Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región ha experimentado un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

PERÚ

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

COLOMBIA

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

BRASIL

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

ECUADOR

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

COSTA RICA

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

HONDURAS

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

El periodista Carlos Dada se ha visto obligado a dirigir desde el exilio El Faro, el gran periódico de investigación de El Salvador y uno de los pioneros digitales en el mundo cuando lo fundó con otros reporteros en 1998. Su experiencia de acoso por parte del Gobierno de Nayib Bukele ofrece algunas lecciones para un mundo cada vez más autoritario.

El premiado periodista fue el encargado de impartir este lunes la conferencia anual del Instituto Reuters para el estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, la cita en la que cada marzo un referente del periodismo internacional reflexiona sobre los retos del momento. Dada tituló su charla “”Journalism as Resistance“ (periodismo como resistencia). Aquí el texto del discurso completo, traducido en español.

Parte del discurso de Dada se centró en el éxito popular de mensajes políticos difundidos en redes y plagados de falsedades frente al trabajo periodístico concienzudo para comprobar y publicar los hechos.

“Los dictadores como Bukele necesitan mentiras para sobrevivir. Todos conocemos ese manual. Lo que hace a Bukele diferente es su capacidad para convertir esas mentiras en un relato exitoso que se vuelve viral de inmediato en las plataformas de redes sociales”, dijo Dada durante su discurso.

El periodista citó una encuesta de 2025 en Chile según la cual la mitad de la población chilena nombraba a Bukele como el político que más admiraba, algo cada vez más frecuente en países latinoamericanos alejados de El Salvador y poco conectados con su experiencia. “¿Cómo explicas que un obrero de las afueras de Santiago tenga a Bukele tan presente? Porque la propaganda de Bukele aparece todos los días en su teléfono”, explicó Dada, que señaló vídeos “cinematográficos” sobre pandillas o de Bukele aleccionando a soldados y policías “con iluminación de estudio”. 

“Si no fuera por el periodismo y organizaciones de derechos humanos, su propaganda no sería cuestionada”, explicó Dada, que ha sufrido personalmente hasta el espionaje con la tecnología israelí Pegasus en su móvil igual que buena parte del equipo de El Faro. “La búsqueda de la verdad se ha convertido en una actividad subversiva”. 

Acoso y espionaje

En febrero de 2020, nueve meses después de tomar posesión, Bukele entró en el Parlamento rodeado de soldados y policías armados y vestidos para el combate amenazó con disolverlo. El editorial de El Faro entonces se tituló “Maneras de dictador”, y Bukele lanzó una campaña contra el periódico, sus periodistas y sus anunciantes, que fue denunciada por organizaciones de derechos humanos y en el Congreso de Estados Unidos por demócratas y republicanos. El Faro siguió trabajando y reveló casos de corrupción mientras el acoso del Gobierno continuaba, también a través de las llamadas granjas de trols en redes.

El periódico tuvo que trasladar en 2023 la residencia de la empresa a Costa Rica, y poco a poco han tenido que salir del país reporteros objeto de amenazas de detención y otras represalias. Es una experiencia parecida a la de otros medios y otros periodistas en Nicaragua, Guatemala y Venezuela. 

Cuando todavía resistían en su país, los periodistas de El Faro empezaron a notar “gente rara” delante de sus casas, y la vigilancia llegó hasta un dron que entró por la ventana de la casa de Dada. Los móviles de más de una veintena de periodistas fueron hackeados durante más de un año con la tecnología Pegasus, de la empresa de defensa israelí NSO Group, contra la que El Faro tiene un proceso judicial todavía en curso. “Cuando lo hicimos público, perdimos la mayoría de nuestras fuentes, esenciales para la práctica del periodismo, y especialmente bajo regímenes autocráticos y opacos”, recordó Dada en su discurso en Oxford. “Fue la prueba definitiva de que el precio de practicar el periodismo había subido de manera significativa”.

El Faro sigue trabajando y publicando investigaciones, sobre los pactos de Bukele con las pandillas, las torturas en las cárceles o la erosión de la democracia.

Esto contrasta con lo que afirmó en referencia a estos asuntos hace sólo unos días en Madrid el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en varias entrevistas en las que, según Dada, “estaba mintiendo” porque “era muy consciente de la evidencia”. El número dos de Bukele también se reunió con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los abusos de los que habló Dada también los han documentado extensamente Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales.

El periodista salvadoreño reconoció los límites del trabajo periodístico en una sociedad que abraza el autoritarismo. “Aun así, lo que hacemos sigue mereciendo la pena. Aunque solo sea para dejar el testimonio a las generaciones futuras para que entiendan mejor qué demonios pasó en nuestros tiempos”, dijo Dada. “Así no quedarán las mentiras”. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este miércoles en su despacho de jefe de la oposición del Congreso al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, de gira por España para defender el modelo ultrapunitivista impuesto por el presidente del país, Nayib Bukele, con decenas de miles de detenidos de forma irregular, denuncias de torturas por parte de ONG internacionales y su participación en las deportaciones masivas de Donald Trump, lo que le ha convertido en referente de ultras como Alvise Pérez o Macarena Olona.

La reunión se produjo durante el pleno de este miércoles, aunque no figuraba en la agenda oficial del líder del PP. Feijóo no ha intervenido en la sesión de control al Gobierno ante la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, y ha estado ausente de su escaño buena parte de la mañana.

elDiario.es ha intentado recabar del PP información sobre la reunión sin que ningún portavoz haya querido hacer comentario alguno.

Además de reunirse con Feijóo, Ulloa fue recibido este martes por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien lo ha recibido en “los Despachos de Honor de la Cámara Alta”.

En un comunicado, la Presidencia del Senado afirma que “ambos dirigentes han remarcado el 'milagro' de la seguridad que ha experimentado El Salvador en los últimos años, pasando de tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo a convertirse en uno de los países más seguros”. “Sin seguridad y libertad no hay nada”, ha subrayado Rollán, según la nota oficial.

Ulloa participó el martes en una conferencia para reivindicar el modelo impuesto por Bukele en El Salvador. La charla estuvo trufada de críticas a la prensa y a las ONG que denuncian las torturas y quiebras de los Derechos Humanos cometidas por el Gobierno en su lucha contra la deliencuencia.

“Han salido estos voceros de ONG y periódicos, los dos principales matutinos son 'Diario de Hoy' y 'La Prensa Gráfica'. Estos medios son los portavoces de la oposición política y se volcaron contra el presidente Bukele cuando ofreció en la campaña que iban a pagar impuestos porque ellos no pagaban”, dijo.

A renglón seguido, Ulloa reconoció, por ejemplo, que “lo primero que hace la Policía cuando captura a un perfilado es ver su teléfono, sus contactos y las llamadas que hace”. Y asumió que casi un 10% de las 91.000 personas detenidos bajo el régimen de excepcion (que no tiene fecha de caducidad) fueron puestos en libertad “porque demostraron ser inocentes”, según recoge 'The Objective'. Es decir, la inversión de la carga de la prueba que impera en los países democráticos.

En una entrevista en 'El Mundo', Ulloa aseguró que El Salvador “es el país más seguro de todo el Hemisferio Occidental”. “Antes ese título lo tenía Canadá. Canadá tenía 2,5 asesinados por cada 100.000 habitantes. El Salvador tiene 1,8, o sea, somos el más seguro de las Américas, de Canadá, Argentina, pasando por las Antillas”, afirmó.

El régimen de Bukele ha recibido el apoyo explícito del líder de Salf, Alvise Pérez, quien ha presumido en sus redes de haber visitado El Salvador y sus centros penitenciarios. Según publicó en su canal de Telegram, se reunió con los ministros de Seguridad, Defensa, Educación y Vivienda, así como con el Presidente de la Asamblea Legislativa.

“También recorrió todo el país para entender la aplicación de las políticas contra el crimen que han convertido a El Salvador en el país más seguro del continente. Alvise aplicará en España dichas medidas, con mano dura y firme”, afirma el canal de Salf.

La exdirigente de Vox Macarena Olona también elogia a Bukele en sus publicaciones.

Estado de excepción, amigo de Trump y militares

El sesgo autoritario de Nayib Bukele se hizo patente al poco de llegar al Gobierno de El Salvador. En enero de 2020, ante las dudas de que pudiese salir adelante su plan presupuestario contra las pandillas, llenó la asamblea legislativa de militares, amenazó con disolverla y se jactó: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

Desde entonces sus sesgos dictatoriales no han hecho más que acrecentarse. El pacto que trabó secretamente con las maras para limitar la violencia en un país asolado por el crimen organizado estalló por los aires en 2022, dando paso a un estado de excepción de brocha gorda. Hoy las cárceles están llenas —el 1,6% de los 6,5 millones de habitantes del país, el mayor índice del mundo— de presos que con frecuencia no han sido objeto de investigación formal.

Y si quedan celdas, las subarrienda a EEUU: la megaprisión de Tecoluca, con capacidad para 40.000 personas, alberga también a supuestos criminales expulsados sumariamente de la potencia norteamericana, algunos meros migrantes deportados ilegalmente en el marco de la cruzada contra los extranjeros de Donald Trump.

Aunque goza de popularidad —en 2024 volvió a ganar las elecciones— es alérgico a la crítica y enemigo de la prensa que le planta cara. La redacción de El Faro, uno de los diarios más prestigiosos de Latinoamérica, ha tenido que exiliarse para evitar la cárcel.

Los promotores del apagón democrático se revelan como líderes con el poder de arrastrar amplias masas de ciudadanos hasta la periferia del sistema para cruzar el Aqueronte. Como en El Rinoceronte, aquella obra de Ionesco del teatro del absurdo que convertía en monstruos a los habitantes de un pueblo francés, víctimas de “rinocerontitis”: al principio parecía exagerado, descabellado, después se producía la metamorfosis. ¿Acaso están muy alejados de los vikingos que colapsaron el Capitolio o los hooligans bolsonaristas que quisieron tomar las instituciones de Brasilia? 

Nayib Bukele no es un empresario de bienes raíces como Donald Trump ni un economista asilvestrado como Javier Milei, declarado admirador de Jeff Beck pero que se despeina en los escenarios con aire y gestos de Gary Glitter. A diferencia de ellos, Bukele se acerca más a un personaje de Stendhal en el sentido de la pasión, la ambición y, sobre todo, la búsqueda de la gloria napoleónica. Aunque Bukele está ahora en el trance de esta última fase imperial ya que, al igual que Trump se proclama rey en X y aparece soltando excrementos al mando de un caza, Bukele en su estado de la misma red se autodefine como un Philospher King. 

A diferencia de Trump, Milei, Santiago Abascal o, incluso, Isabel Díaz Ayuso, Bukele comparte su deriva con J. D. Vance, el vicepresidente de Trump y brazo político de Peter Thiel, con un significativo pasado progresista que licuó para abrazar el populismo disruptor. Nayib Bukele es alguien que sintió desde adolescente el latido vivo de su sangre palestina y la tensión revolucionaria de la poesía de Roque Dalton. 

Gabriel Labrador, periodista en el exilio de El Faro, medio salvadoreño que se vio obligado a trasladar su redacción a Costa Rica, cuenta en un largo artículo sobre Bukele que su padre, cuarta generación de palestinos, era un próspero comerciante, polígamo y hombre de izquierdas, quien dio una vida y una educación privilegiada a Nayib, abriéndole, incluso, el camino para acercarse al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Bukele, un joven y brillante publicista, se hizo cargo de la imagen del FMLN y dio un paso más al presentarse como candidato al ayuntamiento de una pequeña ciudad. El joven que en la universidad había lucido una camiseta en la que se leía Class Terrorist ganaba así su primera elección. 

Bukele iniciaba su carrera política con la pulsión del Che pero, a diferencia de este, ya sabía moverse en la selva de lo real y rápidamente comenzó a utilizar la guerrilla en las redes sociales. Aunque era solo un foquista digital ya demostraría, desde la presidencia del país, cómo se puede aplicar la violencia en la vida cotidiana al tiempo que se pregona combatirla. Pero entonces, corría el año 2012, solo tenía 30 años, era alcalde y declaraba: “Soy de izquierda radical, porque quiero cambios radicales en El Salvador, donde no debe imperar más la ley de la jungla”.  

El siguiente paso fue el ayuntamiento de El Salvador pero el instinto revolucionario fue cediendo a la mirada populista. Se distanció del FMLN y cuenta el escritor Tom Stevenson que ya pretendía formar un nuevo partido político «que no sería ni de izquierdas ni de derechas», sino un movimiento que trascendería la vieja política. El candidato ya estaba en otra parte. Cuando ganó el ayuntamiento de la capital tenía más seguidores en Twitter que Salvador Sánchez Cerén, entonces presidente del país. 

