Hace unas semanas asistimos en el Congreso al debate sobre la propuesta de incorporar el derecho al aborto en la Constitución. Durante unas horas, el escenario político ofreció una imagen casi paradójica: una amplia mayoría parlamentaria defendía, al menos formalmente, el reconocimiento de un derecho que cuenta también con un amplio respaldo social.

Incluso el Partido Popular evitó esta vez un discurso frontalmente contrario al aborto. Sus intervenciones se acercaron más al lenguaje de la libertad y de la capacidad de decisión de las mujeres, un marco que conecta con la posición que históricamente han mostrado buena parte de sus votantes.

Sin embargo, el voto contrario acabó situando al PP junto a VOX en su oposición sistemática a cualquier iniciativa impulsada por el Gobierno actual. Y en esa escena volvió a aparecer una incomodidad permanente: la relación nunca resuelta entre la derecha española y el derecho al aborto.

Pero lo más relevante de aquel debate no fue solo quién votó a favor o en contra, sino observar cómo va mutando la forma de disputar este derecho.

Durante años, la batalla se libró de manera directa. Sobre si el Estado debía reconocer o restringir la capacidad de las mujeres para decidir sobre su embarazo y su cuerpo. Ese fue el terreno de la “contrarreforma” impulsada por Gallardón en 2013, una propuesta que devolvía el aborto a un modelo mucho más restrictivo. El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, la llamaron.

La respuesta social fue contundente. La movilización feminista, el rechazo ciudadano y las tensiones internas dentro del propio Partido Popular acabaron provocando la retirada de la reforma y la dimisión del ministro.

Gallardón demostró que, en España, el enfrentamiento directo con el derecho al aborto tenía un coste político demasiado elevado. Pero también dejó una enseñanza: que una batalla no pueda ganarse en un terreno determinado no significa que deje de librarse. A veces, para avanzar, hay que cambiar el escenario.

Y quizá por eso solo estamos viendo una parte de la escena. Cuando pensamos en los ataques al derecho al aborto seguimos esperando la misma imagen del 2013 con una reforma legal que reduzca derechos, una confrontación directa con la capacidad de decidir de las mujeres.

Sin embargo, la imagen se va fracturando. Como si, en una película, la cámara hubiera dejado de enfocar al personaje principal y hubiera empezado a detenerse en otros elementos del escenario. Al principio puede parecer que la historia ha cambiado. Que ya no estamos hablando de la misma cuestión. Pero a medida que avanza descubrimos que aquello que parecía secundario era, en realidad, la clave para entender toda la trama.

La cámara ha dejado de enfocar únicamente el aborto y ha empezado a enfocar aquello que lo rodea: la familia, la maternidad, la natalidad, el concebido no nacido, la crisis demográfica, el futuro de la nación.

Cambiar el encuadre no significa cambiar la historia. Significa cambiar la manera en la que el público interpreta lo que está viendo.

Durante años, el debate sobre el aborto estuvo construido alrededor de si la persona embarazada debía poder decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida. El nuevo marco introduce otra pregunta: ¿qué debe proteger el Estado antes incluso de que exista una persona nacida?

No es un desplazamiento menor. Porque cuando cambia el sujeto alrededor del cual se organiza el debate, se van creando los imaginarios sociales que condicionan todo lo que viene después. Si el punto de partida es la autonomía reproductiva, la obligación del Estado es garantizar derechos y condiciones para ejercerlos. Si el punto de partida es el concebido como sujeto prioritario de protección, la relación entre Estado y reproducción empieza a construirse desde otro lugar.

Y ese cambio de plano es precisamente lo que permite que una ofensiva contra el aborto pueda presentarse sin hablar apenas de aborto. No porque el objetivo haya desaparecido. Sino porque el debate se ha trasladado a un terreno donde resulta más sencillo construir consensos. Un terreno aparentemente menos conflictivo y que apela a los “valores” comunes.

¿Quién podría estar en contra de proteger la vida?

¿Quién podría estar en contra de apoyar a las madres?

¿Quién podría estar en contra de ayudar a las familias?

El problema no está en estas palabras, sino en el significado cultural y político que adquieren cuando sustituyen el lenguaje de los derechos por el lenguaje de la protección; cuando la reproducción empieza a ser entendida y se construye como una política de Estado.

Por eso el concepto de “concebido no nacido” resulta tan relevante. No es únicamente una expresión jurídica, es un cambio de perspectiva, una nueva manera de mirar la escena.

Estados Unidos muestra claramente las consecuencias que puede tener este desplazamiento. La actualidad del aborto estadounidense se explica como una sucesión de prohibiciones y restricciones. Sin embargo, antes de muchas de esas medidas se había producido la profunda transformación que introducía progresivamente el feto como un sujeto político con intereses jurídicos propios.

Ahí aparece el concepto de fetal personhood, la idea de reconocer al feto una personalidad o intereses jurídicos propios a proteger por el Estado. No todas las iniciativas han tenido los mismos efectos ni han llegado al mismo punto, pero todas comparten una misma operación.

Y cuando el derecho reconoce un interés propio del concebido no nacido, la persona embarazada deja de aparecer como el único sujeto alrededor del cual se organiza la decisión. La autonomía reproductiva deja de ser el único punto de partida y el Estado pasa a situarse entre dos intereses que él mismo ha construido como potencialmente enfrentados.

Lo que parece una discusión técnica sobre categorías jurídicas tiene consecuencias profundamente sociales. Porque el derecho no solo regula conflictos existentes, también crea nuevas formas de entender esos conflictos.

El caso de Georgia, donde una mujer fue detenida acusada de asesinato después de un aborto autogestionado, mostró hasta qué punto este desplazamiento puede tener consecuencias reales. Más allá del resultado concreto del procedimiento, el caso revelaba qué ocurre cuando la interrupción de un embarazo empieza a interpretarse no solo como una decisión personal, sino como una posible agresión contra un sujeto jurídico distinto protegido por el Estado.

España no es Estados Unidos y establecer una equivalencia directa sería un error. La propuesta del “concebido no nacido” de Ayuso y Feijoo no supone hoy reconocer personalidad jurídica plena al feto; todavía. Pero las transformaciones políticas no empiezan siempre con sus expresiones más extremas. A menudo comienzan con pequeños desplazamientos del lenguaje, nuevas categorías y formas de nombrar la realidad. Para que una sociedad acepte limitar un derecho, debe cambiar antes la manera en la que entiende el problema.

Este desplazamiento nos está entrando por puertas y ventanas diversas. Los primeros acuerdos de gobierno entre PP y VOX, como el firmado en Castilla y León en 2022, permiten observar este cambio. El aborto apenas aparecía explícito, pero la maternidad, la familia y la respuesta al descenso de la natalidad ocupaban un lugar central.

Ese marco permitió después justificar medidas como la propuesta de ofrecer la escucha del latido fetal antes de un aborto o la creación de las Oficinas de Atención a la Maternidad. Presentadas como recursos de apoyo, fueron cuestionadas porque introducían la nueva lógica de situar el embarazo bajo una mirada institucional que no solo acompaña una decisión, sino que pretende condicionarla.

La evolución resulta todavía más significativa en acuerdos recientes como el de Andalucía. El aborto prácticamente desaparece del texto, pero la familia aparece una y otra vez; fomentar la natalidad, aprobar leyes de familia, desarrollar planes de apoyo a la mujer embarazada o promover la “cultura de la vida”.

Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. La diferencia no está solo en las palabras que aparecen, sino en aquellas que dejan de aparecer.

Cuando la reproducción empieza a discutirse principalmente en términos de familia, natalidad o futuro demográfico, la autonomía reproductiva deja de ser el punto de partida del debate. La mujer deja de ser sujeto político con voz y decisión propia para pasar al servicio de la “prioridad nacional”.

En los últimos años, la extrema derecha europea ha vinculado cada vez más la cuestión demográfica con la identidad nacional. La baja natalidad deja de presentarse como un problema relacionado con los cuidados, la precariedad o las dificultades materiales para construir proyectos de vida, y pasa a interpretarse como una amenaza para la continuidad cultural de una comunidad nacional específica.

Es en este marco donde los discursos sobre familia, natalidad e inmigración se encuentran. La idea del “gran reemplazo”, difundida desde hace décadas como un aspersor. Y no se trata únicamente de que nazcan más niños, se trata de qué población se considera necesaria para garantizar el futuro de la nación. En definitiva: qué vidas importan, cuáles tienen valor y cuáles no tanto.

