La patronal catalana Foment del Treball adelantará al 18 de mayo sus elecciones a la presidencia, inicialmente previstas para el 18 de julio, y Josep Sánchez Llibre se presentará a la reelección.

El empresario, vicepresidente de Conservas Dani y presidente de la patronal desde noviembre de 2018 y también es vicepresidente de la CEOE, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa que la junta directiva de la patronal ha tomado la decisión de avanzar dos meses los comicios.

“Hay muchas cosas por hacer que todavía no hemos culminado”, ha afirmado Sánchez Llibre, que ha subrayado que entre los ejes de su programa se incluirá el impulso de la competitividad de las empresas catalanas y la reducción del absentismo laboral.

También ha subrayado el objetivo de rebajar la presión fiscal a empresas y familias, a partir de la eliminación del impuesto de patrimonio, la reducción de la bonificación del impuesto de sucesiones y la deflactación del IRPF para las familias.

De hecho, durante su intervención el presidente de Foment ha reiterado que Cataluña vive un “infierno fiscal”.

Presentación de candidaturas

El próximo 8 de mayo será el último día de presentación de candidaturas y avales, una fecha en la que Sánchez Llibre tiene previsto detallar “con más precisión” los puntos de su programa electoral.

En el caso de que no se presente ninguna candidatura más antes del 15 de mayo, la mesa electoral validará la reelección de Sánchez Llibre, una aceptación que después deberá ser consensuada en el marco de la junta directiva, ha detallado el presidente de la patronal.

Sánchez Llibre ha explicado que los votos de las federaciones sectoriales y territoriales que forman parte de Foment “priman mucho más” que los de las empresas socias independientes, que son unas 500 de las más de 260.000 firmas integradas dentro del conjunto de federaciones.

En 2024, una reforma aprobada por la Asamblea General de Foment eliminó la barrera que obligaba al presidente de la patronal a presentarse a un máximo de dos mandatos.

Este hecho ha permitido que Sánchez Llibre tenga la posibilidad de acceder a una tercera reelección, con la que alcanzaría doce años de presidencia si es elegido el próximo 18 de mayo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha conseguido este lunes poner de acuerdo a las principales organizaciones patronales y sindicatos de Catalunya a favor de los presupuestos que prepara el Govern. Una fotografía que pone presión sobre ERC, que este fin de semana aseguró que no se daban las circunstancias para comenzar a negociar estas cuentas. CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec han reclamado “responsabilidad” de los partidos para aprobar las cuentas, que Catalunya tiene prorrogadas desde el año 2023.

El Govern ha anunciado que no esperará a ERC e iniciará este mismo viernes la tramitación presupuestaria, después de haber cerrado un acuerdo con los Comuns la semana pasada. El Ejecutivo de Illa llevará por tanto las cuentas al Parlament en los próximos días, donde comenzarán su tramitación sin mayorías. ERC deberá decidir si rechaza la propuesta con una enmienda a la totalidad o si acepta un texto que, de llegar a comisión, ya solo podrá modificar parcialmente.

En la reunión de este lunes, los representantes del mundo del trabajo han asegurado que Catalunya “no puede permitirse el lujo” de continuar con suplementos de crédito. “Basta de tacticismos”, ha dicho la secretaria general de CCOO, Belén López, al tiempo que su homólogo en UGT, Camil Ros, reclamaba a ERC y Junts sentarse a negociar las cuentas.

Por la parte empresarial, Foment ha avisado de que no tener presupuestos supone perder entre 4.000 y 5.000 millones de euros de inversiones, una cifra que no puede asumir en un momento donde la administración cuenta con recursos para aprobar unos presupuestos expansivos. Pimec ha insistido a los partidos que sería “inexcusable” que no se entendieran.

Todas las organizaciones han considerado además insuficiente la solución de aprobar suplementos de crédito para añadir más fondos a las cuentas. Los suplementos de crédito fueron la opción que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, señaló el sábado como vía alternativa si el Govern no conseguía que el Gobierno aceptara el traspaso de la gestión del IRPF a Catalunya.

El acto de este lunes llega después de que ERC haya rechazado iniciar las conversaciones sobre las cuentas, al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez incumple uno de los compromisos firmados para la investidura de Illa, sobre la gestión catalana del IRPF. Según el acuerdo firmado entonces, la Agència Tributària Catalana sería la encargada de recaudar y liquidar este imouesto desde la campaña de 2026, es decir, la que comenzará en unos meses, una circunstancia que ambas partes aceptan que no se cumplirá.

ERC había presentado en solitario una proposición de ley para habilitar legalmente este traspaso, pero la formación acabó retirándola hace dos semanas. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que los republicanos habían llegado a un entendimiento con el Ministerio de Fomento por el cual sería más conveniente presentar esta propuesta como enmiendas a la ley del modelo de financiación, que se tramitará en el Congreso en unos meses.

Sin embargo, como los republicanos condicionan su apoyo a las cuentas de Illa a que se desencalle en el Congreso la cuestión del IRPF, reclamaban garantías tanto al Govern como al Gobierno de que apoyarían sus enmiendas. El pasado viernes esta reclamación se hizo al más alto nivel, con una reunión entre Sánchez y Junqueras en la Moncloa, en la que el independentista salió con las manos vacías.

Tanto en ERC como en el Govern confían en poder rencauzar la situación. Pero desde el Ministerio de Hacienda consideran que no es el momento de dar a los republicanos nuevas concesiones, después de haber presentado un sistema de financiación que, entienden, beneficia los intereses de ERC. Por su parte, la dirección de Junqueras insiste en que sin garantías sobre el traspaso del IRPF no puede dar un globo de oxígeno al Govern como el que supondrían unos nuevos presupuestos.

Foment del Treball ha tildado de “filocomunistas” las políticas de vivienda del gobierno de Salvador IIla y ha mostrado “mucha preocupación” por la imagen exterior de Catalunya. En una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha criticado la “incompetencia” de los últimos gobiernos de la Generalitat en materia de vivienda. Por otra parte, ha pedido “respeto” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no “criminalice” a los empresarios, sino que les dé las gracias por “sacar adelante” la economía del país. Así, ha definido como “lamentables” las declaraciones de Sánchez donde les reprocha a las patronales su ausencia en la negociación colectiva.

Sánchez Llibre ha cargado contra el acuerdo en materia de vivienda del Govern con los Comunes y ha alertado de “mucha preocupación por la imagen de Catalunya a nivel exterior” por la aplicación de políticas que considera que “vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada”.

En este sentido, ha sostenido que los últimos ejecutivos han sido “incapaces de producir vivienda asequible” y ha cifrado en 100.000 viviendas el déficit acumulado en la última década.

