Carlos Hugo Preciado, uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que forma parte, además, de la Comisión Permanente de este órgano, fue elegido para el cargo a propuesta de la formación política Sumar. A pesar de que se presupone que encaja entre los vocales progresistas, este martes ha demostrado una vez más que es un verso suelto: se ha opuesto a apoyar la posible sanción al juez Juan Carlos Peinado por las irregularidades que denunció el ministro Félix Bolaños.

Bolaños acusaba a Peinado en sus quejas de haber actuado de forma anómala cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se ponía el foco en que el magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno solicitó un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa y una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Preciado se ha subido al carro conservador que ha acabado convirtiendo la queja de Bolaños en agua de borrajas. Y eso que desde el sector progresista se ha emitido un voto discrepante al sentir de la Comisión Permanente en el que se indica que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

Por contra, Preciado y los conservadores han sostenido que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo. Añaden que, aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

Más allá de ese episodio, Carlos Hugo Preciado ha emitido hasta dos votos particulares, a los que ha tenido acceso elDiario.es, para pronunciarse sobre otros dos asuntos que se veían también en el conjunto de quejas contra Peinado y que han acabado en archivo. El primero era relacionado con la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a una web –OkDiario– del contenido de una providencia que no había sido dictada. El Promotor de la Acción Disciplinaria en su informe concluyó que no había resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

El minuto a minuto de la providencia

Carlos Hugo Preciado indica que, si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto, no es competente el CGPJ.

En su voto hace un minuto a minuto de cómo se desarrollaron los hechos investigados. Recuerda que la defensa de la asistente sostiene que ese medio publicó el 13 de enero de 2026 información relativa al contenido de una providencia dictada en el procedimiento de Tribunal del Jurado antes de su notificación a las partes. El vocal indica que las actuaciones practicadas acreditan la existencia de publicaciones periodísticas previas a la notificación de la resolución, pero no permiten identificar de manera cierta la fuente de la información.

Explica que la noticia de esa web que llevaba el titular 'Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía' hacía mención a que el juez había solicitado a la Policía Judicial que obtuviera los pasaportes de las investigadas y atribuía tal actuación a una providencia dictada el día anterior.

Esa misma madrugada del 13 de enero, a las 5.50 horas, ese mismo medio publicó un editorial en el que también afirmaba que el magistrado había decidido dictar una providencia relacionada con la obtención de los pasaportes. Pero no fue hasta la 11.30 horas que Peinado firmó electrónicamente la providencia redactada el día anterior. Según el histórico remitido por el Letrado de la Administración de Justicia, la resolución todavía no había sido notificada cuando se publicaron las noticias.

A las 13.15 horas, OkDiario modificó la noticia inicial para eliminar referencias explícitas a la providencia del 12 de enero y reformulando parte del texto, aunque mantuvo referencias al hecho de que el juez había pedido ayuda a la Policía, recuerda Preciado.

A las 20.02 horas, esa providencia de Peinado fue remitida y notificada a través del portal digital a las partes personadas en el caso Begoña Gómez. Y ya el 14 de enero los procuradores recibieron y descargaron la notificación de la providencia. La denunciante sostiene, indica el vocal del CGPJ, que ya conocía su contenido por haberlo leído previamente en la prensa digital.

Un día después, el 15 de enero, el medio publicaba una nueva noticia: 'OkDiario tenía razón: Peinado pide ayuda a la Policía ante la resistencia de Begoña a entregar su pasaporte' ,reivindicando haber adelantado la existencia de la providencia antes de su notificación oficial.

Preciado advierte de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera como falta muy grave “la revelación por juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Y añade que sería tipificado como revelación cuando el juez, fuera de los cauces de información judicial establecidos, difunde “hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función”. Al hilo, cita jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo para indicar que revelar “supone descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, siendo necesario acreditar una conducta positiva de divulgación”.

Añade que la propia denuncia se construye sobre la hipótesis de una filtración de información reservada procedente de un procedimiento judicial en curso. E indica que si los hechos denunciados fueran ciertos, “podrían presentar apariencia de delito de revelación de datos reservados” y, por tanto, “la averiguación de la existencia de la filtración, la identificación de su autor y la determinación de su relevancia penal exceden de las competencias disciplinarias del CGPJ”.

La prórroga fuera de plazo

Preciado ha emitido voto particular también sobre el archivo de la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investigaba un delito de malversación.

El Promotor de la Acción Disciplinaria señalaba en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga. La Comisión Permanente tuvo en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-. Y añadía que los precedentes jurisprudenciales señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que no supone automáticamente una infracción sancionable.

Pero en su voto particular, Carlos Hugo Preciado explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la Administración de Justicia. Añade que esto también debe ser conocido por la jurisdicción penal.

Preciado recuerda que la prórroga de la instrucción vencía el 27 de enero de 2025, que tanto las acusaciones populares solicitaron nuevas prórrogas que fueron informadas favorablemente por la Fiscalía y que, sin embargo, Peinado no resolvió la solicitud hasta el 2 de abril de 2025. La Audiencia Provincial declaró extemporánea la decisión del juez y la dejó sin efecto.

El vocal explica que no corresponde al CGPJ determinar si concurren todos los elementos típicos del delito. Sin embargo, sí corresponde apreciar “si existen indicios suficientes para considerar que la resolución pudo haber sido dictada con una ignorancia inexcusable de un régimen legal de plazos imperativos ampliamente conocido en la práctica procesal penal o, al menos, mediante una imprudencia grave incompatible con los deberes de diligencia exigibles al titular de un órgano jurisdiccional”.

Entiende que la cuestión excede claramente del ámbito disciplinario porque afecta directamente a la legalidad de una resolución jurisdiccional concreta y a la posible concurrencia de un delito de prevaricación judicial imprudente.

Añade que subsidiariamente podría encajar en un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Y al hilo, explica que la excusa ofrecida por el magistrado descansa en que no se le dio cuenta de los escritos presentados por las partes. Pero advierte de que esa circunstancia debe impulsar una investigación para determinar el origen de la demora, el grado de conocimiento efectivo del incidente procesal y la razón por la que una cuestión tan sensible permaneció sin resolver durante más de dos meses.

Víctor de Aldama, empresario condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo le suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la justicia, ha enviado un escrito al juzgado para contestar a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. El escrito, adelantado por el diario ABC, incorpora nuevos bulos y se escuda en una persona, Ramón Bermejo, que actuó de jefe de Comunicación de Aldama cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la justicia. Aldama admitió sus delitos y denunció entonces distintas corruptelas de varios dirigentes socialistas, algunas de ellas confirmadas y condenadas por el Supremo, y otras, directamente falsas. Esas mentiras para desacreditar a dirigentes socialistas siguen impunes.

