El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza de nuevo expedientar al juez Juan Carlos Peinado por las quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política, según ha publicado El Español y han confirmado fuentes del órgano a elDiario.es. La autoridad disciplinaria ya propuso el archivo en una primera ocasión, el pasado abril, pero la Comisión Permanente lo rechazó y le pidió que completara la investigación. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario. El Promotor también proponía el archivo de la queja presentada por Más Madrid.

La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

Además, el Promotor también tiene abiertas otras diligencias a Peinado tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Esta queja parte de la defensa de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

Un tuitero ultraderechista está a punto de blasfemar al comprobar los elogios que León XIV ha despertado en parte de la izquierda, en especial por su discurso en el que pide tratar a los inmigrantes con la dignidad que se merecen. Se dirige a los católicos para que despierten: “¿No os preocupa que esté toda la izquierda anticristiana y demoniaca alabando a este señor?”. Verás cómo se pone cuando descubra que el Gobierno es capaz de decidir quiénes irán al cielo (en el caso de que exista). A ver si resulta que Leire Díez se ha reunido con San Pedro y le ha convencido sobre las futuras normas de admisión. Lo que no está claro es qué le prometió a cambio.

Sea por un uso preconciliar de la ironía o porque el Gobierno se ha enamorado del Papa, Félix Bolaños utilizó la metáfora –a falta de una palabra mejor– en sus respuestas a la oposición en la sesión de control. Ante la indignación bíblica de Cayetana Álvarez de Toledo por las acusaciones de corrupción, el ministro demostró una sorprendente seguridad a cuenta del destino del alma de su contrincante: “Nosotros acabaremos en el cielo y ustedes ardiendo en el infierno”. Y se supone que allí sufrirán todo tipo de castigos terribles, como escuchar los discursos de Feijóo durante toda la eternidad.

No le pareció suficiente decirlo una vez al responder a su némesis particular. Lo mismo le dijo a Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. “Tenga cuidado que el infierno está cerca”. Aún más cerca que la fecha de las próximas elecciones, que el Gobierno insiste en que no se celebrarán hasta 2027, es decir, cuanto más tarde, mejor, porque ahora sería una escabechina.

Será que estamos asistiendo a un renacimiento religioso del Gobierno. Por la noche, León XIV asistió a la inauguración de la Torre de Jesús, el punto más elevado de la Sagrada Familia en Barcelona. Un momento importante para la sociedad catalana al que el Gabinete se unió con tal fervor que catorce ministros se desplazaron a la capital catalana allí, además de su presidente. Después de esto, a Sánchez ya sólo le falta pedir al Papa que convoque un concilio y que se celebre en España. Lo de ponerse a estudiar Teología ya le pilla un poco mayor.

León XIV abandonó Madrid y el PP llegó a la conclusión de que se había ido de España. Su siguiente etapa era Barcelona y Canarias vendrá después. Todo eso le pilla muy lejos al partido, que no se siente concernido por las palabras del Papa en su discurso en el Congreso cuando dijo que “la firmeza no exige desprecio” y que “la discrepancia no conlleva humillación”. La 'tregua vaticana' había llegado a su final y tocaba volver al martillazo en las partes nobles. Pero, oye, es por el bien de la democracia.

Las últimas revelaciones sobre las gestiones de Leire Díez para perjudicar a los jueces y fiscales que investigan al Gobierno fueron como un regalo de los cielos. El desprecio y la humillación fueron la carta elegida por Alberto Núñez Feijóo, que acusó a Pedro Sánchez de ser “financiador e inductor” de la trama corrupta. Hubo espacio para los hechos conocidos y los imaginados. Entre las frases que le prepararon para su intervención: “Zapatero parece que era la joya de la red internacional corrupta”. Con el 'parece' siempre se llega muy lejos en política.

Feijóo atacó a Sánchez con el “P.S.” que figura en las anotaciones del cuaderno de Leire Díez, tomado ya como si fuera una prueba irrefutable o el texto fundacional del sanchismo. Mencionó “la financiación de las primarias con dinero de la prostitución”, un golpe bajo para estar a la altura de los avisos planteados por el Papa. Sánchez respondió con el “M. Rajoy” y refiriéndose al “partido de Marcial Dorado”. Todo muy edificante, como para que ambos fueran a acabar en un infierno imaginado por El Bosco.

Sánchez presumió de que Ferraz tiene mejor reputación que Génova. “Yo me siento en una sede en la calle Ferraz que no está financiada con dinero negro”. Un diputado del PP –seguro que devoto católico– le llamó a gritos dos veces “¡¡gilipollas!!”.

