Cuatro años después, poco queda hoy del Gabriel Boric que llegó a La Moneda con espíritu renovador, deseoso de un cambio profundo y dispuesto a convertir Chile en la “tumba del neoliberalismo”. A las puertas de entregar la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, el presidente saliente finaliza un mandato en el que las expectativas se fueron apagando poco a poco a base de golpes de realidad.

Rodeado de exlíderes del movimiento estudiantil de 2011 —como él—, Boric recogió, en marzo de 2022, la banda presidencial del conservador Sebastián Piñera (que gobernó en los períodos 2010-2014 y 2018-2022), tras vencer a Kast, que ya entonces aspiraba a la presidencia, y de la mano de una nueva coalición de izquierda formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pasó de la calle al poder en tan solo una década y, con 36 años, se convirtió en el mandatario más joven de la historia de Chile. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar”, expresó en su primer discurso oficial.

Chile venía entonces de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, ocurrida en 2019, tras la cual una mayoría aplastante votó a favor de cambiar la Constitución vigente, instalada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban

Cristóbal Bellolio — Analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

“Tenían el viento a favor porque asumieron [el poder] en un momento en el cual el estallido social y luego el proceso constituyente navegaban un poco en la misma dirección transformadora, refundacional”, recuerda a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Era una generación joven, añade, que venía a “renovar la política” y a “saldar las deudas” de las generaciones anteriores que, según ellos, “no fueron suficientemente corajudas para demoler el legado neoliberal de la dictadura”.

Hablaban de subir los impuestos a los más ricos, de refundar a los carabineros —un cuerpo policial con estructura militar—, indemnizar a las víctimas de la violencia policial de las protestas, y de que migrar es un derecho, recuerda el experto. Sin embargo, dice la académica Nerea Palma, de la Universidad Alberto Hurtado, “la luna de miel del Gobierno fue muy corta”.

Fracaso constituyente y fin de las expectativas

El mayor desafío del Gobierno de Boric fue gestionar los dos procesos constituyentes, casi seguidos, para sustituir la actual carta magna, de 1980, el primero con un texto de corte progresista, que cambiaba de raíz los sistemas privados de pensiones, salud y educación, y el segundo, de corte conservador. Pero ambos fracasaron. En el primer intento, y con menos de un año en el poder, el Ejecutivo se posicionó sin matices a favor de la nueva Constitución, y supeditó parte de su programa a su aprobación, pero una contundente mayoría de ciudadanía lo rechazó y, con ello, la propuesta de transformación del Gobierno.

“Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban”, dice Bellolio. El triunfo del “rechazo” al nuevo texto fundamental fue “un duro golpe” para Boric, comenta Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, quien cree que supuso “un antes y un después” para la coalición de izquierda. Figuras clave y cercanas a Boric fueron apartadas del gabinete y en su lugar entró el centroizquierda tradicional, lo que dio inicio al camino hacia la moderación, a la vez que las prioridades ciudadanas se centraban cada vez más en la economía y el orden público. “Desde entonces, el Gobierno se dedicó a administrar y hacer transformaciones en la medida de lo posible”, considerando que tampoco tenían mayoría en el Congreso, explica el académico.

Con la nueva coalición progresista, el Gobierno logró varias de sus grandes promesas de campaña, como la reforma de pensiones —el mayor cambio en 40 años del modelo creado durante la dictadura—; la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un aumento histórico del salario mínimo (a poco más del equivalente a 500 euros) o el fin del copago en el sistema público de salud. “Se impuso una lógica mucho más pragmática, más propia de los gobiernos de centroizquierda previos, de negociar y alcanzar acuerdos, aunque no permitieran cumplir con todo y generaran resistencias en el ala más de izquierda de la coalición”, explica a elDiario.es Andrés Scherman, experto en Comunicación Política de la UAI.

Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida

María Cristina Escudero — Politóloga de la Universidad de Chile

El cambio de prioridades dejó en segundo plano varias de las propuestas estrella de la campaña que no lograron cumplirse, como la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación o la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), una forma de financiación universitaria que endeudó a los estudiantes durante décadas. Otras, simplemente, fracasaron, como una reforma tributaria rechazada por el Parlamento para subir los impuestos a los más ricos y con la que iba a financiar parte de su programa.

Las expectativas terminaron de difuminarse tras conocerse un caso de presunta financiación irregular de varias fundaciones y por la cuestionada gestión de la denuncia por violación de una funcionaria contra el número dos del Ministerio del Interior.

“La narrativa de superioridad moral, de ser una coalición libre de corrupción y de que iban a ser un gobierno transparente no se logró”, opina Bellolio. Tuvieron, prosigue, “la necesidad imperiosa de adaptarse en el camino” y “administrar un país distinto al que, originalmente, pensaban que iban a gobernar”, dice, aunque ni el crecimiento económico ni la seguridad “fueran su especialidad”.

¿Boric 2.0?

Los expertos coinciden en que aún es pronto para saber cómo será recordado el Ejecutivo de Boric. Por ahora, su sucesor, que será el primer mandatario ultraderechista y pinochetista en democracia, ha instalado la idea de que Chile “se cae a pedazos”, por lo que diseñó un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano han disminuido en este mandato.

Para Scherman, Boric será recordado como un presidente joven que intentó “construir una fuerza única de izquierda”, un objetivo que el propio mandatario ha admitido que quiere seguir persiguiendo desde fuera del palacio. El Gobierno, para Palma, perdurará en el recuerdo como el impulsor de un proceso de cambio “truncado” por falta de mayorías parlamentarias, cambios en la agenda y por los propios “errores importantes” que cometió.

Espinoza señala que, a pesar de su “falta de experiencia”, logró sacar proyectos relevantes como las pensiones, que tendrán efectos positivos en el tiempo, y mantener una aprobación en torno al 30%, una cifra que —dice— “no es despreciable, pensando en una futura candidatura presidencial”.

Con 40 años recién cumplidos y una larga trayectoria por delante, su figura se convirtió en uno de los liderazgos más fuertes de su sector. “Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida”, apunta la politóloga María Cristina Escudero, de la Universidad de Chile. “Quedó posicionado como una de las figuras más importantes para, más adelante, volver a ser presidente”, concluye Bellolio.

Chile parecía haber dejado atrás los peores años de un pasado marcado por la represión y la violencia de una dictadura militar de ultraderecha. En 2021, el país había elegido al presidente más joven y más progresista de su historia reciente que intentó recuperar el Estado del bienestar destruido por el dogma neoliberal del régimen de Pinochet. Pero cuatro años más tarde, los chilenos han votado mayoritariamente por un candidato ultra que reivindica ese pasado oscuro. 

Con Natalia Chientaroli, periodista de elDiario.es especializada en extrema derecha, y con Meritxell Freixas, corresponsal de la agencia Efe en Chile, analizamos quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno que ensalza el régimen de Pinochet. También intentamos explicar cómo y por qué la ultraderecha ha conseguido ganar las elecciones en un país que ya conoce la violencia de un régimen fascista.

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El ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile con un cómodo margen y se convierte en el primer líder de la extrema derecha en llegar al Gobierno desde el retorno a la democracia.

Tal y como pronosticaban todas las encuestas, gracias al apoyo de la derecha tradicional de Evelyn Matthei y de la extrema derecha más radical de Johannes Kaiser, Kast ha superado a la progresista Jeannette Jara, que encabezaba la mayor coalición de fuerzas de centroizquierda e izquierda. Kast ha recibido un 58,1% de los votos, mientras que Jara obtiene un 41,8%.

En su primer discurso, el ultraderechista ha prometido que será “el presidente de todos, sin excepción”, y ha prometido “un cambio real” en el país. Kasta ha afirmado que Chile “ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real”.

“Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”, ha declarado quien será el primer presidente pinochetista después de décadas. “Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido”, ha agregado en su discurso frente a miles de sus seguidores en Santiago.

Kast ha ganado en todas las regiones del país, incluso donde se había impuesto Jara en la primera vuelta (el sur del país, en la Metropolitana y la región de Valparaíso, bastión tradicional del centro-izquierda e izquierda). “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile”, ha señalado Jara. “Nos toca ahora hacer oposición y el camino de la unidad es el único que merece la pena. La unidad es el camino. Construimos una alianza amplia e histórica y tenemos una fuerza social y cultural que debemos consolidad, cuidar y hacer crecer. No hay espacio para el desánimo, hay una tarea que continúa”, ha añadido.

“No queremos promocionar el odio. Somos un solo país”, ha asegurado en tono conciliador. “Debemos hacer una reflexión profunda sobre los factores que condujeron a este resultado”, ha añadido.

A la tercera, la vencida

Kast llegará a la La Moneda tras su tercer intento (los anteriores fueron en 2017 y 2021) y pese a haber perdido la primera vuelta contra Jara por la fragmentación de candidaturas dentro de su propio sector. 

De 59 años, es hijo de un matrimonio de migrantes alemanes –su padre estuvo afiliado al partido nazi– y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica. Fue diputado 16 años por la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), partido nacido al alero del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) al que abandonó para fundar el Partido Republicano.

Un defensor de Pinochet en La Moneda

Con estrechos vínculos con la dictadura, la ha defendido a lo largo de su trayectoria política: su hermano fue ministro del dictador y él apoyó la continuidad del régimen en el plebiscito de 1988. Durante su carrera ha aplaudido en varias ocasiones el legado neoliberal del pinochetismo.

Hasta ahora, el primer y único presidente de derecha en Chile desde el retorno a la democracia había sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

Con la gran promesa de formar un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, el abogado ultracatólico y padre de nueve hijos colocó la seguridad y el orden público en el centro de la discusión electoral. Según su programa, blindará la frontera norte con vallas y zanjas, construirá cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico y endurecerá las penas para cualquier delito, entre otras.

Tras su victoria, ha afirmado que “quien no cumpla la ley, va a recibir todo el peso de esa ley”, advirtiendo de que “los padres tendrán que responder por los daños que provoquen sus hijos”. Ha dicho que su victoria “no es la meta, sino el punto de partida”, desde el cual los cambios que propone empezarán a aplicarse “de inmediato”, pero frente a las expectativas que puedan tener los votantes, les ha advertido de que “los resultados no se verán al día siguiente”.

Con el triunfo de Kast, Chile se suma a la ola de gobiernos ultraderechistas del mundo y de la región, consolidando un nuevo polo en Sudamérica, junto con la Argentina de Javier Milei y con la mano tendida a Donald Trump. Pese a tener agendas muy parecidas, el tono y las formas del ultra chileno son menos agresivas y confrontacionales que las de estos otros mandatarios del continente. Su perfil es más parecido al de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de quien se ha declarado admirador, o al de la francesa Marine Le Pen.

Meloni ha felicitado a Kast por su victoria a través de un mensaje en X: “Felicito a mi amigo José Antonio Kast por el gran éxito obtenido en las elecciones presidenciales de Chile”. “Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más”, ha afirmado la primera ministra.

En el continente americano, Milei ha expresado su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien ha calificado de “amigo”, y ha asegurado que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”. Desde las antípodas del espectro político, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha felicitado a Kast y le ha deseado “mucho éxito”, reafirmando el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido de que “vienen los vientos de la muerte” a América tras la victoria de Kast, afirmando que “el fascismo avanza” y que él jamás le dará la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”, comparando el ganador de las elecciones en Chile con la figura de Pinochet.

Desde Washington, el secretario de Estado de Donald Trump ha felicitado a Kast en un comunicado y se ha mostrado convencido de que, bajo su liderazgo, “Chile va a avanzar en prioridades compartidas, que incluyen fortalecer la seguridad pública, poner fin a la inmigración ilegal y revitalizar la relación comercial con EEUU”.

Kast recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de parte del mandatario saliente, Gabriel Boric, que por ley no pudo presentarse a la reelección. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ya anunció hace días que el Gobierno de Kast incorporará a ministros de la coalición de la derecha tradicional, Chile Vamos, que lo ha apoyado en estos comicios, pero está por ver si se sumará también el ultraderechista radical Johannes Kaiser, quien tras perder la segunda vuelta hizo campaña por Kast, pero no ha aclarado si quiere integrar el próximo Ejecutivo chileno. 

Si los pronósticos de las encuestas se cumplen, Chile elegirá este domingo al primer presidente de ultraderecha desde el retorno a la democracia. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, llega como favorito según todos los sondeos, por delante de la candidata progresista, la exministra Jeannette Jara, quien ganó la primera vuelta con el 26%, al frente de la coalición más amplia de la historia del país, pero con escasas posibilidades de suceder a Gabriel Boric, que dejará La Moneda el próximo 11 de marzo.

Kast, que intenta por tercera vez llegar a la presidencia y quedó segundo en noviembre con el 23,9% de votos, superaría ahora el 50% gracias al apoyo de la extrema derecha más radical del excandidato Johannes Kaiser y de la derecha tradicional de Evelyn Matthei, que, tras quedar en cuarto y quinto lugar en la primera vuelta, se apresuraron a respaldar al ultraconservador. Aunque el traspaso de votos nunca es exacto, el escenario para Jara es complejo: solo puede intentar captar los indecisos del populista de derecha Franco Parisi, tercero con el 19% de votos.

Todos los expertos coinciden en que el escenario es muy favorable para Kast, exdiputado de la derecha tradicional más conservadora que abandonó para fundar su propio partido, más radical. Creen que será difícil que Jara logre revertir el llamado “péndulo chileno”, una tendencia que se repite desde 2006 basada en que ningún mandatario chileno ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Orden público y migración, en terreno de la derecha

La recta final de la campaña presidencial –en la que ambos candidatos han ido escalando la confrontación– ha mantenido el foco en la seguridad, el orden público y el control migratorio, que la ciudadanía sitúa como sus principales preocupaciones.

Los dos candidatos están peleando la misma agenda

Claudia Heiss — Red de Politólogas

“La derecha tiene la primera opción de ganar cuando la discusión se juega en esos temas”, dice a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Según él, “ha sido la campaña menos woke (algo así como progre) posible”. Para Claudia Heiss, de la Red de Politólogas, “los dos candidatos están peleando la misma agenda”.

Pese a su histórica militancia en el Partido Comunista chileno (PC), que aseguró que suspendería en caso de ser electa como señal de “amplitud”, Jara “no ha hecho una campaña de bandera roja, el martillo y la hoz, ni de la bandera verde del feminismo, ni de la diversidad sexual”, afirma Bellolio, quien sostiene que Boric, en 2021, “estaba mucho más a la izquierda”.  

Las anteriores elecciones, en las que Kast ganó la primera vuelta, “estuvieron muy marcadas por la agenda del estallido social, de la sensación de abusos, de la colusión, de las demandas sociales”, recuerda Heiss. 

