“El objeto del proceso es el que es, la Sala de Apelaciones ya retiró esa parte”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzga al fiscal general, ha dedicado la mayor parte de sus intervenciones durante la vista a pedir a abogados y testigos que no divaguen y se centren en el objeto del juicio. Pero en esa intervención concreta, el juez se refería a una porción ya cerrada del caso: cómo llegó la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a una asesora de la Moncloa y, de ahí, al entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. 

La revelación cayó como una bomba en Ferraz y como agua de mayo en las acusaciones del caso. Lobato, rival político directo de Ayuso en la Asamblea regional, había ido a un notario a consignar mensajes que abrían la puerta a que el juez Ángel Hurtado implicase a la Moncloa y a los socialistas en la filtración. En la mañana del 14 de marzo de 2024, la que entonces era una asesora de Presidencia y alto cargo del partido en la capital, Pilar Sánchez Acera, había mandado a Lobato el documento de la discordia. Lo había hecho después de que su contenido se hubiera filtrado a los medios, pero antes de que ningún periódico hubiera publicado íntegramente el correo. 

Las testificales en el juicio de Lobato, Sánchez Acera y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès no reflejan el terremoto que supuso hace un año el acta notarial que compulsó el entonces líder del PSOE madrileño para “cubrirse las espaldas”, en sus propias palabras, después de que el Supremo abriera una investigación. La aparición de mensajes internos del partido y el Gobierno en una de las mañanas más calientes de la política de 2024 instauró la duda de hasta dónde llegaría Hurtado después de mandar a la UCO al despacho del fiscal general. 

La propia Sánchez Acera, entonces asesora en Presidencia del Gobierno con Óscar López y ahora a la mano derecha del ministro en el PSOE de Madrid, confirmó en su testifical lo que ya explicita el acta notarial: ella mandó a Lobato un documento con la confesión de la pareja de Ayuso a las 8.29 minutos de la mañana del 14 de marzo. Y a ella, a su vez, se lo envió un periodista cuya identidad no recuerda. “Pasaron ocho meses, me había olvidado bastante del tema”. 

El paso sin pena ni gloria de estas testificales por el juicio tampoco refleja la intensidad política de ese momento. elDiario.es había revelado el caso de la pareja de Ayuso y ese día la presidenta madrileña comparecía por primera vez en la Asamblea de Madrid. Mientras, la realidad —que su pareja quería reconocer su fraude y pactar— chocaba con el discurso político —que era víctima de un complot— que ella, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y el PP difundían con y sin micrófonos. 

Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, lo deslizó en el juicio, pero lo dijo de forma mucho más contundente en instrucción: “Es evidente que Miguel Ángel Rodríguez, y esto es política, lo que pretendía es condicionar la sesión de control de Madrid del día siguiente”. Esto es, convertir, mediante bulos y manipulaciones, una confesión en una nueva persecución de Hacienda y la Fiscalía. Los mensajes de Lobato pusieron letra a la canción que, obviamente, cantaban en el PSOE y el Gobierno esos días: “En Moncloa y Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo”. 

“No era novedoso”

El abogado de González Amador lo intentó durante la instrucción y lo ha vuelto a intentar durante el juicio: que los testigos vinculados con el PSOE y la Moncloa, ya que no explican de dónde salió el papel, digan al menos que el caso de la pareja de Ayuso era una prioridad comunicativa para el Gobierno. Pero el juez Hurtado cerró la vía penal en marzo y la Sala de Apelaciones retiró los dardos y especulaciones del magistrado sobre la Moncloa y la filtración. 

Las acusaciones, con la pareja de Ayuso a la cabeza, solicitaron a Hurtado todo tipo de diligencias para investigar a fondo el teléfono de Sánchez Acera. La respuesta del juez llegó en marzo: no iba a imputar a la asesora ni iba a seguir indagando por esa vía. Porque para cuando ella rebota el documento a Lobato para su uso político la filtración que él atribuye a la Fiscalía se había consumado la noche anterior. 

Lo que hizo la asesora fue “continuar poniendo en circulación una información que, de haber sido confidencial, ya había dejado de serlo al haber sido filtrada, aparentemente, por la Fiscalía. No era novedoso lo que transmitía, no está haciendo público secreto alguno”, dijo entonces Hurtado. Además, ella no era la funcionaria pública encargada de velar por esa confidencialidad. 

Hurtado cortó el paso entonces a una investigación penal sobre el papel de la Moncloa y el PSOE en la filtración. Citó incluso la doctrina de sus compañeros de Sala por el caso de un guardia civil condenado por pasar información a un grupo de narcos gallegos: “La revelación consiste en hacer público lo que no deba serlo”. Una sentencia de 2020 firmada por tres de las magistradas que hoy juzgan al fiscal general y que Hurtado interpretó en un sentido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado usan para pedir la absolución de García Ortiz: si el correo ya se conocía —varios periodistas así lo han declarado— no había ningún secreto que revelar. 

Las “indicaciones” de Moncloa

El juez instructor, en ese auto del pasado mes de marzo, cortó el paso a que la investigación avanzara por esa senda, algo que contrarió la pretensión de González Amador y las acusaciones de llevar el caso hasta la Moncloa. Pero Hurtado dejó un resquicio en la puerta que él mismo había cerrado: arrancó el auto de procesamiento, clave en el proceso, con una acusación inédita: la Fiscalía había filtrado la confesión siguiendo “indicaciones” de la Moncloa. 

Aquella afirmación de Hurtado causó sorpresa en el Supremo y felicidad en la calle Génova, donde está situada la sede nacional del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo pidió que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para explicar esas “indicaciones” y el líder del partido pidió la dimisión del presidente del Gobierno: “Es el momento de que se vayan el fiscal general y quien le daba las indicaciones”. 

Ni la investigación ni el juicio han desvelado esas supuestas “indicaciones” que varias acusaciones hicieron suyas en los escritos de calificación. Y que fueron excluidas del caso, tal y como recordó el magistrado Martínez Arrieta, por la Sala de Apelaciones que matizó el auto de procesamiento de Hurtado. “Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”, dijeron los jueces.

Las testificales de Lobato, Sánchez Acera y Vallès terminaron de sellar el final judicial de esta ramificación del caso que sirvió para incluir a La Moncloa en la causa y mostrar como sospechoso que en esos días de alto voltaje político en Madrid el caso de la pareja de Ayuso fuera un punto caliente informativo. Las intervenciones del abogado de González Amador, que llegó a preguntar si el secretario de Estado de Comunicación reportaba o no al presidente del Gobierno, muestran el interés por una vía muerta de investigación que permite a las acusaciones mantener vivo el fantasma de La Moncloa en el caso. 

El juez instructor Ángel Hurtado se tiró a la piscina desde muy alto cuando comenzó el relato de los hechos en el auto de procesamiento del fiscal general con el que cerraba la instrucción con estas palabras: “A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Nada de ambigüedades o lenguaje alambicado propio del mundo judicial. Hurtado decidió que se trataba de una operación diseñada por Moncloa y ordenada al fiscal general, Álvaro García Ortiz. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se ocupó de recordarle que ahí no había agua ni indicios serios que sustentaran su teoría.

Por mucho que Hurtado tenga ideas extrañas sobre cómo se envía una investigación a juicio, el del fiscal general contaba el miércoles con la presencia de dos testigos del partido socialista que obviamente tenían una relación con altos cargos del Gobierno. El primero era Juan Lobato, líder del PSOE madrileño hasta que un día se presentó en un notario para que quedara constancia de todas sus comunicaciones y a su partido le dio un susto de muerte. La segunda, Pilar Sánchez Acera, por entonces número dos del jefe de gabinete de Moncloa y también integrante de la Ejecutiva del PSOE madrileño.

La intención del equipo de las acusaciones particular y popular era pillar a ambos en alguna contradicción frente a lo dicho en la instrucción que permitiera implicar a Moncloa. Por eso, el abogado de Alberto González Amador comenzó el interrogatorio de Lobato preguntando quién fijaba en Moncloa la política de comunicación o si él había recibido instrucciones del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. En un momento dado, el presidente del tribunal advirtió al letrado que ese asunto había sido eliminado como objeto del juicio por la Sala de Apelaciones. Pero lo cierto es que siguieron escuchándose preguntas sobre un posible papel de Vallès –o de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE– en la utilización de un documento sobre los presuntos delitos tributarios del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez Acera pasó a Lobato un documento por si quería emplearlo en un debate en la Asamblea de Madrid frente a Ayuso. En el juicio, el abogado le preguntó si creía que ese documento “venía de la Fiscalía”. “No es que lo creyera”, respondió Lobato. “Por un criterio de prudencia, pensaba que, si no estaba acreditado el origen del documento, era mejor no usarlo”. Finalmente, lo utilizó en el debate, después de que lo publicara El Plural. Sánchez Acera tenía ese correo en su poder desde las 8.29 de la mañana. El Plural lo publica a las 9.04. Ella pasa esa noticia a Lobato a las 9.29, un dato que no refutó ninguna de las acusaciones.

A la exjefa de gabinete del hoy ministro Óscar López, le preguntaron quién le había pasado ese correo. “Me viene de un medio de comunicación. No puedo recordar el nombre del periodista que me hace ese envío”. Justificó en que habían pasado ocho meses desde ese día hasta que Lobato anunció que entregaba todos los mensajes en su poder a un notario.

Esa declaración de Sánchez Acera puede ser recibida con escepticismo, como siempre que un político no se acuerda de una información concreta sobre un hecho muy valioso para sus intereses. Pero ninguna de las acusaciones logró ponerle en aprietos planteando otras hipótesis que pudieran ser perjudiciales para la defensa del fiscal general. Y lo más probable es que contaran con ello.

Luego, aparecieron varios periodistas como testigos. De entre todos los recursos con los que cuentan las acusaciones o defensas en un juicio, uno de los menos efectivos es llamar a declarar a un reportero. No es que sean mala gente. De entrada, pueden acogerse al derecho al secreto profesional –reconocido en la Constitución– y no revelar las fuentes de su información. Además, pueden entrar en valoraciones sobre su trabajo que los jueces no tienen por qué compartir. Puede ocurrir que den una información que resulta que es falsa y afirmar en el juicio que la dieron porque pensaban en ese momento que era una información “veraz”. Esto último es un concepto que se puede estirar como un chicle. 

Isaac Blasco, periodista de Vozpópuli, declaró sobre una información de su medio no escrita por él que recogía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez por el que la Fiscalía había retirado la oferta de negociar con el abogado de González Amador “por órdenes de arriba”, es decir, del Gobierno. Esa era la tesis de Rodríguez y Díaz Ayuso. Blasco no reveló la fuente de esa información, a lo que tiene derecho, y dijo que se publicó porque le pareció “veraz y solvente”.

Más tarde, compareció Esteban Urreiztieta, de El Mundo, autor de una noticia del 13 de marzo de 2024 titulada: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. Se basaba en uno de los emails, no el primero, que intercambiaron el fiscal del caso, Julián Salto, y Carlos Neira, abogado de Amador. El fiscal se abría a llegar a un pacto de conformidad, algo muy habitual en los delitos fiscales, en los que la prioridad suele ser que la Agencia Tributaria reciba el dinero que le deben.

El primer email de esa secuencia de comunicaciones revelaba que fue Neira quien hizo la primera oferta de negociar, algo también habitual. Es inevitable que aceptes algún tipo de culpabilidad del acusado. De lo contrario, la Fiscalía ni se molesta en llegar a un acuerdo y espera al juicio.

Urreiztieta declaró que no conocía ese primer email cuando elaboró la noticia. Sobre el email del que informó, señaló que “para nosotros, es una oferta (del fiscal), un correo independiente de los otros”. Definió la comunicación de esta manera: “Es un fiscal animando al contribuyente a cerrar un acuerdo”. Eso no es lo que dijo el fiscal Salto cuando declaró el primer día del juicio. Salto estaba abierto a negociar y ya había recibido un email de Neira con las palabras: “Ciertamente, se han cometido dos delitos fiscales”.

Después llegó el turno de dos periodistas de eldiario.es, José Precedo y Marcos Pinheiro. La declaración de Precedo era importante, porque había recibido la documentación del caso, incluido el expediente realizado por la Agencia Tributaria, el 6 de marzo de 2024, una semana antes de que cayera en manos del fiscal general. No lo publicó antes porque no tenía permiso de la fuente que le había transmitido la información, una situación normal en periodismo. Y además había que confirmar todos los extremos de la noticia. El periodista se acogió al secreto profesional para no revelar la identidad de esa fuente.

El abogado de González Amador y sobre todo el abogado de la asociación de fiscales que acusa a García Ortiz intentaron sugerir una cierta cercanía personal de Precedo con el fiscal general, que el periodista negó. Afirmó que era estrictamente profesional desde los tiempos en que García Ortiz intervino en la investigación judicial del naufragio del Prestige en Galicia. “En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel. Nunca”, dijo. Ahí fue cuando se produjo uno de los momentos más tensos del juicio y la intervención más discutible del presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Precedo dijo lo que ya ha dicho en otras ocasiones: “Yo sé quién es la fuente (de esa primera información sobre la investigación de Amador) y no lo puedo decir. Es un dilema”. Arrieta se lo tomó muy mal, como si fuera un ataque personal: “Una cosa es que no lo diga y otra que nos amenace”. Eso sí que sería una novedad en la historia del Tribunal Supremo, que un testigo amenace a un tribunal. “Solo digo que es un dilema moral. No amenazo. Sé que García Ortiz es inocente”, respondió Precedo.

El magistrado Arrieta no intervino para recordar a Miguel Ángel Rodríguez que el hecho de que la carrera fiscal sea jerárquica no quiere decir que los fiscales actúen únicamente cuando tienen órdenes directas del Gobierno. Tampoco creyó oportuno decir nada cuando González Amador afirmó que no tendrá un juicio justo en España y que ya está condenado antes de que se celebre el juicio: “No tengo ninguna duda de que voy a ser condenado”. Fueron dos ataques directos al sistema de justicia en España.

El juicio se retomará el martes 11 de noviembre. En las tres primeras jornadas, las acusaciones no han conseguido demostrar que García Ortiz filtrara la información sobre el caso de González Amador por la que se le acusa de un delito de revelación de secretos. Rodríguez tuvo que admitir que su acusación de que el fiscal general actuó bajo órdenes del Gobierno era sólo “una deducción lógica” y “un mensaje sin apoyo de ninguna fuente”. La fiscal Almudena Lastra reiteró sus comentarios en los que dijo que estaba segura de que la Fiscalía General del Estado iba a filtrar los datos de la investigación fiscal a Amador. No aportó ninguna prueba de que eso fue lo que finalmente ocurrió.