Este vínculo entre reproducción e identidad nacional no es nuevo, es una herramienta de control social de las más antiguas que existen. Lo hemos visto recientemente en gobiernos como los de Orbán en Hungría o Meloni en Italia, donde las políticas familiares y de natalidad forman parte de una visión política más amplia sobre la nación, la pertenencia y el papel social de las mujeres. Y vuelta al principio del mandato obligatorio de la maternidad que nos imponen el patriarcado, el Estado y el capitalismo.

Por supuesto, no toda política de apoyo a la maternidad responde a esta lógica. Las democracias necesitan políticas públicas que permitan decidir libremente si se quieren tener hijos, cuándo y en qué condiciones. Han sido los feminismos los que han reivindicado políticas de apoyo a las maternidades deseadas, garantizando cuidados, derechos y condiciones materiales dignas como centro de su proyecto de transformación social.

Pero no estamos hablando de esto. Ya no estamos hablando solo de apoyar a quienes quieren ser madres. Estamos hablando de quién define qué tipo de reproducción merece ser protegida y promovida. Y es precisamente por eso que sería un error pensar que el derecho al aborto ha dejado de ser el objetivo. Sigue siéndolo, aunque han encontrado bifurcaciones del camino que son más seguras y arraigadas en épocas de crisis sistémicas y dispersión del miedo.

Lo que estamos viendo es la construcción progresiva de un nuevo paradigma político sobre la reproducción. Y por eso no es casual que los derechos sexuales y reproductivos sean uno de los primeros objetivos a tumbar por parte de los proyectos autoritarios.

No porque el aborto sea una cuestión aislada, sino porque controlar la reproducción significa intervenir sobre quién puede decidir sobre su cuerpo, qué modelos de familia merecen reconocimiento, quién pertenece plenamente a la comunidad política y qué futuro quiere construir una sociedad.

En definitiva, significa intervenir sobre la propia distribución del poder. ¿Qué mayor herramienta de control social podemos imaginar?

Frente a ello, es necesario recuperar con más fuerza el horizonte de la justicia reproductiva. La democracia no consiste únicamente en reconocer el derecho a interrumpir un embarazo. Consiste en garantizar que todas las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos o no, cuándo tenerlos y en qué condiciones; que puedan criarlos con dignidad, libres de violencia, discriminación y precariedad; y que ninguna política pública convierta la reproducción en una obligación moral, un deber patriótico o un instrumento al servicio de un determinado proyecto ideológico.

La cuestión nunca fue únicamente si determinadas políticas amenazan el derecho al aborto. La verdadera pregunta es qué nos dicen esas políticas sobre el modelo de sociedad que pretenden construir.

Porque cuando un Estado comienza a disputar el control sobre la reproducción, nunca está hablando solo de natalidad. Está hablando de la reorganización autoritaria de la democracia.

“Debajo de la alfombra aparece un suelo corroído que no va a mejorar remendándola para taparlo. Occidente puede correr la misma suerte de otros imperios extinguidos, dejando un vacío bajo la palabra Europa”. (José Luis Sampedro (Reacciona 2011)

Los ministros de la UE, reunidos en videoconferencia a instancias de España, han acordado templar las hostilidades surgidas por la crisis de Ceuta. En un comunicado acordado por unanimidad “valoran los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas para responder a la situación”. Y mantienen “la necesidad de seguir luchando sin descanso contra las redes de tráfico de migrantes”, reforzar los retornos o “fortalecer” las fronteras de la UE, dentro de los tópicos al uso. El español Grande-Marlaska se ha dado por satisfecho. Una notable recogida de velas o un impasse cuyo desarrollo falta por ver.

Un misil ha dado de lleno en los cimientos de la Unión Europea, sin embargo. Ha quedado claro que, si este club nunca fue un modelo de equilibrios y contrapesos, ahora priman más que nunca lo que ellos mismo llaman “intereses electorales nacionales”. ¿Y cuáles son? Racismo, ultraderecha rayando -y a veces entrando- en el fascismo, desigualdad, egoísmo profundo, poco o nada de solucionar los problemas de los ciudadanos, y con un marcado intento por manipular a la opinión pública que les sustenta. Aún les sustenta. El problema gravísimo es que, ante una acción exterior contra España, las derechas europeas -incluidas con gran énfasis las españolas- han reaccionado contra el gobierno de nuestro país que no es de su cuerda ideológica y no comparte sus “valores” tan degradantes. Maticemos, por supuesto, que el gobierno que preside Sánchez es progresista dentro de los parámetos actuales. Siempre se puede pedir más, pero para como anda el patio, les provoca ampollas.

A la par que todo este trance sucedía, por cierto, juristas alemanes se doblaban en número, hasta llegar a más de mil, para pedir que se prohíba al partido ultra Alternativa Por Alemania. Los demócratas alemanes, como los españoles, saben el peligro que representan los fascismos. Inmenso, fatídico. Fue la propia UE la que les dejó entrar hasta la cocina de las instituciones tras irse instalando en los diversos países en una cuidada estrategia. Al venir acompañada de la manipulación mediática, subvencionada, ha cosechado un éxito creciente. En España los fuimos viendo jaleados en programas varios, también en aumento ahora.

Donald Trump, paradigma de la corrupción presidencial, mueve los hilos con Netanyahu, sin ningún disimulo. Congresistas estadounidenses denuncian el plan -dotado con profusión de fondos- para “devolver” a Marruecos Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental -que por cierto tiene en buena parte colonizado-. Con la connivencia, por supuesto, del rey de Marruecos, ese multimillonario que vive en París mientras su pueblo padece una precariedad intolerable.

elDiario.es ha documentado estos días datos clave de cuanto está ocurriendo. Sinteticemos algunos básicos.

-“Las relaciones de España con Marruecos y Argelia son un juego complicado de suma cero. El apoyo a las tesis de Rabat hizo que Argelia pusiera fin a su colaboración con España. Ahora hay motivos para sospechar que el viaje de Sánchez a Argel y los acuerdos alcanzados han provocado la respuesta marroquí que hemos visto en Ceuta”.

-Marruecos está armándose hasta los dientes en un momento en que las tensiones con la vecina Argelia no han hecho más que aumentar. Marruecos es el mayor comprador de armamento a EEUU en África.

-Rabat está cortejando el Banco Mundial y el Banco de Exportaciones e Importaciones de EEUU (Exim Bank) para financiar un gaseoducto de 26.000 millones de dólares que discurriría a lo largo de la costa africana. El gasoducto, de 6.800 kilómetros, prevé conectar los yacimientos de gas de Nigeria, Senegal y Mauritania, antes de unirse al gasoducto Magreb-Europa, que ya une Marruecos con España. En la previsión el circuito pasaría por los territorios del Sáhara Occidental, que reclama Marruecos.

-Marruecos tiene el 70% de las reservas mundiales de roca fosfórica, pero solo extrae y aporta menos del 15% de la demanda global. La roca fosfórica es clave tanto para la producción de fertilizantes como para la producción de las baterías para los coches eléctricos.

Que frente a todo esto, la UE y la mayoría de sus países se haya comportando como lo han hecho contra España es incalificable. Egoísta, torpe y cobarde. Dinamarca, a la que defendimos de la voracidad rapiñadora de Trump, va a ¡reinstaurar el servicio militar obligatorio! para defender Groenlandia, en lugar de buscar apoyos reales en la UE. Algo y mucho falla aquí.

Y luego está la derecha española. Repugnante su alineación con sus correligionarios ultras europeos, con su dios Trump, con Netanyahu y quien haga falta para trincar la Moncloa a cualquier precio. Insoportables, las barbaridades que están soltando en medios y redes. Qué manera de vituperar al presidente Sánchez para su audiencia de odiadores y dummies. Claro que faltan puntos por aclarar. Por ejemplo, qué opinan el PP y Vox de la pretendida anexión de Ceuta y Melilla a Marrueco. El partido de la Dana, de los incendios, de la pandemia en Madrid (por no remontarse a las hazañas de Aznar), no puede permitirse desde una mínima decencia, lanzar a sus altos cargos a decir que Sánchez “no estuvo a la altura con la pandemia, ni con la riada de Valencia, ni con los incendios, ni con la crisis de Ceuta”. Ni tiene derecho a vacaciones a pesar de lo delgado y demacrado que aparece por el intenso trasiego de esta temporada. El Rey sí, y nos dan detalle de su ocio veraniego. Sin pudor alguno todo esto.

Por el contrario, hay un movimiento internacional, con nombres potentes, de apoyo a Sánchez, escandalizados de la respuesta europea que probablemente ha influido en la recogida de velas de este martes. De los palurdos de aquí ni se enteran bien es verdad, aunque nosotros, los ciudadanos sí los suframos.

