Me van a permitir que hoy hable de mí. Y que empiece agradeciendo a tantísimas personas que me han transmitido su solidaridad y su ánimo ante el absurdo judicial que estoy viviendo desde hace casi cuatro años, desde que el exjuez delincuente Salvador Alba Mesa y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier me interpusieran una querella sencillamente por contar con todo el detalle del que hemos sido capaces en Canarias Ahora el que puede considerarse primer caso de lawfare con condena en España.

La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desbaratar parte de la disparatada instrucción judicial alivia bastante pero no disipa mi indignación por tener que responder como acusado sencillamente por haber informado de unos hechos gravísimos. No hay fecha aún para sentarme en el banquillo en el Juzgado de lo Penal 11 de Madrid para responder por los delitos de revelación de secretos y acoso, una vez descartado el de odio y la agravante de enriquecimiento ilícito que figuran en el escrito de acusación por los que tuve que depositar una fianza de 422.000 euros.

Alba no inició con esta querella su cacería contra mí. Desde el momento en el que su condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre 2021, empezó su cruzada para tratar de descalificar lo que publicamos sobre sus andanzas para ir amoldando de ese modo la historia real a su alocada tesis de que la víctima de lo que ocurrió fue él y no la magistrada Victoria Rosell, a la que persiguió para tratar de agradar a quien le había prometido todo su apoyo para hacerlo vocal del Consejo General del Poder Judicial: José Manuel Soria, por entonces ministro en el gobierno de Mariano Rajoy.

No disimuló nunca en absoluto su convicción de que si todo se hubiera hecho sigilosamente, sin que se enterara la opinión pública, no habría habido escándalo porque sus excesos se podían haber reconducido o directamente tapado. No contaba con la existencia de una grabación que lo delataba, y mucho menos con que pudiera haberse entregado a un periodista (yo) para que fuera publicada en un periódico de circulación nacional (eldiario.es) y estallara uno de los mayores escándalos judiciales de este país.

Tampoco contaba con que a su comportamiento se le hiciera un seguimiento periodístico estricto y riguroso: cómo se escondía de las notificaciones del Consejo General del Poder Judicial, cómo se fue de vacaciones a las Maldivas habiendo presentado un sospechoso parte de baja médica y dejando a medias la sentencia del mayor caso de corrupción del PP canario, cómo alegó una enfermedad que le impedía volar el día antes de tener que ingresar en prisión, quiénes eran los médicos que se prestaban a esas trapisondas, su presencia con posado incluido en un mitin de Ortega Smith, o en una cena privada con Santiago Abascal; o cómo trató de extender su mierda grabando a otros compañeros de profesión para aparentar que él no era peor que ninguno…

Los periodistas, imprescindibles

Como lawfare de alta calidad que se precie, no faltaron en este los medios de comunicación que respaldaron a Alba, incluso algunos hasta el final, cuando ya se habían confirmado los delitos. El diario El Mundo, el más destacado, se tragó todas las resoluciones de Alba sin el más mínimo contraste hasta que apareció la grabación, y Confilegal llegó tan lejos que su director, Carlos Bellver, llegó a ejercer de jefe de prensa del exjuez delincuente redactando incluso una nota de prensa que este distribuyó. Bellver ha asumido hasta el final las tesis de Alba, escribiéndole incluso el prólogo del libro que escribió ya condenado.

Para que no quede duda del cariño que Alba me profesa, en ese libro me describe así: “Es un aficionado al periodismo que publica una especie de web que se llama canariasahora.com, en la que se dedica a poner a parir a todas aquellas personas, políticos, empresarios, jueces, que por alguna razón tienen la osadía de contrariar sus ideas o sus acciones. Un tipo de mediana estatura, algo rechoncho y con aspecto de seminarista. Es un auténtico sicario del periodismo. Solo utiliza su medio de comunicación para extorsionar, chantajear o hundir mediáticamente a cualquiera que se le ocurra”.

Así aparezco descrito en las primeras páginas de la presunta novela Injuria, el libro que escribió cuando ya estaba siendo buscado por las fuerzas del orden para que ingresara en prisión a cumplir la condena de seis años y medio que se le impuso por delitos tan graves como la prevaricación, el cohecho y la falsedad en documento judicial. La editorial que se hizo cargo de esa obra, Cajón de sastre, incluyó en su sinopsis la tesis que Alba defendió desde que se descubrió la conspiración que lideró contra la magistrada Victoria Rosell: “Es una historia real. Lo que el lector tiene en sus manos es un relato de lo ocurrido y de lo que jamás debe volver a ocurrir. Una historia de injusticia, de envidias y odios. Una historia de venganza desproporcionada envuelta en un halo de hipocresía. Intrigas judiciales, manipulación de tribunales y jueces”.

Es exactamente su tesis victimista, el relato contrario al lawfare que él protagonizó. Pero la perseguida ya no es Victoria Rosell, la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados en las elecciones de diciembre de 2015, que competía con José Manuel Soria, que acabó ganando por 9.000 votos. Ahora el perseguido soy yo porque aquella conspiración la perdió porque la pudimos contar y porque no quiere que se siga hablando de él, que contemos que intentó colegiarse como abogado en el colegio de Las Palmas para ejercer como si nada hubiera pasado y transitar los mismos pasillos y las mismas salas de vistas que la que fuera entonces su víctima.

No quiere que existan periódicos ni periodistas que se atrevan a contar que una parte de la justicia está corrompida y que algunos de sus colegas no han aprendido la lección porque alguno de ellos podría tener que ayudarle en el futuro como algunos de ellos le trataron de ayudar en el pasado.

Es muy jodido sentirse perseguido injustamente por la justicia. Porque es la justicia la que le ha hecho caso a este delincuente y la que me sienta en el banquillo después de una instrucción que no resistiría el más elemental examen de primero de Derecho Procesal. La misma justicia que ha condenado por el mismo delito de revelación de secretos por el que voy a juicio nada menos que al fiscal general del Estado, la que no piensa levantar el pie del acelerador hasta que gobiernen los suyos.

No nos vamos a callar, no me voy a callar. No tengan duda. Ni vamos a plegarnos para conseguir una sentencia favorable porque estamos convencidos de que tenemos la razón y que nos la tienen que dar.

Seguiremos informando del Salvador Alba Mesa y de Teresa Lorenzo Establier cada vez que consideremos que sus actos son noticiables y de interés para la comunidad. Caiga quien caiga.

Con una torpeza que empieza a ser marca de la casa (para desgracia de Núñez Feijóo), la portavoz del PP, Ester Muñoz, dejó meridianamente claro a las pocas horas de conocerse la sentencia que condenaba al hermano del presidente del Gobierno cuál era el objetivo real de todo aquel proceso: provocar la caída del gobierno. Muñoz dijo que la condena de David Sánchez representaba “un día histórico que haría caer a cualquier Gobierno”. Imposible dejarlo más claro.

Miguel Tellado, otro a quien se le entiende todo, escribió en las redes sociales “El hermano de Sánchez ha sido condenado, como ”su“ fiscal general, como ”su“ primer número dos, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo”. La constatación de la existencia de una operación más o menos coordinada para tumbar al gobierno ya no en boca de un ministro o de un dirigente del PSOE, ni de un tertuliano progubernamental. El mismísimo número dos del PP explicándolo abiertamente a quien quiera oír y entender. Nada que esconder.

Fiscal general, contigo empezó todo

En el ordenamiento jurídico español, como en el de tantos países, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, es decir define la línea que han de seguir las instancias judiciales inferiores. Parecería que este precepto, más allá de su contenido estrictamente jurídico, también es válido para entender lo que está pasando. El proceso contra el fiscal general por revelación de secretos y su condena, sobre todo su condena y los argumentos en los que ésta se basó (discutidos por débiles, indiciarios y sesgados), mostraron al resto de instancias judiciales cuál era el margen de interpretación que podían tomarse a la hora de enjuiciar aquellos supuestos delitos que afectaban al gobierno y a su entorno.

