Estudiantes y docentes, contra la prueba de Matemáticas en la PAU de Andalucía: “Un desprecio al trabajo pedagógico”

La polémica por el contenido y la dificultad de la prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la reciente Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía sube de intensidad. El sindicato Docentes por la Pública (DxP) ha denunciado públicamente “el grave perjuicio” causado al alumnado y al profesorado andaluz. En dos días, unas 15.000 personas han firmado una petición en change.org solicitando la impugnación del examen, “reflejo de la dimensión autonómica del problema y del rechazo generalizado entre estudiantes, familias y docentes en todas las provincias andaluzas”.

Las quejas ya obligaron a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, a hacer una defensa pública del contenido de la prueba. Castillo aseguró este jueves que el examen “responde a los contenidos y al currículum” establecido, recordando que se elabora mediante una ponencia compuesta por “tantos profesores de Universidad como profesores de Secundaria que imparten docencia en segundo de Bachillerato”, atendiendo a unas directrices “que vienen del ministerio”.

El contenido del examen ha generado muchas quejas entre los estudiantes. En la petición de change.org que llama a impugnar el examen, se vaticina una escabechina: “La prueba, según nuestra experiencia y sensación colectiva, excede con creces el nivel de estudio proporcionado y la preparación recibida durante el curso académico. Según los datos de los resultados preliminares, un gran porcentaje de los estudiantes no serán aprobados”, dice el promotor, que pide una evaluación “justa”.

Docentes por la Pública exige revisión de criterios y “medidas compensatorias”

En su comunicado, Docentes por la Pública ha exigido la revisión inmediata del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y de sus criterios de corrección; la adopción urgente de medidas compensatorias que eviten una penalización injusta al alumnado; la asunción de responsabilidades por parte de quienes hayan autorizado este modelo de prueba; y la máxima transparencia en los procesos de elaboración y supervisión de futuras pruebas.

El sindicato resalta que la situación vivida en los institutos tras la prueba “ha estado marcada por escenas de frustración, angustia e impotencia” y lamenta que “tras dos años de esfuerzo sostenido y con expedientes académicos excelentes, [el alumnado] se ha enfrentado a una prueba completamente desajustada respecto a los contenidos impartidos y los criterios de evaluación recogidos en el currículo oficial”.

En opinión de Docentes por la Pública, el examen supone “un desprecio al trabajo pedagógico de los docentes y al proceso de aprendizaje del alumnado”.

El sindicato recuerda que la normativa vigente, incluyendo el Real Decreto 534/2024 (BOE 12/06/2024) y el Decreto 103/2023 de la Junta de Andalucía (BOJA 15/05/2023), establece claramente que las pruebas deben ajustarse al currículo oficial, respetando los saberes básicos y los criterios de evaluación. Asimismo, la organización específica de la PAU 2025 en Andalucía (BOJA 13/02/2025) detalla el contenido que debe contemplarse en los exámenes, lo que según el sindicato, “agrava la desproporción y falta de coherencia del examen en cuestión”.

“Lo que ha sucedido supone también un menosprecio a la labor del profesorado andaluz, que ha planificado, impartido y evaluado sus programaciones conforme a los saberes establecidos por la propia Administración. El esfuerzo coordinado entre profesorado y alumnado ha sido vulnerado con un examen alejado de los principios de proporcionalidad, coherencia y seguridad jurídica que deben regir estas pruebas”, ha añadido Padua.