Este hombre que -si les soy sincera no me daba esa impresión inicial- devino en una especie de héroe imprevisto quien, metido en este torbellino, tira hacia adelante a ver qué salva de la ruina que nos preparan. La que se hace realidad en algunos territorios donde la ultraderecha se sienta ya, con el PP, en los gobiernos. La terrible situación internacional no puede hacernos olvidar en qué se plasma esa conjunción. El gobierno de Moreno Bonilla, por ejemplo, cede a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género que los de Abascal pedían “depurar” por su “sesgo ideológico”. Esto es colocar a las víctimas frente a un verdugo con más poder aún que su agresor. Es incalificable.

No olvidemos tampoco a las víctimas marroquíes usadas como proyectiles humanos en una guerra que no les compete. Hay que entender de una vez que todos los esfuerzos serán pocos para revertir la situación creada. También, de ser posible que no es nada fácil, de la Unión Europea cuyo profundo deterioro va a dañar a todos sus miembros.

Quizás necesitemos. como punto de partida ante estos poderes hegemónicos que nos hunden, lo que concluía José Luis Sampedro en aquel Reacciona de 2011: “Todo ocaso ofrece una ocasión”. Solo es necesario “unirse y acordar que a una banda boguen hacia delante, mientras en la otra cíen hacia atrás y el barco girará en redondo, poniendo proa hacia un desarrollo humano”.

A sucesos tan espectaculares y trágicos como los de Ceuta les sigue siempre un alud de campañas mediáticas y políticas, de comentarios, análisis, interpretaciones y especulaciones de todo tipo. Aunque en un artículo de opinión pueda parecer paradójico, tal vez lo mejor, en estas circunstancias, es limitarse al ejercicio de resumir y sopesar los hechos verificados.

Algunos de estos hechos conocidos son los siguientes. El pasado viernes 31 de julio, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron de forma masiva e ilegal desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta. Lo hicieron en su inmensa mayoría a nado, a través del espigón del Tarajal. Los servicios de emergencia han rescatado del mar, hasta la fecha, cerca de un centenar de cadáveres de migrantes fallecidos en el intento, en su mayoría jóvenes y niños. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó a Ceuta y calificó la situación de “violación de la integridad territorial”. El Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas y dispuso cierres temporales de los pasos fronterizos. Los dos gobiernos acordaron una repatriación ordenada y en 48 horas los migrantes irregulares regresaron o fueron devueltos, casi en su totalidad, a territorio marroquí.

También es un hecho evidente que las imágenes de lo sucedido -espectaculares, impresionantes- se difundieron rápidamente por televisiones y redes y causaron un profundo impacto. Es asimismo un hecho comprobado que tanto la derecha como la extrema derecha de España y del mundo entero se lanzaron inmediatamente en tromba sobre lo sucedido. La tragedia humana de Ceuta se transformó al instante en combustible para una ofensiva mediática y política masiva y global. Vídeos y fotografías falsos o procedentes de escenarios violentos de otros países y circunstancias que mostraban refriegas, saqueos y homicidios se hicieron virales. Iban acompañados de mensajes que conviene mencionar, porque tendemos a prescindir de su seguimiento. Véase este ejemplo: “Un inmigrante marroquí apuñaló en el cuello y asesinó a un hombre a plena luz del día en Ceuta, dejándolo desangrarse en el medio de la calle”. O este otro: “Están fuera de control en Ceuta y Melilla. La población en grandísimo peligro. El Ejército deberá intervenir antes de que sea muy tarde, pues se está reportando otra oleada de migrantes”.

Es un hecho también perfectamente comprobado que en Washington las declaraciones incendiarias no se hicieron esperar. El presidente Trump, que lleva meses calificando a España de “terrible partner”(“socio espantoso”), difundió imágenes de Ceuta acusando al Gobierno español de hacer esfuerzos deliberados para favorecer la inmigración clandestina. Aprovechó para hacer campaña, de cara a las elecciones estadounidenses de mitad de mandato: “Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”. Si los demócratas ganan las elecciones del 3 de noviembre, apostilló, “nuestro país será invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante”. El vicepresidente Vance le fue a la zaga: “Gracias a Dios, @POTUS (Trump) fue elegido y la frontera de nuestro país ya no tiene este aspecto. Estas imágenes procedentes de España son un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical que han hecho posible la invasión de Occidente”.

Es también un hecho verificable que Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí, se permitió un mensaje supuestamente sarcástico: “Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la ‘diversidad humana’. Le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar”.

También es un hecho evidente que en Europa ha habido quien ha querido sacar tajada de la tragedia. Un ejercicio de fact-checking del periódico italiano La Repubblica ha desmontado, punto por punto, las afirmaciones sobre las que se construyó la reacción de Giorgia Meloni y sus ministros (uno de ellos, Tajani, se precipitó a declarar que “las imágenes que llegan de Ceuta demuestran que la decisión del Gobierno de Madrid de dar la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500 mil inmigrantes irregulares ha sido profundamente equivocada”).

Subrayó el periódico italiano el hecho indiscutible de que no es posible desplazarse desde Ceuta y Melilla a la Península sin pasar por un control policial de identificación y que por consiguiente la integridad del espacio Schengen estaba plenamente garantizada. Señaló asimismo que la acusación a España de que había concedido la ciudadanía europea a más de 500.000 inmigrantes irregulares era falsa: el decreto español otorgó permisos de residencia y trabajo, no pasaportes. Pero el punto más contundente, que invertía las acusaciones de Meloni y sus ministros, es que los datos de Frontex para el periodo 2021-2026 dicen que 478.600 migrantes irregulares llegaron a Europa a través de Italia, frente a 234.760 a través de España. También aquí los hechos se imponían.

Detrás de los hechos y de las mentiras están, naturalmente, los hechos aún no conocidos, con sus correspondientes interrogantes. Una pregunta, en particular, destaca sobre todas las demás. Se la hizo ayer, desgarradamente, según ha narrado Ignacio Cembrero, una madre antes de enterrar el cadáver de su hija Faten, ahogada frente a Ceuta: “La juventud está perdida, todos van a matarse. ¿Por qué? ¿Quién abrió la puerta la primera vez? ¿Por qué la abrieron para que maten a nuestros hijos?”

No sé si serviría de mucho saber hasta qué punto los trágicos sucesos de Ceuta se han originado con el impulso, la complicidad, el beneplácito, el conocimiento o la impasibilidad de unos u otros. Bastan, para saber a qué atenernos, los hechos conocidos.

Basta saber de que hay quienes no vacilan en jugar con la vida y la muerte de miles de jóvenes en situación desesperada, fascinados por el “sueño de Europa”. Basta tomar conciencia de la la increíble capacidad de manipulación de las redes sociales (“Engañar a más de sesenta mil personas prometiéndoles el paraíso parecería imposible si no lo hubiéramos visto en Ceuta”, ha escrito Carmen del Riego).

Bastan los hechos ya conocidos para saber que existe una estrategia en marcha para para infundir en nuestras opiniones públicas el miedo creciente a una “invasión migratoria”; para desestabilizar al Gobierno de España y, a ser posible, hacerlo caer sin elecciones; para dividir, debilitar y someter a la Unión Europea. Lo menos que se puede decir es que se trata de una estrategia con muy terribles precedentes.

Para la extrema derecha europea y la Casa Blanca, parecía demasiado bueno para ser verdad: la España liberal de izquierda castigada con una crisis migratoria creada por ellos mismos.

El histrionismo llegó en el momento preciso. Mientras miles de ciudadanos, principalmente marroquíes, se dirigían al pequeño enclave español de Ceuta, en la punta del norte de África, el partido de extrema derecha español Vox denunció una “invasión” migratoria, culpando a la regularización y la política de izquierda del primer ministro español, Pedro Sánchez. La administración Trump hizo lo mismo. Un alto diplomático israelí aguijoneó a Madrid sobre sus territorios “coloniales”, mientras que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pidió que España fuera suspendida del espacio Schengen. Dinamarca y Finlandia respaldaron la decisión de Italia y, para el fin de semana, 22 líderes de la UE habían escrito una carta señalando con el dedo de manera implícita a Madrid por su presunto fracaso en “combatir implacablemente la migración ilegal”.

Pero lo que estos autodenominados adalides del control fronterizo no quieren entender es que es su pánico y su política sobre la migración lo que nos ha traído aquí.

