El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado que los avances en igualdad y la protección de las mujeres “marcan la diferencia” entre los gobiernos progresistas y los ejecutivos sustentados por la derecha y la extrema derecha.

El expresidente regional ha participado durante la mañana en la IV edición de la Escuela Feminista Belarmina Martínez, celebrada en Los Realejos (Tenerife), y organizada por los socialistas canarios, con la presencia, entre otras, de María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad, y de la comunicadora Sarah Santaolalla. 

Un comunicado del PSOE de Canarias recoge las palabras de Torres en el evento, donde aseguró que la lucha contra la violencia machista y las políticas de igualdad deben ser “una prioridad absoluta” desde las administraciones públicas y lamentó que existan “diferencias claras” entre la gestión que realizó en este sentido el Pacto de las Flores, la pasada legislatura en Canarias, y la del actual Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y Partido Popular.

“Lo que tenemos que hacer es proteger a la mujer en todos los ámbitos desde las administraciones y en esto no debería haber diferencias, pero las hay”, sostuvo.

En este sentido, defendió que los gobiernos progresistas “ponen recursos y políticas concretas” mientras otros ejecutivos “priorizan cuestiones ideológicas alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía”.

Como ejemplo, recuerda que el último presupuesto del Gobierno del Pacto de las Flores destinó cerca de 900.000 euros del Fondo de Emergencia Social a la lucha contra la violencia machista. Frente a ello, denunció que el actual Ejecutivo autonómico “no ha llegado ni a la mitad de esa cantidad en cada ejercicio”.

“Hay gobiernos que tienen unas prioridades y otros que tienen otras”, sostuvo Torres, quien criticó también la gestión del Instituto Canario de Igualdad. Según explicó, de los diez millones de euros que recibe Canarias del Gobierno de España para la lucha contra la violencia de género “apenas se ejecutan cinco millones”, lo que provoca que recursos fundamentales no lleguen a las acciones dirigidas a la protección de las mujeres y en las políticas de igualdad.

El líder socialista calificó esta situación de “absolutamente imperdonable” y advirtió de que perder financiación en esta materia supone “debilitar la red de apoyo y protección” frente a la violencia machista.

Durante su intervención, Torres contrapuso además las primeras medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con las adoptadas por el actual Ejecutivo canario.

Así, recordó que el primer Consejo de Ministros de la actual legislatura estatal aprobó una ley de igualdad paritaria para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de dirección y empresas públicas.

Por el contrario, criticó que la primera medida del actual Gobierno autonómico fuese “eliminar impuestos a quienes recibían fortunas de 300.000 euros”, una decisión que, afirmó, evidencia “la diferencia entre un gobierno progresista y uno conservador”.

Torres concluyó reafirmando el compromiso del PSOE Canarias con las políticas feministas y de igualdad “como una forma de entender y defender la justicia social”.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo, ha aprobado hoy, día 2, el decreto que regula la creación del distintivo ‘Marca de Excelencia en Igualdad de La Rioja’, así como el procedimiento y las condiciones para su concesión, utilización y revocación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.

Cualquier empresa o entidad, de capital público o privado, que ejerza su actividad en La Rioja, podrá solicitar la concesión de este distintivo que reconoce públicamente la labor desarrollada en favor de la igualdad de oportunidades; implementando políticas efectivas de igualdad y lucha contra el acoso por razón de género; y fomentando entornos de trabajo más justos y equitativos. En el concepto de empresa o entidad también se tiene en cuenta a las cooperativas de trabajo asociado.

La convocatoria de este año 2026 será publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) próximamente y establecerá las bases reguladoras, así como el plazo de presentación de solicitudes, que en ningún caso será inferior a veinte días hábiles. Asimismo, en la misma se desarrollará el contenido a evaluar, su orden de prelación y la valoración de cada uno de ellos.

El reconocimiento del distintivo tendrá una vigencia de cuatro años desde la publicación de la resolución de concesión en el BOR, siempre que no sea objeto de suspensión o revocación. En el plazo de los treinta días anteriores a la fecha de finalización del periodo de vigencia del distintivo, la empresa o entidad podrá solicitar la prórroga del mismo ante la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo designará una Comisión de Evaluación para el estudio y propuesta de concesiones del distintivo.

Promoción activa

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral promueve activamente la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral mediante el impulso y la aplicación de medidas adicionales en empresas, como la ‘Marca de Excelencia en Igualdad’. 

La concesión de ayudas económicas y subvenciones a empresas, organizaciones sindicales, empresariales y entidades sin ánimo de lucro es otra herramienta central para incentivar la implantación de planes de igualdad, estudios y acciones formativas. Estas ayudas están dirigidas a crear condiciones laborales más saludables, seguras y productivas, con especial atención a las pymes y a la mejora continua del bienestar de las personas trabajadoras.

A través de la ADER, se canalizan los cheques de igualdad, unas ayudas para facilitar que aquellas entidades no obligadas por la ley, puedan implementar medidas efectivas para eliminar desigualdades entre hombres y mujeres y promover cambios culturales que favorezcan la equidad en los entornos laborales.

Por otra parte, el fomento de la negociación colectiva y los procedimientos de solución pacífica de conflictos laborales constituyen una línea estratégica para garantizar la implantación de medidas de conciliación y corresponsabilidad. Esto se traduce en convenios y acuerdos sectoriales que promueven la inclusión de cláusulas específicas para la igualdad y protocolos contra el acoso laboral, reforzando la importancia del diálogo social.

La ordenación y registro de entidades de economía social, así como el apoyo a su desarrollo, forman parte de las actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Las medidas incluyen acciones de asesoramiento, difusión y formación para colectivos trabajadores y empresariales, fortaleciendo la red de apoyo mutuo y el acceso equitativo a recursos y oportunidades.

La Dirección General ha incorporado el análisis sistemático de la realidad laboral a través del seguimiento de indicadores de igualdad, la inclusión de datos estadísticos diferenciados por sexo en acciones subvencionadas y la evaluación constante de planes y medidas implementadas. Esta vigilancia facilita la elaboración de propuestas de mejora adaptadas a las necesidades reales y contribuye a la efectividad de las estrategias públicas.

También impulsa líneas específicas para la innovación en conciliación, incentivando proyectos piloto y medidas novedosas en materia de bienestar laboral, flexibilidad horaria, teletrabajo, corresponsabilidad en la gestión del tiempo y conciliación para la atención a dependientes. Estas actuaciones suponen una apuesta por avanzar en la igualdad real a través de la transformación de la cultura organizativa y el equilibrio de los tiempos de vida.

Cada junio, cerca de 300.000 jóvenes españoles se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Son días de nervios, expectativas y presión para estudiantes y familias. Para muchos, especialmente aquellos procedentes de entornos más vulnerables, no se trata únicamente de un examen: es una prueba que puede condicionar decisivamente su futuro académico y profesional.

La PAU cumple una función necesaria. Permite ordenar el acceso a titulaciones con plazas limitadas y establecer un criterio común de evaluación. Sin embargo, su existencia no debe impedir una pregunta fundamental: ¿compiten realmente todos los estudiantes en igualdad de condiciones?

La evidencia acumulada durante años muestra que los resultados académicos siguen estando estrechamente relacionados con factores socioeconómicos, culturales y territoriales. El acceso a recursos educativos, apoyo familiar, actividades de refuerzo o contextos favorables continúa marcando diferencias significativas en las oportunidades de éxito.

La reforma de 2026 ha apostado por un modelo más competencial, orientado a evaluar comprensión, análisis y aplicación de conocimientos, más allá de la mera memorización. El objetivo es positivo y responde a las demandas de una sociedad que necesita ciudadanos capaces de pensar críticamente. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la homogeneidad de las pruebas, los criterios de corrección y las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

La igualdad formal de la prueba no siempre garantiza una igualdad real de oportunidades

En regiones como Castilla-La Mancha, donde miles de estudiantes afrontan estos días los exámenes, estas desigualdades adquieren una dimensión especialmente sensible. Muchos jóvenes proceden de entornos rurales o familias con menos posibilidades económicas para acceder a apoyos educativos complementarios. La igualdad formal de la prueba no siempre garantiza una igualdad real de oportunidades.

Por ello, el debate sobre la Selectividad no debería centrarse únicamente en el examen. La cuestión de fondo es si nuestro sistema educativo está siendo capaz de compensar las desigualdades de origen o, por el contrario, acaba reproduciéndolas. La educación constituye la principal herramienta de inclusión social y movilidad. Cuando falla esa función compensadora, el mérito individual corre el riesgo de quedar condicionado por el punto de partida.

La Selectividad no es solo una puerta de entrada a la universidad. Es también un espejo que refleja las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema educativo. El verdadero desafío no consiste únicamente en diseñar mejores exámenes, sino en garantizar que todos los jóvenes lleguen a ellos con oportunidades semejantes para demostrar su talento.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

Hace un siglo, una epidemia de gripe asolaba la localidad de Carcelén, amenazando la vida de una población que rozaba en su censo los 1.600 habitantes. Con el médico titular enfermo y el desconcierto llamando a la puerta, el destino de esta localidad de la Manchuela albaceteña cambió para siempre con la llegada de una mujer, la doctora Concha Criado, considerada la primera médica rural de España.

Para que Concepción Criado Máñez –nacida el 22 de enero de 1897 en Villanueva del Grao, en Valencia, e hija de los comerciantes de vino Indalecio y Concepción– escribiera a partir de 1926 esta importante página de la historia de la medicina española, se dieron una serie de circunstancias. La más important fue que la gripe se desbocara y que el médico titular cayera enfermo; pero también que su hermana, María del Olvido, ya ejerciera de maestra en Carcelén, y que Concha acudiera una temporada para hacerle compañía.

Debió ser su don de gentes o su exquisita educación –fue una destacada alumna, tanto cuando cursó Magisterio en la Escuela Normal de Valencia como cuando obtuvo la licenciatura de Medicina en la capital levantina, a los 26 años, con 21 sobresalientes y, de ellos, siete matrículas de honor–, pero el alcalde de Carcelén en aquellos tiempos, Esteban Sarría Gómez, decidió contar con la joven y prometedora doctora, quien además era oftalmóloga, especialidad que logró tras trasladarse a Madrid –donde pasó por la 'Residencia de Señoritas'– y a Burdeos.

Con sus títulos bajo el brazo, la doctora, armada de valor, vocación y paciencia, se presentó en Carcelén. “Vine, conseguí dominar la enfermedad y quedaron tan contentos que las autoridades, los vecinos, hasta el médico, que era un muchacho joven que quería irse, todo el mundo me pidió que aceptase la plaza titular. Y acepté”.