El empresario corrupto acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. “Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, declaró. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquel bulo, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Ramón Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Si”. Luego ha ido matizando esa declaración que ya se ha demostrado falsa porque las llamadas que ha presentado Aldama en el juzgado correspondiente al teléfono de su portavoz, Ramón Bermejo, nunca son con el ministro.

En el escrito de respuesta a la demanda, Aldama precisa que Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Lo explica así: “Se suceden una serie de llamadas con distintas localizaciones de las que es interlocutor el señor Ramón Bermejo y de las que resultan en última instancia sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al señor de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a Altos Cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella”.

Pero en el periodo de estas llamadas al que se refiere Aldama nadie sabía que el comisionista corrupto, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso Mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta.

“En el desarrollo de tales llamadas participaron”, continúa el escrito de respuesta a la demanda, “por lo que se trasladó al señor de Aldama por parte de don Ramón Bermejo, personas mandatadas por Bolaños, Rafael Oñate Molina, exdirector del Gabinete del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y otras personas del departamento ministerial”.

Rafael Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023 mientras el escrito de Aldama habla de unas supuestas conversaciones de primavera y verano de 2024. El nuevo bulo evita aclarar si Ramón Bermejo precisó a Aldama la fecha de esas llamadas y su contenido. Difícilmente pudo hablar en 2023 con Oñate de un soborno a cambio del silencio de Aldama cuando el empresario ni siquiera había sido detenido por la primera de las causas de corrupción en las que estaba involucrado.

Bermejo, según fuentes conocedoras de esas comunicaciones, llamó a distintos departamentos del Gobierno en el verano y otoño de 2023 interesándose por la celebración de la Copa América de Vela. En sus llamadas al ministerio de Presidencia, insistentes y la mayoría sin resultados, le llegaron a indicar que sus demandas o preocupaciones sobre la Copa América de Vela debería tratarlas en otra ventanilla, la del ministerio de Educación y Deportes.

El abogado de Aldama aclara ahora que Ramón Bermejo actúa como representante o director de comunicación del empresario desde “aproximadamente marzo de 2024, momento a partir del cual se le empieza a identificar como interlocutor, gestionando su relación, entre otros, con los medios de comunicación”. En realidad, Bermejo se presenta ante los periodistas como portavoz de Aldama en noviembre de 2024 cuando el empresario acababa de salir de la cárcel, donde permaneció durante un mes en prisión provisional por el caso Hidrocarburos. La fecha de marzo de 2024 que cita ahora en el escrito, sin ninguna prueba que acredite su veracidad, intenta evitar que no se desmorone completamente el primer bulo de Aldama sobre el ofrecimiento de dinero a cambio de silencio. Las llamadas del soborno tienen que ser antes de que Bermejo apareciese por primera vez como jefe de comunicación de Aldama cuando éste ya había tirado de la manta.

El Gobierno le acusa de mentir

Aldama también involucra a dos trabajadores del grupo parlamentario socialista y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por supuestas comunicaciones con Ramón Bermejo. Fuentes socialistas desmienten también que el contenido de esas llamadas fuese un intento de soborno por parte de dirigentes del PSOE para evitar que Aldama tirase de la manta. Narbona ha aclarado que Bermejo se comunicó con ellos para ofrecerse a trabajar para el partido en 2023.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia y Justicia acusaron ayer a Aldama de volver a mentir en el escrito de respuesta a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños:

- “Las afirmaciones de Aldama son radicalmente falsas: el ministro Bolaños no ha contactado nunca con Aldama ni con Bermejo y jamás ha enviado 'un emisario' para que contactase con ellos”.

- “Un ejemplo: afirma que las llamadas se produjeron en marzo y julio de 2024, pero en ese momento: ni el señor Oñate era director de Gabinete del ministro Bolaños (cesó en noviembre de 2023) ni el señor Bermejo era el asesor de comunicación del señor Aldama [lo contrató en noviembre de 2024]”.

- “El ministro Bolaños no ha tenido el menor contacto, directo o indirecto, con el sr. Aldama ni para este ni para ningún otro asunto. Algo que el propio Aldama afirmó públicamente en noviembre de 2024 al decir que ”es duro ver que gente como el señor López o Bolaños, que no me conocen de nada hablan de mí de oídas“.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró este jueves que “la amnistía es constitucional y conforme al derecho europeo”. Lo hizo tras conocer el la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que avala la legalidad de la norma, un fallo que se hizo público este jueves y en el cual la justicia europea descarta que la norma contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

Bolaños sostuvo que el TJUE ha sido “muy claro” en su sentencia a la hora de aseverar que “la ley es plenamente compatible con el derecho europeo”. “La amnistía ha quedado validada desde tres opticas: desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional, y desde el punto de vista del derecho europeo”, celebró el ministro, que aseguró que el Gobierno “siempre defendió lo que hoy afirma rotundamente” la justicia comunitaria: que “la amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social y pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el procés y facilitar un escenario de reconciliación”.

Bolaños también quiso poner en valor que “la situación hoy no puede ser más distinta” a la que existía en 2017, cuando el Govern declaró unilateralmente la independencia. “Este Gobierno heredó una de las peores crisis de la democracia: no solo se quebraron la ley y la Constitución, se quebraron acuerdos fundamentales sobre las instituciones catalanas y su relación con las instituciones estatales”, planteó el ministro, que lamentó que, durante el procés, “se quebró la confianza entre quienes pensaban diferente, y entre las empresas e inversores en Catalunya”. “Hoy hay acuerdo entre diferentes, hay normalidad plena entre el Gobierno de España y el de la Generalitat” y “las empresas están regresando y están llevando inversiones históricas a Catalunya”, contrapuso.

Asimismo, el titular de Justicia elogió el papel de un Ejecutivo que, dijo, “arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia, y lo logró”. “Somos conscientes de que la ley no contó con el apoyo unánime de los partidos del Congreso, y también que hubo una parte de la sociedad que la vio con cierta suspicacia, o que incluso la rechazó frontalmente, pero tengo la convicción de que, una vez vistos sus efectos, ni sus críticos más acérrimos querrían renunciar a sus frutos”, razonó Bolaños. “Por eso”, dijo, “me atrevo a calificarla de logro colectivo”: porque “todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el conflicto político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar. La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”, informa Oriol Solé Altimira.

Tras la sentencia del TJUE, los jueces españoles están obligados a amnistiar a los encausados que no se habían podido beneficiar de la ley: una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Por el contrario, la situación de los dos líderes de la Generalitat cuando se proclamó la independencia, el expresident Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras, no se ve alterada. El Tribunal Supremo optó por negarles, en su momento, la aplicación de la amnistía, y la revisión de sus casos se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, que se espera que se pronuncie sobre el fallo del Supremo a la vuelta del verano.

