más importante de esos círculos. La presencia física es lo que genera empatía: ella habló de la hormona que nos permite identificarnos con otros seres humanos. Y lo que nos hace aprender es el contacto con las personas variadas sentadas ahí. “Aprendemos de la diferencia, no de la uniformidad”, dijo. Escuchando entendió a mujeres muy diferentes, en apariencia, de ella misma, como Dolly Parton, a quien reconoció como feminista en los años 80.

Le gustaba decir frases contundentes, pero su carrera se construyó con hechos, no con eslóganes. La pionera periodista, escritora, activista y defensora de los derechos de las mujeres denunció desigualdades con sus artículos, sus discursos y su exitosa revista, pero nunca dejó de inventar ni de preguntar qué podía hacer de manera concreta para ayudar.

Steinem era el símbolo de las grandes batallas por la defensa del derecho al aborto o la inclusión de la enmienda constitucional por la igualdad de género, pero también de las pequeñas. El día de “lleva tu hija al trabajo” fue una idea de su fundación que hoy se sigue celebrando cada abril en Estados Unidos (en versión más amplia, sin distinción de género). El uso de “Ms.” en el New York Times para referirse a las mujeres sin distinguir entre el Miss o el Mrs. ligados al estado civil le costó años de quejas. En 1986, le llevó un cesto con flores al director cuando el periódico aceptó el cambio. La lucha era constante, grande y pequeña.

En la entrevista de este marzo, la periodista comentó que cada vez que se la encontraba, la pregunta recurrente de Steinem era: “¿Qué puedo hacer por ti?” Cuando la periodista le puso a ella ese interrogante, Steinem contestó dirigiéndose a la audiencia e invitándoles a hablar con quien tenían sentado al lado para “aprender” y “unir”: “Cada uno de vosotros sois un milagro único… Estamos juntos en esta nave espacial que es la tierra”.

Steinem batalló durante décadas, con sus jefes y jefas que la consideraban demasiado guapa para ser buena reportera o buena activista –los estereotipos por sus gafas, su pelo largo y su cuidado al vestir venían también de colegas en sus causas. Luchó con rivales políticos y con supuestas aliadas, incluida la épica batalla con Betty Friedan. La polarización dentro y fuera del feminismo no es un fenómeno tan contemporáneo como pensamos.

No se le habían pasado las ganas de batalla. “Estoy orgullosa y tengo un cabreo monumental”, dijo en 2022 en una entrevista sobre el 50 aniversario de la revista Ms., viendo los retrocesos de derechos que estaba viviendo su país y otros. En una de sus últimas entrevistas este año, el New York Times le pidió un consejo como nonagenaria para Donald Trump en su 80 cumpleaños: “Que dimita”, dijo.

El sindicat UGT del País Valencià, una de les organitzacions que més activament treballa per la igualtat entre homes i dones, s’ha quedat fora d’una convocatòria d’ajudes de la Generalitat Valenciana que precisament busca finançar projectes en aquesta línia.

En concret, es tracta de la convocatòria d’ajudes de la Conselleria d’Igualtat que dirigeix Susana Camarero, per un valor total de 985.000 euros a repartir per concurrència competitiva, sobre la base de la presentació d’accions concretes per part d’entitats, destinades al “foment del moviment associatiu de dones i per a la promoció de la igualtat entre dones i homes a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2026”. L’import màxim de l’ajuda serà de 15.000 euros per beneficiari.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el passat 19 d’agost la resolució amb la relació d’entitats a les quals s’ha acceptat l’ajuda sol·licitada i les que s’han quedat fora per falta de documentació no completada o per incompliment de les bases.

Aquesta segona opció és la que ha impedit a UGT-PV tindre accés als fons, ja que, segons l’esmentada resolució, es desestima “per incompliment del requisit previst en l’apartat quart, punt 1.3 b) de la convocatòria, per no figurar entre les finalitats de l’entitat la promoció i el foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.

Una resolució tan qüestionable com controvertida, tenint en compte que els estatuts de la federació valenciana fan contínues al·lusions al foment de la paritat, que ve a ser el mateix que la igualtat. Per exemple, l’article 9 estableix que “els òrgans elegits en el Congrés Nacional de la UGT-PV tendiran a ser paritaris entre homes i dones, establint la recomanació d’incorporar persones joves als mateixos”. L’article 19 estableix que la Comissió Executiva Nacional (CEN) “tendirà a ser paritària entre homes i dones, establint una recomanació d’incorporar alguna persona jove a aquesta”.

La disposició addicional sisena estableix que “amb l’objectiu d’avançar en la representació igualitària d’afiliats i afiliades en totes les tasques del Sindicat, en tots els òrgans d’UGT-PV, congressos nacionals, comités nacionals, CEN, equips de Secretaries Generals Comarcals i Secretaries Comarcals i tots els altres que es creen estatutàriament, s’establirà un sistema de participació d’homes i dones que haurà de garantir la seua representació paritària o ser equivalent al percentatge d’afiliats o afiliades”.

A més, UGT-PV compta amb una àrea exclusiva dedicada a les dones, la denominada àrea ‘Dona’, l’objectiu principal de la qual és la integració de les dones en les estructures del sindicat i la defensa dels seus drets laborals.

D’altra banda, els estatuts generals de la confederació, que són aplicables a les diferents federacions, estableixen en l’article 7 que entre les seues tasques està “defendre la igualtat d’oportunitats, especialment entre els col·lectius més desfavorits (dones, joves, desocupats/des majors de 45 anys i de llarga duració, etc.)”, com també “representar els interessos dels treballadors i les treballadores en la promoció d’una política cultural avançada, formativa i de requalificació de les persones ocupades i desocupades, consolidant la formació i la cultura a tots els nivells amb l’objectiu de fer realitat la igualtat d’oportunitats i la justícia social”.

El sindicato UGT del País Valencià, una de las organizaciones que más activamente trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres, se ha quedado fuera de una convocatoria de ayudas de la Generalitat Valenciana que precisamente busca financiar proyectos en esta línea.

En concreto se trata de la convocatoria de ayudas de la Conselleria de Igualdad que dirige Susana Camarero por un valor total de 985.000 euros a repartir por concurrencia competitiva, en base a la presentación de acciones concretas por parte de entidades, destinadas al “fomento del movimiento asociativo de mujeres y para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2026”. El importe máximo de la ayuda será de 15.000 euros por beneficiario.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el pasado 19 de agosto la resolución con la relación de entidades a las que se les ha aceptado la ayuda solicitada y las que se han quedado fuera por falta de documentación no completada o por incumplimiento de las bases.

Esta segunda opción es la que ha impedido a UGT-PV tener acceso a los fondos ya que según la mencionada resolución se desestima “por incumplimiento del requisito previsto en el apartado cuarto, punto 1.3 b) de la convocatoria, al no figurar entre los fines de la entidad la promoción y el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

Una resolución tan cuestionable como controvertida, teniendo en cuento que los estatutos de la federación valenciana hacen continuas alusiones al fomento de la paridad, que viene a ser lo mismo que la igualdad. Por ejemplo, su artículo 9 establece que “los órganos elegidos en el Congreso Nacional de la UGT-PV tenderán a ser paritarios entre hombres y mujeres estableciendo la recomendación de incorporar personas jóvenes a los mismos”. El artículo 19 de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) “tenderá a ser paritaria entre hombres y mujeres, estableciendo una recomendación de incorporar alguna persona joven a la misma”.

La disposición adicional sexta establece que “con el objetivo de avanzar en la representación igualitaria de afiliados y afiliadas en todas las tareas del Sindicato, en todos los órganos de UGT-PV, congresos nacionales, comités nacionales, CEN, equipos de Secretarías Generales Comarcales y Secretarías Comarcales y cuantos otros se creen estatutariamente, se establecerá un sistema de participación de hombres y mujeres que deberá garantizar su representación paritaria o ser equivalente al porcentaje de afiliados o afiliadas”.

Además, UGT-PV cuenta con un área exclusiva dedicada a mujeres, la denominada área 'Dona', cuyo objetivo principal es la integración de las mujeres en las estructuras del sindicato y la defensa de sus derechos laborales.

Por otra parte, los estatutos generales de la confederación que son aplicables a las diferentes federaciones establecen en su artículo 7 que entre sus tareas está “defender la igualdad de oportunidades, especialmente entre los colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes, desempleados/as mayores de 45 años y de larga duración, etc.)” así como “representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en la promoción de una avanzada política cultural, formativa y de recualificación de las personas ocupadas y desempleadas, afianzando la formación y la cultura a todos los niveles con el objetivo de hacer realidad la igualdad de oportunidades y la justicia social”.

Trabajo, compromiso y tiempo. Esas tres cuestiones son las que consideran desde el Ayuntamiento de Hondarribia para acabar con el conflicto del Alarde, el desfile militar que tiene lugar cada 8 de septiembre y en el que la participación de las mujeres se reduce a un pequeño grupo de cantineras mientras que los soldados, hasta 5.000, solo pueden ser hombres. Así se ha mostrado el Consistorio después de confirmar que el pasado 2 de octubre de 2025, el Ayuntamiento, la Asociación para la Promoción del Patrimonio del Alarde de Hondarribia (HAOSE), [es decir, los partidarios del Alarde tradicional y excluyente] y la Compañía Jaizkibel [promotora de un Alarde público e igualitario] firmaron un acuerdo a tres para iniciar un proceso de mediación cuyo objetivo era “favorecer el entendimiento y buscar soluciones compartidas” al conflicto social en torno al Alarde.

Tras varias reuniones entre las dos asociaciones y el Ayuntamiento, acompañados también de agentes externos que trabajan en resolver el conflicto, como la Fundación Baketik, desde HAOSE decidieron abandonar el proceso. “Aunque se produjeron avances en estos primeros pasos, posteriormente HAOSE comunicó al Ayuntamiento su decisión de abandonar el proceso. El Ayuntamiento ha recibido con preocupación la decisión de HAOSE, ya que se estaban construyendo vías que podían contribuir a mejorar la situación en torno al conflicto del Alarde”, informan desde el Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento han tratado de trasladar que la suya no es una “iniciativa unilateral”, sino un “proceso acordado”. “El Ayuntamiento prevé seguir ofreciendo apoyo y seguimiento a la Mesa Interinstitucional - Emakunde, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ararteko-. También contamos con la Mesa de Portavoces municipal para hablar sobre el Alarde, así como con la coordinación entre la Mesa de Igualdad municipal y el resto de estructuras municipales. En este sentido, el trabajo de la Fundación Baketik no se limita a la mediación entre los dos agentes: contempla, entre otras cuestiones, explorar posibilidades de diálogo con otros grupos, asesorar al Ayuntamiento, apoyar a la Mesa de Portavoces y a la Mesa Interinstitucional y promover una cultura del diálogo en el municipio. Asimismo, el proceso cuenta con el contraste y la coordinación metodológica de Jenny Pearce para diseñar y renovar metodologías de diálogo y coordinar las intervenciones en Hondarribia. De este modo, la intención del Ayuntamiento es contar con la perspectiva más amplia posible, teniendo en cuenta las dimensiones social, institucional y comunitaria del conflicto”, aseguran.

