Las llamadas al teléfono 016, que atiende a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento corresponde a la comprendida entre las 23 horas de la noche del domingo 19 —cuando todavía se estaba disputando el encuentro— y las 7 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario El País.

Aunque el domingo, cuando se celebró la final, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9% .

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos, puesto que el correo electrónico registró un aumento del 1.000%, seguido por el chat online (60 %) y el Whastapp (8,75 %).

Esta semana se han producido dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, lo que ha elevado a 31 las víctimas mortales por la violencia de género en lo que va de 2026, una cifra superior a la de los últimos años, pues en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes. Hay que remontarse a 2019 —con 37 crímenes confirmados en estas mismas fechas— para encontrar un dato peor.

Algunos expertos ponen sobre la mesa una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos, que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Entre risas, Iguazel Bartolomé explica que los marinos acaban tejiendo una especie de redes entre sus conocidos, como la de los pescadores, transmitiendo la pasión del mar a cada uno de ellos. “Casi todo el mundo tenemos una vinculación personal o la hemos intentado difundir o nuestro entorno ha acabado estudiando una carrera, un grado superior, teniendo un barco o intentando acceder a navegar”, señala esta inspectora marítima de la Capitanía Marítima de Ibiza.

Bartolomé, protagonista de uno de los vídeos que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha producido para visibilizar el papel de la mujer en el sector marítimo y atraer más talento femenino a sus plantillas, estudió el grado de Náutica, algo que según confiesa tuvo claro desde el mismo momento en el que vió las asignaturas. “Una vez que vi todas las asignaturas y un poco en qué podía desembocar el estudiar una carrera como Náutica, en la cual adquieres un título universitario y también adquieres un título profesional por el que te capacita la propia Marina Mercante, sabía que para mí era empezaba un camino en el que iba a estar siempre totalmente comprometida en algo que ya sentía que iba a ser una pasión”, asegura.

Sin embargo, el porcentaje de mujeres que cursan este grado es todavía muy pequeño, como reconoce Bartolomé en el vídeo. Aunque no existen datos unificados, las distintas universidades estiman que solo entre un 15 y un 20% de los alumnos de estos grados son mujeres. En el mundo laboral, los porcentajes son parecidos. Según datos de la APB, las mujeres son el 29% de la fuerza laboral en el sector marítimo mundial, incluyendo puestos de tierra y mar pero solo representan el 20% del personal en autoridades marítimas y apenas el 1,2% de la tripulación a bordo de buques. Si centramos la vista en España, el sector logístico-portuario cuenta con un 22% de presencia femenina, muy por debajo del 47,3% de la media nacional en otros sectores.

La importancia de los referentes

Por eso es importante que esas redes de las que habla Bartolomé se sigan extendiendo para llegar a más mujeres que quieran acercarse a este sector. “Quizá la representación femenina es mucho menor en los barcos navegando, en los que hacen rutas más a nivel global es menor. Yo creo que nace un poco del desconocimiento de que son trabajos que no sabes muy bien cómo acceder, cómo llegar a estar a bordo de un barco”, explica la inspectora marítima que se dedica a reconocimientos tanto programados como no programados que tienen que pasar las embarcaciones para obtener los certificados necesarios de elementos de seguridad, del sistema de propulsión o del sistema de gobierno, entre otros.

“Yo he tenido muy buenos referentes, he tenido personas muy valientes que me han enseñado que con pasión y con ganas, con fuerza por ti misma, creyéndote tus propios pasos, puedes llegar perfectamente donde tú quieras”, señala Bartolomé. Lo cierto es que la presencia de mujeres en el sector está en crecimiento de manera lenta pero continua. La APB presentó en marzo de 2025 su primer Plan de Igualdad para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el que se presta especial atención a sectores especialmente masculinizados.

Aprendizaje continuo

Para Bartolomé este es sin duda una opción muy recomendable que, admite, ha recomendado a mujeres de su entorno. “Es un camino que nunca vas a acabar de recorrer porque si un día te cansas de ejercer de una manera profesional, puedes volver a cualquier punto, tanto de tu carrera como de la carrera de otras personas que te pueden servir de inspiración”, asegura. Ella misma, antes de ser inspectora marítima ejerció una década como controladora de salvamento marítimo, entre otros centros, en el centro de coordinación de salvamento de Palma de Mallorca. Allí descubrió todo lo que puede pasar en las islas y continuó su aprendizaje. “Desde que salí de la Facultad de Náutica no he dejado de aprender, no dejaré de aprender hasta que el día que me jubile y esto creo que es una sensación que tenemos toda la gente que estamos en la mar, tanto en tierra como a bordo de los barcos”, explica.

No hay duda que Bartolomé ha seguido su vocación por el mar, que nació cuando hacía pequeñas travesías con el velero de sus tíos por Mallorca y por eso llama a otros a hacer lo mismo y seguir su pasión. “Todo lo que he ido caminando, todo lo que he ido aprendiendo después ha sido una concatenación de cosas que me han alegrado la vida y cada una de ellas me han dicho que este era mi sitio”, sentencia.

Tres mujeres en 24 horas. Es el último pico de casos investigados como violencia machista concentrados en un escaso periodo de tiempo, entre el lunes y el martes de esta semana. El primero ocurrió en Antequera (Málaga), donde la Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre que se había suicidado y, horas después, el de su pareja, de 29 años, a la que había matado en casa a cuchilladas. Poco después era detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) un hombre de 48 años por el asesinato de su pareja y, a las pocas horas, la Guardia Civil hallaba en Benahavís (Málaga) el cuerpo sin vida de otra mujer con signos de violencia.

Los dos primeros han sido ya confirmados como violencia de género y el último se encuentra aún bajo investigación. De ratificarse los tres, serían 32 el número de casos mortales registrados en lo que va de año. Seis de ellos desde que dio comienzo el verano, la época en la que más asesinatos suelen acumularse. El número de menores huérfanos por esta causa alcanza ya los 20.

Las tres mujeres pasarán también a formar parte del registro de homicidios ocurridos en España este 2026. La extensión de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas es tal que, en más de la mitad de los asesinatos en los que la víctima era una mujer, el agresor fue un hombre con el que mantenía en el momento de los hechos o en el pasado una relación sentimental. Los datos del Instituto Nacional de Estadística cruzados con el registro de víctimas de violencia machista arrojan luz sobre este fenómeno: entre 2003 —primer año con datos oficiales— y 2025, fueron asesinadas en nuestro país 7.767 personas, de las que 2.577 fueron mujeres. De ellas, el 52% lo fueron por violencia de género.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, explica que el dato debería hacer entender este tipo de violencia “en toda su amplitud, dimensión y significado”. “Sabemos que el grupo de población que, con diferencia, más representado está en esta violencia es el de las mujeres que, sin tener ningún tipo de vínculo con la criminalidad, son asesinadas en sus casas por sus novios o maridos actuales o pasados, mientras que el de grupo de agresores más activo es el de hombres que matan a sus parejas o exparejas”, sostiene el experto.

A las cifras habría que añadirles, además, los otros feminicidios cometidos por hombres que, desde 2022, también contabiliza el Ministerio de Igualdad. Son casos en los que las mujeres son asesinadas por el hecho de serlo en contextos derivados de la violencia sexual, familiar o laboral. Un fenómeno que eleva los datos todavía más: si a las 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado les sumamos los 26 feminicidios registrados, el 82% de todos los asesinatos en los que la víctima fue una mujer ese año, fueron feminicidios.

“La construcción de género es la causa fundamental y esencial de la mayoría de homicidios sufridos por las mujeres en el planeta”, afirma Lorente. Es algo que ha corroborado Naciones Unidas a nivel global: los hombres son en mayor medida víctimas de asesinatos en todo el mundo —fundamentalmente a manos de otros hombres—, pero ellas, cuando mueren por esta causa, lo hacen por parte de sus familiares y parejas. Esta realidad ha llevado a la ONU a concluir que “el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres”.

“El problema de la violencia en pareja es estructural y ocurre incluso en aquellos países como España en los que la violencia con resultado de muerte no está tan generalizada”, apunta la Catedrática de la Universidad de Alicante en Medicina Preventiva y Salud Pública Carmen Vives Cases, que recalca la urgencia de “intervenir antes de que ocurra” el asesinato, la expresión más brutal del maltrato. “Se trata de aprovechar los contextos de oportunidad y eso pasa por mejorar y reforzar el sistema y sus recursos, que están sobrepasados, les falta presupuesto y personal formado”.

El verano como disparador de casos

La acumulación de asesinatos como la de los últimos días suele darse de vez en cuando, pero es más común en verano, en el que se concentran más casos. Julio es, de hecho, el mes con más registros de toda la serie histórica, seguido de junio y agosto. Diciembre y enero son otros de los periodos en los que más asesinatos se producen.

Las expertas llevan años intentando analizar qué hay detrás de la estadística y apuntan a algunos factores que pueden funcionar como “disparadores” de la violencia, especialmente en época vacacional. “Actualmente no es posible relacionarlo tanto con el tema del calor aunque sí genera estrés y agresividad, pero hacen falta explicaciones más completas y no unicausales: lo que sabemos es que en estos periodos se da más contacto y se convive más, se planifican vacaciones o surgen motivos de conflicto relacionadas con las cuestiones familiares o de los hijos e hijas”, explica Vives Cases, que califica la violencia de género de “pandemia”.

Lorente explica que, partiendo de que el objetivo último de los agresores es controlar a las mujeres, el verano y las Navidades se erigen como escenarios en los que la sensación de pérdida de control puede aumentar. Esto puede hacer que con mayor probabilidad utilicen la violencia con este fin. “Son momentos de salir más, de forma más improvisada y quizá con gente diferente y a lugares distintos. Hay más descontrol y eso es percibido por el agresor como una intromisión. Si están separados, esto puede hacer que sientan que no van a recuperar a la mujer, lo que constituye un factor acelerador de la violencia”, esgrime el experto.

Otro de los elementos que suelen ponerse sobre la mesa son el llamado “efecto imitación” o una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol que acaba de ganar el equipo español. Se trata de una variable que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Con todo, las especialistas recuerdan que este tipo de factores no son “causa-efecto” porque la realidad de la violencia machista es compleja y multicausal. Y apuntan al machismo como base: “La violencia de género se produce porque hay una construcción cultural, el patriarcado, que da razones a los hombres para que entiendan que se puede corregir, castigar o controlar a las mujeres de esta forma y que da a la sociedad razones para justificarla”, opina Lorente.

