Los parquímetros seguirán avanzando más allá de la M-30. El vecindario de Carabanchel y Usera acaba de dar su visto bueno a la nueva ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) que había propuesto el Ayuntamiento. Tendrá lugar en varias calles de los barrios de San Isidro y Opañel, gracias al respaldo mayoritario de esta extensión en la votación que tuvo lugar hace unas semanas a través de Decide Madrid.

¿Estás a favor de que se implemente el SER en el barrio de Opañel y en la fase dos del barrio de San Isidro? era la pregunta planteada a los vecinos por el Ayuntamiento de Madrid. Fue contestada afirmativamente por casi el 75% de los residentes en ambas zonas, mientras que el 25% se mostraron en contra de su implantación, según los resultados de la consulta, a los que ha tenido acceso este periódico.

El área de Movilidad ha previsto pintar de verde y azul unas 3.100 plazas de aparcamiento callejero. La ampliación más importante será la de Opañel, que afectará a la mitad del barrio, desde la zona más cercana a Comillas hasta el límite marcados por las calles Mercedes Arteaga y Portalegre. Al sur, el final de la nueva zona SER estaría marcado por la avenida de Oporto. En total serán 2.760 plazas, de las que la mayoría serían para residentes y solo 136 azules, para visitantes.

En cuanto a la ampliación en el barrio de San Isidro, afectará a varias manzanas aledañas a Marqués de Vadillo hasta llegar a la calle Comuneros de Castilla, sin llegar a las manzanas traseras del tanatorio. En este caso las plazas pintadas serán 401, de las que 355 serán para residentes y 46 para visitantes.

Aunque la consulta solo tiene en cuenta para tomar la decisión las opiniones de los vecinos residentes de las zonas afectadas, también recogió votos de otros ciudadanos de barrios cercanos o de los propios Opañel o San Isidro por donde no se colocarán parquímetros.

La mayoría de vecinos de las zonas aledañas se mostró contrario a la implantación, algo que entra dentro de la lógica pues se reducirá su espacio para el aparcamiento. En el caso de la otra parte de Opañel que no entra en esta ampliación, sin embargo, también votaron a favor de ampliar el SER, lo que abre la puerta al Ayuntamiento a extender aún más las calles por donde pintará las plazas para residentes y visitantes.

La última ampliación del SER en Madrid data del pasado mes de noviembre, cuando el barrio de Zofío (Usera) entró en el sistema. Antes lo habían hecho en Comillas, donde las votaciones afirmativas alcanzaron el 86%.

El Ayuntamiento de Madrid ha cosechado votaciones afirmativas a la colocación de más parquímetros en todos los barrios donde ha preguntado salvo en Puente de Vallecas, donde solo consiguió el respaldo de los vecinos del barrio de San Diego. Los otros cuatro barrios donde formuló la consulta rechazaron de plano la medida.

Después de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, despachara este martes el asunto de las altas temperaturas en colegios e institutos de toda la región aludiendo a que “cuando hace calor, hace calor”, la Consejería se ha lavado las manos ante nuevas protestas formales.

Proceden de varias familias del CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito de Tetuán de la capital, a las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado que es cosa del centro resolverlo. “En el marco de situaciones de altas temperaturas, los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas para la realidad del centro, que han de quedar recogidas en el documento elaborado para tal adaptación”, dice la carta de respuesta, firmada por la directora del área territorial de Madrid ciudad, Marta González Rodríguez.

Las palabras de Zarzalejo durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, levantaron una polvareda que esta contestación acrecenta. Las familias del Ignacio Zuloaga no pueden más. Como cientos de miles por todo el territorio, sus hijos e hijas se asan en el colegio, que apenas tiene elementos para mitigar el calor que abrasa el centro. Y como tantas comunidades educativas, han decidido pasar a la acción. Pídanle cuentas a la dirección del colegio, viene a decir ante ello la Consejería: “Disponiendo el centro de autonomía de gestión y recursos para la adopción de medidas, corresponde la solicitud de la implantación de aquellas que consideren adecuadas a la dirección del centro escolar, a través de los cauces establecidos para la comunidad educativa; esto es, en el seno del Consejo Escolar a través de sus representantes”, se lee en la misiva.

“Pero los centros públicos no tienen presupuesto para adoptar las medidas de climatización necesarias, tiene que elaborar proyectos para que las administraciones los aprueben y la administración las tumba”, expone una madre para ilustrar la “espiral sin fin” a la que se enfrentan. Para la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas (AFA) la situación es especialmente sangrante en su centro porque este colegio es de referencia en el barrio para campamentos y actividades de verano por su ubicación privilegiada, cerca de una piscina municipal y de la Dehesa de la Villa. “Las administraciones se pasan la pelota una a otra, cuando usan el colegio prácticamente todo el año”, lamenta Belén López, miembro del AFA del centro.

Ante la inacción de las administraciones, la AFA del Zuloaga se movió para conseguir una pequeña subvención y, junto al colectivo Basurama, instalar unas carpas de material reciclado que al menos dan un poco de sombra en el patio, aunque “de la forma más casera posible, porque no se puede anclar nada al suelo por normativa”, explica López. Esta madre explica que, aunque quisieran, no pueden ir más allá por una cuestión de leyes y competencias. A diferencia de otros territorios, donde las familias están organizando rifas para sufragar la climatización, desde la FAPA Giner de los Ríos les han advertido de que hay precedentes del Gobierno regional denunciando actuaciones de ese estilo.

Una plataforma para organizar y movilizar la indignación

El Ignacio Zuloaga es precisamente uno de los centros donde la plataforma Aprender Sin Calor está agitando la movilización a través de las redes y también en la calle. Este jueves 4 de junio desde las 17.00, la AFA presentará en el pleno de la Junta Municipal de Tetuán una propuesta para su climatización del colegio. “La comunidad educativa de Tetuán dice basta ante la inacción de las administraciones frente a las olas de calor prematuras y el aumento global de las temperaturas. Exigimos soluciones reales urgentes: la climatización y el acondicionamiento térmico de las aulas y patios de nuestros hijos e hijas. Bajo el lema El barrio se organiza contra el cambio climático, acudiremos vestidos con indumentaria de pleno verano: chanclas, gafas de sol, flotadores, abanicos y pulverizadores de agua”, recogen en la convocatoria. Están previstas concentraciones similares en los plenos de Arganzuela (9 de junio) y Centro (el día 11).

En la iniciativa a debate en la Junta de Tetuán, de nuevo, las posibilidades legales del Consistorio con este fin son limitadas y la información que tienen en la AFA es que lo máximo a lo que aspiran es a intervenir sobre elementos como la envolvente del edificio, las cubiertas o los patios, plantando árboles o instalando pérgolas. Las perspectivas de que se apruebe, dice López, son buenas. Porque la climatización de las aulas en principio es competencia del Gobierno regional, aunque algunos municipios las han llevado a cabo en sus centros sin, de momento, problemas. Ha sucedido en Torrejón, gobernado por el PP, y en Rivas, donde manda IU.

Dimas, padre de dos niñas de 9 y 5 años en el CEIP Lope de Vega de Carabanchel, es uno de los cientos de padres y madres implicados en la iniciativa Aprender Sin Calor. Vincula su origen a la movilización de 2023, uno de los años más duros con unas altas temperaturas que empezaron ya a finales de abril. “La situación hizo que surgiera un grupo de WhatsApp que nos ha ido dando soporte, aunque es complicado organizar tanta gente. Varias familias se han animado para sacar la web, los perfiles en redes y dar visibilidad, ya que el calor una vez más está apretando cuando las clases siguen a pleno rendimiento. Se han unido AFAs de Madrid y de toda la región porque vemos la dejadez de una Comunidad que no hace nada”.

“Si digo crudamente lo que pienso tenemos que cortar esta conversación”, asevera Dimas. “Opino que es un plan para favorecer lo concertado y lo privado. A nivel administrativo te das contra una pared, porque a la temperatura se unen otros problemas como la falta de gimnasio, instalaciones deportivas o hasta una sala de profesores. Carencias que la Comunidad de Madrid debería resolver, pero no lo hace”.

“No hay ningún plan, ni trienal ni quinquenal, para acometer esto. Van con parche año tras año. La aerotermia ha tardado dos en algunos centros y en otros ni ha llegado. En el Lope de Vega conseguimos la autorización para los toldos con un contrato menor, a instancia del Ayuntamiento (propietario del suelo y mantenimiento). Pero se pasan la pelota con la Comunidad constantemente”, reprocha. No en vano, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también ha protagonizado importantes controversias en torno a este tema. Dimas asegura que celebran “reuniones anuales con la Junta de Carabanchel, donde todo son buenas palabras que no se cumplan”. En esta ocasión, dice, ni siquiera se ha producido ese encuentro.

Javier, padre de un niño de 3 años en el CEIP República de Venezuela de Usera, también se ha implicado en Aprender Sin Calor. El República de Venezuela, como el Zuloaga, forma parte de la más de una treintena de colegios e institutos se han sumado a una iniciativa para registrar medidas de temperaturas y síntomas. “En la mayoría de aulas de Madrid la temperatura supera los 30 grados, algo que incumple la normativa laboral”, dice. El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija el rango de temperaturas en puestos de interior entre los 17 y los 27 grados. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) aconseja por su parte mantener los espacios nunca por encima de 26 grados.

En este contexto, donde “no es que a veces haga calor, sino que las olas van a ser cada vez más intensas” (como reflejan informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), “no queda otra opción que preparar nuestros colegios ante la nueva normalidad”. La plataforma Aprender Sin Calor “hereda una movilización que ya existía gracias a Madres por el Clima o Revuelta Escolar”. Así, “conforme crece el descontento se suma más gente”. Para Javier, “frente a un calor que con el cambio climático no va a cambiar y solo va a ir a más, lo inadmisible es que las instalaciones no ofrezcan una respuesta adecuada”.