En su libro Bukele, el rey desnudo, el periodista, escritor y jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez, hace una síntesis diabólica de esta deriva: “Bukele es popular desde que ganó la alcaldía de la capital en 2015. Más con la mayoría absoluta que lo hace presidente en 2021. Ocupó la Asamblea Legislativa para sustituir ilegalmente al fiscal general que lo investigaba y a los magistrados de la Corte Suprema que lo cuestionaban, puso a los suyos y tuvo poder absoluto”. 

Cuando Bukele es elegido presidente en 2019 se convierte en el jefe de Estado más joven de América Latina. Había abandonado el FMLN y bajo su nueva agrupación enterraba el bipartidismo y dejaba atrás a sus anteriores predecesores que habían sido arrestados o acusados, y todos ellos procedían de los dos principales partidos políticos de El Salvador, que habían gobernado sin interrupción durante más de dos décadas. Había sido un período de pobreza crónica, violencia infinita y emigración masiva. Bukele, por libre, llegaba como un reformista anticorrupción: «Hay suficiente dinero para todos, siempre y cuando nadie robe“. Aún hoy se escucha este lema. El dinero se sigue echando en falta.

El mundo lo conoció en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, cuando, en medio de su discurso, se hizo un selfie desde la tribuna con matices pedagógicos, ya que indicó a los líderes mundiales presentes que «un par de imágenes en Instagram pueden tener más impacto que cualquier discurso en esta asamblea». Su modo de intentar minar el poder institucional de la ONU degradándolo in situ sin perder las formas es más efectivo que los improperios de Trump en ese mismo atril. No en vano, cada vez que puede, invoca a Alejandro Magno y a Steve Jobs. 

En su primera presidencia estaba en minoría en la Asamblea Nacional, donde no podía controlar ni siquiera el presupuesto. Así las cosas, anunció un plan de seguridad que no contaba con el apoyo de la cámara. Bukele demostró que disponía de una vía rápida: por las malas. Convocó al pueblo ante el Palacio Legislativo y ordenó a los militares y policías a hacer lo mismo. Entró al edificio, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea y dijo: “Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

El cuento es muy sencillo. Para acabar con la violencia y el estado permanente de anarquía, se suprimió el Estado de derecho, ya que a través del estado de excepción se suspendieron los derechos constitucionales. El Salvador ostenta el título de la mayor población carcelaria per cápita del mundo. Los detenidos en las cárceles no tienen que comparecer ante un juez ni se les da una razón para su detención. Los opositores políticos han sido encarcelados o, con más suerte, expulsados al exilio. Bukele manda, está al frente del monopolio de la violencia y lo proclama en X: «el dictador más cool del mundo».

Es verdad que la reducción de homicidios empezó con la primera presidencia de Bukele, cuenta Óscar Martínez, “pero fue él quien la consolidó hasta mínimos históricos gracias a sus casi tres años de pactos con los criminales y el posterior régimen de excepción. Pactos secretos y estado policial, esa fue su fórmula”. 

Bukele puso fin a las maras criminales pero pactó con ellas para alcanzar la alcaldía de la capital y ser presidente después. Al final, rompió con las pandillas pero lo hizo fracturando el Estado de derecho. Las cifras son lapidarias: 87.000 salvadoreños presos en tres años en 22 cárceles de las cuales solo se enseña una. En ella se ha visto a Kristi Noem, secretaria de seguridad de Trump; a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei y, recientemente, a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. Todos muy interesados en este sistema que reduce la tasa de delito e incrementa el número de votos. 

El giro ideológico de Bukele no se debe entender como un péndulo en el arco político sino como un giro copernicano desde la Constitución al arrabal del sistema democrático, periferia en la que se abraza, entre otros, con Trump y Benjamín Netanyahu, quien al igual que da la bienvenida a un gentil como Milei se congratula de tener a un descendiente de palestinos en el Consejo de Paz para Gaza. 

Cuando hablan los dirigentes de Vox o irrumpe Isabel Díaz Ayuso con ecos autoritarios, hay que discernir que la denuncia que hacen de las disfunciones democráticas no conduce a su superación sino a la supresión del sistema como lo demuestra la vanguardia que representa Bukele, alguien que llegó al poder planteando la igualdad fraterna que invoca la Biblia para acabar en el Apocalipsis: los tibios serán vomitados. Lo augura Óscar Martínez: “Todavía no hemos visto su etapa más violenta”.

El día antes de publicar una exclusiva que demostraba cómo el líder de El Salvador, Nayib Bukele, había negociado y pactado con las bandas que tenían a todo el país sometido, el periodista Óscar Martínez se exilió a México. “Pensábamos que sería una salida preventiva, ya habíamos hecho algunas previamente”, recuerda por videoconferencia. 

El día antes de regresar a su casa, Martínez descubrió que el Gobierno había preparado una emboscada para plantarles drogas a su regreso tanto a él como a sus colegas y que la Fiscalía pretendía acusarles de agrupación ilícita. Desde mayo de 2025 no puede volver a su hogar. “La salida preventiva ahora ya se ha convertido en nuestra realidad”, afirma.

El reportero es redactor jefe de El Faro, un periódico fundado en El Salvador a finales de los 90 en el que se han publicado las mejores investigaciones periodísticas de las últimas décadas en Latinoamérica. En 2023, el medio trasladó su sede a Costa Rica y actualmente toda la plantilla que estaba en El Salvador (22 personas) está en el exilio.

Martínez acaba de publicar Bukele, el rey desnudo (Cuadernos Anagrama), un interesante perfil-reportaje sobre el “dictador” más viral de la actualidad, un autócrata que cuenta con el respaldo del 80% de la población tras acabar con la violencia de las bandas en El Salvador a costa de suprimir prácticamente cualquier derecho civil. 

“Es una popularidad real, pero atravesada por el miedo”, opina Martínez. Y da un dato: seis de cada diez salvadoreños creen que pueden sufrir represalias si critican a Bukele. 

El libro describe cómo, entre seguridad y democracia, buena parte de los salvadoreños han elegido la primera tras lustros bajo el yugo de las bandas. El resultado es que, en un país de seis millones de personas, hay casi 100.000 salvadoreños encarcelados. “No sería extraño decir que el 50% de las personas que están en prisión no pertenecen ni han pertenecido nunca a ninguna pandilla”, afirma. 

Tras llegar a tasas de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, Martínez describe El Salvador como un país “sembrado de cadáveres”, con una población empobrecida y “desesperada” que sólo se preocupa por sobrevivir. “La sociedad necesitaría que más gente tuviera el privilegio de reflexionar”.

Es en ese contexto que aparece Bukele, con un mensaje “simplista” que logra convencer a la población de que la democracia ya se ha probado y no ha funcionado. “Veníamos de la paz más violenta que el mundo ha conocido”, recuerda Martínez. “Y nos vendieron que la democracia no servía cuando realmente nunca hubo democracia de verdad”.

El ascenso al poder del “dictador”

El texto dibuja a Bukele como un hijo de una familia acomodada, descendiente de inmigrantes árabes que llegaron al país a finales del siglo pasado y lograron enriquecerse a base de trabajo. “Él ya nace privilegiado, en una familia rica que tiene empresas de publicidad, concesiones, negocios de alimentación e inmobiliarios…”, explica el autor.

Bukele entra en contacto con la política de bien joven, trabajando en las campañas del principal partido progresista de El Salvador encargadas a la empresa de publicidad de su familia. 

El futuro presidente demostrará una gran capacidad de adaptación, pasando de alabar al Che Guevara y al régimen de Nicaragua a convertirse en punta de lanza del movimiento MAGA y de las criptomonedas. También sabrá controlar los resortes que apuntalarán la actual ola reaccionaria: utiliza las redes, busca la viralidad y es capaz de simular que tiene una conversación con Dios ante miles de personas que lo aclaman. 

“Bukele es, sin duda, un gran publicista. Tiene sentido de la oportunidad y sabe adaptarse”, señala Martínez.

Su ascenso al poder, sin embargo, no se explica sin los pactos que alcanza con las principales bandas del país a partir de 2012. El texto explica cómo Bukele acuerda con ellas reducir los homicidios a cambio de dinero y votos, primero para obtener una pequeña alcaldía, después para gobernar la capital y posteriormente el país entero. 

“El primer paso importante en su carrera como político nacional lo da de la mano de las pandillas”, explica Martínez, que describe el pacto como un “complot criminal” que incluía que las bandas pudieran elegir a quién debía asesinarse dentro de las prisiones salvadoreñas.

Esa relación de conveniencia salta por los aires en 2022, cuando las maras asesinan a 72 personas en apenas 24 horas y Bukele decide ir a por ellas. “Suena muy frío decirlo así, pero ese fin de semana [las bandas] mataron de más”, rememora Martínez. 

“Bukele necesita en ese momento un cambio de narrativa y opta por un Estado policial, en el que todavía estamos a día de hoy”, prosigue el reportero. “La actual ministra de Educación es una capitana del Ejército y cualquier soldado puede hacerte lo que le dé la gana”. 

Es en ese Estado policial que Bukele adquiere un tono mesiánico para justificar su perpetuación en el poder. Paralelamente, él y su familia amplian su patrimonio: el 80% de las tierras de la familia han sido adquiridas desde que es jefe del gobierno, las empresas de sus parientes han pasado de tener miles de dólares a millones y su residencia privada está siendo reformada con fondos públicos. 

“Pero a la población no parece importarle esto ahora mismo”, lamenta el periodista. “El tejido social estaba tan roto por la violencia de las pandillas, que se celebra en colectivo que no haya más bandas, pero se sufre individualmente por la pérdida de libertades”.

La dificultad de cubrir un país desde el exilio

A medida que Bukele se perpetuaba en el poder y se iban desmontando las pocas garantías democráticas en El Salvador, los periodistas de El Faro fueron abandonando el país ante el aumento de las amenazas y de las visitas policiales a los domicilios de los reporteros. 

Desde el pasado mayo, el medio cubre lo que ocurre en El Salvador desde el exilio. “Todavía nos estamos adaptando”, apunta Martínez que, como buena parte de sus compañeros, fue espiado a través de su móvil con el spyware Pegasus.

“Nos enteramos [del espionaje] de casualidad, porque a una colega del periódico se le calentaba mucho el teléfono”, recuerda. “Entonces descubrimos que todos los miembros de la redacción teníamos el teléfono infectado”.

Martínez explica que, desde su huida, han aprendido que el exilio era más grande de lo que pensaban y que, en ocasiones, resulta incluso más sencillo obtener información desde el extranjero de antiguos funcionarios, fiscales y jueces que cayeron en desgracia. 

“El exilio fue como una de las últimas consecuencias antes que la muerte o la cárcel”, apunta. “Nos puso en una posición bien rara, pero fue la última muestra de que estábamos dispuestos a hacer lo que había que hacer para seguir informando”.

Martínez no es nada optimista respecto al futuro de su país. Bukele solo tiene 44 años y no tiene intención de abandonar la presidencia. El año pasado redujo en 130 millones el presupuesto en salud y educación y aumentó el del Ejército, a pesar de que las pandillas están desarticuladas a día de hoy.

Para el periodista, esto solo indica que prepara el terreno para cuando le toque reprimir a los ciudadanos. “Aún no conocemos a un Bukele impopular. Cuando dejen de sonar los aplausos en la plaza, van a sonar las botas militares”, concluye. “No creo que hayamos visto todavía la etapa más violenta de Bukele”.

Ya conocen lo del dominó: se alinean las fichas en posición vertical, se derriba la primera y, una tras otra, las demás van cayendo. La “teoría del dominó” fue uno de los ejes de la estrategia de Estados Unidos durante la guerra fría contra la Unión Soviética: había que impedir que los países recién descolonizados adoptaran, uno tras otro, un régimen comunista o socialista. Lo mismo valía para el “patio trasero” latinoamericano.

En Washington nunca han dejado de creer en el dominó, o en el contagio. Terminada la guerra fría, los ideólogos de George W. Bush creyeron (petróleo al margen) que la invasión de Irak permitiría democratizar el país y que, uno tras otro, los países de Oriente Próximo entrarían en una órbita liberal. La idea resultó en desastre y desembocó, indirectamente, en el fracaso de las “primaveras árabes”, en la hegemonía regional de un Israel cada día menos liberal y en una campaña genocida contra los palestinos.

La administración de Donald Trump (ignoro si él es aún capaz de pensar) ha recuperado la “teoría del dominó” para Latinoamérica y muy especialmente para Centroamérica. Y esta vez con éxito.

Nayib Bukele, alcalde izquierdista de una pequeña localidad salvadoreña, concurrió en 2018 a las elecciones presidenciales con una sola promesa: acabar con el poder de las maras, unas pandillas criminales de prácticas mafiosas y violencia extrema.

