Nuevo paso adelante en la defensa de las víctimas. El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto-ley que establecerá la exención del pago del IRPF a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, tal y como ha podido confirmar elDiario.es. Se trata de uno de los puntos incluidos en el histórico acuerdo suscrito el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER para la creación de un nuevo sistema de compensaciones para los supervivientes de la pederastia clerical.

Y es que, a partir de su entrada en vigor, las víctimas que reciban compensaciones por el maltrato sufrido durante su infancia a manos de clérigos, religiosos o personal eclesiástico no tendrán que tributar por las mismas. La exención fiscal hoy aprobada también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas, como el PRIVA.

Esta medida se suma al nuevo sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) con el arbitraje del Defensor del Pueblo, que permitirá a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia que sus casos puedan ser analizados y la compensación fijada por un órgano público. El sistema, tal y como avalan fuentes gubernamentales, consagra que la Iglesia paga las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo. Desde su entrada en vigor, el pasado 15 de abril, ya han comenzado a recibirse decenas de casos, en un modelo que, por primera vez, reconoce el 'estatus de víctima' a los supervivientes de la pederastia eclesial.

Fuentes gubernamentales consultadas por elDiario.es señalan que, con este Real Decreto-Ley, el Gobierno “cumple con otra de las demandas de las víctimas y con uno de los punto centrales del acuerdo”, además de reforzar el compromiso con los protagonistas del horror de los abusos. A partir de ahora, las víctimas dejarán de pagar impuestos por las indemnizaciones recibidas.

El acuerdo para reparar a las víctimas

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que se limitó a poner de relieve un “hecho objetivo” en sus últimas declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Así consta en una carta remitida por el ministro a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que le acusó a través de otra misiva de ejercer un “señalamiento personal” con el magistrado y calificó de “inadmisible” sus palabras.

Tras trascender el auto por el que Peinado pretende llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, Bolaños aseguró que esa causa “avergüenza” a muchos ciudadanos y a jueces y fiscales. “Ha hecho un daño irreparable”, apuntó. Y añadió: “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”. 

“Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitado su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”, añadió un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

E insistió en que lo que esperaba el Ejecutivo era que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado: “Quiero manifestar mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que con esas palabras se limitó a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario”. Y afirma que alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en el procedimiento contra Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. No obstante, la Audiencia Provincial también ha avalado otras de sus decisiones, como la investigación por malversación por las funciones de la asistente que lleva la agenda de Begoña Gómez. 

Además, en la carta el ministro recuerda que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver denuncias y quejas que afectan a Peinado. “Esta circunstancia no puede calificarse de habitual, muy al contrario, es muy anormal. Estoy plenamente convencido de que ninguno de los más de 900 jueces/zas y magistrados/as miembros de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha dirigido una instrucción en la que se haya producido algo parecido. Subrayar esto no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”, defiende en su carta.

Finalmente, Bolaños afirma que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”. Y recuerda que los propios jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10, según una encuesta realizada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. “Obviamente, esta independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país no se ven ni mínimamente afectadas por cualquier declaración pública”, añade el ministro, que concluye reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”. 

En su misiva, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se define como independiente, argumentaba que si bien es legítimo que el Gobierno discrepe de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia otro poder del Estado. Y consideraba que Bolaños vulneró este deber al ampararse en la libertad de expresión para lanzar lo que consideran “ataques personales”. También le instaban a poner fin a lo que definen como una “dinámica de confrontación”. 

Los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa del juez Juan Carlos Peinado frente a los “ataques” y “descalificaciones” que, a su juicio, está sufriendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. 

Ante estas críticas respecto a la forma de actuar de Peinado con la pareja del presidente, sus compañeros en los juzgados de instrucción le muestran su “apoyo” por lo que consideran “ataques profesionales y personales” y un “cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta”.

La decisión se ha tomado en una junta celebrada este jueves, a la que han asistido una mayoría de miembros como para que hubiera quórum respecto a la conveniencia de hacer esta declaración institucional, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. 

Los jueces de instrucción aluden de forma expresa a las “descalificaciones” de miembros del Gobierno y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. Y sostienen que esas críticas, “lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”.

Bolaños insistió en que parte de las resoluciones de Peinado no se ajustan a derecho y Óscar Puente planteó su instrucción como una forma de “violentar” a los representantes democráticos.

El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.

Isabel Díaz Ayuso ha criticado esta mañana al Gobierno durante su intervención en un foro económico, insistiendo en que la situación política actual “hace polvo” al país y a su “credibilidad”, concretamente a los empresarios y las empresas. “Ver a un ministro de Justicia desprestigiando a un juez, a un fiscal general del Estado condenado haciendo lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo es algo que nunca se ha visto en una democracia, que tiene que atraer y dar confianza, y que tiene que decirle a los inversores que no va a cambiar las reglas del juego a mitad de partida”, ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordaba así las palabras de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que este lunes cargaba contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

“Ver que salen de las cárceles los que han cometido los delitos más graves, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, que se indulta a responsables de los peores casos que se han visto en España, que han secado por ejemplo las inciativas en regiones prósperas como Andalucia con los EREs, o los responsables del procés que han dinamitado la convivencia de todos...”, ha declarado Isabel Díaz Ayuso, “o ver que uno decide que no va a los requerimientos del juez, que no atiende a ellos, que el juez es simplemente un elemento a destruir y a desprestigiar en tiempo real, y que hay que, a su vez, juzgar a través de prensa o a través de políticos.. Esto es algo que nunca se ha visto en España, no puede ser”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que esta situación está “haciendo daño a nuestras empresas” y empresarios, ya que son estos los que “están empezando a sufrir ese deterioro reputacional, por ejemplo en Estados Unidos, después de tantos años de duro trabajo allí”. Ayuso cree que las grandes compañias americanas, “nos dicen testimonios españoles”, subraya la presidenta autonómica, “empiezan a alejarse de ellos y niegan colaboración con los nuestros, en foros y en encuentros”. Isabel Díaz Ayuso también ha pedido durante su intervención “que nada destroce” el trabajo de los empresarios, “y menos por culpa de la politica”.

