El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro sostiene que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y critica que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” haya sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas “y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”. 

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente es competente para decidir sobre los recursos de alzada impuestos frente a decisiones de la autoridad disciplinaria, lo que augura que este recurso tiene pocas opciones de prosperar.

De hecho, el propio Bolaños admite que no confía en que ese órgano revoque su propia decisión y anuncia que su objetivo es agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que dice que está seguro de que “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor carece de “motivación”, dado que no realiza “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explica “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”.

Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía” durante el interrogatorio.

Así, en la grabación consta que apenas iniciado el interrogatorio, el juez advirtió a Bolaños que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”.

En su escrito, el ministro denuncia que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Además, sostiene que durante ese tiempo la investigación fue “limitada” y se llevaron a cabo “un número muy reducido de diligencias de investigación”. 

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno “tener información” sobre el riesgo de crisis migratoria en Ceuta antes de que se produjera y no hacer “absolutamente nada” al respecto. “Tenemos un Gobierno que no sólo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó”, ha insistido la portavoz, que también ha acusado al Ejecutivo de “alentar próximas invasiones”.

“Si después de una invasión de 80.000 personas los inmigrantes irregulares que quedan en Ceuta son repartidos en la Península, pasado mañana tienes una invasión de 200.000 y dentro de un mes de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio”, ha advertido Muñoz, al tiempo que ha afirmado que hay que “seguir protegiendo la frontera y no alentar a próximas invasiones, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con este tipo de mensajes”.

Asimismo, ha explicado que, según los informes conocidos, la Guardia Civil ya alertó a principios de julio de que se podía producir una entrada masiva, y ha recordado que el PP registró a mediados de ese mes una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería que, a su juicio, “el Gobierno metió en un cajón”.

“Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el Gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada”, ha afirmado Muñoz este domingo en declaraciones a medios de comunicación en Sevilla la Nueva (Madrid).

En este sentido, ha insistido en que “es evidente que tenían la información y no quisieron proteger nuestra frontera”, ha remachado, en referencia también a informaciones que apuntan a que el jefe de Gabinete trasladó datos del CNI al delegado del Gobierno la noche anterior a la entrada masiva y a que hubo una orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “no hacer nada”, como ha explicado la portavoz.

Preguntada por si el CNI advirtió o no de la dimensión de la entrada de migrantes, Muñoz ha matizado que “no lo dice el CNI”, sino que “el Gobierno dice que el CNI dice”, al considerar que no existe “un papel o una instrucción oficial” del organismo que confirme que no avisó de la magnitud de la entrada. “Le damos la credibilidad justa teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno que lleva mintiéndonos cuatro años”, ha añadido.

Por otra parte, al ser cuestionada por la acogida de menores migrantes en comunidades autónomas, Muñoz ha insistido en que “esto no se trata de un problema de refugiados”, sino de “una invasión” y “un ataque de guerra híbrida destinado a desestabilizar Ceuta y, por tanto, a desestabilizar España y a desestabilizar la Unión Europea”.

En este sentido, ha defendido que todos los migrantes que entraron de forma irregular, “sean menores o sean adultos”, deben ser retornados “por donde entraron”, y que, en el caso de los menores, debe primar su interés superior estando “con sus familias” o, en su defecto, protegidos por los servicios sociales marroquíes.

Critica a Bolaños por “presionar” al Tribunal Supremo

La portavoz del PP ha aprovechado su comparecencia para criticar con dureza un mensaje publicado el día anterior por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha acusado de “atacar y presionar” a los magistrados del Tribunal Supremo para que dicten una sentencia “escrita a gusto del Gobierno de España” respecto a la denominada 'ley de nietos', algo que ha calificado de “enorme irresponsabilidad y gravedad”.

“En una democracia liberal el Ejecutivo no se enfrenta contra el Judicial. En una democracia liberal el imperio de la ley nos afecta a todos, a los tres poderes del Estado y también al Gobierno de España”, ha defendido Muñoz, quien ha sostenido que con ese mensaje el ministro dejó entrever la intención del Gobierno de utilizar la ley “fuera de la ley que aprobaron a posteriori” para ampliar el voto de los españoles en el exterior.

En este sentido, ha alertado de que, según su análisis, habrá municipios de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia o Andalucía con más personas censadas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) votando desde fuera de España que habitantes residentes en ellos.

Finalmente, preguntada por si el PP condena las agresiones a periodistas en el ejercicio de su trabajo tras los ataques a profesionales de la información en Ceuta, Muñoz ha respondido que su partido “siempre” las ha condenado, “de cualquier naturaleza, de cualquier tipo y venga de quien venga”.

El nuevo curso en los tribunales ha arrancado con las espadas en alto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La publicación de un comunicado en el que nueve vocales progresistas pedían “autocrítica” a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha causado un enorme malestar en el resto de miembros del órgano. Tanto es así, que los consejeros del bloque conservador han trasladado que rompen relaciones con el otro grupo, cuyos votos son necesarios para sacar adelante cuestiones clave, como los relevantes nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo. 

A su juicio, ese comunicado en el que nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar pedían que el solemne acto de apertura de los tribunales no se redujera a una mera presentación estadística o un cruce de reproches supone una “deslealtad tremenda”. “Pretendían condicionar el discurso de la presidenta con un escrito a la prensa que ni nos habían comunicado. Afortunadamente, no lo consiguieron”, sostiene una fuente del grupo conservador. 

Por contra, la sensación en el bloque progresista es que ese comunicado que trasladaron de forma previa a la presidenta, aunque no al resto de sus compañeros, era un necesario “golpe en la mesa”. Consideran que era inevitable actuar con firmeza tras dos años de cierta subordinación a la presidenta y a los vocales de la derecha, que han “impuesto su rodillo” en cuestiones muy relevantes, como el reparto de poder dentro del órgano. “Estamos donde queremos estar: abiertos a hacer un programa de gobierno discutido y asumiendo que hay cosas en las que no hay acuerdo, pero no dispuestos asumir por asentimiento todo lo que ellos proponen”, apuntan en el bloque progresista. 

El nuevo escenario proyecta una sombra de bloqueo sobre el órgano en caso de que los conservadores mantengan su órdago. No obstante, algunas voces de este bloque consideran que aunque la situación será muy tensa en los próximos meses “no es insalvable”: “Ya hemos demostrado que podemos superar estas cuestiones y que, aunque discrepemos, tenemos capacidad de encapsular los conflictos”.

Los nombramientos en la cúpula judicial requieren una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques. Para otras decisiones, sin embargo, se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador podría lograr gracias a la presidenta y al vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado, con quienes ya se han aliado en otras ocasiones. La más relevante, en octubre del año pasado, cuando se pusieron de acuerdo para imponer una mayoría conservadora en ocho de las once comisiones en la que se organiza el trabajo de la institución.

Por mandato legal, esas comisiones tienen que volver a renovarse de nuevo en unas semanas, lo que también explica que se hayan desatado las hostilidades entre ambos grupos, de acuerdo a las fuentes consultadas. La más relevante es la Comisión Permanente, el núcleo duro formado por siete vocales y la presidenta y donde se toman muchas decisiones. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Y ahí, los conservadores defienden que tanto Perelló como Preciado forman parte de la “cuota” progresista, lo que reserva solo dos puestos para los otros nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar.

Los nombramientos

De puertas afuera, sin embargo, la competencia más relevante del CGPJ es la de realizar designaciones en las cúpulas de los principales tribunales. En estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas.

Entre tanto, la presidenta se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha tras el veto a las dos aspirantes mujeres propuestas por el grupo progresista. 

“Lo que ha pasado esta semana evidencia un cierto hartazgo con la presidenta y con el Tribunal Supremo”, dice un miembro del grupo de la izquierda. Este jueves, mientras se celebraba el tradicional cóctel con autoridades posterior al acto de apertura judicial, el Alto Tribunal difundió los autos que sustentan la decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo y en los que una mayoría de magistrados alienta la teoría de Vox —autor de uno de los recursos— sobre un supuesto pucherazo. 