Bukele lo consiguió, prescindiendo de cualquier reparo relacionado con los derechos humanos. En El Salvador hay megacárceles, torturas y “desaparecidos”, la prensa libre apenas puede existir (más de 50 periodistas exiliados) y Bukele, que ahora se plantea prolongar su presidencia por diez años más, ha ido acumulando poderes dictatoriales.

En el libro “Bukele, el rey desnudo”, Óscar Martínez (uno de los mejores periodistas del continente, junto a su hermano Carlos, ambos de “El Faro”, ambos en el exilio) analiza cómo El Salvador se ha convertido en una dictadura. Una dictadura, de momento, muy popular.

Bukele fue la primera ficha del dominó. Las otras van cayendo. Hace unos días, el trumpista Nasry Asfura fue investido como presidente de Honduras. Asfura ganó de forma dudosa las elecciones celebradas en noviembre, en vísperas de las cuales Trump anunció el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotráfico.

Guatemala se encuentra desde hace unos días bajo Estado de sitio, por decisión del presidente Bernardo Arévalo. El objetivo de Arévalo (que hasta la fecha no ha hecho alardes de trumpismo) es, cómo no, disponer de poderes especiales para combatir a las maras, en especial la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Acabar con la violencia y las exacciones mafiosas fue la principal de sus promesas electorales.

Y hoy domingo se vota en Costa Rica, tradicionalmente el país más estable de Centroamérica. El actual presidente, Rodrigo Chaves, ha ido acercándose al “modelo Bukele” y al trumpismo y ahora busca la reelección para obtener “un poder absoluto” que le permita atajar, por cualquier vía, la creciente violencia que sufre el país.

Falta por caer del todo la ficha panameña. Pero la administración de Trump tiene gran interés en controlar el canal.

La pobreza, la violencia y el narcotráfico han volcado Centroamérica del lado de los regímenes represivos. Cada día hay más cárceles y más pobreza encerrada, cada día hay más emigración hacia el norte. El narcotráfico, evidentemente, permanece libre.

A finales de agosto se estrenó en el Festival de Venecia El mago del Kremlin, la adaptación cinematográfica del best seller de Guliano da Empoli (Neuilly-sur-Seine, 1973), aunque habrá que esperar hasta enero para ver a Jude Law en los cines caracterizado como Vladímir Putin. El apasionante relato de ficción sobre el poder en la sombra en Rusia ha sido traducido a más de 30 idiomas y solo en Francia vendió cerca de medio millón de ejemplares. La novela, publicada en 2023, ganó el Gran Premio de la Academia Francesa y el Goncourt, y ha convertido al escritor franco-ítalo-suizo en una estrella del firmamento literario y en autor de cabecera de los políticos europeos.

Porque Da Empoli pone el foco en lo que se cuece entre bambalinas, lo que no vemos, sean los pasillos del Kremlin, los de la Casa Blanca o el Palazzo Chiggi –como en Los ingenieros del caos (Oberon)– o los de la ONU, donde comienza su último ensayo, La hora de los depredadores (Seix Barral). Sus años como asesor político han llenado su prosa de multitud de imágenes y anécdotas a través de las cuales explicar el ascenso de los populismos, la alianza entre los tecnócratas y la extrema derecha o un presente plagado de violencia en el que gana no quien piensa y reflexiona, sino quien se mueve “con mayor decisión, de la manera más agresiva y sorprendente”. Da Empoli dejó la política –“me pareció un poco frustrante como experiencia”– pero se sumerge en ella en cada párrafo, en cada respuesta durante la entrevista. Salta de Maquiavelo a Javier Milei, Trump o Mohamed bin Salmán trazando un horizonte lúcido, a ratos distópico, pero nunca desesperanzador: “El margen de acción que tenemos es mayor de lo que pensábamos”.

En el libro sostiene que los políticos quieren creer que su trabajo es similar al que se ve en series de televisión como The West Wing o incluso House of Cards, pero que la mayoría de las veces se parece más a Veeps.

Creo que el encanto y la dificultad de la política residen, precisamente, en que hay distintas dimensiones del trabajo. Unas bastante heroicas e históricas y otras triviales, que pueden cambiar según los momentos, las situaciones y los personajes. Y todas ellas están en estas tres series: una parte en cierto modo virtuosa en la que se intenta hacer cosas, una parte maquiavélica en la que hay intrigas y una gran parte de absurdo, de cosas imprevistas, a veces ridículas.

Sánchez y Meloni son políticos profesionales, todos los demás parecen unos aficionados

También dice que la política es una profesión que te expone constantemente a parecer idiota, sobre todo cuando no lo eres. ¿Por qué?

Creo que es el resultado de la combinación entre el hecho de ser constantemente examinado, expuesto a la mirada de una cámara, de un teléfono y, sin embargo, no poder decir las cosas con franqueza o justificar tus acciones, porque muchas cosas en política no se pueden decir. No porque sean ilegales, sino simplemente porque la lógica de la política y la diplomacia impide decirlo todo. Por eso, a menudo, da la impresión de que las cosas se hacen sin motivo, de forma irracional o estúpida. Y luego está la velocidad. Si todo se mueve tan rápido que es fácil cometer un error tarde o temprano.

¿La sociedad no valora el trabajo de los políticos? 

La profesión política ya no se considera ni siquiera una verdadera profesión, sino una actividad un poco parasitaria. La política consiste en gran medida en intentar encontrar compromisos, en conciliar situaciones. Creo que, en su acepción más noble, la política es lo que debería impedir que estalle la violencia entre personas y grupos que están en desacuerdo. Pero muy a menudo no lo consigue, y entonces la gente considera que el sistema político no funciona, lo cual es bastante cierto en muchos casos. Es un poco como una espiral, porque cuanto más se devalúa el papel de la política, menos atrae a las mejores personas para ejercerla.

¿Qué impresión le causó Pedro Sánchez en el encuentro que mantuvieron?

No suelo hablar de mis reuniones privadas, como era este caso. Sánchez es claramente un político muy hábil, porque consigue gobernar en condiciones muy difíciles y con mayorías bastante precarias desde hace muchos años, y en gran contraste con el resto de la situación europea. 

Me parece interesante que quizás los dos únicos políticos profesionales que hoy siguen en los grandes países europeos sean tan diferentes ideológicamente: Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Con agendas diferentes, líneas políticas y culturales opuestas, ambos demuestran que la profesionalidad política cuenta para administrar un país, para gestionarlo. 

Yo llamo a Italia la Silicon Valley del populismo, porque es el lugar donde se han hecho más experimentos con nuevas formas políticas

Todos los demás parecen unos aficionados desorientados. Tanto en Alemania como en Inglaterra e incluso en Francia, los que gobiernan no son políticos profesionales y tienen muchas dificultades para aprender lo básico, me parece.

Muchas veces se relaciona el auge del populismo con la irrupción de políticos no profesionales que reivindican estar ‘fuera del sistema’ o de ‘la casta’. En este sentido el caso de Italia es particular porque el gobierno de características populistas y de extrema derecha llega de la mano de una política ‘de toda la vida’.

Ella era lo suficientemente outsider, porque venía de un partido de extrema derecha que nunca ha estado en el poder y pudo presentarse como desde fuera del sistema, que es algo que el electorado italiano valora desde hace muchos años. Yo llamo a Italia la Silicon Valley del populismo, porque es el lugar donde se han hecho más experimentos con nuevas formas políticas. Pero el caso es que Meloni es una militante política y una profesional de la política desde hace 30 años, desde que era pequeña. Incluso fue ministra hace 20 años en un Gobierno de Berlusconi. Creo que ser profesionales de la política hoy es un obstáculo para llegar al poder. Pero cuando se consigue llegar, es una ventaja saber cómo funciona en lugar de ser un outsider que descubre por primera vez desde la cima qué es la política.

¿El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el mejor orador actual? 

No digo que sea el mejor, digo que es un orador político eficaz. Lo vi hablar en la ONU y me impresionó bastante su discurso. Decía: “Ustedes me acusan de haber encarcelado a miles de personas, pero yo les digo que, en realidad, he liberado a millones de habitantes de El Salvador que hoy pueden salir por la noche a la calle sin miedo a ser asesinados”. El discurso es bastante breve, de unos 15 minutos, y desde el punto de vista retórico y oratorio está bien escrito y también bien pronunciado. 

Bukele es el modelo de depredador más exitoso hasta ahora, precisamente por obrar este milagro de cumplir lo que prometía: la caída de la tasa de homicidios en el país, que era el más violento del mundo y que hoy ya no lo es. Me parece interesante observar el modelo puro del depredador también para comprender cómo se lo puede combatir. 

¿El crecimiento de la ultraderecha también tiene que ver también con una cuestión generacional? 

Está claro que en la forma de presentarse y en la forma de comunicarse de personajes como Bukele, quizá incluso en el enfoque de las cosas, hay un efecto generacional. Y, por supuesto, en esta velocidad extrema, el mensaje muy directo, sin intermediarios, y la idea de que no hay límites, de que la realidad se puede moldear a tu antojo –con una gran contribución de las plataformas digitales–. 

¿Esto se ve también en el apoyo del electorado más joven a Javier Milei en Argentina? 

Sí, y me impresionó mucho el triunfo de Milei en las últimas elecciones. Creo que ganó por dos razones. La primera, que enfrente no había nada nuevo. Si ante los depredadores la única alternativa es volver al antiguo sistema, a los antiguos personajes, resulta una propuesta muy débil. 

Maquiavelo entendería muy bien este momento, se encontraría en un contexto muy familiar, porque en el fondo Trump, Bukele o Milei son figuras bastante clásicas: personas que ejercen el poder con gran decisión, pero a menudo sin una gran reflexión

Y el segundo elemento, claro, fue la campaña electoral. No quiero ser poco modesto, pero ¡parecía sacada de mi libro! En un momento dado el depredador jefe, digamos, Donald Trump, ofreció el ya famoso rescate económico. Y al mismo tiempo depredadores tecnológicos como Sam Altman [creador de ChatGPT], que entró en la campaña electoral argentina diciendo que harían grandes inversiones en Argentina en inteligencia artificial. Se da aquí un ejemplo bastante puro de esta convergencia del extremismo político con la infraestructura de poder y los actores de la tecnología.

Usted recuerda en el libro que el caos ya no es el alma de los rebeldes, sino el sello distintivo de los más fuertes. 

En un entorno caótico gana el actor que se mueve con mayor decisión, de la manera más agresiva, más sorprendente, el que impone su propia realidad. Es precisamente el contexto que en el libro intento comparar con el comienzo del siglo XVI en Italia, en el que escribe Maquiavelo. En un contexto caótico, sin reglas, en el que eres consciente de que el sistema es ineficaz e insatisfactorio, para la gente –como en el caso de Argentina– es casi normal, aunque pueda ser irracional, preferir una forma de caos en lugar de quedarse con lo existente.

¿Qué diría Maquiavelo si se levantara de su tumba y viera el panorama político actual?

Creo que reconocería a muchos de los actores en escena en este momento. Aunque a nosotros nos cuesta interpretar su lógica, él los entendería muy bien y se encontraría en un contexto muy familiar, porque en el fondo Trump, Bukele, Milei o Bolsonaro son figuras bastante clásicas: personas que ejercen el poder con gran decisión, pero a menudo sin una gran reflexión. 

El verdadero poder no siempre se ejerce estudiando y luego decidiendo. Eso es algo que cualquier burócrata puede hacer, pero el acto de poder es muy a menudo algo improvisado. Por eso cito en mi libro al duque de Sajonia, a quien los consejeros le rogaban que estudiara y reflexionara, y él decía que no quería, porque si no... ¡para qué sería duque de Sajonia!

¿La figura autoritaria ha vuelto a ser atractiva?

Esta restauración del poder vertical es algo que muchos votantes o muchas sociedades desean en cierta medida, porque tienen la impresión de que se puede votar a uno u otro partido pero nada cambia, nunca pasa nada. 

La alianza entre tecnócratas y extrema derecha no es algo nuevo ¿En qué se diferencia este populismo digital de 2025 del que usted describe en Los ingenieros del caos (2016)?

Creo que la diferencia radica, sobre todo, en que antes era una cosa implícita y que hoy se ha vuelto explícita. Los ingenieros del caos describía un ecosistema caótico, uno que recompensa la agresividad, la velocidad, la acción sorprendente. Pero este ecosistema digital era, en realidad, el efecto secundario de un modelo de negocio, no un proyecto político. Algunos actores políticos, precisamente esos ingenieros del caos, habían tenido éxito –y yo intentaba explicar cómo– al aprovechar y utilizar las nuevas dinámicas para tomar el poder. Hoy estamos en una fase diferente, explícita, de la alianza entre los intereses de estos políticos extremistas, muy radicales, muy antisistema, y los señores de la tecnología. Porque quieren lo mismo aunque no se parezcan. 

