El pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además, el mismo juez de la Audiencia Nacional que ordenó esa diligencia, Santiago Pedraz, emitía un auto por el que acordaba la imputación de quien fuera número tres del partido Santos Cerdán y de la actual gerente de los socialistas, Ana Fuentes.

El estallido de esta operación venía a sumarse a otros golpes judiciales que afectaban de lleno al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel protagónico en una presunta trama dedicada al tráfico de influencias. Y ante ese cúmulo de noticias judiciales hubo ministros socialistas, como Óscar Puente, que decidieron saltar a la palestra pública para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez era víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”.

Una vez más, la respuesta del Poder Judicial a este nuevo ataque del Ejecutivo no se ha hecho esperar. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su preocupación por manifestaciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. A su juicio, “contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”.

Como ya hicieran en anteriores ocasiones, la comisión, presidida por la presidenta 'progresista' del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, recuerda que la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Y considera que un entorno político en el que se realizan críticas de esta naturaleza “debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial”.

 Al hilo, en este breve comunicado, el CGPJ recuerda la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, “respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano”.

La denucia pública de Puente sobre esa supuesta operación político-judicial para acabar con el Gobierno no ha sido el único aldabonazo socialista hacia el trabajo de los jueces. Tras conocerse el sumario del caso que afecta a Zapatero y que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, exigía en público una justicia igualitaria. Apuntaba, además, a que se redactaban sumarios que “podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria”.

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

Desde hace unos días estamos viviendo un torbellino de noticias desde el escándalo de Zapatero, las nuevas informaciones sobre el caso Leire Díez que apuntarían a una red de miembros del PSOE que intentaba dificultar acciones judiciales y las acusaciones del uso de la justicia con la intención de derrocar al gobierno de coalición progresista. Todo esto, por si fuera poco, con el telón de fondo de las sesiones del juicio del caso Kitchen, una red de corrupción policial orquestada por el PP para sacarle al tesorero Luis Bárcenas la documentación que pudiera tener vinculada a la caja B del partido.

El contexto solamente llama al desconcierto y el desánimo. El alud de información proveniente de medios de comunicación hace dudar sobre si existen tramas de corrupción impensadas en los dos grandes partidos del bipartidismo o si efectivamente existe una operación de los sectores más poderosos del país para acabar con un gobierno que les es incómodo. Seguramente hay parte de ambas cosas pero, en cualquier caso, el ambiente deja poca esperanza de que la integridad pública y el estado de derecho efectivo no sean más que una quimera en España.

Frente a todo esto, en primer lugar, se requiere un análisis sosegado, completo y que acepte que la duda, no solamente es humana, sino parte indisociable del análisis de las cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, la duda sobre hechos que solo podemos conocer parcialmente no debe llevarnos a olvidar algunas certezas políticas que son indispensables.

Por un lado, la respuesta social más evidente a todo este contexto es la desesperanza, el distanciamiento (aún mayor) de la política y el convencimiento de que solamente el interés personal mueve a las personas que se dedican a la cosa pública. Pero no hay que dejar de pensar, en primer lugar, que hay muchos ejemplos en nuestro país de políticos que han ejercido cargos de relevancia y nunca han estado envueltos en casos de corrupción y, por supuesto, de otros países donde los niveles de corrupción son mucho menores debido a la existencia de instituciones y normas que han creado y reforzado una cultura de integridad pública.

Debemos romper este círculo vicioso de la corrupción donde las noticias de escándalos generan desafección y nos llevan a distanciarnos de la política e incluso a ser menos exigentes con ella. Los argumentos del “son todos iguales” no valen. Por una parte, porque ninguna generalización es cierta y, como decíamos, seguro que todos podríamos pensar en ejemplos de políticos dignos de admiración por su inquebrantable dedicación al interés general. Por otra parte, porque este círculo de desafección profundiza la degradación de nuestras instituciones. Una ciudadanía activa, atenta y exigente en el cumplimiento de las responsabilidades públicas con integridad es parte fundamental de una democracia plena, es decir, sin corrupción.

Por otro lado, nuestro país ha vivido lamentablemente casos flagrantes de lawfare donde la justicia se ha usado para intentar socavar proyectos políticos molestos para sectores que siguen considerando que la cosa pública es su feudo. Ha pasado claramente con el ayuntamiento de Barcelona bajo los mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, con Mónica Oltra en la Comunitat Valenciana o con dirigentes de Podemos, así como en el ámbito de la justicia en casos como el del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la evidencia de este reiterado uso torticero de los procedimientos judiciales no debe hacernos bajar nuestro nivel de exigencia con los servidores públicos y quienes lo han sido. Al mismo tiempo, debemos autoanalizarnos también con exigencia y saber que estudios académicos han demostrado que tendemos a ser más tolerantes con la corrupción si viene de sectores o líderes políticos que nos son afines. Hay que estar atentos, en este sentido, a no buscar excusas para comportamientos execrables y que destruyen nuestra democracia, sean aprovechar un cargo público para el beneficio privado o el desvío de la justicia para destruir a adversarios políticos.

La ausencia de corrupción, un país donde las instituciones públicas funcionen con integridad, es decir, movidas solamente por el interés público y no por el particular, no es solamente posible y socialmente deseable, como lo demuestran países de nuestro entorno, sino que es indispensable para una democracia real, sólida y socialmente justa.

Frente a la abrumadora realidad que mezcla evidencias claras de corrupción, dudas indiscutibles sobre comportamientos políticos al menos poco éticos y certezas del repetido uso de la justicia con objetivos privados, no debemos dejar de exigir a políticos y servidores públicos la más absoluta integridad en sus comportamientos. No existe democracia ni justicia social con corrupción. No existen tampoco recetas mágicas para terminar con ella, sino reformas legales e institucionales necesarias que deben generar un círculo virtuoso de cultura de integridad, donde todos los ciudadanos seamos partícipes y controladores de una democracia íntegra. No encontraremos soluciones rápidas ni infalibles contra la corrupción, pero exigir con tesón terminar con ella es un paso indispensable y frente al que nunca debemos bajar los brazos.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

A ver, en la Andalucía desde donde escribo, no hacemos más que salir de las autonómicas donde ganó el PP, pese a su destrozo sanitario, y ahora va a necesitar a Vox para gobernar, y justo empieza a caer toda la tromba de acusaciones contra Zapatero y el PSOE que nos tiene en shock, como a toda España.

Yo confieso que, con lo de Zapatero, estoy atónita. Sin ser nada mitómana, siempre he dicho y escrito que lo considero el mejor presidente de nuestra democracia. Aunque, acto seguido, invariablemente, he recordado que fue a él a quien le hicimos el 15M por rendirse a la Troika y cambiar, junto al PP, la Constitución para priorizar la devolución de la deuda al pago de los servicios públicos en plena ola austericida. Eso y algo que se recuerda menos: que las terribles concertinas antiinmigrantes, en la frontera sur, no las puso Aznar sino que son parte de su legado.

Con todo y con eso, que no es poca cosa, quizá porque el listón esté bajo, aún hoy me reitero en que veo su mandato el mejor de la democracia. Y lo creo así por la retirada de las tropas de Irak, la aprobación del matrimonio igualitario y todo el avance aparejado en visibilidad y justicia del colectivo LGTBIQ+, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la de ayuda a la dependencia, la de memoria histórica… ¿olvido algo? Ah, el fin de ETA. Pues eso, que González, Aznar, Rajoy o Sánchez no le empaten.

Que Zapatero haya sido el mejor presidente de la democracia, no quita que deban investigarse posibles delitos, ni que critiquemos actos suyos aun no delictivos. Y nada de ello quita tampoco que nos demos perfecta cuenta de la estrategia de PP y Vox para desmoralizarnos a la gente progresista y tumbar el gobierno de PSOE y Sumar.

Dicho lo cual, nada justifica, a mis ojos, no ya, la posible comisión de delitos (organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias) sino cosas que, aun sin serlo, dañan su crédito de referente: como el conchabeo/asesoramiento/puerta giratoria con empresas por haber sido presidente; o la implicación de sus hijas; sí, también lo de las joyas, que choca por extraño, ostentoso y hortera (y, ojo, por tenerlas en una caja fuerte en el partido); y lo del “amigo Julito” escondiendo casi 300.000 euros, billetes en un radiador, otros en una caja de vasos, más en una bolsa de palos de golf…

Este numerito (como los de Koldo, Ábalos, Cerdá, Leire…) nos los debían haber ahorrado. Estoy esperando una explicación. De verdad la espero. Por lo impresentable que, a priori, parece y por el material que da a quienes están deseando desacreditar a la izquierda.

Ahora que, desde luego, lecciones de Felipe y Aznar ni una. Que los dos se han lucrado asesorando a más empresas que Zapatero. Y de muy cuestionables maneras. Que el primero jugó a dos barajas, siendo presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, y, acto seguido, convirtiéndose en fichaje estrella del Consejo de Gas Natural, con sueldo de 126.500 euros/año, justo cuando se aprobó, ¡oh casualidad!, un gasoducto para una filial de Gas Natural que ponían en riesgo Doñana. Y el otro perla, el de “El que pueda hacer, que haga”, pactó una comisión del 1% con Abengoa a cambio de conseguir adjudicaciones en Libia gracias a su amigo, el luego asesinado presidente Muamar el Gadafi.

Que Felipe González y Aznar se alineen en sus críticas furibundas a Zapatero es de traca, pues ambos se han lucrado, mucho más que él, asesorando a empresas. Y de formas tan cuestionables como, en el caso de González, jugando a dos barajas, entre el Consejo de Doñana y Gas Natural a cuenta de un gaseoducto, y, en el de Aznar, pactando comisiones con Abengoa a cambio de conseguirles adjudicaciones en la Libia de Gadafi.

Habrá que creerse que los hijos de Aznar-Botella, que trabajan “de inversores”, no se benefician de los contactos de sus padres, ¿o no? Y a mí tampoco me entra en la cabeza que María González Romero haya mantenido tantos años el vínculo profesional con su padre, siendo Felipe capaz de irse de una reunión sin darse siquiera cuenta de que la ha dejado atrás. Lo que tampoco es delito. Pecado, quizá.

Comer pieza para lanzar jaque al progreso

La situación es seria. Preocupante. Peligrosa. Muchas y muchos lo sentimos así. Porque actuaciones y decisiones judiciales injustificables (como las manifestaciones de jueces togados, a la puerta de los juzgados, contra la amnistía a líderes catalanes, o la condena sin pruebas, al fiscal general achacando la culpabilidad “a él o su entorno”), o el hecho de que los casos de corrupción del PP o de Vox tarden años en juzgarse mientras los del PSOE se ventilan en un plis plas, o la reciente reunión en secreto de Feijóo con fiscales, nos hacen desconfiar de la imparcialidad del sistema judicial.

No ayuda tampoco que Aznar se reafirme esta misma semana en su llamamiento de “El que pueda hacer, que haga”, subiendo el tono amenazador al usar la expresión muy militar de “servir a España” y que, a la mañana siguiente, la UCO entre en tromba en la sede socialista de Ferraz, mientras en los medios se hablaba de investigación sobre financiación ilegal del PSOE cuando, en realidad, los agentes buscabas información del caso Leire, que lleva coleando un año.

A menudo logran hacernos correr, como a perrillos, tras cada palo que nos lanzan. Pero, de pronto, una se serena y recuerda. También acusaron, condenaron y echaron de la política a Dilma Roussef y Lula da Silva, presidentes de Brasil. Él, incluso pasó en prisión ¡580 días! Por decisión de un juez. Un tal Sérgio Moro, luego ascendido, ¡oh casualidad, otra vez!, a Ministro de Justicia, por el fascista Bolsonaro. Pero, años después, las acusaciones y condenas han sido declaradas falsas y Lula hasta ha sido reelegido presidente de la República. Por desgracia, demasiado tarde ya para el más de medio millón de muertos brasileños por Covid, a consecuencia del negacionismo y del abandono de Bolsonaro.

Cada demócrata que haga también

Cunde, entre la gente progresista, una sensación de “Game over”, de que es imposible hacer frente, como demócratas, a la estrategia de tumbar al gobierno de PSOE y Sumar, por la mezcla tanto de errores no forzados, como del implacable asedio. Cunde la frustración porque “hay mucho facha en la justicia”, “mucho facha en el poder económico”, “mucho facha en las empresas mediáticas”, “mucho facha en la policía, guardia civil, el ejército”, “mucho facha entre la gente normal y corriente”.

No perdamos la perspectiva: buscan cobrarse las piezas de Zapatero y Sánchez, por errores suyos o falsedades, ya veremos, para minarnos la moral a la gente de izquierda, derribar el gobierno PSOE-Sumar e instaurar uno PP-Vox, neofranquista. No cabe rendirse. Cada demócrata y progresista que pueda hacer, que haga para construir la realidad necesaria.