Tras estas informaciones hechas públicas por el Ayuntamiento, desde HAOSE, han criticado a lo que consideran “un Gobierno incapaz de gestionar y liderar proceso de diálogo alguno”. Sobre el convenio firmado, los promotores del Alarde tradicional han expresado que creían que el proceso sería “positivo” para el Alarde que organizan y que “se respetarían y reconocerían su postura”. “Que diferentes sensibilidades pueden coexistir es uno de nuestros objetivos primordiales y entendemos que el intento de anular determinadas sensibilidades o pensamientos va en contra de la convivencia democrática real”, han apuntado, para después destacar que en las dos reuniones mantenidas encontraron “palabras vacías y nula voluntad real de respeto”, abriendo así otra brecha con el Consistorio.

Sobre esta cuestión desde la Fundación Baketik han considerado que “los procesos de diálogo en situaciones de conflicto no son lineales”. “La experiencia nos demuestra que los procesos de diálogo en situaciones de conflicto no son lineales: requieren trabajo, compromiso y tiempo. Los pasos dados hasta ahora muestran que existe voluntad de alejarse de las situaciones de tensión vividas en el pasado y avanzar. El proceso desarrollado también nos ha demostrado que los agentes, más allá de sus diferencias, consideran necesario abordar las consecuencias que la situación del Alarde tiene en la comunidad”.

“La solución al conflicto en torno al Alarde es compleja. Por ello, el Ayuntamiento quiere señalar que su objetivo es seguir construyendo, mediante el proceso iniciado, las condiciones necesarias para alcanzar una solución. En este sentido, considera necesario apostar por el proceso, aunque en determinados momentos las condiciones para el diálogo puedan ser difíciles. El objetivo es generar oportunidades de diálogo, escuchar las posiciones de todas las partes y avanzar hacia una solución compartida en el futuro. Además, el Ayuntamiento no está solo en esto: tanto la Mesa de Portavoces como la Mesa Interinstitucional respaldaron esta nueva oportunidad para el diálogo”, han apuntado desde el Consistorio.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Hondarribia exigen “tranquilidad, responsabilidad y respeto en vísperas del Alarde”, cuyo decreto para su celebración sostienen que publicarán próximamente, y hacen un llamamiento a todos los agentes para que cuiden las vías de diálogo abiertas durante los últimos años. “El Ayuntamiento seguirá trabajando en esta dirección, en favor de una solución sólida y compartida”, concluyen.

La máxima autoridad europea en materia de nutrición también corregirá el informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) con recomendaciones para la menopausia a partir de datos obtenidos en hombres, denunciado por la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y adelantado por elDiario.es.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que publicó el trabajo traducido al inglés en su web, ha asegurado a elDiario.es que este será republicado con las actualizaciones necesarias, al tiempo que recuerda que los organismos de los Estados miembros son responsables del contenido. En dicho informe, según denunció la AMIT, los datos sobre la ingesta de hierro o vitamina C se basan en estudios realizados solo en hombres.

Tras la denuncia, la AESAN admitió a elDiario.es que en algunos casos se han basado en resultados limitados y no específicos de mujeres y anunció que se añadirá una nota aclaratoria y se ha hablado con la EFSA para modificar la traducción al inglés que se hizo de su informe.

El artículo fue publicado en la revista Food Risk Assess Europe (FRAE), que publica artículos científicos seleccionados de las agencias nacionales de seguridad alimentaria de los estados miembros de la UE, explica la agencia europea a este medio. “Los organismos de los Estados miembros son responsables del contenido”, apunta la EFSA. “Entendemos que AESAN solicitó a su Comité Científico que revisara el informe, el cual será republicado con las actualizaciones necesarias”.

Aunque desde la EFSA evitan valorar la calidad del informe, a la pregunta sobre el fallo, fuentes de la agencia insisten en que ellos siempre advierten de las limitaciones en los estudios. “Nuestros informes sobre valores de referencia dietéticos incluyen explicaciones detalladas sobre cómo se establecen dichos valores, a qué grupos de población se aplican, los datos utilizados y las lagunas de información”, señalan. “Colaboramos estrechamente con organismos de seguridad alimentaria de los Estados miembros, como AESAN, que están actualizando su publicación anterior sobre esta base”.

“Que no se vuelva a repetir”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha pedido la revisión del polémico trabajo y espera que no se vuelva a repetir. “Ya es hora de que las mujeres estén presentes en las agendas y en los estudios de salud”, asegura. Las investigadoras de AMIT denuncian que, a diferencia de lo que ocurre con los estudios originales de la EFSA, el informe de AESAN no advierte de que se basan en datos obtenidos de los estudios realizados con hombres, lo cual puede engañar a las mujeres que buscan recomendaciones alimentarias para la menopausia. Además, los valores que recomienda la agencia europea son para la población adulta general (a partir de los 18 años) y no en mujeres en la franja de edad de mayores de 40 años (≥ 40 años) como establece engañosamente AESAN en su polémico informe.

Desde AMIT, su presidenta Maite Paramio ha asegurado que estos fallos son debidos a una falta de interés por estudiar realmente con el grupo de individuos, que en este caso eran las mujeres menopáusicas. “Esta crítica es parte de nuestro trabajo y es con el objetivo de mejorar toda la ciencia, la sociedad y la forma en que se trata a las mujeres”, resume. “Todos agradecemos que hagan un estudio sobre mujeres menopáusicas, porque hay muy pocos, pero hay errores que tienen que corregir, porque si nadie dice nada, se mantendrán los mismos errores continuamente”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido que se revise el informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) con recomendaciones para la menopausia a partir de datos obtenidos en hombres, denunciado por la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y que ha desvelado elDiario.es. “Este informe debe ser revisado y esperamos que no se vuelva a repetir”, ha asegurado Redondo en un mensaje en redes.

La ministra ha firmado que ya “es hora de que las mujeres estén presentes en las agendas y en los estudios de salud y el cuerpo masculino deje de ser la referencia universal para todo, incluso para lo que tiene que ver con la menopausia”. En dicho informe, según denunció la AMIT, los datos sobre la ingesta de hierro o vitamina C se basan en estudios realizados solo en hombres y carecen de rigor científico. Tras la denuncia, la agencia anuncia una rectificación en forma de nota aclaratoria.

Desde AESAN defienden que el documento se basa en los datos publicados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). El problema, para AMIT es que —a diferencia de estos— en el informe español no se advierte explícitamente de que se basan en estudios realizados en hombres.

Además, los valores que recomienda la agencia europea son para la población adulta general (a partir de los 18 años) y no en mujeres en la franja de edad de mayores de 40 años (≥ 40 años) como establece engañosamente la AESAN en su polémico informe.

La presidenta de AMIT, Maite Paramio, ha asegurado que estos fallos son debidos a una falta de interés por estudiar realmente con el grupo de individuos, que en este caso eran las mujeres menopáusicas. “Esta crítica es parte de nuestro trabajo y es con el objetivo de mejorar toda la ciencia, la sociedad y la forma en que se trata a las mujeres”, resume. “Todos agradecemos que hagan un estudio sobre mujeres menopáusicas, porque hay muy pocos, pero hay errores que tienen que corregir, porque si nadie dice nada, se mantendrán los mismos errores continuamente”.

El informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la alimentación adecuada en mujeres durante la menopausia ofrece recomendaciones basadas en datos obtenidos exclusivamente en hombres, según denuncian las científicas de la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). El documento, publicado en abril de 2026 “sobre los riesgos nutricionales de la mujer durante la menopausia, perimenopausia y posmenopausia”, recoge valores de ingesta de hierro y vitamina C extraídos de estudios realizados directamente en varones, sin advertir explícitamente de este hecho, lo que supone una mala praxis y una falta de rigor científico, según las denunciantes.

La primera en detectar estas graves deficiencias fue Sonia de Pascual-Teresa Fernández, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (CSIC) y miembro de AMIT, que trabajaba en un proyecto sobre el consumo de vitamina C. “Al ver la tabla 4 del informe fui directamente a la fuente de los datos, que son dos informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y aluciné”, explica a elDiario.es. Bajo el epígrafe “Recomendaciones de ingesta adecuada de nutrientes” el cuadro ofrece valores de ingesta de vitamina C y hierro obtenidos en estudios exclusivamente con hombres, mientras que otros corresponden a población general y no a la población a la que va destinado el documento.

A diferencia de lo que hace el informe de AESAN, los documentos de la EFSA sí advierten explícitamente y en repetidas ocasiones de que no existen datos en mujeres y que, por tanto, se limitan a extrapolar matemáticamente los datos obtenidos de los estudios realizados con hombres a partir del peso. Además, los valores que recomienda la agencia europea son para la población adulta general (a partir de los 18 años) y no para la franja de edad de mayores de 40 años, como establece engañosamente la AESAN en su polémico informe. “Es una desinformación total para la población”, asegura Sonia de Pascual-Teresa.

Aunque las investigadoras que denuncian este sesgo aseguran que la AESAN no ha respondido satisfactoriamente a sus quejas en los últimos meses, fuentes de la agencia consultadas por elDiario.es admiten que en algunos casos se han basado en resultados limitados y no específicos de mujeres y anuncian que se añadirá una nota aclaratoria al informe. Desde la agencia defienden que el documento recoge los datos publicados por la EFSA, ya que ellos no elaboran investigaciones y ensayos clínicos propios, y que en sus conclusiones se recogía que son necesarias investigaciones adicionales para definir recomendaciones específicas. La nota aclaratoria en la tabla 4, anuncian, se publicará en la primera semana de septiembre y se han realizado consultas con la EFSA para modificar también la traducción al inglés que se hizo de su informe.

Un sesgo androcéntrico omnipresente

Para Teresa Samper, socióloga de la ciencia de la Universitat de València y miembro de la junta directiva de AMIT, lo de utilizar referencias de población adulta y expresarlas como de población femenina mayor de 40 años es un grave error. “Si normalmente invisibilizamos a las mujeres en el estudio de la medicina, choca todavía más que se haga en un área como es la menopausia”, señala. “Es un sesgo androcéntrico en un área de estudio de las mujeres; eso es lo que hace saltar las alarmas”.

Es un sesgo androcéntrico en un área de estudio de las mujeres; eso es lo que hace saltar las alarmas

Teresa Samper — Socióloga de la ciencia de la Universitat de València y miembro de la junta directiva de AMIT

Si no se sabe el dato, un informe no puede asumirlo, argumenta la investigadora. Lo honesto es poner encima de la mesa la necesidad de tener datos específicos y no tratar de maquillar con datos incompletos. “La incertidumbre debería ocupar un lugar tan visible como las propias conclusiones”, señala. El error es especialmente grave, opina, dado el carácter estatal de la agencia. “Los organismos públicos no solo producen informes, también construyen confianza”, apunta. “Sus documentos contribuyen a definir qué consideramos conocimiento consolidado y qué entendemos todavía como hipótesis o evidencia provisional. E influyen en las decisiones clínicas, orientan la investigación futura, sirven de referencia para la industria y moldean la percepción pública de aquello que la ciencia sabe y de aquello que aún desconoce”.

Para Sonia de Pascual-Teresa, el problema principal es que no existen datos de mujeres y por eso tienen que cogerlos de hombres. “Este problema es aplicable a toda la investigación biomédica y farmacológica”, explica. “Clásicamente se ha utilizado a los hombres en todos los ámbitos porque las mujeres generaban mayor desviación estándar en los resultados debido a los cambios de su estado hormonal”. Se da la circunstancia de que hace solo dos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un programa para tratar de corregir la infrainvestigación histórica dotado con 18 millones de euros y destinado a mejorar “el diagnóstico y el tratamiento en áreas que no han recibido la atención necesaria”.

