Solo han hecho falta dos semanas para que el presidente ultraderechista José Antonio Kast atraviese su primera crisis al frente de La Moneda. Los sondeos muestran cómo su popularidad se resiente tras una serie de anuncios económicos controvertidos que han sentado mal a la población chilena, y que han desencadenado las primeras protestas contra el recién nacido Gobierno.

Todo empezó el pasado lunes, cuando, a través de una modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), el Ejecutivo aprobó un alza histórica de los precios de la gasolina y el diésel, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio. La medida, que entró en vigor el jueves, repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, pero Kast ha defendido su decisión de no intervenir para paliar el encarecimiento del combustible para no endeudar al Estado, pidiendo “responsabilidad” y “solidaridad” a los chilenos y la oposición.

Como consecuencia, el precio de la gasolina ha aumentado más de un 40% y el del diésel, por encima del 60%. Con el estallido social de 2019 en la memoria, el alza ha venido acompañada de un paquete de medidas paliativas aprobado por el Congreso que incluyen una congelación de las tarifas del transporte público y escolar en Santiago, ayudas para taxistas y algunos transportistas y una bajada, de cara al invierno, del precio de la parafina, uno de los combustibles más utilizados por las familias chilenas para calentar sus hogares.

Pero no ha sido la única medida polémica. Ya pocos días después de asumir como nuevo presidente de Chile el pasado 11 de marzo, Kast mandó una fuerte señal para dejar claro que cumplirá sus principales promesas de campaña enfocadas, además de en la economía, en el orden público y la migración, con la construcción de un muro en la frontera norte.

Desde la ciudad fronteriza de Arica, una de las vías de entradas irregulares que más ha crecido en los últimos años y ubicada 2.200 kilómetros al norte de la capital, Kast dio inicio el 16 de marzo a las obras para la construcción de un muro de cinco metros de altura en el confín de Chile con Perú y Bolivia y zanjas de tres metros de profundidad en los sectores “de alto tráfico migratorio”, para frenar el ingreso irregular de personas. “Esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema”, dijo el mandatario, rodeado de varios de sus ministros.  

La medida forma parte del llamado Plan Escudo Fronterizo, que busca un cierre total de la frontera a la migración irregular, con sanciones “severas” y un despliegue militar y policial “sin precedentes” que incluye tecnología militar, drones autónomos, alambres y torres de vigilancia en la zona. 

La migración en Chile se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 las personas que están en situación irregular, la mayoría venezolanos.

La idea de levantar una zanja en el norte viene de lejos. Ya fue planteada en la campaña electoral de 2021, su segundo intento de llegar a La Moneda que fracasó tras perder la segunda vuelta contra Boric. En su tercer intento –y definitivo– prometió crear un “gobierno de emergencia” enfocado en la economía, la seguridad y la migración para revertir la situación que, según él, legó al país la Administración anterior, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron durante el mandato de su predecesor.

“Criminalización y estigma”

La noche de su investidura el 11 de marzo, en un gesto inusual en la tradición chilena, Kast firmó varios decretos, entre ellos uno para aumentar la dotación militar en las regiones fronterizas y otro para ordenar el inicio de las obras del llamado “escudo”. Además, el nuevo Gobierno de extrema derecha ha enviado varios proyectos de ley al Congreso en materia migratoria, como el que restringe los beneficios sociales a las personas sin papeles o el que califica de delito –no de falta administrativa– el “ingreso clandestino” al territorio chileno. De aprobarse, Chile regresaría a la situación previa a 2021, cuando la Ley de Migración y Extranjería actual reemplazó la anterior, instaurada durante la dictadura, y estableció, por primera vez que “la migración irregular no es constitutiva de delito”.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes alertan de que el anuncio del nuevo Ejecutivo es “un retroceso significativo en derechos, incluso en los que están resguardados en acuerdos y tratados internacionales”, dice a elDiario.es la directora de la organización Migrantas, Catalina Bosch, quién muestra “preocupación” por “la criminalización y estigmatización” sobre la población migrante, y recuerda que “la mayoría de las personas migrantes no cometen delitos”. 

Las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo

Waleska Ureta — Directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile

Para Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias de Chile, “las barreras físicas, las deportaciones y el endurecimiento legal son insuficientes por sí solos” para mejorar el control migratorio y el desarrollo social y económico. Según él, es necesario establecer vías de migración regular “claras”, plazos “razonables” para tramitar visados y políticas de integración para quienes ya residen en el país. 

Kast, que hace dos años visitó la valla en la frontera húngara y ha conversado y aplaudido en varias ocasiones a Víctor Orbán por su iniciativa, pretende crear un amplio dispositivo de muros y vallas de 500 kilómetros en distintos sectores de la frontera norte. “Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”, ha dicho.

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile, una de las organizaciones de apoyo a esta comunidad, indica que a elDiario.es que, pese a las vallas, “las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo, refugio” por las crisis que atraviesa el continente. “Habrá movilidad humana igual por espacios peligrosos, y así –añade– se va instalando el crimen organizado y la trata de personas en esas zonas”. 

Tanto Bolivia como Perú evitaron criticar a Kast por su despliegue fronterizo y aseguraron que se trata de una medida “dentro del territorio chileno” que no afectará a las relaciones bilaterales con sus vecinos, en especial con Bolivia, donde por primera vez en dos décadas gobierna un presidente de centroderecha. Tanto Rodrigo Paz como Kast han expresado su voluntad de colaborar juntos.

Sin gratuidad después de los 30

Alineado con sus prioridades de Gobierno, el nuevo mandatario ha lanzado también, desde la sureña región del Biobío, su primer gran proyecto de ley, el llamado plan de “Reconstrucción Nacional”. Se trata de una batería de 40 medidas para, entre otras cosas, combatir el déficit fiscal que –asegura– fue heredado de la Administración del progresista Gabriel Boric, entre ellas, rebajar impuestos a las empresas, agilizar los permisos ambientales y limitar la gratuidad universitaria hasta los 30 años.

“El Gobierno busca condenar a la población por sobre de los 30 años y de clase media o baja, ya que el recorte de la gratuidad en este rango significa impedir que las familias se puedan profesionalizar o que quienes tuvieron que suspender sus estudios en su juventud por diversos motivos (maternidad, trabajo, etc.) puedan retomar su sueño de estudiar”, opina a elDiario.es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres. 

Reivindicada en las calles por exlíderes estudiantiles como el propio Boric durante la primera Administración del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) e instaurada en el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), la gratuidad, que hoy reciben –según recoge la prensa local– casi 26.000 mayores de 30 años, cubre los cuatro o cinco años de duración de una carrera y no tiene un límite de edad máximo.

“Exigimos que se convoque a una movilización nacional”, publicó en redes sociales la presidenta de la Federación de la Universidad de Santiago (Usach), Andrea Abarca. “Ya es tiempo de rearticularnos como movimiento estudiantil, frente a los retrocesos anunciados por el Gobierno de Kast”. 

Precisamente, los estudiantes han sido el primer grupo que ha salido a la calle contra el Gobierno de Kast. Este jueves, en un Santiago blindado, cientos de personas se concentraron fuera de la antigua sede del Congreso, en el centro de la capital, para protestar contra el alza del precio de los combustibles. Según los medios locales, se produjeron algunos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los Carabineros, la policía militarizada, que desplegó camiones con mangueras de agua a presión y blindados dotados de gas pimienta. La protesta se saldó con 14 detenidos.

Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región ha experimentado un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

PERÚ

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

COLOMBIA

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

BRASIL

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

ECUADOR

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

COSTA RICA

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

HONDURAS

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

Chile comenzó este miércoles la etapa política más conservadora desde el regreso a la democracia. El ultraderechista José Antonio Kast asumió la presidencia del país hasta 2030 y se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el fin de la dictadura, y también el primero desde entonces que respaldó a Augusto Pinochet y la continuidad de su régimen.

Kast, de 60 años, tomó el relevo del progresista Gabriel Boric tras recibir la banda presidencial y jurar el cargo en una solemne ceremonia en el Congreso de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital, acompañado de jefes de Estado y de Gobierno de Europa y América Latina.

En su primer discurso como presidente, desde el balcón de La Moneda, apuntó al Gobierno que lo antecedió y dijo que recibió un país “en peores condiciones” de lo que podía “imaginar”.

“Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”, insistió el nuevo mandatario ante cientos de seguidores que se congregaron frente al palacio de Gobierno para vitorearlo.

Acompañado de Pía Adriasola, la primera dama —un rol que ha recuperado tras ser haber sido suprimido en el Gobierno anterior— Kast señaló que ha instruido a su gabinete que audite todos los ministerios porque, según indicó, “la ciudadanía tiene el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer”.

“Gobierno de emergencia”

Entre gritos de “Pueblo unido, Chile protegido”, Celia Álvarez, de 70 años, una de sus simptizantes, dijo a elDiario.es que espera que, en los próximos cuatro años, Chile “mejore como país después de lo que pasó, que la delincuencia se desató”. Cadir Cruz, cubano de 37 años que lleva 11 en Chile, pidió a Kast “mejorar la economía, la seguridad y las libertades” y “recuperar el tiempo perdido con Boric”.

Padre de nueve hijos y ultracatólico, el nuevo mandatario ha prometido instalar un “gobierno de emergencia” para revertir la situación en materia económica y de orden público que, según él, ha legado al país el Ejecutivo de Boric, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron en este mandato.

“Un gobierno de emergencia no es un eslogan. Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad”, dijo el dirigente desde el palacio de gobierno, que a partir de hoy se convierte en su casa, a pesar de que desde 1958 había dejado de ser residencia presidencial.

“La autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda, no para someter, sino para proteger”, dijo Kast en su alocución.

Antes de su comparecencia y en un gesto inusual en la tradición chilena, firmó varios decretos en materia de seguridad, hacienda, obras públicas y defensa, como el llamado Plan Escudo Fronterizo para “desincentivar la inmigración irregular” y “construir barreras físicas”.

100 días de “luna de miel”

Kast, que ganó las elecciones al tercer intento, ha formado una coalición de gobierno con miembros del Partido Republicano, en el que militó hasta horas antes de jurar el cargo, junto con la derecha tradicional y algunos partidos pequeños de centro.

La mayoría de sus ministros –13 hombres y 11 mujeres–, que también asumieron este miércoles sus cargos, provienen del sector privado y académico y tienen un perfil poco político. Dos de los nombres más polémicos son los que encabezarán las carteras de Justicia y Derechos Humanos y Defensa, donde ha designado a dos antiguos abogados que defendieron al dictador Augusto Pinochet y a su familia en distintas causas.

“Hay una experiencia acumulada de dos gobiernos de la derecha tradicional, pero la duda recae en cómo será la conducción de esos cuadros”, dice a elDiario.es Octavio Avendaño, politólogo de la Universidad de Chile.

A partir de ahora, Kast pone en marcha su llamado “Plan desafío 90”, una hoja de ruta para los primeros tres meses de Gobierno que incluye medidas administrativas, cambios reglamentarios y proyectos de ley para despachar en el Congreso y aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia.

“La seguridad podría ser un problema recurrente, si no hay medidas concretas o el manejo comunicacional no es adecuado en los primeros 90 días”, precisa Avendaño.

Para la politóloga Federica Sánchez Staniak, de la Universidad Alberto Hurtado, Kast “contratará con un período de luna de miel de 100 días, en los que debería encaminar sus proyectos más importantes”, pero, según ella, por la composición del Parlamento, “no es difícil que –en eso– tenga perspectivas de éxito”.

Aunque deberá lidiar con un Parlamento dividido y sin mayoría de su sector, que dependerá de los apoyos del populista Partido de la Gente (que no les asegura el voto) las presidencias de ambas Cámaras pasaron este miércoles a manos de la derecha tradicional, lo que allana el camino del nuevo presidente para la primera etapa de su mandato.

Cuatro años después, poco queda hoy del Gabriel Boric que llegó a La Moneda con espíritu renovador, deseoso de un cambio profundo y dispuesto a convertir Chile en la “tumba del neoliberalismo”. A las puertas de entregar la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, el presidente saliente finaliza un mandato en el que las expectativas se fueron apagando poco a poco a base de golpes de realidad.

Rodeado de exlíderes del movimiento estudiantil de 2011 —como él—, Boric recogió, en marzo de 2022, la banda presidencial del conservador Sebastián Piñera (que gobernó en los períodos 2010-2014 y 2018-2022), tras vencer a Kast, que ya entonces aspiraba a la presidencia, y de la mano de una nueva coalición de izquierda formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pasó de la calle al poder en tan solo una década y, con 36 años, se convirtió en el mandatario más joven de la historia de Chile. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar”, expresó en su primer discurso oficial.

Chile venía entonces de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, ocurrida en 2019, tras la cual una mayoría aplastante votó a favor de cambiar la Constitución vigente, instalada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban

Cristóbal Bellolio — Analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

“Tenían el viento a favor porque asumieron [el poder] en un momento en el cual el estallido social y luego el proceso constituyente navegaban un poco en la misma dirección transformadora, refundacional”, recuerda a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Era una generación joven, añade, que venía a “renovar la política” y a “saldar las deudas” de las generaciones anteriores que, según ellos, “no fueron suficientemente corajudas para demoler el legado neoliberal de la dictadura”.

Hablaban de subir los impuestos a los más ricos, de refundar a los carabineros —un cuerpo policial con estructura militar—, indemnizar a las víctimas de la violencia policial de las protestas, y de que migrar es un derecho, recuerda el experto. Sin embargo, dice la académica Nerea Palma, de la Universidad Alberto Hurtado, “la luna de miel del Gobierno fue muy corta”.

Fracaso constituyente y fin de las expectativas

El mayor desafío del Gobierno de Boric fue gestionar los dos procesos constituyentes, casi seguidos, para sustituir la actual carta magna, de 1980, el primero con un texto de corte progresista, que cambiaba de raíz los sistemas privados de pensiones, salud y educación, y el segundo, de corte conservador. Pero ambos fracasaron. En el primer intento, y con menos de un año en el poder, el Ejecutivo se posicionó sin matices a favor de la nueva Constitución, y supeditó parte de su programa a su aprobación, pero una contundente mayoría de ciudadanía lo rechazó y, con ello, la propuesta de transformación del Gobierno.

“Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban”, dice Bellolio. El triunfo del “rechazo” al nuevo texto fundamental fue “un duro golpe” para Boric, comenta Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, quien cree que supuso “un antes y un después” para la coalición de izquierda. Figuras clave y cercanas a Boric fueron apartadas del gabinete y en su lugar entró el centroizquierda tradicional, lo que dio inicio al camino hacia la moderación, a la vez que las prioridades ciudadanas se centraban cada vez más en la economía y el orden público. “Desde entonces, el Gobierno se dedicó a administrar y hacer transformaciones en la medida de lo posible”, considerando que tampoco tenían mayoría en el Congreso, explica el académico.