¿Acaso se ha vuelto facha todo el mundo de repente? ¿Nadie reconoce las ventajas de vivir en democracia, pese a las imperfecciones de esta? ¿Nadie prefiere un gobierno como el actual o similar al de Feijóo y Abascal de presidente y vicepresidente, bajo el retrato de Franco y con los violentos de Desokupa por lugartenientes, atacando a la prensa libre, atacando a los sindicatos, como hemos visto en la manifestación del pasado fin de semana, en Madrid?

No me lo creo. Creo que nos minan la moral para paralizarnos. Y tenemos que espabilar y darle más vueltas al magín y reunirnos, hablar, poner en pie iniciativas desde la sociedad civil. Crear. De nuevo. Sabiendo que volveremos a decepcionarnos, que nada será nunca perfecto, como nada en la vida. Pero sí infinitamente mejor que la jaula fascista en la que quieren meternos, de la que tenemos que librar a nuestras hijas e hijos y también a los de ellos. Con convicción en los pilares del compromiso de izquierdas: que el reparto y el progreso son mejores que la avaricia y los privilegios. Que no nos achante el peor presidente de la democracia. Demos la vuelta a su órdago. Cada demócrata, cada progresista que pueda hacer, que haga. Sabemos lo que nos jugamos y qué queremos. Hagamos.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reapareció públicamente el pasado 16 de abril en un acto en el Jardín Botánico de València. Junto a Irene Montero, Sira Rego y Rosangela da Silva protagonizó un acto bajo el lema 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista' en el que escenificaron la unidad de las izquierdas a un año de las grandes convocatorias electorales.

Tras anunciar su regreso a la política y casi tres semanas después de manifestar su decisión de ser candidata a la alcaldía de València, Oltra ha protagonizado su primera entrevista en Onda Cero en el programa Julia en la Onda que dirige la periodista Julia Otero. La dirigente de Compromís considera que su procesamiento es un ejemplo de lawfare “que se estudiará en las facultades de derecho, carga contra el discurso de las derechas contra los impuestos y aplaude la iniciativa de Gabriel Rufián para tratar de unir a las izquierdas.

Al inicio de la conversación, preguntada por la directora del programa, Oltra ha comentado su situación personal y su estado anímico: “Estoy bien, aplomada, serena y en equilibrio, me ha costado mucho volver a la vida pública; pensaba que me iba a generar estrés y ha sido al contrario. He tenido muchos ataques de ansiedad justo antes del congreso de Iniciativa (partido integrado en Compromís) en el que me plantean aceptar el reto de volver a la política, pero luego se me pasaron, ha sido terapéutico para mí”.

Sobre su discurso en el acto del Jardín Botánico en el que hubo un momento que se emocionó, ha explicado que se rompió “porque sabía lo que viene, que no va a ser fácil”. En ese momento, Otero le ha comentado que su vuelta puede ser una provocación ante mucha gente que quería “matarla políticamente, aunque ahora está en plena resurrección política”, a lo que Oltra ha apuntado que es algo que “también da miedo” porque “pensaba que en un estado de derecho no se condenaba a la gente inocente, pero tampoco se sienta en el banquillo a la gente que no ha hecho nada; pero hay que ponerse en pie”.

Sobre su situación procesal en el caso del supuesto encubrimiento de su exmarido, condenado por abusar de una menor tutelada, ha recordado que “mientras unos jueces quieren archivar y Audiencia lo ha reabierto; lo han archivado tres veces, pero el juez incoó procedimiento abreviado por imperativo legal”. Oltra ha añadido: “El juez instructor concluye que no abre juicio oral porque, dice textualmente, que en conciencia piensa que nadie debe ser sentado en el banquillo sin un solo indicio, y en este caso no lo hay. Aun así, la Audiencia vuelve a abrir el caso. Ahora se abre juicio oral, pero creo que nunca se ha dado que la Audiencia ordene al juez instructor, que es el que ha visto todas las pruebas y el que dice que no hay nada, que se abra juicio. Lo han visto dos jueces, el instructor y la sustituta, y los dos han dicho que no hay ni un solo indicio. La Audiencia ha dicho que Vox, que Gobiérnate y España 2000 tiene derecho a acusar, esto es un anatema. Lo que dice la Constitución es que hay derecho a la tutela judicial efectiva, pero después de cuatro años de investigación con todas las pruebas que han pedido, el derecho a acusar es inquisitorio”.

Además, para la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, “los tiempos también son significativos, se está alargando. Como dicen ellos mismos en las redes sociales, el objetivo era sentarla en el banquillo y sacarle de la política. Y creo que no pueden salirse con la suya. El objetivo no es hacer justicia, es apartar a alguien porque les molestan las políticas de izquierdas. Si les molesta y me pliego a esto, habrán ganado, y eso no lo puedo permitir”. Oltra ha reconocido que podría ser que el juicio se solapara con las elecciones y que esta situación podría ser munición para sus adversarios políticos, pero ha indicado que espera que no sea sí.

Sobre si plantea un escenario de condena, ha comentado que cuando plantea esa pregunta a sus abogados le dicen que no es posible, “pero también era imposible que me sentaran en el banquillo y aquí estoy”, al tiempo que ha explicado que sus abogados no pueden concebir disfunciones en la Justicia por intereses espurios“ y que cuando anunció su retirada ya advirtió que habría más casos como el suyo.

Sobre la decisión de retirarse de la política y la posterior derrota del Gobierno del Botánico, ha lanzado un dardo al expresidente Ximo Puig y algunos compañeros de Compromís, sin citarlos con nombres y apellidos: “Eso debería reflexionarlo más la parte de Puig que no tuvieron esto en cuenta cuando forzaron la máquina de mi dimisión, fueron una parte importante de esa presión. El presidente vino a decir públicamente o dimites o te ceso. En ese momento toma la decisión por responsabilidad, pero en el pecado llevaron la penitencia. En mi partido algunos no supieron sostener en un momento que había que aguantar los machos, ya lo expliqué cuando dimití. Lo que más me rompía era que eso implicaba que no se podían hacer políticas a favor de la gente que más sufre y que más necesita a la izquierda, de los más desfavorecidos. La segunda lectura es que la política no sirve y eso es pasto del fascismo”.

Cuestionada sobre si la desprivatización de la sanidad probablemente fue el elefante en la habitación, ha considerado que puso ser una parte, “también la desprivatización de los servicios sociales” puesto que “hubo empresas que dejaron de ganar mucho dinero, sobre todo en sanidad, y a los que acumulan poder esto no les gustaba”

Según Oltra, “la democracia está cada vez más débil frente al poder de esta gente” y ha recordado la foto del CEO de Ribera Salud, con la señora que le acusa y el señor Camps, que “no estaban hablando del tiempo ni de lo bonitas que son las flores en primavera”.

En este punto, Otero le ha preguntado si cree que ha sido víctima de lawfare: “No lo creo yo, lo cree toda España, incluso los que la practican contra mí. La Audiencia de Valencia también lo sabe por eso dicen que independientemente de lo que pase en el juicio esta gente tiene derecho a acusar. Es un sinsentido, no hay ni una sola prueba, lo que presentan nos defiende a nosotros, este caso se estudiará en las facultades derecho”.

Por otra parte, ha considerado que Rufián está planteando “algo que tiene todo el sentido y la gente lo está recibiendo como algo que hay que hacer y yo voy a ayudar, pero encabezarlo a nivel de España no; a mí me ilusiona València, mi cabeza hace tiempo que va pensando, voy por la calle y voy pensando cambios”.

Sobre el discurso contra los impuestos de las derechas, Oltra ha advertido de que “cuando los partidos de derechas dicen vamos a bajar impuestos, lo que dicen en realidad es nos vamos a bajar los impuestos porque lo que dicen es que te van a subir los impuestos a ti, a la clase trabajadora, y que vas a tener peores servicios, porque ellos se pagan todo en la privada”. Por eso, ha insistido, “cuando un político te dice que va a bajar los impuestos, lo que está diciendo es que va a bajar los impuestos a los ricos”. Así, ha destacado que “el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dice que va a recaudar 500 millones de dólares en impuestos de los áticos que están casi los 365 días del año cerrados en Manhattan para hacer escuelas infantiles, para mejorar los barrios o para montar supermercados públicos”, al tiempo que ha afirmado que “todo eso, si se puede hacer en Nueva York, ¿cómo no se va a poder eso en València y en las ciudades?”.

Sobre su candidatura a la alcaldía de València, ha comentado que “hay que buscar la complicidad de la gente, esto tiene que ser un movimiento ciudadano arrollador, no una cuestión de partidos; lo más revolucionario hoy en día es el mundo físico, hay que buscar el contacto con la gente, como yo digo, menos tiktokear y más toquetear”.

Cuestionada por la pregunta que se hizo Lula sobre lo que han hecho mal las izquierdas para que los votantes les den la espalda. Oltra ha explicado: “Las redes nos están cambiando la forma de relacionarnos y eso está generando multitud de problemas en adolescentes y salud mental. No hay tiempo para nada, te pasas la vida sobreviviendo. Han declarado la guerra a la vida, necesitan que estemos encerrados y distraídos. Hay que sacar de nuevo a la gente a los espacios, las ciudades son espacios de socialización, no de circulación”.

Els referents feministes de l’esquerra escenifica la seua unitat a un any de les grans convocatòries electorals. Irene Montero, Mónica Oltra, Sira Rego i Rosangela da Silva protagonitzen juntes un acte a València dijous, sota el lema ‘No a la guerra, no a la violència política, per un món ecofeminista’. Es tracta del primer acte públic de l’ex-vicepresidenta valenciana Mónica Oltra des que va anunciar la intenció de ser candidata de Compromís a l’alcaldia de València, una trobada que aferma els intents d’unitat entre formacions que van més enllà de l’espai purament socialdemòcrata. La imatge de les dirigents d’esquerres juntes, mostrant complicitat, resulta especialment rellevant.

L’acte, organitzat per la Universitat de València, al Jardí Botànic, se celebra en el marc de la cimera organitzada per la Internacional Socialista, l’Aliança Progressista i el partit dels Socialistes Europeus, que convoca a Barcelona el 17 i 18 d’abril referents com el president Luiz Inácio Lula da Silva (del PT), el colombià Gustavo Petro o l’uruguaià Yamandú Orsi, acte clausurat per Pedro Sánchez.

La primera dama brasilera remarca el paper de les dones en “un món més just”. Ha enunciat un context de guerres i crisis climàtiques, un context clarament violent, que augmenta la pressió sobre “el que enfrontem les dones a casa, en la faena”, i ha elogiat la tasca d’Irene Montero en el Parlament Europeu. “No hi ha democràcia quan els nostres drets són violats”, ni amb violència política de gènere, ha expressat, en portugués i sense traducció. Janja da Silva ha explicat que hi ha qui “volen destruir reputacions de les dones d’esquerra” i ha enumerat pràctiques “aprofitant de la tecnologia, de les fake news”. Fins i tot, ha esmentat, aquesta setmana han vist “vídeos creats per IA d’agressions a dones usant samarretes del nostre partit”. “Construir un món millor i més just és el compromís de tots”, ha subratllat la primera dama.

“Disciplina social contra les dones”

El lawfare “té a veure amb un element de disciplina social contra les dones”, exposa la ministra Sira Rego, que planteja com a “antídots”, la “politització de la por” i “el feminisme com a brúixola estratègica”, més enllà de l’estratègia electoral. La dirigent d’Esquerra Unida creu que la persecució judicial “evidencia una debilitat del sistema”.

Proposa “polititzar la por, reconéixer-nos, reconéixer com opera la por a l’hora que les dones ens exposem”. És també “el que ens permet estar alerta”, un mecanisme d’activació: “Ens permet ajuntar-nos amb altres, organitzar-nos i eixir a l’ofensiva”, assenyala.

“En colpegen una per a frenar-nos a totes”

L’eurodiputada de Podem Irene Montero considera que el lawfare “no és una fallada, és la manera per la qual el sistema es protegeix a si mateix”. “Les elits necessiten usar elements de guerra bruta per a sostindre el seu poder i impedir que grans sectors populars permeten un avanç en drets. En colpegen una per a frenar-nos a totes”, subratlla la dirigent de Podem, que posa com a exemple el cas d’Oltra. “Es va atrevir a dir desprivatització de la sanitat i la perseguiran per això fins al final”, recalca Montero, abrigallada pel públic. “Si contra una companya exerceixen violència política és perquè està canviant les coses”, subratlla.

“Qui necessita la política? Les classes treballadores”

Oltra, en la seua primera intervenció després d’anunciar la seua candidatura a l’alcaldia de València, adverteix de l’auge de l’antipolítica, dels riscos de plantejar que ‘tots són iguals’. És el germen dels feixismes, apunta. Planteja al públic: “Qui necessita la política? Les classes treballadores”, i crida a “construir consciència de classe i utopia socialista”. “La utopia és l’eina que hem d’agafar amb força per a combatre la distopia en què vivim”, remarca.