Una aclaración por sorpresa

Desde AMIT expresan su sorpresa ante el anuncio de aclaración de AESAN a elDiario.es, pues durante las comunicaciones mantenidas con la agencia en ningún momento se reconoció el error. “La directora de la agencia ni me contestó, así que empezamos a pensar que había que darlo a conocer”, asegura Maite Paramio, presidenta de AMIT. A su juicio, no son errores que vayan a poner en riesgo la salud de las mujeres, pero son muy relevantes en un contexto de investigación biomédica históricamente sesgada. “Pedimos a varias de nuestras socias, que son médicas, que revisaran las objeciones que había puesto Sonia y reconocieron que tiene toda la razón y que el informe recoge datos que se dice que son para las mujeres cuando no han sido las estudiadas”, explica.

Hay fallos que se tienen que corregir porque, si nadie dice nada, se mantendrán los mismos errores continuamente

Maite Paramio — Presidenta de AMIT

En uno de esos informes, a los que ha tenido acceso a elDiario.es, una reconocida experta en salud reproductiva advierte de que la principal limitación del informe de la AESAN es que gran parte de la evidencia científica utilizada para fundamentar las recomendaciones procede de estudios realizados en población general y no específicamente en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas. “Esta limitación es especialmente relevante porque los cambios hormonales y metabólicos propios de la menopausia pueden modificar tanto los requerimientos nutricionales como la respuesta a determinadas intervenciones”, subraya.

Además, según esta valoración, la falta de estudios específicos en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, reconocida por el propio informe en unas de las secciones, no se refleja de forma destacada en las conclusiones y recomendaciones finales, como defienden desde la agencia. “Esta limitación es una importante laguna de conocimiento sobre un tema que afecta a la salud de prácticamente todas las mujeres a lo largo de una parte sustancial de su vida”, concluye. “Por ello, sería imperativo que futuras recomendaciones priorizaran la generación de evidencia específica en esta población, permitiendo desarrollar orientaciones más sólidas y mejor adaptadas a sus necesidades reales”.

Para la presidenta de AMIT, Maite Paramio, estos fallos son debidos a una falta de interés por estudiar realmente con el grupo de individuos, que en este caso eran las mujeres menopáusicas. “Esta crítica es parte de nuestro trabajo y es con el objetivo de mejorar toda la ciencia, la sociedad y la forma en que se trata a las mujeres”, resume. “Todos agradecemos que hagan un estudio sobre mujeres menopáusicas, porque hay muy pocos, pero hay fallos que se tienen que corregir porque, si nadie dice nada, se mantendrán los mismos errores continuamente”.

El Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la existencia de “discriminación indirecta de género” en el requisito de estatura exigido por Guaguas Municipales para sus conductores, al estimar la demanda presentada por una aspirante por vulneración del derecho fundamental a la igualdad.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, en julio de 2024 fue publicado por la empresa un proceso selectivo para la cobertura de necesidades temporales de conductores y preceptores para los años 2024 y 2025 con el objetivo de disponer de una bolsa de empleo de hasta 200 aspirantes.

La denunciante, que mide 1,50 metros, superó el proceso selectivo y fue incluida en la lista, ocupando el puesto 70 de un total de 205 personas.

En octubre de 2024, fue llamada para la revisión médica para formalizar el contrato de trabajo, pero el médico le indicó que era “no apta” por un criterio de tallaje, sin que se documentara por escrito, y sin que dicho requisito se encontrara en las bases de la convocatoria, indica la sentencia.

Según la evaluación de conducción de distintos vehículos de Guaguas Municipales que se le realizó, la demandante, que portaba unos zapatos tipo bailarina, adoptaba “una postura forzada o con dificultad para llegar correctamente a los pedales”.

La sentencia recoge que la denunciante posee diez permisos de conducción expedidos por la Dirección General de Tráfico, que trabajó como conductora en el Arsenal Militar de Las Palmas entre 2020 y 2023 y que desde septiembre de 2024 ejerce además como conductora profesional conduciendo autobuses de 12 metros sin limitación técnica ni física.

La magistrada señala que en comprobaciones realizadas en una guagua “se comprueba que no adopta ninguna postura forzada o con dificultad para llegar correctamente a los diferentes pedales, apreciando que pisaba correctamente sobre ellos”.

Además, manifiesta que “en el supuesto caso de no llevar un calzado adecuado, si se evidencia que la conducción, de algunos vehículos (Autobuses - Guaguas) sería más forzada y con cierta dificultad para apoyar los pies al suelo y accionar los diferentes pedales”.

“En las pruebas realizadas en condiciones óptimas, de material y vestimenta, la conductora puede ajustar su asiento, volante, espejos y otros para alcanzar los pedales y controles, y realiza la conducción con postura adecuada”, agrega al indicar que con la adaptación de los equipos y el empleo de la vestimenta adecuados la limitación de talla “puede ser superada en la práctica con total seguridad”.

Por otro lado, advierte de que Guaguas Municipales añadió al proceso selectivo para la lista de reserva un criterio interno de altura mínima no previsto en las bases ni regulado legalmente, que afecta sobre todo a las mujeres y las obliga a superar pruebas físicas adicionales no exigidas al resto de aspirantes.

La titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria señala que la jurisprudencia europea y del Tribunal Constitucional considera que exigir una altura mínima “en la mayoría de las ocasiones” es inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad, salvo que la estatura sea un requisito proporcionado a las funciones del puesto.

Y advierte que el requisito de altura “perjudica más gravemente a la mujer”, razón por la que “supone una evidente discriminación indirecta en función del género”.

La magistrada señala que, según la directiva europea 2006/54/CE, existe discriminación indirecta cuando una medida aparentemente neutra sitúa a un sexo en desventaja respecto al otro, “salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”.

Por todo ello, la sentencia declara la vulneración del artículo 14 de la Constitución en el acceso al empleo de la empresa demandada y anula la actuación de Guaguas Municipales, a la que ordena cesar de inmediato ese comportamiento y reponer a la denunciante en el puesto que le corresponda de la lista de empleo, siempre que siga vigente.

Igualmente, dicta una indemnización de 10.000 euros a favor de la mujer en concepto de daños y perjuicios.

Quienes paseen hoy en día por muchos de los palacios curiales más importantes, se encontrarán en sus pasillos unos espacios que hasta hace poco no existían: baños femeninos. El aumento de mujeres en los espacios de poder vaticanos y en los dicasterios —ministerios— como Doctrina de la Fe u Obispos, cuyos mármoles solo eran pisados tradicionalmente por hombres, ha llevado a adaptar estos edificios a una nueva realidad, que aún se resiste por otros frentes de la Iglesia, como el sacerdocio.

Lo que es un hecho cuantificable es que cada vez hay más mujeres en el Vaticano. La tendencia comenzó durante el pontificado de Francisco y, por ahora, León XIV está siguiendo sus pasos. Cuando Bergoglio llegó al mando en 2013, apenas un 13% del funcionariado vaticano eran mujeres. En 2024, la cifra llegó al 24% y hoy es ya el 26%. Una de cada cinco personas que trabaja en la Iglesia es una mujer.

La cuestión de fondo es si ha mejorado realmente la situación de la mujer en la Iglesia católica, si los cambios son puramente cosméticos o si estos supondrán reformas significativas en una institución eminentemente patriarcal. El Estado vaticano es fiel reflejo de una situación enquistada desde 1.700 años, cuando, tras el Concilio de Nicea, se pusieron las bases de lo que hoy es la Iglesia: liderada por hombres —desde hace un milenio, célibes, porque antes los curas podían casarse—, y en el que las mujeres han estado, históricamente, relegadas a puestos de servicio, condenadas a ser consideradas ‘ciudadanas de segunda’.

Desde hace años, la situación parece estar experimentando algunos cambios, en buena medida gracias al impulso de asociaciones como La Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Con todo, el horizonte de una “Iglesia de igual” se vislumbra lejano, en una institución en la que, paradójicamente, más de la mitad de sus miembros —el 60%— son mujeres.

Es un hecho, también, que el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad está aumentando. A día de hoy, hay tres ‘prefectas’ (ministras), una categoría históricamente reservada a cardenales. Francisco abrió el camino al nombrar a la religiosa italiana Simona Brambilla como prefecta del dicasterio de Vida Religiosa, encargada de liderar el ‘ejército’ de unos 650.000 religiosos y religiosas en todo el mundo. La decisión suscitó tal polémica interna que Bergoglio tuvo que nombrar a un cardenal, el salesiano español Ángel Fernández Artime, como co-prefecto —segundo de a bordo— para presidir celebraciones litúrgicas o sacramentales, uno de los grandes espacios reservados al hombre en la Iglesia.

León XIV ha estabilizado la presencia de mujeres prefectas, nombrando, casi de una tacada, a dos de ellas. Una de ellas, además, es la primera laica. Se trata de la mexicana Montse Alvarado, nueva ‘ministra’ de Comunicación del Vaticano. La última, la salesiana Alessandra Smerilli, nueva prefecta del dicasterio para el Desarrollo Humano, una suerte de Ministerio de Asuntos Sociales del Vaticano.

Además, Francisco nombró a la primera mujer presidenta de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Comisión Pontifica de la Ciudad del Vaticano. Otra monja, Raffaella Petrini. Pese a ello, Prevost tuvo que derogar una ley vaticana que impedía a una mujer formar parte de la Comisión Pontificia de la Ciudad del Vaticano, dadas las trabas puestas a la que, en la práctica, es la ‘alcaldesa’ del pequeño Estado.

Mujeres, sí; progresistas, no

Con todo, excepto en el caso de Brambilla, todos los altos cargos femeninos ocupan carteras sin peso ‘sacramental’, como podría ser los de Obispos, Doctrina de la Fe o Liturgia, donde la presencia femenina es, salvo excepciones, testimonial. Una de ellas es la teóloga laica argentina Emilce Cuda, secretaria de la Comisión para América Latina, dependiente del dicasterio de Obispos, o la secretaria general del Sínodo, la religiosa francesa Nathalie Becquart. Excepto en el caso de Cuda, una decisión personal del Papa Francisco, —y tal vez el de Becquart— el resto de designadas no pueden ser catalogadas de 'progresistas’.

De hecho, la noticia del nombramiento de Alvarado, saludado casi unánimemente como un paso histórico, por ser mujer, y laica, no esconde el hecho de que la periodista era la presidenta y directora de operaciones de EWTN, uno de los grupos de comunicación ultracatólicos más relevantes del mundo. La nueva dircom del Papa, además, forma parte del ultraconservador Acton Institute de Robert Sirico y el Wall Street Journal la definió como “defensora de todas las religiones en primera línea de las guerras culturales de Estados Unidos”. Mujeres sí, pero conservadoras, también.

