La quinta edición del Premio Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad ha galardonado a tres municipios de España, los guipuzcoanos Errenteria y Orio y el gallego San Xoán de Ríos. Han sido reconocidos “por su trabajo para construir sociedades más justas mediante la promoción de la diversidad y la inclusión”. Tanto Errenteria como Orio han recibido el premio de oro y de plata, respectivamente, en las categorías “Autoridades locales con menos de 50.000 habitantes” y “Premio específico para la creación de mercados laborales inclusivos para todos”.

El Ayuntamiento de Errenteria ha recibido el premio de oro tras ser seleccionado entre otras doce localidades europeas en el proceso competitivo. A la ceremonia de Bruselas acudieron la alcaldesa Aizpea Otaegi, de EH Bildu, la concejala Itsaso Cruz y la técnica Samira Goddi. Allí se ha reconocido el reciente servicio GÜ Harreragunea, que facilita la inclusión de nuevos vecinos en la localidad, independientemente de su procedencia.

En el ámbito laboral, Errenteria destaca que ha apostado por medidas que van desde la homologación de títulos, para facilitar el acceso a empleos cualificados, hasta la dignificación del trabajo de cuidados. Esto ha incluido mejorar condiciones laborales, acreditar formación y avanzar en la regularización del empleo, subrayan. Ambos méritos han sido destacados por el Ayuntamiento, que ha señalado que el premio “pertenece al conjunto del municipio”, a sus agentes sociales y a quienes sostienen una convivencia basada en la diversidad.

Orio, por su parte, ha sido reconocido con el premio de plata por su estrategia 'Bizitza Askeak Plazer'. Esta ha sido valorada por su enfoque integral hacia colectivos diversos: personas migrantes, mujeres, mayores, personas LGTBIQ+ y personas con discapacidad. Durante el último año, el Ayuntamiento ha impulsado la Casa de Mujeres Saregile Orio, ha fortalecido estructuras como la Mesa de Mujeres y ha reforzado la prevención y atención frente a la violencia de género, se señala.

Con respecto al segundo premio relacionado con el campo laboral, Orio ha adoptado políticas con especial énfasis en las mujeres migrantes dentro de la economía de los cuidados. Su modelo comunitario se basa en la coeducación y en políticas concretas en este ámbito, aspectos que la Comisión Europea ha valorado especialmente, según se ha trasladado.

Desde la Comisión Europea, la vicepresidenta ejecutiva, Roxana Mînzatu, de Rumanía, ha subrayado que “los mercados laborales y los lugares de trabajo inclusivos benefician no solo a los ciudadanos y empresas, sino a toda la sociedad y economía”. Por ello, insiste en que la igualdad no es solo un principio ético, sino también una palanca de prosperidad. En la misma línea, la comisaria Hadja Lahbib, de Bélgica, ha destacado que este premio “reconoce los esfuerzos de las ciudades que lideran la construcción de comunidades inclusivas” y ha apelado a extender estos modelos durante el Mes Europeo de la Diversidad, el próximo mayo.

Aunque hace ya 40 años que el aborto es legal en España, sigue siendo difícil encontrar mujeres que quieran hablar abierta y públicamente sobre su experiencia de interrumpir voluntariamente un embarazo. Sin embargo, es cada vez más frecuente escuchar argumentos beligerantes en contra de este derecho que identifican con la “cultura de la muerte” y se llaman a sí mismos “provida”.

Con Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género en elDiario.es, y autora del ensayo ‘Provida. Un manifiesto a favor del aborto’, resignificamos el término que se han arrogado con mucha eficacia quienes se oponen a un derecho fundamental para que las mujeres puedan desarrollar una vida plena y en igualdad.

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En el año 2017 el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) puso en marcha una iniciativa dirigida a los hombres que ocupan cargos políticos con el fin de fomentar que promuevan la igualdad en su ámbito de influencia y, en particular, fomenten el compromiso personal y colectivo de otros hombres con dicha causa. Para ello, se crearon dos grupos de hombres en política, uno dentro del Gobierno vasco y otro a nivel municipal, en colaboración con EUDEL. Se trataba de espacios de formación, reflexión e intercambio, cuyo objetivo era reforzar la participación e implicación en la igualdad de los hombres que trabajan en la política, en la medida en que son referentes y participan en espacios de toma de decisión.

Ahora, casi una década después, y tras la participación de cerca de 500 hombres en las actividades diseñadas en el programa bautizado como 'Hombres políticos por la iguladad', llevado a cabo por Gizonduz, se ha querido dar un paso más allá con la creación de la 'Red de políticos por la igualdad', una iniciativa para promover la sensibilización, formación y acción a favor de la igualdad.

“Los roles y actitudes que adoptamos los hombres en nuestro día a día, dentro y fuera de casa tienen mucho que ver con la desigualdad. Tenemos los hombres una gran responsabilidad porque tenemos unos privilegios como colectividades y tenemos responsabilidades además añadidas quienes tenemos un cargo político, una responsabilidad pública. Los hombres que tenemos responsabilidades políticas debemos ser especialmente conscientes de todo esto porque tenemos la capacidad de incidir en los espacios de decisión, de crear referentes positivos, referentes de liderazgos igualitarios, compartidos y justos”, ha señalado el lehendakari Imanol Pradales este lunes en la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria’ organizada por Emakunde en Vitoria y en la que se ha anunciado la creación de la red.

Para la ocasión, Pradales ha rescatado unas palabras del lehendakari Juan José Ibarretxe. “Quiero compartir plenamente unas palabras de hace muchos años de quien fuera lehendakari de Euskadi, el lehendakari Ibarretxe, cuando dijo que 'la igualdad real y efectiva debe ser el proyecto político por excelencia'. El contexto global lo exige. Los valores cívicos y la democracia hoy están en riesgo. Cobran cada vez más fuerza modelos de liderazgos autoritarios basados en una masculinidad tóxica. Creo que se entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y para avanzar en una sociedad igualitaria es muy importante contar con representantes políticos concienciados, formados, comprometidos. Solo así plasmaremos este objetivo de país en cada decisión, en cada plan, en cada norma, en cada ley y en cada acción. A partir de hoy damos un paso más. Hoy creamos la red de hombres políticos a favor de la igualdad. Hoy, con esta jornada y con esta iniciativa, ponemos un grano de arena más en la construcción desde la política de una sociedad más justa y más igualitaria”, ha insistido Pradales.

Según han detallado desde Emakunde, la red se plantea como un “espacio discreto y seguro” para el intercambio y la acción a favor de igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista, adaptado a las necesidades de los hombres en política y considerando su diversidad. “Es una de las líneas previstas en la Estrategia Gizonduz 2030, una iniciativa en la que ha habido que trabajar mucho para implicar a los hombres en acciones relacionadas con la igualdad, pero que ha conseguido grandes avances y hoy hay más demanda por parte de los hombres, que hace 19 años, para recibir formación en igualdad”, ha asegurado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Respecto a la formación de la red, cualquier hombre que ocupe un cargo político en una institución pública de la Comunidad Autónoma Vasca podrá adherirse a ella, siempre que muestre su compromiso de impulsar o desarrollar actuaciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Se prevé, al menos, una reunión plenaria al año coordinada por Emakunde, además de actividades de sensibilización, intercambio de experiencias y formación. “Trabajar con hombres en política es fundamental porque son referentes en sus ámbitos y participan en espacios de toma de decisiones. Y más aún en un contexto global de reacción antifeminista y antidemocrática protagonizada por liderazgos masculinos autocráticos”, ha concluido Elgarresta.

Izquierda Unida de Laredo ha valorado como “una tomadura de pelo a la ciudadanía” la reciente presentación pública del I Plan Municipal de Igualdad, “anunciado pomposamente como un proyecto que buscará convertir a la villa en un lugar más justo, inclusivo y avanzado a través de políticas de igualdad reales y efectivas”.

Para la asamblea local de IU “es un insulto a la inteligencia” que tanto el alcalde, Miguel González (PP), como el edil de Igualdad, David Palacios, “anuncien ahora como una novedad un plan que está fechado en 2023 y cuya validez expira en 2027”.

Así, indican desde IU que “a la vista del cronograma contenido en el documento choca sobremanera que, en lugar de estar dando cuenta de los resultados de este Plan, se dediquen ahora a venderlo políticamente como si acabase de aprobarse”.

A IU le parecen “grandilocuentes” las palabras del alcalde cuando afirma que con este proyecto se busca hacer de Laredo “una localidad más justa, inclusiva y avanzada” cuando se trata de un Plan que está limitado estrictamente al personal empleado en el Ayuntamiento sin ninguna trascendencia hacia la sociedad laredana.

“El alcalde ya demostró su interés por la igualdad cuando al montar su gobierno al principio de la legislatura no contempló Igualdad y/o Mujer como una concejalía a delegar y que tuviera entidad propia”, han añadido.

Censuran desde IU que para ser un Plan de Igualdad entre sus responsables no hay paridad, ya que la Comisión de Igualdad está integrada por sólo 2 mujeres frente a 6 hombres, además del hecho de que sean dos hombres -el alcalde y el concejal delegado- quienes acaparen las fotos.