L’exdirigent de Compromís ha censurat la “violència política” en els espais d’esquerra, espais que es pressuposen emancipadors. També reclama no deixar soles les que pateixen la violència: “L’important és no estar i no sentir-se sola quan la màquina d’escabetxada es posa en marxa”.

Missatge antibel·licista

Les dirigents d’esquerres han llançat un missatge unànime contra la guerra. “La guerra l’organitzen homes blancs rics. Sempre l’organitzen lluny d’on viuen. I no hi van els seus fills”, ha mostrat Oltra, amb un marcat discurs de classe, que advoca per prohibir la fabricació d’armes. “No parim els nostres fills perquè els maten”, ha assenyalat.

“La pau és Netanyahu davant el Tribunal Penal Internacional”, ha reclamat Rego, que recrimina que “ens han convençut que la militarització i la producció d’armes són seguretat”, però “el feminisme ens ensenya que la seguretat és una altra cosa. És la garantia que el futur siga”, recalca la ministra d’Infància i dirigent d’Esquerra Unida.

Las referentes feministas de la izquierda escenifican su unidad a un año de las grandes convocatorias electorales. Irene Montero, Mónica Oltra, Sira Rego y Rosangela da Silva protagonizan juntas un acto en Valéncia este jueves, bajo el lema 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista'. Se trata del primer acto público de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra desde que anunciara su intención de ser candidata de Compromís a la alcaldía de València, un encuentro que afianza los intentos de unidad entre formaciones que van más allá del espacio puramente socialdemócrata. La imagen de las dirigentes de izquierdas juntas, mostrando complicidad, resulta especialmente relevante.

El acto, organizado por la Universitat de València, en el Jardín Botánico, se celebra en el marco de la cumbre organizada por la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el partido de los Socialistas Europeos, que convoca en Barcelona el 17 y 18 de abril a referentes como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (del PT), el colombiano Gustavo Petro o el uruguayo Yamandú Orsi, acto clausurado por Pedro Sánchez.

La primera dama brasileña recalca el papel de las mujeres en “un mundo más justo”. Ha enunciado un contexto de guerras y crisis climáticas, un contexto claramente violento, que aumenta la presión sobre “lo que enfrentamos las mujeres en casa, en el trabajo”, y ha elogiado la labor de Irene Montero en el Parlamento europeo. “No hay democracia cuando nuestros derechos son violados”, ni con violencia política de género, ha expresado, en portugués y sin traducción. Janja da Silva ha explicado que hay quienes “quieren destruir reputaciones de las mujeres de izquierda” y ha enumerado prácticas “aprovechando de la tecnología, de las fake news”. Incluso, ha citado, esta semana han visto “vídeos creados por IA de agresiones a mujeres usando camisetas de nuestro partido”. “Construir un mundo mejor y más justo es el compromiso de todos”, ha subrayado la primera dama.

“Disciplina social contra las mujeres”

El lawfare “tiene que ver con un elemento de disciplina social contra las mujeres”, expone la ministra Sira Rego, que plantea como “antídotos”, la “politización del miedo” y “el feminismo como brújula estratégica”, más allá de la estrategia electoral. La dirigente de Izquierda Unida cree que la persecución judicial “evidencia una debilidad del sistema”.

Propone “politizar el miedo, reconocernos, reconocer como opera el miedo a la hora de que las mujeres nos expongamos”. Es también “lo que nos permite estar alerta”, un mecanismo de activación: “Nos permite juntarnos con otras, organizarnos y salir a la ofensiva”, señala.

“Golpean a una para frenarnos a todas”

La eurodiputada de Podemos Irene Montero considera que el lawfare “no es un fallo, es la forma por la que el sistema se protege a sí mismo”. “Las élites necesitan usar elementos de guerra sucia para sostener su poder e impedir que grandes sectores populares permitan un avance en derechos. Golpean a una para frenarnos a todas”, subraya la dirigente de Podemos, que pone como ejemplo el caso de Oltra. “Se atrevió a decir desprivatización de la sanidad y la van a perseguir por ello hasta el final”.

“Si contra una compañera ejercen violencia política es porque está cambiando las cosas”, subraya.

Sobre la persecución política, Montero razona: “Es importante recordar que no solo tiene que ver con lo judicial (...) pero la clave de todo esta en lo mediático, la clave de todo es la señora que esta en su casa viendo la tele por la mañana, escuchando la radio por la tarde y que de escuchar todos los dias la misma mierda sobre las personas contra las que ellos quieren ejercer violencia política les termina cayendo mal”.

 “¿Quién necesita la política? Las clases trabajadoras”

Oltra, en su primera intervención tras anunciar su candidatura a la alcaldía de València, advierte del auge de la antipolítica, de los riesgos de plantear que 'todos son iguales'. Es el germen de los fasciscmos, apunta. Plantea al público: “¿Quién necesita la política? Las clases trabajadoras”, y llama a “construir conciencia de clase y utopía socialista”. “La utopía es la herramienta que tenemos que agarrar con fuerza para combatir la distopía en la que vivimos”, remarca.

La exdirigente de Compromís ha censurado la “violencia política” en los espacios de izquierda, espacios que se presuponen emancipadores. También reclama no dejar solas a quienes sufren la violencia: “Lo importante es no estar y no sentirse sola cuando la máquina de escabechina se pone en marcha”.

Mensaje antibelicista

Las dirigentes de izquierdas han lanzado un mensaje unánime contra la guerra. “La guerra la organizan hombres blancos ricos. Siempre la organizan lejos de donde viven. Y no van sus hijos”, ha mostrado Oltra, con un marcado discurso de clase, que aboga por prohibir la fabricación de armas. “No parimos a nuestros hijos para que los maten”, ha señalado.

“La paz es Netanyahu ante la corte penal internacional”, ha reclamado Rego, que recrimina que “nos han convencido de que la militarización y la producción de armas son seguridad”, pero “el feminismo nos enseña que la seguridad es otra cosa. Es la garantía de que el futuro sea”, recalca la ministra de Infancia y dirigente de Izquierda Unida.

L'editorial Rebel Edicions presenta la seua darrera novetat editorial, 'Lawfare: la guerra bruta judicial contra Mónica Oltra', una investigació rigorosa de la llicenciada en Dret i Criminologia Mari Carmen González Vidal.

A partir d'una rigorosa investigació, aquest llibre destapa les dinàmiques jurídiques, polítiques i mediàtiques que han envoltat el conegut com a cas Mónica Oltra i denuncia la pràctica del lawfare com a instrument contra la dissidència.

El relat analitza minuciosament un procés judicial que ha vulnerat drets i garanties bàsiques i ha fulminat la presumpció d'innocència, de manera que s'ha articulat com una condemna anticipada, a càrrec d'unes elits econòmiques en defensa dels seus interessos i en connivència amb elements de l’extrema dreta.

Una investigació contra l’oblit i la manipulació

A través de les seues pàgines, González Vidal destapa les dinàmiques jurídiques, polítiques i mediàtiques que han envoltat el conegut com a 'cas Oltra'. L'obra no només documenta el procés, sinó que denuncia obertament la pràctica del lawfare (guerra judicial) com una eina contra la dissidència política que vulnera drets fonamentals i liquida la presumpció d'innocència. Així mateix, la investigació de González Vidal posa en perspectiva el cas Oltra amb altres casos de lawfare d'arreu del món, com els patits per Lula da Silva, al Brasil, però també de l'entorn més immediat, com la guerra bruta judicial contra el moviment independentista català.

L’autora planteja una pregunta incòmoda per a la salut democràtica del sistema: “On queda la democràcia quan unes elits econòmiques i conservadores s’erigeixen en jutge i part?”. om diu la mateixa Mónica Oltra, entrevistada al llibre: “Si políticament no som un perill per als poderosos, què som i què fem?”.

Els punts clau de l’obra són l'anàlisi jurídica i mediàtica mitjançant una dissecció minuciosa de com es construeix una condemna anticipada abans de qualsevol sentencia; la connivència amb l’extrema dreta amb el paper dels grups de pressió, els interessos econòmics i l’extrema dreta en la instrumentalització de la justicia; i la defensa de la dissidència, de forma que el llibre serveix com un avís sobre les amenaces que pateixen aquells projectes polítics que qüestionen l’statu quo.

Sobre l’autora

Mari Carmen González Vidal (Casinos, 1977) hi aporta una visió experta gràcies a la seua formació com a llicenciada en Dret i Criminologia i el seu Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional per la Universitat de València. Docent de professió, combina el seu perfil acadèmic amb el compromís municipalista com a regidora de Cultura i Feminisme a Casinos per Compromís.

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) ejerció desde los últimos años de la dictadura hasta 2011. Primero como fiscal y después como magistrado del Tribunal Supremo y abogado, este jurista se ha erigido como una voz firme contra lo que considera un “activismo judicial” en casos como el procés independentista catalán, las causas abiertas y cerradas contra miembros de Podemos y ahora contra el entorno del presidente del Gobierno. En su último libro, 'Visto para sentencia' (editorial Siglo XXI), el magistrado emérito repasa la actualidad judicial del país. “El juicio contra el fiscal general se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo”, dice sobre la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

¿Qué es la “ofensiva judicial reaccionaria” que denuncia en su libro? ¿Cuándo arranca?

El punto más determinante para mí fue el caso Atutxa. El fiscal se retiró y quedó, para no faltar a la fiesta, Manos Limpias, que recurrió la primera absolución de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco. Entonces se aplicaba la 'doctrina Botín', según la cual si el fiscal no acusa y no hay acusación particular hay que sobreseer. Entonces el señor Manuel Marchena le da la vuelta a la doctrina y explica que eso solo vale para asuntos particulares La cuestión llega a Estrasburgo que lo anula todo por razones formales. Ahí empieza a focalizarse que hay un sector de la judicatura, todavía no muy definido, que creía que su misión era luchar contra el independentismo que se refuerza con la famosa sentencia del procés.

Después se amplía y se considera, y esto es lo que estamos viviendo, que algún sector de la judicatura puede aportar su potestad jurisdiccional no solamente contra los independentistas sino contra aquellos que pertenecen al espectro de la izquierda y contribuyen a un Gobierno que no es de su agrado y consideran ilegítimo. Esa campaña alcanza unas cotas preocupantes y estadísticamente desorbitadas cuando emerge Podemos y es un desmadre total, se utiliza la 'policía patriótica' para inventarse cosas.

¿Las causas contra Podemos fueron un punto de inflexión?

Algunos jueces, de la mano de la derecha más reaccionaria, pensaron que podían contribuir a parar ese auge a partir de la utilización del proceso penal. Yo destacaría dos querellas: el conocido como caso Neurona que el juez Juan José Escalonilla mantuvo abierto casi tres años y siguió por tierra, mar y aire. Y esto reproduce lo que está pasando a Begoña Gómez, acuérdate de cuando se acusó a Irene Montero de usar delictivamente a una colaboradora para cuidar de un bebé. Esto alcanza su culmen contra Ada Colau, que recibe un total de 16 querellas y algunas de ellas son para quitarle el carnet de conducir al juez que las admitió a trámite.

Vieron que no pasaba nada y un sector de la judicatura decidió alinearse. Adquiere una dimensión beligerante y preocupante cuando se suman a la tesis de la derecha de que es un Gobierno ilegítimo. Hay un sector de la judicatura muy importante que dice que va a hacer todo lo posible para desgastar y derribar a este Gobierno ilegítimo y es lo que estamos viendo. Se busca derrocar al Gobierno por la vía judicial enjuiciando al presidente.

¿Las causas contra su esposa y su hermano forman parte, según usted, de ese desgaste?

Hay gente inteligente y maniobrera que dice que ir directamente contra el presidente puede ser un choque demasiado injustificable y entonces van a por la familia: su esposa y su hermano. Y también contra el fiscal general. Estamos en una lucha en la que las acusaciones populares han proliferado como las setas en otoño: en el caso del hermano de Sánchez hay siete personadas, un desbarajuste procesal. ¡Incluso Abogados Cristianos! Igual es que David Sánchez no programó el 'Réquiem' de Mozart y se han sentido ofendidos.

Se habla de 85 querellas rechazadas contra Pedro Sánchez, no sé si la cifra es exacta pero es numerosa. Hasta ahora en febrero no se han atrevido a dar el paso, pero tengo el pálpito de que si las cosas siguen así y esto no se viene abajo con el reguero de elecciones autonómicas al final a lo mejor dan el paso.

¿Cuáles son los ingredientes del “activismo judicial” que describe en el libro?

En este momento es imprescindible que el proceso lo active una acusación popular, son el detonante. Lo que está pasando ahora yo lo denomino “activismo judicial”. El lawfare designa cuando se sustituye la intervención del Ejército, que es costoso, por los tribunales de Justicia para derrocar presidentes e incluso intentar cambiar el régimen. Ahora en mi opinión lo que pasa es un activismo judicial que colabora con el PP fundamentalmente y han decidido aliarse.