“La idea de la plataforma surge de que en centros hay familias con experiencia de lucha y demanda en las condiciones climáticas de los centros. Esto ha ido confluyendo hacia una intervención en el pleno de abril de Usera donde tratamos de aunar esfuerzos para la mejora de los espacios en nuestro centro”, narra Sonsoles, madre de una niña de 8 años y otro de 6 en el República de Venezuela. “Nos hemos sumado a otras familias con el mismo diagnóstico y demandas. La plataforma, surgida en las últimas semanas, es prometedora. No es cosa de un colegio, de una familia, es la lucha de todos los centros de Madrid para que consigan las condiciones que merecen”. Califica de “desesperante” tener la sensación de que “tus hijos salen cocidos del colegio”.

Sangrados, cefaleas y miedo a que vuelvan a producirse golpes de calor

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales riesgos para la salud son la inflamación, disfunciones renales y potencialmente la muerte”, recuerda Javier. El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III ha atribuido un total de 1.180 fallecimientos a las olas de calor en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025. Esta cifra representa un aumento de más del 1.035% respecto al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 114 muertes. “El de la infancia es uno de los colectivos a los que más hay que proteger, sudan menos y son más vulnerables”, recalca. Dimas alerta de que en el alumnado del Lope de Vega se han producido “sangrados nasales y cefaleas habituales estas semanas” y avisa de que “no se puede jugar con que haya que llamar al 112”.

“Queremos que ese plan incluya medidas pasivas de adaptación, como la envolvente térmica con la que cubren edificios de bloques. Es lo más sostenible. También renaturalizar los parques, no pueden ser como los de los ochenta cuando el clima es otro. Una vez hecho eso, si no es suficiente, medidas activas como la aerotermia y otros sistemas de climatización”, cuenta Javier.

Cree que todo ello obedece a “criterios objetivos y transparentes, no pedimos nada que no pida cualquier otro actor como los sindicatos, arquitectos o el propio plan del Ayuntamiento de Madrid”. Dimas tampoco entiende que se autoricen campamentos de verano en recintos que no están preparados para el calor, como el propio Lope de Vega, al que seguirán acudiendo en los meses estivales “unos 80 escolares” frente a los 420 que asisten durante el período lectivo.

La Consejería presume de un aumento del presupuesto

“Un colegio como el nuestro requiere 2,5 millones de euros para adaptarse climáticamente. Después de reclamar nos dieron 300.000”, lamenta Javier. La Comunidad de Madrid destina este curso que acaba 17,8 millones de euros “a mejorar la climatización y reducir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región”, según explicó el Ejecutivo regional en una nota a mitad de mayo. “Esta cuantía supone un incremento del 33% respecto a los 13,3 millones invertidos el pasado año académico y permitirá desarrollar 106 actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico en las aulas madrileñas”.

“Si hay si unos 1.900 centros, hablamos de un 5% de intervenciones”, contextualiza Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Y eso en el mejor escenario (en el que se cuentan las 106 actuaciones a nivel de centro), porque la nota es ambigua en su redacción y habla tanto de las envolventes térmicas de los edificios o las cubiertas como de la compra de “unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten un descenso de entre 8 y 11 grados sobre la temperatura de la estancia”.

Estas últimas actuaciones solo tienen impacto a nivel de aula. En aquella nota la Comunidad adelantaba por dónde va su política para mitigar el calor: “Los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas y hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día. Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol”, proponía.

Zarzalejo destacó en su acto del martes que la Comunidad de Madrid ha instalado, con una inversión de 18 millones de euros, unidades enfriadoras en las instalaciones con suelo radiante y unidades adiabáticas de reducción de temperaturas para aquellos centros que carecían del recurso. “Estamos haciendo todo dentro de ese plan de inversión que tenemos en climatización estamos haciendo todo lo posible y yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto, pero no se puede pedir que tapemos el sol con un dedo”, zanjó la consejera.

La salud, la educación y el trabajo, derechos en juego

En paralelo, la vertiente laboral comienza a agitarse también desde sectores sindicales. La Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de constatar que numerosos centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid registran “temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje”. Para Comisiones se trata de “un problema estructural, no una anomalía puntual”. Recuerdan que Inspección de Trabajo ya emitió requerimientos a la Consejería de Educación por denuncias presentadas en 2018 y en 2022. Una nueva actuación de inspección, entre 2025 y 2026, volvió a exigir medidas a la Comunidad de Madrid. “Los centros educativos siguen registrando, pese a todo, temperaturas que incumplen los límites establecidos por la prevención de riesgos laborales”, lamentan.

Las mediciones, efectuadas por delegadas y delegados de prevención durante las primeras horas de la jornada escolar, alcanzan hasta 35 grados en algunos centros antes incluso de que lleguen las horas más cálidas del día. La cifra se da en el IES Juan de la Cierva de Arganzuela. La organización ha registrado mediciones que superan los 30 grados desde primera hora en centros de Madrid capital (IES Vista Alegre, CEIP Alhambra o Colegio Raimundo Lulio), Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo.

Javier rescata el artículo 111 de la Lomloe para poner sobre la mesa que no hay un efecto únicamente sobre el derecho a la salud, sino también contra el derecho a la educación: “Los centros deben adaptarse a las consecuencias del cambio climático o vulnerarán la legislación. Los profesores son los primeros que lo sufren”, concluye. Para Sonsoles, los cambios llegarán aunque el equipo de Ayuso escurra el bulto: “Tarde o temprano habrá medidas de calado porque se incumplen los derechos laborales. Además, es difícil que esto se apague en centros con fuerte tejido de familias que vamos a estar mínimo nueve años. Es tiempo suficiente para acumular indignación y movilización. Queremos acciones pensadas porque nuestros hijos van a pasar mucho tiempo y después vendrán otras familias. Conservamos esperanza en que las dos administraciones planteen algo realista, pero pensado y planificado. Despacito, pero lo lograremos”.

La Plataforma 'No al Cantón de Los Morales' y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto han anunciado que retomarán las movilizaciones contra la reactivación del proyecto de cantón de limpieza en la calle Los Morales, en el PAU de Carabanchel, para el que reclaman otra ubicación, tal y como “comprometió” el Gobierno municipal.

Los vecinos sostienen que en 2022, ya con José Luis Martínez-Almeida al frente como alcalde, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a que dicho cantón “no se construiría” en ese emplazamiento, en la calle de Los Morales, 27. Sin embargo, los colectivos vecinales afirman que, cuatro años después, aquella promesa parece haber quedado “en papel mojado”.

La semana pasada, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, explicó, en relación con este cantón, que el concejal presidente del distrito, Carlos Izquierdo, mantuvo una reunión informativa con los vecinos y que se trata de “una instalación de apenas 100 metros” que irá destinada a vestuarios para trabajadores. Un discurso similar al empleado por el consistorio en Montecarmelo, ahora paralizado por la justicia.

Durante el encuentro, según difunden las entidades vecinales en un comunicado, los vecinos trasladaron a Izquierdo su preocupación por las “continuas contradicciones” del Ayuntamiento respecto al proyecto. Así, mientras el consistorio insiste en que las instalaciones serán únicamente unos vestuarios, alertan de que “los propios planos del proyecto reflejan otros usos e infraestructuras que ni siquiera pudieron ser aclarados durante la reunión”.

“Los vecinos y vecinas consideran que el Ayuntamiento de Madrid está faltando a su palabra y actuando con una absoluta falta de transparencia y respeto hacia el barrio y sus asociaciones vecinales”, subrayan las asociaciones.

Ante esta situación, la Plataforma 'No al Cantón de Los Morales' y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto han anunciado que retomarán las movilizaciones “en defensa del entorno del barrio y para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento”.

Los escenarios para conciertos instalados con motivo de la festividad de San Isidro, patrón de Madrid, han vuelto a convertirse en una plataforma para reivindicar el derecho a la vivienda. La vocalista de la banda Triángulo de Amor Bizarro, Isa Cea, pronunció un breve discurso en Las Vistillas mientras se proyectaban a sus espaldas imágenes del desahucio ocurrido el pasado miércoles en Carabanchel —el barrio que acoge estas fiestas—. Durante su intervención, la cantante agradeció la labor del Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), que intentó frenar el desalojo desde primera hora de la mañana, así como a “toda la gente que no mira a otro lado y ayuda a las personas que lo están pasando mal”.

Durante la interpretación de la canción 'Mi Catedral', se sucedieron imágenes de manifestaciones, concentraciones y pancartas con lemas como “la vivienda en un derecho” o “desahucian Madrid”. También se proyectó el titular publicado a principios de esta semana sobre el desahucio en el barrio madrileño: “Una madre y sus dos hijos, desalojados de una antigua vivienda pública traspasada a un particular”.

A medida que avanzaban las imágenes, se escuchaban vítores entre el público, que terminaron desatando un cántico unánime: “¡Vivienda digna!”, corearon los asistentes.

El desahucio de una madre y sus hijos ocurrido el miércoles tuvo lugar, precisamente, junto al recinto ferial, apenas dos días antes del comienzo de San Isidro. Ana y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, fueron desalojados de una vivienda pública que pasó al mercado libre hace cinco años y que el actual propietario adquirió hace uno, cuando ellos ya residían allí.

“Lo que está pasando aquí pasa en todas partes y el turismo no lo arregla todo”, aseguró la vocalista al término de la canción.

No es el primer episodio de reivindicación por la vivienda en los escenarios de San Isidro. De hecho, el desalojo de Ana y sus hijos ha centrado buena parte de las denuncias y protestas a lo largo de la semana. El grupo VVV [Trippin' you] llevó el pasado martes el título de su tema 'Ya no tienes miedo' y aprovechó la visibilidad del momento para ceder un espacio al SVC. En un vídeo proyectado en la pantalla situada a su espalda, la organización en defensa de los derechos de los inquilinos alertó sobre ese mismo desahucio impulsado por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Se trata de un piso que la empresa pública dependiente del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vendió a un particular, en una operación que desde el Sindicato califican de “privatización de la vivienda pública”.