Ayuso ha insistido en que, desde su Gobierno, defienden “todas las alianzas, especialmente aquellas con aquellos países donde hay elecciones que encima son libres, derechos laborales, participación ciudadana… Es decir, sobre todo en el marco occidental y libre”.

Estas declaraciones se han dado solo un día después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también cargara contra los jueces, concretamente contra el Tribunal Constitucional, que juzga al ex fiscal general del Estado.

Poco más tarde, Rodríguez seguía tuiteando: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Estas declaraciones coincidieron este lunes con la solicitud del ex fiscal general del Estado al TC de anular la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. Además, el jefe de gabinete de Ayuso tendrá que declarar como investigado el próximo 6 de mayo por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que escribían sobre Alberto González Amador. Ambos fueron identificados en el domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja.

El número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas— han descendido un 20,4% en el último año, coincidiendo contra la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Esta nueva regulación incluye la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en este tipo de asuntos antes de iniciar cualquier proceso judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia valoran que estas cifras evidencian que empieza a cumplirse el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. En el Ejecutivo defienden que con esta medida se pretende pasar de “una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo” que, además, permita reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de forma más ágil. 

La mediación es especialmente útil en asuntos que afectan a un gran número de personas y sobre los que el Tribunal Supremo ya ha fijado el criterio a seguir por el resto de instancias. Es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes de las clínicas dentales 'lowcost'. Las primeras cifras muestran que la obligación de recurrir a la mediación ha reducido el número de asuntos que ingresan en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

Sin embargo, no es posible saber el número de estos conflictos resueltos fuera de los juzgados que han acabado en un acuerdo que ha evitado ir a los tribunales porque no existen datos oficiales. Sí hay algunas evaluaciones parciales como una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Madrid que apuntó a que solo un 10% de los intentos de mediación acababa en acuerdo. El estudio, elaborado por la revista de la entidad profesional, advertía de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

Oficina judicial  

Además de la obligación de la mediación para determinados asuntos, la ley de eficiencia incluye como principal novedad la sustitución de los antiguos 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones. Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que, a pesar de las “incidencias puntuales” no hay “incidencias estructurales” o “problemas de base” y ponen en valor el documento realizado por el CGPJ, que basa en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En el departamento que dirige Félix Bolaños afirman que entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa, las vistas realizadas aumentaron más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%.

En Justicia admiten, asimismo, que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial está siendo desigual, aunque “dentro de un orden”. De hecho, consideran que es algo entendible teniendo en cuenta que hay 12 autonomías que tienen la competencia de Justicia transferida. Según el informe del CGPJ, mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

La tensión institucional vuelve a situarse en el centro del debate por el bloqueo en la renovación de instancias clave de la Justicia. El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo. Esta estrategia, que prolonga la interinidad en instancias decisivas, evidencia el pulso de la derecha por tratar de mantener o ganar influencia en los tribunales. 

Cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzaron el final de su mandato el pasado 17 de diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones: le faltan 15 votos. La renovación requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Alta (160 votos), por lo que pasa inevitablemente por un acuerdo con el PSOE, que cuenta con 91 escaños.

Es lo que ha venido ocurriendo históricamente: PP y PSOE se reparten esos cuatro puestos y cada formación propone dos nombres. Pero esa distribución no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes relevantes, como la amnistía, lo que hace que el PP tenga pocos incentivos para llegar a un acuerdo. 

Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que no tienen intención de dar un perfil pactista con el PSOE en un momento de contienda electoral, con las elecciones andaluzas a la vuelta de esquina y en plena pugna con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por dilatar el bloqueo, esperar a mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya sea en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños. Fuentes de su departamento confirman que no se ha producido ningún contacto. 

La primera consecuencia de la decisión del PP es que los magistrados cuyo mandato está ya caducado seguirán en sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto en julio de 2024 y tiene la opción de ser reelegido.

No es la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional por cálculos políticos. Ya lo hizo durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés. Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. 

Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas. Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

El Constitucional como contrapeso

En la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le interesa una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del Constitucional, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el tribunal tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por la extrema derecha. 

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. 

Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como la eutanasia o el aborto y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. También ha avalado la ley de amnistía. El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el regreso de Carles Puigdemont o el posible recurso del ex fiscal general contra su condena por haber filtrado el correo autoinculpatorio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Vacante en el Supremo  

Al bloqueo en la renovación del Constitucional se suma la intención de los vocales elegidos a iniciativa del PP en el CGPJ de dilatar la elección de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio y las fuentes consultadas coinciden en que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. Sin embargo, las negociaciones ni siquiera se han iniciado. 

La estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

“Nosotros insistimos en que la plaza del turno de juristas exige una negociación independiente, pero sin mucha suerte”, sostiene un vocal de la izquierda. Pese a ello, el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar tampoco ha forzado llevar al pleno una votación sobre este puesto, lo que podría evidenciar la actitud obstruccionista del otro grupo. “Ellos saben que el déficit progresista y de mujeres en la Sala Segunda es alto. Y que esta plaza debería adjudicarse a una mujer progresista. Pero prefieren paralizarla. Los ritmos los marca la derecha”, lamenta otra voz progresista.  