Si observamos los impactos políticos, culturales y sociales de herramientas que en el fondo son muy primitivas, como las redes sociales que hemos conocido en los últimos 15 años, es lógico concluir que la inteligencia artificial multiplicará todo esto a la enésima potencia

¿En qué se diferencian?

Trump, Bolsonaro o la extrema derecha en Europa quieren poner fronteras, son nacionalistas, a menudo claramente machistas, están obsesionados con restaurar los valores tradicionales. La mayoría de la gente de la tecnología son posnacionales e incluso poshumanos, poshumanistas. Así que no son lo mismo, pero sí quieren lo mismo: liberarse de los límites a su poder, ya sean los procedimientos de la democracia, las leyes, los periodistas, los contrapoderes, los jueces... Quieren deshacerse de todo lo que los ralentiza y limita su poder, en esto están de acuerdo.

¿La IA generativa puede impulsar un nuevo salto en la manipulación política? ¿Puede ser el germen de una especie de populismo automatizado?

Si observamos los impactos políticos, culturales y sociales de herramientas que en el fondo son muy primitivas, como las redes sociales que hemos conocido en los últimos 15 años, es lógico concluir que la inteligencia artificial multiplicará todo esto a la enésima potencia. Y no se trata de luchar contra la tecnología, porque sería estúpido, sino de gobernanza de la tecnología: quién detenta realmente el poder, con qué límites, con qué transparencia, con qué control democrático. Si no hemos sido capaces de esa gobernanza es porque ni siquiera lo hemos intentado.

El problema en Europa es que hemos logrado tener un período muy largo de paz y nos hemos acostumbrado. Lo consideramos el estado normal de las cosas, cuando en realidad es un modelo muy raro y muy valioso

En el libro se habla del rearme y afirma que los constructores de paz son una especie en extinción. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a lo que usted llama ‘una era de violencia ilimitada’? ¿No hemos aprendido nada del pasado? 

Las lecciones del pasado están un poco lejos. No es casualidad que las generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial hayan desaparecido y al mismo tiempo veamos reaparecer algunas cosas que deberíamos haber aprendido de aquello. La humanidad nunca aprende nada definitivamente; necesita constantemente que se le recuerden las cosas. Cada generación vuelve a empezar; no desde cero, pero vuelve a empezar. 

¿Europa ha olvidado su herida más profunda?

El problema en Europa es que hemos logrado tener un período muy largo de paz y nos hemos acostumbrado. Lo consideramos el estado normal de las cosas, cuando en realidad es un modelo muy raro y muy valioso. Creo que las generaciones anteriores entendían que el nuestro era un caso excepcional, mientras que las actuales se sienten completamente desprevenidas cuando alguien cuestiona los fundamentos mismos de este sistema. Les parecen marcianos, cuando en realidad no es así.

¿Como en el caso de Putin, al que usted retrató en El mago del Kremlin?

Sí, creo que por eso nos ha costado tanto entender a Putin. Porque en realidad es una figura muy clásica de autócrata nacionalista; no hay nada más común en la historia, incluso en Europa, que personas como Putin. Pero nosotros estamos tan desacostumbrados que nos ha parecido un fenómeno inexplicable cuando en realidad no lo es en absoluto.

El caso de Estados Unidos es bastante increíble. Es como si estuvieran viendo una película o una serie en Netflix, pero no están entendiendo que dentro de tres o cuatro años puede que ya no vivan en un sistema democrático

¿Esa estupefacción de la que habla tiene que ver con que haya habido poca resistencia ante ciertos recortes de derechos y libertades?

Basta con mirar el caso de los Estados Unidos, que es bastante increíble. Ante acontecimientos sinceramente inauditos que cuestionan algunos derechos fundamentales y en los que el impulso hacia un cambio de régimen es explícito, la mayoría de los estadounidenses, incluso los demócratas, no parecen darse cuenta de que esto es algo que sucede realmente. Es como si estuvieran viendo una película o una serie en Netflix, pero no están entendiendo que dentro de tres o cuatro años puede que ya no vivan en un sistema democrático.

¿Por qué esa incredulidad?

Volviendo a una reflexión anterior, creo que depende simplemente de la costumbre. Y es normal. Es muy difícil para alguien imaginar que todo lo que ha conocido pueda cambiar en un momento. Sin embargo, la historia nos demuestra que es muy posible y que nuestra condición, incluso la política, es mucho más plástica de lo que imaginamos.

En teología, el milagro es Dios esquivando las leyes humanas y el funcionamiento del mundo para producir un efecto, un impacto en la realidad. En política es lo mismo: el depredador infringe las leyes, transgrede las normas, destruye el sistema existente, pero dice que lo hace para producir un efecto sobre sus problemas

¿Qué es lo que los partidos de izquierdas no están entendiendo de esta situación?

No la entienden y dan respuestas inadecuadas. El depredador ve una sociedad estancada, en la que la gente tiene la impresión de que los problemas son siempre los mismos y ni derecha ni izquierda los solucionan. Por eso en el fondo su promesa central es la del milagro. En teología, el milagro es Dios esquivando las leyes humanas y el funcionamiento del mundo para producir un efecto, un impacto en la realidad. En política es lo mismo: el depredador infringe las leyes, transgrede las normas, destruye el sistema existente, pero dice que lo hace para producir un efecto sobre sus problemas, sobre la delincuencia, sobre la inmigración, etcétera. 

Ante un impulso transformador, ante la promesa del milagro, la respuesta es simplemente que no se puede hacer porque hay reglas, porque lo dicen los jueces… Es una respuesta correcta, porque la democracia se basa en las reglas, en las instituciones. Pero es débil políticamente, porque significa defender lo que hay y prohibirle al depredador resolver los problemas. 

¿Cuál es la alternativa? 

Ser más ambiciosos en nuestra defensa de la democracia. Hablar de lo que se puede hacer en lugar de lo que no se puede. El depredador reabre un espacio de posibilidades, incluidas muchas cosas que consideramos distópicas y catastróficas. Hay que hablar sobre las cosas posibles que sí queremos. Yo soy un europeísta muy convencido y creo que en ese proyecto europeo también debemos ser mucho más ambiciosos de lo que hemos sido, para precisamente ocupar el espacio de las posibilidades. Decir ‘no, detente, debemos volver a como estábamos antes’ no va a funcionar.

El problema es que resolver los problemas de la gente quizá sea un poco difícil y menos inmediato de lo que se espera.

Es difícil, pero el margen de acción es mayor de lo que pensábamos, y lo estamos viendo, por desgracia, en negativo. Pero esto probablemente significa que es mayor de lo que pensábamos también en sentido positivo.

Esto de las democracias está cada día más complicado. Cuanto más neoliberales se proclaman, menos liberales son. Se trata de un fenómeno en auge y, en general, muy popular. Hablamos de sistemas que podrían denominarse “dictaduras electas” y comparten un rasgo común: el presidente, o el caudillo, o lo que sea, inspira terror en la ciudadanía. Y, por alguna razón, la ciudadanía considera ese terror como algo necesario y hasta terapéutico.

El ejemplo más veterano lo ofrece la Rusia de Vladímir Putin. Hastiados por el salvaje saqueo al que su país fue sometido, desde fuera y desde dentro, durante la terrible década de los 90, los rusos decidieron que hacía falta mano dura. No era una novedad: Rusia ha sido una autocracia, del zar o del partido, a lo largo de prácticamente toda su historia.

Por otra parte, la humillación tras la derrota en la guerra fría trajo consigo el ansia por recuperar algo del antiguo orgullo imperial. Putin, antiguo jefe de la KGB (hoy FSB), experto en manipulación, juego sucio y guerras brutales o virtuales (según sea la fuerza del enemigo), ofreció a los rusos exactamente lo que deseaban.

El putinismo comportaba detalles como el asesinato de los opositores o la represión de cualquier disidencia. Simples detalles: hasta la fecha, la población rusa no muestra síntomas de descontento generalizado.

Hay otro ejemplo más novedoso y con un particular interés: Nayib Bukele. El Salvador padecía un problema existencial a causa de las maras o pandillas de delincuentes, que parasitaban la bolsa y la vida de los salvadoreños. Bukele, un hijo de la burguesía local que en otro tiempo fue izquierdista y militó en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, prometió resolver el problema. En 2019, desplazado a la derecha neoliberal, ganó la presidencia. Y en poco tiempo resolvió el problema.

Ciertamente, pactó con las maras en secreto. Ciertamente, pagó cuando hubo que pagar. Pero las maras fueron encarceladas y la seguridad volvió a las calles. Bukele se hizo popularísimo, no sólo en El Salvador, sino en toda Centroamérica e incluso en otros continentes, como Europa.

Ocurre, sin embargo, que sobre esa popularidad ha edificado una tiranía carcelaria: 90.000 presos sin amparo judicial, muertes abundantes en las cárceles, abusos policiales, opositores y periodistas exiliados (ahí está el ejemplo de El Faro, el mejor periódico centroamericano: todos fuera del país) y un catálogo notable de excentricidades políticas y económicas. Los salvadoreños admiten que le tienen miedo, o terror, a Bukele: una palabra crítica puede llevarte a presidio. Nadie duda de que Bukele ganará holgadamente las próximas elecciones, si le apetece convocarlas.

Argentina es otra cosa: un país lleno de riqueza y talento que lleva muchas décadas fracasando de la forma más abyecta. Javier Milei hizo campaña con una motosierra y con un programa radicalmente neoliberal y un discurso hecho de insultos, amenazas y barbaridades. Ganó la presidencia frente al candidato peronista.

Sin dejar de soltar insultos, amenazas y barbaridades (“zurdos de mierda” es lo más suave de su repertorio), tras tropezar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires ganó recientemente las generales. Milei prometió reducir la inflación y lo ha hecho, con una cura de caballo que ha implicado enormes sufrimientos por parte de la ciudadanía.

A veces parece perturbado. A veces parece loco de atar. Pero los argentinos han decidido que a grandes males, grandes remedios. Habrá que ver cómo acaba el remedio de Milei. Admira a Carlos Menem (presidente entre 1989 y 1999), otro neoliberal cuyo mandato desembocó en la quiebra nacional y el “corralito”. Da lo mismo. La mayoría está con Milei.

Nos queda, entre los grandes ejemplos de este fenómeno populista, autoritario, electoralmente exitoso y posmoderno, citar a Donald Trump. Para qué contarles, si ya saben. De si el sistema estadounidense, una democracia liberal y capitalista a ultranza, resiste el embate del trumpismo o, por el contrario, se transforma poco a poco en una Rusia con barras y estrellas, depende probablemente el futuro de estas “nuevas democracias” tan poco democráticas. 

Una fila de cadáveres sobre el asfalto, frente a una guardería pública, colocados unos junto a otros en una sucesión que parece interminable, que se pierde en el punto de fuga de la foto. La imagen del megaoperativo policial de esta semana en Río de Janeiro es la de los muertos recuperados y trasladados por sus propios familiares a esa especie de fosa común callejera. Una imagen que cristaliza la idea que la ultraderecha intenta instalar como nueva norma: la seguridad como derecho justifica incluso saltarse otros, en concreto, los derechos humanos. 

El gobernador bolsonarista Claudio Castro aseguró que la operación policial –que tenía como objetivo un centenar de detenciones en dos favelas– fue un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña, con más de 130 muertos. “Exceptuando la vida de los (cuatro) policías fallecidos, el resto fue un éxito”, afirmó Castro, que aseguró que si hay “errores en la clasificación” de los asesinados, serán “residuales”.

Esta misma semana, Estados Unidos ha perpetrado otro ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, matando a cuatro personas. Es el último de los bombardeos contra pequeñas embarcaciones que, sostiene el Gobierno de Donald Trump sin aportar ninguna prueba, transportan droga para supuestas organizaciones criminales. Este tipo de operaciones realizadas en jurisdicción de otros países, como Venezuela o Colombia y sin orden judicial, han dejado ya más de 60 muertos. 

Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona. Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica

Sonia Andolz — Universidad de Barcelona

También esta semana, el presidente de El Salvador Nayib Bukele celebraba en sus redes que un periódico húngaro convirtiera su apellido en verbo. The European Conservative, un medio en inglés alineado con el líder ultra Viktor Orban, hablaba de bukelear como “solucionar un problema que los liberales consideran ‘demasiado complicado’, simplemente ignorando sus excusas prolijas y haciendo lo obvio”.

Excusas prolijas como un proceso o un juicio justo, el respeto por el orden institucional e incluso la soberanía de los países. “Hay una progresiva normalización de las ideas de extrema derecha, una maximización de temas, lemas y discursos cada vez más radicales. En buena medida porque partidos de la derecha mainstream compran parcialmente estos relatos”, explica Steven Forti, historiador especialista en extremas derechas. 