Tras el fracaso de los dos procesos constituyentes de 2022 y 2023 –el primero liderado por la izquierda e independientes y el segundo por la ultraderecha de Kast– la mayor ola de protestas desde la democracia fue “estigmatizada” y marcada como un “momento de delincuencia y destrucción”, dice la politóloga. “Se construyó un relato que vinculó el estallido social con la crisis posterior de la pandemia, la economía y la delincuencia”, agrega. La alternativa que se intentó construir –dice– “no prosperó” y en su lugar se consolidó “una mirada mucho más conservadora y preocupada de la estabilidad y la seguridad”. 

Dos supuestos extremos “moderados”

Si Jara optó por jugar en el terreno de la derecha y mostrar firmeza en materia de seguridad, Kast trató de evitar los temas de la llamada “batalla cultural”, como el aborto o la eutanasia, y eludió hablar de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) pese a su historia familiar y política. Su hermano fue ministro del dictador y él apoyó la continuidad del régimen en el plebiscito de 1988. Durante su trayectoria política, ha defendido en varias ocasiones el legado neoliberal del pinochetismo.

“Kast no ha mencionado los temas más disruptivos para él porque en la elección pasada le quitaron votos”, apunta Heiss. 

Para Bellolio, ambos candidatos “se han moderado”. En su opinión, hoy existe una “polarización afectiva,” pero no necesariamente “ideológica o programática”, y hay “mayor convergencia entre las dos candidaturas pese a venir de las antípodas”.

¿Protagonismo de nulos y blancos?

Una de las grandes incógnitas de esta cita electoral es el voto nulo o blanco, que podría marcar un récord en la historia electoral del país. Parisi llamó a apostar por una de estas dos opciones tras una polémica consulta a su militancia.

Aunque Chile tiene una baja tendencia al nulo o blanco, la obligatoriedad del voto –que se aplica por primera vez en una segunda vuelta presidencial– elimina la abstención como posible respuesta para el votante desencantado. 

“Es una apuesta arriesgada porque, si los votos nulos o blancos son menores de lo esperado, estaríamos ante un electorado que no obedece a su líder natural”, apunta el sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile Octavio Avendaño.

“Derechización de la derecha”

Una victoria de Kast modificaría el mapa de alianzas regionales con la Argentina de Javier Milei y Chile como principales polos de la extrema derecha en Sudamérica, alineados con El Salvador de Nayib Bukele y Donald Trump en Estados Unidos, dispuesto a restaurar su dominio regional tras años de desinterés.  

Para la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López, la gran pregunta es “cómo ambos candidatos se posicionarán frente a Estados Unidos y China”, un asunto poco presente en la campaña y que, afirma, “no es evidente en ninguna de sus agendas”.

Son los votantes del sector de la derecha quienes se están moviendo hacia el extremo porque la aparición de una ultraderecha más dura radicaliza las posturas

Cristóbal Rovira — Politólogo de la Universidad Católica de Chile

A su juicio, el posible triunfo de Kast se relaciona más con un “castigo” del electorado por el “descontento socioeconómico acumulado, expectativas incumplidas, inseguridad ciudadana o crisis migratorias” que con una “derechización” de Latinoamérica. Cree que se han visto ejemplos similares con el peronismo y Milei en Argentina, el uribismo y Petro en Colombia, o con los procesos de continuidad que han vivido México o El Salvador.

Para Cristóbal Rovira, politólogo de la Universidad Católica, hay una “derechización de la derecha” empujada por la competencia interna: “Son los votantes de ese sector quienes se están moviendo hacia el extremo porque la aparición de una ultraderecha más dura radicaliza las posturas”, dice el experto en este espectro político.

Congreso fragmentado

Uno de los desafíos para el próximo presidente o presidenta será lidiar con un Congreso muy fragmentado y con mayoría de derecha, aunque insuficiente como para evitar negociaciones.

“Ni la izquierda ni la derecha tienen una mayoría aplastante para pasar la aplanadora a la otra”, señala Heiss. Ante un gobierno de extrema derecha que “quizá quiera imponer algunas medidas radicales”, el Parlamento podría actuar “como un factor moderador”, vaticina. Sin embargo, la alta presencia de independientes, la fragmentación y la indisciplina partidaria hacen que las votaciones sean difíciles de anticipar.

El nuevo Congreso asumirá sus funciones en marzo, el mismo día en que lo hará quien sea electo en los comicios de este domingo. 

La candidata progresista Jeannette Jara gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile seguida muy de cerca del aspirante ultraderechista José Antonio Kast. Jara, con un 26,8% de los votos, tiene algo más de dos puntos de ventaja sobre Kast (23,9%).

Tal y como pronosticaban las encuestas, Jara gana la contienda, pero sin los votos suficientes para evitar una segunda vuelta, en la que se enfrentará con Kast, líder de la extrema derecha más tradicional, el 14 de diciembre. En tercer lugar, queda Franco Parisi, populista de derechas, con un 19,7%, cuyos votos serán de gran importancia para la segunda vuelta. El presidente, Gabriel Boric, ha felicitado a ambos candidatos y ha deseado suerte a los dos.

Johannes Kaiser, que encabeza el sector más radical de la extrema derecha y amenazaba a Kast por el segundo lugar en las encuestas, queda en cuarta posición (13,9%); y Evelyn Matthei, conservadora, ocupa la quinta posición con un 12,5%. Sin embargo, sus votantes serán decisivos para la elección del próximo presidente de Chile y ambos han trasladado públicamente su apoyo a Kast en el desempate del próximo mes. Sumando sus porcentajes al de Kast, el ultraderechista superaría el 50%.

Jara lidera una inédita coalición de fuerzas progresistas, la más amplia de la historia chilena. Por primera vez, una militante comunista se impone en la primera vuelta de unas presidenciales, lo que significa, en cierta medida, un triunfo para su partido en un país donde el anticomunismo es visible y vigente. La presidenciable ha señalado que, de ser electa, “suspenderá o renunciará” al partido como señal de que representa a “una coalición mucho más amplia”.

Exministra del presidente Gabriel Boric, de 51 años y militante histórica comunista, Jara propone, entre otras medidas, fortalecer el control de las armas de fuego y levantar el secreto bancario para seguir la ruta del crimen organizado. Para rebajar “el costo de la vida”, propone el llamado “sueldo vital” de 750.000 pesos (unos 695 euros), una de sus propuestas estrella, con aumentos graduales del sueldo mínimo (hoy en 529.000 pesos) y transferencias directas a los trabajadores; y un “hipotecazo”, destinado a jóvenes de hasta 40 años para optar a una primera vivienda. 

Kast, de nuevo a por La Moneda

Kast, que intenta por tercera vez llegar a La Moneda, se enfrenta al escenario opuesto al de hace cuatro años, cuando ganó la primera vuelta presidencial, pero perdió el cara a cara contra Boric. Fue la primera vez en Chile que quien ganó la primera convocatoria no llega a la presidencia.  

El exdiputado, de 59 años y líder del Partido Republicano, propone un polémico recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio, aunque a pesar de las preguntas de la prensa no ha detallado la fórmula para concretarlo. También quiere instalar cárceles de máxima seguridad y aislamiento para líderes del narco, endurecer las penas para miembros del crimen organizado y financiar unos 2.000 vuelos para deportar migrantes en situación irregular a sus países de origen. 

Era la primera vez desde el retorno a la democracia que dos candidatos competitivos de extrema derecha tenían opciones de pasar a segunda vuelta. La alianza de las dos ultras y la derecha tradicional, sumada a parte de los votos de las otras cuatro candidaturas (de un total de ocho), será fundamental en el duelo del próximo mes, coinciden los expertos. La sorpresa respecto a las encuestas la ha dado Parisi, que repite el escenario de 2021, cuando también quedó tercero y desplazó por primera vez a la derecha tradicional.

A partir de este lunes, se abre un nuevo período de campaña electoral (la propaganda iniciará 15 días antes) para que tanto Jara como Kast relancen sus respectivas candidaturas de cara a la segunda vuelta, que se prevé muy polarizada. Desde 2006, ningún presidente ha sido relevado por un sucesor de su misma línea política y el poder ha oscilado entre el centroizquierda (o izquierda en el caso de Boric) y la derecha, como un péndulo.

Más de 15,6 millones de personas estaban llamadas este domingo a elegir al sucesor de Boric, que no puede optar a la reelección y entregará el mando en marzo de 2026. Estas han sido las primeras presidenciales con voto obligatorio.

Chile vota este domingo en unas elecciones presidenciales inéditas entre ocho candidatos en las que por primera vez desde el retorno a la democracia dos aspirantes de ultraderecha –José Antonio Kast y Johannes Kaiser– compiten contra la coalición de fuerzas progresistas más amplia de la historia chilena, encabezada por la comunista Jeannette Jara. También es la primera vez que el voto es obligatorio.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric, que no puede optar a la reelección y entregará el mando en marzo de 2026. De los ocho candidatos, solo cuatro tienen posibilidades reales de alcanzar la segunda vuelta, un escenario casi seguro, porque ninguno supera el 50% de apoyo en los sondeos.

La exministra Jara, histórica militante comunista que representa a todas las fuerzas de centroizquierda e izquierda, desde los democristianos hasta los comunistas; y el ultraderechista Kast, líder de la extrema derecha más tradicional que busca la presidencia por tercera vez, son quienes –según las encuestas– tienen más posibilidades de disputar la segunda ronda. Sin embargo, Kaiser, que lidera el sector más radical de la extrema derecha, sigue de cerca a Kast y amenaza con desplazarlo. El gran interrogante de la jornada será cuál de los dos ultras consigue el segundo puesto para enfrentar a Jara en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En cuarto lugar quedaría la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, exalcaldesa y heredera política del expresidente Sebastián Piñera, fallecido en 2024. Aunque comenzó la carrera electoral muy bien posicionada, su candidatura fue perdiendo fuerza a medida que ha ido avanzando la carrera.

Una comunista frente a dos ultras

Jara ganó en junio las primarias presidenciales con el 60% de los votos contra Carolina Tohá, otra exministra de Boric, perteneciente al ala más moderada. Su victoria representó uno de los mayores triunfos electorales del Partido Comunista chileno (PC), aunque paradójicamente, para su partido –en el que milita desde los 14 años–, ella nunca fue su carta principal. El PC tampoco ha mostrado un respaldo incondicional a su candidatura: la dirección ha emitido comentarios que han incomodado a Jara y ha exhibido diferencias con ella, como cuando dijo que en Cuba hay presos políticos y el presidente del partido, Lautaro Carmona, la contradijo públicamente.

Hace poco anunció que, de ganar, “suspenderá o renunciará” al partido como señal de que representa a “una coalición mucho más amplia”.

“Ser militante comunista en una candidatura unitaria le ha generado problemas, se lo echan en cara y por eso ella intenta despegarse, en la medida que puede, del partido”, explica a elDiario.es Federica Sánchez, politóloga de la Universidad Alberto Hurtado. 

El votante obligado cree menos en la democracia y es un poco más conservador

Cristóbal Huneeus — Director del portal de análisis Chile Decide

Para el politólogo Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, ser la candidata única de un bloque tan amplio “es su mayor ventaja”, pero a la vez representa a un oficialismo “con baja aprobación” y “cuestionado” por falta de avances en crecimiento económico, empleo y seguridad. Eso –dice– se “traslada” a su candidatura, “por más que intente distanciarse del Gobierno”, como ha hecho en varias ocasiones.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia chilena que hay dos candidatos competitivos de ultraderecha con opciones de pasar al cara a cara del próximo mes. Kast, que en 2021 ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda vuelta contra Boric, se ha mostrado más moderado de lo habitual en su campaña, en parte, por estrategia, y en parte, porque Kaiser, que se sitúa como una fuerza emergente, lo ha desplazado del extremo de la derecha. 

Tras unos años como influencer en Youtube, Kaiser fue electo como diputado del Partido Republicano de Kast, en 2022, pero se apartó de la formación a raíz del segundo proceso constituyente, que fracasó bajo el liderazgo de los republicanos.

Voto obligatorio

Un factor determinante y que añade un mayor grado de incertidumbre a estas elecciones es el voto obligatorio. Aunque ya se aplicó de forma excepcional en los plebiscitos (2022 y 2023), estas serán las primeras presidenciales en las que rija plenamente. Los últimos mandatarios fueron elegidos con una participación de unos siete millones de votantes, la mitad del padrón electoral.

Los expertos coinciden en que la participación voluntaria favorecía a la centroizquierda, mientras que la obligatoriedad beneficia más a la derecha. “El votante obligado cree menos en la democracia y es un poco más conservador”, dice Cristóbal Huneeus, director del portal de análisis de datos electorales DecideChile. 

Quienes no acudan a las urnas se arriesgan una multa de entre 30 y 100 euros, salvo los extranjeros habilitados para sufragar, que quedan exentos de la penalización. Más de 880.000 migrantes –el 5,6% del padrón electoral– podrán votar en la primera vuelta. “El voto migrante suele anclarse en la centroderecha o la derecha y será un voto de castigo al actual Gobierno”, dice Jaime Abedrapo, politólogo de la Universidad de San Sebastián. Para Mireya Dávila, de la Universidad de Chile, este electorado será especialmente relevante en la Región Metropolitana y en el norte del país.

La seguridad, el gran tema de campaña

La seguridad pública ha dominado la campaña: todas las candidaturas sin excepción han puesto énfasis en la materia, que hoy es la principal preocupación de la ciudadanía. Kast, Kaiser y Matthei la han relacionado siempre con la migración –echando mano de casos mediáticos y pese a que las cifras no demuestran este vínculo–. Sus propuestas en este sentido van desde el despliegue militar en la frontera o cárceles en el desierto, hasta minas antipersonas o el trabajo forzado en las prisiones. Jara, por su parte, ha apostado por la prevención y propone levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado.

La economía y el desempleo también han sido temas centrales, otros asuntos que también inquietan a los chilenos. En cambio, los derechos sociales –protagónicos en el estallido social de 2019– y otros valores como los derechos humanos y el aborto quedaron relegados.

Excepto Jara, los otros tres candidatos justifican, en mayor o menor medida, la dictadura de Augusto Pinochet. Tanto Kast como Matthei son, además, familiares directos de altos cargos del régimen. Durante la campaña, Kast ha evitado a toda costa referirse al tema y Matthei ha caído en contradicciones e incoherencias. Kaiser, en cambio, ha elogiado abiertamente al dictador y ha dicho que apoyaría “sin dudas” un nuevo golpe de Estado “con todas las consecuencias, lamentablemente”.

“Cansancio electoral”

Esta será la decimoquinta votación que Chile celebra desde las protestas de 2019, entre plebiscitos, primarias abiertas, municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales. “Hay una suerte de cansancio electoral”, dice Abedrapo.