Ceuta no es un juego de niños para la política migratoria liberal de España. Más bien, desde la década de 1990 ha sido el prototipo de la infatigable batalla de seguridad fronteriza de Europa. Drones, detectores de calor, sensores de movimiento, torres de vigilancia digitales, fuerzas auxiliares marroquíes: la frontera de Ceuta está tan completamente militarizada que incluso avergüenza las barreras de Trump, y mucho menos las de Grecia, Polonia o Finlandia.

La paradoja, como me dijeron los guardias civiles cuando la visité por última vez en 2023, era que esta militarización había implicado ceder control. “Rabat sabe que puede desestabilizar a España con la migración”, dijo un jefe, mientras reflexionaba sobre la entrada masiva de marroquíes en 2021, después de que Madrid enfureciera a su socio al aceptar a Brahim Ghali, el líder del movimiento Polisario del Sáhara Occidental, para recibir atención médica urgente. Las vallas fuertemente custodiadas se han convertido en un obstáculo perfecto para escenificar una crisis migratoria.

Si bien Marruecos suele callar sobre sus intenciones, a veces sus ministros han dicho sin rodeos que no jugará a ser el “gendarme” de Europa a menos que sus socios apoyen sus objetivos económicos y políticos. La tranquilidad en la frontera desde 2021 tuvo poco que ver con el agresivo sistema tecnológico de seguridad, y todo que ver con el respaldo de Madrid en 2022 al plan de Rabat para el Sahara Occidental ocupado. ¿Por qué la última crisis? Si bien aún se están estableciendo los hechos y los motivos, es poco probable que sea una coincidencia que Sánchez anunciara recientemente una “nueva fase” en las relaciones con Argelia, archirrival de Rabat y partidario del Frente Polisario.

Sánchez culpa de la entrada masiva a los traficantes de personas y a la desinformación sobre un reciente fallo de la Corte Suprema española que impide que las autoridades expulsen sumariamente a los migrantes que intentan llegar a nado por el mar hacia los territorios españoles en África. La línea oficial del gobierno de Marruecos es que la avalancha migratoria se debió a “organizaciones criminales” y que la cooperación con España sigue siendo “ejemplar”. Sin embargo, culpar a las organizaciones criminales tiene poco sentido: la mayoría de los que lograron cruzar fueron devueltos en silencio en un día, lo que es impensable si hubieran perdido los ahorros de su vida para pagar a los contrabandistas. La fábrica de rumores de las redes sociales movilizó a la gente a cruzar; pero, de manera crucial, según la inteligencia española, la policía marroquí dejó de controlar la frontera mientras sus servicios de inteligencia no notificaban a España sobre las campañas en línea. Los videos y las cuentas de los que cruzan la frontera en numerosos medios de comunicación sugieren además que las fuerzas del orden alentaron activamente a las personas a cruzar.

Está claro para cualquiera que conozca la frontera de Ceuta que no sucede nada dramático allí sin que las autoridades marroquíes permitan que ello suceda. Sin embargo, España no puede criticar a Marruecos, ya que depende desesperadamente de él. Por el contrario, tanto Madrid como Bruselas colmaron de elogios a Rabat la semana pasada. Este es el lugar en el que se ha colocado la UE: dependiente de regímenes represivos y a menudo antidemocráticos que utilizan las amenazas migratorias para sus propios fines.

Esta ha sido durante años una táctica favorita de los autócratas durante con las fronteras exteriores de la UE, desde las amenazas de Muammar Gaddafi hasta las travesuras de Ankara. Y se ha vuelto cada vez más atractiva para ellos gracias a la obsesión europea contra la migración no deseada: cuanto mayores sean las apuestas, mayores serán las recompensas.

La geopolítica parece desfavorable para la UE. Desde que se firmaron los acuerdos de Abraham en 2020, Marruecos ha fortalecido su mano internacional a través de estrechas alianzas con las administraciones Trump y Netanyahu. Y esos dos gobiernos ven a España como su archienemigo en Europa. Este enero, Rabat profundizó su cooperación militar con Israel. En abril, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declaró que Ceuta y el otro enclave español, Melilla estaban “en territorio marroquí”. Las figuras israelíes y republicanas están haciendo ruido cada vez más frecuente de este tipo. Recientemente, Marruecos nombró una carretera a través del Sáhara Occidental en honor a Trump.

Todo esto no apunta necesariamente a una gran conspiración. Rabat bien pudo haber tratado de beneficiarse de manera oportunista y luego haber perdido el control de los acontecimientos. Pero sí sugiere que lo que ocurrió en Ceuta fue un juego geopolítico con las personas como peones, dejando al menos 70 muertos.

Los líderes europeos se han obsesionado tanto con la “seguridad” que no pueden ver claramente sus propios intereses. En particular, uno de los gobiernos que amenazaba con la suspensión de Schengen era Dinamarca, que debería saber algo sobre el chantaje geopolítico contra Europa. La evidencia enseña que la presión migratoria coercitiva funciona mejor cuando las regiones de destino están políticamente divididas y son propensas a enfrentamientos verbales entre sí. Esto es exactamente lo que la extrema derecha y los líderes gubernamentales están haciendo ahora, culpando con acritud a España y evocando el espectro de la crisis migratoria 2015.

Habiendo dado la mano a estados “socios” y a regímenes hostiles por igual, estos líderes saben exactamente qué botón presionar para obtener el máximo impacto. A través de su reacción, los políticos de la UE no solo están socavando la solidaridad dentro de la Unión, sino que están alentando activamente una incremento de las crisis, al tiempo que incitan a las fuerzas antieuropeas en la Casa Blanca y más allá.

Necesitamos un tipo diferente de política migratoria que reduzca el pánico en lugar de alimentarlo, que priorice la diplomacia franca sobre el “combate” con una mano atada y que debilite a los hombres duros y los traficantes. Los líderes europeos podrían comenzar a cambiar esta dinámica evitando convertirse en idiotas útiles a la primera oportunidad.

Con una torpeza que empieza a ser marca de la casa (para desgracia de Núñez Feijóo), la portavoz del PP, Ester Muñoz, dejó meridianamente claro a las pocas horas de conocerse la sentencia que condenaba al hermano del presidente del Gobierno cuál era el objetivo real de todo aquel proceso: provocar la caída del gobierno. Muñoz dijo que la condena de David Sánchez representaba “un día histórico que haría caer a cualquier Gobierno”. Imposible dejarlo más claro.

Miguel Tellado, otro a quien se le entiende todo, escribió en las redes sociales “El hermano de Sánchez ha sido condenado, como ”su“ fiscal general, como ”su“ primer número dos, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo”. La constatación de la existencia de una operación más o menos coordinada para tumbar al gobierno ya no en boca de un ministro o de un dirigente del PSOE, ni de un tertuliano progubernamental. El mismísimo número dos del PP explicándolo abiertamente a quien quiera oír y entender. Nada que esconder.

Fiscal general, contigo empezó todo

En el ordenamiento jurídico español, como en el de tantos países, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, es decir define la línea que han de seguir las instancias judiciales inferiores. Parecería que este precepto, más allá de su contenido estrictamente jurídico, también es válido para entender lo que está pasando. El proceso contra el fiscal general por revelación de secretos y su condena, sobre todo su condena y los argumentos en los que ésta se basó (discutidos por débiles, indiciarios y sesgados), mostraron al resto de instancias judiciales cuál era el margen de interpretación que podían tomarse a la hora de enjuiciar aquellos supuestos delitos que afectaban al gobierno y a su entorno.

Ese margen que se daba a todos y cada uno de los jueces era extraordinariamente amplio. Y no sólo a los jueces, también a los cuerpos que actúan como policía judicial, acostumbrados ya a formular hipótesis y juicios de valor y de legalidad que acostumbran a ser tenidos como verdades por parte de los instructores; y a los que se permitió registrar nada más y nada menos que el despacho oficial del fiscal general del Estado, además de vaciar el contenido de su teléfono móvil (que García Ortiz había borrado previamente, una acción que molestó tanto a sus juzgadores que acabó figurando en la sentencia como un indicio de su culpabilidad).

El proceso contra el fiscal general debe entenderse como el ejemplo de todos los demás también en su desarrollo, y no sólo por su arranque (una acusación por parte de una asociación ultraderechista basada en recortes de periódicos). El proceso contra García Ortiz derivó en una acción de intimidación al gobierno, no tanto por parte del poder judicial como por los medios. La idea era que, si el fiscal dimitía, el proceso decaía. Que se rinda y no le va a pasar nada, parecía la consigna, propagada por algún opinador bienintencionado próximo al PSOE. Con su obstinación, el fiscal general estaba poniendo en riesgo a la institución, lo más“sensato” era que dimitiese, por el propio bien de la Fiscalía.

