Si hay un libro que ayuda a entender la importancia de los evangélicos blancos ya en la primera victoria de Trump es Jesús y John Wayne. Cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación (Capitán Swing). Su autora, Kristin Kobes Du Mez, analiza un movimiento religioso y político que es “patriarcal, jerárquico y, en el fondo, antidemocrático”. Lo único que hizo Trump en 2016 fue asumir como propio ese estilo de vida que los cristianos evangélicos llevan décadas promoviendo. El verbo “vender”, en este caso, es literal, puesto que se trata de un mercado que se promociona a través de televisiones, radios y, por supuesto, redes sociales.

Son votantes que están dispuestos a pasar por alto que Trump y los valores cristianos son conceptos antagónicos, porque lo que les interesa es la “autoridad patriarcal” y el afán de poder que representa el presidente estadounidense.

“Los evangélicos blancos tienen más probabilidades que los miembros de otros grupos religiosos de apoyar la guerra preventiva, justificar la tortura, oponerse a la reforma de la inmigración, apoyar la construcción de un muro en la frontera y estar a favor de la pena de muerte; tienden más que otros estadounidenses a poseer armas de fuego, negar la relación entre el racismo y la violencia policial, rechazar los pactos políticos, preferir a gobernantes fuertes y solitarios y aprobar que se infrinjan las normas cuando lo consideran necesario”, resume esta profesora de Historia y Estudios de Género en la Universidad Calvin de Grand Rapids, en Michigan.

En diciembre de 2018, la revista Anfibia publicó un extenso reportaje que arrancaba con la siguiente pregunta: ¿Puede ser que los evangélicos argentinos se transformen en el ariete de una fuerza política de ultraderecha? Se había demostrado que ya había sido así en Brasil y, aunque con Milei no se produjo un apoyo comparable al que ofrecieron a Bolsonaro, el presidente argentino ha multiplicado los gestos hacia esta comunidad. Uno de los más destacados fue su presencia en la inauguración del “Portal del Cielo”, un templo con capacidad para más de 10.000 personas. Sí, lo han leído bien: 10.000 personas.

Con estos precedentes llegamos a Madrid DF, epicentro del evangelismo patrio, como se pudo comprobar el pasado fin de semana. 35.000 personas participaron en The Change 2026, un evento celebrado en el Metropolitano en el que actuaron predicadores de diferentes países, cantantes y, como cabeza de cartel, el exjugador del Barça y de la selección brasileña Dani Alves. El futbolista explica que la fe le salvó cuando fue condenado por agresión sexual a cuatro años y seis meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la condena y lo absolvió en marzo de 2025. La Fiscalía ha presentado recurso y ahora falta que el Supremo lo resuelva.

Alves, en su faceta de predicador, se llevó los titulares, pero lo más reseñable es el mensaje que la organización difundió en redes sociales con su propósito de ganar influencia aquí, al igual que ya la tienen en otros países: “Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos”.

Tanto el PP como Vox saben que ese es un electorado a tener en cuenta y ya hace tiempo que trabajan en ello. En la última campaña de las autonómicas, Isabel Díaz Ayuso ofreció el micrófono en un mitin a una pastora ultraconservadora, Yadira Maestre, para que bendijera a los dirigentes del PP. En esta crónica se explicaba que candidatos del partido estuvieron visitando iglesias evangelistas para atraer el voto latino. Ya saben que Ayuso diferencia entre los ciudadanos llegados de Hispanoamérica, a los que denomina “nuevos madrileños”, y los migrantes de otras zonas, hasta el extremo de referirse a la “islamización de Europa”, un concepto que antes de ella solo utilizaba Vox.

Junto a Madrid, el otro laboratorio político del voto evangélico es Murcia. Un dato: en solo una década, el municipio de Lorca ha pasado de albergar tres iglesias evangélicas a once. En poblaciones como Alcantarilla, Torre Pacheco o Los Alcázares, los templos pentecostales se multiplican en antiguas naves industriales o bajos comerciales. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha llegado a decir que “si hubiera más evangélicos, Murcia sería mejor”.

Se calcula que en España existen 4.762 lugares de culto evangélicos y que se abren cinco nuevos cada semana. Es la religión minoritaria con más espacios de culto. “Los discursos evangelistas actuales son populismo puro y duro. Esta doctrina se nutre de los valores religiosos para apelar a la población que lo pasa mal y necesita respuestas que no llegan, muchas veces políticas. El problema es precisamente ese: la utilización de los espacios de culto para dar forma a un nuevo cuerpo de pensamiento e influencia política”, explica María José Vicente, profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha, en este reportaje.

La fe tal vez no mueve montañas, pero sí votos. El cortejo de los partidos de derecha y extrema derecha a estos electores no ha hecho más que empezar.

La semana pasada se escuchó un grito en el Congreso que rasgó, por un instante, toda la frialdad parlamentaria con la que se estaba despachando la congelación de los alquileres. Una chica llamada Irene, cuyo edificio fue comprado por un fondo de inversión sin intención de renovar sus contratos, gritó lo que hubiésemos gritado los uno de cada cuatro españoles que vivimos de alquiler: “¡Haced algo, ya coño! Sois culpables de esta situación”. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, —multipropietaria, por supuesto—, diciendo en una entrevista en El País, con sonrisa amplia, que “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público”, como si el relato fuese más importante que la realidad social. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, puede dejarnos ver cómo las derechas han vuelto a coordinarse para tumbar un Real Decreto que, aun siendo insuficiente, habría aliviado la vida de miles de personas; anticipando un modelo que, si gobiernan, se convertirá en el paisaje fijo.

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga, argumentando (si el uso de ese verbo es siquiera posible tratándose de semejante afirmación) sin pudor que “cada vez menos personas quieren ser propietarias”, que “ahora la gente se las quita (las casas) de encima”, mientras ella misma sigue aumentando su cartera inmobiliaria. 

Qué sensación nos puede dejar a los que vivimos de alquiler en Madrid si no esas ganas de gritar, esa desazón arrastrada por la certeza de que nada cambiará mientras no haya una movilización masiva y sostenida en el tiempo. 

El 24 de mayo hay una manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. ¿Dónde están los sindicatos mayoritarios? ¿Por qué no están preocupados por la movilidad social descendente y la amenaza a la cohesión social? ¿Por qué no promueven una huelga? ¿Por qué otros sectores que también sufren la pérdida de poder adquisitivo de la población no se movilizan, no se suman con fuerza? ¿Quizá porque los propios agentes sociales son propietarios? ¿Quizá porque todos conocemos a alguien en nuestro entorno cercano o lejano que especula con la vivienda de algún modo, subiendo alquileres porque así lo dicta el mercado (“No voy a ser yo menos”), u optando por alquiler turístico porque es más rentable? ¿Quizá porque desde la posición de un propietario es difícil empatizar con la de un inquilino que se deja un 80-90% de sueldo en un alquiler, igual que es difícil empatizar con el hambre cuando tienes la nevera llena? ¿Quizá porque la vivienda es en España el Salvaje Oeste, el único territorio sin ley, y para muchos es comodísimo que siga de ese modo? Tal vez porque los que especulan lo hacen sirviéndose de un derecho convertido en negocio, y ese negocio lo administran, entre otros, los mismos políticos encargados de legislarlo. Tal vez porque el conflicto de intereses no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo. Tal vez porque vivimos en un país completamente partido en dos, arrasado por un boquete que no deja de ensancharse. 

Hace ya cinco años, poco antes de la célebre foto de Colón, Ayuso hizo estallar la polémica entre las filas de la derecha al insinuar, a propósito de los indultos que preparaba el Gobierno, que si el rey Felipe VI los firmaba podía tratarse de un cómplice. Cómplice con la peligrosa voluntad separatista-etarra del Gobierno de por aquel entonces, supongo. La cuestión es que eso preparó una separación entre la Corona y una parte de la derecha que parecía hasta ese momento imposible o inverosímil. No tanto por la parte del Partido Popular, que sigue siendo por mucho lo de siempre y, en tanto que lo de siempre, más monárquico que cualquier variación. Tampoco por la parte de Vox que del Partido Popular es una excrecencia o secreción, capaz de vestir corbata Viva El Rey De España (¡verde!) cuando toca; sí por otra más joven, con otros referentes. De ahí se pasó, desde Vox, a criticar “que [si] quien ciñe la Corona confunde neutralidad con sometimiento, o estabilidad con complacencia hacia el poder político, [esto] puede contribuir involuntariamente a dilapidar un legado que no le pertenece en propiedad, sino que custodia en nombre de la nación”.

De aquellos polvos estos lodos. Esta semana se ha consumado un divorcio parcial entre la Iglesia católica y la derecha; o cabría, más bien, hablar de nulidad matrimonial, pues en principio el matrimonio había de ser indisoluble. Llaman mucho la atención, tras el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, las palabras de Figaredo y Carlos H. Quero, en entrevista con El País: “no se seguirá subvencionando a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares, tampoco a las de la Iglesia”. El Partido Popular dice que no dejará a Cáritas sin ayudas, Vox anuncia que no habrá ninguna ayuda si asisten de alguna forma a los excluidos sociales, que resulta, en este caso, que son inmigrantes.

No es un síntoma nacional: como las réplicas de un terremoto, el recelo que desde España la derecha patria ha exhibido ante el papa Francisco o ahora ante su sucesor, León XIV, tiene mucho que ver con los recelos propios internacionalmente del trumpismo y el conflicto internacional entre católicos y evangélicos. En Brasil, pocos datos explican el auge de la extrema derecha de Bolsonaro como el crecimiento del evangelismo; en 2024, entre los votantes evangélicos, Trump cosechó el 80% de los apoyos. La coalición contemporánea de la derecha no incluye hoy a los católicos liberales; si en Alemania todavía existe un cordón sanitario a los neofascistas, es porque cuentan con democristianos y no sólo con neoliberales. En España, a pesar de todo, la derecha seguía siendo católica. Disfrutaba mucho de serlo, de hecho; disfrutaba de hablar a partir de productos culturales de su presunto auge o de los valores tradicionales en la devoción juvenil; disfrutaba hasta ahora, porque lleva regular que el sumo pontífice sea Prevost en vez de Robert Sarah.

¿Hasta dónde va a arrastrar Vox al Partido Popular en esta disolución de los votos entre la Iglesia y la derecha? ¿Cuánto va a ser el Partido Popular capaz de sostener la pantomima según la cual no importa lo que hayan firmado, pues todo ha de estar “sujeto a la legalidad”, y capaces son de tomar por tontos a sus negociadores, a sí mismos, a sus votantes y a cualquiera que atienda a lo que dicen, a lo que hacen o a lo que mienten? Si el vicepresidente de Trump es capaz de sugerirle al propio papa que tendría que ser “más cuidadoso al hablar de teología”, si tan sonado e insoportable para algunos es ese distanciamiento, con tantas tensiones, ¿tendrá el progresismo que contar, en no tanto tiempo, con la Iglesia como uno de esos aliados?