El ponente de esa resolución es Antonio Narváez, uno de los juristas que en un encuentro privado de fiscales con Alberto Núñez Feijóo llegó a expresar su deseo de que el líder del PP llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez ascendió al Supremo hace poco más de un año, con el respaldo de todos los vocales del órgano salvo Preciado. Este último respaldó a Pedro Moreno Brenes, que fue candidato de Izquierda Unida y ejerce como letrado en el Supremo. 

Preciado, que actúa como una suerte de verso suelto aunque se ha alineado con la presidenta y la derecha en cuestiones clave, también ha sido muy crítico con el texto difundido por los vocales progresistas. En otro comunicado, Preciado alude a la “instrumentalización” del órgano y acusa a sus compañeros de convertirse en “correa de transmisión de intereses políticos ajenos”. Las reacciones de Preciado y los vocales de la derecha evidencian que existe una total sintonía entre ambos al denunciar un supuesto alineamiento de sus compañeros con el Gobierno y el Ministerio de Justicia. 

El discurso de Perelló

En ese comunicado, nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y una de Sumar reclamaron a Perelló que incorporara una reflexión crítica y autocrítica sobre la propia gestión del CGPJ y sobre las medidas que le corresponde asumir. “La credibilidad del Consejo exige autocrítica, ejercicio efectivo de sus competencias y compromisos susceptibles de evaluación”, decía el texto enviado a los medios. 

Pese a ello, Perelló volvió a desplegar un discurso muy corporativista en el que, además de los nombramientos, citó entre los “objetivos” logrados la emisión del informe sobre el sistema de elección de los vocales que exigió el Parlamento. Ese informe se realizó hace un año y medio, en febrero de 2025, y el órgano tuvo que hacer dos propuestas ante la falta de acuerdo entre conservadores y progresistas. Perelló no tomó partido y optó por votar en blanco. También aludió a la elaboración de una instrucción sobre Inteligencia Artificial o a la creación de un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos. 

Por lo demás, la presidenta utilizó varios minutos para defender la independencia judicial y reprender a los políticos que emiten “descalificaciones personales” contra los jueces —son un “instrumento de presión”, dijo—. Y reservó apenas unos segundos para pedir a los jueces “mesura” en el ejercicio de sus atribuciones y “prudencia” en sus intervenciones públicas. Además, optó por obviar las encuestas que apuntan a que un 60% de los ciudadanos creen que hay lawfare [guerra judicial] en España y afirmó con rotundidad que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. 

En términos generales, su discurso gustó a los vocales conservadores, quienes creen que sus compañeros de la izquierda no lograron condicionar las palabras de la presidenta con el comunicado que tanta tensión ha provocado. Los consejeros de la derecha ven en Perelló “un ejemplo de contención”. “Siempre está moderando, apaciguando y buscando el consenso”, dice otra fuente de este bloque.

Los progresistas, por su parte, recuerdan que hace un año los consejeros de la derecha también contribuyeron a elevar la tensión del acto de apertura judicial cuando pidieron por carta a Perelló que instara a ausentarse de ese acto al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a que impidiera que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se sentara junto al rey Felipe VI y el resto de altas autoridades en los estrados del alto tribunal. Esa carta también acabó en la prensa.

La tensa situación que se vive en el CGPJ pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia. Y evidencia también las costuras del ajustado reparto de vocales pactado entre el Gobierno y el PP tras cinco años de bloqueo. Ahora, está por ver cómo afecta al día a día del órgano el estallido de unas hostilidades que parecían soterradas en los últimos meses. 

Entre los retos del nuevo curso está la renovación de cuatro vacantes en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace más de dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. La intención de los progresistas era que esa plaza fuera adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hasta este verano había 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora.

Sin embargo, esa negociación ha sido bloqueada por los vocales elegidos a iniciativa del PP. Su estrategia ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar así una renovación en bloque con los puestos que dejaron en junio los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado, y con la plaza de Juan Ramón Berdugo, que se jubiló la semana pasada. También hay otra vacante en la Sala que acaba de fallar sobre la ley de nietos, que también debe renovar su presidencia. Son puestos de la máxima relevancia y sobre los que planea ahora la sombra del bloqueo si los conservadores mantienen su amenaza de romper el diálogo.

La demanda civil por difamación presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama afronta sus últimos trámites antes de llegar a juicio salvo que se produzca un improbable acuerdo entre ambos. Según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebrará el próximo 4 de noviembre la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio.

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

El artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece que Bolaños y Aldama tengan que acudir personalmente a este trámite, en el que podrán estar representados por sus abogados o procuradores.

Las afirmaciones de Aldama

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudaba en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Sin embargo, ese mismo escrito puso de manifiesto la falsedad de la argumentación de Aldama, dado que ninguna de las llamadas presentadas en el juzgado correspondientes al teléfono de su portavoz tienen al ministro como interlocutor.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto.

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones.

En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

A falta de un pacto de última hora, que parece poco probable, la audiencia del próximo 4 de noviembre servirá para que las partes propongan la prueba de cara al juicio. La magistrada deberá decidir si acepta o no esa prueba antes de señalar la fecha de la vista oral.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado este viernes de “barbarie” los ataques contra migrantes ocurridos en Ceuta la semana pasada y ha acusado a derecha y ultraderecha de “no querer tratar como seres humanos a personas que han venido a Europa a intentar tener un futuro mejor”.

Durante su intervención en la clausura en Oviedo de la Escuela de Verano de UGT Asturias, Bolaños ha asegurado que las dos alternativas de la actualidad son “socialdemocracia o barbarie” y ha cuestionado que no se atienda al hecho de que se les quemen “las cuatro chabolas y cuatro plásticos para protegerse del sol” a personas “que no tienen nada”.

Recuperar la normalidad

Además, ha remarcado que el Gobierno “comprende” el estado de ánimo de los ciudadanos de Ceuta y lleva semanas trabajando para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma y seguirá haciéndolo, pero ha destacado que se trata de “un problema complejo” para un Ejecutivo progresista “que actúa siempre con respeto a los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo”.

A su juicio, es mejor que esta crisis la esté tratando un ejecutivo progresista “que la pueda conducir y gestionar con total transparencia” y que va a mostrar “todos los informes de los que se tuvo conocimiento en los días del 30 y 31 de julio y posteriores”, como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha recordado, que según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), las entradas irregulares en España “han sido la mitad que en Italia” en el último periodo del 2021 al 2026, lo que en su opinión demuestra el éxito de las políticas migratorias españolas.

“La internacional ultra”

Durante su intervención, Bolaños ha apuntado a “la internacional ultra” y a “los poderosos”, que buscan “perpetuar privilegios” y por eso rechazan al Gobierno de España a nivel nacional e internacional.

Según el ministro, “la derecha lo quiere todo y no le importa utilizar cualquier medio para ello”, como la “deshumanización” de los políticos de izquierdas y, en concreto, del presidente del Gobierno, que “está sufriendo una persecución más cruel por parte de la derecha y la ultraderecha en España”.

“Quieren someter a toda la ciudadanía a sus intereses económicos, y al Gobierno de España lo van a tener enfrente siempre. Por eso estamos en la diana, porque nunca vamos a admitir que los grandes oligarcas impongan sus intereses a la gente de a pie”, ha afirmado.

El “gran dilema”

Ha sostenido que el actual ecosistema de redes sociales hace “díez veces más difícil” difundir una idea progresista frente a una idea ultraderechista debido a algoritmos “que no son neutrales”.

Para Bolaños el mundo está ante un “gran dilema” que es “el mismo del siglo XIX, del siglo XX y ahora del siglo XXI: si el poder se reparte o si se lo quedan todo los depredadores”.

El Gobierno defiende sus relaciones con Marruecos y exculpa a Rabat de la entrada en Ceuta de más de 70.000 personas. Durante su comparecencia ante la comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, el ministro Félix Bolaños ha defendido que el Gobierno no tenía “información precisa” sobre la magnitud de ese acceso masivo y ha desmentido las acusaciones de la oposición sobre la implicación del país vecino en la reciente crisis migratoria. “No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio”, ha insistido.