“En lo referente a la mujer, cada paso cuesta un mundo. Estamos intentando que no haya que dar marcha atrás antes de continuar”, se justifica un cardenal de la Curia, a preguntas de elDiario.es, añadiendo que, desde hace dos años, las mujeres —y los laicos varones— pueden votar en los sínodos, algo que nunca había pasado. En todo caso, también resulta un hecho que la entrada de mujeres en puestos de responsabilidad es algo que molesta, y mucho, en la estructura vaticana. “En la Iglesia, las puertas tienen el inconveniente, o la oportunidad, de que, una vez abiertas, es muy difícil cerrarlas”, asume.

Tal vez por ello se ha cerrado, al menos por el momento, la que permitiría a las mujeres ejercer como diaconisas, el paso previo al sacerdocio. Una práctica que, como está ampliamente demostrado, sí llevaban a cabo en las primeras comunidades cristianas.

No puedo imaginar cómo una Iglesia puede seguir existiendo a largo plazo si la mitad del pueblo de Dios sufre por no tener acceso al ministerio ordenado

Jean Claude Hollerich — Cardenal de Luxemburgo

En el interior del Vaticano temen que abrir el camino hacia lo sacramental —el diaconado ya forma parte del ministerio sacerdotal, junto al sacerdocio o el orden episcopal— lleve, tarde o temprano, a aceptar la posibilidad de mujeres sacerdotisas. Una realidad que, sin embargo, está muy presente en otras confesiones cristianas, evangélicas o en la Iglesia de Inglaterra, donde la mismísima arzobispa de Canterbury, la cabeza de la Iglesia Anglicana, después del rey —antes la reina—, es desde hace unos meses Sarah Mullally.

Francisco, que pasará a la historia por las reformas implantadas en la Iglesia, se cerró en banda a siquiera debatir el sacerdocio femenino. León XIV no parece, por el momento, dispuesto a abrir el melón. Sin embargo, algunos líderes eclesiásticos, como el relator general del sínodo, el cardenal luxemburgués Hollerich, se posicionaban a favor de la presencia de mujeres en el altar. “No puedo imaginar cómo una Iglesia puede seguir existiendo a largo plazo si la mitad del pueblo de Dios sufre por no tener acceso al ministerio ordenado”, apuntaba el purpurado, quien añadía que “no es solo una exigencia de algunas asociaciones de mujeres de izquierda”. “Cuando hablo con las mujeres de las parroquias, el 90% comparte esta opinión”, añadió.

Durante la pasada misa del Papa en Cibeles, el colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia se hizo presente, reclamando la plena igualdad. “Queremos una Iglesia de iguales, no queremos una Iglesia de poderosos”, reivindicaba la teóloga y activista Teresa Casillas. “Jesús no fundó una Iglesia, sino una comunidad de iguales”, explicó, mientras lamentaba que, junto a León XIV se mostraban centenares de casullas de sacerdotes, únicamente varones, “mostrando su poder”, cuando muchas mujeres también sienten la vocación sacerdotal. Cada 8M, en todas las diócesis españolas, la Revuelta organiza concentraciones “hasta que la igualdad se haga costumbre”. Una igualdad que, a día de hoy, está muy lejos de lograrse. Y mucho menos tras los muros vaticanos.

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Yessica Vela acude a su farmacia habitual en busca de su medicamento. De nuevo, comienza la pesadilla. “No lo tenemos”, le dice la farmacéutica. “¿Puedes pedírmelo, por favor?”, pregunta. Entonces, le dan la peor noticia: “No puedo, no hay en toda España, no lo están fabricando”. Es una situación a la que se enfrentan, “de forma habitual”, miles de personas trans, que sufren el desabastecimiento de su tratamiento hormonal. Cada vez que ocurre, toca “volver a empezar”.

Gabriella López y María Montoya, de 24 años y 25 años, se suelen enterar de la misma forma, aunque a veces sus endocrinas o las farmacéuticas les avisan con anterioridad: “Últimamente, están trayendo muy pocos”. En las últimas semanas, la situación ha vuelto a producirse con la escasez de los fármacos hormonales Lenzetto y Climodien.

Según el Ministerio de Sanidad, el segundo ha dejado de comercializarse a nivel mundial a petición de la empresa, pero aseguran que existen medicamentos alternativos —con estrógenos y progestágenos, la misma forma farmacéutica (comprimidos) y para la misma indicación— que permiten que no haya una laguna terapéutica. En cuanto a Lenzetto, confirman que existe un problema de desabastecimiento, que ocurre de forma global y que tiene que ver con “problemas en el procedimiento de fabricación”.

La ginecóloga y pionera en la atención a la salud de personas trans, Rosa Almirall, coincide con el Ministerio, puesto que en todos sus años de experiencia “siempre ha habido una alternativa”, aunque “son muy pocas”. Almirall señala que al retirar uno de estos productos del mercado, se produce un “efecto cascada”, ya que las personas que se “distribuían en distintos fármacos”, ahora se concentran en uno solo, causando de nuevo “mayor probabilidad de problemas de distribución y de producción”.

Problema estructural

Independientemente de los motivos que generen la escasez o de las alternativas que puedan existir, las mujeres trans denuncian que este problema sucede “a menudo” y de forma recurrente y que, además, es perjudicial para su salud. Porque, aunque cambiar de medicamento, a priori, no es un problema, sí tiene consecuencias. “Sufrimos cambios drásticos a nivel hormonal y eso lo sufre el sistema nervioso. No puedo tener un mes 100 de testosterona y al otro tener 20 y luego 800, me va a dar algo”, subraya Gabriella.

La joven alega que sí existen estas lagunas terapéuticas, porque no a todas les van bien los mismos tratamientos. “Cada una es un mundo”, defiende. La doctora Almirall explica que se trata de un “problema estructural”, pero reconoce que “hay cuerpos que se quejan más que otros ante los cambios” farmacológicos.

La cuestión que más preocupa a las mujeres trans es la ausencia de previsión o planificación. “Cuando la farmacéutica te dice que no hay el medicamento, tienes que volver a llamar a tu endocrina y muchas veces te dice que preguntes en la misma farmacia cuáles son las alternativas”, explica Yessica. Coincide la ginecóloga Almirall, porque la actualización de los productos en escasez, que ofrece la página de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no es “tan inmediata”: “Los profesionales nos podemos enterar un mes más tarde y casi siempre lo hacemos porque algunas de estas personas nos avisa”.

Cambios físicos y emocionales

En una ocasión, al cambiar de medicación, a Gabriella no le funcionó correctamente porque “bloqueaba la testosterona de manera parcial” y comenzó a observar un “retroceso”. “Sentí que había vuelto años atrás. Me tenía que volver a afeitar todos los días y a maquillarme la sombra de la barba”, relata la joven. Fue, para ella, “un sentimiento horrible”: “Cuando crees que ya acabas, que estás levantando la cabeza y saliendo del pozo, viene la vida y te recuerda: 'No, que sigues aquí dentro' y te vuele a empujar. Y todo por un cambio de medicamento”.

Algo similar le ocurrió a Yessica: “Al principio de la transición tenía un tratamiento específico, mi cuerpo estaba reaccionando bien y ahí mi pecho se comenzó a desarrollar. Cuando me cambiaron los medicamentos, el desarrollo se estancó”. Cuenta que, quizás, si hubiera continuado con el mismo fármaco, “podría haber seguido creciendo”.

Más allá de los cambios físicos que perciben las afectadas, también identifican problemas psicológicos. “Aunque sean medicamentos, pautas, dosis y principios activos similares, el cambio lo notas muchísimo”, indica María Montoya, para quien los peores efectos fueron a nivel psicológico: “Tenía muchos cambios de humor, irritabilidad, inestabilidad, entre otros. Son las cosas que ocurren cuando no estás bien medicada”.

En el factor psicológico inciden también el resto. Yessica cuenta que “te vuelves superirascible y comienzas a llorar cada dos por tres”. Esta cuestión se agrava cuando les comunican que ya no disponen del medicamento habitual, lo que supone un “agobio”.

Almirall cuenta que este sentimiento se debe, en gran parte, a que ven amenazado lo que “tanto tiempo han tardado en construir”: “Temen que, al dejar la medicación, vuelva la etapa horrorosa que recuerdan. Son personas que, incluso antes de tomar tratamientos, han vivido mucho dolor, bastante rechazo y muchas de ellas han llegado a la hormonación ya bastante dañadas emocionalmente”.

La ginecóloga explica que cambiar de medicación no supone “efectos a largo plazo”, porque “las cantidades y principios activos son los mismos”. Se trata de una cuestión de comodidad y de angustia y aunque admite la existencia de alternativas, lo “difícil” es llegar a ellas. Primero es un shock. “Me quedo sin el medicamento que necesito y no sabemos cuando volverá”, resume Almirall sobre las vivencias de sus pacientes.

La especialista trata de rebajar la inquietud: “No conozco personas que hayan estado más de tres meses sin medicamentos. Si el cambio es por una dosis similar de estrógenos, en el cuerpo a largo plazo no tiene ningún efecto”. Reconoce que estos miedos son habituales y por mucho que les diga que su cuerpo “no va a cambiar en dos meses”, entiende que “cada una lo vive como puede” y que el efecto emocional está presente.

Fórmulas magistrales

María Montoya recuerda una ocasión en la se quedó sin alternativas y tuvo que recurrir a una fórmula magistral —se trata de un medicamento personalizado para un paciente específico, que se prepara en el laboratorio de una farmacia o de un hospital siguiendo una receta médica—. “Después del covid, tomaba un medicamento, pero hubo desabastecimiento y me dieron Progynova. También se quedaron sin él, así que fui al endocrino y me recetaron Perifem, pero al mes se agotó. Miraron otras opciones, pero tampoco había”, relata. La solución fue una fórmula magistral elaborada por la farmacia de su pueblo: “Estuve un año y medio con ellas”.

Yessica tomó la misma decisión: “Estaba cambiando cada dos por tres de principio activo y le dije a mi doctora: 'Recétame una fórmula magistral que al menos me dure un año'”, detalla. Aunque admite que es “mucho más costosa”, no tenía que cambiar de pastilla. Ante los problemas de desabastecimiento que están produciéndose, ambas se plantean pedir de nuevo una receta magistral: “Me voy a gastar un dineral, cerca de 500 o 600 euros, pero me curo en salud”.

Pese a que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas transexuales vela en el artículo 59 por el abastecimiento de los medicamentos más empleados y promete supervisar su suministro, a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento, estos continúan produciéndose. Mientras, diversas plataformas y personas del colectivo llevan años denunciando esta problemática. “Tenemos derecho, pero luego mira por dónde acaban nuestros derechos. Si me tratas como persona de primer nivel, trátame así en todos los sectores”, denuncia Yessica.

Tanto Yessica como Gabriella insisten en que debería elaborarse una terapia específica para mujeres trans. Yessica muestra su cansancio: “Nos han cambiado de tratamiento un montón de veces. No podemos ser conejillos de indias”.

Gabriella considera que estos cambios se deben a intereses económicos de las farmacéuticas. “Hacen pastillas similares a las anticonceptivas que tienen estrógenos y así pueden abastecer a distintos tipos de personas: mujeres que no quieren quedarse embarazadas, menopáusicas y trans. Así les sale mucho más rentable”, cuenta. Según indica, y coincidiendo con la explicación de Almirall, los estrógenos son “fármacos muy baratos”. “Llevan mucho tiempo en el mercado, entonces son más susceptibles de desaparecer porque las industrias farmacéuticas tienen otros productos que le darán mayor rentabilidad”, concluye la ginecóloga.