Dos días después, durante la actuación del grupo Camellos, el SVC desplegó una pancarta en el escenario en la que se leía: “Llenan la Pradera, desahucian Madrid”, en alusión al mismo caso.

El grupo VVV [Trippin' you] llevó este martes al escenario de San Isidro el título de su tema Ya no tienes miedo y aprovechó la exposición del momento para ceder un espacio al Sindicato de Vivienda de Carabanchel. En un vídeo emitido en la gran pantalla a su espalda, la organización en defensa de los derechos inquilinos alertó del desahucio que ha tenido lugar este miércoles en una antigua vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Un piso que la compañía dependiente del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vendió a un particular, en un acto que desde el Sindicato definen como “privatización de la vivienda pública”.

En el clip, acompañado de una pancarta con el mensaje “Llenan la Pradera, desahucian Madrid”, un miembro del Sindicato denuncia que “mientras se celebran las fiestas más importantes de Marid, a tan solo unos metros Ayuso quiere desalojar bloques enteros de vivienda pública para vendérsolos a inversores privados”.

“Este 13 de mayo quieren desahuciar a Ana y su hijo. No lo vamos a permitir. Sabemos que la vivienda pública que nos venden como solución no lo es en absoluto. También desahucia, tiene condiciones miserables y jamás será estable. Ayuso y Almeida están vendiendo Madrid a los especuladores mientras el Gobierno central se dedica a hacer la misma mierda”, exponen.

Así, “la única solución pasa por organizarnos como clase en los sindicatos como clase en los sindicatos de vivienda, poner el cuerpo en los desahucios y defender nuestras casas juntas para superar este modelo miserable de vivienda pública y lograr una vivienda universal, gratuita y de calidad”. Llaman además a acudir a la manifestación del próximo domingo 24 de mayo en Atocha.

La emisión de este mensaje fue recibida por el público con víteres, aplausos y algunas descalificaciones contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Entre la audiencia se desplegó otra pancarta que anima a la protesta del 24 de mayo, con la frase “la vivienda nos cuesta la vida”. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel había llenado previamente la Pradera y sus alrededores de pegatinas sobre el del desahucio, muy visibles en distintos rincones del entorno.

El desalojo de este miércoles en la calle Alto de San Isidro ha sido finalmente ejecutado, pese a la movilización y contestación del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. De nuevo, como en el caso del jubilado Mariano Ordaz la semana pasada, un enorme despliegue policial ha apoyado el desalojo.

Almeida no ha tardado en salir al paso de la acción para cuestionarla: “Respeto las manifestaciones culturales, en esta ciudad no hay censura. Pero una fiesta es una fiesta y una reivindicación política tiene que ser en el ámbito adecuado. Muchas personas no están de acuerdo y solo fueron a disfrutar de un concierto de San Isidro. Las opiniones políticas las tienen que dar en otros ámbitos”.

VVV [Trippin' you] se ha convertido en uno de los grupos de la escena electrónica más fulgurantes del momento. Formado en Móstoles en 2015, lo integran Adrián Bremner, Elinor Almenara y Salvador “Salvi” Urbaneja. Con esta acción siguen la estela de Biznaga, que en 2023 aprovechó el altavoz de San Isidro para reivindicar un Madrid que “no es de los buitres”.

Las celebraciones en honor al patrón madrileño regresan a la ciudad del 7 al 17 de mayo. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de la capital este lunes durante la presentación del programa de las fiestas de San Isidro 2026, que comenzarán este jueves con el pregón y se extenderán hasta el próximo domingo con multitud de propuestas para todos los públicos.

Celebraciones tradicionales, como la romería en la Pradera de San Isidro, y gastronomía típica, como la limonada y las rosquillas listas y tontas, convivirán durante casi dos semanas con una atractiva programación musical y de espectáculos que se reparte por toda la ciudad. En el programa de fiestas conviven la vanguardia musical y una mirada hacia el pasado, sonoridades nostálgicas, rock, pop, música electrónica, indie, mestizaje, propuestas urbanas, flamenco y ese toque castizo que caracteriza a los festejos patronales.

Pregón a cargo de Sonsoles Ónega

Las fiestas darán el pistoletazo de salida con el pregón de la periodista Sonsoles Ónega. Tendrá lugar el próximo 8 de mayo a las 20.00 horas en el balcón de la Casa la Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid.

La elección de la periodista supone un hito para el actual Gobierno municipal: será la primera mujer que pronunciará el pregón de San Isidro en los siete años de José Luis Martínez-Almeida como alcalde. Sus predecesores han sido Santiago Segura, Antonio Resines, Ramoncín, David Summers y Dani Carvajal.

Conciertos en Las Vistillas, Matadero o la Pradera

Con el pregón, darán comienzo casi dos semanas de celebración que se repartirán por distintos escenarios de la capital. Habrá propuestas en la Plaza Mayor, Las Vistillas, Matadero y, por supuesto, la pradera de San Isidro.

En 2025, pasaron por los distintos escenarios de la ciudad Locoplaya, Merche o Soleá Morente, entre otros nombres. A estos, les toman el relevo Los Chunguitos, Triángulo de Amor Bizarro y La Bien Querida, tres de las actuaciones principales de estas fiestas.

Los Chunguitos actuarán en la Pradera el 15 de mayo, día del patrón, a las 22.30 horas. No es la primera vez que el grupo de rumba se suma a la programación de San Isidro, de hecho ya lo han hecho en varias ocasiones, la más reciente en 2019. Los temas musicales más emblemáticos de Los Chunguitos sonaron en el escenario principal de la Pradera de San Isidro hace siete años. En aquel concierto no faltó ninguno de sus míticos temas como Carmen Carmen, Me quedo contigo o Dame veneno, tampoco lo harán en esta ocasión.

Triángulo de Amor Bizarro y La Bien Querida actuarán el sábado 16 de mayo en Las Vistillas y la Plaza Mayor, respectivamente. A estos, se suma una extensa programación musical con decenas de conciertos gratuitos con una importante presencia de grupos y artistas indie.

La Paloma, Las Dianas, Camellos, Amore o Vicente Calderón se cuelan en el cartel festivo. También habrá propuestas más comerciales como Demarco Flamenco, Las Ketchup, Fangoria o David Otero.

Tradición y propuestas familiares

La Pradera será un año más el escenario principal de las fiestas. Allí se darán cita tanto las actividades tradicionales y familiares, como los conciertos más relevantes del cartel. No faltarán altas dosis de chotis y folclore a diario.

Por ella desfilará la romería y, como es costumbre, los chulapos y chulapas beberán el “agua del santo” que brota en un manantial anexo a la Ermita de San Isidro. Esta tradición se mezcla con la de merendar rosquillas y limonada, inmortalizadas por Goya en sus cuadros. Además, del 6 al 15 de mayo se celebran las tradicionales ceremonias religiosas: la bendición del agua de la Fuente y consagración al santo, la misa en la Colegiata de San Isidro y la Eucaristía en la Capilla de la Cuadra de San Isidro.

Las fiestas finalizarán con el tradicional castillo de fuegos artificiales. El cielo de Madrid se iluminará a medianoche desde la pradera, culminando la semana festiva más importante del calendario madrileño.

Un cartel inspirado en la Pradera con una versión moderna del santo

El cartel de este año es obra de la artista italoespañola Laura Floris. Para ilustrar la esencia de las fiestas se ha inspirado en una verbena en la Pradera, retratando algunos de los elementos indispensables de estos festejos.

El puesto de rosquillas, con las tontas y las listas, y unos churros representan la parte más gastronómica de San Isidro en el cartel, junto a un homenaje a Félix Cañas, el barquillero más famoso de Madrid.

Los claveles, las flores por excelencia de los chulapos y las chulapas, se pueden encontrar por diferentes rincones de la ilustración. Adornan las cabelleras de los personajes femeninos y los chalecos, denominados gabrieles, de algunos hombres. También en un pequeño puesto, junto a un gato negro, representando el casticismo madrileño más puro.

Escondido detrás de la pareja de chulapos que protagoniza el cartel, se encuentra una versión moderna del patrón madrileño: San Isidro. Con gorra, chaleco y rosario colgando del pantalón, la ilustradora ha decidido respresentar al santo en su versión más contemporánea.

La Ermita del Santo, el organillo, los conciertos en el escenario de la Pradera o el chotis terminan de enmarcar la ilustración que representa las Fiestas de San Isidro 2026 en Madrid.

En la Comunidad de Madrid, este último curso no está siendo como los demás. Septiembre arrancó con medio centenar de colegios impartiendo clases de Secundaria, después de que un año antes Isabel Díaz Ayuso anunciara su intención de incorporar Primero y Segundo de la ESO en algunos centros que, hasta entonces, solo incluían Primaria. Ahora pasan a convertirse en CEIPSO, que son escuelas públicas autorizadas a ofertar distintas etapas educativas, desde Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria, dentro de un mismo recinto. El plan de la Consejería de Educación era que los 52 colegios que se presentaron voluntarios integraran, ya desde este curso, las asignaturas de Primero; y añadir las de Segundo en el curso 2026/2027. Sin embargo, este giro a alta velocidad ha generado polémica y más de un dolor de cabeza.

“No veo más que improvisación”, sentencia Inés, madre de un alumno de Sexto en el República del Uruguay, uno de los colegios públicos que ha aceptado incorporar 1º de la ESO a partir del curso próximo. Aunque tenían la opción de matricularse el primer año de Secundaria en su mismo centro, decidieron trasladarse a otro que cubriera los cuatro años completos. “Claro, teníamos miedo de que, una vez inscrito aquí, fuera más difícil cambiar luego de instituto para completar la formación”, confiesa. Así que al final, su marido y ella optaron por matricular al hijo de ambos en el IES Renacimiento, a cinco minutos de casa y al que está adscrito su colegio actual.