Asimismo, desde IU reclaman saber quién o qué empresa elaboró este Plan, cuál ha sido su coste, qué acciones se han desarrollado anualmente desde su aprobación en 2023 y cuáles han sido los avances obtenidos.

El Ministerio de Igualdad prepara un acto de homenaje a Dolores Vázquez, la mujer condenada injustamente en el año 2000 por el asesinato de Rocío Wanninkhof. La joven de 19 años había sido asesinada el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas (Málaga) y casi un mes después, su cuerpo aparecía desnudo y con varias puñaladas. La investigación se centró en la figura de Dolores Vázquez, expareja de su madre, que fue detenida y condenada sin pruebas. Pasó 17 meses en prisión. El caso dio un vuelco y la inocencia por la que clamó desde el principio quedó demostrada cuando cuatro años más tarde otra joven era asesinada por Toni King, el autor real de la muerte de Rocío.

El linchamiento mediático al que fue sometida Dolores, condenada mucho antes de que lo hiciera la sentencia, es considerado un ejemplo paradigmático de lesbofobia social e institucional. Varias voces han analizado cómo los medios de comunicación se basaron en prejuicios para construir una imagen de Dolores como culpable que influyó en la orientación del jurado popular que la condenó sin pruebas. De hecho, el juicio fue anulado en febrero de 2002 por “falta de motivación” y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetirlo, pero nunca llegó a celebrarse de nuevo.

26 años después de su condena, el Ministerio de Igualdad quiere reconocer institucionalmente el daño que vivió y por eso celebrará un acto “simbólico” de reparación el próximo 27 de abril en su sede en Madrid, según confirman fuentes del mismo. Durante el evento, que contará con la intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio entregará a Dolores Vázquez la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. Según apuntan fuentes del departamento, también se ha invitado a otros ministros como Félix Bolaños, de Justicia, sin que aún haya recibido confirmación. El año pasado, en un homenaje en Betanzos (Galicia), su pueblo natal, Vázquez reclamó una petición de perdón por parte del Gobierno.

La construcción de la asesina

Dolores Vázquez fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y entró en prisión preventiva tras una investigación en la que casi desde el inicio tanto la Guardia Civil como la familia de Rocío Wanninkhof apuntaron a que el culpable era alguien conocido y del entorno de la víctima. Desde entonces, mediática y socialmente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada desvirtuando para eso todo tipo de elementos, desde su supuesta personalidad a su físico, dibujándola como una mujer fría, calculadora y vengativa.

El hecho de que Dolores Vázquez fuera lesbiana y hubiera tenido una relación con la madre de Rocío, Alicia Hornos, tuvo un papel clave en el caso, según han estudiado voces como la de la activista feminista y escritora Beatriz Gimeno, que analizó profundamente esta variable en La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). En el libro, Gimeno hace un repaso por el tratamiento del caso y apunta a que Dolores Vázquez fue acusada, procesada y condenada por su orientación sexual “y nada de lo que sucedió hubiera podido suceder de la misma manera de haber sido heterosexual”.

El retrato de una mujer amenazante y masculinizada, con una gran fuerza –la suficiente para poder ella sola haber trasladado el cadáver de Rocío–, de carácter “frío” y “varonil” e incluso “dominador” llenó horas de televisión y páginas de periódicos con base en falsedades y exageraciones. Todo ello sirvió para convencer a la opinión pública, conmocionada por el caso, de que era culpable solo por “no encajar en los roles sexuales normativos” asociados a las mujeres, según ha escrito Gimeno. El móvil inventado para señalar a Dolores fue el de una mujer que se vengaba de la hija de su expareja por supuestamente considerarla el motivo de la ruptura con Alicia Hornos.

La familia de Rocío también sostuvo esta versión y con este convencimiento generalizado y erróneo, el juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el 3 de septiembre de 2001. Sin pruebas y una acusación fiscal centrada en desacreditar personalmente a la mujer, un jurado popular que no fue unánime –dos personas votaron por su absolución–, la condenó a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas. Ella siempre negó los hechos e insistió una y otra vez en que el único momento en que salió de casa aquella noche fue para comprar tabaco y tirar la basura.

La anulación de la condena

No hubo ninguna prueba física ni rastro de ADN ni testimonio que situara a Dolores Vázquez en la escena del crimen, pero una suma de supuestos indicios –entre ellos, su caracterización como una mujer celosa y violenta– sirvieron para condenarla. Su defensa recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio apuntando a que el fallo “no plasmó las bases lógicas para construir la conclusión inculpatoria” hasta el punto de que las explicaciones incluidas “no cumplen la exigencia con respecto a la prueba de los hechos”.

La sentencia determinó que el jurado popular condenó a la mujer sin explicar suficientemente su motivación, sin detallar “debidamente” los elementos que había tenido en cuenta. Frente a eso, el fallo afea al juez que debía haber devuelto el acta del veredicto al jurado y, de no hacerlo, estaba obligado él mismo a argumentar la condena que firmó, cosa que no hizo incurriendo en un “incumplimiento legal” de su exigencia. El tribunal insistió también en que la condena no fue producto de pruebas directas, sino de “inferencias o indicios” que “ni siquiera podemos conocer” porque no se reseñaron “debidamente”.

Dolores salió de la cárcel a la espera de un nuevo juicio, pero en este tiempo, Tony Alexander King asesinó a Sonia Carabantes. Su ADN estaba presente en las uñas de la joven y también en un cigarrillo encontrado junto al cuerpo de Rocío Wanninkhof. El británico fue condenado a 35 años de cárcel por el asesinato de Carabantes y a 20 por el de Wanninkhof. Dolores Vázquez había estado 519 días en la cárcel por error judicial. Después de lo ocurrido y ya en libertad, se fue a vivir fuera de España.

Un proyecto pionero a nivel nacional puesto en marcha entre la Delegación del Gobierno en Cantabria y la Consejería de Educación contempla dotar a todos los centros educativos de la región de un punto violeta para ofrecer información y apoyo al alumnado contra la violencia machista.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha presentado este martes el proyecto piloto que arrancará en ocho institutos de Cantabria y en la Escuela Oficial de Idiomas, junto a la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones, quien ha subrayado que actualmente hay 10 menores cántabras registradas en el sistema VioGén de protección de víctimas de violencia machista.

Antes de participar en una jornada formativa con representantes de los centros educativos, Casares ha explicado a los periodistas que el objetivo es alcanzar de lleno a la juventud de Cantabria “donde empiezan a formarse las identidades de los hombres y de las mujeres del mañana, para concienciar e informar sobre la violencia machista y ofrecer un espacio seguro”.

La propuesta, ha detallado, nace en ocho institutos de Santander, Torrelavega, Reinosa, Santoña, Cabezón de la Sal, Camargo y también en la Escuela Oficial de Idiomas.

“La idea es empezar hoy la puesta en marcha de ese proyecto piloto que es pionero en toda España. Es la primera vez que la Delegación del Gobierno y la Consejería de Educación, de forma estructurada, se plantean llevar a todos los centros educativos de la comunidad autónoma la extensión de la red de puntos violeta”, ha apuntado Casares.

La jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno ha recordado que las chicas más jóvenes “minimizan en muchas ocasiones lo que les está pasando y no quieren identificarse como víctimas”.

Y ha subrayado que en los puntos violeta van a encontrar un entorno seguro con personal preparado, formado y especializado para derivar situaciones de violencia con ellas a los fuerzas y cuerpos de seguridad o para que reciban apoyo psicológico en centros de atención a la mujer.

“Lo que pretendemos es que no les falten herramientas, mecanismos y recursos a la comunidad educativa para identificar situaciones y, sobre todo, para derivarlas a fuerzas y cuerpos de seguridad”, ha ahondado Diana Mirones.

1.600 cántabras en VioGén

Mirones ha incidido en la coordinación institucional para acabar con la violencia machista y ha recordado que actualmente en Cantabria hay 1.600 mujeres registradas en el sistema VioGén, aunque ha advertido de que “son muchísimas más” las que están sufriendo esa situación, entre ellas muchas menores de edad.

Con este proyecto, ha añadido, lo que se pretende es colaborar con la comunidad educativa para que puedan detectar, ayudar y colaborar en la protección de las menores.

“Estamos aquí para ellas. Hoy es el ejemplo claro de que estamos unidos y unidas las diferentes instituciones y administraciones para y por las mujeres y las chicas de Cantabria para que no tengan miedo de comunicar estas situaciones a la comunidad educativa”, ha resumido Mirones.

Mientras España estrenaba Constitución, prometía derechos y libertades dejando atrás una larga dictadura de cuatro décadas y respiraba una atmósfera efervescente y liberadora, Loli Gómez Benito pisaba por primera vez los fríos suelos del centro conocido como Peñagrande, en el que viviría hasta 1983 junto a otras jóvenes madres o embarazadas. Tenía 15 años y allí daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones continuadas de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, la institución que desde 1941 encerró en centros regentados por religiosas a las chicas consideradas 'inmorales' y que no detendría su actividad ni con la muerte de Franco.