No es fácil enunciar algo así, sobre todo en España, que cuenta con una historia y un pasado —el de las heridas que deja la dictadura nacional-católica— muy presentes; pero presentes para todos, pues tampoco hay que olvidar las palabras lacerantes y ataques insistentes que también ha proferido la derecha contra cardenales como José Cobo por acordar con el Gobierno a propósito de la resignificación del Valle de los Caídos. La Iglesia no va a ser un aliado progresista, aunque lleve tiempo en el camino hacia su apertura: sí creo, firmemente, que va camino, al menos en términos de alianzas internacionales, de convertirse en un aliado democrático. Democrático, pues, contra la xenofobia de quienes quieren que se mueran los inmigrantes que enferman en nuestro país, contra los que planean legislar sobre la vida y la muerte y la prioridad nacional, en favor de la dignidad humana, democrático contra la regresión y democrático en la justicia social. Y no está nada mal, para equilibrar los equilibrios internacionales, contar al Vaticano como aliado en unas cuantas causas, aunque en otras haya que combatirlo fervientemente; es la política del siglo XXI. Si la derecha quiere tomar a Dios por enemigo, ¿quién somos nosotros para impedírselo?

¿De qué hablamos cuando hablamos de derecha? ¿Podemos meter en el mismo saco a liberales, ultraliberales, anarcocapitalistas, democristianos, fascistas, populistas, nacionalistas, conservadores, tradicionalistas? Para Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la respuesta es: todo vale. Todo vale para llegar a La Moncloa, se entiende.

El liberalismo que parece defender nunca ha sido mayoritario en la España democrática. “La derecha es, fundamentalmente, un pensamiento y una acción reactivas que se oponen a la izquierda”, cuenta el historiador Antonio Rivera, autor de Historia de las derechas en España. Fraga fue el primero en liderar una derecha patria de corte conservador y con sitio para los restos y las estructuras del franquismo y los nacionalismos se hicieron fuertes en País Vasco y Cataluña, al margen de ese movimiento. Aznar unificó y amplió el espacio conservador, engulló el supuesto espacio de centro y marcó el camino futuro: neoliberalismo duro y crudo imitando a Margaret Thatcher en lo económico, nacionalismo conservador español y muy español en lo ideológico. Rajoy siguió esta pauta, con la particularidad personal de dejar que todo se pudra, desde el proceso catalán a la policía patriótica. Pablo Casado llegó con ganas de regeneración pero no fue eficaz antes de que sus compañeros le tiraran por la ventana —metafóricamente—. Y aquí llegó Alberto Núñez Feijóo, el gestor, para hablar de derecha sensata y moderada sustentada en un sólido entramado mediático, económico y judicial. 

Los que le conocen dicen que a Feijóo le gusta ir a mesa puesta. Él llegó a Madrid para gobernar España y su escasa firmeza ideológica permitió los primeros pactos con Vox que malograron su objetivo principal. Ahora vuelve a repetir error, con un Vox más fuerte que entonces pero que está frenando su ascenso, y está tocado por la crisis interna y la caída de uno de sus principales tutores y financiadores, Viktor Orbán. Con este panorama, la derecha de Feijóo, que no cuenta con activos genuinamente liberales y que vive del antisanchismo (una alternativa a la contra, destructiva, enemiga del apaciguamiento entre adversarios políticos) ha decidido doblar la apuesta: más Vox y más tópicos del populismo más reaccionario: rechazo a la inmigración, unidad de la patria, los españoles primero y desregularización al estilo motosierra. 

No hace falta repetir que el concepto de “prioridad nacional” es racista e ilegal. Discriminar por sus orígenes a personas que viven en España legalmente, que contribuyen a la riqueza del país y pagan sus impuestos a la hora del reparto de ayudas sociales es establecer una sociedad de castas, con ciudadanos de primera y de segunda. Ante esta situación hay que apelar a la izquierda pero también a la derecha, a esa supuesta derecha liberal, a la derecha democristiana de principios humanistas, a la derecha con ideología y valores, no solo con ambición política, a la derecha que tiene más ideas en la cabeza que bajar impuestos y aplicar con mano dura la ley y el orden. Y eso es imposible dentro del Partido Popular de Feijóo. El líder del PP ha decidido pasar por encima hasta de la dignidad humana en su tortuoso y cada vez menos edificante camino a la Moncloa. Y ha demostrado que la derecha que representa no tiene una idea clara ni del país ni del mundo que nos rodea, y por eso, ha decido subcontratar la ideología al partido de Santiago Abascal. España, no hace falta decirlo, puede vivir sin Sánchez, pero será mucho peor gobernada por una derecha autoritaria, iliberal y antihumanista que, además, no entiende los retos humanos, geopolíticos, tecnológicos y económicos que tenemos por delante. Y esa, desgraciadamente, es la derecha de Alberto Núñez Feijóo. 

La izquierda global se espolea como reacción a los designios del trumpismo y bajo la bandera del 'no a la guerra' que enarbola España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este sábado en Barcelona durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation' a pasar página de una ola reaccionaria que, ha dicho, llega a su fin. “Que no os engañen. Los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba”.

“Su ortodoxia neoliberal, ineficiente y cruel, murió en 2008, con la Gran Crisis Financiera. Y su visión del orden internacional está siendo desmantelada por los aranceles y las guerras ilegales”, ha clamado ante el auditorio de la Fira de Barcelona, repleto con 6.500 asistentes que han ovacionado sus mensajes dirigidos a la “internacional ultra”.

“La derecha ya no lidera, languidece. No importa cuánto griten. Ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto ni soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que nos han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo”.

Por eso, Pedro Sánchez se ha aventurado a decretar el fin de la era del populismo ultra y sus recetas. “El tiempo de la internacional ultraderechista y de la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin. Y vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor. Que aún quedan nuevas cotas de bienestar y desarrollo por conquistar”.

El presidente español ha apelado al “orgullo” de la tradición política progresista ante el intento de estigmatización y humillación de las derechas. “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. Termina hoy, porque hoy la vergüenza cambia de bando. Y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, ¡que se avergüencen ellos! Los que callan ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que apoyan la guerra y la violencia poniéndose de frente o de perfil, como unos cobardes”.

“La vergüenza, para ellos”, ha proseguido. “Para nosotros, a partir de hoy, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de ser de izquierdas y socialdemócratas. El orgullo por estar en el lado correcto de la historia. Por defender el derecho internacional y la paz. Y por gritar una y mil veces 'sí a la paz y no a la guerra'”.

Como colofón a un fin de semana repleto de cumbres internacionales que se acabaron por convertir en una especie de baño de masas en torno a la política exterior española, Sánchez pidió a sus colegas progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica o Uruguay levantar la mirada y el ánimo para no abandonar el ímpetu de cambiar las cosas.

“Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos con el 'status quo'. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a comprar su pesimismo. Ni su desesperanza. Vamos a defender que un mundo mejor es posible. Que se pueden subir salarios y crear empleo a la vez. Que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad. Que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social. Que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será”.

“Y lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables”, ha enfatizado para erigirse en la antítesis internacional de Donald Trump. “A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecno-oligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias y la salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo, porque cuando gobernamos los progresistas, los Estados no se arrodillan ante las élites, las ponen en su sitio”.

Pedro Sánchez clausuró de esta forma el encuentro del progresismo global tras una segunda jornada en Barcelona en la que se dieron cita cerca de una veintena de líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno, como la presidenta mexicana, el presidente colombiano, el sudafricano y los vicepresidentes alemán, británico o austriaco.

La derecha tradicional ha decidido blanquear a la extrema derecha. Ya casi no quedan tabúes, ni líneas rojas, ni siquiera el pudor de disimular. El PP parece haber asumido que, si quiere gobernar, tendrá que entregar a la extrema derecha todo lo que esta le exija: discurso, marco político y prioridades. No se trata solo de pactos puntuales o de cesiones tácticas; se trata de una aceptación de fondo. La derecha de siempre está cada vez más dispuesta a comprar el lenguaje, los enemigos y las recetas de la ultraderecha.

Las tres últimas elecciones autonómicas dejan lecturas bastante claras. La primera es que la izquierda haría bien en tomarse en serio el mensaje de las urnas. El PSOE, en particular, debería interpretar que no basta con refugiarse en la política nacional o internacional, en los grandes titulares o en la gestión desde arriba. El único camino posible pasa por volver al terreno: bajar al pueblo, al barrio, a la calle; reconstruir la política persona a persona, problema a problema. Escuchar más y proclamar menos.

La segunda lectura afecta a los partidos situados más a la izquierda del PSOE. La pérdida de representación debería servirles como advertencia definitiva: ir separados penaliza. La fragmentación no se percibe como pluralidad, sino como impotencia. Y cuando el electorado progresista siente que su voto no sirve para construir una alternativa sólida, opta por quedarse en casa. La división, una vez más, sale demasiado cara.

Mientras tanto, la derecha convencional parece haber elegido su camino. Está dispuesta a dar a la extrema derecha todo lo que pida, ya sea en forma de agenda cultural, de discurso agresivo o de políticas cada vez más deshumanizadoras. No solo pacta con ella: la normaliza. Y al hacerlo, contribuye a extender una forma de entender la política basada en el señalamiento constante, en la simplificación brutal de los problemas y en la explotación del malestar social.

Porque ahí está una de las claves de este momento: la extrema derecha recoge una parte importante del voto del malestar. Capitaliza la frustración, el enfado, la supuesta inseguridad y la presunta sensación de abandono. Pero en lugar de convertir ese malestar en soluciones reales, lo traduce en odio, en chivos expiatorios y en una política de confrontación permanente. Es un camino que bebe claramente de referentes como Donald Trump o Javier Milei: más ruido que respuestas, más propaganda que proyecto, más furia que humanidad.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario

Cabe preguntarse qué ocurriría si una parte de sus votantes se detuviera a pensar, a analizar con calma qué hay detrás de esas proclamas incendiarias. Quizá muchos no irían por ahí. Quizá descubrirían que detrás de esa supuesta rebeldía no hay una defensa de la gente común, sino una operación política al servicio de los de siempre, envuelta en un lenguaje bronco y provocador.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario. Porque cuando se aceptan sus marcos, cuando se asumen sus obsesiones y cuando se normaliza su retórica, lo que se deteriora no es solo el debate público: es la propia democracia.