Con la nueva coalición progresista, el Gobierno logró varias de sus grandes promesas de campaña, como la reforma de pensiones —el mayor cambio en 40 años del modelo creado durante la dictadura—; la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un aumento histórico del salario mínimo (a poco más del equivalente a 500 euros) o el fin del copago en el sistema público de salud. “Se impuso una lógica mucho más pragmática, más propia de los gobiernos de centroizquierda previos, de negociar y alcanzar acuerdos, aunque no permitieran cumplir con todo y generaran resistencias en el ala más de izquierda de la coalición”, explica a elDiario.es Andrés Scherman, experto en Comunicación Política de la UAI.

Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida

María Cristina Escudero — Politóloga de la Universidad de Chile

El cambio de prioridades dejó en segundo plano varias de las propuestas estrella de la campaña que no lograron cumplirse, como la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación o la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), una forma de financiación universitaria que endeudó a los estudiantes durante décadas. Otras, simplemente, fracasaron, como una reforma tributaria rechazada por el Parlamento para subir los impuestos a los más ricos y con la que iba a financiar parte de su programa.

Las expectativas terminaron de difuminarse tras conocerse un caso de presunta financiación irregular de varias fundaciones y por la cuestionada gestión de la denuncia por violación de una funcionaria contra el número dos del Ministerio del Interior.

“La narrativa de superioridad moral, de ser una coalición libre de corrupción y de que iban a ser un gobierno transparente no se logró”, opina Bellolio. Tuvieron, prosigue, “la necesidad imperiosa de adaptarse en el camino” y “administrar un país distinto al que, originalmente, pensaban que iban a gobernar”, dice, aunque ni el crecimiento económico ni la seguridad “fueran su especialidad”.

¿Boric 2.0?

Los expertos coinciden en que aún es pronto para saber cómo será recordado el Ejecutivo de Boric. Por ahora, su sucesor, que será el primer mandatario ultraderechista y pinochetista en democracia, ha instalado la idea de que Chile “se cae a pedazos”, por lo que diseñó un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano han disminuido en este mandato.

Para Scherman, Boric será recordado como un presidente joven que intentó “construir una fuerza única de izquierda”, un objetivo que el propio mandatario ha admitido que quiere seguir persiguiendo desde fuera del palacio. El Gobierno, para Palma, perdurará en el recuerdo como el impulsor de un proceso de cambio “truncado” por falta de mayorías parlamentarias, cambios en la agenda y por los propios “errores importantes” que cometió.

Espinoza señala que, a pesar de su “falta de experiencia”, logró sacar proyectos relevantes como las pensiones, que tendrán efectos positivos en el tiempo, y mantener una aprobación en torno al 30%, una cifra que —dice— “no es despreciable, pensando en una futura candidatura presidencial”.

Con 40 años recién cumplidos y una larga trayectoria por delante, su figura se convirtió en uno de los liderazgos más fuertes de su sector. “Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida”, apunta la politóloga María Cristina Escudero, de la Universidad de Chile. “Quedó posicionado como una de las figuras más importantes para, más adelante, volver a ser presidente”, concluye Bellolio.

Desde su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile de diciembre, el ultraderechista José Antonio Kast se ha dedicado a recorrer América Latina y el mundo para estrechar lazos con gobernantes afines y tomar apuntes de algunas políticas, sobre todo en materia de seguridad, que pretende estudiar para exportar a la realidad chilena.

En el último mes y medio, ha viajado a Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y El Salvador, y ha sido recibido por los presidentes de todos los países, con los que comparte ideología política. La semana pasada, además, también fue a Bruselas, Hungría e Italia en la que es su quinta gira como mandatario electo.

Kast, que a partir del 11 de marzo se convertirá en el primer mandatario de ultraderecha de Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es el presidente electo que más viajes internacionales ha hecho antes de tomar posesión.

“Es un esfuerzo deliberado por construir una imagen de liderazgo activo, resolutivo y ejecutivo desde el primer día posterior a la segunda vuelta”, explica a elDiario.es Michelle Hafemann, académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Según ella, Kast intenta “proyectarse” como un presidente que “no se queda en las declaraciones ni en las promesas”, sino que “se reúne con mandatarios internacionales, comenta la contingencia política nacional y se involucra tempranamente en los temas que marcarán su agenda”. 

El futuro presidente, de 59 años, ganó las elecciones con la promesa de crear un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegada de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en Chile han disminuido en el Gobierno del progresista Gabriel Boric. 

Son gestos y señales que, según Hafemann, buscan “contrastar” la imagen que el Partido Republicano de Kast ha construido sobre la Administración de Boric, a la que presenta como “lenta, ineficiente y con dificultades para responder a las urgencias del país”.

Alianzas y temas prioritarios

La primera salida al extranjero llevó a Kast a la vecina Argentina, estrecho socio comercial, donde se reunió con el presidente Javier Milei, su aliado político y con quien se dejó fotografiar con la polémica motosierra. Luego viajó a Perú para proponer a José Jerí, sin éxito, la idea de crear un corredor humanitario que permitiera el paso de venezolanos que quisieran regresar a su país. En Ecuador, también trató de convencer a Daniel Noboa de lo mismo. 

A finales de enero visitó República Dominicana, donde llegó hasta la frontera con Haití y recorrió la “verja inteligente” instalada por el Gobierno de Luis Abinader; y Panamá, donde intervino en el Foro Económico de América Latina y el Caribe para pedir “unidad” en la región en el combate contra el crimen organizado. También sostuvo un encuentro con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien está ideológicamente en las antípodas.

Su gira por Centroamérica culminó en El Salvador, donde visitó por segunda vez (la primera fue en 2024) el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de alta seguridad levantada para aislar a los pandilleros, y se reunió con Nayib Bukele. “Queremos pedirles la colaboración para mejorar nuestro sistema penitenciario y conocer su derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, pero de acuerdo a nuestra realidad”, dijo desde allí el presidente electo.

Su despliegue, en un contexto regional tensionado por la crisis venezolana, tiene dos líneas, según comenta a elDiario.es Paz Milet, analista internacional de la Universidad de Chile. “Reforzar las alianzas que él había generado con anterioridad, pero también generar nuevos espacios de diálogo en la región”, dice. Según ella, el ultraderechista plantea que “la región se enfrenta a demandas y amenazas transnacionales, por lo que es fundamental actuar coordinadamente”.

Además del control de la migración y el combate al crimen organizado, Kast apuntó también a la reactivación económica, un objetivo que ha buscado en su gira por Europa. 

Acompañado del presidente de Vox, Santiago Abascal, estuvo la semana pasada en la VII Cumbre Transatlántica, un encuentro celebrado en Bruselas y organizado por la plataforma ultraconservadora Political Network for Values, que él mismo presidió entre 2022 y 2024 y que tiene al exministro español Jaime Mayor Oreja como su presidente de honor.

Luego se trasladó a Hungría para reunirse con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un encuentro centrado en la inmigración —mostró interés en las vallas de alambre fronterizas para evitar el ingreso de refugiados— y el apoyo a la familia. Finalmente, llegó a Italia, interesado en conocer más sobre el “sistema carcelario” impulsado por Georgia Meloni y atraer inversiones, sobre todo en el sector energético. 

Tras su regreso de las vacaciones, en febrero, planea una gira por Estados Unidos, según trascendió en la prensa local, para “acercarse” —dice Milet— al presidente Donald Trump, con quien Boric ha mantenido varias tensiones.

Diferencias con el gobierno anterior

Los presidentes electos en Chile han mantenido, tradicionalmente, un perfil más bajo en política internacional antes de asumir formalmente el cargo. “Kast rompe con esa tradición para reforzar la idea de un liderazgo eficiente y en acción”, dice Hafemann. 

Para el politólogo de la Universidad Diego Portales Rodrigo Espinoza, Kast está demostrando “que no hay que esperar hasta marzo y que en realidad las decisiones ya se están tomando”, además de querer dejar claro que “va a haber un giro desde el día uno en la forma en la que se está gobernando”. 

Habrá que ver cuál es el verdadero José Antonio Kast: el que pretende establecer un gobierno de unidad, o el que efectivamente adscribe a una mirada más radical

Rodrigo Espinoza — politólogo de la Universidad Diego Portales

Sin embargo, las salidas al extranjero pueden abrir nuevos flancos al futuro mandatario, que hasta ahora —y durante toda la campaña— había mostrado su lado más moderado y evitó referirse a cuestiones de valores y libertades individuales. En la cumbre celebrada en Bruselas, retomó las riendas de la batalla cultural y pronunció su discurso más ideológico hasta ahora: “Hoy experimentamos los frutos de una cultura dominada por los -ismos (…) el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza a la integración”, dijo.

Su discurso, dice Hafemann, “remite a un Kast marcadamente conservador, muy similar al que conocíamos antes del giro estratégico de la campaña”, por lo que “no queda del todo claro cuál de estas dos versiones será la que efectivamente gobierne”. “Se aprecia una tensión evidente con la idea de que los temas culturales e identitarios no serían una prioridad de su eventual gobierno”, añade la analista. 

Para Espinoza, “habrá que ver cuál es el verdadero José Antonio Kast: el que pretende establecer un gobierno de unidad, o el que efectivamente adscribe a una mirada más radical”. 

Los expertos recuerdan que aunque estos gestos ocurran fuera de Chile, la información llega completa al país, donde circula simultáneamente la imagen del líder conservador ideológico y la del presidente orientado a la gestión. “La cercanía con referentes internacionales abiertamente conservadores —concluye Hafemann— puede tensionar esa realidad y generar fricciones entre las promesas de moderación hechas en campaña y las señales ideológicas que hoy se proyectan hacia el exterior”.

La victoria del ultraderechista José Antonio Kast es un ultraje a la memoria de Víctor Jara. En el plebiscito de 1988 sobre Augusto Pinochet, Kast votó sí, argumentando que el general no había usado la fuerza para derribar a un gobierno legítimo, sino para salvar a Chile del comunismo. En esas fechas, solo tenía veintidós años y su padre Michael, natural de Baviera, había militado en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y había adquirido el grado de oficial de la Wehrmacht por su participación en la ocupación de París y la invasión de la Unión Soviética.

Como los criminales de guerra Ante Pavelić, Adolf Eichmann y Josef Mengele, Michael logró huir a Argentina y, más tarde, a Chile, utilizando la “ruta de ratas” creada por el Vaticano para que nazis y fascistas pudieran abandonar Europa y no responder ante la justicia aliada. Su hijo Miguel, oriundo de Oberstaufen, fue ministro de Estado y presidente del Banco Central durante la dictadura de Pinochet. Formado en la Universidad de Chicago, aplicó las ideas de Milton Friedman y Arnoldo Harberger, ordenando una oleada de privatizaciones y el despido masivo de empleados públicos. A la larga, sus medidas provocaron una caída del PIB de 13,6 % (la más alta de la historia Chile desde la crisis de 1929), una tasa de desempleo del 20% y la quiebra de un gran número de bancos e instituciones financieras.

No es extraño que con esos antecedes familiares, José Antonio Kast declarara en 2017 que si Pinochet viviera, votaría por él. En 2021, Kast se declaró partidario de clausurar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y suprimir el Ministerio de la Mujer. Aunque durante su campaña presidencial se centró en el control de la migración, la seguridad y el crecimiento económico, nada indica que su agenda de valores haya cambiado. Nunca ha ocultado su oposición al aborto en cualquier circunstancia y su desdén por el colectivo LGTBIQ+. 

El presidente Gabriel Boric fracasó en su proyecto de reforma constitucional y no logró que el Congreso aprobara una subida de impuestos para mejorar los servicios sociales, pero creó un sistema más equitativo y solidario de pensiones, adoptó medidas para rebajar las listas de espera quirúrgicas, estableció el copago cero en el sistema público de salud para las personas con menos ingresos, consiguió un crecimiento moderado el PIB y mantuvo la tasa de desempleo en un 8’4%. Además, realizó importantes gestos simbólicos, como rendir homenaje a la estatua de Salvador Allende situada a las afueras del Palacio de La Moneda, pedir al Parlamento el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas del país, alegando que Chile ganaría en paz y unidad o manifestar el deseo de ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio de Gaza sentados en el banquillo de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, el gobierno de Boric no ha cambiado el paisaje social. Chile continúa siendo uno de los países más desiguales de la OCDE. El 10% más rico acumula el 60% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre solo disfruta del 8’2%. La pobreza afecta al 27%, lo cual significa sufrir graves carencias en salud, educación y vivienda. Los grupos más afectados son los menores, las personas de la tercera edad, los discapacitados, las mujeres y los migrantes. Los avances macroeconómicos no han menoscabado la desigualdad estructural. Es inevitable pensar en España, donde los buenos datos económicos conviven con los bajos salarios, el problema de la vivienda y una bolsa de doce millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Resulta particularmente desolador que desde hace décadas España posea una de las tasas más altas de pobreza infantil de la UE, con un millón de niños afectados por una pobreza severa. 

Salvador Allende fue mucho más radical que Boric, pues sabía que la lucha contra la desigualdad exigía medidas drásticas. De ahí que nacionalizara la gran minería del cobre, pusiera en marcha una ambiciosa reforma agraria, congelara los precios de las mercancías y aumentara los salarios de todos los trabajadores. Las empresas estadounidenses Anaconda y Kennecott fueron dos de las grandes perjudicadas, pues no recibieron ninguna compensación económica. Se justificó esa decisión por la acumulación de beneficios abusivos gracias a unas bajísimas tasas fiscales.

La respuesta del presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, consistió en organizar un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos. Estrangulada por esta represalia y por la emisión de moneda para subir salarios y conceder subsidios, la economía chilena sufrió una inflación desorbitada y una crisis de desabastecimiento. Financiada por la CIA, la prensa opositora (El Mercurio, La Segunda, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Prensa de Santiago, La Tarde y Tribuna) atacó sin tregua al gobierno de Allende. La escasez de productos básicos y el florecimiento del mercado negro dispararon el descontento social. La huelga de los camioneros agravó aún más la crisis. Los atentados de la Vanguardia Organizada del Pueblo y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dos organizaciones que practicaban la lucha armada porque consideraban impracticable la vía democrática hacia el socialismo, solo añadieron más tensión.