Así lo confesó en una entrevista que le dedicó Estampa, la revista gráfica dirigida por Luis Montiel en su edición de 26 de marzo de 1929, cuando Concha Criado ya llevaba tres años en el pueblo y era considerada una vecina más, una autoridad junto con el alcalde, el cura, el maestro y los representantes del orden.

No lo tuvo fácil porque “no todo el camino ha sido llano”

No lo tuvo fácil. Una mujer, en un pequeño pueblo, ejerciendo de médica. “No todo el camino ha sido llano. He tenido mis disgustillos, mis tropiezos. Me ha ocurrido, por ejemplo, que un compañero viejo y malhumorado se negara a celebrar consulta conmigo, o cosas que, si a mano viene, ni siquiera tienen bulto. Pero toparse con algún que otro antifeminista es lo de menos que le puede pasar a una. Ya se cuenta con eso cuando se pone uno a trabajar”, confesaba. Y es que, en una ocasión, tuvo que tirar de un colega, el médico de Pozo Lorente, José Albalat García, para la revisión de los quintos, los jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, pasaban a estar disponibles para hacer el servicio militar obligatorio.

Pero esas incomprensiones se vieron compensadas con otras muchas satisfacciones, como cuando el Ayuntamiento aceptó sus propuestas para arreglar las conducciones de agua potable, que eran muy defectuosas y antiguas, o para reformar la escuela, que carecía de ventilación y de luz adecuada. Ambas peticiones fueron llevadas a cabo, con lo que se estaban aplicando medidas preventivas para mejorar la calidad de vida, y con ello, la salud, de sus vecinos y vecinas.

La galena salía a la calle cargada con su maletín, que muchos confundían con un simple bolso. Visitaba a sus pacientes casa por casa para recetarles la pastilla de rigor o para auscultarles, y hasta para atender de correprisas un parto. Y era muy respetada y admirada por los carceleneros y carceleneras, en especial, por la chiquillería.

Además, no ponía inconveniente a la hora de subirse a lomos de una mula para visitar a un enfermo a una hora de camino. Así era Concha Criado, quien no descuidaba su especialidad, la de oftalmóloga, hasta tal punto que puso en marcha en el pueblo una clínica, un “gabinete dotado de aparatos científicos, los más modernos” y hasta de una “sala de operaciones”, rezaba la publicidad aparecida en la prensa local. De hecho, según ha recogido Rafael Romero Doñate, director de la revista Valencia Médica, se especializó en las operaciones de cataratas, lo cual se le agradeció sobremanera entre la ancianidad del pueblo y más allá.

Pionera también al volante

La mula en la que atendía alguna que otra urgencia dio paso con el tiempo a un automóvil, en concreto, un Renault Torpedo, puesto que también estuvo entre las pioneras a la hora de ponerse al volante. Según los documentos de la Jefatura de Obras Públicas de Albacete, ya tenía carné de conducir, el número 1845, en 1927.

Apenas ocho meses después de que Estampa la hiciera popular en toda España, Concha Criado abandonó Carcelén. Así lo publicó La Correspondencia de Valencia el 29 de octubre de 1929, cuando fue nombrada médica titular de Chirivella, “el primer caso en que recae un nombramiento de esta índole en persona del sexo femenino”, informó el periódico levantino.

Se da la circunstancia de que, con el tiempo, aquel médico que le echó una mano ante los reparos de los mozalbetes del pueblo para pasar la revisión previa a la mili, el doctor Albalat, terminó siendo su esposo. Cuando ya era titular de su plaza se casó en Buñol y tuvo dos hijas, una de ellas también médica, Concha Albalat Criado, especialista en medicina del trabajo y que fue directora de la Fundación Valenciana de estudios avanzados y promotora de los premios Rei Jaume I.

Pero el legado que dejó la doctora Criado en Carcelén y en toda la provincia fue mucho, tanto como su popularidad. Sus idas y venidas a Albacete, Madrid y otras ciudades eran contadas por los periódicos manchegos, así como su presencia en actos sociales y hasta en el entierro de Juan García Más, figura política y periodística clave en la provincia durante el primer cuarto del siglo XX.

Según ha narrado Rafael Romero Doñate, durante los oscuros años de la Guerra Civil la familia resistió en el municipio de Xirivella. Fue en ese complicado escenario donde se intentó trasladar a las hijas del matrimonio a Rusia, un destino habitual en la época para los conocidos niños de la guerra enviados al exilio. Aquel plan, no obstante, se frustró debido a la oposición de doña Concha, quien impidió que se llevaran a las niñas, protegiendo así el núcleo familiar en medio del conflicto provocado por el golpe de Estado franquista.

Tras el final de la Guerra Civil, el matrimonio se trasladó a Valencia. Allí, la doctora abrió su consulta de Oftalmología, donde ejerció de forma incansable hasta su jubilación. Pero, además, durante décadas, compaginó con maestría su propia práctica médica con la ayudantía quirúrgica de su esposo, quien fuera cirujano digestivo del Hospital General de Valencia y profesor de la Facultad de Medicina.

De aquella pionera a la medicina rural del siglo XXI

La doctora Criado falleció en Valencia en 1990, a los 93 años, aunque fue enterrada en Buñol. Hoy en día, un mural la recuerda en Carcelén, donde otra mujer, Pilar Hernández Cano, ejerce como médica rural. Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), inició la residencia en Palma. Después colaboró con Médicos del Mundo en Bosnia para pasar a ejercer en Atención Primaria y en Urgencias Hospitalarias en Mallorca; posteriormente trabajó en el Centro de Salud Zona 4 de Albacete hasta que consiguió su plaza fija en Carcelén en mayo de 2009.

“Llegué por primera vez a Carcelén tras haber aprobado la oposición. Estuve allí hasta febrero de 2012. En ese momento decidí trabajar temporalmente en Albacete en un puesto de coordinación de la Gerencia de Atención Primaria hasta 2014, entonces, hasta 2018, regresé de nuevo a la atención médica en el Centro de Salud Zona 1 de Albacete”, explica quien ahora cumple ocho años en el consultorio de Carcelén, y hasta donde se traslada a diario desde Albacete de lunes a viernes.

Fue una iniciativa del Ayuntamiento de Carcelén, presidido entonces por María Dolores Gómez Piqueras, la que le permitió conocer la figura y la historia de doña Concha. “Hace unos años, en 2020, se decidió encargar un grafiti a Juanga Jerez, una imagen de gran tamaño de la doctora Criado en la parte posterior del consultorio antiguo del médico. Me pareció un detalle muy enriquecedor y una forma de indagar en la historia de esta figura femenina como una de las personas importantes que pasaron por aquí y que ayudaron a mejorar la situación de salud pública e individual de la población”, señala.

No obstante, más allá de ese mural, todavía hay vecinos y vecinas mayores que tienen un recuerdo, aunque leve, de una doctora “muy buena” de la que les hablaban sus padres, e incluso, “también la madre de una paciente me contó que su madre le hablaba de ella como una médica excepcional y muy buena persona que, además, la atendió en su parto”.

Reconoce las dificultades a las que se tuvo que enfrentar su homóloga. “Es una de las reflexiones más alucinantes que rondan por mi cabeza cuando pienso en ella y cómo tuvo que ser su ambiente de trabajo teniendo en cuenta los pocos recursos técnicos y humanos que había entonces”, afirma, mientras que reconoce que se la imagina caminando por las calles embarradas del pueblo en invierno, “dirigiéndose a los domicilios de los pacientes con dificultades para moverse, incluso en lugares inhóspitos fuera del pueblo, en burro a veces o en coche otras veces, con los escasos o nulos medios técnicos y farmacológicos que existían, aun no se había descubierto la penicilina, con los pocos avances existentes en materia de salud pública”.

Entonces no se trabajaba con enfermería. “La figura del practicante era un elemento independiente y eso debió ser otra dificultad añadida a las que tenemos ahora. Ahora trabajamos junto con enfermería y eso nos da un apoyo muy interesante en nuestro día a día”. Tampoco aquellos desplazamientos a lomos de una mula tienen que ver con los actuales, puesto que hoy incluso participa en traslados medicalizados en helicóptero cuando la situación lo requiere.

Estos detalles y toda la épica que rodea la carrera de la doctora Criado llevan a Pilar Hernández Cano a profesarle una gran admiración, “por su gran valentía, inteligencia y bondad, además de que al principio no debió ser muy bien recibida por el hecho de ser mujer por las connotaciones machistas de la época. Tuvo que ser muy duro, pero a la vez muy gratificante como persona y como mujer, hizo una gran labor en aquella época de epidemias de gripe y tifus”.

Al principio no debió ser muy bien recibida por el hecho de ser mujer por las connotaciones machistas de la época. Tuvo que ser muy duro, pero a la vez muy gratificante como persona y como mujer, hizo una gran labor en aquella época de epidemias de gripe y tifus

Pilar Hernández Cano — Médica de Atención Primaria en Carcelén

A este respecto, señala que una mujer ejerciera hace un siglo la medicina rural se lo imagina como una “historia real de ciencia ficción”.

Por un lado, asevera, desde el punto de vista del personaje de la mujer médica “con la valentía y la decisión que debía tener una mujer como ella, orgullosa, abriendo camino a las generaciones posteriores. Satisfecha de su vocación y su trabajo entregado a las gentes del lugar, pero también me la imagino con momentos de soledad y aislamiento al ser una minoría extrema sin redes de apoyo laboral donde refugiarse, me pregunto cómo gestionaría sus incertidumbres y sus errores cuando sabía que algún fallo sería usado como elemento de juicio contra ella por ser mujer. Incluso algunas mujeres debían dudar de su profesionalidad debido a que el machismo debía estar demasiado interiorizado en ellas, asociando la autoridad científica exclusivamente al género masculino”.

Ahora, los prejuicios hacia las mujeres como médicas en el medio rural “en general no los hay; de vez en cuando de forma puntual se ve algún paciente que no consulta por determinados temas más íntimos, pero cada vez se va normalizando más el hecho de que la mujer sea la médico”.

Si la gripe llevó a la doctora Criado a Carcelén, esa rutina clínica nada tiene que ver con la asistencia que se presenta en el consultorio médico en la actualidad. “Mi trabajo no es ni monótono ni aburrido; las patologías son múltiples y variadas en adultos, niños y ancianos. Pueden ser agudas o crónicas; aunque lo más habitual son enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, dislipemias, obesidad, o tabaquismo”, a lo que hay que sumar otros muchos trastornos psiquiátricos, cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, digestivos, urinarios, hematológicos, infecciosos, osteomusculares, oftalmológicos, dermatológicos o alérgicos.

Esta diversidad de casos se complementa con programas de prevención y la gestión de tareas administrativas esenciales para el cuidado continuo. “Es una labor poco monótona y muy variada. Es lo que más me gusta de esta especialidad y sobre todo la relación que se establece con el paciente de respeto y confianza mutuas”, explica con contundencia la doctora Hernández Cano.