En este contexto, ha reivindicado el papel de la patronal en la interlocución política y ha asegurado que la entidad actúa “con todas las formaciones políticas”. El dirigente empresarial ha defendido que la patronal quiere presupuestos “aunque no nos gusten” y ha negado que represente “la Catalunya del no”.

En referencia a la reforma de la jornada laboral, ha afirmado que “Junts salvó de la insolvencia económica” a muchas empresas al no apoyar la reducción a 37,5 horas, por lo que se ha mostrado “muy agradecido” a la formación y a su líder, Carles Puigdemont, por haber “parado un planteamiento que iba en contra de la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas”.

El absentismo laboral y Cercanías

En cuanto al absentismo laboral, ha asegurado que es “un tema delicado” que requiere “una reflexión profunda entre sindicatos, empresarios y administraciones”, ya que existen compañías con índices del “14% o 15%” que hacen “imposible incrementar la productividad”. Sin embargo, ha evitado “culpar a los trabajadores” y ha apostado por abordar la cuestión desde el diálogo social.

Por último, Sánchez Llibre ha calificado de “inaceptable e impresentable” la situación vivida en Rodalies y ha recordado la creación de una comisión con colegios profesionales y entidades para elaborar un diagnóstico sobre infraestructuras y movilidad.

Buen punto de partida, pero aún insuficiente. Así es como ven las principales entidades empresariales catalanes el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno, el Govern y ERC y que la ministra María Jesús Montero presentó ante las comunidades autónomas hace dos semanas.

En un comunicado conjunto, las entidades del llamado G8 empresarial, además de Foment del Treball y las cámaras de comercio, defienden que la propuesta “es un avance en la dirección correcta” y reclaman a los partidos catalanes “trabajar juntos” para mejorarla durante el trámite parlamentario y “garantizar que los cambios se consoliden en el futuro”.

“La propuesta de nuevo modelo de financiación presentada por el Gobierno de España representa una mejora importante respecto al modelo actual, aunque no puede considerarse suficiente”, indican.

Además, destacan que el nuevo modelo avanza en la suficiencia financiera de las CCCA, porque “reduce el desequilibrio vertical”, es decir, “la distribución de recursos entre el Estado y las CCAA en favor del primero acumulado a lo largo de los últimos años”.

También subrayan que la propuesta del Ministerio hace el sistema más “transparente y justo”, además de celebrar que se respete el principio de ordinalidad en el caso de Catalunya.

Las patronales lamentan además que “muchas de las críticas” que se han hecho se basen en que el modelo surge del pacto entre partidos catalanes y el gobierno central. “Lo que hay que discutir es el contenido de lo que se propone, no su génesis”, apuntan.

El comunicado lo firman Foment del Treball, Pimec, el Círculo de Economía, el Colegio de Economistas de Cataluña, Barcelona Global, Femcat, Fira de Barcelona, RACC y las 13 cámaras de comercio catalanas. La incorporación de Foment del Treball a esta nota es relevante después del choque que su presidente, Josep Sánchez Llibre, tuvo con el president de la Generalitat hace dos semanas a cuenta del posicionamiento de la gran patronal catalana respecto a la propuesta de financiación, que criticó.

El empresariado catalán vuelve a tener ante sí una batalla política que podría dividirles en más de una trinchera, algo que no es demasiado habitual en tiempos de paz. Buena parte de las entidades empresariales han saludado, con más o menos matices, la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno, que el president Salvador Illa celebra como un hito de legislatura, pero la gran patronal catalana, Foment, se ha distanciado.

La presentación de la propuesta para un nuevo reparto de recursos entre las comunidades ha servido a algunos foros económicos para engrasar las relaciones con Illa y, de rebote, con Pedro Sánchez. Es el caso de algunos miembros del llamado G8, que suele reunir a Pimec, el Cercle d'Economia, Barcelona Global o la Cambra. Otras, como Foment, han optado por mostrar más frialdad.

Las posiciones tienen que ver con el mapa interno del mundo económico catalán, pero fuentes tanto políticas como económicas reconocen que estos posicionamientos también son leídos de cara al ciclo político, que consideran que podría estar marcado por una eventual convocatoria de elecciones anticipadas. Por eso, mientras la patronal de las pymes o el Cercle son más partidarios de mantener la apuesta por Sánchez, la gran patronal preferiría no decantarse.

En esta tesitura se ha producido la bronca que esta semana ha enfrentado a Foment con el president del Govern. La Cadena Ser avanzó una tensa llamada de Illa al presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre. En ella el socialista le recriminó que Foment enviase un comunicado en tono negativo sobre la propuesta de financiación, antes de acudir a la reunión con entidades que el propio Illa mantenía ese mismo día y a la que esta patronal estaba invitada.

“Desenamoramiento” entre Illa y Foment

El choque entre el Govern y la principal patronal catalana se hizo oficial con ese episodio, pero las fricciones vienen de mucho antes. Fuentes empresariales hablan de un “paulatino desenamoramiento”, ya que Foment había mostrado gran sintonía con Illa como jefe de la oposición y había depositado altas expectativas en su llegada al Palau de la Generalitat.

Pero las decisiones del Govern, atado como está a sendos acuerdos con ERC y los Comuns, han ido alejando a la entidad de Sánchez Llibre en materias como la vivienda o el turismo, aunque también ha habido desencuentros en temas a priori más pacíficos, como el Plan Nacional por la Industria. En Foment hablan de falta de diálogo. En el Govern, en cambio, consideran que la antigua patronal se ha convertido en la nota disonante de los foros empresariales catalanes, la mayoría de ellos en razonable sintonía con Illa, y señalan directamente al presidente, Josep Sánchez Llibre.

El presidente de Foment y antiguo hombre fuerte de Unió rompió lazos con sus históricos socios de Convergència en tiempos del procés, como la mayoría de los empresarios al frente de sociedades grandes. Pero, tras casi una década de desencuentros, primero como político y, desde noviembre del 2018, como presidente de Foment, el empresario ha rehecho poco a poco las relaciones con Carles Puigdemont y Junts, hasta el punto de que en diversas ocasiones se ha considerado que los votos de los independentistas en el Congreso eran la correa de transmisión de las opiniones de Foment.

“Me pregunto si las empresas que forman parte de Foment están de acuerdo con su nota, o [Sánchez Llibre] se precipitó tanto porque había una agenda oculta o intereses diferentes”, lanzó este viernes la consellera de Economía, Alicia Romero. Durante toda la semana en el entorno del Govern se han esforzado para que sus dardos fueran más contra el presidente de Foment que contra la entidad.

Fuentes empresariales, sin embargo, rechazan que la nota de la entidad haya podido causar sorpresa porque Foment siempre ha defendido revertir el “déficit fiscal” y que sea Catalunya quien gestione y recaude los impuestos de los catalanes. Además, observan que algunas de las otras entidades, como FemCat, también han reclamado ir más lejos que el modelo pactado entre el Gobierno y ERC.