Finalmente, el 11 de septiembre de 1973 el ejército se sublevó bajo la dirección del general Pinochet y, tras sufrir una incursión de los cazabombarderos Hawker Hunter, Allende murió en el Palacio de la Moneda. En su última alocución en Radio Magallanes, el presidente declaró: “Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. […] Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

El cantautor Víctor Jara fue una de las víctimas de la feroz represión desatada por Pinochet, una operación monstruosa que se saldó con 3.126 desaparecidos y alrededor de 10.000 personas torturadas. Con un valor simbólico similar al de Federico García Lorca en España, Jara padeció un auténtico tormento en el Estadio Chile. Brutalmente maltratado por el joven teniente Edwin Dimter Bianchi, al que llamaban El Príncipe, y por otros esbirros de la misma calaña, sufrió múltiples fracturas y quemaduras. Los torturadores se ensañaron con sus manos por lo que representaban: un canto libre, una herramienta para protestar contra las injusticias. Antes de morir, aún tuvo tiempo de escribir con la ayuda de sus compañeros de cautiverio: “Canto que mal que sales / Cuando tengo que cantar espanto / Espanto como el que vivo / Espanto como el que muero”. El cadáver de Víctor Jara fue arrojado en las cercanías del Cementerio Metropolitano con cuarenta y cuatro impactos de bala. 

Ahora, más de siete millones de chilenos han concedido la presidencia a un admirador de Pinochet. Evidentemente, no todos simpatizan con el dictador. A muchos solo los mueve el desencanto y la desesperanza. Cambian los gobiernos, pero la desigualdad persiste, y Kast, como otros líderes ultraderechistas, ha utilizado la inmigración ilegal y su supuesto vínculo con la inseguridad para movilizar a los votantes. A pesar de todo, creo que muchos te recuerdan, Víctor Jara. Siempre serás un símbolo de ese anhelo de justicia y fraternidad que enciende la esperanza de los humillados y olvidados. Hoy tal vez no es el tiempo que puede ser mañana, pero la esperanza no se basa en hechos, sino en bellos, insensatos e irrenunciables sueños. 

Chile parecía haber dejado atrás los peores años de un pasado marcado por la represión y la violencia de una dictadura militar de ultraderecha. En 2021, el país había elegido al presidente más joven y más progresista de su historia reciente que intentó recuperar el Estado del bienestar destruido por el dogma neoliberal del régimen de Pinochet. Pero cuatro años más tarde, los chilenos han votado mayoritariamente por un candidato ultra que reivindica ese pasado oscuro. 

Con Natalia Chientaroli, periodista de elDiario.es especializada en extrema derecha, y con Meritxell Freixas, corresponsal de la agencia Efe en Chile, analizamos quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno que ensalza el régimen de Pinochet. También intentamos explicar cómo y por qué la ultraderecha ha conseguido ganar las elecciones en un país que ya conoce la violencia de un régimen fascista.

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Las encuestas vaticinaban desde el principio un triunfo holgado de José Antonio Kast. De nada valió que la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ganara la primera vuelta de las elecciones, porque la suma de las formaciones de derecha y ultraderecha le daban margen de sobra a Kast para verse ganador. Y así ha sido, aplastando a Jara por 20 puntos. Los resultados del domingo confirman el apoyo del electorado chileno al político ultraconservador y defensor de la dictadura de Pinochet. Pero si no hubo sorpresas en la noche electoral, sobran los interrogantes sobre lo que viene.  

Los próximos cuatro años, la ultraderecha ocupará el palacio de La Moneda. Pero, más allá de la retórica machacona sobre la inseguridad que ha catapultado a Kast a la presidencia en su tercer intento, ¿cómo puede bajar a la realidad la amenaza de deportar a más de 300.000 migrantes?, ¿cuándo y cómo volverá a la agenda ultra antiderechos que enmascaró detrás de una supuesta moderación?, ¿cómo será la relación con su vecino Javier Milei, convertido en líder de los ultras y ‘niño mimado’ de la Administración Trump?

Seguridad, sí, pero ¿cómo?

“La mayoría que lo lleva a la presidencia no es ideológica, sino contingente”, señala Lisa Zanotti para introducir el análisis. Y eso es relevante a la hora de pensar cómo y a qué ritmo puede Kast desplegar su ideario de extrema derecha conservadora. “Es probable que intente una transición suave para evitar el peligro de una eventual movilización social, y se centre en la supuesta crisis de seguridad que vive el país. Ahí es donde podrán verse más erosiones democráticas en el corto plazo”, sostiene la investigadora del Democracy Institute. 

“El problema migratorio que tiene Chile es fundamentalmente con Venezuela, que en el discurso se vincula con el narco y delitos que afectarían la seguridad de la ciudadanía, aunque no sea absolutamente comprobable. Kast ha hecho campaña con la promesa de sacar del país a unas 300.000 personas sin papeles, escenificando incluso una cuenta regresiva. Sin embargo, no está claro cómo se podrá llevar esto a la práctica. 

Es paradójico, porque el sistema económico que defienden necesita de un número muy significativo de migrantes para poder funcionar, pero a la vez su política se alimenta de los discursos excluyentes 

Micaela Cuesta — Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM

El ahora presidente ha sugerido que sean los mismos migrantes los que paguen el billete de avión de su deportación en aviones de 100 plazas. Y dijo que confía en que muchos de ellos se vayan por su cuenta antes de los poco más de 100 días que ha puesto de margen, una afirmación que hasta en el espectro de la derecha ha sonado absurdamente optimista. 

“Hay muchas dudas respecto a cómo pasar esta idea del papel a la acción, pero lo que sí sucede cuando se imponen estas retóricas antiinmigración es un aumento de la xenofobia a nivel social, y eso puede ser complicado para la convivencia”, apunta Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Cuesta subraya además la contradicción que subyace en este pilar de la ultraderecha: “Es paradójico, porque el sistema económico que defienden necesita de un número muy significativo de migrantes para poder funcionar, pero a la vez su política se alimenta de estos discursos excluyentes”. 

Hablamos de una ultraderecha conservadora, incluso reaccionaria en lo ideológico, a la vez que soberanista, ultranacionalista y antiglobalista

José Antonio Sanahuja — catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense

Un discurso fundamental para entender el resultado de estas elecciones. “Hay que distinguir el voto del electorado con claros rasgos de ultraderecha –muy a favor del libre mercado, extremadamente conservador en temas morales, con posturas antifeministas y pocas credenciales democráticas– del electorado mucho más circunstancial, más bien moderado y de centro, que ha votado a Kast por su promesa de ‘mano dura’ contra la delincuencia”, insiste Cristóbal Rovira Kaltwasser, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Una agenda oculta tras la bandera

Los investigadores José Antonio Sanahuja y Camilo López Burian formularon en 2020 el concepto “ultraderecha neopatriota” para definir el cruce entre la ideología y las posiciones ante una globalización en crisis. “Hablamos de una ultraderecha conservadora, incluso reaccionaria en lo ideológico; a la vez que soberanista, ultranacionalista y antiglobalista que arremete contra Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial de Davos, la Agenda 2030, o las reglas de la Organización Mundial de comercio en nombre de la libertad y la soberanía de las naciones y los individuos”, explica a elDiario.es Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

El relato antimigratorio que en Europa se envuelve en cuestiones étnicas y culturales, en Latinoamérica se vincula más a la inseguridad o los efectos del ‘globalismo’ de izquierdas que contamina y unifica. “En el caso de Kast está clara esa relación con la inseguridad y no con el nativismo: no se trata de preservar la homogeneidad o 'pureza' étnico-cultural de Chile, un país mestizo y plurinacional”, sino evitar una serie de supuestos delitos, ahonda Sanahuja.  

Este nacionalismo también justifica que en países como Chile, Brasil o Argentina, políticos de ultraderecha defiendan las sangrientas dictaduras militares. Kast lo hizo en Madrid en 2022, en la Cumbre de la Iberosfera organizada por Vox. Habló del “llamado del pueblo a las fuerzas armadas” para evitar un “régimen marxista” al referirse al golpe de Estado de Pinochet que derrocó al presidente democrático Salvador Allende. 

Con Kast y Milei en el gobierno se va a generar una situación inédita, porque más allá de las alianzas puede haber una disputa por quién se erige en el gran representante de la ultraderecha en la zona

Soledad Vallejos — Autora del libro 'Los dueños de la libertad'

Además, en el demonizado globalismo encaja otro de los pilares de los neopatriotas: una pretendida amenaza comunista que viene a atacar las bases de la libertad y la prosperidad. Ideológicamente, la extrema derecha entiende la desigualdad como algo natural, y la defiende como oposición a las políticas sociales. “La izquierda ya no va de la lucha de clases, sino de la lucha por las causas”, ha repetido Kast en sus discursos. Y en esas causas es donde radica la verdadera agenda reaccionaria del flamante presidente, encaramada detrás de una bandera. 

“El mensaje de Kast se fue moderando porque evitó entrar en ciertos temas y porque otros candidatos desplegaron un discurso mucho más radicalizado”, explica Soledad Vallejos, autora del libro Los dueños de la libertad. Pero esto no quiere decir que haya dejado de estar en contra del aborto, las políticas feministas o los derechos de los homosexuales, contra los que despotricaba en sus anteriores intentos presidenciales. 

En este sentido, Kast representa una ultraderecha mucho más conservadora y tradicional que la de Javier Milei o Johannes Kaiser, que ya maniobra para entrar en el futuro Gobierno. La conformación de ese gabinete puede influir también en la urgencia o no con la que afloren las políticas antiderechos. 

Milei, ¿amigo o competidor?

Kaiser es también un nexo potente con el líder de la extrema derecha en Sudamérica, Javier Milei. “Está claro que la ultraderecha argentina y chilena tejerán lazos, porque ya existen”, recuerda Vallejos. El hermano de Johannes, Axel Kaiser, es miembro de la Fundación Faro y trabaja con la Fundación Libertad y Progreso, ambas vinculadas a La Libertad Avanza. 

“Sin embargo, con Kast y Milei en el gobierno se va a generar una situación inédita, porque más allá de esas alianzas se puede haber una disputa por quién se erige en el gran representante de la ultraderecha en la zona”, sugiere Vallejos. 

El especialista en extremas derechas Franco Delle Donne tiene dudas sobre que Kast pueda competir por ese espacio: “Chile no es un país tan influyente y los cambios que llevaría adelante desde el punto de vista económico no son tan radicales como los de Milei. Y si hablamos de seguridad, ese podio lo ocupa ya Nayib Bukele, de El Salvador”. 

Otro elemento es la competencia entre los dos países por acaparar el interés de los inversores o de los acuerdos comerciales con gobiernos afines. Argentina es ahora mismo el foco de atracción para el gran poder de la ultraderecha en el continente: Estados Unidos. Donald Trump presume de haber conseguido el triunfo de Milei en las elecciones de medio término con su rescate económico y espera su recompensa: condiciones favorables para las oportunidades de negocio que presenta Argentina en forma de privatizaciones y también en recursos naturales –agua, minerales, sobre todo el litio– y aquí es donde Chile puede presentarse como una alternativa. 

Las credenciales ultras de José Antonio Kast le vienen de familia. Su hermano Miguel fue el primer ministro civil a las órdenes de Augusto Pinochet. Su padre, Michael Kast (Alemania, 1924-Chile, 2014) militó en el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, como reveló una investigación de la agencia Associated Press (AP). Y Kast, la gran figura de la ultraderecha que se convertirá en próximo presidente de Chile tras arrasar a la candidata progresista, no es alguien que viva a disgusto con el pasado.

Tras el revuelo mediático que causó la noticia de AP en 2021, Kast acabó reconociendo la presencia de su padre en las filas de Adolf Hitler, pero dijo que lo hizo “obligado por las circunstancias”. Con la dictadura chilena ha tenido menos remilgos: en una entrevista llegó a afirmar que si Pinochet estuviera vivo, lo votaría, y ha defendido públicamente a un miembro del Ejército condenado a más de 800 años de cárcel por secuestros y desapariciones. 

Admirador de Donald Trump y Javier Milei, Kast (Santiago de Chile, 1966) ha cultivado sin embargo un perfil muy diferente, de hombre firme pero dialogante, una fuerza transformadora que busca devolver el país a un orden perdido y –de paso– a las buenas costumbres. Quizá tenga que ver con que, a diferencia del magnate estadounidense o el tertuliano argentino con ínfulas de estrella de rock, Kast no es un outsider de la política. Muy al contrario. 

Militó desde muy joven en la Unión Demócrata Independiente (UDI), precisamente defendiendo el legado pinochetista y los valores tradicionales. Fue concejal de 1996 hasta el año 2000, y en 2002 ganó una banca en el Congreso como parte de la Alianza por Chile. Desde allí hizo oposición sobre todo a los Gobiernos de Michelle Bachelet, con iniciativas centradas en la oposición al aborto y en su obsesión y caballo de batalla: la seguridad. Sin embargo, las malas lenguas lo señalan por aquellos años como un diputado con escasa asistencia y aún menor actividad. 

Las derrotas que suman

Cuanto más se instalaba como referente de la derecha, más se alejaba Kast de la UDI, que acabó abandonando en 2016 para fundar el Movimiento de Acción Republicana y en 2019 el Partido Republicano, que agrupa a veteranos militantes derechistas e independientes. Si en 2017, cuando se presentó a las presidenciales como independiente, sorprendió con casi el 8% de los votos, en las de 2021 ya se alzaba con el 28% en primera vuelta, forzando un balotaje que perdió ante Gabriel Boric. “La tercera es la vencida” ha sido su muletilla esta campaña y, finalmente, lo ha logrado. 

Lo cierto es que Kast ha ido ganando incluso con las derrotas. Por ejemplo, la del plebiscito de 2020 sobre el proceso constituyente, cuando defendió conservar la Carta Magna de Pinochet. Y el de 2022, en el que propuso una Constitución ultraconservadora que fue rechazada. Alrededor de estos ‘tropiezos’ democráticos Kast ha ido forjándose como líder frente a una derecha desdibujada.

Este licenciado en Derecho por la Universidad Católica, que pertenece a la élite económica del país –y también a la élite política– ha aprovechado el descontento social y el desgaste de los partidos históricos con un discurso antiestablishment. Un discurso similar al de Milei o Trump, pero atravesado por valores tradicionales y conservadores. “Él habla de sí mismo como ‘la derecha original’, y desprecia al resto con un discurso parecido al de la ‘derechita cobarde’ de Vox en España”, resume Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute y experta en nuevas derechas latinoamericanas. 

La familia como eje y el comodín de la seguridad 

Kast es un hombre tradicional. Viste formal, habla con corrección y en tono pausado, y su familia es casi un calco de aquella en la que se crió como el menor de diez hermanos. Tras combatir como teniente de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler, aquel militante forzoso del partido nazi llamado Michael Kast consiguió salir de Alemania en los años 50 y emigrar a Chile, donde hizo fortuna con una fábrica de embutidos. Su benjamín, José Antonio, tiene a su vez nueve hijos y pertenece a un grupo ultracatólico de raíces alemanas llamado Schöenstatt, uno de los que estaba en la mira del papa Francisco, como el Sodalicio y el Opus Dei.

En la campaña de 2021, el candidato jugó fuerte su carta conservadora. Proponía derogar la ley de supuestos que permite abortar en caso de riesgo para la salud de la madre, del feto o por violación, se oponía al matrimonio igualitario y aseguraba que eliminaría el Ministerio de la Mujer. “Kast ha entendido que casi la mitad de la población de Chile está concentrada en Santiago, y que la gente de las zonas metropolitanas es menos conservadora, por eso ha ido moderando su discurso en cuestiones sociales para centrarse en un asunto transversal: el de la seguridad”, analiza Zanotti.  