Nunca hay que olvidar que los juicios no se acaban hasta el último día en que las partes presentan sus informes definitivos. Y al juicio le quedan tres jornadas más.

Nota: se ha añadido al artículo que Pilar Sánchez Acera tenía en su poder el correo que finalmente pasó a Juan Lobato desde las 8.29 de la mañana, un dato que no figuró en su declaración. En cualquier caso, el juez instructor decidió en su momento no imputar a Sánchez Acera por considerar que la información que facilitó a Lobato ya circulaba desde la noche anterior.

Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera, altos cargos del PSOE de Madrid en diferentes etapas a lo largo del último año, han comparecido como testigos en el juicio contra el fiscal general para explicar cómo obtuvieron, en la mañana del 14 de marzo de 2024 y antes de que lo publicaran los medios de comunicación, un documento que reflejaba la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha explicado que frenó su exhibición en la Asamblea de Madrid esa mañana varias horas por “prudencia” y Sánchez Acera que lo obtuvo de un periodista cuya identidad no recuerda, negando ambos que supieran que el documento procedía de la Fiscalía o del Gobierno, como llegó a especular el juez Ángel Hurtado.

La causa del Tribunal Supremo se encontró con una nueva ramificación cuando Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE en Madrid, acudió a un notario en noviembre de 2024 –tras la apertura de la investigación y poco después de los registros de la UCO– para consignar unos mensajes: los que cruzó con Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa, en los que ella le enviaba el documento con la confesión cuyo contenido ya se había filtrado un día antes en varios medios de comunicación.

Lobato ha negado claramente que supiera o sospechara esa mañana que la Fiscalía les había filtrado el documento, pero ha añadido que frenó su exhibición en la Asamblea de Madrid ante Ayuso por “prudencia” hasta que un medio de comunicación lo difundió. “Por criterio de prudencia, como técnico de Hacienda, es un documento que si no está certificado el origen es mejor no utilizar”, ha dicho.

Esa mañana Isabel Díaz Ayuso comparecía por primera vez en la cámara madrileña después de que elDiario.es revelara en exclusiva que su pareja había sido denunciada por fraude fiscal. La presidenta y su entorno habían dedicado el día anterior a defender que González Amador era una víctima de un complot estatal y la confesión, ya difundida parcialmente en la noche del 13 de marzo, desmentía esa estrategia. Hurtado abrió una línea de investigación al respecto y llegó a afirmar en su auto de procesamiento que la Fiscalía había filtrado el email siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno.

Este miércoles, en la tercera jornada del juicio, el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta ha recordado al abogado de la pareja de Ayuso que los jueces ya dejaron fuera la posible responsabilidad de Moncloa en la filtración se había quedado fuera del proceso tras corregir a Hurtado. “El objeto del proceso es el que es, la Sala de Apelaciones ya retiró esa parte”, ha recordado al letrado mientras interrogaba al senador del PSOE, Juan Lobato.

Tanto Lobato, que terminó exhibiendo en la Asamblea una copia del documento que publicó El Plural esa mañana, como Sánchez Acera, han negado que recibieran la filtración de Moncloa o que recibieran instrucciones de Presidencia del Gobierno al respecto. “No, quizás alguna vez algún consejo, pero instrucciones y órdenes desde luego que no”, ha dicho Lobato.

Sánchez Acera ha reiterado lo que ya dijo en fase de instrucción: que ella esa mañana recibió el documento de un periodista cuya identidad no recuerda. “Me viene de un medio de comunicación, no puedo recordar de qué medio era el periodista. Pasaron ocho meses, me había olvidado bastante del tema y no he podido comprobar quién fue esa persona”, ha dicho Sánchez Acera, hoy secretaria de Organización del PSOE madrileño que dirige Óscar López. La entonces asesora de Moncloa cambió de teléfono al pasar al Ministerio y, ha dicho hoy, “tuve un cambio de terminal” y no conserva los mensajes.

Ha defendido que instó a Juan Lobato a exponer ese tema a Ayuso en la Asamblea de Madrid esa mañana porque ella, el día anterior, había “retorcido la verdad” sobre el caso. También ha incidido, como ya hizo ante el juez Ángel Hurtado en instrucción, que ella recibió “un documento distinto” y no el correo del abogado Carlos Neira. “Yo no recibo el correo, el famoso correo del 2 de febrero, no es un correo ni pone 2 de febrero”.

Tres testigos periodistas

Este miércoles también ha comparecido como testigo Esteban Urreiztieta, subdirector de Investigación de El Mundo. Urreiztieta firmó a las 21.29 del 13 de marzo una noticia titulada: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. El periodista ha insistido en que “todos los elementos que contiene la información están contrastados”. Sin embargo, el ofrecimiento de ese pacto había partido, realidad de la defensa del empresario, lo que provocó la reacción de la Fiscalía para desmentir esa información tergiversada.

Urreiztieta se ha acogido a su derecho profesional cuando el abogado del Estado José Ignacio Ocio, le ha preguntado si se había puesto en contacto con la Fiscalía para contrastar esa información. Su declaración, en todo caso, apunta a que la existencia de esas negociaciones para llegar a un posible pacto entre González Amador y la Fiscalía ya era conocida por él antes de que el correo que centra la imputación por revelación de secreto contra el fiscal general llegara a manos del máximo representante del Ministerio Público.

Dos periodistas más de Vozpópuli y LibertadDigital han comparecido también como testigos, después de haberlo hecho en fase de instrucción, para comentar las noticias que publicaron en la noche del 13 de marzo afirmando, como difundía Miguel Ángel Rodríguez, que la oferta de la Fiscalía se había retirado por “órdenes de arriba”. Estos informadores se han acogido también a su derecho a no revelar sus fuentes.

El Tribunal Supremo invertirá seis días de noviembre en celebrar un juicio inédito. En el banquillo, por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado. Al otro lado de la Sala de lo Penal, el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que acusa al máximo responsable de la Fiscalía de haber filtrado su confesión de fraude fiscal a los medios de comunicación. Y entre ellos, una lista de 40 testigos para trazar el recorrido que hizo ese correo electrónico hasta acabar publicado por la prensa. Varios de ellos son testimonios ignorados por el juez Ángel Hurtado que afirman que tuvieron acceso a esa información antes de que llegara a la mesa del fiscal general en la noche frenética del 13 de marzo de 2024.

El caso que ha llegado a juicio no es el mismo que arrancó hace año y medio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que viajó al Supremo cuando la lupa se puso sobre el fiscal general y su actuación ese día. En un primer momento, los jueces tuvieron bajo su foco al fiscal Julián Salto, que investigó a González Amador e intercambió correos con su abogado y su superior Pilar Rodríguez. Y en el centro de las sospechas no estaba la filtración, sino el comunicado con el que la Fiscalía buscó desmentir bulos del caso, difundidos por el entorno de Ayuso.

Ahora el juicio apunta en otra dirección. El comunicado que el Ministerio Público emitió en la mañana del 14 de marzo de 2024 está en un segundo plano, los fiscales Salto y Rodríguez ya no están imputados y la acusación se concentra en el fiscal general y en si él hizo llegar ese correo a varios medios de comunicación la noche anterior poco después de recibirlo de sus subordinados. La pareja de Ayuso pide cuatro años de cárcel para él y una indemnización de 300.000 euros, aunque en el caso de algunas acusaciones la solicitud llega a los seis años de presidio.

La lista de 40 testigos anticipa el tipo de partido que va a jugarse entre el 3 y el 13 de noviembre en el Tribunal Supremo. Un Alberto González Amador armado con los informes de la Guardia Civil y ocho meses de autos del juez Hurtado que trazan una línea recta entre el fiscal general y la filtración. Y una Abogacía del Estado y una Fiscalía dispuestos a exprimir los testimonios que apuntan a que, para cuando García Ortiz conoció la confesión, ya circulaba por distintas redacciones desde días atrás. Y que, además, esas negociaciones ya no eran secretas: el propio Miguel Ángel Rodríguez las había difundido, aunque de forma manipulada, entre decenas de periodistas buscando dar una versión adulterada del caso más acorde al discurso de Isabel Díaz Ayuso esos días.

Los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez

Álvaro García Ortiz será el último en declarar después de escuchar a todos los testigos. Algunos de ellos han sido llamados para explicar si el primero en romper la confidencialidad de las negociaciones fue el propio González Amador, su abogado Carlos Neira o Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y entonces al frente de la estrategia comunicativa de la Comunidad de Madrid para convertir el caso de fraude fiscal en una persecución de la Fiscalía y Hacienda al empresario.

La instrucción y las testificales de los tres han revelado aspectos que González Amador y el entorno de la presidenta madrileña ocultaron a los jueces y la opinión pública durante un año. Que el abogado Neira no solo envió la propuesta de pacto a la Fiscalía, sino también a un Abogado del Estado, y que el empresario autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir uno de los correos del fiscal Salto.

El jefe de gabinete de Ayuso invirtió la tarde del 13 de marzo del año pasado en explicar a decenas de periodistas que la cúpula de la Fiscalía había truncado un pacto silencioso, condenando a la pareja de Ayuso a enfrentarse a un largo y público proceso judicial. Lo hizo porque un día antes el propio González Amador le había hecho llegar correos igualmente confidenciales del fiscal Salto, celebrando la existencia de esas conversaciones de las que su pareja renegaba en público.

Hasta ahora, el juez Hurtado ha entendido que nada de esto influye en la acusación que pesa sobre el fiscal general, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran que es un primer indicio clave para establecer que esos correos no eran confidenciales porque el propio empresario los había difundido aunque fuera parcialmente. El abogado Neira y el propio González Amador también tendrán que explicar qué versión es la buena: si el empresario sabía o no que su abogado estaba buscando un pacto, aceptando una condena de cárcel en su nombre.

Los 12 periodistas testigos

La causa investigó durante meses cómo había llegado ese correo a manos de la prensa y el gremio más ampliamente representado en la lista de testigos del juicio es, precisamente, el de los periodistas. Hasta 12 informadores, entre ellos tres de elDiario.es, comparecerán en el proceso ante la Sala de lo Penal después de que más de la mitad de ellos hayan afirmado ante el juez Hurtado que conocieron el correo o las negociaciones entre el empresario y la Fiscalía antes, incluso días antes, de que el fiscal general lo supiera. Cortando el paso, entienden la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a una acusación por revelación de secretos.

Uno de los periodistas explicó a Hurtado que tuvo acceso a este email días antes de la noche de la filtración. Otro aportó mensajes al Supremo que demostraban que ya hablaba de su contenido previamente a que García Ortiz los tuviera en su correo. Y un tercer grupo de informadores acudieron a un notario para consignar los mensajes que demuestran que fuentes de la Fiscalía de Madrid ya hablaban de estas negociaciones de pacto en la mañana del 12 de marzo, poco después de la primera exclusiva de elDiario.es sobre el caso. Además de dos jefes de prensa de la Fiscalía estatal y madrileña que en esas horas recibieron decenas de llamadas de periodistas preguntando por el asunto.

Las acusaciones, encabezadas por González Amador, han restado importancia a estas declaraciones o incluso han acusado sin pruebas a varios periodistas de mentir en sus testificales. La defensa de García Ortiz, sin embargo, otorga un papel muy relevante a estas declaraciones: demuestran que la prensa tuvo ese correo antes de que él tuviera la posibilidad de hacérselo llegar a nadie. Al margen de que la causa no ha conseguido reunir pruebas que demuestren que el fiscal general siquiera cruzase palabra con un periodista esa noche.

También están llamados a comparecer un total de ocho fiscales, además del acusado. De esos ocho fiscales, tres estuvieron imputados en la causa: Julián Salto, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. El resto son altos cargos de la Fiscalía con responsabilidades, entre otras cosas, de protección de datos en una lista que completa la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra. Su declaración, ahora abiertamente enfrentada a sus superiores, es una navaja de doble filo para los intereses del fiscal general: confirma que ella misma estaba de acuerdo en que había que sacar un comunicado sobre el caso, pero también que sospechó que la filtración procedía de la propia Fiscalía General.

La UCO y la asesora de Moncloa

Unos de los puntos clave del juicio serán unas testificales que pasaron desapercibidas en la fase de instrucción: los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron algunos de los informes clave del caso. Por ejemplo, los que participaron en el registro del despacho del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid y firmaron el atestado donde lanzaban la sospecha que Hurtado terminó convirtiendo en un auto de procesamiento: que la filtración, necesariamente, tuvo que venir de la Fiscalía.

La Fiscalía considera que la UCO nunca ha presentado ninguna prueba, más allá de sus sospechas, de que el correo fuera efectivamente filtrado por el fiscal general, y entiende que así quedó plasmado en la declaración de los autores del informe en el Supremo. Un informe clave del caso elaborado con las pruebas sacadas del registro del teléfono de Pilar Rodríguez, que finalmente ni siquiera será juzgada.

Un último bloque de testigos se centrará en una ramificación del caso con la que Hurtado intentó incluso involucrar a Presidencia del Gobierno en la filtración. Comparecerán tanto Juan Lobato, antiguo secretario general del PSOE de Madrid, como Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallés, la primera asesora entonces en Moncloa y el segundo Secretario de Estado de Comunicación. Sánchez Acera envió a Lobato el correo a su teléfono antes de que fuera publicado de forma íntegra por los medios de comunicación. Hurtado sostiene que también llegó a ellos a través de la Fiscalía mientras que la asesora de Moncloa afirmó en su testifical que se lo mandó un periodista.

Seis sesiones de juicio que tendrán al frente a siete magistrados con una mayoría de sensibilidad conservadora. Cinco de ellos serán los mismos que hace un año optaron por abrir la causa: la ponente Susana Polo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Juan Ramón Berdugo. Los otros dos serán Ana Ferrer y el presidente Andrés Martínez Arrieta. Una semana antes de la sentencia más relevante del Supremo desde el procés independentista catalán y un juicio con todo el catálogo de la extrema derecha judicial en la bancada de las acusaciones: Manos Limpias, Vox y HazteOir, entre otros.

Álvaro García Ortiz se sentará previsiblemente en el banquillo acusado de filtrar un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez Ángel Hurtado entiende que hay pruebas suficientes para que el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sean juzgados por revelar a la prensa el email con el que Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros. Un auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo añade una acusación inédita en ocho meses de investigación: que el fiscal general del Estado perpetró esta filtración siguiendo “indicaciones” llegadas directamente desde el Palacio de la Moncloa.