A pesar de que las negociaciones no se han iniciado, en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. Es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Solo unos días después de que Pedro Sánchez acordase con Junts aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los siete votos que le faltaban para garantizar su investidura, un veterano magistrado del Supremo contestó así a la pregunta de si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: “La batalla la estamos perdiendo pero, en mi ingenuidad, creo que todavía hay partido”. Dos años después, la ley de amnistía vigente no se puede aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno por la jurisprudencia creativa que el Supremo impuso a este caso al interpretar que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

Ese mismo magistrado del Supremo le contó a un periodista que los procedimientos judiciales en España poseen instrumentos suficientes de control para castigar a aquellos jueces que hacen mal su trabajo. El periodista le recordó entonces que eso no se cumple en algunos casos porque había instancias superiores que rechazaban recursos contra la mala praxis de instructores y protegían al juez infractor: “A veces los jueces no vigilan a los jueces, ese es el problema”.

El magistrado replicó: “Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador”.

El ejemplo del veterano magistrado no podía estar más lejos de la realidad española. Aquí, un juez instructor, Juan Carlos Peinado, imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.

Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.

Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.

El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.

Además de la existencia de un sistema de recursos que permite a las partes de un litigio recurrir a instancias superiores contra decisiones del juez que investiga, existe en España una comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también vigila el trabajo de jueces bajo sospecha.

El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Aquí van algunos ejemplos.

En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.  

El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Dos años y medio después, el Estado de derecho en España parece firme y las reglas de la Constitución, vigentes. Los tribunales y las comunidades autónomas recurrieron la Ley de Amnistía de acuerdo con las normas del Estado de derecho y el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad.

La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.

El susto de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.

Los responsables del Poder Judicial que se atreven a hablar de esta situación escudados en el anonimato admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.

El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.

Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. Algunos jueces incumplen de manera grosera esos principios de ética judicial y siempre contra políticos y altos cargos del mismo signo ideológico. Pero su conducta sigue impune.

La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Jueces con toga se manifestaron a las puertas de los juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba aprobada ni había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Ética Judicial, elegida por los jueces de carrera y de abrumadora mayoría conservadora, avaló la protesta a raíz de la consulta de un profesional, preocupado por si la concentración de togados a las puertas de los juzgados afectaban al principio de independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera. La Comisión consideró que si el juez que se manifiesta –un derecho reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos, según aclaró– tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Desde hace un tiempo, la derecha judicial tiene el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que se atrevió a aprobar una ley de amnistía que perdonaba a los independentistas catalanes los delitos por los que el Supremo les condenó.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido al PP que si considera “correcto” el contenido del decreto anticrisis que este jueves se enfrenta a su convalidación en el Congreso lo “lógico” es que vote a favor y ha rechazado incorporar sus propuestas. “Es evidente que, si el Grupo Parlamentario Popular considera 'correcto' el contenido del Real Decreto-ley y si en muchas de sus medidas coincide con lo que ustedes mismos han propuesto, lo lógico sería votar a favor de su convalidación por el Congreso, sobre todo cuando ya se ha demostrado que está teniendo una incidencia positiva para el conjunto de la ciudadanía”, manifiesta en respuesta a la carta que le mandó Ester Muñoz este lunes. El partido encabezado por Feijóo todavía no ha desvelado si lo apoyarán, pero el 'sí' de Junts encauza el camino.

Bolaños “celebra” en su misiva de respuesta que Muñoz considere “correcto” el paquete fiscal porque “tal calificativo reconoce la labor del Gobierno en su elaboración” y el trabajo previo efectuado con los grupos parlamentarios, aunque señala que es “evidente” que tienen “visiones diferentes” en muchos aspectos. En la misiva, el PP aseguraba que todavía había “tiempo” para incorporar sus propuestas, entre las que citaba “eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica” (que el Gobierno rebaja al 0,5%) o “la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva”, es decir, que las empresas no paguen por conectarse y usar la red lo que está establecido.

“En relación con su interés por que la economía española se muestre aún más resistente frente a futuros shocks energéticos, he de decirle que compartimos propósito, pero que este Gobierno considera mucho más inteligente y eficaz seguir apostando por las energías renovables, limpias, seguras y baratas, características que definen nuestra política y nuestro modelo energético”, contesta Bolaños.

El ministro acaba la carta con la advertencia de que votar en contra del paquete anticrisis “sería perjudicar a las familias, a los autónomos y a las empresas en una situación tan grave como la provocada por una guerra contraria al Derecho internacional”.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza expedientar al juez Juan Carlos Peinado tras investigar las cuatro quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política. La Comisión Permanente del órgano —el llamado 'núcleo duro'— analizará en su sesión de este martes si acepta el criterio del Promotor o si, por el contrario, le corrige y le obliga a abrir un expediente al magistrado. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.

Tras una investigación que se ha dilatado durante varios meses, el Promotor, Ricardo Conde, concluye que la conducta del juez no es susceptible de reproche disciplinario en ninguno de esos casos. La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

De forma reciente, el voto de la presidenta permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Esos expedientes, no obstante, acabaron sin sanción porque los vocales conservadores, que son mayoría en la Comisión Disciplinaria, impusieron su criterio. 

Tenso interrogatorio

En el caso de Bolaños, fuentes del Ministerio de Justicia explican que esas denuncias se remitieron para informar sobre las “irregularidades” cometidas por juez “en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo”. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. 

La autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio de 2025 una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio, el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle. Durante la tramitación de las diligencias, Peinado alegó que actuó en todo momento con el objetivo de que la declaración “se desarrollara del mejor modo posible”. 

Bolaños denunció también la filtración a la prensa de resoluciones judiciales antes de que le fueran notificadas formalmente a él o a las partes, lo que, a su juicio, supone una vulneración del carácter reservado de las diligencias que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para fundamentar su queja, expuso dos casos concretos que siguen un mismo patrón. 

Por un lado, respecto a su citación como testigo, Bolaños denunció que el juez firmó a las 14.18 horas del 10 de marzo de 2025 la resolución en la que acordaba abrir una pieza separada y citarle a declarar. Y que, apenas tres horas después, a las 18.26 horas, la noticia estaba publicada en El Confidencial y la resolución “circulaba por canales telemáticos”. Según su queja, las partes no la recibieron hasta el día siguiente y Bolaños no fue notificado oficialmente hasta el 14 de marzo. 

En su denuncia, Bolaños insinúa la responsabilidad directa del juzgado al señalar que el círculo de personas con acceso era muy reducido y que el propio juez habló ese día con el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para confirmar la noticia. El titular de Justicia también pone de ejemplo la providencia en la que el juez rechazó que declarara por escrito. Según su queja, el juez firmó la resolución a las 10.01 horas y, en menos de una hora, a las 10.57 horas, ya estaba publicada en El Mundo. Bolaños asegura que no recibió la notificación formal hasta varios días después, el 3 de abril.

En su propuesta de archivo, la autoridad disciplinaria alega que “no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera indiciariamente, la revelación de datos judiciales”. Recientemente, el Promotor ha abierto una nueva investigación a Peinado por una filtración a OkDiario de información de la causa contra Begoña Gómez. Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas, la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

Prórroga fuera de plazo  

Las otras quejas presentadas vienen motivadas por el hecho de que Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a Alfonso Sánchez Vicente que, como gerente de la EMT, es un alto cargo de la Administración que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). Peinado investigaba desde 2023 si esa empresa municipal malversó dinero público al firmar un contrato de patrocinio con OkDiario para unas jornadas de sostenibilidad en 2022 por 72.600 euros cuando un año antes un evento similar había costado una cuarta parte, tal y como denunció Podemos.

La Audiencia Provincial de Madrid constató que Peinado prorrogó la causa dos meses después del límite legal y que muchas diligencias, por tanto, no eran válidas al haber sido acordadas fuera de plazo. La respuesta de Peinado fue archivar el caso, pero no porque su error hubiera condenado la investigación al sobreseimiento, sino porque creía que no había delito en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la web de Eduardo Inda. Según el juez, el evento fue seguido por “una gran cantidad de personas” y esa “mayor capacidad de difusión” pudo justificar el sobreprecio. 

La portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, optó por abrir también la vía disciplinaria y presentó el 3 de julio de 2025 una queja contra Peinado con relación a estos hechos. La autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias cinco días después. Posteriormente, el 18 de julio, el diputado del PSOE Guillermo Hita presentó otra denuncia por los mismos hechos que derivó en otra apertura de diligencias el 31 de julio. Las dos denuncias consideran que Peinado desatendió sus obligaciones judiciales al acordar esa prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones populares y la Fiscalía.

En sus escritos, ambos denunciantes subrayan que la actuación del juez ha causado “graves perjuicios” a la investigación y a las acusaciones personadas y un “claro favorecimiento” a las defensas de los investigados al impedir seguir investigando y llevar a cabo diligencias que hubieran llevado a un “completo esclarecimiento de los hechos”. 

La ciudad de Toledo ha inaugurado este jueves su nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un edificio construido con una inversión de 5,4 millones de euros y que dará servicio tanto a toda la provincia toledana como a la de Ciudad Real.

Un instituto que ha sido inaugurado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha puesto de relevancia que esta obra es parte de “la mayor transformación de la justicia en décadas” que, ha apuntado, se está llevando a cabo desde el Gobierno central.

Una transformación que, ha profundizado, ha conllevado mejoras legislativas como la Ley de Eficiencia, o la implementación de los tribunales de instancia “que tan buenos resultados están teniendo”.

Las reformas legislativas, también necesitan medios humanos

Unas reformas legislativas que, ha añadido, también necesitan medios humanos, “personas en el número que sea adecuado para que haya resoluciones ágiles” que se produzcan “en tiempos muy razonables”.

En este sentido, ha recordado que este mismo miércoles se anunciaba la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, así como de 500 nuevos jueces, “una creación y un incremento nunca antes visto en la historia de la democracia”.

“Por tanto reformas legislativas, tribunales de instancia, Ley de Eficiencia, 700 nuevas plazas y también inmuebles modernos, edificios e instalaciones modernas como esta para que los profesionales, los forenses los sanitarios y los técnicos puedan hacer su trabajo en unas condiciones absolutamente óptimas para el ejercicio de su labor”, ha aseverado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno central ha atendido una “reivindicación histórica” de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a juzgados de violencia contra la mujer.

Así ha reaccionado Bolaños este jueves, a preguntas de los medios, durante la inauguración del nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, un acto que ha tenido lugar después de una reunión mantenida con la presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray.

Esta reunión se ha producido después de que Astray, en una entrevista con Europa Press, denunciara que los tribunales de la región se encuentran “ante un colapso en violencia de género” que afecta directamente a las víctimas y que achacaba a la falta de personal, solicitando “adoptar medidas urgentes, activas y materiales” para que las políticas contra las agresiones machistas tengan eficacia.