Pero no será fácil: la familia denuncia que el instituto ha reducido plazas considerablemente para ese curso, y eso hace que ahora mismo haya más solicitantes que huecos libres. “La Dirección nos comunicó que el año que viene se eliminarán dos líneas [grupos de un mismo año] en 1º de la ESO. Dejarán solamente cuatro, en lugar de seis”, señala la vecina, que apunta a un total de 115 solicitudes presentadas para un total de 48 plazas públicas, que son las que se ofertarán en 2026/2027.

Solo la mitad de los interesados podrá estudiar en ese instituto, aunque también hay plazas reservadas para repetidores o el alumnado con necesidades específicas. El resto deberá buscar otra opción. Las listas definitivas con los admitidos en todos los institutos de Madrid, incluyendo el IES Renacimiento, se harán públicas el 27 de mayo, dentro de un mes. Si esta familia no consigue una plaza en este centro, a cinco minutos andando de su casa, el trayecto hasta el siguiente centro de Secundaria puede durar unos 30 minutos a pie, según calculan. Y luego están los lazos que se pierden.

Un cuello de botella en el acceso a determinados institutos

“Mi hijo tendría que separarse de su grupo de amigos y creo que es importante tener compañeros de confianza cuando aterrizas en el instituto, para que te acompañen en ese tránsito”, lamenta Inés, que comparte esta preocupación con otras familias de este y más colegios expuestos a un cambio drástico. A fecha de publicarse este artículo, la dirección del IES Renacimiento ha preferido no responder a las preguntas de este periódico.

La medida estrella de los CEIPSO se propuso desde la Consejería de Educación cuando esta aún la integraban los Pocholos, un grupo de jóvenes cercanos a Emilio Viciana –el consejero destituido en febrero– que terminaron como asesores y diputados del PP en la Asamblea. Con el caso de las dos líneas eliminadas en el instituto de Latina, la lógica de la Consejería de Educación es compensar las que desaparecen en el IES con las que se abren para ese curso en el colegio donde estudia el hijo de Inés, según trasladan las familias. Pero la realidad no está encajando con el cálculo.

La demanda del IES Renacimiento no ha bajado y los centros adscritos, como el propio República del Uruguay o el CEIP Lope de Vega, siguen derivando al alumnado. El resultado es un cuello de botella en el acceso a Secundaria pública en el barrio. Por su parte, la Comunidad de Madrid justifica los nuevos CEIPSO como una medida para “proteger a la preadolescencia” y mantener al alumnado más tiempo en entornos conocidos, mejorar la convivencia escolar o facilitar la conciliación familiar, pues incluye comedor y clases durante la tarde en perjuicio (eso sí) del profesorado que antes solo acudía a institutos al uso.

Mientras que los maestros en este primer grupo de centros permanecen durante la comida y continúan en las primeras horas de la tarde, favoreciendo la conciliación de familias con hijos pequeños, lo habitual en centros de Secundaria son las jornadas intensivas, más ventajosas para los docentes a la hora de acabar antes su labor. Pero, más allá de esta disputa entre los intereses de las familias y el de los docentes, la situación pone en entredicho uno de los argumentos centrales del Gobierno regional: la libertad de elección de centro. Sobre el papel, las familias pueden elegir. En la práctica, denuncian, la falta de plazas convierte esa elección en algo condicionado. “Se supone que lo que se vende es que hay libre elección”, explica esta madre, “pero si pides un instituto que no está adscrito te arriesgas a quedarte sin plaza”.

Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?

Inés — Vecina de Latina y madre de un alumno de Sexto de Primaria

El modelo de los CEIPSO —que busca mantener a los alumnos en el mismo centro hasta los 14 años— tampoco convence a todas las familias. Algunas valoran positivamente evitar el salto temprano al instituto, pero otras ven improvisación en su puesta en marcha. “Todo esto se basa en que hay familias que piensan que a los 12 años los niños son demasiado pequeños para ir al instituto. Yo creo que no”, señala Inés. “Si se hace bien, me da igual el modelo, pero el problema es que veo improvisación”. Las dudas coinciden con las críticas que ya han lanzado directores de institutos públicos en Madrid, que han pedido a la Comunidad que reconsidere el traslado de Primero y Segundo de la ESO a los colegios al considerar que “carece de fundamento” pedagógico y organizativo, además de tensionar la red existente.

Más de 49 nuevos colegios serán CEIPSO el curso que viene

De todos los colegios que aceptaron integrar Primero y Segundo desde septiembre –aquí el listado oficial– hay 19 que forman parte de la Dirección de Área Territorial de Centro. La mayoría, en distritos como Hortaleza, Fuencarral-el Pardo o Vicálvaro, donde crece la población en edad de escolarización. El acrónimo DAT hace referencia servicio regional que organiza los centros públicos. En este sentido, otras 17 escuelas del catálogo que incluye Secundaria en 2025-2026 forman parte de la DAT sur; siete de la este; seis de la norte y por último, tres de la zona oeste. En todos estos hay más de un centenar de cursos de Sexto de Primaria, con su alumnado como conejillo de indias.

En marzo de este mismo año, la presidenta regional avanzó que el curso que viene esta cifra se duplicaría: otros 49 centros se sumarán a los 52 que ya adoptaron este año el cambio a CEIPSO, superando en centenar de colegios adscritos en toda la región. Además del República del Uruguay, en el barrio de Los Carmenes, otros 17 centros de Infantil y Primaria dentro de la capital pasarán a impartir la ESO en 2026/2027. También se incluyen escuelas de otras áreas, como el CEIP El Olivar de Rivas Vaciamadrid o el Ernest Hemingway de Alcalá de Henares al este, el colegio CEIP Laura García Noblejas (Villaviciosa de Odón) y el San José de Calasanz (Aranjuez) en la zona sur, o el CEIP Príncipe de Asturias (Navacerrada) y el CEIP Ciudad de Columbia (Tres Cantos) al oeste y norte, respectivamente.

Mientras tanto, las familias afectadas esperan al 27 de mayo, cuando se publiquen las listas definitivas de adjudicación de plazas. Hasta entonces, intentan presionar para revertir una decisión que consideran errónea. “Se ha desbordado la demanda y, desde mi punto de vista, no tenemos una respuesta clara de cómo va a funcionar todo”, advierte esta madre. “Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?”, se cuestiona Inés, que pide reabrir los grupos clausurados del IES Renacimiento. Tal y como lo ve, la realidad de un sistema que “presume de su libertad de elección” comienza a parecerse más a un encaje de bollillos: “El mensaje que recibo es que no hay sitio para todos”.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trató de deshacerse de dos paquetes de cocaína circulando a gran velocidad con un patinete eléctrico en Carabanchel, mientras era perseguido por una patrulla de agentes. Ocurrió el pasado 10 de abril en este distrito de Madrid, y ahora le acusan de un posible delito contra la salud pública.

Ese día, varios policías del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se percataron de que un hombre circulaba a velocidad excesiva con su patinete y ponía en peligro al resto de usuarios de la vía. En un comunicado emitido por el cuerpo se explica que este hombre también ignoró las indicaciones previas que emitieron las autoridades.

En ese momento la Policía inició una persecución, momento en el que el sospechoso se deshizo de dos paquetes arrojándolos a la vía e intentó acceder a un domicilio. Sin embargo, los agentes lograron interceptarle antes, y también consiguieron recuperar los dos paquetes, los cuales se comprobó que eran dos kilos de cocaína.

Durante el cacheo del sospechoso se le incautaron más de mil euros en efectivo y, posteriormente, durante el registro de su vivienda y dos trasteros se encontraron útiles para la preparación y venta de sustancias estupefacientes. Por estos hechos, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Las bibliotecas fantasma en el subsuelo de la capital podrían volver a la vida. Al menos, algunas de ellas. Fuentes de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, impulsora del proyecto Bibliometro, aclaran en declaraciones a este periódico que “en el nuevo convenio se incluirán los módulos instalados en las estaciones de Metro de Carabanchel Alto, Chamartín, Mar de Cristal, Sierra de Guadalupe, Nuevos Ministerios, Puerta del Sur, Embajadores, Moncloa y Legazpi”.

Esto supone recuperar cuatro de los seis Bibliometros previamente administrados por el Consistorio y cerrados desde el pasado verano: Nuevos Ministerios, Embajadores, Moncloa y Legazpi. Desde la Consejería justifican a Somos Madrid la apuesta por estas paradas ya que “son las estaciones con más tránsito y en las que se efectuaban más préstamos”. Los de Canal y Aluche permanecerán fuera de servicio, sin que el departamento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aclare de momento qué ocurrirá con las infraestructuras. Por ejemplo, si se desmontarán para dejar más espacio libre en los vestíbulos.

Mención aparte merece Puerta de Arganda, cuyo Bibliometro ha permanecido operativo al ser de gestión autonómica, pero que ahora podría enfrentarse a su retirada del servicio. En la Consejería de Cultura lo dejan fuera del nuevo convenio en sus declaraciones a este medio, aunque apostillan que “hasta que esté listo se va a renovar el contrato”. Fuentes de la plantilla consultadas por este diario ya apuntaban la posibilidad de su futura clausura al ser el puesto “con menos demanda” de todos los desplegados hasta el momento, al tiempo que alertaban de la inquietud entre el personal ya que el convenio actual de los Bibliometros gestionados por el Gobierno regional caduca ese 30 de abril.

De la externalización al abandono

Instalados en 2005, los Bibliometros son pequeños recintos en los vestíbulos de doce estaciones de la red, cada uno con alrededor de 1.700 títulos. Un importante porcentaje de ellos son novedades, principal aliciente respecto al servicio tradicional de préstamos que lo ha convertido en un servicio muy valorado por viajeros habituales u ocasionales.

Sin embargo, el pasado julio cerraron sorpresivamente seis de los doce módulos, los gestionados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Así lo acreditan personal de Bibliometro, la propia Consejería de Cultura autonómica o diversas publicaciones oficiales, aunque el área homóloga del Ejecutivo municipal sostiene que “depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”.