La “obstinación” de García Ortiz en permanecer en el cargo y presentarse ante el tribunal como fiscal general en ejercicio tenía todo el sentido si se consideraba inocente. Era él quien devolvía la pregunta ¿Hasta dónde se estaba dispuesto a llegar frente al respeto a los derechos y la vida personal de los afectados y frente al propio respeto a las instituciones judiciales, su imparcialidad y su función en un Estado de Derecho? La respuesta derivada de la sentencia de la sala segunda del Supremo fue contundente: estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Un mensaje claro para todo el mundo, no sólo para los acusados, sino para los futuros acusados. Y para todos los jueces que tuvieran entre manos asuntos que afectan directa o indirectamente al gobierno. Barra libre.

El problema es que los jueces son, en este sentido, como los militares. Una vez se han convencido de salir de los cuarteles, es muy difícil convencerlos de que vuelvan a entrar en ellos.

Justicia de opinión

El término “opinocracia” define un mundo en el que la opinión se convierte en el centro del debate público, condicionándolo todo. Es algo claramente aplicable a nuestro mundo, atravesado por diversas crisis que han acabado por diluir la antigua frontera entre lo que se consideraba información y lo que era simplemente opinión. La información se basa en hechos reales contrastados, acontecimientos que realmente han ocurrido y a los cuales se puede volver para comprobar la veracidad de lo que se dice sobre ellos. La opinión no requiere de un apoyo en la realidad. No es comprobable ni verificable. Vale lo que vale quien la propaga, nada más.

En las últimas décadas el combate entre información y opinión ha ido cayendo del lado de esta última. La opinión ha ido invadiendo espacios en los que hasta hace relativamente poco tiempo le estaba vedado el acceso. El periodismo (o lo que queda de él) es hoy un terreno en el que es hasta cierto punto imposible separar lo que es información de lo que es opinión, sobre todo en aquellos medios rendidos a la ideología y al beneficio a cualquier precio. Las redes sociales ya nacieron como el imperio de la opinión.

Algunos espacios se mantenían (y se mantienen, a duras penas) exentos de la ofensiva de la opinión y resistían atados al palo de los hechos. La justicia era uno de ellos. Pero lo que vemos ahora son sentencias en las que, sin aviso previo, se cuelan opiniones, hipótesis, digresiones aparentemente inocentes, caídas aquí y allá, que en algunos casos sirven para apuntalar veredictos, sobre todo cuando éstos no encuentran suficiente sustento en los hechos probados. O incluso cuando hechos probados, o testimonios aportados en la causa, contradicen las conclusiones de la sentencia.

Más allá de los casos que afectan al Gobierno, esta deriva resulta particularmente preocupante en un paisaje judicial sobre el que desde hace años caen críticas que señalan que lo que está en peligro no es la independencia de los jueces, sino su imparcialidad y la consecuente exigencia de dejar de lado sus propias posiciones personales e ideológicas y actuar sin más criterio que el sometimiento a la ley.

Quiéreme como la justicia quiere a Aldama

Lo que estamos viviendo no es una operación concertada al milímetro, con un mando supremo y unos intereses inequívocos a los que se pliegan todas las acciones. Ese tipo de conspiraciones no van con el carácter nacional. Por debajo de la consigna, del toque de corneta, del “café” como el de hace noventa años, que recordaba el gran Juliana, hay vendettas personales, espabilados, zancadillas que se aprovechan que el Pisuerga pasa por allá y el que puede hacer pues ya que estamos, hace.

Si todo formara parte de un único plan maléfico no se cometerían según que errores. Pero la maraña de favores, actores secundarios, intereses y demás completa un cuadro barroco, atestado de tramas y personajes que a veces desvían la atención de lo que debería ser el núcleo del tema: tumbar al gobierno, si puede ser por la vía más rápida posible.

Sólo así se entienden algunas tramas secundarias de la obra, cuyo desenlace no ayuda en el objetivo final, sino que más bien lo perjudica, pero que tienen su razón de ser. Es el caso de la condena a Aldama en el caso “mascarillas” que condenó a Ábalos y a Koldo García aveinticuatro y diecinueve años de prisión, respectivamente. En la vista oral (ante los magistrados de la omnipresente sala segunda del Supremo), el comandante de la UCO (otros omnipresentes) declaró que las informaciones suministradas por Aldama no habían sido de gran ayuda a la investigación.

Pero es que Aldama no se ha librado de la cárcel (y ha mantenido las ganancias de sus negocios) por su contribución al proceso penal. No son sus declaraciones ante el juez de instrucción lo que le ha salvado, sino más bien sus apariciones en tertulias y programas televisivos, en los que ejerce de azote de la corrupción gubernamental y defensor de la democracia y de la Constitución, que en su autorizada opinión exigen la caída del gobierno. Sería ese papel de Cid reencarnado (“España se va a la mierda y yo solo no puedo”) el que le ha valido a Aldama el cariño maternal de la justicia. Ese al que ahora aspira también Julito, el amigo de ZP.

La precuela

Precisamente la aparición estelar de Julito, camino a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, cuerpo enjuto, mirada huidiza, nos proporciona una de esas imágenes que, sin más aderezo, lo explican todo. No por el protagonista, sino por quien lo acompaña, paso firme, ademanes profesionales, mirada de quien está acostumbrada a tener la sartén (y la cacharrería entera) por el mango. Su abogada, Maria Dolores Márquez de Prado, que conecta la actual operación con otra, la que se desplegó hace exactamente treinta años (de 1993 a 1996, casualidades de la vida) con idéntico objetivo: tumbar al gobierno socialista de entonces.

La reaparición de Márquez de Prado sitúa la actual coyuntura donde le corresponde. Como una secuela, algo que ya habíamos vivido. Cambian los actores (no todos, como se ve), cambian los diálogos y hasta el decorado (tampoco tanto), pero el guion es el mismo. Una y otra vez.

Caza mayor

Si el objetivo final de la operación es la caída del Gobierno y todo lo que ha pasado no lo ha conseguido, lo único que les queda a los que pueden hacer y hacen es apuntar al corazón del Ejecutivo. El fiscal general era una pieza importante, pero no letal, como se comprobó. Ábalos ya estaba de salida, así que no funcionó. Zapatero hace más daño, pero tampoco ha sido el tiro de gracia.

La derivada mafiosa de todo esto es el acorralamiento a la familia del presidente. Su hermano ha sido condenado por ser el hermano de quien es, en un proceso rocambolesco cogido por los pelos. Estaría bien que la UCO pidiera el volcado del móvil del presidente del tribunal para ver las conversaciones de los últimos meses. No sufran, no va a pasar, pues la UCO no actúa si no es en el marco de un proceso judicial y bajo la estricta dirección de un juez instructor, que aquí no existen. Circulen, circulen.

El caso de la mujer del presidente es el ejemplo más evidente de esta estrategia de presión, y a la vez es un factor que puede acabar dando muy malas noticias al PP en unas futuras elecciones, principalmente por la manera burda con la que el juez instructor ha ido llevando el caso hasta hoy. Aunque Peinado puede parecer un lobo solitario, el hecho que lo hayan dejado llegar hasta aquí, con la aquiescencia de la audiencia provincial (sin mencionar a los jaleadores mediáticos), hace de este un caso que va más allá de la acción aislada de un instructor con ganas de notoriedad y de salvar a España.

Begoña Gómez va a tener que enfrentarse a un juicio con jurado popular… a no ser que su marido dimita. Este es el mensaje, limpio y claro. El mismo que se enviaba en el caso de García Ortiz. Estamos dispuestos a lo que sea. Ríndete o acabamos contigo. Si esto no surte efecto, si Sánchez no se va para salvar a su mujer, ya sólo les queda una pieza que abatir: el presidente. Y visto lo visto, no les va a temblar la toga ni sus arraigadas convicciones constitucionales.

Charcos

Todo esto, evidentemente, tiene sus riesgos. Un juicio con jurado popular a la mujer del presidente puede activar al espacio progresista, que vería en ese acto un trasunto de los procesos inquisitoriales. El riesgo, además, es aún mayor por lo de las sentencias y los cuarteles. Siempre puede haber alguna sentencia o alguna instrucción que se pase de acelerón, por convicción o porque se aspira a una medalla. Peinado lo ha hecho varias veces, lo que ha contribuido a generar en el espacio de la izquierda la imagen de una justicia politizada y escorada claramente a la derecha.