Ese margen que se daba a todos y cada uno de los jueces era extraordinariamente amplio. Y no sólo a los jueces, también a los cuerpos que actúan como policía judicial, acostumbrados ya a formular hipótesis y juicios de valor y de legalidad que acostumbran a ser tenidos como verdades por parte de los instructores; y a los que se permitió registrar nada más y nada menos que el despacho oficial del fiscal general del Estado, además de vaciar el contenido de su teléfono móvil (que García Ortiz había borrado previamente, una acción que molestó tanto a sus juzgadores que acabó figurando en la sentencia como un indicio de su culpabilidad).

El proceso contra el fiscal general debe entenderse como el ejemplo de todos los demás también en su desarrollo, y no sólo por su arranque (una acusación por parte de una asociación ultraderechista basada en recortes de periódicos). El proceso contra García Ortiz derivó en una acción de intimidación al gobierno, no tanto por parte del poder judicial como por los medios. La idea era que, si el fiscal dimitía, el proceso decaía. Que se rinda y no le va a pasar nada, parecía la consigna, propagada por algún opinador bienintencionado próximo al PSOE. Con su obstinación, el fiscal general estaba poniendo en riesgo a la institución, lo más“sensato” era que dimitiese, por el propio bien de la Fiscalía.

La “obstinación” de García Ortiz en permanecer en el cargo y presentarse ante el tribunal como fiscal general en ejercicio tenía todo el sentido si se consideraba inocente. Era él quien devolvía la pregunta ¿Hasta dónde se estaba dispuesto a llegar frente al respeto a los derechos y la vida personal de los afectados y frente al propio respeto a las instituciones judiciales, su imparcialidad y su función en un Estado de Derecho? La respuesta derivada de la sentencia de la sala segunda del Supremo fue contundente: estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Un mensaje claro para todo el mundo, no sólo para los acusados, sino para los futuros acusados. Y para todos los jueces que tuvieran entre manos asuntos que afectan directa o indirectamente al gobierno. Barra libre.

El problema es que los jueces son, en este sentido, como los militares. Una vez se han convencido de salir de los cuarteles, es muy difícil convencerlos de que vuelvan a entrar en ellos.

Justicia de opinión

El término “opinocracia” define un mundo en el que la opinión se convierte en el centro del debate público, condicionándolo todo. Es algo claramente aplicable a nuestro mundo, atravesado por diversas crisis que han acabado por diluir la antigua frontera entre lo que se consideraba información y lo que era simplemente opinión. La información se basa en hechos reales contrastados, acontecimientos que realmente han ocurrido y a los cuales se puede volver para comprobar la veracidad de lo que se dice sobre ellos. La opinión no requiere de un apoyo en la realidad. No es comprobable ni verificable. Vale lo que vale quien la propaga, nada más.

En las últimas décadas el combate entre información y opinión ha ido cayendo del lado de esta última. La opinión ha ido invadiendo espacios en los que hasta hace relativamente poco tiempo le estaba vedado el acceso. El periodismo (o lo que queda de él) es hoy un terreno en el que es hasta cierto punto imposible separar lo que es información de lo que es opinión, sobre todo en aquellos medios rendidos a la ideología y al beneficio a cualquier precio. Las redes sociales ya nacieron como el imperio de la opinión.

Algunos espacios se mantenían (y se mantienen, a duras penas) exentos de la ofensiva de la opinión y resistían atados al palo de los hechos. La justicia era uno de ellos. Pero lo que vemos ahora son sentencias en las que, sin aviso previo, se cuelan opiniones, hipótesis, digresiones aparentemente inocentes, caídas aquí y allá, que en algunos casos sirven para apuntalar veredictos, sobre todo cuando éstos no encuentran suficiente sustento en los hechos probados. O incluso cuando hechos probados, o testimonios aportados en la causa, contradicen las conclusiones de la sentencia.

Más allá de los casos que afectan al Gobierno, esta deriva resulta particularmente preocupante en un paisaje judicial sobre el que desde hace años caen críticas que señalan que lo que está en peligro no es la independencia de los jueces, sino su imparcialidad y la consecuente exigencia de dejar de lado sus propias posiciones personales e ideológicas y actuar sin más criterio que el sometimiento a la ley.

Quiéreme como la justicia quiere a Aldama

Lo que estamos viviendo no es una operación concertada al milímetro, con un mando supremo y unos intereses inequívocos a los que se pliegan todas las acciones. Ese tipo de conspiraciones no van con el carácter nacional. Por debajo de la consigna, del toque de corneta, del “café” como el de hace noventa años, que recordaba el gran Juliana, hay vendettas personales, espabilados, zancadillas que se aprovechan que el Pisuerga pasa por allá y el que puede hacer pues ya que estamos, hace.

Si todo formara parte de un único plan maléfico no se cometerían según que errores. Pero la maraña de favores, actores secundarios, intereses y demás completa un cuadro barroco, atestado de tramas y personajes que a veces desvían la atención de lo que debería ser el núcleo del tema: tumbar al gobierno, si puede ser por la vía más rápida posible.

Sólo así se entienden algunas tramas secundarias de la obra, cuyo desenlace no ayuda en el objetivo final, sino que más bien lo perjudica, pero que tienen su razón de ser. Es el caso de la condena a Aldama en el caso “mascarillas” que condenó a Ábalos y a Koldo García aveinticuatro y diecinueve años de prisión, respectivamente. En la vista oral (ante los magistrados de la omnipresente sala segunda del Supremo), el comandante de la UCO (otros omnipresentes) declaró que las informaciones suministradas por Aldama no habían sido de gran ayuda a la investigación.

Pero es que Aldama no se ha librado de la cárcel (y ha mantenido las ganancias de sus negocios) por su contribución al proceso penal. No son sus declaraciones ante el juez de instrucción lo que le ha salvado, sino más bien sus apariciones en tertulias y programas televisivos, en los que ejerce de azote de la corrupción gubernamental y defensor de la democracia y de la Constitución, que en su autorizada opinión exigen la caída del gobierno. Sería ese papel de Cid reencarnado (“España se va a la mierda y yo solo no puedo”) el que le ha valido a Aldama el cariño maternal de la justicia. Ese al que ahora aspira también Julito, el amigo de ZP.

La precuela

Precisamente la aparición estelar de Julito, camino a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, cuerpo enjuto, mirada huidiza, nos proporciona una de esas imágenes que, sin más aderezo, lo explican todo. No por el protagonista, sino por quien lo acompaña, paso firme, ademanes profesionales, mirada de quien está acostumbrada a tener la sartén (y la cacharrería entera) por el mango. Su abogada, Maria Dolores Márquez de Prado, que conecta la actual operación con otra, la que se desplegó hace exactamente treinta años (de 1993 a 1996, casualidades de la vida) con idéntico objetivo: tumbar al gobierno socialista de entonces.

La reaparición de Márquez de Prado sitúa la actual coyuntura donde le corresponde. Como una secuela, algo que ya habíamos vivido. Cambian los actores (no todos, como se ve), cambian los diálogos y hasta el decorado (tampoco tanto), pero el guion es el mismo. Una y otra vez.

Caza mayor

Si el objetivo final de la operación es la caída del Gobierno y todo lo que ha pasado no lo ha conseguido, lo único que les queda a los que pueden hacer y hacen es apuntar al corazón del Ejecutivo. El fiscal general era una pieza importante, pero no letal, como se comprobó. Ábalos ya estaba de salida, así que no funcionó. Zapatero hace más daño, pero tampoco ha sido el tiro de gracia.

La derivada mafiosa de todo esto es el acorralamiento a la familia del presidente. Su hermano ha sido condenado por ser el hermano de quien es, en un proceso rocambolesco cogido por los pelos. Estaría bien que la UCO pidiera el volcado del móvil del presidente del tribunal para ver las conversaciones de los últimos meses. No sufran, no va a pasar, pues la UCO no actúa si no es en el marco de un proceso judicial y bajo la estricta dirección de un juez instructor, que aquí no existen. Circulen, circulen.

El caso de la mujer del presidente es el ejemplo más evidente de esta estrategia de presión, y a la vez es un factor que puede acabar dando muy malas noticias al PP en unas futuras elecciones, principalmente por la manera burda con la que el juez instructor ha ido llevando el caso hasta hoy. Aunque Peinado puede parecer un lobo solitario, el hecho que lo hayan dejado llegar hasta aquí, con la aquiescencia de la audiencia provincial (sin mencionar a los jaleadores mediáticos), hace de este un caso que va más allá de la acción aislada de un instructor con ganas de notoriedad y de salvar a España.