Una empleada contaba a este diario que “el Ayuntamiento lleva años desentendiéndose”: “Pasaron de los seis puestos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados. Ya antes, no venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamentaba para ilustrar esa dejadez. Cree que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones.

Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abonaba a su plantilla justamente el salario mínimo. Lo recoge una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Inquietud en una plantilla con condiciones precarias

Apunta la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Además, “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”. De este modo, aunque los seis Bibliometros de control autonómico también tienen una gestión externalizada, en ese caso no ha tenido unos resultados tan negativos (derivando incluso en el fin del servicio).

La trabajadora contaba a Somos Madrid la inquietud que estaba generando en la plantilla la proximidad del vencimiento de convenio sin que conocieran ninguna novedad. Si la Comunidad de Madrid no readjudica el contrato o asume la gestión, los puestos operativos se verían abocados al cierre y el equipo humano (“en torno a una decena de personas”) al despido.

De momento, parece que no será así y los Bibliometros seguirán operando de lunes a viernes entre las 13.00 y las 20.00. Lo harán con algunos módulos recuperados, pero sin regresar eso sí a los 20 años en los que han funcionado con doce puntos repartidos por una red subterránea cada vez mayor. El número de estaciones o de viajeros no deja de crecer, pero este servicio debe contentarse de momento con resistir.

La línea 6 de Metro de Madrid ha sufrido un prolongado corte en la mañana de este viernes entre las estaciones de Laguna y Oporto, pasando por Carpetana. La clausura parcial ha comenzado con el inicio del servicio este viernes y durante casi dos horas ha afectado además a Opañel y Plaza Elíptica. En las otras tres paradas, la normalidad no ha vuelto hasta casi las 11.00.

Dicha suspensión en la circulación se ha debido a una “incidencia en las instalaciones por un tiempo estimado en más de dos horas”, según ha informado la cuenta del suburbano en redes sociales. Fuentes internas detallan a Somos Madrid que “en una revisión nocturna de las instalaciones con motivo de las lluvias de las últimas semanas se ha tomado la decisión de cortar el servicio en este tramo, para proceder a reforzar el falso techo de un pequeño espacio del andén de la estación de Carpetana”. Sostienen en Metro que el objetivo es “evitar cualquier problema que pueda luego afectar a la catenaria.

Metro de Madrid ha establecido un servicio especial de autobús sustitutivo entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica al continuar interrumpida la circulación. Ha durado “mientras duren los trabajos, ahora mismo la previsión es de más de dos horas”, apuntan desde la red, al tiempo que recalcan que “se ha reforzado la línea 55 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que cubre la zona afectada por la suspensión”.

En las estaciones que han estado clausuradas, como Oporto, varios agentes de Metro están bloqueando la entrada y el personal indica a los viajeros donde tomar el servicio alternativo o posibles alternativas de transporte con las que cubrir sus itinerarios. Los buses sustituvos han circulado cargados de pasajeros y empiezan a acumularse personas esperando en las paradas.

Esta misma semana, Metro anunciaba que extenderá hasta finales de año los trabajos que se acometen en horario nocturno para la renovación de la superestructura de vía en la línea 6 de Metro de Madrid. Será concretamente en el tramo entre las estaciones de Laguna y Avenida de América pasando por Méndez Álvaro, el arco sureste (que incluye la zona afectada por este cierre), dentro de las obras para la puesta en marcha de su automatización en 2027. Así, el servicio en este sector seguirá acabando poco después de las 23.00 de domingo a jueves al menos hasta noviembre, cuando la finalización estaba prevista para mayo.

La automatización de la línea provocó el corte del servicio en la circular el pasado año, repartido en dos periódos que afectaron cada uno a la mitad de su trazado. Actualmente, las nuevas puertas de andén se están colocando ya en alguna de sus estaciones, como Legazpi, Arganzuela-Planetario o Ciudad Universitaria.

Es una de las noticias del año en Carabanchel: la gran remodelación en la plaza de Oporto llevaba años pidiéndose a gritos. Con una inversión inicial estimada en 5,3 millones de euros, este espacio entre la glorieta del Valle del Oro y el cruce de General Ricardos con la calle de la Oca pasará del batiburrillo urbano actual a convertirse en el nuevo nodo cívico y cultural del barrio. El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde definitiva al proyecto después de una Junta de Gobierno celebrada, precisamente, en la sede municipal del distrito.

Las obras comenzarán este mismo año y se prolongarán, al menos, hasta la segunda mitad de 2027. La idea es transformar este centro de la intersección en un punto de referencia para el ocio y la actividad cultural, con vistas a que en el futuro también pueda albergar “grandes eventos” en su seno. Es lo que remarcaba el propio concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, desde la Junta Municipal del Distrito. Lo acompañaban el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su número dos, Inmaculada Sanz, nada más concluir la última reunión del equipo municipal, en la que se selló una reforma estructural que pretende, entre otras cosas, poner coto a las quejas por las dificultades para la movilidad a pie entre isletas, cruces o tráfico rodado.

Para ello se ampliará la superficie peatonal con 1.443 metros cuadrados y se plantarán alrededor de 110 árboles y 3.200 arbustos en su entorno, modificando el paisaje actual. La ambiciosa intervención no surge de la nada. Esta plaza en el barrio de Oporto lleva tiempo en el foco del vecindario y ha acumulado críticas de todo tipo, ya sea por su degradación progresiva o la suciedad de la zona, donde no es inusual encontrar a gente bebiendo cerveza y latas o residuos esparcidos por el suelo.

Los botellones recurrentes, la acumulación de basura en determinados puntos o la aparición de ratas en verano por el abandono de dos edificios próximos (el antiguo centro Magerit y el palacete de General Ricardos) volvieron a remover tierra en los últimos meses. Los usuarios de la plaza han pedido en diversas ocasiones incorporar más zonas verdes o de ocio infantil, que finalmente se proyectarán de cara al próximo año. En ese contexto, el Ayuntamiento defiende que la inversión —que se moverá entre los 2,5 y los 5,3 millones de euros, en un principio— también tiene un objetivo claro de seguridad. O al menos, de modificar su percepción.

Aumentar la sensación de seguridad y abrir paso al peatón

El proyecto plantea eliminar “focos inseguros” mediante la reordenación del espacio urbano y la instalación de cámaras de videovigilancia. Al ser un punto especialmente transitado en el sur de Madrid, la idea del distrito es “mejorar la percepción de la seguridad ciudadana” y atraer así a nuevos visitantes. La remodelación se articula en torno a varias líneas estratégicas. En primer lugar, según lo anunciado, está recuperar el espacio público a costa de quitar protagonismo al asfalto o el tráfico rodado y aumentar las superficies peatonales, simplificar cruces o eliminar algunas de las isletas que hoy dividen la plaza.

El punto de partida será concentrar los flujos de circulación en ejes más claros y eficientes para, después, dar paso a un nuevo rol cultural de la plaza y acoger eventos o espectáculos. De hecho, hace menos de un año, la plaza de Oporto quedó en el centro de la polémica cuando el Ayuntamiento de Almeida decidió denegar el permiso para celebrar un festival multicultural en Carabanchel. En aquel caso se alegaron posibles problemas de desorden público y un exceso de ruido derivado de esos actos, aunque los organizadores —a los que se informó días antes de la celebración— denunciaron motivos “burdos y racistas”.

Queda ver de qué manera se blindará ahorala plaza para que estos inconvenientes no interfieran con la celebración de eventos en el futuro de este espacio público. Más allá de aquel choque político y los usos culturales previstos con la obra, la remodelación tratará principalmente de consolidar un “punto de encuentro vecinal” en lo que hoy es un espacio en degradación. La reorganización de los itinerarios peatonales eliminará barreras y permitirá atravesarlo de forma más directa, mientras que se instalarán nuevas estancias para el uso cotidiano.

También se actuará sobre la accesibilidad, el alumbrado y el mobiliario urbano, con criterios de eficiencia energética y adaptación a distintos perfiles de usuario. La idea, al menos sobre el papel, es pasar de un espacio hostil y fragmentado a uno continuo, habitable y con identidad propia dentro del distrito después de años de deterioro. La apuesta por reinventar la plaza de Oporto servirá, entre otros objetivos, para confirmar si el Ayuntamiento es capaz de revertir esa imagen de abandono que pesa sobre la plaza y reconciliarla con sus vecinos.

Gloria, vecina de la calle Bravo Murillo de Madrid, acudía habitualmente al puesto de Bibliometro de la estación de Canal. Situada a tiro de piedra de su casa, era un punto de paso en cualquier desplazamiento por la ciudad. No tenía ni que desviarse para entregar o tomar prestado alguno de los 1.700 títulos de cada módulo con los que cultivar su afición a la lectura. Especialmente novedades recientes, una de las principales bazas de este servicio subterráneo frente a las bibliotecas tradicionales. Pero, desde hace meses, a Gloria le toca recorrer unos cuantos kilómetros para beneficiarse de esta posibilidad.

El de Canal es uno de los seis puestos de Bibliometro clausurados desde el pasado julio. Todavía permanece en su vestíbulo, como pasa en Legazpi, Nuevos Ministerios, Aluche, Embajadores y Moncloa. Pero todos ellos están fuera de servicio, completamente vacíos de fondos y sin personal. Pequeñas bibliotecas fantasmas bajo el suelo de Madrid. En la de Legazpi, donde todavía pueden verse sus entrañas desangeladas sin un solo libro en los estantes, varios carteles indican desde hace meses que la actividad iba a cesar “temporalmente” a partir del pasado 18 de julio. En la de Nuevos Ministerios, con una cobertura opaca que impide observar su interior actual, fue desde el día 20 del mismo mes.