Es la frase con la que arranca el relato de hechos definitivo de Hurtado después de escuchar a 22 testigos e imputados, leer media docena de informes de la Guardia Civil y analizar más de un centenar de documentos que constan en la causa. “A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Hasta ahora, el magistrado había atribuido esta filtración al empeño de García Ortiz y su equipo en ganar “el relato” y desmentir informaciones falsas sobre el caso. Este auto, que tiene el poder de condicionar el desarrollo del juicio, va un paso más allá y añade, sin explicar cómo llega a esa conclusión, que todo se hizo siguiendo órdenes de Moncloa.

La frase ha sido recibida con entusiasmo por el Partido Popular, que con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza lleva un año denunciando una “operación de Estado” para perjudicar a la presidenta madrileña a través de los problemas fiscales de su pareja. “Es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo mientras compartía en la red social X la primera página del auto. Afirmación que han desarrollado otros dirigentes del partido como Cuca Gamarra pero que no se corresponde con ninguna prueba reunida a lo largo de la causa. El partido ha pedido hoy que Sánchez comparezca en el Congreso para informar “sobre las indicaciones recibidas” por García Ortiz.

El propio magistrado lanza esa bomba política en el primer párrafo de su descripción de los hechos pero rebaja la intensidad de esa acusación a medida que avanza su texto. En el tramo final del auto, el juez reconoce que el “detonante” de esa actuación del fiscal general –recabar la información del caso de Alberto González Amador y el correo con su confesión para desmentir bulos y noticias falsas del caso– fue “la información publicada en el diario El Mundo” que ofrecía una versión manipulada de los hechos. Todo “al margen de las indicaciones que pudiera haber recibido de Presidencia del Gobierno”, que en esta fase del auto ya pierde la categoría de teoría principal, pero se mantiene.

La frase de Hurtado mete de lleno a Moncloa en el futuro juicio contra el fiscal general pero no se sostiene en ninguna prueba recabada a lo largo de más de medio año de investigación. El magistrado dedicó varias semanas de diligencias a descubrir cómo llegó la confesión de Alberto González Amador al teléfono de Pilar Sánchez Acera –en aquellas fechas subordinada del jefe de Gabinete de Sánchez– en la mañana del 14 de marzo y antes de que su contenido íntegro fuera publicado por los medios, pero la posibilidad de que Presidencia del Gobierno hubiera orquestado la filtración nunca había estado sobre la mesa.

Esa parte de las pesquisas arrancó cuando Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños, acudió a un notario y consignó los mensajes que había cruzado con Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa y hoy dirigente del PSOE regional, en la mañana del 14 de marzo de 2024. Esa mañana Isabel Díaz Ayuso comparecía por primera vez ante el pleno de la Asamblea después de que elDiario.es revelara que su pareja había sido denunciada por fraude fiscal y falsedad documental, pero la noche anterior una novedad había hecho tambalear los cimientos de su estrategia de defensa: no solo no era una conspiración del Estado contra ella, sino que su pareja había reconocido los hechos un mes antes.

Tal y como demuestran los mensajes aportados por Lobato al Supremo, Sánchez Acera le mandó la confesión del abogado de González Amador a su WhatsApp a las ocho y media de la mañana. Media hora antes de que lo publicara de forma íntegra El Plural, primer medio en difundir el documento. Lobato desconfió y prefirió esperar a que algún periódico lo publicara antes de esgrimirlo en la Asamblea ante Ayuso, como finalmente hizo. Sánchez Acera le dijo entonces que ese documento llegaba porque “lo tienen los medios” y ante el juez no especificó quién se lo hizo llegar, pero negó que fuera la Fiscalía.

La teoría de Hurtado siempre ha sido que ese documento llegó al teléfono de la asesora de Moncloa desde la Fiscalía y que tanto ella como otros encargados de la comunicación en el PSOE buscaron su “uso político” para atacar a Ayuso. Pero no aporta prueba ninguna para sostener esa teoría: no hay mensajes, llamadas o emails que sustenten ni siquiera de manera indiciaria que Acera recibió el correo de parte del Ministerio Fiscal.

El magistrado ha llegado a acusar abiertamente a la exasesora de Presidencia de mentir en su testifical y de poder enfrentarse a una acusación de falso testimonio si repite sus palabras en el juicio. Pero hasta ahora nunca había afirmado, ni tampoco deslizado o sugerido, que detrás de la filtración que atribuye a García Ortiz hubiera una orden de Moncloa.

Una bomba política a las puertas del juicio

El juez Hurtado no hizo ninguna alusión a esta posibilidad cuando, el pasado mes de enero, rechazó imputar a Sánchez Acera y desechó la posibilidad de seguir investigando si el correo de González Amador había pasado o no por Presidencia del Gobierno. Según su teoría de entonces, que puso punto final a esa parte de la investigación, esta asesora de Óscar López no pudo incurrir en un delito de revelación de secretos porque antes había sido “filtrada, aparentemente, por la Fiscalía” y por tanto “no era novedoso lo que transmitía”.

Esa ramificación del caso, explicó entonces Hurtado, servía para apuntalar que la filtración del correo “sale, presumiblemente, de Fiscalía”, pero sin mencionar la posibilidad de que hubiera detrás una orden de Presidencia del Gobierno. Una posibilidad por la que no ha preguntado a ninguno de los testigos relacionados con esta parte del caso: ni a Juan Lobato, ni a Pilar Sánchez Acera ni tampoco a Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación.

El juez nunca ha ocultado su interés por esta ramificación del caso surgida a raíz de la visita de Lobato a un notario. “Me parece un elemento clave para el esclarecimiento de los hechos”, dijo el magistrado cuando el ya expolítico fue a declarar y a reconocer, entre otras cosas, que había consignado los mensajes para “cubrirse las espaldas”. Pero no ha preguntado, tampoco al fiscal general o la fiscal provincial de Madrid, si además de querer ganar el “relato” estaban siguiendo “indicaciones” del gabinete más cercano a Pedro Sánchez.

Esta posibilidad tampoco ha sido sugerida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autora de los informes clave del caso. Los agentes son claros al atribuir una “información certera sobre la filtración” a Sánchez Acera, así como un “cierto dominio” sobre la publicación del documento en El Plural poco después de su charla con Lobato en la mañana del 14 de marzo, pero no mencionan la posibilidad de que detrás haya algún tipo de directriz gubernamental. Ni siquiera Alberto González Amador, en sus múltiples escritos, ha ido más allá de explicar que el Gobierno y el PSOE usaron esa información procedente de la Fiscalía para atacar a Ayuso.

Ni Álvaro García Ortiz ni Pilar Rodríguez han tenido que enfrentarse, hasta ahora, a la acusación de seguir órdenes de Presidencia del Gobierno en el marco de esta causa, lo que condiciona el peso que esta afirmación de Hurtado pueda tener en el futuro juicio. Tampoco hay ningún cargo de Moncloa imputado y el juez nunca ha puesto diligencias en marcha para descubrir si el departamento que dirigía Óscar López era el que dirigía los movimientos para filtrar esa información. Pero el terremoto político de esta frase inédita de Hurtado ya ha comenzado y el Partido Popular, además de las declaraciones públicas de sus líderes, ha solicitado que Pedro Sánchez comparezca ante el pleno del Congreso para quién dio “indicaciones” al fiscal general.

“Confianza plena” en García Ortiz

No tardó el Gobierno en cerrar filas con el Fiscal General del Estado tras su procesamiento. Desde el Ejecutivo ya daban por hecho desde hace semanas que este punto de la causa llegaría a pesar de los argumentos con los que, a su juicio, cuenta el Supremo para el archivo. Así que los mensajes de defensa a ultranza de la figura de García Ortiz estaban ya bastante ensayados.

“Desde luego que el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está siempre con los fiscales que persiguen el delito”, reaccionó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante un acto en el que coincidió precisamente con el Fiscal General. Respecto a la novedad que introduce el juez del Supremo en su auto, con la atribución a la Moncloa de instrucciones a la Fiscalía, Bolaños asegura que tal extremo “no sucedió nunca” y lamenta que el alto tribunal haga esa afirmación “sin ninguna base probatoria”.

En la Moncloa, donde admiten que daban “por descontado” el procesamiento, aseguran que este nuevo paso en el procedimiento no cambia un ápice su respaldo a García Ortiz. “Nuestra confianza en el Fiscal General es plena, y también en el que proceso acabará por aflorar la verdad, que es que no hizo nada reprobable”, aseguran fuentes del equipo de Pedro Sánchez, que solo deslizan en privado y de manera velada un reproche al Supremo que el ministro Óscar Puente sí hizo público este lunes.

“La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal”, arremetió Puente en sus redes sociales atribuyéndole una finalidad política a la actuación del alto tribunal.

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha enfriado la parte de la causa que mantenía abierta sobre la Moncloa y su papel en el caso. Ángel Hurtado ha reconocido que no hay pruebas para afirmar que Pilar Sánchez Acera, exasesora de Óscar López, se concertó de alguna manera con la Fiscalía para filtrar a la prensa ese correo de Alberto González Amador, algo que llegó a dar por hecho en autos anteriores. Su última resolución descarta la implicación de asesores y altos cargos de Moncloa en el caso, pero apunta claramente a su intención de llevar al banquillo a Álvaro García Ortiz: el correo fue “presumiblemente filtrado de Fiscalía”, asegura en su auto más reciente.

Hurtado puso en marcha esta línea de investigación nada más saber que Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE en Madrid, había ido al notario para consignar varios mensajes. En concreto, registró los que había cruzado con Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa, en la mañana del 14 de marzo de 2024 cuando quedaba poco más de una hora para el pleno de la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se iba a enfrentar por primera vez a la oposición después de que elDiario.es revelara el caso de fraude fiscal de su pareja y Sánchez Acera tenía un documento al que varios medios se habían referido la noche anterior: la confesión escrita del abogado de González Amador que contradecía frontalmente el discurso de la presidenta madrileña.

Lobato explicó que esa mañana Sánchez Acera le hizo llegar ese correo y que él esperó a que algún medio de comunicación lo publicara para mostrarlo en el parlamento ante Ayuso. Ante el juez y, como testigo, la exasesora de Óscar López en Moncloa y hoy secretaria de organización del PSOE en Madrid aseguró que no recordaba quién se lo había hecho llegar, negó haber tenido el correo como tal, sino un documento con otro formato y rechazó haberlo recibido de la Fiscalía. Las conversaciones entregadas por Lobato reflejaban más mensajes de otros responsables de comunicación del entorno del PSOE sobre el asunto y Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, negó haber tenido acceso a ese documento.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no tardó en concluir que Sánchez Acera tuvo “información certera” de la filtración del correo y tampoco dudó en apuntar a más responsables de comunicación del entorno del PSOE y Moncloa por figurar en esos mensajes: desde Vallès hasta Ion Antolín, entonces director de comunicación del partido, pasando por otros trabajadores. El juez recogió el guante: el correo salió de la Fiscalía “destino Presidencia del Gobierno” con “gestiones” desde ese departamento para que fuera publicado por un medio y poder usar el correo contra Ayuso “con una clara finalidad política”. Fue una estrategia conjunta entre Moncloa y el Ministerio Público.

Sánchez Acera y Vallés comparecieron como testigos y varias acusaciones, entre ellas el propio González Amador, pidieron al juez que profundizara en esta línea de investigación, que solicitara sus teléfonos y que llamara a declarar a más testigos. La respuesta del juez ha sido rechazar todas esas diligencias y concluir que, aunque no termina de creer el testimonio de Sánchez Acera, la teoría de que hubo una filtración previa de la Fiscalía quita cualquier relevancia penal al mensaje que envió a Lobato en la mañana del 14 de marzo. La revelación de secretos, cree el juez, ya había sido perpetrada.

“Ella no hizo público secreto alguno”, dice el juez, que en su auto da por hecho que ese documento con la confesión del empresario llegó al teléfono de la asesora desde la Fiscalía. Recibió el correo, afirma el magistrado, “presumiblemente filtrado de Fiscalía” y, por tanto, ella personalmente “no reveló nada”. El juez reconoce que hay un “contexto político” que “flota en las presentes actuaciones” pero anuncia que su objetivo es “alejarnos en lo posible” de esta ramificación del caso que afectaba a Moncloa. “Si se pretende una investigación hacia alguna de estas direcciones, no ha de ser tolerada”. Las afirmaciones de la Guardia Civil y del propio juez, por tanto, no pasan de la testifical de Sánchez Acera, aunque para el juez todo avanza en la dirección del banquillo para los dos fiscales imputados.

Su declaración, “un elemento más” contra Fiscalía

El juez Ángel Hurtado ya ha dejado claro en sus últimas resoluciones que tiene completamente claro que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, deben sentarse en el banquillo acusados de filtrar a la prensa el correo con la confesión de González Amador. La Sala de Apelaciones del Supremo ha apuntalado su instrucción rechazando todos y cada uno de los recursos presentados por los imputados y avalando diligencias clave como los registros de la Guardia Civil en su despacho nada más abrir las diligencias.

Para el magistrado, la actuación de Sánchez Acera no fue delictiva, pero porque previamente, según la teoría que desarrolla desde hace meses, la Fiscalía ya había filtrado el correo. “La actuación de Pilar Sánchez Acera es un elemento más que apunta a que la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 sale, presumiblemente, de Fiscalía”, explica el juez. Todos los datos de la causa, apunta, avanzan en “la presunción” de que “su procedencia, cuando llegó a manos de Sánchez Acera, tuviera que ser de la Fiscalía General del Estado”. La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, añade, está “tratando de encubrir a quien se lo envió”, lo que según el juez “no deja de ser un elemento más que abunda en que presumiblemente le fue remitido desde la Fiscalía General del Estado”.

Descartada la vertiente del caso que llevaba a Moncloa, la causa en estos momentos está a la espera de que Google y WhatsApp remitan toda la información que hayan podido recuperar de las cuentas de García Ortiz después de que cambiara de teléfono y eliminara su contenido. Tras varios meses de investigación, el juez ha llegado a la conclusión de que García Ortiz y Rodríguez urdieron la filtración del correo a los medios de comunicación en la noche del 13 de marzo, aunque por el momento ninguna prueba demuestra que, más allá de haber solicitado todos los detalles al fiscal del caso para desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, ellos filtraran ese correo a la prensa.

Las partes también están a la espera de la reacción del juez a las últimas revelaciones de la Abogacía del Estado: que el 2 de febrero de 2024 el abogado de González Amador no solo envió esa confesión al fiscal Julián Salto para buscar un acuerdo, sino que también se la remitió por correo a un abogado del Estado, un mes antes de ser denunciado. Hasta ahora, el empresario había ocultado este dato en sus denuncias y querellas y, según la Fiscalía y la Abogacía, diluye aún más las acusaciones contra el fiscal general.

