La Fiscalía Provincial de Barcelona ha comenzado a investigar la denuncia que la Universitat de Barcelona (UB) presentó el 22 de diciembre contra el catedrático Ramón Flecha y su grupo de investigación CREA. Según ha podido saber elDiario.es, la Fiscalía admite a trámite la denuncia e inicia una investigación para decidir si lleva el caso ante un juzgado y, en ese caso, con qué cargos.

El 22 de diciembre, la UB anunciaba que su informe interno había detectado hechos “muy graves” que podrían ser constitutivos “de conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias” y que eso encajaría con la existencia de un “grupo coercitivo de alto control”. Aunque el centro no ha concluido todavía su investigación interna, decidía elevar su primer informe a la Fiscalía como medida cautelar. Un día después, el CREA anunciaba su disolución.

Fuentes de la Fiscalía de Barcelona confirman que las diligencias de investigación se llevarán a cabo por la nueva sección que se encagará de los casos de violencia sexual así como de violencia a la infancia y la adolescencia.

Ademas de la denuncia ante la Fiscalía, la UB apartaba a otros tres profesores vinculados al grupo CREA. Ramón Flecha ya fue suspendido como catedrático emérito el pasado julio, después de que una investigación de elDiario.es junto con RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre desvelara el testimonio de varias subordinadas que señalaban que Flecha las coaccionaba para tener sexo, darle masajes o hacerle tareas domésticas mientras sus carreras profesionales dependían de él. Fue entonces cuando la Universitat de Barcelona inició una investigación interna.

Como parte de las medidas cautelares, la UB también ha congelado los méritos académicos y profesionales que están bajo sospecha por la investigación al grupo CREA para que, de momento, no se tengan en cuenta en los procesos de selección del profesorado. Incluyen también medidas de acompañamiento psicológico para todas las afectadas del centro, así como el traslado de la información del caso a otras universidades donde el grupo de investigación tiene presencia.

El informe que la UB presentó a la Fiscalía cuenta con el testimonio de 16 personas e incluye una evaluación pericial psicológica de la fiabilidad de los testimonios.

Ocurrió en septiembre de 2018: Tamara (nombre ficticio), una estudiante llegada de Brasil para cursar un máster en la Universidad Complutense, fue agredida sexualmente por uno de sus profesores durante unas jornadas que se celebraban fuera de Madrid. La mujer, en estado de shock y con una precaria situación económica, buscó ayuda en diferentes lugares, también en la Universidad, a través del coordinador de su máster, de una trabajadora social que intermedió con la Complutense e incluso, años después, de un correo electrónico. Todos los intentos fueron infructuosos: la Universidad no tomó medida alguna porque, según aseguraron a esa trabajadora social, al ser un caso de agresión sexual y no de acoso, no podían hacer nada.

En julio de 2024, la mujer consiguió los recursos económicos y el apoyo para presentar una denuncia judicial en España. No solo contra su agresor, también contra la Complutense como responsable subsidiaria por no hacer nada a pesar de tener conocimiento de lo sucedido. Un juzgado de León, la ciudad en la que sucedieron los hechos, está instruyendo la causa y le ha requerido al centro un informe sobre su actuación en el caso.

“Él había sido su profesor durante ese año, pero cuando sucedieron los hechos ya no lo era. Habían generado una relación de confianza, el máster duraba dos años y él era una persona con mucha presencia en ese máster, aunque ya no fuera a darle clase. Por eso, al principio tuvo miedo de mover mucho el caso, tenía miedo de que hubiera alguna consecuencia para ella y de que, después del esfuerzo, tuviera que regresar a Brasil sin el título”, explica el abogado de Tamara, Isaac Guijarro, del bufete Olympe Abogados.

Aún así, después de sufrir la agresión sexual, Tamara habló con el director de su máster para contarle lo sucedido, aunque sin revelar la identidad del profesor. A lo largo de varios años, una trabajadora social del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid (Cimascan) contactó, de parte de Tamara, con la Oficina Defensora del Estudiante y con la Unidad de Igualdad de la UCM. Ninguna de las gestiones hizo que la Complutense abriera expediente, investigación o trámite de información alguno, ni que preguntara al profesor por lo sucedido.

Según recoge un informe de Cimascan aportado a la causa, a comienzos de 2024 la trabajadora social del centro que se encargaba del caso de Tamara logró hablar con una persona adscrita a la Unidad de Igualdad de la UCM. La trabajadora social dejó por escrito un resumen de esa conversación: “Me comenta que trataron de explicarle que desde la universidad pueden actuar en casos de acoso sexual, porque sí existe la posibilidad de introducir alguna sanción administrativa, pero no en casos de agresión sexual, dado que son procedimientos penales donde no cabe una respuesta administrativa. Nombra que al parecer no hubo contacto ni conocimiento previo por parte de la universidad o ella no ha encontrado nada. Indico sí lo hay. En 2019 Tamara me indica que habla con su director de Máster (aunque no dio nombre al profesor) y yo hablé con él, aunque de manera general, y que en octubre de 2021 contactamos con la Unidad de Igualdad aunque sin conversar con la directora (devolvió llamada en una ocasión, y nunca más) [sic]”.

La respuesta oficial de la Universidad Complutense al requerimiento del juzgado de instrucción que investiga el caso es un informe en el que asegura que no consta “instancia” de la mujer al respecto, es decir, que no interpuso una queja oficial al amparo del protocolo contra el acoso que tiene la universidad, algo que, por otra parte, tampoco hubiera sido posible de seguir el criterio que la Unidad de Igualdad le expresó a la trabajadora de Cimascan.

La Complutense sí reconoce que el 30 de octubre de 2023 recibió un correo electrónico “sin firma legítima ni autentificación” que atribuía conductas “presuntamente ilegales” a este profesor por parte de la víctima. “Valorada dicha cuestión en atención al tiempo transcurrido, ya que los delitos denunciados eran de naturaleza privada, por parte de esta Secretaría General se le remitió contestación, también mediante correo electrónico, en fecha 2 de noviembre de 2023. El citado correo aconsejaba a la interesada que pusiera tales hechos en conocimiento de la Policía Nacional, la Fiscalía Provincial, o los propios Juzgados de Instrucción, por ser los órganos competentes para conocer de los mismos. Tras la remisión de dicho correo, no consta nueva actuación de la interesada”, decía la universidad en su informe al juzgado.

Preguntada por elDiario.es por su actuación en este caso, la Universidad Complutense alegaba, primero, que no le era posible pronunciarse “pues podría dar lugar a una eventual identificación y con ella el acceso a datos personales de carácter especial que la ley no ampara, lo que sobrepasa los límites del derecho a la información”. Repreguntada por su actuación en los casos en los que existe una queja o denuncia por agresión sexual, la Complutense asegura que la remiten “de manera inmediata” a la Fiscalía, como sucede en los casos de acoso. El centro insiste en que se pueden adoptar medidas provisionales de carácter sancionador “cuando existen denuncias ante la inspección de servicios, con independencia de que los hechos sean remitidos a fiscalía”, es decir, cuando hay una queja formal a través del protocolo.

Acoso y coacciones

Desde Olympe Abogados, el despacho encargado del caso de Tamara, están convencidos de que la UCM debe responder como responsable civil subsidiaria “respecto de los daños y perjuicios psicológicos y morales que el profesor produjo a la víctima y alumna tras la agresión sexual”. “A pesar de que ella puso en conocimiento de la universidad los hechos tan graves que habían sucedido, así mismo lo hizo Cimascan incansablemente, esta no actuó de ninguna de las maneras y, en consecuencia, se produjeron, tras la agresión sexual, un delito de acoso, de coacciones y contra la integridad moral. Delitos que se produjeron en el edificio y aulas de la propia universidad”, aseguran.

Y es que, además del delito de agresión sexual, la acusación de Tamara ha incluido en su querella los delitos de acoso, coacciones y contra la integridad moral. Después de la agresión sexual, la mujer empezó a tener síntomas graves, como pérdida de voz, espasmos musculares y pánico por la posibilidad de encontrarse con el profesor, por lo que comenzó a evitar a toda costa esa posibilidad cuando iba a la universidad.

“Fue en este momento, cuando el querellado comenzó a enviar emails, cada vez con mayor frecuencia, intentando captar su atención [...]. Al ver que no respondía, comenzó entonces a preguntar por ella a otros compañeros, a esperarla a la entrada y salida de su clase e incluso en otras partes de las instalaciones de la universidad. Comenzó a acosarla. Mi mandante siempre huía como buenamente podía ya que lo último que quería era encontrarse al hombre que la había agredido sexualmente. El querellado no aceptó su negativa y le envió otro email exigiendo su atención y respeto. Debido a este acoso, ella comenzó a esconderse en los baños de la universidad, a faltar a exámenes y clases o a llegar tarde cuando él estaba en la puerta de la clase o en los pasillos esperándola. Esto, como es lógico, tuvo un impacto nefasto en su rendimiento académico”, puede leerse en la querella. elDiario.es ha accedido a varios correos electrónicos que el profesor denunciado envió entonces a Tamara y al informe psicológico de una profesional que la atendió.

La cronología

Después de ser agredida, Tamara acudió en busca de ayuda, primero, a la Federación de Mujeres Progresistas que, a su vez, la derivó al Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid (Cimascan). El informe del Centro aportado a la causa constata que Tamara contactó con el servicio a finales de octubre de 2018 y que mantuvieron con ella numerosas comunicaciones y gestiones hasta 2024. El documento recoge el relato de la mujer, su sintomatología, que en algunos periodos de tiempo llegó a afectar gravemente a su salud mental, y el periplo que siguió en busca de apoyo psicológico, legal, académico y económico.

Entre la ayuda que Cimascan trató de dar a la superviviente estaba la mediación con la Universidad Complutense. En el informe puede leerse cómo Tamara les solicita repetidamente esa mediación para poder retrasar la entrega de trabajos debido a su estado psicológico y no perder así el máster. Una trabajadora social contacta entonces con la Oficina Defensora del Estudiante, quienes le comunican que no tienen capacidad de hacer ese tipo de gestiones, sino que debe ser el coordinador del master o “cada profesor particular” quien tome esa decisión. La trabajadora social contacta entonces con el coordinador del master, quien le asegura que ya le han ofrecido aplazamientos de trabajos, pero que no tiene capacidad de mover fechas de exámenes ni de ampliar matrículas.

Desde comienzos de 2021, Tamara les transmite a las trabajadoras de Cimascan que empieza a sentirse preparada para denunciar, aunque su sintomatología sigue siendo intensa. “Quiere hacerlo tanto contra él como contra la universidad”, deja por escrito la trabajadora social. El informe refleja que durante ese año, la mujer y las trabajadoras sociales continúan con consultas respecto a la reclamación a la universidad. Esas consultas incluyen a la Unidad de Igualdad de la Complutense.

Después de varios intentos de comunicación, el 15 de enero de 2024 una trabajadora mantiene una conversación con una persona adscrita a la Unidad de Igualdad que reconoce que recibieron un correo electrónico de Tamara entre octubre y noviembre de 2023. La trabajadora social deja por escrito un resumen de la conversación en el que cuenta que la persona que habla en nombre de la Complutense asegura que no podían hacer nada al tratarse de un caso de agresión sexual y que solo tuvieron constancia del caso desde octubre de 2023. La trabajadora social le responde entonces que tanto Tamara como Cimascan han mantenido conversaciones con distintas personas y organismos de la UCM desde finales de 2018.

Por eso, la acusación de Tamara cree que, aunque la agresión sexual se hubiera producido irremediablemente, si la universidad hubiera actuado desde que tuvo conocimiento de los hechos, los delitos de acoso, contra la integridad moral y coacciones que atribuyen al acusado no se hubieran producido.

“Asimismo, las secuelas psicológicas que habría tenido la víctima habrían sido mucho menores, porque el daño y la persecución sufrida se habría acortado años. Si le hubiese abierto la puerta a mecanismos legales y psicológicos, las lesiones que tendría a día de hoy sería muchísimo menores y podría haber interpuesto la denuncia mucho antes, permitiéndole cerrar este capítulo de su vida hace años”, concluyen.

Si conoces o has vivido un caso como este, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

elDiario.es ha pedido a las 50 universidades públicas del país el número de expedientes abiertos por acoso sexual, laboral y lgtbifóbico desde que existen sus registros a la actualidad a través de solicitudes de información amparadas en la ley de transparencia. Han respondido 48 de los 50 centros públicos (salvo la Univesidad de Málaga y la de Jáen). Los datos muestran que en el las universidades públics se han registrado al menos 1.000 casos de acoso sexual, por razón de sexo, género u orientación en una década.

Además, los centros tienen constancia de 437 casos de acoso laboral. Sumando todos los tipos de acoso, incluyendo acosos y violencias sin especificar o consultas psicológicas y jurídicas, las universidades tienen constancia de más de 2.000 casos.

En las siguientes fichas puedes consultar los datos de los casos (que incluye expedientes, denuncias y consultas) registradas por las unidades de igualdad (o su equivalente) de cada universidad. Cada centro ha remitido sus datos con distintos formatos, periodos y clasificación. Por ejemplo, algunas solo incluyen los casos donde se activó el protocolo, otras todas las denuncias recibidas y algunas solo los casos cerrados. Algunas, además, también incluyen los expedientes que no terminaron en denuncia pero sí que la persona afectada solicitó asesoramiento jurídico o psicológico.

Si conoces algún caso de acoso sexual o laboral en las universidades públicas españolas, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es

El Departamento de Universidades de la Generalitat ha suspendido de forma cautelar una distinción otorgada esta misma semana a la académica Marta Soler, directora del grupo de investigación CREA al que pertenece Ramón Flecha, acusado por distintas mujeres de pedir sexo y masajes mientras era su jefe. La decisión llega menos de 48 horas después del acto en el que se le otorgó el reconocimiento a una Trayectoria de Excelencia dentro del programa de profesorado universitario Serra Húnter.

La Administración catalana justifica la suspensión cautelar por las informaciones de los testimonios que señalan a Flecha, desvelados por elDiario.es junto con Infolibre, RTVE Noticias y Ràdio4-RNE. Según Universidades, estos casos ponen en cuestión la “solidez” de la propuesta que hizo la Universitat de Barcelona (UB) para que se premiara a Soler. “En coherencia con los criterios de rigor, calidad y ejemplaridad que rigen el programa, el Departamento considera necesario suspender cautelarmente este reconocimiento”, añaden en un breve comunicado.

En este sentido, añade Universidades que es una decisión que adoptan “desde la responsabilidad y la prudencia institucional”. “No disponemos de la información necesaria para valorar con garantías la idoneidad de la candidatura”, sentencian.

Soler recibió el reconocimiento –un premio simbólico a la trayectoria, que no tiene dotación económica ni consecuencias administrativas– junto con otros 35 docentes y académicos este miércoles de la mano de la consellera Núria Montserrat, en un acto en el Palau Robert de Barcelona. Los galardonados lo eran propuesta de cada universidad. En su caso, de la UB.

Marta Soler es actualmente directora del Departamento de Sociología de la Universitat de Barcelona (UB) y desde hace años está también al frente del grupo de investigación CREA (Community of Researchers on Excellence for All), que antes lideró Flecha y que estuvo adscrito a la UB hasta 2020. El grupo ya fue acusado de funcionar como una secta en 2016, pero la Fiscalía archivó el caso.

A raíz de la aparición de testimonios de al menos seis mujeres en elDiario.es que señalan a Flecha por pedirles masajes y sexo, Soler ha optado por defender al catedrático emérito. No solo niega las acusaciones, sino que asegura que forman parte de una campaña de difamación contra CREA por dedicarse ese grupo a la investigación sobre violencia de género.

En paralelo, desde que salieron a la luz las acusaciones contra Flecha, decenas de profesores de la UB y de otras universidades, así como entidades feministas y sociales, han reclamado a la universidad que abra una investigación “independiente” sobre las prácticas del catedrático emérito. Lo han hecho a través de un manifiesto impulsado por la Asamblea Feminista de la universidad en el que se exige también que se aparte a Soler de las funciones de dirección y gobierno mientras se tramita ese procedimiento. “La posibilidad de que puedan influir [en referencia a ella o a Flecha] directamente o indirectamente en las condiciones académicas, laborales o de evaluación de las personas afectadas o testimonios justifica su cese preventivo”, señalan.