Gabriel Rufián no intervino en la sesión de control, pero enseñó la patita en los pasillos y Twitter para enviar un mensaje a Sánchez. “El Gobierno debería entender que el 'y tú más' es 'y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto. La izquierda somos otra cosa”. Tanto el PSOE como el PP son muy dados a afirmar con voz tronante que no aceptan lecciones del rival y a enumerar sus oscuros antecedentes. No cabe duda de que ahí cuentan con un extenso catálogo de ejemplos, aunque eso raramente ha salvado a un Gobierno.

El portavoz de ERC también dio una opinión al afirmar que cree que Sánchez conocía las maniobras de Leire Díez, aunque de eso no ha aparecido ninguna prueba concreta. El PP lo da por hecho, como da por seguro que Sánchez lo sabía todo de todos los casos investigados, hasta de los chanchullos de Tito Berni. Rufián dijo que concede veracidad a la agenda de Díez, cuyas anotaciones han comenzado a aparecer en los medios esta semana, de la misma forma que dio veracidad a los papeles de Bárcenas. Pero como no hay pruebas de que el PSOE se financió ilegalmente, no cree que tenga que retirar su apoyo al Gobierno.

Fue otra sesión para ir matando el tiempo a la espera del Mundial de fútbol y las vacaciones de verano. El Gobierno no se inmutó porque siempre le quedarán casos de corrupción del PP para recordar. El PP pisó el acelerador, pero ya va en quinta desde 2023 y su motor no da más de sí. Hay un convencimiento generalizado de que la mayor oposición que sufre el PSOE reside en los tribunales. Al menos es el sitio donde recibe las peores noticias. El Congreso queda para comentar la jugada.

Bolaños enseñó un arma nueva más apropiada para los tiempos incendiarios que se viven en la política. De todas formas, si lo de amenazar a la gente con el fuego eterno es un truco que hace mucho tiempo que no le funciona a la Iglesia, menos le va a servir a un Gobierno, ese Gobierno “demoniaco” del que hablaba el ultra que no soporta a León XIV.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conociera las actuaciones de Leire Díez, como recoge el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso. Bolaños, que se encuentra en Luxemburgo en una reunión de ministros de Justicia de la UE, ha subrayado que “en el sumario no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento” de la supuesta trama de Díez.

Bolaños ha subrayado que “es verdad, es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente”, en referencia a las conversaciones de Díez recogidas en el sumario, pero el ministro de Justicia lo ha atribuido a que “probablemente lo hace para darse importancia”.

El ministro de Justicia ha puntualizado que Sánchez “no tiene ningún conocimiento de esto porque el Presidente es una persona íntegra, una persona que cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad, pone pie en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad”.

Bolaños ha insistido en que “tendrán que ser los tribunales quienes decidan”, pero respecto a la posible participación del presidente del Gobierno en la trama de supuesta corrupción de Leire Díez, ha recalcado que “el sumario con toda claridad establece que no hay nada”.

Referencias al “one”

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se recoge un mensaje de 2025 entre Díez y otro imputado en este caso, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), también imputado en la causa, en la que comentan cómo le va a trasladar una supuesta conversación con un empresario al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Díez dice: “Voy a trasladarle a Santi lo de L., pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Lo conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one”.

La UCO apunta en su investigación que “teniendo en cuenta a la persona a la que se está refiriendo y su posición orgánica”, se supone que es Cerdán, “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”. Los agentes lo argumentan apuntando que “la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia ”one“, de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”.

En otro apartado del sumario también aparece como la exmilitante del PSOE hace referencias a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” en dos reuniones que mantuvo en marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Ni elecciones adelantadas ni congreso extraordinario

Respecto a la petición de elecciones anticipadas que han hecho varios miembros del PSOE y el PP, Bolaños ha comentado que “las legislaturas duran cuatro años, tanto cuando gana el Partido Popular, como cuando gobierna el Partido Socialista. Las legislaturas son de cuatro años. Las legislaturas no duran lo que quiere el Partido Popular”.

El ministro ha minusvalorado la petición de 100 militantes socialistas de un congreso extraordinario del partido al señalar que “el Partido Socialista es un partido democrático. Decide todos sus órganos de dirección y todos sus líderes a través de primarias... Una manifestación o una reunión de 100 personas en un partido... Creo que ahora estaremos en torno a 150.000 militantes, pues tiene la importancia que tiene. No obstante, cuando llegue el momento habrá procesos democráticos y por supuesto que cualquier compañera que cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga”.

Era una petición buscada, desde hace semanas, por los organizadores, y ahora se hace realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de la visita de León XIV a España como “evento de especial interés público”, lo que supone beneficios fiscales de hasta el 90% a quienes participen del evento.