Contaba el paleontólogo Stephen Jay Gould que cierta vez una empresa inmobiliaria interesada en talar un bosque se había apoyado en un pasaje de su obra para refutar a los ecologistas. En uno de sus libros, en efecto, Jay Gould había recordado que la vida de cualquier especie oscila entre un millón y diez millones de años; es decir, que también las especies acaban extinguiéndose por su propio impulso darwiniano. Pero si esto es así, si en todo caso se van a morir, ¿para qué proteger a las ardillas rojas? Gould animaba a estos despiadados sofistas a decirles eso a unos padres cuyo hijo está enfermo de cáncer: ¿para qué curarlo si tarde o temprano, por muchos años que sobreviva, va a acabar pereciendo? Es que, diremos, este “tarde o temprano” cuenta; es lo que llamamos “vida”. Nadie va a dejar de atender a sus hijos y, aún más, nadie va a dejar de comer, de ir al trabajo, de acudir a una cita, de regar las plantas, de cambiar una bombilla alegando su propia mortalidad o, más allá, la mortalidad humana en general. ¿Nadie? Bueno, sabemos que ese fue el argumento que utilizó la presidenta de la comunidad de Madrid para justificar la muerte por negligencia de 7.291 ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia: “se iban a morir igualmente”.

Ahora bien, lo que aquí me interesa no es eso. Frente a la muerte, hay dos actitudes extremas: la de los que se niegan a aceptarla y movilizan todos los medios a su alcance -tratamientos, operaciones, baños en sangre de niños- para vivir eternamente; y la de los que la entronizan de tal modo que consideran la vida una simple sombra pasajera sin sustancia. Los primeros suelen ser muy ricos; los segundos, fanáticos religiosos. En medio, está la mayoría, la de los que sencillamente queremos aplazar la muerte lo más posible y nos tomamos tan en serio este aplazamiento como para intentar llenarlo de sentido, pequeño o grande, lo que implica que todos los días nos levantemos haciendo como si tampoco hoy nosotros, ni nuestros hijos ni nuestros amigos, nos fuéramos a morir. Ese como si incluye todo lo que nos emociona, nos alegra, nos compromete en nuestras relaciones con el mundo y con los demás.

No hay, quiero decir, ninguna relación jerárquica entre la vida y la muerte. Son dos hechos sucesivos (primero la vida, después la muerte), pero de su sucesión no puede deducirse ningún tipo de subordinación axiológica. Ni la muerte es la verdad de la vida ni la vida ostenta ningún derecho sobre la muerte. De un hecho no puede extraerse ni una verdad ni un derecho, porque la verdad y el derecho forman parte del como si del aplazamiento: los construimos nosotros para sostenernos mejor en el mundo. No es más verdadero el cuchillo que nos rebana el cuello que los labios que nos lo besan; ni más ilusorio el trino del ruiseñor que el disparo que lo silencia. La vida no es más falsa, no, que la muerte. Las dos son obra nuestra y tomarse en serio una y otra significa tratar de vivir honestamente y tratar de morir dignamente. Para vivir honestamente y morir dignamente en este mundo precario que los humanos hemos construido como aplazamiento es inevitable hacer política. La política es, en efecto, la construcción colectiva de las condiciones materiales, institucionales, jurídicas, sociales, de todo aplazamiento.

A la doctrina que considera que lo peor es siempre lo más verdadero, que el mal es inevitable, que la muerte es la verdad de la vida, la llamamos “realismo”. El realismo suele ser necrófilo y, como la sed de inmortalidad, es más frecuente entre los ricos; y si se da entre las clases medias, adquiere enseguida un matiz epistemológico elitista. Quiero decir que hay un realismo de derechas y un realismo de izquierdas y que los dos consideran que en política (y no digamos en geopolítica) el momento verdadero es el de la violencia, el del poder desnudo, el de la guerra como comadrona o motor de la Historia. Como les ocurre a los budistas y a los místicos respecto de la vida, tanto el realismo de derechas como el realismo de izquierdas consideran la democracia y el derecho una simple sombra sin sustancia o, por lo menos, un velo hipócrita que encubre el monstruo que, sin saberlo nosotros, gobierna siempre nuestra existencia colectiva.

El realismo de derechas se expresa de dos maneras distintas según la posición que se ocupe en el organigrama del poder. Están, por un lado, los que lo tienen (el poder) y fabrican la realidad (la verdad verdadera) con mucho dinero, muchas armas, muchos crímenes. En la cúspide de esa pirámide está hoy Trump, que es naranja y mentiroso, que bailotea y se pavonea y ama los abalorios y que está aterrorizado por su propia muerte, pero que hace gala de un realismo implacable cada vez que, secuestrando o matando presidentes, bombardeando escuelas, expulsando inmigrantes, establece una relación de identidad inmediata, sin mediaciones ni distancias, entre su poder y la realidad. Luego están los que, con menos poder, se acomodan en este mundo afectando lucidez desengañada. Acomodarse a la realidad fabricada mediante la violencia por un poder superior injusto, en lugar de luchar contra él, es lo que llamamos “cinismo”, que es, por cierto, lo contrario de la “hipocresía”. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestra presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, quien hace unos días desencadenó una polémica con declaraciones de un abominable realismo. Dijo, por ejemplo: “Escucharán diferentes puntos de vista sobre si el conflicto en Irán es una guerra elegida o una guerra necesaria.

Pero creo que este debate, en parte, no capta la esencia. Europa debe centrarse en la realidad de la situación, para ver el mundo tal como es hoy“. Tal como es hoy es tal y como Trump, Putin y Netanyahu lo han hecho, y tal y como ella misma cooperó a hacerlo apoyando (junto a buena parte de los miembros de la UE) el genocidio israelí en Gaza. No hay ”diferentes puntos de vista“ sobre Irán, indiferentes desde el punto de vista de la verdad verdadera de las bombas arrojadas sobre Teherán; hay dos opciones no relativizables: o Derecho internacional o nihilismo universal. Es cierto que, presionada por la opinión pública, Von der Leyen luego ha rectificado; es decir, ha regresado desde el novísimo cinismo a la vieja hipocresía. Yo lo prefiero así, pero ahora ya sabemos todos lo que piensa y lo que, en una relación de fuerzas favorable, podría llegar a hacer con Europa.

En cuanto al realismo de izquierdas, se alegra de que Trump haya desenmascarado a los hipócritas y haya expuesto el poder desnudo del capitalismo imperial sin velos ni eufemismos. Sus adeptos declaran en realidad lo mismo que la presidenta de la Comisión: “Esto es lo que hay”. Es decir, se burlan de esa media mayoría que sigue pensando en términos de aplazamiento, de manera que reconocen el poder desnudo de Trump (y la realidad que fabrica) sin medios para oponerse a él. Como no los tienen, apuestan por los subpoderes que, en esta batalla verdadera, parecen oponer resistencia al imperialismo estadounidense. Se muestran, por tanto, geopolíticamente “realistas”: coquetean con Putin, defienden a Maduro y justifican el régimen iraní. Están de acuerdo con Trump en que nada de instituciones democráticas y nada de Derecho internacional y nada de Unión Europea: todo debe decidirlo la fuerza (que no tenemos). El realismo de derechas crea la realidad; el de izquierdas la denuncia. El realismo de izquierdas, ¿no es igualmente displicente con los pueblos, pero mucho más fantasioso?

Por eso, frente al realismo necrófilo debemos defender la idea de aplazamiento, y ello con los medios a nuestro alcance (no con los del proletariado internacional ni con los del ejército soviético). Hace unos días, para ilustrar los cambios producidos en el mundo en las últimas décadas y la debilidad de las izquierdas, pronuncié en público una frase que hizo reír a los presentes. Dije que “hoy Bad Bunny es nuestro Ché Guevara, Pedro Sánchez nuestro Salvador Allende y el Vaticano nuestro komintern”. Apenas si exageraba. Podemos lamentar este desplazamiento o no. Lo que no podemos hacer es perder un minuto en sospechar de la frivolidad capitalista de Bad Bunny, en recordar los crímenes de la Inquisición o en denunciar las pudibundeces socialdemócratas del gobierno español. A estas fuerzas (el gancho de la cultura popular, la voz de un papa antitrumpista y el prestigio internacional de un gobernante europeo contra corriente) hay que sumar esas virtuales mayorías sociales anti-realistas que piden vida y no muerte, y paz y no guerra, y mundo y no realismo. Con estos mimbres tendremos que intentar obtener un nuevo aplazamiento: eso que llamamos vida, democracia y derecho, cuya fragilidad no las hace menos verdaderas sino, al contrario, más necesarias y, por eso mismo, más necesitadas de nuestra inteligencia, nuestro compromiso y nuestra audacia.

El 14 de febrero de 2003, con motivo de la guerra de Irak, el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin (Rabat, 72 años), pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que merece ser releído para comprobar hasta qué punto tenía razón, igual que la tiene ahora al rechazar la operación de Israel y Estados Unidos en Irán, que ha desembocado en la situación que vive hoy Oriente Medio.

“En este contexto, hoy no está justificado el uso de la fuerza. Hay una alternativa a la guerra: desarmar a Irak a través de las inspecciones. Además, recurrir prematuramente a la opción militar tendría graves consecuencias (...) Nadie puede afirmar hoy que el camino de la guerra será más corto que el de las inspecciones. Nadie puede afirmar tampoco que desembocará en un mundo más seguro, más justo y más estable. Pues la guerra es siempre la constatación de un fracaso. ¿Va a ser, acaso, nuestra única salida frente a los numerosos desafíos actuales? Concedamos, pues, a los inspectores de las Naciones Unidas el tiempo necesario para que su misión tenga éxito”, alertó.

Villepin, que antes, entre 2005 y 2007 fue primer ministro bajo la presidencia de Jacques Chirac, y que tras ocupar la cartera de Exteriores fue también titular de Interior, es una voz conservadora que nunca se llevó bien con correligionarios suyos como Sarkozy, con quien acabaron en los tribunales.

Diplomático de carrera, apodado en su momento el “diplomático poeta” por sus inquietudes literarias, y con claroscuros en su trayectoria, como tantos otros políticos, ahora explota sus dotes de comunicador en tertulias de medios franceses. Y es en esas mesas, despojado de ataduras partidistas aunque coquetea con presentarse a las presidenciales de 2027 con su partido ‘La Francia humanista’, donde su voz se ha convertido en una rara excepción en el centro-derecha francés, y también en el europeo.

Fue uno de los primeros que desde un principio calificó de “drama humanitario” la situación en Gaza. También de los pocos que, desde su posición política, la de alguien que trabajó entre 2002 y 2005 para que Hamás se incluyese en la lista de organizaciones terroristas, considera que el concepto “genocidio” encaja para describir qué ha provocado Israel en esa zona. 