Asimismo, también aseguraba que las solicitudes para aumentar la plantilla han sido trasladadas al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial pero no han sido “ni contestadas ni valoradas”.

Tres nuevas secciones en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo

Preguntado por este asunto, Bolaños ha apuntado que la reunión con la presidenta del TSJCM ha sido “muy productiva” y ha remarcado que, en lo que respecta a violencia sobre la mujer, desde el Ministerio se han creado 50 nuevas secciones en toda España, de las que tres han ido a parar a Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo.

“Por tanto, ha habido una ampliación muy significativa de los recursos de los jueces, de los magistrados que se ocupan de la violencia sobre la mujer”, ha señalado.

Bolaños ha aseverado que este asunto es “fundamental” para el Gobierno y ha defendido un crecimiento de los recursos que era “una reivindicación histórica”, considerando que el Ejecutivo central “ha dado solución a un déficit que existía en Castilla-La Mancha”.

“Estamos trabajando, por supuesto, para que cuanto antes estén a pleno rendimiento”, ha finalizado el ministro.

Resultados “positivos” de los tribunales de instancia

De otro lado, también ha aseverado que ambos han estado “de acuerdo” en los “resultados positivos” que, afirma, ya están teniendo los tribunales de instancia.

Bolaños ha puesto de manifiesto que las cifras de los tribunales de instancia en Castilla-La Mancha son “verdaderamente positivas”, destacando que, desde principios de este año hasta el día de hoy, los juicios celebrados han aumentado un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Es por ello por lo que, ha manifestado, todas las partes presentes en la reunión han puesto en común su “satisfacción” con un cambio “tan enormemente trascendente para la justicia” que está teniendo “resultados muy positivos”.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han aseverado que la reunión entre Astray y Bolaños ha sido “satisfactoria”.

Asimismo, han comentado que las necesidades de personal que existen en materia de violencia sobre la mujer “se van a ir encauzando en breve”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha analizado en su reunión de este jueves un informe que concluye que la ley de eficiencia, la reforma que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia, “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí aprecia problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El informe, de siete páginas, resume las “dificultades, incidencias o disfunciones” producidas en la Fase III de constitución de los Tribunales de Instancia, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2025. Se basa, para ello, en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Tras tomar conocimiento del informe, la Permanente ha acordado que el grupo de trabajo creado para analizar el seguimiento de esta reforma se reúna la semana que viene para abordar y tratar de resolver las disfunciones detectadas, informan fuentes de órgano.

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo. El Ministerio y las autonomías con la competencia transferida —la Comunidad de Madrid, entre ellas— pactaron el pasado diciembre mantener el modelo y la implantación progresiva en tres fases durante 2025 (junio, septiembre y diciembre), aunque con “cierta flexibilidad”.

No obstante, la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial ha sido asimétrica. Mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

El problema que más unanimidad suscita es la falta de adaptación de los sistemas informáticos. Según el informe, los sistemas de gestión procesal no están preparados para el nuevo modelo organizativo, con la excepción del País Vasco. Esta circunstancia provoca errores de reparto o problemas para acceder a los expedientes, incluso en causas con presos. 

En materia de personal, el informe afirma que en muchos territorios no han concluido los procesos para acoplar al personal a sus nuevos puestos. A esto se suma una insuficiencia general de personal, escasez de plantilla, pérdida de refuerzos, desequilibrios entre secciones y un elevado volumen de personal interino “con falta de formación” e inestabilidad en la plantilla. 

Por otro lado, el informe también apunta que, con carácter general, las sedes no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo. Señala que hay problemas de dispersión de sedes, ubicaciones inadecuadas que dificultan el servicio o falta de mobiliario y escasez de equipos informáticos para el personal en determinados territorios. Además, apunta que la cartelería y señalética en muchos casos no se ha modificado, lo que hace que resulte “errónea o confusa”. 

La guerra de Irán y la crisis abierta entre Donald Trump y Pedro Sánchez por las bases de Rota y Morón está dejando en redes sociales un curioso hermanamiento entre Turquía y España. Si el pasado jueves la presentadora de informativos Ece Üner, del canal Halk TV, sorprendió a la audiencia al despedir la edición de las noticias con unas palabras en español agradeciendo al presidente del Gobierno por “estar en el lado correcto de la historia”, X (el antiguo Twitter), Instagram y TikTok se han llenado de publicaciones de usuarios turcos con mensajes similares, aunque también con memes y hasta promesas de implantes capilares.

Incluso las publicaciones de estos últimos días de Sánchez o de Moncloa se han visto inundadas por comentarios similares de usuarios turcos a los que no han tardado en sumarse el universo tuitero español. Conscientes del clima, en el Gobierno no han dejado pasar la oportunidad de subirse a esta ola de pasión turca por España.

Un hermanamiento que ha traspasado la pantalla de la televisión y del móvil y que ha llenado Beyoğlu, el corazón del ocio y la vida nocturna de Estambul, de banderas españolas. Una imagen que, por ejemplo, ha sido compartida por el ministro de Transportes (y el más tuitero), Óscar Puente, que también ha retuiteado el vídeo de la presentadora turca o de usuarios alabando el papel del líder del Ejecutivo.

Pero no solo Óscar Puente ha cedido ante la ola turca. El propio Sánchez también ha querido hacer un guiño a todo este cariño procedente desde Turquía. Este viernes a última hora, compartió en su cuenta de TikTok uno de sus ya habituales vídeos informales sobre su vida en Moncloa. En esta ocasión, sobre cómo pasa tiempo con sus dos perros con insinuación incluida también en su título a los memes de “perro Sanxe”: “Pausa perruna y a seguir”.