La percepción “errónea” del médico (o la médica) rural

Y es que el papel de médica rural es muy amplio. “Me consta que algunas personas tienen una percepción errónea sobre lo que realmente implica la labor médica en un entorno rural. ¡Muchos creen que solo hacemos recetas!”, añade, que va más allá y especifica, como defensora a ultranza de su labor, que se trata de una práctica integral que requiere habilidades clínicas profundas, capacidad de resolución inmediata y un conocimiento amplio del paciente en su contexto biopsicosocial.

“Somos quienes atendemos desde un resfriado hasta emergencias graves; quienes acompañamos en momentos clave de la vida, como el nacimiento o el final de la misma. En muchos casos, somos la primera y única línea de atención disponible, lo que nos obliga a tomar decisiones rápidas, muchas veces sin medios humanos ni técnicos y gestionando de forma prudente la incertidumbre”, reivindica.

Además, en el ámbito rural se construye una relación humana única con los pacientes y sus familias. “Conocemos no solo su historia clínica, sino también su entorno, sus preocupaciones, y las dinámicas que influyen en su salud. Esto nos permite ejercer una medicina más cercana, preventiva y humanista, que no siempre es posible en otros escenarios”, espeta, y concluye a este respecto afirmando: “Ser médica de familia en un entorno rural no es solo una profesión, es una vocación que exige dedicación, conocimientos sólidos y una entrega constante. Nuestra labor no se reduce a simples trámites; es el pilar fundamental que sostiene la salud de las comunidades más vulnerables. Y, aunque a veces no sea plenamente reconocido, quienes ejercemos esta labor sabemos con prudencia y humildad que nuestro trabajo cuenta en la vida de estas personas, con ello nos basta”.

Por otro lado, reconoce que, aunque la despoblación rural es un proceso social multifactorial, la presencia de profesionales de la medicina y la enfermería es muy importante para la tranquilidad de la sociedad, “pero junto con otros recursos, como colegios, potenciar el transporte público, mejorar las líneas de Internet para facilitar el teletrabajo, mantener las farmacias…”.

Afirma que, junto con la vocación, un profesional de la medicina sea en el medio rural o en el medio urbano, es una cualidad imprescindible, “pero también añadiría un requisito humano importante para nuestra profesión, la humildad, que más allá de una virtud, la considero una necesidad ética”.

El 'cuartel' para coordinar la medicina rural y la dificultad para cubrir plazas

Todos estos argumentos son los que maneja otra defensora a ultranza de la medicina rural, María Cruz Muñoz Sánchez, coordinadora de Equipo de Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (Sescam) en Albacete, responsabilizándose de los equipos rurales y, además, médica titular de Robledo y Los Chospes, puesto que no ocupa en la actualidad.

En su despacho, en el centro de salud del barrio de Medicina, en la capital, y tras su mesa, una pizarra de color blanco muestra a golpe de vista un sinfín de nombres y pueblos escritos en colores azul y rojo. Ese es el 'cuartel' desde el que coordina la medicina rural de toda la provincia y más allá.

Y es que el servicio funciona por zonas básicas de salud, un total de 14, desde Alcaraz a Alcadozo, pasando por Bogarra, Casas de Juan Núñez, Chinchilla, La Roda, Madrigueras, Tarazona de la Mancha y Villamalea, en la provincia, además de otras tres en Cuenca, Casasimarro, Quintanar e Iniesta.

En esas localidades es donde se ubica el centro de salud de cabecera, que además es el Punto de Atención Continuada (PAC), que funciona 24 horas al día, 365 días al año. Además, cada zona dispone de diferentes consultorios; María Cruz Muñoz está pendiente de 93 consultorios.

Pues bien, en la zona que coordina la doctora Muñoz Sánchez ejercen 134 profesionales de la medicina, de los que el 59% son mujeres y el 41% hombres. “¡Cómo ha cambiado la historia desde los tiempos de la doctora Criado!”, afirma quien también reconoce la valentía y la vocación de esta mujer valenciana que aceptó ser la médica de Carcelén hace un siglo.

Reconoce que, como consecuencia de la falta de profesionales, no es fácil cubrir las plazas en el medio rural cuando un médico o una médica se jubila a pesar de que ahora existe un número inferior de tarjetas sanitarias y de la progresiva incorporación de médicos y médicas procedentes de otros países, “y de ahí que ahora resulte necesario unir varios pueblos”. Y se refiere en concreto al caso de Carcelén, que hace un siglo contaba con más de 1.500 habitantes “y ahora tiene asignadas 456 tarjetas sanitarias, es decir, pacientes”.

De ahí que puede darse el caso de que los médicos atiendan dos poblaciones cercanas en la misma mañana o se distribuyan por días; lunes, miércoles y viernes a una, y martes y jueves a la localidad de al lado. Es como los curas en los pueblos, que comparten varias parroquias.

En el caso de Carcelén, pertenece a la zona de Casas de Juan Núñez, junto con Villavaliente, Pozo Lorente, La Felipa, Jorquera y La Recueja. “Tratamos de que la organización sea eficiente para no perder tiempo y reducir al máximo el riesgo en la carretera”.

Hay mucha gente mayor que vive sola, son personas que no están para vivir solas, pero quieren seguir en el pueblo, y ahí nos coordinamos con trabajadores sociales, y además, tratamos mucho la salud mental, la ansiedad, la depresión

María Cruz Muñoz Sánchez — Coordinadora del Equipo de Atención Primaria en la provincia de Albacete

Reconoce la doctora Muñoz Sánchez que más allá de todo tipo de enfermedades, el papel de la medicina rural trabaja ampliamente el ambiente social. “Hay mucha gente mayor que vive sola, son personas que no están para vivir solas, pero quieren seguir en el pueblo, y ahí nos coordinamos con trabajadores sociales, y además, tratamos mucho la salud mental, la ansiedad, la depresión”.

En cuanto al trato, y como le sucedía a la doctora Criado en los lejanos años 20 del pasado siglo, en el medio rural se da un trato más cercano. “Conoces a la familia y al entorno, hay una confianza estrecha; el consultorio se convierte en el centro social del pueblo, junto con la tienda y el bar; de ahí que, a veces, los alcaldes protesten si el médico falta, porque el consultorio abierto es un aliciente contra la despoblación, incluso la sala de espera sirve para relacionarse socialmente”.

Aunque ya no tiene la autoridad que la propia población otrora les concedía a los médicos, “es indudable que los y las profesionales de la medicina nos sentimos más valorados en el medio rural. Por mi experiencia, en la ciudad a veces te sientes un administrativo, despachando volantes para especialistas; en el pueblo confían en tu criterio, me ha pasado mandar a alguien al cardiólogo y que el paciente vuelva diciendo que hasta que yo no lo viera no se tomaba el tratamiento que le habían puesto y, además, seguimos haciendo muchos domicilios, ver cómo vive el paciente te da una información sanitaria muy valiosa”, asegura María Cruz Muñoz.

¿Y ser mujer y médica rural? Reconoce la coordinadora de la medicina rural albaceteña que “Concha Criado fue una pionera y una valiente al introducirse en un mundo de hombres. Tuvo problemas con colegas hombres, pero eso ya está superado. Yo empecé en 2011 y aunque al principio, siendo joven, algún paciente mayor me decía Niña, ¿cuándo viene el médico?, ahora ya no sucede”. Responsabilidad y compromiso fueron las cualidades de la doctora Criado, “unas cualidades que creo que deben repetirse en la actualidad en este trabajo, junto con la empatía, la humildad y los valores personales”.

A pesar del sobreesfuerzo que supone la práctica de la medicina rural, del sacrificio a la hora de la conciliación familiar y de los cientos de kilómetros que recorren cada semana, María Cruz Muñoz está convencida de que cualquier profesional de la medicina debería pasar por el medio rural. “Normalmente la gente que empieza en el medio rural quiere quedarse, en mi caso, ahora estoy en este puesto de gestión, pero tengo mi plaza en Robledo y Los Chospes, aunque por mis circunstancias, realizo guardias en Bogarra; yo ya podría haber movido mi plaza para acercarme, pero no lo he hecho”, prueba irrefutable de que ser médico o médica de pueblo engancha.

Destaca a grandes profesionales de la medicina rural, como los ya jubilados Antonio Divisón Garrote, que fue casi medio siglo prestando servicio en Fuentealbilla, o Antonio González Cabrera, ahora jubilado pero con cuatro décadas en San Pedro, y subraya la dureza de las urgencias, el reto de la conciliación y, sobre todo, la crisis de la Covid–19.

Queda claro. La historia de la medicina rural también es la historia de la valentía femenina. Y es que, un siglo después de la llegada de Concha Criado a Carcelén, una mayoría de mujeres continúa recorriendo carreteras, pueblos y consultorios para sostener la sanidad en la provincia vaciada. Se ha pasado de los caminos embarrados y las visitas a lomos de una mula a los traslados medicalizados en ambulancia o en helicóptero. Pero la vocación y el compromiso es idéntico.

Como dejó escrito la médica Elizabeth Blackwell, primera mujer en obtener el título en Estados Unidos, “si la sociedad no reconoce la libertad de la mujer, no puede progresar”.

En 1996, un grupo de mujeres, Bidasoaldeko Emakumeak, realizó la primera solicitud para modificar las ordenanzas municipales y así permitir la participación igualitaria de las mujeres en el alarde de San Marcial, que se celebra cada 30 de junio en Irún. Este viernes, treinta años después, Irungo Alardea ha vuelto al pleno municipal para reclamar una fiesta “pública, plural e igualitaria”. La petición, sin embargo, no ha pasado de un acto simbólico y no motivará cambios estructurales en la fiesta.

Irungo Alardea, durante el pleno, ha defendido nuevamente la necesidad de recuperar un alarde municipal “como siempre ha sido”, argumentando que el Ayuntamiento “privatizó la fiesta para evitar aplicar la sentencia” sobre igualdad. Maribel Castelló, antigua concejala Eusko Alkartasuna (EA), le ha contado a elDiario.es/Euskadi que el actual modelo mantiene dividida a la ciudad entre el alarde tradicional, en el que las mujeres únicamente pueden participar como cantineras y solo una vez en la vida, y el igualitario.

Tras la lectura del manifiesto, cerca de treinta participantes de Irungo Alardea han intervenido uno a uno para defender los motivos por los que consideran necesario un alarde municipal y plural con frases como “agradezco al feminismo haberme alejado de la masculinidad tóxica” o “porque no somos ni más ni menos, somos iguales”. Después de pronunciar sus frases, se acercaban a los representantes municipales para dejarles una pañoleta que pide un alarde municipal.