Ante las intervenciones de la oposición, Bolaños ha advertido del peligro de verter acusaciones sin fundamento contra un socio estratégico de España. “Sembrar sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad no es un buen camino”, ha aseverado. Y ha dicho que el PP y Vox “necesitan un curso acelerado de diplomacia básica” por estar “faltando el respeto, sin ninguna prueba, a Marruecos”.

Además, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no se ha desviado de la línea oficial del Ejecutivo y ha reiterado que en la Moncloa no tenían “información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio”. Este martes, la ministra la Defensa, Margarita Robles, insistió en sede parlamentaria en que los servicios de Inteligencia españoles sí trasladaron avisos el día previo a la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal.

Respecto a la situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma, Bolaños ha explicado que la ley española “protege a las personas que están en nuestro país, aunque hayan entrado de manera irregular” y es “especialmente garantista con los menores”. “Deberíamos tener esa mirada humanitaria que en esta Cámara pidió el Papa. Algunos van a misa, pero al Papa ni caso le hacen”, ha dicho el titular de Justicia.

“Hay que garantizar que vuelven a un lugar que sea seguro para su desarrollo personal, que vuelven con sus familias o que el Estado marroquí se hace cargo de sus necesidades básicas. Hay algunos discursos aquí que no son nada humanitarios, son crueles, que son capaces de decir que hay que dejar a los niños y a las niñas absolutamente desamparados, sin la protección ni de sus familias ni de ningún Estado (...). Y lo que protege la ley española es precisamente lo contrario, por eso son procedimientos complejos en España y también en Marruecos”, ha aseverado.

El ministro ha reiterado que la “prioridad” del Gobierno es la devolución “con arreglo a la ley”. “Hay unas garantías, lo cual impide hacerlo de manera inmediata”, ha insistido Bolaños, quien ha recordado que en la crisis de 2021 hubo devoluciones que no se hicieron conforme a la ley y eso supuso la condena por prevaricación de la delegada del Gobierno de España en Ceuta y de la vicepresidenta del Gobierno ceutí.

“Si ustedes dicen que esto se puede hacer inmediatamente y que en cinco minutos se pueden devolver sin cumplir la ley, ustedes tienen que saber que estarían prevaricando y que serían condenados por los tribunales”, ha dicho refiriéndose a los diputados de la derecha y la extrema derecha.

Previamente, la dirigente del Partido Popular Cuca Gamarra había elevado el tono tras los primeros altercados registrados en Ceuta dirigidos contra personas migrantes. Durante su intervención, Gamarra contrapuso la situación de los ceutíes con la de las personas migrantes que han entrado en la ciudad autónoma.

“Los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad y les piden paciencia”, ha dicho la diputada después de que el ministro Bolaños hiciera un llamamiento a la calma y asegurara que el Estado “está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad autónoma de Ceuta” y llamara a evitar “cualquier discurso racista o xenófobo”.

El ministro también ha confrontado con la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, a la que ha afeado sus “discursos de odio” y ha preguntado cómo habría gestionado la entrada en Ceuta de más de 70.000 personas. “¿Me puede decir si, como dicen algunos de sus compañeros, ordenarían disparar contra las personas que pasan a la frontera?”.

Durante su intervención, Bolaños ha defendido que la integridad territorial del país siempre ha estado garantizada y ha advertido sobre el peligro que supondría una hipotética llegada de Vox al Gobierno en coalición con el Partido Popular. Y ha calificado ese escenario de “muy malo para España”.

El juez Juan Carlos Peinado encara sus últimas semanas en activo con un asunto que puede marcar el final de su trayectoria en la carrera judicial: su posible sanción disciplinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a analizar en septiembre si las quejas que le trasladó el pasado julio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueden acarrear una sanción leve para el juez que ha logrado sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La jubilación forzosa de Peinado está prevista para el 27 de septiembre, cuando cumplirá la edad máxima que pueden tener los magistrados en activo, fijada en los 72 años. A partir de entonces, se extinguirá cualquier posibilidad de sanción disciplinaria. Tras el parón del mes de agosto, el tribunal madrileño empezará a analizar la documentación a partir de septiembre. En primer lugar, tendrá que decidir si le abre expediente disciplinario o rechaza de plano emprender cualquier actuación con las diligencias que le remitió el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, teniendo en cuenta el protocolo a seguir y los plazos temporales tan ajustados, las fuentes consultadas auguran que Peinado solo podría ser reprendido con la sanción menos severa de entre todas las que tienen carácter leve si es que finalmente el tribunal decide imponerle algún correctivo. Se trata de la sanción de advertencia, una especie de reproche disciplinario formal sin ni siquiera multa económica.

El artículo 422.1 de la ley del Poder Judicial determina que la advertencia se impondrá “sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información sumaria”. Las fuentes consultadas explican que se trata de un procedimiento rápido, en el que se analiza la documentación remitida por el CGPJ y se da audiencia al juez afectado, con lo que daría tiempo a culminar el proceso durante septiembre.

Además, la decisión depende únicamente de la presidencia del tribunal, un cargo que actualmente ocupa en funciones la magistrada Aurora de la Cueva después de que el pasado 20 de julio su anterior presidente, Celso Rodríguez Padrón, tomara posesión de su nuevo puesto en el Tribunal Supremo. De la Cueva ocupa el cargo de forma interina dado que es la presidenta de Sala más antigua de ese órgano judicial.

El procedimiento más largo dificulta la sanción

Las faltas leves como las que el CGPJ sospecha que pudo cometer Peinado también pueden ser castigadas con multa de hasta 500 euros o con multa y advertencia de forma conjunta. Sin embargo, en ese caso la ley prevé un trámite más complejo. El procedimiento exige la designación de un instructor que debe recabar pruebas y, si ve materia, hacer después un pliego de cargos que el expedientado puede contestar en el plazo de ocho días, así como proponer más pruebas.

Transcurrido ese plazo y previa audiencia de la Fiscalía, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente. Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado, que tendrá otros ocho días para hacer alegaciones.

Una vez concluido este trámite, el expediente se remitiría a la Sala de Gobierno del TSJM, que es la competente para imponer por mayoría este tipo de sanciones. Ese órgano tiene ocho miembros, de los que al menos cinco pertenecen a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En caso de sanción, el magistrado y la Fiscalía pueden recurrir en la vía administrativa, sin perjuicio de los que procedan en la vía jurisdiccional. La ley establece que la resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el tribunal acuerde su suspensión.

Aunque la ley da un plazo máximo de un año para resolver los expedientes por este tipo de sanciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que se puedan cumplimentar todas estas garantías procesales y plazos de alegación en menos de un mes desde que el TSJM retome la actividad en septiembre hasta el día 27 del mismo mes.

Ataques a la Policía

La primera de las diligencias remitidas al tribunal madrileño se abrió después de que la Comisión Permanente del CGPJ acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto en el que Peinado justificó su decisión de retirar el pasaporte de Begoña Gómez por la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga.

Los vocales del bloque progresista y la presidenta del órgano, Isabel Perelló, consideraron que la autoridad disciplinaria debía valorar si esas expresiones podían suponer una falta de desconsideración. Pero el Promotor propuso archivar ambas investigaciones y dejar sin sanción a Peinado por estos hechos. Argumentó que el Consejo únicamente puede intervenir si lo solicita el tribunal superior del juzgado correspondiente, algo que no ha sucedido en este caso.

Sin embargo, de nuevo los vocales progresistas y la presidenta entendieron que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite sancionar este tipo de expresiones sin cumplir ese requisito. En concreto, una sentencia de la de lo Contencioso-Administrativo de 2014 que confirmó una sanción a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Catalunya. Al tratarse de una falta leve, la competencia en este caso es del TSJM, de quien decidirá si hay o no sanción.

La segunda de las diligencias remitida al tribunal madrileño fue abierta tras la denuncia presentada por un particular que denunció que Peinado había tardado un año y siete meses en tramitar un procedimiento. De nuevo, el Promotor propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la misma mayoría de la Permanente estimó, sin embargo, que pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso y acordó su remisión.