El acuerdo permitirá la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores de la visita del pontífice. Esta declaración, prevista para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia, ya fue utilizada durante la última visita de un pontífice a nuestro país: la visita de Benedicto XVI a la JMJ, y pone de manifiesto la buena disposición de la Administración pública con este viaje. El anuncio se produce a pocas horas de que Pedro Sánchez mantenga un encuentro en el Vaticano con León XIV.

En el Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha compartido un informe que detalla el intenso trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para asegurar que la visita sea un éxito. En total, el Ministerio ha coordinado más de 80 reuniones en torno a tres grupos de trabajo: uno con el comité organizador de la Conferencia Episcopal Española y el propio Ministerio; otro con representantes de los principales ministerios implicados (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Interior, Transportes y Movilidad Sostenible, la Secretaría de Estado de Comunicación, y la Secretaría General y el Gabinete del Presidente del Gobierno) y los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas en las que se va a desarrollar la visita y un tercer grupo con responsables autonómicos y locales. Además, se han celebrado reuniones temáticas en ámbitos como la seguridad, la movilidad o la comunicación. 

Fuentes gubernamentales señalan que el viaje de León XIV a España se produce tras la culminación de cinco acuerdos históricos entre el Gobierno y la Iglesia católica: la exhumación del dictador de la Basílica de Cuelgamuros y la resignificación del Valle; el acuerdo sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia; la supresión de determinados beneficios fiscales y el sistema mixto para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reforzará la plantilla del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz con siete profesionales, gracias a la incorporación de tres psicólogos, otros tantos trabajadores sociales y un educador social.

Este personal estará completamente incorporado en el mes de julio, completando al 100 % la cobertura de los equipos técnicos del instituto. Además, comenzarán a trabajar antes de septiembre dos técnicos de autopsias.

Durante los próximos meses se incorporarán otros 24 profesionales a los institutos de comunidades autónomas donde la competencia en materia de Justicia es del Ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

“El compromiso del Ministerio con el buen funcionamiento de estas dotaciones es total, y por este motivo trabaja en un plan de choque con medidas organizativas, de refuerzo y destinadas a la cobertura de las plazas vacantes”, ha expresado el Ministerio que dirige Félix Boslaños.

En el caso del instituto de Badajoz, además de la redistribución del trabajo entre los propios profesionales de los equipos técnicos se han derivado periciales desde los partidos judiciales de Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Castuera a la dotación de Cáceres.

Asimismo, el Ministerio ha renovado la subvención al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (CGCOP) para la realización de pericias psicológicas en procesos judiciales. “Esta colaboración se realiza desde 2016 y el CGCOP garantiza, a través de una convocatoria pública, la realización de las pericias conforme a los criterios colegiales”, ha indicado.

Está previsto que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos realice este año 78 pericias en materia civil del instituto pacense.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que realice su informe sobre las peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El alto tribunal da curso al procedimiento tras haber recibido el 21 de abril el llamado informe de conducta de la subdelegación del Gobierno en Madrid.

Ese documento es un requisito recogido en la ley del indulto, que dice en su artículo 24 que el tribunal sentenciador pedirá “informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquel se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad”, como ocurre en este caso. Después, prevé que solicitará el informe a la Fiscalía y a la parte agraviada, que en este procedimiento es el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

El Ministerio de Justicia activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz y solicitó al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, el informe preceptivo. Un mes después, el 25 de febrero, el alto tribunal envió su petición de informe a la Subdelegación del Gobierno, que tardó casi dos meses en responder. Su respuesta llegó el 21 de abril. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de los “plazos habituales” de trámites de indulto. 

Con todo lo recabado —informe de conducta y de la Fiscalía—, el Tribunal Supremo fijará su posición que, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El indulto total depende del Supremo

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En todo caso, el posible indulto a García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del recurso de amparo que ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario, procesado por dos delitos fiscales. 

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Posible recurso de González Amador

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal del Supremo será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

En sus mentes habita el rencor de forma obsesiva. Se alimentan de odio y resentimiento. Atribuyen a otros sus propias actitudes aviesas. Y se dedican a difamar a quienes les sitúan frente al espejo de su propia cochambre. Y aun así siempre hay alguien dispuesto a convertir al último libelista en personaje viral de consumo rápido o profesional de prestigio. Ya todo vale. Lo que cuenta es el ruido, el impacto fácil y la excitación del momento.