Más allá de estas salidas de autopista de unos magistrados convencidos de que están salvando a España con cada auto y providencia, la operación corre peligro por la torpeza que ha demostrado el equipo dirigente del PP, que no ha dejado de meterse en cada uno de los charcos que se va encontrando en su camino. La ley de nietos, el concebido no nacido, el pacto con Francia, el acercamiento a Junts. No pasará, pero Feijóo podría acabar yendo a Waterloo. Históricamente, el PP ha sido una máquina electoral impecable, pura ingeniería alemana (mejor, americana desde 1989). Pero en las últimas elecciones mostró un perfil terriblemente torpe, hasta el punto de que podemos decir que si Feijóo no ocupa la Moncloa desde 2023 no es porque no quisiera (como declaró) sino porque cometió tal cantidad de errores no forzados en la última semana de campaña, que dilapidó toda su ventaja. A una semana de las elecciones, Feijóo tenía la mayoría, pero entonces encadenó error tras error, alguno mítico como el de renunciar a asistir al debate de TVE con la excusa de que es un medio entregado al gobierno, para luego decir que en realidad no fue porque le dolía la espalda.

Dime de qué me acusas y te diré qué pretendes

Donald Trump acaba de decir que en 2020 hubo injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales y que por eso no ganó. Por eso, y porque hubo funcionarios que intencionadamente manipularon los votos para evitar su victoria. Trump ha acusado abiertamente a China de interferir en las elecciones en las que perdió la reelección frente a Biden. Sin pruebas, sin aportar ningún documento que lo avale, e ignorando olímpicamente todos los documentos que precisamente prueban lo contrario.

Trump también soslaya las pruebas que demuestran que efectivamente hubo injerencia extranjera en las elecciones anteriores, las de 2016, las que precisamente él ganó. La famosa vía rusa, de la cual se habría beneficiado para convertirse en presidente. De eso no hizo ninguna mención Trump en su intervención a la nación. Viene siendo habitual en el repertorio trumpista acusar a tus rivales de hacer eso que aparentemente has hecho tú. Forma parte de la estrategia de la confusión desplegada por la derecha populista, y no sólo en Estados Unidos.

En España, las derechas hace tiempo que acusan a Pedro Sánchez de querer implantar un régimen autoritario. Se le ha acusado de torpedear la división de poderes cada vez que critica una actuación judicial o de querer silenciar al Parlamento para imponer un sistema a la turca (o a la venezolana). La apelación a que el “sanchismo” representa un peligro para la democracia española se ha convertido en un mantra de la derecha, junto con la defensa de la Transición que Sánchez (y antes Zapatero) se habría cargado con su ley de memoria democrática.

Ante esto, como en tantas otras ocasiones, es interesante recorrer a las declaraciones del expresidente Aznar, que acostumbra a actuar como vocero de las intenciones de la derecha (“el que pueda hacer…”). En una entrevista en ABC (2 de noviembre 2025) definió las próximas elecciones como “cuasi constituyentes” y en un almuerzo informativo (1 julio) remachó que “no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. Para evitarlo, según Aznar, hace falta una “mayoría nacional” que vaya de izquierda a derecha. Una llamada a salvar a España de la anti-España. Con 210 diputados es posible emprender reformas de la constitución (artículo 167). Tal vez tenga razón Aznar, tal vez sí estemos ante unas elecciones constituyentes y un intento de cambio de régimen, pero por parte de la derecha. Una derecha que siempre ha considerado que el poder en este país le pertenece por derecho y los otros no son más que usurpadores.

Los retrocesos democráticos del siglo XXI rara vez llegan de golpe. Avanzan mediante pequeños desplazamientos culturales e institucionales que, acumulados, terminan alterando el alcance real de los derechos. La propuesta impulsada por Isabel Díaz Ayuso, que reconoce al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de extender ese modelo al conjunto de España no modifican la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí reconfiguran el terreno sobre el que se articulará este debate en los próximos años.

Históricamente, el PP evitó convertir el aborto en un eje central de confrontación. Era una postura lógica. España ha construido un amplio consenso social en torno a este derecho. Diversas encuestas muestran que alrededor de ocho de cada diez ciudadanos consideran que la decisión corresponde a la mujer y, lo más significativo, más del 60% de los votantes del PP y de Vox también respaldan que siga siendo legal. Por eso, el objetivo ya no consiste en prohibir, sino en sustituir el discurso de los derechos por el de la natalidad, la familia y la protección del concebido.

El texto aprobado en Madrid incorpora una de las premisas centrales del movimiento antiabortista: asumir que el feto posee derechos desde la concepción. Hoy ese reconocimiento tiene un alcance administrativo; mañana puede servir para sustentar una discusión jurídica mucho más amplia. Porque las leyes no solo regulan comportamientos; también moldean aquello que una sociedad considera legítimo. Su efecto más profundo no reside en lo que modifican hoy, sino en aquello que hacen imaginable mañana.

El giro de Feijóo tampoco puede entenderse sin observar la competición con Vox. Durante mucho tiempo se sostuvo que el ascenso de la extrema derecha obligaría a los partidos conservadores tradicionales a moderarse para retener al votante de centro. La experiencia europea ha demostrado lo contrario: el partido tradicional es quien asume el relato, las prioridades e incluso la forma de entender los conflictos que introduce su competidor para evitar fugas por la derecha.

Los pactos firmados este año entre PP y Vox en Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y León ilustran bien ese proceso. El aborto apenas aparece en esos textos. No es necesario. El nuevo consenso se articula alrededor de expresiones como “ley de familia”, “fomento de la natalidad”, “amparo de la maternidad” o “cultura de la vida”. El punto de partida implícito es que este núcleo social se presenta como una institución amenazada que requiere protección pública. Ya no se debate sobre restricciones de derechos, sino sobre demografía, apoyo a los hogares o invierno demográfico.

Ese movimiento tampoco está exento de riesgos para el propio PP. Existe una brecha de género persistente en el voto a Vox: los hombres apoyan mucho más a la formación de Santiago Abascal que las mujeres. Si la dirección popular aspira a gobernar sin depender de su socio, necesita ensanchar sus apoyos entre el electorado femenino y moderado, donde el respaldo a los derechos reproductivos sigue siendo muy elevado. Competir con Vox en este terreno puede reducir la distancia entre ambos partidos, pero también erosionar la fidelidad del votante de centro que ha sustentado las mayorías del centroderecha en las últimas décadas.

Esta apuesta forma parte de una ofensiva cultural más amplia. Miguel Ángel Rodríguez la resumía hace unos días al definir la medida madrileña como una “revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. No es una frase aislada. Expresa un proyecto político que reorienta la conversación pública desde las libertades individuales hacia valores como la familia, la natalidad o la identidad nacional.

No todas las extremas derechas europeas siguen el mismo camino. Mientras Marine Le Pen ha moderado su posición sobre el aborto para ampliar su base electoral y concentrar la confrontación en la inmigración y el islam, allí donde el nacionalcatolicismo mantiene un peso decisivo la tríada “Dios, patria y familia” continúa siendo uno de los principales pilares ideológicos. España encaja mejor en esta segunda tradición.

La perspectiva internacional ofrece algunas advertencias. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni no derogó el aborto. Optó por una vía más gradual: reforzó las políticas natalistas y facilitó la presencia de asociaciones antiabortistas en los centros públicos donde se asesora a mujeres embarazadas. En Polonia el recorrido fue aún más lejos. Tras años de apelaciones a la defensa de la vida y la familia, formalizó una de las regulaciones más restrictivas de Europa.

La cuestión de fondo, por tanto, no es una eventual reforma de la legislación sobre el aborto, sino el cambio en la concepción de este derecho y el lugar que ocupa en el debate público.

Porque las extremas derechas no siempre ganan cuando gobiernan. A menudo lo hacen antes. Ganan cuando consiguen que los demás adopten su sentido común y su forma de interpretar la realidad. La normalización no consiste en aprobar a corto plazo las agendas más radicales, sino en lograr que dejen de parecerlo. Feijóo puede pensar que solo ha asumido una iniciativa de Ayuso para contener el avance de Vox. Pero, al hacerlo, también ha aceptado discutir en los términos que la extrema derecha lleva años intentando imponer. Y cuando la competición política se desarrolla con las categorías del adversario, la experiencia comparada demuestra que quien acaba fijando las reglas del juego no es el partido tradicional, sino quien logró introducir primero esa lectura del conflicto.

En esa disputa, quienes tienen más que perder no son las siglas políticas. Son los derechos de las mujeres.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que diputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que han dado la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que ha tenido nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija ha reivindicado en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que han marcado estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para acabar con la inseguridad han tenido repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se han decantado fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que han proliferado en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

Existe unha opinión moi común que sostén que o PSOE é a columna vertebral do sistema constitucional español ou, noutro xiro non meramente semántico, do réxime do setenta e oito. A monarquía, a unidade de España, o Concordato, o pacto social, todo o que soporta a estabilidade do poder, segundo esta opinión, susténtanse no PSOE. Se o PSOE cae, o enteiro edificio construído dende a Transición, cae.