La guerra contra ‘los otros’

La idea de la seguridad como bien a defender sobre todas las cosas no es nueva. “El 11S se aprovechó para iniciar lo que Bush llamó la guerra global contra el terror”, analiza Sonia Andolz, profesora asociada de Política Internacional en la Universidad de Barcelona. “En cambio, en la última década el discurso de las ultraderechas está más vinculado con la seguridad policial y la mano dura”.

Este discurso apela a sectores de la población muy claros: “A los que saben que la desigualdad es muy grande y entonces sienten que necesitan proteger sus bienes y a los más desfavorecidos, que sienten que lo poco que tienen también está en peligro”, desarrolla Andolz.

En Estados Unidos, la supuesta preocupación por los índices de criminalidad –desmentidos por las estadísticas oficiales– ha justificado otra de las grandes políticas de seguridad de Trump: la militarización de varias ciudades –casualmente, demócratas–. En total ya son cinco las urbes en las que el presidente ha intentado imponer la intervención de las fuerzas federales: además de la capital, Washington, ha desplegado tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis. Ha desplegado una fuerza militar (ICE) para perseguir a personas migrantes, que acaban en centros de detención en los que están ilocalizables y muchas veces no saben ni siquiera de qué se les acusa. 

“El de la seguridad es un caballo de batalla de la extrema derecha desde siempre, como mínimo desde los años 80, con partidos como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, que lo vinculaba directamente a la inmigración”, apunta Forti.

El problema se agrava cuando lo replican otras fuerzas y acaba instalándose en el discurso como una realidad. “La verdad es que cuando un partido bombardea con un tema constantemente, tarde o temprano le empieza a ser rentable. Y desde ahí se copia y se expande. Basta ver lo que sucede con Vox y el PP”, remacha el historiador. 

Bukele como referente (y como verbo)

¿Y de qué hablan los medios ultras cuando dicen bukelear? Tras el 'milagro' de la reducción de los niveles de criminalidad en El Salvador, el presidente se ha convertido en un verdadero referente de la persecución del delito, incluso cuando es señalado por llevar sus políticas al límite de la legalidad e incluso atravesando de las líneas rojas de los derechos humanos. 

Un informe de Amnistía Internacional recoge que desde el comienzo del estado de excepción en El Salvador en 2022 hasta el final de 2024 se habían registrado 83.900 detenidos, acusados de delitos relacionados con las pandillas. Pero según las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de esas personas no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales. Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el estado de excepción había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y restricciones sobre el derecho a la defensa. 

Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional admitió solo el 1,6% de las peticiones de hábeas corpus presentadas en el estado de excepción y sólo el 0,4% de los casos se resolvió favorablemente. Además, las organizaciones destacan los niveles de hacinamiento críticos del sistema penitenciario, con un índice de ocupación del 350%, según las ONG locales. 

Pero el que se autodefine como “el dictador más cool del mundo” en su perfil de redes sociales ha introducido un elemento que se ha vuelto fundamental para este relato de las nuevas ultraderechas: el espectáculo. 

La foto de los cadáveres o de parte del operativo tomada con drones en Río de Janeiro, los vídeos de bombardeos a las lanchas que la propia administración Trump difunde en redes, son una forma de generar más impacto en la población y fijar el mensaje. Y tuvieron su punto más disruptivo cuando Bukele hizo posar a los detenidos con las cabezas gachas en filas interminables, vestidos solo con ropa interior y dejando ver sus característicos tatuajes. 

“La ‘espectacularización rebelde’ es la manera en que la extrema derecha está comunicando estos discursos”, confirma Forti. “Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona”, agrega Andolz. “Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica”, explica. 

El señalamiento del otro como enemigo, la espectacularización del castigo y la exhibición de fuerza y poderío transmiten la idea de que hay alguien al mando para protegerte del peligro que sientes. Una sensación amplificada por el discurso en las redes, y “alimentada por la circulación de fake news y bulos, que mueven pasiones tristes y emociones negativas como el miedo y el odio”. Y así la rueda sigue andando.

Alvise Pérez tiene lista una plataforma para presentarse a las elecciones generales. Este domingo ha presentado en el Palacio de Vistalegre a la ejecutiva nacional de su partido, Se acabó la fiesta (SALF), y se ha lanzado como candidato para los comicios previstos en 2027 con la promesa de una deportación masiva de inmigrantes, la creación de una macrocárcel y un programa económico como el del presidente argentino, Javier Milei. El evento se celebra cinco días después de que el Tribunal Supremo le abriese una nueva causa, en esta ocasión por acoso a sus dos diputados en el Parlamento Europeo.

Según los cálculos que el eurodiputado de extrema derecha transmitió en su canal de Telegram, su principal plataforma de comunicación, 5.000 personas habían comprado una entrada para asistir a la presentación del lanzamiento de SALF a nivel nacional, aunque entre las gradas del recinto se veían bastantes agujeros. Con una iluminación muy tenue y un escenario en el que únicamente se podían leer las siglas en grande de la formación, Pérez se ha presentado como una alternativa al sistema “partitocrático” y azote contra la corrupción.

Alvise, que irrumpió en la política nacional hace poco más de un año, en las elecciones europeas, con más de 800.000 votos, ha vivido tiempos turbulentos desde entonces. A los problemas con sus propios compañeros de bancada en Bruselas se han sumado con el paso de los meses las investigaciones que la Justicia ha abierto contra él por varios motivos. El eurodiputado tiene cuatro causas abiertas, entre ellas una sobre la financiación de su candidatura con 100.000 euros en efectivo.

También está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por varios mensajes que escribió en su canal de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València. La última causa que le ha abierto el Supremo tiene que ver con las dos personas que obtuvieron acta de eurodiputados en su lista electoral. Los jueces investigan cómo después de enemistarse con él por sus desencuentros en varias votaciones en el Parlamento Europeo fueron “víctimas de una continua campaña de hostigamiento” y llegaron a “temer por su integridad física” tras filtrarse sus direcciones de correo, su teléfono y sus redes sociales.

Alvise cree que todas esas investigaciones son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”. “Utilizarán cualquier cosa para atacarnos”, ha dicho este domingo ante sus miles de seguidores. “Me niego a vivir en una España decadente y saqueada, elijo luchar, devolver el golpe, alzarme y no arrodillarme, vivir y no morir”, ha reivindicado entre los aplausos de los asistentes, vestidos con banderitas de España, que han arropado su discurso con gritos como “Sánchez, hijo de puta”.

El eurodiputado ha aprovechado el evento para hablar de su programa electoral, una mezcla de ideas copiadas de los Gobiernos de Donald Trump, el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei. Ha comenzado hablando sobre inseguridad, que como todas las fuerzas de extrema derecha vincula a la inmigración. “Nuestras calles no son seguras, la tasa de inseguridad entre inmigrantes triplica a la de los nacionales”, ha dicho. Para ello ha anunciado “el mayor plan de deportación masiva de la historia reciente de España”, que quiere financiar con un recorte de 4.000 millones en ayuda a la cooperación internacional. También ha hablado de la construcción de una macrocárcel como la de El Salvador.

Sobre sus ideas económicas, tampoco nada nuevo: desregulación y bajadas de impuestos. Después de denunciar que la Agencia Tributaria ha creado un “clima de terror” entre los inspectores, ha prometido una bonificación del 100% del IRPF a todos los “españoles que cobren menos de 35.000 euros al año”. Eso corresponde a más de la mitad de la población: la Encuesta de Estructura Salarial sitúa a casi el 50% de los trabajadores por debajo de los 22.000 euros brutos anuales.

¿Sorteo de su sueldo de eurodiputado?

Una de las principales promesas de campaña de Alvise para las europeas fue el sorteo de su sueldo como eurodiputado. El político de extrema derecha creó una plataforma para donar su salario de forma aleatoria, aunque dejó de hacerlo hace más de un año, tras repartir apenas dos mensualidades. En estos meses, ha puesto varias excusas, como que donaría una parte a los afectados por la DANA, aunque nunca aportó pruebas sobre esa entrega de dinero, o problemas sobre la cantidad de impuestos que se pagan con este tipo de operaciones.

De hecho, en la causa que lo investiga por financiación ilegal por aquellos 100.000 euros que recibió en efectivo para su campaña a las europeas, Pérez justificó ante el juez que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido. Así lo recoge la transcripción de esa declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Este domingo ha querido escenificar la vuelta de ese sorteo con el reparto de 50.000 euros a una fundación relacionada con la acogida de niños huérfanos de guardias civiles. Esta vez, el sorteo no se ha realizado de manera aleatoria en su página web, sino que ha premiado a la asociación de la Policía y la Guardia Civil que más apoyos recibiese en una publicación que subió a sus redes sociales. Esos 50.000 no cubren, eso sí, la cantidad íntegra de sueldo que ha recibido durante su etapa en el Parlamento Europeo, que sobrepasa los 124.000 euros anuales.

Eran las seis de la tarde del 28 de febrero de 2023 cuando la periodista especializada en medioambiente Carolina Amaya avisó en redes sociales de que en un par de horas publicaría una investigación importante. Meses de indagaciones sobre cómo una empresa vinculada a la familia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se estaba enriqueciendo con la destrucción de un paraje natural protegido. Pasadas las ocho, cuando Amaya volvió a encender su teléfono, cayeron en aluvión los mensajes: su padre, líder campesino, había sido detenido.

“Estaba claro que había sido por mi ejercicio periodístico”, relata Amaya a elDiario.es. Empezaron para ella meses agotadores: investigar qué había detrás del encarcelamiento de su padre, que pasó casi un año preso; el miedo a perderle en un sistema penitenciario conocido por la tortura; una demanda contra ella por parte de la compañía que señalaba en el reportaje inicial… “Me di cuenta de que en El Salvador ya no podía trabajar”, sentencia la informadora desde México, país en el que se exilió en mayo de 2025.

La deriva autoritaria a la que Bukele lleva años arrastrando a El Salvador avanza en paralelo al deterioro de la libertad de expresión y al acoso a los periodistas críticos. Su victoria en 2019 logró, en cierta medida, cumplir la promesa que gobiernos anteriores ya habían intentado sin éxito: acabar el terror del crimen organizado.

La violencia de las maras se sustituye por la del Estado

La violencia de las maras ha sido sustituida, sin embargo, por la del Estado: bajo el paraguas de un Régimen de Excepción que ya ha sido 42 veces renovado, las fuerzas de seguridad detienen de manera masiva y aleatoria, encarcelan sin investigación, en muchos casos ni juicio, en penales abarrotados sin acceso a abogados y donde cientos de personas han sido asesinadas a golpes o de hambre, según organizaciones de Derechos Humanos y testimonios recogidos por este medio. Eso ocurre en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 1,6% de una población de menos de seis millones y medio de habitantes.

El presidente se encuentra en su segundo mandato, algo que ya es inconstitucional, y la Asamblea Legislativa ha aprobado recientemente la posibilidad de la reelección indefinida. Poco a poco, Bukele ha ido adueñándose de los principales poderes estatales y dotándose de un marco legal que coarta cualquier tipo de oposición, ahogando a la prensa y a las organizaciones civiles.

El Régimen de Excepción es el cénit de este sistema de persecución, ya que sirve de herramienta para la eliminación de facto de toda garantía jurídica y está siendo empleado por el Gobierno para criminalizar a quienes contradicen la narrativa oficial. El padre de Amaya, a quien una empresa quería echar de tierras que le habían sido entregadas por el Estado y que cultivaba para vivir, fue acusado de tener relación con las pandillas. Esgrimiendo motivos similares, también hay órdenes de captura contra al menos siete periodistas de El Faro, medio de comunicación de referencia en Centro América.

Decenas de periodistas en el exilio

A comienzos de mayo El Faro publicó una serie de entrevistas en las que dos líderes pandilleros explicaban las negociaciones entre las maras y el Gobierno de Bukele. Los principales periodistas involucrados abandonaron de manera preventiva el país, “un exilio temporal”. Aunque Óscar Martínez, jefe de Redacción de El Faro, explica que ya habían hecho ese tipo de salidas, también con gobiernos anteriores, pero esta fue la primera vez que no pudieron regresar: sus fuentes les avisaron de que un dispositivo policial les esperaba para detenerles en el aeropuerto.

“El Faro tiene 27 años de existencia. Ahora mismo somos menos, 18, pero cuando Bukele entró, éramos 28, ha ido gente renunciando por temor o por persecución”, sostiene Martínez también desde México, a donde ha llegado tras varios meses errante por varias ciudades y donde aún no tiene pensado establecerse. Desde el exilio trabaja casi toda la redacción, cuya figura legal fue trasladada a Costa Rica meses antes por los constantes ataques. Sus periodistas han sido señalados por el Gobierno, que ha ordenado auditorías y hasta espionaje con el software Pegasus.