De hecho, en el último debate Kast rehuyó prácticamente cualquier tema que no tuviera que ver con economía o seguridad. Evitó contestar sobre aborto o derechos de los homosexuales, y esquivó la pregunta sobre los crímenes de la dictadura: “Hoy en día se violan los derechos humanos de miles de personas, de 40.000 personas que mueren al año esperando una lista de espera (...) Lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos”, aseguró.

Y el principal problema que perciben los chilenos es precisamente el de la seguridad. El 63% piensa que es el principal, según una encuesta de Ipsos, lo que revela un nivel de preocupación mayor que en México (59%) o Colombia (45%), pese a que ambos tienen tasas de homicidios cuatro veces superiores. “Aunque la situación del país no tan mala como en otros puntos de América latina, sí que ha empeorado comparativamente respecto a hace algunos años”, reconoce Zanotti. La llegada de grupos criminales vinculados al narcotráfico le ha permitido a Kast vincular la delincuencia a la inmigración, desplegando un discurso nacionalista y xenófobo. Incluso llegó a decir que apoyaría una invasión de Estados Unidos a Venezuela para luchar contra el narco. Su propuesta se resume en la lucha implacable contra el crimen y los indocumentados, a los que ha advertido que como “entraron por la ventana” deben “salir del país” cuanto antes. 

Kast promete mano dura y más margen de acción a la policía. Además, defiende el derecho a poseer armas –de hecho, ha asegurado tener una en casa–. Una idea polémica que entusiasma a casi un 54% de los que se reconocen como posibles votantes del utraderechista, tal y como recoge el estudio sobre Democracia y Derechos Humanos de Cristóbal Rovira Kaltwasser publicado en 2024.

El de la seguridad ha sido un asunto capaz de llevar a José Antonio Kast finalmente al Palacio de la Moneda. Por eso lo la ha explotado al máximo y envuelto en la lógica y la escenificación del miedo. “No le temo a nada, pero sí los delincuentes tienen que tenerle miedo a un Gobierno de emergencia nuestro”, dijo tras su cierre de campaña. El discurso lo pronunció detrás de un cristal blindado. 

Tras su victoria el domingo, ha afirmado: “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”.

El ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile con un cómodo margen y se convierte en el primer líder de la extrema derecha en llegar al Gobierno desde el retorno a la democracia.

Tal y como pronosticaban todas las encuestas, gracias al apoyo de la derecha tradicional de Evelyn Matthei y de la extrema derecha más radical de Johannes Kaiser, Kast ha superado a la progresista Jeannette Jara, que encabezaba la mayor coalición de fuerzas de centroizquierda e izquierda. Kast ha recibido un 58,1% de los votos, mientras que Jara obtiene un 41,8%.

En su primer discurso, el ultraderechista ha prometido que será “el presidente de todos, sin excepción”, y ha prometido “un cambio real” en el país. Kasta ha afirmado que Chile “ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real”.

“Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”, ha declarado quien será el primer presidente pinochetista después de décadas. “Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido”, ha agregado en su discurso frente a miles de sus seguidores en Santiago.

Kast ha ganado en todas las regiones del país, incluso donde se había impuesto Jara en la primera vuelta (el sur del país, en la Metropolitana y la región de Valparaíso, bastión tradicional del centro-izquierda e izquierda). “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile”, ha señalado Jara. “Nos toca ahora hacer oposición y el camino de la unidad es el único que merece la pena. La unidad es el camino. Construimos una alianza amplia e histórica y tenemos una fuerza social y cultural que debemos consolidad, cuidar y hacer crecer. No hay espacio para el desánimo, hay una tarea que continúa”, ha añadido.

“No queremos promocionar el odio. Somos un solo país”, ha asegurado en tono conciliador. “Debemos hacer una reflexión profunda sobre los factores que condujeron a este resultado”, ha añadido.

A la tercera, la vencida

Kast llegará a la La Moneda tras su tercer intento (los anteriores fueron en 2017 y 2021) y pese a haber perdido la primera vuelta contra Jara por la fragmentación de candidaturas dentro de su propio sector. 

De 59 años, es hijo de un matrimonio de migrantes alemanes –su padre estuvo afiliado al partido nazi– y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica. Fue diputado 16 años por la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), partido nacido al alero del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) al que abandonó para fundar el Partido Republicano.

Un defensor de Pinochet en La Moneda

Con estrechos vínculos con la dictadura, la ha defendido a lo largo de su trayectoria política: su hermano fue ministro del dictador y él apoyó la continuidad del régimen en el plebiscito de 1988. Durante su carrera ha aplaudido en varias ocasiones el legado neoliberal del pinochetismo.

Hasta ahora, el primer y único presidente de derecha en Chile desde el retorno a la democracia había sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

Con la gran promesa de formar un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, el abogado ultracatólico y padre de nueve hijos colocó la seguridad y el orden público en el centro de la discusión electoral. Según su programa, blindará la frontera norte con vallas y zanjas, construirá cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico y endurecerá las penas para cualquier delito, entre otras.

Tras su victoria, ha afirmado que “quien no cumpla la ley, va a recibir todo el peso de esa ley”, advirtiendo de que “los padres tendrán que responder por los daños que provoquen sus hijos”. Ha dicho que su victoria “no es la meta, sino el punto de partida”, desde el cual los cambios que propone empezarán a aplicarse “de inmediato”, pero frente a las expectativas que puedan tener los votantes, les ha advertido de que “los resultados no se verán al día siguiente”.

Con el triunfo de Kast, Chile se suma a la ola de gobiernos ultraderechistas del mundo y de la región, consolidando un nuevo polo en Sudamérica, junto con la Argentina de Javier Milei y con la mano tendida a Donald Trump. Pese a tener agendas muy parecidas, el tono y las formas del ultra chileno son menos agresivas y confrontacionales que las de estos otros mandatarios del continente. Su perfil es más parecido al de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de quien se ha declarado admirador, o al de la francesa Marine Le Pen.

Meloni ha felicitado a Kast por su victoria a través de un mensaje en X: “Felicito a mi amigo José Antonio Kast por el gran éxito obtenido en las elecciones presidenciales de Chile”. “Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más”, ha afirmado la primera ministra.

En el continente americano, Milei ha expresado su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien ha calificado de “amigo”, y ha asegurado que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”. Desde las antípodas del espectro político, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha felicitado a Kast y le ha deseado “mucho éxito”, reafirmando el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido de que “vienen los vientos de la muerte” a América tras la victoria de Kast, afirmando que “el fascismo avanza” y que él jamás le dará la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”, comparando el ganador de las elecciones en Chile con la figura de Pinochet.

Desde Washington, el secretario de Estado de Donald Trump ha felicitado a Kast en un comunicado y se ha mostrado convencido de que, bajo su liderazgo, “Chile va a avanzar en prioridades compartidas, que incluyen fortalecer la seguridad pública, poner fin a la inmigración ilegal y revitalizar la relación comercial con EEUU”.

Kast recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de parte del mandatario saliente, Gabriel Boric, que por ley no pudo presentarse a la reelección. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ya anunció hace días que el Gobierno de Kast incorporará a ministros de la coalición de la derecha tradicional, Chile Vamos, que lo ha apoyado en estos comicios, pero está por ver si se sumará también el ultraderechista radical Johannes Kaiser, quien tras perder la segunda vuelta hizo campaña por Kast, pero no ha aclarado si quiere integrar el próximo Ejecutivo chileno. 

Si los pronósticos de las encuestas se cumplen, Chile elegirá este domingo al primer presidente de ultraderecha desde el retorno a la democracia. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, llega como favorito según todos los sondeos, por delante de la candidata progresista, la exministra Jeannette Jara, quien ganó la primera vuelta con el 26%, al frente de la coalición más amplia de la historia del país, pero con escasas posibilidades de suceder a Gabriel Boric, que dejará La Moneda el próximo 11 de marzo.

Kast, que intenta por tercera vez llegar a la presidencia y quedó segundo en noviembre con el 23,9% de votos, superaría ahora el 50% gracias al apoyo de la extrema derecha más radical del excandidato Johannes Kaiser y de la derecha tradicional de Evelyn Matthei, que, tras quedar en cuarto y quinto lugar en la primera vuelta, se apresuraron a respaldar al ultraconservador. Aunque el traspaso de votos nunca es exacto, el escenario para Jara es complejo: solo puede intentar captar los indecisos del populista de derecha Franco Parisi, tercero con el 19% de votos.

Todos los expertos coinciden en que el escenario es muy favorable para Kast, exdiputado de la derecha tradicional más conservadora que abandonó para fundar su propio partido, más radical. Creen que será difícil que Jara logre revertir el llamado “péndulo chileno”, una tendencia que se repite desde 2006 basada en que ningún mandatario chileno ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Orden público y migración, en terreno de la derecha

La recta final de la campaña presidencial –en la que ambos candidatos han ido escalando la confrontación– ha mantenido el foco en la seguridad, el orden público y el control migratorio, que la ciudadanía sitúa como sus principales preocupaciones.

Los dos candidatos están peleando la misma agenda

Claudia Heiss — Red de Politólogas

“La derecha tiene la primera opción de ganar cuando la discusión se juega en esos temas”, dice a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Según él, “ha sido la campaña menos woke (algo así como progre) posible”. Para Claudia Heiss, de la Red de Politólogas, “los dos candidatos están peleando la misma agenda”.

Pese a su histórica militancia en el Partido Comunista chileno (PC), que aseguró que suspendería en caso de ser electa como señal de “amplitud”, Jara “no ha hecho una campaña de bandera roja, el martillo y la hoz, ni de la bandera verde del feminismo, ni de la diversidad sexual”, afirma Bellolio, quien sostiene que Boric, en 2021, “estaba mucho más a la izquierda”.  

Las anteriores elecciones, en las que Kast ganó la primera vuelta, “estuvieron muy marcadas por la agenda del estallido social, de la sensación de abusos, de la colusión, de las demandas sociales”, recuerda Heiss. 

Tras el fracaso de los dos procesos constituyentes de 2022 y 2023 –el primero liderado por la izquierda e independientes y el segundo por la ultraderecha de Kast– la mayor ola de protestas desde la democracia fue “estigmatizada” y marcada como un “momento de delincuencia y destrucción”, dice la politóloga. “Se construyó un relato que vinculó el estallido social con la crisis posterior de la pandemia, la economía y la delincuencia”, agrega. La alternativa que se intentó construir –dice– “no prosperó” y en su lugar se consolidó “una mirada mucho más conservadora y preocupada de la estabilidad y la seguridad”. 

Dos supuestos extremos “moderados”

Si Jara optó por jugar en el terreno de la derecha y mostrar firmeza en materia de seguridad, Kast trató de evitar los temas de la llamada “batalla cultural”, como el aborto o la eutanasia, y eludió hablar de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) pese a su historia familiar y política. Su hermano fue ministro del dictador y él apoyó la continuidad del régimen en el plebiscito de 1988. Durante su trayectoria política, ha defendido en varias ocasiones el legado neoliberal del pinochetismo.

“Kast no ha mencionado los temas más disruptivos para él porque en la elección pasada le quitaron votos”, apunta Heiss. 

Para Bellolio, ambos candidatos “se han moderado”. En su opinión, hoy existe una “polarización afectiva,” pero no necesariamente “ideológica o programática”, y hay “mayor convergencia entre las dos candidaturas pese a venir de las antípodas”.

¿Protagonismo de nulos y blancos?

Una de las grandes incógnitas de esta cita electoral es el voto nulo o blanco, que podría marcar un récord en la historia electoral del país. Parisi llamó a apostar por una de estas dos opciones tras una polémica consulta a su militancia.

Aunque Chile tiene una baja tendencia al nulo o blanco, la obligatoriedad del voto –que se aplica por primera vez en una segunda vuelta presidencial– elimina la abstención como posible respuesta para el votante desencantado. 

“Es una apuesta arriesgada porque, si los votos nulos o blancos son menores de lo esperado, estaríamos ante un electorado que no obedece a su líder natural”, apunta el sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile Octavio Avendaño.

“Derechización de la derecha”

Una victoria de Kast modificaría el mapa de alianzas regionales con la Argentina de Javier Milei y Chile como principales polos de la extrema derecha en Sudamérica, alineados con El Salvador de Nayib Bukele y Donald Trump en Estados Unidos, dispuesto a restaurar su dominio regional tras años de desinterés.  

Para la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López, la gran pregunta es “cómo ambos candidatos se posicionarán frente a Estados Unidos y China”, un asunto poco presente en la campaña y que, afirma, “no es evidente en ninguna de sus agendas”.

Son los votantes del sector de la derecha quienes se están moviendo hacia el extremo porque la aparición de una ultraderecha más dura radicaliza las posturas

Cristóbal Rovira — Politólogo de la Universidad Católica de Chile

A su juicio, el posible triunfo de Kast se relaciona más con un “castigo” del electorado por el “descontento socioeconómico acumulado, expectativas incumplidas, inseguridad ciudadana o crisis migratorias” que con una “derechización” de Latinoamérica. Cree que se han visto ejemplos similares con el peronismo y Milei en Argentina, el uribismo y Petro en Colombia, o con los procesos de continuidad que han vivido México o El Salvador.

Para Cristóbal Rovira, politólogo de la Universidad Católica, hay una “derechización de la derecha” empujada por la competencia interna: “Son los votantes de ese sector quienes se están moviendo hacia el extremo porque la aparición de una ultraderecha más dura radicaliza las posturas”, dice el experto en este espectro político.

Congreso fragmentado

Uno de los desafíos para el próximo presidente o presidenta será lidiar con un Congreso muy fragmentado y con mayoría de derecha, aunque insuficiente como para evitar negociaciones.

“Ni la izquierda ni la derecha tienen una mayoría aplastante para pasar la aplanadora a la otra”, señala Heiss. Ante un gobierno de extrema derecha que “quizá quiera imponer algunas medidas radicales”, el Parlamento podría actuar “como un factor moderador”, vaticina. Sin embargo, la alta presencia de independientes, la fragmentación y la indisciplina partidaria hacen que las votaciones sean difíciles de anticipar.

El nuevo Congreso asumirá sus funciones en marzo, el mismo día en que lo hará quien sea electo en los comicios de este domingo. 

José Antonio Kast no fue el candidato más votado en las elecciones presidenciales chilenas, pero es el que más posibilidades tiene de conseguir la presidencia. Todos los análisis publicados tras la primera vuelta del domingo señalan al aspirante de la ultraderecha como el mejor posicionado. Por razones diversas, pero sobre todo por un simple ejercicio matemático: Jeannette Jara, la apuesta de la izquierda, no ha alcanzado ni siquiera el suelo de votos que dibuja la aprobación del presidente Gabriel Boric (más del 32%) mientras que las derechas sumadas aglutinan la mitad de los votos. 