Begoña Gómez va a tener que enfrentarse a un juicio con jurado popular… a no ser que su marido dimita. Este es el mensaje, limpio y claro. El mismo que se enviaba en el caso de García Ortiz. Estamos dispuestos a lo que sea. Ríndete o acabamos contigo. Si esto no surte efecto, si Sánchez no se va para salvar a su mujer, ya sólo les queda una pieza que abatir: el presidente. Y visto lo visto, no les va a temblar la toga ni sus arraigadas convicciones constitucionales.

Charcos

Todo esto, evidentemente, tiene sus riesgos. Un juicio con jurado popular a la mujer del presidente puede activar al espacio progresista, que vería en ese acto un trasunto de los procesos inquisitoriales. El riesgo, además, es aún mayor por lo de las sentencias y los cuarteles. Siempre puede haber alguna sentencia o alguna instrucción que se pase de acelerón, por convicción o porque se aspira a una medalla. Peinado lo ha hecho varias veces, lo que ha contribuido a generar en el espacio de la izquierda la imagen de una justicia politizada y escorada claramente a la derecha.

Más allá de estas salidas de autopista de unos magistrados convencidos de que están salvando a España con cada auto y providencia, la operación corre peligro por la torpeza que ha demostrado el equipo dirigente del PP, que no ha dejado de meterse en cada uno de los charcos que se va encontrando en su camino. La ley de nietos, el concebido no nacido, el pacto con Francia, el acercamiento a Junts. No pasará, pero Feijóo podría acabar yendo a Waterloo. Históricamente, el PP ha sido una máquina electoral impecable, pura ingeniería alemana (mejor, americana desde 1989). Pero en las últimas elecciones mostró un perfil terriblemente torpe, hasta el punto de que podemos decir que si Feijóo no ocupa la Moncloa desde 2023 no es porque no quisiera (como declaró) sino porque cometió tal cantidad de errores no forzados en la última semana de campaña, que dilapidó toda su ventaja. A una semana de las elecciones, Feijóo tenía la mayoría, pero entonces encadenó error tras error, alguno mítico como el de renunciar a asistir al debate de TVE con la excusa de que es un medio entregado al gobierno, para luego decir que en realidad no fue porque le dolía la espalda.

Dime de qué me acusas y te diré qué pretendes

Donald Trump acaba de decir que en 2020 hubo injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales y que por eso no ganó. Por eso, y porque hubo funcionarios que intencionadamente manipularon los votos para evitar su victoria. Trump ha acusado abiertamente a China de interferir en las elecciones en las que perdió la reelección frente a Biden. Sin pruebas, sin aportar ningún documento que lo avale, e ignorando olímpicamente todos los documentos que precisamente prueban lo contrario.

Trump también soslaya las pruebas que demuestran que efectivamente hubo injerencia extranjera en las elecciones anteriores, las de 2016, las que precisamente él ganó. La famosa vía rusa, de la cual se habría beneficiado para convertirse en presidente. De eso no hizo ninguna mención Trump en su intervención a la nación. Viene siendo habitual en el repertorio trumpista acusar a tus rivales de hacer eso que aparentemente has hecho tú. Forma parte de la estrategia de la confusión desplegada por la derecha populista, y no sólo en Estados Unidos.

En España, las derechas hace tiempo que acusan a Pedro Sánchez de querer implantar un régimen autoritario. Se le ha acusado de torpedear la división de poderes cada vez que critica una actuación judicial o de querer silenciar al Parlamento para imponer un sistema a la turca (o a la venezolana). La apelación a que el “sanchismo” representa un peligro para la democracia española se ha convertido en un mantra de la derecha, junto con la defensa de la Transición que Sánchez (y antes Zapatero) se habría cargado con su ley de memoria democrática.

Ante esto, como en tantas otras ocasiones, es interesante recorrer a las declaraciones del expresidente Aznar, que acostumbra a actuar como vocero de las intenciones de la derecha (“el que pueda hacer…”). En una entrevista en ABC (2 de noviembre 2025) definió las próximas elecciones como “cuasi constituyentes” y en un almuerzo informativo (1 julio) remachó que “no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. Para evitarlo, según Aznar, hace falta una “mayoría nacional” que vaya de izquierda a derecha. Una llamada a salvar a España de la anti-España. Con 210 diputados es posible emprender reformas de la constitución (artículo 167). Tal vez tenga razón Aznar, tal vez sí estemos ante unas elecciones constituyentes y un intento de cambio de régimen, pero por parte de la derecha. Una derecha que siempre ha considerado que el poder en este país le pertenece por derecho y los otros no son más que usurpadores.

Un total de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran “injustificado” y “nulo de pleno derecho” el traslado forzoso del magistrado Luís Villares decidido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al apartarlo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administratrivo, encargada de decidir sobre proyectos eólicos, para pasarlo a la sección cuarta. Así figura en un voto particular discrepante que firman a raíz de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya desestimado por solo un voto de diferencia los recursos de alzada del juez Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia contra este traslado forzoso que afecta en total a cuatro magistrados que se intercambian entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, decidió en marzo, unos días después de su llegada a este cargo, el traslado forzoso de quien fue portavoz de En Marea y de otros jueces entre las secciones tercera y cuarta. Sobre esta cuestión, los ocho vocales advierten en su voto particular que se trata de una decisión nula por “haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

De tal forma, cuestionan la propia forma en que se adoptó la decisión. Según exponen sus firmantes, el traslado fue ejecutado de manera inmediata y los órganos de gobierno llamados a intervenir tuvieron conocimiento de la medida cuando ya estaba plenamente en vigor, lo que supone “apartarse del procedimiento legalmente previsto”.

Justificación “insuficiente”

Asimismo, señalan que el recurso debió ser estimado porque la decisión se adoptó sin seguir adecuadamente el procedimiento, pero también porque la justificación ofrecida para acordar el traslado resulta insuficiente.

Indican que laa presidenta de la Sala vinculó la reorganización de las secciones a varias sentencias del Tribunal Supremo relativas a la participación previa de Villares en la actividad política y a posibles dudas sobre su imparcialidad en determinados procedimientos. Los firmantes del voto particular no cuestionan la relevancia de esas resoluciones ni la necesidad de preservar la imparcialidad judicial, pero consideran que no se explica de forma convincente “por qué dichas sentencias hacían necesaria una reorganización de las secciones de la Sala ni por qué la medida adoptada era la más adecuada para alcanzar ese objetivo”. A su parecer, el acuerdo realiza un juicio anticipado sobre eventuales problemas de imparcialidad que podrían producirse en el futuro, sin acreditar que esos riesgos justificaran una reorganización inmediata.

Además, advierten de que el cambio de sección no elimina necesariamente las situaciones que se invocan como fundamento de la medida. Y recuerdan que, en todo caso, el ordenamiento prevé mecanismos específicos para afrontar posibles conflictos de imparcialidad en asuntos concretos, como la abstención o la recusación, respecto de los que la presidenta “no explica por qué serían insuficientes”. El voto particular está firmado por: Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Ángel Arozamena Laso, Luis Martín Contreras, Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios

El pleno del Conssejo General del Poder Judicial ha decidido, por 11 votos contra 10, avalar el traslado forzoso de magistradas y magistrados, entre ellos Luís Villares, en su día líder de En Marea -una alianza de formaciones políticas soberanistas y de izquierdas. Según la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la que Villares forma parte, la ajustada votación “evidencia las dudas sobre la legalidad del proceso”. También critica el corporativismo del órgano judicial al respaldar “la decisión arbitraria” de la presidenta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y rechazar dos recursos contrarios, presentados por la asociación y por Villares.

Juezas y Jueces para la Democracia asegura además que la mencionada presidenta, Azucena Recio González, “obvio el procedimiento debido” al apartar a los magistrados y magistradas -cuatro- sin ni siquiera darles audiencia. La asociación progresista, que alerta contra el dominio conservador mayoritario del CGPJ, entiende que en los hechos relativos a este traslado forzoso se dirime también “qué ámbito de poder es atribuido a quien detenta las presidencias de sala precisamente por decisión del propio Consejo General”. El rechazo a los recursos, añade, busca “evitar el control al poder interno que, en casos como este, se ejerció de forma despótica”.