Ante la concentración de casos de lo que llevamos de julio, el Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis el martes que viene, en el que ministerios, comunidades autónomas y otros organismos implicados, como la Fiscalía, analizarán cada caso. En dos de los últimos tres, había rastro de las víctimas y sus agresores en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia machista, pero no había medidas de protección vigentes. Tanto la mujer asesinada en Antequera como la de Benahavís, ambas en Málaga, habían denunciado en algún momento, pero el sistema no las protegió.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su “dolor y condena” tras el presunto asesinato machista de Alameda de la Sagra (Toledo) y ha vuelto a trasladar un mensaje de “apoyo y cariño” hacia la familia de Rossana Katherine.

Así lo ha trasladado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que este miércoles ha asistido al minuto de silencio convocado en la localidad, donde ha confirmado que la Junta de Comunidades volverá a ejercer la acusación popular en el proceso judicial que se derive del caso.

“No podemos seguir tolerando, no podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza. Es hora de aislar no solamente a quien maltrata sino a quien ampara a esos maltratadores con sus discursos”, ha asegurado.

Simón ha vuelto a apelar a la “unidad” y ha demandado “a todas las fuerzas políticas” combatir “realmente” la violencia machista y “no permitir que partidos que niegan la violencia machista estén en nuestras instituciones tomando decisiones”.

No podemos seguir tolerando, no podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza

Sara Simón — Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha

No constan denuncias ni atención en la red de centros de la región

La consejera ha explicado que la mujer presuntamente asesinada no había recibido ningún tipo de atención por violencia de género en la Red de Centros de la Mujer o en otros recursos de Igualdad del Gobierno regional. Tampoco constan denuncias o antecedentes al asesinato, ni se encontraba dentro del sistema Viogen.

“Es importante denunciar, pero quiero recordar que para acceder a los recursos que tenemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no es necesario haber puesto esa denuncia y que allí van a tener atención psicológica y van a recibir asesoramiento jurídico, no solamente las víctimas, sino también a los familiares”, ha señalado la consejera.

En este sentido, Simón ha pedido que “si cualquier persona ve que una amiga, una hermana o una hija puede estar sufriendo violencia de género” acuda a los recursos regionales “para que se les oriente en cómo poder actuar y cómo poder ayudar a esa víctima”.

El asesinato de Alejandra Maryvin elevaría a 63 el número de mujeres víctimas mortales de violencia de género en Castilla-La Mancha desde el año 2003, fecha desde la que hay registros. Además, siete menores han sido también asesinados en crímenes machistas desde el año 2010. Las cifras de la violencia de género en la región arrojan un total de 6.795 denuncias registradas en el año 2025.

En el acto también ha participado la vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada autonómica, Tania Andicoberry, quien ha trasladado la “más absoluta condena y rechazo” a los sucesos en Alameda de la Sagra en nombre del partido, al tiempo que ha expresado “la solidaridad y el apoyo de toda la formación a la familia y al entorno de la víctima”.

Ha señalado que el Partido Popular “se suma al dolor” que vive todo el municipio y ha destacado que, en estos momentos de enorme dificultad, “la unión de todas las instituciones debe estar al servicio de la familia, de sus hijos, de su madre y de todas las personas que hoy sufren esta irreparable pérdida”.

La dirigente ‘popular’ ha insistido en que este crimen debe reforzar el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y ha agradecido el trabajo que realizan los medios de comunicación para visibilizar una realidad que, ha lamentado, “por desgracia sigue cobrándose vidas”.

En este sentido, ha dicho que la violencia machista debe combatirse “desde la unidad de todas las instituciones, con el apoyo de todas las administraciones públicas y reforzando los recursos destinados tanto a la protección de las víctimas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son quienes, en muchas ocasiones, atienden en primera instancia a las mujeres que sufren esta violencia”.

La violencia machista debe combatirse desde la unidad de todas las instituciones, con el apoyo de todas las administraciones públicas y reforzando los recursos

Tania Andicoberry — Vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha

Igualmente, Andicoberry ha querido lanzar un mensaje de apoyo y esperanza a todas las mujeres que puedan estar sufriendo violencia por parte de sus parejas o exparejas, animándolas a dar el paso de denunciar. “Ninguna mujer debe sentirse sola. Existen mecanismos de protección y recursos a su disposición. Es fundamental que sepan que denunciar es el primer paso para salir de esa situación y que encontrarán el respaldo de las instituciones”, ha afirmado.

La vicesecretaria del PP de Castilla-La Mancha también ha apelado al conjunto de la sociedad para que actúe ante cualquier indicio de violencia machista. “No podemos mirar hacia otro lado. Es responsabilidad de todos alzar la voz y poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación de violencia de género para poder proteger a las víctimas”.

El 21 de octubre se conmemora en Extremadura el 'Día de los Hombres contra las Violencias Machistas', una fecha que invita a ganar en justicia e igualdad. La Red de Hombres Proigualitarios impulsa un programa de actividades alrededor del próximo 21O en varias localidades de la región, especialmente en Badajoz, con el propósito de reforzar la presencia pública de los varones comprometidos con la erradicación de estas violencias.

'El silencio nos hace cómplices' se ha convertido, con los años, en un lema asumido por un número creciente de hombres. Sin embargo, la violencia de género persiste en todas sus formas, y quienes alzan la voz contra ella continúan siendo minoría. Son hombres quienes ejercen violencias psicológicas, económicas, institucionales, laborales, sexuales y físicas contra las mujeres; somos hombres quienes las toleramos, quienes a veces las negamos, quienes nos mostramos indiferentes o no las enfrentamos de manera consecuente y colectiva.

“La violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres”, dijo José Saramago en 2006, en un contexto en el que la percepción social de esta violencia —sobre todo entre los varones— distaba de la actual. Su llamamiento apelaba a la responsabilidad masculina e inspiró el Movimiento de Hombres por la Igualdad que salió a la calle aquel 21 de octubre en Sevilla. Dos décadas después, algunos hombres quieren llevar su compromiso más allá del silencio roto: saben que no basta con repensar la masculinidad, abrazar la ternura o corresponsabilizarse de los cuidados. Hace falta, además, plantarse juntos y con claridad frente a las violencias.

La conmemoración del 21 de octubre brinda una oportunidad que en 2026 no se piensa desaprovechar. Ya en 2025, el grupo de hombres promovido desde el proyecto Masculinidades Corresponsables lanzó una declaración que sigue vigente y que continúa inspirando a la Red de Hombres Proigualitarios. Meses después de aquel comunicado, esta red pretende que el próximo 21O visibilice la contribución de los hombres contra las violencias machistas, aunando sensibilización y reivindicación mediante un programa de actividades en varias localidades, con especial protagonismo de Badajoz, donde se abren espacios de coordinación con el grupo local por la igualdad y el movimiento feminista de la ciudad.

Con la mirada puesta en el 21 de octubre, la Red sigue creyendo en la posibilidad —y la necesidad— de una masculinidad justa: un modelo que practique el buen trato y la ternura, que se corresponsabilice de los cuidados en lo privado y en lo público, que renuncie a privilegios, que se sienta interpelado por el feminismo y que se incorpore al empeño colectivo por la igualdad. Ser parte de esta tarea implica comprender el significado de las violencias que asolan el mundo y que se dirigen, especialmente, contra mujeres y niñas. Implica no tolerarlas, no sentirse al margen, enfrentarlas de manera consciente y organizada.

Más hombres haciendo más

Por ello, hacen falta más hombres, haciendo más y haciéndolo mejor. La Red de Hombres Proigualitarios repudia todas las formas de violencia, comparte el dolor de las víctimas y de quienes las acompañan, e insta a las instituciones a desarrollar políticas preventivas y de atención adecuadas y suficientes. Llama a varones de todas las edades a reflexionar y actuar sobre su papel en la erradicación de las violencias contra las mujeres.

El próximo 21 de octubre hay una cita en Badajoz, cuya forma se irá definiendo colectivamente. Pero no es necesario esperar: la iniciativa ya está en marcha y la Red invita a sumarse desde ahora. Podemos intervenir, debemos intervenir. Porque las violencias machistas se ejercen en todos los ámbitos de la vida, en todas las edades, en todos los estratos sociales y en todas las culturas. La Red de Hombres Proigualitarios que se construye en Extremadura no olvida las palabras de Saramago: los varones tenemos un problema que sufren las mujeres, y colaborar en resolverlo está en nuestras manos.

“A veces, cuando te haces activista de tu propia historia y te salvas a ti misma, tienes que contar una y otra y otra y otra vez lo que te pasó. Pero quiero hacerlo para intentar que las hijas y los hijos de quienes nos van a leer no tengan que vivir lo mismo”. Habla Olimpia Coral Melo, una mujer mexicana de 36 años que, con solo 18, vio como su exnovio difundió sin su consentimiento un vídeo sexual suyo. “Se hizo público en diferentes redes sociales, en lo que mal llamamos páginas porno y que nosotras como apuesta política de defensoras digitales renombramos como mercados de explotación sexual digital. Y trascendió fronteras”, recuerda.

El daño fue enorme. Cuando quiso denunciarlo, esos hechos ni siquiera estaban tipificados como delito. Olimpia llegó, incluso, a intentar suicidarse. Con el apoyo de su madre, que lejos de juzgarla la animó a seguir adelante, esbozó el esquema de una norma que, años después, fue una realidad en México y que ha servido de inspiración para muchos otros países. Coral Melo forma parte también de la red internacional Defensoras Digitales y, en 2021, fue elegida por la revista Time una de las cien personas más influyentes del mundo.

Cuando Olimpia indagó, descubrió que no había delito que perseguir. La policía, con desprecio, la envió a su casa. Desde su encierro, buscó a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Descubrió el término 'pornovenganza', un concepto ampliamente cuestionado por el feminismo: si son vídeos personales grabados para la intimidad y, además, se difunden sin consentimiento, en ningún caso puede llamarse porno.

“Recuerdo mucho que en México había una fiscalía especializada en robo de neumáticos y que no había un delito que reconociera la violencia digital. Fui híper pública, violaron mi cuerpo en Internet”, apunta Olimpia Coral, que era estudiante de Derecho. Aquellos apuntes del principio se convirtieron en la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legales que se aprobaron primero en Puebla, su estado, y en 2021 a nivel federal. Ecuador, Argentina o Panamá han aprobado normas similares.