En su declaración institucional, Bolaños no mencionó a Puigdemont y Junqueras expresamente. Pero sí afirmó que “el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley”, y que esta “solo se habrá cumplido plenamente cuando se aplique también a los líderes que impulsaron el proceso independentista”. “Esta será la última etapa del proceso de normalización, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible”, pidió.

El PP: la “responsabilidad política” se mantiene

Por su parte, la dirección del PP mostró su “respeto absoluto” por la sentencia del TJUE que avala la ley de amnistía, pero también avisó de que no borra la “responsabilidad política” del independentismo. “El PP no interpreta las sentencias en función de si le gustan más o menos”, han señalado fuentes de Génova poco después de la decisión anunciada desde Luxemburgo.

“Es un paso más de un largo proceso judicial en el que todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales”, añadieron fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, estas mismas fuentes añaden que el PP “ofrece a Catalunya abrir una nueva etapa” centrada en hablar “únicamente de lo que necesitan los catalanes”.

“Es incomprensible. Hasta él mismo debió darse cuenta”. Uno de los presentes, este jueves, en la sede de la Fundación Pablo VI, que escuchó en directo las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, llamando “banda de ladrones” al Gobierno, revela el momento de silencio “incómodo” que se generó en la sala. El líder de los obispos españoles lanzó un misil a la línea de flotación de las relaciones Iglesia-Estado, justo un mes después de la histórica visita de León XIV a España, que había generado una inusual buena sintonía entre el episcopado y el Ejecutivo, ahora en serio riesgo.

“Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito”, dijo, explícitamente, Argüello, que este viernes ha negado que se refiriera al Gobierno, aunque aprovechó para dejar otro recado: “Cada uno verá por qué se siente aludido”.

La sensación el jueves fue que Argüello trató de suavizar su mensaje. “Tras decir lo de 'a las pruebas me remito', se detuvo y nos miró. Paró unos segundos y trató de matizar”, recuerda esta fuente consultada por elDiario.es. Entonces, añadió: “Me miro a mí y os miro a vosotros. Si hemos hecho trampas en la declaración de la renta o pedimos una factura en negro... ¿cómo le vas a exigir a tus representantes públicos?”.

Pero ya era tarde. “El mal ya estaba hecho”, apuntan fuentes episcopales, que muestran su malestar ante la enésima salida de tono de su presidente. “Ya tuvimos un serio problema con la pederastia y ni te cuento cuando pidió elecciones anticipadas”, señala un arzobispo, que lamenta que las palabras de Argüello “se han cargado el espíritu del histórico discurso de León XIV en el Congreso”.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Como adelantó elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió esa misma tarde una carta al presidente de los obispos, por esas declaraciones que consideró “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

“¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?”, contestó Bolaños a Argüello, instándole a que las relaciones estén “marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

La carta del ministro finalizaba con unas palabras de León XIV en su discurso al Congreso, en las que el Papa recordaba que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.

No ha sido el único miembro del Gobierno en mostrar su malestar. La ministra de Defensa, y católica confesa, Margarita Robles, lamentaba, en una entrevista en la Cadena Ser, la diatriba del presidente de la CEE: “Es absolutamente inaceptable; creo que es totalmente contrario al propio mensaje que hizo el papa. Me parece que la Iglesia Católica tiene una enorme responsabilidad y espero que se disculpe adecuadamente”, señalaba.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al presidente de la Conferencia Episcopal de ser “un colaborador de Vox”.

Argüello, por su parte, ha admitido que “a la hora de poner los ejemplos en un aula, en un intercambio, uno puede ser más o menos afortunado en las expresiones, pero en la cuestión de fondo es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos”. El presidente de los obispos ha lamentado también que se hubiera hecho pública la carta de Bolaños, “que debería ser privada”. “A mí siempre me alegra que podamos dialogar; lo que me extraña siempre de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario”, insistió sobre la respuesta del Gobierno a sus declaraciones públicas.

Aunque no habrá disculpas, durante la tarde del jueves ya hubo un intercambio de comunicaciones informales entre interlocutores en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno, para tratar de matizar las palabras de Argüello. El argumento para suavizar el tono es que se produjeron en el transcurso de un discurso “sin papeles”, dirigido “al ámbito de lo general”.

Pese a ese “ámbito de lo general”, Argüello también cargó contra la prohibición de las terapias de conversión, las leyes LGTBI, el aborto o la eutanasia.

Esos contactos informales han tratado también de asegurar la agenda de temas a abordar tras la visita de León XIV a España, que se había ampliado a los acuerdos por la regularización extraordinaria de migrantes, las ayudas a las ONG que trabajan contra la pobreza o la búsqueda de soluciones definitivas para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y lograr que los benedictinos desistan de su demanda contra la resignificación de Cuelgamuros.

“Da la sensación de que, siempre que el Gobierno está contra las cuerdas, hay alguna declaración de nuestro lado que le da oxígeno”, apunta un obispo, que recuerda otras “desafortunadas perlas”, tanto del presidente de la CEE como de su secretario respecto a la actuación del Gobierno o la lucha contra la pederastia, uno de los puntos en los que, con mucha dificultad, se logró alcanzar un acuerdo entre la Iglesia y el Estado.

En todo caso, y aunque ambas partes confirman la buena voluntad para seguir negociando los temas pendientes, lo cierto es que las palabras de Argüello han provocado, además de indignación, tristeza. “Es como si no hubiéramos escuchado nada de lo que nos dijo el Papa”, lamenta un influyente prelado. “A veces da la sensación de que nos hemos quedado en los fuegos artificiales y lo bien que salió todo, y no en los mensajes para ‘desarmar el lenguaje’”, apunta otro, con la mirada puesta en un más que previsible regreso de León XIV, en 2027, a nuestro país, dentro de un viaje que podría llevarle al santuario portugués de Fátima, a Santiago de Compostela, Zaragoza y, quizás, a Gernika. Un viaje complicado de organizar, especialmente, por el previsible calendario electoral que tendrá nuestro país el año próximo.

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado una carta al presidente de los obispos, Luis Argüello, en la que le afea su alusión al Gobierno como “banda de ladrones”. En la misiva, Bolaños expresa su “sorpresa” ante unas declaraciones que considera “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) participó este jueves en el cierre de unos cursos de verano, bajo el título 'El colapso de la democracia'. Durante su intervención, Argüello afirmó que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”. Y añadió: “A las pruebas me remito”.