Durante el debate político posterior, que no ha implicado votación alguna, EH Bildu ha defendido que “ha llegado el momento de que el Ayuntamiento apoye la igualdad con firmeza” y de que asuma “la responsabilidad de organizar un alarde basado en la igualdad”. La edil Oihana Briones ha criticado que año tras año quienes participan en el Alarde Igualitario quedan fuera del acto institucional del 30 de junio y ha reclamado una respuesta ante la demanda histórica de participación igualitaria.

El portavoz del PNV, Gorka Álvarez, ha agradecido el tono “respetuoso” de la reivindicación, haciendo memoria sobre la primera solicitud que se realizó hace 30 años. Álvarez ha reconocido que aquellos años, durante el comienzo de Irungo Alardea, fueron “muy duros” para la convivencia en la ciudad, aunque ha defendido que actualmente existe “un equilibrio” entre las dos formas de vivir el Alarde. “Cualquier irundarra puede elegir hoy cómo vivir el día de San Marcial”, entiende el portavoz, y ha reivindicado la posición del Ayuntamiento de no organizar ningún alarde “respetando las distintas maneras en que la ciudadanía vive y siente la fiesta”. Esto asegura, ha explicado, “la convivencia, el respeto y la paz social” en Irún.

Desde el PSE-EE, el partido que lleva lustros al frente del Ayuntamiento de Irún, la portavoz Nuria Alzaga ha agradecido la presencia del colectivo en el pleno y destacado la importancia de poder expresar las diferentes posiciones “desde el respeto”. La socialista ha evitado centrar su intervención en el pasado y ha apostado por “seguir avanzando desde la convivencia y el reconocimiento mutuo”, concordando con Álvarez. La portavoz ha afirmado que las fiestas de San Pedro y San Marcial deben continuar siendo “un espacio de encuentro y disfrute compartido”.

Treinta años después de aquella primera reclamación de igualdad, la ciudad continúa celebrando dos desfiles distintos. Castelló ha recordado, en declaraciones a este medio, que el Alarde de San Marcial nació como una celebración municipal vinculada al voto realizado por la ciudad tras la batalla de 1522. También ha señalado que el formato actual de la fiesta se consolidó a finales del siglo XIX y ha defendido que “la verdadera tradición es el alarde municipal”. Castelló ha criticado la postura “neutral” que mantiene el Ayuntamiento de Irún respecto al conflicto del alarde, una posición que considera “una cobardía absoluta”. Ha asegurado que el desfile igualitario reúne ya a alrededor de dos mil personas “a pesar del abandono institucional” y ha sostenido que “si no hay igualdad, no hay convivencia”.

*Por error se había indicado en la versión original que se había sometido a votación esta cuestión en el pleno municipal de Irún, pero no ha sido así

El Centro Municipal de Igualdad de Torrelavega, Espacio Mujeres, atendió a 55 personas durante el mes de abril, en el que abrió 20 altas nuevas y desarrolló una “intensa” actividad de acompañamiento, orientación e intervención especializada en distintos ámbitos. En concreto, en el apartado de atención a violencias machistas y de género realizó 66 intervenciones.

Además, desarrolló 36 servicios de atención, orientación laboral y sociocultural dirigidos a 31 usuarias; 31 intervenciones psicológicas a 26 mujeres y 25 actuaciones de asesoría jurídica a 18, según se recoge en la memoria mensual que ha presentado este jueves la concejala de Igualdad, Patricia Portilla.

Para la edil, estos datos ponen de manifiesto “la necesidad de seguir reforzando los recursos públicos que permiten acompañar, orientar y proteger a las mujeres ante situaciones de especial vulnerabilidad”.

Junto a la mencionada atención directa, en abril Espacio Mujeres desarrolló diferentes actividades de formación y sensibilización, con talleres sobre alfabetización mediática, banca online, uso seguro de internet, compra y pago digital, procesador de textos o mejora de la empleabilidad, entre otros.

Asimismo, el centro siguió acogiendo actividades impulsadas por asociaciones y entidades externas.

Portilla ha destacado que Espacio Mujeres, dependiente de su Concejalía, “continúa siendo un recurso esencial para ofrecer una atención cercana, especializada e integral a las mujeres de Torrelavega, así como para impulsar acciones de sensibilización, formación y promoción de la igualdad”.

También ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el equipo técnico de Espacio Mujeres, integrado por profesionales del ámbito social, psicológico y jurídico, así como la coordinación con otros recursos comunitarios, sociales, educativos, sanitarios y administrativos. En este sentido, ha subrayado que el centro no solo presta atención individual, sino que además desempeña una “importante” labor de apoyo técnico, derivación, información y trabajo en red.

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el fortalecimiento de este servicio municipal, cuya finalidad es promover la igualdad de oportunidades, prevenir las violencias machistas y ofrecer atención especializada a las mujeres que lo necesiten.

“Espacio Mujeres es una herramienta fundamental para avanzar en igualdad real y para seguir dando respuestas útiles, cercanas y eficaces a las necesidades de muchas mujeres de Torrelavega”, ha sentenciado.

El Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el proyecto de ley para la creación del Consejo LGTBI en la comunidad autónoma, un órgano de participación que servirá para “institucionalizar el diálogo permanente” entre la Administración y la sociedad civil en todo aquello que afecta a los derechos y a la igualdad de este colectivo.

Así lo ha anunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Inclusión Social e Iguldad, Begoña Gómez del Río, que espera que la futura norma que ahora va a iniciar su tramitación parlamentaria logre “el mayor consenso posible” ya que “estamos hablando de derechos, de igualdad y de convivencia”.

Además, el Ejecutivo regional ya trabaja de forma paralela en la normativa que regulará ya, de una forma más específica, el funcionamiento, la composición y las funciones de este órgano.

Tres años y medio de retraso

Según ha indicado, la aprobación de este proyecto de ley supone cumplir un “mandato legal que estaba pendiente” y dar un “paso necesario” para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020.

Y es que esta ley autonómica de derechos de las personas LGTBI ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta. De hecho, llega con aproximadamente tres años y medio de retraso. Y es que, según ha indicado Gómez del Río, la ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma, lo que quiere decir que debía haber llegado a la Cámara no después de diciembre de 2022, aún con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Al respecto, la consejera ha indicado que cuando el PP llegó al Gobierno regional se encontró “algunas inacciones”, entre ellas la relativa a este proyecto de ley, sobre el que se puso “manos a la obra”.

El Consejo LGTBI funcionará como un órgano colegiado de participación, de representación y de consulta en materia de igualdad y de no discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género.

Funciones del Consejo

Entre sus funciones estará mejorar las políticas públicas y permitirá canalizar la participación del colectivo LGTBI en las decisiones públicas, asesorar a la Administración, formular propuestas y recomendaciones y también evaluar el impacto de las medidas que se adopten.

Entre sus competencias, el Consejo LGTBI podrá realizar estudios y análisis sobre la situación del colectivo en Cantabria; impulsar propuestas de mejora y promover el enfoque de igualdad y derechos que esté presente de forma transversal en las políticas públicas.

“Estamos hablando, por tanto, de una herramienta útil, real y práctica; una herramienta de escucha, de participación y de enriquecimiento de las políticas públicas”, ha subrayado Gómez de Río.

La consejera ha destacado que esta norma del Consejo LGTBI ha seguido un “procedimiento abierto, transparente y participativo” ya que ha sido sometido a consulta, audiencia e información pública.

Según ha detallado, en este proceso solo hubo una alegación, dirigida a respaldar la creación y regulación del Consejo.

Gómez del Río ha indicado que los datos disponibles justifican “la necesidad” de que exista este instrumento de participación.

“Aunque realmente no existen estadísticas oficiales completas sobre la población LGTBI en Cantabria, las estimaciones teniendo en cuenta los estudios del CIS, del INE y del Ministerio de Igualdad muestran una presencia significativa del colectivo en Cantabria”, ha dicho Gómez del Río.

Además, ha apuntado que datos como que en 2024, casi la mitad de los delitos de odio registrados en Cantabria estuvieron relacionados con la orientación sexual, muestran que “todavía queda camino por recorrer y precisamente por eso son necesarios instrumentos estables que permitan mejorar el conocimiento, la participación y la eficacia de las políticas públicas”.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castro Urdiales acogerá este miércoles, 27 de mayo, la III jornada sobre violencia de género con dos sesiones bajo el título 'La Violencia Digital sobre las mujeres', organizadas por la Concejalía de Igualdad y la Asociación Feminista Las SinSombrero.

En la sesión matinal, se ofrecerá una charla coloquio con la experta en Derecho Penal de la Universidad de Cantabria Paz de la Cuesta y una agente del equipo experto en Violencia de Género de la Guardia Civil. La moderadora será la concejala de Igualdad, Leticia Mejías.

Mientras tanto, la sesión de la tarde consistirá en una conferencia impartida por el colectivo feminista y activista Towanda Rebels, formado por Teresa Lozano y Zua Méndez, ha informado el Consistorio.

Mejías ha agradecido a la Asociación Las SinSombrero su colaboración para realizar esta jornada que considera “absolutamente necesaria”, ya que “la violencia contra las mujeres evoluciona con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y nos obliga a formarnos para poder prevenirlo y detectarlo a tiempo”, ha indicado.

El Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) se ha adherido a la iniciativa 'Bròders', un espacio para fomentar masculinidades igualitarias entre los chicos. La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha presentado este miércoles, en Vitoria, esta iniciativa, impulsada por la Fundación Iniciativa Social (FIS) y Laintersección para crear una comunidad que cuestione los estereotipos de género y fomente masculinidades diversas e igualitarias entre los hombres más jóvenes, y que en Euskadi se va a difundir a través de Gizonduz.

El servicio vasco para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad ha sido el encargado de adaptar la web de este proyecto al euskera y de generar un grupo de personas voluntarias euskaldunes que dé apoyo a los jóvenes, según ha informado Emakunde en un comunicado que recoge Europa Press. Desde 2017, cuando puso en marcha el proyecto Gazteak Berdintasunean, Gizonduz trabaja con el objetivo de incrementar el número de jóvenes, sensibilizados, formados y comprometidos a favor de la igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista.

Elgarresta ha indicado que en un contexto de “mensajes negacionistas”, iniciativas de este tipo “son muy necesarias”. “En un mundo digital en el que van ganando terreno los discursos misóginos y contrarios a la igualdad, y en el que la manosfera se expande entre los chicos con mensajes que refuerzan una masculinidad tóxica, tenemos la obligación de prestar atención a lo que está pasando”, ha manifestado. Con ese fin, se abre este nuevo espacio digital, una plataforma que busca “ofrecer un espacio seguro y anónimo para que los chicos puedan expresarse libremente y mostrarse vulnerables y sin la presión de una masculinidad que se lo impide”.

