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El Tribunal Superior de Madrid ratifica su investigación penal a la Fiscalía por la querella de la pareja de Ayuso

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia, a 22 de mayo de 2024, en Madrid (España)

Alberto Pozas

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El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado su propia decisión de abrir una causa penal para investigar las acusaciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía por revelación de secretos. En un auto, el instructor del caso rechaza un recurso en el que el Ministerio Público pedía archivar las diligencias y defiende que no ha asumido de forma acrítica el relato del comisionista acusado de doble fraude fiscal. “Calificar de prospectiva la investigación resulta difícil de entender”, explica el juez Francisco José Goyena.

Entre otros aspectos, la Fiscalía criticaba que por el momento el magistrado hubiera omitido que el origen del comunicado fue un bulo difundido por varios medios de comunicación y por el propio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid. La respuesta del TSJM es instar a que ponga en su conocimiento cualquier otra ilegalidad pero sin detenerse a examinar su alegación: “Si tiene un mayor conocimiento de circunstancias relevantes no dudamos que lo pondrá en nuestro conocimiento, pues es su obligación”.

Alberto González Amador, imputado por un fraude fiscal de más de 350.000 euros que él mismo ha reconocido, decidió querellarse contra el fiscal que le denunció y contra su superior cuando el Ministerio Público emitió un comunicado sobre su caso. Un comunicado en el que se explicaba cómo el abogado del empresario había ofrecido un pacto a cambio de reconocer los delitos y saldar sus cuentas con Hacienda.

El comunicado llegó después de que varios medios de comunicación y el propio Miguel Ángel Rodríguez difundieran una versión falsa de lo ocurrido: que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a la pareja de Ayuso pero que ese pacto había sido parado desde la cúpula del Ministerio Público. Tanto González Amador como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se lanzaron a la vía penal para acusar tanto al fiscal del caso como a su superior de un delito de revelación de secretos.

El TSJM decidió abrir diligencias contra los dos y poner varias pruebas en marcha, entre ellas las testificales de la fiscal superior y del jefe de prensa del organismo. También remitió varios mandamientos a diversos medios de comunicación. En su recurso, la Fiscalía pedía archivar el caso al entender que no había indicios de delito y criticando que el juez hubiera asumido el relato de Alberto González Amador sin poner la lupa en el origen del conflicto: el bulo sobre el pacto que él mismo había ofrecido y que difundió el entorno profesional más cercano de su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La respuesta del magistrado Goyena es mantener abiertas las diligencias y anunciar que la causa seguirá adelante. Su recurso, afirma, es “improcedente y extemporáneo” y se apoya en que puso en marcha la investigación siguiendo una orden de la sala civil y penal del TSJM. No se trata, defiende el juez, de una investigación general: “Debemos rechazar el calificativo de prospectiva de la actividad investigadora, que francamente resulta, dicho en los términos más amables, poco feliz”, señala.

La causa, afirma el TSJM, se incoa “en relación a unos hechos muy concretos”. “Está concretada en unos precisos hechos, una primigenia calificación típico penal y en dos personas como presuntas responsables. Calificar de prospectiva la investigación resulta difícil de entender”, añade. Y defiende que en todo momento ha buscado no perjudicar a la Fiscalía con las pruebas que ha pedido: “Este instructor ha buscado una forma que no supusiera una penosa intromisión en una institución como es el Ministerio Fiscal evitando, si puede ser, el espectáculo de la actuación policial”.

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