El juez Ángel Hurtado ha dictado un auto en el que reconoce que no hay pruebas de que Pilar Sánchez Acera, exasesora en Moncloa, participara en la filtración del correo con la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso hace un año. El magistrado del Supremo que investiga al fiscal general reconoce que hay “fisuras” en su testimonio, pero también rechaza poner en marcha una batería de diligencias, tal y como pedía Alberto González Amador, “descartada una eventual participación de ella en la presumible filtración del secreto”. “Ella no hizo público secreto alguno”, explica el magistrado sin cerrar la puerta a que sea investigada en otro procedimiento por falso testimonio y explicando que su testimonio, en cualquier caso, apuntala los indicios contra los dos fiscales imputados.

Sánchez Acera era asesora de Óscar López en Moncloa cuando, en la mañana del 14 de marzo de 2024, remitió un documento y un mensaje a Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños: la confesión de Alberto González Amador con la que su abogado, un mes antes, se había ofrecido a reconocer sus delitos fiscales y a pagar sus deudas a cambio de no pisar la cárcel. La revelación llegó a manos del juez Hurtado después de que el propio Lobato consignara esos mensajes ante un notario y fuera llamado a testificar en la causa contra el fiscal general.

Ante el juez, Sánchez Acera -hoy secretaria de organización del PSOE de Madrid- aseguró que no recordaba quién le mandó ese documento y negó que fuera un correo electrónico, sino un archivo con otro formato aunque el mismo contenido. También compareció Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de Pedro Sánchez, para explicar directamente que él nunca tuvo acceso a ese documento y explicar, como Sánchez Acera, que en esos días la causa contra González Amador era uno de los puntos calientes de la política española, aunque él estaba centrado en otros asuntos de mayor relevancia como las elecciones catalanas.

El magistrado deja claro que no cree que Sánchez Acera no recuerde quién le pasó ese documento, pero también explica que no hay pruebas suficientes para pensar que la exasesora de Moncloa forme parte de la cadena que, considera, terminó con la filtración de ese correo a la prensa. Hurtado rechaza la batería de diligencias que Alberto González Amador había pedido a raíz de su testifical: examinar su teléfono móvil, conservar sus llamadas y mensajes y pedir más información a las operadoras telefónicas, además de llamar a declarar a un asesor de Lobato.

“Ella lo que realiza es continuar poniendo en circulación una información que, habiendo sido confidencial, ya había sido dejado de serlo, al haber sido filtrada, aparentemente, por la Fiscalía, de manera que no era novedoso lo que transmitía”, explica el juez, convencido de que para la mañana del 14 de marzo la Fiscalía ya había filtrado ese correo. “No reveló nada”, añade. El juez no deja de plasmar sus sospechas sobre que Sánchez Acera mintió y ocultó en su declaración quién le hizo llegar el documento, una testifical que considera como un “elemento más” que apunta a que la filtración “sale, presumiblemente, de Fiscalía”.

Las respuestas de la dirigente del PSOE madrileño, reprocha Hurtado, “dejan mucho que desear”. No recordar quién le manda un documento “al que da no poca importancia”, explica, no le parece “creíble”. “No es explicable que, siendo un documento tan significado, no pueda recordar quien se lo proporcionó”.

El PSOE de Madrid ha pasado al ataque en la política madrileña. Con la salida de Juan Lobato del liderazgo del partido y la portavocía del grupo socialista en la Asamblea, la irrupción del ministro Óscar López como nuevo secretario general y su elegida como portavoz, Mar Espinar, han endurecido el discurso de la formación contra Isabel Díaz Ayuso en todas las intervenciones públicas y los cara a cara semanales en la Asamblea de Madrid. 

Esta misma semana se escenificaba ese cambio de tono cuando Espinar, que tiene en X una foto de perfil con guantes de boxeo y en posición de guardia, arrancaba su intervención preguntándole a la presidenta si en su último viaje a Londres se había “hospedado en el ático del hotel o se había alojado en las plantas bajas para desconectar moralmente”. Se trataba de una alusión directa al piso en el que la mandataria vive con su novio, Alberto González Amador, y sobre el que no ha aclarado en qué condiciones o a cambio de qué contraprestación residen allí.

Óscar López, que ha decidido responder públicamente a todas y cada una de las salidas de tono de Ayuso, se sumó a las alusiones a la residencia de la presidenta después de que su pareja fuese imputado por corrupción en los negocios y administración desleal dentro de su relación comercial con el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. “Es un peldaño más hacia el ático”, apuntaba el líder del PSOE madrileño.

En la Asamblea los socialistas buscan disputarse con Más Madrid el foco mediático en las interpelaciones parlamentarias a la mandataria. La llegada hace dos años de otro dirigente socialista, Francisco Martín, a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid también provocó un cambio de estrategia, ya que optó desde su toma de posesión por intensificar su discurso contra el Ejecutivo regional. Esta actitud ha sido criticada por la presidenta, que la ha utilizado para romper relaciones con él, acusándole de actuar como un “comisario de la Moncloa”.

Ruptura de relaciones

“Desde el primer día ha buscado la más absoluta confrontación con insultos, con ataques. Pero ya cuando pasamos a otros escenarios donde nos acusa abiertamente, como están haciendo estos días, prácticamente de asesinatos, ya han pasado unos límites que son inasumibles. Por eso pienso que es mejor que estas relaciones por el momento no puedan continuar”, aseguró Ayuso hace una semana, obviando que ella también ha contribuido a polarizar el debate afirmando, por ejemplo, que Pedro Sánchez ha “enloquecido”. Además, Ayuso ha llamado al presidente “matón”, “tirano”, “mentiroso”, “mafioso” y “caradura” en los últimos meses, entre otros insultos.

El enfrentamiento con el Gobierno central y el PSOE ha escalado hasta tal punto que cuando a Ayuso se le escapó un “hijo de puta” en la tribuna del Congreso dirigido al presidente, en lugar de disculparse su equipo acuñó la expresión “me gusta la fruta”. Esas palabras han sido recuperadas esta semana por Martín, en respuesta a las críticas del PP madrileño. En una carta dirigida al secretario general del partido, Alfonso Serrano, ironizó apuntando que lamentaba “si tanta fruta le ha podido indigestar”, a la vez que pedía al Ejecutivo madrileño “cooperación, colaboración y lealtad institucional”. 

La llegada de Espinar a la portavocía del grupo parlamentario no sirvió para rebajar la tensión de la política autonómica madrileña. De hecho, en su primer pleno liderando las intervenciones del PSOE de Madrid no hubo ningún saludo institucional entre ella y Ayuso antes de arrancar la sesión. 

Aun así, en su intervención la mandataria autonómica sí que le dio la “enhorabuena por su nueva responsabilidad” y un “consejo”: “Insúlteme mucho, todo lo que pueda. Y, es más, insúlteme en lo personal todo el tiempo, porque si no va a durar lo mismo que su anterior portavoz”. Con esta frase, Ayuso aludía a Jesús Celada, sustituto interino de Lobato, a quien describió como una persona “bastante educada y que quería llegar siempre a un consenso”.  

El estilo de Celada y, sobre todo, el de Lobato, que fue secretario general del PSOE madrileño durante tres años, buscaba alejarse del choque con Ayuso, a diferencia de la estrategia de Más Madrid. Con la intención de marcar un perfil propio y con la consigna de “educación” y “respeto” frente a los insultos de la presidenta, Lobato apostó por alejarse de la polarización y por preguntar a la presidenta por temas sectoriales, como la situación de la Formación Profesional pública o la deuda de la Comunidad de Madrid. Pero su estrategia le hizo prácticamente invisible en el foco mediático regional.

Tras su dimisión por la polémica que se desató al conocerse que había acudido a una notaría para registrar una conversación con la jefa de Gabinete de López, que le reenviaba el correo que el abogado González Amador dirigió a la Fiscalía reconociendo su doble fraude fiscal, se produjo un cambio de tono en la Asamblea.

Espinar ya fue portavoz en el Ayuntamiento 

López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, desembarcó en Madrid con la misión de confrontar directamente con Ayuso como ya estaba haciendo Martín en la Delegación de Gobierno. El ahora líder socialista en la Comunidad, que fue la 'mano derecha' de Sánchez en el Ejecutivo central hasta septiembre, lo hace en sus apariciones públicas, mientras que Espinar lo traslada al debate parlamentario. Las intervenciones en el pleno se “trabajan con el grupo, pero también con la dirección del PSOE de Madrid”, reconocen fuentes de la formación. 

La afinidad de Espinar con Lobato no fue un obstáculo para que la nueva dirección la eligiera como su sucesora. La experiencia la respalda: fue portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y allí logró forjar una amistad con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Tras ocho años como concejala fue recolocada en la Asamblea en las últimas elecciones después de que Reyes Maroto fuera designada como cabeza de lista en los comicios municipales. 

La nueva portavoz socialista en la Asamblea está comenzando a coger ritmo. “Ayuso ahora está más incómoda que antes”, sostienen en el partido. Estas fuentes destacan la intervención de la presidenta la semana pasada, cuando cargó contra las asociaciones de víctimas de las residencias durante la pandemia, e intentan no abrir brechas con otros partidos de la oposición: “No competimos con Más Madrid, tenemos claro a quién hay que dirigirse”. 

Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid, ha reaparecido este miércoles en un coloquio con vecinos del barrio madrileño de Ciudad Lineal. Un encuentro en el que no ha descartado pelear por ser el candidato del partido de nuevo en 2027 en las próximas elecciones autonómicas. “Me presenté a las últimas, no sería extraño presentarse a las siguientes pero queda mucho tiempo, quedan varios años. En política no descartamos nada”, ha explicado en una comparecencia en la que también ha revelado que llevó sus mensajes sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso al notario para evitar ser imputado por el Tribunal Supremo.

Lobato abandonó la dirección del PSOE en la capital el pasado mes de noviembre después de trascender que unas semanas antes había acudido a un notario de la ciudad para consignar unos mensajes: los que cruzó con Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa y hoy secretaria de organización del partido en Madrid, en la mañana del 14 de marzo del año pasado. Mensajes en los que ella remitía el correo del abogado de la pareja de Ayuso con el objetivo de que Lobato pudiera esgrimirlo esa mañana en la Asamblea de Madrid ante la presidenta regional.

En un coloquio celebrado este miércoles en el centro cívico Zigia de Ciudad Lineal, moderado por el periodista Jaime Rull, Lobato no ha descartado pelear por volver a ser el candidato del PSOE en las autonómicas de 2027, después de su abrupta salida de la dirección del partido regional. “Me presenté a las últimas, no sería extraño presentareme a las siguientes”, ha dicho entre aplausos de varias decenas de asistentes. “Queda mucho tiempo, quedan varios años, en política no descartamos nada”.

Preguntado de nuevo por este asunto más adelante, el senador ha insistido en que “es imposible saber” y que lo “vital” es que en Madrid haya “un cambio de gobierno”. “Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a la dirección política actual y que tengamos la mejor candidatura, lo tengo claro, pero no lo pienso en mí mismo en primera persona”, ha añadido. “De verdad que no lo sé, no se puede hacer ese cálculo con dos años vista, es imposible, sí sé que voy a ayudar desde hoy hasta que llegue ese momento”.

Sobre Óscar López, actual líder de los socialistas madrileños, ha señalado que “es un tipo inteligente” y que tiene “mucha capacidad, es un estratega, a partir de ahí es un poco ser capaz de entender la realidad madrileña, que es compleja y diversa”.

Lobato, que varias veces ha sido aclamado por los vecinos y militantes del PSOE que han acudido al coloquio, testificó ante el juez que investiga al fiscal general por la filtración del correo en el que el abogado de Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros. Un asunto que precipitó su salida de la dirección del PSOE de Madrid y por el que testificará la semana que viene Pilar Sánchez Acera, que esa mañana le hizo llegar el correo con la consigna de que “lo tiene la prensa”.

Hoy Lobato ha asegurado que más de medio año después se decidió a ir a un notario y consignar esos mensajes por consejo de un abogado y para evitar una imputación penal. “Lo hice por indicacion letrada, jurídica de mi abogado. No es una decision mía”, ha explicado este miércoles. “Seguramente”, ha dicho cuando el moderador ha preguntado si ese movimiendo le ha evitado la imputación. “Si no acredito eso incurro en un delito como me dijo el abogado”, ha dicho, un delito de revelación de secretos que hubiera tenido como consecuencia, ha añadido, su inhabilitación como técnico de Hacienda.

“Pedí ese criterio jurídico y se me dice que esas son las consecuencias. Imaigna que yo hubiera hecho caso y sin preguntar ni discutir le hubiera dado a imprimir y hubiera sido la primera persona en toda España en decir, mire soy yo quien tiene la prueba”, ha defendido. “Yo afortunadamente me di cuenta rápido, contesto y digo que esto no lo podemos tener. Si no hubiera estado fresco y lúcido hubiéramos tenido un problema”.

Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Óscar López en Moncloa y hoy su mano derecha en el PSOE madrileño, finalmente no ha sido imputada sino que comparecerá en una semana en el Supremo como testigo junto con Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación.

Lobato, incluso, ha afirmado que le “sentó mal” ver publicados en elDiario.es los detalles de la investigación fiscal a Alberto González Amador. “El trabajo periodístico es magnífico, pero éticamente...”, ha defendido para después explicar que “no tiene por qué conocerse públicamente la información fiscal de un particular, eso no es política. Entiendo que hay muchas ganas con Ayuso porque es una provocadora, en cuanto ves un hueco hay que ir a por ella, pero no mal. ¿Atacar a través de su familia? Yo no lo veo, si es algo que no tiene que ver con su gestión no lo veo”.

En un comunicado emitido en noviembre, poco después de trascender que había acudido a un notario, Lobato afirmó que con ese movimiento acreditaba que “ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información”. También que “lo que existen son artimañas políticas para intentar evitar que se hable del asunto central que son que este viernes declara el novio de Ayuso como imputado”.

Tan solo un día después del congreso regional de su partido en Madrid y de la entronización de Óscar López como nuevo líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato ha intentado mover ficha. El todavía diputado en la Asamblea y senador por designación autonómica se ha desmarcado este lunes con un anuncio que ha sorprendido entre sus propios compañeros de filas. En redes sociales comunicó su intención de volver a su puesto de trabajo como funcionario en la Agencia Tributaria y mantener el acta en la Cámara Alta, aunque sin recibir el sueldo. Una maniobra de la que no se recuerdan precedentes y que no tiene ningún viso de prosperar.

Según fuentes de la presidencia del Senado consultadas por elDiario.es, ninguna de las dos propuestas de Lobato se ajustan al reglamento. Es decir, ni puede renunciar a su sueldo como senador mientras ocupe un escaño, ni tampoco puede acceder a un puesto de trabajo como funcionario público porque la ley lo fija como incompatible.