Estas palabras han sentado especialmente mal en el seno del Ejecutivo, que ha respondido a Argüello con una interpelación directa. “¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ”banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños, que a renglón seguido aclara que, “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

El ministro de Presidencia continúa su carta asegurando: “En las numerosas ocasiones en las que hemos conversado sobre este asunto, jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

Argüello llegó a pedir el verano pasado la convocatoria de elecciones y ha participado en actos con el lider de Vox, Santiago Abascal. El ministro Bolaños ya envió otra carta al presidente de la CEE, en la que le reclamaba “neutralidad política de la Iglesia”, tras afirmar este que “preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes”, en una entrevista en La Vanguardia.

Bolaños, no obstante, deja la mano tendida a “una colaboración productiva y respetuosa”, para la que pone como ejemplo la reciente visita de León XIV a España. “Ha sido un rotundo éxito pastoral y social gracias al trabajo conjunto y a la cooperación que mostramos”.

El ministro cierra su carta con unas palabras de Prevost, que recordó que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lengua”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 21 plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 9,7% y la fiscal un 8%. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad. Es más, con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: 21.

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%). Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, o que “nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia” ni tampoco se habían destinado tantos recursos para su modernización.

La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en lo que el Ejecutivo central califica de “ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

La planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7%

De las 21 nuevas plazas de jueces para Castilla-La Mancha, 18 son para tribunales de instancia (TI), una para la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo. Entre los TI que se verán reforzados están los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

La ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, más eficiente, permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones de euros.

La plantilla de la Fiscalía en Castilla-La Mancha crece un 8%

La creación de ocho plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supone una ampliación de la planta fiscal del 8% en esta comunidad.

En toda España se crean 200, que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado en segunda vuelta la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El texto definitivo —impulsado por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia— incluye varias novedades con respecto al primer documento aprobado en enero tras las aportaciones realizadas en el trámite de audiencia pública y de los informes recabados de, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. “Era uno de los hitos incluidos en el Plan de acción por la democracia y con él damos cumplimiento al 87% de esa iniciativa”, ha defendido el ministro Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha reivindicado “que las reglas del juego se adecuen a la realidad de nuestro tiempo”.

Las claves de la nueva legislación, que busca actualizar la norma de 1982 por los “enormes cambios tecnológicos” que han transformado la sociedad desde entonces, pasan por establecer en 16 años la edad en la que se puede prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, amplía las personas que pueden ejercer derechos en nombre de fallecidos y pone coto a los llamados true crimes.

Las mujeres, las más afectadas por los 'deepfakes'

La ley incorpora como una intromisión ilegítima en el honor la utilización o difusión de la imagen o la voz de una persona “que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista”. Se refiere a los denominados en inglés deepfakes, que son, con frecuencia, imágenes pornográficas no consentidas y afectan de forma mayoritaria a las mujeres, según los datos que maneja Naciones Unidas. Se ha convertido en una nueva forma de violencia machista intensificada con el auge de las redes sociales y en los últimos años se han dado varios casos en España que afectan a menores de edad.

La legislación incluye como excepción a la consideración de “intromisión ilegítima” que el contenido generado a través de inteligencia artificial forme parte de una obra de ficción, satírica o artística. En este apartado se introduce una novedad con respecto a la redacción previa, añadida tras el trámite de información pública, y es que el creador solo tiene obligación de aclarar que el contenido es una manipulación hecha con inteligencia artificial cuando la obra pueda “inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico”.

Hay otra excepción que contempla esta nueva ley, no prevista en la redacción de 1982, y es que se dispone que la revelación o difusión de comunicaciones privadas no se considerará “intromisión ilegítima” cuando el contenido revelado se limite a hechos que tengan carácter noticiable por su relevancia pública. “Se trata de una previsión en consonancia con la doctrina constitucional sobre el carácter preferente de la libertad de información en este tipo de supuestos”, explica el Gobierno en su exposición de motivos.

El caso de las obras sobre crímenes reales

También busca dar una mayor protección de las víctimas de los delitos que aparecen en las obras cinematográficas o libros que se basan en crímenes reales (los true crimes) en los casos en los que no haya un beneficio económico. El cambio frente a la legislación anterior es que incorpora como una intromisión ilegítima el caso de que un condenado en sentencia penal firme utilice su delito “de cualquier modo que dañe el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas”. Es decir, no solo si es para conseguir “notoriedad pública” u “obtener provecho económico”.

La nueva norma actualiza el apartado referido a los derechos de las personas tras su muerte. Se podrá prohibir mediante testamento la utilización de la propia imagen o de la voz —originales o modificadas— para fines publicitarios o comerciales, y se podrá designar a una persona para que autorice o deniegue este tipo de usos tras el fallecimiento. Se amplía el apartado de quienes pueden defender los derechos de la persona fallecida más allá del matrimonio para incluir, por ejemplo, a las parejas de hecho (personas unidas “por análoga relación de afectividad”).

En el caso de que la persona afectada fallecida fuera menor de edad o tuviese una discapacidad que le impidiese el ejercicio de su capacidad jurídica, en el texto que ha salido adelante en segunda vuelta se recoge, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, que también estará legitimada la persona que tuviera conferida su representación legal o hubiera sido designada para la prestación de las medidas de apoyo.

Protección a los menores y personas con discapacidad

La ley incorpora más mecanismos para proteger a los menores ante el avance de las nuevas tecnologías. En la redacción del documento se explica que, en el caso de los niños y niñas, incluso aunque haya un consentimiento del menor o de sus representantes legales se puede considerar ilegítima “cualquier intromisión en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de la persona menor de edad que implique menoscabo de su dignidad o de su reputación o sea contraria a sus intereses”.

Se establece en 16 años la edad en la que los menores de edad pueden prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital, que está en tramitación parlamentaria. En los restantes casos, el consentimiento lo tiene que otorgar por escrito su representante legal y estará obligado a ponerlo en conocimiento previo del Ministerio Fiscal.

De igual manera se regula el consentimiento de las personas con discapacidad, que puede prestar consentimiento por sí misma o con los apoyos que en su caso precise. En caso de que deba hacerlo por medio de representante, también deberá hacerlo por escrito y poniéndolo en conocimiento previo de la Fiscalía.

Indemnizaciones

El apartado de indemnizaciones recoge un cambio a partir de las aportaciones del trámite de audiencia e información pública y de los informes recabados por el Gobierno. La ley prevé una serie de criterios para determinar la indemnización por daño moral (vulneración de derechos fundamentales, gravedad de las expresiones, repercusiones sociales derivadas de la intromisión...) y añade como novedad que se tendrá en cuenta la difusión de la noticia no solo a través de “medios de comunicación social”, sino también de “servicios de comunicación digital”.