Este fin de semana, en una mesa de la cadena BFMTV, Villepin volvió a hablar claro para insistir en que esta nueva guerra iniciada por Israel y Estados Unidos es ilegal. “Decimos claramente a Estados Unidos que su guerra contra Irán es ilegal, ilegítima y peligrosa”. Además, expresó de nuevo su apoyo a la posición de Pedro Sánchez, por ser quien, en palabras de Villepin, “ha salvado el honor de Europa”. 

El discurso de Villepin contrasta con el de la mayoría de dirigentes de su misma familia política. El PP español, en su única estrategia de cargar contra el Gobierno, ha llegado a acusar a Sánchez de “avalar” la dictadura iraní y a difundir bulos como el de un apoyo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al ataque de Estados Unidos. 

Tampoco tiene nada que ver con la posición de Ursula von der Leyen, quien sin consensuarlo con el resto de Estados ni ser la responsable de la política exterior de la UE, se descolgó este martes abrazando el mundo sin reglas que Trump o Putin pretenden imponer. De un plumazo, la presidenta de la Comisión Europea se saltó los tratados fundacionales y el de Lisboa. Ahí es nada. 

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, uno de los que aún se salva entre tanta mediocridad, le ha enmendado la plana y ha reivindicado el Derecho Internacional. Algo que, hasta antes de ayer, ningún mandatario europeo, si descartamos a Orbán y a ratos a Meloni, hubiera cuestionado. Sin embargo, así estamos.

Menuda semanita. La previa de los Goya hizo que se llegara a la gala en un punto de ebullición, Qué ironía que esta vez no lo provocó un cargo político, como cuando hace dos años el entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox llamó señoritos a los trabajadores del cine español, sino que haya sido un cineasta cabreado (Juanma Bajo Ulloa) el que haya dado gasolina para que la derecha mediática haya aprovechado para azuzar a toda una industria.

Las palabras de Juanma Bajo Ulloa en el programa de Iker Jiménez diciendo que las ayudas se dan siguiendo la “dictadura woke” y que por eso él no tuvo (obviando los 700.000 euros que pagó RTVE por adquirir su filme) han levantado la alfombra para que los falsos mantras y las mentiras contra el cine español vuelvan a salir. Cuenten cuántos podcasts se han dedicado en los medios de derechas para comprar esas acusaciones esta última semana. No se han preocupado de buscar un dato, ni de mirar una resolución de ayudas ni de leerse las resoluciones de ayudas del ICAA.

Las palabras de Bajo Ulloa les venían de perlas. La guerra cultural pasa, de nuevo, como ocurrió en Argentina, por convertir al cine español en el enemigo. Esta semana todo les ha venido mal: Si Susan Sarandon defendía la posición española ante el genocidio de Palestina… MAL. Si Luis Tosar decía que lo raro en este contexto sería no hablar… MAL. Hasta el impecable discurso del Goya de Honor de una leyenda como Gonzalo Suárez ha sido dedicado por la prensa conservadora. Solo les viene bien quien se alinee con el ataque a un cine español que ha demostrado que es plural, variado, que tiene para todos los gustos.

Y por eso los Goya han sido la mejor medicina para todos los haters de la derecha. Primero, no se han achantado. El cine español ha sido contestatario por naturaleza, y lo raro sería que no hubieran hablado contra el genocidio en Gaza o el auge de la extrema derecha. Lo hicieron en una gala que fue política, pero que también supo celebrar y homenajear el gran cine español del año y de estas cuatro décadas. El cumpleaños de los galardones sirvió para que unos elegantes vídeos recordaran los éxitos del cine español. Los otros, El bola, Todo sobre mi madre, La comunidad, Ay, Carmela, As bestas, Tarde para la ira, Blancanieves, Mar adentro… Todas ellas, por cierto, ayudadas con dinero público. Ese que desde la derecha quieren despreciar llamándolo 'paguita'. 

Pero sobre todo, los premios y los nominados de este año quitan la razón a los haters de la derecha de un plumazo. El cine español nominado ha demostrado que es plural, variado, que no sigue ningún mandato (ni ninguna dictadura woke). Que es capaz de en un año tener una comedia nominada (La cena), un fenómeno internacional de un cineasta de autor premiado en Cannes (Sirat), un documental sobre la tauromaquia (Tardes de soledad), una película sobre el sida y la memoria (Romería) y una ganadora que habla del terremoto familiar provocado por la decisión de una niña de 17 años que decide meterse a monja de clausura (Los domingos). Monjas y toros, super woke.

La victoria de Los domingos, además, les ha tenido que sentar a cuerno quemado. La película de Alauda Ruiz de Azúa ha sacado su peor versión. Primero la alabaron, dijeron que era un ejemplo de cómo tratar la fe con respeto. Destacaron su capacidad de escuchar a todos los personajes. Su inteligencia para no juzgar… Hasta que Alauda Ruiz de Azúa habló en los premios Forqué. Seguramente al ver que la Iglesia Católica intentaba apropiársela, la cineasta dejó claro que era “una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos”.

A partir de ahí dejó de gustarles. La película no cambiaba. Pero ellos sí. A pesar de que habían defendido la tolerancia de la cineasta y su habilidad para escuchar y respetar todos los puntos de vista, dejaron de respetar el punto de vista de la autora de la obra. Una autora que, por cierto, desde el primer día dijo que ella no era creyente.

Pero sin duda hay dos datos que les cabrearán y que hacen que los Goya les quite la razón de un plumazo. El primero, el de audiencia. Después de siete días diciendo que los premios y que el cine español no interesan a nadie, y que quién va a querer escuchar a actores hablar de Gaza, el resultado dice justamente lo contrario: la ceremonia tuvo un 26% de cuota de pantalla, la cifra más alta desde el año 2020 (cuando alcanzó un 26.1%) y la segunda más alta desde 2010. Entre los jóvenes de 13 a 24 años, la cuota asciende hasta un 37%. Incluso en espectadores, con un consumo de televisión absolutamente fragmentado y desplomado desde hace años, los Goya suben de espectadores respecto a los dos últimos años. 

Las películas nominadas de este año destrozan, además, otro argumento que siempre usan: que a nadie le interesan las películas que se premian y que son una panda de subvencionados deficitarios. Pues bien, repasemos las películas ganadoras y nominadas de los Goya a ver qué ha pasado este año en el que llevan con la cantinela una semana. Las cinco nominadas a Mejor película recibieron 5,2 millones de euros. Su recaudación conjunta es de casi 12,5 millones de euros.

La ganadora, Los domingos, según la web del ICAA, recibió un millón de euros de las ayudas a la producción. Su recaudación en estos momentos, sin tener en cuenta lo que haga tras su arrase en los premios, es de 4.279.000 euros. Pasamos a Sirat, que recibió 1,2 millones. Ha recaudado tres millones de euros. La cena recibió de las arcas públicas un millón. Ha recaudado 3,7 millones de euros. Romería recibió 1,2 millones. Ha hecho en taquilla 1,8. Sorda logró una recaudación de 740.459 euros, casi lo mismo que su subvención: 800.000 euros.

De las nominadas a Mejor película, solo Maspalomas recauda algo menos que su ayuda: 730.000 euros frente a 1,2. Este año hasta un documental como Tardes de soledad derriba el argumento: le dieron 291.550 euros de ayuda y ha recaudado 346.595 euros. A esas cifras de recaudación hay que sumar las ventas a plataformas, televisiones y a otros países, además del dinero generado en impuestos y puestos de trabajo de cada una de ellas. Y no pasaría nada si no hubieran recuperado el dinero que les han dado. Las ayudas públicas no deben medirse con un criterio de rentabilidad. Pero ya que ese argumento es el más usado por la derecha anti cine español, está bien saber que tampoco se cumple.

Nada mal para un cine que no interesa, para películas endogámicas que interesan solo a los miembros de la secta woke.

Si en las dos últimas semanas no has oído hablar de los therians, -adolescentes que sienten un vínculo especial con algún animal y se disfrazan y actúan como tal-, es que estás oficialmente a salvo de tendencias virales y de televisión de relleno. Porque no sabíamos nada de ellos, y desde hace unos días están por todas partes como si fuese un fenómeno masivo. Este fin de semana en varias ciudades españolas se habían convocado quedadas de therians pero lo que vimos fueron escenas incómodas de acoso y escarnio. 

Tras décadas viendo por nuestras calles a tribus urbanas de todo tipo, muchas salidas de los márgenes de internet, ¿por qué esta llama tanto la atención si hay apenas un puñado de personas con esta práctica en España? ¿Hay alguna intención política detrás? Hablamos de todo esto con Paloma Martínez Varela, periodista colaboradora de elDiario.es, y con Andrea Mezquida, psicóloga especializada en identidades queer.

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Esta semana una noticia nos ha conmocionado: el DAO de la Policía Nacional, el segundo al mando, ha sido denunciado por un caso de abuso sexual, con agresión incluida. La gravedad de los hechos se ve acrecentada por el cargo que ocupaba este señor, que por suerte ya ha dimitido. 

El caso es distinto al del alcalde de Móstoles, pero el sustrato siempre es el mismo: el patriarcado, una estructura social en la que los hombres siguen ostentando las posiciones de poder y autoridad, en todos los ámbitos, a pesar de los muchos avances que el feminismo ha logrado. Veinticinco años después del caso Nevenka la historias, las historias, siguen repitiéndose. 

Llevamos además unas semanas trágicas en lo que a violencia machista se refiere, con el asesinato de nueve mujeres y una niña de 12 años, hija de una de ellas. Seis de ellas además se encontraban en el sistema Viogen, que ha fallado estrepitosamente. 

Todo ello demuestra que como sociedad aún nos queda mucho camino que recorrer en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de que muchos lo nieguen y de que el feminismo sea utilizado como arma arrojadiza por la derecha y la ultraderecha, que no cree en la igualdad y que siempre se pone del lado del agresor. 

Sorprende que a estas alturas se diga que la del 36 fue “La guerra que todos perdimos”, como se afirma en el cartel de la XI Edición de Letras en Sevilla, dedicada en esta ocasión a debatir sobre nuestra contienda civil. Si lo asegura Pérez-Reverte, con lo que sabe, igual tiene razón. El problema, sin embargo, está en que quienes ganaron la guerra y disfrutaron de su triunfo durante cuarenta años no se enteraron de que, en realidad, la habían perdido. Dejémosles hablar para comprobarlo:

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Era el parte emitido, con una claridad espectacular, desde el Cuartel del Generalísimo el 1 de abril de 1939. Se evidenciaba en él, sin lugar a dudas, quiénes se habían alzado con la victoria: “las tropas nacionales”; y quién había perdido: el “Ejército Rojo”, que había quedado “cautivo y desarmado”. ¿Empezaba la paz? No, empezaba la Victoria sobre los vencidos.