¿Quiere decir esto que la sociedad chilena se ha derechizado? ¿Chile puede convertirse en un escalón más en el avance de las opciones de extrema derecha en América Latina? De concretarse el giro conservador, Chile se convertiría en el sexto país sudamericano en elegir un presidente de derechas, siguiendo el camino de Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y, más recientemente, Bolivia. Kast se sumaría a los grandes referentes ultras del continente por debajo de los Estados Unidos de Donald Trump: el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Para Franco delle Donne, experto en el tema y autor del libro Epidemia ultra, lo que muestran estos comicios claramente es una normalización de la extrema derecha. “Y no solo en términos de definir la agenda, dominar el discurso o reapropiarse de conceptos como la libertad, las buenas costumbres, el sentido común”, sino también ampliando el espectro con una opción incluso más a la derecha que Kast, al menos en el plano discursivo. 

Pero la división de la derecha no le resta a Kast. Al contrario: tanto Kaiser como Evelyn Matthei, representante de la UDI, el ala más tradicional de ese espectro, anunciaron de inmediato su apoyo al candidato del Partido Republicano, lo que le deja de facto a las puertas de La Moneda.

El efecto Kaiser

La candidatura del libertario Johannes Kaiser, más dura y vociferante, consiguió el 13,9% de los votos. Pero sobre todo permitió a Kast ocupar un lugar más moderado, ampliando su base electoral. “Kaiser era un candidato mucho más cercano al perfil de Javier Milei”, reflexiona Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute en Chile. “Kast, en cambio, pudo explotar una imagen que desde el populismo se acerca más a un nacionalismo de tipo cívico, vinculado a la idea de patriotismo. Y eso se vio en sus constantes apelaciones a los ‘chilenos de bien”, sostiene Zanotti. 

Los partidos de la derecha son conscientes de que están ante una oportunidad histórica

Soledad Vallejos — Autora del libro Los dueños de la libertad, sobre el libertarismo en Latinoamérica

“Kast se melonizó –apunta Delle Donne– ofreciendo una derecha de buenos modales”. “En un sentido estricto, los republicanos y los libertarios tienen objetivos similares, pero al aparecer un político aparentemente más radicalizado, más bestial, el cerebro necesariamente los ordena y coloca a alguien como Kast en un lugar más moderado”, señala. 

Estratégicamente, Kast evitó en campaña entrar en temas sociales que pudieran generar rechazo, y se centró en dos ejes muy transversales: la economía y la seguridad. “Aquí está claro que tiene una ventaja comparativa frente al progresismo, al que le resulta un tema más difícil de abordar”, explica Soledad Vallejos, autora del libro Los dueños de la libertad, sobre el libertarismo en Latinoamérica. 

Jara, una opción que no convence 

“Kast tiene todas las de ganar”, defiende Vallejos, que apunta a la falta de una alternativa potente desde la izquierda. “La derecha es la única que está ofreciendo algo distinto en este momento, porque hace tiempo que no gobierna en su expresión más franca”, analiza. 

“Cuanto más se radicaliza el discurso, más se polarizan las elecciones”, explica Delle Donne. Y en este terreno el progresismo y los discursos más elaborados y abstractos tienen menos efecto. Los dos coinciden en que desde la izquierda se peca muchas veces de minimizar el potencial de la estrategia ultra: “Lo desestimas y le haces el vacío, pero al final el relato que prevalece es el otro”. 

A esa polarización se suma la situación particular de Chile, donde por ejemplo “el pinochetismo sigue siendo una opción, y no vergonzante”, apunta Vallejos. Llamativamente, lo que sí puede generar rechazo en ciertos votantes es que la candidata de la izquierda pertenezca al Partido Comunista. “Creo que hay gente que se identifica con la izquierda que no quiso votar a Jara, y que el anticomunismo puede tener que ver”, defiende Zanotti. 

Para ella, recuperar ese voto es “muy difícil”, pero Jara puede intentarlo “jugando con el miedo a la ultraderecha, y hablando de cuáles son efectivamente las políticas de estos partidos”. Porque Kast ha dicho muchas veces que si llega a la presidencia va a eliminar la ley de supuestos que permite abortar, y ha hecho declaraciones contra las minorías.

El mensaje de la mano dura frente a la inseguridad –aunque Chile sigue siendo uno de los países con menos criminalidad de la zona– es fácil de entender. “Es visceral”, resume Vallejos. Por eso Zanotti apuesta por un discurso en el que se ponga sobre la mesa que lo que está en juego no son solo los derechos de los migrantes venezolanos para los que Kast plantea deportaciones masivas, sino los de muchos votantes: “Tiene que ir a por los votos de Parisi, que son los únicos que están poco definidos”.

La sorpresa de Parisi

Si los resultados de Kaiser fueron similares a los que señalaban las encuestas y los de Jara destacaron por ser más bajos de lo esperado, los de Franco Parisi resultaron la sorpresa de la noche. El Partido de la Gente se convirtió en la tercera fuerza con el 19,7% de los votos y un discurso indefinido desde el punto de vista ideológico pero “muy antisistema”. 

“Es curioso porque estas fuerzas desconfían de la política tratando de conseguir puestos políticos”, apunta Vallejos. Y Delle Donne coloca este fenómeno dentro de la lógica de las nuevas derechas de outsiders rupturistas frente a una caída en picado de la derecha “liberal, mainstream y democrática”. Son fuerzas nuevas capaces de “capitalizar el descontento, como hemos visto en muchos casos en Europa en los últimos años”, explica. 

El caso es que Kast tiene la oportunidad de contar con un capital político pocas veces visto en la historia del país, porque los comicios han sido también muy favorables a la derecha en el poder legislativo. 

En cualquier caso, Chile no es un caso aislado, sino que se inscribe en un panorama –cuando menos– continental que camina hacia las derechas extremas. “Hay redes transnacionales que operan desde hace años en el continente y en un ida y vuelta con España, y se están empezando a ver los resultados. Sin ir más lejos, el hermano de Johannes Kaiser, Axel, es un habitual en ciertos foros en Argentina: es miembro de la Fundación Faro y trabaja con la Fundación Libertad y Progreso, ambas muy cercanas al presidente Javier Milei. Hay diálogos que están impulsando estas dinámicas que llevan al menos dos décadas, y se están fortaleciendo”, explica la experta, que aborda este tema en su último libro. 

“Los partidos de la derecha son conscientes de que están ante una oportunidad histórica”, sugiere Vallejos. De ahí el apoyo evidente de Kaiser y Matthei a Kast. “Una vez que llegas al poder puedes pelearte por el rincón que quieres ocupar. Pero primero hay que llegar”. 

El resultado de esta estrategia se verá en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Las credenciales ultras de José Antonio Kast le vienen de familia. Su hermano Miguel fue el primer ministro civil a las órdenes de Augusto Pinochet. Su padre, Michael Kast (Alemania, 1924-Chile, 2014) militó en el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, como reveló una investigación de la agencia Associated Press (AP). Y Kast, la gran figura de la ultraderecha en Chile, y quien disputará la presidencia con la progresista Jeannette Jara en segunda vuelta, no es alguien que viva a disgusto con el pasado.

Tras el revuelo mediático que causó la noticia de AP en 2021, Kast acabó reconociendo la presencia de su padre en las filas de Adolf Hitler, pero dijo que lo hizo “obligado por las circunstancias”. Con la dictadura chilena ha tenido menos remilgos: en una entrevista llegó a afirmar que si Pinochet estuviera vivo, lo votaría, y ha defendido públicamente a un miembro del Ejército condenado a más de 800 años de cárcel por secuestros y desapariciones. 

Admirador de Donald Trump y Javier Milei, Kast (Santiago de Chile, 1966) ha cultivado sin embargo un perfil muy diferente, de hombre firme pero dialogante, una fuerza transformadora que sin embargo busca devolver el país a un orden perdido y –de paso– a las buenas costumbres. Quizá tenga que ver con que, a diferencia del magnate estadounidense o el tertuliano argentino con ínfulas de estrella de rock, Kast no es un outsider de la política. Muy al contrario. 

Militó desde muy joven en la Unión Demócrata Independiente (UDI), precisamente defendiendo el legado pinochetista y los valores tradicionales. Fue concejal de 1996 hasta el año 2000, y en 2002 ganó una banca en el Congreso como parte de la Alianza por Chile. Desde allí hizo oposición sobre todo a los Gobiernos de Michelle Bachelet, con iniciativas centradas en la oposición al aborto y en su obsesión y caballo de batalla: la seguridad. Sin embargo, las malas lenguas lo señalan por aquellos años como un diputado con escasa asistencia y aún menor actividad. 

Las derrotas que suman

Cuanto más se instalaba como referente de la derecha, más se alejaba Kast de la UDI, que acabó abandonando en 2016 para fundar el Movimiento de Acción Republicana y en 2019 el Partido Republicano, que agrupa a veteranos militantes derechistas e independientes. Si en 2017, cuando se presentó a las presidenciales como independiente, sorprendió con casi el 8% de los votos, en las de 2021 ya se alzaba con el 28% en primera vuelta, forzando un balotaje que perdió ante Gabriel Boric. “La tercera es la vencida” ha sido su muletilla esta campaña. 

Lo cierto es que Kast ha ido ganando incluso con las derrotas. Por ejemplo, la del plebiscito de 2020 sobre el proceso constituyente, cuando defendió conservar la Carta Magna de Pinochet. Y el de 2022, en el que propuso una Constitución ultraconservadora que fue rechazada. Alrededor de estos ‘tropiezos’ democráticos Kast ha ido forjándose como líder frente a una derecha desdibujada.

Este licenciado en Derecho por la Universidad Católica, que pertenece a la élite económica del país –y también a la élite política– ha aprovechado el descontento social y el desgaste de los partidos históricos con un discurso antiestablishment. Un discurso similar al de Milei o Trump, pero atravesado por valores tradicionales y conservadores. “Él habla de sí mismo como ‘la derecha original’, y desprecia al resto con un discurso parecido al de la ‘derechita cobarde’ de Vox en España”, resume Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute y experta en nuevas derechas latinoamericanas. 

La familia como eje y el comodín de la seguridad 

Kast es un hombre tradicional. Viste formal, habla con corrección y en tono pausado, y su familia es casi un calco de aquella en la que se crió como el menor de diez hermanos. Tras combatir como teniente de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler, aquel militante forzoso del partido nazi llamado Michael Kast consiguió salir de Alemania en los años 50 y emigrar a Chile, donde hizo fortuna con una fábrica de embutidos. Su benjamín, José Antonio, tiene a su vez nueve hijos y pertenece a un grupo ultracatólico de raíces alemanas llamado Schöenstatt, uno de los que estaba en la mira del papa Francisco, como el Sodalicio y el Opus Dei.

En la campaña de 2021, el candidato jugó fuerte su carta conservadora. Proponía derogar la ley de supuestos que permite abortar en caso de riesgo para la salud de la madre, del feto o por violación, se oponía al matrimonio igualitario y aseguraba que eliminaría el Ministerio de la Mujer. “Kast ha entendido que casi la mitad de la población de Chile está concentrada en Santiago, y que la gente de las zonas metropolitanas es menos conservadora, por eso ha ido moderando su discurso en cuestiones sociales para centrarse en un asunto transversal: el de la seguridad”, analiza Zanotti.  

De hecho, en el último debate Kast rehuyó prácticamente cualquier tema que no tuviera que ver con economía o seguridad. Evitó contestar sobre aborto o derechos de los homosexuales, y esquivó la pregunta sobre los crímenes de la dictadura: “Hoy en día se violan los derechos humanos de miles de personas, de 40.000 personas que mueren al año esperando una lista de espera (...) Lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos”, aseguró.

Y el principal problema que perciben los chilenos es precisamente el de la seguridad. El 63% piensa que es el principal, según una encuesta de Ipsos, lo que revela un nivel de preocupación mayor que en México (59%) o Colombia (45%), pese a que ambos tienen tasas de homicidios cuatro veces superiores. “Aunque la situación del país no tan mala como en otros puntos de América latina, sí que ha empeorado comparativamente respecto a hace algunos años”, reconoce Zanotti. La llegada de grupos criminales vinculados al narcotráfico le ha permitido a Kast vincular la delincuencia a la inmigración, desplegando un discurso nacionalista y xenófobo. Incluso llegó a decir que apoyaría una invasión de Estados Unidos a Venezuela para luchar contra el narco. Su propuesta se resume en la lucha implacable contra el crimen y los indocumentados, a los que ha advertido que como “entraron por la ventana” deben “salir del país” cuanto antes. 

Kast promete mano dura y más margen de acción a la policía. Además, defiende el derecho a poseer armas –de hecho, ha asegurado tener una en casa–. Una idea polémica que entusiasma a casi un 54% de los que se reconocen como posibles votantes del utraderechista, tal y como recoge el estudio sobre Democracia y Derechos Humanos de Cristóbal Rovira Kaltwasser publicado en 2024.

El de la seguridad es un asunto capaz de acercar a José Antonio Kast finalmente al Palacio de la Moneda, y él es muy consciente de ello. Por eso lo explota al máximo, y lo envuelve en la lógica y la escenificación del miedo. “No le temo a nada, pero sí los delincuentes tienen que tenerle miedo a un Gobierno de emergencia nuestro”, dijo tras su cierre de campaña. El discurso lo pronunció detrás de un cristal blindado. 

La candidata progresista Jeannette Jara gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile seguida muy de cerca del aspirante ultraderechista José Antonio Kast. Jara, con un 26,8% de los votos, tiene algo más de dos puntos de ventaja sobre Kast (23,9%).

Tal y como pronosticaban las encuestas, Jara gana la contienda, pero sin los votos suficientes para evitar una segunda vuelta, en la que se enfrentará con Kast, líder de la extrema derecha más tradicional, el 14 de diciembre. En tercer lugar, queda Franco Parisi, populista de derechas, con un 19,7%, cuyos votos serán de gran importancia para la segunda vuelta. El presidente, Gabriel Boric, ha felicitado a ambos candidatos y ha deseado suerte a los dos.

Johannes Kaiser, que encabeza el sector más radical de la extrema derecha y amenazaba a Kast por el segundo lugar en las encuestas, queda en cuarta posición (13,9%); y Evelyn Matthei, conservadora, ocupa la quinta posición con un 12,5%. Sin embargo, sus votantes serán decisivos para la elección del próximo presidente de Chile y ambos han trasladado públicamente su apoyo a Kast en el desempate del próximo mes. Sumando sus porcentajes al de Kast, el ultraderechista superaría el 50%.