Que la votación saliese adelante por un voto de diferencia indica “la solidez de los argumentos de los recursos” y muestra “la fractura del CGPJ”. “En un contexto como el actual, de creciente desconfianza en la Justicia, produce inquietud”, concluye Juezas y Jueces para la Democracia en un comunicado, “que el Consejo avale una decisión de dudosa legalidad que altera arbitrariamente la composición de un Tribunal (la Sección tercera de la Sala de lo C-A) cuyas resoluciones resultaban incómodas a determinados intereses económicos y políticos”.

Ella misma se encargaba de repartir pequeños pasquines en los parabrisas de los vehículos estacionados en el centro de Lugo para anunciar sus servicios: “Tarotista y vidente con gran experiencia echa las cartas del tarot en persona”. Cobraba 20 euros por sesión. Cuando su segunda ocupación trascendió la prensa pronto la etiquetó como “la jueza del tarot”. Esa doble condición, la de jueza encargada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Lugo y la mística de vidente y visionaria le acarrearon a María Jesús García (así se llama) una suspensión de un año para ejercer la judicatura. Ahora, el Supremo levanta la sanción, argumentando que la infracción ya no está en plazo para ser penalizada.

El Tribunal Supremo ha anulado la suspensión disciplinaria de 12 meses impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la llamada 'jueza del tarot' durante su etapa como titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de A Coruña al considerar que la infracción ya había prescrito. En una sentencia fechada a 8 de julio, el Supremo recuerda que la Comisión Disciplinaria del CGPJ consideró probado que la actividad de la magistrada durante su desempeño profesional en este órgano quedó por debajo de los indicadores fijados como criterio técnico, por lo que fue suspendida 12 meses.

Ahora, el Supremo estima el recurso contencioso-administrativo de la jueza, declarando la prescripción de la infracción muy grave, por lo que anula y deja sin efecto la suspensión, incluida la improcedencia de la pérdida del destino. Se da la casualidad que la jueza ya había sido expedientada en su etapa como titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo por anunciarse como tarotista y vidente y llevar a cabo estas prácticas al ser “actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”.

Querido, sigo sin encontrar pistas de tus parientes pero te escribo por otras cosas. Por cierto, en Rosario la expectación por nuestro amigo común Darío Grandinetti, es bárbara. Ojalá hubieras venido.

De nuestras conversaciones sobre antropología política recuerdo como actuales tus menciones insistentes y muchas veces sin respuestas al Manual de Sharp. Se pudrió el genio. En este país ya lo hemos superado con nota; las cinco etapas del golpe suave. Ahora puedes practicar en España, aunque me da que estás de juía, esa palabra que aprendimos en Bollullos Par del Condado.

El primer paso, aprendimos, consistía en general malestar difuso, un estado de ánimo deprimido, nada funciona, un rechazo a los gobiernos e incluso al Estado, caldo de cultivo del advenimiento del fascismo, hoy, debidamente camuflado de inquietud y de ira, como diría nuestro respetado Primo Levi. En esa estrategia, en su primer paso, había que lanzar en expediciones sucesivas las redes de fondo a la pesca de casos de corrupción, fundados o no, a veces sin comprobación, a veces fallidos, pero siempre con el fin de contribuir a crear desafección, desmoralización o pérdida de pulso civil ante la indefensión y la vergüenza de los propios en un escenario de ofensiva generalizada. Para ello, los medios tenían que estar en la vanguardia necesaria, los gastadores, para agrandar los casos o para esconderlos, según su naturaleza, origen o por las implicaciones de los amigos o patronos. Más esto último.

Recordarás aquellas clases de nuestro maestro Carlo, en este caso sobre el papel mancornado de ciertos jueces. El lawfare triunfa, decía, aunque no haya sentencia, se sobresea o sea absolutoria; el camino recorrido, las páginas, editoriales, columnas u opiniones al aire conforman un arma tan potente que, sometidas las víctimas al ritual sacrificial, exhibidos en los anaqueles del escándalo y el escarnio, ya apenas quedarán restos de su anterior humanidad cuando todo termine. La mancuerna entre jueces y medios. Recuerda siempre a mi compatriota, Raúl Zaffaroni.

El lawfare y su matriz, la juristocracia, algo peor, la creencia viciada de que el poder judicial está por encima de los otros dos poderes. Aquí ni siquiera queda ya sombra de eso. Además, lo observo con terror, incluso ahora en España; EEUU sigue arrogándose el papel de supremo juez internacional. En Brasil fue clave —en Portugal, también—, gracias a ciertos jueces, en la demonización, primero, de Lula y, más tarde, en su aniquilación.

El general Charles Dunlap, un experto, ya recomendó hace más de treinta años, utilizar el lawfare sin límites al considerar el malmeter judicial un instrumento clave para la seguridad nacional de EEUU

Negarse a gastar al menos el 5% del PIB en armas no es baladí, pero negar el uso de las bases militares en la aventura fracasada de Irán a los americanos, ha sido el colmo (recuerdo que jugamos un partido de básquet en Morón, nos echaron chinchetas en las duchas los muy cabrones pero ganamos y bebimos Colt 45 en el club de oficiales por primera vez en nuestras ya largas vidas). Sois bravos. El general Charles Dunlap, un experto, ya recomendó hace más de treinta años, utilizar el lawfare sin límites al considerar el malmeter judicial un instrumento clave para la seguridad nacional de EEUU. Por supuesto colonizando los sistemas judiciales de sus aliados provinciales. Deberíais ir familiarizándoos con la Home Security. 

Te seguiré escribiendo, no es una venganza por lo que te reías de nosotros. He leído que también hay ruido de hamburguesas en la embajada en Madrid, con esto termino. Las embajadas yanquis han participado de manera muy activa en los procesos de judicialización política, por supuesto a su favor, político o en interés de sus cabildos empresariales y financieros. Esto último es clave porque sus contactos con los sectores más poderosos son vigorosos, a ello unen en su red a funcionarios en ejercicio o no; recuerdo que en los servicios de inteligencia de un país que vos conocés pero no cito, se admitió que todos cobraban de la CIA. Ni que decir tiene que a un partido político lacayo y cipayo, decimos por acá, le basta con decir que aumentará el gasto militar cuando gobierne para ganarse el favor de cualquier embajador.

Te espero en Rosario. Venite, no hay Cruzcampo pero sí Quilmes en todos los almacenes. Chau.

El pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además, el mismo juez de la Audiencia Nacional que ordenó esa diligencia, Santiago Pedraz, emitía un auto por el que acordaba la imputación de quien fuera número tres del partido Santos Cerdán y de la actual gerente de los socialistas, Ana Fuentes.

El estallido de esta operación venía a sumarse a otros golpes judiciales que afectaban de lleno al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel protagónico en una presunta trama dedicada al tráfico de influencias. Y ante ese cúmulo de noticias judiciales hubo ministros socialistas, como Óscar Puente, que decidieron saltar a la palestra pública para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez era víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”.

Una vez más, la respuesta del Poder Judicial a este nuevo ataque del Ejecutivo no se ha hecho esperar. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su preocupación por manifestaciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. A su juicio, “contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”.

Como ya hicieran en anteriores ocasiones, la comisión, presidida por la presidenta 'progresista' del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, recuerda que la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Y considera que un entorno político en el que se realizan críticas de esta naturaleza “debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial”.

 Al hilo, en este breve comunicado, el CGPJ recuerda la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, “respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano”.

La denucia pública de Puente sobre esa supuesta operación político-judicial para acabar con el Gobierno no ha sido el único aldabonazo socialista hacia el trabajo de los jueces. Tras conocerse el sumario del caso que afecta a Zapatero y que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, exigía en público una justicia igualitaria. Apuntaba, además, a que se redactaban sumarios que “podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria”.

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

Desde hace unos días estamos viviendo un torbellino de noticias desde el escándalo de Zapatero, las nuevas informaciones sobre el caso Leire Díez que apuntarían a una red de miembros del PSOE que intentaba dificultar acciones judiciales y las acusaciones del uso de la justicia con la intención de derrocar al gobierno de coalición progresista. Todo esto, por si fuera poco, con el telón de fondo de las sesiones del juicio del caso Kitchen, una red de corrupción policial orquestada por el PP para sacarle al tesorero Luis Bárcenas la documentación que pudiera tener vinculada a la caja B del partido.