La Universitat de Barcelona (UB) ha comunicado a Ramón Flecha y al equipo de investigación del que forma parte (CREA -Community of Research on Excellence for All) que no podrán utilizar ninguna de sus instalaciones para celebrar un congreso europeo sobre “violencia doméstica” que han organizado a comienzos de septiembre, tal y como ha podido saber elDiario.es. CREA, el grupo investigador que creó en los 90 el catedrático emérito de la UB Ramón Flecha, es el organizador de la 'Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica' que tendrá lugar en Barcelona del 3 al 5 de septiembre y que iba a celebrarse en instalaciones de la Universitat de Barcelona. Tras la publicación de una investigación conjunta entre elDiario.es, TVE junto a RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, la UB ha cancelado el uso de sus instalaciones, aunque se resiste a abrir una investigación.

Los testimonios de un grupo de mujeres sobre el comportamiento de su catedrático emérito Ramón Flecha señalan que el investigador creaba un ambiente envolvente, con premios y castigos académicos, que desembocaba en masajes y sexo, según el relato de las afectadas, mientras mantenía una clara relación de superioridad jerárquica sobre ellas. También les pedía limpiar su casa, llevar a lavar el coche, planchar o preparar su maleta, de acuerdo a estos testimonios. Él era el líder del grupo de investigación CREA del que ellas formaban parte y, en ocasiones, era su director de tesis o parte del tribunal que juzgaría su trabajo de investigación para convertirse en doctoras.

Los relatos describen este tipo de comportamientos a lo largo de dos décadas, desde comienzos de los 2000 hasta casi la actualidad. Además, dos abogadas, en representación de 14 personas que han abandonado CREA en el último año, se dirigieron por carta al rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guardiá Olmos, el pasado 17 de junio para advertirles de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas. Sin embargo, la Universidad considera que, al no existir una queja formal en la propia Universidad, “no tiene constancia de hechos actuales”.

La decisión contradice el contenido de su propio protocolo “para la prevención, detección y actuación contra las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, de identidad de género o de orientación sexual, y otras conductas machistas o LGTBIQ+ fóbicas”, aprobado el 13 de mayo de 2022. En ese protocolo, la UB manifiesta “su política de tolerancia cero” y “su compromiso institucional”, que se concreta por ejemplo en “promover una cultura de prevención contra las conductas de acoso y las conductas machistas” o “elevar quejas, denunciar, investigar y, en su caso, sancionar, de acuerdo con lo previsto en este protocolo, cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso, discriminación o violencia”.

La Universitat asegura que, al no haber llegado una queja formal cursada tal y como aparece en su protocolo, no puede iniciar la investigación. Sin embargo, el documento asegura que no solo las personas afectadas pueden presentar la queja o denuncia, sino que también las personas “con responsabilidades académicas y/o administrativas” o “terceras personas que hayan tenido conocimiento directo o indirecto de alguna de las conductas descritas en el Protocolo” pueden hacerlo. Así mismo, consta que si durante el “impulso del procedimiento” hay personas afectadas o testigos que no se presentan a las citaciones, “se podrá continuar de oficio la tramitación del procedimiento, siempre que queden garantizados los derechos de defensa de todas las partes”.

Preguntada por este hecho, la UB insiste en que no tiene constancia de hechos actuales. “Para poder actuar de oficio, el rector necesita tener conocimiento al menos indiciariamente de unos hechos concretos, de la persona que denuncia y de la persona denunciada. En el caso que nos ocupa, la UB no dispone de ninguna denuncia actual, solo de las denuncias de 2006 y 2016 que ya se elevaron a Fiscalía, fueron archivadas y actualmente en materia administrativa (que es la competencia que corresponde a la Universidad) son hechos prescritos”, aseguran.

Una carta al rector

En el último año, al menos 24 personas han abandonado CREA. Varias de ellas han buscado asesoramiento legal ante el temor de que su salida supusiera algún tipo de represalia. En la carta fechada el 17 de junio y dirigida al rector de la Universitat de Barcelona, dos abogadas, en representación legal de un grupo de 14 exmiembros de CREA, advierte de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas “durante su pertenencia a la red CREA”. En la misiva, las abogadas cuentan que algunas de sus clientas “relatan haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.

La UB subraya que sus Servicios Jurídicos ya se han puesto en contacto con las abogadas que les enviaron la misiva “para conocer a fondo estos indicios y poder dar los pasos pertinentes”. Las abogadas, por su parte, valoran la disposición del centro, pero subraya que la campaña de desprestigio que sufren algunas de sus representadas por su decisión de desvincularse de CREA genera “un clima de miedo” que dificulta que puedan acudir a los mecanismos administrativos habituales. “No puede trasladarse exclusivamente a nuestras clientas la carga de activar los mecanismos existentes, más aún en un contexto en el que están siendo objeto de una campaña pública de desprestigio encabezada por el propio Ramón Flecha”, señalan.

“Los testimonios recogidos relatados en los reportajes publicados por RTVE, elDiario.es, InfoLibre y RNE – Radio 4, basados en hechos coincidentes, no describen incidentes aislados, sino un patrón prolongado de coerción sexual y subordinación jerárquica encubierta bajo vínculos académicos. Esta realidad exige una respuesta que trascienda los protocolos formales. No estamos ante hechos individuales, sino ante un esquema sistemático que requiere una mirada estructural y una intervención decidida por parte de la institución. Por ello, entendimos —y seguimos entendiendo— que el Rector, como máxima autoridad académica y responsable del buen gobierno universitario, es quien debía tener conocimiento directo de esta situación y actuar en consecuencia”, dice el comunicado de las abogadas que representan a 14 personas que abandonaron por CREA.

Por su parte, la Universitat de Barcelona asegura que CREA no está vinculado a su estructura académica desde 2020, si bien todos los correos de contacto que maneja CREA, así como el dominio de su página web, pertenecen a la UB. La universidad señala que ya han activado la desvinculación de su dominio tanto de la página web como del correo de CREA.

Otros mecanismos

La UB tiene, además, un Código Ético, cuya última modificación es de 2024. “Las relaciones sexoafectivas entre el personal docente e investigador y el alumnado se consideran, en todos los casos, claramente asimétricas, con un evidente componente de superioridad del primer colectivo hacia el segundo. Para evitar situaciones de abuso y/o de conflicto de interés en el proceso de evaluación y supervisión, estas relaciones se consideran una mala praxis profesional y, por tanto, contrarias a los principios de este Código”, dice en su artículo 6.

Más allá del protocolo de la Universidad, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado incluye la posibilidad de incoar un procedimiento de información reservada “de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario” cuando haya indicios de un comportamiento susceptible de ser una falta disciplinaria. El Reglamento incluye como falta grave el abuso de autoridad y, como muy grave, “toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La investigadora y experta en protocolos contra el acoso en las universidades Paula Martín Peláez explica que, como administración pública, una universidad debe abrir un procedimiento de información reservada si tiene indicios de que se están produciendo hechos que pueden ser constitutivos de falta disciplinaria y/o delito. “Es un procedimiento previo a la incoación de un expediente disciplinario, es una manera abrir una investigación para indagar. Se nombra a un instructor y se investiga los hechos, se puede llamar a personas del departamento, por ejemplo. Si se concluye que hay una falta o delito, entonces sí se necesita que las víctimas lo ratifiquen”, prosigue. En cualquier caso, Martín Peláez considera que la Universitat de Barcelona cuenta ya con suficientes indicios como para abrir una investigación según su protocolo interno.

Prepararle la maleta, plancharle camisas, limpiar el baño de su casa, fregar los platos o hacer la compra durante un viaje de trabajo, dormir donde él estuviera porque no quería quedarse solo, o llevar su coche a lavar (y pagarlo de su bolsillo). Varias mujeres que fueron becarias y/o colaboradoras del catedrático emérito de la Universitat de Barcelona (UB) Ramón Flecha en su grupo de investigación CREA cuentan cómo tuvieron que estar a su disposición durante meses o incluso años. Al menos seis de ellas, además, atestiguan cómo Flecha desplegó un comportamiento envolvente para mantener sexo con ellas y pedirles masajes mientras él mantenía una clara relación de superioridad jerárquica sobre ellas. Él era director de tesis de algunas de ellas y en otros casos formaba parte del tribunal que juzgaría su trabajo de investigación para convertirse en doctoras.

“No había un contexto para decir que no, no podíamos negarnos, se enfadaba y te castigaba. Veías que había sucedido con otra gente, que de repente te apartaba, podía estar días sin invitarte a nada, te rechazaba cosas, decidía no enviarte a una charla que pedía una universidad. Te jugabas tu reputación y que se hablara bien de ti en CREA. En la academia importa la nota, quieres tener becas, quieres tener plaza. Tienes que buscarte la vida y si alguien te promete una carrera y te incluye en proyectos, tú te atas a eso”, resume una de estas mujeres, Alejandra, sobre el clima de coerción en el que se encontraban.

La mujer prosigue su relato: “Sabías que si ibas a un viaje con él eras su chacha, le hacías la maleta, el power point, le planchabas las camisetas… Cada día le tocaba a una y era algo que normalizabas. Sabías que si ibas con él estabas a su servicio”. Durante un viaje de trabajo al que él le pidió que le acompañara, Alejandra recuerda haberse encargado de comprar la cena, lavar los platos, preparar la presentación que Flecha expondría al día siguiente, e incluso ir a comprarle una corbata “porque se la había olvidado”. “Tenías que estar a su disposición. En ese momento, él ya no era mi director de tesis, pero era de CREA y yo pasaba la mayor parte de mis horas haciendo tareas para CREA, eso repercutía en publicaciones y proyectos”, afirma. Esas publicaciones y proyectos eran fundamentales para la carrera académica de estas mujeres. Alejandra relata cómo “tenerle contento” hacía “que no se olvidaran de ti” a la hora, por ejemplo, de firmar artículos académicos.

Sabías que si ibas a un viaje con él eras su chacha, le hacías la maleta, el power point, le planchabas las camisetas… Cada día le tocaba a una y era algo que normalizabas. Sabías que si ibas con él estabas a su servicio

Alejandra

elDiario.es, junto RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, ha recopilado y contrastado el testimonio de varias mujeres que relatan este tipo de comportamientos por parte de Ramón Flecha a lo largo de dos décadas, entre el 2000 y la actualidad. Seis de ellas, además, participaron en encuentros sexuales y en masajes al catedrático. Todas las mujeres han preferido aparecer en este reportaje con pseudónimos por temor a represalias y para priorizar el relato colectivo.

Ramón Flecha (Bilbao, 1952) es catedrático emérito de sociología de la Universitat de Barcelona (UB), el tercer autor más citado en este campo en España, según Dialnet. Especializado en educación, es conocido por su proyecto Comunidades de Aprendizaje, basadas en su teoría del aprendizaje dialógico. Fue en 1991 cuando creó lo que hoy se conoce como CREA -Community of Research on Excellence for All-, un equipo de investigación ligado a la UB, al menos hasta 2020.

Desde 2013, Flecha ha participado también en conferencias y publicaciones sobre violencia de género, como “Las nuevas masculinidades alternativas y la superación de la violencia de género” o “Acoso sexual de segundo orden: violencia contra los silenciadores que apoyan a las víctimas”. Él mismo asegura en su perfil de redes sociales ser el “Científico nº 1 (ranking mundial) en Gender Violence”.

A preguntas sobre si él encargaba a sus colaboradoras este tipo de tareas, Flecha ha negado los hechos: nunca, ha respondido, ha sucedido esto con “subordinadas” o alumnas. Tampoco sexo o masajes. Preguntado sobre si ha podido incurrir en este tipo de conductas con mujeres cuyos contratos no dependieran directamente de CREA, pero sí estuvieran vinculadas académicamente al grupo, el catedrático se negó a especificar más: “Hacerme preguntas sobre sexo es acoso sexual”. Asegura que todo es parte de una campaña de difamación: “Si me atacan es por eso, porque he sido el primer catedrático que ha denunciado violencia de género y el acoso sexual en las universidades españolas”.

En el último año, al menos 24 personas han abandonado CREA. Varias de ellas han buscado asesoramiento legal ante el temor de que su salida supusiera algún tipo de represalia. En una carta fechada el 17 de junio y dirigida al rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia Olmos, la representación legal de un grupo de 14 exmiembros de CREA advierte de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas “durante su pertenencia a la red CREA”. En la misiva, las abogadas cuentan que algunas de sus clientas “relatan haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.

La UB asegura que sus servicios jurídicos han respondido a esa carta pero, hasta el momento, no ha considerado que se den las circunstancias para abrir una investigación interna porque no existe una denuncia formal.

Lavarle el coche, comprar bombones

Alicia es otra de las mujeres que relata cómo Ramón Flecha les encargaba tareas domésticas y recados. Entre 2003 y 2006, mientras era becaria, primero pagada por CREA y luego por el Ministerio de Educación pero dependiente de este grupo de investigación, Alicia relata cómo en algunas ocasiones tuvo que ir a lavarle el coche. “Hace años que no tiene, pero antes sí o igual te tocaba lavar un coche que no era el suyo, pero era en el que iba a ir él para, por ejemplo, recoger a un conferenciante. Te decía 'hay que ir a recoger a tal o cual, ve a lavar el coche', y había que lavarlo también por dentro. Me acuerdo que entonces costaba 30 o 40 euros limpiarlo, y yo, que era becaria, lo pagaba de mi bolsillo”, recuerda.

Ese no era el único recado del que tuvo que encargarse durante unos años. También era enviada a “comprar bombones a una pastelería muy lujosa de Barcelona” para ofrecerlos durante “las reuniones de equipo de un proyecto europeo”.

Tal y como relatan otras personas involucradas en CREA durante años, era frecuente que parte de la actividad del grupo tuviera lugar en casa de Ramón Flecha, desde trabajo de investigación hasta tertulias, comidas o cineforums. “Íbamos a trabajar a su casa y a veces llegaba un momento en que decía 'venga vamos a limpiar', y nos poníamos a limpiar entre todas su casa. Era mediodía y entonces decía que un equipo se fuera a cocinar, y el otro a limpiar. Yo he estado limpiando baños en casa de Ramón. Y he visto como a una compañera le pedía que le tiñera el pelo”, asegura Alicia, que estuvo participando de estas tareas hasta aproximadamente 2015. Mientras ellas limpiaban y cocinaban, él solía aprovechar para tener reuniones con algunas de ellas “en su habitación”.

“Tú estás en la universidad y él te pone encima de la mesa la posibilidad de dejar de trabajar en otros empleos y centrarte en la universidad, de publicar, de investigar. Las promesas son constantes y la promoción universaria depende de que tengas publicaciones, proyectos... Te metes en una rueda en la cual si bajas el ritmo se te aparta y pierdes tu posibilidad de promoción y tus relaciones personales más significativas, porque él ha conseguido que todo lo hagas con él y con su círculo: fin de año, San Juan, ver un partido de fútbol… en general, a muchas mujeres les pasaba que al mirar fuera de ese círculo ya no les quedaba nada”, describe Alicia sobre el clima en el que trabajaban.

Íbamos a trabajar a su casa y a veces llegaba un momento en que decía 'venga vamos a limpiar', y nos poníamos a limpiar entre todas su casa. Era mediodía y entonces decía que un equipo se fuera a cocinar, y el otro a limpiar. Yo he estado limpiando baños en casa de Ramón. Y he visto como a una compañera le pedía que le tiñera el pelo

Alicia

En 2016, la Universitat de Barcelona remitió a la Fiscalía tres denuncias que acusaban a CREA de funcionar como una secta y de practicar un alto grado de “manipulación psicológica”. Tiempo después, la Fiscalía archivó el caso porque no había, decía, elementos suficientes para considerar que los hechos pudieran calificarse como delito, pues las personas tenían la libertad de entrar y salir de CREA.