Otros jueces sin sanción

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Sin embargo, las cifras evidencian que la mayoría de las investigaciones que se abren acaban sin sanción. En 2024, último año del que existen datos disponibles, el Promotor dictó 362 acuerdos de archivo de diligencias informativas y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente 11 acabaron en sanción.

Este año, el bloque conservador impuso su mayoría en la Comisión Disciplinaria y archivó sin sanción los expedientes abiertos al juez Manuel Ruiz de Lara, quien llamó “Barbigoña” a la mujer del presidente del Gobierno y al magistrado Eloy Velasco, que criticó a la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Además, la Permanente también archivó el pasado julio otras cuatro quejas contra Peinado. Entre ellas, las que presentó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la actuación del juez cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. El alto tribunal rechazó investigarle.

El archivo de esa queja se llevó a cabo con el voto favorable de los vocales conservadores y del consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado que, no obstante, sí se mostró partidario de denunciar a Peinado por los delitos de revelación de datos reservados y prevaricación en relación con otras de las quejas presentadas contra él que también resultaron archivadas.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha urgido por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a agilizar los trámites administrativos necesarios para desbloquear la partida presupuestaria destinada a reforzar el Tribunal de Instancia de Ceuta tras la crisis migratoria.

En una misiva la que ha tenido acceso elDiario.es, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, afirma que el Ministerio “tiene todo preparado” para aprobar la autorización del crédito presupuestario en cuanto el CGPJ remita la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) y el informe del Servicio de Inspección. Este órgano dependiente del CGPJ advirtió de que lo sucedido en la ciudad autónoma ha afectado de manera “extraordinaria” al desarrollo del servicio público de Justicia.

En la carta, el secretario de Estado afirma que el departamento que dirige Félix Bolaños “sugirió hace tres semanas” reforzar los tribunales de la ciudad autónoma. El pasado martes, la Comisión Permanente del CGPJ pidió refuerzos para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta para hacer frente a la saturación por la entrada de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma.

Tal y como recoge la misiva y confirman fuentes del Ministerio de Justicia, en la mañana de este lunes el CGPJ todavía no había remitido la solicitud del TSJA y el citado informe de la Inspección. Se trata de documentación preceptiva para autorizar el crédito presupuestario y que se pueda así continuar con la tramitación de los refuerzos.

Otros refuerzos

Por otro lado, el secretario de Estado sostiene que “sería conveniente” que los refuerzos que finalmente apruebe el CGPJ se realicen con magistrados de otros tribunales o audiencias o, dentro del tribunal de instancia de Ceuta, de secciones distintas de la sección civil y de instrucción, y en su defecto, con sustitutos.

Asimismo, el Ministerio afirma que “en los próximos días” se incorporarán a los juzgados de Ceuta tres tramitadores, un gestor procesal y un auxilio y que se ha autorizado la ampliación de guardias para la tramitación de los procedimientos judiciales. Además, se han asignado tres abogados fiscales sustitutos como refuerzo, once médicos forenses, siete técnicos de autopsia y dos funcionarios de tramitación del Instituto de Medicina Legal o cinco abogados adicionales de guardia del turno de oficio de extranjería, entre otras medidas.

Carlos Hugo Preciado, uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que forma parte, además, de la Comisión Permanente de este órgano, fue elegido para el cargo a propuesta de la formación política Sumar. A pesar de que se presupone que encaja entre los vocales progresistas, este martes ha demostrado una vez más que es un verso suelto: se ha opuesto a apoyar la posible sanción al juez Juan Carlos Peinado por las irregularidades que denunció el ministro Félix Bolaños.

Bolaños acusaba a Peinado en sus quejas de haber actuado de forma anómala cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se ponía el foco en que el magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno solicitó un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa y una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Preciado se ha subido al carro conservador que ha acabado convirtiendo la queja de Bolaños en agua de borrajas. Y eso que desde el sector progresista se ha emitido un voto discrepante al sentir de la Comisión Permanente en el que se indica que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

Por contra, Preciado y los conservadores han sostenido que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo. Añaden que, aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

Más allá de ese episodio, Carlos Hugo Preciado ha emitido hasta dos votos particulares, a los que ha tenido acceso elDiario.es, para pronunciarse sobre otros dos asuntos que se veían también en el conjunto de quejas contra Peinado y que han acabado en archivo. El primero era relacionado con la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a una web –OkDiario– del contenido de una providencia que no había sido dictada. El Promotor de la Acción Disciplinaria en su informe concluyó que no había resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

El minuto a minuto de la providencia

Carlos Hugo Preciado indica que, si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto, no es competente el CGPJ.

En su voto hace un minuto a minuto de cómo se desarrollaron los hechos investigados. Recuerda que la defensa de la asistente sostiene que ese medio publicó el 13 de enero de 2026 información relativa al contenido de una providencia dictada en el procedimiento de Tribunal del Jurado antes de su notificación a las partes. El vocal indica que las actuaciones practicadas acreditan la existencia de publicaciones periodísticas previas a la notificación de la resolución, pero no permiten identificar de manera cierta la fuente de la información.

Explica que la noticia de esa web que llevaba el titular 'Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía' hacía mención a que el juez había solicitado a la Policía Judicial que obtuviera los pasaportes de las investigadas y atribuía tal actuación a una providencia dictada el día anterior.

Esa misma madrugada del 13 de enero, a las 5.50 horas, ese mismo medio publicó un editorial en el que también afirmaba que el magistrado había decidido dictar una providencia relacionada con la obtención de los pasaportes. Pero no fue hasta la 11.30 horas que Peinado firmó electrónicamente la providencia redactada el día anterior. Según el histórico remitido por el Letrado de la Administración de Justicia, la resolución todavía no había sido notificada cuando se publicaron las noticias.

A las 13.15 horas, OkDiario modificó la noticia inicial para eliminar referencias explícitas a la providencia del 12 de enero y reformulando parte del texto, aunque mantuvo referencias al hecho de que el juez había pedido ayuda a la Policía, recuerda Preciado.

A las 20.02 horas, esa providencia de Peinado fue remitida y notificada a través del portal digital a las partes personadas en el caso Begoña Gómez. Y ya el 14 de enero los procuradores recibieron y descargaron la notificación de la providencia. La denunciante sostiene, indica el vocal del CGPJ, que ya conocía su contenido por haberlo leído previamente en la prensa digital.

Un día después, el 15 de enero, el medio publicaba una nueva noticia: 'OkDiario tenía razón: Peinado pide ayuda a la Policía ante la resistencia de Begoña a entregar su pasaporte' ,reivindicando haber adelantado la existencia de la providencia antes de su notificación oficial.

Preciado advierte de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera como falta muy grave “la revelación por juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Y añade que sería tipificado como revelación cuando el juez, fuera de los cauces de información judicial establecidos, difunde “hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función”. Al hilo, cita jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo para indicar que revelar “supone descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, siendo necesario acreditar una conducta positiva de divulgación”.

Añade que la propia denuncia se construye sobre la hipótesis de una filtración de información reservada procedente de un procedimiento judicial en curso. E indica que si los hechos denunciados fueran ciertos, “podrían presentar apariencia de delito de revelación de datos reservados” y, por tanto, “la averiguación de la existencia de la filtración, la identificación de su autor y la determinación de su relevancia penal exceden de las competencias disciplinarias del CGPJ”.

La prórroga fuera de plazo

Preciado ha emitido voto particular también sobre el archivo de la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investigaba un delito de malversación.

El Promotor de la Acción Disciplinaria señalaba en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga. La Comisión Permanente tuvo en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-. Y añadía que los precedentes jurisprudenciales señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que no supone automáticamente una infracción sancionable.

Pero en su voto particular, Carlos Hugo Preciado explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la Administración de Justicia. Añade que esto también debe ser conocido por la jurisdicción penal.

Preciado recuerda que la prórroga de la instrucción vencía el 27 de enero de 2025, que tanto las acusaciones populares solicitaron nuevas prórrogas que fueron informadas favorablemente por la Fiscalía y que, sin embargo, Peinado no resolvió la solicitud hasta el 2 de abril de 2025. La Audiencia Provincial declaró extemporánea la decisión del juez y la dejó sin efecto.

