Inés Pousadela, investigadora: “En América Latina hay líderes autoritarios que erosionan la democracia desde dentro”

Cuando en una región como América Latina han aumentado las amenazas a los defensores de derechos humanos y a la libertad de prensa, así como los ataques a la independencia judicial y la represión policial, el trabajo de la sociedad civil resulta más necesario que nunca, porque es precisamente de esa unión de ciudadanos, organizaciones, sindicatos y movimientos sociales de donde nace la fuerza. “La mayor parte de esa sociedad civil no solo reclama derechos y libertades, sino que se dedica a resolver problemas sociales y obliga a rendir cuentas a los gobiernos. Es como un perro guardián que vela por el cumplimiento de las obligaciones del Estado y que colabora con la democracia”, dice la investigadora argentina Inés Pousadela en entrevista con elDiario.es, quien participó la semana pasada en el XIV Encuentro Cívico Iberoamericano en Mérida, donde más de 2.500 organizaciones reclamaron sistemas políticos que garanticen la justicia social, económica, ambiental y financiera.

Las organizaciones trasladarán esas demandas de la sociedad civil a la Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de gobierno, que se celebrará a finales de marzo en la República Dominicana. También recordarán a los gobiernos que es necesario “fortalecer la democracia, garantizar los espacios de participación ciudadana y el fin de la criminalización de activistas sociales”.

Pousadela, profesora en la Universidad ORT de Uruguay y especialista en investigación de Civicus, una alianza global dedicada a fortalecer la acción ciudadana, denuncia que algunas de las tácticas más empleadas para acallar a la sociedad civil en los países latinoamericanos son la intimidación, la represión a los manifestantes y los cambios legislativos que convierten la protesta en delito. La democracia en la región, añade, no está en riesgo de desaparecer, pero advierte que “está erosionada”.

En el encuentro de Mérida las organizaciones han dado la voz de alarma sobre la reducción de los espacios de participación ciudadana en toda Iberoamérica. De acuerdo con la investigación de Civicus, ¿es preocupante la situación?

Sí, es preocupante. Desde Civicus monitoreamos la calidad del espacio de participación ciudadana y vemos que las restricciones no solo se dan en el espacio físico, sino que también en el virtual. Hay países como Cuba y Nicaragua que tienen un espacio cívico completamente cerrado, mientras que otros como México, Colombia y Venezuela, donde se suceden los asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos, ese espacio es represivo. No hay que olvidar que América Latina es uno de los lugares donde más asesinan a lideres sociales y defensores del medio ambiente. 

En algunos lugares vemos regresiones muy importantes y grupos con más libertad que nunca para moverse. En Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años hemos visto un contexto muy represivo para los movimientos por la justicia racial pero, al mismo tiempo, los movimientos supremacistas blancos tuvieron más libertad que nunca para expresarse. No son restricciones uniformes.

La realidad de cada país es diferente. Sin embargo, desde Civicus han denunciado que existe un patrón de represión que se repite en diferentes lugares de América Latina para limitar el espacio de la sociedad civil. ¿Qué han observado?

Documentamos restricciones y vemos cuáles son las tácticas más frecuentes y encontramos algunos patrones. En América Latina la táctica principal es la intimidación de activistas y defensores de los derechos humanos bajo diferentes formas con el objetivo de amedrentarlos y disuadirlos de hacer su trabajo y muchas veces va acompañada de una estigmatización realizada desde lugares de mucho poder y que genera una narrativa que termina legitimando violaciones más graves. Cuando el presidente de un país repite una y otra vez que los activistas son delincuentes o terroristas, termina legitimando que alguien los ataque y los reprima. 

En muchos países se criminaliza la protesta, los poderes legislativos la convierten en delito. Si los movimientos sociales cortan calles, se tipifica como delito de terrorismo y se criminaliza. Esto ha pasado en países de todo signo político, desde Paraguay o Guatemala, a Cuba, cuyo nuevo código penal limita aún más la libertad de expresión y de reunión y la actividad de periodistas independientes y activistas. En Cuba en el último año no ha habido mucha represión de las protestas, pero no porque el régimen sea más tolerante, sino porque las suprimen antes de que ocurran [respaldados por ese nuevo código penal].