Jara lidera una inédita coalición de fuerzas progresistas, la más amplia de la historia chilena. Por primera vez, una militante comunista se impone en la primera vuelta de unas presidenciales, lo que significa, en cierta medida, un triunfo para su partido en un país donde el anticomunismo es visible y vigente. La presidenciable ha señalado que, de ser electa, “suspenderá o renunciará” al partido como señal de que representa a “una coalición mucho más amplia”.

Exministra del presidente Gabriel Boric, de 51 años y militante histórica comunista, Jara propone, entre otras medidas, fortalecer el control de las armas de fuego y levantar el secreto bancario para seguir la ruta del crimen organizado. Para rebajar “el costo de la vida”, propone el llamado “sueldo vital” de 750.000 pesos (unos 695 euros), una de sus propuestas estrella, con aumentos graduales del sueldo mínimo (hoy en 529.000 pesos) y transferencias directas a los trabajadores; y un “hipotecazo”, destinado a jóvenes de hasta 40 años para optar a una primera vivienda. 

Kast, de nuevo a por La Moneda

Kast, que intenta por tercera vez llegar a La Moneda, se enfrenta al escenario opuesto al de hace cuatro años, cuando ganó la primera vuelta presidencial, pero perdió el cara a cara contra Boric. Fue la primera vez en Chile que quien ganó la primera convocatoria no llega a la presidencia.  

El exdiputado, de 59 años y líder del Partido Republicano, propone un polémico recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio, aunque a pesar de las preguntas de la prensa no ha detallado la fórmula para concretarlo. También quiere instalar cárceles de máxima seguridad y aislamiento para líderes del narco, endurecer las penas para miembros del crimen organizado y financiar unos 2.000 vuelos para deportar migrantes en situación irregular a sus países de origen. 

Era la primera vez desde el retorno a la democracia que dos candidatos competitivos de extrema derecha tenían opciones de pasar a segunda vuelta. La alianza de las dos ultras y la derecha tradicional, sumada a parte de los votos de las otras cuatro candidaturas (de un total de ocho), será fundamental en el duelo del próximo mes, coinciden los expertos. La sorpresa respecto a las encuestas la ha dado Parisi, que repite el escenario de 2021, cuando también quedó tercero y desplazó por primera vez a la derecha tradicional.

A partir de este lunes, se abre un nuevo período de campaña electoral (la propaganda iniciará 15 días antes) para que tanto Jara como Kast relancen sus respectivas candidaturas de cara a la segunda vuelta, que se prevé muy polarizada. Desde 2006, ningún presidente ha sido relevado por un sucesor de su misma línea política y el poder ha oscilado entre el centroizquierda (o izquierda en el caso de Boric) y la derecha, como un péndulo.

Más de 15,6 millones de personas estaban llamadas este domingo a elegir al sucesor de Boric, que no puede optar a la reelección y entregará el mando en marzo de 2026. Estas han sido las primeras presidenciales con voto obligatorio.

Chile vota este domingo en unas elecciones presidenciales inéditas entre ocho candidatos en las que por primera vez desde el retorno a la democracia dos aspirantes de ultraderecha –José Antonio Kast y Johannes Kaiser– compiten contra la coalición de fuerzas progresistas más amplia de la historia chilena, encabezada por la comunista Jeannette Jara. También es la primera vez que el voto es obligatorio.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric, que no puede optar a la reelección y entregará el mando en marzo de 2026. De los ocho candidatos, solo cuatro tienen posibilidades reales de alcanzar la segunda vuelta, un escenario casi seguro, porque ninguno supera el 50% de apoyo en los sondeos.

La exministra Jara, histórica militante comunista que representa a todas las fuerzas de centroizquierda e izquierda, desde los democristianos hasta los comunistas; y el ultraderechista Kast, líder de la extrema derecha más tradicional que busca la presidencia por tercera vez, son quienes –según las encuestas– tienen más posibilidades de disputar la segunda ronda. Sin embargo, Kaiser, que lidera el sector más radical de la extrema derecha, sigue de cerca a Kast y amenaza con desplazarlo. El gran interrogante de la jornada será cuál de los dos ultras consigue el segundo puesto para enfrentar a Jara en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En cuarto lugar quedaría la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, exalcaldesa y heredera política del expresidente Sebastián Piñera, fallecido en 2024. Aunque comenzó la carrera electoral muy bien posicionada, su candidatura fue perdiendo fuerza a medida que ha ido avanzando la carrera.

Una comunista frente a dos ultras

Jara ganó en junio las primarias presidenciales con el 60% de los votos contra Carolina Tohá, otra exministra de Boric, perteneciente al ala más moderada. Su victoria representó uno de los mayores triunfos electorales del Partido Comunista chileno (PC), aunque paradójicamente, para su partido –en el que milita desde los 14 años–, ella nunca fue su carta principal. El PC tampoco ha mostrado un respaldo incondicional a su candidatura: la dirección ha emitido comentarios que han incomodado a Jara y ha exhibido diferencias con ella, como cuando dijo que en Cuba hay presos políticos y el presidente del partido, Lautaro Carmona, la contradijo públicamente.

Hace poco anunció que, de ganar, “suspenderá o renunciará” al partido como señal de que representa a “una coalición mucho más amplia”.

“Ser militante comunista en una candidatura unitaria le ha generado problemas, se lo echan en cara y por eso ella intenta despegarse, en la medida que puede, del partido”, explica a elDiario.es Federica Sánchez, politóloga de la Universidad Alberto Hurtado. 

El votante obligado cree menos en la democracia y es un poco más conservador

Cristóbal Huneeus — Director del portal de análisis Chile Decide

Para el politólogo Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, ser la candidata única de un bloque tan amplio “es su mayor ventaja”, pero a la vez representa a un oficialismo “con baja aprobación” y “cuestionado” por falta de avances en crecimiento económico, empleo y seguridad. Eso –dice– se “traslada” a su candidatura, “por más que intente distanciarse del Gobierno”, como ha hecho en varias ocasiones.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia chilena que hay dos candidatos competitivos de ultraderecha con opciones de pasar al cara a cara del próximo mes. Kast, que en 2021 ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda vuelta contra Boric, se ha mostrado más moderado de lo habitual en su campaña, en parte, por estrategia, y en parte, porque Kaiser, que se sitúa como una fuerza emergente, lo ha desplazado del extremo de la derecha. 

Tras unos años como influencer en Youtube, Kaiser fue electo como diputado del Partido Republicano de Kast, en 2022, pero se apartó de la formación a raíz del segundo proceso constituyente, que fracasó bajo el liderazgo de los republicanos.

Voto obligatorio

Un factor determinante y que añade un mayor grado de incertidumbre a estas elecciones es el voto obligatorio. Aunque ya se aplicó de forma excepcional en los plebiscitos (2022 y 2023), estas serán las primeras presidenciales en las que rija plenamente. Los últimos mandatarios fueron elegidos con una participación de unos siete millones de votantes, la mitad del padrón electoral.

Los expertos coinciden en que la participación voluntaria favorecía a la centroizquierda, mientras que la obligatoriedad beneficia más a la derecha. “El votante obligado cree menos en la democracia y es un poco más conservador”, dice Cristóbal Huneeus, director del portal de análisis de datos electorales DecideChile. 

Quienes no acudan a las urnas se arriesgan una multa de entre 30 y 100 euros, salvo los extranjeros habilitados para sufragar, que quedan exentos de la penalización. Más de 880.000 migrantes –el 5,6% del padrón electoral– podrán votar en la primera vuelta. “El voto migrante suele anclarse en la centroderecha o la derecha y será un voto de castigo al actual Gobierno”, dice Jaime Abedrapo, politólogo de la Universidad de San Sebastián. Para Mireya Dávila, de la Universidad de Chile, este electorado será especialmente relevante en la Región Metropolitana y en el norte del país.

La seguridad, el gran tema de campaña

La seguridad pública ha dominado la campaña: todas las candidaturas sin excepción han puesto énfasis en la materia, que hoy es la principal preocupación de la ciudadanía. Kast, Kaiser y Matthei la han relacionado siempre con la migración –echando mano de casos mediáticos y pese a que las cifras no demuestran este vínculo–. Sus propuestas en este sentido van desde el despliegue militar en la frontera o cárceles en el desierto, hasta minas antipersonas o el trabajo forzado en las prisiones. Jara, por su parte, ha apostado por la prevención y propone levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado.

La economía y el desempleo también han sido temas centrales, otros asuntos que también inquietan a los chilenos. En cambio, los derechos sociales –protagónicos en el estallido social de 2019– y otros valores como los derechos humanos y el aborto quedaron relegados.

Excepto Jara, los otros tres candidatos justifican, en mayor o menor medida, la dictadura de Augusto Pinochet. Tanto Kast como Matthei son, además, familiares directos de altos cargos del régimen. Durante la campaña, Kast ha evitado a toda costa referirse al tema y Matthei ha caído en contradicciones e incoherencias. Kaiser, en cambio, ha elogiado abiertamente al dictador y ha dicho que apoyaría “sin dudas” un nuevo golpe de Estado “con todas las consecuencias, lamentablemente”.

“Cansancio electoral”

Esta será la decimoquinta votación que Chile celebra desde las protestas de 2019, entre plebiscitos, primarias abiertas, municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales. “Hay una suerte de cansancio electoral”, dice Abedrapo.

Además de la presidencia, los electores escogerán también la mitad del Senado y la toda la Cámara de Diputadas y Diputados. La composición del Congreso será otra clave de la jornada, porque de sus integrantes dependerá la viabilidad del programa de quien ocupe el sillón presidencial a partir de marzo.

Cuando faltan tres meses para las elecciones presidenciales de Chile y con las candidaturas ya inscritas en el Servicio Electoral (Servel), la batalla principal –que se presume intensa y muy peleada– se disputa entre la ultraderecha de José Antonio Kast y la candidata continuista del Gobierno, la exministra Jeannette Jara, que por primera vez representará a toda la izquierda, centroizquierda y a los democristianos.

Los comicios de noviembre, en los que por primera vez desde el retorno a la democracia competirán dos partidos de extrema derecha, avecinan una campaña polarizada entre dos proyectos políticos radicalmente opuestos.

“Esta elección es distinta a otras porque tiene candidaturas fortalecidas en los extremos y con alto apoyo de la ciudadanía, que se ha apartado de sus preferencias más moderadas y de centro que caracterizaron a la política chilena hasta hace menos de una década”, dice a elDiario.es la politóloga de la Universidad de Chile María Cristina Escudero.

Jara, de 51 años, ganó las primarias presidenciales de junio y dejó atrás a la también exministra Carolina Tohá, la opción más socialdemócrata, y al diputado Gonzalo Winter, abanderado del Frente Amplio, donde milita el actual presidente, Gabriel Boric.

Desde entonces, a Jara se le ha visto en sus redes luciendo sus “outfits de la semana”, mostrando lo que lleva en su bolso de mano o preguntándose qué piensa Google de ella en lo que ha sido una campaña “más lúdica y menos ideológica”, dice a elDiario.es la politóloga de la Universidad de Concepción Jeanne Simon.

Unidos contra Kast

A diferencia de otros líderes comunistas, Jara es percibida como una figura cercana y menos dogmática. Se ha distanciado de su partido en cuestiones sensibles como la defensa de Cuba o Venezuela y en su primera versión de programa ha excluido el aborto sin causales para no incomodar a los socios más conservadores de su nueva coalición: “Es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une. Y en temas valóricos hay una diferencia con la Democracia Cristiana (DC)”, ha explicado Jara.

“La Democracia Cristiana actuará como moderador de las expectativas del Partido Comunista (PC), lo que puede presentar problemas para la nueva coalición al momento de fijar su programa de gobierno”, sostiene Escudero. Para Rodolfo Disi, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, “el temor a una eventual victoria de Kast actúa como un fuerte factor aglutinador dentro de la coalición”, y coincide en que “será difícil” elaborar propuestas “que satisfagan por igual” a todo ese arco político. “Será una coalición más motivada por la contingencia –añade– que por puntos compartidos más profundos”.

Abogada y exsubsecretaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), con quien se la compara a menudo, su nombre empezó a despegar durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo por la capacidad de negociación que demostró en la tramitación de leyes clave para este Gobierno, como la reforma de las pensiones, la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas o el aumento del salario mínimo.

“Jara, en su campaña, ha tratado de rebajar la influencia del Partido Comunista, ha bajado las barreras de entrada a su candidatura al presentarse como una socialdemócrata y pragmática que es capaz de alcanzar acuerdos con la derecha, como demostró en la reforma previsional”, explica a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Kast, “más moderado” y “estadista”

Kast, que por tercera vez intentará llegar a La Moneda y perdió la segunda vuelta con Boric en 2021, rivaliza con Jara por la primera posición en las encuestas, por lo que la ha convertido en su principal adversaria política en esta carrera presidencial. “Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric, de las mentiras, de la incompetencia”, dijo durante el lanzamiento de su campaña el lunes, desde Antofagasta, al norte del país.

Exdiputado ultracatólico de 59 años, es muy cercano al mandatario argentino, Javier Milei, y al líder de Vox, Santiago Abascal. También es seguidor de Donald Trump y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y del modelo neoliberal instaurado en ese período.

En la derecha y sus extremos han proliferado las opciones, pero no han alcanzado la unidad. Desde la derecha tradicional y el centro se presenta la exalcaldesa Evelyn Matthei que, eclipsada por Kast, está quedando atrás en las encuestas. También está la extrema derecha de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario-PNL), más radical e irreverente que la de Kast; y el populista liberal Franco Parisi (Partido de la Gente-PDG), que apunta a los desencantados de la política y quedó tercero en la primera vuelta de 2021.

“Hoy existe un nicho más grande de ultraderecha que ocupa Johannes Kaiser, lo que le permite a Kast no tener que representar directamente todo ese espectro (al menos en primera vuelta)”, dice a elDiario.es Disi. En su opinión, tras los “malos resultados” de 2021, sobre todo con las mujeres jóvenes, Kast “ha optado por no enfatizar los aspectos de su agenda que pueden percibirse como antiderechos”.

“La existencia de Kaiser le ha permitido a Kast posar de estadista”, opina Bellolio. Según él, protagoniza una campaña “más moderada” que hace cuatro años: “Ha evitado entrar en peleas por cuestiones que tienen que ver con la memoria de la dictadura porque entiende que ese público ya lo tiene en el bolsillo y que ahora debe pensar cómo romper el techo de cristal, especialmente con las mujeres jóvenes”.

Un voto mucho más volátil

Más de 15 millones de chilenos estarán obligados a votar el 16 de noviembre en un escenario incierto porque, por primera vez desde 2012, el voto será obligatorio en unas elecciones presidenciales. Según los expertos, se desconoce la preferencia del 40% del padrón electoral porque se trata de electores nuevos tras la reposición del voto obligatorio.

“Estos votantes suelen tener una identidad partidaria muy baja y eso hace que su voto sea mucho más volátil”, apunta Simon. Los analistas entrevistados coinciden en que este colectivo aporta un “voto protesta o destituyente” con el que “quieren mandar un mensaje de bronca contra el establishment y la clase política”.