Desde 2003 hasta el día de hoy, 1.372 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Para quienes quieran llamar a esto -y ahí entra la ideología, porque todo esto es ideología- violencia intrafamiliar, recordarles que estos asesinatos se producen en un contexto de violencia que tiene raíces estructurales y que convierte a las mujeres en víctimas precisamente por su condición de mujeres.

Pero esta cifra de 1.372 mujeres es solo la punta del iceberg: la que vemos en las noticias, en las concentraciones, en los minutos de silencio. La cruda realidad es que, a día de hoy, hay 109.410 mujeres víctimas de violencia de género cuyos casos han sido reconocidos y registrados en el sistema VioGén, de las cuales 53.818 tienen menores a su cuidado.

Por más que las medidas de protección salven vidas cada vez que se produce un asesinato machista nos invade una insoportable sensación de frustración y fracaso. Sensación que solo desaparecerá cuando desaparezcan los asesinatos machistas y, para conseguirlo, hay que mejorar y ampliar los recursos de los que disponemos.

Existe una amplia variedad de recursos a los que pueden acudir las mujeres que sufren violencia: servicios sociales del Gobierno de Canarias, del Cabildo, y de los ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia, servicios especializados de igualdad y, por supuesto, asociaciones que luchan contra la violencia de género. Aun así, la existencia de todos estos recursos no siempre se traduce en una atención verdaderamente integral.

Y aquí llega otro golpe de cruda realidad. Si para una mujer ya es duro reconocerse primero a sí misma que está siendo maltratada por su marido o pareja, después llega la dureza, la tristeza y la vergüenza de ir contando su historia de puerta en puerta y de despacho en despacho al primero que aparezca. Y es que ninguna mujer debería tener que contar cinco veces la historia de la violencia que ha sufrido para recibir protección.

La respuesta no puede ser otra que colocar a la víctima en el centro del proceso de atender, proteger y acompañar, mediante la creación de una ventanilla única de asistencia a las víctimas de violencia de género.

La puesta en marcha de la historia única, un mecanismo capaz de centralizar la información, es imprescindible, pero no suficiente. Colocar a la víctima en el centro del proceso supone no confundirla con su historial. No basta con que no tengan que moverse sus datos, es ella la que no debe verse obligada a deambular por diferentes administraciones, perdida entre solicitudes de cita previa mientras acumula horas en salas de espera.

Si existen ventanillas únicas para trámites empresariales y económicos, si existen ventanillas únicas para energías renovables, ¿cómo es posible que no exista una ventanilla única dirigida a proteger y salvar la vida de las mujeres?

Ninguna mujer debería tener que peregrinar de administración en administración, de formulario en formulario y de trámite en trámite repitiendo una y otra vez la violencia que ha sufrido, para conseguir la protección que merece.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha destinado este año cerca de 260.000 euros a los programas de atención residencial y apoyo integral que la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor desarrolla en Las Palmas para mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata y/o explotación sexual.

Estas ayudas se suman a las subvenciones directas concedidas a la Congregación Oblatas en Las Palmas desde el Instituto Canario de Igualdad (ICI) para diferentes proyectos de sensibilización, empleabilidad y piso de autonomía en la convocatoria de 2025, por un montante de más de 162.500 euros, y a los programas Casa de Acogida Daniela y Daniela Participa a los que la Consejería de Bienestar Social ha destinado este año 96.719,64 euros en el marco de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por lo que la financiación desde la Consejería de Bienestar Social a proyectos ejecutados por esta entidad asciende a cerca de 260.000 euros.

Mientras, la coordinadora del Programa Oblatas Daniela-Las Palmas, Yanira Santana, explicó que “a través de la intervención en medio abierto que se desarrolla el programa Daniela Participa, nos acercamos a ámbitos de prostitución (pisos, clubes y calles) en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria y La Palma con el fin no solo de dar a conocer el programa y crear una red de apoyo sino también de identificar posibles situaciones de trata de seres humanos y cómo va cambiando la realidad de la prostitución y de la trata de personas, detectando que las mafias se nutren de la vulnerabilidad social de las mujeres migrantes”.

La Casa de Acogida Daniela es un recurso residencial de 24 horas que cuenta con 15 plazas, que tiene como beneficiarias a mujeres mayores de edad, solas y/o con menores a su cargo, especialmente, en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. En la actualidad, el programa atiende a un total de 18 personas, 15 adultas y 3 menores.

Por su parte, el programa Daniela Participa ofrece apoyo especializado e integral a mujeres en situación de prostitución, mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual. Durante este año y hasta la fecha, se ha ofrecido apoyo y asesoramiento a un total de 92 mujeres, siendo Colombia la nacionalidad predominante, seguida de Venezuela y España.

En el pasado año, las diversas acciones incluidas en el programa llegaron a las 1.635 mujeres en diferentes acciones de carácter de atención social, orientación y acompañamiento socioeducativo, a las que hay que sumar las acciones de tipo formativo y de sensibilización.

Atención especializada a una situación de especial violencia con peligro

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, destacó este lunes, durante su visita a las instalaciones de la entidad, la importancia de estos recursos para atender a mujeres expuestas a situaciones de violencia y especial vulnerabilidad. Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar la prevención y la detección de posibles casos de trata y explotación sexual.

“Estamos ante proyectos que ofrecen una atención especializada a una situación de especial violencia con peligro para la integridad física, hacia las mujeres víctimas de trata o de explotación sexual, porque personas que se aprovechan y explotan a otras personas siempre han existido y seguirán existiendo por eso debemos reforzar las acciones preventivas y de detección porque las mafias que tratan y explotan personas son una realidad que hay que afrontar y atajar con todos los medios que tenemos en nuestra mano; los malos existen”, afirmó.

1.932 alertas por violencia machista. Fueron las llamadas recibidas al servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112 en el mes de julio, el mes con más alertas desde que se creó este servicio en el año 1999. El 61% de las llamadas fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

Pese a que este año se han roto los registros es una tendencia que ocurre cada verano, cuando aumentan las llamadas para alertar de casos e violencia machista en verano. En 2025, los meses con más llamadas según aseguró el Instituto Canario de Igualdad fueron julio y agosto, este último con 1.836 llamadas.

Elisa Pérez Rosales, del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, explica que “en los períodos de vacaciones, las pasan mucho más tiempo con sus maltratadores, están más controladas, tienen más limitado su propio movimiento. Entonces debe haber campañas específicas en determinados momentos del año”. Este sentido, remarca que “debe reforzarse ese tipo de campañas porque los datos nos avisan de que es posible que aumente, por la experiencia ya de años anteriores”.

Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, apunta que en los períodos estivales “hay más tiempo de convivencia familiar y eso agrava las crisis” y añade que además venimos de la celebración de un Mundial de fútbol masculino, períodos en los que suelen aumentar también las llamadas de alerta de casos de violencia machista.

En el ámbito nacional, durante el verano además se han producido varios crímenes machistas, uno de ellos se produjo en un cuartel de la Guardia Civil. Este año 36 mujeres han sido asesinadas, según los datos del Ministerio de Igualdad, 1377 desde que se empezaron a contabilizar los datos.

Para Elisa Pérez Rosales, “hay que identificar dónde está fallando el sistema para poder cambiarlo, es decir, el problema en muchas ocasiones de lo que ocurre con las herramientas en el marco de las políticas de igualdad y de violencia contra las mujeres es que no se revisan”, asegura. Incide en que el sistema Viogen te da también los instrumentos para poder evaluar y hacer una crítica sobre qué está ocurriendo.

Porque “el sistema está fallando” y eso, asegura, genera mucha inseguridad entre las mujeres que están en situación de violencia de género, para ellas, para sus hijos y para sus hijas. “Y el fallo no es nuevo, esto no es algo nuevo, esto es algo que se está dando desde hace muchísimos años”, agrega la portavoz del foro.

A su juicio, también tiene que haber voluntad política y de que “la violencia contra las mujeres sea una de las primeras cuestiones que esté en la agenda política”.

Aumentan los casos activos y no hay dirigentes formados

Nereida Vizuete incide en que desde la Red “nuestra preocupación y es constante precisamente por ese sentir de que no se está trabajando nada con estrategia y en profundidad. Sabemos que todos los periodos vacacionales, igual que todos los momentos de crisis, son perjudiciales y aumentan los momentos de peligro para las mujeres. Pero es que los datos que sacó el propio Gobierno de Canarias hace nada son tremendos. Es decir, hablaban de mil y pico activaciones del DEMA en seis meses. Esto, según nuestros cálculos, es una activación cada cuatro horas”, subraya.

“Es tremendo que no estemos en una situación de trabajar de forma estructural, integral, con todos los recursos sobre la mesa”, apunta. La portavoz de la Red añade: “Insistimos en que esto pasa porque quienes están al frente de las principales instituciones no tienen ni idea. Porque el viceconsejero de Igualdad no tiene ni idea porque ni se dedica a esto, ni nunca se ha dedicado. Y la directora (del Instituto Canario de Igualdad) tampoco”.

En este punto ahonda Elisa Pérez Rosales, que cree que “el Instituto Canario de Igualdad tiene que ser un instrumento también que valide y que ponga en marcha y revise y evalúe las políticas de igualdad, pero para eso tiene que estar al frente una persona que tenga experiencia en la materia. Eso es fundamental. Y en eso también se pone de manifiesto el interés que realmente tiene el Gobierno de Canarias por las políticas de igualdad y por los recursos que se están poniendo para dar respuesta a las situaciones de violencia contra las mujeres”, subraya.

Los colectivos feministas han reprochado el nombramiento de la nueva directora, hija de la fallecida Ana Brito (anterior directora) y sin experiencia en puestos de igualdad o formación en el ámbito. También han reprochado que no tenga esta formación el viceconsejero del área, Juan Martínez Doreste, un ingeniero experto en Marketing.

“No puede ocurrir que, como está ocurriendo ahora, estemos en agosto sin hacer ningún trabajo profundo, sin que las áreas principales de Educación, Sanidad, Justicia, hayan hecho trabajo profundo durante todo el año, y luego nos llevamos las manos a la cabeza, hay miles de llamadas de emergencias”, incide Vizuete.

La portavoz de la Red insiste en la necesidad de que se aborde un trabajo integral del sistema, “que si todas las áreas estuvieran trabajando de forma coordinada con la estrategia conjunta, pues igual tendríamos un poco más de resultados, pero ahora mismo se están haciendo todo el tiempo proyectos”, lamenta.

Encontrar mujeres en los carteles de los principales festivales de música de Canarias es tarea difícil. Localizarlas entre las personas que encabezan la programación es casi imposible. El balance en materia de igualdad de los conciertos que tienen lugar este verano en las islas es desolador. Solo dos mujeres entre 19 cantantes o un cartel donde el 71% de los artistas principales son hombres son algunos ejemplos. Esta tendencia ocurre en todo el panorama nacional, ya que según un estudio de la asociación MIM, las mujeres solo ocupan el 22% de los carteles de los festivales.

“No nos dimos cuenta” o “no había mujeres disponibles” son las respuestas habituales cuando se denuncia la falta de paridad. Sin embargo, el mensaje que se traslada a la sociedad en realidad es, según la gestora cultural y socióloga Beatriz Bello, que “las artistas mujeres no tienen calidad suficiente como para que alguien pague una entrada”.