Con todo, fuentes de la patronal aseguran que la colaboración con el Govern es buena y que tienen ganas de enterrar una polémica que, consideran, no les beneficia. Según indican, los puntos de coincidencia con Illa son múltiples, de la ampliación del aeropuerto del Prat a la simplificación de la administración, pasando por la necesidad de que haya nuevos presupuestos.

Foment y el G8, pulso por la influencia

Uno de los movimientos que ha alterado el ecosistema empresarial catalán en los últimos años es la constitución del llamado G8 empresarial, un grupo informal de entidades que mantienen una agenda común. En ese foro no está Foment y algunas voces del mundo económico ven un pulso entre ambos por ser el lobby más influyente.

El jueves de la semana pasada, un día antes de que el president Illa convocase a Foment junto a otros agentes sociales como los sindicatos, la consellera Romero se reunió con miembros del G8. Los participantes han mantenido una posición coincidente en materia de financiación autonómica, con un comunicado conjunto hace unos meses. En los próximos días esperan emitir otra nota común en la que se hará una valoración positiva en general, aunque se reclamará seguir dando pasos en autogobierno.

Por su parte, Foment excusó de entrada la presencia de Sánchez Llibre en el encuentro con Illa, aduciendo que el empresario dedica los viernes a tareas relacionadas con su empresa, Conservas Dani. Enviaron al secretario general, David Tornos. Todo ello fue interpretado como un desplante hacia Illa, quien en la conversación telefónica mantenida acabó acusando a Sánchez Llibre de “falta de respeto”.

Aunque en el Govern ven al presidente de Foment capturado por la influencia de Carles Puigdemont y los suyos, fuentes empresariales recuerdan que en la patronal se integran sectores del alto empresariado que lo que buscan es un giro a la derecha en la política económica. Para eso, estos sectores no verían con malos ojos que el PP vuelva al Gobierno.

“Me faltan los votos de los suyos”

El episodio de estos días ha vuelto a poner de actualidad las palabras que pronunció Feijóo la última vez que se encontró con los empresarios de Foment. En una conferencia presentada por el propio Sánchez Llibre, el líder del PP aseguró que tenía ganas de hacer una moción de censura a Sánchez, pero que lo le faltaba eran “los votos de los suyos”, una referencia que se entendió en alusión a Junts.

Feijóo entonaba ante los círculos empresariales de Catalunya el famoso “quien pueda hacer que haga”, de José María Aznar, y reclamaba a la patronal que le echase un capote.

El líder del PP no ha cejado en el empeño de convencer a las élites económicas de Catalunya de que se suban a su barco. El pasado lunes, después de hacer parada en Barcelona para hablar de un supuesto proyecto de financiación autonómica alternativo, acudió a Girona donde, según avanzó La Vanguardia, se vio con una cuarentena de empresarios. El mundo económico catalán es, de nuevo, una plaza disputada.

A Alberto Núñez Feijóo no le faltan ganas para tumbar al presidente Sánchez. Lo que le faltan son los votos necesarios para quitárselo de encima cuanto antes con una moción de censura. El líder del PP, que dos años atrás exigía ser presidente del Gobierno porque su partido había sido el más votado en las elecciones, parece haber aprendido por fin que en una democracia parlamentaria lo que cuentan son las mayorías que se negocian en el Congreso. El PP tiene 137 escaños. Asumiendo que Vox apoyaría la moción, habría ya 170 votos. Más uno del diputado de UPN, van 171. Faltarían cinco para la mayoría absoluta. Justo los que tiene el partido conservador vasco PNV, pero este ya lo ha mandado a freír espárragos. Queda Junts. Con que le prestara los votos de cinco de sus siete diputados, por el amor de Dios. Incluso, ¿por qué no?, se podría tentar a ERC, que cuenta también con siete diputados.

Feijóo sabe muy bien que no es fácil negociar con los de Puigdemont. Mucho menos con los de Junqueras. Por eso ha apelado directamente a los que, a su juicio, son capaces de meter en cintura a ambos: la poderosa patronal catalana Foment del Treball. En un encuentro con los dirigentes empresariales catalanes este jueves en Barcelona, el líder popular no se anduvo con rodeos: “Me faltan los votos de los suyos, entre comillas, porque no los tengo”. No sé cómo les habrán sentado estas palabras a los líderes de Junts y ERC. Una cosa es que existan relaciones, a menudo inconfesables, entre el poder económico y la clase política; otra, que se diga de manera tan descarnada.

La patronal catalana, como toda patronal que se respete, tiene su corazoncito a la derecha, aunque la derecha española y la catalana no siempre coinciden en sus intereses. La pregunta es si Foment del Treball tiene motivos económicos objetivos para colaborar con la operación derribo contra Sánchez. Las empresas cotizadas catalanas dispararon sus beneficios en un 26% en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Las pymes ganaron un 16% más. Catalunya encabeza la lista de España en crecimiento del PIB, y los datos de empleo y consumo son más que positivos. Pero hay algo más: en el barómetro de noviembre del CIS, los votantes de Junts son, entre todos los partidos de España, los que mejor valoran su situación económica personal (el 81,5% dice que es buena o muy buena) y la mayoría de encuestados que votan a ese partido y de ERC sostienen que la situación económica de España es buena o muy buena, frente al 14,4% de los votantes del partido que los quiere arrastrar a la moción de censura.

Por supuesto que los empresarios catalanes pueden pensar que el cuadro económico podría mejorar aún más si en el Estado gobierna un partido de derechas comprometido con la liberalización económica y que ha demostrado cada vez que llega al poder una simpatía mayor con los empresarios que con los trabajadores. Pero la práctica política demuestra que los intereses de la derecha españolista no confluyen necesariamente con los de la catalana. En ocasiones incluso pueden chocar. Sería interesante, por ejemplo, saber en qué medida las políticas ultraliberales y el dumping fiscal que practica la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impactan en la comunidad que hoy preside el socialista Salvador Illa.

Habrá que ver si la patronal catalana atenderá la petición de Feijóo. Si yo fuera Josep Sánchez i Llibre, president de Foment del Treball, le transmitiría a mi equipo que dejen las cosas tranquilas, que no se metan en los berenjenales de Madrid, que, parafraseando a san Ignacio de Loyola, en tiempos de agitación en la capital del Estado no conviene hacer mudanza, más aun si las cosas van relativamente bien en Catalunya.