La Ley Olimpia es una norma integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia digital. Incluye el reconocimiento de ese concepto —el de violencia digital— e introduce dos delitos: el de ciberacoso y el delito de violación a la intimidad sexual, “que son la difusión, la producción y el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados, sin consentimiento de las personas”. En España, varias normas reconocen ya la existencia de este tipo de violencia y hay varios delitos tipificados. A comienzos de julio, el Gobierno aprobaba la ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes.

Una violencia que es real

“La violencia digital es una violencia que no puedes tocar. Por ser virtual, se cree que no es real, pero también te quita la vida. Y la violencia sexual digital es como si violaran tu cuerpo sin ni siquiera tocarlo. Lo violan con cada like, con cada compartir... Los daños no solamente son psicológicos o emocionales, hay daños físicos reales. Y tiene consecuencias económicas: inviertes en esos procesos de denuncia, puedes llegar a quedarte sin empleo por la masificación de la violencia o sus consecuencias. Tiene efectos sociales porque te sientes señalada, discriminada, puedes dejar tu quehacer público o político, tiene consecuencias de censura. Viola tu derecho a la movilidad. No quieres salir, no quieres existir, no quieres caminar. Viola tu derecho a la libertad”, resume Olimpia Coral, que estos días ha estado en Madrid para participar en el curso de verano 'Resistir la reacción: política, feminismo y cooperación iberoamericana', organizado por la Fundación Carolina y la Universidad Complutense.

Y ahora mismo se sustenta, subraya, “en una economía global digital que gana dinero a través de esto”. “Es más fácil que esta entrevista no tenga tantas visualizaciones porque va a tener censura algorítmica de un monopolio de Internet al que no le gusta que hablemos de estos tema”, apunta. Frente a los términos 'ciberdelincuencia' o 'violencia online', las defensoras de las que forma parte Melo apuestan claramente por violencia digital para entender lo digital, no solo como un medio comisivo, sino como un espacio en el que las plataformas tecnológicas están ejerciendo un poder muy concreto con intereses concretos.

“Las plataformas no solo ponen el terreno para facilitar la violencia que hacen los seres humanos, programan un algoritmo patriarcal, discriminatorio... Hoy es un monopolio en donde se encuentran nuestros datos y es un problema no solamente social y político, sino económico. Esta violencia tiene un elemento muy importante de territorialización, porque trasciende fronteras, y tiene otro elemento de daño que es la perpetuación y la masificación. ¿Quién tiene en sus manos esos elementos? Las plataformas privadas. Ante esta violencia que tiene efectos extraterritoriales, debe haber acciones globales de parte de todos nuestros países”, reflexiona. Las defensoras proponen un tratado de vinculación internacional “que responsabilice a las plataformas digitales”.

Antes de la Ley Olimpia, explica Coral Melo, la violencia digital era vista “como ciberdelincuencia centrada en cuestiones económicas, financieras, en robos, problemas de identidad, fraudes bancarios o phishing”. “La propuesta que hacemos nosotras es entender la violencia digital desde la perspectiva de derechos humanos para todas las personas, pero también desde la perspectiva de género, porque aunque todos la podamos vivir no impacta de la misma manera a los hombres y a las mujeres”, explica Coral Melo, que pide entender la especificidad de ciertas violencias contra las mujeres y, sobre todo, su repercusión en un mundo patriarcal en el que las mujeres vivimos discriminaciones y violencias de manera constante a lo largo de nuestras vidas.

“Se trata de entender que no iniciamos la carrera en la misma meta. Hay que pensar en todos los derechos que nosotras hemos tenido que arrebatar, en todas las independencias a las que hemos llegado. Es entender que, por ejemplo, un legislador tiene cuestionamientos sobre su quehacer público y que una diputada, además, tiene cuestionamientos sobre su vida privada, su sexualidad o cómo se viste. O que una mujer, al iniciar su día, pensará en cómo se viste para evitar esto o lo otro. Además, dentro de esas violencias digitales existe una violencia que repercute muchísimo más a las mujeres y a las niñas, que es esa violencia sexual digital, que tiene que ver con la difusión, la producción, la tenencia, el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados con IA”, argumenta la experta, que alerta de la tendencia general a la “deshumanización” que existe en las redes sociales y en otros espacios digitales, algo perjudicial, defiende, para toda la sociedad.

Y concluye: “Violaron mi cuerpo en Internet, conozco la masificación de esos contenidos. Yo vivo todos los días con ciertas ansiedades sobre mi teléfono celular. Camino todos los días por las calles donde fui violada: Internet. Es importante entender los contextos. Como dice Rita Segato, que estamos cultivando sociedades bajo la pedagogía de la crueldad y eso está haciendo que normalicemos esa crueldad”.

La Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad el ‘Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral’ durante la celebración de su sexta reunión, celebrada el pasado 14 de julio.

El documento “supone un importante avance” en el desarrollo del III Plan de Igualdad de la institución provincial y refuerza el compromiso de la Diputación de Badajoz con la construcción de entornos laborales seguros, respetuosos e igualitarios para toda su plantilla, según afirman dese la institución provincial. Asimismo, establece un marco de actuación para la prevención, detección y abordaje de posibles situaciones de acoso, incorporando medidas destinadas a garantizar la protección de las personas afectadas, así como procedimientos claros de intervención, acompañamiento y seguimiento.

El Protocolo es el resultado del trabajo, la implicación y las aportaciones de todas las personas que integran la Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad y de las organizaciones sindicales presentes en la misma. El consenso alcanzado pone de manifiesto “el compromiso compartido de todas las partes con la igualdad efectiva, la prevención de las violencias sexuales y la mejora continua de las condiciones laborales dentro de la institución provincial”, valoran desde la Diputación

Este nuevo hito se suma al trabajo que viene desarrollando la Comisión Negociadora en el marco del III Plan de Igualdad, un instrumento estratégico que permitirá seguir impulsando medidas dirigidas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Diputación de Badajoz.

Con la aprobación de este Protocolo, la institución da un paso más en la consolidación de políticas internas orientadas a la prevención de las violencias sexuales, la protección de los derechos de las personas trabajadoras y la promoción de una administración pública comprometida con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

Desde su puesta en marcha en 2023, el Servicio de Atención Integrada (SAI) de atención a personas LGTBI de Castilla-La Mancha ha realizado 14.434 actuaciones, según ha informado la consejera de Igualdad, Sara Simón, cuando se cumple un año de la apertura de las sedes provinciales de este área. Según ha detallado, las consultas realizadas van desde delitos de odio hasta familias que se ven “desbordadas” por no saber cómo abordar la orientación sexual de sus hijos e hijas.

Precisamente, la consejera ha destacado en este balance cómo la ampliación presencial del SAI, que antes trabajaba de forma telemática, está ofreciendo al servicio “una mayor capacidad de atención y llegar a zonas más pobladas”.

En el marco de las 14.434 actuaciones del SAI-LGTBI se han abierto 550 expedientes de personas que han necesitado atención especializada, 3.397 desde el punto de vista social, 5.219 desde el punto de vista psicológico y 1.066 atenciones de carácter jurídico. A esto hay que añadir 4.752 consultas o peticiones de información por parte de personas, administraciones, empresas y asociaciones.

Simón ha indicado, comparando los datos del mes de julio en 2026, que la ampliación del SAI ha permitido incrementar en un 72,8% la atención a todas las provincias y los datos “no paran de crecer,” porque en lo que va de 2026 ya se han realizado el 82,2% del total de las actuaciones del año pasado; es decir, la tendencia es “al alza”.

“Que el SAI tenga cada vez más capacidad es buena noticia, porque quiere decir que el recurso es más conocido y accesible”, ha enfatizado la consejera, que ha mencionado cómo la media mensual de atenciones ha crecido tras la ampliación a todas las provincias, de 305 a 527 de media. Además, Siimón ha apuntado que el 50,2% de las atenciones corresponden a expedientes de personas que viven fuera de las capitales de provincia.

Consultas, agresiones y denuncias

Las consultas que recibe este servicio son muy variadas, desde delitos de odio en el ámbito social y laboral, “en los que nos piden asesoramiento psicológico”, como aspectos jurídicos. También hay atención a familiares con hijos LGTBI que en ocasiones “se ven desbordados, porque no saben cómo atender esa situación” y a personas que vienen de otros países donde sufren por su orientación sexual.

En cuanto a las agresiones, Simón ha apuntado que es difícil obtener una cifra, porque algunas “no se comunican y otras se transmiten directamente a las fuerzas de seguridad del estado”, pero ha dejado claro que si una persona es víctima, el servicio le orientará sobre cómo denunciarla“.

En conclusión, ha remarcado que los datos demuestran la “fortaleza de un servicio tan joven” como el SAI. Y también ha valorado que la expansión a las capitales de provincia ha tenido otras ventajas, como la mayor facilidad para trabajar contra los delitos de odio de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un acceso a los centros educativos.

Para la expansión del SAI fue necesario incrementar el presupuesto del servicio 500.000 euros y la consejera considera que “el camino pasa por seguir ampliando las sedes provinciales del SAI”. “Nuestro objetivo es que el servicio siga creciendo en la próxima legislatura”, ha asegurado Simón, pero ha advertido de que esto no será posible “si algunas fuerzas políticas llegan al gobierno”.

“Esto es algo que nos preocupa, que hay un partido que está abogando por derogar la ley de diversidad sexual y derechos LGTBI y que el principal partido de la oposición dice que no tendría ningún tipo de problema en pactar con ese partido político”, ha señalado Simón en referencia a Vox y al Partido Popular.

Lourdes Beneria (Vall de Boí, 1937) lleva toda la vida siendo una pionera sin proponérselo. Nació en un valle del Pirineo leridano y estudió en una época en que muy poca gente lo hacía y menos las mujeres. Escogió Economía cuando se acababa de estrenar una nueva facultad en Barcelona y solo ella y otra alumna acabaron la carrera. El resto de los licenciados eran hombres, algo que en esos tiempos era habitual. Ellos eran mayoría entre el alumnado y aún más entre el profesorado.

Pasó por Francia e Inglaterra antes de obtener la beca Fulbright que le permitió trasladarse a Estados Unidos. Más tarde es ahí donde se hizo un nombre como docente. Pronto descubrió que, como en tantas disciplinas, las mujeres éramos invisibles en estudios y estadísticas. “El trabajo doméstico, los cuidados o el empleo informal de muchas mujeres existían, pero quedaban fuera del relato económico dominante”, explica.