La ley modifica un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir entre las medidas cautelares previstas la posibilidad de acordar la retirada de imágenes o voces de personas, ya sean reales o manipuladas, cuando puedan afectar a su honor, a su intimidad personal o familiar o a su propia imagen, o a su derecho fundamental a la protección de datos personales. Esta última es una incorporación a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos.

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la demanda del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra Víctor de Aldama por decir en televisión que le intentó sobornar. Bolaños presentó una demanda de protección del derecho al honor en mayo en la que afirmaba que “no conoce ni ha hablado nunca” con Aldama y pedía que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”.

La resolución del juzgado, fechada en junio de 2026, da un plazo de veinte días hábiles para que Aldama responda a las acusaciones. Este lunes se cumple el plazo. Asimismo, se ordena la intervención del Ministerio Fiscal debido a la naturaleza de los derechos fundamentales que se pretenden tutelar.

Víctor de Aldama aseguró, sin aportar pruebas, que Bolaños contactó con su director de comunicación para ofrecerle dinero “por su silencio”. Bolaños le reclama ahora, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”.

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido de la oposición, el PP, ha lanzado a gran parte de su partido contra la Ley de Memoria Democrática y la disposición que incluye esta norma para que los descendientes de exiliados por la dictadura franquista obtengan la nacionalidad. Los populares acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar dos millones y medio de votantes” y alientan el bulo de un hipotético “pucherazo electoral”.

Pues bien, no hace demasiado tiempo, en noviembre de 2022, apenas seis meses después de sustituir a Pablo Casado como presidente del partido político conservador, Feijóo viajaba hasta Buenos Aires y celebraba su encuentro con “la colectividad española” en la capital argentina. Allí les trasladó su “compromiso” para impulsar “una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior” a la vez que aseguraba que derogaría la Ley de Memoria Democrática.

Varios ministros socialistas del Gobierno, como el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no han tardado en recuperar esta publicación de 2022. El ministro Bolaños, que ha recordado que la Ley de Memoria se aprobó ese mismo año 2022, se ha mostrado “totalmente de acuerdo con el Feijóo de 2022”.

Algo más allá ha ido el ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, quien después de recordar el mismo tuit de Núñez Feijóo con el irónico y breve mensaje “os doy mi palabra” ha hecho otra publicación en la que recuperaba el punto 344 del programa electoral del Partido Popular liderado por Feijóo para las elecciones generales de 2023. En ese punto, el expresidente gallego proponía una “ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada” para atender esta demanda así como un refuerzo del personal de los consulados.

También ha entrado al trapo el diputado autonómico y portavoz del PSPV en las Cortes valencianas José Muñoz, quien ha señalado sarcásticamente a Feijóo por hacer “ingeniería electoral para fabricar nuevos votantes”.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado la invitación formulada por los ultracatólicos de HazteOir y el partido minoritario Iustitia Europa para participar en una jornada sobre acusaciones populares. En una misiva fechada el 25 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Bolaños esgrime motivos de agenda y señala que le habría gustado participar en el evento para explicar cómo, a su juicio, estas organizaciones llevan a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”. 

HazteOir, Iustitia Europa y otros colectivos vinculados a la extrema derecha impulsan en solitario los casos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han reclamado para ambos elevadas condenas de prisión: 24 años en el caso de Begoña Gómez y seis años en el de David Sánchez.

Además, ambas organizaciones ejercen la acusación popular en las causas en las que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el procedimiento abierto contra José Luis Rodríguez Zapatero y en las pesquisas sobre las supuestas maniobras urdidas por la exmilitante Leire Díez para torpedear investigaciones que afectan al partido y al Gobierno. 

En la carta, el ministro acusa directamente a ambas organizaciones de “desnaturalizar” una institución concebida originalmente para la defensa del interés general y de utilizarla con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. Por todo ello, el ministro concluye que organizaciones como estas “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”.

Además, Bolaños expone que, ante este escenario, el Gobierno considera “urgente” modificar el desarrollo del artículo 125 de la Constitución para evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”. 

En la carta, el ministro alude a la reforma de la acción popular que ha planteado el Ejecutivo. Esa reforma, que se encuentra en tramitación en el Congreso, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos y sindicatos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los casos en curso.

“En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en su carta. 

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza de nuevo expedientar al juez Juan Carlos Peinado por las quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política, según ha publicado El Español y han confirmado fuentes del órgano a elDiario.es. La autoridad disciplinaria ya propuso el archivo en una primera ocasión, el pasado abril, pero la Comisión Permanente lo rechazó y le pidió que completara la investigación. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario. El Promotor también proponía el archivo de la queja presentada por Más Madrid.

La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

Además, el Promotor también tiene abiertas otras diligencias a Peinado tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Esta queja parte de la defensa de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

Un tuitero ultraderechista está a punto de blasfemar al comprobar los elogios que León XIV ha despertado en parte de la izquierda, en especial por su discurso en el que pide tratar a los inmigrantes con la dignidad que se merecen. Se dirige a los católicos para que despierten: “¿No os preocupa que esté toda la izquierda anticristiana y demoniaca alabando a este señor?”. Verás cómo se pone cuando descubra que el Gobierno es capaz de decidir quiénes irán al cielo (en el caso de que exista). A ver si resulta que Leire Díez se ha reunido con San Pedro y le ha convencido sobre las futuras normas de admisión. Lo que no está claro es qué le prometió a cambio.

Sea por un uso preconciliar de la ironía o porque el Gobierno se ha enamorado del Papa, Félix Bolaños utilizó la metáfora –a falta de una palabra mejor– en sus respuestas a la oposición en la sesión de control. Ante la indignación bíblica de Cayetana Álvarez de Toledo por las acusaciones de corrupción, el ministro demostró una sorprendente seguridad a cuenta del destino del alma de su contrincante: “Nosotros acabaremos en el cielo y ustedes ardiendo en el infierno”. Y se supone que allí sufrirán todo tipo de castigos terribles, como escuchar los discursos de Feijóo durante toda la eternidad.

No le pareció suficiente decirlo una vez al responder a su némesis particular. Lo mismo le dijo a Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. “Tenga cuidado que el infierno está cerca”. Aún más cerca que la fecha de las próximas elecciones, que el Gobierno insiste en que no se celebrarán hasta 2027, es decir, cuanto más tarde, mejor, porque ahora sería una escabechina.