Por contra, el servicio continúa en la otra mitad de puntos: Puerta de Arganda, Carabanchel Alto, Puerta del Sur, Chamartín, Mar de Cristal y Sierra de Guadalupe. El motivo de esta extraña dicotomía, según confirman fuentes de Bibliometro a Somos Madrid, está en la gestión compartida entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Así, los puestos con la persiana echada operaban bajo el paraguas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Además de esas fuentes, que prefieren preservar su anonimato, lo afirman desde la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina al atender una consulta ciudadana en el portal de atención a dudas sobre bibliotecas del Ministerio de Cultura: “Nos informan que, por un motivo de cambio en la gestión de los Bibliometros, algunos de ellos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Eran dependientes del Ayuntamiento de Madrid”.

El propio Consistorio hizo gala de la participación conjunta en el proyecto en sus primeros compases. Dos años después de su aterrizaje en 2005, una nota de prensa desgranaba la inversión municipal: 508.497 euros solo hasta 2007, por 1,2 millones de aportación autonómica. El escrito recalca también la “titularidad” del Ayuntamiento sobre las seis estaciones citadas. La publicación adelantaba asimismo la creación del Consorcio de Bibliotecas Públicas de Madrid entre el Gobierno de la ciudad y el de la región, algo que nunca llegó a tomar forma.

Desde el área de Cultura del Ejecutivo municipal sostienen pese a todos estos elementos que “Bibliometro depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”. Argumentan en respuesta a las preguntas de este diario que “el Ayuntamiento colaboró a través de esos puestos [los cerrados] hasta mayo del año pasado, cuando dimos a conocer Tu biblioteca a un clic, un programa con el que se ofrecen libros a los viajeros de autobús, tras haberlo hecho con los de Metro”.

Las explicaciones del área que dirige Marta Rivera de la Cruz tampoco se ajustan con la exposición de los hechos por parte de la trabajadora que atiende a este medio desde el anonimato: “Los seis módulos cerrados los lleva el Ayuntamiento, que lleva años desentendiéndose. Pasaron de ellos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados”.

Esta empleada incide en que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones. Un modelo aplicado tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento que, en este caso, ha mostrado antes su tendencia a degradar el servicio en los módulos de gestión municipal.

“No venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamenta la trabajadora para ilustrar esa dejadez. Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abona a su plantilla justamente el salario mínimo. Da cuenta de ello una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Señala la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Apunta asimismo que “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”.

Betansa se hizo de esta manera con la administración de seis Bibliometros en 2022, un contrato de dos años prorrogable por otro más. Cuando llegó 2025, el equipo de Almeida optó por no sacar la licitación de nuevo a concurso, de ahí que las instalaciones sean ahora poco más que elementos que entorpecen el desplazamiento por seis transitados vestíbulos de Metro de Madrid.

En cuanto a los módulos que dependen del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fuentes consultadas por este periódico avanzan que la adjudicación a Normadat vencerá inminentemente. Se trata en su caso de una adjudicación de dos años (con una financiación de 904.000 euros) renovables por otros dos, que se efectuó también en 2022. Por ello, deberán proceder de manera inminente a encontrar un nuevo adjudicatario o repetir con Normadat. De lo contrario, los puestos todavía operativos podrían correr la misma suerte que los dependientes de Cibeles.

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este medio apuntan hacia una renovación del servicio y a la recuperación de varios módulos clausurados, al tiempo que confirman las competencias previas del equipo de Almeida: “Ante la decisión del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid inicia las conversaciones con Metro para hacerse cargo de algunos de los Bibliometros de gestión municipal”.

Pese a ello, la trabajadora que explica la situación del servicio lamenta que haya llegado a sobrevolar la sombra del desmantelamiento. No solo por sus efectos personales y profesionales, sino por el valor diferencial que los Bibliometros ofrecen a los vecinos y vecinas de Madrid: “Recibimos cuatro ejemplares de cada novela que sale como gran novedad. A cada biblioteca tradicional suele ir uno y encima los pueden reservar, así que casi no llegan a la estantería. Aquí eso no suele pasar”. Lanzamientos recientes de Arturo Pérez Reverte, Isabel Allende, Carme Chaparro o Fernando Aramburu pueden encontrarse con facilidad en sus estanterías. Esas mismas que permanecen vacías en Legazpi o invisibles en Nuevos Ministerios.

La coyuntura que afecta a los Bibliometros se une a la degradación en la otra gran apuesta literaria de la red, las Metrotecas. En ese caso se trata de pequeños cajetines situados en los andenes, donde los viajeros pueden tomar algún ejemplar al tiempo que dejan otro. Sin embargo, el comportamiento de algunos usuarios que no han seguido esta política de reposición y la falta de inversión para renovar el catálogo original de 1.400 fondos han derivado en que la mayoría de los estantes hayan quedado vacíos a lo largo de las 16 estaciones en las que se disponen.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

La inauguración de Madrid Río en 2011 transformó un entorno hasta entonces hostil, la circunvalación de la M-30 que acabó soterrada, en un parque urbano con más de 120 hectáreas. La frontera de asfalto y vehículos que separaba el distrito de Arganzuela de los de Usera, Latina y Carabanchel se convirtió en una gran zona verde con espacios para el ocio, los juegos infantiles y el esparcimiento. Peatones y ciclistas, a los que en los últimos años se han sumado numerosos viajeros en patinete eléctrico, ocuparon el territorio que hasta ese momento pertenecía a los coches. Sin embargo, en esta pequeña utopía urbana no reina la armonía.

“Algunos se creen que están en el Tour de Francia”, opina Eduardo en referencia a las quejas de muchos vecinos y viandantes sobre la usurpación del espacio y los riesgos para la seguridad por el uso de patinetes o bicis. Y eso que él mismo está montado en una, como también sus dos hijos pequeños, cuando atiende a Somos Arganzuela. Desde su punto de vista, “el 90% de los ciclistas no respetan las indicaciones ni los límites de velocidad”, lo cual resulta “bastante peligroso”.

Apenas una hora de paseo basta para ver al menos una decena de ciclistas enfundados en chalecos de equipos como Sky o Movistar, adoptando la postura clásica del sprint y recorriendo el camino principal mientras superan ampliamente los 10 kilómetros por hora de limitación. Los carteles y las señales en el asfalto que informan de la prioridad peatonal están lejos de cumplirse a rajatabla.

Eduardo vive en la avenida del Manzanares, a su paso por el barrio de Comillas en Carabanchel, así que Madrid Río es un punto de referencia para su vida familiar. Pero el cruce por el que accede al parque se ha convertido en “un peligro” cuando bicis y patinetes lo atraviesan a una velocidad más alta de la permitida. “Sé que ya se han producido algunos choques”, lamenta.

“Hay un carril en el paseo de las Yeserías. Lo que tienen que hacer es reducir la velocidad y si quieren ir más rápido usar ese carril”, argumenta tajante Eduardo. Propone como solución que el Ayuntamiento de Madrid “aumente la vigilancia y las sanciones con alguna patrulla que controle de verdad la velocidad y el respeto de las normas”.

O al menos que las implante, porque fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida confirman a este periódico que en estos momentos no hay efectivos municipales dedicados al control y castigo de estas irregularidades de ciclistas: “No tenemos personal en Madrid Río que tenga la función de poner multas” por esta cuestión, admiten, aunque recalcan la existencia de “señalética al respecto”.

El punto crítico que señalaba Eduardo está situado además junto a una de las muchas zonas infantiles del parque, ubicadas en los márgenes, pero sin demasiada separación con la senda ciclable. De hecho, los pequeños pueden pasar en cualquier momento a la vía principal. De ahí la preocupación de Erika, que pasea a la altura de la calle Antonio López el carrito de su hija, a la cual “casi atropellan hace poco”.

“¡Pufff!”, suelta Erika al ser inquirida sobre la cuestión ciclista. Lo que le extraña, dice, es que “todavía no haya ocurrido una desgracia”. Opina que “el 99% de los ciclistas van en modo carrera” y propone aumentar el número de carriles bici, ya que “no miran la señalización y el tema de aumentar la vigilancia o las multas puede ser más complicado”.

También con un carrito a su lado, José Carlos se sienta en un banco a la vereda del parque para cuidar de su nieto. Vecino de Usera, se confiesa “muy preocupado por el tema”. Distingue dos tipos de ciclistas: los que simplemente atraviesan el parque o pasean en él y, por otro lado, quienes “vienen a machacarse”. Cree que este último grupo representa “la inmensa mayoría”.

En su opinión, la solución no pasa tanto por carriles específicos como por un refuerzo de los controles: “El ciclista utiliza el sitio por donde más corto le resulte y que quiera tomar, por mucho carril que haya. Lo que hay que hacer es concienciar sobre la responsabilidad que tienen o imponerla”. Anima por ello al Consistorio a aumentar la señalización: “Debería haber un cartel cada 200 metros”. También a colocar bandas sonoras que obliguen a regular y disminuir la velocidad, como ocurre con el tráfico rodado de vehículos.

José Carlos saca a la palestra una problemática añadida: la de los patinetes eléctricos. Aboga por que sus usuarios, y también los ciclistas, estén obligados a contratar “un seguro de responsabilidad civil” ante posibles incidentes. “Eso podría servir para dar solución si hay incidencias y les haría preocuparse un poco más del peligro de que pase algo”, expone.

El tema está tan presente que protagoniza charlas espontáneas por la zona, como la de Andrés y María. Esta pareja no vivie cerca del río, pero acuden ocasionalmente para disfrutar de uno de los pulmones de la ciudad. “Los fines de semanas es horroroso. Entre las bicis y los patinetes no tienes donde meterte”, protesta ella. Alertan del peligro “para niños y mayores”. Andrés rescata las batallas ciclistas contra la invasión de vehículos a motor y asegura que “en este caso son ellos los coches”. No en vano, una de las últimas incorporaciones al particular ecosistema de Madrid Río han sido las bicicletas motorizadas, cuyo zumbido con reminiscencias a las avispas está tan presente en el paisaje sonoro como las conservaciones casuales o el piar de los pájaros.