Enrique López ha dicho que los jueces son mayoritariamente del PP. En una cena le dicen a Alberto Núñez Feijóo que esperan que sea presidente. Yo a eso le llamaría activismo judicial.

¿Debería reformarse entonces la figura de la acusación popular para evitar este uso de los tribunales?

Por supuesto. Tiene sus pros y sus contras, en España está instaurada desde 1812, aunque fuera muy limitada en un principio hasta que Alonso Martínez la extendió. Tiene el pro de que ante una Fiscalía excesivamente sumisa al Gobierno una persona puede ejercitar la acción popular. Eso no existe en toda Europa. Pero esto ha degenerado en lo que ha degenerado y ya hay que pensar si no hay que poner coto a determinadas posiciones.

El ministro Félix Bolaños hizo un proyecto de ley para modificar la acción popular. Estoy completamente de acuerdo con él, en una sociedad democrática los partidos políticos no pueden estar legitimados para ejercer la acción popular. Con los sindicatos haría un matiz con los delitos contra los derechos de los trabajadores, creo que ahí tiene una legitimación. Con esos matices, ahora hay asociaciones profesionales de la acción popular, una especie de cofradías que se han extendido, y tenemos que tener cuidado ante el abuso como sucede el caso de Begoña Gómez.

Hay un factor temporal. En esa cátedra entre 2020 y 2024 nadie dice nada. Pero hay un factor temporal, que es julio de 2023 cuando ya Feijóo no es presidente porque no quiere y se les viene abajo, y empiezan a surgir las causas. La plaza del hermano de Sánchez se adjudica hace años y la causa se abre en 2024. Blanco y en botella. Habría que ser muy riguroso y demostrar una vinculación suficiente y motivada con el hecho que se está persiguiendo.

Por ejemplo, una asociación ecologista estaría justificadísimo que persiga delitos medioambientales. Si estas asociaciones refuerzan los fines de un partido de derechas para derrocar al Gobierno reciben el apoyo mediático, no podrían hacer nada si hubiera una prensa que las pusiese en su sitio.

¿Qué piensa del proceso judicial que ha terminado en condena para Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Me parece una cacería, una programación con unos personajes con protagonismo: el instructor Ángel Hurtado y los cinco jueces de la mayoría de la condena. Es una idea verdaderamente disparatada considerar que la Fiscalía había hecho una nota de prensa que constituía un delito de revelación de secretos. Primero hay un problema técnico-jurídico, y es que ese delito solo puede cometerlo un funcionario de la Administración Pública y el Ministerio Fiscal no lo es.

Al principio, además, se produjo un hecho gravísimo que me conmocionó como ciudadano y como fiscal: cuando entró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Fiscalía General casi como si fuese una guarida de narcotraficantes o de ladrones. Me consta que había allí dentro gente llorando y la sentencia considera proporcionada esta entrada 'manu militari'.

La sentencia contra el fiscal general remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien "de su entorno". Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo...

¿Considera que fue condenado con pruebas suficientes?

El juicio se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo. Era evidente que no había pruebas y los jueces redactaron una sentencia en la que falsifican qué es lo que había pasado. El núcleo de la cuestión, lo que lo desencadena todo, es cuando aparece una información que asegura que la Fiscalía no había aceptado la conformidad “por órdenes de arriba”. Eso es rigurosamente falso y lo que hace la Fiscalía es una nota de desmentido, que además en principio no se consideró delictiva.

La sentencia remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien “de su entorno”. Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo... es una aberración contra el principio de individualización de la persona que ha cometido el delito, no se puede hacer. Hay que individualizar. El entorno cuál es, ¿el familiar? ¡Podría haber sido yo, que tengo buena amistad con él! Fíjate hasta dónde podría llegar el entorno. Eso descalifica jurídicamente el fallo y pone de relieve que su única intención era contribuir a desgastar al presidente del Gobierno dando munición.

Acusa directamente al juez Peinado de prolongar “artificialmente” la causa contra Begoña Gómez para “desgastar al Gobierno”...

En principio hubo una crítica generalizada a que admitiera la querella de Manos Limpias cuando solo tenía recortes de periódico y al final quizás esto sea lo de menos. Cualquier juez dice: “Señores, esto se archiva”. Pero no, Peinado empieza a tirar y se ve claramente su intención de ir salpicando al presidente del Gobierno y dar carnaza. Volvemos al 'caso Niñera' de Podemos: una ayudante que ayuda a redactar correos no tiene ninguna relevancia, no puede ser malversación.

Todo está montado con la intención de alargarlo y hay que reconocer que, por lo menos, en el caso del fiscal general y del hermano de Pedro Sánchez los jueces han cumplido y han actuado con celeridad, pero este caso va camino de los dos años infringiendo la ley que dice que se debería instruir rápido. Las resoluciones de Peinado son absolutamente disparatadas, incluso gramaticalmente, como destaca Álex Grijelmo. Se ha metido en un charco.

¿Es necesario un Tribunal Constitucional?

Hay muchos países que no tienen uno, se puede funcionar sin él, pero en España era absolutamente imprescindible porque veníamos de 40 años de dictadura en la que jueces y fiscales no teníamos la posibilidad de aplicar la Declaración de Derechos Humanos o el Convenio Europeo. Estábamos al margen del Derecho internacional. Fue imprescindible e hizo una gran labor, pero con el advenimiento de José María Aznar, que pretendió controlarlo excesivamente valiéndose de su mayoría absoluta, empieza a jugarse una partida parecida a la que se juega con los vocales del Consejo del Poder Judicial.

Eso deteriora mucho. La sentencia de 2021 del estado de alarma solamente pone de relieve que lo único que querían no solo era, incluso, casi un 'impeachment' de Pedro Sánchez por encerrar a los españoles, sino también algo aberrante. Decir unos magistrados de un Tribunal Constitucional que procedía un estado de excepción, que lleva aparejado un internamiento total, la abolición de la libertad de prensa, la entrada y registro en domicilios sin autorización judicial... Esto es inaudito.

¿A qué se refiere en el libro con “arrastrar las togas por el barro”?

Legislar desde un tribunal es una tentación, no solo en España sino en todos los sistemas judiciales y es lo que dio lugar a acuñar el término “activismo judicial” en Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo se cargó 140 leyes de Roosevelt. Con esa expresión me refería fundamentalmente a la inaudita concentración de jueces con toga contra un proyecto de ley que no se había redactado. El Consejo del Poder Judicial ha mirado para otro lado, hay un protocolo que prohíbe sacar las togas a la calle.

También dedica un pasaje a la Sala Tercera del Supremo y sus sentencias tumbando nombramientos como el de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado o los ascensos de Eduardo Esteban y Dolores Delgado en la Fiscalía.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo es un caso típico del juez legislador. Cuando legitiman a la acusación popular para oponerse a los indultos del procés, por ejemplo, están cambiando la ley, es un caso de libro. En cuanto a los nombramientos podemos entrar en un debate estadístico: no hay ni una sola corrección de nombramientos hechos por gobiernos del PP y sí varios de gobiernos del PSOE. El caso de Eduardo Esteban es mucho más grave todavía porque primero dicen que la decisión no está motivada, y es verdad que era muy escasa, pero cuando la Fiscalía hace una motivación de más de 20 páginas siguen diciendo, porque les sale de donde les sale, que no está motivado y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que corrigiese el entuerto.

Actualmente se planifican cambios para las oposiciones con un menor peso de las pruebas memorísticas. ¿Considera, como un sector de la judicatura, que es un atentado contra la independencia judicial? En su libro habla de una necesaria “democratización” del sistema.

El sistema español memorístico no tiene parangón en la Unión Europea y el mundo democrático. No tiene ningún sentido. Este año la jueza más joven de España tiene 23 años, tú dices en Alemania o Francia que alguien puede ser juez a esa edad por embotellarse unos temas en la cabeza y es como darle a pilotar un avión a un chico que solo se sabe las coordenadas y las altitudes. Esto crea, además, una endogamia con el preparador, que escandalosamente defrauda a Hacienda.

Es un cambio muy importante, el objetivo es detectar que el aspirante tiene otras habilidades más allá de las puramente memorísticas y eso es la clave de por qué se oponen a instaurar un sistema parecido al europeo. La Asociación Profesional de la Magistratura y otras asociaciones han ido por Europa diciendo que ataca la independencia judicial. Si eso es atacar la independencia es que esos jueces no saben lo que es la independencia y eso es muy peligroso, aquí no se han atrevido a decir eso porque no han tenido el apoyo de nadie. ¿En qué cabeza cabe? Este nuevo ejercicio será bueno, malo o incompleto, pero desde luego de ninguna manera ataca a la independencia judicial.

Yo sería partidario de introducir un mínimo de 50% de jueces del turno libre que hubieran acreditado experiencia profesional, que digan lo que digan ha dado magníficos resultados y uno de ellos ha llegado a presidir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La situación es crítica en Estados Unidos. ¿Son allí los jueces la última barrera de contención ante la deriva de Donald Trump?

Ojalá. Me recuerda a la leyenda del molinero de Potsdam que se enfrenta al rey y a la que se atribuye la frase de “aún quedan jueces en Berlín”. Yo creo que todavía quedan jueces en Estados Unidos y dentro de la tremenda preocupación de la pérdida de democracia en lo que fue la primera democracia del mundo, algunos jueces son la barrera de contención. Cuando se anuló el internamiento de un niño de cinco años en Texas las personas se escondieron en los asientos del avión, el plano es muy significativo, no es porque no fuesen partidarios sino porque tenían miedo.

En su libro también aborda la reforma legal de los delitos sexuales conocida como ley del 'solo sí es sí'. ¿Considera que su modificación para frenar las rebajas de condena fue un error?

Esa ley se tergiversó de una manera digna de Goebbels en sus mejores momentos, diciendo que todos los días salían dos o tres personas de la cárcel. La ley se ajustaba estrictamente al contenido del Convenio de Estambul y al PSOE le preocupaba cortar la hemorragia que se encargaba de repetir la tamborrada mediática, algunos incluso con un contador de rebajas de condena. Se estropeó una ley que era impecable y que tiene 52 artículos que son clave para hacer frente a la violencia de género. Y nadie se los ha leído porque exigen un desembolso presupuestario; sin embargo, poner que las penas se rebajan un año o dos es muy barato.

La citación de Santos Cerdán como investigado por haber mentido presuntamente ante la comisión de investigación del Senado se produce pese a que la Fiscalía se opuso a imputar al ex secretario de Organización del PSOE con el argumento de que los hechos descritos por HazteOir en su querella, incluso si fueran ciertos, no revisten las características de un delito. En el escrito de la fiscal, al que ha tenido acceso elDiario.es, se recoge: “La interposición de una denuncia o de una querella no conlleva necesariamente la incoación y tramitación de un procedimiento penal”.

Santos Cerdán compareció ante la comisión de investigación del Senado el 5 de febrero de 2024, más de un año antes de estar imputado. Ante los senadores dijo que solo había contactado en dos o tres ocasiones con el exasesor Koldo García entre 2021 y 2023. Un atestado de la UCO aseguró después que se habían producido “reuniones constantes” entre ambos entre los años 2018 a 2023, tal y como argumentaba HazteOir en su querella. En el auto de admisión, la jueza Lidia Paloma Montaño afirma que había “indicios” de una “desviación clara entre su narración (...) y la realidad material por la que fue interrogado”.

La fiscal se pronuncia al respecto al solicitar el archivo y niega: “El hecho de que un compareciente afirme que no conocía a una determinada persona o que apenas tuvo contacto con otra carece de toda relevancia típica, pues es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos presuntos que son objetos de investigación, habida cuenta que ello en sí mismo no es faltar a la verdad”.

En este sentido, la fiscal Sandra Ramos Villasevil afirma, con citas a la jurisprudencia del Supremo: “Solo se incurre en este delito [faltar a la verdad] en caso de que se den alteraciones sustanciales de la verdad, afirmaciones que incidan sobre hechos determinantes de la apertura de la investigación parlamentaria y no meras reticencias o inexactitudes, circunstancias que no concurren en el presente caso”.

“Por otra parte –añade la fiscal Sandra Ramos Villasevil– las declaraciones que realizó el querellado en la comisión de investigación respecto a sus relaciones personales con Koldo García Izaguirre y con Víctor Gonzalo de Aldama Delgado no poseen trascendencia jurídica respecto al hecho fundamental de la investigación en sí misma, es decir, la forma en que se llevó a cabo la contratación pública realizada durante la pandemia de Covid-19”.

El otro argumento de la Fiscalía es que no se puede recurrir al derecho penal para dirimir cualquier asunto. La imputación de Cerdán, añade, “atenta contra el principio de intervención mínima del derecho penal, no debiendo tratarse los hechos típicos del tradicional delito de falso testimonio exactamente de la misma forma en una comisión de investigación, máxima cuando el querellado está incurso a día de hoy en una investigación penal”.