Además de la presidencia, los electores escogerán también la mitad del Senado y la toda la Cámara de Diputadas y Diputados. La composición del Congreso será otra clave de la jornada, porque de sus integrantes dependerá la viabilidad del programa de quien ocupe el sillón presidencial a partir de marzo.

Cuando faltan tres meses para las elecciones presidenciales de Chile y con las candidaturas ya inscritas en el Servicio Electoral (Servel), la batalla principal –que se presume intensa y muy peleada– se disputa entre la ultraderecha de José Antonio Kast y la candidata continuista del Gobierno, la exministra Jeannette Jara, que por primera vez representará a toda la izquierda, centroizquierda y a los democristianos.

Los comicios de noviembre, en los que por primera vez desde el retorno a la democracia competirán dos partidos de extrema derecha, avecinan una campaña polarizada entre dos proyectos políticos radicalmente opuestos.

“Esta elección es distinta a otras porque tiene candidaturas fortalecidas en los extremos y con alto apoyo de la ciudadanía, que se ha apartado de sus preferencias más moderadas y de centro que caracterizaron a la política chilena hasta hace menos de una década”, dice a elDiario.es la politóloga de la Universidad de Chile María Cristina Escudero.

Jara, de 51 años, ganó las primarias presidenciales de junio y dejó atrás a la también exministra Carolina Tohá, la opción más socialdemócrata, y al diputado Gonzalo Winter, abanderado del Frente Amplio, donde milita el actual presidente, Gabriel Boric.

Desde entonces, a Jara se le ha visto en sus redes luciendo sus “outfits de la semana”, mostrando lo que lleva en su bolso de mano o preguntándose qué piensa Google de ella en lo que ha sido una campaña “más lúdica y menos ideológica”, dice a elDiario.es la politóloga de la Universidad de Concepción Jeanne Simon.

Unidos contra Kast

A diferencia de otros líderes comunistas, Jara es percibida como una figura cercana y menos dogmática. Se ha distanciado de su partido en cuestiones sensibles como la defensa de Cuba o Venezuela y en su primera versión de programa ha excluido el aborto sin causales para no incomodar a los socios más conservadores de su nueva coalición: “Es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une. Y en temas valóricos hay una diferencia con la Democracia Cristiana (DC)”, ha explicado Jara.

“La Democracia Cristiana actuará como moderador de las expectativas del Partido Comunista (PC), lo que puede presentar problemas para la nueva coalición al momento de fijar su programa de gobierno”, sostiene Escudero. Para Rodolfo Disi, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, “el temor a una eventual victoria de Kast actúa como un fuerte factor aglutinador dentro de la coalición”, y coincide en que “será difícil” elaborar propuestas “que satisfagan por igual” a todo ese arco político. “Será una coalición más motivada por la contingencia –añade– que por puntos compartidos más profundos”.

Abogada y exsubsecretaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), con quien se la compara a menudo, su nombre empezó a despegar durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo por la capacidad de negociación que demostró en la tramitación de leyes clave para este Gobierno, como la reforma de las pensiones, la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas o el aumento del salario mínimo.

“Jara, en su campaña, ha tratado de rebajar la influencia del Partido Comunista, ha bajado las barreras de entrada a su candidatura al presentarse como una socialdemócrata y pragmática que es capaz de alcanzar acuerdos con la derecha, como demostró en la reforma previsional”, explica a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Kast, “más moderado” y “estadista”

Kast, que por tercera vez intentará llegar a La Moneda y perdió la segunda vuelta con Boric en 2021, rivaliza con Jara por la primera posición en las encuestas, por lo que la ha convertido en su principal adversaria política en esta carrera presidencial. “Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric, de las mentiras, de la incompetencia”, dijo durante el lanzamiento de su campaña el lunes, desde Antofagasta, al norte del país.

Exdiputado ultracatólico de 59 años, es muy cercano al mandatario argentino, Javier Milei, y al líder de Vox, Santiago Abascal. También es seguidor de Donald Trump y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y del modelo neoliberal instaurado en ese período.

En la derecha y sus extremos han proliferado las opciones, pero no han alcanzado la unidad. Desde la derecha tradicional y el centro se presenta la exalcaldesa Evelyn Matthei que, eclipsada por Kast, está quedando atrás en las encuestas. También está la extrema derecha de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario-PNL), más radical e irreverente que la de Kast; y el populista liberal Franco Parisi (Partido de la Gente-PDG), que apunta a los desencantados de la política y quedó tercero en la primera vuelta de 2021.

“Hoy existe un nicho más grande de ultraderecha que ocupa Johannes Kaiser, lo que le permite a Kast no tener que representar directamente todo ese espectro (al menos en primera vuelta)”, dice a elDiario.es Disi. En su opinión, tras los “malos resultados” de 2021, sobre todo con las mujeres jóvenes, Kast “ha optado por no enfatizar los aspectos de su agenda que pueden percibirse como antiderechos”.

“La existencia de Kaiser le ha permitido a Kast posar de estadista”, opina Bellolio. Según él, protagoniza una campaña “más moderada” que hace cuatro años: “Ha evitado entrar en peleas por cuestiones que tienen que ver con la memoria de la dictadura porque entiende que ese público ya lo tiene en el bolsillo y que ahora debe pensar cómo romper el techo de cristal, especialmente con las mujeres jóvenes”.

Un voto mucho más volátil

Más de 15 millones de chilenos estarán obligados a votar el 16 de noviembre en un escenario incierto porque, por primera vez desde 2012, el voto será obligatorio en unas elecciones presidenciales. Según los expertos, se desconoce la preferencia del 40% del padrón electoral porque se trata de electores nuevos tras la reposición del voto obligatorio.

“Estos votantes suelen tener una identidad partidaria muy baja y eso hace que su voto sea mucho más volátil”, apunta Simon. Los analistas entrevistados coinciden en que este colectivo aporta un “voto protesta o destituyente” con el que “quieren mandar un mensaje de bronca contra el establishment y la clase política”.

“Hoy quien está en la posición desafiante de mandar ese mensaje de molestia contra los gobernantes es la derecha, pero eso no significa que el nuevo votante sea de derecha, porque el día de mañana, si es que llegara a gobernar la derecha, ese voto iría para la izquierda”, precisa Bellolio.

Desde 2006 la presidencia de Chile se ha alternado entre el centroizquierda –con Michelle Bachelet– y la derecha tradicional –con Sebastián Piñera–, excepto en 2021, cuando Piñera pasó la banda presidencial al izquierdista Gabriel Boric en un nuevo salto del péndulo. Los próximos comicios revelarán si este péndulo se mantiene en el eje, con Jara, o gira 180 grados hacia Kast.

El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, renunció este jueves al cargo por “razones personales”, según informa la prensa local, horas antes de que se produzca un cambio de gabinete y a menos de siete meses de que finalice el mandato del Gobierno encabezado por Gabriel Boric, del que ha sido una de sus figuras clave.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, anunció en un comunicado que habrá una ceremonia de cambio de gabinete durante la tarde del jueves, en la que se espera que se anuncie el reemplazo de Marcel.

Un economista reputado de 65 años, Marcel fue presidente del Banco Central chileno entre 2016 y 2022, cuando fue llamado por Boric para liderar desde el inicio del mandato la poderosa cartera de Hacienda y encabezar la recuperación económica tras la pandemia.

Independiente pero cercano al socialismo y de larga trayectoria en los gobiernos de centroizquierda desde el retorno a la democracia en 1990, la llegada de Marcel al Gobierno fue vista como un intento por tranquilizar a unos mercados inquietos por el programa transformador de Boric.

Su nombramiento fue bien recibido por las élites empresariales, sobre todo después de su gestión al frente del emisor para contener la altísima inflación generada por las ayudas sociales entregadas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Durante estos tres años y medio al frente de Hacienda, Marcel ha conseguido estabilizar la economía chilena, que el año pasado creció un 2,6%, por encima de lo previsto.

Para este año, el Banco Central de Chile espera que el PIB del país crezca entre el 2% y el 2,75% y que la inflación se estabilice en torno a su meta del 3% en la primera mitad de 2026.

La gestión de Marcel también ha sido clave para la aprobación de la subida del salario mínimo y de la reforma de pensiones, una de las grandes promesas de Boric, así como en las negociaciones entre la Cancillería y Estados Unidos para que los cátodos de cobre, principal exportación chilena, quedasen excluidos del arancel del 50% impuesto al metal rojo por la administración Trump.

Marcel, sin embargo, recibió su gran golpe al frente de Hacienda en marzo de 2023, cuando la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó su ambiciosa reforma tributaria que buscaba recaudar el 3,6% del PIB en cuatro años, otro de los proyectos estrella de Boric.

La salida del economista se produce a días de que comience la discusión parlamentaria de los últimos presupuestos de este Gobierno y apenas 24 horas después de que Boric cesase al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en medio de discrepancias por la elaboración de las listas para las elecciones parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

En la ceremonia de cambio de gabinete se anunciará también el reemplazo de Valenzuela, el único ministro perteneciente a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), un pequeño partido que decidió recientemente concurrir con su propia lista a los comicios parlamentarios, lo que generó molestias en la amplia coalición con la que gobierna Boric.

A cinco meses de las elecciones presidenciales en Chile, el Gobierno del progresista Gabriel Boric encara la recta final de su mandato con dos proyectos encima de la mesa: el del aborto legal hasta la semana 14 y la reconversión de una cárcel con privilegios para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Boric, que llegó al poder en marzo de 2022, anunció a principios de mes en el Parlamento que convertirá la acomodada cárcel de Punta Peuco, donde cumplen su pena más de 130 condenados por crímenes del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), en un penal común y corriente. “He instruido al Ministerio de Justicia modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”, dijo ante los diputados, en su último discurso anual de rendición de cuentas ante la cámara.

Ubicada 50 kilómetros al norte de Santiago, la cárcel de Punta Peuco, mucho mejor equipada que el resto de instalaciones penitenciarias, ha sido polémica desde su construcción.

La decisión de Boric ha sido criticada por la oposición que defiende que la mayoría de los reos que permanecen ahí tienen más de 80 años y que la polémica retrotrae temas del pasado “que causarán más violencia interna en la discusión”, como dijo el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, de la derecha tradicional.

El tema, que cada vez que resurge refleja la polarización social sobre el pasado reciente de Chile, se ha instalado en la precampaña electoral de los comicios de noviembre. De momento, la candidata de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos e hija de un exministro de Pinochet, dijo que “no cuesta nada revertir” la medida, en caso de llegar a La Moneda.

El abanderado de la extrema derecha, José Antonio Kast, calificó el anuncio de “provocación”. En los últimos días, Kast ha pasado a liderar la intención de voto tras superar a Matthei en una encuesta reciente. El sondeo de Cadem publicado la semana pasada colocó en el primer puesto a Kast con el 17%, un punto más que su rival conservadora.

Aborto legal hasta las 14 semanas

La otra piedra en el zapato para la derecha y la ultraderecha que marcará los últimos meses de gobierno será el proyecto de ley del aborto. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha anunciado una propuesta para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14, una de las grandes promesas de Boric y una de las principales demandas de las organizaciones feministas, que quieren ampliar la norma actual.

Aprobada en 2017, bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), la ley vigente permite la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

“Por demasiado tiempo se ha tratado como criminales a las mujeres que han abortado. Son miles al año y se les ha obligado a la clandestinidad”, aseguró el presidente en su discurso, en el que pidió a los legisladores que “no nieguen el debate democrático” sobre el tema.

El proyecto, que ha ingresado al Parlamento sin urgencia, tiene un recorrido difícil. El Gobierno no tiene mayoría y tanto la oposición como los democratacristianos ya han anunciado que votarán en contra. Además, como una señal del enfoque que se dará a la discusión, ha sido excluido de la Comisión de Mujer y solo será analizado en Salud, Constitución y Hacienda. La intención de los parlamentarios conservadores es enterrar el proyecto cuanto antes.

“Modificar el rumbo”

Las expectativas de cambio prometidas por Boric empezaron a desdibujarse pocos meses después de su llegada al poder, con el fracaso del primer proceso constituyente, surgido del estallido social de 2019 y que –con un marcado sello progresista– fue rechazado por una amplia mayoría de la población.

“Al fracasar el primer proceso constituyente, tuvo que introducir cambios importantes en su agenda porque había condicionado parte de su programa de transformaciones al ese proceso”, dice Octavio Avendaño, politólogo de la Universidad de Chile, quien añade que el plan inicial del mandatario quedó “limitado y reducido a reformas muy acotadas”.

Para Jaime Abedrapo, politólogo de la Universidad San Sebastián, el nuevo escenario llevó al presidente a “tomar y aceptar al mundo socialdemócrata” del centroizquierda tradicional, que se integró a la primera línea de su Gobierno.

Además, durante su gestión –cada vez más moderada– ha dado varios “giros” improvisados y cambios de guion que, según Avendaño, se deben a “la falta de apoyo político y de una mayoría parlamentaria”. Para la socióloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss, sin embargo, esta capacidad de “reaccionar a cambios de contexto y modificar el rumbo hacia posiciones menos radicales” es “parte de los aciertos” del Ejecutivo progresista.

A pesar de las críticas de la oposición por “ser insuficiente”, Boric ha priorizado temas que a menudo no son señas de identidad de la izquierda, como el crecimiento económico y la seguridad, que inicialmente no tenía tanto peso en su programa.

“Avances sociales importantes”

Uno de los legados de Boric será, según los expertos consultados por elDiario.es, la reforma de pensiones, una de sus principales promesas que llevaba más de una década pendiente. Aunque no se aprobó tal y como le hubiese gustado, como él mismo admitió, la nueva ley destacó por los acuerdos a los que llegaron los distintos sectores políticos. “Estos esfuerzos para conformarse con no hacer grandes reformas estructurales para lograr acuerdos nacionales es de lo más destacable de su mandato”, dice Abedrapo.

Además, añade Heiss, “hizo avances sociales importantes” como la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, el aumento del salario mínimo –que este mayo llegará a 529.000 pesos (unos 490 euros)–, o el fin del copago sanitario para recibir atención en el sistema público de salud.

La ley chilena prohíbe a Boric volver a presentarse a las elecciones por la limitación que impide gobernar durante dos mandatos seguidos. Sin embargo, el presidente –que durante prácticamente todo su mandato ha mantenido una aprobación entre el 26 y el 30%– dejará La Moneda con 40 años recién cumplidos y –apunta Heiss– “convertido en un referente de la izquierda chilena” (y latinoamericana). “Es probable que lo veamos volver a contiendas presidenciales en el futuro. No sería ninguna sorpresa para nadie”, concluye.