Esa no era la primera vez que la universidad recibía denuncias internas sobre Flecha y el CREA. Ya en 2004, y tras varias quejas, la Universitat abrió un expediente interno, al que ha tenido acceso elDiario.es. El instructor de ese informe recomendó abrir una investigación rigurosa y tomar medidas preventivas de manera inmediata. En ese expediente aparecía el testimonio de una mujer que relataba haber sido alumna de Flecha y mantener sexo con él mientras el catedrático tenía la capacidad de decidir sobre becas y proyectos. La UB afirma que “por personas que trabajaban entonces en el centro” sí se hizo seguimiento de ese expediente y sus recomendaciones, pero que, debido al tiempo discurrido, “trazar el detalle exhaustivo de las actuaciones realizadas en aquél momento no es nada sencillo”. En 2006 Ramón Flecha dejó la dirección de CREA, aunque todos los testimonios y pruebas recabadas muestran que nunca dejó de ser la persona que lideraba el equipo.

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Mónica confirma el patrón de comportamiento: “Podía pasar en cualquier momento, de cualquier forma, te decía '¿dónde estás? o '¿estás libre esta noche? pues ya te aviso' y tú tenias que estar pendiente, nos tenía a su disposición. También sucedía en el despacho que de repente tenías que ir con él a lo que fuera”. Las tareas eran variadas, prosigue, “lo mismo cocinar o planchar, hacerle la compra, hacerle la maleta, hacerle un power point para un congreso, viajar con él y darle feedback sobre su intervención o, si era por la noche, quizá tener sexo”.

La disposición también era total cuando Flecha, remarca Alicia, escribía a un grupo de Whatsapp que se llamaba 'Escudo': “Implicaba que si pasaba cualquier cosa, por ejemplo, si algún medio publicaba algo que no le convenía o recibía algún ataque en redes sociales, si había estado en una reunión y alguna persona había hecho un comentario que él consideraba que le atacaba, directa o indirectamente, la gente ahí paralizaba su vida y si hacía falta te ibas de madrugada a su casa a trabajar”. En esos casos, quienes se reunían en casa de Flecha tenían que preparar “una estrategia”, pensar mensajes para redes sociales, identificar a personas, generar contenidos, hacer llamadas...

Él hacía ese juego de que participaras en proyectos y papers mezclado con su discurso de crear momentos bonitos, transformar el mundo, la importancia de las utopías, cenas, paseos... Estaba para lo que él quería: relaciones cuando él diga, como él diga, el móvil siempre encendido

Raquel

Otra mujer, Raquel, cuenta que “estaba para lo que él quería”. Eso incluía “relaciones cuando él diga, como él diga, el móvil siempre encendido”. “Si él estaba de viaje igual me decía que le faltaba algo que no le habíamos puesto en su maleta, o lo mismo pedía planchar, limpiar, preparale tapers, ir a comprarle, llevarle a donde fuera”, cuenta. Durante esa época, Raquel tuvo una beca e hizo su tesis en CREA, grupo al que siguió vinculada. Los últimos mensajes de Flecha pidiédole algunas tareas académicas son de hace tan solo unos meses.

Reconoce que durante ese tiempo no se planteó “no responder” a lo que él pedía, “aunque fuera a las doce de la noche”. “La dinámica me llevaba a eso, pienso que él hacía ese juego de que participaras en proyectos y papers mezclado con su discurso de crear momentos bonitos, transformar el mundo, la importancia de las utopías, cenas, paseos...”, dice. Raquel recuerda cómo cuando Flecha tenía viajes le hacían la maleta: “En un viaje me hizo saber que no encontraba el pijama y yo me agobié porque se me hubiera olvidado algo así”.

Los relatos de las mujeres entrevistadas son coincidentes. Casi todas las mujeres conocieron a Flecha - el tercer autor más citado en el campo de la Sociología en España, según Dialnet- durante la carrera, cuando él fue su profesor en la Universitat de Barcelona, y empezaron a colaborar con CREA; y todas relatan un comportamiento envolvente que termina en sexo, masajes, y/o en participar en tareas logísticas para él. El catedrático las introduce en su equipo cuando son muy jóvenes, ofrece participación en investigaciones y proyectos, e inicia una relación personal -a solas y con otros miembros del grupo- por la que obtiene información íntima de ellas, que después utiliza.

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“Yo era becaria de su grupo de investigación, él se me tiró encima y solo recuerdo que acabamos en su habitación”. “Entiendes que o pasas por esto o abandonas tu carrera en la academia”. “Él insistía en que nadie podía saberlo”. “Yo sentía claramente que yo no quería, que eso no estaba bien, pero también quería creerme que no pasaba nada. En esos encuentros yo no era un sujeto, era un objeto, llegué a pensar que la única forma de sobrevivir en la academia era seguir enrollándome con él”. “Controlaba con quién podías quedar y si podías enrollarte con él o no”. “A veces, en su casa, pedía masajes, llegó un momento en que se quitó los pantalones y en un par de ocasiones, también los calzoncillos”.

Son frases extraídas de los testimonios de seis mujeres que señalan que el catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) Ramón Flecha –el tercer autor más citado en el campo de la Sociología en España, según Dialnet– las coaccionó para mantener sexo con ellas y les pedía masajes mientras él mantenía una relación de superioridad jerárquica sobre ellas: él era el líder del grupo de investigación CREA del que ellas formaban parte y, en ocasiones, su director de tesis o parte del tribunal que juzgaría su trabajo de investigación para convertirse en doctoras.

elDiario.es, junto a RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, ha recopilado y contrastado el testimonio de seis mujeres que relatan este tipo de comportamientos por parte de Ramón Flecha a lo largo de más de dos décadas, entre el año 2000 y la actualidad. Otras tres personas confirman que existieron este tipo de conductas, así como el testimonio de una mujer incluido en un expediente interno de la UB de 2004. Todas las mujeres han preferido aparecer en este reportaje con pseudónimos por temor a represalias y para priorizar el relato colectivo.

Los relatos de las seis mujeres son coincidentes. Casi todas conocieron a Ramón Flecha durante la carrera, cuando él fue su profesor en la Universitat de Barcelona, y empezaron a colaborar con CREA; y todas relatan un comportamiento envolvente que termina en sexo y/o masajes: el catedrático las introduce en su equipo cuando son muy jóvenes, les ofrece participación en investigaciones y proyectos, e inicia una relación personal -a solas y con otros miembros del grupo- por la que obtiene información íntima de ellas, que después utiliza.

“Siempre que hacías algo mal en el trabajo, eso era culpa de tus relaciones pasadas”, resume una de ellas. “Él lo llevaba todo a lo sexual”, añade otra. Una tercera afectada concluye: “Te dice que tener relaciones con él es lo que te va a redimir y hacer que tengas una vida mejor”. Todas las personas entrevistadas coinciden también en que el catedrático utiliza las publicaciones científicas sobre violencia de género en las que aparece su firma como parapeto ante cualquier crítica o acusación.

Ramón Flecha (Bilbao, 1952) es catedrático emérito de Sociología de la Universitat de Barcelona (UB). Especializado en educación, es conocido por su proyecto Comunidades de Aprendizaje, basadas en su teoría del aprendizaje dialógico. Fue en 1991 cuando creó lo que hoy se conoce como CREA -Community of Research on Excellence for All-, un equipo de investigación ligado a la UB. elDiario.es ha recabado la versión de la universidad, que asegura que el equipo no pertenece a la UB desde 2020. No obstante, su directora, Marta Soler, utiliza un correo de la UB, la propia web de CREA está alojada en el dominio de esta universidad y usa como mails de contacto los pertenecientes a este centro académico. En su web, actualizada el 30 de septiembre de 2024, CREA se autodefine como “un proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona, financiado con fondos europeos”.

Desde 2013, Flecha ha participado también en conferencias y publicaciones sobre violencia de género, como “Las nuevas masculinidades alternativas y la superación de la violencia de género” o “Acoso sexual de segundo orden: violencia contra los silenciadores que apoyan a las víctimas”. Él mismo asegura en su perfil de redes sociales ser el “Científico nº 1 (ranking mundial) en Gender Violence”.

En 2016, la Universitat remitió a la Fiscalía tres denuncias que acusaban a CREA de funcionar como una secta y de practicar un alto grado de “manipulación psicológica”. Tiempo después, la Fiscalía archivó el caso porque no había, decía, elementos suficientes para considerar que los hechos pudieran calificarse como delito, pues las personas tenían la libertad de entrar y salir de CREA.

Esa no era la primera vez que la universidad recibía denuncias internas sobre Flecha y el CREA. Ya en 2004, y tras varias quejas, la Universitat abrió un expediente interno, al que ha tenido acceso elDiario.es. El instructor de ese informe recomendó abrir una investigación rigurosa y tomar medidas preventivas de manera inmediata. En ese expediente aparecía el testimonio de una mujer que relataba haber sido alumna de Flecha y mantener sexo con él mientras el catedrático tenía la capacidad de decidir sobre becas y proyectos. La UB afirma que “por personas que trabajaban entonces en el centro” sí se hizo seguimiento de ese expediente y sus recomendaciones, pero que, debido al tiempo discurrido, “trazar el detalle exhaustivo de las actuaciones realizadas en aquél momento no es nada sencillo”. En 2006 Ramón Flecha dejó la dirección de CREA, aunque todos los testimonios y pruebas recabadas muestran que nunca dejó de ser la persona que lideraba el equipo.

En el último año, al menos 24 personas han abandonado CREA. Varias de ellas han buscado asesoramiento legal ante el temor de que su salida supusiera algún tipo de represalia. En una carta fechada el 17 de junio y dirigida al rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdiá Olmos, la representación legal de un grupo de 14 exmiembros de CREA advierte de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas “durante su pertenencia a la red CREA”, solicita información sobre cómo dio continuidad la universidad a las recomendaciones hechas en 2004, entre otros asuntos, y pide un canal seguro para abordar la situación que garantice “la seguridad” de las mujeres.

En la misiva, las abogadas cuentan que algunas de sus clientas “relatan haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”. La UB asegura que sus servicios jurídicos han respondido a esa carta y que no existen más denuncias que las de 2004 y 2016.

A preguntas de los cuatro medios de comunicación que participan en esta investigación, Ramón Flecha ha negado todos los hechos y asegura que existe una campaña para difamarlo debido a su apoyo a las víctimas de violencia de género y su lucha contra el acoso sexual en la universidad. Flecha asegura que “nunca” ha mantenido este tipo de relaciones ni pedido masajes a subordinadas o alumnas. Preguntado sobre si ha podido incurrir en este tipo de conductas con mujeres cuyos contratos no dependieran directamente de CREA, pero sí estuvieran vinculadas académicamente al grupo, el catedrático se negó a especificar más: “Hacerme preguntas sobre sexo es acoso sexual”. No obstante, Flecha subraya que es “líder mundial” en investigación sobre violencia de género y “pionero” en denunciar el acoso sexual en las universidades y que por eso mismo es “víctima de la violencia de género aisladora”.

Las historias

Mónica es una de las mujeres que relata este tipo de comportamientos por parte de Flecha. En su caso, la relación con el catedrático comenzó cuando, después de haber tenido varios encuentros con ella y otras personas, le ofreció un contrato como ayudante de investigación en CREA. Cuando tenía 23 años, y mientras mantenía una relación laboral con CREA, Ramón Flecha la invitó a cenar: “Recuerdo que me hizo preguntas personales, sobre mi pareja, mi familia, yo le conté muchas historias íntimas que demostraban de alguna manera mi vulnerabilidad. Yo confié en él. Ahí ya va ganándote porque ya has compartido ese tipo de cosas”. A partir de ahí, recuerda, la exposición a “situaciones sexualizadas” fue creciendo, como leves roces en brazos o manos, sorpresivamente y de manera unilateral, preguntas frecuentes sobre su pareja y juicios sobre su relación sentimental.

Mónica hizo su tesis vinculada a un proyecto de CREA y su relación profesional con Flecha se estrechó. Finalmente, durante un viaje de trabajo, la mujer asegura que Ramón Flecha aprovechó un silencio durante una conversación para abrazarla “muy fuertemente”. “Me muestra que está teniendo una erección. Me quedé en shock. No lo procesé, no fue un abrazo mutuo ni consentido. Yo no me moví. Él era mi jefe, mi beca dependía de él, yo trabajaba full time para él”, relata. Mónica cree que tener pareja en ese momento la protegió para que la situación no llegara a más. Sin embargo, la ruptura con su novio marca un punto de inflexión: “Me machacaban por haber estado con este chico, me culpan, me dicen que esta relación casi destruye el CREA. Y en esa situación de vulnerabilidad Ramón aprovecha para tener relaciones conmigo”. Las relaciones se extendieron durante unos meses, pero Flecha también involucró a Mónica en los masajes, recuerda, durante varios años más

Tal y como relatan otras personas involucradas en CREA durante años, era frecuente que parte de la actividad del grupo tuviera lugar en casa de Ramón Flecha, desde trabajo de investigación hasta tertulias, comidas o cineforums. Así empezaron los encuentros íntimos: “Él te decía de repente ‘vamos a hablar’ y te llevaba a la habitación. Casi siempre había más gente, pero también a veces sola... Muchas veces nos decía que estaba hecho polvo, que le ayudáramos, que tenía tensión ahí o allá… era un asco, lo envolvía todo de que era algo para cuidarle porque él cuidaba a todo el mundo y nadie cuidaba de él, se quejaba. Una vez, él estaba estirado en la cama, y una de mis personas de confianza estaba sentada con él. Él me cogió de la cabeza y se acarició la tripa con mi pelo, fue horrible”. Mónica recuerda que era frecuente que Flecha se quitara la camisa y que en ocasiones también se quitó los pantalones para tenderse en la cama y recibir los masajes. “Muchas veces me sentía simplemente exhausta, llegaba a pensar que sí, que había que cuidarlo. Yo aún no tenía ni 30 años, estaba contratada en algunos de sus proyectos de CREA, él era mi jefe”, subraya,

La presión se intensificó, asegura la mujer, quien recuerda peticiones de su jefe para que fuera a su casa: “En cualquier momento te decía ‘ven’ o ‘ven a casa y prepárate’. Era una orden, no sabías bien a qué ibas. Podía avisarte por teléfono, decirte ‘¿dónde estás?’ o ‘¿estás libre esta noche? Pues ven’. O te decía que te avisaba luego y tú tenías que estar pendiente. Era una orden, nos tenía a su disposición”. Una vez que sucedían los encuentros sexuales, Mónica recibía por parte de él comentarios sobre su mejora física o su belleza: “Creías que estabas mejorando pero ni siquiera sabías en qué. La idea era que tenías que comportarte bien para que confiaran en ti y te mandaran a un sitio u otro, porque si salía una convocatoria de beca o de plaza todos preguntábamos a quién le tocaba presentarse, y era él quien decidía. Si decidías por libre te machacaban, eras individualista, trepa...”.

Otro de los detalles que recuerda Mónica, y que coincide con el relato de otras mujeres, es que Ramón Flecha le pidió que no hablara con nadie sobre sus encuentros sexuales y que, después, le escribiera correos electrónicos “contándole lo bien que había estado” y lo que significaba para ella acostarse con él.

Muchas veces me sentía simplemente exhausta, llegaba a pensar que sí, que había que cuidarlo. Yo aún no tenía ni 30 años, estaba contratada en algunos de sus proyectos de CREA, él era mi jefe

Mónica

Este tipo de comportamientos se alternaba con lo que esta mujer describe como “machaque”. “Te decía que era mejor que él decidiera todo porque él era el que mejor decidía y lo que tú hicieras podía estar mal. Decía que no le valorábamos porque él era una nueva masculinidad alternativa, y que nosotras estábamos sometidas a nuestra socialización y que hacían falta 500 años para que las mujeres cambiáramos esa socialización y empezáramos a valorar a los hombres como él en lugar de a los chulos. De repente, te decía que lo estabas destrozando todo. Empezó a difamarme y a inventarse cosas sobre mí. Yo me estaba volviendo loca, ya pedía perdón por cosas que no había hecho”, describe.