Así se expresa de manera explícita en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) señala que “la condición de diputado y senador es incompatible con el ejercicio de la función pública”, y reserva las compatibilidades para otros casos, como por ejemplo la docencia universitaria.

Ni en el PSOE, ni en el equipo de Óscar López en Madrid han querido pronunciarse al respecto y han señalado que es el Senado quien debe responder a la petición del exsecretario general de los madrileños. Su petición de reincorporarse a su puesto en la Agencia Tributaria tendría que pasar por la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que tras declarar la incompatibilidad le daría “ocho días naturales para optar entre el escaño y el cargo incompatibles”, según marca el artículo 17 del Reglamento de la Cámara Alta. Pero, según fuentes de la presidencia, dicha petición, hecha pública esta mañana por Lobato, no había sido, sin embargo, registrada a media tarde.

Lobato, que fue forzado a dimitir tras admitir que llevó ante notario una conversación privada con su compañera de partido, Pilar Sánchez Acera, sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, decidió mantener sus escaños tanto en la Asamblea de Madrid como en el Senado, donde ocupa uno de los escaños destinados a designación autonómica.  

 La ley también fija que no puede cobrar al mismo tiempo la retribución como parlamentario de ambas cámaras y, por ello, eligió la del Senado, que es más cuantiosa. Aunque de la Asamblea ha seguido percibiendo una “indemnización de no exclusividad” que alcanza los 1.271 euros brutos mensuales, según se refleja en su nómina, al igual que en la de los demás senadores por designación autonómica, que están disponibles en la web del parlamento madrileño, según informa EFE. 

La Guardia Civil ha entregado un informe al Tribunal Supremo en el que afirma que Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa y en la actualidad asesora en el Ministerio de Óscar López, accedió al correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso antes de que fuera publicado íntegro por los medios de comunicación en la mañana del 14 de marzo. Los agentes acusan a Sánchez Acera de haber tenido “información certera” sobre la filtración ya que, según sus pesquisas, lo obtuvo y mostró a Juan Lobato antes de que fuera publicado por El Plural. El informe no especifica de dónde pudo salir esa filtración y cómo llegó al entorno del PSOE y señala a más trabajadores del partido o incluso altos cargos sin que existan pruebas concluyentes de que también habían accedido a la confesión.

Los mensajes que aportó Lobato en su testifical revelan que Sánchez Acera le hizo llegar el email con la confesión de Alberto González Amador en la mañana del pasado 14 de marzo antes de que fuera publicada. En esos mensajes, la asesora y exdiputada regional del PSOE afirmó que tenían esa confesión en su poder “porque llega, la tienen los medios”.

Pilar Sánchez Acera es, en la actualidad, asesora en el gabinete de Óscar López en el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública que dirige desde el pasado mes de septiembre. Previamente fue su jefa de gabinete cuando López era el director del Gabiente del Presidente del Gobierno en Moncloa. Hasta entonces, Sánchez Acera había sido una de las caras visibles del PSOE en la Asamblea de Madrid, donde llegó a ser portavoz adjunta, y previamente concejal en la localidad madrileña de Alcobendas. Su nombre saltó a los titulares en 2012 cuando se presentó, sin éxito, como rival de Tomás Gómez en las primarias a dirigir el PSOE en Madrid.

El informe de la Guardia Civil no aporta más datos sobre cómo llegó ese pantallazo del correo del abogado de Alberto González Amador al teléfono de Sánchez Acera. Pero sí examina más mensajes contenidos en el teléfono de Lobato de ese 14 de marzo y concluye que más personas relacionadas con el PSOE estaban al tanto de su contenido, aunque ninguna prueba lo evidencie de forma clara.

Los agentes recogen en el informe, de más de 30 folios, que personas como el entonces director de comunicación del PSOE o el secretario de Estado de Comunicación se dirigieron por WhatsApp a Lobato o a sus colaboradores para recomendarles que, esa mañana, incidieran en la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por fraude fiscal. Un asesor de Lobato explicó que varios de ellos habían contactado con él por ese asunto, aunque sin especificar si ellos también conocían el contenido del correo antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

La Guardia Civil deduce que sí y apunta, de esta manera, a las entrañas de la comunicación de La Moncloa. También recoge conversaciones entre Lobato y, por ejemplo, periodistas pero una hora después de que el correo fuera publicado. Explican que Francesc Vallés, entonces secretario de Estado de Comunicación, tenía un “rol superior de coordinación” y lanzan la sospecha tanto sobre él como sobre Ion Antolín para afirmar que todos conocían el correo antes de que se publicara aunque el documento como tal solo fue remitido por Sánchez Acera.

Hurtado llamó a declarar a Lobato como testigo después de que el diario ABC publicara que el político había acudido a una notaría a principios de noviembre para consignar unos mensajes que había cruzado meses atrás, el 14 de marzo de este año, con Sánchez Acera sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador. Según la versión que siempre ha dado Lobato, ella le ofreció esos correos para esgrimirlos esa misma mañana en la Asamblea de Madrid ante Ayuso, pero cuando ya habían sido publicados por los medios de comunicación.

Los correos que aportó Lobato confirman su versión: Sánchez Acera contactó con él a las ocho y media de la mañana de ese 14 de marzo y le hizo llegar el documento para que lo hiciera público, un par de horas más tarde, en la Asamblea frente a la presidenta regional, pero pidiendo cuidado para no difundir datos personales. Cuando Lobato preguntó que de dónde habían salido esos correos con la confesión, Sánchez Acera contestó: “Porque llega, la tienen los medios”. Media hora más tarde ya fue publicada por El Plural, mucho antes de que Lobato compareciera en la Asamblea.

La filtración de los correos

El Tribunal Supremo asumió hace unos meses la investigación sobre la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, incluso antes de ser denunciado, ofrecía a la Fiscalía un pacto: reconocer que había usado un entramado de facturas falsas para pagar menos Impuesto de Sociedades del que debería y defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021, años en los que se enriqueció como comisionista en operaciones de compraventa de material sanitario. Pagar más de medio millón de euros entre multas, deudas e intereses y ser condenado a unos meses de cárcel a cambio de no tener que pisar la prisión de forma efectiva.

En un primer momento la causa, tramitada en el Tribunal Superior de Madrid, giró en torno a un comunicado con el que la Fiscalía buscó desmentir informaciones falsas sobre la gestión que el Ministerio Público hacía del caso. Pero el Tribunal Supremo, tras decidir que no había delito en el comunicado, optó por dirigir las diligencias hacia el fiscal general y averiguar si fue el origen de la filtración a los medios de este documento en la noche del 13 de marzo, poco después de que requiriera estos correos al fiscal del caso para elaborar el desmentido.

La ramificación del caso que afecta a Lobato y Sánchez Acera discurre en paralelo a la investigación principal, que por el momento se ha saldado con una única diligencia: intervenir todos los correos y mensajes tanto del fiscal general como de la fiscal provincial de Madrid de los últimos siete meses. Por el momento, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha analizado las comunicaciones de la segunda, deduciendo que la Fiscalía fue el origen de la filtración aunque ningún correo o mensaje refleje órdenes o indicaciones en ese sentido. Solo que la cúpula del Ministerio Público se activó para recabar la información y desmentir varias publicaciones falsas, algunas de ellas originadas en Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha aprovechado el pleno de la Asamblea de Madrid para exhibir la debilidad orgánica de la oposición. Con Rocío Monasterio fuera de la Asamblea, Juan Lobato alejado del foco político y la crisis interna de Más Madrid tras la dimisión de Íñigo Errejón, Isabel Díaz Ayuso no ha perdido la oportunidad de ahondar en esta situación. “Es un follón”, ha asegurado la mandataria este jueves, que se ha mofado de sus oponentes políticos que “entre purgas van cortándose la cabeza”.

Este ha sido el primer pleno en el que Jesús Celada, el nuevo portavoz de los socialistas madrileños, ha confrontado con la presidenta. El sustituto de Lobato le ha reprochado que hable “muy pocas veces” de la Comunidad y centre sus intervenciones en Catalunya, Venezuela y ETA. “Su prioridad número uno es hablar de todo menos de lo que en Madrid es prioritario. La sanidad se colapsa, un viaje a Miami; imposible acceder a una vivienda, un paseo por la Quinta Avenida; los rectores madrileños alertan de la situación catastrófica de las universidades y la presidenta aparece en Corea”, ha replicado Celada.

Ayuso desea al sustituto de Lobato “todo lo mejor”

En sus primeras palabras, la presidenta ha querido desear al portavoz socialista “todo lo mejor en su nueva andadura”, aunque al instante le ha tirado una pulla pidiéndole que no se “acompleje” cuando los dos coincidan en “los toros”. En esa misma línea, Ayuso se ha dirigido a la nueva dirección del PSOE-M. “Lo único que le pido a su partido es que le respete, que le deje estar unos meses porque esto es una confusión”, ha añadido.

“Ya no sé a qué grupo parlamentario hablar. Nadie dimite, la única que dimitió fue [Rocío] Monasterio”, ha insistido, ante la presencia de Lobato en el grupo parlamentario que sigue siendo diputado en la Asamblea. El diputado madrileño anunció su renuncia después de registrar ante notario una conversación con su compañera Pilar Sánchez Acera, asesora del ministro Óscar López, sobre la supuesta filtración del correo de Alberto González Amador, novio de Ayuso, en su caso de doble fraude fiscal.

La presidenta no ha dudado en recordar la actuación que le supuso su cargo a Lobato, a la que se ha referido como una “operación de estado, que va desde la Agencia Tributaria, al fiscal, a la Abogacía y al jefe de gabinete del presidente de Gobierno, para ir contra un adversario político”. Ayuso defiende que “cuando” el ex secretario general del PSOE “se ha visto atrapado ha ido a la notaría, no a la Fiscalía”.

En su intento de confrontar con el Gobierno central, Ayuso ha acusado a Sánchez de declarar “la guerra a una parte de los españoles”. De esta forma, sigue criticando la convocatoria anunciada por el Ejecutivo de coalición de conmemorar los 50 años de la muerte del dictador. “Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie”, ha asegurado la mandataria este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. 

“Lo último que tenemos ya es ver cómo la 'francosfera' nos va a preparar el año 2025. Después de la cobardía del presidente, para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que lo liberal es defender la democracia. Ustedes los de 'me quedaré con o sin Parlamento' y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia cuando se gana, por ejemplo, en Venezuela, esa china en el zapato que van a mandar toda la vida, la van a tener siempre con ustedes”, ha replicado al portavoz socialista. 

Bergerot: “Han mejorado mucho los negocios de González Amador”

Más Madrid ha mencionado a la pareja de la presidenta en su intervención. Su portavoz, Manuela Bergerot, le ha pedido a la presidenta que le diga “una sola cosa en la que ha mejorado la vida de los madrileños desde que es presidenta”. Tras realizar un recorrido por la situación de la Sanidad, la Vivienda, la libertad de las personas LGTBIQ+ y la financiación de las universidades públias, Bergerot ha recriminado a Ayuso que “se esfuerza mucho en mejorar la vida de los suyos”. “Han mejorado y mucho los negocios del señor Gonzalez Amador”, ha continuado. Y le ha preguntado: “¿Cuál es el siguiente paso para protegerlo? ¿meterlo en las listas de 2027?”.

En su intento de ahondar en las crisis del resto de partidos, Ayuso ha mencionado el caso Errejón a la portavoz de Más Madrid. “¿Qué ha pasado con el señor que nos ha dado lecciones a todas las mujeres?”, ha insistido la presidenta, que considera que al exdiputado ya “solo le queda el lawfare para defenderse”.

Este jueves, la presidenta sí que ha abordado la situación de las residencias durante la pandemia. En su réplica a Más Madrid ha leído una carta que ha atribuido al hijo de un fallecido en esos centros de mayores. En esa misiva se dirigen a la formación de Bergerot como “secta”. Según ha expuesto Ayuso, el autor de la carta asegura que se le parte el alma“ cada vez que ”esta partida de mercenarios“ convierte ”la memoria“ de su padre ”en un número, uno más entre tantos por motivos espúreos y meramente electorales buscando arañar un puñado de votos“.

Este sábado se celebran dos actos de relevancia: el 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla y las elecciones primarias para elegir al nuevo líder de ERC. Los socialistas llegan al congreso con un ojo puesto en los tribunales tras la dimisión del líder de Madrid, Juan Lobato, por la filtración de correos electrónicos de Alberto González Amador. No solo por eso: el PSOE busca también cómo defenderse ante las novedades judiciales del caso Aldama, de la asesora de Begoña Gómez, por la imputación del hermano de Sánchez y por la del fiscal general.

Mientras, las primarias de ERC se han convertido en la práctica en un plebiscito sobre el regreso del exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, que se enfrentaba a Xavier Godàs y Helena Solà. Más de 8.000 militantes estaban llamados a votar durante la jornada. Finalmente, habrá segunda vuelta el 14 de diciembre, al no conseguir ningún candidato el 50 % de los apoyos necesarios.

También hemos seguido las manifestaciones para protestar contra la gestión de la DANA y contra el genocidio de Israel en Palestina.

En una caja fuerte, en el Tribunal Supremo, el juez Ángel Luis Hurtado guarda un disco duro lleno de secretos. Allí están volcadas todas las comunicaciones de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado: todos sus mensajes y archivos; todo lo que había en su ordenador, en su tablet y en su teléfono móvil.

Es un material muy sensible. El fiscal general del Estado es una pieza clave: la Fiscalía, bajo sus órdenes, participa en todos los juicios, en todas las investigaciones judiciales. En ese disco duro se guarda –en palabras de la abogacía del Estado– “información que afecta a otros países” y “que puede comprometer la seguridad del Estado”. 

Imagino que estás al tanto de los precedentes de esta historia: la investigación por un presunto delito de revelación de secretos que ha puesto en marcha el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado tras la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En esta carta, del 19 de octubre, te lo conté con detalle. Y ya entonces avisaba de lo que vendría: “No descarto que el Supremo ordene investigar el teléfono móvil del fiscal general del Estado”– escribí hace unas semanas–. “Y me apuesto lo que quieras a que esas comunicaciones privadas terminarán filtradas a la prensa”.

Es lo que ha ocurrido y es casi una parodia. El Tribunal Supremo ha puesto en marcha una investigación por “revelación de secretos”. Y casi en tiempo real, en cuestión de minutos, cada nuevo paso que da esa investigación es filtrada a los medios. Ya se han publicado en la prensa pantallazos de las conversaciones por whatsapp del fiscal general del Estado, de su número dos, de Juan Lobato… Y eso que por ahora la Guardia Civil solo ha presentado un informe, sobre el teléfono y el correo electrónico de María Pilar Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid. Aún faltan por analizar todos los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado. 