Bròders está diseñado como un foro en el que se pueden plantear preguntas y opiniones sobre temas como las relaciones, la salud o la actualidad, siempre de forma anónima y respetuosa. Además de contar con materiales para profundizar en temas como relaciones, sexualidad o éxito personal, se incluye un chat anónimo, con voluntariado formado específicamente, para la escucha y el acompañamiento y, si es necesario, derivación a ayuda profesional. Según ha recordado Miren Elgarresta es importante “trabajar desde las políticas de igualdad en las dos direcciones, impulsando el empoderamiento de las mujeres y las chicas, por un lado y, por otro, fomentando la implicación de los hombres y chicos por la igualdad”.

El encuentro entre Pepa Bueno y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' ha sido celebrado como una conversación entre dos generaciones de mujeres influyentes. Y no es difícil entender por qué: ambas representan trayectorias profesionales sólidas y una capacidad comunicativa indiscutible en un panorama mediático todavía muy exigente con las mujeres.

Y es verdad que tiene algo positivo: ver a dos mujeres con poder mediático hablando sin pedir permiso sigue teniendo un valor simbólico en una sociedad que durante décadas reservó esos espacios casi exclusivamente a los hombres.

Pero, mientras veía la entrevista, no podía dejar de pensar en algo que rara vez aparece en estos formatos tan pulidos: el síndrome del impostor.

Porque detrás de muchas mujeres que hoy ocupan espacios visibles hay una sensación persistente de no ser suficientemente válidas, de no estar a la altura o de tener que demostrar constantemente lo que hacen. Y esa inseguridad no nace de la nada; nace de estructuras sociales que durante años han enseñado a muchas mujeres a minimizarse, a pedir disculpas por ocupar espacio y a convivir con la idea de que siempre hay alguien más preparado.

La paradoja es que incluso las mujeres admiradas y exitosas terminan hablando continuamente de resistencia, de aguantar ataques y de aprender a tener 'piel dura'. Y ahí es donde la entrevista deja una reflexión interesante, aunque quizá involuntaria: ¿cuántas mujeres viven agotadas intentando demostrar que merecen estar donde están?

Madrid, el escaparate y la realidad silenciosa

La conversación entre Bueno y Álvarez refleja también una realidad muy española: el feminismo visible sigue teniendo un fuerte acento madrileño. Allí se construyen los relatos culturales, las tendencias y los debates que después parecen representar a todas.

Pero fuera de ese foco hay otra vida mucho menos luminosa.

En Castilla-La Mancha, y especialmente en muchos pueblos, el feminismo rara vez tiene forma de fenómeno mediático. Existe en silencio, sostenido por mujeres que trabajan, cuidan, envejecen, sacan adelante a sus familias y, además, encuentran tiempo para ayudar a otras mujeres sin cámaras delante.

Muchas veces son asociaciones pequeñas las que sostienen lo esencial: talleres, acompañamiento emocional, ayuda frente a la violencia o simplemente espacios donde una mujer puede hablar sin sentirse juzgada. Mujeres que jamás saldrán en un plató, pero que mantienen viva una red de apoyo real.

Y precisamente ahí el síndrome del impostor golpea con más fuerza.

Porque mientras algunas voces mediáticas consiguen legitimidad y reconocimiento, muchas otras mujeres siguen sintiendo que lo suyo “no es importante”, que no saben suficiente o que no tienen derecho a opinar. La maestra jubilada, la periodista local, la cuidadora, la mujer rural o la trabajadora precaria cargan muchas veces con esa sensación de invisibilidad que ningún discurso viral consigue borrar.

La trampa de la resiliencia permanente

Durante la entrevista se habló también del odio en redes y de la necesidad de aprender a soportarlo. Es comprensible. La exposición pública es dura y muchas mujeres reciben ataques desproporcionados.

Sin embargo, hay algo peligroso en convertir la resiliencia en obligación permanente. Porque cuando a una mujer se le pide constantemente fortaleza, seguridad y capacidad para resistir, se corre el riesgo de hacerle creer que el problema está en su fragilidad y no en el entorno que la desgasta.

El síndrome del impostor se alimenta precisamente de eso: de la presión por demostrar continuamente el propio valor mientras el reconocimiento nunca parece suficiente.

Más allá del escaparate

La entrevista funciona bien como entretenimiento y como símbolo de complicidad entre mujeres. Pero quizá el verdadero avance no consista únicamente en ver a mujeres poderosas compartiendo sofá y confidencias. Tal vez el verdadero avance sería conseguir que tantas mujeres anónimas dejaran de sentirse pequeñas, insuficientes o fuera de lugar.

Porque el feminismo no debería limitarse a ocupar espacios visibles. También debería servir para desmontar esa voz interior que tantas mujeres arrastran desde hace años y que les susurra constantemente que no son bastante buenas.

Y esa batalla no se libra solo en Madrid, ni en los medios, ni en los platós. Muchas veces se libra en silencio, en pueblos olvidados, en trabajos precarios y en vidas corrientes donde nadie aplaude, pero donde millones de mujeres siguen sosteniendo el mundo cada día.

El Grupo Parlamentario Popular ha negado desigualdad en el reparto de dinero en el deporte femenino, con respecto al masculino, en La Rioja afirmando que se conceden las ayudas con “criterios deportivos”, según ha defendido la diputada Maria Teresa Antoñanzas. La situación del deporte femenino se ha tratado, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a raiz de una proposición no de ley del Partido Socialista.

La socialista María Somalo la ha defendido considerando que no se puede negar que se están haciendo cosas para la visualización del deporte femenino y la eliminación de estereotipos, pero, según ha dicho, “la igualdad en el deporte tiene un importante desafío cuando analizamos cómo se reparte el dinero entre los equipos femenino y masculino”.

Esta proposición no de ley señala diferencias en balonmano. Así, indica que el equipo masculino del Club Balonmano Ciudad de Logroño, que se encuentra en la máxima categoría, Liga Asobal, percibe del Gobierno de La Rioja 262.000 euros en 2026. Sin embargo, el equipo femenino riojano, el Sporting La Rioja, que se encuentra igualmente en la máxima categoría del balonmano español femenino, División de Honor Oro Femenina, percibirá en 2026 una asignación de 179.000 euros, es decir, 83.000 euros menos, casi el 32 por ciento menos que la cuantía percibida por el equipo masculino.

En el caso del Ayuntamiento de Logroño, también hay “grandes” diferencias si analizamos las subvenciones a los equipos de balonmano femenino y masculino, señala. Ambos están en la misma categoría, pero el equipo masculino, Ciudad de Logroño, recibe 180.000 euros más que las chicas del Sporting La Rioja. El primero recibe algo más de 362.000 euros mientras que el segundo 180.000 euros, es decir, un cincuenta por ciento menos.

Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero, que ha coincidido con el espíritu de la iniciativa, ha entendido que, en la proposición, se podrían haber concretado mesas sectoriales, un plan autonómico y planes municipales. También, ha reclamado ahondar en las campañas educativas y la adecuación de las infraestructuras. A su juicio, reivindicar la importancia de la persectiva de genero “es un reto que tenemos que abordar”.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha entendido que, desde el PSOE, “tratan de instrumentalizar a las mujeres con la excusa de la igualdad de subvención”. La popular Maria Teresa Antoñanzas les ha dicho a los diputados socialistas que han cogido “cifras aisladas” y les ha acusado de “oportunismo político”.

Ha afirmado que las subvenciones se conceden con “criterios deportivos”, teniendo en cuenta cuestiones como los desplazamientos. “Mientras siguen en este relato”, les ha dicho a los socialista, “el Gobierno riojano seguirá apostando por el deporte femenino con rigor”

“Si analizamos categorías, la que tengo razón soy yo”, le ha espetado Somalo. La proposición no de ley ha sido apoyada, además de por el PSOE, grupo que ha presentado la iniciativa, por IU, pero no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PP y Vox.

En ella se pedía instar al Gobierno de La Rioja a implementar, de la manera más inmediata posible, las acciones necesarias para garantizar la igualdad de todos los equipos femeninos riojanos en la asignación de subvenciones a clubes de referencia, paliando la actual discriminación que afecta al equipo femenino del Sporting La Rioja de balonmano respecto de la subvención que recibe el equipo masculino de referencia que se encuentra en su misma categoría.

También, reiterar su voluntad y compromiso para combatir la asimetría de género existente todavía en el ámbito del deporte riojano y trabajar por la incorporación real y plena de la mujer a la actividad deportiva.

Junto a esto, instar al Ayuntamiento de Logroño a implementar, de la manera más inmediata posible, las acciones necesarias para garantizar la igualdad de todos los equipos femeninos riojanos en la asignación de subvenciones a clubes de referencia, paliando la actual discriminación que afecta a los clubes/equipos femeninos del Sporting La Rioja de balonmano y el Unibasket de baloncesto respecto de las subvenciones que reciben los equipos masculinos de referencia que se encuentran en su misma categoría.

Junto a esto, también al Ayuntamiento de Logroño, reiterar su voluntad y compromiso para combatir la asimetría de género existente todavía en el ámbito del deporte riojano y trabajar por la incorporación real y plena de la mujer a la actividad deportiva.

El Gobierno regional y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha han suscrito este jueves un acuerdo de colaboración por el que 538 abogadas y abogados del turno de oficio en la Justicia, aproximadamente, podrán acceder a formación especializada en materia de violencia sexual.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha firmado el acuerdo con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel José Cervantes, por el que en el próximo año todas y todos los profesionales de los colegios de la abogacía en la región podrán participar en alguna de las 12 sesiones formativas que contempla el texto.

“La lucha contra la violencia sexual plantea retos muy importantes, porque es un tipo de violencia en constante evolución y mayoritariamente oculta, y desde luego que un pilar fundamental es que todas las mujeres que la sufran se sientan siempre bien acompañadas y protegidas, por lo que formar a profesionales de la abogacía del turno de oficio es determinante, pensando sobre todo en mujeres con menores niveles de recursos”, ha asegurado Simón.

Habrá jornadas formativas

En virtud de este acuerdo, el Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer, financiará con 66.500 euros las jornadas formativas que el Consejo de la Abogacía se encargará de organizar, con el objetivo de que todas y todos los profesionales del turno de oficio accedan a formación especializada, impartida por magistrados y profesionales del ámbito de la Justicia, pero también por personas expertas a nivel jurídico en la defensa de mujeres víctimas de violencia sexual.

Simón ha aludido al Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior para recordar que en Castilla-La Mancha, durante el año 2025, se registraron 729 delitos contra la libertad sexual, lo que representa un incremento del 10,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, y que el 50 por ciento de los agresores tenía menos de 41 años.