El grueso de los ciclistas consultados (solo entre aquellos que pueden detenerse a hablar por no recorrer el parque cual cohete de Elon Musk) prefieren no meterse en polémicas y defienden su respeto a la normativa, al tiempo que admiten la irresponsabilidad de algunas personas. “Lo que yo no diría es que el 90 o el 99% se saltan la ley a la torera. El problema es que quien no la respeta llama mucho la atención”, opina Manuel, que toma un refresco en un bar de Madrid Río a la altura de Puerta del Ángel después de una tarde dedicada a darlo todo sobre las dos ruedas.

A Marcos, usuario de Bicimad y vecino de Carabanchel, le toca responder a estas críticas siendo un neófito: “Me he sumado a esto de la bici hace dos semanas”. Su respuesta comienza con una pregunta que apunta hacia quienes, considera, son la verdadera amenaza para los viandantes: “¿Vais a tocar el tema patinete eléctrico?”. Alerta de “chavales que van de dos en dos y te invaden todo el espacio”. En cuanto a esa tribu ciclista a la que acaba de adscribirse, reconoce que “alguna vez ha caído el típico cruce de miradas con el peatón para ver por dónde va cada uno, pero por suerte la cosa nunca ha pasado a mayores”.

En cuanto a los usuarios de patinetes eléctricos, sus jóvenes y veloces usuarios no se prestan a ofrecer declaraciones con las que zafarse de los reproches. Si evitan los choques con la misma agilidad con la que esquivan las preguntas, la seguridad en Madrid Río está más que garantizada.

Los tres bandos dibujan así una velada batalla en una de las grandes arcadias madrileñas. Un entorno que ya quisieran para sí muchos barrios de la ciudad, pero también una utopía imperfecta por la dificultad de congeniar intereses que se cruzan (nunca mejor dicho). Lo resume María cuando habla de los límites de velocidad que, a su juicio, muchos ciclistas no respetan: “Regulado está, pero por desgracia esto no es el mundo feliz”.

Uno de los proyectos más ambiciosos de la historia reciente de Metro de Madrid, la ampliación en diagonal de la línea 11, se adentraba el pasado jueves en una nueva fase. Los trabajos de perforación de la tuneladora, bautizada como Mayrit, arrancaban en la futura estación de Comillas, en el distrito de Carabanchel. Durante los próximos meses, la máquina habilitará la comunicación entre dicho punto hasta Conde de Casal (donde la 11 enlazará con la 6). Pasará también por Madrid Río (estación de nueva creación en el interior del parque urbabo), Palos de la Frontera (trasbordo con la 3) y Atocha (con la 1).

La obra subterránea implicará inconvenientes y molestias en superficie, pese a que el método tuneladora las reduce y agiliza los plazos, al tiempo que aumenta la seguridad. Opera mediante una cabeza giratoria, excavando y reforzando simultáneamente con anillos de hormigón. La terminación de la construcción o la ampliación de estaciones se rematará asimismo cuando Mayrit ejecute el paso del túnel por ellas. Teniendo en cuenta las quejas vecinales que la primera parte de la intervención generó en muchos barrios afectados, conocer cuándo les repercutirá esta nueva fase puede ser de mucho interés. En Somos Madrid lo estimamos a través de los datos proporcionados por la Consejería de Transportes.

Según detalla el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso, la tuneladora avanzará a “un ritmo medio de 15 metros diarios” y “unos 500 al mes” (aunque al multiplicar los citados 15 metros por 30 días el resultado es 450). El trazado de Comillas a Conde de Casal ronda los 5,2 kilómetros, por lo que tomando el dato del avance diario, se completaría en alrededor de un año.

Así, en marzo o abril de 2027 el túnel de este tramo de ampliación quedaría dispuesto a nivel subterráneo. Conviene apuntar que el comienzo de la ampliación, de Plaza Elíptica (línea 6) a Comillas, se ejecuta con el método tradicional de Madrid. Esos 680 metros se excavan manualmente o con maquinaria ligera, avanzando por secciones (bóveda, destroza y contrabóveda) y apuntalando con cerchas metálicas. El resto será tarea de la tuneladora, que desarrollará sus labores en tres distritos (Carabanchel, Arganzuela y Retiro) y seis barrios (Comillas, Acacias, Palos de la Frontera, Atocha, Pacífico y Niño Jesús).

El avance de la tuneladora en las nuevas estaciones de la línea 11

Desglosando parada a parada, los trabajos llegarán a Madrid Río dentro de algo más de dos meses, en junio. La futura estación se sitúa a una distancia aproximada de 1,1 kilómetros respecto a Comillas (ubicada a su vez en el parque homónimo, después de centenares de talas). El paseo de las Yeserías y el entorno del parque de Arganzuela podrán sentir sus efectos ya a finales de mayo.

La siguiente estación de la línea 11 será Palos de la Frontera, conectando con la 3. En torno a 1,4 kilómetros que implicarán tres meses de obra. Por ello, si Metro sigue los plazos anunciados, la zona comenzará a verse afectada a finales de agosto y la tuneladora llegaría en septiembre. Los efectos se dejarían sentir hasta bien entrado el mes e incluso más allá, teniendo en cuenta que luego se ejecutarán los acabados de la nueva conexión. El entorno de Palos fue precisamente uno de los más damnificados por los trabajos ya efectuados. Los residentes alertaron de importante perjuicio para el tránsito peatonal, la movilidad de vehículos, la limpieza, la seguridad o el descanso, con ruidos que en algunas jornadas se mantuvieron hasta bien entrada la madrugada.

Después será el turno de Atocha, otro espacio sacudido por las obras desde hace meses. La tuneladora llegaría a esta importante estación aproximadamente en noviembre, después de cubrir los 800 metros que discurren hasta el lugar desde Palos de la Frontera.

Por último, el tramo entre Atocha y Conde de Casal será el más prolongado, unos 1,9 kilómetros que implicarán del orden de cuatro meses de perforación. Alcanzaría la estación donde conectará con la circular en marzo (si se cumplen las previsiones más halagüeñas), aunque la culminación de la ampliación de Conde de Casal se extendería en el tiempo.

La ampliación hacia Cuatro Vientos y Valdebebas

El futuro de la línea 11 no se quedará ahí. Ya se encuentra en tramitación la prolongación en su tramo norte, que conectará Mar de Cristalcon Valdebebas. Contempla un trazado de 8,2 kilómetros y seis estaciones: Mar de Cristal (enlace con la línea 8), Ifema, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Aeropuerto T4 (conexión a la 8) y Valdebebas Norte (cabecera norte). La previsión de inicio es 2027 y su finalización en 2031.

Además, la diagonal culminará con una extensión desde la estación de La Fortuna (en Leganés) hasta Cuatro Vientos (línea 10), que se convertirá en la cabecera sur de la 11, aunque en barrios como Las Águilas los vecinos reclaman una extensión más ambiciosa. Su construcción durará en torno a dos años y nueve meses, por lo que será difícil que llegue a entrar en servicio antes del año 2030. Su presupuesto aproximado es de 150,5 millones de euros (IVA incluido). El tramo definitivo completará la conexion entre Conde de Casal y Mar de Cristal (pasando por Vinateros, La Elipa, Pueblo Nuevo y Arturo Soria).

La inversión total de la ampliación de la 11 es de 739 millones, con 586 millones de ellos dedicados al túnel que se ejecuta mediante la perforación. La línea menos utilizada de la red y la segunda más corta, solo por detrás del ramal Ópera-Príncipe Pío, pasará a recorrer hasta 33 kilómetros y a convertirse en un imporante eje entre el sur y el este de la capital.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

El EKO vuelve a dar la voz de alarma. Este centro social okupado en Carabanchel, el distrito más poblado de Madrid, acaba de denunciar un segundo intento de desalojo que, según su relato, pudieron frenar con éxito hace una semana, en la madrugada del pasado 4 de marzo. “Hemos parado a Midtown Capital Partners S.A., el fondo buitre que ha intentado realizar un desalojo a lo desokupa”, exponen en un comunicado, difundido este jueves por la tarde y en el que hacen referencia al dueño oficial del edificio, una sociedad inmobiliaria que se hizo con la propiedad en 2024.

En él explican que, en torno a la una y media de la mañana, un grupo que contabilizan en unas 15 personas ajenas a la organización –en el edificio, autogestionado desde hace 14 años, coexisten distintos colectivos– con idea de hacerse con el espacio, siempre según el relato de los miembros del EKO. También denuncian que los propietarios del fondo han participado en operaciones similares para desalojar otros inmuebles que albergan centros sociales okupados, como La Dignidad en Móstoles o el de la calle Gregorio Navas 24, en Vallecas.

“Su estrategia es siempre la misma: compra barata, presión extrajudicial, desalojo, reventa o explotación con una cuantiosa plusvalía”, sentencian a través del comunicado. Las personas que coordinan el espacio aseguran que la empresa envió a operarios cargados con “radiales, percutores, ladrillos, cemento, alargadores o focos” y otros utensilios con los que agilizar el desalojo denunciado.

Desde el EKO de Carabanchel indican que el intento pudo frenarse a tiempo debido a que, en ese momento, había gente en el interior de las instalaciones que pudo hacer frente a la situación. “El mensaje es claro: quieren quedarse el barrio a cualquier precio para especular con nuestros centros sociales, nuestras viviendas o cualquier terreno explotable, utilizando todas las vías de presión a su alcance”, intuyen, a la vez que ponen de manifiesto su determinación de ejercercer, en caso de necesitarlo, las “acciones legales oportunas”.

No es la única vez que ocurre algo similar, y de hecho es el segundo llamamiento que hacen en los últimos meses. El pasado verano, en agosto, y después de una semana en alerta ante la previsión de que algo así pudiera ocurrir, advirtieron de la presencia en los alrededores de varios agentes policiales de los que denunciaron una actitud “intimidatoria”. Entre los movimientos sociales hubo revuelo e incluso protestas posteriores, pero hasta ahora no ha vuelto a levantarse la voz de alarma.