Beneria rememora su trayectoria sin querer darle importancia, pero sus trabajos, recogidos en decenas de artículos y libros, la han convertido en un referente de la economía feminista. Hablaba de desigualdad de género cuando prácticamente nadie sabía qué era o de la importancia de que el sector público invierta en políticas de cuidados cuando los debates iban por otro lado. Tuvo conciencia ecologista también muy pronto. En eso también fue una pionera.

Usted nace en el Valle de Boí y acaba siendo catedrática en Cornell, en Estados Unidos. Dicho así, parece casi una vida de película.

No sé si de película, pero sí que ha sido una vida de mucho trabajo, muchos pasos y también de quebraderos de cabeza.

¿Cómo fue salir del Pirineo para empezar a estudiar?

Los tres primeros cursos de bachillerato los hice por libre: me preparaba con una maestra y acudía a examinarme al Instituto de Lleida. Después ingresé como interna en el colegio de la Sagrada Família de Lleida. Cuando llegó el preuniversitario, como allí todavía no se podía cursar, tuve que venir a Barcelona.

En aquella época estudiaban pocas chicas, especialmente en el Pirineo. Dependía mucho de si la familia podía pagar el viaje y la pensión.

¿Siempre tuvo claro que quería estudiar?

A partir de un cierto momento del bachillerato, sí. Mi familia no se opuso. Éramos seis hermanos y yo era la pequeña, con trece años de diferencia respecto al hermano anterior. Dos de mis hermanas también habían estudiado: una era farmacéutica y la otra, maestra.

¿Cómo decidió estudiar Economía?

Cuando llegué a Barcelona todavía dudaba entre ciencias y letras. Un día leí en La Vanguardia que se creaba una nueva facultad de Económicas y pensé que podía estar a medio camino entre ambas ramas. También tenía mucha curiosidad por entender la diferencia entre capitalismo y socialismo.

El primer curso éramos unas sesenta y cinco personas y solo tres mujeres. Al final, terminamos solo dos.

¿Cuándo descubrió qué ámbito de la economía le interesaba más?

La carrera duraba cinco años. Poco a poco vi que no quería dedicarme ni a la teoría económica ni a la historia económica. El último año tuve un profesor de comercio internacional y aquel campo me interesó mucho.

¿Cómo llegó a Estados Unidos?

Antes pasé temporadas en Francia e Inglaterra para aprender idiomas. Después obtuve una beca para estudiar el Mercado Común. Cuando quise volver a Inglaterra, me explicaron que las becas Fulbright facilitaban el acceso a Estados Unidos. Presenté la solicitud sin demasiada confianza, pero me la concedieron.

Allí hice un máster de un año y después volví a Barcelona. Me casé con un estadounidense y, una vez cumplidos los dos años de residencia obligatoria en el país de origen que exigía la beca, regresamos a Estados Unidos.

¿Cómo fue hacer el doctorado con dos hijos pequeños?

Muy difícil, pero salí adelante. Primero empecé en Columbia, pero me quedé embarazada y pedí una excedencia. Durante un tiempo vivimos cerca de Filadelfia porque mi marido había encontrado trabajo allí. Cuando volvimos a Nueva York, me matriculé de nuevo en el doctorado, ya con dos hijos.

¿Cuándo empezó a interesarse por la desigualdad de género?

El feminismo no ocupó un lugar central en mi pensamiento hasta finales de los años sesenta. Mi tesis doctoral estudiaba el sistema educativo español, pero incluía un capítulo sobre la educación de las mujeres. Aquella parte, que al principio parecía secundaria, acabó siendo la que más me interesó.

De aquel capítulo surgió mi primera publicación. Anagrama publicó el texto porque prácticamente no había trabajos en castellano sobre esta cuestión. Yo no era demasiado consciente de ser pionera; simplemente era un tema que me interesaba.

¿Cómo fueron sus primeros años como profesora en Estados Unidos?

Después del doctorado trabajé en la Universidad de Rutgers, cerca de Nueva York, y más adelante también enseñé en Columbia. Impartía asignaturas de economía, como macroeconomía o comercio internacional, pero al poco tiempo también empecé a ofrecer un curso sobre mujeres. En aquel momento había muy poca bibliografía y hacíamos lo que podíamos.

Yo no era demasiado consciente de ser pionera; la desigualdad de género simplemente era un tema que me interesaba.

En 1979 trabajó en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué descubrió allí?

En un viaje a Marruecos observé una contradicción muy clara. Las estadísticas decían que la participación laboral de las mujeres era muy baja y la de los hombres, muy alta. Pero en un pueblo de montaña vi a mujeres realizando todo tipo de trabajos duros —transportando productos, lavando ropa, cuidando criaturas— mientras muchos hombres estaban en las tiendas sin actividad porque no era temporada turística.

Aquello me hizo ver que las estadísticas no contabilizaban buena parte del trabajo femenino. No era un problema exclusivo de Marruecos; también ocurría en España y en muchos otros países. De ahí nació un artículo sobre producción, reproducción y división sexual del trabajo.

¿Le hicieron caso?

No demasiado. Cuando propuse revisar las estadísticas laborales, algunos se rieron. Pero, con el tiempo, la cuestión se fue incorporando a los debates de la OIT y se empezó a contabilizar mejor el trabajo de las mujeres.

También investigó el trabajo precario de las mujeres en México.

Sí. Cuando volví a Estados Unidos hice trabajo de campo en México sobre la maquila doméstica: mujeres que trabajaban desde casa en tareas industriales muy mal pagadas y en barrios muy pobres. Realicé el estudio con una socióloga argentina y de él salió un libro. La Fundación Ford financió la investigación, que nos ocupó dos veranos.

En cierto modo, su investigación ha consistido en hacer visibles realidades ocultas.

Sí, sobre todo realidades que no aparecían en las estadísticas ni en las publicaciones académicas. El trabajo doméstico, los cuidados o el empleo informal de muchas mujeres existían, pero quedaban fuera del relato económico dominante.

¿Cómo valora hoy la evolución de las mujeres en el mundo laboral?

No se puede generalizar, porque depende mucho del país, del sector y del contexto. Pero se ha avanzado enormemente. Las Naciones Unidas han tenido un papel importante, especialmente con la Conferencia de Pekín, que marcó un antes y un después. Hoy la desigualdad de género es mucho más conocida y preocupa a mucha más gente.

¿Qué queda todavía por hacer?

Queda mucho, sobre todo para las mujeres migrantes, que a menudo ocupan los empleos más precarios y tienen menos opciones laborales. El ámbito de los cuidados sigue siendo central. Ahora se habla mucho más de ello que antes, pero los presupuestos públicos todavía son insuficientes, tanto a escala estatal como local.

¿Cree que existe el riesgo de retroceder en derechos?

Sí. En Estados Unidos y en otros lugares han aparecido movimientos que defienden un retorno a modelos tradicionales. Aun así, pienso que no volveremos exactamente al punto de partida, porque cuando las mujeres han conquistado espacios y derechos es difícil que los abandonen por completo.

La economía no es solo una cuestión de cifras, sino también de derechos y de poder.

¿Cómo ve el trumpismo?

Como un desastre. Me cuesta reconocer aquel país. Cada día es más reaccionario y autoritario. Una parte del movimiento MAGA procede del conservadurismo de siempre, pero también hay personas castigadas por las crisis económicas y por la pérdida de empleo industrial. Trump ha sabido convertirse en el líder de ese malestar y de sectores que antes no estaban tan organizados.

¿Qué piensa del discurso de la “prioridad nacional” respecto a la inmigración?

Es un discurso insolidario y alejado de la realidad. Nuestras economías dependen en buena parte de la mano de obra migrante. Es cierto que su incorporación puede generar desequilibrios temporales, pero no se puede ignorar que muchas actividades económicas necesitan a estas personas.

¿Puede la educación combatir estos discursos?

La educación es importante, pero no basta. También hacen falta conversaciones, debates y capacidad para convencer. Yo siempre he sido más bien tímida —soy del Pirineo—, pero me ha gustado argumentar e intentar convencer sin ser agresiva.

También ha defendido alternativas económicas vinculadas al ecologismo. ¿Le preocupa que el cambio climático haya perdido centralidad?

Mucho. La lucha contra el cambio climático no es una bandera ideológica, sino una necesidad. Me preocupa el avance del negacionismo y los intereses económicos que hay detrás.

En Cornell participé en una protesta para evitar que destruyeran una pequeña zona arbolada del campus. Al final llegaron las excavadoras y talaron los árboles. Aquel día lloré, como muchos estudiantes y profesores. Desde entonces entendí de otra manera qué representan los árboles y cómo todo está relacionado.

La lucha contra el cambio climático no es una bandera ideológica, sino una necesidad.

¿La economía influye más en la vida de lo que solemos pensar?

Sí. La economía tiene muchas ramificaciones y no se puede separar de la naturaleza, la sociedad o la política. La industria moderna y el modelo económico pueden provocar un daño enorme si no se tienen en cuenta estas relaciones.

¿Qué recomendaría hoy a un estudiante de Economía?

Que entienda que la economía no es solo una cuestión de cifras, sino también de derechos y de poder. Y, sobre todo, les diría a las chicas que sus derechos valen tanto como los de los chicos, que deben luchar por la igualdad y que no deben permitir que regresen las leyes ni las prácticas del pasado.

¿Por qué decidió regresar definitivamente a Catalunya?

Cuando me jubilé me planteé quedarme en Ithaca, donde está Cornell, porque estaba muy bien allí, tenía muchos amigos y era una ciudad agradable. Pero ninguno de mis hijos vivía en Estados Unidos y mi familia estaba aquí. Finalmente, el peso de la familia y el vínculo Catalunya y el Valle de Boí me hicieron volver.

Se marchó del valle con trece años. ¿Volver es una forma de cerrar el círculo?

Sí. Es un poco aquello de recorrer el mundo y volver a casa. Me gusta regresar. Hace poco una prima encontró una fotografía mía de pequeña, con una ternera, y durante días no sabía quién era aquella niña. Cuando me la enseñó, me reconocí enseguida. Fue como reencontrar una parte muy antigua de mí misma.

A menudo llegan a las aulas temas relacionados con las comunidades digitales de hombres que promueven masculinidades radicales, la misoginia y el antifeminismo a través de redes sociales conocidas como la 'machosfera'. Se trata de hombres que comparten rutinas relacionadas con el deporte, la dieta o su día a día, pero entendiendo la producción como sinónimo de fortaleza y emoción, el éxito como producto del esfuerzo, es decir, la meritocracia capitalista, el dinero, los coches y las mujeres como muestra de ese éxito con un lenguaje de la humillación como generador de una frustración que pueden rentabilizar y siendo su cuerpo como campo de batalla.