En un comentario, el líder del Ejecutivo decidió además aclarar las dudas sobre los nombres de sus mascotas: “Para los que preguntáis, se llaman India y Turca”, acompañando con un emoticono.

En la tarde del sábado, el jefe del Ejecutivo profundizó aún más en la amistad con el país mediterráneo. “Momentos que me envían del mitin de Soria”, escribe Sánchez en una publicación en X en la que muestra una bandera turca ondeando entre gritos de “no a la guerra” en el acto de los 'socialistas' en la campaña de Castilla y León. “Un saludo a la comunidad tuitera turca”, añade. Las respuestas al tuit lo confirman: el hermanamiento es correspondido.

Aunque, sin lugar a dudas, el que ha sido más claro en subirse a esta ola de cariño procedente de Turquía ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Entre memes sobre implantes capilares, muchos usuarios recuperaron la imagen viral del tirador turco Yusuf Dikeç durante los Juegos Olímpicos de París por su mano en el bolsillo, sus gafas normales y su mirada impasible.

“¿Alguien ha visto juntos al tirador con Bolaños alguna vez?”, se preguntaban en X algunos usuarios en modo broma a tenor del aspecto físico bastante similar de ministro y tirador. “Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos”, escribió Bolaños en su cuenta en X citando un mensaje con la foto de ambos.

Y la respuesta del tirador turco no se ha hecho esperar. Dikeç, que lleva días compartiendo en su perfil algunos 'memes' sobre su parecido con el político español, ha recogido el guante de Bolaños y le ha lanzado una invitación: “Creo que no lo creerán [que no son la misma persona] a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo”.

En el PSOE tampoco han querido perder esta oportunidad de cariño a su líder para dejarle un recado a Alberto Núñez Feijóo tras decir que la postura de Sánchez iba a provocar que España “se quedara sola” en el ámbito internacional en esta guerra. “¿Solos? Nunca ¿En el lado correcto de la historia? Siempre. Aquí el único que está solo es el PP que intenta enfrentar a España con la realidad”, tuitearon los socialistas con un vídeo recopilación que, además de la ola de pasión turca, incluía algunos titulares de prensa alabando la postura del presidente del Gobierno.

Pero, ¿a qué se debe esta oleada de amor procedente de Turquía? Todo apunta a que la causa podría ser doble. Por un lado, como solidaridad con Sánchez tras las amenazas de Donald Trump de romper las relaciones comerciales después de que desde el Gobierno se asegurara que no iba a dejar que los estadounidenses utilizasen las bases de Morón y Rota para su guerra en Irán. Unas amenazas que no acallaron a Sánchez y le sirvieron para continuar alzando la voz contra la ofensiva militar y mantenerle el pulso a su homólogo estadounidense. Algo que generó una oleada de alabanzas.

Pero también puede responder a otro factor que contó el pasado jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles. Según confirmó en una entrevista en la Cadena Ser, una batería Patriot española en Turquía fue clave para derribar el misil iraní que sobrevoló el espacio aéreo turco, aunque no fue la que la defensa antiaérea de la OTAN que lo interceptó.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este miércoles en un pleno de urgencia para analizar una convocatoria extraordinaria de 500 plazas para jueces. La reunión se produce después de que, este lunes, el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, mantuvieran una reunión discreta en la que cerraron un principio de acuerdo para dotar de contenido a las 500 nuevas plazas que el Gobierno se ha comprometido a crear este año, informan a elDiario.es fuentes conocedoras de estas negociaciones. 

Esa propuesta inicial, que debe ser ratificada por los vocales, establece que el CGPJ se compromete a convocar 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El Ministerio de Justicia, por su parte, accede a triplicar esa cifra, hasta las 375, a través de una convocatoria extraordinaria del turno libre, la tradicional oposición memorística. 

Los grupos conservador y progresista analizarán en la tarde de este martes en sendas reuniones su posición ante esta propuesta. A falta de abordar el asunto en profundidad, voces de ambos grupos consultadas por elDiario.es avanzan que sus posturas son favorables dada la necesidad acuciante de profesionales en la carrera judicial. Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos del CGPJ, el sistema judicial se enfrenta a una jubilación masiva en la próxima década que dejaría la plantilla en 4.401 efectivos en 2035 si no se toman medidas drásticas, lo que generaría un agujero de más de 2.200 jueces. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces enfrenta el reto de una implementación que no será inmediata y que se produce en un escenario de cierta tensión con el CGPJ. Perelló dijo recientemente que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. Finalmente, ambos han logrado alcanzar un principio de acuerdo.  

En un oficio remitido al CGPJ, Justicia urgió hace unos días al CGPJ a convocar “de inmediato” el cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno finalmente ha accedido a esa propuesta y propone convocar 375 plazas. A cambio, el CGPJ debe comprometerse a convocar otras 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas. 

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue uno de los primeros en reaccionar a la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Tras un lustro de bloqueo, Bolaños afirmó en septiembre de 2024 que su elección era una “magnífica noticia” y que estaba “muy contento”. Esta semana, cuando ese mandato está a punto de superar el año y medio, el titular de Justicia no pudo disimular su malestar con uno de los últimos discursos de Isabel Perelló, que tachó de “político”. 