Diez años más tuvieron que pasar desde el 20 de noviembre de 1975 para que estos reformatorios, de los que hasta hace poco apenas se hablaba, cerraran definitivamente. “Fue entrar en un infierno, en un mundo diferente. Para mí fue como si me hubieran metido en una película. No entendía por qué estaba allí”, cuenta Loli, que recuerda las “largas jornadas de trabajo” en los talleres a las que estaban obligadas, incluso estando embarazadas o habiendo dado a luz pocos días antes. “Yo no tenía ideas políticas en ese momento, pero el contraste con lo que había fuera era grandísimo”, añade.

Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios vinculados al Patronato y que se ha dedicado a investigarlo y a unir a las víctimas, estaba dentro de uno de los centros en Madrid gestionado por las Adoratrices cuando murió el dictador. “Nada cambió para nosotras”, dice recordando que aquel día las internas no trabajaron y se dedicaron “al luto y la oración”. Salió un año después, con 17, y prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido: “Yo estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes. De hecho, hasta hice la maleta”, cuenta.

Pero no fue así y la larga trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer se alargó hasta 1985, cuando ya gobernaba el socialista Felipe González. El organismo dependía del Ministerio de Justicia y durante el franquismo tenía la misión de fomentar la “dignificación moral de la mujer” en virtud de las normas del régimen, atravesadas por la religión católica. En la práctica, esto suponía que jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos férreos mandatos –las llamadas “caídas o en riesgo de caer”–, podían acabar en uno de sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, sus vecinos o sus propias familias.

Disolución “por la puerta de atrás”

Su fin definitivo llegó con el Real Decreto del 1 de agosto que hacía efectiva la supresión presupuestaria de varios organismos decidida un año antes. Un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas acabó precipitando” la caída de la institución, según explica la historiadora y autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica) Carmen Guillén, que describe un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin que su desaparición “suscitara un debate político ni revisión pública” como si ocurriría con otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante más de 40 años perduró en su cierre.

Las presiones a las que se refiere la historiadora, autora de la primera tesis sobre el Patronato, tuvo uno de sus momentos más visibles en septiembre de 1983, cuando la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid), gestionado por las Cruzadas Evangélicas. Según publicaron los medios, la joven murió al caer de un tercer piso tras intentar fugarse del centro con una “liana de sábanas” atada a la ventana. No era la primera vez que intentaba irse y lo había conseguido hacía poco, pero unos días antes de su fallecimiento fue devuelta tras ser detenida por “presuntamente ejercer la prostitución”.

Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande en la que estaba Loli cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Había pequeños pasos que ya estaban dándose hacia el fin del Patronato, del que los medios de comunicación locales y El País a nivel nacional habían comenzado a hablar. Ejemplo paradigmático fue un artículo publicado en la revista Vindicación Feminista en 1977 en el que la abogada Magda Oranich relata el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona, al que logró entrar.

Se entrevistó con una de las religiosas “madres” que lo dirigían, que llegó a decirle: “Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock”. Según explica Guillén en su libro, el artículo era “tan contundente” que las autoridades “intentaron impedir su difusión” mediante una “orden de secuestro” que no prosperó. A través del propio boletín del Patronato, dirigido solo a sus miembros, el organismo intentó defenderse y acusó al texto de “saña, mal estilo y aviesa intención”, según consta en el número 103 del boletín que la historiadora cita en su investigación.

Otro testimonio, esta vez desde dentro del propio organismo, apunta en la misma dirección que las denuncias acumuladas en esos años. Se trata de la carta que una visitadora social contratada por la propia institución escribe a la Junta Provincial de Barcelona en 1978 y que es parte del archivo personal que Consuelo García del Cid ha reunido tras años de investigación. En ella, la trabajadora asegura haber tenido “esperanzas” de que la democratización del país llegara también al Patronato, pero “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”, reconoció. 123 centros estaban activos ese año, formando una especie de “burbuja franquista” en medio de la Transición y los primeros años de la democracia, como lo define Guillén.

“No se sabía lo que nos hacían”

Aunque el régimen revivió la institución en 1941, esta ya existía antes: era heredera del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas creado en 1902 y vinculado a la lucha contra la explotación sexual. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo, pero se disolvió a los pocos años. De fondo y en sus fines sobre el papel, siempre se mantuvo el supuesto objetivo de la abolición de la prostitución y este elemento estuvo también presente en la dictadura, que hablaba de la “regeneración moral de las mujeres prostituidas”, pero en la práctica sirvió de aparato de control social generalizado hacia la población femenina.

El hecho de que fuera un organismo tan longevo, que su represión se dirigiera específicamente a mujeres y que sus centros fueran dirigidos por congregaciones religiosas que existían antes de la dictadura –y muchas aún hoy– son algunos de los factores que Guillén conecta con su tardía desaparición. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco. No se percibió como un exceso del franquismo y en parte eso tuvo que ver con lo perfectamente instaladas que estaban las congregaciones en la sociedad y con que se daba por hecho que lo que hacían era positivo”.

“Yo creo que no importábamos ni molestábamos. Nadie sabía lo que nos hacían ahí dentro”, explica Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. La mujer, que hoy tiene 58 años, entró con sus dos hermanas y lo primero que hicieron las monjas fue separarlas. Aún recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas” para intentar que no se hiciera pis en la cama. “El día lo dedicábamos a rezar y a limpiar y a la hora de la merienda salíamos un poco al patio. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello. Lo he entendido muchos años después”, reconoce.

Políticamente, hubo algún movimiento encaminado a su disolución tras 1975. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró en enero de 1978 a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato con el objetivo de “marcar un cambio de rumbo y, de hecho, llegó a presentar un anteproyecto de ley para modernizar la institución, pero no llegó a ver la luz definitiva. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo registró en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que ”no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad“, decía. En 1982, el mismo año que el PSOE llegó a la Moncloa, el grupo socialista volvió a pedir explicaciones.

Tuvieron que pasar algunos años más para que cerrara, después de haber transferido las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y se decidiera eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia para tal fin. Algunos de los centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas que entonces. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, explica Guillén.

Las órdenes religiosas organizaron un acto hace menos de un año en Madrid para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron por cómo se había llevado el proceso. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Vox y PP 'borran' la intervención de la consellera que dijo en las Corts Valencianes que el Gobierno está “lleno de prostitutas”. La Mesa de las Corts, presidida por la ultraderecha, impide que se debata la reprobación a la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad, Susana Camarero, planteada por el PSPV en el órgano de la Cámara, suspendiendo el proceso de tramitación.

La alianza de la derecha y la ultraderecha protegen a la titular de Igualdad, que emitió una corrección de inmediato y apuntó que se debía a un “lapsus”, de tener que volver a debatir sobre el contenido de una intervención que generó un gran malestar, una batería de críticas y una oleada de peticiones de dimisión.

Según el acuerdo de la Mesa, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la presidencia considera que como se acordó retirar las palabras del diario de sesiones, a petición de la vicepresidenta, no tiene sentido hacer una reprobación sobre las mismas. “Dado que la frase literal en la cual se fundamenta la proposición no de ley ha sido retirada del Diario de Sesiones, la Mesa entiende que la iniciativa ha perdido su objeto”, apunta el Parlamento autonómico. No suele ser habitual que el órgano de gobierno entre a valorar el contenido de las iniciativas que se debaten y que vete su tramitación, salvo que sean “evidentemente” inconstitucionales, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Además, la retirada del diario de sesiones no implica un borrado de la intervención, sino añadir una aclaración en la que se explica la solicitud, y se incorporan unos corchetes a la frase.

La dirigente popular tuvo un “lapsus” en un pleno de las Corts, en el que dijo: “Métanse con lo que hace el presidente, no con la pareja del presidente. Son unos machistas de libro. Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”, unas palabras que enseguida le afearon desde el hemiciclo y sobre las que se disculpó.

En la misma mañana, Camarero lo enmarcó como un error el fervor del debate y remitió un comunicado en el que aclaraba lo que realmente quería decir: “Venía a explicar lo que es obvio, que ha existido corrupción, abusos en el seno del PSOE y que el Gobierno del Partido Socialista ha pagado prostitución con dinero público, algo que sabe toda España y que, además, está judicializado”, en referencia al 'caso Ábalos', y denunció que la intervención se había descontextualizado. Precisamente la actual vicepresidenta fue impulsora del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2016 desde el Gobierno central, y recalcó en el comunicado: “Yo nunca insultaré a ninguna ministra ni a ninguna mujer por el hecho de ser mujer, sea del partido que sea. Yo defiendo la igualdad con todas sus consecuencias, yo defiendo a las mujeres y defiendo esa igualdad de oportunidades por encima de todo”.

La catedrática de Estadística Rosa Crujeiras ha tomado posesión como rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y ha asumido el cargo como una “responsabilidad histórica” al ser la primer mujer que lo ocupa en más de 500 años de historia. Este hito se extiende a toda Galicia, donde ninguna otra hasta ahora había estado al mundo de ninguna de las tres universidades.

El ahora exrector, Antonio López, ha cedido el bastón de mando en un acto institucional presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha tenido lugar este viernes en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca y que ha reunido a numerosas autoridades del entorno político y académico, según recoge Europa Press.