Las mentiras de Alicia Sánchez-Camacho

Para rematar, la fiscal cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre un asunto de gran relevancia mediática, la Operación Cataluña. Un grupo de 31 diputados del Parlament se querellaron contra la dirigente del PP Alicia Sánchez Camacho por haber dicho en dos ocasiones en una comisión de investigación, el 10 de abril y el 24 de julio de 2017, que no había mantenido ningún encuentro con la antigua pareja de Jordi Pujol Ferrusola, por lo que no podía “haber utilizado políticamente las informaciones que le pudo facilitar” Victoria Álvarez. La fiscal recuerda que la responsable 'popular' utilizó esa afirmación para negar la existencia de la Operación Cataluña. La reunión de ambas en el restaurante La Camarga de Barcelona fue grabada y después publicado su contenido.

El Supremo rechazó la querella porque los hechos descritos por los querellantes no se correspondían con ningún delito recogido en el Código Penal. Los magistrados del Alto Tribunal reconocían que existe un artículo el 502.3 del Código Penal que castiga “faltar a la verdad en su testimonio”, pero añadían: “La verdad –y su contrario, lo falso– debe medirse en relación, siempre, a datos, informaciones y situaciones percibidas sensorialmente por el compareciente que sean hábiles para reconstruir un hecho determinado que resulte significativo para los fines que prestan sentido a la constitución de la propia Comisión Parlamentaria”.

“Nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad”, dice el juez Vicente Ríos. Y según su criterio, aquí no los hay. Ana María Lillo, la jueza sustituta de Ríos, comparte el argumento y ha vuelto a archivar la causa contra Mónica Oltra, acusada por la ultraderecha de encubrir abusos sexuales de su exmarido en un centro de menores tutelados. Un proceso penal que forzó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. La destrucción de su carrera política es una de las claves para explicar cómo llegó a la presidencia el nefasto Carlos Mazón. 

“Los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna”, sostiene el fiscal, que también es muy contundente en su petición de archivar. Pese a todo, aún no ha terminado este proceso judicial. Tampoco tiene pinta de que este vaya a ser el punto final. Lo más probable es que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia revoque este tercer archivo y reabra otra vez esta pesadilla judicial. A pesar de la falta de pruebas, me temo que Mónica Oltra se acabará sentando en el banquillo de los acusados dentro de un par de años. Probablemente será absuelta. Para entonces, ya dará igual. 

Es un ejemplo casi perfecto de ‘lawfare’. Porque la regla número uno de este tipo de persecución política en los tribunales es que no importa el resultado: solo el proceso. Cuanto más dure, mejor. Lo de menos es la condena. La imputación, por sí sola, sirve para hundir cualquier reputación. 

Pero vayamos a los hechos. El exmarido de Oltra, Luis R. I., trabajaba como educador social en un centro de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. Una de ellas le denunció en 2017 por abusos sexuales: la víctima entonces tenía 14 años. Ha acabado condenado a cinco años de cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2023. Hoy está encerrado en prisión. 

Quien impulsó como abogado la denuncia de esa menor en los juzgados fue José Luis Roberto, un trabajo que asegura que ejerció “de manera gratuita”. Es un conocido líder de la ultraderecha que fue secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne –los prostíbulos, por aclarar el eufemismo– y presidente del partido neofascista España 2000. 

Además de José Luis Roberto, formó parte de la acusación la agitadora ultra Cristina Seguí: cofundadora de Vox en Valencia, condenada por humillar a una niña víctima de violación. Ambos aprovecharon ese caso de abusos sexuales para atacar a Mónica Oltra y forzar la apertura de una segunda causa, a la que más tarde se sumó Vox. Es evidente que, si el acusado no hubiera sido su exmarido, jamás habrían aparecido por allí.

“Me la voy a follar sin tocarle un pelo”, llegó a tuitear Roberto, con la bravuconería habitual del fascismo. La jugada le salió: consiguió extender el caso hasta la Conselleria que dirigía Mónica Oltra, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la supervisión de esos centros de menores.

El 1 de abril de 2022, Oltra fue imputada. Dimitió dos meses después. 

El juez de instrucción que investigó las querellas contra Oltra fue Vicente Ríos, un magistrado riguroso y progresista, conocido por su contundente investigación del caso Emarsa, uno de los grandes escándalos de corrupción del PP valenciano.

Con el respaldo de la Fiscalía, en 2022 Vicente Ríos entendió que había indicios “racionales, serios y fundados” para pedir la imputación de Oltra, con el fin de investigar su posible responsabilidad. Basó esa decisión en la orden de la Conselleria de abrir un expediente informativo cuando ya estaba en marcha una investigación judicial –un expediente que cuestionaba la credibilidad de la menor–. Su sospecha era que Oltra había intentado obstaculizar la denuncia contra su ex.

Ese mismo juez de instrucción fue también quien tomó declaración como imputada a Mónica Oltra. Después de escucharla, de oír a otros testigos y de revisar correos y documentación, Vicente Ríos llegó a la conclusión de que Oltra era inocente.

El 2 de abril de 2024, este juez archivó la causa. Según su criterio, algunas de las decisiones que se tomaron en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fueron “desacertadas”, “inútiles” o “redundantes” –como abrir ese expediente interno cuando la Fiscalía de Menores ya había abierto diligencias–. Fue una gestión mejorable, pero no delictiva, concluyó Ríos. Y añadió que no existe prueba alguna de que Mónica Oltra diera instrucciones a su equipo para torpedear esa denuncia.

El auto de archivo del juez Vicente Ríos –96 páginas– era profuso en detalles y argumentos, y de un alto nivel jurídico. Tenía, además, la credibilidad de proceder del mismo magistrado que había pedido la imputación de Oltra. Tras una investigación de dos años, el juez llegó a la conclusión de que la acusada era inocente y de que no existía prueba ni indicio alguno, ni siquiera, para llevarla al banquillo.

En circunstancias normales, el martirio de Oltra habría terminado aquí. Pero esta nunca ha sido una causa normal.

Las acusaciones ultras recurrieron el archivo. Y en junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó al juez Vicente Ríos reabrir la investigación. Lo hicieron en un auto de escasos seis folios, en el que ignoraron los argumentos de Ríos y ni siquiera se molestaron en rebatirlos.

Vicente Ríos cumplió esa orden y reabrió la investigación “por imperativo legal”, como hizo constar en ese auto; acatando la orden pero sin compartir el criterio. La instrucción se prolongó un año más y, en junio de 2025, Ríos la volvió a archivar. De nuevo, el juez insistió en que no existe “absolutamente ningún indicio” para llevar a juicio a Oltra. Es el mismo criterio que comparte la Fiscalía.

Las acusaciones recurrieron. Y quien ha decidido volver a archivar es otra jueza, Ana María Lillo, que está de suplente en el juzgado de Vicente Ríos –actualmente de baja laboral–.

Tras el sobreseimiento de esta jueza, lo siguiente está casi escrito. Las acusaciones volverán a la Audiencia Provincial, que muy probablemente insistirá en sentar a Mónica Oltra en el banquillo de los acusados: contra el criterio de la Fiscalía y de dos jueces de instrucción.

Esto, simple y llanamente, es una gran anomalía. No es moneda corriente en otros procedimientos judiciales. Y todo se entiende mejor cuando se sabe quién preside la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que es la que ordenó reabrir la causa. 

Este juez, clave en esta historia, se llama Pedro Castellano. Es un miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En 2009, los vocales nombrados por el PP en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentaron ascenderle a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia –el que decide sobre los aforados autonómicos–, un nombramiento que impidió Margarita Robles, entonces vocal del CGPJ. 

Castellano fue presidente de la Audiencia de Valencia y hoy preside la sección cuarta, la misma que dictó la polémica resolución que libró a 49 asesores y concejales del PP del caso Taula por el “pitufeo” de billetes de 500 euros para financiar ilegalmente una campaña de Rita Barberá. Según el singular criterio de este tribunal, no es lo mismo “dinero negro” que “dinero sucio”, y por tanto no había nada delictivo en recibir del PP dos billetes de 500 euros y volver a aportarlos al partido como supuesta donación personal. 

Esa misma sección de la Audiencia Provincial que preside Castellano fue también la que libró al PP de Valencia de otra derivada del caso Taula: la presunta financiación ilegal. Argumentaron que “no se sabe de dónde viene el dinero”, y que “bien podría ser una donación puntual”; 50.000 euros en una cuenta opaca del PP de Valencia.

La sección cuarta es también la que juzgó a Eduardo Zaplana por corrupción. En 2024, el exministro de Aznar fue condenado a diez años de cárcel, pero el tribunal decidió que por ahora siga en libertad, por no apreciar riesgo de fuga y porque la sentencia aún no es firme. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta decisión.

El teléfono del despacho de Pedro Castellano apareció en una agenda telefónica en papel que la UCO incautó de la casa de la familia Barberá –probablemente pertenecía a la exalcaldesa de Valencia– durante uno de los registros del caso Azud. El resto de los teléfonos de esa agenda manuscrita eran una auténtica demostración de poder: en ella figuraban varios otros magistrados de la cúpula judicial valenciana. 

Una de las conexiones clave es la de Fernando de Rosa. Expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Exvicepresidente y presidente en funciones del CGPJ, donde llegó nombrado por el PP. Conseller de Justicia con Francisco Camps. Senador y hoy diputado del Partido Popular.

En la agenda manuscrita encontrada en casa de Barberá no venía el nombre de Fernando de Rosa. Sí figuraba el móvil de su hermano, Alberto de Rosa, que ha sido durante años uno de los principales responsables de Ribera Salud, la empresa de la sanidad privada que gestionaba el polémico Hospital de Alzira, que el gobierno progresista del Botànic ordenó revertir. 

Aquella decisión del gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra salió muy cara a Ribera Salud –una empresa hoy de plena actualidad por su polémica gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid–. Y Oltra después acusó a la familia De Rosa de estar detrás de su proceso judicial.

Había datos para sostener su acusación. La foto de un encuentro entre Francisco Camps, Alberto de Rosa y Cristina Seguí, la activista ultra que promovió su acusación. O que Ribera Salud contratara a la víctima de los abusos del exmarido de Oltra, y a su pareja, en el hospital de Torrevieja. O el testimonio de esta mujer, tiempo después.

En septiembre de 2022, medio año más tarde de que Oltra fuera forzada a dimitir, la denunciante de los abusos dio una entrevista al diario Levante-EMV. “Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada”, aseguró. Según la joven, ya veinteañera, Cristina Seguí le prometió trabajo y un piso en Madrid, algo que luego no cumplió. El empleo en el hospital de Torrevieja duró poco: ella y su pareja fueron despedidos cuando la Generalitat Valenciana recuperó ese hospital y dejó de estar gestionado por Ribera Salud.

Hace un año, esta mujer fue condenada a un año y ocho meses de cárcel por una estafa en Internet.

¿Y Mónica Oltra? ¿Qué hace hoy? Tras verse obligada a dimitir, volvió a trabajar como abogada. Sigue colaborando con su coalición, Compromís, pero sin capacidad de volver a la primera línea política. Quien fuera una de las dirigentes con más tirón y mejor valoración de toda la izquierda hoy sigue en dique seco. A pesar de este sobreseimiento, si la Audiencia Provincial fuerza el juicio, no podrá librarse de la mancha de este proceso penal hasta 2028. 

Como pronto, su martirio terminará seis años después de que fuera llamada a declarar. 

Ya tenemos, por fin, la sentencia condenatoria del ex fiscal general del Estado. La conclusión más importante (aunque del todo esperable) del análisis del texto es que a Álvaro García Ortiz se le ha condenado sin pruebas de cargo suficientes, y, por lo tanto, en clara vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. Esto supone una pequeña victoria para el lawfare de este país, pues no puede entenderse de otro modo la actuación de las acusaciones particulares durante todo el proceso con la cooperación necesaria del juez de instrucción, Ángel Luis Hurtado. Y recordemos que toda acción de lawfare, sobre todo si va dirigida contra una alta autoridad del Estado, carcome nuestro cada vez más frágil estado de derecho, el principio de separación de poderes y el propio principio democrático.

En lo que sigue trataré de explicar por qué la condena se ha realizado sin prueba suficiente. Pero antes, mi consejo es que el lector no se deje asustar por las 233 páginas de la sentencia, y que se anime a leer al menos aquellas que se refieren a lo esencial, esto es, la escueta relación de hechos probados, de siete páginas (de la 16 a las 22), y lo que se intenta argumentar en el Fundamento de Derecho Segundo, en 27 páginas (de la 116 a la 144), sobre la valoración de la prueba contra García Ortiz. Es recomendable que todo ciudadano interesado pueda formarse su propio juicio sobre esta importante sentencia del Supremo.

Vayamos al análisis. La condena por un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal se realiza sobre la base de dos hechos separados que han sido considerados probados y constitutivos de delito: el (supuesto) envío el 13 de marzo de 2024 al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos del email de 2 de febrero de ese mismo año (enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador y en el que asume la culpabilidad de este a cambio de una petición de conformidad) y su participación en la redacción (escrita por su directora de comunicación) de la Nota Informativa publicada por la Fiscalía General el día siguiente, 14 de marzo.