Es una de las joyas neoclásicas del distrito más poblado de Madrid. Pero hace un año, el impacto accidental de un coche de Policía destrozó parte de su fachada, que pasó a delimitarse mediante verjas de aluminio. Desde entonces, la Puerta Bonita de Carabanchel (que da nombre a un barrio homólogo) ha entrado en una especie de período de hibernación. El 21 de febrero de 2025, un vehículo de la Policía Nacional se estampó contra uno de los dos casetones que enmarcan este monumento histórico del distrito. Era de noche en los jardines de Enrique Morente, junto al solemnte pórtico en el número 184 de la calle General Ricardos, eje vertebrador del distrito.

Según lo que se informó en su momento, una patrulla de agentes iba a un servicio urgente circulando a gran velocidad cuando impactó contra una furgoneta. De rebote, terminaron chocando con el casetón y destrozando la cubierta. El golpe derribó parte del muro. Para contenerlo hizo falta la intervención de los bomberos, que retiraron los escombros hasta ser capaces de colocar una viga de madera que sostuviera –al menos, temporalmente– la estructura.

En su interior encontraron a un grupo de personas que permanecían dentro del edificio después de haber okupar irregularmente el espacio. Sin embargo, en el accidente solo hubo dos heridos leves: uno era el conductor del coche policial, y el otro el que dirigía la furgoneta accidentada durante el impacto. Meses más tarde, en el pleno de abril celebrado en la Junta Municipal de Carabanchel, el concejal del PSOE, José Antonio Portichuelo, preguntó al concejal-presidente del distrito por las medidas a la vista para reparar la Puerta Bonita.

El impacto de un vehículo ya obligó a sustituir el monumento

La coordinadora del área, María Teresa Regalado –un cargo técnico clave en gestiones administrativas–, explicó cómo una vez que los bomberos apearon el muro dañado y sanearon las partes con más riesgo de caída o rotación, desde la Junta Municipal abrieron un expediente para evaluar perjuicios. Durante la investigación detectaron que había “daños estructurales”, así que remitieron el caso a la Dirección General de Conservación de Edificios y Espacios Públicos del Ayuntamiento. Aunque las competencias sobre el casetón pertenecen a la Dirección General de Agua y Zonas Verdes, dependiente de Urbanismo.

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento confirman que en diciembre se les avocó la gestión de la reparación. A fecha de publicarse este artículo, lo poco que se sabe es que continúan redactando el proyecto. Más de un año después, las grietas en el muro o el alambre a su alrededor continúan siendo parte del paisaje para quienes pasean por la gran avenida de Carabanchel. En realidad, ese histórico monumento decidió levantarse en un momento en el que, paralelamente, se consolidaba el nombre de Vista Alegre, que serviría luego para denominar a uno de los barrios del actual distrito.

Según los archivos públicos municipales, la propiedad despertó en 1829 el interés de María Cristina, la esposa de Fernando VII. Ella la adquirió y decidió ampliarla, añadiendo nuevas construcciones a la estructura inicial. Unos 15 años más tarde, la finca fue vallada con una cerca de ladrillo. Se abrieron varias puertas, una situada en el extremo noreste que denominaron puerta de Madrid.

En la calle, la gente pasó a conocerla como la “Puerta Bonita”, un nombre que le valió por su elegante reja de hierro forjado, de fundición inglesa. A finales de los años 50, el espacio fue adquirido por otro propietario hasta que, en 1887, pasó a manos del Estado. Precisamente en esos años, anticipando lo que volvería a ocurrir más tarde, un camión de grandes dimensiones se estampó contra la fachada en un accidente de tráfico. La estructura afectada permaneció en ese mismo estado hasta el año 2005, cuando decidieron sustituirla por la construcción actual.

La nueva versión mantenía un diseño ligeramente inspirado en la original, aunque presentaba algunos cambios. En las últimas décadas, este edificio ha albergado en su seno a distintas instituciones, la mayoría de carácter social o docente. Ahora, la Puerta Bonita vuelve a permanecer dañada a la espera de que su reparación definitiva no se alargue tanto como lo hizo tras el accidente con un camión en los años 80. El barrio que aún contiene el monumento limita al sur con la avenida de los Poblados y el barrio de Buenavista al noroeste. A su alrededor discurre el día a día en el distrito mientras el remedio a las grietas comienza a recetarse.

La línea C-5 de Cercanías Madrid, la más utilizada de la red y de todo el país, vivirá dos veranos de alteraciones para encarar su gran renovación. Así lo ha detallado este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, que avanza dos periódos de cuatro meses cada uno con importantes cortes para ampliar los andenes, renovar vías o materiales y permitir la llegada de nuevos trenes que aumentarán un 60% la capacidad. En 2027, entre las estaciones de Atocha y Cuatro Vientos. Al año siguiente, de Cuatro Vientos a Móstoles. No detalla por el momento las fechas específicas de cada uno y habla de “plazos provisonales”, aunque todo apunta a que tendrían lugar entre los meses de mayo y septiembre. Según el plan anunciado, el trazado entre Atocha y Humanes no sufrirá interrupciones del mismo calado.

Puente ha indicado que colaborarán con el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes para elaborar un plan alternativo de transportes durante los cortes, con previsión de autobuses gratuitos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y un refuerzo de Metro u otras líneas de Cercanías. Espera “la misma lealtad” que, sostiene, ha tenido su Ministerio al postergar la invervención en la C-5 hasta que finalice el soterramiento de la A-5. La línea ha aumentado un 30% sus frecuencias desde 2025 para paliar los efectos en transporte público y carreteras de esa obra, por lo que el Ministerio retrasó el inicio de las reformas que habrían implicado clausurarla. El ministro condiciona el inicio de las renovaciones anunciadas hoy a que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida cumpla los plazos previstos y acabe con el soterramiento en enero de 2027.

El conjunto de actuaciones en la C-5 se alargarán durante cinco años, habiendo comenzado ya con intervenciones que no interrumpen el servicio (como la modernización de las estaciones de Doce de Octubre y Puente Alcócer) y extendiéndose hasta 2031. Un año antes entrarán en servicio los nuevos trenes, con mayor capacidad y conducción automática. 15 de las 28 actuaciones previstas no suponen alteración del servicio, caso de la reforma de estaciones en superficie como Las Retamas o San José de Valderas.

De entre aquellos tramos donde los andenes y vías se prolongarán para dar cabida a los nuevos trenes Stadler, los cortes que Puente ha calificado de “inevitables” se producirán en los que requieren actuaciones subterráneas más complejas. También se reordenarán los puntos de cambios de vía para situarlos en estaciones que tengan parada de Metro y se creará un nuevo haz de vía de estacionamiento en los talleres de Humanes (que se renovará) y de Móstoles-El Soto (uno de nueva creación). La señalización se actualizará con el nuevo sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) de Nivel 2, habrá mejoras de accesibilidad y seguridad y una modernización tecnológica.

Este “gran salto de calidad para la ciudadanía”, como lo ha descrito Puente, implica 700 millones de financiación por parte de Renfe. 40 se dedicarán a los servicios especiales del plan alternativo de transportes, 60 para los tallares de Humanes y Móstoles-El soto y hasta 600 para la compra de 35 nuevos trenes. “Está ya efectuada y se encuentran en fabricación. Esperamos recibirlos este mismo trimestre para ponerlos en circulación en otras líneas”, ha recalcado el ministro. Adif presupuesta otros 650 millones, que se dirigirán a las 28 obras proyectadas, tres de las cuales están ya ejecutándose.

La C-5, la línea clave para el sur de Madrid que quiere ser “más puntual”

El Ministerio planea que el conjunto de intervenciones resulten, un lustro después, en una línea C-5 “blindada y modernizada”. Para Puente, la línea es el “motor del sur de Madrid” y ahora será “más capaz, más accesible y más puntual”. Cree que la “inversión es compleja, pero necesaria” y que “cada euro y cada mes de trabajo merecen la pena”. Pronostica que por ella pasarán cada año 100 millones de viajeros, frente a los 72 millones de la actualidad, aunque según el ministro “nos quedaremos cortos”. Califica este plan como “el proyecto de movilidad más importante en lo que va de siglo”.

Así, ha elogiado “el intenso trabajo de colaboración entre Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes” para “mejorar la vida de quienes cada día cogen un transporte para ir al trabajo o la universidad”, gracias a la actualización de la infraestructura y el material: “Habrá molestias, pero desembocará en algo muy positivo”.

La C-5 de Cercanías es una de las vías de transporte más importantes de España, ya que vertebra barrios del sur y sureste de la capital y los conecta con importantes municipios como Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón y Móstoles. El 56% de los desplazamientos son por motivos laborales o académicos, pero también articula el ocio de millones de personas. La línea absorbe el 29% de los pasajeros de Cercanias Madrid y nada menos que un 15% del número total de viajeros que utilizan el ferrocaril.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un joven de 20 años que a primera hora de la mañana se ha personado en la comisaría de Carabanchel, en Madrid, para confesar que había matado a su casera. La víctima es una mujer de unos 31 años.

Así lo han confirmado fuentes policiales después de que el SUMMA112 informara previamente, según recoge Europa Press, de la muerte violenta de una persona en la calle Oropéndola de la capital (ubicada en el barrio de Abrantes). Los sanitarios han llegado a la vivienda alrededor de las 9.00 y solo han podido confirmar la muerte.

Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios se han trasladado al lugar y se han hecho cargo de la investigación, según confirma la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La fallecida presentaba signos de estrangulamiento y convivía con el joven que ha admitido los hechos, nacido en 2005 y originario de Venezuela.

Las pesquisas avazan sin descartar ninguna hipótesis, aunque desde la Policía Nacional indican a Somos Madrid que no hay indicios de relación sentimental entre el presunto culpable y la víctima, por lo que no contemplan de entrada que se trate de un nuevo caso de violencia de género.