En su discurso, Crujeiras ha llamado a impulsar “una transformación profunda, serena y consciente” de la institución, en la que “revise inercias” y “repiense prioridades”. Igualmente, ha instado a que esta no sea “ajena” a las “vidas de su comunidad” y al “tiempo” en el que está, ni a los “conflictos, desigualdades y fracturas” del mundo.

De esta forma, la nueva rectora ha reivindicado el “espacio, tiempo y voz” de la universidad y también de las mujeres, con las que ha asumido el “compromiso” de trabajar para que no se encuentren techos de cristal y que el trabajo universitario no implique “renuncias” para ellas.

“Para mí, esta es, también, una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino antes que nosotras, en condiciones siempre más adversas sosteniendo la enseñanza, la investigación y la vida universitaria desde posiciones subordinadas”, ha expresado.

Crujeiras ha situado como un “principio irrenunciable” la defensa del feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos. También ha pedido a la comunidad universitaria una “voz de valores”, que se traduzca en “acciones frente a problemas sociales”, como la “emergencia social” de la vivienda, la salud mental y la violencia machista.

En su reivindicación de la “voz” universitaria, ha ocupado un lugar central la lengua gallega, que defiende que “no limita la vocación universal” de la institución. Otro compromiso asumido por Crujeiras de cara a su mandato es con la “cooperación activa” en el marco del Sistema Universitario de Galicia (SUG) y con la Xunta de Galicia para, así, “reforzar el papel” de la USC.

“Hija de la enseñanza pública”

La centralidad de atender las necesidades “de quien da vida” a las aulas ha atravesado toda la intervención de la nueva rectora: “La universidad pública no puede ser ajena a lo que sucede en las vidas de su comunidad, ni al contexto social y geopolítico en la que estas se desarrollan, pues es en este marco donde también se construye la ciudadanía y se proyectan las trayectorias personales y colectivas”.

Así, Crujeiras ha reiterado su reivindicación como “hija de la de la enseñanza pública”, desde la escuela rural de Artes, la parroquia de Ribeira en la que nació, hasta la misma USC. Para ella, su “sentido más profundo” es el de “garantizar la igualdad de oportunidades” y posibilitar que todo el mundo pueda desarrollar su potencial “con independencia de su origen”.

Además, ha dicho contar con la “certeza” de que contará en su tarea con “toda una comunidad universitaria” a su lado, que está a llamada a crear “un espacio compartido” y que sea ejemplo de “acogida, inclusión, igualdad y respeto”.

El “adiós” de Antonio López

Este acto también ha sido el “adiós” definitivo de Antonio López al cargo, que ha ejercido durante ocho años. Aunque “con sentimientos diferentes” a su toma de posesión, este traspaso de poderes ha sido uno de los momentos “más felices” que recuerda en su trayectoria por la “satisfacción del deber cumplido” y una “infinita gratitud”.

Con estas palabras, ha recibido como un “honor” traspasarle el bastón y la medalla “como símbolos del gobierno universitaria” a Rosa Crujeiras. “Será la centésima septuagésima tercera [173ª]. No está mal un número primo para una matemática”, ha bromeado.

Igual que Crujeiras, ha recordado al resto de candidatas al puesto (Maite Flores, Alba Nogueira y María José López Couso), que, desde el inicio de la campaña, estaba llamado a ser ocupado por una mujer. En este sentido, ha esperado en que, a partir de este nombramiento, este hecho deje de ser “noticia” y “la presencia de las mujeres se convierta en algo natural también en el máximo nivel de gobierno de la institución”.

Rueda pide “esfuerzos conjuntos”

Por su parte, Alfonso Rueda, que se encargó de cerrar el acto, agradeció los “esfuerzos” realizados a López, al que perfiló como un “negociador existente”, pero “con mucha lealtad”. De esta manera, ha reclamado “esfuerzos conjuntos” al futuro equipo de gobierno para afrontar los próximos retos.

Entre ellos, ha mencionado concretamente la cuestión de la vivienda; el mapa de titulaciones —“que requiere altura de miras”, según Rueda— y la excelencia. “Todos queremos lo mismo, que a la universidad le vaya bien”, ha asegurado.

Eurocaja Rural ha suscrito su IV Plan de Igualdad, un acuerdo negociado y rubricado por la Comisión Negociadora en representación de la entidad y de la parte social, con el objetivo de consolidar las políticas de igualdad implantadas durante los últimos años, reforzar la prevención de cualquier forma de discriminación y seguir avanzando hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Las integrantes de la Comisión Negociadora han suscrito el acuerdo que será aplicable a todas las personas trabajadoras y centros de trabajo que Eurocaja Rural tiene en la actualidad o pudiera tener en el futuro. Los objetivos del Plan aprobado, que tendrá vigencia hasta el año 2030, se desarrollan en 10 áreas de actuación, integradas por un total de 45 medidas dirigidas a garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad efectiva en el ámbito empresarial, conciliación, política retributiva, oportunidades laborales o prevención del acoso por razón de sexo, entre otras.

Eurocaja Rural asume la igualdad de oportunidades como un eje estratégico de su Política de Recursos Humanos y de su cultura corporativa, en coherencia con los valores de respeto, mérito y capacidad, fomentando la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El IV Plan de Igualdad suscrito tendrá una vigencia de 4 años (hasta el día 31 de marzo de 2030), y resultará aplicable a todas las personas trabajadoras y centros de trabajo que Eurocaja Rural tiene en la actualidad o pudiera tener en el futuro. Actualmente, la entidad financiera presta sus servicios en 11 comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria, Andalucía, Extremadura y Asturias.

El nuevo compromiso adquirido por la Entidad a través del IV Plan de Igualdad se extiende a todos los ámbitos de la organización en los que se desarrolla la actividad y, en particular, a los procesos de selección y contratación; la clasificación profesional; la promoción y el desarrollo profesional; la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo; la formación; la política retributiva; las condiciones de trabajo y empleo; la salud laboral; o las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre muchas otras.

Objetivos generales del IV Plan de Igualdad

El Plan se articula a través de 10 objetivos generales: procesos de selección y contratación; clasificación profesional, promoción y desarrollo profesional; formación; conciliación y corresponsabilidad; comunicación; e infrarrepresentación femenina.

Puestos de responsabilidad; Igualdad retributiva; Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y violencias sexuales; Protección a víctimas de violencia de género; e Igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, integrados por un total de 45 medidas.

Este IV Plan de Igualdad supone un avance respecto de la situación existente e incorpora medidas, indicadores y sistemas de seguimiento y evaluación orientados a garantizar su correcta aplicación y eficacia. Todo ello con la finalidad de continuar progresando en la consecución de la igualdad real y efectiva en el ámbito de la Entidad y, por extensión, contribuir al avance social en materia de igualdad.

15 años de implantación desde el I Plan de Igualdad

Desde el año 2011, Eurocaja Rural ha venido aplicando un Plan de Igualdad con la finalidad no solo de dar cumplimiento a las disposiciones legales, sino también de “ser consecuentes con su filosofía y su compromiso empresarial y social, porque reducir desigualdades es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa”.

El diagnóstico y la auditoría retributiva del IV Plan de Igualdad evidencian una “evolución sólida” en la entidad: equilibro en la plantilla (51% mujeres y 49% hombres), empleo estable (96% indefinido a tiempo completo), apuesta por talento joven (más del 60% de las contrataciones 2024-2025 en tramo de edad 20-30 años) y una inversión sostenida en capacitación (más de 360.000 horas de formación en 2023-2025).

A ello se suma un amplio catálogo de medidas de conciliación y apoyo, accesible a la plantilla según requisitos, que incluye, entre otras, ayudas económicas, permisos ampliados, horarios especiales, apoyos educativos y actividades familiares, así como mejoras en determinadas condiciones financieras. En clave de liderazgo, desde el I Plan de Igualdad, las mujeres han pasado a ocupar 158 puestos de responsabilidad; de las 271 promociones en el periodo, el 58,30% corresponde a mujeres.

Prueba del “éxito” de esta política promovida por Eurocaja Rural, significar la consecución del Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial otorgado a la Entidad por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2015, distintivo que se ha venido prorrogando de forma bianual, certificando así “el mérito de aquellas empresas especialmente comprometidas y destacadas por su avance en el cumplimiento efectivo de tales principios a través del acuerdo de los planes de igualdad con sus interlocutores sociales”.

Bajo el lema 'Miradas feministas: investigación y docencia hacia un futuro inclusivo', más de 200 investigadoras compartirán sus trabajos y los resultados de sus últimas investigaciones en el XIV Congreso Internacional de Estudios de las Mujeres que desde este miércoles y hasta el viernes 10 de abril se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria (BCC).

Organizado por la Universidad de Cantabria, la Sociedad Menéndez Pelayo y la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), este encuentro bienal se ha consolidado como un espacio fundamental para la generación de conocimiento científico con perspectiva de género.