Feijóo es consciente de que no le resultará fácil conseguir los cinco voticos que le faltan para echar al “presidente ilegítimo”. Por ello no descuida la otra vía para conseguirlo: la calle. En una democracia madura, lo normal es que las manifestaciones callejeras se reserven a los grupos de ciudadanos que no tienen a su disposición otros cauces para exponer sus reivindicaciones y sus quejas. Los partidos tienen a su disposición el Parlamento, un foro envidiable por la atención mediática que atrae, para exponer sus posiciones y plantear los debates que consideren oportunos. Más aun si hablamos de partidos con vocación de gobierno. Pero el PP, desde la era Rajoy, comenzó a tomarle el gusto al asfalto, con el resultado de que Feijóo lleva ya siete manifestaciones contra Sánchez.

Ahora ha convocado la octava, este domingo, en Madrid. El lema de la anterior fue ‘¿Mafia o democracia?’; el de esta será ‘Efectivamente, ¿mafia o democracia?’. El objetivo es seguir machacando con el mensaje de que este Gobierno es equiparable a la organización criminal italiana, así haya que recurrir al espantoso adverbio “efectivamente”. Presumo que si Sánchez no se rinde, el lema de la novena convocatoria será algo así como ‘Perdonen la insistencia, ¿mafia o democracia?’. El partido que antaño calificó a Zapatero de “candidato pancarta” porque apoyó la protesta contra la guerra ilegal de Irak ha terminado convertido en un activo organizador de manifestaciones. Es lo que se pasa cuando sobran las ganas, pero faltan los votos.

“Me faltan votos para una moción con un único compromiso: convocar elecciones y que los españoles puedan decidir. Me faltan votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo”. Así se ha expresado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la patronal catalana Foment. Ese “suyos” que, según Feijóo, son de los empresarios, se refiere a Junts y ERC, en palabras del líder del PP. Unos y otros ya desdeñaron esta opción el pasado mes de mayo, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán.

“Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts”, ha dicho Feijóo durante un acto en Barcelona organizado por Foment y en el que le ha presentado el que fuera diputado de CiU y hoy líder de la patronal, Josep Sánchez Llibre. “No sé si hay muchas o pocas que han votado Esquerra”, ha añadido Feijóo, pero a unos y otros les ha querido “hablar de una forma muy clara”.

“A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos para presentar una moción de censura que tenga un único compromiso, convocar elecciones generales y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué Gobierno quieren en las urnas”, una afirmación que dijo ayer mismo, cuando convocó la séptima protesta callejera contra Sánchez.

Pero la novedad es la apelación directa y pública a las relaciones entre los empresarios catalanes y, especialmente, Junts. “Lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo. ”Es una constatación y no es una crítica, es una crónica“, ha zanjado.

Tras la intervención de Feijóo se ha producido un turno de preguntas de los asistentes, pero la retransmisión se ha cortado. Desde el PP aseguran que esa parte del acto no era en abierto.

No es la primera vez que Feijóo hace una apelación directa a Junts o ERC para buscar sus votos en una moción de censura contra Sánchez. Lo hizo, por ejemplo, este mismo mes de mayo, después del encarcelamiento de Santos Cerdán. En enero, Feijóo dijo también expresamente que quería negociar con Junts. Algo que ya hizo en 2023 para buscar su investidura.

Entonces, el independentismo catalán de izquierdas y de derechas desechó la idea. Pero algunas cosas han cambiado. Junts ha escenificado su ruptura con el Gobierno, y este jueves tumbó la senda presupuestaria.

Ayer, cuando convocó la manifestación del domingo, Feijóo volvió a rechazar la moción de censura. Pero añadió una coletilla a tener en cuenta: “Esta es mi posición en el día de hoy”.

Josep Sánchez Llibre, presidente de la principal patronal catalana Foment del Treball, ha cargado este martes contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la que ha acuasado de “faltar al respeto a los empresarios” y querer someter a las empresas a un “estado policial”.

Según ha expresado Sánchez Llibre en el foro World In Progress 2025, organizado por Prisa, la vicepresidenta “quiere implementar el registro horario, no por ley porque por ley no fructificó cuando lo presentó en el Congreso” sino “a través de un real decreto en el que se sustituye la confianza y la responsabilidad por el intervencionismo”.

El nuevo control horario que plantea el Ministerio de Trabajo introduce novedades para endurecer posibles infracciones. Entre ellas, se busca que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto al registro de las empresas, así como que este especifique expresamente las horas ordinarias y las extraordinarias que se realizan, y si estas últimas se pagan o se compensan en descanso.

En opinión del presidente de Foment, este tipo de actuaciones por parte del Gobierno son una “provocación”. A su juicio, los empresarios no se sienten “respetados”, ya que considera que el ministerio de Trabajo se “ha asaltado a la torera” el diálogo social, es decir, el espacio de negociación entre el Ejecutivo, los sindicatos y las patronales.

Uno de los agravios de Sánchez Llibre es el intento de establecer un horario de 37,5 horas semanales, proyecto que fue rechazado en el Congreso el mes pasado. “Se quiere imponer por la fuerza la reducción horaria cuando en toda Europa, excepto Francia y Bélgica, todos los países están entre las 40 y las 48 horas”, ha asegurado el jefe de Foment.

“Una parte del Gobierno considera que los empresarios en general, los pequeños y los autónomos, las grandes compañías también, como presuntos delincuentes”, ha subrayado Sánchez Llibre, que ha llamado a “decir basta”.

“Una cosa es ejercer el poder y otra saber influir en el poder”. La frase es de un empresario catalán muy cercano a Foment del Treball Nacional y que conoce bien las principales instituciones empresariales tanto de Barcelona como de Madrid, y la usa para describir la capacidad de Josep Sánchez Llibre y el influjo que está ejerciendo la gran patronal catalana bajo su mandato en los asuntos económicos del país.

El último ejemplo materializado y seguramente el más relevante, es la supresión del impuesto especial a las energéticas hace unos días. Foment se movilizó en público y en privado para que así fuera, alegando que se trataba de una medida “discriminatoria” y de un “ataque al corazón de la economía”. Y lo consiguió, gracias a los votos en contra de Junts y del PNV en el Congreso, que acabaron pactando con el PSOE tumbar esta tasa, aunque mantuvieron el gravamen a la banca.

Junto a la amenaza de Repsol de paralizar inversiones millonarias en Tarragona, “aquí uno de los temas clave para que esto saliera fue la reacción del PNV ante la amenaza también de deslocalizar actividad por parte de Petronor”, subsidiaria de la multinacional que dirige Josu Jon Imaz y dueña de la refinería de Muskiz (Bizcaia), relata un directivo de Foment muy próximo a Sánchez Llibre.

En breve podría producirse un calco casi exacto de lo anterior. Solo dos días después de que el PSOE y Sumar anunciasen una reforma fiscal para 2025 que, entre otras medidas incluye subir el IVA al alquiler turístico, un impuesto al lujo y el fin del régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), la estructura del contrapoder se volvía a poner en marcha. Por un lado, Foment pedía a Junts y al PNV que votaran en contra de la supresión fiscal de las socimis y, por el otro, las dos mayores sociedades inmobiliarias de España, Merlin y Colonial, amenazaban al Gobierno con marcharse del país si se aprueba el plan fiscal.