Sobre la publicación de la Nota Informativa, no me voy a extender aquí, principalmente porque la participación de García Ortiz en la redacción de dicha nota ha sido declarada por el propio acusado, ahora condenado. La cuestión relevante, por lo tanto, no es aquí de prueba, sino de calificación jurídica de esos hechos. Por cuestiones técnicas en las que no entraré, pero que están bien explicadas en el voto particular, creo que no puede considerarse que esa Nota revele ningún secreto ni dato reservado, ni que vulnere el derecho de defensa de González Amador. Me limitaré a mostrar mi extrañeza de que unos hechos que no fueron considerados delictivos ni por la Audiencia Provincial de Madrid, ni por la propia instrucción del juez Hurtado, ahora hayan sido calificados como delictivos por parte de la Sala juzgadora del Supremo. No es que el tribunal no tenga derecho a discrepar de los anteriores, pero es claro que el letrado de García Ortiz no tuvo la ocasión de plantear una estrategia de defensa adecuada ante esa imputación si en ningún momento previo del proceso se dio importancia penal a tales hechos. Este no fue un objeto central de litigio ni antes ni durante el propio juicio oral, razón por la cual García Ortiz no tuvo ningún problema en admitir su participación en tal hecho sin presentar siquiera una excusa para ello.

¿Por qué el Supremo ha creído necesario basar parcialmente su sentencia en este hecho supuestamente delictivo si la calificación es problemática y podía causar indefensión? ¿Por qué no basarse únicamente en el envío del email? Para mí la respuesta es obvia: por la ausencia de evidencia sólida que demuestre que García Ortiz envió el email. Pero pregúntense: si el tribunal estuviera realmente convencido de que la Nota Informativa ya constituye el delito de revelación de datos reservados, ¿para qué necesitaría embarcarse en una aventura probatoria complicada con respecto al supuesto envío del email, que se podía anticipar iba a ser ampliamente criticada, si ya le habría bastado con condenar a García Ortiz por su participación en la redacción y publicación de dicha Nota? Creo que solo cabe una respuesta: el Supremo ha hecho malabarismos sobre dos supuestos hechos delictivos, cada uno de los cuales adolece de problemas graves, uno de calificación jurídica de los hechos, y otro de prueba, probablemente con la (vana) esperanza de crear una imagen más robusta de la culpabilidad de García Ortiz.

Centrémonos, pues, en la cuestión del envío del email. En primer lugar, la sentencia encuentra cinco indicios incriminatorios contra García Ortiz que, puestos en conjunción, constituyen la prueba de cargo: i) la ya comentada participación de García Ortiz en la redacción de la Nota Informativa esa misma noche, que él admitió, ii) el borrado de los datos de su teléfono móvil, iii) el hecho de que recibiera el email del 2 de febrero esa noche a las 21.59, una hora y media antes de que se diera la primicia en la Cadena Ser, iv) una llamada de 4 segundos de duración que se produjo esa noche de Campos a García Ortiz, que demostraría que estaban en contacto, y v) finalmente el hecho de que el acusado no respondiera a las preguntas de las acusaciones particulares. El Supremo hace un esfuerzo considerable para ofrecer un relato de los hechos que resulte plausible. De hecho, bien podría ser que el entonces fiscal general enviara realmente ese email al periodista de la SER y, por lo tanto, sea culpable. El problema es que no encontramos nada entre las pruebas practicadas durante la instrucción ni, lo que es determinante, durante el juicio oral que permita concluir que García Ortiz envió ese email más allá de toda duda razonable.

La sentencia sostiene que no se ha probado durante el juicio que hubiera decenas o centenares de personas que estuvieran en posesión de ese email antes del envío a Campos (y al resto de periodistas) y que supieran de su importancia política. En cambio, la misma sentencia reconoce que sí estaban en posesión del mismo y eran conocedores de la relevancia de González Amador por lo menos unas cuantas personas. La propia sentencia señala “al Letrado del Sr. González Amador, el Fiscal Sr. Salto Torres, la Fiscal Provincial (Rodríguez) y el propio Fiscal General del Estado y su entorno”, más la fiscal Lastra, y afirma que todos ellos “pudieron participar en la filtración”. No sabemos a cuánta gente incluye el “entorno” de García Ortiz al que se refiere el Supremo. Pero esto nos da, en todo caso, un número mayor a seis personas, que pudieron, cualquiera de ellas, haber filtrado el email. ¿Por qué presuponer, entonces, que tuvo que ser García Ortiz el que lo hiciera?

De la lectura de la sentencia, se infieren dos razones: primera, que existían otros indicios para suponer que fue él quien filtró el email; y segunda, que no existían indicios de que pudiera haber sido alguno de los demás. Comencemos con los indicios contra el ex fiscal general. La participación de García Ortiz en la redacción de la Nota Informativa, aunque no fuera un hecho delictivo en sí mismo, es un indicio de su posible motivación a la hora de filtrar el email de modo que su publicación apoyara el contenido de lo relatado en dicha nota. El borrado de datos de su teléfono móvil es también un indicio de que tal vez García Ortiz tenía cosas que ocultar, que podrían haber estado relacionadas con los hechos delictivos imputados. Dicho borrado no prueba nada, por supuesto, ya que bien podría ser que García Ortiz quisiera ocultar otra información, incluso si no creemos las explicaciones que él dio durante el juicio, como no las creyó el tribunal. No siendo una prueba, es cierto que es un indicio sólido. Fin de los indicios reales.

Que García Ortiz recibiera copia del email una hora y media antes de la primicia no indica nada, sobre todo si tenemos en cuenta la declaración de varios de los periodistas que afirmaron haber tenido acceso al mismo horas o incluso días antes. Tampoco indica nada la llamada de cuatro segundos entre Campos y García Ortiz. Ambos afirmaron no haber hablado esa noche. La sentencia dice que, a diferencia de otras llamadas perdidas que no tuvieron ningún minutaje, esta llamada aparece como “cogida” y sostenida cuatro segundos. Pero, ¿qué conversación cree el tribunal que pudieron tener en cuatro segundos? Tengamos además en cuenta que se produjo a las 21.36, minutos antes, por tanto, de que García Ortiz tuviera acceso al email filtrado.

Por otra parte, y poniéndola en relación con otras llamadas del periodista de las horas anteriores, parece evidente que intentaba ponerse en contacto con García Ortiz para confirmar la veracidad del email, como así declaró el propio periodista. Y no tenemos ninguna razón para pensar que llegaron a decirse algo relevante en esos cuatro segundos. Finalmente, que García Ortiz eligiera no responder a las preguntas de las acusaciones particulares tampoco puede ser indicio de su culpabilidad. No olvidemos que es algo a lo que el acusado tiene perfecto derecho, como admite el tribunal, y que, por lo tanto, no puede usarse en su contra para reforzar la convicción de culpabilidad de los jueces, pues si se hace así se está dificultando el ejercicio de dicho derecho.

En definitiva, hay dos, y solo dos, indicios relativamente sólidos a favor de la hipótesis de la culpabilidad de García Ortiz. Ninguno de los dos, ni por separado ni conjuntamente, demuestran nada. Pero, ¿qué indicios tenemos a favor de la culpabilidad de otras posibles fuentes del email? La sentencia despacha las sospechas sobre Salto y Rodríguez alegando que en la fase de instrucción no se encontraron indicios contra ellos. De acuerdo. Pero que no existan indicios contra ellos no puede ser nunca un indicio contra García Ortiz. Y, ¿qué decir de las personas “de su entorno”? Ni siquiera son identificadas por la sentencia. Esta afirma en la página 18 que García Ortiz, “con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación” suya, filtró el email al periodista de la SER. Pero lo cierto es que en ningún momento se concreta este enunciado, más propio de un auto de imputación en fase de instrucción, ni se presenta ninguna evidencia de que haya sido así. Esto resulta inadmisible en una sentencia condenatoria.

La cosa no acaba ahí. No es cierto que en el juicio no se hayan presentado indicios contra un tercero. No apuntaban concretamente ni a Salto, ni a Rodríguez, ni a Lastra, ni al abogado de González Amador. Pero el hecho de que parte de los periodistas que publicaron el email, incluido Campos, hayan afirmado durante el juicio que su fuente no era García Ortiz, es un indicio muy fuerte en contra de la culpabilidad de este. La sentencia dice no cuestionar la credibilidad de estos testigos. Pero lo cierto y evidente es que no les cree cuando declaran que la fuente era otra persona, porque de haberles creído no habrían condenado a García Ortiz. Insistamos en este punto: no es solo que no haya testigos de cargo contra el fiscal general, alguien que afirme por ejemplo tener constancia de que fue él quien envió el email; es que tenemos diversos testigos de descargo que afirman su inocencia rotundamente, en principio con total credibilidad. En suma, tenemos algún indicio a favor de la culpabilidad de García Ortiz y diversos indicios muy sólidos, a menos que cuestionemos a los testigos, de su inocencia. Lo único que cabe concluir de ello es que al menos hay dudas más que razonables sobre su posible culpabilidad. En otras palabras, que no hay prueba suficiente que permita justificar su condena.

Hasta aquí el análisis de la sentencia. La pregunta que queda por resolver es: ¿por qué una mayoría de jueces (conservadores todos) de la Sala del Supremo se ha atrevido a dictar una sentencia condenatoria en un caso tan relevante que ha estado teñido de elementos de lawfare desde el principio, ante una tan alta autoridad del estado, sin tener pruebas suficientes de su culpabilidad, y contra la opinión tan enfáticamente defendida por dos de sus jueces (progresistas) en el voto particular. ¿Por qué han dejado que el lawfare se anotara este punto? Pero esta pregunta, que sí es verdaderamente la más importante, deberemos responderla otro día entre todos.

Toca hablar de ruido, de furia, de barro… De la producción sistemática de basura en el marco de la conversación pública para deslegitimar a quien resulte molesto. Es la versión moderna del más rancio autoritarismo. Y es la táctica que hoy se emplea contra periodistas, opinadores, políticos y todo aquel que tiene exposición pública e incordia. Los objetivos son varios: acallar críticas, infundir miedo, cancelar al discrepante y hasta meter en la cárcel al presidente del Gobierno.

Es el propósito de las derechas. Lo dijo Abascal, lo escribió en sus redes sociales MAR, lo replicó Ayuso con su habitual atropello verbal y lo hace ahora suyo Feijóo en estos tiempos en los que los juzgados se han convertido en una extensión de la escena política y los togados, en protagonistas de la vida pública. Tan cansina es la apuesta por la palabra gruesa, la sobreactuación, la indignación o el efectismo que quienes practican esta ofensiva no parecen ser conscientes de la desafección que genera este comportamiento y lo mucho que beneficia a la ultraderecha. O sí. A saber.

El caso es que la estrategia sirve para agitar el populismo, que puede calentar el terreno de juego político y alimentar la satisfacción de quienes carecen de escrúpulos, pero rara vez reporta beneficios electorales a quienes emulan los manuales ultras. El PP puede dar fe de ello porque no hay una sola encuesta, ni pública ni privada, que marque en sus siglas una tendencia al alza. Todo lo contrario.

Los de Feijóo bajan en beneficio de un Vox, que se dispara hasta números nunca antes vistos y triplica su representación actual en el Parlamento con más de un 20% en intención de voto, que suma gracias a más de 1,5 millones de antiguos votantes del PP en las últimas generales. Y aun así copian, su inflamada estrategia, como se volvió a apreciar en la concentración que convocaron el pasado domingo en el Templo de Debod de Madrid, tras la entrada en prisión preventiva del exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por la que ya ha pasado también el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Sin pruebas, sin imputaciones y sin sentencias, Feijóo situó a Sánchez en el epicentro de una trama de corrupción que, hasta el momento, la investigación sitúa en el Ministerio de Transportes: “Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel, falta el uno, el presidente del Gobierno”, proclamó entre gritos de “¡Pedro Sánchez, a prisión!”. 

“Primero fue Koldo, que era un asesor anecdótico; después fue Ábalos; más tarde fue Cerdán y pronto será Sánchez”, añadió el jefe de los populares por si había quedado alguna duda sobre el futuro que augura al presidente del Gobierno. ¿Conoce Feijóo algo de Sánchez que los demás ignoramos? ¿Tiene información sobre presuntas actuaciones ilegales del presidente del Gobierno? ¿Cuenta con información privilegiada de las pesquisas judiciales? 

Lo primero solo lo sabe él. Si la respuesta a la segunda pregunta fuera afirmativa, es lógico preguntarse a qué espera el líder del PP para recurrir a la Justicia. Y si se trata de lo tercero, hablamos de una presunta connivencia entre las derechas judicial y política sobre la que a estas alturas, y tras la condena del Fiscal General del Estado, quedan pocas dudas.