Así lo han explicado María Rodriguez Rodríguez, doctora en Género y Diversidad y sexóloga e Iván Gómez Beltrán, doctor en Género y Diversidad e historiador durante el Curso de Verano de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 'Educación sexual y pantallas: desafíos, oportunidades y propuestas' y, en concreto en la mesa redonda 'Manosfera, Femesfera y la construcción del género en las redes'. Según han detallado, la idea de la 'manosfera' es cada vez más común, pero ¿qué ocurre cuando también llega a las aulas la 'femesfera'?

Según Rodríguez, la figura más significativa de la 'femesfera' son las 'trad wifes', “esas esposas tradicionales que son ángeles del hogar y que ponen en valor la nostalgia y la seguridad frente a la incertidumbre. Es como que viven en mucha incertidumbre y necesitan un anclaje, la idea de que el pasado fue mejor sirve para ellas como ancla. Estas tendencias tienen que ver con una respuesta a la presión social. En la incorporación de la mujer al trabajo hay una doble carga y, aunque el feminismo se ha ido institucionalizando y ha ido conquistando distintos terrenos, el ámbito de los cuidados, la educación y la crianza no son igualitarios”, ha recalcado la experta.

En su investigación ha visitado páginas, foros y blogs de estas mujeres que deciden quedarse en casa para criar desde una perspectiva más tradicional y machista y, en ellos comparten mensajes como: “Tu marido sostiene a la familia. Merece ser adorado, mimado y consentido. Quítale las botas cuando llegue a casa, rasca su espalda. Haz lo que él quiera y tú quieras hacer para demostrarle tu aprecio”; “el estilo de vida de una ama de casa no es para personas débiles. Cuando nació nuestra hija, mi esposo me dijo que podía quedarme en casa. Me emocioné muchísimo. También es duro. Leer aquí me ayuda a que no soy la única”; “no tengo amigas tradicionales y esta es mi vía principal para encontrar conexión y validación” o “por fin encuentro un lugar con un discurso rebelde frente a lo 'feministamente correcto'”.

Esa última frase contiene una de las claves analizadas durante el curso: “Rebelde”. Es decir, se considera ser rebelde ir en contra del sistema y, por ende, de los derechos adquiridos. “Hay niños de 15 años que son muy machirulos y niñas que lo sepan o no, también transmiten ideas machistas. Niños que dicen que los trabajos de las mujeres son una mierda o que no sirven para nada. Hay una actitud de rebelarse contra la autoridad y el antifeminismo viene de ahí. Ahora ser antifeminista es ser el más punk. Lo 'woke', lo progre es lo hegemónico y decir algo machista te da más puntos”, ha indicado Rodríguez.

Otra de las cuestiones a las que se enfrentan en las aulas son comentarios relacionados con el 'bodycount', o el 'km0', términos que los alumnos emplean para evaluar, sobre todo a las mujeres, dependiendo con el número de hombres -o en este caso, niños- han estado. Los propios menores hablan del dignifAI, un programa de inteligencia artificial que “dignifica” imágenes de mujeres poniéndoles ropa y cambiándoles el pelo y maquillaje a otros más sobrios y “naturales”, porque así “valen más”. “Las mujeres de alto valor se miden por su 'bodycount' o las personas con las que se han acostado. Es un eje que vertebra su identidad”, ha detallado Rodríguez.

Sobre esta cuestión Gómez, ha añadido una metáfora que emplean en la 'manosfera': “Una llave maestra abre todos los candados, pero un candado que se abre con todas las llaves es un candado roto. Esto lo aprendí yo con los chavales. Por eso es importante controlar sus códigos”, ha destacado.

En el caso de dignifAI, los expertos han lamentado que, “en el mismo espacio-tiempo en el que hay señores desnudando a mujeres a través de la IA, también las hay vistiéndolas”. “Las fotos reales son las subidas por ellas, pero ellos las vuelven a subir con las chicas más tapadas. Buscan a mujeres que consideran que no son lo suficientemente dignas y las 'dignifican' con trajes tradicionales o más recatados”, ha destacado Rodríguez.

Gómez, por su parte, ha destacado que “es importante ver en qué atributos se está poniendo la deseabilidad”. “Principalmente, si miramos a lo físico, un cuerpo musculoso es sinónimo de éxito. La gordofobia es inmensa en la 'machosfera', la panza de la que hablan, es algo que hay que trabajar mucho con los chavales”, aunque, ha subrayado que “los chavales no se convierten en antifeministas directamente a través de la 'machosfera', sino que hay ideas previas, emociones y malestares que la 'machosfera' prende”.

A modo de cierre, Rodríguez ha criticado que “la sexualidad femenina siempre está bajo sospecha”. “En este sentido están contribuyendo tanto la 'machosfera' y la 'femesfera' como los discursos más progresistas. Da la sensación de que si me saco una foto, muevo el culo o me visto de una determinada manera nunca lo hago para mí misma, siempre lo hago para el otro y me parece algo muy problemático. Si interpretamos cualquier expresión sexual femenina solo como cosificación/alineación corremos el riesgo de negar la posibilidad de un deseo propio y de una elección situada, aunque ese deseo pueda ser contradictorio. El reto no está solo en defender derechos frente a la reacción conservadora, sino en no caer en la trampa de esencializar la sexualidad de las mujeres y pensarla solo desde el miedo, el riesgo o la sospecha. Eso implica defender condiciones para la autonomía, el deseo, la negociación, la ambivalencia, el placer y la diversidad de experiencias”, ha concluido.

Castilla-La Mancha subvencionará con hasta 6.000 euros la edición y publicación de obras que sean escritas por mujeres con la creación de los nuevos premios ‘Notburga Haro’.

Con el objetivo es fomentar la producción cultural desde una perspectiva feminista e interseccional y corregir las desigualdades estructurales que persisten en el sector literario y editorial, se ayudará a la edición de obras de cualquier género literario (novela, poesía, teatro o ensayo) firmadas por una sola autora, así como para ensayos elaborados por varias mujeres, siempre que su temática central sea el feminismo, la igualdad de género, la violencia machista, los derechos de las mujeres o el análisis crítico del sistema patriarcal desde una perspectiva interseccional.

Podrán optar a estas ayudas las autoras mayores de edad, de nacionalidad española y residentes en Castilla-La Mancha, así como aquellas que tengan la condición de solicitantes de asilo en España. Las obras deberán ser inéditas y originales, y podrán presentarse hasta un máximo de dos por autora o grupo de autoras, siempre en castellano.

La subvención será de un límite máximo de 6.000 euros por texto, y podrá destinarse a corrección lingüística con enfoque inclusivo, maquetación y diseño gráfico, ilustración y traducción, impresión, encuadernación y edición digital, así como a acciones de distribución y difusión de las obras.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha subrayado que estas ayudas “responden al compromiso del Gobierno regional con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con el reconocimiento del valor cultural y social del pensamiento feminista”. Simón ha añadido que esta nueva línea de subvenciones busca “apoyar la creación intelectual de las autoras de Castilla-La Mancha, garantizar la calidad editorial y favorecer que sus obras lleguen a un mayor público”.

Las obras premiadas se publicarán en papel y la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Siguea añadirá a su colección cinco ejemplares de cada edición. Esta línea de ayudas se enmarca en el Plan Estratégico del Instituto de la Mujer 2024-2026.

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha apelado a elaborar una Ley de lucha contra la violencia machista “desde el consenso y no desde la imposición”: “Tiene que ser una ley de consenso que proteja a las mujeres, no que surja de la imposición o que genere el enfrentamiento”, ha manifestado la vicepresidenta segunda en la comparecencia celebrada este lunes para exponer sus principales líneas de trabajo en la próxima legislatura, marcada por el acuerdo PP-Vox.

Isabel Blanco ha considerado adecuado aplazar la aprobación de un autonómica para esperar a que las Cortes Generales aprueben la transposición de la última directiva europea al respecto, puesto que incluye “modificaciones importantes” como la definición de una mujer víctima de violencia de género, las formas de violencia y la difusión de imágenes y vídeos de carácter íntimo.

La viceportavoz socialistas en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, ha afeado que Fernández Mañueco haya “despojado” las competencias a la Vicepresidencia al haber “troceado las competencias” y asignado “funciones”, pero no haberle otorgado una Consejería propia. “Es una vicepresidenta sin competencias”, ha criticado la socialista. Gómez Urbán ha considerado que la vivienda, los servicios públicos esenciales la política de Mujer y violencia de género sin algunas de las “prioridades” de los castellanos y leoneses que “dan igual” al presidente autonómico, que “se ha comido la prioridad nacional racista de Vox”. Esta decisión, para la vicepresidenta segunda, supone “elevar el rango de políticas y darle un carácter transversal” que no tendrían si estuvieran estructuradas en una consejería.

Blanco ha calificado la igualdad de oportunidades como un “principio irrenunciable” del gobierno autonómico y ha garantizado que se apoyará la contratación de mujeres jóvenes y de mayores de 50 años cuyas trayectorias profesionales se pudieran haber visto interrumpidas por los cuidados, además de a las víctimas de “violencia machista”.

La socialista Gómez Urbán ha recordado a la vicepresidenta segunda que esta norma no había sido negociada con las organizaciones feministas. Mañueco retiró la norma a finales de 2025 pocas horas antes de votarse porque preveía que el PSOE fuera a rechazarlo a pesar de que los socialistas pensaban que se podría aprobar alguna de sus enmiendas. Ya en esta legislatura, el Grupo Socialista ha vuelto a presentar su propuesta, pactada con asociaciones y sindicatos.

La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés, Rosa María Quintanilla, ha preguntado a Isabel Blanco por cuándo tiene previsto la Junta volver a presentar un proyecto, puesto que la Ley de 2010 está “obsoleta” y hasta ahora “se han rechazado los puentes” que han intentado tender.

La prioridad nacional y el arraigo

A pesar de que la consejera no se ha referido a la “prioridad nacional”, el nuevo concepto que Vox quiere introducir en los gobiernos autonómicos, el portavoz adjunto segundo de Vox, José Antonio Palomo, ha querido debatir sobre esta cuestión. “No hablamos de establecer diferencias, sino de reconocer el esfuerzo de quienes llevan años viviendo en nuestra tierra y tienen un vínculo real, verdadero y verificable”, ha afirmado Palomo, que quiere “premiar el arraigo y compromiso” de quienes han hecho “su hogar” de Castilla y León.