Las publicaciones de El Faro inauguraron un mes de mayo nefasto para El Salvador. La violencia policial con la que fue reprimida una manifestación de campesinos a punto de ser desplazados de sus hogares fue retransmitida en directo por redes sociales, generando indignación también el arresto de dos de los líderes comunitarios, uno de ellos un pastor evangélico. Y a los pocos días el país fue sacudido por la detención de Ruth López, prestigiosa abogada y miembro de la directiva de Cristosal, una de las organizaciones de Derechos Humanos más relevantes de El Salvador, en el exilio desde julio.

No dejen de poner atención en El Salvador desde fuera. Cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país

Suchit Chávez — Periodista

“Todos pensamos que si fueron a por Ruth, pueden ir contra cualquiera”, dice Suchit Chávez, periodista y miembro de Junta Directiva de la Asociación de Prensa de El Salvador (APES). En coordinación con la Red Centroamericana de Periodistas, han ayudado a salir a en torno a 50 informadores. Hay, además, al menos una treintena de defensores de Derechos Humanos que también han abandonado el país, aunque las cifras no son exactas porque muchos lo hacen en silencio.

Chávez es la única de los tres periodistas salvadoreños que este medio ha entrevistado en San Salvador que accede a dar su nombre. Quienes se quedan se enfrentan a la persecución constante y al miedo de saberse en la diana: llamadas anónimas, cambios de teléfono móvil y de rutinas por precaución, allanamientos de vivienda e incautación de ordenadores y de discos duros, agentes de Policía que estacionan o toman fotos alrededor de las casas, o que tocan la puerta de las familias de los informadores bajo el pretexto de estar investigando accidentes de tráfico, incluso pandilleros rondando redacciones o apostados cerca de donde viven los periodistas. Todos estos son ejemplos narrados a este diario, y en muchos casos el acoso sigue produciéndose incluso estando el profesional en el exilio.

La estrategia de Bukele triunfa

Agotados en el plano emocional y ahogados en el burocrático, los periodistas añaden una dificultad a su trabajo: el éxito de la estrategia de comunicación de Bukele. Los índices de aprobación del presidente inconstitucional son de los más altos del mundo, entre un 85 y más de un 90%, según diferentes encuestas. Su modelo arrasa más allá de las fronteras nacionales y amenaza con extenderse en América Latina, donde su popularidad supera incluso a la del Papa. Retratado casi como un dios, quien fuera antes publicista, es un líder carismático que cuenta con un fuerte aparato de medios creados ad hoc y una presencia abrumadora en redes sociales.

“Da la sensación de que la noche oscura está comenzando con el exilio, el cierre de los espacios cívicos, la censura, la criminalización, el encarcelamiento…”, lamenta uno de los periodistas que permanece haciendo su labor dentro del país. Con una narrativa y un sistema tan bien armados puertas adentro y el apoyo de Donald Trump desde la Casa Blanca, cuyas políticas contra la población migrante resuenan a los métodos de la Policía salvadoreña contra sus propios nacionales, muchos de los periodistas entrevistados coinciden en la importancia de la presión internacional. “No dejen de poner atención en El Salvador desde afuera”, sostiene Chávez, “cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país”.

Un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado este martes que el presidente de EEUU, Donald Trump, no puede recurrir a una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar la deportación de personas a las que su administración acusa de pertenecer a una banda venezolana. La decisión bloquea así una iniciativa clave de la administración Trump, que terminará llegando al Tribunal Supremo, donde el presidente de EEUU tiene una mayoría de 6 a 3.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, uno de los tribunales federales de apelación más conservadores del país, ha acordado una decisión, por 2 a 1, que concuerda con la de los abogados defensores de los derechos de los migrantes y, también, con la de los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump se refirió en su invocación de marzo.

Del Tren de Aragua era, supuestamente, la embarcación hundida este martes por el Ejército de EEUU en aguas internacionales con 11 personas a bordo con el argumento de que iba cargada de droga.

Lee Gelernt, que defendió el caso en nombre de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), ha afirmado, recoge Associated Press:“El uso por parte de la administración Trump de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la migración ha sido correctamente rechazado por el tribunal. Se trata de una decisión de vital importancia que frena la opinión de la Administración de que puede simplemente declarar una emergencia sin ningún tipo de supervisión por parte de los tribunales”.

La Administración Trump deportó a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una conocida macrocárcel de El Salvador donde, según argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.

En un acuerdo anunciado en julio, más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela. En virtud de ese acuerdo, además, EEUU logró sacar de las cárceles venezolanas al triple asesino de Usera (Madrid).

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en la historia de EEUU, informa AP, todas ellas en tiempos de guerra: en la Guerra de 1812 y en las dos guerras mundiales. La Administración Trump argumentó, sin éxito, que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que el Tren de Aragua estaba vinculado al Gobierno de Venezuela y representaba un peligro para Estados Unidos, lo que justificaba el uso de la ley.

La sentencia puede ser apelada ante el pleno del Quinto Circuito o directamente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que acabará tomando la decisión definitiva sobre la cuestión.

Cuando Nayib Bukele confirmó que se postularía a la reelección en febrero de 2024, advirtió de algo que muchos temían: el mandatario buscaba perpetuarse en el poder, fuera como fuera.

Bukele se presentó entonces a los comicios —y los ganó, con una holgada mayoría— a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía claramente en su artículo 152.

La última decisión de la Asamblea Legislativa, dominada casi por completo por el partido gubernamental Nuevas Ideas, apuntala la espiral autoritaria en la que el presidente ha sumido El Salvador. El Congreso ratificó este jueves una reforma a la Constitución que modifica varios artículos, entre ellos el 152, para permitir la reelección presidencial indefinida. Esto deja vía libre a Bukele para mantenerse en el cargo el tiempo que quiera.

Sin opciones para una oposición neutralizada

Antes de que se aprobara la reforma constitucional con 57 votos a favor y solo tres en contra, Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, dijo que el objetivo de la reelección indefinida es “darle toda libertad y el poder al pueblo para que decida cuánto tiempo quiere apoyar a sus gobernantes”. Figueroa aseguró que era necesario que las condiciones para reelegir al presidente “se homologuen al resto de los cargos de elección popular”, como diputados o alcaldes.

“Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, lamentó en la sesión del jueves la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, de la oposición. La congresista aseguró que la reforma constitucional es ilegal y que solo busca que Bukele se perpetúe en el poder. “Cuando todo gira alrededor de una persona, ya no existe democracia. Y cuando se pierde la democracia cuesta años recuperarla”, concluyó.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Right Watch, define la reforma como “un punto de no retorno en la ruptura del Estado de Derecho en El Salvador”. En entrevista con elDiario.es, Goebertus asegura que “esta decisión implica eliminar de manera definitiva la alternancia en el poder público y transita el camino hacia una dictadura”.

La nueva ley no solo elimina los límites para Bukele. También alarga los periodos presidenciales —pasan de cinco a seis años— y propone que el actual mandato finalice de forma anticipada, en 2027. El argumento para este cambio es, según la diputada Ana Figueroa, ahorrar las campañas electorales “tan costosas para el bolsillo del pueblo salvadoreño”.

El sistema electoral de El Salvador funciona de manera escalonada. Hasta ahora, los tiempos de cada periodo garantizaban que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebraran de manera separada para favorecer un sistema democrático y una alternancia de poderes. Al adelantar los próximos comicios y ampliar el periodo presidencial, se sincronizarían los tiempos del calendario electoral. Goebertus ve esto con desconfianza. “Es preocupante. Claramente, tratan de agilizar las elecciones para que haya más popularidad de Bukele y darle un espacio más largo presidencial”, dice a este medio.

Además, las reformas eliminan la segunda vuelta durante los comicios, también con el argumento del ahorro. En varios países latinoamericanos, el sistema electoral contempla dos rondas de votación. Si uno de los candidatos no llega a un porcentaje mínimo de votos en las elecciones, los dos punteros pasan a una segunda vuelta en la que la ciudadanía debe votar por uno de ellos. Al suprimir esta posibilidad en El Salvador, el sistema es mucho más directo y beneficia a la persona que tenga más apoyo popular, aunque sea con porcentajes mínimos.

El “manual del dictador”

La decisión de la Asamblea Legislativa es un paso más en la instalación de un gobierno autoritario —muchos lo definen abiertamente como dictatorial— en el país centroamericano.

Esta deriva comenzó durante el primer mandato de Bukele, cuando el político se dedicó, por una parte, a controlar los espacios que podrían suponer algún contrapeso y un obstáculo para mantenerse en el poder.

El primero fue el poder judicial. El presidente logró que la Asamblea Legislativa, ya entonces dominada por su partido, destituyera a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Estado. El colocar a personajes afines en esos cargos le garantizaría después la reelección: fue la Sala Constitucional la que lo autorizó para competir en los últimos comicios.

Aunque la destitución de los funcionarios tuvo un rechazo fuerte de la oposición, buena parte de la ciudadanía lo vio con buenos ojos. Para ese entonces, Bukele ya se había ganado el respaldo de la población. De hecho, su estrategia se ha centrado en mantener ese apoyo popular.

Para ello, se enfocó en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía salvadoreña: la inseguridad. Puso el foco en las pandillas y en 2022 instaló un régimen de excepción, que aún mantiene. A través de esta medida, cientos de personas han sido detenidas en los últimos años. La reducción de cifras de homicidios es el argumento de Bukele para defender los buenos resultados de su estrategia. Sin embargo, amparadas en el Estado de excepción, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias.

La siguiente estrategia de Bukele ha sido apagar las voces críticas contra su Gobierno. Su objetivo más reciente son las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. El pasado mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de agentes extranjeros. Una iniciativa que permite al gobierno fiscalizar a personas, empresas y asociaciones que reciban fondos del extranjero, a las que les impone un elevado impuesto.

Esta ley había sido frenada en el pasado por la presión de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ese contrapeso desapareció. De hecho, el presidente estadounidense ha encontrado en Bukele un aliado, ya que ha garantizado la recepción de personas deportadas de EEUU en su cárcel de máxima seguridad. Los dos han hecho público en varios momentos su buena relación y recientemente pactaron con Nicolás Maduro un canje de prisioneros.

Cristosal cesó sus operaciones en El Salvador hace un par de semanas y la mayoría de sus empleados salieron del país. Para Noah Bullock, director ejecutivo de la ONG, Bukele está siguiendo el “manual del dictador”. “Todas las instituciones están a servicio del régimen familiar de los Bukele”, dice a elDiario.es

La ley de agentes extranjeros se aprobó un par de días después de la detención de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, una activista reconocida a nivel nacional e internacional. El encarcelamiento de López fue un momento decisivo, que ha llevado a que decenas de periodistas y activistas de ONG tomaran la decisión de salir del país centroamericano, por seguridad.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado a mediados de junio en el que alertaba que más de 40 periodistas se habían ido al exilio. “Existen fuertes indicios de que el Estado tiene listas concretas de vigilancia, amedrentamiento y hasta capturas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, alertó la APES.

Es complicado saber cuánta gente se vio obligada a salir de El Salvador, pero Bullock estima que entre periodistas, activistas, líderes comunitarios, ambientalistas y empresarios superarán el centenar de personas. “Los exilios y la persecución son un síntoma de la retirada del apoyo internacional, también de Estados Unidos. Se sienten envalentonados”, concluye.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida.

Esta ratificación reforma los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, que también anula la segunda vuelta electoral y alarga el período presidencial a seis años.

La enmienda había sido aprobada la misma noche de este jueves, horas antes, en la sesión semanal legislativa y fue mandada a publicar en el Diario Oficial por el jefe de Estado salvadoreño.

Con la constancia de publicación, el partido gubernamental presentó en una nueva sesión la solicitud de ratificación, que fue votada en minutos y contó con 57 votos de los 60 diputados.

“Es procedente ratificar el acuerdo de reforma constitucional”, reza el decreto aprobado y que incluye una “disposición transitoria para viabilizar la reformas”.

Dicha disposición implica la reducción del período presidencial vigente hasta el año 2027 y no 2029 para que coincidan los comicios presidenciales, legislativa y municipales.

“Matar la democracia”

La ratificación obtuvo tres votos en contra, que son los únicos que posee la oposición, y no hubo intervenciones de ningún diputado antes o después de ser votada.

En el artículo 80, la nueva redacción elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección, mientras que en el 152 suprime el apartado que indicaba que no puede ser candidato a la Presidencia “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

En la sesión en que fue aprobada, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la reforma y dijo que los legisladores “han hecho una confesión publica de matar la democracia disfrazada de legalidad” y que “han matado la Constitución”.

Bukele inició el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían, tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso cuestionado.

En febrero de ese año, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: “Creo que no es necesaria la reforma constitucional”.

En esta sesión nocturna también fue ratificada una enmienda constitucional que busca sacar a El Salvador de el Parlamento Centroamericano.