Nicolás Grau (1983), ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, catapultó su carrera política durante la Revolución Pingüina, la movilización estudiantil de 2006 que puso patas arriba el país a favor del derecho a la educación. Como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) entre 2005 y 2006, Grau abrió camino al liderazgo de otros estudiantes ligeramente más jóvenes. No sospechaba entonces que Gabriel Boric Font, que presidió la FECh y lideró la nueva oleada de protestas estudiantiles en 2011, un día llegaría a ser presidente.

Doctor en economía por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), Nicolás Grau defiende el papel de lo público en las finanzas. Militante del Frente Amplio, fundado en 2017 para sincronizar diferentes partidos de izquierda, Grau es uno de los pocos ministros de Economía del mundo que se ubica levemente a la izquierda de la socialdemocracia. El ministro chileno atendió a elDiario.es por videoconferencia el pasado 2 de abril, horas antes del anuncio de aranceles a todo el mundo de Donald Trump. En la entrevista aborda el legado del gobierno de Gabriel Boric, el choque entre crecimiento económico y sostenibilidad, la política proteccionista de Donald Trump, la integración de América Latina, las próximas elecciones presidenciales chilenas (16 de noviembre) y el ascenso de la extrema derecha en el mundo. Grau, uno de los ministros más próximos a Gabriel Boric, se enorgullece de la sanidad pública y cree en un mundo multilateral en que los “los distintos países se traten horizontalmente”.

Cuando Gabriel Boric llegó al poder, la élite económica encendió la señal de alarma. Auguraban una hecatombe económica. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por la responsabilidad fiscal. La economía de Chile está bastante controlada. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no llega al 5% anual. Los tipos de interés también, alrededor del 5%, menores que otros países de la región...

La responsabilidad fiscal sucede en muchos gobiernos de izquierda del mundo, y normalmente no se reconoce. Nosotros recibimos un punto de partida lleno de desequilibrios. Durante 2022, la inflación llegó a estar a más del 14%. Había desequilibrios comerciales, un déficit fiscal récord, por decisiones que se tomaron antes, y por el COVID. Lo distintivo de nuestro gobierno no es solo haber logrado una transición hacia una economía más ordenada, sino haberlo hecho con un claro tinte progresista. O sea, se hizo al mismo tiempo que se redujo la pobreza. Estamos en el nivel más bajo histórico. Se aumentó el salario mínimo en más de un 20% real. Se empezó un proceso de reducción de horas laborales semanales, de 45 a 40. Impulsamos la estrategia nacional del litio que va a permitir que una empresa del Estado, en alianza con lo privado, tenga el 51% del yacimiento más importante de Chile y del mundo. Estamos generando la transformación productiva hacia tecnologías verdes.

Sin embargo, el desempleo no baja, supera el 8%. ¿Alguna explicación?

Hay que distinguir creación de empleo y la tasa de desempleo. Durante el gobierno de Boric se han creado 600.000 empleos. Se ha hecho al mismo tiempo que se ha reducido la informalidad. Lo que ha ocurrido es que ha ingresado a la fuerza laboral un grupo importante de personas. Entonces, todos estos empleos no han sido suficientes respecto al crecimiento de la fuerza de trabajo.

El propio presidente Boric calificó como insatisfactorio el crecimiento económico (en torno al 2%). Algunos miembros del gobierno responsabilizan al “pesimismo ideológico” de las élites económicas. ¿El gobierno no asume ninguna responsabilidad?

Chile debiera crecer más y aumentar la productividad. Porque el aumento de la productividad es lo que te permite crecer más sin por ello tener un mayor impacto ambiental. Este año también vamos a crecer algo por encima del crecimiento estructural de la economía, en torno de un 2%. Si la pregunta es, ¿hemos logrado que nuestra economía crezca al nivel que podía crecer dada las condiciones iniciales?, la respuesta es sí. Si la pregunta es, ¿es eso suficiente? La respuesta es no. Insisto en todo lo que estamos haciendo en materia de litio. Vamos a permitir duplicar la producción de litio con una participación relevante del Estado y disminuyendo el impacto ambiental.

¿Podría dar más detalles del Plan Nacional del Litio? También sobre cómo el gobierno está intentando garantizar que las empresas públicas tengan peso en la extracción del cobre, el litio y otros minerales. ¿Los acuerdos público-privados pueden reforzar lo público?

Chile es el país con más reservas mundiales de Litio. Y el segundo productor. Esa extracción de litio está hecha por dos empresas, una extranjera y una nacional, ambas privadas. La Estrategia Nacional del Litio va a permitir duplicar la producción, algo liderado por empresas del Estado. Es un cambio importante, pero con una lógica de articulación público-privada. Me gustaría resaltar el elemento ambiental. Al mismo tiempo que vamos a duplicar la producción, estamos diciendo que vamos a hacer una red de salares protegidos porque Chile tiene 45 salares y no los quiere explotar todos, muchos los quiere proteger. Además, queremos cambios importantes en las tecnologías de extracción, de forma que se pueda sacar más litio pero con un menor impacto en el medio ambiente.

El pasado 30 de noviembre de 2024, el comité central del Frente Amplio manifestó diferencias con el rumbo económico del gobierno. El partido argumentó que no se estaba consiguiendo superar el neoliberalismo. ¿Llegar al poder significó un choque de realidad y pragmatismo?, ¿es imposible superar el neoliberalismo?

El crecimiento verde siempre ha sido nuestra postura. Las transformaciones que hemos hecho durante el gobierno han estado orientadas a fortalecer el espacio de lo común, los derechos sociales y a generar condiciones para que la calidad de vida de las personas no dependa de la familia donde nacieron. Para que eso culmine, se requiere hacer un cambio a las políticas neoliberales en Chile y en el mundo. Lo que ha mantenido el presidente Boric es que es muy importante hacer transformaciones orientadas hacia mayor justicia, mayor equidad, mayor democracia y mayor desarrollo económico.

De cualquier manera, existen críticas ambientalistas. Se está criticando la lentitud a la hora de crear de nuevas áreas protegidas nacionales en la región del Biobío, entre otras. Eran promesas de la campaña del Frente Amplio y estaban contempladas en la propuesta de reforma de la constitución, que fue rechazada por el 62% del país.

En materia ambiental hemos hecho un esfuerzo muy importante. Ahora, ¿cómo calibrar bien la ecuación entre una economía que tiene que crecer, que requiere más inversión, entre otras cosas para enfrentar la crisis climática, y al mismo tiempo una sociedad que debe tener una preocupación importante por su biodiversidad? Es un desafío muy relevante para el progresismo. Creo que hemos encontrado un buen equilibrio. Tenemos el compromiso de ser neutrales en carbono de aquí a 2050. Chile además tiene un rol muy relevante en esa transición energética en el mundo. La combinación de todas esas cosas es difícil, genera tensiones, diferencias. A nosotros nos parece muy bien que las organizaciones ambientales existan, tengan fuerza y pueden expresar esas diferencias, porque contribuye a un debate democrático. Un matiz sobre el litio... Muchas personas en Chile creían que una acción más protagónica del Estado iba a ser sinónimo de lentitud, de burocratización, pero ha sido todo lo contrario.

La narrativa neoliberal identifica todo lo público como lento e ineficiente. Una pregunta sobre el relato del “milagro económico” de Chile, que nació en la dictadura de Augusto Pinochet: una vez que llegaron al poder, ¿entendieron mejor qué había de verdad y qué de mito en el milagro neoliberal chileno, reivindicado también por el expresidente Sebastián Piñera?

Hay que distinguir la economía de la dictadura de lo que vino después en democracia. La economía en dictadura no tuvo un buen desempeño. Hubo dos crisis gigantes. Lo que vino después tiene cosas positivas y otras más negativas. El gran asunto pendiente tuvo que ver con la desigualdad, que se ha mantenido bastante estable. Lo que a mí me corresponde como ministro de Economía es poner el acento en lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer a futuro en esta alianza de gobierno entre el centroizquierda y la izquierda, donde no necesariamente tenemos el mismo juicio de lo que ocurrió en Chile en los últimos treinta años. 

Pasemos a la política internacional, estamos a unas horas de que Donald Trump anuncie nuevas tasas y aranceles a productos de todo el mundo. ¿Qué opinión le merece la nueva política proteccionista de Donald Trump? El propio presidente Boric criticó al presidente estadounidense por intentar ser el nuevo emperador del mundo... 

En esto me toca ser muy cuidadoso. Tengo una práctica general de no hacer comentario a las políticas económicas de otros países. Lo que sí puedo decir es que nuestro país siempre va a promover la relación cultural, política y económica entre los países. Creemos en un mundo integrado, pero entre iguales, en el que los distintos países nos tratemos horizontalmente. Estamos convencidos de que una relación basada en el derecho internacional, en el respeto a los derechos humanos, es lo único que nos puede permitir tener un mundo más próspero, donde nos podamos relacionar países que tenemos distintos tamaños y distintas capacidades. 

Chile mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, un tratado de libre comercio inclusive. A su vez, en los últimos tiempos firmó varios acuerdos bilaterales con China y tiene muchos proyectos en común con el país asiático. ¿Es viable a medio plazo esa postura de equilibrio en un mundo tan polarizado entre ambas potencias?

La respuesta más simple y directa es lo que estos días está haciendo Chile. El presidente Boric está en la India con una comitiva grande de ministros promoviendo un nuevo acuerdo comercial. Por lo tanto, nuestra apuesta es una economía integrada que diversifica a los actores, que busca relacionarse con ellos de una forma horizontal y con respeto.

En América Latina, el retorno de Lula al poder y la existencia de gobiernos progresistas en Colombia, México, Chile y, ahora Uruguay, provocó que se retomaran instituciones supranacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). ¿Cómo puede llegar a ser el intercambio económico y político en América Latina bajo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos?

Para nuestro gobierno, tener una buena relación y fortalecer nuestras relaciones políticas, culturales y económicas es fundamental. Uno los problemas que hemos tenido en América del Sur es que las relaciones cambian mucho dependiendo de si hay afinidad política entre los mandatarios. El presidente Boric siempre ha dicho que los presidentes y presidentas pasan, los pueblos quedan, y que uno tiene que hacer un trabajo orientado a la calidad de vida de esos pueblos. En América Latina tenemos que hacer mucho más, hay muchas oportunidades. La clave para hacer mucho más es encontrar proyectos concretos que nos permitan avanzar. Yo, mandado por Boric, tengo que impulsar un corredor bioceánico que parte desde el sur de Brasil, pasa por Paraguay, por Argentina y termina en el norte de Chile, y que va a permitir tener un flujo comercial. También fuimos con el presidente Boric a Paraguay, a reuniones con el presidente Peña, que es un presidente no de nuestra visión política, pero con el que hicimos una excelente agenda. América del Sur es fundamental para nosotros, tenemos un compromiso, yo diría, político y también sentimental. No se ha hecho suficiente por esa integración y nuestra forma de abordar aquello es encontrar maneras concretas de aumentar esa integración.

¿Hasta qué punto la llegada de Javier Milei al poder ha dificultado la relación con Argentina y otros proyectos de integración económica regionales?

Déjeme comentarlo con un ejemplo bien concreto. Nosotros, como ministerio de Economía, hemos estado impulsando un plan de fortalecimiento industrial en la región del Biobío. Una de las 32 medidas de las más importantes de ese plan es la articulación con la provincia de Neuquén de Argentina. Y hace algunos meses fui con el gobernador del Biobío una visita a impulsar esta agenda donde nos juntamos con el gobernador de la provincia de Neuquén. La integración entre Argentina y Chile tiene una fuerza tremenda.

La COP16 de Cali de 2024 y la COP30 de Brasil de este año han conseguido poner en diálogo asuntos como biodiversidad y bioeconomía. Y un protagonismo global de América Latina. ¿Cómo se incorpora Chile a este liderazgo latinoamericano ambiental en tiempos de emergencia climática?

Yo vengo más del mundo económico desarrollista de izquierda, no del mundo ambiental, pero he aprendido que hay distintas crisis ambientales. El tema ambiental, en su conjunto, es el tema más importante de nuestra generación. Ahora, debe abordarse al mismo tiempo que se crece y se generan empleos de calidad. La política pública progresista debe lograr una estrategia de desarrollo donde se generen empleos de calidad al mismo tiempo que se abordan estas crisis ambientales. Cómo hacer esto en la práctica es un desafío gigante. No creo que haya recetas generales, sino que tienen que estar muy presente estas dos perspectivas.

Como ministro de Turismo, usted lanzó la Estrategia de Turismo Nacional Sostenible 2035. ¿Qué se puede hacer desde un gobierno por otro tipo de turismo que pare los pies al capitalismo de plataforma?, ¿cómo hacer que plataformas como Airbnb no dañen tanto el tejido barrial de las ciudades e incrementen el precio de la vivienda?

Más de 600.000 personas se emplean en el sector del turismo. Es un sector que tiene mucha capilaridad, tiene una participación de mujeres muy importante y además puede permitir una especial sintonía entre la agenda ambiental. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se ha hecho una fuerza muy importante por recuperar un terreno perdido por el COVID. Lo hacemos desde una perspectiva que busque promover y desarrollar ese turismo de empresas de menor tamaño y con preocupación de lo cultural y el medio ambiente. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor de descentralización y de mejor articulación con los gobiernos regionales.

Por ley, el presidente Boric no puede ser candidato en 2026, aunque sí en el futuro. ¿El Frente Amplio se abriría a apoyar a un candidato presidencial que no sea el suyo, a un candidato del centroizquierda?

Esta alianza que hemos tenido durante estos ya tres años debe continuar. Eso puede implicar que distintos liderazgos de distintos sectores políticos de la alianza puedan liderar esa alianza. Y la forma de resolverlo es bien simple: una primaria. Ya hay algunos candidatos y candidatas disponibles a esa primaria. El Frente Amplio y el Partido Comunista están definiendo sus candidaturas. Necesitamos una alianza amplia para hacer los cambios profundos que queremos realizar.

La derecha se radicalizó mucho en estos años en Chile. ¿Se deba a la pandemia o al propio crecimiento de la extrema derecha en el mundo?

A las dos razones. Hay un riesgo de regresión hacia posturas muy conservadoras, ultraderechistas. Hace muy pocos días, un candidato de la ultraderecha en Chile estaba haciendo comentarios antivacunas. O sea, no solo está en riesgo la democracia, sino valores básicos de la democracia. El avance civilizatorio que tuvimos durante el siglo XX ha permitido disminuir la mortalidad de una manera muy marcada. Además, Chile tiene una larga tradición de sanidad pública, de la cual todos nos sentimos orgullosos. Entonces, esa amenaza es una buena razón para unirse (en la izquierda), pero a mí también me gusta ponerlo en positivo. Nosotros queremos transformar la sociedad para mejor, hacia visiones democráticas, de mayor justicia social.