¿Cuáles son las mayores restricciones del espacio de participación de la sociedad civil que se encuentran en la región?

Tres de las cinco restricciones del espacio cívico tienen que ver con protestas porque es una región muy movilizada: son la detención de manifestantes, la disolución de las manifestaciones y el uso excesivo de la fuerza contra las mismas. Dentro de ellas, también hay ataques contra periodistas cuando cubren las protestas y no siempre por parte de las fuerzas de seguridad sino, a veces, por parte de los propios manifestantes.

¿Cómo se puede revertir esta situación? 

Los espacios internacionales [como el de Mérida o próximamente el de República Dominicana] son importantes precisamente por eso. En momentos regresivos tenemos una especie de círculo vicioso en el que a la sociedad civil. En países donde hay muchas restricciones, el espacio internacional es lo único que le queda para acudir a reclamar y también se están cerrando esos espacios internacionales en esos foros donde radican las únicas esperanzas de muchos activistas.

Estos encuentros son tan importantes porque es la solidaridad internacional a la que se recurre cuando no queda ningún recurso interno. La solidaridad entre actores de sociedad civil, pero también con otros aliados, porque la sociedad civil no puede hacerlo sola. Nuestro objetivo es ejercer influencia sobre quienes toman las decisiones, que son los gobiernos. Los líderes más autoritarios se ayudan entre ellos, pero los líderes democráticos no deberían seguir ese juego, no deberían apoyarlos y esto se ve en América Latina.

El apoyo a la democracia es bastante condicional y últimamente hemos visto que lo que creíamos que era un consenso democrático en la región, en realidad es muy superficial, porque está surcado por divisiones ideológicas. Lo que parecía ser un consenso antiautoritario contra las dictaduras, en realidad es un consenso izquierdista contra las dictaduras de derecha, pero cuando hay dictaduras de izquierda no hay un consenso democrático tan importante, y eso lo hemos visto en la pasada Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que se celebró en enero en Argentina, donde líderes democráticos se abrazaron con dictadores.

¿Cree que la democracia en América Latina está en riesgo?

Depende de lo que consideremos riesgo. América Latina tiene una característica peculiar que la diferencia de otras regiones del sur global: es donde hay democracias más estables, ya que hoy la mayor parte de la región tiene democracias electorales, aunque defectuosas, según el índice de democracia 2022 elaborado por The Economist. A veces son tan defectuosas que están a punto de ser regímenes híbridos, como ha sido recientemente el caso de Perú [después de que Pedro Castillo fuera destituido del poder y detenido después de intentar disolver el Congreso].

Por lo general no hay dictaduras, pero no son cosa del pasado. La democracia se degrada de otra manera: hay líderes elegidos democráticamente que acaparan el poder y violan la Constitución y las leyes y se vuelven líderes autoritarios pero legitimados por las urnas y, por tanto, erosionan la democracia desde dentro. No es un problema de derechas o izquierdas, lo vemos con Andrés Manuel López Obrador en México y con Nayib Bukele en El Salvador, que además cuentan con un gran apoyo popular. Nada garantiza que los golpes militares sean una cosa del pasado, [de hecho] en México estamos viendo por ejemplo una militarización que asusta o cómo la democracia corrió riesgos en Brasil [tras el asalto a los tres poderes por parte de radicales bolsonaristas].

Hay una erosión de la democracia en la región: hay altibajos, pero no está en riesgo de desaparecer. Se trata de democracias que atraviesan muchos problemas y van a seguir teniéndolos porque la épica de la democracia ya no existe más, no estamos en la Transición, las democracias existentes nos defraudaron y eso es grave porque hay gente dispuesta a aceptar opciones autoritarias siempre y cuando les solucionen sus problemas