Será que estamos asistiendo a un renacimiento religioso del Gobierno. Por la noche, León XIV asistió a la inauguración de la Torre de Jesús, el punto más elevado de la Sagrada Familia en Barcelona. Un momento importante para la sociedad catalana al que el Gabinete se unió con tal fervor que catorce ministros se desplazaron a la capital catalana allí, además de su presidente. Después de esto, a Sánchez ya sólo le falta pedir al Papa que convoque un concilio y que se celebre en España. Lo de ponerse a estudiar Teología ya le pilla un poco mayor.

León XIV abandonó Madrid y el PP llegó a la conclusión de que se había ido de España. Su siguiente etapa era Barcelona y Canarias vendrá después. Todo eso le pilla muy lejos al partido, que no se siente concernido por las palabras del Papa en su discurso en el Congreso cuando dijo que “la firmeza no exige desprecio” y que “la discrepancia no conlleva humillación”. La 'tregua vaticana' había llegado a su final y tocaba volver al martillazo en las partes nobles. Pero, oye, es por el bien de la democracia.

Las últimas revelaciones sobre las gestiones de Leire Díez para perjudicar a los jueces y fiscales que investigan al Gobierno fueron como un regalo de los cielos. El desprecio y la humillación fueron la carta elegida por Alberto Núñez Feijóo, que acusó a Pedro Sánchez de ser “financiador e inductor” de la trama corrupta. Hubo espacio para los hechos conocidos y los imaginados. Entre las frases que le prepararon para su intervención: “Zapatero parece que era la joya de la red internacional corrupta”. Con el 'parece' siempre se llega muy lejos en política.

Feijóo atacó a Sánchez con el “P.S.” que figura en las anotaciones del cuaderno de Leire Díez, tomado ya como si fuera una prueba irrefutable o el texto fundacional del sanchismo. Mencionó “la financiación de las primarias con dinero de la prostitución”, un golpe bajo para estar a la altura de los avisos planteados por el Papa. Sánchez respondió con el “M. Rajoy” y refiriéndose al “partido de Marcial Dorado”. Todo muy edificante, como para que ambos fueran a acabar en un infierno imaginado por El Bosco.

Sánchez presumió de que Ferraz tiene mejor reputación que Génova. “Yo me siento en una sede en la calle Ferraz que no está financiada con dinero negro”. Un diputado del PP –seguro que devoto católico– le llamó a gritos dos veces “¡¡gilipollas!!”.

Gabriel Rufián no intervino en la sesión de control, pero enseñó la patita en los pasillos y Twitter para enviar un mensaje a Sánchez. “El Gobierno debería entender que el 'y tú más' es 'y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto. La izquierda somos otra cosa”. Tanto el PSOE como el PP son muy dados a afirmar con voz tronante que no aceptan lecciones del rival y a enumerar sus oscuros antecedentes. No cabe duda de que ahí cuentan con un extenso catálogo de ejemplos, aunque eso raramente ha salvado a un Gobierno.

El portavoz de ERC también dio una opinión al afirmar que cree que Sánchez conocía las maniobras de Leire Díez, aunque de eso no ha aparecido ninguna prueba concreta. El PP lo da por hecho, como da por seguro que Sánchez lo sabía todo de todos los casos investigados, hasta de los chanchullos de Tito Berni. Rufián dijo que concede veracidad a la agenda de Díez, cuyas anotaciones han comenzado a aparecer en los medios esta semana, de la misma forma que dio veracidad a los papeles de Bárcenas. Pero como no hay pruebas de que el PSOE se financió ilegalmente, no cree que tenga que retirar su apoyo al Gobierno.

Fue otra sesión para ir matando el tiempo a la espera del Mundial de fútbol y las vacaciones de verano. El Gobierno no se inmutó porque siempre le quedarán casos de corrupción del PP para recordar. El PP pisó el acelerador, pero ya va en quinta desde 2023 y su motor no da más de sí. Hay un convencimiento generalizado de que la mayor oposición que sufre el PSOE reside en los tribunales. Al menos es el sitio donde recibe las peores noticias. El Congreso queda para comentar la jugada.

Bolaños enseñó un arma nueva más apropiada para los tiempos incendiarios que se viven en la política. De todas formas, si lo de amenazar a la gente con el fuego eterno es un truco que hace mucho tiempo que no le funciona a la Iglesia, menos le va a servir a un Gobierno, ese Gobierno “demoniaco” del que hablaba el ultra que no soporta a León XIV.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conociera las actuaciones de Leire Díez, como recoge el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso. Bolaños, que se encuentra en Luxemburgo en una reunión de ministros de Justicia de la UE, ha subrayado que “en el sumario no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento” de la supuesta trama de Díez.

Bolaños ha subrayado que “es verdad, es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente”, en referencia a las conversaciones de Díez recogidas en el sumario, pero el ministro de Justicia lo ha atribuido a que “probablemente lo hace para darse importancia”.

El ministro de Justicia ha puntualizado que Sánchez “no tiene ningún conocimiento de esto porque el Presidente es una persona íntegra, una persona que cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad, pone pie en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad”.

Bolaños ha insistido en que “tendrán que ser los tribunales quienes decidan”, pero respecto a la posible participación del presidente del Gobierno en la trama de supuesta corrupción de Leire Díez, ha recalcado que “el sumario con toda claridad establece que no hay nada”.

Referencias al “one”

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se recoge un mensaje de 2025 entre Díez y otro imputado en este caso, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), también imputado en la causa, en la que comentan cómo le va a trasladar una supuesta conversación con un empresario al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Díez dice: “Voy a trasladarle a Santi lo de L., pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Lo conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one”.

La UCO apunta en su investigación que “teniendo en cuenta a la persona a la que se está refiriendo y su posición orgánica”, se supone que es Cerdán, “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”. Los agentes lo argumentan apuntando que “la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia ”one“, de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”.

En otro apartado del sumario también aparece como la exmilitante del PSOE hace referencias a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” en dos reuniones que mantuvo en marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Ni elecciones adelantadas ni congreso extraordinario

Respecto a la petición de elecciones anticipadas que han hecho varios miembros del PSOE y el PP, Bolaños ha comentado que “las legislaturas duran cuatro años, tanto cuando gana el Partido Popular, como cuando gobierna el Partido Socialista. Las legislaturas son de cuatro años. Las legislaturas no duran lo que quiere el Partido Popular”.

El ministro ha minusvalorado la petición de 100 militantes socialistas de un congreso extraordinario del partido al señalar que “el Partido Socialista es un partido democrático. Decide todos sus órganos de dirección y todos sus líderes a través de primarias... Una manifestación o una reunión de 100 personas en un partido... Creo que ahora estaremos en torno a 150.000 militantes, pues tiene la importancia que tiene. No obstante, cuando llegue el momento habrá procesos democráticos y por supuesto que cualquier compañera que cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga”.