Os que sosteñen ese criterio pertencen ao ramo da opinión pública de esquerdas que respira polas branquias do optimismo. Creo que non se lles pasa pola cabeza que o establishment, ou unha parte significativa del, xa pasou esa pantalla. A estas alturas debería estar claro que certas elites buscan que o PSOE caiga, e non, precisamente, para facer a ruptura democrática. Buscan derrubar ao réxime e destruír ao PSOE sen paliativos. Polo que sexa, hai quen non o ve.

Na lectura que fan do momento esas forzas consideran que é posible reescribir o pacto da Transición. Redefinir España. Ampliar o mercado e reducir o Estado. Privatizar e xibarizar o Estado do Benestar: sanidade, educación, pensións. Desregular, desregular. Desregular todo, dos controis alimentarios ás prácticas extorsionadoras das tecnolóxicas. Aumentar a desigualdade social construíndo un modelo á americana. Levar as súas últimas consecuencias a guerra cultural mediante a ventá de Overton para establecer un novo sentido común no que toda proposta progresista ou multicultural, por leve e discreta que sexa pareza extremadamente radical. Acabar co feminismo para dárlle voz á manosfera. Recentralizar. Que o Estado central decida todo. Que as Comunidades Autónomas sexan un floreiro inútil. Primar Madrid como operación política de Estado. Meter nunha gaiola de ferro os idiomas distintos do castelán. E así con todo.

Estamos vendo en directo como se está tratando de derrubar o que se dicía era o principal píar do réxime do setenta e oito porque o que se busca é un ciclo longo de poder da dereita e da extrema dereita. Ilegalizar partidos? Suprimir autonomías? Talvez. En todo caso, hai maneiras de conseguir o mesmo a través de certas viraxes e do uso irrestrito de leis autoritarias. Un ciclo de lustros de hexemonía conservadora abriría o paso a unha contrarreforma constitucional, non necesariamente formal, pero si pola vía dos feitos. A intención é reescribir a España que saíu da Transición. Conspiracións? Habelas, hainas.

Por suposto, despois do PSOE irán a polos seguintes na lista, como é natural. Aquí non se salva ninguén. Nin o BNG, nin o PNV, nin Sumar ou Podemos. Nin o obreiro da construción, nin o xubilado ou o profesor. Ninguén. Acabáronse o consenso e a concordia. O contexto mundial, con Trump, MAGA e os tecnobros nos Estados Unidos permite e favorece esa opción. E tamén o contexto da UE, na que fórmulas similares están gañando terreo por todas partes. Unha vez caído o consenso de posguerra estamos entrando noutra fase histórica na que o pasado non alumea o porvir. Se o PSOE implosiona, que paisaxe quedaría? Un PSOE felipista é, ao meu xuízo, imposible como fórmula de goberno. Ou moito me equivoco ou un PP no goberno apoiado dende o exterior polos socialistas non cabe en España. Descendería abruptamente en número de deputados e, aínda que se abrira un espazo maior á súa esquerda, hoxe en mínimos pola súa propia curtidade de miras, a suma estaría moi lonxe de poder constituírse como alternativa. Non representarían un perigo.

Quen che aplica a vía penal está afirmando dúas cousas: a primeira que pode facelo, que ten poder dabondo, que non está obrigado a negociar polas circunstancias. A segunda, que pode implementar unha situación política, económica e social, sen o teu concurso, nin o dos segmentos sociais que son o teu soporte. En certo modo, é extraer as consecuencias lóxicas do modo en que se resolveu o procés, que inhabilitou a Convérgencia como partido bisagra e fixo estoupar o sistema político catalán e, con el, un soporte básico do español. Quen che aplica a vía penal xulga que a correlación de forzas lle autoriza e que as forzas reactivas que pode desatar carecen de peso ou importancia.

Así están as cousas. Este é o contexto de fondo necesario para saber interpretar o momento.

“No habrá coalición. Es un compromiso”. Así se pronunció el pasado 7 de julio el entonces recién elegido secretario general del PP, Miguel Tellado, un día después del “histórico discurso” en el que su jefe, Alberto Núñez Feijóo, expuso su plan para gobernar España en solitario, sin compartir la mesa del Consejo de Ministros con Vox. Una estrategia que apenas duró seis meses y que el líder de la oposición ha liquidado públicamente antes de un año. Esta semana, en ‘prime time’, Feijóo asumió que hará lo que sea para gobernar tras las próximas elecciones. Incluido dar cabida en el Gobierno de España a la ultraderecha por primera vez en décadas.

“Solo hay dos opciones” tras las próximas elecciones, dijo Feijóo un día antes, en la clausura del congreso del PP que le reeligió como presidente. El líder de la derecha planteó un plebiscito: “O Sánchez o yo, no hay más”. “Y yo quiero un Gobierno en solitario”, añadió. El líder del PP aseguró que, para hacerlo, buscará “alianzas en el Congreso”. ¿Y con quién? También lo dejó claro: “No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”.

“El único gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado”, añadió Feijóo, que zanjó: “Y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”.

Los escribas de Feijóo estaban contentos. Las palabras de Feijóo fueron calculadamente ambiguas. Sus lugartenientes remacharon después aquello que su jefe de filas prefirió no explicitar.

Primero lo hizo Tellado, con esa frase de “no habrá coalición” que pronunció en conversación con los periodistas. Tanto él como el director de Comunicación del partido dieron su visto bueno a publicar la rotunda afirmación.

Un día después, Tellado habló en los micrófonos de Onda Cero, donde aseguró: “Acuerdos con Vox, sí; pero Vox en el Gobierno, no”. Por si quedaban dudas, remachó: “El compromiso del PP es un Gobierno en solitario, único y unido”.

El martes, 8 de julio, fue la también recién estrenada portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien ratificó lo dicho por Tellado. “Nos comprometemos a que no habrá un Gobierno del PP con ministros del PSOE, como dice Vox; y no habrá un Gobierno del PP con ministros de Vox, como dice la izquierda”, aseguró en su primera rueda de prensa como jefa del grupo parlamentario.

El refrendo a la estrategia llegó de uno de los principales barones autonómicos del PP. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró durante un acto informativo celebrado en Madrid: “Nosotros tenemos que gobernar en solitario. No creo que el señor Abascal, sabiendo la necesidad que hay de cambio, se atreva a no investir a Feijóo habiendo ganado las elecciones. Sería un suicidio político en prime time. Yo conozco a Santiago, y de política entiende. Estoy convencido de que favorecerá la investidura. Tiene que favorecerla porque, si no, se suicidará políticamente”.

Feijóo asume gobiernos autonómicos “proporcionales”

Vox y el PP pasaban por aquel entonces una de sus peores etapas en su fluctuante relación. Un año antes, en el verano de 2024, los ultras habían abandonado en bloque los gobiernos autonómicos que compartían. Un giro estratégico que no fue entendido en Génova, donde aplaudieron a rabiar el movimiento, pero que salvó electoralmente a los de Santiago Abascal.

En 2025 la euforia se había apoderado de un PP convencido de poder derribar al Gobierno de Pedro Sánchez y de estar al borde de un resultado electoral que le permitiría alcanzar, a la segunda, el Palacio de La Moncloa. Como en 2023, en la sede nacional echaban cuentas y los números les daban por encima de los 160 diputados. Con ese resultado, decían, era imposible que Vox se pusiera exigente.

Pero los números decían otras cosas. Por ejemplo, que Abascal acechaba a Feijóo en valoración ciudadana. La clave fue (y es) el discurso antimigratorio. Desde que salió de los gobiernos autonómicos, Vox imitó a otros partidos ultras de Europa y centró su discurso en el señalamiento a las personas migrantes. Una deriva xenófoba y racista que culpa de todos los males a los extranjeros, especialmente a los pobres, y que le está reportando beneficios electorales.

La primera grieta en la estrategia del PP llegó ese mismo verano. Un brote xenófobo en Torre Pacheco (Murcia) provocó disturbios y la caza de personas migrantes por parte de ultraderechistas llegados de toda España en una acción coordinada.

El pretendido discurso emancipador de Feijóo hizo aguas y cerró el mes de julio con un alegato que hubiera firmado Abascal: “Los españoles no se sienten seguros ni en su casa”. En esas circunstancias, el PP decidió forzar un miniciclo electoral autonómico para mostrar a toda España que podían ganar de forma tan holgada que Vox solo podría dejarles gobernar en solitario.