El contexto solamente llama al desconcierto y el desánimo. El alud de información proveniente de medios de comunicación hace dudar sobre si existen tramas de corrupción impensadas en los dos grandes partidos del bipartidismo o si efectivamente existe una operación de los sectores más poderosos del país para acabar con un gobierno que les es incómodo. Seguramente hay parte de ambas cosas pero, en cualquier caso, el ambiente deja poca esperanza de que la integridad pública y el estado de derecho efectivo no sean más que una quimera en España.

Frente a todo esto, en primer lugar, se requiere un análisis sosegado, completo y que acepte que la duda, no solamente es humana, sino parte indisociable del análisis de las cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, la duda sobre hechos que solo podemos conocer parcialmente no debe llevarnos a olvidar algunas certezas políticas que son indispensables.

Por un lado, la respuesta social más evidente a todo este contexto es la desesperanza, el distanciamiento (aún mayor) de la política y el convencimiento de que solamente el interés personal mueve a las personas que se dedican a la cosa pública. Pero no hay que dejar de pensar, en primer lugar, que hay muchos ejemplos en nuestro país de políticos que han ejercido cargos de relevancia y nunca han estado envueltos en casos de corrupción y, por supuesto, de otros países donde los niveles de corrupción son mucho menores debido a la existencia de instituciones y normas que han creado y reforzado una cultura de integridad pública.

Debemos romper este círculo vicioso de la corrupción donde las noticias de escándalos generan desafección y nos llevan a distanciarnos de la política e incluso a ser menos exigentes con ella. Los argumentos del “son todos iguales” no valen. Por una parte, porque ninguna generalización es cierta y, como decíamos, seguro que todos podríamos pensar en ejemplos de políticos dignos de admiración por su inquebrantable dedicación al interés general. Por otra parte, porque este círculo de desafección profundiza la degradación de nuestras instituciones. Una ciudadanía activa, atenta y exigente en el cumplimiento de las responsabilidades públicas con integridad es parte fundamental de una democracia plena, es decir, sin corrupción.

Por otro lado, nuestro país ha vivido lamentablemente casos flagrantes de lawfare donde la justicia se ha usado para intentar socavar proyectos políticos molestos para sectores que siguen considerando que la cosa pública es su feudo. Ha pasado claramente con el ayuntamiento de Barcelona bajo los mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, con Mónica Oltra en la Comunitat Valenciana o con dirigentes de Podemos, así como en el ámbito de la justicia en casos como el del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la evidencia de este reiterado uso torticero de los procedimientos judiciales no debe hacernos bajar nuestro nivel de exigencia con los servidores públicos y quienes lo han sido. Al mismo tiempo, debemos autoanalizarnos también con exigencia y saber que estudios académicos han demostrado que tendemos a ser más tolerantes con la corrupción si viene de sectores o líderes políticos que nos son afines. Hay que estar atentos, en este sentido, a no buscar excusas para comportamientos execrables y que destruyen nuestra democracia, sean aprovechar un cargo público para el beneficio privado o el desvío de la justicia para destruir a adversarios políticos.

La ausencia de corrupción, un país donde las instituciones públicas funcionen con integridad, es decir, movidas solamente por el interés público y no por el particular, no es solamente posible y socialmente deseable, como lo demuestran países de nuestro entorno, sino que es indispensable para una democracia real, sólida y socialmente justa.

Frente a la abrumadora realidad que mezcla evidencias claras de corrupción, dudas indiscutibles sobre comportamientos políticos al menos poco éticos y certezas del repetido uso de la justicia con objetivos privados, no debemos dejar de exigir a políticos y servidores públicos la más absoluta integridad en sus comportamientos. No existe democracia ni justicia social con corrupción. No existen tampoco recetas mágicas para terminar con ella, sino reformas legales e institucionales necesarias que deben generar un círculo virtuoso de cultura de integridad, donde todos los ciudadanos seamos partícipes y controladores de una democracia íntegra. No encontraremos soluciones rápidas ni infalibles contra la corrupción, pero exigir con tesón terminar con ella es un paso indispensable y frente al que nunca debemos bajar los brazos.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

A ver, en la Andalucía desde donde escribo, no hacemos más que salir de las autonómicas donde ganó el PP, pese a su destrozo sanitario, y ahora va a necesitar a Vox para gobernar, y justo empieza a caer toda la tromba de acusaciones contra Zapatero y el PSOE que nos tiene en shock, como a toda España.

Yo confieso que, con lo de Zapatero, estoy atónita. Sin ser nada mitómana, siempre he dicho y escrito que lo considero el mejor presidente de nuestra democracia. Aunque, acto seguido, invariablemente, he recordado que fue a él a quien le hicimos el 15M por rendirse a la Troika y cambiar, junto al PP, la Constitución para priorizar la devolución de la deuda al pago de los servicios públicos en plena ola austericida. Eso y algo que se recuerda menos: que las terribles concertinas antiinmigrantes, en la frontera sur, no las puso Aznar sino que son parte de su legado.

Con todo y con eso, que no es poca cosa, quizá porque el listón esté bajo, aún hoy me reitero en que veo su mandato el mejor de la democracia. Y lo creo así por la retirada de las tropas de Irak, la aprobación del matrimonio igualitario y todo el avance aparejado en visibilidad y justicia del colectivo LGTBIQ+, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la de ayuda a la dependencia, la de memoria histórica… ¿olvido algo? Ah, el fin de ETA. Pues eso, que González, Aznar, Rajoy o Sánchez no le empaten.

Que Zapatero haya sido el mejor presidente de la democracia, no quita que deban investigarse posibles delitos, ni que critiquemos actos suyos aun no delictivos. Y nada de ello quita tampoco que nos demos perfecta cuenta de la estrategia de PP y Vox para desmoralizarnos a la gente progresista y tumbar el gobierno de PSOE y Sumar.

Dicho lo cual, nada justifica, a mis ojos, no ya, la posible comisión de delitos (organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias) sino cosas que, aun sin serlo, dañan su crédito de referente: como el conchabeo/asesoramiento/puerta giratoria con empresas por haber sido presidente; o la implicación de sus hijas; sí, también lo de las joyas, que choca por extraño, ostentoso y hortera (y, ojo, por tenerlas en una caja fuerte en el partido); y lo del “amigo Julito” escondiendo casi 300.000 euros, billetes en un radiador, otros en una caja de vasos, más en una bolsa de palos de golf…

Este numerito (como los de Koldo, Ábalos, Cerdá, Leire…) nos los debían haber ahorrado. Estoy esperando una explicación. De verdad la espero. Por lo impresentable que, a priori, parece y por el material que da a quienes están deseando desacreditar a la izquierda.

Ahora que, desde luego, lecciones de Felipe y Aznar ni una. Que los dos se han lucrado asesorando a más empresas que Zapatero. Y de muy cuestionables maneras. Que el primero jugó a dos barajas, siendo presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, y, acto seguido, convirtiéndose en fichaje estrella del Consejo de Gas Natural, con sueldo de 126.500 euros/año, justo cuando se aprobó, ¡oh casualidad!, un gasoducto para una filial de Gas Natural que ponían en riesgo Doñana. Y el otro perla, el de “El que pueda hacer, que haga”, pactó una comisión del 1% con Abengoa a cambio de conseguir adjudicaciones en Libia gracias a su amigo, el luego asesinado presidente Muamar el Gadafi.

Que Felipe González y Aznar se alineen en sus críticas furibundas a Zapatero es de traca, pues ambos se han lucrado, mucho más que él, asesorando a empresas. Y de formas tan cuestionables como, en el caso de González, jugando a dos barajas, entre el Consejo de Doñana y Gas Natural a cuenta de un gaseoducto, y, en el de Aznar, pactando comisiones con Abengoa a cambio de conseguirles adjudicaciones en la Libia de Gadafi.