Por primera vez, el programa del Congreso se centra en la docencia. Desde la organización se pretende que la cita sea un lugar seguro para el debate y la reflexión en torno a las formas de enseñanza y un encuentro en el que repensar cómo incorporar las investigaciones feministas a los programas y proyectos didácticos. Una necesidad que surge tras analizar la realidad de las aulas, donde, según consideran, la ausencia de intelectuales y escritoras en los manuales de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y en los currículos universitarios sigue siendo imperante.

Durante los tres días de celebración se abordarán temas como el desarrollo de metodologías inclusivas (feministas, queer y crip) en las aulas, literatura y lingüística para la igualdad, la creación de materiales didácticos con perspectiva de género, la adaptación de propuestas educativas para el alumnado con diversidad funcional o la inclusión en el currículo educativo de figuras que se encuentran fuera de canon.

Además, a través de los distintos trabajos que se presentan al congreso se explorará la vida y obra de mujeres que fueron fundamentales en el desarrollo del pensamiento intelectual y cultural del siglo XX como las escritora, traductora y periodista cántabra Consuelo Berges, la novelista María Lejárraga, la directora de cine Virginie Despentes o la filósofa Mary Hesse, por citar algunos ejemplos.

El Gobierno avanza en su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. Después de haber aprobado el pasado octubre el anteproyecto para reformar la Constitución, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la ley en segunda vuelta con una redacción diferente tras los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. El Ejecutivo envía así el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna con este objetivo.

En términos generales el Consejo de Estado avaló el proyecto, pero planteó una redacción distinta a la que propuso el Gobierno, que ha sido incorporada en el nuevo texto. Así, el redactado inicial era: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Finalmente, el proyecto aprobado por los ministros elimina la primera parte del texto, es decir, el reconocimiento expreso del derecho al aborto y deja la segunda parte casi igual: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de esta forma se incluye en la Constitución “la vertiente prestacional del derecho” al aborto, que “queda reforzado” con la “obligación indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”. “La dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera basica de servicios, es lo que está en riesgo”, ha apuntado la titular de Igualdad haciendo referencia a los datos que señalan que casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%.

La situación “genera una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda en torno a sus derechos dependiendo donde residan”, ha lamentado Redondo, que ha señalado que “no hay una diferencia sustancial de contenido” entre la primera versión y la actual: “Lo que se pretende es el blindaje del aborto en su dimensión prestacional porque no está garantizado en la sanidad pública”.

La ministra ha explicado que el Consejo de Estado “ha validado” la reforma y ha estipulado que el blindaje “cabe” en la dimensión prestacional del derecho al aborto, es decir, en su dimensión “objetiva” porque “la subjetiva”, la que tiene que ver con el derecho individual de las mujeres, “ya está conectada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” que reconoce la Constitución, según estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 ante el recurso del PP.

Entre las razones para aprobar el proyecto se encuentra el auge reaccionario que “ha puesto en la diana” los derechos sexuales y reproductivos “a nivel global y también en nuestro país”. De hecho, la idea de incluir el aborto en la Constitución surgió el pasado octubre y fue anunciada por Pedro Sánchez en medio de la ofensiva antiabortista enarbolada por PP y Vox, especialmente en Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida votó a favor de obligar a las mujeres a ser informadas del falso síndrome posaborto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negaba a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que finalmente la Justicia le ha obligado a crear.

El Gobierno marca así perfil político con un tema que goza de respaldo social y que tensiona y divide a las derechas. Y así lo ha reconocido Redondo, que ha esgrimido como motivo el hecho de que “la inmensa mayoría de la sociedad, en torno al 70 u 80%, es favorable a este derecho”.

Un añadido en el artículo 43

La fórmula escogida para incorporar el aborto a la Constitución es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica” de la Constitución. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida.

Esta vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil pero aún así requiere mayorías amplias que serán difíciles de lograr sin el apoyo del PP, que anunció hace meses su oposición a la medida, al tiempo que también entre los socios habituales del Gobierno hubo voces que mostraron sus dudas. La reforma requerirá un mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, en caso de desacuerdo, debería crearse una comisión mixta entre el Congreso y el Senado que propondría un nuevo texto para ser sometido a nueva votación. Si no se logran los apoyos, se podría aprobar por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, que está actualmente controlada por los populares.

Consciente de que será una tramitación parlamentaria “compleja”, Redondo ha llamado “al diálogo” para lograr los apoyos necesarios. “Hablaremos con el PP y con las distintas comunidades para buscar el mayor consenso posible porque la ciudadanía así lo requiere”, ha dicho apelando al acuerdo –con la única excepción de Vox– que sirvió para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El PP no es ajeno a la mayoría de este país, tienen en sus filas mujeres que habrán pasado por la interrupción voluntaria del embarazo. El PP tiene que valorar si se debe a una idea o a sus propias mujeres y votantes”.

En septiembre de 2019 escribí en este espacio una columna titulada “No hay tercera vía contra la discriminación”, en alusión a la situación generada en torno a los “Alardes” de Irún y Hondarribia, que ahora recordaré. 

No pensaba tener que volver al tema y, menos aún, que hechos parecidos se fueran a repetir en otros lugares. Y, si bien no es la única ni será, desafortunadamente, la última vez, lo ocurrido en Sagunto merece seguir reflexionando sobre el largo y demasiado lento viaje hacia la plena y efectiva igualdad de hombres y mujeres. No quiero, en modo alguno, orillar los grandes avances logrados en todos los terrenos, pero tampoco puede obviarse que sigue habiendo déficits importantes.

Un viaje hacia la plena igualdad que pasa, desde luego, por Irún y Hondarribia y también por otras localidades y acontecimientos festivos. Pero, si resalto estas dos, es por su relevancia, su largo, intenso e incesante recorrido y porque me resultan muy cercanas en muchos sentidos. 

Pues bien, en dichas localidades guipuzcoanas, como la mayoría ya conoce, se celebran desde 1522 y 1638, respectivamente, unos desfiles de armas – Alardes – conmemorando, en esencia, sendas victorias o algo similar sobre las tropas francesas en los días, también respectivamente, de 30 de junio – San Marcial – y 8 de septiembre – Virgen de Guadalupe -. Desde aquellas lejanas fechas los Alardes se habían celebrado con la exclusiva participación de hombres en todos los papeles, excepción hecha de la cantinera de cada compañía participante. 

Sin embargo, desde hace años, muchas mujeres y hombres han querido tomar parte en estos Alardes en pie de igualdad, sin que ello haya sido posible todavía hoy de manera normalizada. Ya en 1996 unas pocas mujeres intentaron participar como soldados en ambas localidades, siendo un momento determinante para ellas y para el resto de mujeres y hombres que las apoyaron y también para el resto de la ciudadanía y para la propia celebración. 

No ha sido un esfuerzo gratuito, sino que, aunque no resulte fácil de comprender, estas mujeres y otras personas que las apoyaron se vieron sometidas a un sufrimiento tremendo que ha impactado duramente en sus vidas y en las de sus entornos más cercanos.

Y también en ambas localidades ha habido clamorosos y dolorosos silencios, además de respuestas varias en todos los espacios posibles, incluidos los Tribunales y poderes públicos concernidos. De un lado, se admitió judicialmente, en decisión difícil de entender, la celebración de actos o Alardes “privados”, entendiéndose que no generaban discriminación. De otro, muchas personas y grupos seguimos defendiendo que, como ordena la Constitución, corresponde a los poderes públicos – y en este caso, añado, muy particularmente, a los Ayuntamientos – promover la igualdad real y efectiva y remover los obstáculos que la dificultan. 

Pues bien, resultado de ello es que aún hoy coexisten dos Alardes con base en fórmulas jurídicas distintas: el “”tradicional“, en el que las mujeres solo intervienen como cantineras, impidiéndoseles otro papel - absolutamente discriminatorio, por tanto – y el ”mixto“ o auténticamente igualitario, en el que mujeres y hombres participan en igualdad y libertad. Algo que genera una inmensa perplejidad, pues, en mi opinión, ello contraviene la propia Ley de Igualdad de Euskadi, que prohíbe expresamente la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

¿Y qué han hecho los poderes públicos al respecto durante estos años?. 

De un lado, es cierto que el Gobierno Vasco, a través de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer –, y el Parlamento Vasco, a través del Ararteko o Defensor del Pueblo, apoyan incluso presencialmente el desfile igualitario. Pero se puede también afirmar que, al mismo tiempo, falta una intervención clara y decidida – decididamente visual - de ambas instituciones, en defensa enérgica e indubitada de la Ley de Igualdad. 

Los Ayuntamientos, por su parte, durante demasiado tiempo se han resistido a cualquier avance. En Irún se viene solicitando la organización de un “Alarde Municipal”, como se había hecho durante cientos de años, hasta que se produjo este absurdo e injusto conflicto. Una petición que no ha tenido respuesta positiva, a lo que se añade la inmensa e imborrable vergüenza de que desde 1996, no haya sido sino en 2023 cuando quien ha sido Alcalde desde 2002 – José Antonio Santano, del PSE-EE, hoy Secretario de Estado de Transportes – haya recibido al Alarde igualitario, siendo así que siempre había recibido, sin ningún rubor y con total desparpajo, al Alarde discriminatorio. 