Pongamos que hablamos de Aldama, del empresario corrupto al que no pocos medios de comunicación presentan como un ser de luz, y al que el ministro Félix Bolaños acaba de presentar una demanda por vulnerar su derecho al honor tras acusarle de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Tras la del titular de Justicia, una vez acabado el juicio de las mascarillas en el Supremo, el PSOE presentará la suya propia porque, cuando en diciembre de 2024, registró el escrito, el Alto Tribunal lo desestimó al considerar que no era el momento procesal oportuno. 

Pero pongamos también que hablamos de esa especie periodística que hace de altavoz habitual de delincuentes habituales, políticos resentidos y testigos sobrevenidos o imaginarios del último supuesto escándalo. Sí, pongamos que hablamos de quienes han hecho del derecho a la difamación y el infundio su forma de chapotear en este proceloso mundo de la información. 

De quienes no comprueban, no analizan, no contrastan y descargan sus frustraciones con la escritura. De quienes decían atesorar con responsabilidad y mucho celo hasta cuatro cositas que obligarían a dimitir al mismísimo presidente del Gobierno. Y, pasados los meses, ni una, ni dos, ni tres ni cuatro… Ahí sigue “el perro”. Dimisiones, relevos , vicepresidentes que nunca lo fueron, candidatos imaginarios, superministerios inventados, nombramientos que jamás se produjeron y hasta bombas radiactivas hasta el momento no detonadas.

Si los bulos existen es porque hay buleros que los difunden y gente dispuesta a comprar la mercancía averiada del primero que se presenta como experto acreditado y no aprobaría ni el primer examen de ética periodística. La mentira sale muy barata porque ha sido normalizada por empresarios, políticos, periodistas y hasta jueces que se alimentan del odio y lo practican contra cualquiera que tenga una mínima exposición pública y sea susceptible de ser vilipendiado ante un micrófono o un folio. Cuando una magistrada no reconoce como delito que alguien relacione a la mujer del presidente del Gobierno con el tráfico de drogas en Marruecos en un programa de televisión es que el grado de putrefacción del país alcanza cotas insoportables. 

La calumnia no debería salir gratis, aunque quienes la esparzan se presenten como víctimas perpetuas de una conspiración y traten de descargar su frustración en diarios de adolescentes escritos para reivindicarse y ajustar cuentas. La demanda de Félix Bolaños contra Aldama es el camino para poner fin a tanta indignidad, tanta patraña y tanto desahogado que debiera repasar minuciosamente su trayectoria antes de descargar su ira sobre cabeza ajena. 

Siempre nos quedará el tiempo y algunos jueces, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia de un juzgado de León que condena a seis meses de cárcel a dos activistas de extrema derecha por vincular al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, con la supuesta trama de corrupción del Caso Mediador. El juez impone una pena de cárcel y una indemnización de 2.000 euros más intereses contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa -del canal de YouTube Expediente Royuela- por ser “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Eso sí han tenido que pasar tres años del episodio y desde que algunos otros buleros habituales hicieran gran alarde tipográfico con las inventadas de los hoy condenados sobre su supuesta participación en cenas “rodeados de prostitutas y cocaína”.

“Queremos que se querelle el señor Bolaños contra nosotros porque es la manera en la que judicialmente podremos aportar lo que he dicho y lo que ayer he contrastado y lo que vuelvo a contrastar: que este señor se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta, que no voy a decir tampoco la cifra para no seguir hablando”. Quien así habla es Víctor de Aldama, el delincuente confeso y cerebro de la trama Ábalos-Koldo en un programa de televisión el pasado 5 de febrero. 

No era la primera ni sería la última vez que quien hoy se sienta en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional por el fraude de los hidrocarburos acusaba al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia de un intento de soborno. El deseo del empresario corrupto se ha hecho finalmente realidad y Bolaños presentó el pasado viernes ante la sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una demanda de protección del derecho al honor contra Aldama. No lo hizo antes a la espera de que Aldama declarase ante el Supremo por si volvía a acusarle y, en ese caso, tenía que ampliar o modificar la demanda, que tenía redactada desde hace semanas.

“El derecho al honor es, esencialmente, un derecho fundamental de la dignidad humana y consistente en no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, reconocido como derecho fundamental, entre otros, por nuestra Constitución, y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de cualquier expresión proferida o cualidad atribuida respecto de determinada persona que, de modo inexcusable, lo haga desmerecer en su propia estimación o del público aprecio”, según Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1989.

El artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece además que tendrá la consideración de intromisión ilegítima en el derecho al honor “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. 

Bolaños reclama a Aldama, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen. 