 ¿A qué atribuye el crecimiento de la extrema derecha en Chile, América Latina y el mundo?

Los dos aspectos fundamentales detrás son las tensiones que ha generado el crimen, en particular el crimen organizado, y la forma en que a la sociedad le cuesta asimilar los procesos migratorios. Son tensiones muy complejas y, aunque yo no comparto las soluciones de la ultraderecha, ha sido más hábil para actuar en ese escenario.

La extrema derecha asocia el elevado coste de la vida de Chile, la deuda de las familias, a la inseguridad, colocando la culpa en los inmigrantes...

Hay un desafío muy relevante. No hemos sido un gobierno de centroizquierda que cuando la población ha dicho que el crimen es su principal preocupación, hemos dicho, esa es la principal preocupación y vamos a hacer de ello nuestro principal problema de política pública.

Para concluir, ¿cuáles han sido los aprendizajes del poder?, ¿alguna autocrítica? 

El presidente Boric nos dice que nos queda un 25% del gobierno. No me gustaría hacer comentarios de balance como si esto ya estuviera realizado. Por supuesto, yo tengo muchas reflexiones políticas respecto a esto y también autocríticas, muchas. Y llegará el momento para hacer este tipo de juicio. Creo que van a ser juicios muy importantes, no sólo individualmente, sino colectivamente para ver cómo nos planteamos políticamente a futuro.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves “desde la izquierda política” que “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, tras ser informado de la detención de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado durante una concentración en Caracas, un día antes de la toma de posesión presidencial. 

“Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (...) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno”, declaró desde la sureña ciudad de Concepción el jefe de Estado chileno, quien no refirió con más detalle a la detención de Corina Machado por no contar con todos los antecedentes.

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela”, subrayó Boric, en alusión al retiro definitivo de su entonces representante diplomático en Venezuela, Jaime Gazmuri, y a la decisión de no enviar representantes a la investidura de Maduro, cuyo triunfo en las presidenciales fue otorgado por el ente comicial venezolano. 

“No reconocemos el fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”, agregó el mandatario chileno. 

Maduro ordenó la salida de la diplomacia chilena de Venezuela después de que Boric criticara el proceso electoral y no lo reconociera como ganador en las presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por un polémico conteo de votos que varios países y representantes políticos acusaron de fraudulento, entre ellos el propio candidato opositor, que reivindica su victoria. 

Petro replica al Gobierno venezolano

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este jueves al ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, que el Frente Popular Democrático, plataforma de la que hace parte el excandidato presidencial Enrique Márquez, no es “una organización delincuencial”.

“El Frente Democrático Popular de Venezuela no es una organización delincuencial y es movimiento fraterno del progresismo colombiano. Sus miembros están siendo detenidos”, manifestó Petro en un mensaje en la red social X. 

El mandatario colombiano respondió así a Cabello que lo criticó por apoyar a Márquez, de quien el ministro dijo que es “parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela”.

“Aquí no hay ángeles y menos en los opositores, para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, (Gustavo) Petro? Defiéndelo, (...) Puede ser tu amigo, pero es un delincuente”, expresó Cabello. 

En los últimos dos días, Petro condenó la detención de Márquez, a quien se refirió como “amigo” suyo, y abogó por “la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas” en Venezuela.

Incluso el Gobierno colombiano pidió este jueves respetar los derechos de la oposición, incluidos los de María Corina Machado, y expresó su “profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos”. 

“Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al Gobierno colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos”, expresó la Cancillería en un comunicado. 

Cabello vinculó a Márquez con un funcionario del FBI de Estados Unidos que, según las autoridades nacionales, fue detenido el martes en Venezuela con otros seis extranjeros a los que el Gobierno de Nicolás Maduro señala como “mercenarios”, entre ellos también un militar estadounidense, dos colombianos y tres ucranianos.

Márquez, también exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este miércoles que impulsará la derogación de la Ley de Amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Boric ha revelado esta medida, así como la tipificación como delito de las desapariciones forzadas en los actos oficiales del 51° aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende en 1973.

“Pondremos urgencia a la tramitación de proyecto de ley que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización”, ha dicho Boric.

“Si bien la amnistía ya no se aplica gracias a una solida jurisprudencia de los tribunales de justicia, terminar con sus efectos de forma definitiva e irreversible es una deuda pendiente que tenemos como país”, ha precisado el mandatario desde el Palacio de La Moneda (sede de gobierno) en un acto oficial solemne, pero sobrio.

Boric ha anunciado también que presentará un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada y ha reiterado su intención de desclasificar la información del Informe Valech, elaborado hace dos décadas por la Comisión de Prisión Política y Tortura para esclarecer la identidad de los opositores encarcelados y torturados durante la dictadura civil militar.

“Con esto no hacemos más que cumplir con las obligaciones del Estado de Chile establecidas en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006 y 2013”, ha añadido el presidente.

El objetivo es que la información que recogió esa comisión, creada en 2003, se ponga a disposición de los tribunales de justicia y de las autoridades a cargo del inédito Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual Gobierno.

Hace un año, el Gobierno progresista de Boric presentó un Plan Nacional de Búsqueda para esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada.

Se trata de la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos. Hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.

La dictadura dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda, se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

Pedir los detalles del recuento antes de reconocer el triunfo del chavismo. Es la estrategia por la que han optado actores de peso de la izquierda de América Latina como Colombia y Brasil después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamara a Nicolas Maduro vencedor de las elecciones presidenciales del pasado domingo entre denuncias de “fraude” por parte de la oposición. Aunque hay división en las posturas de los líderes políticos de la región, una sucesión de gobiernos y voces destacadas del espectro progresista han evitado, de momento, alinearse con el presidente venezolano. Algunos arrojan sus dudas sobre el recuento, otros prefieren la cautela, pero el mensaje es prácticamente unánime: exigir “transparencia” para disipar dudas a medida que la situación se vuelve más tensa en la nación caribeña.

Muchas miradas se han posado sobre Gustavo Petro, que llegó a la presidencia de Colombia en 2022 tras unas históricas elecciones que llevaron a la izquierda al poder por primera vez en décadas. Este miércoles, Petro ha roto un silencio de tres días con un cuidadoso comunicado en el que se ofrece como mediador para resolver la crisis política y en el que llama al Gobierno de Maduro “a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”.

Las actas electorales muestran el resultado por partido y por mesa y se cree que su publicación arrojará luz sobre los comicios. El órgano electoral venezolano todavía no las ha hecho públicas y su sitio web oficial lleva desde el lunes sin estar operativo. Las autoridades han denunciado un ataque informático al sistema electoral. Entretanto, el Centro Carter, que formaba parte de los observadores internacionales que habían sido invitados por el Gobierno de Maduro para fiscalizar las elecciones, considera que estas no se adecuaron “a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no pueden ser consideradas como democráticas”. 

Petro ha dicho que Maduro “tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido”. “Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia”, señala. En el texto, en el que también solicita a EEUU poner fin a las sanciones, el mandatario colombiano propone un acuerdo entre Gobierno y oposición secundado por el Consejo de Seguridad de la ONU. “El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia”, concluye.

Brasil tardó unas horas en pronunciarse tras el anuncio del órgano electoral venezolano y, cuando lo hizo, fue a través de un escueto comunicado oficial del Ministerio de Exteriores la mañana del lunes. Tras celebrar el “carácter pacífico de la jornada electoral”, la nota subrayaba que el Gobierno está a la espera de la publicación de los datos “detallados por mesa de votación”, un requisito que calificó como “un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso” electoral.

El martes, en una llamada de media hora con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula reiteró la posición de su país de “seguir trabajando por la normalización del proceso político” en Venezuela, y afirmó que es “fundamental” la publicación de las actas, según el Gobierno brasileño. El mandatario también aseguró en una entrevista televisiva que no ve “nada grave” en la situación. “No hay nada grave, no hay nada que asuste. Hay unas elecciones, hay alguien que dice que ha obtenido el 41%, hay otro que dice que ha obtenido el 50%”, dijo. “Es normal pelearse. ¿Cómo se resuelve la disputa? Presentando las actas. Si hay dudas sobre las actas, la oposición debe presentar un recurso y esperar la decisión, que tendremos que acatar”.

Antes de los comicios, Lula, un peso pesado regional que se ha posicionado como mediador y ha seguido el proceso a través de su asesor Celso Amorim en Caracas, manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente venezolano, que dijo que si perdía las elecciones iba a haber “un baño de sangre”. “Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones”, respondió el líder brasileño.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abogado por “esperar” antes de reconocer el triunfo de Maduro, si bien ha asegurado que “no hay pruebas” sobre el supuesto fraude electoral en Venezuela. “Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas”, ha dicho este miércoles el mandatario durante su rueda de prensa matutina. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha calcado sus comentarios, pidiendo “transparencia”. “Lo primero es transparencia en el resultado, que se termine de contar, y lo segundo, también decir, que no estamos de acuerdo con el intervencionismo”, ha señalado la presidenta electa. 

“Los tres principales gobiernos de izquierdas que pueden tener más peso en sus pronunciamientos son Brasil, que tuvo mucho empeño para que se celebraran elecciones y que presionó para que se pudiera presentar la oposición; Colombia, que intentó hacer de mediador con una serie de cumbres y que ha buscado una salida política al conflicto, y México, que no ha estado tan implicado, pero que es un país de peso en la región”, dice a elDiario.es Anna Ayuso, investigadora para América Latina del think tank CIDOB. “Los tres buscan ese espacio de mediación y una salida política. 

Chile, un paso más allá

La experta analiza que estos países “no han hablado de fraude, sino que han pedido transparencia”. “El único que ha hablado directamente de fraude ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric”, agrega.

Boric fue uno de los primeros en dar un paso al frente para exigir transparencia en el recuento, cuestionando abiertamente los datos aportados por las autoridades venezolanas. El presidente chileno –que durante su mandato ha intentado mantener por lo general un tono crítico con las violaciones de derechos humanos por parte de los gobiernos de otros países, sean del color político que sean– dijo en una publicación en X que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral “son difíciles de creer” y que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”, exigiendo la total “transparencia de las actas y el proceso”. “Estamos a la espera de que los resultados sean completamente transparentes y verificables”, suscribió Camila Vallejo, portavoz del Gobierno chileno y uno de los rostros más visibles del Partido Comunista, el ala izquierda del Ejecutivo de Boric. 

El Gobierno venezolano exigió a Chile, así como a otros países como Argentina o Perú, la retirada “inmediata” de sus delegaciones diplomáticas en rechazo a lo que denominó “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las presidenciales. Boric reaccionó a la expulsión del personal diplomático chileno asegurando que “demuestra una intolerancia impropia de las democracias” y se reafirmó en X: “Es justamente el respeto a la soberanía del pueblo venezolano, y los efectos que la diáspora forzada de parte importante de ese pueblo ha provocado, lo que nos lleva a exigir transparencia. Ni subordinaciones, ni cálculos. Principios”. 

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció de manera similar a Boric en la red social, vertiendo sus “muchas dudas” sobre los resultados publicados por el organismo electoral venezolano. “Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo”, dijo el dirigente del partido progresista Movimiento Semilla, que acaba de cumplir seis meses en el cargo. “Son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca,  deben defender el voto de los venezolanos”.

“Hay un cansancio con el efecto negativo que tiene en la cooperación regional por una parte. Pero en algunos casos también es un cambio generacional”, sostiene Ayuso sobre el distanciamiento de gobiernos progresistas latinoamericanos con el Ejecutivo venezolano. “Tiene más que ver con la defensa de la democracia que con un alineamiento ideológico”.

De José Mujica a Alberto Fernández

Una voz tradicionalmente respetada en la izquierda latinoamericana es la del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien también ha apostado por pronunciarse más adelante sobre Venezuela ya que, según dijo en una entrevista, de momento “no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado, ni de uno, ni del otro”. La coalición de izquierdas en la que se ubica Mujica, Frente Amplio, repitió el guion de Brasil y aseguró que espera que se publiquen la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, algo “fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección”.

Al otro lado del Río de la Plata, el expresidente argentino, Alberto Fernández, se ha mostrado crítico con la “dilatación” a la hora de dar a conocer las actas electorales en un país con “uno de los sistemas electorales más seguros del mundo”. “¿Por qué no muestra las evidencias de ese triunfo? ¿Por qué no las hace públicas? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre la actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar respuesta?”, dijo este martes en una entrevista. “Ahora dicen que van a publicar las actas. Y va a haber una nueva discusión sobre si son las reales, si fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, y quiero creer que de buena fe”, añadió, afirmando que trata de mantener “la prudencia”.

En X, Fernández sostuvo que Venezuela, que “se ha visto sometida a un bloqueo”, debe “recuperar su convivencia democrática”, para lo que es “esencial” disipar “cualquier duda sobre el resultado” de las elecciones. “Sin esa certeza, las disputas permanecerán y todo justificará el sostener ‘sanciones’ que solo seguirá dañando al pueblo venezolano”, agregó. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no ha roto su silenció sobre la situación en Venezuela.

Los que felicitan a Maduro

No todos los líderes de la región se han posicionado de la misma manera. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue uno de los primeros en felicitar a Maduro: “Hermano, tu victoria, que es la del pueblo bolivariano y chavista, venció limpiamente a la oposición proimperialista de forma inequívoca. Así derrotaron también a la derecha regional, injerencista y monroísta [referencia a EEUU]. El pueblo habló y la Revolución ganó”. El Gobierno cubano sostiene que las críticas al proceso electoral forman parte de “una manipulación mediática y política” dirigida a “intentar un golpe” contra Maduro.

Daniel Ortega, mandatario nicaragüense que ganó su quinto mandato consecutivo tras una farsa electoral en 2021 en la que detuvo a siete candidatos opositores, también felicitó al presidente venezolano casi de manera inmediata y argumenta que las dudas sobre la victoria de Maduro son parte de un “nuevo intento de golpe de Estado” de los “imperialistas”. “Una gran cantidad de gobiernos latinoamericanos” forman parte de un “plan” que “estaba muy bien organizado”, junto a opositores venezolanos, “de lanzarse todos en contra de los resultados electorales”, ha dicho Ortega.

“Cuba y Nicaragua no tienen gobiernos democráticos y no están para dar lecciones. Son aliados permanentes”, dice Ayuso, que sí destaca la posición de Bolivia, “el único con más peso democrático que mantiene esta posición de apoyo a Maduro junto a Xiomara Castro en Honduras”.