El vocal explica que no corresponde al CGPJ determinar si concurren todos los elementos típicos del delito. Sin embargo, sí corresponde apreciar “si existen indicios suficientes para considerar que la resolución pudo haber sido dictada con una ignorancia inexcusable de un régimen legal de plazos imperativos ampliamente conocido en la práctica procesal penal o, al menos, mediante una imprudencia grave incompatible con los deberes de diligencia exigibles al titular de un órgano jurisdiccional”.

Entiende que la cuestión excede claramente del ámbito disciplinario porque afecta directamente a la legalidad de una resolución jurisdiccional concreta y a la posible concurrencia de un delito de prevaricación judicial imprudente.

Añade que subsidiariamente podría encajar en un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Y al hilo, explica que la excusa ofrecida por el magistrado descansa en que no se le dio cuenta de los escritos presentados por las partes. Pero advierte de que esa circunstancia debe impulsar una investigación para determinar el origen de la demora, el grado de conocimiento efectivo del incidente procesal y la razón por la que una cuestión tan sensible permaneció sin resolver durante más de dos meses.

Víctor de Aldama, empresario condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo le suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la justicia, ha enviado un escrito al juzgado para contestar a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. El escrito, adelantado por el diario ABC, incorpora nuevos bulos y se escuda en una persona, Ramón Bermejo, que actuó de jefe de Comunicación de Aldama cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la justicia. Aldama admitió sus delitos y denunció entonces distintas corruptelas de varios dirigentes socialistas, algunas de ellas confirmadas y condenadas por el Supremo, y otras, directamente falsas. Esas mentiras para desacreditar a dirigentes socialistas siguen impunes.

El empresario corrupto acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. “Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, declaró. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquel bulo, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Ramón Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Si”. Luego ha ido matizando esa declaración que ya se ha demostrado falsa porque las llamadas que ha presentado Aldama en el juzgado correspondiente al teléfono de su portavoz, Ramón Bermejo, nunca son con el ministro.

En el escrito de respuesta a la demanda, Aldama precisa que Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Lo explica así: “Se suceden una serie de llamadas con distintas localizaciones de las que es interlocutor el señor Ramón Bermejo y de las que resultan en última instancia sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al señor de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a Altos Cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella”.

Pero en el periodo de estas llamadas al que se refiere Aldama nadie sabía que el comisionista corrupto, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso Mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta.

“En el desarrollo de tales llamadas participaron”, continúa el escrito de respuesta a la demanda, “por lo que se trasladó al señor de Aldama por parte de don Ramón Bermejo, personas mandatadas por Bolaños, Rafael Oñate Molina, exdirector del Gabinete del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y otras personas del departamento ministerial”.

Rafael Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023 mientras el escrito de Aldama habla de unas supuestas conversaciones de primavera y verano de 2024. El nuevo bulo evita aclarar si Ramón Bermejo precisó a Aldama la fecha de esas llamadas y su contenido. Difícilmente pudo hablar en 2023 con Oñate de un soborno a cambio del silencio de Aldama cuando el empresario ni siquiera había sido detenido por la primera de las causas de corrupción en las que estaba involucrado.

Bermejo, según fuentes conocedoras de esas comunicaciones, llamó a distintos departamentos del Gobierno en el verano y otoño de 2023 interesándose por la celebración de la Copa América de Vela. En sus llamadas al ministerio de Presidencia, insistentes y la mayoría sin resultados, le llegaron a indicar que sus demandas o preocupaciones sobre la Copa América de Vela debería tratarlas en otra ventanilla, la del ministerio de Educación y Deportes.

El abogado de Aldama aclara ahora que Ramón Bermejo actúa como representante o director de comunicación del empresario desde “aproximadamente marzo de 2024, momento a partir del cual se le empieza a identificar como interlocutor, gestionando su relación, entre otros, con los medios de comunicación”. En realidad, Bermejo se presenta ante los periodistas como portavoz de Aldama en noviembre de 2024 cuando el empresario acababa de salir de la cárcel, donde permaneció durante un mes en prisión provisional por el caso Hidrocarburos. La fecha de marzo de 2024 que cita ahora en el escrito, sin ninguna prueba que acredite su veracidad, intenta evitar que no se desmorone completamente el primer bulo de Aldama sobre el ofrecimiento de dinero a cambio de silencio. Las llamadas del soborno tienen que ser antes de que Bermejo apareciese por primera vez como jefe de comunicación de Aldama cuando éste ya había tirado de la manta.

El Gobierno le acusa de mentir

Aldama también involucra a dos trabajadores del grupo parlamentario socialista y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por supuestas comunicaciones con Ramón Bermejo. Fuentes socialistas desmienten también que el contenido de esas llamadas fuese un intento de soborno por parte de dirigentes del PSOE para evitar que Aldama tirase de la manta. Narbona ha aclarado que Bermejo se comunicó con ellos para ofrecerse a trabajar para el partido en 2023.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia y Justicia acusaron ayer a Aldama de volver a mentir en el escrito de respuesta a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños:

- “Las afirmaciones de Aldama son radicalmente falsas: el ministro Bolaños no ha contactado nunca con Aldama ni con Bermejo y jamás ha enviado 'un emisario' para que contactase con ellos”.

- “Un ejemplo: afirma que las llamadas se produjeron en marzo y julio de 2024, pero en ese momento: ni el señor Oñate era director de Gabinete del ministro Bolaños (cesó en noviembre de 2023) ni el señor Bermejo era el asesor de comunicación del señor Aldama [lo contrató en noviembre de 2024]”.

- “El ministro Bolaños no ha tenido el menor contacto, directo o indirecto, con el sr. Aldama ni para este ni para ningún otro asunto. Algo que el propio Aldama afirmó públicamente en noviembre de 2024 al decir que ”es duro ver que gente como el señor López o Bolaños, que no me conocen de nada hablan de mí de oídas“.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró este jueves que “la amnistía es constitucional y conforme al derecho europeo”. Lo hizo tras conocer el la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que avala la legalidad de la norma, un fallo que se hizo público este jueves y en el cual la justicia europea descarta que la norma contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

Bolaños sostuvo que el TJUE ha sido “muy claro” en su sentencia a la hora de aseverar que “la ley es plenamente compatible con el derecho europeo”. “La amnistía ha quedado validada desde tres opticas: desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional, y desde el punto de vista del derecho europeo”, celebró el ministro, que aseguró que el Gobierno “siempre defendió lo que hoy afirma rotundamente” la justicia comunitaria: que “la amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social y pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el procés y facilitar un escenario de reconciliación”.

Bolaños también quiso poner en valor que “la situación hoy no puede ser más distinta” a la que existía en 2017, cuando el Govern declaró unilateralmente la independencia. “Este Gobierno heredó una de las peores crisis de la democracia: no solo se quebraron la ley y la Constitución, se quebraron acuerdos fundamentales sobre las instituciones catalanas y su relación con las instituciones estatales”, planteó el ministro, que lamentó que, durante el procés, “se quebró la confianza entre quienes pensaban diferente, y entre las empresas e inversores en Catalunya”. “Hoy hay acuerdo entre diferentes, hay normalidad plena entre el Gobierno de España y el de la Generalitat” y “las empresas están regresando y están llevando inversiones históricas a Catalunya”, contrapuso.

Asimismo, el titular de Justicia elogió el papel de un Ejecutivo que, dijo, “arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia, y lo logró”. “Somos conscientes de que la ley no contó con el apoyo unánime de los partidos del Congreso, y también que hubo una parte de la sociedad que la vio con cierta suspicacia, o que incluso la rechazó frontalmente, pero tengo la convicción de que, una vez vistos sus efectos, ni sus críticos más acérrimos querrían renunciar a sus frutos”, razonó Bolaños. “Por eso”, dijo, “me atrevo a calificarla de logro colectivo”: porque “todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el conflicto político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar. La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”, informa Oriol Solé Altimira.