Ambos episodios ejemplifican las dos grandes líneas de actuación de la Foment que lidera Sánchez Llibre: la defensa de los intereses económicos de Catalunya y de la “economía productiva” española, parafraseando a la antigua CiU, y aprovechar la ventana de oportunidad que supone para un lobista de pura raza la actual geometría parlamentaria o, dicho de otro modo, aprovechar la debilidad del actual gobierno de coalición entre PSOE y Sumar para colar su agenda.

Una ventana para Garamendi y Puigdemont

Sánchez Llibre ha logrado convencer por igual tanto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi -quien enterró el hacha de guerra por la presidencia de la patronal a los diez minutos de arrasar a la candidata que respaldó Foment- y a Carles Puigdemont, presidente de Junts. “Garamendi ha estado y está informado en todo momento de los encuentros de Sánchez Llibre con Puigdemont y jamás ha abierto la boca”, recuerdan desde Foment.

En la CEOE, de la que Foment forma parte, “toleran muy bien” el protagonismo del expolítico catalán porque es una organización que siente mucho el poder económico de verdad. “Las élites empresariales ven a Sánchez Llibre como un activo importante porque ven que defiende sus intereses”, resume un empresario.

A pesar de las reuniones con Junts y Puigdemont para orientar la legislatura española a partir del programa económico de Foment y del evidente giro de la formación independentista hacia un frente económico conservador, a tenor de sus votaciones en sedes parlamentarias, “¡ni de coña Junts es el brazo político de Foment!”, aclara un dirigente de la patronal catalana, quien recuerda: “El intento de Junts por querer ser la CiU de antes está por ver, es una formación muy inestable”.

Acuerdo tácito con Junts, PNV y PP: “nos casamos con quien sea”

Desde Foment insisten en que hablan con todas las fuerzas políticas, pero la misma fuente admite que “hay un acuerdo tácito con Junts, PNV y PP para todo lo que pueda beneficiar a las empresas y a la economía, especialmente ante determinadas iniciativas de Sumar y de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Nos casamos con quien sea”.

Quienes conocen y están al lado de Josep Sánchez Llibre (nacido en Vilassar de Mar, Barcelona, en 1949) recuerdan a la par su inagotable capacidad de trabajo y su capacidad de influencia forjada tras varios lustros como diputado por CiU en el Congreso de los Diputados y portavoz en la comisión de Economía y Hacienda de la cámara baja durante seis legislaturas, entre 1993 y 2016.

Desde su asalto a la presidencia de Foment del Treball en 2018 a través de la vicepresidencia de Conserves Dani, el político perteneciente a la extinta Unió Democràtica de Catalunya no pierde ocasión para aparecer de forma omnipresente al frente de los principales desafíos empresariales y económicos de Catalunya, aprovechando la incomparecencia en varios de ellos de los gobiernos de Quim Torra (Junts) y de Pere Aragonès (ERC).

“Le gusta estar en todos los saraos”, comenta un influyente empresario asiduo al AVE Barcelona-Madrid. Así, se implicó desde el primer momento en la búsqueda de alternativas al cierre de Nissan en Barcelona tras la pandemia, como más recientemente en la creación de una comisión para empujar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Lobby en Madrid

Pero Catalunya se le queda pequeña. Josep Sánchez Llibre “tiene vocación española y hay que reconocer que es un gran lobista en Madrid, con un talento sorprendente para llegar a todos los sitios”, recuerda uno de los directivos consultados. Lo que para algunos no deja de ser una “prolongación del político que fue en el Congreso”, para otros no es más que la esencia original de la gran patronal catalana.

Desde todos los ámbitos de Foment se recuerda que desde su fundación -es la patronal más antigua de Europa, sus orígenes se remontan a 1771- hasta la llegada de la democracia -con el régimen franquista, la patronal no pudo actuar como tal-, tenía su ámbito de actuación en toda España. Y recuerdan el papel clave que jugaron los empresarios catalanes Alfredo Molinas y Carles Ferrer Salat, ambos presidentes de Foment, en la creación de la CEOE.

Esta es la explicación, aseguran, del desembarco de la patronal catalana en Madrid, a través de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), en febrero de este año. Las fuentes empresariales consultadas descartan que haya tenido que ver con desavenencias con Garamendi, “quien asiste encantado a todos los actos” que la Sociedad Barcelonesa celebra en la capital española.

“Aunque Foment está dentro de la CEOE, Sánchez Llibre tiene vida propia, es un verso libre, y a veces se produce algún desencuentro”, comenta un ejecutivo. Como cuando trasladó públicamente su oposición a la reforma laboral que la CEOE aprobó.

El director del gabinete de Presidencia de Foment del Treball, el expolítico de Unió Jordi Casas, recuerda que “la influencia del empresariado catalán en Madrid siempre ha existido y esa es la idea que barruntaba Sánchez Llibre, hacer lobby en Madrid sobre temas industriales, introducir temas de debate”, al margen del Círculo de Empresarios y del Instituto de Estudios Económicos. El último fue, hace un mes, sobre la industria de la automoción a través de una jornada que reunió a representantes de los gobiernos de Aragón y de Galicia y a directivos de las principales marcas que fabrican en España.

“Nuestra idea es buscar puntos en común de Barcelona y Catalunya con otras ciudades y comunidades con la voluntad de estar y de liderar. Hay una Catalunya industrial con vocación de participar en la economía española con el interés de que la industria catalana vaya bien”, explica Casas, quien añade: “Se trata de recuperar la idea de Tarradellas y Vicens Vives de ser capaces de pactar con Madrid todos los temas que nos beneficien en lo económico sin despertar el lobo emocional. Es la idea de una Catalunya amable, que forma parte de España, pero con una autonomía suficiente”.

Salvador Illa es la encarnación de la moderación. En los modos y en lo político. Y ello le ha hecho ganarse el favor de buena parte del sector empresarial y económico, a la vez que ha despertado esperanzas entre los sindicatos, que le reclaman “valentía” en la defensa de los servicios públicos. Otros agentes más vinculados al tercer sector, sin embargo, esgrimen ciertas dudas y temen que algunas decisiones tomadas por su supuesta transversalidad, como el nombramiento de consellers vinculados a Convergència i Unió, puedan acabar significando un giro conservador en el Govern.

Illa llega a la Generalitat en un momento complejo, mientras el independentismo se está rearmando y reorganizando, pero también con unos buenos datos económicos que le dan margen de maniobra. Además, todos los acuerdos que ha suscrito para su investidura son de orientación progresista, con ERC y los Comuns. Con todo, el sector empresarial era prácticamente unánime en su deseo de que Illa cosechara los apoyos necesarios para llegar a la presidencia, tanto por el fin del procés como por que se evitara una repetición electoral.