Era una petición buscada, desde hace semanas, por los organizadores, y ahora se hace realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de la visita de León XIV a España como “evento de especial interés público”, lo que supone beneficios fiscales de hasta el 90% a quienes participen del evento.

El acuerdo permitirá la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores de la visita del pontífice. Esta declaración, prevista para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia, ya fue utilizada durante la última visita de un pontífice a nuestro país: la visita de Benedicto XVI a la JMJ, y pone de manifiesto la buena disposición de la Administración pública con este viaje. El anuncio se produce a pocas horas de que Pedro Sánchez mantenga un encuentro en el Vaticano con León XIV.

En el Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha compartido un informe que detalla el intenso trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para asegurar que la visita sea un éxito. En total, el Ministerio ha coordinado más de 80 reuniones en torno a tres grupos de trabajo: uno con el comité organizador de la Conferencia Episcopal Española y el propio Ministerio; otro con representantes de los principales ministerios implicados (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Interior, Transportes y Movilidad Sostenible, la Secretaría de Estado de Comunicación, y la Secretaría General y el Gabinete del Presidente del Gobierno) y los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas en las que se va a desarrollar la visita y un tercer grupo con responsables autonómicos y locales. Además, se han celebrado reuniones temáticas en ámbitos como la seguridad, la movilidad o la comunicación. 

Fuentes gubernamentales señalan que el viaje de León XIV a España se produce tras la culminación de cinco acuerdos históricos entre el Gobierno y la Iglesia católica: la exhumación del dictador de la Basílica de Cuelgamuros y la resignificación del Valle; el acuerdo sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia; la supresión de determinados beneficios fiscales y el sistema mixto para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reforzará la plantilla del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz con siete profesionales, gracias a la incorporación de tres psicólogos, otros tantos trabajadores sociales y un educador social.

Este personal estará completamente incorporado en el mes de julio, completando al 100 % la cobertura de los equipos técnicos del instituto. Además, comenzarán a trabajar antes de septiembre dos técnicos de autopsias.

Durante los próximos meses se incorporarán otros 24 profesionales a los institutos de comunidades autónomas donde la competencia en materia de Justicia es del Ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

“El compromiso del Ministerio con el buen funcionamiento de estas dotaciones es total, y por este motivo trabaja en un plan de choque con medidas organizativas, de refuerzo y destinadas a la cobertura de las plazas vacantes”, ha expresado el Ministerio que dirige Félix Boslaños.

En el caso del instituto de Badajoz, además de la redistribución del trabajo entre los propios profesionales de los equipos técnicos se han derivado periciales desde los partidos judiciales de Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Castuera a la dotación de Cáceres.

Asimismo, el Ministerio ha renovado la subvención al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (CGCOP) para la realización de pericias psicológicas en procesos judiciales. “Esta colaboración se realiza desde 2016 y el CGCOP garantiza, a través de una convocatoria pública, la realización de las pericias conforme a los criterios colegiales”, ha indicado.

Está previsto que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos realice este año 78 pericias en materia civil del instituto pacense.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que realice su informe sobre las peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El alto tribunal da curso al procedimiento tras haber recibido el 21 de abril el llamado informe de conducta de la subdelegación del Gobierno en Madrid.

Ese documento es un requisito recogido en la ley del indulto, que dice en su artículo 24 que el tribunal sentenciador pedirá “informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquel se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad”, como ocurre en este caso. Después, prevé que solicitará el informe a la Fiscalía y a la parte agraviada, que en este procedimiento es el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

El Ministerio de Justicia activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz y solicitó al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, el informe preceptivo. Un mes después, el 25 de febrero, el alto tribunal envió su petición de informe a la Subdelegación del Gobierno, que tardó casi dos meses en responder. Su respuesta llegó el 21 de abril. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de los “plazos habituales” de trámites de indulto. 

Con todo lo recabado —informe de conducta y de la Fiscalía—, el Tribunal Supremo fijará su posición que, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El indulto total depende del Supremo

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En todo caso, el posible indulto a García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del recurso de amparo que ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario, procesado por dos delitos fiscales. 

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Posible recurso de González Amador

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal del Supremo será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

En sus mentes habita el rencor de forma obsesiva. Se alimentan de odio y resentimiento. Atribuyen a otros sus propias actitudes aviesas. Y se dedican a difamar a quienes les sitúan frente al espejo de su propia cochambre. Y aun así siempre hay alguien dispuesto a convertir al último libelista en personaje viral de consumo rápido o profesional de prestigio. Ya todo vale. Lo que cuenta es el ruido, el impacto fácil y la excitación del momento.

Pongamos que hablamos de Aldama, del empresario corrupto al que no pocos medios de comunicación presentan como un ser de luz, y al que el ministro Félix Bolaños acaba de presentar una demanda por vulnerar su derecho al honor tras acusarle de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Tras la del titular de Justicia, una vez acabado el juicio de las mascarillas en el Supremo, el PSOE presentará la suya propia porque, cuando en diciembre de 2024, registró el escrito, el Alto Tribunal lo desestimó al considerar que no era el momento procesal oportuno. 

Pero pongamos también que hablamos de esa especie periodística que hace de altavoz habitual de delincuentes habituales, políticos resentidos y testigos sobrevenidos o imaginarios del último supuesto escándalo. Sí, pongamos que hablamos de quienes han hecho del derecho a la difamación y el infundio su forma de chapotear en este proceloso mundo de la información. 

De quienes no comprueban, no analizan, no contrastan y descargan sus frustraciones con la escritura. De quienes decían atesorar con responsabilidad y mucho celo hasta cuatro cositas que obligarían a dimitir al mismísimo presidente del Gobierno. Y, pasados los meses, ni una, ni dos, ni tres ni cuatro… Ahí sigue “el perro”. Dimisiones, relevos , vicepresidentes que nunca lo fueron, candidatos imaginarios, superministerios inventados, nombramientos que jamás se produjeron y hasta bombas radiactivas hasta el momento no detonadas.

Si los bulos existen es porque hay buleros que los difunden y gente dispuesta a comprar la mercancía averiada del primero que se presenta como experto acreditado y no aprobaría ni el primer examen de ética periodística. La mentira sale muy barata porque ha sido normalizada por empresarios, políticos, periodistas y hasta jueces que se alimentan del odio y lo practican contra cualquiera que tenga una mínima exposición pública y sea susceptible de ser vilipendiado ante un micrófono o un folio. Cuando una magistrada no reconoce como delito que alguien relacione a la mujer del presidente del Gobierno con el tráfico de drogas en Marruecos en un programa de televisión es que el grado de putrefacción del país alcanza cotas insoportables. 