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”. A pesar de su locuacidad en los diferentes programas de televisión por los que Aldama se pasea con frecuencia, en su declaración judicial ante el Tribunal Supremo el 29 de abril de 2026 Aldama no hizo referencia alguna a las supuestas actuaciones llevadas a cabo por Bolaños para “comprar su silencio”. 

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que el ministro había asistido a una fiesta de cumpleaños del entonces Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que también estuvo el empresario y que tal fiesta se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019. En este sentido, subraya el escrito del ministro, “la única evidencia” que ha aportado el Sr. de Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante. Fotografía en la que, por cierto, ni siquiera aparece Aldama. 

“Tan ridículo como imposible”

“Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber coincidido en una fiesta multitudinaria organizada por un tercero —fiesta a la que, por cierto, asistieron decenas de invitados— es un argumento tan pobre que no merece mayor consideración. En primer lugar, porque resulta público y notorio que quienes desempeñan funciones públicas asisten diariamente a actos, reuniones, mítines y celebraciones en las que coinciden con decenas o centenares de personas y se toman fotografías con un buen número de ellas. La coincidencia en estos eventos no puede presuponer, como es lógico, ningún tipo de relación personal ni profesional con los asistentes. Tanto es así que ni siquiera puede descartarse que ambos hayan coincidido en algún otro acto público masivo, sin que ello implique interacción alguna entre ellos. Defender lo contrario sería asumir que uno mantiene vínculos con cada persona con la que comparte un espacio público, lo que es, sencillamente, tan ridículo como imposible. En segundo lugar, porque asistir a una comida o a una celebración de cumpleaños en un restaurante no implica conocer quién es el propietario del establecimiento. Pretender otra cosa revela desconocimiento tan inexcusable como inverosímil de la lógica con la que se desarrollan la vida cotidiana y la actividad pública”, prosigue el escrito de demanda.

En el texto Bolaños recuerda, además, que el propio Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, “no conocer de nada” al ministro. Lo hizo, en concreto, en una entrevista radiofónica en el programa Herrera en Cope el 27 de noviembre de 2024: “Es duro ver que gente como el Sr. López, el Sr. Bolaños, que no les he nombrado en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse”. Una contradicción que, en la demanda, se considera “tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad” del demandado.

Durante su declaración ante el Supremo el miércoles pasado, el cabecilla de la organización criminal del caso mascarillas apuntó contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, sin mencionar esta vez a Bolaños, que dado el impacto en la opinión pública de la acusación “está viendo injustamente mermada su reputación personal por culpa de las mentiras de Aldama, que ha aprovechado la atención mediática que recibe para difundir las falsedades que estima oportunas sin el menor sustento probatorio”.

Nuevo paso adelante en la defensa de las víctimas. El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto-ley que establecerá la exención del pago del IRPF a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, tal y como ha podido confirmar elDiario.es. Se trata de uno de los puntos incluidos en el histórico acuerdo suscrito el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER para la creación de un nuevo sistema de compensaciones para los supervivientes de la pederastia clerical.

Y es que, a partir de su entrada en vigor, las víctimas que reciban compensaciones por el maltrato sufrido durante su infancia a manos de clérigos, religiosos o personal eclesiástico no tendrán que tributar por las mismas. La exención fiscal hoy aprobada también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas, como el PRIVA.

Esta medida se suma al nuevo sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) con el arbitraje del Defensor del Pueblo, que permitirá a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia que sus casos puedan ser analizados y la compensación fijada por un órgano público. El sistema, tal y como avalan fuentes gubernamentales, consagra que la Iglesia paga las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo. Desde su entrada en vigor, el pasado 15 de abril, ya han comenzado a recibirse decenas de casos, en un modelo que, por primera vez, reconoce el 'estatus de víctima' a los supervivientes de la pederastia eclesial.

Fuentes gubernamentales consultadas por elDiario.es señalan que, con este Real Decreto-Ley, el Gobierno “cumple con otra de las demandas de las víctimas y con uno de los punto centrales del acuerdo”, además de reforzar el compromiso con los protagonistas del horror de los abusos. A partir de ahora, las víctimas dejarán de pagar impuestos por las indemnizaciones recibidas.

El acuerdo para reparar a las víctimas

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Toda la información en www.religiondigital.org

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que se limitó a poner de relieve un “hecho objetivo” en sus últimas declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Así consta en una carta remitida por el ministro a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que le acusó a través de otra misiva de ejercer un “señalamiento personal” con el magistrado y calificó de “inadmisible” sus palabras.

Tras trascender el auto por el que Peinado pretende llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, Bolaños aseguró que esa causa “avergüenza” a muchos ciudadanos y a jueces y fiscales. “Ha hecho un daño irreparable”, apuntó. Y añadió: “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”. 

“Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitado su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”, añadió un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

E insistió en que lo que esperaba el Ejecutivo era que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado: “Quiero manifestar mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que con esas palabras se limitó a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario”. Y afirma que alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en el procedimiento contra Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. No obstante, la Audiencia Provincial también ha avalado otras de sus decisiones, como la investigación por malversación por las funciones de la asistente que lleva la agenda de Begoña Gómez. 

Además, en la carta el ministro recuerda que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver denuncias y quejas que afectan a Peinado. “Esta circunstancia no puede calificarse de habitual, muy al contrario, es muy anormal. Estoy plenamente convencido de que ninguno de los más de 900 jueces/zas y magistrados/as miembros de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha dirigido una instrucción en la que se haya producido algo parecido. Subrayar esto no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”, defiende en su carta.

Finalmente, Bolaños afirma que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”. Y recuerda que los propios jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10, según una encuesta realizada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. “Obviamente, esta independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país no se ven ni mínimamente afectadas por cualquier declaración pública”, añade el ministro, que concluye reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”. 

En su misiva, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se define como independiente, argumentaba que si bien es legítimo que el Gobierno discrepe de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia otro poder del Estado. Y consideraba que Bolaños vulneró este deber al ampararse en la libertad de expresión para lanzar lo que consideran “ataques personales”. También le instaban a poner fin a lo que definen como una “dinámica de confrontación”. 

Los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa del juez Juan Carlos Peinado frente a los “ataques” y “descalificaciones” que, a su juicio, está sufriendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. 

Ante estas críticas respecto a la forma de actuar de Peinado con la pareja del presidente, sus compañeros en los juzgados de instrucción le muestran su “apoyo” por lo que consideran “ataques profesionales y personales” y un “cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta”.

La decisión se ha tomado en una junta celebrada este jueves, a la que han asistido una mayoría de miembros como para que hubiera quórum respecto a la conveniencia de hacer esta declaración institucional, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. 

Los jueces de instrucción aluden de forma expresa a las “descalificaciones” de miembros del Gobierno y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. Y sostienen que esas críticas, “lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”.

Bolaños insistió en que parte de las resoluciones de Peinado no se ajustan a derecho y Óscar Puente planteó su instrucción como una forma de “violentar” a los representantes democráticos.

El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.

Isabel Díaz Ayuso ha criticado esta mañana al Gobierno durante su intervención en un foro económico, insistiendo en que la situación política actual “hace polvo” al país y a su “credibilidad”, concretamente a los empresarios y las empresas. “Ver a un ministro de Justicia desprestigiando a un juez, a un fiscal general del Estado condenado haciendo lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo es algo que nunca se ha visto en una democracia, que tiene que atraer y dar confianza, y que tiene que decirle a los inversores que no va a cambiar las reglas del juego a mitad de partida”, ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordaba así las palabras de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que este lunes cargaba contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

“Ver que salen de las cárceles los que han cometido los delitos más graves, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, que se indulta a responsables de los peores casos que se han visto en España, que han secado por ejemplo las inciativas en regiones prósperas como Andalucia con los EREs, o los responsables del procés que han dinamitado la convivencia de todos...”, ha declarado Isabel Díaz Ayuso, “o ver que uno decide que no va a los requerimientos del juez, que no atiende a ellos, que el juez es simplemente un elemento a destruir y a desprestigiar en tiempo real, y que hay que, a su vez, juzgar a través de prensa o a través de políticos.. Esto es algo que nunca se ha visto en España, no puede ser”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que esta situación está “haciendo daño a nuestras empresas” y empresarios, ya que son estos los que “están empezando a sufrir ese deterioro reputacional, por ejemplo en Estados Unidos, después de tantos años de duro trabajo allí”. Ayuso cree que las grandes compañias americanas, “nos dicen testimonios españoles”, subraya la presidenta autonómica, “empiezan a alejarse de ellos y niegan colaboración con los nuestros, en foros y en encuentros”. Isabel Díaz Ayuso también ha pedido durante su intervención “que nada destroce” el trabajo de los empresarios, “y menos por culpa de la politica”.

Ayuso ha insistido en que, desde su Gobierno, defienden “todas las alianzas, especialmente aquellas con aquellos países donde hay elecciones que encima son libres, derechos laborales, participación ciudadana… Es decir, sobre todo en el marco occidental y libre”.

Estas declaraciones se han dado solo un día después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también cargara contra los jueces, concretamente contra el Tribunal Constitucional, que juzga al ex fiscal general del Estado.