“Lo que no hay es el paso previo, que es dar el espacio a esas mujeres para que puedan ejercer su profesión”, subraya Bello. La gestora cultural apunta que esto se puede extrapolar a cualquier otro ámbito: “Para las mujeres, siempre es mucho más difícil que se les reconozca un mérito. En el ámbito cultural, el trabajo que tú haces es muy público. Entonces, si tú eres buena pero tu trabajo no se ve porque no estás programada, no tienes manera de demostrarlo”.

La falta de paridad responde a una falta de concienciación y de implementación de las leyes, pero también a que los principales festivales de Canarias están dirigidos por hombres. “Hay instalada una naturalidad en esta rueda de seguir privilegiando a los artistas masculinos, y cuando hablamos de mujeres también hablamos de disidencias. Todo el colectivo LGTBIQ+ también queda fuera de las principales programaciones de festivales”, añade Bello.

Para Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social, los festivales y en general la cultura “siguen teniendo una mirada increíblemente machista y androcéntrica”. “Parece que hubo un momento en el que remontó un poco y empezó a haber cierta paridad en los carteles, pero este verano, por ejemplo, parece que deja de estar de moda y han vuelto a hacer carteles mayoritariamente masculinos o de grupos masculinos”, añade.

Ninguna artista quiere tener esa sensación de que la llamas por cuota o porque a una semana del festival os dais cuenta de que tenía que haber mujeres

Laura Viñuela — Musicóloga y coeducadora

Vizuete subraya que suele trabajar en puntos violeta de muchos eventos y percibe que el tipo de artistas que están en los festivales define también al tipo de público. “Sigue pareciendo que la música o el arte creada por chicos es para todo el mundo y que la música creada por chicas es de nichos”, apunta. “No podemos ser nichos si somos la mitad de la población, parece que a las mujeres solo las van a escuchar las mujeres, cuando hay mujeres que cantan increíblemente bien en todos los géneros, porque no hay géneros donde las mujeres no estén”, añade.

Análisis de los festivales de Canarias

El Granca Live Fest, que tuvo lugar en Gran Canaria entre el 2 y el 5 de julio, vendió 90.000 entradas y contó con el apoyo de diferentes administraciones públicas de Canarias. De los 28 artistas que componen su cartel, 21 eran hombres, un 67,8% del total. Entre los 14 cantantes y bandas colocados como artistas principales, solo hay cuatro mujeres.

El Tenerife Cook Music Fest, celebrado entre el 16 y el 18 de julio, solo incluyó a cuatro mujeres entre los 14 artistas previstos, un 28,5%. Este festival recibió 100.000 asistentes. Por otra parte, el Lava Live Lanzarote Music Festival protagoniza el ejemplo más grave, con solo dos mujeres en un cartel de 21 artistas.

A partir de septiembre se celebra en Lanzarote el festival Arrecife en vivo, al que aún le quedan artistas por confirmar. De los 23 grupos o artistas que hasta ahora se han confirmado, solo hay cinco mujeres o grupos donde hay integrantes mujeres además de hombres. En octubre tendrá lugar en Arucas una nueva edición del SUM Festival que, de 18 artistas, en su cartel cuenta solo con cinco mujeres o grupos que también integran mujeres además de hombres.

Hay instalada una naturalidad en esta rueda de seguir privilegiando a los artistas masculinos, y cuando hablamos de mujeres también hablamos de disidencias

Beatriz Bello — Gestora cultural

“Esto es el síntoma de todo lo que todavía queda pendiente por hacer en el mundo de la música, que además es uno de los campos en los que más difícil está siendo meter un poco de perspectiva de género”, explica la musicóloga y coeducadora Laura Viñuela. Según la investigadora, lo que nos indica la ausencia de mujeres, sabiendo que no es que no existan mujeres haciendo música, “es que toda la línea de toma de decisiones que lleva al cierre de un cartel está ocupada en gran medida por hombres con una perspectiva androcéntrica”.

Viñuela también critica que se avise a las mujeres artistas con poco tiempo para “cumplir una cuota”. “Ninguna artista quiere tener esa sensación de que la llamas porque a una semana del festival os dais cuenta de que tenía que haber mujeres. A veces la única manera de que te metan en un cartel es que ya seas una superartista”, subraya.

La desigualdad en los festivales va más allá de los carteles. “Toda la parte tanto administrativa como técnica que permite que exista el concierto o el festival presenta una desigualdad clarísima, además de una segregación horizontal brutal”, indica Viñuela. La musicóloga pone como ejemplo al personal de limpieza o a quienes atienden en venta de entradas, donde hay muchas más mujeres. “Todo lo que tiene que ver con la parte técnica sigue siendo un campo muy masculinizado, cuando hay muchísimas mujeres formadas en ese campo también”, subraya.

Cuando el algoritmo premia a los hombres

Medir la calidad de los artistas por la cantidad de reproducciones que tienen en las plataformas digitales tampoco es un criterio libre de machismo. “Antes escuchabas música porque te la ponían en la radio, ibas a conciertos en tu ciudad o te comprabas un disco porque te gustaba la portada y no tenías ni idea de quién era. Ahora la música la elegimos menos porque se nos ofrece, y el algoritmo y la IA tienen cero perspectiva de género”, explica Viñuela. “La idea de que ahora cualquiera sube sus canciones y puede llegar a todo el mundo es mentira, porque hay muchos filtros invisibles”, añade.

“El problema es que estas plataformas, que funcionan con algoritmos, es que reproducen la propia cámara de eco. Entonces, si tú escuchas un tipo de género y sobre todo escuchas a artistas masculinos, lo que te va a ofrecer es más de eso”, ejemplifica Viñuela.

Sigue pareciendo que la música o el arte creada por chicos es para todo el mundo y que la música creada por chicas es de nichos. No podemos ser nichos si somos la mitad de la población

Nereida Vizuete — Portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social

Ejemplos de festivales con perspectiva de género

Hay festivales que nacen con la intención de revertir esta situación de machismo en la industria. Un ejemplo de ello es HER Feminist Festival, un encuentro cultural que este año se celebrará del 22 al 26 de septiembre en Tenerife y que visibiliza el arte, el pensamiento y la música creados por mujeres, personas trans, no binarias y disidencias de género. “La idea nació hace años, desde la observación constante de un desierto y muchos años de trabajo en diferentes ámbitos de la industria cultural y los festivales”, destaca su directora, Alejandra Galo.

Para Galo, los datos que evidencian la falta de paridad aún en los festivales “no es falta de talento, es la demostración de un sistema que lo invisibiliza”. Apunta que HER Feminist Festival nació para equilibrar esa balanza y demostrar que otro modelo de festivales y de narrativas culturales son posibles. Llevamos ocho ediciones y los datos han mejorado, lo cual confirma que el camino andado era una necesidad absoluta.

Sostiene que es fundamental crear un festival feminista en Canarias. “No es una cuestión de capricho, es de justicia y de necesidad social”. Y agrega que “no estamos creando un espacio segregado, estamos creando un espacio seguro que el sistema se ha empeñado en negarnos”.

“Es la contradicción en la que nos hemos visto obligadas a vivir”, señala Laura Viñuela, musicóloga y educadora. Lo ideal, señala la investigadora, sería no tener que diseñar un programa especial para las mujeres, pero añade que es la única forma de sortear todos los obstáculos con los que se topan las artistas en el resto de festivales. “Te ponen en horario infantil o en un horario terrible, te pagan menos,… Estos festivales a veces son la única manera de disfrutar de hacer música, de tocar, hacer red, que es lo que quiere todo el mundo que se dedica a esto, y te ahorras todo ese desgaste”, apunta.

La presión sobre las mujeres artistas tampoco ha disminuido con los años. “Si lo haces bien te dicen que no se lo esperaban, y si no lo haces bien es porque este no es tu sitio. El fallo o la mediocridad es algo que a las mujeres todavía no se nos permite”, dice la experta.

Alejandra Galo ha incidido en otras entrevistas en que “no faltan mujeres en los festivales, sino que sobra machismo” y se reafirma en este periódico en que “es la frase que define nuestra razón de ser y que todo el sector debería tener grabada a fuego”. “Es un recordatorio de que el problema no es la oferta, sino la demanda y los sesgos de quienes programan. Mientras no se asuma que el problema es estructural,que sobra un machismo que invisibiliza, que perpetúa la desigualdad y que sigue poniendo barreras, los carteles seguirán siendo un reflejo de ese desequilibrio. No es una cuestión de cuotas, es una cuestión de hacer bien el trabajo”, apunta.

En HER, Feminist Festival desde la organización hasta el cartel están liderados por mujeres y disidencias, “lo que nos permite tener una mirada completamente diferente sobre qué es relevante y quién merece un escenario”, apunta su directora.

Asimismo, en La Palma tendrá lugar Isla Bonita Love Festival y que se ha caracterizado por el “respeto a la diversidad afectiva y sexual”. Este año su cartel lo componen mujeres. El Festival Boreal también incide en sus comunicados en que garantiza “la paridad estricta” y la “igualdad de oportunidades” así como el veto a las canciones sexistas.

El papel de las administraciones públicas

Bajo el listado de nombres, es frecuente identificar en los carteles los logos de las administraciones públicas que apoyan estos festivales. Para las expertas, son precisamente las instituciones las que deben velar por el cumplimiento de la ley y citan, entre otros, el artículo 26 de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta normativa establece que las autoridades públicas deben velar por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades en la creación y producción artística e intelectual y la difusión de la misma.

“Muchas veces el proyecto cumple sobre el papel pero en la realidad no”, apunta Beatriz Bello, que plantea que las administraciones supervisen y comprueben que los festivales que apoyan sean paritarios. “Como con todos los derechos, hasta que esto no esté naturalizado e instalado, sí que hay una responsabilidad de tener que revisar. No puedes esperar que por buena voluntad de repente los programas empiecen a ser igualitarios”, afirma.

No estamos creando un espacio segregado, estamos creando un espacio seguro que el sistema se ha empeñado en negarnos

Alejandra Galo — Directora del HER Feminist

Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social añade que desde los movimientos feministas siempre han defendido la importancia de que la igualdad “se impulse desde aquellos festivales que tienen patrocinio público, porque para eso es que haya patrocinio público, e implica mejorar todas aquellas desigualdades que se producen de forma estructural y que se empuje en cierta manera a equilibrar la mirada”.

“Es superimportante porque es una forma de transmitir información al mundo y que no parezca que solo los hombres producen cultura o música de calidad suficiente para llamar la atención de un cartel. Que las mujeres estén de relleno o en pequeñito es cuanto menos curioso cuando somos la mitad de la población”, subraya. Por su parte, Bello insta a los artistas hombres a “acompañar a las mujeres en esta lucha” y que también reclamen la presencia de sus compañeras en los escenarios.

Alejandra Galo incide en que es necesario que las instituciones y los grandes festivales “implementen de forma real y efectiva criterios de paridad, no como una foto ni para conseguir más puntuación en la concurrencia competitiva a la hora de solicitar una subvención, sino como un compromiso firme y revisable”.

Por ello, recuerda que “la igualdad no es un camino que se recorre solo; necesita de medidas que allanen el terreno, que rompan los techos de cristal y que dejen de poner excusas”. “La administración debe entender que la rentabilidad no se mide solo en ingresos directos, sino en generación de comunidad, referentes, tejido cultural y cantera artística”, concluye.