Defender a CREA

“Mi relato público siempre ha sido defender a CREA”, dice Alejandra, otras de las mujeres que vivió este tipo de comportamientos. Como otras, esta mujer ha defendido durante años la imagen de CREA y de Ramón Flecha y creyó que las acusaciones y rumores se debían a un ataque académico hacia él y hacia su grupo de investigación: “Lo importante es que al final muchas hemos visto al mismo tiempo lo que realmente estaba sucediendo, las unas gracias a las otras”.

Mientras estudió Sociología en la Universitat de Barcelona, Alejandra acudía un día a la semana a CREA para colaborar con labores de investigación. “Ahí coincidimos sin más. Un día sí nos tomamos un café y me contó un asunto personal muy importante, yo no entendí por qué me lo estaba contando a mí”. La mujer se involucró más en la actividad de CREA, acudiendo con frecuencia a una reunión periódica en la que quienes participaban contaban sus experiencias sexuales y sus primeras relaciones afectivas, “porque decía que era la clave para entender nuestra vida sentimental”. Al acabar la carrera y empezar el máster, Alejandra comenzó a tener más relación con Flecha. “Él me empieza a apoyar y empezamos a tener una relación más estrecha, empiezo a ir a su casa, antes no había ido. Te cuenta cosas personales para que tú le cuentes, hablamos mucho sobre mi vida y pareja, se rompía la barrera entre lo profesional y lo personal. En ese momento, el CREA me empieza a potenciar. Yo siempre tuve un contrato externo a CREA, pero te hace entender que todo lo que tienes es gracias a ellos. En esos años, él era mi director de tesis, y sabes que en los tribunales hay gente de CREA”, explica.

Fue en esos encuentros en casa de Flecha donde, prosigue, comenzó a ver “que le pedía a mujeres que le dieran masajes”. “Cuando ibas a su casa no sabías si era a ver la tele, a escribir un artículo… Yo lo veía como cuidar a un señor mayor, que estaba muy cansado, él iba de víctima”, apunta. Fue así como, en 2016, Flecha comenzó a pedirle masajes, una conducta que duró entre 2016 y 2019: “Como lo había visto antes, cuando me lo pidió a mí me pareció natural. A veces había otra gente en el piso, y en ese momento yo los veía como mi familia, pasábamos todo el día juntos. Otras veces estaba sola con él. Algunos me los pidió en el salón, otras en su habitación, con otra chica o solo yo con él…. Hubo varios en la espalda, llegó un momento en que se quitaba los pantalones para que se los diéramos en las piernas. Al menos en un par de ocasiones se quedó desnudo”. Alejandra recuerda que las peticiones de masajes empezaron justo después de que ella le confesara un episodio de abusos que había sufrido: “Decía que era para que superara las imágenes que yo tenía en mi cabeza, mi trauma”.

Alejandra describe la dinámica de premios y castigos que Ramón Flecha desplegaba con las mujeres: “No había un contexto para decir que no, no podíamos negarnos a lo que pedía, se enfadaba y te castigaba. Veías que lo había hecho con otra gente, apartarla de repente, o si se molestaba, estaba días sin invitarte a ir a nada, te rechazaba cosas, decidía no enviarte a una charla que pedía una universidad”. Ella nunca compartió con nadie lo que sucedía con los masajes y ni siquiera, afirma, se atrevían a hablarlo entre las mujeres que participaban.

No podíamos negarnos a lo que pedía, se enfadaba y te castigaba. Veías que lo había hecho con otra gente, apartarla de repente, o si se molestaba, estaba días sin invitarte a ir a nada

Alejandra

A preguntas de elDiario.es, la actual directora de CREA (en el cargo desde 2006), Marta Soler, ha insistido en los mismos argumentos que Ramón Flecha y asegura que los testimonios responden a una campaña de difamación por su apoyo a las víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo, y preguntada por si CREA ha tenido en algún momento conocimiento sobre los hechos relatados por estas mujeres, Soler responde: “Esta pregunta transmite otra falsedad que reproduce el peor machismo coercitivo y retrógrado que desarrolla actitudes paternalistas hacia mujeres mayores de edad que ejercen su libertad. Se trata de un discurso muy propio de contextos antidemocráticos con los que se infantiliza a las mujeres como si no tuviéramos capacidad de escoger con criterio nuestras relaciones personales o de amistad o incluso de gestionar nuestras vidas”.

En ningún caso Soler habla de abrir algún tipo de investigación interna para indagar sobre los comportamientos señalados por estas seis mujeres ni por las que suscriben la misiva a la UB. elDiario.es ha decidido publicar de manera íntegra la respuesta de Soler al final de este artículo.

Ocultar los encuentros

“2017 y 2018 fueron los peores años, llegué a tener pensamientos suicidas”, admite Sofía, que conoció a Ramón Flecha una década antes, cuando tenía un trabajo de unas pocas horas en un proyecto de CREA. Fue en 2011 cuando comienzan lo que ella describe como “acercamientos personales”. La primera quedada fue en la cafetería de un hotel, algo que le extrañó. En esas citas. la mujer relata conversaciones íntimas sobre sus vidas en las que él pedía detalles. Fue cuando ella le compartió un problema de salud que sufría, cuando Flecha le aseguró que se debía a su historia sentimental. “A partir de ahí empezó toda su teoría de que todos mis problemas derivaban de mis rollos sexuales. Según él, yo me iba a curar a través del diálogo con él, porque él despreciaba el tratamiento médico”, cuenta.

El primer masaje ocurrió en 2014: “Después de una cena con él y otra compañera, ella nos dejó con el coche en casa de Ramón, allí de repente se quitó la camiseta y me pidió un masaje. Entré en shock. Ese capítulo lo había querido dejar en el rincón de mi memoria. El miedo que tuve ese día, y la sensación de ”esto no está bien“, ”esto no lo quiero“... ”. La tensión era tan alta, recuerda, que el propio catedrático le dijo que parara.

Tiempo después hubo otro punto de inflexión, cuando Ramón Flecha la invitó a un viaje a Bilbao del que pidió que no contara nada a nadie: “Él me dice explícitamente que nadie se puede enterar de ese viaje, porque puede generar envidias. Era un viaje importante para él y una semana antes me dijo que yo no parecía lo suficientemente motivada. Yo estaba asustada, no quería nada con él”. En ese viaje, Sofía asegura que Flecha intentó besarla, pero ella lo esquivó. “Tenía ganas de vomitar. Sentí, ¿cómo me escapo de esto? Esto es claramente una emboscada. Era muy difícil”. La mujer recuerda que el catedrático aprovechó para criticar a su novio, con el que había roto, y para atacarla a ella por defenderlo y por haber estado con él.

“Volví a Barcelona con mucha angustia y mucha culpa y se lo digo a Ramón”, prosigue. A partir de ahí, empieza un año “en el que no para de reventarme”: “No paró de picar piedra, de decirme que yo tenía un problema de deseo ancla, que yo había hecho de puta gratis… Yo era la peor persona que pisaba el mundo. Durante esos meses, yo me convencí a mí misma de que me tenía que morder la lengua, y hablar menos. Él le contó a la gente que yo estaba en un proceso de resocialización”. Finalmente, una vez pasó ese año, Ramón Flecha la besó y ella cedió, “puse el piloto automático, pensé que era un acto que me iba a liberar de todo esto”. Al mismo tiempo, señala, el catedrático insistía mucho en la importancia de tener oportunidades en la academia.

Desde ese momento, Sofía habla de lo que ve ahora como un patrón: “Quedábamos para lo que fuera y luego él decidía qué pasaba. Él podía decirme lo que quisiera, yo tenía que callarme porque estaba en un ‘proceso de reforma’. No te puedes atrever a hacer ninguna sugerencia ni nada, porque él nos dice que es el mejor tío del mundo y nos criticaba nuestra doble moral. Pensé que tenía que elegir: entre seguir en la academia y aguantar o irme, y la única forma de sobrevivir en la academia era enrollarme con él, así que lo hice y me disocié. Yo estaba hecha mierda por todo lo que había pasado. Sentía claramente que yo no quería, que no estaba bien, pero una parte de mí quería creerse que no pasaba nada, que nadie se enteraría nunca. Él estaba en una posición en la que podía tomar decisiones sobre mi carrera, yo me quería morir”. Él, asegura, insistía en que nadie debía saber lo que sucedía entre ellos.

Pensé que tenía que elegir: entre seguir en la academia y aguantar o irme, y la única forma de sobrevivir en la academia era enrollarme con él, así que lo hice y me disocié

Sofía

Como con otras mujeres, después de esos encuentros él le hacía escribirle correos y mensajes “para decirle que todo estaba bien, para que le contara lo bonito que había sido el sexo, que le reportaras tu nivel de transformación y satisfacción… todo eran conversaciones sobre la bondad y la belleza de esos encuentros”. De la misma manera, cuando le hacía saber que se había equivocado en algo, ella tenía que escribirle una disculpa. “Tú ya sabías lo que tenías que escribir. Le obsesionaba mucho que le pudieran pillar”, piensa ahora esta mujer sobre aquellas instrucciones.

Su último encuentro fue en 2019: “Estuvo horas reventándome con cosas que yo había hecho mal y de repente todo está maravilloso y hay que ir a dormir juntos. Él elige siempre, no tienes margen, yo en esos encuentros no era un sujeto, era un objeto”. Sofía empezó a inventarse que tenía la regla o migrañas para evitar esos momentos a solas.

Tutorías en su casa

Raquel, que fue alumna de doctorado con Ramón Flecha a principios de los 2000, relata una dinámica similar. Encuentros con más gente en los que él reproduce la idea de que a las mujeres les gustan “los cabrones” porque tienen un problema de socialización, en los que se anima a las personas a compartir detalles íntimos sobre sus vidas y a analizar sus relaciones.

Tres semanas después de dejar la relación con su pareja, Ramón Flecha le propone hacer un viaje a Bilbao. “Estamos con otra compañera, que se va a dormir, nos quedamos en el sofá, empieza a acercarse, a acariciarme, yo estoy muy incómoda y me dice que miremos por la ventana a ver no sé qué. Cuando volvemos al sofá ya me da un beso, no pasó nada más”, recuerda. En el viaje de vuelta a Barcelona, en coche, Raquel, a petición de Flecha, tuvo que “repasar todas y cada una de las relaciones que yo había tenido y él me reinterpreta mis historias, me decía quién me había tratado bien y quién mal”. Desde entonces, esa información sirvió, “de manera insistente” para relacionar cada error de ella con esas historias. “También me contó detalles de mujeres de CREA que eran profesoras con las que tenía relaciones y me preguntaba que dónde me situaba yo. Y me decía que la transformación social y personal van de la mano”.

En 2002, a la salida de un seminario, una profesora de CREA se dirigió a ella: “Me dijo que me veía muy bien y que yo ya estaba preparada. Entendía que se refería a tener sexo con él. Estaba nerviosísima, lo consulto con una de esas personas cercanas a él y me dice que tengo que entregarme. En ese momento yo colaboraba con CREA y, no recuerdo ni cómo, empezaron las relaciones en casa de él”. Raquel le contó uno de sus encuentros a una amiga y eso llegó a oídos de Flecha: “Me echó una bronca tremenda, que no podía decírselo a nadie, solo a una persona que era de su confianza”.

Desde entonces, la mayoría de veces que ella pedía tutoría para su tesis, las reuniones tuvieron lugar en casa de Ramón Flecha, “y a veces acababa en sexo”. Él fue el presidente de su tribunal de tesis. En ese mismo periodo y durante algunos meses, Raquel tuvo una beca en el grupo en el que Flecha era el investigador principal. Esas relaciones duraron tiempo, hasta que ella logró tomar distancia del grupo, aunque seguía ocupándose de otras tareas personales. Raquel también participó de los masajes durante años, casi siempre con otras chicas y con Flecha, apunta, desnudo de cintura para arriba, “puntualmente sin pantalón”

“A mí Ramón me ha machacado personalmente, también delante de otras personas. Me ha dicho que destrozo los momentos bonitos, que siempre voy a fastidiar. Si te rebelas, te amenaza con que te vas porque no apoyas a las víctimas de violencia de género”, asevera.

Control

Los testimonios de Sonia y María tienen también muchos puntos en común. En el caso de Sonia, Ramón Flecha fue su codirector de tesis a comienzos de los 2000.. Ella había entrado a trabajar en CREA en el 2000. “Hablamos mucho sobre relaciones, empiezo a pensar que yo elijo mal y que por eso me va mal, él lo contrapone a su modelo de relaciones abiertas, podías contarle todo, no se escandalizaba de nada. Él iba de que era el hombre más feminista del mundo”, relata. Pronto comenzaron las conductas de control, por ejemplo era él quien tenía que darle permiso a ella si quería entablar alguna relación con un chico.

“Ni me planteaba no seguir esas normas, tenía miedo al machaque, a que me hundieran. Me echaban broncas porque decían que era muy competitiva por los hombres y que quería quitarle el chico a las demás. Tenías que pedir perdón, reconocer que te habías equivocado, obedecer. Siempre que hacías algo mal en el trabajo, eso era culpa de tus relaciones pasadas”, cuenta.

Sonía empezó a tener sexo con Ramón Flecha. “Cuando empezamos a tener relaciones, él dirigía los proyectos en los que yo participaba y mi tesis”, asegura. La mujer recuerda que en ese momento se sentía fascinada por la atención que le daba el profesor. También que existía una dinámica de “premios y castigos”: “Si después de una bronca de trabajo, quedabas con él y te enrollabas con él, eso significaba que lo que había pasado estaba perdonado. Si le decías que no a algunas cosas, entonces podía haber una connotación patologizante o te decía algo como que yo era una conservadora y que por eso no se podían hacer cosas conmigo”. Negarse a hacer un trío le costó a Sonia sufrir ese tipo de “consecuencias”. En ese momento, Flecha era su director de tesis.

En el caso de María, conoció a Flecha cuando él fue su profesor de Sociología de la Educación en segundo de carrera en la UB. “Hablábamos en los pasillos o al final de clase. Un día llegué muy preocupada por un tema personal, me hizo acercarme y me preguntó qué me pasaba y se lo conté. Me dijo: ‘eso es porque tiene problemas sexuales’. Me quedé muy descolocada, él era un señor importante”, rememora. Al final de una de esas clases le ofreció un contrato en CREA, y así fue, como becaria.

Si después de una bronca de trabajo, quedabas con él y te enrollabas con él, eso significaba que lo que había pasado estaba perdonado

Sonia

Durante las vacaciones de esa beca, Flecha la llamó para invitarla a tomar algo con unos amigos. “Hablamos de cosas personales, me recomendó un libro y me dijo que si subía a su casa me lo dejaba. Una vez allí me dijo que tenía una sala con discos, fuimos, se sentó en su sofá y me sentó encima, yo estaba muy incómoda, solo pensaba ‘¿este hombre qué está haciendo?’ Ante un comentario físico que me hizo, me levanté, entonces él se me tiró encima y solo recuerdo que acabamos en su habitación. Tuve que dormir allí, no dormí nada. En ningun caso mi voluntad era tener sexo con él”, relata. Días después, Flecha le pidió que le enviara un correo contándole qué había sentido en el encuentro “y que tuviera presente que él era la primera persona que me había dicho que me quería mientras me hacía el amor”. Su beca se reanudó poco después.

Durante años, María asumió responsabilidades y proyectos en CREA y fue testigo de las dinámicas del catedrático. “Escoge chicas para ser sus preferidas y para ser su mano derecha. Ha explicado relaciones con compañeras de CREA delante de gente ajena o de mucha gente que no tenía nada que ver. Da detalles de sus relaciones con nombre y apellidos de las chicas y dice cosas como ‘esa chica es de las que no follan’ o ‘¿no la ves más guapa? Es porque ha estado conmigo’. Esas chicas de las que hablaba eran becarias o doctorandas y él igual era su director de tesis o iba a estar en su tribunal de tesis”, explica. María también cuenta “el machaque” al que la sometía con comentarios sobre su físico o su manera de vestir, o las referencias constantes a sus relaciones cuando consideraba que ella había cometido algún error: “Esto es porque te gustan los guarros” o “porque quieres machacar a los chicos majos”.