Poco más tarde, Rodríguez seguía tuiteando: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Estas declaraciones coincidieron este lunes con la solicitud del ex fiscal general del Estado al TC de anular la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. Además, el jefe de gabinete de Ayuso tendrá que declarar como investigado el próximo 6 de mayo por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que escribían sobre Alberto González Amador. Ambos fueron identificados en el domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja.

El número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas— han descendido un 20,4% en el último año, coincidiendo contra la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Esta nueva regulación incluye la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en este tipo de asuntos antes de iniciar cualquier proceso judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia valoran que estas cifras evidencian que empieza a cumplirse el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. En el Ejecutivo defienden que con esta medida se pretende pasar de “una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo” que, además, permita reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de forma más ágil. 

La mediación es especialmente útil en asuntos que afectan a un gran número de personas y sobre los que el Tribunal Supremo ya ha fijado el criterio a seguir por el resto de instancias. Es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes de las clínicas dentales 'lowcost'. Las primeras cifras muestran que la obligación de recurrir a la mediación ha reducido el número de asuntos que ingresan en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

Sin embargo, no es posible saber el número de estos conflictos resueltos fuera de los juzgados que han acabado en un acuerdo que ha evitado ir a los tribunales porque no existen datos oficiales. Sí hay algunas evaluaciones parciales como una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Madrid que apuntó a que solo un 10% de los intentos de mediación acababa en acuerdo. El estudio, elaborado por la revista de la entidad profesional, advertía de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

Oficina judicial  

Además de la obligación de la mediación para determinados asuntos, la ley de eficiencia incluye como principal novedad la sustitución de los antiguos 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones. Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que, a pesar de las “incidencias puntuales” no hay “incidencias estructurales” o “problemas de base” y ponen en valor el documento realizado por el CGPJ, que basa en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En el departamento que dirige Félix Bolaños afirman que entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa, las vistas realizadas aumentaron más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%.

En Justicia admiten, asimismo, que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial está siendo desigual, aunque “dentro de un orden”. De hecho, consideran que es algo entendible teniendo en cuenta que hay 12 autonomías que tienen la competencia de Justicia transferida. Según el informe del CGPJ, mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

La tensión institucional vuelve a situarse en el centro del debate por el bloqueo en la renovación de instancias clave de la Justicia. El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo. Esta estrategia, que prolonga la interinidad en instancias decisivas, evidencia el pulso de la derecha por tratar de mantener o ganar influencia en los tribunales. 

Cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzaron el final de su mandato el pasado 17 de diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones: le faltan 15 votos. La renovación requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Alta (160 votos), por lo que pasa inevitablemente por un acuerdo con el PSOE, que cuenta con 91 escaños.

Es lo que ha venido ocurriendo históricamente: PP y PSOE se reparten esos cuatro puestos y cada formación propone dos nombres. Pero esa distribución no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes relevantes, como la amnistía, lo que hace que el PP tenga pocos incentivos para llegar a un acuerdo. 

Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que no tienen intención de dar un perfil pactista con el PSOE en un momento de contienda electoral, con las elecciones andaluzas a la vuelta de esquina y en plena pugna con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por dilatar el bloqueo, esperar a mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya sea en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños. Fuentes de su departamento confirman que no se ha producido ningún contacto. 

La primera consecuencia de la decisión del PP es que los magistrados cuyo mandato está ya caducado seguirán en sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto en julio de 2024 y tiene la opción de ser reelegido.

No es la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional por cálculos políticos. Ya lo hizo durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés. Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. 

Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas. Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

El Constitucional como contrapeso

En la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le interesa una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del Constitucional, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el tribunal tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por la extrema derecha. 

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. 

Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como la eutanasia o el aborto y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. También ha avalado la ley de amnistía. El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el regreso de Carles Puigdemont o el posible recurso del ex fiscal general contra su condena por haber filtrado el correo autoinculpatorio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Vacante en el Supremo  

Al bloqueo en la renovación del Constitucional se suma la intención de los vocales elegidos a iniciativa del PP en el CGPJ de dilatar la elección de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio y las fuentes consultadas coinciden en que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. Sin embargo, las negociaciones ni siquiera se han iniciado. 

La estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

“Nosotros insistimos en que la plaza del turno de juristas exige una negociación independiente, pero sin mucha suerte”, sostiene un vocal de la izquierda. Pese a ello, el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar tampoco ha forzado llevar al pleno una votación sobre este puesto, lo que podría evidenciar la actitud obstruccionista del otro grupo. “Ellos saben que el déficit progresista y de mujeres en la Sala Segunda es alto. Y que esta plaza debería adjudicarse a una mujer progresista. Pero prefieren paralizarla. Los ritmos los marca la derecha”, lamenta otra voz progresista.  