Y a los vencedores les quedaba mucho trabajo por delante. Había mucho que matar, mucho que prohibir, mucho que eliminar, mucho que marginar para que la “España sana” acabara imponiéndose a la “desviada”. Era un tiempo de regeneración nacional: el tiempo de acabar con el movimiento obrero, los partidos políticos, los sindicatos, las elecciones libres, las leyes y las instituciones democráticas, los avances igualitarios… todo aquello que formaba parte de la “España caduca”. Se iniciaba una larga dictadura, represiva y criminal, como resultado de una sublevación militar, largo tiempo preparada y alentada por tramas civiles y poderes oligárquicos, para acabar por el terror con las libertades públicas más elementales.

Con el paso del tiempo, y tras una accidentada recuperación de la democracia, las cosas se fueron suavizando. Se imponía la reconciliación; y lo que en principio fue una victoria de la verdadera España contra los rojos, se transformó en un trágico enfrentamiento entre españoles, cuando las “dos Españas” entraron en conflicto. Con lo cual las culpas por la tragedia colectiva se repartieron por igual entre los combatientes de ambos bandos: entre quienes se defendieron de un de un golpe de Estado que salió a medias y acabó en guerra civil (los que perdieron); y los que impusieron a sangre y fuego la España fascista que perseguían los sublevados contra la República. Y, como todos tuvieron responsabilidades en lo que pasó, lo mejor que se podía hacer era olvidarlo, para no reabrir viejas heridas. 

Para eso precisamente estaban las cunetas de los caminos: para que esas viejas heridas pudieran custodiarse a perpetuidad. Hasta que una izquierda, supuestamente revanchista, impuso las leyes de memoria y las fosas de los vencidos empezaran a abrirse, sacando a la luz los restos de tantos asesinados que, hasta ese momento, habían carecido de historia, de nombres y de familiares que ni siquiera pudieron decir en tiempos de silencio que los echaban de menos.

Mucho me temo que hablar de “la guerra que todos perdimos” no sea otra cosa que volver a echar tierra sobre la verdad histórica de nuestra guerra civil; un intento fallido de retornar a ese marco mental equidistante que hoy ya no se sostiene y que prefigura un debate trucado del que muchos, que en principio lo aceptaron, han decidido darse de baja. Y con toda la razón del mundo, aunque esto a Pérez-Reverte le incomode.

En su opinión, la prueba de que en el 36 todos perdimos está en que, noventa años después, “todavía seguimos enredados en esta basura”. No lo tengo tan claro. Tal vez lo que está ocurriendo en gran parte de la sociedad española es una sana reacción contra la sobredosis de olvido que se ha venido sembrando para ocultar y/o justificar un golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura feroz que nos dejó durante decenios en una permanente minoría de edad política.  

Y esta desmemoria cultivada con esmero, también en la enseñanza, durante decenios para “tener la fiesta en paz” es la que ha acabado produciendo una generación de jóvenes que añoran, sin haberla conocido, la España del Caudillo. Con la complacencia de las derechas hispanas, dispuestas al parecer a dejar que los niños se acerquen a ella. El fin de campaña electoral aragonesa de Jorge Azcón, con los Meconios, deseosos de volver al 36, y un agitador de la extrema derecha como Vito Quiles (ejemplo de libertad de expresión para el PP), ¿es una simple anécdota? ¿O marca el rumbo que va a seguir el partido de Feijóo, mancomunado con el de Abascal? La pregunta es puramente retórica.

En las últimas elecciones municipales, la derecha reunió más del 65% del voto en el barrio más rico de Madrid (Aravaca), mientras que la izquierda alcanzaba cifras parecidas en zonas con menos ingresos como Puente de Vallecas, donde el salario medio es de 22.593 euros según datos de la Agencia Tributaria. ¿Cómo influye a la hora de decidir el voto las subidas de los precios de alquileres? Dos investigadores de la Universidad de Salamanca se pusieron a investigarlo y acaban de publicar un artículo sobre ello en la revista británica especializada en ciencias políticas y electorales, Electoral Studies, con llamativas conclusiones.

El estudio se titula Burdens and gains. The association between house rent increases and voting in the city of Madrid (en español, “Cargas y beneficios. La relación entre el aumento del alquiler de vivienda y el voto en la ciudad de Madrid”), lo firman Álvaro Sánchez García y Hugo Marcos Marné y se ha publicado este mismo mes de febrero. Explora cómo el aumento de los alquileres influyó en el voto durante el anterior ascenso de alquileres -el que se dio desde el año 2015 hasta antes de la pandemia- y lo pone en relación con diferentes resultados electorales. Escoger Madrid favorecía la solidez de la estadística, pues tiene más secciones censales que otras grandes ciudades como Barcelona y eso permite recopilar una muestra mucho más variada.

Las conclusiones vienen a explicar que un mismo fenómeno –que suba el alquiler– tiende a beneficiar a partidos de derecha y especialmente a Vox si en el barrio que se vota hay una alta concentración de propietarios, pero reforzará a la izquierda del PSOE en las zonas obreras donde abunden inquilinos o perfiles más vulnerables al auge de precios. “La vivienda es un fenómeno con ganadores y perdedores”, resume Álvaro Sánchez García, coautor del análisis, en declaraciones a Somos Madrid. El contexto que ellos analizan, además, entiende un período donde la curva de precios comenzó a empinarse sin freno y para el que existían datos más feacientes o completos en ese momento. Lo mostramos en el siguiente gráfico.

Para los autores, ese crecimiento imparable que continuó con la pandemia y ya se ha convertido en la gran preocupación de los españoles es lo que explica que el PSOE, aún teniendo una postura intervencionista, no se vea beneficiado de la rabia por el auge de precios como sí lo hacen en barrios obreros partidos más a la izquierda como Más Madrid o Podemos. “Son el partido en el gobierno y uno de los principales reproches que se le hacen en materia de vivienda es su equidistancia, o la implementación de medidas cosméticas. Eso hace que la gente no siempre crea su discurso”, concluye.

Análisis de 2.400 secciones censales para evaluar Madrid

La manera de elaborar análisis fue descargando los datos públicos distribuidos por secciones censales –unidades geográficas de entre 500 y 2.000 electores en las se dividen los municipios para organizar censos, padrones o elecciones– y cruzarlos con las tendencias políticas que se revelan en los comicios. Para calcular todos estos índices, primero recopilaron los informes del Ministerio de Vivienda que recogían la evolución del precio del alquiler en las casi 2.400 secciones censales que tiene Madrid. Analizaron cifras entre 2015 y 2019 y las cruzaron con otros modelos estadísticos, como la presencia de jóvenes en el barrio, de mayores de 65 años u otros perfiles con rentas bajas.

La vivienda es un fenómeno con ganadores y perdedores

Álvaro Sánchez García — Coautor del artículo publicado en la revista británica Electoral Studies

La idea era mezclar variables demográficas para ver si confirmaban esa influencia del alquiler en la tendencia de voto. “Conseguimos algunos resultados significativos, como que el aumento del alquiler favorece a Vox y perjudica al PSOE”, reseña el investigador.

La reflexión que los autores hacen es la siguiente: en los barrios con altas tasas de propietarios, donde el aumento de los alquileres puede percibirse como un incremento del valor económico de la vivienda, las subidas de rentas se asocian con un beneficio económico extra para sus arrendadores. En cambio, donde este perfil sea más escaso los alquileres se vincularán a una mayor carga para las familias o particulares, lo que puede engrosar a las fuerzas electorales de izquierdas que propongan medidas redistributivas o sugieran regular el mercado. En este caso, un dicurso populista suele calar más hondo si hurga en la herida de la precariedad diaria. “Aquí no aplica mucho eso del obrero de derechas”, reconoce.

Confiesa estar sorprendido de que el partido de extrema derecha lograra captar ese descontento y “competir con Podemos, que siempre ha mantenido una narrativa crítica e intervencionista” mientras que los de Santiago Abascal defienden un modelo neoliberal. Pero después de cotejar los datos, cree que el lugar desde el que se deposite cada papeleta puede determinar si esa reacción ciudadana irá a parar a Vox, o bien a los morados: “El efecto es heterogéneo: si es un barrio adinerado y con propietarios de vivienda, verán beneficios en la subida del alquiler porque implicará más rentas pasivas de sus inmuebles, lo que les llevará a Vox o al PP. En las zonas humildes, como castigo al PSOE, se buscarán opciones a su izquierda”.

“Estos resultados son un recordatorio de que los aumentos de alquileres tienen efectos heterogéneos en el ámbito electoral”, sentencia el estudio, que aún así especifica que el porcentaje de propietarios o inquilinos ha de ser amplio en cada barrio para que esta correlación surta aún más efecto. En un momento en que Madrid y otras grandes ciudades enfrentan tensiones en el mercado la vivienda, la investigación sostiene que los partidos obtienen diferentes beneficios en base a la composición demográfica y socioeconómica de cada zona.

Una teoría que también refrenda la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, que para el año pasado arrojó los resultados más bajos en la gestión del equipo de Gobierno, con aprobados raspados en distritos humildes como Villaverde o Carabanchel y una media de 5,6 puntos sobre 10. Precisamente es en Puente de Vallecas, mencionado al inicio como uno de los entornos con menor renta, donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida encuentra su primer suspenso desde que llegó a Cibeles en 2019. Allí la nota es de un 4,6, dando pie a la tesis de que la política municipal (también la nacional) está cada vez más atravesada por el coste de la vida o del acceso a la vivienda.

Con la elección este domingo de la oficialista Laura Fernández como la próxima presidenta del país, Costa Rica ratifica su giro a la derecha y se encamina a cambios “profundos e irreversibles”, tal y como dijo la ganadora de los comicios del domingo, mientras que la oposición ha advertido que no permitirá “cosas indebidas”.

La presidenta electa, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, ha anunciado en su discurso tras la victoria electoral un “cambio profundo e irreversible” y ha prometido a la oposición que su Gobierno será de “diálogo y conciliación”.

“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, aseguró Fernández desde el exterior de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, politóloga de 39 años, no detalló los cambios que quiere impulsar para la “tercera república”, pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

La presidenta electa obtuvo el 48,5% de los votos, con casi el 90% de las mesas escrutadas, muy por encima del 40% necesario para triunfar en la primera vuelta.

Tras su victoria afirmó que es “una demócrata convencida” y una “defensora de la libertad, de la vida y de la familia”, y habló por teléfono con el actual presidente, Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad y de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación.

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 escaños del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes de la Cámara.

La oposición estará encabezada por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos obtuvo el 33,3% de los votos y advirtió que no permitirá actos indebidos. “Le deseo a doña Laura Fernández que dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo”.

“En democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos”, dijo el candidato perdedor.

En una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, solicitó “respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes” e hizo un llamamiento a la “responsabilidad para frenar la escalada de insultos”, además de buscar soluciones para luchar contra la “pobreza, la ignorancia y la criminalidad”.

“Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (...) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense”, afirmó Zamora.

El abstencionismo se situó en el 30,3%, de acuerdo con los datos del TSE.

Han pasado más de 10 días desde el accidente de tren en Adamuz que acabó con la vida de 45 personas, y en este tiempo ya se está viendo cómo la derecha está usando esta tragedia como revancha de lo que la gestión de la DANA de Valencia ha sido para Carlos Mazón, o las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia para Díaz Ayuso. La ultraderecha llega más lejos y llama “asesino” al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al resto del Gobierno.  

Con Alfonso Alba, director de Cordópolis, medio asociado a elDiario.es, nos paramos a repasar qué sabemos a día de hoy sobre este accidente y cómo se ha ido desarrollando su investigación. Con Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es, nos preguntamos si estas tragedias son comparables desde el punto de vista de exigencia de responsabilidades políticas y qué hay detrás de esta estrategia de la derecha. 

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Se ha escrito mucho sobre la incapacidad del PP para frenar el auge de la extrema derecha. Es evidente que los conservadores carecen de una estrategia coherente y unificada para afrontar el desafío que supone el crecimiento de una fuerza más extrema a su derecha: en cada territorio han ensayado tácticas distintas, sin resultados concluyentes. Sin embargo, este enfoque induce a pensar que son las derechas las responsables de contener a la extrema derecha. Y no es así.

Es comprensible que a los demócratas nos gustaría que el PP se pareciera más a la CDU alemana, es decir, a un partido con un compromiso antifascista sólido, materializado en la política de los llamados “cordones sanitarios”. La genealogía del PP no invita a ese camino, pero además esos cordones están saltando por los aires en casi todas partes —incluso en Alemania—, y los conservadores terminan echándose en brazos de la extrema derecha en cuanto esta tiene opciones reales de acceder al poder. Asumamos, por tanto, que la derecha española no va a desempeñar ese papel “histórico” de contención de los ultras; incluso sus sectores más democráticos aceptan hoy, con resignación, la necesidad de compartir gobiernos y políticas con un partido abiertamente racista, nacionalista étnico y aliado de Trump.

La verdadera tarea de contención de la extrema derecha recae en la izquierda. Hoy sabemos con bastante precisión qué perfiles sociales votan a la extrema derecha, por qué lo hacen y cómo esos patrones han ido cambiando con el tiempo. Y aunque debemos ser conscientes de que actuamos en sociedades en decadencia —sociedades occidentales que ya no dominan el mundo como antes—, lo que genera frustraciones y melancolías fácilmente canalizables por la extrema derecha, existe un margen de acción considerable. Pero solo si hay voluntad política. Y a veces da la impresión de que no la hay.

Durante casi cuatro años formé parte de un gobierno progresista ya asediado por el bloque reaccionario en todos los frentes —político, judicial, mediático, etc.—, y aun así mi mayor frustración fue siempre lo difícil que resultaba sacar adelante cualquier medida mínimamente transformadora dentro del propio gobierno. Los frenos y obstáculos eran fundamentalmente ideológicos, aunque se disfrazaran de inercias institucionales o de supuestas restricciones administrativas. La mayoría de los ministerios estaban dirigidos con una lógica de gestión incapaz de sincronizarse con el tiempo político. Esto explica por qué los debates interministeriales se eternizaban incluso en asuntos menores y por qué muchas iniciativas morían antes de nacer. 

Solo la iniciativa política de la Moncloa —que no gestiona ningún ministerio y, por tanto, mantiene permanentemente la vista puesta en el clima político— lograba insuflar algo de oxígeno a la legislatura. Pero incluso así era necesaria una fuerte presión política, interna y externa, para evitar que el motor del gobierno se gripase. En lo que respecta al trabajo cotidiano de los ministerios, la mayoría languidecía en una gestión tan gris como políticamente inane. De ahí surgía una paradoja que en gran medida sigue vigente: un gobierno con una enorme capacidad de acción que apenas resulta perceptible para la ciudadanía.

No se trata solo de un problema de comunicación, aunque esta sea claramente mejorable. El problema de fondo es que las izquierdas a menudo se sienten demasiado cómodas en la gestión, lo que desincentiva la puesta en marcha de iniciativas más audaces. En nuestro país, “gestionar bien” suele estar asociado a no molestar y quedar bien con todos, lo que lleva a actitudes realmente paralizantes cuando se trata de asuntos socioeconómicos. Mi sensación fue siempre que, mientras la derecha es capaz de materializar casi todo lo que promete —por fantasioso que parezca en el momento de formularlo, como muestra de forma paradigmática Trump—, la izquierda acaba encontrando mil razones para no ir demasiado lejos. La izquierda se mueve dentro del marco y con el freno de mano echado, mientras que la derecha se esfuerza por cambiarlo tan rápido como puede.

Personalmente, nunca fui el radical de mi entorno. Provengo de una familia conservadora —hasta la adolescencia rezábamos todas las noches antes de dormir— y de orden —mis cuatro abuelos fueron falangistas—, por lo que mis inclinaciones eran más bien moderadas. Con el tiempo, sin embargo, aprendí que los problemas socioeconómicos pueden conllevarse, parchearse o resolverse. Y, por lo general, la tercera opción exige necesariamente ir a la raíz: es decir, implica ser radical. Existen muchas formas de radicalidad —que no es sinónimo ni de violencia ni de caos, sino de determinación—, algunas basadas en la racionalidad y otras en la estupidez. Pero el hecho es que, en estos asuntos, sin radicalidad no se avanza.

Pensemos en el caso de la vivienda. Trump, que como cualquier reloj estropeado también acierta, ha anunciado que prohibirá la venta de viviendas a fondos de inversión y a otras personas jurídicas. Los liberales se han alarmado porque esa medida cuestiona la concepción de la vivienda como mera mercancía y se sale de los márgenes del establishment. Como en tantos otros casos, es muy probable que Trump cumpla su palabra y apruebe la norma (otra cuestión distinta es si, al adoptarse sin un paquete coherente de políticas complementarias, servirá realmente para mejorar el acceso a la vivienda). El punto central es que, mientras eso ocurre en un gobierno de extrema derecha, en España la última novedad del gobierno progresista ha sido anunciar una bonificación fiscal a los caseros que decidan no subir el alquiler a sus inquilinos. La medida tiene su limitada racionalidad, pero en la práctica supone una transferencia de renta del Estado hacia los propietarios y, lo que aquí importa subrayar, resulta políticamente estéril.

La ciudadanía se cansa de este tipo de medidas grises, de ese eterno “quiero, pero no puedo” que acaba siendo percibido como un “puedo, pero no quiero”. Llega un momento en que la gente corriente desea algo que destrone a un establishment percibido como poco más que decorado. Y en la política real hay poco espacio para la sofisticación: hoy el establishment es la izquierda, a veces incluso considerada de “extrema izquierda”, de modo que lo que termina resultando atractivo es su contrario. Lo repito: hoy, para millones de personas, el establishment no es la derecha, sino una izquierda que gobierna sin transformar nada. La extrema derecha no avanza porque prometa demasiado, sino porque sus adversarios prometen poco y cumplen aún menos. En política, no decidir también es una decisión. Y suele pagarla quien duda.

Existe un refrán español, hoy felizmente desfasado pero todavía comprensible, que dice que hay momentos en los que hay que “coger el toro por los cuernos”. La sabiduría popular que encierra es clara: si no se actúa con determinación, al final llega la cornada. Y, hasta donde sabemos, es muy dolorosa.

En el nuevo mapa político de 2026, Delcy Rodríguez y Santiago Abascal tienen mucho en común. Ambos son piezas muy útiles en la estrategia imperialista estadounidense. Ambos envuelven su discurso doméstico en la retórica de la patria, de una soberanía que ninguno de los dos defiende en realidad. Y ambos comparten un aliado o, más bien, un mismo jefe: Donald Trump.

El presidente estadounidense ya lo había avisado. Todo lo que está haciendo aparece negro sobre blanco en un reciente documento oficial: la Estrategia de Seguridad Nacional. Allí deja claro que su objetivo no es expandir la democracia ni defender los derechos humanos; que su prioridad es beneficiar a Estados Unidos. Y que no existe ningún problema en pactar con regímenes autoritarios o que no compartan sus valores, siempre que el acuerdo sea útil para sus intereses.

Todo esto, exactamente esto, es lo que Trump está aplicando en Venezuela. Para sorpresa de María Corina Machado, esa cuestionable Nobel de la Paz que recibió este galardón mientras celebraba la intervención militar de EE UU contra su país. Y que Trump deliberadamente ha dejado a un lado. 

Tras el secuestro de Nicolás Maduro, EE UU ha decidido apostar por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, siempre que entregue buena parte de su petróleo y abandone sus lazos con Rusia, China, Cuba o Irán. 

Da igual el discurso que Delcy utilice para su público local: lo que importa es lo que haga, no lo que diga. Si cumple con Estados Unidos, ella y el chavismo podrán seguir en el poder durante una transición que no se sabe hacia dónde se dirigirá. Como dijo el propio Trump, que los venezolanos puedan votar libremente no es una prioridad.

El problema nunca fue que Maduro robara las elecciones –como en efecto hizo–. Venezuela no es menos democrática que Arabia Saudí.

Tampoco el supuesto narcotráfico. Trump acaba de indultar al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico; cobró decenas de millones de dólares en sobornos, entre otros, del Chapo Guzmán. 

Ni que Maduro se haya podido enriquecer con la corrupción: dudo que le encuentren en Suiza más dinero del que se ha llevado la familia de Trump. 

Ni mucho menos los derechos humanos. ¿Cómo le van a preocupar las vidas de los venezolanos al mismo gobernante que pisotea las de sus conciudadanos en Minnesota, con el impune asesinato a tiros de una madre por desobedecer una orden de su milicia particular, los agentes de la policía ICE?

Trump no ha cumplido siquiera el primer año de su vuelta al poder –será el 20 de enero– y apenas doce meses han bastado para ver, en directo y a enorme velocidad, la demolición del orden internacional y de las propias instituciones democráticas en EE UU, un país que evoluciona a pasos agigantados hacia un nuevo régimen autoritario. Nada sorprendente en el mismo presidente que intentó un golpe de Estado tras perder las elecciones, justo cinco años atrás. 

Tras convertir Venezuela en una suerte de protectorado, llega Groenlandia en el Risk de Donald Trump. Un objetivo que es probable que consiga, viendo la incapacidad europea para responder a todos sus órdagos durante el último año. 

Europa podría mandar tropas, sí. Así lo exige el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea: “Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”. Solo hay un problema: Trump ya tiene a sus tropas en Groenlandia, en la base de Pituffik.