En Hondarribia la situación ha sido similar – Alcaldía del PNV hasta 2023 -, y, por el momento, tampoco ha cambiado sustancialmente desde esta fecha con el nuevo Ayuntamiento, lo que ha generado una cierta “decepción” en la consideración de la Compañía Jaizkibel – la compañía mixta -, si bien ha habido una mayor consideración oficial hacia esta Compañía.

Y, entretanto, la discriminación sigue desfilando y haciéndose presente e hiriendo cada año, en una especie de inasumible tercera vía, cual es la de que cada cual disfrute de la fiesta como lo desee, incluso si ese disfrute es claramente discriminatorio. 

Un último y muy reciente acontecimiento merece ser resaltado, por su novedad. El pasado 26 de marzo el Ayuntamiento de Hondarribia aprobó su II Plan de Igualdad, en el que el Alarde es abordado en dos líneas: avanzar para la resolución del conflicto – ¡qué menos! - y, lo que, en mi opinión, tiene un gran interés, “analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario”. A destacar que este Plan recibió el voto en contra del PSE-EE y del PNV. Ya ven que aún estamos así – así de mal, quiero decir -.

Y ahora, ustedes se preguntarán, y con toda la razón, ¿qué hay de lo de Sagunto? ¿Qué hay de esa decisión de la Cofradía de la Purísima Sangre de rechazar la participación de las mujeres en la procesión de la Semana Santa, apelando, una vez más, a la “tradición”?

Pues, sobre lo que ocurre en Sagunto, desconozco los detalles, más allá de lo leído. Pero, miren, borren de esta columna los términos de Irún, Hondarribia y Alardes y dejen el resto, pues sirve prácticamente en su integridad. Con una diferencia relevante: la Ministra de Igualdad ha anunciado que llevará el tema a la Fiscalía y que podría privar a la Semana Santa de Sagunto de su calificación de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una decisión – esperemos que así termine siéndolo – cabal y necesaria que, lamentablemente, y de manera inexplicable, nunca se ha anunciado ni sugerido para otros conflictos discriminatorios similares, como los de Irún y Hondarribia. 

Estamos en el buen camino para la igualdad real y efectiva. No cabe, ciertamente, negar los avances en terrenos muy relevantes. Pero no cabe, tampoco, negar todas las dificultades y la realidad que cada día vemos. Una realidad que muestra todavía hoy altísimos niveles de violencia sobre las mujeres, desigualdad laboral, brecha salarial, diferencias en la asunción de las responsabilidades domésticas y de los cuidados y, en definitiva, diferentes oportunidades y condiciones de vida entre mujeres y hombres.

Hay quien opina que, comparada con estos otros terrenos de desigualdad, la participación de las mujeres en actos festivos es un tema menor, pero no es así. La igualdad no puede quedar al margen de los momentos en que la ciudadanía disfruta de tradiciones y diversiones, pues son momentos muy relevantes para la cohesión social. La fiesta une – o desune, como en los casos comentados – y es una expresión clara de la participación ciudadana. En estas fiestas que comento, es claro que no se habría tolerado en los últimos años pretender impedir, por ejemplo, la participación de personas de otras procedencias, pues ello habría sido humanamente injustificable, socialmente insoportable y jurídicamente insostenible. ¿Por qué se sigue, sin embargo, permitiendo orillar a las mujeres en muchas fiestas tradicionales?. ¿Por qué se sigue negando a las mujeres un papel en plena igualdad?.

Hay quien cree que hay “demasiada igualdad”, tal como revelan algunas encuestas. Pero la igualdad está cambiando el mundo y va a seguir haciéndolo para que cada persona disfrute de ello y mujeres y hombres vivamos iguales cada día en cada espacio de vida y en cada lugar.

Tras el polémico caso de veto a las mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en Sagunto, Valencia, el Ministerio de Igualdad ha identificado otras tres cofradías en las que, según el departamento dirigido por Ana Redondo, se han impuesto condiciones discriminatorias hacia las mujeres esta Semana Santa. Según informan fuentes del ministerio, el Instituto de las Mujeres ha enviado un oficio a cada una de las cofradías y a los ayuntamientos de las localidades a las que pertenecen para reclamar que “adopten las medidas pertinentes” para evitar esta situación.

Las cofradías, dos en Córdoba y una en Albacete, tienen normas en vigor que suponen que las mujeres o bien no pueden participar en las procesiones en las mismas condiciones que los hombres o bien “se dificulta su acceso” a las mismas funciones y actividades. Las actuaciones del Instituto de las Mujeres tienen su origen en tres quejas presentadas por afectadas.

Una de las cofradías es la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba, a la que se acusa de una “posible conducta discriminatoria” por impedir la participación de mujeres como costaleras y no permitir que haya grupos mixtos en los pasos de Semana Santa. Según los hechos que relató la denunciante, la hermandad, en concreto su “capataz”, habría tomado la decisión el pasado 30 de noviembre “basándose exclusivamente en el sexo y no en causa objetiva, técnica, doctrinal ni pastoral”, figura en el oficio al que ha tenido acceso elDiario.es. La denunciante solicitó la revocación de la decisión, pero fue denegada.

También del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera es otra de las cofradías a las que se ha dirigido Igualdad, en concreto la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro. Los hechos señalados tienen que ver en este caso con “limitar el acceso a 12 mujeres y reducir su participación a un carácter meramente simbólico”, apuntan fuentes del ministerio, que detallan que se ha informado al Instituto de las Mujeres de que ellas “no pueden formar parte del núcleo principal de la hermandad ni acceder a los mismos derechos de participación que los hombres”.

Altura mínima de 1,70

La tercera es la Cofradía del Silencio y Santo Via Crucis de Albacete, sobre la que el pasado 25 de marzo se recibió una queja que advertía de que el grupo “establece unos requisitos de altura” para ser costaleros que, en la práctica, “impiden el acceso a las mujeres en condiciones de igualdad”. Según detalla el oficio, se impone una altura mínima de 1,70 metros para poder participar, lo que a juicio de la persona que emitió la queja, es una decisión “abritraria” y señala que la altura media de las mujeres en España “es inferior”.

Los oficios enviados por el Ministerio de Igualdad repasan la legislación estatal y autonómica sobre igualdad de género, en concreto la ley de igualdad de 2007 y la de igualdad de trato y no discriminación de 2022, así como las distintas normas de las comunidades autónomas que garantizan este principio. Además, señalan que, según la ley, las asociaciones religiosas deberán regirse por lo dipuesto en “los tratados internacionales y en las leyes específicas” mientras que sus estatutos y funcionamiento “deben respetar el ordenamiento jurídico” y particularmente, la igualdad y la no discriminación reconocidas en el artículo 14 de la Constitución.

En el caso concreto de Albacete, el Instituto de las Mujeres remarca que los criterios de acceso impuestos deben ser “objetivos y estar motivados” y, en caso de que estos “no respondan a una justificación objetiva” y legítima mediante medios “necesarios y adecuados”, la cofradía podría incurrir en un caso de discriminación indirecta a la luz del artículo 6.2 de la ley de igualdad. Por eso, el organismo reclama al grupo que haga “un análisis y revisión de dichos criterios y su motivación” y se adopten las medidas “pertinentes” para garantizar la participación en igualdad. Solicita, además, que comparta con el Instituto de las Mujeres el resultado de este proceso.

Las actuaciones se suman a las que ya ha emprendido el ministerio respecto a la cofradía de Sagunto cuyos cofrades votaron el pasado 23 de marzo para rechazar la presencia de las mujeres en la Semana Santa de la localidad. El Gobierno inició poco después los trámites para retirar a la celebración la declaración de 'Interés Turístico Nacional' mientras que Igualdad envió un requerimiento a la cofradía y ha trasladado a la Fiscalía la decisión. “Hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia”, argumentó la ministra Ana Redondo.

40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

Decenas de personas se han concentrado este martes en Sagunto (Valencia) para reclamar una Semana Santa inclusiva y rechazar la negativa de la Cofradía de la Purísima Sangre de esta localidad de incluir a las mujeres en esta entidad religiosa.

La protesta se realiza después de que esta cofradía haya vuelto a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa del municipio, una decisión que el Gobierno ya ha anunciado que llevará a la Fiscalía y que podría hacerles perder la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Los manifestantes, entre los que había familias con niños y niñas, se han concentrado ante la Ermita de la Sang, con una pancarta en la que se podía leer “per tradició, per igualtat” (por tradición, por igualdad) junto a un lazo negro.

La representante del colectivo Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles, ha defendido que esto no es un “nosotras contra ellos, es una lucha por la igualdad”, y ha destacado a esos 114 cofrades que votaron a favor de la inclusión de las mujeres y a otro “montón” que pensaba hacerlo pero no llegó a votar.

“Es un auténtico anacronismo que en 2026 la mujer todavía no pueda acceder a la cofradía”, ha manifestado, y ha valorado la repercusión que este asunto está teniendo y el respaldo que está recibiendo el colectivo, pero sobre todo, que la igualdad de haya puesto “encima de la mesa”.