“Hoy quien está en la posición desafiante de mandar ese mensaje de molestia contra los gobernantes es la derecha, pero eso no significa que el nuevo votante sea de derecha, porque el día de mañana, si es que llegara a gobernar la derecha, ese voto iría para la izquierda”, precisa Bellolio.

Desde 2006 la presidencia de Chile se ha alternado entre el centroizquierda –con Michelle Bachelet– y la derecha tradicional –con Sebastián Piñera–, excepto en 2021, cuando Piñera pasó la banda presidencial al izquierdista Gabriel Boric en un nuevo salto del péndulo. Los próximos comicios revelarán si este péndulo se mantiene en el eje, con Jara, o gira 180 grados hacia Kast.

Rechazo en las urnas a la nueva Constitución de impronta ultraconservadora en Chile. Como vaticinaban las encuestas, la mayoría de chilenos (55,76% frente al 44,24%) ha votado en contra de la propuesta constitucional que lleva el sello de la ultraderecha y la derecha tradicional, certificando el fracaso del proceso para reemplazar la actual carta magna heredada de la dictadura, que comenzó con las masivas protestas de 2019.

El resultado de este domingo supone un varapalo para el ultraderechista Partido Republicano, que tuvo un peso fundamental en la redacción del nuevo texto y aspiraba a convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha. Su presidente, el ultraderechista José Antonio Kast, ha reconocido la derrota de su formación. “Algunos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan. Los republicanos somos distintos, cuando ganamos, ganamos, y cuando perdemos, perdemos. Esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos. Reconocemos esa derrota con mucha claridad. Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos de que esta era una mejor Constitución que la vigente”, ha dicho.

Las derechas habían tratado de convertir la votación de este domingo en un referéndum sobre la gestión del Gobierno. El presidente Gabriel Boric, quien no se ha involucrado directamente en esta elección a diferencia de lo que hizo en el plebiscito del año pasado, ha señalado que los resultados son “un fuerte llamado de atención”. “El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos”.

Los partidos de izquierda que integran la coalición de Gobierno sí han hecho campaña en contra de la propuesta y han salido a celebrar los resultados. En nombre de la alianza, Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista, ha tildado de “bocanada de aire fresco” el triunfo de la opción en contra.

Proyecto opuesto al anterior

Los chilenos han acudido este domingo a las urnas para decidir en un nuevo plebiscito de carácter obligatorio si aprobaban la propuesta o bien mantenían la actual Constitución, nacida en el régimen de Augusto Pinochet, pero reformada sucesivamente en democracia.

Más de 15 millones de electores estaban convocados para votar a favor o en contra del nuevo texto, radicalmente opuesto al proyecto anterior, considerado vanguardista y rechazado de manera contundente. Aunque los sondeos apuntaban al rechazo del nuevo texto, la población a favor había ido subiendo en las últimas semanas y el escenario estaba abierto, debido principalmente al número de indecisos.

Finalmente, según los resultados difundidos al final de la tarde, la mayoría de los ciudadanos se ha inclinado por la opción en contra del nuevo texto, defendida por la izquierda. La opción de rechazar la propuesta constitucional se impuso en la mayoría de las 16 regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro) y la norteña Antofagasta. 

Tras la votación el pasado mayo, el Consejo Constitucional que redactó esta nueva propuesta ha estado dominado por la derecha tradicional y en particular por el ultraderechista Partido Republicano de Kast. Entre los puntos que más controversia han generado están los relativos al aborto y los derechos reproductivos, la migración, la propiedad y el derecho al agua, la igualdad, el sistema de salud y pensiones, y la noción de un Estado social y democrático de derecho. Diversos constitucionalistas habían advertido de que el borrador propuesto contenía lagunas y errores legales.

Se trataba del segundo intento por redactar una nueva constitución que vive Chile tras el contundente rechazo en septiembre de 2022 a un proyecto escrito por una convención de mayoría progresista que proponía una transformación radical de la institucionalidad y era pionero en consagrar el aborto libre y la protección del medioambiente. Como un péndulo, el país latinoamericano pasó en poco más de dos años de redactarla y posteriormente rechazarla a entregarle la batuta del segundo proceso constituyente a la ultraderecha. Esta era la quinta votación constitucional desde 2020, por lo que la apatía y la fatiga electoral han marcado este nuevo intento.

El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que apoyó el nuevo documento, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, ha dicho que los chilenos “no quieren un cambio constitucional”. “A ver si después de dos procesos fallidos se consolida en Chile la necesidad de llegar a acuerdos porque finalmente el primer proyecto (rechazado) era de la izquierda y el segundo de la derecha”, ha dicho por su parte el presidente de la Democracia Cristina, Alberto Undurraga (centro).

Tras el rechazo, seguirá vigente la actual Constitución de Pinochet y se cerrará, al menos durante este mandato el debate constitucional, porque el Gobierno de Boric ya ha dicho que no impulsará un tercer intento porque “las urgencias son otras”. Sin margen para ello, cualquier avance en materia constitucional tendrá que pasar por una reforma en el Congreso. Una eventual nueva reforma requeriría la aprobación de, al menos, cuatro séptimas partes del Parlamento.

Analistas y expertos coinciden que, pasara lo que pasara, los conservadores siempre saldrían ganando con estas elecciones: o se imponía el texto emanado del consejo que han liderado o permanece la norma actual, que nunca quisieron reemplazar. En cambio, quienes insistieron durante décadas en cambiar el texto heredado del dictador se habían visto ahora en la disyuntiva de tener que respaldarlo para evitar otra norma “más restrictiva”.

Chile podría convertirse en el primer país del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos. Entre ambos ha pasado solo un año y tres meses, pero el recorrido constitucional empezó en octubre de 2019 con un estallido social que dio paso a la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990. Las masivas movilizaciones, que se extendieron hasta la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, empujaron a los partidos políticos a buscar una salida institucional a la crisis y abrir un proceso constituyente que se ha dilatado durante más de cuatro años.

La primera propuesta constitucional, escrita por un órgano de mayoría progresista y considerada “refundacional” por proponer cambios radicales en la institucionalidad, fue rechazada sin matices por un 62% de los votos. El fracaso mayúsculo dio paso a un segundo intento constitucional que culminará este domingo.

Más de 15 millones de electores están convocados para votar a favor o en contra de una nueva propuesta de carta magna, radicalmente opuesta al proyecto anterior. Esta ha sido elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha del Partido Republicano y la derecha tradicional, por lo que su sello conservador es evidente. Aunque todas las encuestas dan como ganadora la opción contraria al nuevo texto, la brecha entre ambas posiciones se ha ido acortando en las últimas semanas. El resultado es incierto y las opciones están abiertas. 

El peso de los indecisos

Los expertos coinciden en señalar que la clave de los resultados está en manos de los indecisos, una bolsa de entre cuatro y cinco millones de personas cuyo voto es impredecible o desconocido. “El voto obligatorio, que se restituyó el año pasado, hace que cualquier cosa pueda pasar”, dice Nerea Palma, politóloga de la Universidad Diego Portales, a elDiario.es. 

Mauricio Olavarría, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), recuerda que, en Chile, históricamente, la participación electoral para plebiscitos constitucionales ha sido baja –cuando el voto era voluntario–. “Los ciudadanos sienten que es un tema lejano, que no aborda los temas de su vida diaria y que es una discusión de élite que corresponde a expertos en Derecho”. 

Por otro lado, Kenneth Bunker, académico de la Universidad San Sebastián, opina a elDiario.es que existe cierta “fatiga constitucional” y cansancio del proceso constituyente. Sin embargo, el también director de la encuestadora Tres Quintos añade que los indecisos “cada vez son menos” y, según él, se van reduciendo a medida que aumenta la proporción de personas que quieren votar a favor: “Cuanta más información tienen, más procesan los datos y más ven la campaña, más de acuerdo están con la propuesta”.

La huella de la derecha

Los partidos que han marcado el compás de este segundo intento han introducido normas controvertidas y cuestionadas por las fuerzas progresistas. Entre los artículos que levantaron más polémica están el que protege “la vida de quien está por nacer” –que podría poner en riesgo la ley de aborto en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), aprobada en 2017 tras varias décadas de lucha del movimiento feminista–, la cláusula sobre la expulsión inmediata de los migrantes en situación irregular o las normas que mantienen el Estado subsidiario actual y relegan el Estado social de derecho.

“Hay algunos elementos identitarios de la derecha que no tendrían que estar dentro de esta regulación estructural por ser un tema estratégico para el voto, como es el caso del aborto”, opina Bunker. Sin embargo, según él, otras propuestas también características de la derecha, en cambio, tienen apoyo de la ciudadanía, “como la expulsión de los inmigrantes en el menor tiempo posible”. Para el historiador Claudio Fuentes, la mayor parte de la población no leerá el texto completo, por lo que, según cree, “la elección se decidirá en los grandes temas de la campaña: seguridad, migraciones, pensiones y derechos de la mujer”. 

Más allá de defender sus contenidos, los conservadores que empujan el a favor han recurrido al argumento de aprobar el nuevo texto para cerrar definitivamente el itinerario constitucional que tanto ha desgastado a la clase política y a la ciudadanía chilena. Según Olavarría, este será “uno de los temas centrales” para el electorado por el “hastío”, dice, que tiene de este proceso. 

“Seguramente se volverá al reformismo”

Aunque tanto el presidente chileno, Gabriel Boric, como su coalición, promotora del en contra, han asegurado que, de rechazarse la propuesta, no habrá una tercera oportunidad reemplazar la carta magna vigente, los expertos consideran que en caso de un nuevo rechazo será más complejo cerrar el proceso: “Seguramente se volverá al reformismo”, apunta Fuentes. 

La carta magna actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, fue reformada decenas de veces durante la democracia. El mayor paquete de modificaciones se introdujo en 2005, durante la administración del socialista Ricardo Lagos. Desde entonces, se ha cambiado en otras pocas ocasiones, pero la más relevante ocurrió en agosto de 2022, cuando el Congreso redujo los cuórums necesarios para cambiar la Constitución vigente.

“Hoy es mucho más fácil reformar la Constitución actual y es irreal pensar que la coalición de Gobierno se despedirá de la posibilidad de hacer grandes cambios estructurales, porque esa fue la promesa con la que llegaron al poder”, dice Bunker.

Los conservadores salen ganando

En medio del enésimo momento de polarización que vive Chile en los últimos años, analistas y expertos coinciden que, pase lo que pase, los conservadores siempre saldrán ganando con estas elecciones: o se impone el texto emanado del consejo que han liderado o permanece la norma actual, que nunca quisieron reemplazar. 

En cambio, quienes insistieron durante décadas en cambiar el texto heredado del dictador se han visto ahora en la disyuntiva de tener que respaldarlo para evitar otra norma “más restrictiva”. “Para quienes impulsaron el proceso constitucional, es una situación trágica tener que elegir entre la Constitución que tanto denostaron o la que se propone ahora”, dice Olavarría. 

Los partidos también leerán los resultados en clave electoral, pensando en los comicios municipales y regionales de 2024, y los presidenciales y parlamentarios de 2025. Si el a favor de los conservadores se impone con fuerza, se interpretará como un espaldarazo al líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, y reforzará su candidatura a La Moneda en dos años más. 

Si el rumbo no cambia, Chile camina derecho hacia el segundo fracaso de su proceso constituyente. La propuesta de nueva Constitución aprobada este lunes por el Consejo Constitucional, un órgano controlado por el ultraderechista Partido Republicano (con 22 de los 50 escaños) y la derecha tradicional (11 escaños) que desde junio redactaba el texto, no concita el apoyo ciudadano para ser implementada. De mantenerse la tendencia actual, el país podría convertirse en el primero del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos. Entre ambos ha pasado solo un año y tres meses.

El texto, que fue aprobado por los 33 votos de las derechas a favor y los 11 de la izquierda y centroizquierda en contra, tiene el sello conservador de los partidos que han marcado el compás de este segundo intento. “A la izquierda no le gusta esta propuesta y la caricaturiza porque tiene miedo de que el éxito de esta Constitución termine con su relato y cierre la puerta a las ideologías que tanto daño han hecho”, dijo la consejera republicana Ángeles López durante el debate. Desde el Partido Comunista, su par Karen Araya replicó que la nueva norma “es más de derecha” que la que está vigente. “Es más conservadora y va a profundizar más las desigualdades”, añadió. 

Entre los artículos criticados por los partidos gubernamentales está la cláusula que protege “la vida de quien está por nacer”, que podría poner en riesgo la ley de aborto en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), aprobada en 2017 tras varias décadas de lucha del movimiento feminista. También causaron polémica, entre otras, las cláusulas sobre la expulsión inmediata de los migrantes en situación irregular o las que mantienen el Estado subsidiario actual y apartan el Estado social de derecho, una de las mayores ambiciones del progresismo para este proceso.

“Es una propuesta que retrocede en algunas de las cuestiones problemáticas que la doctrina constitucional chilena ha discutido en las últimas décadas”, dice a elDiario.es la abogada constitucionalista Tania Busch. A su juicio, “no resuelve” los problemas de la actual carta magna de 1980 que condujeron a la crisis actual, sino que “en cierta medida, los acentúa”. Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, opina que el articulado incluye los aspectos “identitarios para la derecha”. La semana pasada, el consejero de ultraderecha Luis Silva reconoció que el texto constitucional “acomoda más” al espectro que va “desde la centroderecha hacia la derecha”.

Un rechazo “muy instalado”

Hace meses que las encuestas vaticinan un rechazo contundente del texto por parte de la ciudadanía. El líder de la ultraderecha, José Antonio Kast, erigido ahora en uno de los defensores del nuevo texto fundamental, dijo hace unos días que en el mes y medio que falta para el 17 de diciembre, cuando se votará la propuesta de Constitución en un plebiscito, logrará “dar vuelta” a los pronósticos de los sondeos y sumar los votos para que gane la opción “a favor (de la nueva Constitución)”. “Tenemos una gran oportunidad, inmejorable, para cambiar el futuro de Chile”, señaló, a pesar de que siempre se opuso a sustituir la carta magna vigente, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet. 

“Es muy difícil en 60 días cambiar esa opinión porque está instalada con mucha fuerza”, asegura Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Según indica, la evidencia comparada a nivel mundial muestra la complejidad de “revertir una diferencia de 20, 25 o 30 puntos que marcan los estudios de opinión” en tan poco tiempo. Además, añade, este segundo intento “no ha concitado mucho interés porque la ciudadanía está cansada y experimenta una suerte de fatiga del tema”.

Tania Busch ve “poco probable” cambiar los malos pronósticos, pero recuerda que en las últimas votaciones “el electorado chileno ha demostrado variar muchísimo su elección” hasta alcanzar resultados “no previstos” por las encuestas. 