El presidente Boliviano, Luis Arce, dijo que el lunes que la victoria de Maduro es una “gran manera de recordar al comandante Hugo Chávez”. “Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”, añadió el presidente, que el mes pasado sufrió un intento de golpe de Estado. Un día después, el Gobierno matizó ligeramente su posición, argumentando que la felicitación fue “un tema de protocolo” tras recibir “información oficial”, sin entrar a valorar la veracidad de esa información. “Nosotros como Bolivia, en el marco de la diplomacia, no hacemos injerencia. El pronunciamiento ha sido en el marco de un saludo protocolar que corresponde al recibir información oficial”, dijo la portavoz.

“Bolivia ha recibido mucha ayuda de Venezuela, tiene muchas relaciones bilaterales y se posiciona más en ese discurso antimperialista y antinjerencia porque precisamente ha sido objeto de esas injerencias”, señala la investigadora.

El expresidente Evo Morales, que en 2019 sufrió un golpe de Estado tras las dudas sembradas en un recuento que le daba la victoria y al que se sumaron las fuerzas armadas, no ha tardado en trazar la comparativa con Venezuela. “Es deber de todos respetar las decisiones del árbitro de las elecciones venezolanas, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. Es esa institución, sin injerencias, la que ya publicó el resultado electoral. La derecha internacional intenta poner eso en duda para generar violencia. Es el mismo guion del golpe de Estado en Bolivia. ¡Venezuela vencerá!”, señaló el martes. “Pretender solicitar actas o someter a auditorías es abrir la puerta a la intromisión que derivará en desestabilización política”, afirmó un día después.

Hace dos años que el presidente chileno, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción y ordenó el despliegue militar en varias localidades del sur de Chile en un intento de contener el aumento de sabotajes y acciones violentas en territorio indígena causadas por el conflicto entre el Estado chileno, el pueblo mapuche y grandes empresarios y latifundistas. Desde el 16 de mayo de 2022, la polémica medida se ha prorrogado en el Congreso chileno decenas de veces y, paradójicamente, Boric se ha convertido en el mandatario progresista que más tiempo ha mantenido a los militares en la zona en disputa.

“La militarización en el territorio, en realidad, se vive desde hace mucho más de dos años, desde que una tiene memoria”, dice la rapera mapuche Millaray Jara Collio –o MC Millaray, como ella misma se hace llamar– en una entrevista a ElDiario.es. A pesar que desde su escaño en la Cámara de Diputados, entonces como diputado, Boric había criticado duramente el despliegue de soldados en la zona ordenado por su antecesor, el fallecido Sebastián Piñera, solo dos meses después de llegar al poder reculó en su estrategia para abordar el conflicto.

“Es muy chocante, para mí, visitar los territorios (mapuche) y ver tanques y militares en la entrada, pero se está normalizando, sobre todo las nuevas generaciones, los más pequeños”, dice en una entrevista a ElDiario.es MC Millaray. “En ocasiones nos apuntaron, no sé con qué intención, pero apuntaron hacia el auto (coche)”, añade.

Con 18 años recién cumplidos y oriunda de la Pincoya, un barrio popular de la periferia santiaguina, la artista se ha convertido en una de las voces más prometedoras del rap en Chile, cantando en castellano y en mapudungún, lengua mapuche que aprendió de su bisabuela materna, una anciana casi centenaria que todavía vive en Wallmapu, el territorio mapuche. “Con la música podemos inculcar a los jóvenes valores de respeto a nuestra historia; a nuestra lengua, para que no muera; y a nuestra lucha por la tierra a la que pertenecemos”, dice la joven, que sacará su primer disco el segundo semestre de 2024. 

“Se nos hace ver como terroristas”

Según cifras del Gobierno, los actos de “violencia rural” en las regiones sureñas de La Araucanía y BioBío han disminuido en un 35% respecto a 2023 y un 51% respecto a 2021; mientras que los “ataques incendiarios” se redujeron en un 44% respecto al año pasado. Sin embargo, la zona centro-sur atraviesa ahora un complejo escenario porque a los ataques asociados a reivindicaciones políticas y ancestrales, se suman otro tipo de fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado o el robo de madera. Una mezcla que resienten, sobre todo, las comunidades locales. “A nosotros se nos impone la Ley Antiterrorista, se nos inculpa de cosas que no son y se nos hace ver como terroristas”, lamenta MC Millaray. 

En las últimas semanas las alertas y sospechas en el territorio mapuche se han disparado a raíz del triple asesinato policial ocurrido hace menos de un mes en la zona. Se trata del atentado más grave de la historia reciente del país perpetrado contra el cuerpo de Carabineros, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como fueron muertos los agentes: un grupo disparó a la patrulla policial y quemó su vehículo con ellos dentro.

Nadie reivindicó el ataque, hasta ahora no hay detenidos y las investigaciones siguen su curso, pero las autoridades coinciden en que el “modus operandi no corresponde con la violencia rural” en las localidades afectadas por el conflicto. “Se nos tacha de muchas formas, cuando en realidad hemos sufrido varios montajes; se habla de las supuestas zonas rojas y violentas, pero jamás se habla de los traumas que deja la violencia en los niños y ancianos mapuche”, critica la cantante, que también es portavoz de la Red de la Infancia Mapuche.

Para MC Millaray quedan lejos las movilizaciones históricas de 2019 en las que la sociedad chilena, en una suerte de reconciliación histórica, se volcó con el pueblo mapuche, que representa el 9% de los casi 20 millones de habitantes de Chile. Ondeaban sus banderas y sus símbolos y lemas eran omnipresentes en todas las marchas. La joven participó en las protestas, rapeó, cantó y gritó en la plaza principal de Santiago mientras creía en la posibilidad real de enterrar la Constitución actual, heredera de la dictadura, y sustituirla por otra que reconocía la plurinacionalidad del Estado chileno y entregaba mayor autonomía a los pueblos originarios. 

Todo quedó en un sueño que se evadió cuando el texto fue rechazado por una amplia mayoría: “Fue como alzarse en una unión que no se había visto antes, como si de repente existiera una empatía hacia nosotros; después, pero, fue todo muy decepcionante, un gran retroceso”. De la sociedad chilena, pensó: “Habrían podido hacer algo importante por nuestros derechos, pero antes que eso prefirieron quedarse con una Constitución que arrastraba tanto dolor”. 

“Avanzar sin olvidar”

Millaray, que significa “flor de oro” en mapudungún, canta a la tierra, a la naturaleza y reivindica los derechos de su pueblo a recuperar sus tierras ancestrales: “Existe una deuda histórica que nunca se ha cumplido con la tierra”, dice. Para intentar avanzar en esta dirección, determinar la demanda de terrenos mapuche y fijar un plazo para devolverlos, el Gobierno de Boric puso en marcha hace un año la Comisión para la Paz y el Entendimiento que elabora un catastro en varias regiones del sur de Chile. “Jamás van a poder saldar esta deuda porque es muy grande, es demasiado el territorio y mucho ya ni siquiera pertenece al Estado chileno”, apunta la compositora y activista medioambiental. “Las transnacionales se instalaron en el lugar y se habla de devolver una tierra que fue vendida a quien la está devastando”, añade.

Escéptica con los acuerdos que puedan dejar los diálogos de la Comisión para la Paz ante un conflicto centenario y enquistado por décadas, MC Millaray “no espera nada del Estado” porque –dice– “jamás se han cumplido las leyes, ni siquiera los tratados internacionales firmados (por Chile) voluntariamente”. Vivió desde pequeña el racismo y la discriminación, incluso “por parte de personas cercanas y de profesores”, y en sus redes, donde acumula más de 37.000 seguidores, ha sufrido acoso y amenazas. “Como mujer mapuche, como mujer indígena, esto a mí no me quita la esperanza”, recalca. Su hoja de ruta para el conflicto propone “seguir adelante, sin olvidar jamás el pasado” y, sin una solución de fondo a la vista, concluye: “No podemos perdonar, pero sí podemos avanzar”.

Como cada sábado, decenas de mujeres participan en el taller de bordado en la Casa de Memoria José Domingo Cañas, uno de los 60 lugares de memoria protegidos por la ley chilena para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pero las puertas del recinto hoy están excepcionalmente cerradas. Entre las asistentes, que bordan una arpillera para la conmemoración del 14º aniversario de la recuperación del sitio, la conversación gira en torno a la grave crisis de financiamiento que afecta a una parte de los espacios como este. 

El Gobierno de Gabriel Boric hace cuatro meses que adeuda los recursos comprometidos en el Programa de Sitios de Memoria (PSM) iniciado en 2023, lo que ha dejado en la estacada a 13 memoriales del país. Además, el Ejecutivo anunció que cambiará la modalidad de entrega de los fondos, que pasarán a otorgarse por concurso y no de forma directa, como hasta ahora. “Como trabajadores y trabajadoras nos hemos enfrentado a condiciones de inestabilidad, inseguridad, incertidumbre y por la falta de financiamiento del Estado”, apuntaron los sitios afectados en un comunicado. 

“Estos lugares tienen un valor muy importante para nuestra sociedad, son alertas para recordar lo que sucedió, para que nunca más suceda. No puedo entender que se puedan llegar a perder”, dice a ElDiario.es Cecilia Ramírez, de 55 años, una de las asistentes al taller de bordado. Su compañera y coetánea Sol Queupil, que tiene un suegro detenido y desaparecido por la dictadura, recuerda la importancia de “no perder la memoria” en un momento de “auge del negacionismo”. 

Sin más alternativa que el cierre

En la Casa Memoria José Domingo Cañas, un antiguo centro de detención y tortura que hoy lleva el nombre de la calle donde se ubica, cerca del centro de la capital, trabajan cuatro personas, un par de becarios y varios voluntarios. “El año pasado éramos un equipo estable de ocho, pero la mitad tuvo que ser despedida por la inseguridad de los recursos”, explica Paulina Acevedo, encargada del área de Educación. 

Otros espacios no pudieron resistir el abandono económico y tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas, como el Museo Neltume, en la Región de Los Ríos, al sur del país, dedicado a resguardar la memoria de la resistencia a la dictadura y las víctimas que dejó en ese territorio. 

“Al no tener otro tipo de financiamiento, queda todo un equipo de trabajo sin sueldos y el espacio queda sin la posibilidad de seguir operando, por lo que no hay otra alternativa que cerrar puertas”, apunta la presidenta de Neltume, Angélica Navarrete. 

“Para toda la red de sitios de memoria, esta situación es un golpe muy duro que no solo pone en juego la viabilidad de las instituciones afectadas, sino que da un mensaje de que este es un tema que no interesa ni a este Gobierno ni a la sociedad en su conjunto”, dice Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Javiera Bustamante, investigadora en Memoria Histórica de la Universidad Alberto Hurtado, subraya que “son sitios ya de por sí frágiles y vulnerables, tanto en su materialidad como en cuanto a sus capacidades de gestión, en recursos humanos y económicos” y recuerda que los 13 memoriales afectados fueron seleccionados por el PSM por estar “en evidente riesgo de deterioro, desaparición, afectación y agravios”. 

Navarrete lamenta que no exista una ley que proteja un financiamiento para los sitios de memoria “de forma continua e independiente del Gobierno que asuma”, para evitar la “pelea de cada año por el presupuesto”. 

Competir por recursos escasos

Hasta antes de 2023, cuando se implementó el PSM, los sitios de memoria sobrevivían como podían, “entre rifas, eventos para recaudar fondos y aportes personales”, aunque algunos también recibían recursos (más limitados) para proyectos específicos, explica Ana Becerra, presidenta de la fundación a cargo del sitio Rocas de Santo Domingo, un popular complejo residencial costero durante el Gobierno de Salvador Allende convertido luego en centro tortura por el régimen. 

En su primera cuenta pública como presidente, en junio de 2022, Boric se comprometió a “recuperar y revalorizar” los lugares de memoria, pero su compromiso duró un año. En 2024 su financiamiento se ha ido postergando y, tras las últimas reuniones, el Programa de Sitios de Memoria, vinculado al Ministerio de Cultura, prometió que los recursos llegarán en mayo, pero sin retroactividad. “No resuelve nuestra situación, porque no sabemos qué va a pasar en estos tres meses previos”, critica Acevedo. “Además, si los fondos son concursables nos obligará a competir entre nosotros, lo que es muy perverso”, añade. 

“Se acerca a un acto de traición”

Los trabajadores de los memoriales afectados dicen sentir “tristeza, rabia y decepción”, además de considerar “una falta de respeto a la memoria y a las personas desaparecidas”, en palabras de Paulina Acevedo. 

Claudio Nash considera “inconcebible” la actitud “indolente” de un Gobierno integrado por partidos que sufrieron la represión y que siempre habló de los derechos humanos como parte esencial de su agenda. Para él, lo ocurrido “se acerca más a un acto de traición que a un acto de desprolijidad o abandono”. 

Trabajadores del sector han mostrado su apoyo en público y, a nivel internacional, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que agrupa más de 370 sitios en más de 70 países, emplazaron al Gobierno chileno a “ofrecer una solución inmediata” a los lugares perjudicados. 

Más allá de las soluciones que el Ejecutivo ofrezca en el corto plazo, la antropóloga Bustamante opina que esta crisis “demuestra la deuda histórica (del Estado) con las políticas de memoria en Chile y las tareas pendientes en verdad, justicia y reparación”. 

Convencida de que la Casa de Memoria José Domingo Cañas “resistirá” este impasse, Paulina Acevedo lo resume así: “Es el Estado el que tiene la obligación ética y moral de mantener estos sitios porque fue el que en su momento violó los derechos humanos de miles de personas”. 

“Lo que estamos viviendo estos días es la tragedia más grande desde el terremoto del 27 de febrero de 2010”, que dejó 525 muertos. El presidente chileno, Gabriel Boric, se refirió así a la ola de incendios más devastadora en décadas que desde el viernes azota la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital, y que hasta la noche de este domingo ha dejado 122 personas fallecidas, según el último parte oficial. 

“Es Chile entero el que sufre y llora a sus muertos”, expresó el presidente desde la zona afectada el domingo, en un discurso en el que también decretó dos días de duelo nacional a partir del lunes y anunció varias medidas para la reparación.

Hasta ahora, se calcula que hay unas 15.000 viviendas damnificadas (con distintos grados de afectación), más de 11.000 hectáreas calcinadas y más de 300 personas desaparecidas entre los escombros desde el viernes. Los vecinos de las zonas afectadas, concentrados sobre todo en cuatro comunas (Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache) permanecen bajo toque de queda nocturno y 1.200 de ellos se refugian en albergues, tras haber sido evacuados de sus hogares o haberlos perdido por completo.

Los fuegos han calcinado grandes sectores urbanizados como la zona industrial de la ciudad de Viña del Mar, pero también amplios sectores de viviendas sociales y campamentos irregulares, donde vecinos de escasos recursos se instalaron en la década de los 60.  