Habrá que creerse que los hijos de Aznar-Botella, que trabajan “de inversores”, no se benefician de los contactos de sus padres, ¿o no? Y a mí tampoco me entra en la cabeza que María González Romero haya mantenido tantos años el vínculo profesional con su padre, siendo Felipe capaz de irse de una reunión sin darse siquiera cuenta de que la ha dejado atrás. Lo que tampoco es delito. Pecado, quizá.

Comer pieza para lanzar jaque al progreso

La situación es seria. Preocupante. Peligrosa. Muchas y muchos lo sentimos así. Porque actuaciones y decisiones judiciales injustificables (como las manifestaciones de jueces togados, a la puerta de los juzgados, contra la amnistía a líderes catalanes, o la condena sin pruebas, al fiscal general achacando la culpabilidad “a él o su entorno”), o el hecho de que los casos de corrupción del PP o de Vox tarden años en juzgarse mientras los del PSOE se ventilan en un plis plas, o la reciente reunión en secreto de Feijóo con fiscales, nos hacen desconfiar de la imparcialidad del sistema judicial.

No ayuda tampoco que Aznar se reafirme esta misma semana en su llamamiento de “El que pueda hacer, que haga”, subiendo el tono amenazador al usar la expresión muy militar de “servir a España” y que, a la mañana siguiente, la UCO entre en tromba en la sede socialista de Ferraz, mientras en los medios se hablaba de investigación sobre financiación ilegal del PSOE cuando, en realidad, los agentes buscabas información del caso Leire, que lleva coleando un año.

A menudo logran hacernos correr, como a perrillos, tras cada palo que nos lanzan. Pero, de pronto, una se serena y recuerda. También acusaron, condenaron y echaron de la política a Dilma Roussef y Lula da Silva, presidentes de Brasil. Él, incluso pasó en prisión ¡580 días! Por decisión de un juez. Un tal Sérgio Moro, luego ascendido, ¡oh casualidad, otra vez!, a Ministro de Justicia, por el fascista Bolsonaro. Pero, años después, las acusaciones y condenas han sido declaradas falsas y Lula hasta ha sido reelegido presidente de la República. Por desgracia, demasiado tarde ya para el más de medio millón de muertos brasileños por Covid, a consecuencia del negacionismo y del abandono de Bolsonaro.

Cada demócrata que haga también

Cunde, entre la gente progresista, una sensación de “Game over”, de que es imposible hacer frente, como demócratas, a la estrategia de tumbar al gobierno de PSOE y Sumar, por la mezcla tanto de errores no forzados, como del implacable asedio. Cunde la frustración porque “hay mucho facha en la justicia”, “mucho facha en el poder económico”, “mucho facha en las empresas mediáticas”, “mucho facha en la policía, guardia civil, el ejército”, “mucho facha entre la gente normal y corriente”.

No perdamos la perspectiva: buscan cobrarse las piezas de Zapatero y Sánchez, por errores suyos o falsedades, ya veremos, para minarnos la moral a la gente de izquierda, derribar el gobierno PSOE-Sumar e instaurar uno PP-Vox, neofranquista. No cabe rendirse. Cada demócrata y progresista que pueda hacer, que haga para construir la realidad necesaria.

¿Acaso se ha vuelto facha todo el mundo de repente? ¿Nadie reconoce las ventajas de vivir en democracia, pese a las imperfecciones de esta? ¿Nadie prefiere un gobierno como el actual o similar al de Feijóo y Abascal de presidente y vicepresidente, bajo el retrato de Franco y con los violentos de Desokupa por lugartenientes, atacando a la prensa libre, atacando a los sindicatos, como hemos visto en la manifestación del pasado fin de semana, en Madrid?

No me lo creo. Creo que nos minan la moral para paralizarnos. Y tenemos que espabilar y darle más vueltas al magín y reunirnos, hablar, poner en pie iniciativas desde la sociedad civil. Crear. De nuevo. Sabiendo que volveremos a decepcionarnos, que nada será nunca perfecto, como nada en la vida. Pero sí infinitamente mejor que la jaula fascista en la que quieren meternos, de la que tenemos que librar a nuestras hijas e hijos y también a los de ellos. Con convicción en los pilares del compromiso de izquierdas: que el reparto y el progreso son mejores que la avaricia y los privilegios. Que no nos achante el peor presidente de la democracia. Demos la vuelta a su órdago. Cada demócrata, cada progresista que pueda hacer, que haga. Sabemos lo que nos jugamos y qué queremos. Hagamos.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reapareció públicamente el pasado 16 de abril en un acto en el Jardín Botánico de València. Junto a Irene Montero, Sira Rego y Rosangela da Silva protagonizó un acto bajo el lema 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista' en el que escenificaron la unidad de las izquierdas a un año de las grandes convocatorias electorales.

Tras anunciar su regreso a la política y casi tres semanas después de manifestar su decisión de ser candidata a la alcaldía de València, Oltra ha protagonizado su primera entrevista en Onda Cero en el programa Julia en la Onda que dirige la periodista Julia Otero. La dirigente de Compromís considera que su procesamiento es un ejemplo de lawfare “que se estudiará en las facultades de derecho, carga contra el discurso de las derechas contra los impuestos y aplaude la iniciativa de Gabriel Rufián para tratar de unir a las izquierdas.

Al inicio de la conversación, preguntada por la directora del programa, Oltra ha comentado su situación personal y su estado anímico: “Estoy bien, aplomada, serena y en equilibrio, me ha costado mucho volver a la vida pública; pensaba que me iba a generar estrés y ha sido al contrario. He tenido muchos ataques de ansiedad justo antes del congreso de Iniciativa (partido integrado en Compromís) en el que me plantean aceptar el reto de volver a la política, pero luego se me pasaron, ha sido terapéutico para mí”.

Sobre su discurso en el acto del Jardín Botánico en el que hubo un momento que se emocionó, ha explicado que se rompió “porque sabía lo que viene, que no va a ser fácil”. En ese momento, Otero le ha comentado que su vuelta puede ser una provocación ante mucha gente que quería “matarla políticamente, aunque ahora está en plena resurrección política”, a lo que Oltra ha apuntado que es algo que “también da miedo” porque “pensaba que en un estado de derecho no se condenaba a la gente inocente, pero tampoco se sienta en el banquillo a la gente que no ha hecho nada; pero hay que ponerse en pie”.

Sobre su situación procesal en el caso del supuesto encubrimiento de su exmarido, condenado por abusar de una menor tutelada, ha recordado que “mientras unos jueces quieren archivar y Audiencia lo ha reabierto; lo han archivado tres veces, pero el juez incoó procedimiento abreviado por imperativo legal”. Oltra ha añadido: “El juez instructor concluye que no abre juicio oral porque, dice textualmente, que en conciencia piensa que nadie debe ser sentado en el banquillo sin un solo indicio, y en este caso no lo hay. Aun así, la Audiencia vuelve a abrir el caso. Ahora se abre juicio oral, pero creo que nunca se ha dado que la Audiencia ordene al juez instructor, que es el que ha visto todas las pruebas y el que dice que no hay nada, que se abra juicio. Lo han visto dos jueces, el instructor y la sustituta, y los dos han dicho que no hay ni un solo indicio. La Audiencia ha dicho que Vox, que Gobiérnate y España 2000 tiene derecho a acusar, esto es un anatema. Lo que dice la Constitución es que hay derecho a la tutela judicial efectiva, pero después de cuatro años de investigación con todas las pruebas que han pedido, el derecho a acusar es inquisitorio”.

Además, para la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, “los tiempos también son significativos, se está alargando. Como dicen ellos mismos en las redes sociales, el objetivo era sentarla en el banquillo y sacarle de la política. Y creo que no pueden salirse con la suya. El objetivo no es hacer justicia, es apartar a alguien porque les molestan las políticas de izquierdas. Si les molesta y me pliego a esto, habrán ganado, y eso no lo puedo permitir”. Oltra ha reconocido que podría ser que el juicio se solapara con las elecciones y que esta situación podría ser munición para sus adversarios políticos, pero ha indicado que espera que no sea sí.

Sobre si plantea un escenario de condena, ha comentado que cuando plantea esa pregunta a sus abogados le dicen que no es posible, “pero también era imposible que me sentaran en el banquillo y aquí estoy”, al tiempo que ha explicado que sus abogados no pueden concebir disfunciones en la Justicia por intereses espurios“ y que cuando anunció su retirada ya advirtió que habría más casos como el suyo.