“Repitiendo errores del proceso anterior”

El proceso ha estado marcado por la falta de consenso. “No hubo espíritu de diálogo”, opina Espinoza. La derecha acusó a los partidos del Gobierno de “no querer sumarse a las conversaciones” –explica el académico– mientras que, por otro lado, la izquierda y centroizquierda criticaron que los conservadores “pasaron la apisonadora” durante las distintas fases de redacción. 

El Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos presentaron casi 400 enmiendas (de un total de 1.099) para modificar con profundidad el borrador inicial elaborado por una comisión experta como base para el trabajo del Consejo. Era un anteproyecto que había generado cierto consenso. “Si bien no entusiasmaba a ningún sector, dejaba las cuestiones controvertidas para la discusión democrática y permitía cerrar el problema constitucional”, sostiene Busch. 

Para los analistas, se están “repitiendo los mismos errores del proceso anterior”. Entonces, al contrario que ahora, el itinerario constitucional fue guiado por un órgano de mayoría progresista, integrado por militantes de izquierda e independientes, que elaboró una propuesta de carta fundamental que fue considerada “refundacional” porque proponía amplios cambios en la institucionalidad. 

A la espera de los partidos del Gobierno

Aunque fuera de foco los partidos de la coalición de Gobierno han explicitado la posibilidad de rechazar el texto, no ha habido aún un pronunciamiento oficial. Es evidente que el Ejecutivo de Gabriel Boric no comulga con la propuesta emanada del Consejo, pero está por ver si hay unidad dentro de la coalición sobre la decisión final. “No sería nada de raro ver diferencias en los patrones de votación del Partido Comunista y el centroizquierda”, advierte Espinoza.

Los expertos coinciden que el peso de un eventual segundo fracaso no recaería tanto en el presidente y su Gobierno, sino en el Partido Republicano, que ha encabezado el proceso. “Los ciudadanos son conscientes que en la elección del Consejo le entregaron al Partido Republicano una mayoría para que condujera este proceso”, indica Marco Moreno. Una segunda oportunidad fallida impactaría “mucho más en el liderazgo de Kast que en Boric”, añade. Si eso ocurre, la ley establece que seguirá vigente la actual carta magna, aunque persistirá, señala, “el problema de su legitimidad de origen”. 

Boric avisó hace meses que durante su mandato no habrá una tercera oportunidad para iniciar un nuevo proceso y los expertos ven pocas posibilidades de reabrir un nuevo itinerario constitucional en el corto o mediano plazo. Para la abogada Busch, ante este escenario, la única manera de avanzar sería con reformas a la carta fundamental que “recojan cuestiones de consenso social”. Y concluye: “El problema constitucional no se diluirá por haber fracasado dos veces, se agravará y va a volver a aparecer no se sabe cuándo”.

Pasaron cincuenta años desde que el bombardeo de los aviones caza de la Fuerza Aérea chilena al palacio gubernamental concitara la atención mundial. Las columnas de humo gris que emergían de La Moneda, el vuelo rasante de los Hawker Hunter, el épico discurso de “las grandes Alamedas” de Salvador Allende antes de suicidarse, el Estadio Nacional convertido en un gigantesco campo de concentración y la proclama aflautada del sangriento Augusto Pinochet constituirían un hito de la historia de Chile, que sigue determinando su presente. 

El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura que, a lo largo de 17 años, causaría 3.065 desaparecidos y muertos, y 40.018 represaliados entre presos y torturados. Desde aquel día, Chile se convertiría en un laboratorio de una política económica ultraliberal, con retiro del Estado a las mínimas funciones posibles, modelo que más tarde recorrería el mundo y encuentra hoy una vigorosa vitalidad.

Bajo el lema “Democracia es memoria y futuro”, el Gobierno de Gabriel Boric ha preparado una nutrida agenda de conmemoraciones que comenzó hace una semana y hoy culminará con un acto solemne en La Moneda. En paralelo, universidades, asociaciones culturales y grupos políticos desarrollaron decenas de actividades de homenaje a las víctimas y abordaje de las consecuencias del terror de Estado.

El mandatario de izquierda, que lleva un año y medio en el cargo, procuró reafirmar un “nunca más” institucional que, sin embargo, encuentra el acecho de una oposición de derecha volcada a un negacionismo indisimulado y una indiferencia desafiante de una parte de la población.

La agenda de Boric, acosada

Días atrás, Boric lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que compromete al Estado a buscar e identificar desaparecidos. Además, el Gobierno presento un programa de reparación para las víctimas, inauguró exposiciones culturales y realizó demarcaciones de centros clandestinos de detención. Aunque los cinco períodos de gobierno de la Concertación por la Democracia desde el fin de la dictadura, en marzo de 1990, también procuraron crear conciencia sobre las atrocidades del pinochetismo, nunca el Estado había sido tan explícito en su compromiso institucional y pedagógico con la memoria histórica.

El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura que a lo largo de 17 años causaría 3.065 desaparecidos y muertos, y 40.000 represaliados entre presos y torturados

En un tiempo en que la ultraderecha crece y es opción de gobierno en varios países de América Latina, mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el boliviano Luis Arce y el uruguayo Luis Lacalle Pou estarán presentes este lunes en La Moneda. A último momento, el argentino Alberto Fernández informó que compromisos de la cumbre del G20 en Nueva Delhi le impedirían viajar a Santiago.

También participarán el primer ministro portugués, António Costa, y el presidente alemán, Peter Tschentscher. A su vez, exjefes de gobierno, como Felipe González, el italiano Massimo D’Alema, los colombianos Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, y el uruguayo José Mujica, estarán presentes.

La agenda institucional no oculta las dificultades que enfrentó Boric en su objetivo de sentar una postura de Estado. “Ha recrudecido la posición más extrema de la derecha y ello hace que aparezca con mayor desparpajo la reivindicación del golpe de Pinochet”, dice Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno en la Universidad de Chile.

Negacionistas a la ofensiva

El miércoles pasado, parlamentarios de los partidos Republicano (ultraderecha) y Unión Demócrata Independiente (UDI, creado por las huestes de Pinochet en los ochenta) se negaron a rendir homenaje a tres legisladores (comunista, socialista y radical) que fueron detenidos y desaparecidos por el régimen militar. Esa actitud tuvo un correlato con expresiones abiertamente reivindicatorias del golpe de Estado por parte de políticos con alta circulación en redes y en los medios, como Jorge Alessandri. “Yo justifico el golpe militar. Íbamos por un camino peligroso para el país”, indicó el diputado de la UDI.

La falta de un acuerdo mínimo de la dirigencia política sobre el legado negativo del golpe contra Allende encuentra eco en la población. “Se han ultraderechizado las élites, pero eso no quiere decir que la población se volvió más pinochetista o se haya radicalizado en todos los temas”, advierte Heiss.

El resurgir extremista dialoga con un sector más joven particularmente “desafectado de la política y sensible a los cantos de sierna de una derecha autoritaria”, describe la analista.

Aunque la imagen negativa sobre Pinochet prevalece entre los chilenos, algunas señales denotan que la indiferencia o una crítica débil al dictador fallecido en 2006 ocupan un lugar relevante, en línea con lo marcado por Heiss. Una encuesta entre 1.076 chilenos realizada por la Fundación Activa indicó que el 56% dice no estar interesado en el 50 aniversario del golpe de Estado, y que un 32,8% está de acuerdo con el derrocamiento de Allende.

Durante los últimos meses, la mayor parte de la derecha buscó, al menos, equiparar responsabilidades entre Pinochet y el “Chicho”, sobrenombre del mandatario socialista. En ese aspecto, la avanzada negacionista parece tener más éxito, porque 39% de los chilenos atribuye a Allende haber forzado la interrupción de la democracia en 1973, porcentaje sólo un poco menor de quienes se la asignan a Pinochet y a los militares.

Vaivenes de Piñera

Sebastián Piñera, único presidente de derecha desde el retorno de la democracia (en dos períodos, 2010-2014 y 2018-2022), se desmarcó en varios momentos históricos de los dos partidos legados por Pinochet (Renovación Nacional y UDI), pero esta semana transitó el camino de los “dos demonios” al sostener en una entrevista televisiva que “la principal responsabilidad (del golpe) es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de sociedad marxista”.

La línea argumental expresada por Piñera sobre la “ilegitimidad” de los objetivos del gobernante socialista fue utilizada para dar el golpe.

Allende ganó las elecciones de 1970 como primera minoría, con un 36,6% de los votos, apenas por encima del derechista Jorge Alessandri (Partido Nacional, derecha, 35,2%) y el demócrata-cristiano Radamiro Tomic (28,1%).

En un ambiente de extrema tensión, crisis de desabastecimiento y asedio de la CIA estadounidense, el mandatario socialista revalidó su popularidad en las elecciones legislativas de marzo de 1973, meses antes del golpe militar. La Unidad Popular alcanzó 44,2% frente a 55,5% de la Confederación de la Democracia, que agrupaba a todos los partidos del centro a la derecha.

Con apoyo significativo, pero no mayoritario, Allende fue acusado de intentar implantar un modelo socialista. Aunque ello fue objeto de intensas discusiones dentro de la Unidad Popular, en cualquier caso, el médico cirujano, con más de tres décadas en puestos de alto nivel en la política chilena, dueño de una retórica conmovedora, se apegó a las formas democráticas hasta último momento.  

En el marco de sus idas y vueltas, Piñera aceptó sumar su firma a una declaración rubricada por el demócrata cristiano Eduardo Frei y los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, titulada “Compromiso: por la democracia, siempre”. La rúbrica de los cuatro más Boric tuvo lugar el jueves. “Cuidemos la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos”, cerró el texto.

Fue lo máximo que pudo conceder el expresidente conservador y propietario de una de las principales fortunas de Chile. Piñera anunció que no participará de ningún acto conmemorativo este lunes, como tampoco lo harán los partidos de derecha.

Sobreinterpretación de la reacción

El debate sobre el pasado tiene notorias implicaciones sobre el presente y el futuro, en momentos en que gobierna Chile un joven de 37 años, que hasta pocos años atrás abrazó ideas claramente a la izquierda de la Concertación y encabeza una coalición que incluye al Partido Comunista.

Heiss marca que la reacción a las protestas masivas del Chile Despertó de 2019 y las victorias electorales en el rechazo a la Constitución redactada al calor del ascenso de Boric y la posterior elección, el 7 de mayo pasado, de una nueva convención constituyente llevaron a los partidos de derecha a “sobreintepretar” el apoyo con el que cuentan.

“La sintonía con el autoritarismo de la mano dura contra la delincuencia y el discurso contra los inmigrantes sí es perceptible, pero hay otra agenda, como la reivindicación del golpe o la avanzada contra el aborto y el retiro del Estado de funciones sociales, educativas, de las pensiones, que es propia de la dirigencia conservadora, pero no de muchos de sus votantes”, indica la docente en diálogo telefónico desde Washington.

Dicha sobreinterpretación lleva a que la suma de las derechas que domina la redacción de la Constitución a esbozar reformas que consoliden el modelo económico e implanten cláusulas todavía más retrógradas que las contenidas en la Constitución de 1980, sancionada por Pinochet.

El Partido Republicano que lidera José Antonio Kast, un ultraderechista que perdió el balotaje con Boric en 2021 y se perfila como presidenciable, apunta a incluir la garantía para que todos los presos de más de 75 cumplan prisión domiciliaria. Esa repentina preocupación humanitaria beneficiaría a unos 150 represores condenados.

De la impunidad a las sentencias

La transición orquestada por Pinochet garantizó casi total impunidad para los represores durante la década posterior a la recuperación de la democracia. La detención del dictador en Londres, el 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, bajo el precepto de jurisdicción universal, conmovió las estructuras de Chile. Hizo evidente ante el mundo que las víctimas del terrorismo de Estado chileno no encontraban justicia en su país.

Pinochet logró convencer a los jueces británicos de que su salud le impedía afrontar un proceso penal y regresó a Santiago en marzo de 2000. A partir de entonces, de a poco, los tribunales chilenos comenzaron a moverse.

El dictador murió en libertad en 2006 y fue despedido con honores por los suyos. Hacia 2015, cerca de 80 represores ya se encontraban en la cárcel. En la última década los procesos de aceleraron y los condenados fueron cientos. La última sentencia tuvo lugar el 28 de agosto pasado, cuando la Corte Suprema de Chile sentenció a siete militares a penas de hasta 25 años por el secuestro y asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara.

La detención del dictador en Londres, el 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, conmovió las estructuras de Chile. Se hizo evidente ante el mundo que las víctimas del terrorismo de Estado chileno no encontraban justicia en su país.

En el penal de Punta Peuco, considerado de lujo por sus condiciones de habitabilidad, unos 129 jerarcas de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia redimen delitos de lesa humanidad.

Aunque la sociedad chilena realizó grandes avances liberales en su vida social y su realidad política contiene una amplia diversidad, como demuestra el signo cambiante de los últimos gobiernos, el principal rasgo de continuidad de los 17 años de dictadura está dado por la inconmovible estructura económica.

Los límites el cambio

Boric llegó a La Moneda con la intención de dar por terminado un ciclo económico que inicio la dictadura a sangre y fuego, y continuaron, en ciertos aspectos matizados y, en otros, profundizados, las administraciones democráticas. En parte, la continuidad se explica porque los años de estabilidad y un modelo de economía abierta le dieron a Chile indicadores económicos entre los mejores de América Latina, a costa de una desigualdad que parece cristalizada. Pinochet legó un corset con ganadores y perdedores perpetuos.

Desde la década de 1980, Chile convive con un sistema de pensiones privatizado que excluye de jubilaciones dignas o directamente de cualquier haber a buena parte de los mayores. Los sistemas de salud y educación cuentan con oferta estatal, que termina siendo para los segmentos de la población que dejan de ser rentables para los privados.

Para la politóloga Heiss, Boric no tiene ninguna posibilidad de avanzar con reformas estructurales que se había planteado, dada la mayoría parlamentaria de una derecha que pasó a la ofensiva.

En el camino que queda hasta 2026, al presidente de la coalición Apruebo Dignidad le espera un acoso de las derechas, para el que pareció prepararse en los últimos meses, con la incorporación al gobierno de figuras del Partido Socialista que ensayaron una autocrítica por el papel desempeñado en la transición.

“Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, anunció Allende esa mañana del fin del invierno chileno ante su inminente derrocamiento. Ocupó su lugar en La Moneda un general que había simulado lealtad hasta días antes.

Ese mismo día, miles de chilenos, en su mayoría humildes, fueron arrancados de sus casas y trasladados al Estadio Nacional ubicado en el barrio de Ñuñoa y a otros centros clandestinos de detención.

Chile ingresaba a su peor horror, pero Allende avisó: “Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

Como un anuncio profético, el discurso del presidente de la Unidad Popular retumba cada noche en la conciencia de los negacionistas.