A pesar de que las negociaciones no se han iniciado, en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. Es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Solo unos días después de que Pedro Sánchez acordase con Junts aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los siete votos que le faltaban para garantizar su investidura, un veterano magistrado del Supremo contestó así a la pregunta de si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: “La batalla la estamos perdiendo pero, en mi ingenuidad, creo que todavía hay partido”. Dos años después, la ley de amnistía vigente no se puede aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno por la jurisprudencia creativa que el Supremo impuso a este caso al interpretar que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

Ese mismo magistrado del Supremo le contó a un periodista que los procedimientos judiciales en España poseen instrumentos suficientes de control para castigar a aquellos jueces que hacen mal su trabajo. El periodista le recordó entonces que eso no se cumple en algunos casos porque había instancias superiores que rechazaban recursos contra la mala praxis de instructores y protegían al juez infractor: “A veces los jueces no vigilan a los jueces, ese es el problema”.

El magistrado replicó: “Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador”.

El ejemplo del veterano magistrado no podía estar más lejos de la realidad española. Aquí, un juez instructor, Juan Carlos Peinado, imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.

Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.

Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.

El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.

Además de la existencia de un sistema de recursos que permite a las partes de un litigio recurrir a instancias superiores contra decisiones del juez que investiga, existe en España una comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también vigila el trabajo de jueces bajo sospecha.

El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Aquí van algunos ejemplos.

En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.  

El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Dos años y medio después, el Estado de derecho en España parece firme y las reglas de la Constitución, vigentes. Los tribunales y las comunidades autónomas recurrieron la Ley de Amnistía de acuerdo con las normas del Estado de derecho y el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad.

La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.

El susto de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.

Los responsables del Poder Judicial que se atreven a hablar de esta situación escudados en el anonimato admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.

El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.

Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. Algunos jueces incumplen de manera grosera esos principios de ética judicial y siempre contra políticos y altos cargos del mismo signo ideológico. Pero su conducta sigue impune.

La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Jueces con toga se manifestaron a las puertas de los juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba aprobada ni había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Ética Judicial, elegida por los jueces de carrera y de abrumadora mayoría conservadora, avaló la protesta a raíz de la consulta de un profesional, preocupado por si la concentración de togados a las puertas de los juzgados afectaban al principio de independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera. La Comisión consideró que si el juez que se manifiesta –un derecho reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos, según aclaró– tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Desde hace un tiempo, la derecha judicial tiene el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que se atrevió a aprobar una ley de amnistía que perdonaba a los independentistas catalanes los delitos por los que el Supremo les condenó.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido al PP que si considera “correcto” el contenido del decreto anticrisis que este jueves se enfrenta a su convalidación en el Congreso lo “lógico” es que vote a favor y ha rechazado incorporar sus propuestas. “Es evidente que, si el Grupo Parlamentario Popular considera 'correcto' el contenido del Real Decreto-ley y si en muchas de sus medidas coincide con lo que ustedes mismos han propuesto, lo lógico sería votar a favor de su convalidación por el Congreso, sobre todo cuando ya se ha demostrado que está teniendo una incidencia positiva para el conjunto de la ciudadanía”, manifiesta en respuesta a la carta que le mandó Ester Muñoz este lunes. El partido encabezado por Feijóo todavía no ha desvelado si lo apoyarán, pero el 'sí' de Junts encauza el camino.

Bolaños “celebra” en su misiva de respuesta que Muñoz considere “correcto” el paquete fiscal porque “tal calificativo reconoce la labor del Gobierno en su elaboración” y el trabajo previo efectuado con los grupos parlamentarios, aunque señala que es “evidente” que tienen “visiones diferentes” en muchos aspectos. En la misiva, el PP aseguraba que todavía había “tiempo” para incorporar sus propuestas, entre las que citaba “eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica” (que el Gobierno rebaja al 0,5%) o “la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva”, es decir, que las empresas no paguen por conectarse y usar la red lo que está establecido.

“En relación con su interés por que la economía española se muestre aún más resistente frente a futuros shocks energéticos, he de decirle que compartimos propósito, pero que este Gobierno considera mucho más inteligente y eficaz seguir apostando por las energías renovables, limpias, seguras y baratas, características que definen nuestra política y nuestro modelo energético”, contesta Bolaños.

El ministro acaba la carta con la advertencia de que votar en contra del paquete anticrisis “sería perjudicar a las familias, a los autónomos y a las empresas en una situación tan grave como la provocada por una guerra contraria al Derecho internacional”.