Sobre la decisión de retirarse de la política y la posterior derrota del Gobierno del Botánico, ha lanzado un dardo al expresidente Ximo Puig y algunos compañeros de Compromís, sin citarlos con nombres y apellidos: “Eso debería reflexionarlo más la parte de Puig que no tuvieron esto en cuenta cuando forzaron la máquina de mi dimisión, fueron una parte importante de esa presión. El presidente vino a decir públicamente o dimites o te ceso. En ese momento toma la decisión por responsabilidad, pero en el pecado llevaron la penitencia. En mi partido algunos no supieron sostener en un momento que había que aguantar los machos, ya lo expliqué cuando dimití. Lo que más me rompía era que eso implicaba que no se podían hacer políticas a favor de la gente que más sufre y que más necesita a la izquierda, de los más desfavorecidos. La segunda lectura es que la política no sirve y eso es pasto del fascismo”.

Cuestionada sobre si la desprivatización de la sanidad probablemente fue el elefante en la habitación, ha considerado que puso ser una parte, “también la desprivatización de los servicios sociales” puesto que “hubo empresas que dejaron de ganar mucho dinero, sobre todo en sanidad, y a los que acumulan poder esto no les gustaba”

Según Oltra, “la democracia está cada vez más débil frente al poder de esta gente” y ha recordado la foto del CEO de Ribera Salud, con la señora que le acusa y el señor Camps, que “no estaban hablando del tiempo ni de lo bonitas que son las flores en primavera”.

En este punto, Otero le ha preguntado si cree que ha sido víctima de lawfare: “No lo creo yo, lo cree toda España, incluso los que la practican contra mí. La Audiencia de Valencia también lo sabe por eso dicen que independientemente de lo que pase en el juicio esta gente tiene derecho a acusar. Es un sinsentido, no hay ni una sola prueba, lo que presentan nos defiende a nosotros, este caso se estudiará en las facultades derecho”.

Por otra parte, ha considerado que Rufián está planteando “algo que tiene todo el sentido y la gente lo está recibiendo como algo que hay que hacer y yo voy a ayudar, pero encabezarlo a nivel de España no; a mí me ilusiona València, mi cabeza hace tiempo que va pensando, voy por la calle y voy pensando cambios”.

Sobre el discurso contra los impuestos de las derechas, Oltra ha advertido de que “cuando los partidos de derechas dicen vamos a bajar impuestos, lo que dicen en realidad es nos vamos a bajar los impuestos porque lo que dicen es que te van a subir los impuestos a ti, a la clase trabajadora, y que vas a tener peores servicios, porque ellos se pagan todo en la privada”. Por eso, ha insistido, “cuando un político te dice que va a bajar los impuestos, lo que está diciendo es que va a bajar los impuestos a los ricos”. Así, ha destacado que “el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dice que va a recaudar 500 millones de dólares en impuestos de los áticos que están casi los 365 días del año cerrados en Manhattan para hacer escuelas infantiles, para mejorar los barrios o para montar supermercados públicos”, al tiempo que ha afirmado que “todo eso, si se puede hacer en Nueva York, ¿cómo no se va a poder eso en València y en las ciudades?”.

Sobre su candidatura a la alcaldía de València, ha comentado que “hay que buscar la complicidad de la gente, esto tiene que ser un movimiento ciudadano arrollador, no una cuestión de partidos; lo más revolucionario hoy en día es el mundo físico, hay que buscar el contacto con la gente, como yo digo, menos tiktokear y más toquetear”.

Cuestionada por la pregunta que se hizo Lula sobre lo que han hecho mal las izquierdas para que los votantes les den la espalda. Oltra ha explicado: “Las redes nos están cambiando la forma de relacionarnos y eso está generando multitud de problemas en adolescentes y salud mental. No hay tiempo para nada, te pasas la vida sobreviviendo. Han declarado la guerra a la vida, necesitan que estemos encerrados y distraídos. Hay que sacar de nuevo a la gente a los espacios, las ciudades son espacios de socialización, no de circulación”.

Els referents feministes de l’esquerra escenifica la seua unitat a un any de les grans convocatòries electorals. Irene Montero, Mónica Oltra, Sira Rego i Rosangela da Silva protagonitzen juntes un acte a València dijous, sota el lema ‘No a la guerra, no a la violència política, per un món ecofeminista’. Es tracta del primer acte públic de l’ex-vicepresidenta valenciana Mónica Oltra des que va anunciar la intenció de ser candidata de Compromís a l’alcaldia de València, una trobada que aferma els intents d’unitat entre formacions que van més enllà de l’espai purament socialdemòcrata. La imatge de les dirigents d’esquerres juntes, mostrant complicitat, resulta especialment rellevant.

L’acte, organitzat per la Universitat de València, al Jardí Botànic, se celebra en el marc de la cimera organitzada per la Internacional Socialista, l’Aliança Progressista i el partit dels Socialistes Europeus, que convoca a Barcelona el 17 i 18 d’abril referents com el president Luiz Inácio Lula da Silva (del PT), el colombià Gustavo Petro o l’uruguaià Yamandú Orsi, acte clausurat per Pedro Sánchez.

La primera dama brasilera remarca el paper de les dones en “un món més just”. Ha enunciat un context de guerres i crisis climàtiques, un context clarament violent, que augmenta la pressió sobre “el que enfrontem les dones a casa, en la faena”, i ha elogiat la tasca d’Irene Montero en el Parlament Europeu. “No hi ha democràcia quan els nostres drets són violats”, ni amb violència política de gènere, ha expressat, en portugués i sense traducció. Janja da Silva ha explicat que hi ha qui “volen destruir reputacions de les dones d’esquerra” i ha enumerat pràctiques “aprofitant de la tecnologia, de les fake news”. Fins i tot, ha esmentat, aquesta setmana han vist “vídeos creats per IA d’agressions a dones usant samarretes del nostre partit”. “Construir un món millor i més just és el compromís de tots”, ha subratllat la primera dama.

“Disciplina social contra les dones”

El lawfare “té a veure amb un element de disciplina social contra les dones”, exposa la ministra Sira Rego, que planteja com a “antídots”, la “politització de la por” i “el feminisme com a brúixola estratègica”, més enllà de l’estratègia electoral. La dirigent d’Esquerra Unida creu que la persecució judicial “evidencia una debilitat del sistema”.

Proposa “polititzar la por, reconéixer-nos, reconéixer com opera la por a l’hora que les dones ens exposem”. És també “el que ens permet estar alerta”, un mecanisme d’activació: “Ens permet ajuntar-nos amb altres, organitzar-nos i eixir a l’ofensiva”, assenyala.

“En colpegen una per a frenar-nos a totes”

L’eurodiputada de Podem Irene Montero considera que el lawfare “no és una fallada, és la manera per la qual el sistema es protegeix a si mateix”. “Les elits necessiten usar elements de guerra bruta per a sostindre el seu poder i impedir que grans sectors populars permeten un avanç en drets. En colpegen una per a frenar-nos a totes”, subratlla la dirigent de Podem, que posa com a exemple el cas d’Oltra. “Es va atrevir a dir desprivatització de la sanitat i la perseguiran per això fins al final”, recalca Montero, abrigallada pel públic. “Si contra una companya exerceixen violència política és perquè està canviant les coses”, subratlla.

“Qui necessita la política? Les classes treballadores”

Oltra, en la seua primera intervenció després d’anunciar la seua candidatura a l’alcaldia de València, adverteix de l’auge de l’antipolítica, dels riscos de plantejar que ‘tots són iguals’. És el germen dels feixismes, apunta. Planteja al públic: “Qui necessita la política? Les classes treballadores”, i crida a “construir consciència de classe i utopia socialista”. “La utopia és l’eina que hem d’agafar amb força per a combatre la distopia en què vivim”, remarca.

L’exdirigent de Compromís ha censurat la “violència política” en els espais d’esquerra, espais que es pressuposen emancipadors. També reclama no deixar soles les que pateixen la violència: “L’important és no estar i no sentir-se sola quan la màquina d’escabetxada es posa en marxa”.