Además de disponer de puntos de recogida de artículos de primera necesidad desplegados por todo el país, Boric ordenó que el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, se utilice “íntegramente como espacio para realizar actividades para niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la tragedia”, con monitores y profesores para cuidarlos.

“Calor intenso, extenso y frecuente”

Los devastadores incendios han coincidido con una ola de calor extrema que elevó las temperaturas hasta casi 38 grados. Un salto de los termómetros que se sumó a vientos fuertes, propios de la región, de entre 30 y hasta 60 kilómetros por hora, que aceleraron la propagación de las llamas. “Estamos viviendo unas olas intensas de calor con récord histórico por el cambio climático”, dice a elDiario.es Miguel Castillo, director del Laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile.

El escenario se agrava por la sequía de más de 18 años que arrastra el país. Si bien el invierno pasado fue especialmente lluvioso en la zona centro-sur y se apaciguó un poco el déficit histórico, “no fue suficiente para poder contrarrestar la sequía acumulada por casi dos décadas”, explica Castillo. “Hoy tenemos un bosque nativo y plantaciones con mucho estrés hídrico, porque hay muy poca agua, y eso condiciona al encendido y a la propagación”, añade. Coincide con el ingeniero forestal y académico de la Universidad de Aysén Carlos Zamorano, que dice que las olas de calor registradas en Chile “son cada vez más intensas, extensas y frecuentes” y aplacan el impacto beneficioso de un invierno lluvioso.

“Las precipitaciones invernales favorecieron el crecimiento de vegetación que hoy, en la temporada seca, alimenta los fuegos”, dice también a elDiario.es Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Chile.

Tras un duro fin de semana de combate contra las llamas, en las últimas horas se ha producido una mejora de las condiciones climáticas que facilitó las tareas de extinción durante el domingo y el lunes. Sin embargo, el llamado es a no bajar la guardia porque aunque la propagación se ha detenido, se mantienen varios focos activos.

Más allá del clima, los expertos también atribuyen las causas de los fuegos al impacto de un modelo forestal basado en el monocultivo de pino y eucalipto, promovido por el Estado durante la dictadura (1973-1990). Vastas extensiones continuadas de estos árboles, altamente inflamables, aumenta el riesgo de grandes incendios, según los expertos. “Chile también es vulnerable al cambio climático por la continuidad de monocultivos forestales: tenemos una única especie que cubre millones de hectáreas; la homogeneidad es el problema”, dice Zamorano. 

“Falta de prevención”

Las autoridades creen que, por la simultaneidad y el lugar donde se iniciaron, varios de los incendios podrían haber sido intencionados. “No sabemos si esto es una banda organizada o si son pirómanos; será la justicia quien dirima aquello. Se están buscando a los culpables”, dijo el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca. 

Hace un año, cuando el país sufrió otra ola de incendios que dejó 27 personas fallecidas en regiones del centro-sur como La Araucanía, Biobío y Ñuble, también se concluyó, a través de una investigación, que casi la mitad de aquellos fuegos fueron provocados.

“La causa de incendio atribuible a la intencionalidad, es decir, al delito de incendio, lejos de bajar, ha ido aumentando”, dice Castillo, que enumera las quemas de basura, el tránsito y transporte de vehículos o la actividad turística como causas de incendios atribuibles a la actividad humana. Para él, “hay un trabajo pendiente en este ámbito” y propone como solución “intensificar la educación y capacitación para prevenir incendios”, especialmente en el currículum escolar y para quienes trabajan con distintas comunidades.

“La prevención tiene que enfocarse en una campaña permanente y en la educación ambiental, una educación cívica que se echa mucho de menos en nuestro país”, dice Zamorano. Según él, en Valparaíso y Viña del Mar se suman problemas sociales de fondo –como la acumulación de basura, los vertederos ilegales, las tomas de terreno, hacinamientos y casas precarias– que complejizan más las tareas preventivas.

El año pasado, el Gobierno de Boric aumentó hasta los 156 millones de dólares la partida para el combate de incendios en el presupuesto de 2024. Se trata de la mayor cifra de la historia del país destinada a estas tareas: un 47% más en comparación a la partida de 2023 y un 97% comparado con el 2022. En septiembre, además, el Ejecutivo presentó el Plan de Incendios Forestales para esta temporada, que consideró más de 3.330 brigadistas repartidos por el país y 70 aeronaves, entre aviones y helicópteros con maquinaria y vehículos especializados. “Estamos preparados, hemos invertido, pero la responsabilidad también es de la ciudadanía”, afirmó entonces.

Cinco meses después, el país vive, conmocionado, uno de los peores incendios de su historia. Las víctimas mortales siguen aumentando y todavía quedan por delante casi dos meses de verano en el hemisferio sur.

Chile cerró el pasado domingo el proceso constituyente que ha transitado durante los cuatro años más intensos desde el regreso a la democracia. El estallido social de octubre de 2019 abrió un período lleno de fechas señaladas y días épicos: desde las masivas protestas que se convocaron ininterrumpidamente durante meses, hasta los plebiscitos históricos por una nueva Constitución o el nacimiento de órganos constituyentes electos por primera vez por la ciudadanía.

La dilatada discusión sobre el modelo de país que Chile quería ser enquistó la polarización social y, como una montaña rusa, encumbró y catapultó las expectativas de unos y otros. El resultado final han sido dos intentos fallidos y radicalmente opuestos de cambiar la carta fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet –y reformada decenas de veces–, que finalmente seguirá vigente. El primero, con un texto profundamente progresista y vanguardista en aspectos como la perspectiva de género o medioambiental; el segundo, marcadamente conservador y continuista. Entre ambos, solo han pasado un año y tres meses.

“El momento que siempre esperé”

En estos 15 meses, el profesor de secundaria Daniel Olate pasó de creer que “había llegado la oportunidad única de dar un paso adelante”, a sentir “la rabia e indiferencia” de encontrarse defendiendo la Constitución actual que siempre denostó. “La historia de mucha gente fue la de vivir la esperanza de cambiar las cosas, pero finalmente no poder hacerlo”, cuenta a elDiario.es. A sus 35 años, las movilizaciones del 18 de octubre de hace cuatro años, en las que participó desde el primer día, representaron “el momento que siempre esperó para cambiar la herencia de la dictadura y el sistema neoliberal”. También se desató la cara más dura de la represión, que dejó una treintena de muertos, miles de heridos y acusaciones de organismos internacionales contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Marcelo Mello, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), recuerda “momentos estelares y de una épica muy fuerte” como el primer referéndum, celebrado justo un año después del inicio de las protestas, en octubre de 2020, en el que un 80% de los electores votaron a favor de cambiar la carta magna actual. Para Federica Sánchez Staniak, politóloga de la Universidad Alberto Hurtado, la elección de los 150 integrantes de la primera Convención Constitucional, la mayoría de ellos progresistas e independientes, significó otro “momento cumbre” porque la ciudadanía entendió que la composición de ese órgano se parecía a la gente común. 

Olate, que tiene ascendencia indígena, votó a Elisa Loncon, la profesora mapuche que se convirtió en la primera presidenta del órgano. “Los pueblos originarios tenían que tener voz”, dice. La elección de una mujer mapuche al frente del proceso se interpretó como uno de los gestos más simbólicos de las transformaciones que los integrantes de la Convención querían impulsar. “Que me eligieran a mí reflejó un avance de la lucha del pueblo mapuche y, sobre todo, un gran acuerdo de diálogo con las fuerzas progresistas para apoyar mi candidatura”, recuerda Loncon a elDiario.es. 

“Una derrota terrible”

Con el avance de la pandemia y la agudización de la crisis económica, “la épica quedó postergada por niveles de temor muy altos”, dice Marcelo Mella. A medida que pasaron los meses, el proceso que tanto prometía fue perdiendo credibilidad: hubo escándalos (uno de los integrantes fingió tener un cáncer), polémicas internas y muchas expectativas por aprobar una propuesta que, si bien era vanguardista en materia de derechos humanos, fue considerada “refundacional” porque proponía cambios radicales en la institucionalidad.

Además, en estos cuatro años el país cambió y las prioridades de la ciudadanía, también. El lema “hasta que la dignidad se haga costumbre”, que tanto había resonado en calles y plazas, abrió paso a otro tipo de demandas, “vinculadas a la crisis de seguridad y los problemas de crimen organizado”, dice el académico. 

En septiembre de 2022, se concretó el primer gran fracaso constitucional con el rechazo del primer texto por el 62% de los electores. “Fue una derrota terrible, sentí mucha rabia y frustración”, reconoce Olate, que había votado a favor de ese proyecto porque creía que un nuevo impulso permitiría “romper” con las dinámicas del pasado. “La decisión estaba en manos del país y el propio país lo rechazó”, dice. La politóloga Federica Sánchez, por su parte, opina que hubo “una lectura incorrecta al creer que el apruebo estaba prácticamente garantizado”, mientras que, según el análisis de Mella, Chile siempre fue “un país centrista y con un comportamiento electoral moderado”, que lo aparta de posiciones más radicales. 

En diciembre de 2022, hace justo un año, la clase política acordó convocar otro proceso, pero con características muy distintas y definidas por los partidos: se establecieron 12 límites infranqueables y se eligieron a 24 expertos para redactar un anteproyecto sobre el cual trabajarían después 50 miembros de un Consejo Constitucional electo.

“Cuando el nuevo proceso quedó controlado por todos los partidos políticos, esa sensación ‘octubrista’, independiente, antipolítica y antipartido quedó sin canal de expresión”, dice Sánchez Staniak. La exconvencional de derecha Constanza Hube fue un de las voces contrarias a reabrir otro proceso porque creía que los cambios constitucionales tenían que discutirse en el Congreso. “Sin embargo, el segundo proceso fue totalmente distinto al primer fracaso en el que participé”, dice a elDiario.es.

Ni progresista, ni ultraconservadora

La ultraderecha y la coalición de derecha tradicional marcaron el compás del segundo y último intento por redactar un nuevo texto fundamental. Los primeros sumaron 33 escaños de la mano del Partido Republicano en los comicios del pasado mayo y los segundos, 11 más. Era el mismo país que solo un año y medio antes, como un péndulo, había dado la victoria al progresista Gabriel Boric en los comicios presidenciales frente al ultraderechista José Antonio Kast.

“Con el resultado de la elección de consejeros ya imaginé que esa mayoría de derecha haría muy difícil llegar a acuerdos importantes para la izquierda”, relata a elDiario.es el vicepresidente del Consejo Constitucional, el socialista Aldo Valle. Y añade: “Mantuve la esperanza porque era necesario y más democrático buscar nexos y hasta bien avanzado el proceso no quise admitir la posibilidad de un nuevo fracaso”. 

El resultado de seis meses de trabajo del Consejo fue un texto con una profunda impronta conservadora, robusto en materia de seguridad y con cláusulas polémicas como la expulsión inmediata de los inmigrantes en situación. “Ha sido un proceso muy riguroso, serio y prudente; un proceso muy institucional y respetuoso de las tradiciones, que era lo que muchas personas esperaban a diferencia del anterior”, defiende a elDiario.es la consejera Gloria Hutt, representante de la coalición de derecha Chile Vamos. 

Los expertos coinciden en que las fuerzas políticas no entendieron que un nuevo proyecto constitucional requiere mayorías robustas. Según Federica Fernández, “faltó entender que la ciudadanía no quiere ni una propuesta extremadamente progresista, ni tampoco ultraconservadora”. Aldo Valle añade: “La derecha cayó en el mismo error que atribuyeron a la izquierda en el proceso anterior”. 

“Constitución de Pinochet” o Constitución conservadora

El rumbo que tomó el proceso ha sido tan paradójico y retorcido que intercambió las posiciones que históricamente han mantenido las fuerzas políticas sobre la Constitución actual.

Mientras la ultraderecha y varios sectores de la derecha tradicional, férreos defensores del texto vigente, ahora han defendido una nueva propuesta, quienes siempre habían insistido en un nuevo proyecto ahora han apostado por mantener la actual ley fundamental, que han rechazado durante décadas. “Voté en contra porque el texto nuevo no cambia nada y es aún más regresivo”, dice Daniel Olate. 

La elección entre “la Constitución de Pinochet” o la empujada por la ultraderecha, dejó la ecuación descompensada. Un 55% de los ciudadanos se inclinó por la opción en contra de la nueva propuesta. En palabras de Hube, pasara lo que pasara el 17 de diciembre, “el 'octubrismo' ha perdido”.

Tras más de cuatro años de camino, Chile regresó este domingo a la casilla de salida después de rechazar por segunda vez consecutiva una propuesta de Constitución para intentar sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El país se convierte, así, en el primer del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos, con solo un año y tres meses de diferencia entre ambos plebiscitos.

Las elecciones constitucionales, en las que la ciudadanía ha elegido por un 55,7% de los votos mantener la carta magna vigente y descartar una propuesta de texto empujada por la ultraderecha y la derecha tradicional, han culminado un proceso iniciado con el estallido social de 2019. Un 44,2% ha votado a favor de la nueva norma y la participación, que era obligatoria por ley, ha alcanzado el 84,4%. 

“Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional: las urgencias son otras”, dijo el presidente, Gabriel Boric, al final del escrutinio. Aunque el texto no era de su agrado, el mandatario evitó tomar partido en público por ninguna de las dos opciones, a pesar de que los partidos de su coalición hicieron campaña en contra del nuevo texto. “El país se polarizó, se dividió y el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile”, concluyó el gobernante.

El dilatado recorrido constitucional ha dejado dos intentos de cambio fracasados y radicalmente opuestos: el primero, finalizado en septiembre de 2022, avecinaba un giro de tendencia progresista, y este segundo apuntaba hacia un vuelco conservador. “En el fondo, todo lo ocurrido estos cuatro años ha sido tiempo perdido porque ni la izquierda, en su momento, ni la derecha, ahora, fueron capaces de generar un texto que convocara a la mayoría de la población”, dice a elDiario.es Jaime Baeza, periodista y politólogo de la Universidad de Chile. “La mayoría no se sintió vinculada a este proceso”. 

Castigo a la institucionalidad

El dilatado recorrido desde 2019, que se alargó por la pandemia y por la convocatoria de un segundo intento, terminó provocando “desinterés, hastío y fatiga constitucional tanto por el proceso constituyente en sí como por la clase política”, explica a elDiario.es la integrante de la Red de Politólogas Javiera Arce.

Los votos nulos y blancos de esta votación (juntos suman casi el 5%) más que doblaron las cifras del plebiscito anterior, y las excusas presentadas ante la Policía (unas 350.000) por no acudir a las urnas y evitar el pago de una multa han triplicado las de 2022.