Unos lo llaman máquina del fango, otros lawfare y algunos, golpe blando. La nomenclatura es lo de menos. Lo que importa es el desenlace y es recordar que Sánchez no es el primero ni el último jefe de gobierno víctima de estas prácticas que cuentan con la colaboración inestimable de algunos medios de comunicación de la derecha. Pasó en Brasil con Lula da Silva. Pasó con Costa en Portugal. Pasó con Correa en Ecuador. Y pasó con Lugo en Paraguay, entre otros.

El caso de Luiz Inácio Lula da Silva es de los más sonados y contó con el reconocimiento del Tribunal Supremo de Brasil de que su proceso, sentencia y entrada en prisión nunca debió producirse. Fue condenado por corrupción y blanqueo y encarcelado en 2018, quedando así fuera de las presidenciales que acabaron dando la victoria al ultra Bolsonaro, hoy, por cierto, condenado a 27 años por urdir un golpe. Entre 2019 y 2021, el Supremo anuló la condena al considerar que el juez Sergio Moro ni era competente ni fue imparcial, lo que rehabilitó políticamente a Lula, cuya defensa describió el caso como un ejemplo claro de lawfare, que es lo mismo que un uso selectivo de la justicia con ayuda de filtraciones interesadas a los medios de comunicación.  

El primer ministro socialista de Portugal en 2022, António Costa, pasó por algo parecido después de que en noviembre de 2023 dimitiera tras anunciar la Fiscalía lusa que lo investigaba por presuntas irregularidades en proyectos de litio, hidrógeno verde y un centro de datos. En 2024, los tribunales desinflaron el caso. Costa ni siquiera figuraba como formalmente acusado y el propio proceso fue cuestionado tras saberse que se habían producido escuchas ilegales sin autorización judicial.

La izquierda portuguesa presenta hoy el caso Costa como ejemplo europeo de acoso judicial-mediático para derribar a un líder socialdemócrata en el que se sucedieron durante meses las filtraciones selectivas y la construcción mediática y social de la sospecha.

Una fabricación de la conjetura que en el caso de España hace tiempo que está en marcha contra el presidente del Gobierno. Publica que algo queda, aunque sea mentira; repite unas mil veces hechos inciertos hasta que formen parte del ideario colectivo y difama todo lo que puedas es algo que en este país nuestro está al cabo de la calle en la conversación pública. Y todo, con el objetivo ya declarado por Feijóo, de que el presidente acabe entre rejas. 

Da igual que las informaciones o los discursos políticos se sostengan con declaraciones vertidas sin pruebas. Si habla Koldo, titular a toda página. Si emite Ábalos, pregunta parlamentaria al canto. Y si declara Aldama, programación especial. Todo pasa por esa insistente construcción de la sospecha para que en la calle se den por sentados hechos aún no probados, alguna organización ultra los plasme en una querella; un juez la admita a trámite y…. El resto está hecho. 

La estrategia es bien conocida y se utiliza como herramienta política y mediática para desacreditar a los adversarios y generar dudas sobre su credibilidad hasta que se rinda o hasta que un juez tenga a bien admitir a trámite alguna querella. Esto siempre, claro, con la coordinación de algunas plumas que actúan como arma de combate contra la corrupción que es un asunto que genera un gran consenso. Todo el mundo, salvo los que la practican, está en contra de la corrupción. De la que se investiga sobre el Gobierno de Sánchez, la del PP de Almería, la del exministro Jorge Fernández Díaz que siendo el autor intelectual de la mal llamada policía patriótica ahora escribe tratados sobre la mafia, la del exministro Montoro en Hacienda y la de la Comunidad de Madrid, aunque sobre estas últimas haya quien no escriba una línea ni emita palabra de rechazo alguna.

Carlos Castresana (Madrid, 1957) es uno de los mayores especialistas de España en derechos humanos y derecho penal internacional. Actualmente fiscal en el Tribunal de Cuentas, Castresana publica Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets), un libro en el que, a través de 25 casos históricos y recientes de errores judiciales, realiza un ejercicio inusual en todos los gremios: autocrítica y descripción de los vicios que perviven en un poder del Estado tan necesario como peligroso cuando descarrila.

¿Cómo se llega al error judicial? ¿Es intrínseco a la condición humana?

El proceso penal es una obra humana y, por lo tanto, es susceptible de error. Para que se produzca un error grave que dé lugar a la condena a un inocente, normalmente tiene que haber una cadena de errores. Se puede equivocar el denunciante (incluso con mala intención), la policía al investigar, el juez al instruir, el fiscal al acusar o el tribunal al sentenciar. Incluso si uno de estos eslabones falla, la cadena no tiene por qué romperse del todo. La cadena se rompe cuando el fallo no es corregido o se produce en el último eslabón.

Además de un posible error, usted habla en el libro de las “disfunciones” del proceso penal, a cada cual más peligrosa. 

Las disfunciones son reiteradas y las conocemos. Están la palabra (a veces se estima más de la cuenta a un testimonio y otras lo despreciamos y se tendría que ser más serio); la prueba basada en indicios (el gran jardín donde la mayor parte de los tribunales se pierden, aunque con paciencia y buena intención no es tan difícil valorar los indicios inculpatorios y exculpatorios); o el burladero (alguien que de manera aviesa se sirve del proceso penal para deshacerse de un adversario). 

Pero también están la tortura (que va más allá del maltrato físico al detenido para que confiese y sirve para hablar de todas las maniobras para presionar al inculpado para que colabore con la investigación cuando no tiene que hacerlo, como algunos malos usos de la prisión provisional) y la razón de Estado (no solo el interés del Gobierno en llevarse por delante a alguien, sino la presión de los poderes económicos o los medios de comunicación en los tribunales que termina en catástrofe). El tren de la justicia descarrila a veces, pero no suele ser culpa de una sola persona que deliberadamente o por negligencia comete un error, sino que suele ser un error que después es refrendado una y otra vez.

En España se puede criticar a los entrenadores de fútbol, a los políticos o a los médicos, pero parece que no se puede criticar a los jueces

¿Por qué todavía hoy le cuesta tanto a la Justicia admitir que se equivoca? Pienso en el caso de Ahmed Tommouhi, privado de libertad 15 años por una violación que no cometió.

No me parece que sea un problema general, sino que es muy específico de la jurisdicción española. En otros países que han disfrutado de independencia judicial, Estado de Derecho y transparencia informativa durante más tiempo no hay tantos problemas para admitir los errores judiciales. Nosotros hemos heredado una Justicia de una dictadura, no solo por la cuestión del franquismo.

La Justicia española nunca ha sido transparente, desde los tiempos de Felipe II. Era una Justicia autoritaria que pasa por el filtro de la transición y que debe convertirse de la noche a la mañana, como Cenicienta, en una Justicia democrática. Pero no ocurre. No se ha hecho una reforma integral del Poder Judicial como debería haberse hecho y por eso todavía tenemos una Justicia que tiene muchos tics autoritarios y que es muy refractaria a la transparencia y a la crítica. En España se puede criticar a los entrenadores de fútbol, a los políticos o a los médicos, pero parece que no se puede criticar a los jueces. Pues sí se debe poder.

¿Los elementos de reparación a una víctima inocente, tanto materiales (indemnizaciones exiguas) como simbólicos (nadie le pide perdón) son insuficientes en nuestro país?

Son totalmente insuficientes, tanto en el procedimiento administrativo como en la vía penal, donde el recurso de revisión sigue siendo extraordinariamente restrictivo y es casi un imposible. ¿Si el tribunal condenó sin una demostración palmaria de la culpabilidad, por qué debería haberla para rectificar esa conducta cuando hay una duda razonable o cuando hay una prueba razonable de que fue un error? Esto también forma parte de la tradición de un Poder Judicial refractario a la crítica, al que no le gusta ni que un periodista le diga que lo ha hecho mal ni que otro tribunal le revoque la sentencia porque se equivocó. Parece nombrar un tabú, pero los jueces sí se equivocan, igual que todo el mundo en su ejercicio profesional.

¿Hay todavía, en el carácter de algunos jueces, un exceso de soberbia y autoridad? ¿Les falta humanidad?

Es como si en un partido de fútbol fuese más importante el árbitro que los jugadores, cuando no es así. El juez solamente tiene que mantener un poquito el orden para que no se den más patadas de las aceptables. Cuando se erige al árbitro en protagonista del juego, empiezan todas las patologías y no se le puede criticar o invitar a rectificar lo que ha hecho mal.

Finalmente, se provoca la situación que vivimos en España actualmente: los tribunales viven encerrados en sí mismos y la sociedad no se fía. Esto debería llevar a los titulares del Poder Judicial a reflexionar por qué existe esta desconfianza de los ciudadanos, y a los legisladores a pensar qué parte del sistema no está bien y qué leyes deberíamos modificar para acabar con este divorcio entre la sociedad y lo que, según la Constitución, es un servicio público.

El sistema de acceso a la carrera judicial termina siendo elitista

¿Cómo se corrige? ¿Sería necesario cambiar el sistema de acceso a la carrera para que antes de ser juez se tuviera un mínimo de experiencia laboral como abogado?

El sistema de acceso a la carrera, decimonónico por supuesto, habría que cambiarlo para que fuera mucho más fácil ingresar y también mucho más fácil salir. Ahora es demasiado difícil entrar, es un poco endogámico, exige un esfuerzo económico que algunos aspirantes no se pueden permitir y termina siendo elitista. Una vez dentro, sentir que tienes 40 años por delante, prácticamente sin controles y sin muchas responsabilidades, no representa un incentivo para hacer bien el trabajo. Bien o mal, pagarán el sueldo igual… 

Alerta en el libro de que, pese a las sucesivas reformas que lo han “matizado”, el poder de los jueces de instrucción, especialmente en los casos de “relevancia política”, es importante. ¿Por qué? 

Porque no ha habido un consenso entre los grandes partidos para forjar un pacto por la Justicia. Igual que con la Constitución, tendría que haber sido posible negociar una gran reforma de la Justicia. 

¿Que los ciudadanos conozcamos de memoria el nombre y apellido de los jueces que instruyen casos con carga política es una mala señal para la Justicia? 

No es bueno. En general, los jueces deberían ser desconocidos porque su papel no debería ser relevante ni famoso. Desgraciadamente, demasiadas veces en España hay jueces que, si jugasen un partido de fútbol, querrían tirar el penalti en vez de ser el árbitro.

¿Los tribunales son indolentes con el falso testimonio?

Sí. En demasiadas ocasiones se producen falsos testimonios y no se persiguen. Somos demasiado tolerantes con ello y se producen errores judiciales porque se cree a testigos que dicen que vieron una cosa que no vieron. Deberíamos ser mucho más firmes contra esas conductas.

Dice en el libro que la Justicia penal es muy vulnerable a la corrupción y a la desviación del poder. ¿Todavía hoy? 

Sí. En España no hay un problema de corrupción judicial. Los casos que hay son afortunadamente excepcionales. Lo que sí hay es una desviación de poder, que desgraciadamente es endémica en cuanto al acceso a los cargos más altos. Se tiende a pensar que si se quiere llegar al Tribunal Supremo, no se tienen que afectar determinados intereses y se debe ser complaciente con otros. La promoción dentro de la carrera judicial está bastante mediatizada por la política, el poder económico y los medios de comunicación, y los jueces son sensibles a eso.

¿Ha notado la tentación de ser corrompido en algún caso particular que ha llevado como fiscal?

He llevado casos muy importantes contra personas muy poderosas y casi nunca nadie me ha querido presionar. Los casos los puedo contar con los dedos de una mano y ha sido una presión muy sutil, nadie ha venido con un sobre a ofrecerme dinero.

¿Los puede explicar, aunque solo sean menos de cinco?

No hace falta. Es gente que dice 'qué necesita para que nos libremos usted y nosotros de este caso', o que te ofrecen un avión privado porque, dicen, casi ni lo usan. Lo que sí se recibe más es un tipo de presión que te quiere torcer la mano. Es importante señalar que la independencia de los jueces, que también debe ser extensiva a los fiscales, no es un privilegio sino una obligación. Nuestro deber es mantener la independencia frente a esas presiones porque el que tiene el derecho es el justiciable, a quien la Constitución le garantiza que su caso va a ser resuelto por un magistrado independiente e imparcial, que no tomará partido en el caso concreto y que no se dejará torcer el brazo por las presiones que le vengan de fuera (que antes o después le vendrán).

En el traslado de la verdad judicial a la información, el periodista también tiene que observar ciertos principios morales y éticos

¿Qué papel jugamos en todo esto los medios de comunicación? ¿Hay un excesivo seguimiento de casos mediáticos y morbosos?

En parte, los medios de comunicación están contaminados por la política. Como los políticos no son capaces de resolver, en su ámbito, los problemas, se acaban extrapolando al ámbito judicial o mediático. Hay veces que hasta parece que según qué periódicos son el órgano de prensa de un partido.