La calumnia no debería salir gratis, aunque quienes la esparzan se presenten como víctimas perpetuas de una conspiración y traten de descargar su frustración en diarios de adolescentes escritos para reivindicarse y ajustar cuentas. La demanda de Félix Bolaños contra Aldama es el camino para poner fin a tanta indignidad, tanta patraña y tanto desahogado que debiera repasar minuciosamente su trayectoria antes de descargar su ira sobre cabeza ajena. 

Siempre nos quedará el tiempo y algunos jueces, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia de un juzgado de León que condena a seis meses de cárcel a dos activistas de extrema derecha por vincular al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, con la supuesta trama de corrupción del Caso Mediador. El juez impone una pena de cárcel y una indemnización de 2.000 euros más intereses contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa -del canal de YouTube Expediente Royuela- por ser “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Eso sí han tenido que pasar tres años del episodio y desde que algunos otros buleros habituales hicieran gran alarde tipográfico con las inventadas de los hoy condenados sobre su supuesta participación en cenas “rodeados de prostitutas y cocaína”.

“Queremos que se querelle el señor Bolaños contra nosotros porque es la manera en la que judicialmente podremos aportar lo que he dicho y lo que ayer he contrastado y lo que vuelvo a contrastar: que este señor se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta, que no voy a decir tampoco la cifra para no seguir hablando”. Quien así habla es Víctor de Aldama, el delincuente confeso y cerebro de la trama Ábalos-Koldo en un programa de televisión el pasado 5 de febrero. 

No era la primera ni sería la última vez que quien hoy se sienta en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional por el fraude de los hidrocarburos acusaba al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia de un intento de soborno. El deseo del empresario corrupto se ha hecho finalmente realidad y Bolaños presentó el pasado viernes ante la sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una demanda de protección del derecho al honor contra Aldama. No lo hizo antes a la espera de que Aldama declarase ante el Supremo por si volvía a acusarle y, en ese caso, tenía que ampliar o modificar la demanda, que tenía redactada desde hace semanas.

“El derecho al honor es, esencialmente, un derecho fundamental de la dignidad humana y consistente en no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, reconocido como derecho fundamental, entre otros, por nuestra Constitución, y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de cualquier expresión proferida o cualidad atribuida respecto de determinada persona que, de modo inexcusable, lo haga desmerecer en su propia estimación o del público aprecio”, según Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1989.

El artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece además que tendrá la consideración de intromisión ilegítima en el derecho al honor “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. 

Bolaños reclama a Aldama, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen. 

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”. A pesar de su locuacidad en los diferentes programas de televisión por los que Aldama se pasea con frecuencia, en su declaración judicial ante el Tribunal Supremo el 29 de abril de 2026 Aldama no hizo referencia alguna a las supuestas actuaciones llevadas a cabo por Bolaños para “comprar su silencio”. 

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que el ministro había asistido a una fiesta de cumpleaños del entonces Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que también estuvo el empresario y que tal fiesta se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019. En este sentido, subraya el escrito del ministro, “la única evidencia” que ha aportado el Sr. de Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante. Fotografía en la que, por cierto, ni siquiera aparece Aldama. 

“Tan ridículo como imposible”

“Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber coincidido en una fiesta multitudinaria organizada por un tercero —fiesta a la que, por cierto, asistieron decenas de invitados— es un argumento tan pobre que no merece mayor consideración. En primer lugar, porque resulta público y notorio que quienes desempeñan funciones públicas asisten diariamente a actos, reuniones, mítines y celebraciones en las que coinciden con decenas o centenares de personas y se toman fotografías con un buen número de ellas. La coincidencia en estos eventos no puede presuponer, como es lógico, ningún tipo de relación personal ni profesional con los asistentes. Tanto es así que ni siquiera puede descartarse que ambos hayan coincidido en algún otro acto público masivo, sin que ello implique interacción alguna entre ellos. Defender lo contrario sería asumir que uno mantiene vínculos con cada persona con la que comparte un espacio público, lo que es, sencillamente, tan ridículo como imposible. En segundo lugar, porque asistir a una comida o a una celebración de cumpleaños en un restaurante no implica conocer quién es el propietario del establecimiento. Pretender otra cosa revela desconocimiento tan inexcusable como inverosímil de la lógica con la que se desarrollan la vida cotidiana y la actividad pública”, prosigue el escrito de demanda.

En el texto Bolaños recuerda, además, que el propio Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, “no conocer de nada” al ministro. Lo hizo, en concreto, en una entrevista radiofónica en el programa Herrera en Cope el 27 de noviembre de 2024: “Es duro ver que gente como el Sr. López, el Sr. Bolaños, que no les he nombrado en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse”. Una contradicción que, en la demanda, se considera “tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad” del demandado.

Durante su declaración ante el Supremo el miércoles pasado, el cabecilla de la organización criminal del caso mascarillas apuntó contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, sin mencionar esta vez a Bolaños, que dado el impacto en la opinión pública de la acusación “está viendo injustamente mermada su reputación personal por culpa de las mentiras de Aldama, que ha aprovechado la atención mediática que recibe para difundir las falsedades que estima oportunas sin el menor sustento probatorio”.

Nuevo paso adelante en la defensa de las víctimas. El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto-ley que establecerá la exención del pago del IRPF a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, tal y como ha podido confirmar elDiario.es. Se trata de uno de los puntos incluidos en el histórico acuerdo suscrito el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER para la creación de un nuevo sistema de compensaciones para los supervivientes de la pederastia clerical.

Y es que, a partir de su entrada en vigor, las víctimas que reciban compensaciones por el maltrato sufrido durante su infancia a manos de clérigos, religiosos o personal eclesiástico no tendrán que tributar por las mismas. La exención fiscal hoy aprobada también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas, como el PRIVA.

Esta medida se suma al nuevo sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) con el arbitraje del Defensor del Pueblo, que permitirá a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia que sus casos puedan ser analizados y la compensación fijada por un órgano público. El sistema, tal y como avalan fuentes gubernamentales, consagra que la Iglesia paga las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo. Desde su entrada en vigor, el pasado 15 de abril, ya han comenzado a recibirse decenas de casos, en un modelo que, por primera vez, reconoce el 'estatus de víctima' a los supervivientes de la pederastia eclesial.

Fuentes gubernamentales consultadas por elDiario.es señalan que, con este Real Decreto-Ley, el Gobierno “cumple con otra de las demandas de las víctimas y con uno de los punto centrales del acuerdo”, además de reforzar el compromiso con los protagonistas del horror de los abusos. A partir de ahora, las víctimas dejarán de pagar impuestos por las indemnizaciones recibidas.

El acuerdo para reparar a las víctimas

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

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