De “Hacienda le debe 600.000 euros” a “no respondo por un particular”: los giros de Ayuso sobre la investigación a su pareja

“Ahora tocaba el novio”. Esta fue la primera reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 12 de marzo, apenas unas horas después de que elDiario.es publicara la primera entrega sobre la investigación a su pareja, Alberto González Amador. La Fiscalía le atribuye delitos de fraude fiscal y falsedad documental tras enriquecerse durante la pandemia como comisionista por la venta de mascarillas.

González Amador declarará como imputado el próximo 20 de mayo, en un juzgado de Madrid. Pero Ayuso, desde que se conocieron las primeras noticias sobre los negocios de su pareja, ha realizado todo tipo de giros en su discurso sobre el caso: ha mentido, aportado datos falsos y modificado notablemente cómo se refiere a su pareja, que ahora es, para la presidenta, “un ciudadano particular”.

Fue apenas unas horas después de la publicación de este medio cuando Ayuso pronunció sus primeras palabras sobre el caso. Ese martes 12 reconoció que sabía que su pareja estaba “sufriendo una inspección de Hacienda”, aunque obvió que se había abierto también una investigación por parte de la Fiscalía. “No ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde Moncloa”, agregó.

“Era algo que me esperaba porque desde hace cinco años todos los días me pasa algo similar. Primero fue mi padre, después mi hermano, mi madre, mis primos, mi pueblo, mi barrio, mi colegio, mis profesores y mi expediente. Después fue mi etapa universitaria. Siempre ha sido buscar algo en mi entorno. Y ahora tocaba mi novio”, lamentó, durante una visita en Castelldefells. “Directamente se le está acusando”, dijo, en alusión a los medios, aunque en realidad quien acusa a su pareja es la Fiscalía. “El trato que se le está dando no es normal”, remachó. 

El primer giro a su discurso lo pronunció apenas 24 horas después, el miércoles, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que tuvo lugar en Leganés. En esa comparecencia ya no pronunció la palabra “novio”, sino que habló de su “pareja”. Pero, además, dio a entender que la “inspección” de Hacienda que motivó la denuncia de la Fiscalía ya había concluido con un resultado favorable para González Amador de 600.000 euros.

“Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses”, dijo.

Las informaciones publicadas por elDiario.es en base a esa denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, señalan que el fraude –constatado por Hacienda y que ha motivado la citada investigación– alcanza los 350.591 euros y se centra en las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 que él presentó en 2021 y 2022, respectivamente.

“Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros”, insistió Ayuso. La presidenta, de nuevo, aportó datos falsos. Y quien reconoció que lo referido al fraude no es así fue el propio abogado de González Amador, que ofreció a la Fiscalía un pacto: declararse culpable de los delitos a cambio de no ir a juicio. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, reconoció, en un escrito ante la Fiscalía. 

Ese mismo miércoles 13 elDiario.es desveló que Ayuso vive junto a González Amador en el piso de Chamberí valorado en cerca de un millón de euros que este último compró tras el fraude constatado por Hacienda. Horas más tarde, también se informó de que la pareja disfrutaba de un segundo piso en ese mismo edificio, justo encima del adquirido por la pareja de Ayuso. “Yo tengo derecho a dormir en la cama que considere, como persona que soy libre para hacerlo, y no por eso me responsabilizo por nada”, apuntó la presidenta.

“No es un piso de un millón”, apostilló la dirigente madrileña, que obvió la existencia del segundo. “No es mío, está hipotecado, está registrado mediante notario. Está legal, está todo en A. Cuando Hacienda le devuelva lo que le debe, a lo mejor lo compra y ya sí que es suyo. Y de hecho no está comprado, como hacen tantos políticos socialistas con billetes en rulos”, respondió, precisamente a las preguntas de un periodista de elDiario.es que se interesó por cómo había sido pagada esa vivienda.

Un día después, el jueves, cuando ya se sabía que el origen de los ingresos millonarios de González Amador llegaron de las comisiones que cobró por la venta de mascarillas, Ayuso aportó otra versión y esta vez dijo no tener casa. Fue durante la sesión de control a su gobierno que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid y que la oposición trató de centrar en el caso de González Amador. Entonces, la presidenta madrileña calló sobre la confesión de su novio que, en contra de lo que aseguraba ella –que Hacienda le debía 600.000 euros– reconoció a través de su abogado que en realidad era él quien debía 350.000 euros a la Agencia Tributaria por haber defraudado al fisco.

“Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie, porque además no tengo casa, llevo toda la vida viviendo de alquiler”, dijo Ayuso. Este diario pudo comprobar esa misma semana cómo la presidenta madrileña sí vive en la casa de González Amador sin que se conozca que pague un alquiler a su pareja. Además, posee una casa heredada de sus padres en nuda propiedad.

En un nuevo viraje de estrategia, en su siguiente comparecencia pública, el lunes 18, Ayuso dejó de utilizar los términos “novio” o “pareja” para referirse a González Amador. En todo momento trató de marcar distancias con él, al que llamó –y desde entonces llama– “un ciudadano particular”. “Se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario”, apuntó, sin querer rectificar su declaración inicial, cuando aseguró falsamente que Hacienda debía 600.000 euros a su pareja.