La investigación sobre el fiscal general del Estado ya no es secreta. Pero eso no significa que se pueda filtrar. El propio juez Hurtado, en el auto donde dio traslado de toda esa documentación a las acusaciones, avisó de que “está prohibida su difusión a terceros”. Algo que no se cumplió. 

¿Está investigando el Supremo esas filtraciones? Por supuesto que no. Y esta es una de las claves de la Justicia española: el doble rasero. Los mismos hechos que en un caso se ignoran, en otro se convierten en la excusa para una investigación desproporcionada, a ver qué se pesca.

Pero volvamos al disco duro, el que se guarda en una caja fuerte del Supremo. El pasado 30 de octubre, antes de decidir ninguna otra diligencia, el juez Ángel Luis Hurtado ordenó a la Guardia Civil un registro a todas luces desmesurado. Pidió una copia de todos sus dispositivos electrónicos. De su móvil. De su ordenador. De su tablet. Y también las contraseñas de todas sus cuentas de correo electrónico, redes sociales u otras plataformas digitales. En el auto de Hurtado –en la parte dispositiva, a partir de la página 7– está todo descrito con sumo detalle. La Guardia Civil estaba incluso autorizada a modificar las contraseñas. Todo esto, sin que Hurtado considerara necesario –lo añade expresamente– que estuviera presente el abogado del fiscal general del Estado.

Toda esa información se volcó en ese disco duro. Pero ocho días después de ordenar el registro, Ángel Luis Hurtado se corrigió a sí mismo. En un nuevo auto, de apenas un párrafo, ordenó “limitar el análisis pericial del material intervenido” a solo una semana: “a las fechas que abarcan del día 8 al 14 de marzo”. 

En su primera orden, Hurtado pedía analizar las comunicaciones del fiscal general del Estado durante ocho meses: mucho más de lo que solicitó el abogado de Alberto González Amador. En la segunda, solo durante una semana. 

¿Por qué este cambio de criterio? Hay una razón. No es muy presentable. 

La abogacía del Estado –que defiende al fiscal general– había recurrido ese registro por desproporcionado. Cuando esto ocurre, debe resolver ese recurso una sala superior: otros tres jueces del Supremo. Según distintas fuentes, el Supremo no iba a validar un registro tan masivo. Y uno de estos jueces avisó a su compañero, Ángel Luis Hurtado, de que le venía un varapalo: que no podían aceptar una intervención de las comunicaciones tan excesiva. Por eso Hurtado cambió su criterio, antes de que se lo ordenaran. Por eso limitó a siete días lo que antes había ordenado por ocho meses. 

Esta semana, Ángel Luis Hurtado abrirá esa caja fuerte en presencia del acusado, del fiscal general del Estado. Y un perito informático, delante de ambos, descargará de allí solo sus comunicaciones de esa semana: del 8 al 14 de marzo. Será ese material lo que después analizará la Guardia Civil. 

Pero, ¿qué pasará con el resto de los archivos intervenidos? ¿Con ese disco duro, con las copias íntegras de su teléfono y el resto de los equipos informáticos? La abogacía del Estado ha pedido su destrucción. No está claro lo que decidirá el Supremo. 

En esa caja fuerte de Ángel Hurtado ya no está solo el teléfono móvil del fiscal general del Estado. También se guarda desde ayer un volcado del teléfono móvil de Juan Lobato, el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid.

La manera de actuar con Lobato también explica lo del doble rasero.

El lunes, el diario ABC publicó que Lobato había ido a un notario para certificar una conversación por whatsapp con una asesora de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que además era parte de su Ejecutiva. Y apenas unas horas después de aparecer la noticia, el juez Hurtado citó a Juan Lobato como testigo. 

¿Quién dijo que la justicia es lenta?

La velocidad con la que Hurtado adoptó esta decisión contrasta con la parsimonia con la que se toma todas las declaraciones como testigo que propone la defensa del fiscal general. Hace más de dos semanas que la abogacía del Estado pidió que se llamara a declarar a Miguel Ángel Rodríguez y a los periodistas que publicaron la famosa carta cuya filtración se investiga. Hace una semana, la abogacía volvió a insistir al juez para que resuelva sobre estas declaraciones. Hurtado ni siquiera ha contestado. 

¿Doble rasero? Sin duda lo parece. Como la propia investigación en sí, desde su origen.

En la Fiscalía, antes de que lo publicáramos los medios, hubo cuatro personas que accedieron a ese correo. El fiscal que llevaba directamente el caso –Julián Salto–, la fiscal superior de Madrid –Almudena Lastra–, la fiscal jefa provincial –María Pilar Rodríguez– y el fiscal general del Estado. Además, al buzón de correo donde llegó ese mail –que es una dirección genérica– tienen acceso 17 personas más: otros 13 fiscales y cuatro funcionarios.

De todos ellos, el juez Hurtado ha decidido investigar a solo dos: al fiscal general y a la fiscal provincial. 

Había solo una razón para considerar al fiscal general del Estado como responsable frente al resto: la nota de prensa que emitió la Fiscalía desmintiendo el bulo que había lanzado Miguel Ángel Rodríguez. Álvaro García Ortiz había asumido públicamente toda la responsabilidad de emitir esa nota. Pero el Supremo, al aceptar la investigación contra él, ya dejó claro que en esa nota de prensa no había delito alguno. Aún así, la investigación ha seguido adelante.

Tampoco se investiga –ni siquiera se le ha llamado aún como testigo– a la persona que filtró el primer correo que se publicó entre el abogado de González Amador y la Fiscalía: a Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso sigue amenazando cada día desde las redes sociales, impunemente. 

¿Doble rasero? Lo parece. El juez Ángel Hurtado es también el mismo que se opuso a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional, para que explicara lo que sabía sobre esos pagos a M. Rajoy que aparecían en los papeles de Bárcenas. En su voto particular –los otros jueces de ese tribunal sí admitieron esa prueba– Hurtado argumentó que no hacía falta su declaración porque ya estaba probada tanto la caja B del PP como el beneficio para el PP de esas mordidas.

Más tarde, en la sentencia de la Gürtel, Hurtado también planteó un voto particular. En contra, precisamente, de la condena del PP a título lucrativo: por beneficiarse de esas mordidas; la razón contraria a la que esgrimió para oponerse a que M. Rajoy declarara. 

Tras su polémica posición en la sentencia de la Gürtel, como presidente de ese tribunal en la Audiencia Nacional, Hurtado fue promocionado por la derecha. La mayoría conservadora del anterior Consejo General del Poder Judicial –en funciones, ya fuera de su mandato democrático– le ascendió al Tribunal Supremo. Estará allí hasta que cumpla 72 años. En los análisis que se han publicado sobre la victoria de Donald Trump, siempre se resalta el dominio que el nuevo presidente tendrá del Tribunal Supremo estadounidense, que se extenderá por décadas. Lo mismo ocurre con el Supremo español después de años de bloqueo en el CGPJ y una estrategia de décadas para “controlar la Justicia desde detrás”. 

Tras la declaración de Juan Lobato, los futuros pasos de Ángel Luis Hurtado parecen cantados. Sus mensajes demuestran que Pilar Sánchez Acera tuvo acceso al famoso correo electrónico con la confesión de González Amador antes de que fuera publicado por la prensa –cuando ya los medios habíamos informado de ese correo, pero antes de que se reprodujera íntegramente–. La respuesta que le da Sánchez Acera a la pregunta de Lobato de “cómo tenemos la carta” es ambivalente: “Porque llega, la tienen los medios”. 

Con casi total seguridad, Sánchez Acera será citada a declarar. Una copia de su teléfono móvil acabará en la caja fuerte de Hurtado. La Guardia Civil investigará todos sus mensajes del 13 y 14 de marzo y –si la investigación avanza como esperan en el Supremo– las fichas de dominó seguirán un poco más arriba. 

No hay que perder de vista el bosque, para no desorientarse. Porque esto no va de ese presunto delito de revelación de secretos –que se comete en los juzgados españoles constantemente: cada día los medios publicamos filtraciones secretas y muy rara vez se investiga–. Esto va de otra cosa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a sus colaboradores más cercanos una certeza: cree que acabará imputado ante el Supremo. No porque crea merecerlo sino porque da por hecho que ese ha sido siempre el objetivo. Solo así se explica lo lejos que han llegado. Es un plan que avanza, de forma simultánea, por cuatro carriles: la investigación contra su mujer, la investigación contra su hermano, los extraños movimientos del caso Aldama y esta anómala investigación contra el fiscal general del Estado.

No todas las vías abiertas llegarán a la meta. No todas tienen la misma solidez: el caso de Ábalos es sin duda pura corrupción y los indicios contra el exministro y su inseparable asesor, Koldo García, son bastante contundentes. Pero otras son realmente endebles y de nuevo se aplica el doble rasero. Como en el caso de la mujer de Pedro Sánchez y el papel que jugó una asesora de Moncloa. ¿Es una malversación que la mujer del presidente tenga una asistente a su cargo? ¿O es solo cuando lo hace la izquierda? Porque la mujer de Rajoy tenía un “personal shopper” a su disposición –hoy es diputado por el PP–. Y los cuidados de su padre los pagaba también La Moncloa. 

Muchas de estas causas penales tienen elementos en común. El uso del bulo, por ejemplo. La denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez arrancó con la mentira de que había cobrado una subvención –era otra mujer con el mismo nombre–. La denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez recogía también el bulo de esos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA que nunca tuvo. 

Luego la causa avanza. Y lo que empieza por una esquina acaba en otra. Porque una de las claves del lawfare siempre ha sido esa: no importa la sentencia, importa el proceso. Y los titulares que se consiguen en el camino.

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leerme, especialmente cuando me extiendo tanto como hoy. Gracias por tu apoyo a elDiario.es

Un abrazo.

Ignacio Escolar

P.D. Varios me preguntáis por esa plataforma llamada X que en tiempos mejores se llamó Twitter: qué vamos a hacer con esa red social, que cada día es más tóxica, que se ha convertido en una herramienta para la desinformación. Hemos tenido mucho debate al respecto en la redacción y, tras mucho meditarlo, decidimos seguir. La extrema derecha ya controla muchísimos espacios como para que voluntariamente entreguemos otro más. 

También hemos decidido otra cosa: abrir una nueva cuenta en Bluesky. Puedes seguir allí a elDiario.es (y a muchos de nuestros periodistas también). 

La política corre por las venas de Juan Lobato (Madrid, 1984), el hasta el miércoles líder del PSOE madrileño. Su padre, del mismo nombre (Juan Lobato Valero), fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid hace tres décadas, tiene desde entonces un peso relevante en la convulsa federación madrileña y fue quien le inculcó el interés por la cosa pública. Algunas voces internas aseguran que también fue clave en los erráticos movimientos que lo descabalgaron de la secretaría general en Madrid. La trayectoria del dimitido era propia de quien puede mostrar la experiencia necesaria para forjar un liderazgo sólido, aunque finalmente solo se mantuvo como máximo jefe de los socialistas madrileños durante tres años, desde noviembre de 2021 y hasta esta semana.

Abogado de formación, Lobato es técnico de Hacienda, por lo que conoce en profundidad lo que implica una correcta fiscalidad para poder poner en marcha las políticas públicas. Su experiencia en la política se retrotrae, además, 21 años atrás. En 2003, con solo 19 años, logró el acta de concejal socialista de Soto del Real (Madrid). El respaldo popular le permitió un ascenso meteórico y, en 2015, se convirtió en el primer alcalde del PSOE de la localidad de la sierra de Madrid desde la II República. Cuatro años más tarde, en 2019, logró mayoría absoluta y no fue hasta dos años después, en 2021, cuando dejó la alcaldía para centrarse en su candidatura para liderar el PSOE madrileño, algo que ya había intentado sin éxito en 2017.

Dentro del partido varios dirigentes reconocen que, en abril de 2021, siete meses antes de lograr la Secretaría General del PSOE de Madrid, Lobato ganó enteros para que Pedro Sánchez acabara apostando por él como el líder madrileño menos malo frente al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, a quien el de Soto del Real disputó y venció en las primarias.

Un discurso viral contra Vox

El ya exlíder de los socialistas madrileños era entonces el número cuatro de la lista con la que Ángel Gabilondo concurrió a las elecciones autonómicas –y logró ser primera fuerza, aunque no consiguió gobernar por el pacto de las derechas–, y fue el enviado del partido a un debate en Negocios Televisión que acabó siendo viral por sus respuestas al entonces dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, respecto a la bajada de impuestos. El dirigente de la extrema derecha prometió bajar el IRPF “a todos” los madrileños y Lobato le rebatió con una respuesta de 40 segundos que se reproduce a continuación y que triunfó en aquel momento en las redes sociales.

“En Madrid hay muchísimos madrileños que cobran menos de 12.000 euros, en concreto un 30%, a los cuales esta reforma baja cero euros. También en Madrid hay mucha gente que gana menos de 30.000, en concreto otro 40%, a los cuales esta rebaja fiscal les baja 5 euros al mes. Y también hay mucha gente (un 22%-23%) que gana hasta 60.000 euros a los cuales baja 11 euros al mes. Sin embargo, al otro 7% su reforma les baja hasta 4.500 euros. Esta es la reforma que plantean”, dijo Lobato.

Este fue uno de los discursos que conformó a Sánchez que, sin un especial entusiasmo, apostó por Lobato en el congreso madrileño al entender que tenía un perfil más transversal que el alcalde de Fuenlabrada, de corte izquierdista. Nada más ser elegido, en una entrevista en elDiario.es, Lobato ya se mostraba abierto a pactar con el PP de Ayuso, el más escorado a la derecha de España, en asuntos “estratégicos”. “Somos un partido de principios, no de dogmas y queremos ser un partido útil, que aspire a gobernar. Y un partido así asume la responsabilidad de tomar decisiones para el bien de la mayoría de esta región. Eso supone también trabajar parlamentariamente para tratar de llevar a cabo nuestros objetivos”, dijo.

Pero pronto en Ferraz percibieron que esa visión de la política de Lobato desdibujaba su oposición a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y, a los pocos meses de su triunfo en las primarias, se comenzó a hablar de su posible relevo.