Canje a tres bandas. Entre la Administración Trump, el Gobierno de Nicolás Maduro y el de Nayib Bukele. Este viernes han salido de la mega prisión de El Salvador 252 presos venezolanos que habían sido deportados desde EEUU acusados de pertenecer a bandas criminales. A cambio, Venezuela ha liberado a una decena de presos estadounidenses acusados de “delitos graves contra la paz y la seguridad de la nación” y un número indeterminado de presos venezolanos acusados de “delitos contra el orden constitucional”, según el Ejecutivo venezolano, que ha agradecido al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero “sus valerosas gestiones en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación de Venezuela”.

En un comunicado, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha afirmado: “EEUU da la bienvenida hoy a diez estadounidenses detenidos en Venezuela. Es inaceptable que representantes del régimen venezolano arrestaran y encarcelaran a ciudadanos estadounidenses en circunstancias altamente cuestionables y sin el debido proceso. Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora están libres y de regreso en nuestro país. Quiero agradecer especialmente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su labor para lograr estas esperadas liberaciones y sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses tanto en el país como en el extranjero”.

“También celebramos la liberación de los presos y detenidos políticos venezolanos, quienes también fueron liberados de las cárceles venezolanas”, ha dicho Rubio.

“Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia”, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo venezolano informó también, sin dar más detalles, de que había concedido “medidas alternativas a la privación de libertad a un conjunto de ciudadanos venezolanos que permanecía detenidos, en el marco de un proceso penal seguido en su contra, por su participación en la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional”.

“El Gobierno bolivariano agradece, una vez más, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus valerosas gestiones en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación en Venezuela”, añadió.

“Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA). Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos de asesinato, robo, violación y otros delitos graves”, ha tuiteado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: “Como se ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que el régimen había mantenido en sus cárceles durante años, así como de todos los ciudadanos estadounidenses que tenía como rehenes. Estas personas se encuentran ahora en camino a El Salvador, donde harán una breve escala antes de continuar su viaje de regreso a casa. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que se había negado durante mucho tiempo a liberar a una de sus monedas de cambio más valiosas: sus rehenes. Sin embargo, gracias al incansable esfuerzo de numerosos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró”.

Casi a la medianoche del domingo 18 de mayo, la Fiscalía salvadoreña llegó a la casa de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal. Poco después, hacía pública su captura. La acusaron de malversación, aunque no dieron detalles de ello, ni de dónde la habían llevado. 

Cristosal es una de las principales organizaciones de defensa de derechos humanos en el país centroamericano. La detención de una de sus directivas mandaba un mensaje a la sociedad civil y suponía la antesala del siguiente varapalo a las voces críticas en El Salvador. La Asamblea Legislativa lo daría solo un par de días después. 

El Congreso aprobó el martes de la semana pasada la ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele y los diputados oficialistas de Nuevas Ideas con el objetivo, dicen, de “transparentar el uso de fondos provenientes del exterior”.

Lo que implica la ley de Agentes Extranjeros

La norma, que tiene un gran parecido a la que Nicaragua aprobó en 2020, establece un impuesto del 30% a organizaciones que reciban ingresos internacionales —a las que define como “agentes extranjeros”—, prohíbe que acepten donaciones anónimas o que cambien el propósito para el que estaban destinados sus fondos. Establece multas de hasta 200.000 dólares si incumplen alguna disposición.

En otras palabras, le da a Bukele la autoridad para fiscalizar, sancionar y clausurar organizaciones que hayan recibido dinero del extranjero. 

En el grupo de afectados, además de ONG, entran también medios de comunicación que se financien a través de proyectos de fundaciones internacionales o que reciban donaciones, un modelo de sostenibilidad bastante común entre medios independientes. La ambigüedad con la que está escrita la ley abre la puerta a perjudicar también a particulares y empresas. 

El concepto “agentes extranjeros” va en la línea de un discurso que se ha popularizado entre líderes autoritarios latinoamericanos: cargar contra una supuesta injerencia extranjera que busca minar la soberanía y la independencia de los gobiernos. Otros países como Rusia también han utilizado leyes similares.

El objetivo: ahogar las voces críticas

El oficialismo salvadoreño asegura que la finalidad de la ley es garantizar la transparencia del dinero que llega al país. 

Pero lo cierto, explica el periodista César Fagoaga, director del medio Factum y expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, es que las organizaciones y medios ya tenían que comunicar su situación financiera y cualquier entrada de dinero al Gobierno y al Banco Central de Reserva.

El objetivo de la ley es otro. Según comparten miembros de organizaciones, periodistas y analistas consultados por elDiario.es, busca apagar las voces críticas en El Salvador. “Darles el golpe final”, dice un miembro de una ONG que prefiere no revelar su nombre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de que la norma puede restringir los derechos a la libertad de asociación y de expresión y podría implicar que algunas de las organizaciones afectadas terminen cerrando. 

Algunas de estas ONG y medios de comunicación ya estaban ahogadas con el recorte de fondos de USAID anunciado por Donald Trump a inicios de este año, que obligó a despedir personal y a cancelar proyectos en marcha.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, está segura de que para organizaciones con presupuestos ya de por sí reducidos, un impuesto del 30% va a hacer que desaparezcan. Además, anticipa, es probable que la nueva norma repela a financieros internacionales. “En Nicaragua, donde también hay una ley así, se bloqueó de tal manera la operación de organizaciones y periodistas, que la mayoría de personas tuvo que exiliarse”, explica a este medio.

“Esto no es de ahora; lo vimos venir desde hace años”, lamenta Fagoaga, que asegura que lo que posibilitó el avance de esta ley y la persecución de organizaciones y medios es que ya no se cuente con la protección del Gobierno de Estados Unidos.

De hecho, la iniciativa ya había entrado al Congreso en 2021. Entonces, buena parte de la comunidad internacional bloqueó su avance, recuerda Goebertus. “Fue frenada gracias a la presión internacional de EEUU y de gobiernos europeos. Hoy vemos la ausencia de Estados Unidos de estas discusiones”, concluye.

Escalada represiva de Bukele

La aprobación de la ley y la detención de Ruth López se dan semanas antes de que se cumpla un año de la segunda investidura de Nayib Bukele, que para muchas voces críticas supuso la instalación de un gobierno autoritario.

Para las personas consultadas por este medio, las últimas decisiones de Bukele implican la consolidación de la escalada represiva. 

“Vemos un incremento significativo del repertorio de medidas represivas del Gobierno”, dice Goebertus, que toma también en cuenta las amenazas de captura contra periodistas de El Faro y el arresto de transportistas. 

Todas estas acciones se suman a las violaciones de derechos humanos, torturas, malos tratos y muertes bajo custodia que Human Rights Watch y otras organizaciones han denunciado en estos últimos tres años, desde que se instaló el régimen de excepción.

En el país hay un temor general de que continúen las detenciones. “Hay muchas organizaciones que están sacando a su gente de El Salvador”, asegura Fagoaga. “Cayeron en cuenta de que la detención de Ruth López marcó un antes y un después. Ahora, nadie está protegido”.

La noche en la que Ruth Eleonora López me compartió que sería reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de 2024, según la BBC, alzamos nuestras copas y brindamos. Su rostro era como el de alguien que alcanza una victoria en medio de una larga batalla en un país autoritario. Y ella lo sabía. Ese miércoles 20 de noviembre celebramos un reconocimiento esperanzador, un galardón que venía acompañado de la energía requerida para sobrevivir a una dictadura en pleno apogeo. Días más tarde, la foto de Ruth aparecería alrededor del mundo, acompañada de una descripción que resumía la principal razón por la que la BBC incluía a una abogada salvadoreña en esa lista: “Apasionada de las leyes y la justicia. Ruth López es jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, una organización que trabaja por la democracia en Centroamérica”. En unas líneas más abajo, también la describiría como “una voz crítica del gobierno de Nayib Bukele”. 

La BBC no se equivocó cuando dijo que Ruth es una voz incómoda para el régimen autoritario de Bukele. Tanto así que Ruth ahora está presa. Ella fue capturada el domingo 18 de mayo cerca de las 11 de la noche. La Policía, sin una orden de detención, llegó a su casa y le pidió que saliera. No le dieron tiempo ni para cambiarse. Su familia describió que tuvo que desvestirse en la calle, al lado de los agentes que la llegaron a buscar. Ruth fue acusada de peculado, ya que para la Fiscalía General de la República que controla Bukele supuestamente “colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asistente de Eugenio Chicas –también preso–, un exfuncionario que fungió como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando el partido de izquierda gobernaba el país. 

La detención de Ruth marca un antes y un después en “la dictadura más cool del mundo mundial”, como el mismo Bukele la definió. Esta confirma que ha llegado el momento de arrasar con todo lo que huela a disidencia. Sabe el peso que tiene el nombre de Ruth entre la comunidad internacional, pero poco le importa ya. Y le importa poco porque Bukele movió con rapidez las piezas para tomar control del aparato del Estado, reelegirse aun en contra de la Constitución y reinar sin que haya posibilidad de someterse al escrutinio público. Nadie puede exigirle, porque para eso tiene el régimen de excepción, una medida de seguridad convertida en política punitiva que en tres años ha encarcelado a cerca de 87.000 personas sin pruebas sobre lo que se les acusa y sin posibilidad de que demuestren su inocencia. La fórmula le ha servido y la aplicará contra cualquier voz incómoda. Ahora sabe que, encima, cuenta con respaldo de la administración de Donald Trump, que no sólo ha elogiado su modelo sino que ha negociado que Bukele se convierta en el carcelero de Estados Unidos. 

En menos de una semana, fuimos testigos de cómo Bukele no tolera la crítica, no tolera la libre expresión y menos la pobreza. Días antes de que Ruth fuera detenida, también fueron encarcelados el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez. Su único pecado: haber participado en un plantón en las cercanías a la residencia de Bukele, en el que habitantes de una cooperativa le imploraban que intercediera para que 300 familias no sean desalojadas de sus tierras. El plantón pacífico terminó en represión, con cinco líderes detenidos, entre estos José Ángel, el presidente de la cooperativa. Bukele envió a la Policía Militar a disipar la concentración cuando esta no está facultada para hacerlo. Usó la fuerza contra madres y niños, familias agricultoras, que sólo portaban carteles en sus manos. Imploraban por ayuda aun cuando habían sido rodeados por una tropa de seguridad. “Por favor, ayúdele a mi padre. No tenemos a dónde ir”, repetía un niño frente a las cámaras y de frente a la Policía Militar. Intentaba hacerle llegar el mensaje a ese presidente que mandó a reprimirles.  

El plantón ocurrió en medio de fuertes cuestionamientos por un reportaje del periódico El Faro, que por primera vez describía, de voz de un líder pandillero, los detalles de cómo fueron las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas a cambio de convertirlo en presidente. Esa negociación es la que llevó a la baja significativa de los homicidios. A esto se sumaron críticas en redes sociales por la ineptitud del Ministerio de Obras Públicas en el manejo de una obra sobre una arteria principal que conecta al occidente del país con la capital. El gobierno no tuvo más que cerrar la carretera, provocando una agotadora como insostenible rutina que obligaba a cualquiera a permanecer largas horas en tráfico. 

Pero Bukele tenía que aplacar los comentarios negativos y, para ello, ordenó al gremio de los transportistas que el servicio de buses tenía que ser gratis en todo el país, así el trayecto fuese entre dos pueblos ubicados a 100 kilómetros de la obra colapsada, todas las rutas también debían ser gratis. El caos generado por el improvisado manejo del proyecto terminó con la detención de 14 transportistas que no cumplieron con su orden. Ellos permanecieron cerca de una semana detenidos, acusados de delitos que incluso solo aplican para funcionarios públicos. Horas después de la detención de Ruth, los transportistas fueron liberados. Menos uno, que murió cinco días después de ir preso porque no le hicieron llegar un medicamento. Una muerte más bajo custodia del Estado como ya es común bajo el régimen de excepción. En esa misma semana, y tras la liberación de los transportistas, Bukele aprobó una ley que obliga a las organizaciones a que paguen al Estado un impuesto del 30 % por fondos que reciban del extranjero. Esta fue su respuesta al plantón de la cooperativa, para que las comunidades dejen de ser “manipuladas” por organizaciones de la sociedad civil que “comen de la necesidad de la gente” y “hacen campaña” con ella. Así lo dejó claro en sus redes sociales. 

Bukele dirá cualquier cosa para pasar de página. Intentará que en los próximos días nada de lo descrito líneas arriba sea recordado. Puede que siga gastando millones en publicidad o en lobismo en Estados Unidos para posicionar su imagen y si tiene que pedirle a extranjeros que bailen en las plazas del centro histórico de la capital, lo hará. Si tiene que vender un país ilusorio a los salvadoreños en el exterior, especialmente a la diáspora que vive en Estados Unidos, lo hará. La publicidad es su fortaleza.