“Yo respondo por la Comunidad de Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver con la estrategia de defensa de un particular”, añadió, sin aclarar tampoco cómo se pagó el piso en el que vive.

El argumentario lo calcó el portavoz de su gobierno, Miguel Ángel García, el miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo madrileño. Él también se amparó en que la pareja de Ayuso es “un particular” que no ostenta “ningún cargo público” y que, por lo tanto, no se puede pedir cuentas al Gobierno madrileño de ninguna de sus actuaciones, a pesar de que la presidenta vive en su casa.

Sin respuestas oficiales

Pese a los intentos de este diario por contrastar todas las informaciones publicadas con fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Ayuso no ha respondido a ni uno solo de los requerimientos de esta redacción. Además de las preguntas en las ruedas de prensa, sí hubo un contacto directo del equipo de la presidenta madrileña con este medio a través de los mensajes amenazantes que envió el jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a la adjunta al director de elDiario.es Esther Palomera, la misma noche del lunes 11 en la que se publicó la primera información sobre González Amador.

A los pocos minutos de que la noticia saliera a la luz, Rodríguez empezó a enviar una retahíla de mensajes de WhatsApp a Palomera, que no había participado en la cobertura del caso ni se había puesto en contacto con él. El primero de ellos contenía un link con la información publicada y a continuación Rodríguez advertía: “Era con el Gobierno de Sánchez!!! Illa. El PP de Madrid denunció ese contrato de FCS ante la Fiscalía Anticorrupción. Falso. No hay facturas falsas”.

La periodista que recibió los mensajes trasladó al jefe de gabinete de Ayuso que elDiario.es le había formulado siete preguntas sobre este asunto que todavía no había respondido. En ese momento, Miguel Ángel Rodríguez insultó y amenazó a su interlocutora con sucesivos mensajes. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La receptora de los mensajes preguntó al jefe de gabinete de Ayuso: “¿Es una amenaza?” “Es un anuncio”, respondió Miguel Ángel Rodríguez, quien todavía increpó a la integrante de esta redacción con algunos insultos más [consulta aquí la conversación íntegra]. 

El pasado 19 de marzo, además, Rodríguez enviaba a diversos medios de comunicación informaciones falsas –que varios de esos medios publicaron sin ni siquiera ponerse en contacto con elDiario.es– en la que se acusaban a periodistas de esta redacción y de otros medios de intentar allanar la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid “encapuchados”. La información, que Rodríguez reiteró el jueves, es falsa y la dirección de este medio estudia medidas legales contra todas aquellas publicaciones que atribuyan delitos a cualquier redactor de elDiario.es.

La primera vez que Ayuso se pronunció al respecto fue el jueves 21, en una nueva sesión de control a su gobierno. Y lejos de refutar o rectificar a su jefe de gabinete, refrendó sus falsedades. “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”, dijo Ayuso, dando pábulo a los datos falsos de Rodríguez.

Endurecimiento del discurso desde Chile

Desde Chile, adonde Ayuso viajó la última semana, la presidenta madrileña volvió a girar respecto a las informaciones de su pareja y el papel de Miguel Ángel Rodríguez en su gobierno, agravando las descalificaciones y exageraciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En una primera comparecencia dijo que no iba a hablar del caso por estar “judicializado”. Pero después consideró que la imputación de González Amador por parte de una jueza es “un atropello no solo contra un particular, sino contra el Estado de derecho, lo que afecta a todos los españoles”.

Todo se debe, según Ayuso a “una estrategia” que en su opinión es “chavista y putinista”, que ha hecho que “los datos de un particular”, en alusión a su pareja, se hayan difundido “sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa y con el ensañamiento que demuestra que el Gobierno de Sánchez”.

“Está muy agobiado, muy acorralado y preocupado por el caso de Begoña Gómez, por el caso del secretario de organización del PSOE, que es el que está involucrado en una trama que está afectando por posible corrupción y se está viendo, se han encontrado pistolas, fajos de dinero y que esto afecta a ministerios, a ministros y a otros organismos públicos”, llegó a señalar desde el país sudamericano.

“Y luego está una inspección fiscal que intentan que lo cubra todo y a mí me parece realmente grave y no es de extrañar por tanto que tantos sectores que están relacionados con el mundo de la justicia se estén llevando las manos a la cabeza”, añadió.

Sobre las amenazas de Rodríguez a medios como elDiario.es, Ayuso dijo lo siguiente: “Es curioso que solo yo tengo jefe de gabinete. Oye, no se sabe ni el nombre ni el apellido de los jefes de gabinete de ningún político en este país, pero de mí se sabe hasta dónde como los jueves por la tarde”. Pese a la imputación de su pareja ella se siente víctima de una “persecución” que es “un tanto desproporcionada”. “Además, quiero dejar claro, yo soy periodista y nadie me va a dar lecciones sobre libertad de prensa. Y para eso está el trabajo que venimos realizando desde mi equipo en estos años”, remachó.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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