Así se lo hicieron saber en la cena anual que organiza el influyente Cercle d'Economia en mayo. A pesar de que la investidura todavía quedaba lejos y el pacto con ERC y Comuns no era una realidad, la mayoría de empresarios dieron su bendición a Illa y le desearon la mejor de las suertes.

Tras siete años de procés, anhelaban la “normalidad”. Y la victoria del primer socialista no independentista desde hace más de una década hace ver a personalidades como Jaume Guardiola, presidente del Cercle d'Economia, que esa normalidad podría haber llegado. También lo ven así desde la Cambra de Comerç o Pimec, que celebra la “desjudicialización de la política acordada democráticamente” y la “normalización”.

Ahora, el sector económico y empresarial reclama al nuevo Govern calma y estabilidad, que durante los últimos años –con vaivenes jurídicos, políticos y repeticiones electorales– no ha habido. Y lo que también es una petición casi unánime es la elaboración de un nuevo modelo de financiación. “Todas las infraestructuras y los servicios sociales están al límite”, aseguró Guardiola en una entrevista a elDiario.es poco antes de la investidura de Illa.

Desde el Cercle d'Economia piden al Govern que sea “valiente” y apueste por un modelo de financiación de progreso. Otros agentes económicos, como Pimec y las patronales, también se han posicionado abiertamente a favor de un nuevo paradigma fiscal.

Pero no todo son alegrías en el sector empresarial. Algunas entidades como Foment –a pesar de estar satisfecha con la investidura– se muestra recelosa de las consecuencias que puedan tener los pactos que Illa ha necesitado con ERC y Comuns para llegar a la presidencia. Foment habla de “preocupación” de que se dibuje “un horizonte político de corte intervencionista que propugne la cultura del decrecimiento”.

En este sentido, la patronal ve “decepcionante” que, fruto de los acuerdos de investidura, se quieran frenar la ejecución de la B-40, del macrocasino del Hard Rock o que se haya sustituido la ampliación del aeropuerto por una propuesta de “modernización”.

Pero para otros agentes, los pactos con Comuns y ERC, en lugar de poner palos a las ruedas, podrían quedarse cortos. Mientras las patronales piden más rebajas fiscales y la suspensión del impuesto de sucesiones, sindicatos como CCOO y UGT reclaman ir más allá.

Un refuerzo del estado del bienestar

El secretario general de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco, felicita a Illa, pero considera que las políticas fiscales planteadas “no han sido suficientemente claras”. Lamenta que, hasta que no ha habido acuerdo de investidura, “no dejó clara la decisión de mantener el impuesto de sucesiones ni su intención manifiesta de incrementar los tramos de IRPF según la renta”.

Pacheco reclama “políticas más valientes” y en la misma línea se expresa el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, que pide al nuevo president que ejerza las competencias catalanas con “políticas más decididas”. Insiste en la necesidad de dibujar una hoja de ruta para definir el futuro industrial y un modelo de turismo sostenible, a la vez que se refuerce el diálogo social y político para “resolver el conflicto y mejorar las condiciones de la clase trabajadora”.

Los dos sindicatos mayoritarios coinciden en que el nuevo modelo fiscal es una buena noticia, siempre que sea para reforzar el estado del bienestar. “No debe servir para rebajar impuestos, sino para tener ingresos de más para mejorar la sanidad y la educación públicas”, apunta Ros.

En este sentido, ambos consideran que otro de los grandes retos que tiene el Govern es atajar la crisis de la vivienda. “Los altos precios son uno de los grandes impedimentos de la clase trabajadora para tener una vida digna”, dice Ros. Por su parte, Pacheco también pone el foco en la necesidad de desplegar políticas verdes y en la urgencia de seguir desarrollando medidas contra la violencia machista.

Ambos están satisfechos con la investidura, pero desde CCOO manifiestan dudas sobre algunas decisiones, como la de nombrar a Miquel Sàmper como conseller de Empresa y Trabajo. Quien fue conseller de Interior en el Govern de Torra no tiene una vinculación clara con el sector económico ni laboral, así que el nombramiento ha causado “sorpresa” en Pacheco. “No esperábamos que esa fuera la apuesta. Tendremos que ver qué equipo monta y si va a estar capacitado”, apunta.

Recelos sobre algunas conselleries

El de Sàmper no es el único nombramiento que ha despertado recelos. El anuncio de Olga Pané al frente de la cartera de Salud ha generado una oleada de críticas en redes a raíz de unos vídeos antiguos en los que se la ve reclamando una reorganización de las jornadas de los médicos para permitir que puedan hacer más horas o asegurando que los pediatras no son necesarios en los Centros de Atención Primaria –reclamación que, por otra parte, es compartida con algunas entidades de sanitarios–.

Uno de los aspectos de Pané que más inquieta al sector es que proviene de la sanidad privada y el sindicato Metges de Catalunya ya se ha dirigido, mediante un comunicado, a la nueva consellera, advirtiéndole de que “deberá pensar en la globalidad del sistema, poniendo siempre por delante el carácter público del mismo y buscando la protección y el bienestar de sus trabajadores”.

El colectivo ha querido resaltar la necesidad de ampliar el presupuesto sanitario “en unos 3.000 millones de euros anuales” para mejores condiciones laborales y garantizar una buena atención a la ciudadanía y reducir, entre otras, las largas listas de espera. Metges de Catalunya reconoce la “larga trayectoria” de Pané y le insta a seguir con la transformación del modelo sanitario catalán iniciada durante el mandato de ERC, que también garantizó espacios de participación para los sanitarios.

Otro de los anuncios que no ha calado del todo bien es la creación de la 'superconselleria' de la que se hará cargo Sílvia Paneque, que está al frente de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Es cierto que las entidades verdes ven con buenos ojos que se haya separado la cartera ecologista de la agrícola –que antes convivían en la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural–, debido a que apela a sectores, a menudo, con intereses contradictorios.

Pero algunas, sobre todo las vinculadas a la conservación del entorno, temen que la lucha contra la crisis climática quede camuflada entre los asuntos que afectan a la vivienda, al traspaso de Rodalies o la portavocía del Govern, que también está en manos de Paneque. Aun así, algunas entidades más dirigidas a la promoción de la descarbonización ven el vaso medio lleno y consideran que este cóctel puede ayudar a impulsar la energía verde, ya que la tramitación de parques eólicos y solares recae en Territorio, cosa que antes retrasaba las gestiones.