María cuenta que las peticiones de Ramón Flecha eran prácticamente imposiciones, también en lo académico, cuando les exigía, por ejemplo, que hablaran bien de él a los rectores, que solicitaran que le hicieran doctor honoris causa y que si nadie lo hacía era “porque él estaba del lado de las víctimas de violencia de género”. “Entiendes que o pasas por esto o abandonas tu carrera, dejas la universidad por las represalias y consecuencias que íbamos a sufrir”, resume.

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La plataforma de estudiantes contra la violencia machista y la Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) han reclamado este miércoles al rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, el “cese inmediato” del catedrático Jordi Matas a raíz del caso de acoso denunciado por una estudiante.

En una concentración ante el rectorado, los estudiantes han denunciado la “ineficacia de los protocolos” contra el acoso de la UB, que en el caso de Matas concluyó que la conducta del docente “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB. La denuncia interna de la estudiante, no obstante, se cerró con una reprimenda verbal a Matas.

“Lejos de mostrar una postura ejemplar, la UB optó por continuar apoyando a Matas, incluyéndola en la candidatura de Joan Guàrdia como rector”, lamentan los estudiantes en un comunicado, en el que también destacan que la demanda que interpuso el catedrático contra la estudiante y elDiario.es por destapar el caso se ha saldado “a favor” de la joven y este periódico.

La gestión de la UB del caso Matas también ha provocado críticas en el seno del profesorado. El docente del departamento de Economía Álvaro Chioi denunció que en la última reunión del Claustro de la UB de la semana pasada uno de sus miembros habló de “represión injusta” hacia el profesor; otro intervino pidiendo la restitución del profesor como vicerrector al tratarse de una “persecución política” y otra explicitó públicamente el nombre y apellido de la exalumna y cuestionó la labor del juez.

En su sentencia que desestimó la demanda de Matas, el juez avaló íntegramente la investigación publicada por elDiario.es que desveló que el catedrático y ex vicerrector de la Universitat de Barcelona (UB) mandó mensajes “de carácter íntimo” a una alumna, a la que le explicó que había tenido un sueño erótico con ella e incluso llegó a seguir por la facultad cuando la estudiante decidió cortar la comunicación con el docente.

La sentencia, que es recurrible, consideró que el reportaje tenía “intención informativa”, estaba “apoyado en datos objetivos sustancialmente veraces” y que el autor de la investigación “transmitió información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo impone al catedrático el pago de las costas del proceso.

Además del cese de Matas, los estudiantes han reclamado la revisión “exhaustiva” de los protocolos contra el acoso sexual y la violencia machista con la participación estudiantil y que la UB sea un entorno “realmente seguro para todas”.

Según su página de profesor en la web del centro, Matas es director del departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UB. Tras publicar elDiario.es la investigación, Matas sí fue cesado por el Govern, en enero de 2024, del cargo que ocupaba como miembro del consejo rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el instituto demoscópico de la Generalitat de Catalunya.

He seguido de cerca el caso destapado por elDiario.es, que describía conductas poco apropiadas por parte de un vicerrector de la Universitat de Barcelona hacia una alumna y que ha culminado con una dura sentencia que archiva la demanda interpuesta por el profesor y que avala el contenido de la investigación.

Pese a haber más casos, me centraré en este, ya que en él confluyen buena parte de las circunstancias que explican por qué la lucha contra las agresiones y el acoso sexual sigue siendo una asignatura pendiente en las universidades catalanas.

En primer lugar, la universidad, como actor social, no se escapa del sexismo estructural. Por ejemplo, una revisión rápida de los comentarios en redes sociales sobre la noticia del caso permite identificar la persistencia de estereotipos de género entre la gente más joven.

Por otro lado, todavía resulta complejo hacer entender a miembros de nuestra comunidad que las relaciones profesor-estudiante son jerárquicas y asimétricas, por lo que el “consentimiento” -en el caso de haberlo-, está viciado de inicio.

Este sexismo estructural también se manifiesta en la indiferencia de parte del profesorado y del alumnado. Y para revertir esto no ayuda nada que desde la institución se tolere la difusión de bulos sobre la víctima o el acoso al profesorado que acompaña a la víctima o a quien se interesa por el tema.

Como consecuencia de lo anterior, en algunos ámbitos universitarios persiste una cultura permisiva. Se han normalizado las conductas, descritas y aceptadas desde el inicio por el propio profesor, y conocidas por las autoridades universitarias.

Sólo basándonos en esa permisividad podemos entender su nombramiento como vicerrector. Eso sí, aunque el nuevo rector le acabó incorporando a su equipo, antes lo eliminó del vídeo de campaña. O, por ejemplo, que el rectorado no haya tenido problemas en otorgarle recientemente un nuevo encargo que le exonera de buena parte de sus obligaciones docentes.

Por ejemplo, fue él quien dimitió como vicerrector. No es un detalle menor que el profesor no fuera cesado. ¿Qué hubiera sucedido sin la publicación del caso en la prensa y la consiguiente movilización de parte del profesorado y alumnado?

Porque es importante recordar que antes de que los medios se hicieran eco del caso, los hechos ya fueron analizados por una comisión interna de la universidad, que cuenta con una normativa deficiente y una aplicación inadecuada. El protocolo, aunque incompleto, contempla vías para gestionar casos así, pero se aplicó de forma manifiestamente mejorable.

Prueba de ello son, además de algunos defectos procesales, la filtración del expediente a la prensa en 2017 o el nombramiento de un tribunal exclusivamente masculino. La falta de consecuencias claras del proceso (el profesor fue exonerado por la comisión, pero a la vez “reñido” por el entonces rector) lo desvirtúan todavía más.

No es de extrañar, por tanto, que las víctimas tengan serias dudas a la hora de efectuar denuncias ante las instituciones universitarias por miedo a no ser creídas, a las posibles represalias académicas o a tener que sufrir procesos de revictimización.

Pero el súmmum de la revictimización es tener que acudir ante la Justicia como acusada de haber vulnerado el derecho al “honor” del profesor -por haber hablado con la prensa- y sin apoyo alguno de la institución. En definitiva, la combinación de los elementos expuestos ha conducido a la creación de una omertà difícil de romper.

Las medidas que podrían ayudar a evitar futuros casos y mejorar su gestión son diversas. Entre otras, se encuentran la reforma de los protocolos (agilizando procesos, reforzando garantías, proporcionando acompañamiento psicológico y legal a la víctima, asegurando la independencia de las comisiones).

También se podría mejorar la formación y las campañas de sensibilización; crear espacios seguros; o aumentar la transparencia mediante la publicación de estadísticas. Algunas de estas medidas se han introducido, otras están en desarrollo y otras tardarán algo más en llegar.

Permítanme dudar, en cualquier caso, acerca de la conveniencia de que quienes han consentido llegar a esta situación sean los más adecuados para la implementación efectiva de estas reformas pendientes. Y déjenme también agradecer a la víctima su enorme valentía: la universidad está en deuda con ella.

En una primera versión, aquí acababa el artículo. Hasta el miércoles, cuando asistí a la reunión del Claustro de la UB y fui testigo de intervenciones que ejemplifican el calado y persistencia de la problemática. En dicho Claustro un miembro habló de “represión injusta” hacia el profesor; otro intervino pidiendo la restitución del profesor como vicerrector al tratarse de una “persecución política”; otra explicitó públicamente el nombre y apellido de la exalumna y cuestionó la labor del juez.

Se arguyó en más de una ocasión, para restar importancia al caso, que se trató de una demanda de un profesor contra un medio de comunicación, como sucede en otros casos, omitiendo que el profesor también demandó a la exalumna.

El Rector expuso que las persecuciones por los pasillos, las esperas en la puerta de las aulas o el envío de mensajes subidos de tono, todo hechos probados en sede judicial, se veían con otros ojos en 2016, y evitó dar respuesta a la petición de disculpas hacia la exalumna, en nombre de la institución.

Estas conductas -escojan ustedes los adjetivos-, pueden vincularse a las diversas causas que exponía más arriba y generan daño adicional a la exalumna, aumentan la desconfianza de las futuras víctimas, avergüenzan a buena parte de la comunidad universitaria y desprestigian a la institución.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha suspendido de empleo y sueldo durante dos años por acoso laboral al profesor F. J. M. T., referente académico de la investigación en justicia social. La sanción tuvo lugar en junio de 2024, por lo que ya se ha cumplido la mitad.

Según la resolución del expediente administrativo que abrió la Universidad, a la que ha tenido acceso este periódico, el profesor incurrió en una falta disciplinaria muy grave: “Puede considerarse probada la existencia de violencia psicológica (…) de forma reiterada y prolongada en el tiempo, ejercida desde una posición de poder, tanto jerárquica como psicológica” que ha supuesto “un riesgo para su salud” [de la demandante, compañera de facultad y expareja del profesor].

La resolución, de 82 páginas, está apoyada en el testimonio de 34 personas del departamento que declararon en el proceso, sin contar a denunciante y denunciado. “Puede apreciarse coincidencia en lo que relatan estos testigos, pese a que muchos no se conocían entre sí”, destaca el expediente.

La defensa legal de F. J. M. T. ha explicado a este diario que nada de lo que se refleja en la resolución es cierto porque –aduce– se basa en testimonios “interesados” a los que no da validez. Critica el letrado que, pese a que 34 personas declararon durante el proceso, la UAM solo cita en la resolución a 15 –entre ellos la hija de la víctima y una psicóloga que fue desestimada previamente por un juzgado por no tener un título válido– y se omitan los otros 19, que según el abogado, son a favor del profesor sancionado y además corresponden a las personas más cercanas al caso. “Es una atrocidad jurídica”, sostiene el abogado Alejandro García, del bufete Socilegal, que cree que la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, “presuntamente prevarica”.

El profesor recurrió la decisión de la Universidad, y su letrado ha esgrimido todos estos argumentos este pasado martes ante el juez. También ha citado a tres profesoras de la facultad, que han testificado que no observaron ningún maltrato de F. J. M. T. a la demandante en la universidad. El abogado ha pedido también la revocación de la suspensión porque un juzgado de violencia sobre la mujer evaluó y desestimó el caso, acto jurídico que impediría, según su versión, que luego lo investigase administrativamente en la universidad, como sucedió. Según la defensa, “no consta perjuicio” laboral a la demandante, que siguió publicando, y “se ha conculcado su presunción de inocencia”.

El letrado de la UAM ha replicado que los hechos juzgados por el juzgado de violencia sobre la mujer n.º 9 de Madrid responden a diferentes tipos penales de los evaluados por la universidad, por lo que el argumento de la defensa no se sostendría, y ha defendido que la sanción está bien puesta e incluso ha recordado que dos años son la parte baja de la horquilla para las faltas muy graves contempladas en el Estatuto del Trabajador (Trebep), que contempla hasta seis años de inhabilitación. El juicio quedó visto para sentencia.

F. J. M. T. es profesor en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid y está considerado en el sector como un referente de la justicia social, con gran predicamento también en América Latina. Es autor de más de un centenar de publicaciones académicas, entre ellas alguna de las más relevantes y que más impacto han causado sobre segregación escolar.

“Se ha creado un entorno hostil”

El proceso realizado por la Universidad da por “demostrada la posición de poder jerárquico y personal del denunciado sobre la denunciante”, “una auténtica relación de superioridad material que se manifestaba en distintas formas de control y dominio”. “Se ha creado un entorno hostil o humillante” para la víctima, describe, “incluso unos ambientes laborales inadecuados (tóxicos desde un punto de vista psicosocial)”. F. J. M. T. y la profesora mantuvieron una relación sentimental durante casi diez años, según admiten ambas partes.

La víctima relató en su denuncia que la situación de “acoso, menosprecio y desprecio” le llevó a coger una baja laboral con parte de psiquiatría y tratamiento psicológico, además de sufrir taquicardias. El expediente recoge emails enviados por F. J. M. T. a la profesora una vez se cortó la relación con expresiones como “solo queda una profunda repugnancia (…) un profundo asco personal y profesional” o “asco, brutal y absoluto. Repugnancia”.

La Universidad vio en la denuncia de la profesora elementos suficientes como para elevar el caso a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Pero este lo desestimó por falta de pruebas, archivo que ratificó la Audiencia Provincial de Madrid poco después.

La defensa de F. J. M. T. sostiene mediante la conversación de su abogado con este diario que nada de lo que relata el expediente es cierto porque “no se corrobora el hipotético prejuicio profesional” que dijo sufrir la denunciante, según estableció la Audiencia Provincial en su auto al revisar el caso de presunta violencia machista. Y esa decisión del juzgado, arguye su defensa, no atañe solo al posible caso de violencia sobre la mujer que llevó a la Universidad a elevar el caso a la justicia, sino a todos los posibles elementos de la situación.

La jueza explicó entonces que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, y arguye que “las manifestaciones de la denunciante carecen de algún tipo de corroboración periférica que las avale (…), no se han aportado mensajes que contengan amenazas, no existen testigos o partes médicos que avalen la versión de la denunciante en cuanto a la presunta agresión física sufrida en su despacho (…) ni tampoco del supuesto maltrato recibido”.

“Carácter jerárquico, vertical y autoritario”

El expediente elaborado por la UAM consta de 82 páginas y dibuja un panorama en el que F. J. M. T. hacía y deshacía a su antojo en su entorno y con casi todas las personas que colaboraban con el área de la Facultad de Formación del Profesorado en la que trabajaba, en diferentes revistas, grupos de investigación o la cátedra de la que era responsable.

F. J. M. T. “mantenía una dinámica laboral con su entorno más directo (…) de carácter jerárquico, vertical y autoritario. En esa dinámica laboral, como ha quedado acreditado a través de diversas testificales, el cuestionamiento o la oposición era fuertemente contestado por él, a través de represalias como la exclusión o el apartamiento de tareas y responsabilidades dentro del área o esas instituciones vinculadas a ella”, dice el documento.

“El acoso al que el profesor F. J. M. T. ha venido ejerciendo sobre mi persona ha sido tanto a nivel personal como laboral, lo que ha atentado contra mi dignidad como persona y como profesional, creando un entorno intimidatorio y de miedo, que ha causado enormes secuelas psicológicas y físicas”, arranca la denuncia de la víctima.

Ambos se conocieron en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y pronto empezaron a colaborar en diferentes grupos de investigación o incluso crearon uno. Al poco, relata la denunciante, empezaron una relación personal que llevó a la profesora a separarse de su marido con la intención de casarse con F. J. M. T. Ahí cambió el profesor, cuenta ella.

“Una vez que dejé mi vivienda familiar empiezan a aparecer conductas que se muestran intimidantes, vejatorias y de chantaje emocional y profesional”, relata, siempre según la resolución de la UAM. “La situación de acoso ha consistido en evitar mi crecimiento profesional”, añade.

Algunas personas que han tratado con F. J. M. T. describen su manera de relacionarse con las mujeres como la de un seductor. “Sutil” en la fase de aproximación, “despiadado” después, según el relato de la víctima y en la que –desde sus experiencias personales– coinciden otros testigos que han participado en el proceso contra el profesor.

La profesora que denunció sufrió una doble cara, sostiene. Cuando, después de casi diez años de relación, juntó el valor para salir de ella, F. J. M. T. “se enfurece”. “El abandono del despacho y de la relación personal motiva su ira y me echa de todo lo que de él depende”, relata la víctima.

Y enumera: dejó de ser secretaria académica de la cátedra, directora de la revista de investigación en educación para la justicia social, deja de participar en las tareas de I+D+i del grupo en el que F. J. M. T. es el investigador principal, dejó de ser convocada a diferentes reuniones. Fue excluida de las listas de distribución y comunicación de los diferentes grupos, pese a que al menos formalmente mantenía algunos cargos. La víctima llegó a escribir a una compañera: “Hasta septiembre no tengo tarea”. Era marzo.