Por segundo año consecutivo la presidenta del Poder Judicial y del Supremo había empleado su intervención institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para censurar proyectos del Gobierno. Meses atrás, en la apertura del año judicial y de nuevo ante el rey Felipe VI, Perelló también pidió frenar las “inoportunas y rechazables (...) descalificaciones” a los jueces después de que Pedro Sánchez afirmara en televisión que algunos jueces “hacen política”. Meses antes, en junio, había hablado de “presiones intolerables” tras el cuestionamiento por parte de algunos ministros de la causa contra el ex fiscal general del Estado. 

En privado, fuentes del Ejecutivo consideran que Perelló ha decidido situarse en una posición política de confrontación que “no le corresponde” como sexta autoridad del Estado. Por contra, sus discursos son alabados por el bloque conservador del CGPJ, cuyos vocales se sienten cómodos con sus exposiciones de tinte corporativista, en las que hace constantes alusiones a la independencia judicial y únicamente admite como aceptables las críticas “razonables”, tal y como dijo en su discurso de esta semana. 

Esa sintonía se deja ver también en sus movimientos dentro del órgano. El pasado octubre unió sus votos al grupo conservador para acordar un nuevo reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva configuración, ocho de las once comisiones en las que se organiza el trabajo institucional tienen mayoría conservadora. El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado también participó en esa operación y logró mantener su puesto en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

Fue un reparto negociado a espaldas de los progresistas, lo que elevó la tensión hasta límites no vistos durante este mandato. En un duro comunicado, ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar acusaron a la presidenta de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye”. El líder en la sombra de los vocales de la izquierda amenazó incluso con presentar su dimisión. 

En esa nueva distribución es clave el posicionamiento de la presidenta, que tiene voto de calidad en caso de empate y que se ha puesto de perfil en asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

De forma reciente, su voto permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero también se volvió a unir a los consejeros de la derecha y Preciado para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en un puesto de carácter técnico. 

Malestar en el grupo progresista

En el grupo de vocales elegidos a iniciativa de Sumar no ven a Perelló como una de las suyas. Distintas fuentes de este grupo coinciden en señalar que el malestar viene de lejos y subrayan la incomodidad que sintieron el pasado martes, en el acto institucional de bienvenida a los nuevos jueces. Recuerdan que el año pasado, en este mismo acto, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno y que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Cuestionan que esta semana Perelló hiciera, de nuevo, un discurso “sesgado”. La presidenta señaló, por ejemplo, que la mayoría de los nuevos jueces no tienen vínculos familiares previos con la Carrera Judicial —tal y como confirman los datos—, pero también dijo que son “representativos de la sociedad”. Según la propia encuesta realizada por el CGPJ, el 97,32% contó con el soporte económico de sus padres durante la preparación de la oposición, que la mayoría preparó durante más de cinco años. Además, el 69,49% no había trabajado anteriormente. 

También critican que hiciera alusión a cuestiones “absolutamente políticas” y sobre las que “no hay consenso” en el CGPJ, como la ley de eficiencia que supone una nueva organización de los juzgados. Perelló aludió a la “preocupación” del órgano sobre este cambio. Y afeó al Ministerio que haya implantado la reforma “desconociendo el papel del juez y su relación con los procedimientos”, además de no haber contado con los magistrados. “Las reformas han de hacerse de forma ordenada, garantizada y con el tiempo necesario”, apostilló.

Por otro lado, tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por el Ministerio, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, aseveró. “Me sorprende que el Consejo solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, respondió Bolaños un día después. 

En el bloque conservador, por contra, sostienen que la presidenta hizo un discurso “muy correcto”. “Estoy conforme con todo lo dicho”, dice una fuente de este grupo. “No sé cómo el Gobierno anuncia la creación de 500 plazas cuando solo ha convocado 120 [en la oposición del turno libre]”, apostilla otro vocal que sostiene que la información que les llega sobre los nuevos tribunales de instancia es que su implantación está siendo “caótica”. 

El cruce de reproches entre los máximos responsables del CGPJ y del Ministerio de Justicia se produce precisamente en un momento en el que ambas instituciones están negociando asuntos de enorme calado. Es el caso de la implantación de los tribunales de instancia y la cobertura de esas 500 nuevas plazas que no se pueden dotar de personal solo con la tradicional oposición memorística debido a la falta de Presupuestos.

El Gobierno pretende que el órgano de gobierno de los jueces mueva ficha y active el llamado cuarto turno, la vía reservada a profesionales del Derecho con un mínimo de 10 años de ejercicio que deberían ser el 25% de la carrera y solo llegan al 9% por el incumplimiento histórico del CGPJ. Está obligado a convocar este proceso cada dos años. Pero la última convocatoria es de febrero de 2023 y todavía no hay nueva fecha. Las negociaciones siguen abiertas. 

El Ministerio de Justicia quiere revertir el “déficit” histórico de jueces del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio y cubrir así gran parte de las 500 nuevas plazas que se crearán este 2026. En un oficio remitido este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha tenido acceso elDiario.es, el departamento dirigido por Félix Bolaños urge al órgano de gobierno de los jueces a convocar “de inmediato” esta vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces, que busca empezar a revertir el déficit estructural de magistrados, enfrenta el reto de una implementación que no será ni mucho menos inmediata y que se produce en un escenario de tensión creciente con el CGPJ. Su presidenta, Isabel Perelló, dijo este martes ante el rey Felipe VI que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. 