Otro de los nombramientos que genera división de opiniones es el de Esther Niubó al frente de Educación. Tiene experiencia en el sector y es conocida por el principal sindicato de profesores, la USTEC. Su portavoz, Yolanda Segura, pone el foco en las tensiones que puede haber en lo relativo a la inmersión lingüística. “Es muy beligerante con este tema, e incluso pidió la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en los centros”, lamenta la sindicalista.

Más allá de la lengua, los maestros tienen claro qué le piden a Niubó: más recursos para acabar con la segregación y el abandono escolar prematuro y una apuesta clara por la escuela pública. Igualmente, esperan tener una mejor relación que con su predecesora, Anna Simó. Durante el ejercicio de su cargo hubo récord de huelgas en el sector y USTEC pide que se dé marcha atrás en algunas de las medidas adoptadas por Simó como avanzar el calendario escolar.

Otro de los colectivos candentes en esta legislatura –al menos, al principio– son los Mossos d'Esquadra. La nueva consellera, Núria Parlon, tiene el reto de subsanar la imagen del cuerpo después de la huida de Puigdemont. El Sindicat Autònom y el Sindicat de Mossos d'Esquadra lamentan la gestión del anterior conseller, Joan Ignasi Elena, y esperan que su sucesora no les tenga “como un enemigo”. Y piden, sobre todo, que Parlon “sea más cercana al cuerpo” y no se guíe “por su agenda política”.

Con todo, las entidades y agentes sociales quedan atentos a este nuevo Govern, que –como todos– empieza con retos. Pero en este caso Salvador Illa tiene el mandato de gobernar Catalunya en lo que se ha concebido como una nueva etapa tras el procés, que deja la agenda nacional a un lado por primera vez en siete años.

El sindicato CCOO ha insistido este lunes en aprobar “ya” la reducción de la jornada laboral, aunque está dispuesta a no exigir una aplicación inmediata de la reforma. “La reducción de jornada es necesaria, es posible y es ahora. Instamos el gobierno que no flaquee”, ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una rueda de prensa en Barcelona. “Podemos tener margen para negociar los plazos”, ha matizado a continuación.

El sindicato ha apostado por llegar a un acuerdo en la mesa tripartita que está negociando la reducción de jornada, pero ha avisado que si los empresarios continúan “en silencio y sin hacer propuestas” habrá que usar la mayoría parlamentaria y tirar adelante sin un acuerdo con la patronal CEOE. El secretario general del sindicato en Catalunya, Javier Pacheco, ha pedido a las patronales que “dejen de tocar las trompetas del apocalipsis y empiecen a aterrizar propuestas”.

Precisamente este lunes, centenares de delegados del sindicato se han movilizado ante las puertas de la patronal catalana Foment del Treball, a quién Pacheco ha acusado de hacer “de ariete” de las posiciones de la patronal en España a la hora de criticar la reducción de la jornada, del mismo modo que también lo fue contra el aumento del SMI o la reforma laboral.

Pacheco ha insistido en que “hay margen suficiente para meter una reducción de jornada” sin alarmismos, y no solo para las grandes empresas sino también a las pymes. También ha enviado un mensaje a los partidos que apoyaron a la investidura de Pedro Sánchez, reclamando el apoyo a la reducción del horario. “Que nadie empiece a hacer de lobby político y de amigos de las élites”, ha reclamado, antes de advertir que habrá “movilizaciones” en caso de que no se apruebe la modificación.

El sindicato ha denunciado que hay una “campaña intensa” para criticar la rebaja de horas de jornada que plantea el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y ha contradicho las críticas a la medida por afectar la competitividad y la productividad, recordando que los sectores más competitivos y que exportan tienen jornadas por debajo de las 40 horas.

Además, los líderes sindicales han apuntado a los beneficios para reducir la brecha de género. “Si queremos construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, incorporar la reducción de la jornada laboral es abrir el camino a la igualdad y corresponsabilidad. No desfalleceremos”, ha añadido el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quiere reforzar las relaciones con Catalunya. Al menos, con sus empresarios. El líder popular apela al “equilibrio, la lógica y la coherencia” a una “proximidad respetuosa” entre ambas comunidades, para “resolver reivindicaciones comunes que benefician a la Comunitat Valenciana y Catalunya”, como las grandes infraestructuras, pero continua marcando las distancias políticas.

Mazón asistió el miércoles a Barcelona, invitado a una conferencia en la sede de Foment del Treball, la confederación de los empresarios de Catalunya, cuyo título era 'Comunitat Valenciana, liderant el Mediterrani', toda una declaración bajo la que exponer el “nuevo modelo” político. El presidente valenciano incluyó a su homólogo catalán, Pere Aragonés, ni en la agenda de la visita ni en su ronda de encuentros con líderes autonómicos para tratar cuestiones comunes. Se reunirá, eso sí, con el presidente de Murcia la próxima semana para abordar el trasvase Tajo-Segura y otros asuntos del agua.

Entre las reivindicaciones comunes, el presidente valenciano apuntó al Corredor Mediterráneo, una ambición compartida con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Arrancó la conferencia con un apunte sobre el tiempo que se tarda en ir de València a Madrid frente a lo que cuesta ir a Barcelona, más del doble en caso de coger el tren: “Es el síntoma de una gran anomalía. Estamos de espaldas”, dijo Mazón, que pidió un acercamiento entre territorios “sin intermitencias ni paternalismos”. “Estando tan próximos no tiene sentido esa lejanía”, apuntó, para después reclamar que no “bajemos el diapasón” y que los agentes sean igual de reivindicativos con la parte de la infraestructura que se desarrolla en la Comunitat Valenciana que en Catalunya.

El dirigente valenciano defendió sus rebajas fiscales como un agente dinamizador de la economía, siguiendo el axioma liberal por el que menos impuestos suponen mayor recaudación. Habló de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, que según sus palabras, ha beneficiado a 1.500 valencianos que se han ahorrado 10 millones de euros en conjunto; de la derogación de la tasa turística, que nunca llegó a aplicarse, de la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales o de las desgravaciones del IRPF en deporte y sanidad privada.

Junto a la reducción de la burocracia, afirmó que así fomenta el Consell “el dinamismo económico desde la libertad, la sensatez y el equilibrio”. En concreto, Mazón se refirió al 'Plan Simplifica', que permitirá “agilizar” los trámites burocráticos para las fotovoltaicas, que ahora “obtendrán su licencia en un año” o las constructoras, que tendrán las licencias de edificación rebajadas “de tres años a un mes.”

Eliminación de impuestos verdes

Siguiendo con las rebajas fiscales y administrativas, el presidente valenciano avanzó que no se desarrollarán los impuestos previstos en la Ley de Cambio Climático. Mazón aseguró que el impuesto a las grandes superficies comerciales, a la industria y a los vehículos que generasen emisiones contaminantes, aprobados por el anterior Ejecutivo, no entrarán en vigor. “No lo voy a poner en marcha porque no va a ayudar a nuestra competitividad. Y es, en mi opinión, un discurso 'fake' de sostenibilidad. Y lo único que va a provocar es el colapso”, defendió.