Ir al médico con dolor de espalda y que te diagnostiquen, erróneamente, ansiedad. Tener dolores menstruales y que te receten anticonceptivos, a pesar de que no está demostrado que sirvan para ello. Un diagnóstico de endometriosis que tarda en llegar una década. O una interpretación errónea de un infarto porque las mujeres no muestran los mismos síntomas que los hombres. 

Esto es lo que sufren millones de mujeres cuando padecen alguna enfermedad o patología médica, como consecuencia directa del sesgo de género en la investigación y en las prácticas clínicas en la medicina. Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un programa para tratar de corregir la infra investigación histórica y esas desigualdades que afectan a la salud de las mujeres. 

Este sesgo sigue estando muy presente desde el inicio de una investigación, cuando se establecen unas preguntas a responder y unos objetivos que cumplir. “Cuando se genera la hipótesis de trabajo, se piensa en una hipótesis en hombres”, confirma María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. Por ejemplo, cuando se tienen en cuenta únicamente los síntomas de un infarto en hombres, olvidando cómo se manifiesta en mujeres. “Si no se piensa en que las mujeres también pueden padecer infartos, o enfermedades como la espondiloartritis o enfermedades inflamatorias intestinales, desde la hipótesis de trabajo, se las invisibiliza”, explica la experta, que además forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). 

Carme Valls, médica e investigadora sobre los sesgos de género en medicina, y autora de Mujeres invisibles para la Medicina (Capitán Swing), asegura que, al no tener en cuenta a las mujeres en la investigación, “la ciencia que se genera es totalmente androcéntrica”. Históricamente, se ha ignorado, por ejemplo, que la primera causa de muerte de las mujeres en todo el mundo es la cardiovascular. Pero, si no hay investigación, no se puede hacer prevención de la enfermedad, porque la medicina ni se plantea que las mujeres puedan padecer estas afecciones. 

Si el personal sanitario no incorpora una mirada de género, puede atribuir estos síntomas a ansiedad o estrés y retrasar el diagnóstico de una patología potencialmente grave

Anna Pujol — Médica y miembro del Grupo de Trabajo de Salud Integral de las Mujeres de semFYC

Anna Pujol, médica y miembro del Grupo de Trabajo de Salud Integral de las Mujeres de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), asegura que en el caso de la enfermedad cardiovascular, “se han tomado como referencia los síntomas estudiados principalmente en hombres, como el dolor opresivo en el pecho irradiado al brazo izquierdo”. Sin embargo, muchas mujeres presentan síntomas distintos, como fatiga intensa, dificultad para respirar, náuseas, mareo o dolor en la espalda y la mandíbula. “Si el personal sanitario no incorpora una mirada de género, puede atribuir estos síntomas a ansiedad o estrés y retrasar el diagnóstico de una patología potencialmente grave”, explica Pujol. 

Esto está muy relacionado con que la medicina ha asumido, históricamente, que nuestros cuerpos son iguales y deben manifestar los síntomas de igual manera. “Realmente no es que las mujeres se quejen de manera diferente, es que la enfermedad expresa sus signos y síntomas clínicos de manera diferente”, confirma Ruiz Cantero. 

“Si invisibilizamos a las mujeres en investigación, no hay resultados en mujeres, con lo cual acabamos invisibilizándolas también en la práctica clínica de la asistencia sanitaria”, subraya Ruiz Cantero. Un ejemplo: cuando una mujer va con dolor de espalda al médico por una espondiloartritis, es muy probable que se le diagnostique ansiedad.

El dolor y patologías femeninas se enmascaran en muchas ocasiones en la ansiedad. Ruiz Cantero y su equipo están realizando un estudio en seis comunidades autónomas para comprobar este sesgo, y reconoce que algunos médicos de atención primaria confirman que tienden a pensar en que las mujeres principalmente sufren estrés y ansiedad, dejando en un segundo plano un diagnóstico más detallado. 

“Ellos mismos reconocen que, con cuatro minutos de promedio para atender pacientes, se cometen sesgos de este tipo, de confundir el diagnóstico”, resalta Ruiz Cantero. “Por ejemplo, en un caso que pusimos de enfermedad inflamatoria intestinal de Crohn, que es una patología altamente discapacitante, se confundían con cáncer de colon y piden pruebas para ello. Es un sesgo de confirmación porque quieren confirmar lo que han pensado y, básicamente, se equivocan”, confirma la experta, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento correcto. 

Hay un problema de infradiagnóstico, un problema de invisibilidad, y cuando un médico evalúa a las mujeres, continúa el infradiagnóstico, valorando mal los análisis clínicos

Carme Valls — Médica e investigadora sobre los sesgos de género en medicina

Según Pujol, uno de los síntomas que con más frecuencia se normaliza en las consultas es la astenia, es decir, el cansancio extremo o la sensación persistente de falta de energía. “A menudo se atribuye a las múltiples responsabilidades familiares, laborales o de cuidados que asumen muchas mujeres, lo que puede llevar a infravalorar causas médicas subyacentes”, explica la médica. Sin embargo, detrás de este síntoma pueden encontrarse patologías muy frecuentes como la anemia o el déficit de hierro, alteraciones tiroideas o enfermedades autoinmunes, cuya prevalencia es significativamente mayor en mujeres.

Retrasos en el diagnóstico

Un estudio de 2019, realizado en la Universidad de Copenhague por David Westergaard, reveló que las mujeres sufren retrasos en los diagnósticos de 770 enfermedades. “El diagnóstico de cáncer se retrasa dos años y medio, y el de diabetes cuatro años y medio, cuando la diabetes de tipo adulta es mucho más prevalente en mujeres que en hombres”, explica Valls. “Hay un problema de infradiagnóstico, un problema de invisibilidad, y cuando un médico evalúa a las mujeres, continúa el infradiagnóstico, valorando mal los análisis clínicos”, concluye la médica. 

Si hablamos de enfermedades que solo padecen las mujeres, como la endometriosis, en España la edad media de su diagnóstico es alrededor de 36 años. Sin embargo, los síntomas aparecen mucho antes, tan pronto como en la adolescencia, pero no son correctamente detectados. De hecho, tarda en diagnosticarse entre diez y doce años.

Valls advierte de que un gran problema reside en confundir lo frecuente con lo normal. Es frecuente que las mujeres tengan menos hierro en sangre, por ejemplo, pero no es lo normal. “Los análisis clínicos son valorados a la baja en las mujeres. Por centímetro cúbico, los valores que ponen a la derecha de referencia, dicen falsamente que las mujeres tienen que tener menos hierro por centímetro cúbico de sangre”, asegura la experta. “Cuando vamos al médico y decimos que estamos cansadas, el médico nos dice, ‘tiene un poco de anemia, le falta un poco de hierro. Esto es normal porque tiene la regla’. No, tengo la regla demasiado abundante y eso me hace fallar”, sostiene. 

Además, hay un estereotipo de percibir a las mujeres cuando expresan el dolor con un mayor grado de emocionalidad. Según Pujol, “el dolor también se banaliza con demasiada frecuencia”. Un ejemplo muy común son los dolores menstruales, que históricamente se han considerado una parte “normal” de la menstruación. “Sin embargo, en muchos casos pueden ser la manifestación de patologías como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), la adenomiosis o la endometriosis, una enfermedad que sigue presentando importantes retrasos diagnósticos pese a afectar a millones de mujeres en todo el mundo”, subraya la médica. 

Otros síntomas como el dolor pélvico crónico, las migrañas, los trastornos del sueño o determinados síntomas digestivos también suelen ser infravalorados o atribuidos erróneamente al estrés o a factores emocionales.

Excesiva medicalización

La falta de investigación y sesgo de género en la medicina se traduce al mismo tiempo en una excesiva medicalización. Así, ante cualquier proceso alterado —como el ciclo menstrual—, en lugar de estudiar las causas en detalle, se recetan en muchos casos anticonceptivos. Valls advierte: “Es la única vez que se da un fármaco sin que se haya demostrado que sirva para eso”. 

Según un estudio del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF), las mujeres tienen un mayor riesgo, entre 1,5 y 1,7 veces superior, de sufrir reacciones adversas a los medicamentos. Esto se debe a que no se contemplan cómo las diferencias biológicas afectan a la absorción y respuesta de los tratamientos. Es decir, la investigación de los efectos y eficacia de los fármacos tiene como modelo clínico las características de un hombre, sin siquiera contemplar cómo puede ser su consumo en mujeres. 

El principal riesgo es asumir que hombres y mujeres responden igual a los fármacos cuando se sabe que existen diferencias en su peso y composición corporal, el metabolismo hepático, la función renal y la influencia hormonal.

“Un ejemplo muy conocido es el del zolpidem, un fármaco utilizado para el insomnio. Se observó que las mujeres lo eliminaban más lentamente y presentaban niveles más elevados del medicamento a la mañana siguiente, aumentando el riesgo de somnolencia, accidentes y caídas”, explica Pujol. Como consecuencia, las autoridades estadounidenses recomendaron reducir la dosis en mujeres.

Perspectiva de género en las consultas

Las expertas coinciden en que es necesario incorporar una perspectiva de género en las consultas, para intentar corregir los diagnósticos erróneos y tardíos que reciben muchas mujeres. 

Según Pujol, “la perspectiva de género también implica reconocer situaciones que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, como la violencia de género”. Una paciente que acude al médico de manera regular por dolor crónico, insomnio, ansiedad o cefaleas puede estar manifestando las consecuencias de una situación de violencia. “Si el personal sanitario no contempla esta posibilidad y no realiza una exploración adecuada, puede limitarse a tratar los síntomas sin identificar la causa subyacente”, advierte la médica. 

Además, la perspectiva de género puede también ayudar a detectar enfermedades infra diagnosticadas en hombres. “Por ejemplo, el cáncer de mama suele asociarse casi exclusivamente al sexo femenino, lo que puede hacer que tanto los pacientes como el personal sanitario minimicen un bulto mamario en un hombre y retrasen su estudio”, concluye Pujol. 

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Aunque todas estas medidas están definidas en el anteproyecto, sus competencias detalladas se determinarán de forma definitiva mediante un desarrollo reglamentario posterior, por lo que todavía queda recorrido para que esta normativa pueda ser una realidad (pionera) en Castilla-La Mancha.

La línea telefónica 900 100 114 abierta por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la atención a víctimas de la violencia de género ha recibido 5.441 llamadas a lo largo de todo el año 2026, lo que representa un incremento del 15,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ese incremento comenzó en enero y se ha mantenido a lo largo de todos los meses de este periodo, con una especial incidencia a partir del mes de mayo desde el que se acumula un crecimiento medio del 22,6%.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha destacado la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático” por violencia de género, recordando también que la lectura de este incremento de llamadas “no puede tener solo una lectura negativa”.

“Hoy sabemos que hay más casos de violencia de género, pero hay muchas cifras que crecen porque hay más mujeres alzando la voy y pidiendo ayuda a través de servicios, como la línea 900 100 114 del Gobierno regional, en lugar de sufrirla en silencio”, ha señalado.

Además, López ha querido insistir en que “ahora es más importante que nunca que toda la sociedad nos impliquemos en la erradicación de toda expresión de violencia hacia las mujeres y por ello cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia de género o que lo sufra directamente, debe pedir ayuda”.