La defensa de F. J. M. T. sostiene que esto es falso. Que fue él quien cortó la relación y que, por tanto, no puede actuar desde el rencor. Que desde entonces vio cómo la mujer le denunciaba ante el juzgado de violencia de género, luego recurría ante la Audiencia Provincial y finalmente ponía una denuncia porque encontró un dispositivo en su vehículo que creyó era de seguimiento, pero resultó ser un aparato que utiliza un restaurante de un mercado de Madrid para avisar a sus clientes de que la comida está lista, según constató la policía.

“Hemos llegado hasta aquí por ánimo de venganza. F. J. M. T. hacía el trabajo de la denunciante y cuando la relación se rompe ella habla de acoso, de que se le excluye. Llevaba muy mal no estar con él y las expectativas incumplidas [vitales, como el supuesto matrimonio que iban a celebrar]”, afirmó en la vista.

“Una minusvaloración constante”

El relato de la profesora también incluye diferentes episodios que conforman una “minusvaloración constante”, un “aislamiento profesional” y una “exclusión” por parte de F. J. M. T., que incluyó “insultos y menosprecios reiterados” (por escrito también) o humillaciones públicas.

La denuncia, confirmada por declaraciones de otros testigos de acuerdo con la resolución universitaria, habla de “comportamientos discriminatorios y excluyentes” por sacar a la profesora de todos los grupos en los que participaba, de obviar las obligaciones que tenía con ella cuando fue Directora de Departamento, de dejarla fuera de citas o congresos, así como de ridiculizar intervenciones en los grupos de trabajo, “habiendo muchos testigos de su maltrato y de mis lágrimas en las reuniones”, denunció la profesora.

La sanción a F. J. M. T. no se basa solo en el testimonio de la afectada. Varios compañeros de ambos en la facultad corroboraron que la víctima “no era una persona libre para tomar sus propias decisiones”, que “se estaba utilizando la relación profesional como una llave para el otro uso”, “que esa otra persona [F. J. M. T.] la utilizaba instrumentalmente para conseguir sus fines” o “que la profesora vive una situación de mucha angustia”, según recoge la resolución.

Y entra en esta cuestión con detalle. El expediente recoge que “del material probatorio (…) se desprende de modo patente que la conducta continuada del denunciado ha afectado negativamente a la denunciante de modo intenso en el plano anímico y personal”.

La propia afectada habla de “secuelas muy serias” y según su versión ha pasado de no tomar pastillas a necesitar dos para la hipertensión y ansiolíticos a diario.

Diferentes testimonios, entre ellos el de la hija de la víctima, hablan de que la profesora sufría “mucha ansiedad, miedos, pesadillas, ha tenido problemas con la comida”.

La defensa de F. J. M. T. puso en cuestión la veracidad de algunas declaraciones durante el proceso, cuestionamiento que aborda –y rechaza– el expediente de la Universidad porque las actitudes de F. J. M. T., sostiene, iban más allá de la profesora específica. “Varias testificales han revelado comportamientos similares del denunciado hacia algunas personas que han formado parte (…) del área [en el que trabajaban ambos] o algunas de las instituciones vinculadas a ella en las que F. J. M. T. era investigador principal”.

Un juez ha avalado íntegramente la investigación publicada por elDiario.es que desveló que el catedrático y ex vicerrector de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas mandó mensajes “de carácter íntimo” a una alumna, a la que le explicó que había tenido un sueño erótico con ella e incluso llegó a seguir por la facultad cuando la estudiante decidió cortar la comunicación con el docente.

La sentencia, que es recurrible, considera que el reportaje tenía “intención informativa”, estaba “apoyado en datos objetivos sustancialmente veraces” y que el autor de la investigación “transmitió información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo impone al catedrático el pago de las costas del proceso.

En el momento de la publicación del reportaje, en diciembre de 2023, Matas era vicerrector de la UB, cargo al que renunció para “defender su honorabilidad” y presentar acciones legales contra la exestudiante que relató los hechos a elDiario.es, contra la directora adjunta del periódico, Neus Tomàs, y contra Pol Pareja, el redactor que elaboró la investigación. Matas reclamó una indemnización de 80.000 euros a elDiario.es y de 20.000 a la alumna.

El juez considera que los mensajes que el docente mandó a su alumna, que tenía 21 años en el momento de los hechos y a la que le iba a tutorizar el Trabajo de Final de Grado, fueron de “carácter íntimo, afectivo y seductor” y tenían una “connotación claramente afectiva o implícitamente sexual inapropiada en una relación profesor-alumna”. Añade el magistrado que los WhatsApps que le mandó Matas y que publicó este medio “pueden interpretarse como coercitivos”.

“Es relevante que la demandada, con el transcurso del tiempo, se sintiera incómoda y vulnerada”, prosigue la sentencia, que rechaza que la relación entre Matas y la estudiante pudiera calificarse de “amistad”, tal y como sostenía el catedrático en su demanda.

“Existía una tutela o calificación por parte del actor [Jordi Matas] y por tanto la relación no es neutral sino asimétrica, ya que en ese marco hay una posibilidad real de influencia, de presión por parte del profesor”, añade el juez.

“La situación de desequilibrio genera que la alumna no esté siempre en condiciones de emitir un consentimiento libre, precisamente por la autoridad académica del profesor, que es quien tiene la obligación de garantizar a la alumna una relación estrictamente profesional y un ambiente seguro”, remacha.

El fallo también considera “contrastado” que Matas siguió a la alumna por la facultad, llegándola a esperar en la puerta del bar, cuando esta decidió cortar la comunicación con el catedrático y apartarse de él después de que Matas le confesara, en su despacho, el episodio del sueño erótico.

El juez también exime a la exalumna de cualquier responsabilidad por haber relatado a petición de elDiario.es su versión de lo ocurrido y lo enmarca en su derecho a la libertad de expresión.

La joven llegó a denunciar a Matas por acoso sexual ante la Unidad de Igualdad de la UB en 2017, pero una comisión formada por tres hombres desestimó el caso y lo cerró con una reprimenda verbal al docente. “La resolución adoptada por la UB de que no existió indicio de acoso por parte del Sr. Matas no evita que con posterioridad la prensa pueda investigar los mismos [hechos]”, añade el fallo.

Sobre la relevancia informativa de lo desvelado, a pesar de haber ocurrido hace más de un lustro, el veredicto señala que los hechos seguían teniendo “trascendencia pública” y “habían pasado desapercibidos, pese a la relevancia que tenían”.

Como ejemplo, señala las protestas que se convocaron y la repercusión que tuvo el reportaje en otros medios. También el hecho de que la propia UB, apenas dos meses después de su publicación, modificara su código ético para considerar “mala praxis” las relaciones sexoafectivas entre docentes y alumnos.

El fallo recuerda, a su vez, que el propio rector de la UB, Joan Guàrdia, citó en su despacho a la estudiante en abril de 2021, dos días antes de nombrar a Matas como vicerrector, para hablar del asunto, tal y como desveló esta redacción. “Se trata de hechos que años después de que tuvieran lugar tenían relevancia para los propios gestores de la universidad”, concluye el magistrado.

Bulos contra la estudiante que denunció a Matas ante la UB

Mientras ha durado el proceso judicial contra elDiario.es y la joven que relató su caso en el reportaje, la exestudiante ha sido objeto de ataques con falsedades en más de una ocasión por parte de distinto personal de la universidad.

Al menos dos empleados de la UB han difundido en reuniones públicas de la UB el bulo de que la exalumna se había retractado en sede judicial de sus acusaciones contra Matas, un hecho totalmente falso y que, según fuentes consultadas, también difundían en privado algunos profesores del departamento de Políticas de la UB.

“Nos preocupa la sensación de abandono del Dr. Matas en un momento en que está a punto de resolverse la demanda que él presentó”, aseguró en el Consejo de Gobierno del Rectorado del pasado 9 de octubre Jordi Guilleumes, técnico de información de la universidad. “Precisamente ahora que la presunta víctima ha afirmado ante el juez que no hubo ningún acoso”.

Pocos meses después, en el claustro del 18 de diciembre, fue una profesora de la Facultad de Farmacia, Mireia Oliva, la que difundió el mismo bulo, insistiendo en la mentira de que la exalumna se había retractado en sede judicial de sus acusaciones.

“El año pasado una publicación en un medio digital puso en cuestión la honorabilidad del Dr. Matas y de paso la actuación de la universidad que archivó por falta de fundamentos una queja presentada en 2017”, afirmó Oliva, leyendo un comunicado en nombre del sindicato Intersindical. “Curiosamente la presunta víctima, en un escrito presentado ante el juez, acabó desmintiendo las acusaciones”, añadió, insistiendo en la falsedad.

Cuando, en el claustro del 18 de junio de 2024, un profesor reprochó al rector de la UB, Joan Guàrdia, que no se hubiera tomado ninguna decisión más dura contra el catedrático, después de que más de 100 profesores firmaran una carta pidiendo su cese, y criticó los hechos que se le atribuían a Matas, Guàrdia se manifestó de la siguiente manera:

“El Dr. Matas ha iniciado sus acciones legales a las cuales todo ciudadano tiene derecho y por lo tanto estaremos atentos a la finalización de este proceso judicial”, afirmó el rector. “De mientras, debemos defender la integridad de las personas y, sobre todo, no hacer afirmaciones de las cuales alguien, en algún momento, se va a tener que arrepentir”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la UB, que ha rechazado pronunciarse sobre la sentencia alegando que la universidad no ha formado parte de este proceso judicial.

“El Dr. Matas está ejerciendo su actividad académica en la UB porque no ha sido nunca sancionado”, señala una fuente oficial. “La investigación interna de 2017 concluyó con el archivo y nadie lo recurrió ni se produjo ninguna demanda por la vía judicial”.

Actualmente Matas ejerce de coordinador del “Segundo plan de Dinamización lingüística de la universidad” y, según la UB, la reciente sentencia que avala el reportaje de elDiario.es “no afecta en ningún sentido esta situación”.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha rechazado impugnar el polémico examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales dentro de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuestionada por muchos alumnos por su dificultad, al defender que el contenido de la misma está “ajustado al currículum”.

Así lo ha manifestado tras ser preguntada este lunes sobre el tema en el marco del desayuno de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado en Sevilla, insistiendo en que “en ningún examen se preguntan cosas que no están en el currículum”. “Tienen que estar en el currículum y tienen que examinar sobre eso”, ha trasladado la consejera, para asegurar que en el caso contrario “no sería válido”.

Cabe recordar que el sindicato Docentes por la Pública (DxP) denunció públicamente “el grave perjuicio” causado al alumnado y al profesorado andaluz dada la dificultad de la prueba. En dos días, unas 15.000 personas han firmado una petición en change.org solicitando la impugnación del examen, “reflejo de la dimensión autonómica del problema y del rechazo generalizado entre estudiantes, familias y docentes en todas las provincias andaluzas”.

Defensa del examen

Con todo, la titular de Educación ha señalado que los exámenes “los ponen profesores” y ha llamado a “respetar su trabajo, aunque no estemos de acuerdo o aunque no nos haya salido bien”. En cuanto al proceso de elaboración de las pruebas de la PAU, ha recordado que el Gobierno “en torno al mes de octubre, marca lo que nosotros llamamos las matrices de las pruebas, es decir, qué cosas hay que preguntar en toda España”.

“Una vez marcadas esas matrices, las ponencias que están formadas por profesores de secundaria, bachillerato y por profesores de universidad establecen a lo largo del curso qué modelo de examen es el que se va a hacer dentro de las distintas opciones que establecen esas matrices y en el marco de nuestro currículum”, ha incidido Castillo, que ha puesto de relieve que “quienes han puesto el examen saben lo que se imparte en los centros educativos andaluces”, al estar representadas las nueve universidades públicas andaluzas, “responsables del proceso”.

La Universitat de Barcelona (UB) ha suspendido durante 18 meses de funciones y sueldo a un profesor de literatura por haber mantenido relaciones con al menos una de sus alumnas, entre otros hechos. En una resolución firmada por el rector, el centro le atribuye una “falta muy grave” por haberse aprovechado de su condición de profesor para “obtener un beneficio indebido”, según han informado a este periódico fuentes conocedoras del caso.

El profesor lleva suspendido de forma cautelar desde septiembre de 2023, después de que la alumna presentara una denuncia por acoso sexual ante la Unidad de Igualdad de la UB. Paralelamente, la estudiante acudió a los Mossos y a la justicia, que desestimó hasta en dos ocasiones el caso al considerar que se trató de una relación consentida.

El último archivo se dictó el pasado marzo, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona señaló en un auto, al que tuvo acceso elDiario.es, que en ninguno de los encuentros hubo “falta de consentimiento” ni el uso de “violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad” respecto a la denunciante.

El auto de la Audiencia, con todo, mantenía la puerta abierta a una sanción administrativa al recordar que los “criterios sobre la existencia de situaciones de acoso sexual” que puedan recoger los protocolos en empresas, centros docentes o administraciones “no tienen por qué ser coincidentes con los que informan la jurisdicción penal”.

Tras el revés judicial, la alumna denunció su caso con un comunicado publicado en redes sociales. “Quiero denunciar acercamientos, comentarios fuera de tono, insinuaciones, acoso y tocamientos en su despacho”, escribió la alumna. “Insistencias de demandas sexuales y diversas intimidaciones hasta el punto de obligarme (cerrando las ventanas y la puerta con llave y asegurándose de que no había nadie cerca) a tener sexo en tres ocasiones distintas”, aseguró.

El docente respondió con otro comunicado en el que aseguraba ser víctima de una “persecución” y una “campaña de desprestigio, calumnias, insultos y amenazas” que le hacían sentir “impotencia e indefensión”, ya que se le acusaba de unos delitos que según la justicia no había cometido.

Tras la presentación de la denuncia interna a la UB, hubo siete alumnas más que también se sumaron al procedimiento y señalaron haber sufrido hechos similares. Dos de estas presuntas víctimas no pudieron formar parte del proceso porque los hechos ya habían prescrito, aseguran las mismas fuentes.

Tras 10 meses de instrucción en las que se han analizado mensajes, correos y el relato de más de 15 testimonios (10 de ellos aportados por parte del profesor sancionado), la universidad ha considerado que el profesor cometió la mencionada falta muy grave y así lo ha considerado en la resolución que ha firmado el rector, Joan Guàrdia, entregada la semana pasada y que todavía es recurrible por parte del profesor.

Las fuentes consultadas señalan que el cambio en el código ético que implementó la universidad el pasado marzo, cuando pasó a considerar “mala praxis” las relaciones sexoafectivas entre profesores y alumnos, ha facilitado la adopción de una medida de este calado.

El cambio en el código ético llegó pocos meses después de que elDiario.es revelara en una investigación los mensajes que el entonces vicerrector del centro, Jordi Matas, mandó a una alumna a la que le iba a tutorizar el trabajo de final de grado, años antes de acceder al cargo de vicerrector. Matas dimitió de su puesto al cabo de pocos días de la publicación del reportaje para “poder emprender sin limitaciones institucionales” acciones legales contra elDiario.es.

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, ha admitido el “error” de haber situado a un profesor amonestado por una falta leve de machismo en su equipo de gobierno, tal y cómo desveló elDiario.es

En un comunicado enviado a todo el personal y estudiantes de la universidad con motivo del 8 de marzo, el rector se ha pronunciado por primera vez sobre la investigación que reveló que el pasado diciembre Lafuente nombró para su equipo de gobierno a un profesor amonestado pocos meses antes por conductas machistas.

Lafuente ha admitido que el nombramiento “no debería haberse producido” y ha sostenido que se hizo con el propósito de que el docente amonestado, que forma parte del Departamento de Geografía, llevara a cabo un “encargo técnico” que acabó en el mismo momento en que elDiario.es avisó a la UAB de que iba a publicar la noticia.

“Desde el Gobierno de la universidad debemos mostrar comportamientos impecables y reconocer los errores cuando esta ejemplaridad no se cumple, como es en el caso que nos ocupa”, ha añadido Lafuente.