Missatge antibel·licista

Les dirigents d’esquerres han llançat un missatge unànime contra la guerra. “La guerra l’organitzen homes blancs rics. Sempre l’organitzen lluny d’on viuen. I no hi van els seus fills”, ha mostrat Oltra, amb un marcat discurs de classe, que advoca per prohibir la fabricació d’armes. “No parim els nostres fills perquè els maten”, ha assenyalat.

“La pau és Netanyahu davant el Tribunal Penal Internacional”, ha reclamat Rego, que recrimina que “ens han convençut que la militarització i la producció d’armes són seguretat”, però “el feminisme ens ensenya que la seguretat és una altra cosa. És la garantia que el futur siga”, recalca la ministra d’Infància i dirigent d’Esquerra Unida.

Las referentes feministas de la izquierda escenifican su unidad a un año de las grandes convocatorias electorales. Irene Montero, Mónica Oltra, Sira Rego y Rosangela da Silva protagonizan juntas un acto en Valéncia este jueves, bajo el lema 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista'. Se trata del primer acto público de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra desde que anunciara su intención de ser candidata de Compromís a la alcaldía de València, un encuentro que afianza los intentos de unidad entre formaciones que van más allá del espacio puramente socialdemócrata. La imagen de las dirigentes de izquierdas juntas, mostrando complicidad, resulta especialmente relevante.

El acto, organizado por la Universitat de València, en el Jardín Botánico, se celebra en el marco de la cumbre organizada por la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el partido de los Socialistas Europeos, que convoca en Barcelona el 17 y 18 de abril a referentes como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (del PT), el colombiano Gustavo Petro o el uruguayo Yamandú Orsi, acto clausurado por Pedro Sánchez.

La primera dama brasileña recalca el papel de las mujeres en “un mundo más justo”. Ha enunciado un contexto de guerras y crisis climáticas, un contexto claramente violento, que aumenta la presión sobre “lo que enfrentamos las mujeres en casa, en el trabajo”, y ha elogiado la labor de Irene Montero en el Parlamento europeo. “No hay democracia cuando nuestros derechos son violados”, ni con violencia política de género, ha expresado, en portugués y sin traducción. Janja da Silva ha explicado que hay quienes “quieren destruir reputaciones de las mujeres de izquierda” y ha enumerado prácticas “aprovechando de la tecnología, de las fake news”. Incluso, ha citado, esta semana han visto “vídeos creados por IA de agresiones a mujeres usando camisetas de nuestro partido”. “Construir un mundo mejor y más justo es el compromiso de todos”, ha subrayado la primera dama.

“Disciplina social contra las mujeres”

El lawfare “tiene que ver con un elemento de disciplina social contra las mujeres”, expone la ministra Sira Rego, que plantea como “antídotos”, la “politización del miedo” y “el feminismo como brújula estratégica”, más allá de la estrategia electoral. La dirigente de Izquierda Unida cree que la persecución judicial “evidencia una debilidad del sistema”.

Propone “politizar el miedo, reconocernos, reconocer como opera el miedo a la hora de que las mujeres nos expongamos”. Es también “lo que nos permite estar alerta”, un mecanismo de activación: “Nos permite juntarnos con otras, organizarnos y salir a la ofensiva”, señala.

“Golpean a una para frenarnos a todas”

La eurodiputada de Podemos Irene Montero considera que el lawfare “no es un fallo, es la forma por la que el sistema se protege a sí mismo”. “Las élites necesitan usar elementos de guerra sucia para sostener su poder e impedir que grandes sectores populares permitan un avance en derechos. Golpean a una para frenarnos a todas”, subraya la dirigente de Podemos, que pone como ejemplo el caso de Oltra. “Se atrevió a decir desprivatización de la sanidad y la van a perseguir por ello hasta el final”.

“Si contra una compañera ejercen violencia política es porque está cambiando las cosas”, subraya.

Sobre la persecución política, Montero razona: “Es importante recordar que no solo tiene que ver con lo judicial (...) pero la clave de todo esta en lo mediático, la clave de todo es la señora que esta en su casa viendo la tele por la mañana, escuchando la radio por la tarde y que de escuchar todos los dias la misma mierda sobre las personas contra las que ellos quieren ejercer violencia política les termina cayendo mal”.

 “¿Quién necesita la política? Las clases trabajadoras”

Oltra, en su primera intervención tras anunciar su candidatura a la alcaldía de València, advierte del auge de la antipolítica, de los riesgos de plantear que 'todos son iguales'. Es el germen de los fasciscmos, apunta. Plantea al público: “¿Quién necesita la política? Las clases trabajadoras”, y llama a “construir conciencia de clase y utopía socialista”. “La utopía es la herramienta que tenemos que agarrar con fuerza para combatir la distopía en la que vivimos”, remarca.

La exdirigente de Compromís ha censurado la “violencia política” en los espacios de izquierda, espacios que se presuponen emancipadores. También reclama no dejar solas a quienes sufren la violencia: “Lo importante es no estar y no sentirse sola cuando la máquina de escabechina se pone en marcha”.

Mensaje antibelicista

Las dirigentes de izquierdas han lanzado un mensaje unánime contra la guerra. “La guerra la organizan hombres blancos ricos. Siempre la organizan lejos de donde viven. Y no van sus hijos”, ha mostrado Oltra, con un marcado discurso de clase, que aboga por prohibir la fabricación de armas. “No parimos a nuestros hijos para que los maten”, ha señalado.

“La paz es Netanyahu ante la corte penal internacional”, ha reclamado Rego, que recrimina que “nos han convencido de que la militarización y la producción de armas son seguridad”, pero “el feminismo nos enseña que la seguridad es otra cosa. Es la garantía de que el futuro sea”, recalca la ministra de Infancia y dirigente de Izquierda Unida.

L'editorial Rebel Edicions presenta la seua darrera novetat editorial, 'Lawfare: la guerra bruta judicial contra Mónica Oltra', una investigació rigorosa de la llicenciada en Dret i Criminologia Mari Carmen González Vidal.

A partir d'una rigorosa investigació, aquest llibre destapa les dinàmiques jurídiques, polítiques i mediàtiques que han envoltat el conegut com a cas Mónica Oltra i denuncia la pràctica del lawfare com a instrument contra la dissidència.

El relat analitza minuciosament un procés judicial que ha vulnerat drets i garanties bàsiques i ha fulminat la presumpció d'innocència, de manera que s'ha articulat com una condemna anticipada, a càrrec d'unes elits econòmiques en defensa dels seus interessos i en connivència amb elements de l’extrema dreta.

Una investigació contra l’oblit i la manipulació

A través de les seues pàgines, González Vidal destapa les dinàmiques jurídiques, polítiques i mediàtiques que han envoltat el conegut com a 'cas Oltra'. L'obra no només documenta el procés, sinó que denuncia obertament la pràctica del lawfare (guerra judicial) com una eina contra la dissidència política que vulnera drets fonamentals i liquida la presumpció d'innocència. Així mateix, la investigació de González Vidal posa en perspectiva el cas Oltra amb altres casos de lawfare d'arreu del món, com els patits per Lula da Silva, al Brasil, però també de l'entorn més immediat, com la guerra bruta judicial contra el moviment independentista català.

L’autora planteja una pregunta incòmoda per a la salut democràtica del sistema: “On queda la democràcia quan unes elits econòmiques i conservadores s’erigeixen en jutge i part?”. om diu la mateixa Mónica Oltra, entrevistada al llibre: “Si políticament no som un perill per als poderosos, què som i què fem?”.

Els punts clau de l’obra són l'anàlisi jurídica i mediàtica mitjançant una dissecció minuciosa de com es construeix una condemna anticipada abans de qualsevol sentencia; la connivència amb l’extrema dreta amb el paper dels grups de pressió, els interessos econòmics i l’extrema dreta en la instrumentalització de la justicia; i la defensa de la dissidència, de forma que el llibre serveix com un avís sobre les amenaces que pateixen aquells projectes polítics que qüestionen l’statu quo.

Sobre l’autora

Mari Carmen González Vidal (Casinos, 1977) hi aporta una visió experta gràcies a la seua formació com a llicenciada en Dret i Criminologia i el seu Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional per la Universitat de València. Docent de professió, combina el seu perfil acadèmic amb el compromís municipalista com a regidora de Cultura i Feminisme a Casinos per Compromís.