En este sentido, la directora del Instituto de la Mujer ha asegurado que “solo se pide ayuda cuando se siente confianza y cuando la sensación de protección y de empatía es superior a la del miedo”, que “es lo que los discursos de la negación generan y por ello son tan peligrosos y dañinos”.

El 21% de las llamadas, para pedir información

En relación al tipo de llamadas recibidas, en el 21% de las ocasiones se trata de petición de información sobre los procedimientos de denuncia, el 13% responde a casos e intervenciones de urgencia y el 15% de las comunicaciones responden a demanda de intervención desde el punto de vista social. Un 28% de las atenciones realizadas han tenido que ver con situaciones de escucha y apoyo emocional.

Las llamadas recibidas por familiares y personas del entorno de la víctima representan el 10% de los casos frente al 83% de las situaciones en las que es la propia mujer víctima de violencia de género quien pide ayuda, que en el 69% de las ocasiones cuenta con nacional española.

Por tramos de edad, el mayor número de llamadas recibidas, el 30%, tiene que ver con víctimas jóvenes de entre 31 y 40 años, seguido del tramo de 20 a 30 años con el 20%. Las mujeres de 41 a 50 representan el 18% de los casos y las de 19 a 20 años, el 8%.

El 54% de las atenciones telefónicas realizadas han tenido que ver con violencia psicológica y el 31% con violencia física. Son cifras que se extraen de las 5.441 llamadas atendidas, sin que ello signifique que todos los casos y todas las tipologías de violencia machista existentes en la región estén representadas en ellas.

El Ministerio de Igualdad, a través de la dirección general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, ha remitido un oficio a la Fiscalía para que investigue las declaraciones realizadas en varias entrevistas por el secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, sobre los migrantes llegados a Ceuta.

En sus afirmaciones, Figaredo ha hecho varios llamamientos a “cazar” a las personas migrantes, y ha insistido en calificar como “invasión” esa llegada. Por ello, el Ministerio ha solicitado a la Fiscalía que estudie si esas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal. Además, se ha dado traslado de toda esta información a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación para que, en el ámbito de sus competencias, pueda actuar ante estas declaraciones. Precisamente, esta figura tiene como objetivo velar por las víctimas de discriminación ofreciendo asistencia, orientación e incluso pudiendo emprender acciones judiciales, si fuese necesario.

Según el oficio, presentado este lunes, las manifestaciones de Figaredo revisten una especial gravedad, “en la medida en que no se limitan a manifestar una posición crítica respecto de la inmigración o a cuestionar, en su caso, las políticas migratorias o la actuación concreta del Gobierno ante lo acontecido en Ceuta, sino que el recurso constante a términos como ”invasión“, ”caza“ o ”pesca“ tienen el objetivo claro y directo de ”deshumanizar a las personas migrantes, equiparando a seres humanos con presas susceptibles de ser perseguidas y capturadas“.

Además, recoge que con la utilización de expresiones del tipo “hay que cazarlos uno a uno” se está realizando un llamamiento a la acción, lo que puede interpretarse como una apelación a la persecución y a la violencia física contra las personas migrantes llegadas a Ceuta.

Figaredo utilizó estas expresiones en varias entrevistas en medios de comunicación, “lo que amplía además su potencial para lograr el objetivo de deshumanización y de generación de un clima de hostilidad hacia los migrantes, incitando claramente al odio o a la violencia”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha rechazado las declaraciones del secretario general del grupo Vox en el Congreso, asegurando que se trata de un discurso peligroso, que incita al odio y que viene a completar el ataque de Vox a cualquier colectivo vulnerable. “Las líneas rojas han dejado de existir y la ultraderecha está lanzando mensajes de odio que no pueden quedar impunes. Están llamando a la violencia y a la confrontación civil”.

Por su parte, la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha asegurado que “la libertad de expresión no puede convertirse en una coartada para normalizar el racismo o discursos que pueden incitar al odio o a la violencia. Cuando desde una tribuna pública se cruza esa línea, las instituciones democráticas no podemos mirar hacia otro lado”, ha concluido.

El Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres han remitido este lunes dos oficios al Ayuntamiento de Sagunto y a la Federación de Peñas de la localidad valenciana por la difusión de “un cartel sexista” de una peña de las fiestas.

“Exigimos respeto, en cualquier celebración, a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, ha señalado el Ministerio en una publicación en su cuenta de X.

La institución se refiere a un cartel del grupo festivo 'Un forat és un forat' ('Un agujero es un agujero'), en el que, según ya alertó el Ayuntamiento el pasado viernes, se exhibe la imagen “de un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda”.

El consistorio pidió, a través del departamento de Fiestas, la retirada de la imagen por considerarla contraria “a los principios de igualdad y convivencia ciudadana”.

Por su parte, la peña explicó que la imagen aparece en múltiples elementos al ser el logotipo del grupo y que necesitaban margen para encontrar una solución.

Además, se acordó establecer una mesa de trabajo con el colectivo para evitar que las imágenes se repitan en futuras ediciones.

Por otro lado, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Generalitat Valenciana, Davinia Bono, envió también una carta al Ayuntamiento en la que instó a analizar los hechos y valorar la compatibilidad del mensaje difundido con los principios igualitarios que deben regir las actividades festivas y el espacio público.

También pidió requerir a la entidad responsable la retirada de dichos elementos gráficos y revisar colaboraciones, cesiones de espacios o subvenciones públicas de la peña, con el fin de garantizar su adecuación a los principios de igualdad, respeto y no discriminación.

Asimismo, solicitó que se informe a la Dirección General de las actuaciones adoptadas o previstas en relación con este asunto.

La cláusula abolicionista de la prostitución que el Ministerio de Igualdad ha incorporado en las subvenciones de trata y violencia machista ha llegado a los juzgados. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que tres asociaciones han interpuesto contra la modificación de los requisitos aprobada este año y que incorporó como novedad la exigencia de que las ONG que quieran presentarse a las ayudas deben declararse abolicionistas de la prostitución.

Será la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia la que deberá estudiar las nuevas bases reguladoras y decidir sobre la medida cautelar solicitada por las tres organizaciones, que reclaman la paralización de los nuevos requisitos mientras se resuelve el fondo del asunto. El BOE publicó el pasado 22 de abril las órdenes ministeriales que obligan a las entidades que concurran a las ayudas a reconocer “expresamente” la prostitución y la gestación subrogada como una “forma de violencia contra las mujeres”.

Se trata de dos subvenciones diferentes que reparten entre ambas 20 millones de euros: unas destinadas a la lucha contra la trata con fines de explotación y sexual, y otras para programas de prevención y sensibilización en violencia machista. El cambio en las bases reguladoras fue conocido el pasado febrero, ante lo que medio centenar de asociaciones se unieron para protestar contra lo que consideran un requisito “inconstitucional”. Entonces ya anunciaron que, si el Ministerio de Igualdad no daba marcha atrás con su propuesta, iniciarían acciones legales.

El recurso, presentado por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (CATS), la fundación Ámbit Prevenció y la asociación Genera, considera que los nuevos requisitos “constituyen un condicionamiento ideológico directo” sobre las organizaciones solicitantes de las ayudas que “vulnera” los artículos 14 y 16 de la Constitución. Además de estas, la asociación Stop Abolición también ha presentado paralelamene un recurso con el mismo objetivo: el de tumbar la obligación de declarar que la prostitución es una forma de violencia machista a través de sus estatutos o mediante experiencia previa. Además, las ONG deben firmar una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

El Ministerio ha justificado el cambio para “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas basándose en la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, según el preámbulo de la convocatoria. Una afirmación que para las organizaciones recurrentes supone un reconocimiento “sin ambages” de que “el criterio rector de los nuevos requisitos de acceso no es la capacidad técnica de las entidades solicitantes, sino su alineamiento con una postura ideológica determinada en materia de prostitución y gestación subrogada”. El recurso recalca que la “equiparación” de la prostitución con la violencia sexual “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico”.

Por el momento, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso sobre la orden que regula las ayudas relativas a la trata con fines de explotación sexual, pero las entidades esperan que haga lo mismo con la de los programas de violencia machista. En ambos casos, han replicado el recurso y piden que se frenen cautelarmente las nuevas condiciones debido a que, de no hacerlo, la exclusión o “penalización” de las ONG que no cumplan la condición “consumará de forma irreversible en cada convocatoria que se celebre” durante el tiempo en que se resuelve el recurso. La Audiencia ha decidido abrir una pieza separada para tramitar esta solicitud.

Preguntado sobre el proceso, el Ministerio de Igualdad apunta a que el cambio de requisitos es “jurídicamente sólido, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente y plenamente respetuoso con los principios del régimen de concurrencia competitiva” en las subvenciones. Fuentes de la cartera dirigida por Ana Redondo consideran que es algo “necesario, proporcionado y adecuado” y que la elección de este modelo “va en línea de recomendaciones, resoluciones y evaluaciones del ámbito europeo que señalan, de forma reiterada, que el enfoque abolicionista es el que mejores resultados ofrece”.

La declaración “no se ajusta” al modelo

La Secretaría de Estado de Igualdad ha publicado ya la resolución de concesiones y denegaciones de las ayudas correspondientes a la convocatoria de este año, ya con los nuevos requisitos en vigor. En el caso de las subvenciones para proyectos en violencia machista, doce asociaciones han sido rechazadas debido a que la declaración responsable que aportaron “no se ajusta al modelo” del departamento dirigido por Ana Redondo. Entre ellas está CATS, cuya solicitud también ha sido declinada en el caso de las subvenciones de trata.

Esta organización, que reclama que la prostitución sea reconocida como un trabajo y quienes la ejercen tengan derechos laborales, había recibido en ejercicios anteriores dinero para organizar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “darles voz”, pero este año se ha quedado fuera. Y es que ante el nuevo requisito, este año cambió ligeramente el modelo de declaración y presentó uno en el que afirmaba que sus proyectos están alineados contra la violencia sexual, “incluida la ligada a la prostitución”, en vez de “incluida la prostitución”, como exige Igualdad.

La incertidumbre y las advertencias de “exclusión” de entidades han sobrevolado desde que el BOE publicara la nueva orden mientras que varias asociaciones temían que sus proyectos quedaran en el aire porque, o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente al estar dedicadas a temas que no tienen que ver con la prostitución.

Una de las que mostró su preocupación fue la fundación Àmbit Prevenció, una de las tres recurrentes, que recibió en la convocatoria pasada algo más de 4.800 euros para financiar un proyecto con el que monitorizar qué ocurre con las víctimas después de que denuncien violencia sexual. La fundación lamentaba hace varios meses que el programa tuviera el riesgo de quedarse fuera si Igualdad no modificaba la orden, algo que ha ocurrido finalmente porque no se ha presentado al entender que la declaración responsable era incompatible con sus principios.

Mientras el proceso judicial avanza, las voces críticas con el cambio siguen inmersas en la campaña No al veto ideológico, impulsada por Voces Feministas por los Derechos, que aglutina a investigadoras de veinte universidades públicas. “La campaña defiende que el acceso a fondos públicos debe basarse en la calidad de los proyectos y en la experiencia de las entidades, y no en la obligación de asumir un determinado posicionamiento ideológico como condición para optar a financiación pública”, argumentan.