Según fuentes de la UAB, el correo de Lafuente llega después de que los jefes de departamento de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ocurrieron los hechos, exigieran al rector que se pronunciara sobre el caso y admitiera su responsabilidad.

Este periódico tambien ha desvelado este jueves que, entre otras funciones, el docente amonestado por machismo participó en comisiones de investigación sobre casos de acoso, las llamadas Comisiones de Intervención y Resolución de Casos de Acoso (CIRCA), como Delegado de Seguridad de la Junta de Personal Docente e Investigador.

Lo hizo tanto cuando tenía un expediente sancionador abierto como en la actualidad, con la investigación ya resuelta con una amonestación y la obligación de recibir un “cursillo de reeducación de nuevas masculinidades”, según trasladó la UAB a las denunciantes. La universidad matizó posteriormente que el cursillo no era una obligación aunque el docente lo está realizando.

En su comunicado, Lafuente reivindica el feminismo como “una necesidad urgente” del día a día académico e institucional. “En el camino a la igualdad plena —ahonda la carta del rector— hace falta reconocer los errores cometidos, hacer autocrítica y aprender de la experiencia”.

Es en este reconocimiento de errores en el que Lafuente enmarca el “encargo técnico acotado en el tiempo que no se tendría que haber producido” al profesor amonestado. El rector señala que el responsable de ese “encargo fue el vicerrector de Campus y Sostenibilidad.

CC.OO. pide responsabilidades: “Llueve sobre mojado”

La sección sindical de Comisiones Obreras en la UAB también ha emitido un comunicado muy duro este jueves valorando las informaciones de elDiario.es

“El mensaje para las víctimas es demoledor: vivimos en un entorno de impunidad”, señala el comunicado, que considera que “llueve sobre mojado” en la gestión de este tipo de casos por parte del equipo rectoral.

El sindicato considera que la investigación de esta redacción “pone de manifesto la indefensión de las víctimas” que se atreven a dar el paso e interponer una denuncia “Con los casos que hemos tenido durante los últimos meses se debería haber aprendido a gestionarlos”, señala el texto.

El hecho de que este profesor amonestado haya estado participando en comisiones de investigación de casos de acoso, según CCOO, “cuestiona de nuevo” tanto los “protocolos establecidos” como su “implementación, su control y su supervisión”.

“Pedimos que de una vez por todas alguna persona del Equipo de Gobierno asuma su responsabilidad y solucione estas carencias graves”, remacha el comunicado. “Creemos que estos días se han dado pasos hacia atrás”.

El profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amonestado por conductas machistas ha estado participando en comisiones de investigación sobre acoso en la universidad a pesar de haber sido expedientado tras una denuncia por los mismos hechos.

Según ha podido contrastar elDiario.es, el docente J.N., del Departamento de Geografía, ha formado parte de diversas Comisiones de Intervención y Resolución de Casos de Acoso (CIRCA) como Delegado de Seguridad de la Junta de Personal Docente e Investigador. 

Lo hizo tanto cuando tenía un expediente sancionador abierto como en la actualidad, con la investigación ya resuelta con una amonestación y la obligación de recibir un “cursillo de reeducación de nuevas masculinidades”, según trasladó la UAB a las denunciantes. La universidad matizó posteriormente que el cursillo no era una obligación aunque el docente lo está realizando.

Su tarea en estas comisiones implica que, al mismo tiempo que recibe el “cursillo de reeducación”, puede llegar a participar en entrevistas a testigos, denunciantes y denunciados en casos de acoso en la universidad así como en la valoración de las distintas pruebas que se aportan en las denuncias. También vota los informes y las enmiendas presentadas que después se trasladan al rector.

El expediente sancionador a J.N se le abrió en marzo de 2024 y en julio fue amonestado con una falta leve por una “conducta incorrecta con sus compañeros”. La amonestación llegó después de que varias investigadoras predoctorales y postdoctorales lo denunciaran por acoso sexual.

Las denunciantes aseguraron haber recibido comentarios sexualizantes, insinuaciones, acercamientos no deseados y, en uno de los casos, llamadas y mensajes constantes a una trabajadora del departamento.

Tal y como informó este periódico, el profesor también formaba parte del equipo de gobierno del rector desde el pasado 9 de diciembre, cuando fue premiado con el puesto de adjunto a un vicerrectorado a pesar de la amonestación recibida.

Cuando el lunes pasado esta redacción preguntó a la UAB por el nombramiento, la universidad respondió al cabo de unas horas asegurando que el viernes anterior había dejado de formar parte de la cúpula de la universidad. En ese momento retiraron su nombre de la web del equipo de gobierno del rector, Javier Lafuente. 

La gestión de este caso por parte de la UAB ha generado el enfado tanto de las denunciantes como de algunos cargos de la facultad en la que ocurrieron los hechos, debido a que nadie comunicó ni a las víctimas ni al jefe de departamento ni a la decana la resolución del expediente sancionador.

Preguntados por la participación del docente en estas comisiones, desde la UAB responden que el profesor, al tener su expediente cerrado, tiene derecho a realizar todas sus funciones, que incluyen la participación en estos comités como delegado de prevención designado por un sindicato. Este periódico ha podido contrastar que con el expediente todavía abierto también participó en estas comisiones.

Comisiones de seis miembros

Las llamadas CIRCA son las comisiones delegadas del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad para la intervención y resolución de casos de acoso que puedan afectar a los trabajadores de la comunidad universitaria. 

Están formadas por seis miembros. Tres de ellos están designados por el rector y representan la parte institucional. Los otros tres acuden en representación de los agentes sociales. J.N participaba en representación del sindicato I-CSC, aunque a su vez también formaba parte del equipo del rector desde el pasado diciembre.

Las actuaciones de estas comisiones tienen la consideración de información reservada previa al proceso administrativo. Su tarea consiste en atender las quejas formuladas y realizar una propuesta de resolución del caso. 

La CIRCA hace un primer análisis de la queja y, dado el caso, designa los interventores que se encargaran de la investigación con el asesoramiento y el apoyo del servicio de prevención.

Los interventores deben ser miembros del Comité de Seguridad y Salud, del que este docente también forma parte. La CIRCA también puede, por ejemplo, solicitar asesoramiento externo de expertos o del gabinete jurídico.

El rector de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, nombró el pasado diciembre para su equipo de gobierno a un profesor amonestado pocos meses antes por conductas machistas. Según la universidad, el docente recibe a día de hoy “un curso de reeducación sobre nuevas masculinidades” después de ser denunciado por acoso sexual por diversas compañeras de su departamento. 

Tras preguntar el lunes por la mañana a la UAB por el nombramiento, la universidad respondió al cabo de seis horas asegurando que el profesor dejó de formar parte del equipo rectoral justo el pasado viernes. “Tenía un encargo de carácter técnico y acotado en el tiempo que acabó el 28 de febrero”, sostienen desde la UAB.

El nombramiento para el equipo rectoral de J. N., profesor del Departamento de Geografía, sentó como un jarro de agua fría a las mujeres que lo habían denunciado porque llevaban casi un año esperando las conclusiones de una investigación interna y nadie les había comunicado el resultado. 

En la denuncia que se presentó en febrero de 2024, diversas investigadoras de doctorado y posdoctorado declararon haber sufrido de manera reiterada valoraciones sobre su aspecto físico, acercamientos no deseados y comentarios sexualizantes por parte del docente. 

A una doctoranda a la que después evaluó su tesis le preguntó si se quería ir con él de fin de semana. En una ocasión en la que varias investigadoras estaban comiendo un helado durante un receso, el profesor les preguntó si todo lo comían igual.

Una trabajadora denunció haber recibido un acoso continuado por parte del profesor, que la visitaba de manera constante en su despacho. A pesar de que no era su superior ni trabajaban juntos, la llamaba insistentemente, le preguntaba reiteradamente a qué hora había llegado, dónde estaba y se refería a ella como “mi niña”. 

A esta empleada, que durante todo el proceso ha sufrido cuadros depresivos y de ansiedad, también la conminó a que pasara por su despacho “para regañarla por haber llegado tarde” y le hacía comentarios sobre lo bien que le quedaban determinadas prendas de ropa. 

Cuando esta investigadora le bloqueó tanto las llamadas como los mensajes de WhatsApp, el denunciado se creó una cuenta de Instagram, la siguió y empezó a mandarle mensajes a través de esa aplicación.

Varios trabajadores del departamento sostienen que las actitudes de J.N., que ha ejercido durante años de coordinador del máster en Estudios Territoriales y Planeamiento de la UAB, llevaban décadas ocurriendo.

Otros empleados pusieron en conocimiento de la universidad el uso que hacía este profesor de la cuenta oficial de Instagram del Departamento, que utilizaba para mandar mensajes privados al alumnado.

Nadie ha podido acceder a la resolución del caso

Tras conocer el nombramiento de J.N. como adjunto a un vicerrectorado, las víctimas pidieron explicaciones a la universidad. Le reclamaron que, tras haber aportado pruebas y declarado en una comisión de investigación, nadie les había informado sobre el resultado del expediente sancionador iniciado tras su denuncia. 

“Esperaban el resultado de la denuncia y en una reunión con todo el departamento les comunican que el profesor había sido ascendido”, explican en el entorno de las víctimas. “Además, el nombramiento lo hizo el rector, la misma persona que tenía que firmar su sanción”. 

En una tensa reunión en la que participaron la Secretaria General y la Jefa de Gabinete del Rectorado, desde la UAB les trasladaron verbalmente que el profesor había recibido una amonestación por una falta leve y que debía realizar el mencionado cursillo. Posteriormente, la universidad ha matizado a elDiario.es, a diferencia de lo que trasladó a las denunciantes, que la realización del curso fue una “sugerencia”.

Desde la UAB no les facilitaron a las denunciantes una copia de la resolución del expediente. A día de hoy no han podido acceder a ella, ni siquiera leerla, a pesar de haberla reclamado a diversos estamentos de la UAB. 

“Ellas, a día de hoy, ni siquiera saben por qué motivo exacto le han amonestado”, sostienen fuentes cercanas a las denunciantes. 

Tampoco la Directora de la Unidad de Igualdad, ni el jefe del Departamento de Geografía ni la Decana de la Facultad han tenido acceso a la resolución, aseguran diversas fuentes, en un caso que ha generado malestar entre algunos cargos que en principio deberían haber sido informados del resultado del proceso.

El protocolo contra el acoso de la propia UAB es bien claro al respecto. Señala como derechos de la víctima “recibir una copia completa de la documentación del expediente” así como “recibir información de la resolución del expediente”. Nada de eso ha ocurrido.

La única información que recibieron en su día las denunciantes fue el pasado marzo, cuando se les notificó que se había abierto un expediente sancionador al profesor, después de que una comisión nombrada por la Unidad de Igualdad apreciara que las conductas del docente podían ser susceptibles de una falta grave o leve. 

La comisión también impuso medidas cautelares al profesor: le retiraron una llave maestra de la que disponía y que permitía abrir todos los despachos del departamento. También se le prohibió valorar a ninguna de las personas relacionadas con la denuncia —algunas de ellas estudiantes de doctorado—ni participar en ninguna comisión de seguimiento o evaluación académica. 

Las víctimas, indignadas con la gestión de la universidad

El nombramiento de J.N. como miembro del equipo de gobierno llegó apenas un mes después de que el rector revalidara su cargo tras unas elecciones muy reñidas. Durante la campaña, la secretaria general, Esther Zapater, se jactó de que su equipo tendría “tolerancia cero” ante conductas machistas.

“Ya hemos demostrado que no nos temblaba el pulso cuando habíamos de tomar decisiones no siempre fáciles”, señaló Zapater en una entrevista promocional para la campaña. “Nuestro equipo liderado por Javier Lafuente ha demostrado y demostrará que [las estudiantes] pueden estar en la UAB tranquilas y de que cumpliremos nuestro objetivo de tolerancia cero”.

Las palabras en campaña de la secretaria general contrastan con la decisión que se tomó tras ganar las elecciones: se fichó para el equipo de gobierno a un docente amonestado por conductas machistas en un caso en el que, según algunos miembros de la universidad, ha reinado la falta de transparencia.

“Es del todo compatible haber amonestado a una persona por una mala actitud puntual y hacer un encargo técnico por su valía profesional”, sostienen desde la UAB ante la pregunta de una posible incongruencia entre el nombramiento y la política de “tolerancia cero” ante las actitudes machistas.

“No es normal que ni siquiera la Unidad de Igualdad o el Jefe del departamento hayan podido acceder a la resolución del caso”, sostiene un cargo universitario con conocimiento de este tipo de procesos. “Tampoco es normal que a las víctimas nadie les hubiera informado del resultado de su denuncia”.

En el entorno de las denunciantes también reprochan el trato recibido por parte de la secretaria general y de la jefa de gabinete del Rectorado, Àngels Guimerà, en la reunión en la que exigieron explicaciones sobre el ascenso del profesor. 

“Calmémonos un poco porque ahora la que se está sintiendo acosada soy yo”, les llegó a decir la secretaria general a las víctimas ante los reproches de las denunciantes por la falta de transparencia del caso.

Las dirigentes de la UAB responsabilizaron al jefe de Departamento de Geografía y a la Decana de su facultad de no haberlas informado del proceso, cuando estos dos cargos han trasladado a las denunciantes que ni siquiera a día de hoy han podido acceder a la resolución.

“La sensación de impotencia y de revictimización es enorme”, apuntan desde el entorno de las denunciantes. “Se expusieron a un proceso que ha sido muy duro y el único resultado que han visto ha sido que la persona denunciada ha sido premiada con un ascenso”.

Tras conocer la versión de la UAB en la que sostienen que el profesor dejó de formar parte del equipo rectoral el pasado viernes, este medio ha solicitado la resolución firmada digitalmente en la que se demuestra que fue el viernes —y no este lunes tras las preguntas de elDiario.es— cuando J.N. dejó de formar parte del equipo de gobierno. La UAB no ha facilitado, de momento, la resolución ni ninguna otra prueba que apuntale su versión.

La Universitat de Barcelona (UB) suspendió en septiembre de 2023 a un profesor del grado de Estudios Literarios tras recibir una denuncia por parte de una alumna, que lo acusó de haberla agredido sexualmente en más de una ocasión.

En un relato publicado el lunes en redes sociales, la estudiante denunció que el docente la “acosó sexualmente” y “abusó” de ella “en diversas ocasiones”.

“Quiero denunciar acercamientos, comentarios fuera de tono, insinuaciones, acoso y tocamientos en su despacho”, escribió la alumna. “Insistencias de demandas sexuales y diversas intimidaciones hasta el punto de obligarme, (cerrando las ventanas y la puerta con llave y asegurándose de que no había nadie cerca) a tener sexo en tres ocasiones distintas”.

En un comunicado posterior, la UB anunció que el docente fue suspendido cautelarmente tras recibir la denuncia en la Unidad de Igualdad del centro y que la universidad ofreció ayuda psicológica a la estudiante, en un caso que fue también denunciado a los Mossos d'Esquadra.

La causa penal, sin embargo, fue archivada por la Audiencia Provincial el pasado marzo. El tribunal no apreció en ninguno de los encuentros “falta de consentimiento” ni el uso de “violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad” respecto a la denunciante, según figura en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Recordó además la Audiencia de Barcelona que la joven era mayor de edad en el momento de los hechos y de la denuncia y que la diferencia de edad con el docente no supuso un abuso de superioridad. Por el contrario, agregaron los jueces, en el relato de la joven “se expresa que fue ella la que buscó en numerosas ocasiones el acercamiento y la relación personal con el denunciado y que fue ella la que intentó de forma muy insistente mantenerla”.

La universidad abrió un expediente disciplinario al profesor que está actualmente en “la fase final” de instrucción tras haber estado suspendido durante 10 meses porque estaba abierta la vía judicial. “En ausencia de la resolución final del procedimiento disciplinario, la UB no puede tomar ninguna decisión más allá de las medidas cautelares y vinculadas con el protocolo que se activaron en el primer momento”, sostiene el centro.

Según la denuncia de la estudiante, su caso con este profesor no es “ni el primero ni el único” y el docente “no siente ningún tipo de culpa, remordimiento ni vergüenza” por los actos que cometió.