En caso de un conflicto militar abierto, EE UU tampoco necesitaría trasladar tropas a Europa. Ya tiene cerca de 70.000 soldados aquí, en más de 40 bases militares desplegadas por todo el continente. 

La presión contra Dinamarca para que “pacíficamente” venda Groenlandia es cada vez mayor. Como si estuviéramos otra vez en el siglo XIX y la opinión de los que allí viven no valiera nada; como hizo Napoleón con la Luisiana francesa, Fernando VII con La Florida española, o el zar Alejandro II con Alaska.

Pero su plan para la UE va mucho más allá de arrebatar Groenlandia a Dinamarca. Y aparece en ese mismo documento que antes citaba: su Estrategia de Seguridad Nacional. Allí se explica tan claro como lo que ha ocurrido en Venezuela.

Donald Trump pide a Europa que aumente su gasto en defensa y elimine regulaciones. Traducido: en ausencia de petróleo que robar, Trump quiere que Europa le compre más armas y permita que sus monopolios tecnológicos se lucren a costa de los europeos sin ninguna cortapisa o control. 

La ambición de Trump en Europa también necesita de colaboracionistas. Y no oculta quiénes son: “La creciente influencia de los partidos europeos patrióticos da, en efecto, motivos para un gran optimismo”, dice la Estrategia de Seguridad Nacional.

El Gobierno de EE UU va a favorecer a la extrema derecha europea y no se descartan injerencias en los procesos electorales –exactamente igual a lo que hizo Putin en la primera elección de Trump y con las mismas herramientas, las redes sociales–. Siempre a favor de estos partidos ultras a los que Trump llama “patriotas”. Y que son tan patriotas como el general Pétain.

Es ahí donde Santiago Abascal es un instrumento al servicio de Donald Trump, igual que Delcy Rodríguez –y al menos la venezolana ha llegado a esa posición a la fuerza, no por convicción–. Porque él es su preferido al frente de un dócil gobierno español. Un supuesto patriota al servicio de otra patria. Alguien que defiende los combustibles fósiles frente a las energías renovables en un país sin petróleo ni gas. Alguien dispuesto a asumir sin queja alguna que el chavismo que decía combatir sea ahora protegido por la misma mano que lo impulsa a él. Alguien que no dudaría en elevar el gasto militar del 2% al 5%, como exige Trump.

Solo ese objetivo, elevar tres puntos del PIB el gasto en armas, cuesta 48.000 millones. ¿De dónde saldrían? ¿Es compatible con mantener el actual estado del bienestar?

El papelón de la derecha española estos días, a cuenta de Venezuela, ha sido espectacular. Después de celebrar la supuesta caída de uno de los poquísimos gobiernos autoritarios que les incomoda en todo el mundo (y mira que hay) resulta que lo único que realmente ha caído es su dignidad. Con su silencio ante los abusos de Trump.  

Al menos Abascal tiene motivos para agachar la cabeza: él es el elegido por Trump, como Meloni, Orban o Farage. Menos comprensible es la postura de Alberto Núñez Feijóo, callado ante las amenazas contra Europa de EE UU. Tan miope como para criticar a Pedro Sánchez por acudir a una cumbre europea para afrontar esta crisis, en vez de quedarse a escuchar otro discurso del rey en la Pascua Militar. 

No hay hoy otro líder mundial que suponga una amenaza mayor para nuestro bienestar que Donald Trump. No hay tampoco ningún otro factor que ponga más en riesgo nuestra soberanía o la paz. Puede parecer algo tan lejano como Groenlandia o Caracas. No lo es. 

Digan lo que digan algunos supuestos expertos en demoscopia, todo puede ocurrir en las próximas elecciones generales. La derecha no las tiene ganadas, aunque tiene posibilidades de conseguirlo, y la izquierda tiene aún mucho que decir y que hacer para poder seguir en el poder. Lo único que está claro es que todo lo que ocurra en la escena política solo tendrá su sentido a la luz de esas elecciones, todo será campaña electoral, no habrá movimiento alguno que no responda a la necesidad de ganar votos o de que los pierda el contrario.

Por eso, y aunque falte un año, o un año y medio, hasta que se celebren los comicios es legítimo preguntarse cómo le van las cosas a cada uno de los contendientes. Y no es fácil responder. Porque las encuestas no ofrecen pistas muy sólidas. Sus vaticinios dan un resultado muy cercano al empate o, como mucho, una cierta ventaja al PP, pero tan ligera que puede ser absorbida por el margen de error que admiten los sondeos o por movimientos de última hora. Sobre todo cuando un porcentaje decisorio –entre un 30 y un 40%– del electorado dice que aún no ha decidido el sentido, aunque eso no sea cierto en buena parte de los casos, lo cual da a los institutos demoscópicos la posibilidad de especular sobre la decisión que finalmente tomarán esos votantes silenciosos.

Pero esas hipótesis pueden ser totalmente erróneas, como experiencias electorales anteriores han demostrado. Lo mismo vale para ese agregado de ciudadanos que terminarán absteniéndose, que no ha sido pequeño en el caso de los últimos comicios, los de Extremadura, y que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido también en las generales. No son pocos los expertos que creen que la abstención es, de hecho, un voto contrario a la formación por la que en anteriores ocasiones se había optado y algunos menos los que opinan que este capítulo será particularmente nutrido porque tanto los partidos de derecha como los de izquierda suscitan una aversión suficiente para abstenerse.

Las casas de encuestas más cercanas a la derecha concluyen de sus estudios que la tendencia a la abstención es mayor en la izquierda, que la derecha “está mucho más movilizada”. Eso puede ser cierto en este momento, pero, al igual que ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado, podría cambiar en el inmediato futuro y más aún cuando el momento de votar esté muy próximo. Y, sobre todo, hay millones de ciudadanos que pueden inclinarse de un lado o del otro y que, si se les pregunta, no tienen muy claro si están más cerca de la derecha que de la izquierda.

Con todo, es muy probable que en los últimos tiempos la opción abstencionista haya crecido en el espectro de la izquierda. Porque los escándalos han tenido mucho eco en esos ambientes: no tanto los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, que a no poca gente corriente le suenan a invento, o al fiscal general del Estado, que la mayoría no ha entendido muy bien, sobre todo porque no había dinero de por medio. Pero sí las acusaciones de corrupción que pesan sobre José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han conmovido hasta a muchos de los más fieles socialistas y seguramente no dejarán de hacer daño al PSOE hasta el momento mismo en que lleguen las elecciones.

Y también porque la política que desde hace años Pedro Sánchez viene aplicando para tratar de rebajar la intensidad del conflicto con Cataluña no convence e incluso merece un rechazo abierto en sectores de la izquierda, incluso la más militante. Eso no es cosa de ahora sino de hace muchas décadas. Sánchez lo sabía perfectamente Y, sin embargo, pesó en él más la necesidad de rebajar la tensión con el soberanismo catalán porque, acertadamente y frente a la demagogia centralista de la derecha, pensó que esa dinámica de enfrentamiento podía degenerar en una crisis de Estado de imprevisibles consecuencias.

Hay votantes de izquierdas que no han entendido eso y está claro que una parte importante de la campaña electoral socialista tendrá que dedicarse a convencer a esas gentes sobre los efectos beneficiosos de la política del Gobierno al respecto. Si eso no se consigue habrá que buscar en este capítulo una de las causas principales de la eventual derrota socialista. Seguramente por vía de un aumento de la abstención de izquierdas, más que por la traslación de votos a la derecha.

El panorama desolador que ofrecen hoy los partidos situados a la izquierda del PSOE es otro de los motivos, y no el más pequeño, del riesgo de que la actual coalición de gobierno no pueda renovar su mandato. Y si la división y el enfrentamiento son los rasgos más llamativos de la situación en este sector, la desilusión que han sufrido y sufren no pocos de los ciudadanos que en los últimos años se apuntaron a opciones más radicales que la que ofrecía el PSOE es seguramente la razón más determinante de ese descalabro. Del que sólo una reacción de última hora para propiciar la unidad entre los distintos grupos de ese espectro podría paliar las negativas consecuencias electorales.

En definitiva, que la izquierda no lo tiene fácil. Pero la derecha tampoco. Porque tiene un líder mediocre y que no mejora con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Porque está dividida internamente y, además, enfrentada sin cuartel a la ultraderecha y esa guerra puede hacer perder votos a los dos. Y porque no ha hecho el mínimo esfuerzo por ofrecer al electorado un programa, una lista de cosas que haría si llegara al gobierno. Se ha limitado a seguir el modelo de Aznar de hace 20 años, el del acoso y derribo sin contemplaciones de su rival, con la esperanza de que así podrá alejar a votantes de sus filas, por temor a que si la izquierda vuelve a ganar la situación puede hacerse insoportable. Aznar estuvo a punto de perder las elecciones de 1996 tras aplicar esa táctica, frente a un PSOE que estaba hundido y un Felipe González que casi había tirado la toalla. Hoy, en cambio, Pedro Sánchez está en plena forma y dispuesto a volver a ganar.

Tan pudorosa, la RAE se refiere al culo, sin más, como un conjunto de dos nalgas, sin embargo, Francisco de Quevedo, con más precisión y profundidad se refirió a tan preciada y despreciada parte del cuerpo humano como reverendo ojo del culo, el miembro más perfecto y bien situado. Como don Francisco, pienso que el culo está en el centro, con imperio y veneración y cierto que no ve pero menos ven algunas laureadas cabezas al servicio, en almoneda, de la ciencia demoscópica y su patio de monipodio. Su sitio está en medio, en el lugar del sol, y si no ve como los ojos de la cara, no puede desmerecer por ser solo uno y no un par porque así es el ojo del cíclope que desciende de los dioses.

Además, el reverendo ojo tiene atributos de autoridad que adornan el tiempo que nos toca porque por vecindad anda siempre, en hombres y mujeres, cerca de sus genitales, de donde salen, porque de ahí salen, otras no mejores opiniones. Es por tanto igualitario en su origen y función y, si preciso, en su utilidad o acción.

Como todo el mundo habrá podido comprobar, la opinión libre ha sentado variadas visiones de la situación política para 2026. Normal, las opiniones son como el culo, cada uno tiene la suya. Entre tanto culo parlante es materialmente imposible saber qué se piensa en conjunto, ni siquiera José Félix Tezanos —que acierta más de lo que se dice—, pero ahí va mi opinión con el mío, a ojo, sin más pretensión que formar parte de la media porque como dijo otro sabio, la media sí es matemáticamente posible averiguarla.