La lectura de todo ello puede interpretarse como un voto de castigo a la institucionalidad. “La clase política no supo entender que lo que mucha gente quería, en realidad, más que un cambio radical del sistema político era mejorar el acceso a derechos y resolver la desigualdad”, dice Baeza. A su juicio, el triunfo del rechazo contra el nuevo texto no significa “en ningún caso” un apoyo a la gestión de Boric, “sino más bien un rechazo al texto en sí”.

Un escenario “sombrío” para el Gobierno

Con la lupa puesta en las elecciones municipales del próximo año y las presidenciales de 2025, el resultado del plebiscito ha dado un poco de oxígeno al Gobierno. “Ganó un poco de margen de maniobra para poder avanzar”, dice Arce. Para ella, el Ejecutivo quedaba debilitado “fuese cual fuese el resultado” por la disyuntiva que las fuerzas progresistas chilenas se han visto obligadas a afrontar en estos comicios: elegir entre una Constitución que repudiaron durante décadas y a la que acusaban de falta de legitimidad de origen o quedarse con un nuevo texto considerado por muchos “un retroceso” y “una pérdida de derechos adquiridos”. 

“A pesar del resultado, el escenario para la coalición de Gobierno es bastante sombrío”, coincide Baeza. Ante tal paradoja, la izquierda y el centroizquierda se agarran ahora a la posibilidad de reformar la carta fundamental vigente gracias a una norma que se aprobó hace un año y que rebaja las mayorías necesarias en el Congreso para eso. 

“La incertidumbre que despertaba este proceso ha impedido al Gobierno avanzar en sus reformas principales”, como la de pensiones, el nuevo pacto fiscal para una reforma tributaria, o la de salud, explica a este medio Jeanne Simón, académica de la Universidad de Concepción. Según su análisis, el nuevo escenario, sin el recorrido constitucional en el horizonte, “podría favorecer algunos avances o, al menos, ir negociando dentro de un contexto mucho más seguro”.

En su discurso este domingo, el presidente ya deslizó sus intenciones de persistir en las reformas clave que, a dos años del fin de su mandato, aún están por implementar. “He mandatado a mi gabinete a retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal; y redoblar la gestión en seguridad para ganar la batalla a la delincuencia, el narco y el crimen organizado”.

Reorganización en las derechas

El líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, que se atrincheró a favor de la nueva propuesta, reconoció este domingo la derrota y expresó su “esperanza” de que con la elección “se cierre una etapa triste de la historia de Chile” y también “el ciclo de discusión constitucional”. Una eventual candidatura de Kast de cara a la elección presidencial salió “más debilitada” con esta votación, en palabras de Simón.

Para las analistas, el Partido Republicano, que él conduce y que disputa el liderazgo del bloque conservador a la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos, perdió fuerza a favor de estos últimos. “Finalizó la hegemonía del Partido Republicano de Kast, que solo tuvo una alta representación en el Consejo Constitucional (23 de los 50 miembros) y que tiene una discreta bancada en el Congreso (12 diputados y un senador)”, explica Javiera Arce. Sin embargo, para Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, el porcentaje obtenido a favor de la propuesta defendida por la extrema derecha, cercano al 45%, le da margen para “sacar cuentas alegres” a pesar de haber perdido el plebiscito. “Le da una base mínima para enfrentarse a las elecciones locales de 2024”, dice a elDiario.es. 

Kast había asegurado que podría dar un giro a los pronósticos de las encuestas, que vaticinaban el fracaso del nuevo redactado sin excepción alguna. Este lunes, en cambio, ha tenido que admitir “no haber sido capaz de exponer los puntos importantes del texto” y ha señalado que también han afectado “las divisiones” dentro de su propio sector. La facción liderada por el senador Rojo Edwards se desmarcó y llamó a votar en contra de una propuesta “de Estado socialista de derecho”. El sello conservador, para el parlamentario, se imprimió demasiado poco en el texto.   

En opinión de Arce, ahora se producirá “cierta reorganización en las derechas” y la coalición de la derecha histórica “volverá a reclamar su espacio”. Todo apunta que lo hará a través de la alcaldesa Evelyn Matthei, gobernante de Providencia –un barrio acomodado de la capital– que se perfila como posible candidata presidencial. El cierre del proceso constituyente abrió la carrera para llegar a La Moneda, una posibilidad que los conservadores creen acariciar.

Rechazo en las urnas a la nueva Constitución de impronta ultraconservadora en Chile. Como vaticinaban las encuestas, la mayoría de chilenos (55,76% frente al 44,24%) ha votado en contra de la propuesta constitucional que lleva el sello de la ultraderecha y la derecha tradicional, certificando el fracaso del proceso para reemplazar la actual carta magna heredada de la dictadura, que comenzó con las masivas protestas de 2019.

El resultado de este domingo supone un varapalo para el ultraderechista Partido Republicano, que tuvo un peso fundamental en la redacción del nuevo texto y aspiraba a convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha. Su presidente, el ultraderechista José Antonio Kast, ha reconocido la derrota de su formación. “Algunos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan. Los republicanos somos distintos, cuando ganamos, ganamos, y cuando perdemos, perdemos. Esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos. Reconocemos esa derrota con mucha claridad. Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos de que esta era una mejor Constitución que la vigente”, ha dicho.

Las derechas habían tratado de convertir la votación de este domingo en un referéndum sobre la gestión del Gobierno. El presidente Gabriel Boric, quien no se ha involucrado directamente en esta elección a diferencia de lo que hizo en el plebiscito del año pasado, ha señalado que los resultados son “un fuerte llamado de atención”. “El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos”.

Los partidos de izquierda que integran la coalición de Gobierno sí han hecho campaña en contra de la propuesta y han salido a celebrar los resultados. En nombre de la alianza, Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista, ha tildado de “bocanada de aire fresco” el triunfo de la opción en contra.

Proyecto opuesto al anterior

Los chilenos han acudido este domingo a las urnas para decidir en un nuevo plebiscito de carácter obligatorio si aprobaban la propuesta o bien mantenían la actual Constitución, nacida en el régimen de Augusto Pinochet, pero reformada sucesivamente en democracia.

Más de 15 millones de electores estaban convocados para votar a favor o en contra del nuevo texto, radicalmente opuesto al proyecto anterior, considerado vanguardista y rechazado de manera contundente. Aunque los sondeos apuntaban al rechazo del nuevo texto, la población a favor había ido subiendo en las últimas semanas y el escenario estaba abierto, debido principalmente al número de indecisos.

Finalmente, según los resultados difundidos al final de la tarde, la mayoría de los ciudadanos se ha inclinado por la opción en contra del nuevo texto, defendida por la izquierda. La opción de rechazar la propuesta constitucional se impuso en la mayoría de las 16 regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro) y la norteña Antofagasta. 

Tras la votación el pasado mayo, el Consejo Constitucional que redactó esta nueva propuesta ha estado dominado por la derecha tradicional y en particular por el ultraderechista Partido Republicano de Kast. Entre los puntos que más controversia han generado están los relativos al aborto y los derechos reproductivos, la migración, la propiedad y el derecho al agua, la igualdad, el sistema de salud y pensiones, y la noción de un Estado social y democrático de derecho. Diversos constitucionalistas habían advertido de que el borrador propuesto contenía lagunas y errores legales.

Se trataba del segundo intento por redactar una nueva constitución que vive Chile tras el contundente rechazo en septiembre de 2022 a un proyecto escrito por una convención de mayoría progresista que proponía una transformación radical de la institucionalidad y era pionero en consagrar el aborto libre y la protección del medioambiente. Como un péndulo, el país latinoamericano pasó en poco más de dos años de redactarla y posteriormente rechazarla a entregarle la batuta del segundo proceso constituyente a la ultraderecha. Esta era la quinta votación constitucional desde 2020, por lo que la apatía y la fatiga electoral han marcado este nuevo intento.

El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que apoyó el nuevo documento, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, ha dicho que los chilenos “no quieren un cambio constitucional”. “A ver si después de dos procesos fallidos se consolida en Chile la necesidad de llegar a acuerdos porque finalmente el primer proyecto (rechazado) era de la izquierda y el segundo de la derecha”, ha dicho por su parte el presidente de la Democracia Cristina, Alberto Undurraga (centro).

Tras el rechazo, seguirá vigente la actual Constitución de Pinochet y se cerrará, al menos durante este mandato el debate constitucional, porque el Gobierno de Boric ya ha dicho que no impulsará un tercer intento porque “las urgencias son otras”. Sin margen para ello, cualquier avance en materia constitucional tendrá que pasar por una reforma en el Congreso. Una eventual nueva reforma requeriría la aprobación de, al menos, cuatro séptimas partes del Parlamento.

Analistas y expertos coinciden que, pasara lo que pasara, los conservadores siempre saldrían ganando con estas elecciones: o se imponía el texto emanado del consejo que han liderado o permanece la norma actual, que nunca quisieron reemplazar. En cambio, quienes insistieron durante décadas en cambiar el texto heredado del dictador se habían visto ahora en la disyuntiva de tener que respaldarlo para evitar otra norma “más restrictiva”.

Chile podría convertirse en el primer país del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos. Entre ambos ha pasado solo un año y tres meses, pero el recorrido constitucional empezó en octubre de 2019 con un estallido social que dio paso a la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990. Las masivas movilizaciones, que se extendieron hasta la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, empujaron a los partidos políticos a buscar una salida institucional a la crisis y abrir un proceso constituyente que se ha dilatado durante más de cuatro años.

La primera propuesta constitucional, escrita por un órgano de mayoría progresista y considerada “refundacional” por proponer cambios radicales en la institucionalidad, fue rechazada sin matices por un 62% de los votos. El fracaso mayúsculo dio paso a un segundo intento constitucional que culminará este domingo.

Más de 15 millones de electores están convocados para votar a favor o en contra de una nueva propuesta de carta magna, radicalmente opuesta al proyecto anterior. Esta ha sido elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha del Partido Republicano y la derecha tradicional, por lo que su sello conservador es evidente. Aunque todas las encuestas dan como ganadora la opción contraria al nuevo texto, la brecha entre ambas posiciones se ha ido acortando en las últimas semanas. El resultado es incierto y las opciones están abiertas. 

El peso de los indecisos

Los expertos coinciden en señalar que la clave de los resultados está en manos de los indecisos, una bolsa de entre cuatro y cinco millones de personas cuyo voto es impredecible o desconocido. “El voto obligatorio, que se restituyó el año pasado, hace que cualquier cosa pueda pasar”, dice Nerea Palma, politóloga de la Universidad Diego Portales, a elDiario.es. 

Mauricio Olavarría, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), recuerda que, en Chile, históricamente, la participación electoral para plebiscitos constitucionales ha sido baja –cuando el voto era voluntario–. “Los ciudadanos sienten que es un tema lejano, que no aborda los temas de su vida diaria y que es una discusión de élite que corresponde a expertos en Derecho”. 

Por otro lado, Kenneth Bunker, académico de la Universidad San Sebastián, opina a elDiario.es que existe cierta “fatiga constitucional” y cansancio del proceso constituyente. Sin embargo, el también director de la encuestadora Tres Quintos añade que los indecisos “cada vez son menos” y, según él, se van reduciendo a medida que aumenta la proporción de personas que quieren votar a favor: “Cuanta más información tienen, más procesan los datos y más ven la campaña, más de acuerdo están con la propuesta”.

La huella de la derecha

Los partidos que han marcado el compás de este segundo intento han introducido normas controvertidas y cuestionadas por las fuerzas progresistas. Entre los artículos que levantaron más polémica están el que protege “la vida de quien está por nacer” –que podría poner en riesgo la ley de aborto en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), aprobada en 2017 tras varias décadas de lucha del movimiento feminista–, la cláusula sobre la expulsión inmediata de los migrantes en situación irregular o las normas que mantienen el Estado subsidiario actual y relegan el Estado social de derecho.

“Hay algunos elementos identitarios de la derecha que no tendrían que estar dentro de esta regulación estructural por ser un tema estratégico para el voto, como es el caso del aborto”, opina Bunker. Sin embargo, según él, otras propuestas también características de la derecha, en cambio, tienen apoyo de la ciudadanía, “como la expulsión de los inmigrantes en el menor tiempo posible”. Para el historiador Claudio Fuentes, la mayor parte de la población no leerá el texto completo, por lo que, según cree, “la elección se decidirá en los grandes temas de la campaña: seguridad, migraciones, pensiones y derechos de la mujer”. 

Más allá de defender sus contenidos, los conservadores que empujan el a favor han recurrido al argumento de aprobar el nuevo texto para cerrar definitivamente el itinerario constitucional que tanto ha desgastado a la clase política y a la ciudadanía chilena. Según Olavarría, este será “uno de los temas centrales” para el electorado por el “hastío”, dice, que tiene de este proceso. 

“Seguramente se volverá al reformismo”

Aunque tanto el presidente chileno, Gabriel Boric, como su coalición, promotora del en contra, han asegurado que, de rechazarse la propuesta, no habrá una tercera oportunidad reemplazar la carta magna vigente, los expertos consideran que en caso de un nuevo rechazo será más complejo cerrar el proceso: “Seguramente se volverá al reformismo”, apunta Fuentes. 

La carta magna actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, fue reformada decenas de veces durante la democracia. El mayor paquete de modificaciones se introdujo en 2005, durante la administración del socialista Ricardo Lagos. Desde entonces, se ha cambiado en otras pocas ocasiones, pero la más relevante ocurrió en agosto de 2022, cuando el Congreso redujo los cuórums necesarios para cambiar la Constitución vigente.

“Hoy es mucho más fácil reformar la Constitución actual y es irreal pensar que la coalición de Gobierno se despedirá de la posibilidad de hacer grandes cambios estructurales, porque esa fue la promesa con la que llegaron al poder”, dice Bunker.

Los conservadores salen ganando

En medio del enésimo momento de polarización que vive Chile en los últimos años, analistas y expertos coinciden que, pase lo que pase, los conservadores siempre saldrán ganando con estas elecciones: o se impone el texto emanado del consejo que han liderado o permanece la norma actual, que nunca quisieron reemplazar. 

En cambio, quienes insistieron durante décadas en cambiar el texto heredado del dictador se han visto ahora en la disyuntiva de tener que respaldarlo para evitar otra norma “más restrictiva”. “Para quienes impulsaron el proceso constitucional, es una situación trágica tener que elegir entre la Constitución que tanto denostaron o la que se propone ahora”, dice Olavarría. 

Los partidos también leerán los resultados en clave electoral, pensando en los comicios municipales y regionales de 2024, y los presidenciales y parlamentarios de 2025. Si el a favor de los conservadores se impone con fuerza, se interpretará como un espaldarazo al líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, y reforzará su candidatura a La Moneda en dos años más.