“Todas las fuentes de datos apuntan a la misma tendencia: se incrementan los casos de delitos sexuales y los perfiles de los agresores son cada vez más jóvenes, aunque también sabemos que este incremento se debe, en parte, a una mayor concienciación social, a un mayor rechazo a todo tipo de agresiones y por tanto a una mayor confianza de las víctimas a la hora de pedir ayuda, sabiendo que aún hoy solo denuncian el ocho por ciento de las mujeres que sufren esta expresión de la violencia machista”, ha desgranado Simón.

La consejera ha apuntado también que “con más medios y mayor formación”, también se incrementa el número de mujeres a las que se acompañan desde los recursos públicos, “porque tenemos mayor capacidad para atender más y mejor”.

En este sentido, Simón ha explicado que, en 2019, cuando la Junta ponía en marcha el primer programa específico contra la violencia sexual, se atendió a 73 mujeres frente a las 300 mujeres de media al mes que son atendidas en la actualidad a través de la Red Amparo.

Simón ha finalizado su intervención agradeciendo el compromiso del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, en un acto de firma al que también han acudido la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, o las consejeras del Consejo, Inmaculada Poveda y Teresa Hermida.

Señalan la falta de letrados

De su lado, el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha ha cifrado en 538 los abogados especializados en el turno de violencia de género, aunque este ámbito se puede ver incrementado, ya que son turnos vivos.

Ha reiterado que ya ha pedido incrementar los letrados que se sufragan por parte del Ministerio de Justicia en el turno de violencia de género. A su juicio, hacen falta más letrados en todas las provincias, pero se ha detenido especialmente en los partidos judiciales de Torrijos, Illescas y Toledo.

En Torrijos hace falta un letrado más, en Illescas otros dos, y en Toledo otro. “Llevo tres años pidiéndolo y el Ministerio de momento no me los ha concedido”, ha afirmado.

Así, ha citado que Illescas puede amanecer un lunes con 7 y 8 procedimientos de violencia, o una situación similar en Torrijos, donde es “lamentable ver los lunes los partes de incidencias en materia de violencia de género”.

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha asegurado que el Gobierno regional trabaja en la puesta en marcha de una unidad para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en uno de los hospitales públicos de la comunidad autónoma, aunque ha precisado que “no va a haber un centro exclusivo” destinado a este fin.

Simón ha recordado que Castilla-La Mancha “siempre ha garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, si bien ha reconocido que actualmente esta prestación no se realiza en ningún centro público de la región, según ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

“Todas las mujeres tenían garantizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, ha señalado la consejera, explicando que en la actualidad las pacientes son derivadas a dos centros privados de Castilla-La Mancha y a otro ubicado en la Comunidad de Madrid.

La titular de Igualdad ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja ahora para que “en uno de los centros públicos se ponga en marcha una unidad para poder realizar esta interrupción voluntaria del embarazo”, insistiendo en que algunas interpretaciones realizadas en los últimos días “desvirtúan” las declaraciones efectuadas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.

En este sentido, Simón ha rechazado que el proyecto pase por crear un centro independiente dedicado exclusivamente a la práctica de abortos. “No va a haber un centro exclusivo para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, sino que en uno de nuestros centros públicos se va a poder realizar esa interrupción voluntaria del embarazo, en una unidad que se va a crear”, ha afirmado.

Preguntada por las críticas de Comisiones Obreras, que ha cuestionado que concentrar el servicio en un único recurso suponga una normalización plena de la prestación sanitaria, la consejera ha defendido que existen otros servicios especializados centralizados en hospitales concretos de la región.

Objeción de conciencia

Asimismo, ha subrayado la necesidad de compatibilizar la implantación de este servicio con el derecho de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia.

En este contexto, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con un registro oficial de objetores. “Hay que conjugar los dos aspectos: por un lado, respetar la voluntad de los sanitarios y, por otro lado, garantizar que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo”, ha manifestado.

Sobre los plazos para la puesta en marcha de esta unidad, Simón ha indicado que el Gobierno regional continúa “trabajando en ello”, sin concretar fechas.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), ha propuesto la adjudicación del contrato del servicio de las pulseras telemáticas para maltratadores a la UTE formada por Vodafone España y Securitas Seguridad España, la misma que lo gestionaba hasta ahora y que fue multada por el propio Ministerio con 25.000 euros por la caída del sistema el pasado noviembre.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el presupuesto base de la contratación es de 71,37 millones de euros, IVA incluido, y un valor estimado que supera los 111 millones de euros, al considerarse dos prórrogas anuales adicionales a los tres años de contrato. Vodafone se ha impuesto así a la otra única empresa que se presentó a la licitación, una alianza formada por Orange y Verisure. Según informa Igualdad, la adjudicación es de momento provisional a la espera de la ratificación de la documentación y de los posibles recursos.

El proceso de adjudicación ha constado de dos fases, una basada en la calidad técnica y otra en los criterios automáticos. En el primer bloque, la UTE de Vodafone-Securitas logró 14 puntos más que la otra compañía, afirma Igualdad, que apunta a “una mayor calidad global en la respuesta técnica, de acuerdo con las conclusiones de la mesa técnica que ha evaluado las propuestas”. También la misma empresa superó a la alternativa en la oferta económica. Según el Ministerio, Vodafone “incorpora mejoras sustanciales en los tiempos de resupuesta críticos”.

Tal y como publicó Europa Press hace unos días, la empresa de telecomunicaciones obtuvo 41,3 puntos en la valoración conjunta frente a los 26,7 de Orange. Además, en cuanto a la oferta económica, la primera presentó un presupuesto de 67,5 millones de euros, algo más barato que los 70,3 de su competidora.

Según ha comunicado el Ministerio, la oferta también ha recibido “la puntuación máxima” al incluirse funcionalidades “avanzadas” en los dispositivos como “la conectividad mediante eSIM, la capacidad de gestión remota de dispositivos y la integración de sensores de movimiento de bajo consumo”. Igualdad ha defendido en los últimos meses que el nuevo contrato incorpora “mejoras” respecto al anterior y después de la grave crisis que atravesó el Ministerio tras los fallos detectados en el sistema, que motivaron la apertura de una investigación interna.

La Fiscalía denunció el pasado noviembre en su memoria anual que a finale de 2024 había ocurrido una pérdida de datos durante la migración de sistemas al cambiar de adjudicataria, que anteriormenta era Telefónica. El Ministerio Público advirtió de que esto había provocado absoluciones y sobreseimientos en casos de quebrantamientos de órdenes de protección, aunque después aclaró que el fallo fue “puntual” y que “las mujeres estuvieron protegidas en todo momento”.

Las denuncias, sin embargo, se amplificaron por parte de las trabajadoras del servicoi, que alertaron de una situación de “caos” y numerosos problemas internos. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre que obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. El Ministerio impuso una sanción de 25.000 euros a Vodafone por este hecho el pasado mes de marzo.

Decía Fran Perea en la cabecera de Los Serrano que “desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar”, aunque Beatriz Torres lo avistaba en cada libro, en cada película y en cada sueño desde que ha tenido uso de razón —pese a haber nacido y haberse criado en la capital—. A los 11 años su familia y ella se trasladaron a Sevilla, donde siguió idealizando el agua salada con un par de veranos en la playa como referencia. En su cabeza aquello era insuficiente, necesitaba un contacto más estrecho con las mareas o el salitre. Fue entonces cuando, con 17 años, se mudó a Menorca y terminó de enamorarse del Mediterráneo y de sus aguas. 

El flechazo terminó de materializarse durante una travesía marítima entre Menorca, Túnez y Cerdeña en la que unos amigos le explicaron que podía formarse para trabajar en un barco. Torres, sin estudios superiores hasta ese momento, se imaginó a sí misma haciendo de ese viaje su día a día y se sintió preparada para pasar el resto de su vida entre el agua salada. “Vi en esa travesía que no tenía miedo, que me encantaba. Me vi capaz y me animé a estudiarlo”, relata. 

Al terminar la formación básica en seguridad, la propia escuela en la que estudiaba le ofreció la posibilidad de completar su currículo con el curso de marinero pescador. Ella no pudo rechazarlo, ya que se declara como una “absoluta enamorada del sector primario”. “Del campo pasé al mar, y a mí la pesca me ha interesado siempre”, explica Torres, quien anteriormente había trabajado como auxiliar agrícola y quería ejercer esa misma labor a bordo de un pesquero.

Actualmente, Beatriz Torres es marinera de Prácticos de Mahón y amarradora de buques en Astur Menorca. No obstante, cinco años después de despedirse de la pesca sigue definiéndola como un aspecto fundamental de su trayectoria que le ha dotado de gran experiencia en el mar y le ha dado el impulso necesario para ejercer sus profesiones actuales.

Prejuicios machistas en el sector marítimo

Las cosas se complicaron para ella al embarcar por primera vez de forma profesional: se encontró con un sector especialmente masculinizado, en el que su presencia no siempre —más bien casi nunca— era bienvenida. “Me costó mucho entrar, no se fiaban de mí”, recuerda. “Hay patrones que me decían que nunca habían visto una mujer a bordo, yo no me lo esperaba”, añade.

Su caso no fue una excepción, y es plenamente consciente de ello. “El recreativo está masculinizado, pero en la pesca más todavía”, sostiene Torres. “A la mujer se le veía como que no era capaz de realizar ciertas maniobras”, detalla. De hecho, hay cuestiones que lejos de avanzar han dado marcha atrás en lo que a la pesca se refiere. Espacios anteriormente reservados para ellas ahora son una nueva conquista masculina, por lo que las oportunidades son cada vez más escasas: “Antes, por ejemplo, las mujeres eran rederas, ahora son más hombres los rederos”, expone Torres.

La lista de tareas pendientes para un sector más igualitario es extensa. Faltan mujeres de todas las edades, pero especialmente un relevo generacional joven, con ideas frescas que pueda revertir todas aquellas lacras aún presentes. Por eso anima a las jóvenes a apostar por su pasión independientemente de los prejuicios: “¿Te crees capaz? ¿Estás fuerte? ¿Te gusta el mar? Pues no hay mejor cosa que puedas hacer que meterte a trabajar en ello”, argumenta. Aun así, advierte de que no será un camino fácil, y de que toda aquella que decida tomarlo tiene que ser consciente de las dificultades que atravesará: “Todavía hay un poco de miedo a que no las contraten, a tener que demostrar más de lo que sus compañeros, para que las tomen en serio”, recalca.

Pasión frente a la opresión

Pese a las contrariedades, la vocación de Torres siempre ha sido más fuerte que los prejuicios, y poco a poco pudo hacer entender a sus compañeros que el trabajo no entiende de género y que su presencia en el barco estaba más que justificada, al igual que la de todos los demás.