Pablo Muñoz, quien decidió dejar la cofradía en 2022 “por principios” tras rechazarse en una votación la inclusión de las mujeres, ha considerado que la situación es “muy injusta” y ha asegurado que si las mujeres pertenecieran a la cofradía la fiesta “sería mucho más bonita”, por lo que seguirán peleando por ello.

Por su parte, Albert Llueca, quien votó a favor de la integración de las mujeres, continua como cofrade porque cree que “los cambios hay que hacerlos desde dentro no desde fuera” y ha abogado por que la Cofradía permita el acceso o si no, que le obligue el Arzobispado.

En un comunicado leído durante la concentración, el colectivo Semana Santa Inclusiva ha recordado que llevan “tres votaciones” y “cinco duros años” tratando de pertenecer a esta entidad “de manera igualitaria y con los mismos derechos y obligaciones”, pues ellas forman parte también de la fiesta.

Han lamentado que la Cofradía les haya cerrado siempre la puerta, pero han afirmado que seguirán concentrándose el tiempo que haga falta, “siempre desde el máximo respeto a una fiesta que, aunque algunos no quieran creerlo, nos representa a todas y a todos” y siendo “valientes para hablar y dialogar sobre esta lucha que es la nuestra y la de las próximas generaciones”, han apuntado.

Según este colectivo, “estamos haciendo historia en mayúsculas. Estamos construyendo una sociedad más digna para los saguntinos y saguntinas que, en un futuro próximo, habitarán nuestras calles. Y ellos sabrán que un gran grupo dentro de la población luchó por ellos, para que pudieran crecer en una sociedad saguntina igualitaria, solidaria y feliz”.

Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.

Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.

Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad. 

Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.

En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.

Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.

“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones. 

Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.

No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.

“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.

Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.

La Semana Santa no es para las mujeres. En España hay aún un elevado número de cofradías que basan sus estatutos en principios y tradiciones anticuadas, algunas de ellas de más de dos siglos, que dejan a las mujeres fuera. A veces se las excluye de la participación activa en las procesiones, pero en otros casos se les impide incluso asistir como público. 

Tras el sonado caso de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en Sagunto, Valencia, muchas otras tradiciones en varios puntos del país mantienen vigentes vetos por razón de sexo y solo les permiten participar como 'manolas', de negro y mantilla en luto por la muerte de Cristo.

Castilla y León: tímidos avances

En la Semana Santa de la ciudad de León, Interés Turístico Internacional desde 2002, varias cofradías vetan a sus integrantes por razón de su sexo. De hecho, ocurre en casi un tercio de las congregaciones penitenciales. Desde hace décadas, León cuenta con un total de 16 cofradías y son cinco las que vetan la igualitaria participación de hombres y mujeres.

El matiz es importante, dado que en cuatro de los casos son cofradías en las que las mujeres no pueden procesionar como cofrades de pleno derecho –llamados ‘papones’ por los leoneses–, sino exclusivamente como ‘manolas’. Y en un quinto caso, María del Dulce Nombre, se trata de una cofradía exclusivamente femenina en la que son los hombres los que no pueden ni desfilar ni pujar desde su creación hace 35 años.

La discriminación proviene de siglos atrás en los casos de las dos congregaciones centenarias de la ciudad, Dulce Nombre de Jesús Nazareno, fundada en el año 1611, y la real Cofradía de Minerva y Veracruz, de 1612. En ambos casos, el peso de la prohibición es secular y ése es su principal argumento para el inmovilismo.

Pero curiosamente, es en esta última en la se ha permitido a ellas vestir como cualquier ‘papón’ o pujar los pasos por las calles de la ciudad. Una tensa votación celebrada en mayo del pasado año 2025 acabó con 286 síes frente a casi 200 negativas. Sin embargo, no fue de aplicación inmediata, y este año aún no será posible. 

A la lista de cofradías que vetan la igual participación femenina también se suman la de Santo Cristo de la Redención (1990) y la del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio (1991), cuya procesión principal siempre aparecía en los programas como “sólo para hombres”, expresión que, al menos oficialmente, ya han retirado. El Obispado de León jamás se ha pronunciado al respecto y sigue permitiendo esta situación.

Andalucía: igualdad en Sevilla y veto total en Huelva

En Andalucía, donde hay más de 2.500 hermandades, la última capital que puso trabas a la salida de mujeres como nazarenas fue Sevilla, una situación que finalizó en 2011. 

Mientras que en la mayor parte de la comunidad ya no existían vetos, el por entonces arzobispo Carlos Amigo Vallejo, impulsó unas normas diocesanas que establecía la plena igualdad de hombres y mujeres en las hermandades, aunque sin establecer la obligación de que salieran como nazarenas. Aquello fue en 1997, y poco a poco todas las corporaciones fueron aceptando nazarenas (la Macarena lo hizo en 2001, lo que fue todo un aldabonazo).

Hubo hermandades que se resistieron, así que tuvo que ser el siguiente arzobispo, Juan José Asenjo, el que diera en 2011 un baculazo con un decreto que decretaba la plena igualdad de derechos. Eso obligó a que las tres últimas que se resistían (el Silencio, la Quinta Angustia y el Santo Entierro) permitieran por fin a sus hermanas salir de nazarena esa misma Semana Santa.

A pesar de alcanzarse esta normalidad en Sevilla, todavía hay excepciones en otros puntos, como la Vía Sacra que se celebra desde hace 250 años en Zalamea la Real (Huelva), donde las mujeres no pueden participar ni verla por la calle. Lleva desde 1776 sin cambiar su recorrido, ni sus reglas. “Es impensable que se pueda cambiar la forma en que se celebra la Vía Sacra, sobre todo porque las mujeres del pueblo son las primeras que defienden que todo siga como hasta ahora”, aseguró para elDiario.es Andalucía José Ortega, el encargado de leer los cánticos a lo largo de la procesión.

En Córdoba, la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera ha determinado mantener en sus estatutos la disposición de que únicamente 12 mujeres, viudas o hijas solteras de cofrades masculinos fallecidos, podrán pertenecer a la hermandad, pero solo con “carácter simbólico”.

Murcia: quejas del Defensor del Pueblo y el Ministerio de Igualdad

Una de las cofradías de Cartagena, la Agrupación de Granaderos de la Cofradía Marraja, se niega a que las mujeres participen en el tercio de granaderos, que recrea a la infantería del siglo XVIII. Aunque la Cofradía se escuda en que este desfile es tradicionalmente masculino, el Defensor del Pueblo ha insistido en que esta costumbre puede ser inconstitucional.

“Se iniciaron también actuaciones con el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), en relación con la negativa a la participación de una interesada junto a su hija menor de edad en una cofradía de la localidad, que se extiende también a la imposibilidad de participar en una banda de música, por ser mujer”, describió en 2025 el Defensor del Pueblo en su informe anual.

Un año después, la institución no ha obtenido respuesta. El Ministerio de Igualdad también tomó cartas en el asunto el año pasado y trasladó la queja al Ayuntamiento de Cartagena. 

En octubre de 2024, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena cerró la puerta a que estas mujeres pudieran participar en el desfile. El fallo argumentó que no había discriminación porque la decisión de vetar a las denunciantes procedía de una junta general de la agrupación, compuesta tanto por hombres como mujeres.

Castilla-La Mancha: participantes escondidas

En Cuenca, las mujeres llevan participando desde 2007 en una de las procesiones más famosas de España, ‘Las Turbas’ de Cuenca, celebrada en la madrugada del Viernes Santo. Ya en los 90, creció entre las mujeres un espíritu de “rebeldía” para participar, y muchas de ellas lo hacían a escondidas, y a veces incluso, con ayuda de los hombres. Las conquenses han manifestado desde hace décadas sus esfuerzos para lograr librarse de los vetos tradicionales.

Es solo una anécdota, pero refleja que las ganas (y la picardía) para librarse de los vetos tradicionales han estado siempre ahí. Lo contaba la periodista Gisela Sebastián, hoy una más, pero a la que su padre ‘coló’ en esta procesión, aunque tuviera que hacerlo ‘camuflada’. “Ahora las mujeres también somos turba”.

Comunidad Valenciana

El caso más mediático de este año ha sido, sin duda, el de la Semana Santa de Sagunto, una de las celebraciones religiosas más antiguas y arraigadas de la Comunidad Valenciana. Hace unos días, los miembros de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo (que organiza los actos centrales desde hace cinco siglos), volvieron a votar sobre la modificación de sus estatutos para permitir el alta de mujeres como “cofrades de pleno derecho”.

El resultado fue, de nuevo, un “no” a la igualdad, que les ha costado perder la declaración de 'Interés Turístico Nacional', como anunciaba el Gobierno unos días después.  En el comunicado, se señala que “el Gobierno de España está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer”.

Los estatutos de la Cofradía no permiten a las mujeres ser miembros de pleno derecho, lo que les impide vestir el hábito oficial, participar en las procesiones en igualdad de condiciones que los hombres o formar parte de los órganos de decisión de la entidad.

Las mujeres de Sagunto aseguran sentirse “desamparadas” por el arzobispo, y seguirán luchando por la ansiada igualdad en las cofradías. “Queremos abrir la Cofradía de Sagunt a las mujeres desde dentro, con respeto y sin dinamitarlo todo”. 