Este nuevo requisito, ha señalado el procurador de Vox, favorecerá el retorno de “miles de castellanos y leoneses” que se marcharon “por falta de oportunidades”. En otro momento de su intervención, Palomo ha defendido “que ninguna persona vea limitado su futuro por dónde ha nacido o ha decidido vivir”.

Isabel Blanco sí que ha defendido -ya en su último turno de palabra- “vincular las ayudas al arraigo real y efectivo” y ampliar el número de líneas de apoyo en las que se pide un empadronamiento de un mínimo de años en algunas líneas como las ayudas al alquiler. Ante la demanda de que un ciudadano lleve diez años viviendo en Castilla y León y en España, Gómez Urbán ha ironizado con que el senador 'popular' por designación Javier Maroto, solo lleve siete años residiendo en la Comunidad, después de que se empadronara poco antes de ser elegido por las Cortes.

Patricia Gómez Urbán ha criticado que la Junta envíe un mensaje “contradictorio” sobre la financiación autonómica, al pedir más fondos pero a la vez haber suprimido a efectos prácticos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “Mandan el mensaje de que van sobrados de impuestos”, ha afirmado la socialista.

5.000 nuevas viviendas protegidas

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a impulsar la construcción de un mínimo de 5.000 viviendas protegidas en toda la legislatura: está prevista la construcción de 1.180 viviendas; 126 viviendas nuevas y otras 808 en Fuensaldaña, Villamuriel de Cerrato y Valladolid; 845 para alquiler; 1.141 viviendas unifamiliares para venta (con foco en los jóvenes), la rehabilitación de 264 viviendas a través del programa Rehabitare, entre otras medidas.

La Vicepresidencia Segunda se ha propuesto también extender el programa Rehabitare en el ámbito privado para incentivar al propietario de una vivienda vacía y que reciba apoyo económico público en su rehabilitación a cambio de que ponga la vivienda en el mercado con un alquiler social.

Sin embargo, Blanco ha reprochado que el Plan Estatal de Vivienda llegue “tarde” y haya sido aprobado “sin consenso suficiente”, a pesar de lo cual ha garantizado que Castilla y León hará su parte. “Su financiación es claramente insuficiente para reales en materia de vivienda. Sin una financiación adecuada será imposible dar una respuesta eficaz al acceso a la vivienda”, ha defendido en su intervención.

El nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón Brito, hija de la fallecida Ana Brito, ha generado revuelo entre los colectivos feministas de Canarias que han cargado en los últimos días contra el “nepotismo” y la “falta de experiencia” de este perfil.

Elisa Pérez Rosales, portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife ha señalado a este periódico que “este nombramiento transmite un mensaje algo peligroso para la ciudadanía en el sentido de que lo entendemos como puro nepotismo y que la ciudadanía está recibiendo un mensaje de que los cargos son heredables”. Por otro lado, en el foro entienden que “este nombramiento no es ético ni estético” y agrega que “la falta de experiencia en materia de igualdad por parte de esta persona elegida pues pone de manifiesto la importancia que le da el Gobierno de Canarias a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

La portavoz del foro recuerda que Canarias suele ser muchos meses del año una de las comunidades con mayor tasa de víctimas de violencia machista. Por ello, le sorprende que pese a que el Ejecutivo canario es conocedor de ello lo que destaque de la nueva directora sea su trayectoria en la gestión pública, pero no tenga experiencia en cuanto a políticas para combatir la violencia machista o formación en igualdad.

De hecho, tras el nombramiento de la nueva directora el pasado lunes, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello excusó su falta de experiencia en igualdad y el motivo por el que se había decantado el Gobierno de CC-PP por ella en que “se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

“La violencia machista nosotras siempre hemos entendido que es un tema que debe estar en la agenda política, pero que esa agenda política tiene que definir muy muy bien los perfiles que pone al frente de sus administraciones”, apunta la portavoz del Foro contra la Violencia de Género.

“Pone de manifiesto que qué importancia le da el Gobierno de Gran Canaria en estos momentos a los temas de igualdad. No es suficiente el compromiso político”, apunta Pérez Rosales, que aclara que no es un ataque personal hacia Ana Padrón Brito sino “una crítica a una decisión política que nos parece totalmente incorrecta”.

Estas decisiones señala Elisa Pérez Rosales supone que “llevemos como tres años insistiendo en la parálisis que tiene el Instituto Canario de Igualdad porque no pone en marcha políticas adecuadas para hacer frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

Del mismo modo se ha pronunciado Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, que apuntaba hace unos días a este periódico que la crítica hacia la nueva directora no es personal y que trasladan sus condolencias por el fallecimiento de su madre. “Es obvio que lamentamos el fallecimiento de la directora”, añade. “Por supuesto que le acompañamos en el sentimiento a su hija, que esto no tiene nada que ver con ella personalmente, pero que es una cuestión de importancia, de darle prioridad a esto”

“Y qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas en Canarias, y a las víctimas de violencia que no se les está dando ninguna salida, y que vemos un instituto que está abandonado, que tramita sus pensiones tarde, que no gestiona los fondos del Pacto de Estado, que todavía no se sabe dónde están los de este año, que no tiene políticas específicas, ni buenas ideas, ni ideas valientes, y la acción más interesante que se les ha ocurrido es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”, lamenta.

Para la Red Feminista, este nombramiento “evidencia que al Gobierno de Canarias no le preocupa la violencia machista ni fortalecer las políticas de igualdad, sino mantener la cuota política de una institución que debería estar liderada por los mejores perfiles profesionales”.

La activista feminista y promotora de igualdad Meritxell Salazar subraya que este nombramiento lo valora “casi que un atentado a las políticas de igualdad en Canarias. Estamos hablando de una comunidad autónoma donde en el último trimestre de 2025, solo en el último trimestre, se abrieron o se denunciaron más de 2.500 casos de violencia de género, estamos hablando de que actualmente hay más de 6.500 casos activos por Viogen, estamos hablando de que llevamos tiempo denunciando desde los colectivos feministas la inacción que hay en el Gobierno de Canarias en cuanto a los fondos del Pacto de Estado, y ahora poner al frente a una persona que no tiene experiencia previa en el ámbito de la igualdad, lo que implica que el organismo canario que tiene que aplicar, evaluar, coordinar las políticas relacionadas con las violencias machistas, va a estar al frente una persona que carece de experiencia previa en ello”.

“Y a eso se le suma que el hecho de que sea la hija de la anterior directora implica que además esa administración pública o la administración pública en la comunidad canaria se está entendiendo como un patrimonio familiar o como una empresa privada que se puede heredar los cargos en función de quien sea”, lamenta la activista feminista.

Salazar cree que hay una especie de estrategia en el Gobierno de Canarias de “dejar morir” las políticas de igualdad“ y sobre todo ” a las mujeres víctimas de violencia machista“. En este sentido, al igual que Nereida Vizuete reprocha que es la tónica habitual en el Gobierno de Canarias ya que el viceconsejero de Igualdad tampoco tiene experiencia en el área.

Cree que lo que hay que hacer ahora es “depurar responsabilidades” dar explicaciones y escuchar a los colectivos. Sostiene que debe haber perspectiva de género algo de lo que cree que carecen las políticas del Gobierno de Canarias.

Elisa Pérez Rosales incide por su parte en que “es impensable que haya al frente una persona que no tiene una formación adecuada y que no tiene una experiencia en esta materia para estar al frente de un organismo tan importante como es el Instituto Canario de Igualdad.Porque hay que dinamizarlo, y para eso hay que tener un perfil adecuado”, apunta.

Campaña en redes sociales

Desde la Red Feminista de Gran Canaria, además, se promueve una campaña en redes sociales para “buscar directora del ICI”. “Si pudiéramos hacer nosotras una oferta de empleo para la dirección del ICI seguramente se parecería mucho a esto”, explica el post en redes en el que piden experiencia en igualdad, conocimiento profundo de la violencia machista, capacidad para escuchar antes de decidir, conocimiento de las convocatorias del sector, que sepa qué son los Fondos del Pacto de Estado“.

También reclaman que “tenga empatía con las víctimas, habilidades de diálogo y consenso, independencia de criterio para defender los derechos de las mujeres, liderazgo, entender que el feminismo solo avanza cuando no deja a ninguna mujer atrás”.

En la campaña se pide que la nueva directora haya trabajado con mujeres víctimas de violencia machista, conozca el tercer sector, plantear políticas públicas que pongan la vida en el centro.

El Ayuntamiento de Logroño quiere continuar haciendo visible la igualdad en el espacio público. Y para ello ha incorporado figuras femenimas en un semáfor de Logroño, el ubicado en la confluencia de las calle Miguel Villanueva y Vara de Rey. Con esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad con la colaboración de la Unidad de Movilidad, Logroño da un paso más en su compromiso por incorporar la perspectiva de igualdad también al espacio público, haciendo visibles a las mujeres en los elementos cotidianos que forman parte de la vida de la ciudad.

Los semáforos ya no son únicamente dispositivos para regular el tráfico, sino que también actúan como elementos de comunicación social, capaces de concienciar, representar identidades y reflejar los cambios culturales de la sociedad.

Los espacios públicos no son neutros. Las calles, los monumentos, la nomenclatura urbana o la señalización transmiten valores y contribuyen a construir el imaginario colectivo. Durante décadas, la presencia de las mujeres en estos elementos ha sido significativamente menor que la de los hombres. Incorporar figuras femeninas en un elemento tan cotidiano como un semáforo supone avanzar hacia una representación más equilibrada de la sociedad y recordar que las mujeres también forman parte de la historia, del presente y del futuro de nuestras ciudades.

La capital riojana se suma así a otras ciudades españolas y europeas que han impulsado medidas similares para avanzar hacia una representación más equilibrada de mujeres y hombres en el paisaje urbano. De este modo, ciudades como Valencia, Madrid, Fuenlabrada, La Coruña, Jaén o Vitoria-Gasteiz han instalado semáforos paritarios o inclusivos que incorporan figuras femeninas o diversas en los pasos peatonales. En el ámbito internacional, también se han llevado a cabo experiencias similares en ciudades como Viena, Múnich o Bombay.