La Junta Directiva de la patronal catalana Foment del Treball ha aprobado incorporar al exconseller de Justicia Carles Mundó para el consejo asesor de la entidad formado mayoritariamente por expolíticos. Su tarea consistirá en realizar propuestas concretas para las acciones de Foment del Treball y no comportará ninguna retribución económica. 

Mundó fue el titular del Departamento de Justicia de la Generalitat entre 2016 y 2017, hasta la aplicación del artículo 155 tras el referéndum del 1-O. Durante su mandato, cerró la histórica cárcel Modelo de Barcelona y culminó el Código Civil de Catalunya, entre otros. Actualmente, ejerce como abogado en el despacho Vallbé, del que también es socio.

Como consejero de Presidencia, Mundó integrará un consejo asesor formado principalmente antiguos políticos y cargos vinculados a partidos como PP, PSOE, CiU y Junts. El último fichaje para este espacio consultivo de Foment fue Elsa Artadi, exconcejal de Junts en Barcelona y exconsejera de Presidencia de la Generalitat. También lo integran figuras como el exministro socialista de Trabajo Valeriano Gómez, el exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte o el exdiputado de CiU Josep Maria Guinart.

Nacido en Vic en 1976, Mundó es licenciado en Derecho por la UPF y es master en Derecho Urbanístico y de la Edificación por la misma universidad. Es miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad, árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona y vocal del Observatorio del Derecho privado de Catalunya. Además, también ejerce como secretario en diversas fundaciones del ámbito hospitalario, social y cultural y colabora habitualmente en 'La Vanguardia' y 'Ara'.

Por su parte, el exconseller también ha sido miembro del Consejo Social de la Universitat de Barcelona y presidente de la Comisión académica del Consejo Social de la UPF. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Justicia de la Generalitat (2018) y la Medalla Ilustre del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

El Govern destinrá 14,5 millones de euros del presupuesto de 2023 a garantizar más plazas para la Formación Profesional (FP) en el próximo curso 2023-2024. Así lo ha anunciado este lunes el ejecutivo, tras un encuentro con el Consell del Diàleg Social (patronales Foment del Treball y Pimec, y los sindicatos CCOO y UGT).

Además, también se prevé destinar 4 millones de euros de ayudas para “intensificar el apoyo” a la internacionalización de las empresas catalanas. Igualmente, se ha formalizado el incremento del 8% del Indicador de la Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) para 2023, de tal manera que pasará de los 569,12 euros mensuales a los 615.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado el acuerdo de “histórico” y ha remarcado que es la primera vez que e incluye a los agentes sociales en la negociación de los presupuestos.

En plenas negociaciones con el PSC

Este acuerdo llega en medio del proceso de negociaciones por los presupuestos catalanes y horas después de que la portavoz del PSC, Alícia Romero, asegurara que ve “muy difícil” cerrar un acuerdo durante esta semana.

Las previsiones marcaban el Consejo Ejecutivo extraordinario de este miércoles como el momento en que se podrían aprobar los presupuestos, para que el Parlament pudiera hacer un debate de totalidad antes de Navidad y tenerlos aprovados para la segunda quincena de enero. Pero este escenario, tras las palabras de Romero, parece que se aleja, a pesar que la socialista ha asegurado que las negociaciones continúan en pie durante esta semana.

Romero, en una entrevista con la ACN, ha advertido al ejecutivo que si quiere el apoyo socialista, no puede presentar las cuentas hasta que “todo esté negociado y cerrado”. Siendo, además, que los presupuestos ya no podrán estar vigentes el 1 de enero y se requerirá de una prórroga técnica, los de Salvador Illa, que aseguran que no tienen prisa, apuntan que “ya no viene de 30, 40 o 45 días”.

Con todo, el PSC ha recordado que quieren un presupuesto negociado, “no de adhesión” y alertan que cualquier otro tipo de enfoque sería “de una cierta falta de respeto hacia el adversario”.

La patronal catalana Foment del Treball ha fichado a Elsa Artadi, exdirigente de Junts, como consejera de la presidencia de la entidad, que dirige Josep Sánchez Llibre. Según ha anunciado la patronal en un comunicado, la reunión de la Junta Directiva de este mismo lunes ha aprobado la incorporación de Artadi y de otras tres personas, con el cometido de asesorar y presentar propuestas directamente al presidente de Foment. El cargo no está remunerado, pero supone protagonismo e influencia en la principal organización el empresariado catalán.

Junto a la expolítica entrarán en la entidad con el mismo cargo Toni Isac, quien fuera conseller de Justicia de Jordi Pujol en los años 90; Josep Maria Guinart, exdiputado de CiU en el Congreso, y Laura Pellisé. Estos nuevos consejeros se suman a Valeriano Gómez, Enrique Lacalle, Vicente Martínez-Pujalte, Alex Sáez y Manuel José Silva, que habían desempeñado esta función hasta ahora.

El paso de Artadi al mundo de la patronal privada llega seis meses después de su inesperada renuncia como líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, tras una legislatura en la que no había podido remontar las encuestas desfavorables para el partido. La exconcejal alegó entonces razones de índole personal y dio un paso atrás justo antes de iniciarse una de las fases más cruentas de la guerra interna en su partido, que acabó con Laura Borràs tomando las riendas de Junts.

Artadi, economista de formación, había hecho la mayor parte de su carrera en el ámbito académico hasta el año 2011, cuando entró en política desde la parte técnica y como mano derecha del exconseller de Economia con Artur Mas, Andreu Mas-Colell. Tras los hechos de octubre de 2017, Artadi se convirtió en una de las principales personas de confianza de Carles Puigdemont y llegó a sonar como sustituta de éste en la presidencia.

Ya con Quim Torra en el Palau de la Generalitat, Artadi ocupó la cartera de Presidencia y pilotó la primera fase de las negociaciones con el Gobierno central, cuando se establecieron los primeros contactos bilaterales de lo que después sería la mesa de diálogo. En la última legislatura, Artadi rechazó el ofrecimiento para asumir la cartera de Economía en el Govern de Pere Aragonès, después de una negociación para formar gobierno en la que la política de Junts había considerado que ERC lograba imponer sus puntos de vista.

Pese a las diferencias en los puntos de vista sobre la independencia y el procés entre el presidente de Foment y Artadi, ambos comparten opiniones cercanas sobre la marcha de la economía y el mundo empresarial. Durante su etapa en la política, Artadi había defendido la ampliación del Aeropuerto de El Prat, un asunto de vital importancia para Foment, y llegó a firmar junto a Foment un plan de “apertura segura” de la hostelería durante la pandemia.