Tras la sentencia del TJUE, los jueces españoles están obligados a amnistiar a los encausados que no se habían podido beneficiar de la ley: una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Por el contrario, la situación de los dos líderes de la Generalitat cuando se proclamó la independencia, el expresident Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras, no se ve alterada. El Tribunal Supremo optó por negarles, en su momento, la aplicación de la amnistía, y la revisión de sus casos se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, que se espera que se pronuncie sobre el fallo del Supremo a la vuelta del verano.

En su declaración institucional, Bolaños no mencionó a Puigdemont y Junqueras expresamente. Pero sí afirmó que “el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley”, y que esta “solo se habrá cumplido plenamente cuando se aplique también a los líderes que impulsaron el proceso independentista”. “Esta será la última etapa del proceso de normalización, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible”, pidió.

El PP: la “responsabilidad política” se mantiene

Por su parte, la dirección del PP mostró su “respeto absoluto” por la sentencia del TJUE que avala la ley de amnistía, pero también avisó de que no borra la “responsabilidad política” del independentismo. “El PP no interpreta las sentencias en función de si le gustan más o menos”, han señalado fuentes de Génova poco después de la decisión anunciada desde Luxemburgo.

“Es un paso más de un largo proceso judicial en el que todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales”, añadieron fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, estas mismas fuentes añaden que el PP “ofrece a Catalunya abrir una nueva etapa” centrada en hablar “únicamente de lo que necesitan los catalanes”.

“Es incomprensible. Hasta él mismo debió darse cuenta”. Uno de los presentes, este jueves, en la sede de la Fundación Pablo VI, que escuchó en directo las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, llamando “banda de ladrones” al Gobierno, revela el momento de silencio “incómodo” que se generó en la sala. El líder de los obispos españoles lanzó un misil a la línea de flotación de las relaciones Iglesia-Estado, justo un mes después de la histórica visita de León XIV a España, que había generado una inusual buena sintonía entre el episcopado y el Ejecutivo, ahora en serio riesgo.

“Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito”, dijo, explícitamente, Argüello, que este viernes ha negado que se refiriera al Gobierno, aunque aprovechó para dejar otro recado: “Cada uno verá por qué se siente aludido”.

La sensación el jueves fue que Argüello trató de suavizar su mensaje. “Tras decir lo de 'a las pruebas me remito', se detuvo y nos miró. Paró unos segundos y trató de matizar”, recuerda esta fuente consultada por elDiario.es. Entonces, añadió: “Me miro a mí y os miro a vosotros. Si hemos hecho trampas en la declaración de la renta o pedimos una factura en negro... ¿cómo le vas a exigir a tus representantes públicos?”.

Pero ya era tarde. “El mal ya estaba hecho”, apuntan fuentes episcopales, que muestran su malestar ante la enésima salida de tono de su presidente. “Ya tuvimos un serio problema con la pederastia y ni te cuento cuando pidió elecciones anticipadas”, señala un arzobispo, que lamenta que las palabras de Argüello “se han cargado el espíritu del histórico discurso de León XIV en el Congreso”.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Como adelantó elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió esa misma tarde una carta al presidente de los obispos, por esas declaraciones que consideró “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

“¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?”, contestó Bolaños a Argüello, instándole a que las relaciones estén “marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

La carta del ministro finalizaba con unas palabras de León XIV en su discurso al Congreso, en las que el Papa recordaba que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.

No ha sido el único miembro del Gobierno en mostrar su malestar. La ministra de Defensa, y católica confesa, Margarita Robles, lamentaba, en una entrevista en la Cadena Ser, la diatriba del presidente de la CEE: “Es absolutamente inaceptable; creo que es totalmente contrario al propio mensaje que hizo el papa. Me parece que la Iglesia Católica tiene una enorme responsabilidad y espero que se disculpe adecuadamente”, señalaba.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al presidente de la Conferencia Episcopal de ser “un colaborador de Vox”.

Argüello, por su parte, ha admitido que “a la hora de poner los ejemplos en un aula, en un intercambio, uno puede ser más o menos afortunado en las expresiones, pero en la cuestión de fondo es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos”. El presidente de los obispos ha lamentado también que se hubiera hecho pública la carta de Bolaños, “que debería ser privada”. “A mí siempre me alegra que podamos dialogar; lo que me extraña siempre de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario”, insistió sobre la respuesta del Gobierno a sus declaraciones públicas.

Aunque no habrá disculpas, durante la tarde del jueves ya hubo un intercambio de comunicaciones informales entre interlocutores en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno, para tratar de matizar las palabras de Argüello. El argumento para suavizar el tono es que se produjeron en el transcurso de un discurso “sin papeles”, dirigido “al ámbito de lo general”.

Pese a ese “ámbito de lo general”, Argüello también cargó contra la prohibición de las terapias de conversión, las leyes LGTBI, el aborto o la eutanasia.

Esos contactos informales han tratado también de asegurar la agenda de temas a abordar tras la visita de León XIV a España, que se había ampliado a los acuerdos por la regularización extraordinaria de migrantes, las ayudas a las ONG que trabajan contra la pobreza o la búsqueda de soluciones definitivas para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y lograr que los benedictinos desistan de su demanda contra la resignificación de Cuelgamuros.

“Da la sensación de que, siempre que el Gobierno está contra las cuerdas, hay alguna declaración de nuestro lado que le da oxígeno”, apunta un obispo, que recuerda otras “desafortunadas perlas”, tanto del presidente de la CEE como de su secretario respecto a la actuación del Gobierno o la lucha contra la pederastia, uno de los puntos en los que, con mucha dificultad, se logró alcanzar un acuerdo entre la Iglesia y el Estado.

En todo caso, y aunque ambas partes confirman la buena voluntad para seguir negociando los temas pendientes, lo cierto es que las palabras de Argüello han provocado, además de indignación, tristeza. “Es como si no hubiéramos escuchado nada de lo que nos dijo el Papa”, lamenta un influyente prelado. “A veces da la sensación de que nos hemos quedado en los fuegos artificiales y lo bien que salió todo, y no en los mensajes para ‘desarmar el lenguaje’”, apunta otro, con la mirada puesta en un más que previsible regreso de León XIV, en 2027, a nuestro país, dentro de un viaje que podría llevarle al santuario portugués de Fátima, a Santiago de Compostela, Zaragoza y, quizás, a Gernika. Un viaje complicado de organizar, especialmente, por el previsible calendario electoral que tendrá nuestro país el año próximo.

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado una carta al presidente de los obispos, Luis Argüello, en la que le afea su alusión al Gobierno como “banda de ladrones”. En la misiva, Bolaños expresa su “sorpresa” ante unas declaraciones que considera “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) participó este jueves en el cierre de unos cursos de verano, bajo el título 'El colapso de la democracia'. Durante su intervención, Argüello afirmó que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”. Y añadió: “A las pruebas me remito”.

Estas palabras han sentado especialmente mal en el seno del Ejecutivo, que ha respondido a Argüello con una interpelación directa. “¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ”banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños, que a renglón seguido aclara que, “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

El ministro de Presidencia continúa su carta asegurando: “En las numerosas ocasiones en las que hemos conversado sobre este asunto, jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

Argüello llegó a pedir el verano pasado la convocatoria de elecciones y ha participado en actos con el lider de Vox, Santiago Abascal. El ministro Bolaños ya envió otra carta al presidente de la CEE, en la que le reclamaba “neutralidad política de la Iglesia”, tras afirmar este que “preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes”, en una entrevista en La Vanguardia.

Bolaños, no obstante, deja la mano tendida a “una colaboración productiva y respetuosa”, para la que pone como ejemplo la reciente visita de León XIV a España. “Ha sido un rotundo éxito pastoral y social gracias al trabajo conjunto y a la cooperación que mostramos”.

El ministro cierra su carta con unas palabras de Prevost, que recordó que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lengua”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 21 plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 9,7% y la fiscal un 8%. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad. Es más, con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: 21.

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%). Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, o que “nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia” ni tampoco se habían destinado tantos recursos para su modernización.