La elección de la esquina de Vara de Rey con Miguel Villanueva responde, además, a la voluntad de situar este símbolo en un punto emblemático y muy transitado de la ciudad, reforzando su capacidad para sensibilizar y generar reflexión entre la ciudadanía.

Con esta actuación, que se replicará próximamente en otros semáforos de la ciudad y que se suma a otras en marcha como las ‘Rutas de igualdad: Logroño con nombre de mujer’, el Consistorio reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más igualitaria, inclusiva y representativa, en la que mujeres y hombres puedan verse reflejados también en los símbolos que forman parte de la vida cotidiana.

El Ayuntamiento de Logroño considera que la igualdad se construye mediante políticas públicas de carácter estructural, orientadas a garantizar los derechos y las oportunidades de mujeres y hombres, pero también mediante acciones de sensibilización que contribuyen a transformar la cultura y los referentes colectivos. En este sentido, la instalación de este semáforo constituye un gesto simbólico que complementa otras iniciativas municipales desarrolladas en materia de igualdad y participación social.

Más del 84 por ciento del articulado de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha está ya en marcha o en un desarrollo avanzado tras sus primeros tres años de vida, por lo que 37 de los 44 artículos evaluados en el informe trienal de esta norma presentan avances. Así lo ha indicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar el informe de esta ley, que comprende desde mayo de 2022, momento en el que se puso en marcha, a diciembre del año 2025.

Ha apuntado que el informe de esta Ley evalúa la parte de la misma que insta al Gobierno a actuar de manera transversal, por lo que el grueso del análisis se centra en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley. “Hemos hecho lo más difícil, pasar de la ley escrita a la política pública real, a crear recursos, servicios, a poner presupuesto y a garantizar derechos en todo el territorio”, ha añadido la consejera.

Simón ha destacado así que “un hito imprescindible” de estos tres años ha sido la puesta en marcha del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTBI, que se ha ampliado durante este tiempo con atenciones presenciales en todas las capitales de provincia para “llegar de manera más cercana a todas las personas”.

Ha dado datos concretos de este servicio para indicar que desde 2023 a 2025 ha realizado 11.079 atenciones totales de las que 7.050 han sido actuaciones o atenciones especializadas, 4.066 psicológicas, 2.149 sociales y 835 jurídicas. “Más de 11.000 atenciones no son una cifra fría, son más de 11.000 ocasiones en las que una persona, una familia o un entorno encontró una respuesta pública, gratuita, especializada y segura”, ha afirmado.

Según Simón, este servicio no solo se ha creado sino que se ha consolidado, lo que se demuestra con el hecho de que las atenciones especializadas fueron 1.652 en el año 2023, pasando por 2.517 en el año 2024 hasta llegar a 2.881 en el año 2025. “Esto supone un crecimiento aproximado del 74% entre el primer y el último año del periodo evaluado”.

Cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude

Si se suman las consultas e información junto a las atenciones especializadas, el volumen total ha pasado de 2.731 intervenciones en el año 2023 a 4.497 en el año 2025, lo que supone un incremento cercano al 65% que para Simón significa que el recurso “se conoce más”, que “la ciudadanía confía más en él y que cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude”.

Finalmente, ha resaltado “otro dato especialmente relevante” como es el de que el SAI LGTBI ha acumulado en este periodo de tiempo 286 altas nuevas con expediente abierto, destacando que se trata de “procesos de acompañamiento, de itinerarios personales, de atención sostenida y de protección real”.

Junto a la ampliación del SAI, la consejera ha indicado que con esta ley también se han desarrollado otras acciones como la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Regional LGTBI, la celebración del Orgullo con una programación impulsada desde el Gobierno regional, la elaboración de protocolos o el avance en la creación de unidades especializadas como, por ejemplo, la unidad de atención sanitaria a personas trans e intersex.

En base a esta ley se han ido impulsando y mejorando las convocatorias de ayudas y de subvenciones, que llegan también a las entidades locales para la creación de los centros de promoción de la diversidad. “Hemos destinado medio millón de euros a financiar 88 programas y proyectos de las entidades sociales que componen el colectivo de la región, habiendo tenido un impacto sobre 107 municipios”.

Acciones formativas

Respecto a las acciones formativas, la consejera ha apuntado que a través de distintas acciones y en diferentes ámbitos, el Gobierno regional ha impulsado en base a esta ley programas formativos y de sensibilización que han llegado a más de 3.000 personas.

Se trata, ha indicado, de empleados y empleadas públicos con funciones administrativas, profesionales de la medicina, docentes, alumnado y, también, familias, “porque es imprescindible formar y concienciar para poder seguir avanzando para que la gente entienda que las posturas LGTBI-fóbicas no pueden tener cabida en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos”.

Con todo, la consejera de Igualdad ha afirmado que la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI es “muy joven todavía” aunque ha indicado que ya ha empezado a andar y ha dado “pasos contundentes” pese a que aún tiene “un importante camino que recorrer”.

“La aprobación de esta ley supuso la consolidación de un marco autonómico de actuación pública orientado a proteger los derechos de las personas LGTBI y a incorporar la diversidad en el conjunto de las políticas públicas del Gobierno regional”, ha remarcado Simón, que ha destacado que mientras en otras regiones se derogan leyes LGTBI y se retrocede en derechos, “aquí estamos hoy evaluando el desarrollo y el impacto de nuestras leyes en favor de la diversidad sexual”.

Según ha indicado, las personas LGTBI de otros lugares de España “están en riesgo de perder derechos hoy en día, sin embargo, aquí, en esta tierra, en Castilla-La Mancha, no”. “Aquí garantizamos los derechos y estamos ampliando servicios, aunque desde luego hay que tener claro que nada está blindado y hoy tenemos el compromiso del Gobierno, pero quizá en un futuro no sea así”, ha advertido.

Valoraciones de PP y Vox

El diputado de Vox David Blázquez ha lamentado que este informe no acredite el impacto social que la propia ley exige evaluar sino que acredite “una intensa actividad administrativa”. “Y precisamente esa diferencia explica que nuestro Grupo Parlamentario mantenga una posición profundamente crítica, tanto con este informe como con el modelo político que lo inspira”.

Ha lamentado que el informe parta de la premisa de que “toda diferencia de trato obedece necesariamente a una discriminación estructural”. “Nosotros creemos que esa conclusión no puede darse por supuesta y que las políticas públicas deben construirse sobre datos objetivos y no sobre presupuestos ideológicos y por eso echamos en falta un análisis mucho más riguroso de las causas concretas de cada problema, de la eficacia de cada medida y de la proporcionalidad del gasto”.

La diputada del PP Ana Cantarero ve como una virtud del informe que “desmonta parte del triunfalismo” del que “alardea” el Gobierno regional porque reconoce que la implantación de la Ley “está siendo desigual” entre territorios, que todavía existen “numerosos artículos” que ni siquiera han sido iniciadas o puestos en marcha y que faltan “instrumentos esenciales” que la norma prevé.

“Sí que sabemos cuántas actuaciones se han hecho pero no sabemos suficientemente si están cambiando realmente la vida de las personas y esa es una diferencia muy importante y un dato que tenemos que tener en cuenta, porque gobernar no solamente consiste en hacer, sino que consiste en obtener resultados y este informe recoge actividades pero no recoge resultados”, ha lamentado.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

La Red Feminista de Gran Canaria ha criticado este martes el nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón Brito, hija de la recién fallecida Ana Brito, anterior directora. “Los cargos públicos no se heredan”, insisten las feministas.

Nereida Vizuete, portavoz de la Red afea la falta de experiencia de Ana Padrón Brito, hija de la anterior directora y explica a este periódico que nombrar cargos si experiencia en igualdad es la tónica habitual de este Gobierno. Pone como ejemplo el viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste, un ingeniero experto en Marketing sin experiencia en materia de Igualdad y que ocupa el cargo desde el pasado año.

El Consejo de Gobierno de Canarias nombró este lunes nueva directora a Ana Padrón Brito y el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello excusó su falta de experiencia en igualdad y el motivo por el que se había decantado el Gobierno de CC-PP por ella en que “se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

Vizuete aclara a este periódico que la crítica hacia la nueva directora no es personal y que trasladan sus condolencias por el fallecimiento de su madre. “Es obvio que lamentamos el fallecimiento de la directora”, añade. “Por supuesto que le acompañamos en el sentimiento a su hija, que esto no tiene nada que ver con ella personalmente, pero que es una cuestión de importancia, de darle prioridad a esto”, agrega.

“Y qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas en Canarias, y a las víctimas de violencia que no se les está dando ninguna salida, y que vemos un instituto que está abandonado, que tramita sus pensiones tarde, que no gestiona los fondos del Pacto de Estado, que todavía no se sabe dónde están los de este año, que no tiene políticas específicas, ni buenas ideas, ni ideas valientes, y la acción más interesante que se les ha ocurrido es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”, lamenta.

La Red Feminista, de hecho, ha escrito un comunicado en el que incide en la idea de que la crítica “no es personal, sino política. Lo que cuestionamos no es a una hija, sino la decisión del Gobierno de Canarias de colocar al frente del principal organismo de igualdad de esta comunidad a una persona sin experiencia ni trayectoria acreditada en políticas de igualdad y violencia contra las mujeres”.

Para la Red Feminista, este nombramiento “evidencia que al Gobierno de Canarias no le preocupa la violencia machista ni fortalecer las políticas de igualdad, sino mantener la cuota política de una institución que debería estar liderada por los mejores perfiles profesionales”.

“El Instituto Canario de Igualdad no gestiona un departamento cualquiera. Gestiona recursos vitales para miles de mujeres, coordina la respuesta institucional frente a la violencia machista, impulsa las políticas públicas de igualdad y trabaja con administraciones y entidades especializadas. No es un lugar para aprender, es un lugar que exige conocimiento, experiencia y liderazgo y que lleva años abandonado”, agrega.

La organización recuerda que lleva tres años de legislatura denunciando que el ICI no funciona, mientras Canarias continúa registrando cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. “No hay tiempo para periodos de aprendizaje ni para improvisaciones. Si de verdad este Gobierno considerara la violencia machista una prioridad, habría buscado el perfil con mayor experiencia y especialización disponible.”

Asimismo, consideran que el nombramiento transmite un mensaje muy preocupante a la ciudadanía. “Creíamos que en democracia los cargos públicos se cubrían por mérito, capacidad y experiencia. Sin embargo, este nombramiento da la sensación de que determinados puestos pueden heredarse de madre a hija. Ese no puede ser el modelo de una institución que debe liderar la defensa de los derechos de las mujeres.”