Tal vez se invente un escenario surrealista con tal de que su imagen de “dictador cool” no caiga, porque él no es Venezuela, Cuba o Nicaragua. La diversión estará garantizada mientras se sacrifica el derecho de expresarse libremente. Bastará con dejar que la gente disfrute de noche siempre y cuando esa gente sea sumisa y no se queje. De lo contrario, ahí está el caso de Ruth, de Alejandro de Ángel y de muchas otras personas que han sufrido amenazas, amedrentamientos y persecución por decir lo que pensaban, por denunciar que no hay medicamentos en los hospitales o que la pobreza bajo la gestión de Bukele ha aumentado. 

Esta es la verdadera dictadura “cool” de Bukele. Es la que hemos vivido desde que llegó al poder. La diferencia es que ya no le importa mostrarle al mundo quién realmente es: el dictador con un lado “cool” que nunca ha dejado de ser autoritario. Lo que cambia es que las críticas sobran y ya no hay nada que ponga frenos a su lado más tirano, el que aprieta y ahoga. Ya presenta una baja en su popularidad, ¿qué más da calibrar de nuevo su peligrosa deriva autoritaria?  

Hay quienes aún creen que es posible vivir en una “bonita dictadura”. La gente lo repite en las redes sociales porque es fácil aplaudir cuando pensamos que “todo está bien mientras no me afecta a mí”. Mientras eso ocurre, hay madres que buscan desesperadas información de sus hijos presos arbitrariamente o gente que no consigue llegar a fin de mes porque el gobierno, a falta de fondos, tuvo que recurrir a despidos masivos. Lo cierto es que aunque las cumbias sigan sonando en el centro histórico de San Salvador o los bitcoin bros continúen comprando las tierras en la Bitcoin Beach de Bukele, en El Salvador habrá cada vez más familias al borde de la hambruna. 

El guion de esta película ya lo conocemos, y lo que se viene sólo puede ser mucho peor. Es de manual. Cuando ya no necesitan ser amados, buscan ser temidos. Sabíamos que este momento llegaría y no hubo forma de evitarlo.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena a Donald Trump que “facilite” el retorno del migrante deportado “por error” a El Salvador el pasado mes de marzo. En una orden no firma, el alto tribunal se decanta a favor de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. El joven, de 29 años, fue uno de los más de 200 migrantes que hace un mes fueron enviados a la megacárcel CECOT de El Salvador, cuando Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros. El caso de Abrego García es una muestra clara de la falta de revisión judicial que tuvieron las personas a quiénes se les aplicó la norma de 1789 bajo la acusación de pertenecer a las bandas a las bandas criminales MS13 y El Tren de Aragua.

El alto tribunal más que ordenar al gobierno de Trump que devuelva a Abrego García, lo que hace es dar la razón a la juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno del hombre. Lo que significa que la devolución del salvadoreño no será inmediata. “La orden [de la jueza federal] exige debidamente al gobierno que ‘facilite’ la liberación de Ábrego García y que garantice que su caso se tramite como se habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”, expone el fallo. “Sin embargo, el alcance previsto del término ‘efectuar’ en la orden del tribunal de distrito no está claro y podría exceder la autoridad de dicho tribunal”.

En esta última frase, a pesar de decir que la administración tiene que “facilitar y efectuar” el retorno de Abrego García, el Supremo también abre la posibilidad de que los tribunales podrían no tener el poder de exigir al Ejecutivo que devuelva al hombre. Es por ello que se insta a la jueza Paula Xinis a que vuelva a redactar con mayor concreción la orden y esclarezca el texto inicial. 

Los abogados de Abrego García, que desde 2011 estaba en Estados Unidos y había solicitado asilo huyendo de las maras, argumentaron que no existía ninguna razón creíble para acusar a su cliente de formar parte de la banda criminal MS-13. En una respuesta kafkiana, el Departamento de Justicia reconoció que lo había deportado “por un error administrativo” a la CECOT de El Salvador y que ahora estaba “sin poder” para traerlo de vuelta. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene una estrecha relación con Trump y siempre ha mostrado disposición para colaborar con él. De hecho, esta es la principal razón por la cual el país centroamericano se ha convertido en la prisión del nuevo gobierno estadounidense a cambio de unos cuantos millones de dólares. El próximo lunes 14 de abril, Bukele debe viajar a Washington para reunirse con el republicano.

Xinis dio la razón a la defensa de Abrego García y exigió al gobierno que devolviera al hombre antes de la medianoche del lunes de esta semana. La administración Trump inmediatamente interpuso un recurso ante el Supremo para que se pronunciara sobre dicha orden. Poco antes de que venciera el término marcado por la jueza de Maryland, el presidente del alto tribunal, John Roberts, emitió una pausa temporal sobre la orden del tribunal inferior para así tener tiempo de tomar una decisión sobre el recurso emitido por el gobierno.

Los agentes de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron por sorpresa a Abrego García cuando se encontraba en un aparcamiento de Ikea, mientras su hijo autista de cinco años estaba sentado en el asiento trasero del coche. La administración Trump insiste en que se trató de un error, pero como explicaban a elDiario.es el pasado mes de enero las organizaciones que trabajan con personas migrantes, el ICE prepara sus actuaciones con antelación antes de llevar a cabo redadas.

El caso de Abrego García se ha convertido en uno de los grandes escándalos de la campaña de deportaciones masivas que quiere ejecutar Trump, mientras otros familiares de deportados en aquel vuelo del 15 de marzo denuncian que sus parientes y amigos tampoco pertenecían a ninguna banda criminal. El programa 60 Minutes pudo acceder al historial de los 238 venezolanos expulsados bajo la acusación de pertenecer a El Tren de Aragua.

Tanto los abogados de Abrego García como el Departamento de Justicia se han mostrado satisfechos con la sentencia del Supremo. Los primeros porque respalda la decisión de Xinis, y el gobierno porque considera que el alto tribunal le da la razón al afirmar que los jueces no pueden dictar lo que debe hacer la administración.

Parece que el alto tribunal opta por la ambivalencia a la hora de pronunciarse sobre casos que pueden ser clave para delimitar el poder presidencial. Tan solo dos días atrás, la Corte Suprema levantaba el bloqueo que el juez de Washington había impuesto al uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar venezolanos. En esta ocasión, tanto los abogados de inmigración como el gobierno también celebraron el fallo. Los primeros porque el Supremo exigía al gobierno que garantizara la “revisión judicial” para los individuos a quienes se les aplicara la ley, y los segundos porque suponía reactivar una norma que pretende ser clave para las deportaciones masivas.

“Nayib Bukele es un genio de la comunicación mediática”, es la sensación del sacerdote Joaquín Sánchez 'el cura de la PAH', que, durante los diez días a finales de marzo que pasó en El Salvador, pudo vivir de primera mano una realidad del país centroamericano.

El pasado 24 de marzo Sánchez asistió al 45 aniversario del martirio de Óscar Romero, asesinado por luchar en favor de los derechos del pueblo salvadoreño. El cura ha constatado “una represión en el país igual que la que encontró el mártir”, y considera que desde el Gobierno salvadoreño se está realizando un intento por borrar su imagen y legado. “Quieren volverlo a asesinar cada día”, afirma Sánchez.

Otro de los asuntos que pudo vivir de primera mano el sacerdote es la lucha del pueblo contra la minería, ya que precisamente la iglesia expresó su clara negativa al proyecto de Bukele de habilitar explotaciones mineras en varias zonas del país. Y es que la explotación minera puede contaminar el agua. En la misa de conmemoración del mártir Óscar Romero, se escuchó el lema: “Sí a la vida, no a la minería”.

Sánchez insiste en que Bukele es un “experto en marketing”, porque mientras que “a Europa llega la versión de que el presidente salvadoreño ha acabado con las maras y tiene el apoyo del pueblo”, los testimonios que escuchó en el país eran totalmente contrarios.

“La represión y violación de los derechos humanos” que, según Sánchez se dan en El Salvador, le hacen pensar en el país como una dictadura, y recuerda a quienes viven encarcelados. “Se tienen que ganar la comida, están hacinados y reciben malos tratos diarios, prácticamente torturas”, afirma Sánchez. Además, desde el país “se presume” de esta situación con vídeos que muestran el trato “inhumano” que reciben los presos salvadoreños.

Si bien afirma que, “técnicamente”, las maras han dejado de existir, el cura murciano cree que los horribles crímenes que estas llevaban a cabo siguen en las calles, perpetrados ahora “por las autoridades”. Sánchez habla de extorsiones por parte de la policía en todos los sentidos, tanto monetarias como sexuales. “Nos comentaron un episodio en el que llegaron las autoridades y detuvieron a un grupo de teatro al completo”, denuncia el sacerdote, que se queja de “la capacidad total” que tienen las autoridades para detener a “quien ellos quieran, sin explicación ni motivo”.

Según los testimonios que le llegaron a Sánchez, la policía salvadoreña cumple con un cupo de detenciones diarias, de modo que cualquier joven tatuado les vale, independientemente de si las marcas en la piel se deben a una mara o no. “Y a los que mueren inocentes en las cárceles, ¿qué les decimos?”. Según la percepción del sacerdote, Bukele realmente no cuenta con el apoyo total del pueblo salvadoreño. “Hay que poner en valor que, efectivamente, el Gobierno ha erradicado las maras, pero en cierto sentido se han convertido en una”, cuenta Sánchez.

La batalla judicial de la administración de Donald Trump para poder usar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones finalmente ha llegado a la última instancia: el Tribunal Supremo. Los abogados de la Casa Blanca presentaron este viernes un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial para solicitar que se levante el bloqueo impuesto por el juez federal James Boasberg a la invocación de dicha norma a mediados de marzo.

Fue con el recurso a esta norma de finales del siglo XVIII con lo que el gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador, y sin un proceso judicial, por su supuesta vinculación con el grupo criminal El Tren de Aragua.

El recurso de emergencia presentado ante el Supremo pide al alto tribunal que anule el bloqueo de Boasberg al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para poder seguir utilizándola y deportar sin garantías procesales a todas aquellas personas que el gobierno considere vinculadas con la banda criminal. La petición se enmarca en la guerra abierta que el presidente estadounidense ha declarado contra el juez federal, quien sigue investigando si Trump violó su orden al deportar a los más de 200 venezolanos a El Salvador.

La Casa Blanca ha negado haber incumplido la orden, aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó en rueda de prensa que se podría haber violado la orden verbal del juez. A pesar de defender que el vuelo partió antes de que Boasberg emitiera la resolución por escrito, el Departamento de Justicia aún no ha facilitado la hora de despegue al juez. De hecho, el lunes por la noche, justo antes de la fecha límite para entregar dicha información, el gobierno de Trump se acogió al privilegio de secreto de Estado para reservarse los datos del vuelo y entorpecer aún más la investigación. Ahora, los abogados de los venezolanos deportados tienen hasta el 31 de marzo para presentar un recurso.

A nivel legal, se trata de uno de los casos más sensibles, pues si el Tribunal Supremo da la razón al presidente, este tendría carta blanca para acelerar su campaña de deportaciones. Familiares de muchas de las personas venezolanas enviadas a las prisiones de El Salvador denuncian que sus maridos, parejas, hermanos o hijos no tienen ninguna vinculación con El Tren de Aragua. Todos afirman que los deportados fueron detenidos únicamente por sus tatuajes, a pesar de que estos no tenían relación con el grupo criminal.

Uno de los últimos casos conocidos es el de Arturo Suárez Trejo, quien, según explica su esposa a Mother Jones, no tiene ninguna conexión con El Tren de Aragua y está convencida de que lo detuvieron por sus tatuajes. Entre otras imágenes, lleva un colibrí en el cuello y un símbolo de solidaridad con el autismo que Suárez se tatuó en honor a su hermano pequeño, quien fue diagnosticado con dicha condición. Las personas a las que se les aplica la Ley de Enemigos Extranjeros prácticamente pierden el derecho a presentarse ante un juez, por lo que basta con una acusación del gobierno para que sean deportadas.

Cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, lo hizo declarando una supuesta “invasión” de la banda venezolana El Tren de Aragua en Estados Unidos. Los grupos defensores de los derechos de las personas migrantes temen que, de activarse la norma, esta suponga una estigmatización de la comunidad migrante venezolana e incentive aún más las detenciones de personas de esta nacionalidad.

La solicitud llega después de que el tribunal de apelaciones del circuito de Washington denegara el mismo recurso presentado por la administración Trump. Durante los argumentos iniciales, la jueza Patricia Millet afirmó que los nazis recibieron un mejor trato cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos.

La ley de 1798 fue creada para tiempos de guerra con el fin de expulsar rápidamente del país a aquellas personas migrantes consideradas colaboradoras de países enemigos. Entre otros aspectos, la ordenanza permite la expulsión sin proceso judicial de quienes sean objeto de su aplicación. Antes de Trump, la norma solo se ha utilizado en tres ocasiones. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.