La otra parte del problema es la batalla por las audiencias. La competencia es feroz, pero no por influencia del poder político o económico. Es una competición sensacionalista entre los propios medios. El ejemplo más sangrante es el de Dolores Vázquez, condenada de antemano antes de que el juicio empezara tras un linchamiento. La presión mediática sobre el tribunal del jurado fue tal que se la daba ya por condenada sin pruebas, como efectivamente ocurrió. Eso se corrige con mayor sentido de la responsabilidad de los propios medios, que son el puente entre la información que está en los tribunales y los ciudadanos. El periodista es el servidor del derecho a la información, cuyo titular es el ciudadano. En ese traslado de la verdad judicial a la información, el periodista también tiene que observar ciertos principios morales y éticos y tiene que hacer rigurosamente su trabajo.

¿La Justicia sirve para perpetuar al poder más que para controlarlo?

La Justicia, para empezar, es un servicio público. Y es uno de los tres poderes del Estado. Por eso a mí me asombró y hasta me escandalizó ver cómo algunos magistrados se manifestaron con toga, olvidando que son un poder del Estado, para oponerse a una ley que estaba en plena deliberación en el Congreso [la ley de amnistía]. Se actuó políticamente. Hablamos de las presiones que recibe el Poder Judicial de los otros poderes del Estado, que son ciertas, pero las presiones que el Poder Judicial ejerce sobre los otros poderes del Estado son igualmente censurables. En la división de poderes de los estados democráticos, cada uno tiene claramente su función, y el Poder Judicial haría muy bien, en servicio y beneficio de todos, en limitar su actuación a lo que la Constitución dice que tiene que hacer, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y nada más. No hay que meterse en otros jardines.

Negar que existe 'lawfare' en España es como negar que el sol sale por la mañana

Hablando de manifestaciones con toga, ¿existe el lawfare en España?

Claro que existe. Existe en todas partes. La instrumentalización del proceso penal es una herramienta muy poderosa, ya sea por parte de un partido, un Gobierno o un grupo de presión económico. Negarlo es como negar que el sol sale por la mañana. Otra cosa es identificar los casos donde se está produciendo un uso torticero de la institución, y naturalmente corregirlos. Lo malo no es la institución, lo malo es el uso torticero. Es como cuando dicen que hay que derogar la acción popular. No hay que derogarla porque es una buena manera de garantizar la participación de los ciudadanos, lo que hay que corregir son los abusos que se han producido y se siguen produciendo.

Al final del libro realiza varias reflexiones sobre las víctimas de la dictadura y su falta de reconocimiento. ¿Los tribunales en democracia han permitido la impunidad del franquismo?

Sin duda. Los políticos hicieron el pacto de olvido de la transición, que se tradujo en la ley de amnistía del 1977, en la Constitución, y en no mirar hacia atrás. La ley de amnistía del 1977 tiene una parte legítima que procura la reconciliación, algo que era necesario, pero tiene otra parte que comporta la preterición absoluta de los derechos de las víctimas, algo que no se corresponde con las obligaciones internacionales que España para entonces ya había contraído. Ya habíamos ratificado el pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Esto lo bendijo el Tribunal Constitucional y luego la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha impedido las investigaciones de los de los crímenes cometidos contra las víctimas de la dictadura.

Pero no nos engañemos. Hay culpa en el Tribunal Supremo y el Constitucional, pero también el conjunto de la sociedad española se ha desembarazado de las víctimas de la dictadura. Hemos preferido mirar hacia delante y dejarlas en la cuneta, literalmente, y olvidarnos de ellas, cuando en realidad ofrecieron su vida y su libertad para traer la democracia de la que disfrutamos. Somos una sociedad amnésica y no por accidente, sino por una decisión voluntaria. Hicimos de la ignorancia virtud y decidimos, en un pacto no escrito, no mirar hacia atrás. Fue como un secreto de familia y como si, como condición de nuestro éxito democrático e ingresar en la Unión Europea, tuviéramos que dejar a las víctimas olvidadas. Tenemos una deuda con ellas.

¿Cómo se puede corregir esta situación y que las víctimas del franquismo que quedan vivas no mueran olvidadas por el Estado?

Estamos a tiempo de realizar una gran comisión de la verdad. Los americanos hicieron una sobre el trato a los americanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial 50 años después. No pierdo la esperanza de que aquí, antes o después, se pueda hacer una comisión de la verdad para reparar a las víctimas y enseñar a nuestros jóvenes su historia, porque la desconocen absolutamente. Hay tantos jóvenes de extrema derecha a los que les parece que la dictadura fue como Disneylandia porque no saben lo que fue.

Hemos preferido mirar hacia delante y dejar en la cuneta, literalmente, y olvidarnos de las víctimas de la dictadura

Philippe Sands, autor que lo menciona en varios tramos de su último libro sobre el caso Pinochet, tiene la tesis de que a España le faltó legitimidad al no haber enjuiciado el franquismo para reclamar la extradición del dictador chileno. ¿Está de acuerdo?

Sí, e incluso voy más allá. Con el general Pinochet hicimos una especie de exorcismo de Franco, porque su extradición tuvo un apoyo de la opinión pública española espectacular, por mucho que nos pudiera suponer problemas políticos o diplomáticos. Como Franco se nos murió en la cama, no quisimos que Pinochet se nos escapara. Es una contradicción absurda que nosotros, que hemos sido incapaces de dar protección jurídica y social y política a nuestras víctimas, vayamos ahora redimiendo a las víctimas de América Latina. Pero así somos. Es un quijotismo pretender enmendarle la plana a los demás con una trastienda tan horrorosamente revuelta como la nuestra.

¿De otros sistemas judiciales del mundo que conoce como experto en derecho internacional, qué copiaría para España?

Traería íntegramente el jurado escabinado del modelo francés [el tribunal lo forman tres magistrados y seis jurados ciudadanos] y el Consejo Superior de la Magistratura Italiana [el equivalente del Consejo General del Poder Judicial español]. Y una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI y no del XIX, que es la que tenemos ahora, y que cumpla con todos los estándares de la Unión Europea. Estamos peor que los países que se han incorporado más recientemente. En Bulgaria o Rumanía tienen leyes de procedimiento más modernas. No sé si es por desinterés, desconfianza o falta de voluntad política, pero estamos subdesarrollados en materia judicial y tenemos menos de la mitad del promedio de jueces de la UE.

¿Qué le ha parecido el juicio al fiscal general?

No quiero pronunciarme por ser un caso pendiente de sentencia. Además, me parece una obligación moral no hacerlo porque soy todavía un fiscal en el servicio activo.

¿Sea una sentencia absolutoria o condenatoria, que cinco de los siete magistrados que conforman el tribunal ya hubieran acordado hace unos meses que había que investigar al fiscal general no afecta a su apariencia de imparcialidad?

No necesariamente. Depende de qué clase de pronunciamientos hayan hecho, pero admitir a trámite una denuncia no supone entrar al fondo del asunto. En todo caso, tampoco me consta que haya habido recusaciones por este motivo.

La intromisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente al pedir en su auto sobre José Luis Ábalos una “reflexión” acerca de la pertinencia de una reforma del Congreso para evitar que pueda seguir siendo diputado ha suscitado el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios. La jueza y exdiputada Victoria Rosell, quien sufrió una conspiración para tumbarla por medio de una causa judicial manipulada, se suma a las voces críticas y afirma en declaraciones a elDiario.es que los magistrados no pueden tener “el poder de alterar la composición del Poder Legislativo”.

Victoria Rosell era en 2016 uno de los principales activos de Podemos. Jueza de carrera, formaba parte de la nutrida lista de miembros de la sociedad civil que abrazaron el proyecto que lideraba Pablo Iglesias. Cabeza de cartel por Las Palmas en las elecciones de diciembre de 2015, dimitió unos meses después cuando el Tribunal Supremo admitió una querella del por entonces ministro José Manuel Soria contra ella. El código ético de su partido le impidió además volver a presentarse en la repetición electoral de junio de 2016.

El caso fue archivado, pero fue utilizado mediáticamente contra Podemos. Pero no solo eso: el juez Salvador Alba fue condenado por conspirar precisamente contra Victoria Rosell. La justicia ha acreditado que inventó pruebas contra ella, y que estas fueron utilizadas por el exministro del PP para intentar acabar con su carrera.

Rosell era inocente. Ella lo sabía, y desde el principio defendió que el suyo era un caso de persecución política con uso de los tribunales y de los medios de comunicación. ‘Lawfare’. Aun así, dimitió en cuanto la querella fue admitida a trámite, y solo pudo volver a la política en 2019. 

Hoy justifica su decisión. “Al día siguiente de que el Supremo admitiera la querella falsa y tramposa del PP, yo dimití”, rememora en conversación con elDiario.es. “Fue una opción personal, éticamente era la decisión más correcta para salvaguardar las instituciones”, afirma. Rosell asume que un diputado por sí mismo “no tiene mucho poder”, pero cree que “no se debe manchar el trabajo parlamentario con la defensa personal”. “Tenemos ejemplos actuales, como el presidente de la Comunidad Valenciana [Carlos Mazón], y otros anteriores, cuyas actuaciones se leen mejor en clave de defensa penal que en clave de gestión política”, afirma.

Rosell vivió un calvario personal y político hasta que el Supremo tuvo que archivar la querella planteada por Soria contra ella. En 2019 pudo volver a presentarse a las elecciones, y en 2020 fue designada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. 

Pero Rosell rechaza el planteamiento del juez que instruye el ‘caso Koldo’ sobre la necesidad de quitar el escaño a los diputados investigados. “Como ciudadana y como magistrada”, asegura, “creo que los jueces no podemos tener el poder de alterar la composición del Poder Legislativo imputando a un miembro del Congreso o del Senado”. La magistrada recuerda que, de hecho, “en casos graves” como el terrorismo, “el artículo 384bis de la LeCrim lo permite desde hace años”.

Rosell explica que es “esencial en un sistema democrático que los jueces, que son el menos democrático de los poderes, no afecte al poder que representa la soberanía popular”, es decir, al Legislativo. Y recuerda que existe la figura del suplicatorio, el mecanismo que los jueces activan para pedir permiso a las Cortes Generales para investigar a sus miembros. “El suplicatorio y la inmunidad parlamentaria obedecen a garantías frente al poder absoluto del rey y del Poder Judicial”, sostiene.

La exdiputada recuerda el caso del que fuera compañero de bancada, Alberto Rodríguez, a quien el Supremo desposeyó de su escaño con la ayuda de la entonces presidenta del Congreso, Meritxel Batet, aunque su causa fue luego anulada en parte. 

“En la práctica, se alteró la soberanía popular”, acusa Rosell, quien traza un paralelismo con su propio caso. También asume que un movimiento como el planteado por Puente no solo afecta a los derechos fundamentales de los diputados, “también al de participación política de quienes hayan votado”. 

Rosell concluye que la defensa de la independencia de los poderes públicos y el respeto a la labor de los parlamentarios “no se pueden usar solo como coletillas o prefacios para añadir luego un ‘pero”. 

“La justicia sigue implacable, sigue su paso, y esto es lo que tiene que asumir el Gobierno”, ha valorado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el último movimiento del juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El magistrado ha pedido este miércoles que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid sean juzgados ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. Ayuso ha celebrado esta decisión judicial tras el respaldo a los ataques de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, contra la independencia de los jueces por la apertura de juicio oral contra su novio. “Sánchez dirige las portadas de este país”, llegó a decir el martes ella misma en una rueda de prensa.

Rodríguez, por su parte, acusó el lunes a la jueza que lleva la causa contra Alberto González Amador de “no respetar” a la Audiencia Provincial y actuar según lo dictado por Pedro Sánchez. Lo hizo el mismo día que se confirmó la apertura de juicio oral contra la pareja de Ayuso, que se sentará en el banquillo por fraude fiscal, delito contable y pertenencia a organización criminal. En última instancia, Rodríguez señaló a Pedro Sánchez como el responsable último de esta decisión de la Justicia, una intromisión que supondría 'lawfare', ya que denuncia sin pruebas que la magistrada lo habría hecho a cambio de un ascenso para su hermano dependiente del Ministerio del Interior.

Dos días después de conocer que su pareja se sentará en el banquillo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado de “extrema gravedad” la investigación de malversación contra Begoña Gómez y la causa del hermano del presidente, David Sánchez, por prevaricación y tráfico de influencias.

“La realidad es tozuda y, le guste o no, la justicia sigue implacable, sigue su paso y esto es lo que tiene que asumir el Gobierno. Que intente lo que sea, que es a lo que estamos acostumbrados. Ellos son los únicos que enjuician y que deciden lo que se legisla y de lo que se habla en España”, ha afirmado Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en la clausura de la Jornada Agraria organizada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

El líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha preguntado este lunes en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados “cuántos gobiernos democráticos soportarían que un familiar del presidente esté en el banquillo”. Posteriormente, el consejero portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha aclarado que el presidente popular se refería únicamente al caso de Begoña Gómez y a los delitos que se le imputan y no a los de González Amador que, insiste, es un “particular”: “No nos damos por aludidos”.