El exalcalde de Soto del Real, mientras tanto, trató de diferenciarse de Más Madrid, principal fuerza de la oposición en la comunidad que no dio tregua a la dirigente madrileña y figura emergente en el PP. Ya en 2022, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, sugirió que se iba a impedir a los restaurantes y bares incluir bebidas alcohólicas en sus menús del día, Ayuso y Lobato reaccionaron de forma idéntica. Ambos publicaron en sus redes mensajes y vídeos defendiendo el consumo de vino. “Hora de comer y un buen vino de Madrid, no falla”, señaló el entonces secretario socialista en la grabación que difundió en X.

Lobato también ha discrepado con la dirección de Sánchez en asuntos que, en los últimos meses, le alinearon con los barones más críticos con Ferraz, como el castellano manchego Emiliano García Page o el aragonés Javier Lambán, que son precisamente quienes se han pronunciado públicamente en su apoyo tras su abrupta dimisión del miércoles. Como ellos, el ya exlíder del PSOE de Madrid mostró sus reticencias respecto a la ley de amnistía para los independentistas catalanes condenados por el procés. Más recientemente, no ocultó su rechazo a una financiación singular para Catalunya que el PSC pactó con ERC para que Salvador Illa pudiera ser investido presidente.

Desde su llegada al frente de la convulsa federación madrileña, marcada por las guerras fratricidas y las tensiones permanentes con Ferraz desde que el PSOE perdió el poder en Madrid, en 1995, Lobato tuvo una estrategia diferenciada a la dirección estatal de su partido. Sánchez llegó a la Moncloa gracias a sus pactos con la izquierda y las fuerzas nacionalistas e independentistas. Pero Lobato consideró que, en la Comunidad de Madrid, la labor del PSOE no era tanto tratar de atraer los votos de Más Madrid o Podemos sino buscar a los votantes de la extinta Ciudadanos que se habían ido al PP en las elecciones de 2021.

En los únicos comicios en los concurrió como candidato a presidente de la Comunidad, los de 2023, el PSOE no consiguió superar a Más Madrid y se mantuvo como tercera fuerza de la Asamblea aunque con un mejor resultado que en las elecciones de 2021. Lobato logró 614.000 votos –apenas 2.000 más que en la cita anterior– y 27 escaños frente a los 27 de Más Madrid y los 70 de Ayuso, que alcanzó una mayoría absoluta holgada.

“Educación” y “respeto” frente a los insultos de Ayuso

La estrategia enfrentó a Lobato con miembros de su partido de perfil más izquierdista como los del llamado cinturón rojo de Madrid. Pero él continuó tratando de alejarse del fango que Ayuso expande en la Asamblea de Madrid con sus ataques indiscriminados a la izquierda, a la que vincula con ETA o Venezuela. La consigna del dirigente madrileño era la de la “educación” y el “respeto”, lo que en un contexto tan polarizado en la cámara madrileña le hizo prácticamente invisible en el foco mediático regional, ya no digamos en el nacional donde ha despuntado Ayuso.

El final en la vida pública de quien parecía contar con los atributos necesarios para ser considerado una suerte de Míster Política ha estado directamente vinculado con su enfrentamiento con el Gobierno y el PSOE estatal. Primero, asumió a regañadientes tener que ejercer de principal defensor de Begoña Gómez cuando esta declaró en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid. Socialistas madrileños explican que únicamente acompañó a Gómez desde su entrada en la cámara autonómica hasta la comisión porque se lo pidió Ferraz.

A principios de noviembre, cuando ya se sabía defenestrado por Ferraz, Lobato decidió registrar ante notario unas conversaciones de WhatsApp que había mantenido ocho meses antes con Pilar Sánchez Acera, su compañera en la dirección del PSOE de Madrid y que, en ese momento, era la jefa de Gabinete del hoy ministro Óscar López, que a su vez era el jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa.

Ella pidió a Lobato que utilizara en un Pleno de la Asamblea la confesión que el novio de Ayuso envió a la Fiscalía por dos delitos fiscales, aduciendo que el documento ya estaba en manos de la prensa. El diario ABC fue quien desveló, la semana pasada, que Lobato había ido a la notaría. Él defendió su proceder el martes, en una comparecencia pública sin preguntas, asegurando que lo hizo para blindarse él y también a Sánchez Acera ante quien pudiera acusarles de haber utilizado un documento filtrado por el fiscal general del Estado, imputado en el caso que investiga la filtración. De hecho, su propio gesto hizo que Lobato tuviera que declarar este viernes ante el Tribunal Supremo, al que tuvo que entregar su teléfono móvil.

Fueron muy pocos en el PSOE de Madrid –y casi ninguno en el estatal– quienes entendieron que Lobato tomara esa decisión y llevara los mensajes ante notario sin contárselo a nadie, ni siquiera a su interlocutora en la conversación. La presión interna le hizo dimitir 24 horas después, el miércoles. “Sin duda mi forma de hacer política no es igual ni quizá en ocasiones compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene. No pasa nada”, asumió. Se fue justo dos días antes de que comenzara el Congreso Federal del PSOE de este fin semana, en Sevilla.

A lo largo de la historia del socialismo siempre se ha dicho que cuando la federación madrileña estornuda, el PSOE entero se constipa. Será por aquello de que fue en una céntrica taberna de la capital donde en 1879 se fundó el partido, aunque su congreso inaugural se celebrase en Barcelona. O será porque antaño, como ahora, Madrid es el centro neurálgico de la política. O será porque las diferentes direcciones federales siempre creyeron que la conquista del poder institucional en Madrid era una causa nacional. A saber.

La leyenda cuenta que Pablo Iglesias, fundador del partido, se lamentó en su lecho de muerte de no haber podido arreglar la organización en Madrid y también que, a finales de los 70 del pasado siglo, el socialista catalán Josep Maria Triginer, consejero de Josep Tarradellas, utilizó como excusa ante el president de la Generalitat una crisis en la extinta Federación Socialista Madrileña para no acudir una reunión. “Si es por eso, no hace falta que vaya usted. Los socialistas de Madrid están en crisis desde 1931”, le respondió el molt honorable.

El espasmo de la dimisión de Juan Lobato como secretario general del socialismo madrileño y los motivos que le han empujado a ello han convulsionado al partido de Pedro Sánchez en los días previos a su 41º Congreso Federal que se celebra bajo el lema “España avanza por la izquierda”. Lo cierto es que ya andaban en ebullición los socialistas mucho antes de la abrupta dimisión de Lobato. Por Aldama, por la asesora de Begoña Gómez, por la imputación del hermano de Sánchez, por la del fiscal general y por una ristra de togados convertidos en la verdadera oposición política. 

A los de la calle Ferraz les ha resultado imposible blindarse de noticias ajenas al cónclave. De hecho, durante las primeras horas del viernes, todos los ojos y todos los oídos estaban pendientes de lo que sucedía en la madrileña plaza de las Salesas, sede del Tribunal Supremo, donde Lobato declaraba como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por los wasaps que cruzó con la ex jefa de Gabinete de Óscar López y protocolizó en una notaría para cubrirse las espaldas ante la filtración de datos personales del novio de Ayuso.

Y mientras se acreditaban los más madrugadores compromisarios, se supo que la declaración de Lobato, para muchos de los allí presentes, “había parido un ratón”. Una “bufonada”, en palabras de uno ministro socialista, para quien la publicación de los polémicos wasaps “no solo no arroja ninguna prueba de que la Moncloa tuviera el polémico correo antes que los medios de comunicación, sino que en ellos Pilar Sánchez Acera se muestra cauta y alerta de que no se difundan datos personales”. 

“Ha acabado con su carrera política por esto. Lo único que demuestra todo esto es que teníamos un líder en Madrid muy poco espabilado”, añade el mismo interlocutor. Otro ministro muestra una seguridad absoluta de que el hilo que pretenden establecer Isabel Díaz Ayuso y la derecha madrileña entre la Moncloa y la Fiscalía “nunca existió”, que “no hubo revelación de secretos alguna” y que el correo que se cruza ya había sido publicado antes por los medios de comunicación.

No todos lo tienen tan claro, pero nadie lo expresará así durante este fin de semana en el que los socialistas no harán otra cosa más que cerrar filas con Pedro Sánchez y su Gobierno ante la ofensiva judicial, política y mediática de la derecha. Tanto es así que se da por descontado que el debate ideológico pasará a un segundo, tercer o cuarto plano. También el de las enmiendas sobre la financiación autonómica después de que el president de la Generalitat se haya empleado a fondo en convencer a los diferentes barones de que “Catatunya ha vuelto para quedarse”.

“Hay que salvar a Illa y el pacto con ERC”, reconoce uno de los 1.000 compromisarios que participarán en el cónclave, que aventura también que con las aportaciones de las federaciones se tratará de subsanar la ausencia de referencia alguna a asuntos nucleares como la memoria democrática o la inmigración.

El de este fin de semana es el primer Congreso Federal del PSOE al que no asistirá Felipe González, el primer secretario general que tuvo el partido ya en democracia. Quien fuera presidente del Gobierno de España durante 14 años declinó la invitación que, según su relato, llegó cuando ya tenía previsto un viaje fuera de España. Sea cierto o no, la dirección ha querido con la presencia de Manuel Chaves y Pepe Griñán este sábado en el plenario, explicitar que no todo es tensión, ni crítica, ni ofensa entre las distintas generaciones. Los dos expresidentes de la Junta regresan al PSOE tras años de ostracismo por la sentencia de los ERE. Y lo hacen encantados de que su partido les reserve en esta ocasión el puesto que nunca debieron perder y se reconcilie así con su pasado. 

Los que no faltarán en las intervenciones de quienes tomen la palabra entre hoy y mañana, a tenor de lo que adelantó este viernes la vicepresidenta María Jesús Montero, serán reproches contra Feijóo y su forma de oposición. Nunca en España, como hasta ahora, se habían traspasado tantas líneas rojas en el legítimo combate político, y lo que los socialistas ven en el presidente del PP “es un discurso golpista” contra su secretario general.

La también 'número dos' del PSOE se pronunciaba así en un encuentro con los medios junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, en el marco de una visita previa al escenario del congreso. ¿Golpista? Se refería a unas declaraciones de Feijóo en las que animó al PSOE a echar a Sánchez y aprovechó para recordar que al secretario general lo eligen todos sus militantes porque “el PSOE es un partido democrático. Y además lo llevamos a gala”.

Cambios en distintas federaciones

Lo que pretenden a toda costa, en todo lo que respecta al asunto Lobato y la imputación del fiscal general, es que nadie se desvíe del origen de este caso, y que es la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso, quien “miente sobre la situación de su pareja” y sobre las aclaraciones que aún no ha dado respecto al ático en el que vive, que presuntamente fue pagado con recursos procedentes de un fraude fiscal ya confesado por él mismo.

Todo esto no estaba previsto que entrara en el guion de un Congreso convocado, sobre todo, para repensar el proyecto político del PSOE –algo que queda pendiente– y reelegir a Sánchez por cuarta vez secretario general para que no haya duda de que seguirá al mando. Sin embargo, ahí está, en todas las conversaciones de los delegados. Primero fue inevitable que la organización rebajara el boato y la fiesta, a modo de las convenciones americanas de los demócratas, como consecuencia de la tragedia de la DANA a su paso por Valencia. Y con la salida de Lobato de la secretaría general del PSOE de Madrid se precipita el debate también sobre el relevo de varios liderazgos territoriales que Ferraz pretendía frenar hasta principios de año. Madrid no será la única federación donde habrá cambios, como anticipó ya hace meses elDiario.es.

Donde no se esperan grandes modificaciones es en la Ejecutiva Federal, más allá de algunas incorporaciones en las vocalías desde los territorios. Sánchez mantendrá a su actual núcleo duro, incluidos María Jesús Montero en la vicesecretaría general y Santos Cerdán en Organización, a pesar de que hayan sido señalados en sede judicial por el presunto corrupto Aldama.

La testifical de Juan Lobato en el Tribunal Supremo por la filtración de los correos del abogado de Alberto González Amador ha conseguido despejar varias incógnitas sobre cómo llegaron esos emails a sus manos. También sobre si, para cuando los esgrimió ante Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, ya habían sido publicados por varios medios de comunicación. Pero no rellenan uno de los grandes huecos del relato: cómo llegaron a manos de su interlocutora, entonces asesora en Moncloa, antes de que fueran hechos públicos en varios periódicos digitales.

El ya ex secretario general de los socialistas madrileños llegó este viernes al Supremo solo, sin hacer declaraciones y con una carpeta blanca en la que traía los mensajes y documentos que consignó ante un notario hace unas semanas. Una carpeta con el logo del PSOE en rojo. Hora y media más tarde abandonaba el tribunal y, después de que el juez Ángel Hurtado advirtiera a las partes en contra de dar información sobre la causa fuera de esas cuatro paredes, se limitaba a confirmar que había entregado su móvil para que cotejaran sus mensajes. “Los socialistas, la verdad y la ley por delante”, afirmó a los micrófonos.

Su declaración testifical –sin abogado y obligado a decir la verdad– llegaba con varias incógnitas sobre esta nueva derivada del caso de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahora, el Supremo se había centrado en saber si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había jugado algún papel en la publicación de la confesión de Alberto González en los medios. Ahora también analiza si en esos días de marzo los correos no solo circularon por las redacciones sino también por los móviles de personas vinculadas al PSOE y Moncloa.

Lobato ha declarado ante el juez, como ya había hecho en público, que acudió al notario a consignar esos mensajes hace pocas semanas para demostrar que en ningún momento difundió nada que no hubiera sido ya publicado por los medios. Evitar, en definitiva, la causa penal por la filtración en la que está imputado el fiscal general. Los mensajes aportados avalan su versión en lo esencial y desmienten algunos aspectos afirmados hasta ahora. Por ejemplo, que en su conversación con Pilar Sánchez Acera se abordó que ellos mismos iban a filtrar el documento a El Plural.

El Supremo investiga si entre la noche del 13 de marzo y la mañana del día siguiente la Fiscalía filtró esos correos. Los mensajes que ha aportado Lobato al juez Hurtado, que ha podido examinar elDiario.es, arrancan un minuto antes de las ocho y media de la mañana del 14 de ese mes. Ese día Isabel Díaz Ayuso comparecía por primera vez ante el pleno de la Asamblea de Madrid después de que elDiario.es revelara el doble fraude fiscal de su pareja. Después de una noche convulsa en la que, tras algunas informaciones falsas, había trascendido que Alberto González Amador no solo no se consideraba víctima de una “cacería” de Hacienda, sino que había reconocido sus delitos para evitar la prisión.

A esa hora, Pilar Sánchez Acera –entonces jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa y hoy su asesora como ministro– le remitió el correo y le instó a sacarlo en su intervención en la Asamblea un par de horas después, pidiendo “cuidado” con los datos personales que aparecían en el documento. Lobato pidió saber de dónde salía la documentación para evitar que pareciese “que me la ha dado la Fiscalía” y su interlocutora contestó: “Porque llega, la tienen los medios”.