Echando un reverendo ojo al porvenir político creo que el reparto en bloques es una evidencia, no solo desde el punto de vista ideológico sino desde la perspectiva de las alianzas futuras, sean electorales o partidarias, por no decir también de gobiernos; sin perjuicio de mejores ojos, creo que ambos bloques no son totalmente permeables entre sí porque, con perdón del ojo demoscópico, la migración es la normal, no es espectacular sino frecuente como en otros tiempos, teniendo en cuenta incluso la temida extrema derecha que no es más temible que la otrora mayoría silenciosa aunque definitivamente más dañina. Migra dentro de su bloque para estupor tardío de sus promotores.

En el bloque progresista, a la debilidad del PSOE, por razones diversas y roedoras deserciones, hay que añadir el desmoronamiento de su socio de gobierno Sumar y, para más ruina, la incapacidad de entenderse entre las izquierdas alternativas

Lo que está ocurriendo en el bloque conservador (derecha radical más extrema derecha más derecha moderada arrastrada) no es sino una competición, un ajuste, por la supremacía y liderazgo. Supremacía que es comunicante y puede decantarse hacia la extrema derecha, lo cual explica el nerviosismo del PP; y un liderazgo trifonte entre Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, que también explica el nerviosismo de Feijóo. Paradójicamente esta pelea entre la derechura puede ser su debilidad.

En el bloque progresista, a la debilidad del PSOE, por razones diversas y roedoras deserciones, hay que añadir el desmoronamiento de su socio de gobierno Sumar y, para más ruina, la incapacidad de entenderse entre las izquierdas alternativas. Se constata el carácter pendular de la izquierda no convencional, como una bamba: de la convergencia urgente a la divergencia repentina y viceversa, según sople el viento, sin despeinarse. Los que ahora piden la unidad podrían presentar una amplia hoja de servicios en escisiones, divisiones, uniones, separaciones, refundaciones, sillones y, frecuentemente, traiciones. Convencida pero no mucho, la narración modo es que, otra vez, la solución definitiva es la unidad pero sin que sepamos hasta cuándo ni con y entre quiénes.

Sin unidad —no la hay en la derechura— nada impide que las derechas avancen porque se muestran muy fuertes —es la clave— en el compromiso participativo de los suyos; mientras que en la izquierda, la performance continua del bamboleo propio de su tuétano vital determina la desconfianza y la consiguiente fuga de una parte muy importante de la ciudadanía, cansada del baile y de los incumplimientos.

Al final, la derecha no olvida nunca a los suyos; la izquierda, frecuentemente. Mucha gente ve con asombro la comodidad de cierta izquierda en las moquetas y platós y su olvido del albero. El bloque progresista por donde pierde es por el abandono de los suyos.

Ultras, extremos y propinas, la derecha se mantiene en su bloque, mientras que la izquierda desagua a un tercer bloque, un tanque de tormentas, mudo pero elocuente: la abstención

Y todo lo dicho anteriormente desemboca en el peor enemigo de la izquierda y de la democracia por extensión: la abstención, expresión práctica del desasosiego. Volviendo a los bloques, mi ojo reverendo atribuye el desgaste ocasionado por la abstención, mayoritariamente a la izquierda, aunque el ojo demoscópico lo reparta. Ultras, extremos y propinas, la derecha se mantiene en su bloque, mientras que la izquierda desagua a un tercer bloque, un tanque de tormentas, mudo pero elocuente: la abstención. En Extremadura, 320.292 votos fueron a la abstención, a la que cabe añadir votos nulos y blancos, mucho más de la mitad de los votos contados.

Mas volviendo al culo de cada uno, sus derechos y a su merecida honra, ¡qué de firmas de grandes señores ha iluminado! ¡Qué de libros de hombres doctos ha gastado! ¡Qué de billetes de damas ha firmado! ¡Qué de procesos importantes ha manchado, y qué camisas de Holanda ha teñido! Mi paisano Juan de Malara estaría que trina con el que suscribe y eso que no he incluido el triquitraque escatológico, que feliz acompañaría al noble ojo, del refranero de Gonzalo de Korreas.

Para más profundidad, les propongo la lectura de Gracias y desgracias del ojo del culo, de un genio como Francisco de Quevedo. Ah, y compren cupones. Feliz año.

Se criticó mucho a Ione Belarra, diputada y secretaria general de Podemos, cuando en noviembre de 2025 se dirigió a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y exclamó: “En este momento, presidente, solo tiene dos opciones: o reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país”. Poco después, cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado sin pruebas inequívocas por cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la eurodiputada Irene Montero añadió que Belarra se había “quedado corta” y señaló que en España había una mafia judicial, mediática y policial al servicio de la derecha. Montero citó la persecución que habían sufrido los diputados de Podemos, los sindicalistas de la CNT que protestaron contra la pastelería La Suiza, en Gijón, los seis jóvenes de Zaragoza que supuestamente participaron en una protesta contra un acto de Vox, los jóvenes de Alsasua a los se acusó de terroristas por una reyerta callejera. No citó el caso de Juan Manuel Bustamante Vergara, alias Nahuel, un joven que pasó año y medio en la cárcel por escribir el tuit “Goku vive, la lucha sigue” (para el que no lo sepa, Goku es el protagonista del manga Dragon Ball) y por guardar en la nevera de su casa zumo de naranja y col lombarda, dos ingredientes que –según la policía– pueden utilizarse para fabricar explosivos. Se ve que el zumo de naranja, tan popular, es tan peligroso como el napalm o la Goma-2.

Nahuel, que pertenecía al grupo anarquista vegano Straight Edge fue enviado a prisión en 2015 por Carmen Lamela, hoy magistrada del Tribunal Supremo y una de las firmantes de la sentencia que ha condenado al ya exfiscal general del Estado. También se acusó a otros miembros de Straight Edge, un grupo al que se calificó de célula terrorista. Diez años después, la Audiencia Nacional ha absuelto de todos los cargos a Nahuel y al resto de los acusados. Juan Manuel Bustamante Vergara recibirá una indemnización de 54.650 euros. La cantidad es casi una burla, pues nada compensa pasar año y medio entre rejas, soportando durante muchos meses el estricto régimen de aislamiento impuesto a los terroristas.

El caso Nahuel no es tan espeluznante como el crimen de Almería, cuando tres jóvenes fueron confundidos en 1981 con un comando de ETA y fueron torturados hasta la muerte por un grupo de agentes de la Guardia Civil. Nahuel “solo” ha sufrido prisión y aislamiento, pero su peripecia pone de manifiesto que algunos funcionarios del Estado conceden prioridad a las medidas represivas sobre la investigación objetiva de los hechos. No está de más recordar que Lamela envió a prisión a los principales líderes del procés, suscitando la protesta de Amnistía Internacional, que la acusó de restringir derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. En 2017, se recogieron 160.000 firmas para pedir su inhabilitación, alegando que “la prisión es un recurso último, es excepcional y ha de ser utilizado mínimamente”, pero “para la jueza Lamela privar de libertad parece ser la regla”.

Solo desde la mala fe pueden interpretarse las palabras de Ione Belarra como una incitación a la violencia. “Reventar a la derecha” es una forma de pedir la movilización de la izquierda para desenmascarar y desmontar el golpismo blando ejercido por una oposición cada vez más agresiva y demagógica. No creo que José María Aznar, falangista en su juventud, haya sido nunca un político de centro, pero en los noventa alardeaba de moderación, pues sabía que era la única forma de conseguir una mayoría parlamentaria. Ahora las cosas han cambiado. Después de la Gran Recesión de 2008, irrumpió una nueva izquierda que consideró inaceptables las políticas neoliberales. Las elites se sintieron amenazadas y la derecha giró hacia posiciones extremistas, explotando el poder de seducción de abstracciones como la patria, la libertad y la seguridad.

Ninguno de estos conceptos es intrínsecamente perverso, pero su carácter difuso se presta a la manipulación. Y es lo que hizo la derecha populista, asociando la inmigración a una supuesta invasión que atentaba contra la seguridad y la soberanía nacional. Al mismo tiempo, prostituyó el concepto de libertad, vinculándolo a la destrucción del Estado del bienestar. El anarcocapitalismo de Milei es un buen ejemplo de esa aberración ideológica. Esta interpretación de la libertad corrió paralela a la idea de que el “movimiento woke” no obedecía al deseo de reivindicar los derechos de las minorías, sino al propósito de demoler los pilares de la civilización occidental: Dios, la patria y la familia.

En España, Díaz Ayuso, también falangista en su juventud, se sumó enseguida a esta oleada reaccionaria. Cuando puso en circulación eslóganes como “Comunismo o libertad” o “Que te vote Txapote” arrojó más gasolina al fuego que ya ardía en los sectores más ultras, como ese chat privado de altos mandos militares que soñaban con el aniquilamiento de 26 millones de españoles. Ayuso es una mujer hueca, con graves carencias intelectuales. Aunque le sobran descaro y belicosidad, nadie ignora que Miguel Ángel Rodríguez y José María Aznar son los titiriteros que mueven los hilos de su discurso. Ayuso ha pretendido investirse de autoridad con declaraciones sumamente provocadoras, como cuando afirmó en una entrevista concedida a El Mundo que el rey, los jueces y ella no permitirían que el gobierno de Sánchez cambiara España por la puerta de atrás. ¿Cómo? Reventando a los que pretenden crear un país más plural e igualitario.

En el caso de Ayuso y sus creadores, reventar no es un eufemismo, sino una feroz estrategia de acoso y derribo. Gracias a medios regados con dinero público, sicarios mediáticos sin escrúpulos y jueces que solo necesitan unos recortes de periódico para admitir a trámite una denuncia, resulta muy sencillo destruir a los adversarios. En una democracia liberal, no hay que sacar los tanques a la calle. Es suficiente tener mucho dinero para controlar los medios de comunicación y las redes sociales, y contar con el apoyo de una “policía patriótica” y unos jueces alineados con las ideas más retrógradas. Con esos recursos, ya no hay necesidad de montar numeritos como los del 23-F. Una Díaz Ayuso lanzado exabruptos dictados por maestros de la intoxicación es mucho más letal que los tiros de Tejero en el Congreso.

No se puede dialogar con quienes pretenden destruirte con bulos, denuncias falsas y amenazas. Hay que reventarlos, como han señalado Ione Belarra o Irene Montero. Y reventar, insisto, en este contexto significa desarmar, neutralizar, desmontar. La derecha ya no tiene ideas, sino prejuicios y hay que mostrarlo claramente. Su meta es miniaturizar el Estado del bienestar, favorecer los intereses de las grandes empresas, garantizar privilegios injustos, amordazar a la ciudadanía más crítica. Si no queremos que la derecha nos reviente, si no estamos dispuestos a que la desigualdad siga creciendo y a que retrocedamos veinticinco años en derechos libertades, hacen falta esa determinación y valentía que siempre caracterizaron a Marcelino Camacho. Su lema “Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar” sigue siendo una poderosa inspiración.