En el comunicado de la UB, la universidad asegura que entre 2023 y 2024 la Unidad de Igualdad recibió un total de 39 denuncias y se abrieron cinco expedientes disciplinarios por “conductas machistas y casos de acoso sexual”.

Si cumple sus propios plazos, la Universidad Complutense debería resolver con relativa rapidez la investigación que ha abierto a Juan Carlos Monedero por acoso sexual. El expolítico y profesor ha sido denunciado por una alumna, una queja formal que ha activado el protocolo de actuación contra el acoso sexual o sexista con el que cuenta la universidad.

El documento subraya la necesidad de actuar con “diligencia” e iniciar la intervención “de manera inmediata” para que se lleve a cabo “en un plazo razonable”. También exige que sea “propositiva”. El protocolo establece con claridad el procedimiento y los principios que deben guiar la intervención de la Unidad de Igualdad cuando recibe una denuncia. El procedimiento se activa en el momento en el que alguna persona presente una denuncia formal firmada, que incluirá el nombre de la persona afectada y de la presuntamente acosadora. El texto explicita que no se admitirán denuncias anónimas ni sin firmar por la persona afectada.

A partir de ahí, la Unidad debe realizar una primera valoración del caso. Si cree que el caso es “de extrema gravedad” lo elevará a la justicia ordinaria, sea a través de la fiscalía o de la policía, aunque no da pautas para realizar esta valoración. “El resto de denuncias”, dice el texto, serán enviadas a la Comisión Técnica y de Garantías. Por el momento la Universidad, apelando al carácter reservado del caso y la ley de protección de datos, solo ha confirmado que se ha abierto una investigación, pero no el punto en el que se encuentra.

Cuando la Comisión recibe la denuncia empiezan a correr los plazos. Este organismo, encabezado por la directora de Igualdad de la Universidad, Isabel Tajahuerce, tiene 48 horas a su vez para decidir si necesita encargar un informe técnico “a una o dos personas expertas” o se encarga ella misma del proceso. También puede inadmitir la denuncia, hecho recurrible ante el rector y que, a raíz de la información compartida por la UCM, no se ha dado con Monedero.

En el caso de que considere oportuno esa asistencia externa, la Comisión tiene siete días hábiles para encargarlo y las personas expertas que hayan recibido la tarea otros diez para realizar el escrito, que devolverá a la Comisión. Esta vía contempla, por tanto, un máximo de 17 días hábiles, a los que hay que sumar el tiempo que se tome la Comisión para emitir su informe final a partir del documento que reciba y enviárselo a la delegada del rector. El protocolo no establece plazos para este último paso.

Si la Comisión considera que puede abordar el asunto con sus propios medios, la actuación debería ser más rápida: tiene cinco días hábiles para enviar su informe a la delegada Tajahuerce.

Cinco posibles vías de actuación

Cuando lo reciba, esta experta tiene cinco posibles vías de actuación: remitir el caso a la Inspección de Servicios; derivar a los servicios de atención psicológica o psicosocial a cualquiera de las partes implicadas; tomar medidas de intervención preventiva o cautelares para cualquiera de las partes; contemplar la posibilidad de establecer medidas de mediación, explícitamente cuando no se haya producido violencia de género; o archivar el caso, “siempre y cuando no se hayan producido indiciariamente actos constitutivos de delito”.

Para que la Comisión solicite que se tomen medidas cautelares, continúa el documento, debe haber detectado: indicios de un delito o de una infracción administrativa muy grave o grave; la necesidad de atención y de intervención psicológica, pedagógica y/o social urgente de cualquiera de las partes; riesgos para cualquiera de las partes que puedan afectar a su integridad física, moral, psicológica, académica o social. En cualquier caso, estas medidas “serán siempre de naturaleza preventiva, tendentes a evitar que se puedan producir riesgos para quienes presentan las denuncias o para otras personas implicadas en los hechos o en el procedimiento”.

Respecto a la investigación en sí, el protocolo solo detalla que la Comisión (o las personas externas, si se da ese caso) “podrá recabar testimonios de las personas implicadas en los hechos, así como practicar las pruebas que estime necesarias para esclarecerlos” y establece pautas en el caso de que se decida entrevistar a las personas afectadas por la misma: si hay que hacerlo con la víctima esta podrá solicitar el acompañamiento psicológico o pedagógico del Dispositivo de Atención Psicológica (DAPs); respecto al supuesto acosador, deberá evitar entrevistarle “cuando se detecten indicios de sanción administrativa y remisión a la Inspección de Servicios, con el fin de no duplicar el procedimiento”.

El texto no estipula las posibles sanciones que podría recibir una persona si es hallada responsable de un caso de acoso, pero la sanción podría llegar hasta la suspensión de Monedero de empleo y sueldo.

El proyecto, con casi dos millones de fondos europeos, no podía ser más atractivo: un equipo multidisciplinar para “liderar una nueva manera de entender” el arte rupestre de estilo levantino, uno de los conjuntos de arte prehistórico más relevantes de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad.

Todo se fue al garete en poco tiempo. El proyecto cerró antes de hora tras varias denuncias por acoso laboral contra su directora, la arqueóloga Inés Domingo, adscrita a la Universitat de Barcelona (UB). Casi dos años antes del plazo convenido, los miembros del equipo fueron despedidos de un día para otro. 

Cuatro de los siete miembros del equipo causaron baja laboral por ansiedad y/o depresión y una de las investigadoras tuvo un intento de suicidio. Tres de ellas denunciaron a Domingo y una cuarta investigadora alertó a la universidad, aunque no formalizó su acusación por “miedo” a las consecuencias que podría tener en su carrera, según ha explicado a elDiario.es.

Cuando el proyecto se abortó, dos de las investigadoras contratadas por la UB se vieron en la calle estando de baja laboral, en un caso que está pendiente de resolverse en un juzgado de lo social.

Las denunciantes acusaron a Domingo de bloquear su trayectoria académica al prohibirles asistir a congresos o estancias de investigación a las que estaban invitadas e incluso vetar su participación en actividades académicas de la universidad. También señalaron a su antigua jefa por no aportarles el debido feedback sobre sus avances en la investigación, impedirles publicar papers y dar clases. 

Las investigadoras mantuvieron que Domingo les dio un “trato denigrante”, les prohibió hablar entre los miembros del equipo e hizo comentarios despectivos sobre su trabajo o sobre otros integrantes del grupo cuando no estaban presentes. 

Una de ellas también denunció bromas machistas por parte de Dídac Roman, el codirector del proyecto y pareja sentimental de Domingo, adscrito a la Universidad Jaume I de Castellón (Comunidad Valenciana). También acusó a la directora del proyecto de imponer a Roman como codirector de su tesis en contra de su voluntad.

Después de que una comisión investigara el caso y rechazara la existencia de acoso laboral, el rector de la UB, Joan Guàrdia, definió lo ocurrido en su resolución como “mal clima laboral”. Consideró que hubo “falta de comunicación, liderazgo y/o de cohesión de equipo”, según sostiene el documento al que ha tenido acceso este diario.

Después de que una comisión investigara el caso y rechazara la existencia de acoso laboral, el rector de la UB definió lo ocurrido en su resolución como “mal clima laboral”.

El texto acordó poner a disposición de Domingo “herramientas formativas” para mejorar su competencia en la dirección de equipos y resolución de conflictos. También la conminó a “evitar comentarios respecto a otros compañeros que no están presentes” y se acordó implementar un “sistema de acompañamiento” a todos los empleados que estuvieran bajo su tutela.

“Casi todas las reuniones con Inés [Domingo] eran para hablar de otras personas del grupo, casi nunca de los temas de investigación”, sostiene una de las denunciantes entrevistadas, que prefiere que no se publique su nombre.

Apenas seis meses después de esta resolución, Domingo decidió abandonar el proyecto alegando “motivos personales de salud”, según aseguran desde la UB. Con ello, se perdió la subvención del European Research Council (ERC), dependiente de la Comisión y considerado dentro del mundo académico como una de los mayores hitos dentro de los proyectos de investigación.  

“Poder trabajar en un ERC es muy difícil”, rememora una investigadora postdoctoral del grupo. “Pero estábamos trabajando en la élite de la investigación y parecía todo lo contrario”.

Domingo está adscrita a la UB pero realmente está contratada por la fundación ICREA, un ente financiado por la Generalitat y a través del cual se contrata a académicos de excelencia con mejores salarios que los que ofrecen las universidades en las que trabajan. 

El departamento de Universidades, de quien depende ICREA, no ha querido hacer ningún comentario para este artículo. Desde la UB recuerdan que el proyecto estaba asignado nominalmente a Domingo y que si ella quiso finalizarlo la Universidad no tenía nada que hacer. “Sin la investigadora principal no hay proyecto”, explican. 

Estábamos trabajando en la élite de la investigación y parecía todo lo contrario

Respecto al despido de las investigadoras que estaban de baja, la Universidad responde que tenían un contrato laboral “ad hoc” para el proyecto vinculado a su financiación que acababa cuando este finalizara. La UB recuerda también que se les ofreció acompañamiento psicológico “desde el primer momento”.

La Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, que financió el proyecto, no ha querido valorar su cierre y se ha limitado a confirmar que tanto la UB como Domingo solicitaron su final anticipado.

“El proyecto está cerrado y en manos de las autoridades europeas para su justificación”, sostiene Domingo en un correo a elDiario.es, en el que también está en copia Dídac Roman. “Como sabrás, este tipo de proyectos requieren confidencialidad y por tanto no tenemos nada más que añadir sobre el tema”.

A pesar de alegar motivos de salud para abandonarlo, Domingo trató de llevarse el proyecto a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para reanudarlo con otro equipo, según confirman diversas fuentes del departamento de Prehistoria de esa Universidad. Esa opción, sin embargo, no cristalizó.

Personal expuesto a riesgos psicosociales

La encuesta sobre la exposición a riesgos psicosociales que elaboró la Oficina de Salut de la UB tras las denuncias, a la que ha tenido acceso esta redacción, fue demoledora para Domingo. Muestra como casi todos los empleados estaban descontentos con su manera de gestionar el equipo y el desgaste emocional al que se sentían expuestos.

De los siete encuestados, todos suspendieron la “calidad del liderazgo”, la “previsibilidad” y la “justicia” dentro del grupo. Seis de los siete entrevistados también reprochaban las “exigencias emocionales” y el “ritmo de trabajo” a la dirección y admitieron que su trabajo era, en general, “desgastador emocionalmente”. 

El mismo porcentaje respondió que en el trabajo debían ocuparse de los problemas personales de otros y que “no se podían fiar” de la información que les llegaba de la dirección. El 100% respondió que los conflictos no se solucionaban de manera justa. 

Todos los empleados aseguraron en una encuesta que los conflictos no se solucionaban de manera justa. El 85% respondió que no se podían fiar de la dirección.

“En 11 de las 15 dimensiones psicosociales valoradas, el resultado de los cuestionarios señala que es necesario implementar actuaciones, cambiando condiciones de trabajo, para eliminar los riesgos o controlarlos”, concluye el informe.

El mal ambiente y las exigencias de la dirección fueron minando la salud mental de parte del equipo. “Llegó un momento en que ir a la universidad y encontrármela me generaba pavor”, relata una de las integrantes.

Las bajas laborales (que se extendieron en dos casos más de un año) y los informes médicos obtenidos apuntan a problemas de insomnio, pérdida de apetito, ataques de ansiedad, migrañas, bruxismo, contracturas musculares, trastornos depresivos graves e incluso ideas suicidas de una de las investigadoras. 

“Nos gritaba y nos faltaba al respeto”

Este periódico ha entrevistado a cuatro miembros del equipo y ha tenido acceso a tres de las denuncias presentadas por tres investigadoras, a parte de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Todos los relatos describen un grupo en el que reinaba la desconfianza y en el que la salud mental de algunos integrantes empeoraba paulatinamente. 

“Al final el ambiente era insostenible”, explica una de ellas. “Nos obligaba a trabajar en secreto, sin poder hablar entre nosotras, como si estuviéramos buscando el Santo Grial”.

Las entrevistadas también aseguran haber recibido “gritos”, “faltas de respeto” y “trato denigrante” por parte de Domingo. Una de las denunciantes afirma que le prohibieron asistir a dos congresos a los que había sido invitada. En uno de ellos tenía que dar una conferencia. En el otro ya tenía pagado el vuelo y el hospedaje.

“Cuando te corregía te decía que todo lo que habías hecho era una mierda”, denunció una de ellas. Tras tener un conflicto con Domingo, otra investigadora estuvo tres meses sin recibir respuesta a sus correos en los que le informaba de sus avances en la investigación.

Esta investigadora explica que, tras más de un año trabajando en un artículo, Domingo le respondió un correo. “Esto se tiene que rehacer”, contestó. “Me esperaba encontrar el documento lleno de indicaciones para corregir, pero abrí el documento y no había ni una sola indicación”, recuerda. Lo interpretó como una “reprimenda” por reclamar que le respetaran sus derechos laborales.

Todas las personas consultadas aseguran que, en más de una ocasión, Domingo les recordaba que “no eran cajeras del Mercadona” cuando el equipo reclamaba derechos laborales, poder teletrabajar o disfrutar de las vacaciones en días que no fueran agosto.

“Estoy a favor de los derechos laborales, pero no de los vuestros, estamos trabajando en investigación”, sostienen que les trasladó Dídac Roman, el codirector del proyecto, cuando la plantilla exigió poder disponer de los días para asuntos personales que figuraban en su convenio.

Según una de ellas, se prohibió a las empleadas hacer huelga el 8 de marzo al mismo tiempo que desde las redes sociales se compartió una foto reivindicando el papel de las mujeres en el equipo. La imagen ha sido eliminada de las cuentas del proyecto.

En el equipo había tanto empleadas que preparaban su doctorado como investigadoras postdoctorales. Todas consideran que perdieron el tiempo y algunas incluso han acabado abandonando la investigación académica después de lo vivido. 

Una de ellas llegó a renunciar a su tesis doctoral en el tercer año, cuando todavía le quedaba un año de contrato. “No veía ninguna posibilidad de avanzar en mi tesis”, rememora. “Y había llegado al proyecto con uno de los mejores expedientes de mi promoción”.

Buena parte de las denunciantes siguen a día de hoy bajo terapia psicológica. “La sensación que me queda es que he perdido el tiempo, la salud y la energía”, concluye una de las denunciantes. “Lo que es lamentable es que por una persona o dos haya varias carreras académicas que han acabado yéndose al traste”.

Si tienes más datos sobre este caso o conoces otros similares, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es

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La Universitat de Barcelona (UB) ha decidido modificar su código ético y pasará a considerar “mala praxis profesional” las relaciones sexoafectivas entre profesores y alumnos. La intención de la universidad es evitar “situaciones de abuso y/o de conflicto de interés en el proceso de evaluación y supervisión”, según afirma la UB en un comunicado.

La decisión llega meses después del revuelo que ocasionó una investigación de elDiario.es, que desveló los mensajes y el presunto acoso sexual por parte de un vicerrector de la universidad, Jordi Matas, a una alumna a la que tenía que dirigir el trabajo de final de grado.

La publicación generó protestas estudiantiles y la condena de un centenar de profesores, que pidieron al Rector de la universidad una investigación independiente del caso, una revisión de los protocolos y que se tomaran medidas cautelares al respecto. Matas dimitió de su cargo 48 horas después de la publicación del artículo, aunque sigue como profesor de la UB sin que este curso se le haya asignado docencia alguna.

La modificación del código ético considera que estas relaciones entre profesores y alumnos son “claramente asimétricas, con un evidente componente de superioridad” en “todos los casos” e incluye también los casos en que no se compartan asignaturas o evaluación de trabajos académicos.

El cambio llega a propuesta de la Unidad de Igualdad de la UB, en línea con el Protocolo contra el acoso en la universidad que diseñó la Generalitat de Catalunya. La vulneración de este código ético, sin embargo, no supondrá la apertura de ningún expediente ni contempla sanción alguna.