Además, ayer mismo, la ministra de Igualdad Ana Redondo, anunció que llevará ante la Fiscalía el rechazo a que las mujeres entren en esta Cofradía, lo que ha considerado un “anacronismo” y un “reducto machista, discriminatorio y de desigualdad”.

Con información de Carlos Domínguez, Antonio Morente, Elisa Reche y Francisca Bravo.

Los Premios Km0 de Rioja2 celebraron ayer el talento y el compromiso local. Unos reconocimientos que se han consolidado en una tercera edición que ha dado un salto a un espacio más amplio, el Centro de Cultura del Rioja de Logroño, pero que mantienen el espíritu con el que se pusieron en marcha, que es poner en valor a esas personas y entidades que contribuyen a hacer una sociedad mejor. La gala contó con las intervenciones del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la concejala portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz.

La noche fue un recorrido por los valores que definen de Rioja2. Desde el apoyo incondicional de las Familias de Proyecto Hombre, que recibieron el premio Km0 Haciendo Comunidad“ entre aplausos, hasta la reivindicación necesaria de la asociación El Llavero, que con el premio Km0 Igualdad volvió a poner luz sobre la realidad de las mujeres sin hogar en Logroño.

La necesidad de preservar el patrimonio fue reconocida con el Premio Km0 Rioja Rural, que en esta ocasión recayó en la asociación RioxaNostra. Uno de los instantes más especiales fue la entrega del premio “Persona del Año”, elegido por la audiencia de Rioja2 entre otras propuestas, al maestro del CRA Cameros Nuevo, Iván Fernández, que puso en valor la escuela rural y que llevó el himno que compuso con su alumnado hasta el CCR.

Los Premios Km0 de Rioja2 contaron con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, Auto Urbión, Caja Rural de Navarra, Aresol, Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), GerontoRioja, Ismael Andrés, el Centro Comercial Berceo, Cima Digital, Cines Siete Infantes, Blanco Cerrajeros, El Alquimista, Bodega San Esteban, Fontecha, La Tortillería, Bass in a Voice y El Hedonista. 

El pleno del Ayuntamiento de Hondarribia ha aprobado este jueves su II Plan de Igualdad, que abarca el periodo 2026-2029, con los votos a favor del equipo de Gobierno, compuesto por Abotsanitz y EH Bildu, y en contra de la oposición, PNV y PSE-EE. Se trata de un documento que cuenta con el aval del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y enumera 124 medidas, entre ellas dos dirigidas al Alarde, el desfile militar que se celebra cada 8 de septiembre en Hondarribia y que no permite la igual participación de hombres y mujeres, siendo ellas relegadas al papel de un número reducido de cantineras, mientras que ellos son alrededor de 5.000 soldados. En concreto, las dos medidas aprobadas en relación con la fiesta son, por un lado, “avanzar en la resolución del conflicto en torno al Alarde, entendiéndolo como una cuestión vinculada a la igualdad”; y, por otro, “analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un Alarde igualitario”.

Este último punto es especialmente relevante debido a las agresiones denunciadas en años anteriores, como en el caso de 2018 cuando agentes de la Ertzaintza tuvieron que escoltar a las integrantes de Jaizkibel, partidarias de un desfile igualitario que fueron insultadas, abucheadas y cubiertas con plásticos negros a su paso por la localidad, pero también recientemente, con la denuncia de agresiones a dos miembros de Jaizkibel en último Alarde, el de 2025. En esta última denuncia desde Jaizkibel sostienen que su capitana “fue agredida en el portal de su casa” y un integrante de la compañía y sus amistades “sufrieron agresiones verbales y físicas”. En la vecina Irún, el alarde también genera las mismas controversias.

Sin embargo, tanto PNV como PSE-EE han justificado su 'no' al plan por la “falta de participación” de la asociación Mujeres de Hondarribia, a favor del Alarde tradicional. Se trata de una asociación creada en 2023 y compuesta por 529 que consideran que se les ha negado la participación por su postura sobre el modelo de celebración del Alarde, lo que califican como un “veto ideológico” inaceptable en una administración pública. A raíz de esto, desde el PNV han manifestado que pese a que “comparten en gran medida el contenido del plan”, el “problema está en el proceso que se ha seguido”. “No se ha sabido o no se ha querido integrar todas las sensibilidades existentes en Hondarribia. En ese proceso se ha excluido a una asociación de mujeres de Hondarribia que cuenta con más de 500 personas. Se les ha silenciado por no tener una opinión concreta. Ha habido participación formal, pero no sé si ha habido una verdadera voluntad de integrar”, ha señalado la concejala jeltzale María Serrano, ya oficialmente candidata a alcaldesa en un feudo nacionalista que perdieron en 2023.

Por su parte, desde el PSE-EE, han considerado que el plan supone “un retroceso” en lugar de un avance en términos de igualdad. “No es un buen día para la política. En el plan no han participado una parte muy importante de mujeres de esta ciudad. Este Ayuntamiento, como bien dice Emakunde, tiene un compromiso con el Alarde y es un mal día porque desgraciadamente va a tener un mal recorrido. Este equipo de Gobierno no ha estado a la altura. Cuando tenemos que hablar de temas el diálogo es importante y hoy se ha roto el diálogo y es un grave error”, ha manifestado visiblemente molesto el concejal del PSE-EE, Josu Álvarez.

La concejala de EH Bildu, Garoa Lekuona, se ha dirigido a la oposición y a los asistentes al pleno para decirles, en referencia al Alarde: “Nunca es tarde para cambiar de opinión si lo hacemos por una buena causa”. “En EH Bildu siempre hemos tenido claro que reivindicar la igualdad de las mujeres no tiene límites, no tiene excepciones. Entendemos que la mujer es igual a los hombres en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, hoy, en el proceso de aprobación de este plan, hemos escuchado que hay partidos de la oposición que entienden que la igualdad tiene excepciones o que entienden que la cuestión del Alarde no tiene que ver con la igualdad o que defienden nuevas corrientes de una supuesta igualdad. ¿Tiene excepciones la igualdad? Si empezamos a hacer excepciones en relación con la igualdad, estaríamos cayendo en actitudes totalmente antifeministas. Desde EH Bildu, como hemos hecho hasta ahora, seguiremos trabajando para que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, sin excepciones en nuestro día a día, tanto por nosotras como por vosotras, como por vuestras hijas, como por vuestras sobrinas como por vuestras nueras, como por vuestros hijos y también por todas esas mujeres que han sido oprimidas y menospreciadas a lo largo de tantos siglos”, ha señalado tras hablar sobre el trabajo desarrollado para la elaboración del plan, más allá de en lo relacionado con el Alarde.

El alcalde, Igor Enparan, ha tratado de calmar las aguas y ha indicado que espera que con la aprobación del plan “el diálogo no esté roto” como se ha dicho desde la oposición durante el pleno y ha negado que se haya discriminado a ninguna asociación en la elaboración del plan. “No estoy nada de acuerdo en que se haya discriminado ni se haya apartado a la asociación Hondarribiko Emakumeak por parte de esta alcaldía. Nos hemos reunido e intercambiado opiniones con respeto, no os he derivado a ningún sitio, os he escuchado de forma respetuosa y puse la posibilidad sobre la mesa de reuniros con el técnico de Igualdad si lo deseabais para poder hablar acerca del proceso para ver cómo iba evolucionando. Dijisteis que sí y esa reunión se permitió. Yo nos he apartado en ningún momento, hemos conversado, hemos dialogado y ha habido escritos que han tenido entrada y salida del registro”, ha asegurado el alcalde dirigiéndose a las mujeres que forman parte de la asociación Hondarribiko Emakumeak presentes en la sala.

“Me preguntasteis de manera personal si yo os consideraba feministas o no feministas y os respondí que yo no soy quién para poner o quitar la etiqueta de feminista a nadie. De forma clara. Cuando nos hemos reunido no he puesto ninguna excusa, hoy tampoco. Este proceso se ha basado en fundamentos jurídicos y habéis participado. He informado de la información publicada en la página web del Ayuntamiento, donde se podían ver cuáles eran las consultas que se habían hecho a lo largo del procedimiento. Todo eso lo trasladé y no solamente en cuanto al Plan de Igualdad. Con este Ayuntamiento no se ha apartado ni discriminado a esta asociación”, ha confesado Enparan.

Tras su explicación, ha querido trasladar las discrepancias que tiene con la asociación con respecto a la “neutralidad” en términos de igualdad que ellas defienden. “No concuerdo en que hay que actuar con neutralidad en temas de igualdad. No estoy de acuerdo porque creo que actuar con neutralidad influye y hace que la situación siga igual. Creo que no cambia esa base estructural si se actúa con neutralidad y por eso creo que está muy extendido el tener que tratar los temas de igualdad desde una perspectiva más positivista en ese sentido, y que la administración pública además tiene esa obligación de seguir cumpliendo el compromiso de profundizar en la igualdad. Espero que en este municipio, en algún momento tengamos la capacidad de superar estos desacuerdos que hemos tenido y podamos llegar a un punto de consenso”, ha concluido el alcalde, tras destacar el compromiso de seguir practicando el “diálogo constructivo”.