“Aquellos primeros días en el mar fueron espectaculares”, recuerda. “En pesca de arrastre, empezar de noche con esas máquinas, los motores, el mar mismo que es salvaje… Era de película, yo no me lo podría haber imaginado”. Ahora mismo, con años de experiencia a sus espaldas, aunque esa impresión siga intacta también ha tenido que interiorizar muchos aspectos que ya forman parte de su rutina. “El día a día en el puerto y en el mar implica acostumbrarse al movimiento del agua, a no caerte, al equilibrio y sobre todo al sol”, detalla. “Lo más exigente, es tener todo el rato en la cabeza la seguridad”.

Lo que tampoco se va de la mente de Torres es la necesidad de referentes femeninos en su sector para que otras muchas, al igual que ella, conviertan su pasión en su profesión, y sobre todo para que puedan hacerlo sin barreras relativas al género. “La idea que quiero que se quede de esta entrevista es que la percepción del género a la hora de trabajar no existe, es una cosa cultural. Depende más de la individualidad de cada persona, de la voluntad y de las ganas y de lo que te guste el mar”, concluye.

La mayoría todavía no tiene edad para votar ni expresa un especial entusiasmo por hacerlo. Pero están al tanto del mundo en el que viven y tienen opinión de todo, aunque casi nunca se la pidan. “Yo creo que los políticos directamente ni nos escuchan. No veo a ninguno que se interese por lo que pensamos los jóvenes porque claro, se supone que no entendemos nada de la vida y que nos pasamos el día en el TikTok”, dice Laura, que cursa primero de Bachillerato en el instituto público La Marisma, en Huelva.

En este centro, situado en El Torrejón, uno de los barrios más humildes de la capital onubense, han convertido el aula de comunicación en un lustroso estudio de radio dedicado al maestro Jesús Quintero. Por estos micrófonos han pasado Julia Otero, Pedro Piqueras y cientos de alumnos que han aprendido a comunicarse, a expresarse y a escucharse sin pantallas de por medio. “Esta es una idea de nuestro profesor de Filosofía, Fran. En vez de hacer exámenes escritos, elaboramos un guion con un tema que hayamos dado en clase y luego venimos aquí a la radio y hacemos nuestro propio podcast. Es mucho más entretenido y aprendemos a comunicarnos mejor entre nosotros”, cuenta Alí, también alumno de primero. “Y así soltamos un ratito el móvil”, apostilla Laura.

Para todos esta ha sido su primera toma de contacto con la radio. No la escuchan en casa, ni tampoco leen periódicos. Y la tele solo la miran cuando sus padres les obligan a ponerla a la hora de comer o cenar. “Somos más de Alexa, de Spotify o de TikTok”, dice Daniela. Y aun así están a la última del Hantavirus, de lo que hace Donad Trump o de que este domingo hay elecciones en Andalucía. Y conocen, más o menos, las candidaturas que se presentan. “Están el PSOE, el PP, Vox y... ¿Izquierda Unida? ¡Ah! Y Adelante Andalucía, que nos lo ha chivao la profe de inglés”.

También saben que de lo que más se habla en Andalucía de un tiempo a esta parte es de la sanidad pública. Y no porque sea un tema de campaña, sino porque lo viven en sus propias carnes. “Yo me fracturé la pierna y tuve que ir al hospital. Tenía la pierna como un huevo kinder, no paraba de llorar y estuve cinco horas para que me atendieran”, recuerda Bucha, alumna de Formación Profesional. “El abuelo de una amiga mía estuvo esperando cinco meses una cita médica y, cuando le llegó, ya hacía dos meses que había fallecido. La sanidad es un derecho y te deberían atender cuando lo necesites, no que te obliguen a irte a un médico privado y pagar”, cuenta Paula. “A un amigo mío se le salió un huesecillo de la muñeca. Se fue al hospital a las tres de la tarde y llegó a su casa a las dos de la mañana”, comparte Javi.

Aunque son muy jóvenes y están sanos, la respuesta a cuál es el principal problema que tiene Andalucía es casi unánime. “No es normal que la gente se muera esperando o que para cosas urgentes tarden cinco meses en dar una cita y la gente se tenga que pagar una privada”, dice Esther. Para Alí, español de nacimiento y de padres marroquíes, supone un peligro añadido que haya quien proponga distinguir a los pacientes por su lugar de origen y no por la gravedad de sus enfermedades.

“Si necesitas un médico, tendría que atenderte antes de que estés más grave. Hay que tener en cuenta el bien para todos, no solo para los españoles y, los inmigrantes, que se queden fuera. Una persona que necesite un psicólogo, por ejemplo, puede llegar a tener que esperar cuatro o cinco meses y es posible que sea algo urgente. Y como este caso, muchos más”.

Según sus profesores, tanto Alí como su hermano Adam son dos alumnos brillantes de expedientes académicos impolutos. Hace ya muchos años que sus padres llegaron de Marruecos a España en condiciones muy precarias para vivir y trabajar. Ellos, ahora, aspiran a ser ingenieros. “Mis padres nunca me han querido contar, pero cuando vienes de fuera no te tratan igual que a un español. Si no tienes papeles te ponen a trabajar más horas y por menos dinero y te amenazan con denunciarte. Eso se ve a diario. En cuanto tienes papeles ya te empiezan a respetar un poco más”.

“A mí me parece fatal que no se den las mismas oportunidades”, sigue Alí, que admite que aun a él le hacen comentarios por sus orígenes a pesar de ser español. “Conmigo no se meten mucho, pero sí lo típico. 'Moro', 'vete a tu país' y esas cosas. Yo intento pasar del tema porque, si no tienen más argumentos que eso, no merece la pena. No sé qué se tiene en la cabeza para decir eso. Pero me da mucha pena. Un marroquí puede robar, claro. Como cualquiera. Pero eso no quiere decir que todos sean iguales”.

Laura cuenta que esa desigualdad de la que habla Alí forma parte del paisaje cotidiano de sus entornos. “El otro día estuve en Palos de la Frontera, donde las cooperativas de la fresa, y vi las chabolas. Me parece penoso que tengamos a esas personas (inmigrantes) viviendo en esas condiciones y sufriendo lo que están sufriendo. Me parece de vergüenza, la verdad”. Bocha nació en Madrid y sus padres también son marroquíes. “Yo veo a mucha gente en el TikTok decir que solo vienen a robar y a cobrar ayudas. Mis padres vinieron para poder tener un trabajo mejor, simplemente. Mi madre ha sido camarera y ahora trabaja en el campo. Y paga sus impuestos”.

En contraste con el ruido político en torno a la inmigración, el tema genera un sorprendente consenso entre este grupo de jóvenes andaluces que vive y estudia en un barrio con una alta tasa de población extranjera y con datos de paro de en torno al 40%, una realidad que lo hace ser calificado como zona vulnerable. “Ni tu color, ni tu país, ni tu religión te definen. No entiendo a la gente que dice que tenemos que echar a estas personas porque roban o violan. Robar o violar lo puede hacer un americano, un español o quien sea. Los inmigrantes no vienen aquí por gusto, ¿sabes? Les dolerá dejar su país, su casa y su familia. Vienen simplemente a buscar una vida mejor para ellos y para sus hijos”, defiende María.

Gisela, también alumna de primero de Bachillerato, cuenta que en su familia hay distintas opiniones sobre el tema, pero que ella comparte clase con compañeros de distintos orígenes y también lo tiene claro. “Me parece de vergüenza que juzguen a personas y quieran echarlas por buscar una vida mejor. No lo veo normal, sinceramente. Porque también tienen derecho a estar aquí en España”. “La verdad es que siempre nos critican a los jóvenes, pero los adultos son más racistas. Nosotros crecemos en clase con gitanos, con rumanos, con marroquíes... Y aceptamos sin problema lo que no han aceptado ellos”, reivindica Laura.

También todos tienen claras las cosas que le pedirían al próximo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. “Hay una diferencia abismal entre la educación pública y la privada. Tengo un amigo en un centro privado y tienen iPad y ordenadores para todos. Yo le pediría que se compense un poquillo más”, dice Sergio. “Salga el partido que salga, yo le pediría ayuda con la vivienda, porque bastante complicado lo tenemos los jóvenes como para tener que independizarnos a los 50”, se queja Laura, a la que apoya plenamente María. “No es normal que tengas que ir a otra ciudad porque en la tuya no hay lo que quieras estudiar y que no puedas pagarte la vivienda”.

La discusión sube de voltaje cuando se piden opiniones sobre políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Habla Laura, de 18 años, y le contesta Javi, de 17.

— Aquí tengo sentimientos encontrados porque no creo que estén del todo bien las leyes que hay. No estamos pidiendo tener más oportunidades que los hombres. El feminismo pide igualdad, no ser más que nadie. Y también hay denuncias falsas que hay que investigar mucho mejor, porque no me parece bien que si yo digo que un compañero me ha pegado, ya pueda tener problemas sin haber sido investigado.

— Va a la cárcel, de hecho.

— A ver, tampoco te pases. Pasa la noche en el calabozo. Aunque también entiendo que dicen que es mejor intentar evitarlo, aunque sea mentira, a que sea verdad y no se frene y sufran las consecuencias las mujeres.

— Yo conozco un caso de denuncia falsa y eso funciona como el culo — apostilla él.

Todas las chicas preguntadas son capaces de identificar situaciones en las que chicos de su entorno han tenido con ellas comportamientos machistas. “A mí sí me ha pasado muchas veces de ir con mi camiseta un poco más abierta y que me digan cosas por la calle o que se pongan a mirarme. Y es incómodo. Luego siempre dicen que la culpa es nuestra por la ropa que llevamos”, cuenta María.

“¿Qué pasa, que tú no puedes ir por la calle vestida como te dé la gana? ¿Que te tienen que insultar o aprovecharse de ti por eso? Pues no lo entiendo. Es que no hace falta que sea de noche ni nada. A mí a las cuatro de la tarde me han gritado: ¡Guapa, ven pa' acá! Son comentarios que están totalmente fuera de lugar”, explica Daniela.

Los testimonios de ellas son inagotables. “Cuando salgo con mis amigas siempre hay un tonto que pasa pitando con el coche. Y me da una rabia que no puedo, porque no tiene que venir ningún tonto a decir nada de eso”, cuenta Esther, 16 años. “A mí me ha pasado también, recogiéndome por la noche, que un grupo de chavales se acerque y empiece a decirme cosas. Y no es agradable, porque a mí me dan miedo esas situaciones. Por eso siempre intento que me acompañen o volver rápido a casa para que no me pasen esas cosas”, explica Irys, 16 años.