Después de esa conversación, un minuto antes de las nueve y media de la mañana, Sánchez Acera le remite un enlace donde el digital El Plural había publicado hace un rato el correo, a las nueve horas y seis minutos de la mañana. “Ya está”, afirmó la entonces asesora en Moncloa. Una hora después Juan Lobato se llevaba el aplauso de la oposición al levantarse, mostrar el correo con la confesión de Alberto González Amador y acusar a Ayuso de mentir. Ocho meses después entraba por la puerta de un notario de Madrid para levantar acta de esos mensajes.

El origen de los correos

La comparecencia de Lobato despeja algunas incógnitas y avala, en líneas generales, lo que defiende en público desde hace días: su interlocutora de Moncloa le trasladó que ese documento estaba en los medios de comunicación y él no sacó el correo impreso en la Asamblea hasta bastante después de su publicación. También desmiente, al menos en base a esos correos, que los mensajes demuestren que Moncloa o el PSOE están detrás de la filtración, teniendo en cuenta además que ya la noche anterior varios medios recogieron su contenido aunque no difundieran el documento.

Lo que no aclara es un aspecto que solo podrá explicar la propia Pilar Sánchez Acera si es llamada a declarar por el juez Hurtado, en caso de que el instructor entienda que es necesario indagar más en esta ramificación del caso. El primer medio de comunicación en publicar el documento, pasados unos pocos minutos de las nueve de la mañana, fue El Plural, media hora después de que Sánchez Acera rebotara los correos de la pareja de Ayuso por WhatsApp a Juan Lobato.

La investigación sobre esta filtración se encuentra en un momento clave. Después de que la unidad de élite de la Guardia Civil haya analizado los correos intervenidos a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el juez espera a que los agentes envíen su informe sobre los emails y mensajes incautados en el teléfono y el ordenador del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Ese primer informe, además de recoger la tensión interna de la Fiscalía en la noche del 13 de marzo, demuestra lo que ya ha reconocido el fiscal general en público: que recabaron esos correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso para desmentir varias informaciones falsas publicadas en esas horas.

La Unidad Central Operativa deduce que lo más probable es que la filtración, tanto la de la denuncia inicial desvelada por elDiario.es como la del correo, procediera de la Fiscalía. Lo hace sin que ningún mensaje o correo recoja algo al respecto y omitiendo dos datos clave: que la denuncia había sido puesta en manos del juzgado una semana antes de la primera información del caso y que en la noche del 13 de marzo el primer en poner en circulación extractos textuales de los correos de Alberto González no fue ningún medio de comunicación. Fue Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, quien lo mandó a varios periodistas.

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha copiado los mensajes que Juan Lobato intercambió con Pilar Sánchez Acera el pasado 14 de marzo sobre los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tal y como explican fuentes del caso a elDiario.es y ha confirmado el propio político a la salida del Supremo, a petición de una de las acusaciones Lobato ha entregado su teléfono, además de los documentos notariales. “Todo contestado, acreditado, me han propuesto voluntariamente si quería poner a disposición el teléfono movil y he dicho que sí. Los socialistas, la verdad y la ley por delante”, ha dicho.

Los mensajes entregados hoy por Lobato en el Supremo, que ha podido examinar elDiario.es, arrancan a las ocho y media de la mañana, cuando Pilar Sánchez Acera le remite el correo en el que el abogado de Alberto González ofrece un pacto a la Fiscalía. En esa conversación, la entonces asesora en Moncloa le insta a tener “cuidado con los datos personales” pero también a sacarlo durante su intervención en el pleno en la Asamblea de Madrid, que será en dos horas.

Lobato pregunta entonces si ese correo se ha publicado ya en algún medio y pregunta de dónde ha salido. “Porque llega, la tienen los medios”. El entonces dirigente del PSOE madrileño insta a esperar a que sea publicado en algún medio: “Si no, parece que me la ha dado la Fiscalía”. Un minuto antes de las nueve y media de la mañana, cuando todavía no ha empezado el pleno, Sánchez Acera le comunica que ya está siendo publicado por los medios y le remite un enlace de El Plural. Una hora después Lobato sacaba el documento en el pleno de la Asamblea pero con los datos personales tachados.

Ante el juez, según fuentes del proceso, Lobato ha insistido en lo mismo que lleva afirmando varios días: que acudió al notario para dejar constancia de que no se había difundido el documento antes de que ya fuera de conocimiento público.

El exsecretario general del PSOE madrileño ha llegado al Supremo unos 20 minutos antes de su citación, sin hacer declaraciones y portando una carpeta blanca con el logo del partido en rojo. Además de declarar, el político también tenía que aportar las conversaciones que consignó en una notaría a principios de noviembre, en las que supuestamente una asesora de Moncloa le ofrecía los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para esgrimirlos en la mañana de ese 14 de marzo en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Hasta la fecha, Lobato siempre ha defendido que solo obtuvo esos correos después de que fueran difundidos por varios medios de comunicación en la mañana de ese jueves. Fue sobre las diez y media de la mañana cuando compareció ante el pleno y mostró el documento ante Isabel Díaz Ayuso en su primera comparecencia ante el pleno de la Asamblea después de que elDiario.es revelara en exclusiva que la Fiscalía había denunciado a su pareja por un doble fraude fiscal de más de 350.000 euros.

El juez decidió llamarle a declarar como testigo después de que el diario ABC revelara que a principios de noviembre acudió a una notaría de Madrid para consignar los mensajes que cruzó esa mañana sobre el tema con Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa y hoy asesora del mismo en el Ministerio.

Juan Lobato, hasta hace pocas horas líder de los socialistas madrileños, declara este viernes en el Tribunal Supremo obligado a decir la verdad sobre cómo llegaron a sus manos los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El exdiputado tiene que testificar ante el juez Ángel Hurtado y entregar los mensajes que consignó hace pocas semanas en una notaría de la capital: en los que, supuestamente, una asesora de Moncloa le ofrecía la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador para que la usara como arma contra la presidenta madrileña. Una nueva derivada en el caso contra el fiscal general por revelación de secretos que depende de la hora de esos mensajes.

El origen de la declaración de Lobato se remonta al pasado 14 de marzo. Cuando el entonces secretario general del PSOE de Madrid se levantó de su escaño en la Asamblea regional y, apenas pasados 40 minutos de las diez de la mañana, esgrimió un documento que arrancó un sonoro aplauso de toda la bancada de la oposición. El correo que el abogado de Alberto González Amador había mandado un mes antes al fiscal que le investigaba para ofrecerse a reconocer su fraude fiscal de 350.000 euros y aceptar una condena simbólica de cárcel a cambio de no pisar la prisión.

El papel que ondeaba Lobato desde su escaño era entonces un torpedo a la línea de flotación de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso para defender a su pareja. Lejos de ser una “cacería” de Hacienda, la Fiscalía y el Gobierno contra ella a través de su novio, el propio empresario llevaba semanas reconociendo sus delitos y buscando un pacto para evitar la cárcel. Pero ocho meses y medio después, y con la causa por fraude fiscal prácticamente paralizada, ese documento y su difusión esos días se ha convertido en una investigación que mantiene imputado al fiscal general del Estado.

Juan Lobato tendrá que explicar al juez Hurtado cómo y cuándo llegó ese correo a sus manos. Esa mañana, mientras era aplaudido en la Asamblea de Madrid, dio a entender que había sacado ese correo de “los medios de comunicación” que, una hora antes, habían publicado su contenido. Pero el diario ABC ha revelado que no fue su único encuentro con esa información. Esa misma mañana, en un momento por determinar, la asesora de Moncloa y compañera suya en el PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, contactó con él para planificar la difusión de esos correos.

El exdirigente socialista no solo tendrá que explicar si le enviaron esos correos, a qué hora los recibió y si para entonces algún medio de comunicación ya los había publicado. También si el documento que exhibió en la Asamblea de Madrid lo había extraído, como dio a entender entonces, de algún periódico que no citó entonces, o si es el mismo que le hizo llegar, supuestamente, Sánchez Acera, entonces alto cargo en Moncloa.

Las primeras explicaciones de Lobato, tras conocerse la información, llegaron el pasado lunes cuando todavía era secretario general del PSOE madrileño. “No veo cuál es el problema de acreditar el origen lícito de esa comunicación”, dijo. Afirmó estar convencido de que su visita a la notaría solo servía para documentar que ni él ni el PSOE ni Moncloa habían tenido esos correos antes que los medios de comunicación. Un día después, y tras el revuelo interno en el partido, deslizó la posibilidad de que su interlocutora, entonces jefa de gabinete de Óscar López, le hubiera mentido.

Juan Lobato acudió a la notaría de Madrid a consignar esos mensajes en fechas muy señaladas para la causa judicial que instruye el Supremo. Casi ocho meses después de haber tenido esa conversación con Pilar Sánchez Acera pero pocos días después de que el juez Hurtado enviara a la Guardia Civil al despacho del fiscal general, precisamente siguiendo el rastro de esos correos. También pocos días antes de que elDiario.es revelara que el PSOE prepara su relevo para poner a Óscar López al frente del partido en Madrid.

El origen de la causa contra el fiscal general

Esta rama de la investigación que inaugura Lobato este viernes transcurre en paralelo a la que el juez Hurtado hace avanzar a buen ritmo desde hace semanas con dos imputados: el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid. El magistrado indaga si en la noche del 13 de marzo, unas horas antes de que Lobato –según su versión– recibiera esos correos, fue Álvaro García Ortiz quien puso en circulación los correos en plena batalla para desmentir un bulo de El Mundo sobre la actuación de la Fiscalía en la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La cronología del caso arranca el 12 de marzo, cuando elDiario.es revela en exclusiva que el Ministerio Público había denunciado siete días antes a Alberto González Amador por defraudar más de 350.000 euros. La consigna de Ayuso y Génova fue apuntar a un ataque del Estado contra “un particular”. En la noche del 13 de marzo fue la edición digital de El Mundo la que publicó una información del caso que relataba uno de sus episodios más relevantes en dirección contraria: la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario.

Para entonces también el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, y otros medios habían añadido falsamente que ese pacto se había retirado por órdenes “de arriba” para prolongar el via crucis procesal del novio de Ayuso y, por extensión, de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La realidad era al revés, como suele suceder en estos casos aunque mucho antes de lo habitual: había sido el abogado de Alberto González Amador el que, un mes antes, había escrito a la Fiscalía para reconocer sus delitos y pactar una condena que le permitiera evitar la cárcel. El Ministerio Público, por orden del fiscal general, solicitó esos correos al fiscal del caso y al día siguiente, a las 10:20 de la mañana del 14 de marzo, emitió un comunicado sin revelar su contenido pero explicando que los hechos no habían sucedido así.

En un primer momento, la causa, cuando fue tramitada ante el Tribunal Superior de Madrid, se dirigió contra ese comunicado de la Fiscalía. Pero fue el Supremo el que dio un giro al caso y, tras desestimar que el comunicado revelara información confidencial, se lanzó a indagar en si el fiscal general había difundido esos correos en su literalidad. Porque para cuando la Fiscalía publicó su comunicado, varios medios ya se habían hecho eco de los emails, ya fuera citando su contenido o plasmando el documento íntegro.

Diversos medios reflejaron su contenido sin difundir el documento en la noche del 13 de marzo, y las primeras publicaciones con el documento llegaron a partir de las nueve de la mañana del día siguiente. Hora y media antes de que Lobato esgrimiera triunfalmente el email ante la Asamblea de Madrid. Las actas del notario al que acudió en secreto a principios de noviembre revelarán si esos correos cruzados entre el abogado de Alberto González y el fiscal Julián Salto también estaban en manos de Moncloa o si, en realidad, se limitaron a dar uso político a una información ya publicada.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado este jueves sobre la dimisión de Juan Lobato, hasta ahora líder del Partido Socialista en Madrid, para afirmar que “es una persona de enorme valía”. “Estoy convencido de que la política, tarde o temprano, no puede prescindir de gente así”.

Así se ha pronunciado García-Page en declaraciones a los medios en la localidad toledana de Escalona, donde ha inaugurado la Escuela Infantil 'El jardín de los Infantes' y ha dicho, no obstante, que le gusta hablar sobre las cosas cuando tiene documentación y que de la situación del PSOE de Madrid no tiene “la más mínima información, salvo la que aparece por los medios de comunicación”.

“Cuando hablo quiero hablar con fundamento, pero sí puedo decir que realmente es una persona de valía”, ha incidido el también secretario regional de los socialistas castellanomanchegos, quien ha mostrado su preocupación por el hecho de que en la política nacional se esté quemando “de forma acelerada mucho capital político”, tanto dentro como fuera de su partido.

“Hay muchísima gente que está resultando dañada o quemada y esto es algo que en términos generacionales y para la clase política es un problema”, ha abundado, para referirse a las palabras de Lobato en su carta de dimisión, en las que afirma que no cree en la destrucción del adversario y la aniquilación del que discrepa, para señalar que es “algo obvio”.

“El problema es identificar esas actitudes y esos comportamientos, pero es demasiado doloroso todo lo que pasa cuando realmente gente de valía se ve en esta situación y lo siento por él”, ha indicado García-Page, quien ha hecho referencia también al presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, del que ha defendido su trayectoria “impecable”.

Es por ello por lo que se ha mostrado convencido de que terminará saliendo satisfactoriamente de “ese pleito”. “Lo único que deseo, y esto vale para la gente de mi partido y en realidad para todos los demás, es que salgan lo mejor posible y sobre todo que finalmente nunca pueda ser condenado nadie que sea inocente”.

Lo único que deseo, y esto vale para la gente de mi partido y en realidad para todos los demás, es que salgan lo mejor posible y sobre todo que finalmente nunca pueda ser condenado nadie que sea inocente

Preguntado por la imputación de Gallardo, el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que “no determina cómo va a terminar la situación” por lo que ha reiterado que su “pleito” acabará “muy esclarecido”. “Es mi impresión, pero como digo, solo puedo hablar de la opinión que personalmente me suscitan algunas personas a las que conozco y cuya trayectoria les avala y espero que el resultado del pleito sea a la altura de la trayectoria de la gente a la que conocemos”.

Con todo, García-Page ha visto “lamentable” que la política falle en la medida en que se dedica a los problemas de los políticos “porque es una forma de no ocuparse de los problemas de la gente”. “La mayoría estamos en lo que estamos, en lo que hay que estar. Lo que pasa es que es verdad que la neurosis en la que ha entrado la política nacional es muy preocupante”.