La Red Feminista recuerda que Canarias cuenta con numerosas profesionales con décadas de experiencia y reconocido prestigio en igualdad, violencia de género, intervención social y gestión pública, perfiles que conocen el funcionamiento del sistema y las necesidades reales de las mujeres.

Después de tres años denunciando la falta de impulso de las políticas de igualdad, las subvenciones atrasadas y los fondos del Pacto de Estado paralizados y la ausencia de medidas ambiciosas frente a la violencia machista, este nombramiento confirma que el Gobierno de Canarias sigue sin entender la gravedad del momento. “Con los derechos de las mujeres no se improvisa. Los experimentos mejor con la gaseosa”

Vizuete apunta que desde hace tres años se veía reclamando que “era insostenible tener a una persona al frente que no podía hacerse cargo de la institución” por lo que no se esperaba que se consultara a los colectivos quien la sucedería en el cargo, pero no esperaban que el puesto “se heredara” “como la Corona de Castilla”.

Por otra parte, insiste en que aún se continúa a la espera de que la Consejería de Bienestar Social reparta los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poder empezar a ejecutar proyectos que son claves para la prevención en unas islas donde no cesa la violencia machista.

UGT Servicios Públicos critica que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) “continúa siendo el único organismo dependiente del Gobierno de La Rioja que carece de un Plan de Igualdad, una situación inadmisible tratándose del mayor organismo de la Comunidad Autónoma y de una entidad cuya plantilla está integrada de forma mayoritaria por mujeres”.

El SERIS es, en la actualidad, el organismo con mayor número de personas trabajadoras del Gobierno de La Rioja. Según los últimos datos oficiales, su plantilla está integrada por 5.882 profesionales, de los que 4.805 son mujeres y 1.077 son hombres, lo que significa que más del 81% del personal es femenino.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 6/2019, y desarrollada por el Real Decreto 901/2020, establece la obligación de que todas las organizaciones con 50 o más personas trabajadoras negocien, aprueben e implanten un Plan de Igualdad.

Además, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) obliga desde el año 2015 en su disposición adicional séptima a todas las Administraciones Públicas a desarrollar un plan de Igualdad, por lo que su obligatoriedad es anterior.

“Resulta especialmente llamativo que el mayor empleador del Gobierno de La Rioja y el organismo con mayor presencia de mujeres siga sin cumplir una obligación legal que sí se exige al sector privado y que otras entidades del propio Ejecutivo regional ya han asumido, como la propia Administración Autonómica, cuya vigencia concluye este mismo año”, indican desde UGT.

Un Plan de Igualdad constituye una herramienta imprescindible para analizar la realidad de una organización, detectar posibles desigualdades entre mujeres y hombres y establecer medidas concretas para corregirlas. Estos planes permiten avanzar en la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la promoción profesional, la formación, las retribuciones, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la corresponsabilidad, la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, así como la prevención y actuación ante el acoso sexual.

Las instituciones públicas “deben ser las primeras en cumplir la ley y en servir de ejemplo en la implantación de políticas de igualdad, especialmente cuando son ellas mismas quienes exigen ese cumplimiento al resto de empleadores”.

Por todo ello, UGT exige a la dirección del SERIS “que inicien de manera inmediata la negociación del Plan de Igualdad, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Ana Padrón Brito ha sido designada este lunes nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI). Sucederá en el cargo a su madre, Ana Brito, fallecida recientemente.

El Ejecutivo regional (CC-PP) lo ha anunciado este lunes tras la celebración del Consejo de Gobierno de Canarias y ha valorado “una trayectoria profesional que combina experiencia en la gestión de programas públicos, el ámbito educativo y el trabajo en entornos internacionales”. En el currículum difundido, no obstante, no se hace mención a que conste experiencia en el ámbito de la igualdad.

Sobre esa falta de experiencia en Igualdad, se le ha preguntado este lunes al portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, que ha respondido que: “Al final se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

Y ha añadido que “en muchas ocasiones, como ustedes bien saben, también es muy importante para un entorno como en el que nos encontramos de una empresa pública, poder disponer de las capacidades necesarias y velocidad para saber cuál es el ecosistema, qué normativas son de aplicación y cómo se ha de seguir trabajando en este ámbito concreto. Y esa es la trayectoria profesional que se ha valorado para este nombramiento en el día de hoy”.

Padrón Brito es según el comunicado del Gobierno de Canarias, graduada como maestra de Educación Infantil por la Universidad de La Laguna y con un Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica por la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha desarrollado durante el último año su labor profesional en Gestur Canarias, donde ha coordinado el proyecto de la Renta Canaria de Ciudadanía del Gobierno de Canarias y ha participado en la gestión administrativa de los programas MOVES 2025 y MOVES III. “Esta experiencia le ha permitido adquirir un conocimiento directo del funcionamiento de la Administración pública autonómica y de la coordinación de proyectos de interés social”, apunta el Ejecutivo en un comunicado.

Con anterioridad, ejerció como docente en Irlanda, donde fue maestra tutora en distintos centros educativos y trabajó con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además de desempeñar funciones de dirección de aula. Asimismo, desarrolló su actividad profesional en Australia “en tareas de gestión operativa y coordinación administrativa”.

Su formación se complementa con “especialización en intervención psicopedagógica, prevención del acoso, igualdad de oportunidades, transformación digital, comunicación institucional y liderazgo de equipos, además de acreditar un nivel C1 de inglés”.

El Ejecutivo canario confía en que esta combinación de “formación, experiencia y compromiso contribuirá a seguir impulsando las políticas públicas de igualdad, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la protección de los derechos de las mujeres en Canarias”.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, han presentadof el Programa de Liderazgo Femenino, una nueva actuación impulsada por el Gobierno de La Rioja para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y reforzar la presencia femenina en puestos de responsabilidad dentro de sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la comunidad.

La iniciativa está dirigida a 50 mujeres riojanas y busca fortalecer sus competencias de liderazgo, mejorar su visibilidad profesional y favorecer su participación en espacios de toma de decisiones. La propuesta combina formación especializada, mentoría, networking y visibilidad institucional, adaptando la metodología desarrollada por Womenalia al contexto económico, empresarial y territorial de La Rioja.

El programa ha sido diseñado para responder a las necesidades específicas de las mujeres que desarrollan su actividad profesional en sectores clave para la comunidad autónoma, especialmente en entornos rurales, industriales y empresariales donde la presencia femenina en puestos de liderazgo sigue siendo limitada.

María Martín ha destacado que “la igualdad de oportunidades requiere eliminar barreras, pero también generar herramientas que permitan a las mujeres desarrollar plenamente su potencial profesional y acceder a los espacios donde se toman las decisiones”. Asimismo, ha subrayado que “este programa contribuye a construir una región más competitiva, innovadora y cohesionada, aprovechando el talento de mujeres que desempeñan un papel fundamental en nuestra comunidad”.

La puesta en marcha de esta iniciativa, ha explicado la consejera, responde a una realidad que sigue reflejando importantes brechas de género en los espacios de decisión. Según los últimos informes nacionales sobre liderazgo empresarial, las mujeres ocupan en torno al 40 por ciento de los puestos directivos en España, pero su presencia disminuye significativamente en los niveles de máxima responsabilidad y en sectores industriales y tecnológicos. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto que las organizaciones con una mayor diversidad en sus órganos de dirección obtienen mejores resultados en innovación, sostenibilidad y competitividad.

Por su parte, Marta Gómez ha señalado que “el liderazgo femenino es una palanca de transformación social y económica que debemos seguir impulsando desde las instituciones”. Además, ha afirmado que “este programa pretende crear referentes, fortalecer redes de apoyo y ofrecer a las participantes recursos prácticos que les permitan avanzar en sus trayectorias profesionales y personales”.

El programa combina formación especializada, mentoría grupal, acompañamiento profesional y espacios de networking, mediante una metodología práctica y participativa orientada a la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos en el entorno laboral de las participantes. Entre sus objetivos se encuentran fortalecer la autoconfianza y la capacidad de influencia de las mujeres participantes, desarrollar competencias en comunicación estratégica y visibilidad profesional, mejorar la inteligencia emocional y la toma de decisiones, impulsar la creación de redes profesionales estables y contribuir al relevo generacional y a la sostenibilidad del tejido productivo riojano desde una perspectiva de igualdad.

Sesiones online y presencial durante el mes de octubre

Tras la presentación celebrada hoy, el Gobierno de La Rioja iniciará durante los próximos meses el proceso de difusión y captación de participantes, con el objetivo de seleccionar a las 50 mujeres que formarán parte de esta primera edición del Programa de Liderazgo Femenino. El programa se desarrollará durante el mes de octubre y está diseñada para favorecer la conciliación mediante sesiones online y una jornada final presencial.

En concreto, la formación comenzará con un taller sobre liderazgo e inteligencia emocional, centrado en el autoconocimiento, la gestión emocional y la toma de decisiones en entornos profesionales exigentes y sectores tradicionalmente masculinizados. Posteriormente, las participantes contarán con una sesión de mentoría grupal para trasladar estos conocimientos a situaciones reales de su actividad profesional.

La segunda fase abordará la comunicación y la visibilidad profesional, trabajando aspectos como el posicionamiento profesional, la marca personal y la construcción de un relato sólido que permita a las mujeres ganar presencia en sus organizaciones y sectores de actividad. Esta formación se completará con una nueva sesión de mentoría orientada a compartir experiencias y afrontar retos comunes.

El programa continuará con un bloque dedicado a la negociación y la toma de decisiones, en el que se proporcionarán herramientas para reforzar la asertividad, la gestión de conflictos y la defensa de propuestas en estructuras organizativas complejas. Las participantes dispondrán además de una mentoría específica para profundizar en la aplicación práctica de estos conocimientos.

Como preparación para la jornada final, se celebrará una sesión específica de mentoría destinada a mejorar la capacidad de comunicación en público y la presentación de proyectos e iniciativas profesionales. La iniciativa culminará con una jornada presencial en Logroño que reunirá a las 50 participantes con mesas de diálogo con mujeres referentes, dinámicas para la creación de redes profesionales o espacios de intercambio de experiencias.

Este programa, que permitirá reforzar el liderazgo y la visibilidad profesional de mujeres riojanas, se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja para avanzar hacia una igualdad real y efectiva, reforzando el papel de las mujeres como agentes clave para el desarrollo económico, la innovación y la cohesión territorial.