Preguntado por las palabras de sus compañeras, Kevin también pone el foco en el mismo tema que el otro chico del grupo, su compañero Javi. “Esto se gestiona mal por el tema de las denuncias falsas”, aunque admite que no sabría decir si son muchas o pocas. “La verdad es que no sé los datos, pero sí creo que hay muchas denuncias falsas. Aunque el otro día Javier, el profesor de Patrimonio Cultural y Artístico, nos estuvo explicando los datos de violencia machista y al final me hizo pensar. Es verdad que somos un país con muchos casos de violencia machista, pero si lo gestionáramos mejor a lo mejor podrían cambiar las cosas”.

La última pregunta les descuadra casi tanto como un examen de Filosofía. “¿Creéis que la política sirve para cambiar las cosas que decís que no van bien?”. Todos niegan con la cabeza, solo Laura contesta que sí. “Quiero pensar que sí. Pero es como el que cree en dios, porque en algo hay que creer. Pero vamos a pensar que todavía hay gente que sí que quiere cambiar las cosas y que nos vaya bien”. Entre las lecciones aprendidas en el instituto, Eva recuerda que les han enseñado que también son ellos y ellas quienes tienen algo que decir. “Hasta los profesores nos dicen que aprenden con nosotros, así que lo que tienen que hacer es escucharnos más y darnos más voz”.

Era cuestión de tiempo que las costuras del pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura empezaran a ceder bajo la presión de la carga ideológica. Los dos consejeros de extrema derecha en el Ejecutivo presidido por María Guardiola han rechazado firmar una declaración institucional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que, no obstante, se ha aprobado con motivo del Día Internacional contra la LFTBIfobia este domingo.

Por mucho que desde el PP se insista en restar importancia a esta discrepancia y considerarla incluso “normal”, como hizo la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el pasado martes, lo cierto es que no lo es porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos. No se trata de un simple roce administrativo, es una divergencia de fondo sobre cómo se entiende la igualdad y la protección de las minorías en Extremadura, es asumir que compartes Gobierno con “quienes tiran a una papelera los derechos de las personas LGTBI” y enmascararlo bajo “el respeto a las diferencias ideológicas y las sensibilidades personales”.

Hay que reconocer que la tarea del PP y de Guardiola no es sencilla. Intenta gestionar dos visiones del mundo opuestas y mantener el equilibrio institucional con los derechos LGTBI, cuyo apoyo nadie puede poner en duda en Extremadura, mientras que Vox, desde el mismo Gobierno de la Junta, ha decidido marcar territorio con un discurso que busca desmantelar la especificidad de estas políticas de igualdad. La extrema derecha seguramente necesita agitar la bandera de la batalla cultural para no ser absorbida por la gestión institucional.

El vicepresidente de la Junta y líder regional de la formación ultra, Óscar Fernández Calle, ha recurrido a un argumento tan casposo como engañoso para defender el rechazo de su partido a suscribir una declaración contra la homofobia y a favor de los derechos LGTBI. Fernández Calle sostiene que la Constitución y el Código Penal ya nos defienden a todos. Por supuesto que es así, pero es una media verdad tramposa, un concepto un tanto rancio y una peligrosa simplificación.

Apelar a la igualdad formal para negar políticas específicas es como decir que no hacen falta leyes de violencia de género porque ya existe el delito de lesiones. O sostener que no hacen falta semáforos porque ya existe el derecho a la libre circulación. La protección general que cita el vicepresidente de la Junta de Extremadura ignora deliberadamente la realidad de quienes sufren una discriminación concreta por su orientación o identidad, también en nuestra comunidad. Si fuera suficiente, no asistiríamos a la persistente gravedad de los delitos de odio ni a la exclusión, ya estructural, que todavía sufren muchas personas por el simple hecho de ser quienes son.

Pero es que, además, Fernández Calle se ha referido a los derechos de las personas LGTBI como una cuestión de “tendencia sexual”, un término que la psicología y el derecho internacional ya han superado en favor de la orientación o la identidad. Al recurrir a ese concepto, ha dejado claro que, para Vox, la ley autonómica de protección de homosexuales, transexuales y bisexuales es, en el mejor de los casos, redundante y, en el peor, una imposición ideológica.

Es posible que haya que recordar a Vox que la democracia no consiste solo en no ser agredido, consiste en poder existir con plenitud y visibilidad. Si el PP de María Guardiola permite que su socio vacíe de contenido las leyes de Igualdad bajo el pretexto de que “ya estamos todos protegidos”, la primera gran discrepancia del Gobierno no será una anécdota, sino el principio de un retroceso.

En Extremadura no sobran leyes de igualdad, lo que sobra es usar la Constitución para blindar prejuicios e invisibilizar a quienes todavía hoy caminan con miedo por la calle.

La violencia machista en Extremadura ya no solo se padece; se está volviendo a invisibilizar. La Asociación de Mujeres Malvaluna ha hecho saltar las alarmas con un informe demoledor que dibuja una realidad preocupante: una “percepción social viciada” que ha comenzado a naturalizar el control y la desigualdad. El documento, fruto de una investigación cualitativa en el territorio, advierte de que el cuestionamiento político de los derechos de las mujeres está calando en el tejido social extremeño, despojando a la violencia de su carácter estructural para reducirla, de nuevo, a sucesos aislados.

El estudio no se queda en la superficie. Se sustenta en la experiencia de quienes están en la primera línea: 37 entrevistas en profundidad a responsables políticos y, sobre todo, a las profesionales de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. De las 36 oficinas que vertebran la región, 33 han pasado por el examen de Malvaluna, ofreciendo una radiografía cruda de las carencias del sistema.

El peligro de la “violencia de baja intensidad”

La conclusión más amarga del informe es la pérdida de la visión de conjunto. Malvaluna alerta de que la violencia psicológica, la económica y, especialmente, la violencia digital están siendo absorbidas por la cotidianidad. Esta “normalización” actúa como un anestésico que dificulta la identificación de las agresiones y frena en seco la implicación de la sociedad civil.

La asociación es tajante: no se puede combatir lo que no se reconoce como un problema de poder. El texto denuncia que determinados discursos, que hoy encuentran eco en las instituciones, contribuyen a “desdibujar” la violencia, permitiendo que formas de control a través de las tecnologías (TRIC) crezcan sin una respuesta institucional a la altura.

Un mundo rural desasistido

En una región como la extremeña, donde el código postal determina el acceso a la justicia, el informe pone el foco en la brecha territorial. A pesar de la existencia de la red pública, Malvaluna denuncia que la cercanía real es un espejismo en muchas comarcas. “Es urgente sacar los recursos de los despachos y llevarlos a los rincones más aislados de Extremadura”, señala el documento.

La falta de densidad de población y la pervivencia de estructuras patriarcales más rígidas en los pueblos extremeños exigen, según la asociación, un “giro político” que deje de gestionar la igualdad desde la capital y empiece a pisar el barro del entorno rural.

La “revolución” y el sofá del patriarcado

Uno de los puntos más mordaces del informe llega a través de los testimonios directos de las agentes de igualdad. Una de ellas sintetiza la jerarquía doméstica que aún impera en muchos hogares extremeños con una metáfora que es, a la vez, una bofetada de realidad: “El sofá chachi guay, uno que se pone así para atrás, es de ellos. Entonces, desde ahí difícilmente puedes hacer una revolución. La revolución se hace desde el sofá medio roto”.

Para Malvaluna, esta imagen condensa la resistencia al cambio. Mientras el espacio de confort y poder siga perteneciendo al hombre, cualquier avance será cosmético. Por ello, exigen que la lucha contra la violencia machista sea tratada como un “problema de primer orden político”, exigiendo a la Junta de Extremadura y a los ayuntamientos una coordinación real y no solo fotos de protocolo.

Exigencias frente a la impunidad digital

El informe concluye con una exigencia de actualización urgente. La violencia digital: el acoso, el control de contraseñas, la difusión de imágenes sin consentimiento, requiere una reconceptualización de la intervención. Malvaluna reclama formación específica y mecanismos seguros de denuncia, advirtiendo de que, si las instituciones no se adaptan a la velocidad de la tecnología, estarán dejando a toda una generación de mujeres extremeñas en la más absoluta desprotección.

La advertencia es clara: Extremadura no puede permitirse dar ni un paso atrás en la comprensión feminista de la realidad si no quiere que el “sofá medio roto” acabe por hundirse del todo.

El comité de empresa de FCC parques y jardines de Zaragoza ha informado de que ha presentado una denuncia, ante la Inspección de Trabajo, por “perpetuar en el tiempo el uso compartido de vestuarios para personal masculino y femenino” y por incumplimiento de las medidas y obligaciones recogidas en el Plan de Igualdad vigente, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007.

En junio de 2018, la empresa implanta una “medida provisional” consistente en el “uso compartido de vestuarios para personal masculino y femenino” para facilitar la incorporación de la mujer en la empresa mientras se adaptaban todas sus instalaciones con dobles vestuarios.

Los representantes de los trabajadores han criticado que “ocho años después, los vestuarios siguen siendo compartidos sin que existan obras de mejoras ni adaptaciones para separar los vestuarios, convirtiéndose en una medida perpetua y definitiva, sin que la empresa haya tomado actuaciones para subsanar la situación y habilitar vestuarios separados”.

Además, han aseverado que una medida provisional “no puede convertirse en definitiva sin justificación ni causa objetiva y debería considerarse una medida nula e improcedente”.

Asimismo, el comité de empresa ha incidido en que el Plan de Igualdad de FCC Medio Ambiente vigente describe que en “todos los centros de trabajo se cuente con vestuario y taquillas suficientes por sexo con la finalidad de que no suponga un freno a la incorporación de mujeres en puestos masculinizados” y cuya responsabilidad recae en “el departamento de prevención de riesgos laborales”.

Petición al Ayuntamiento

Tras esta exposición, los representantes de los trabajadores han alertado de que la dirección de FCC en Zaragoza está “incumpliendo” la medida de “contar con vestuarios suficientes por sexo” y “las medidas y obligaciones recogidas en el Plan de Igualdad vigente, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007”.

Se trata de un “grave incumplimiento”, por parte de los directivos de FCC en Zaragoza, que supone una “vulneración” de las obligaciones en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, han descrito desde el comité de empresa.

El incumplimiento de las medidas y obligaciones del plan de igualdad está tipificado como falta muy grave por la normativa laboral vigente, han recordado los trabajadores.

El comité de empresa ha trasladado también al Ayuntamiento estos “graves incumplimientos” de la normativa laboral y de igualdad de trato y ha solicitado la “apertura de un expediente” por incumplimiento de los pliegos de condiciones y de las cláusulas de género de obligado cumplimiento.

El comité de empresa ha dicho que atañe a la adjudicación del nuevo contrato de parques y jardines en Zaragoza y han confiado en que, de una vez por todas, los responsables municipales “obliguen2 a las empresas, como FCC, a ”respetar la legislación y garantizar las medidas y obligaciones en materia de igualdad“.