La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en lo que el Ejecutivo central califica de “ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

La planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7%

De las 21 nuevas plazas de jueces para Castilla-La Mancha, 18 son para tribunales de instancia (TI), una para la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo. Entre los TI que se verán reforzados están los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

La ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, más eficiente, permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones de euros.

La plantilla de la Fiscalía en Castilla-La Mancha crece un 8%

La creación de ocho plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supone una ampliación de la planta fiscal del 8% en esta comunidad.

En toda España se crean 200, que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado en segunda vuelta la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El texto definitivo —impulsado por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia— incluye varias novedades con respecto al primer documento aprobado en enero tras las aportaciones realizadas en el trámite de audiencia pública y de los informes recabados de, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. “Era uno de los hitos incluidos en el Plan de acción por la democracia y con él damos cumplimiento al 87% de esa iniciativa”, ha defendido el ministro Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha reivindicado “que las reglas del juego se adecuen a la realidad de nuestro tiempo”.

Las claves de la nueva legislación, que busca actualizar la norma de 1982 por los “enormes cambios tecnológicos” que han transformado la sociedad desde entonces, pasan por establecer en 16 años la edad en la que se puede prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, amplía las personas que pueden ejercer derechos en nombre de fallecidos y pone coto a los llamados true crimes.

Las mujeres, las más afectadas por los 'deepfakes'

La ley incorpora como una intromisión ilegítima en el honor la utilización o difusión de la imagen o la voz de una persona “que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista”. Se refiere a los denominados en inglés deepfakes, que son, con frecuencia, imágenes pornográficas no consentidas y afectan de forma mayoritaria a las mujeres, según los datos que maneja Naciones Unidas. Se ha convertido en una nueva forma de violencia machista intensificada con el auge de las redes sociales y en los últimos años se han dado varios casos en España que afectan a menores de edad.

La legislación incluye como excepción a la consideración de “intromisión ilegítima” que el contenido generado a través de inteligencia artificial forme parte de una obra de ficción, satírica o artística. En este apartado se introduce una novedad con respecto a la redacción previa, añadida tras el trámite de información pública, y es que el creador solo tiene obligación de aclarar que el contenido es una manipulación hecha con inteligencia artificial cuando la obra pueda “inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico”.

Hay otra excepción que contempla esta nueva ley, no prevista en la redacción de 1982, y es que se dispone que la revelación o difusión de comunicaciones privadas no se considerará “intromisión ilegítima” cuando el contenido revelado se limite a hechos que tengan carácter noticiable por su relevancia pública. “Se trata de una previsión en consonancia con la doctrina constitucional sobre el carácter preferente de la libertad de información en este tipo de supuestos”, explica el Gobierno en su exposición de motivos.

El caso de las obras sobre crímenes reales

También busca dar una mayor protección de las víctimas de los delitos que aparecen en las obras cinematográficas o libros que se basan en crímenes reales (los true crimes) en los casos en los que no haya un beneficio económico. El cambio frente a la legislación anterior es que incorpora como una intromisión ilegítima el caso de que un condenado en sentencia penal firme utilice su delito “de cualquier modo que dañe el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas”. Es decir, no solo si es para conseguir “notoriedad pública” u “obtener provecho económico”.

La nueva norma actualiza el apartado referido a los derechos de las personas tras su muerte. Se podrá prohibir mediante testamento la utilización de la propia imagen o de la voz —originales o modificadas— para fines publicitarios o comerciales, y se podrá designar a una persona para que autorice o deniegue este tipo de usos tras el fallecimiento. Se amplía el apartado de quienes pueden defender los derechos de la persona fallecida más allá del matrimonio para incluir, por ejemplo, a las parejas de hecho (personas unidas “por análoga relación de afectividad”).

En el caso de que la persona afectada fallecida fuera menor de edad o tuviese una discapacidad que le impidiese el ejercicio de su capacidad jurídica, en el texto que ha salido adelante en segunda vuelta se recoge, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, que también estará legitimada la persona que tuviera conferida su representación legal o hubiera sido designada para la prestación de las medidas de apoyo.

Protección a los menores y personas con discapacidad

La ley incorpora más mecanismos para proteger a los menores ante el avance de las nuevas tecnologías. En la redacción del documento se explica que, en el caso de los niños y niñas, incluso aunque haya un consentimiento del menor o de sus representantes legales se puede considerar ilegítima “cualquier intromisión en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de la persona menor de edad que implique menoscabo de su dignidad o de su reputación o sea contraria a sus intereses”.

Se establece en 16 años la edad en la que los menores de edad pueden prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital, que está en tramitación parlamentaria. En los restantes casos, el consentimiento lo tiene que otorgar por escrito su representante legal y estará obligado a ponerlo en conocimiento previo del Ministerio Fiscal.

De igual manera se regula el consentimiento de las personas con discapacidad, que puede prestar consentimiento por sí misma o con los apoyos que en su caso precise. En caso de que deba hacerlo por medio de representante, también deberá hacerlo por escrito y poniéndolo en conocimiento previo de la Fiscalía.

Indemnizaciones

El apartado de indemnizaciones recoge un cambio a partir de las aportaciones del trámite de audiencia e información pública y de los informes recabados por el Gobierno. La ley prevé una serie de criterios para determinar la indemnización por daño moral (vulneración de derechos fundamentales, gravedad de las expresiones, repercusiones sociales derivadas de la intromisión...) y añade como novedad que se tendrá en cuenta la difusión de la noticia no solo a través de “medios de comunicación social”, sino también de “servicios de comunicación digital”.

La ley modifica un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir entre las medidas cautelares previstas la posibilidad de acordar la retirada de imágenes o voces de personas, ya sean reales o manipuladas, cuando puedan afectar a su honor, a su intimidad personal o familiar o a su propia imagen, o a su derecho fundamental a la protección de datos personales. Esta última es una incorporación a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos.

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la demanda del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra Víctor de Aldama por decir en televisión que le intentó sobornar. Bolaños presentó una demanda de protección del derecho al honor en mayo en la que afirmaba que “no conoce ni ha hablado nunca” con Aldama y pedía que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”.

La resolución del juzgado, fechada en junio de 2026, da un plazo de veinte días hábiles para que Aldama responda a las acusaciones. Este lunes se cumple el plazo. Asimismo, se ordena la intervención del Ministerio Fiscal debido a la naturaleza de los derechos fundamentales que se pretenden tutelar.

Víctor de Aldama aseguró, sin aportar pruebas, que Bolaños contactó con su director de comunicación para ofrecerle dinero “por su silencio”. Bolaños le reclama ahora, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”.

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido de la oposición, el PP, ha lanzado a gran parte de su partido contra la Ley de Memoria Democrática y la disposición que incluye esta norma para que los descendientes de exiliados por la dictadura franquista obtengan la nacionalidad. Los populares acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar dos millones y medio de votantes” y alientan el bulo de un hipotético “pucherazo electoral”.

Pues bien, no hace demasiado tiempo, en noviembre de 2022, apenas seis meses después de sustituir a Pablo Casado como presidente del partido político conservador, Feijóo viajaba hasta Buenos Aires y celebraba su encuentro con “la colectividad española” en la capital argentina. Allí les trasladó su “compromiso” para impulsar “una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior” a la vez que aseguraba que derogaría la Ley de Memoria Democrática.

Varios ministros socialistas del Gobierno, como el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no han tardado en recuperar esta publicación de 2022. El ministro Bolaños, que ha recordado que la Ley de Memoria se aprobó ese mismo año 2022, se ha mostrado “totalmente de acuerdo con el Feijóo de 2022”.

Algo más allá ha ido el ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, quien después de recordar el mismo tuit de Núñez Feijóo con el irónico y breve mensaje “os doy mi palabra” ha hecho otra publicación en la que recuperaba el punto 344 del programa electoral del Partido Popular liderado por Feijóo para las elecciones generales de 2023. En ese punto, el expresidente gallego proponía una “ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada” para atender esta demanda así como un refuerzo del personal de los consulados.