La ley establece desde 1985 que de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría magistrado dos deben cubrirse por concursos por escalafón (antigüedad), una a través de pruebas de especialización (civil, penal, contencioso, violencia sobre la mujer...) y otra por este cuarto turno. Se llama así porque se suponía que sería una cuarta parte de las plazas: el 25%. La realidad es que solo el 9% de los jueces en activo ha entrado así debido al incumplimiento histórico del CGPJ. El Gobierno afirma que hay un “déficit” de 781 jueces elegidos por esta vía teniendo en cuenta todas las vacantes producidas en ejercicios anteriores, aunque el órgano de gobierno de los jueces lo reduce a 230, según las cifras recogidas en ese oficio. 

El Ministerio pretende que el CGPJ mueva ficha y convoque cuanto antes un proceso sobre el que tiene la competencia “exclusiva” ante “la necesidad de cubrir urgentemente las 500 nuevas plazas que se crearán” este año. Su movimiento se explica también por las enormes dificultades que tiene para dotar de personal a esas plazas por otras vías como la tradicional oposición memorística debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno. 

Por un lado, continúa en tramitación la ley que reforma el acceso a la carrera, que contempla la incorporación de 480 nuevos jueces al año durante los próximos tres ejercicios, así como la puesta en marcha de un proceso de estabilización que permitiría el acceso de alrededor de 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. Por otro, la ausencia de Presupuestos acota a 200 las plazas que se pueden convocar este año del llamado turno libre (la oposición) porque es el límite previsto en las últimas cuentas aprobadas, las de 2023, que se prorrogarán si no hay acuerdo parlamentario.

Como un efecto dominó

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Distintas fuentes presentes en esa reunión confirman que los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno está analizando esta petición, pero sus técnicos lo ven difícil, ya que la ley dice explícitamente que se pueden convocar “como máximo 200 plazas” para el acceso a la carrera judicial y fiscal. Argumentan que en 2004 la redacción de la ley presupuestaria era más flexible. 

Es por ello que los representantes del Ministerio defendieron que la única opción para completar esos huecos de forma más o menos rápida es potenciar el cuarto turno, a quienes se sumarían los jueces de las últimas promociones que no tenían puesto de titular y, en última instancia, jueces sustitutos de la bolsa de casi un millar que hay en esta situación. 

Según datos del CGPJ, desde 2014 hasta la actualidad se han convocado 208 plazas para el cuarto turno: 11 en 2013, 50 en 2015, 12 en 2018, 50 en 2020 y 85 en 2023. Por contra, las plazas del turno libre han ascendido en el mismo período en 1.232. Son unas cifras que muestran el boicot permanente del órgano a una vía de acceso que es una especie de puente para que juristas ya en activo y con más de diez años de experiencia profesional –académicos, abogados…– se puedan convertir en jueces por medio de un concurso de méritos donde no se mide su capacidad para recitar de memoria el Código Penal.

Documentación interna del CGPJ reconoce un déficit de plazas del cuarto turno en la última década y recoge que “en la práctica no se vienen haciendo” las reservas que establece la ley, si bien rebaja la cifra a 88. El argumento es que las plazas del cuarto turno “se convocan a largo plazo” y “resulta poco operativo reservar plazas sin juez titular durante periodos de tiempo extensos”. Así, se ha dado preferencia a la modalidad de ascenso por escalafón con la tesis de que eso posibilita que se ofrezcan más plazas a las nuevas promociones que salen de la Escuela Judicial tras haber hecho la oposición. 

En realidad, el proceso del cuarto turno puede ser más ágil: tras superar un concurso con tres fases (valoración de méritos, dictamen y entrevista), su paso por la Escuela Judicial dura solo cuatro meses, en contraste con los dos años que requieren los aspirantes del turno libre. La última promoción del cuarto turno inició el proceso en febrero de 2023 y recogió sus despachos tres años después, en enero de 2026. En el turno libre, desde la publicación de las bases hasta la recogida de despachos celebrada este martes en Barcelona pasaron casi tres años y medio. 

Fuentes del CGPJ explican que se están valorando opciones para agilizar la convocatoria del cuarto turno. Esas medidas, que todavía están en fase de estudio, pasarían por realizar en primer lugar el dictamen y hacer la valoración de méritos de solo aquellos aspirantes que hayan pasado esa primera prueba.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reprochado a la presidenta del Consejo General Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, su “discurso político” de crítica a la propuesta de creación de 500 nuevas plazas de jueces. “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, ha afirmado Bolaños a su llegada a la inauguración de la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

La jefa del órgano de gobierno de los jueces censuró este martes la propuesta del Ministerio de Justicia al considerar que “no resuelve el problema de fondo” de déficit de magistrados, al tiempo que ha reiterado la “preocupación” del CGPJ por la nueva organización de los juzgados impulsada por el Ejecutivo. Ante esta crítica, el titular de Justicia ha tirado de ironía al mostrar su respeto a “los discursos políticos que se leen”, al tiempo que dejaba entrever su malestar por “el lugar y el foro” elegido por Perelló: en el acto de entrega de despachos a la 74ª promoción de jueces celebrado, como es tradición, en Barcelona ante toda la cúpula judicial y en presencia del rey Felipe VI. 

Bolaños ha defendido las reformas que está llevando a cabo su gabinete —incluida la nueva organización de los juzgados que supone la ley de eficiencia— y ha reiterado que “el inmovilismo no lleva a ninguna parte”. “Desde el Ministerio vamos a trabajar en las reformas que necesita la Justicia, en tener una Justicia del siglo XXI, de calidad y que merezca una buena valoración de la ciudadanía, no como pasa hasta ahora. En el inmovilismo no nos van a encontrar”, ha aseverado. 

Por segundo año consecutivo, Perelló empleó su discurso institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para criticar proyectos del Ejecutivo. En 2025, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno. Este martes, Perelló tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por Justicia, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, añadió.