También ha entrado al trapo el diputado autonómico y portavoz del PSPV en las Cortes valencianas José Muñoz, quien ha señalado sarcásticamente a Feijóo por hacer “ingeniería electoral para fabricar nuevos votantes”.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado la invitación formulada por los ultracatólicos de HazteOir y el partido minoritario Iustitia Europa para participar en una jornada sobre acusaciones populares. En una misiva fechada el 25 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Bolaños esgrime motivos de agenda y señala que le habría gustado participar en el evento para explicar cómo, a su juicio, estas organizaciones llevan a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”. 

HazteOir, Iustitia Europa y otros colectivos vinculados a la extrema derecha impulsan en solitario los casos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han reclamado para ambos elevadas condenas de prisión: 24 años en el caso de Begoña Gómez y seis años en el de David Sánchez.

Además, ambas organizaciones ejercen la acusación popular en las causas en las que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el procedimiento abierto contra José Luis Rodríguez Zapatero y en las pesquisas sobre las supuestas maniobras urdidas por la exmilitante Leire Díez para torpedear investigaciones que afectan al partido y al Gobierno. 

En la carta, el ministro acusa directamente a ambas organizaciones de “desnaturalizar” una institución concebida originalmente para la defensa del interés general y de utilizarla con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. Por todo ello, el ministro concluye que organizaciones como estas “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”.

Además, Bolaños expone que, ante este escenario, el Gobierno considera “urgente” modificar el desarrollo del artículo 125 de la Constitución para evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”. 

En la carta, el ministro alude a la reforma de la acción popular que ha planteado el Ejecutivo. Esa reforma, que se encuentra en tramitación en el Congreso, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos y sindicatos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los casos en curso.

“En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en su carta. 

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza de nuevo expedientar al juez Juan Carlos Peinado por las quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política, según ha publicado El Español y han confirmado fuentes del órgano a elDiario.es. La autoridad disciplinaria ya propuso el archivo en una primera ocasión, el pasado abril, pero la Comisión Permanente lo rechazó y le pidió que completara la investigación. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario. El Promotor también proponía el archivo de la queja presentada por Más Madrid.

La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

Además, el Promotor también tiene abiertas otras diligencias a Peinado tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Esta queja parte de la defensa de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

Un tuitero ultraderechista está a punto de blasfemar al comprobar los elogios que León XIV ha despertado en parte de la izquierda, en especial por su discurso en el que pide tratar a los inmigrantes con la dignidad que se merecen. Se dirige a los católicos para que despierten: “¿No os preocupa que esté toda la izquierda anticristiana y demoniaca alabando a este señor?”. Verás cómo se pone cuando descubra que el Gobierno es capaz de decidir quiénes irán al cielo (en el caso de que exista). A ver si resulta que Leire Díez se ha reunido con San Pedro y le ha convencido sobre las futuras normas de admisión. Lo que no está claro es qué le prometió a cambio.

Sea por un uso preconciliar de la ironía o porque el Gobierno se ha enamorado del Papa, Félix Bolaños utilizó la metáfora –a falta de una palabra mejor– en sus respuestas a la oposición en la sesión de control. Ante la indignación bíblica de Cayetana Álvarez de Toledo por las acusaciones de corrupción, el ministro demostró una sorprendente seguridad a cuenta del destino del alma de su contrincante: “Nosotros acabaremos en el cielo y ustedes ardiendo en el infierno”. Y se supone que allí sufrirán todo tipo de castigos terribles, como escuchar los discursos de Feijóo durante toda la eternidad.

No le pareció suficiente decirlo una vez al responder a su némesis particular. Lo mismo le dijo a Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. “Tenga cuidado que el infierno está cerca”. Aún más cerca que la fecha de las próximas elecciones, que el Gobierno insiste en que no se celebrarán hasta 2027, es decir, cuanto más tarde, mejor, porque ahora sería una escabechina.

Será que estamos asistiendo a un renacimiento religioso del Gobierno. Por la noche, León XIV asistió a la inauguración de la Torre de Jesús, el punto más elevado de la Sagrada Familia en Barcelona. Un momento importante para la sociedad catalana al que el Gabinete se unió con tal fervor que catorce ministros se desplazaron a la capital catalana allí, además de su presidente. Después de esto, a Sánchez ya sólo le falta pedir al Papa que convoque un concilio y que se celebre en España. Lo de ponerse a estudiar Teología ya le pilla un poco mayor.

León XIV abandonó Madrid y el PP llegó a la conclusión de que se había ido de España. Su siguiente etapa era Barcelona y Canarias vendrá después. Todo eso le pilla muy lejos al partido, que no se siente concernido por las palabras del Papa en su discurso en el Congreso cuando dijo que “la firmeza no exige desprecio” y que “la discrepancia no conlleva humillación”. La 'tregua vaticana' había llegado a su final y tocaba volver al martillazo en las partes nobles. Pero, oye, es por el bien de la democracia.

Las últimas revelaciones sobre las gestiones de Leire Díez para perjudicar a los jueces y fiscales que investigan al Gobierno fueron como un regalo de los cielos. El desprecio y la humillación fueron la carta elegida por Alberto Núñez Feijóo, que acusó a Pedro Sánchez de ser “financiador e inductor” de la trama corrupta. Hubo espacio para los hechos conocidos y los imaginados. Entre las frases que le prepararon para su intervención: “Zapatero parece que era la joya de la red internacional corrupta”. Con el 'parece' siempre se llega muy lejos en política.

Feijóo atacó a Sánchez con el “P.S.” que figura en las anotaciones del cuaderno de Leire Díez, tomado ya como si fuera una prueba irrefutable o el texto fundacional del sanchismo. Mencionó “la financiación de las primarias con dinero de la prostitución”, un golpe bajo para estar a la altura de los avisos planteados por el Papa. Sánchez respondió con el “M. Rajoy” y refiriéndose al “partido de Marcial Dorado”. Todo muy edificante, como para que ambos fueran a acabar en un infierno imaginado por El Bosco.

Sánchez presumió de que Ferraz tiene mejor reputación que Génova. “Yo me siento en una sede en la calle Ferraz que no está financiada con dinero negro”. Un diputado del PP –seguro que devoto católico– le llamó a gritos dos veces “¡¡gilipollas!!”.

Gabriel Rufián no intervino en la sesión de control, pero enseñó la patita en los pasillos y Twitter para enviar un mensaje a Sánchez. “El Gobierno debería entender que el 'y tú más' es 'y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto. La izquierda somos otra cosa”. Tanto el PSOE como el PP son muy dados a afirmar con voz tronante que no aceptan lecciones del rival y a enumerar sus oscuros antecedentes. No cabe duda de que ahí cuentan con un extenso catálogo de ejemplos, aunque eso raramente ha salvado a un Gobierno.

El portavoz de ERC también dio una opinión al afirmar que cree que Sánchez conocía las maniobras de Leire Díez, aunque de eso no ha aparecido ninguna prueba concreta. El PP lo da por hecho, como da por seguro que Sánchez lo sabía todo de todos los casos investigados, hasta de los chanchullos de Tito Berni. Rufián dijo que concede veracidad a la agenda de Díez, cuyas anotaciones han comenzado a aparecer en los medios esta semana, de la misma forma que dio veracidad a los papeles de Bárcenas. Pero como no hay pruebas de que el PSOE se financió ilegalmente, no cree que tenga que retirar su apoyo al Gobierno.

Fue otra sesión para ir matando el tiempo a la espera del Mundial de fútbol y las vacaciones de verano. El Gobierno no se inmutó porque siempre le quedarán casos de corrupción del PP para recordar. El PP pisó el acelerador, pero ya va en quinta desde 2023 y su motor no da más de sí. Hay un convencimiento generalizado de que la mayor oposición que sufre el PSOE reside en los tribunales. Al menos es el sitio donde recibe las peores noticias. El Congreso queda para comentar la jugada.

Bolaños enseñó un arma nueva más apropiada para los tiempos incendiarios que se viven en la política. De todas formas, si lo de amenazar a la gente con el fuego eterno es un truco que hace mucho tiempo que no le funciona a la Iglesia, menos le va a servir a un Gobierno, ese Gobierno “demoniaco” del que hablaba el ultra que no soporta a León XIV.