La primera cita en las urnas fue un jarro de agua fría. María Guardiola logró un muy buen resultado en Extremadura, pero Vox aumentó mucho su representación. Lo suficiente como para poder exigir cargos y políticas. Ante la plana mayor del PP, la Junta Directiva Nacional, Feijóo cedió y asumió “gobiernos proporcionales” con Vox. Eso sí, a nivel autonómico. De momento. Por delante quedaban las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía.

“Prioridad nacional”, la gran cesión

El partido de Santiago Abascal es una escisión del PP por la derecha fundada por algunos de sus exdirigentes o protegidos, y desde el equipo de Feijóo les acusan de haberle impedido alcanzar la Moncloa en las elecciones de julio de 2023 por sus imposiciones en gobiernos autonómicos y municipales.

Tres años después, Vox volvió a demostrar que su pericia negociadora es mayor. O que su miedo a no alcanzar acuerdos es menor. Sea como fuere, en plena gymkana electoral a principios de este año logró que el PP aceptara la gran cesión a la ultraderecha: la “prioridad nacional”.

Un concepto vacío y sin una traslación legal concreta que la mayoría social ha traducido como un “los españoles primero” que hace furor en redes sociales. Tras Guardiola, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León asumieron también esa “prioridad nacional” así como gobiernos de coalición.

La última esperanza de Feijóo estaba en Andalucía donde, pese al ambiente de mayoría absolutísima que quiso transmitir el aparato del PP, Moreno perdió el control total del Parlamento andaluz. Se quedó cerca, y aún aspira a gobernar en solitario. Vox juega al despiste y no ha deshojado la margarita. Pero todo apunta a que sí tendrá que asumir esa “prioridad nacional” que despreció duramente en campaña.

Y así llegó la esperada participación de Feijóo en ‘El Hormiguero’. Una hora larga de entrevista que el líder del PP preparó con sus asesores durante todo el día. En uno de los programas más vistos de la televisión y sin que se hubiera todavía cumplido un año de su discurso de entronización al frente del partido, Feijóo claudicó: “En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos”.

El líder del PP planteó, eso sí, unas “líneas rojas” que llegan además en plena negociación en Andalucía, por lo que afectan directamente a la negociación de Moreno. Estas son, según sus palabras, el “respeto a la Constitución”, el “respeto a la España de las Autonomías” y el “respeto a las políticas de igualdad, de género y políticas LGTBI”.

Dos días después, en Bruselas completó su giro. El suyo, dijo, “tiene que ser un Gobierno apoyado mayoritariamente por los ciudadanos, con una representación en el Congreso y el Senado muy sólida para tener un Gobierno fuerte que dependa exclusivamente de las urnas”. “Este es mi plan”, apuntó, para concluir: “Haré lo que los españoles me mandan. Si me mandan gobernar en solitario, lo pediré hasta el último minuto de la campaña. Si cuando se abran las urnas el mandato de los españoles varía en parte mi propuesta, asumiré el mandato de los españoles y daré estabilidad a la gobernabilidad”.

La reacción desde Vox no se hizo esperar. Dos de sus interlocutores con el PP en las negociaciones autonómicas, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, comparecieron ante los medios en el Congreso para advertir a Feijóo de que no puede “volver a 2023” y “vender la piel del oso antes de haberlo cazado”.

“No hemos ganado las elecciones todavía, y parece que ya se están repartiendo los ministerios”, dijeron. Y advirtieron: “Plantear líneas rojas, verdes o azules a estas alturas de la película es una tontería. No estamos en el momento, ni siquiera cerca, de formar gobierno”.

Hay una tentación que se instala en los momentos de desgaste político y que resulta tan peligrosa como cómoda: la de asumir que el próximo gobierno ya tiene nombre y apellidos antes de que nadie haya votado. Esa resignación anticipada, ese “ya se sabe cómo va a acabar esto”, no es lucidez ni realismo. Es el primer paso hacia la derrota.

Las fuerzas progresistas que han gobernado desde 2018, cuando una moción de censura devolvió la dignidad a unas instituciones capturadas por la corrupción, tienen por delante el tramo que falta de trabajo político imprescindible. No para sobrevivir. Sino para ganar.

Y para ganar, hay que salir de la trampa en la que la derecha lleva años intentando meter a todo el mundo: la del escándalo permanente, la del sumario filtrado, la del titular extraído de un folio judicial que nadie ha podido leer entero. Nunca antes la ciudadanía había vivido algo parecido a un 'minuto-resultado' de la justicia, donde la condena llega antes que el juicio oral y la presunción de inocencia se evapora en un tuit. Ese ruido ensordecedor no es información, es estrategia. Y la mejor respuesta no es el contraataque en ese mismo terreno, sino cambiar de conversación: volver a hablar de la gente, que es de lo que debería tratar la política y de lo que hace demasiado tiempo ha dejado de hacerlo.

Esa conversación tiene contenido concreto y abundante. Desde 2018 hasta hoy, España ha vivido transformaciones que hace apenas unos años habrían parecido imposibles. El salario mínimo ha subido más de un 60%, pasando de 735 euros a los 1.221 actuales. Se han aprobado leyes que amplían derechos para mujeres, para personas LGTBI, para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Se ha regulado el alquiler. Se ha blindado la sanidad pública frente a los recortes. Durante la pandemia, el Estado estuvo donde la gente lo necesitaba, con ERTEs que salvaron millones de empleos.

Y cuando el mundo se puso más difícil, también se respondió. Frente a la inflación que golpeó los bolsillos de las familias, se desplegaron medidas de contención: la rebaja del IVA en alimentos básicos, las ayudas al transporte, los límites al precio del gas. Frente a las dificultades que las guerras en Ucrania y Oriente Medio generaron para las empresas y para el tejido productivo, se pusieron en pie apoyos para sostener el empleo y la actividad. Se acompañó a quien lo necesitaba, que es exactamente para lo que sirve un Estado.

Y mientras la derecha miraba hacia otro lado, o peor, mientras parte de ella tendía puentes de comprensión hacia quienes financian esas guerras o aplaudía en silencio a Netanyahu mientras Gaza ardía, el progresismo mantuvo una posición clara: no a la guerra, condena al genocidio, defensa del derecho internacional y de una paz que no puede construirse sobre cadáveres de civiles. No es una postura cómoda. Es la única postura decente.

Pero hay algo más profundo que las políticas concretas. Hay una diferencia de valores que merece nombrarse sin vergüenza. La derecha opera desde un instinto de preservación que podríamos llamar el síndrome del egoísmo: proteger lo propio, blindar lo que ya se tiene, mirar hacia adentro. Su proyecto no es injusto porque sea malvado. Es injusto porque es excluyente.

El progresismo parte de otro lugar. De la convicción de que una sociedad solo es justa cuando se mide por cómo trata a quien peor lo tiene. De que el mérito no puede ser el único argumento cuando el punto de partida no es el mismo para todas las personas. Que nadie debería quedarse atrás simplemente por haber nacido donde nació o en la familia que le tocó. Eso no es utopía. Es el mínimo que nos debemos como sociedad. Es, sencillamente, civilización.

La campaña no empieza en 2027. Empieza ahora, con una rendición de cuentas a la ciudadanía que devuelva la política a donde siempre debió estar: en lo que le importa a la gente, en lo que siente, en lo que vive cada día. Sin ruido, sin trincheras, sin espectáculo. La batalla no está perdida. Está, todavía, por librarse.

Corría el año 1973 cuando Joan Manuel Serrat preguntaba a su padre en una de sus primeras canciones ('Pare') qué había pasado para que el mar no fuera ya el mar, ni el río el río, ni los bosques, flores y abejas en la cadena de la vida. Ahora, uno de los bestsellers mundiales se titula 'Mierdificación' (del australiano Cory Doctorow) y relata cómo vivimos en la era del Mierdoceno. Dejémoslo en Detritoceno, de detritus, que, además de menos sensacionalista, es más preciso en su significado. El libro se refiere sobre todo a la influencia de las plataformas digitales, pero muestra la deriva del empeoramiento general que registran las sociedades. Y, aún con ese título, es útil: da claves. En la égida del tuit, el titular y el tik tok quizás sea demasiado prolija esta introducción para las mentes del consumo urgente, pero me arriesgo porque no son las únicas y gracias a eso sobrevivimos aún.

En este terrible momento que atraviesa España, con toda esa gentuza dispuesta a crisparnos hasta la rendición de las ideas, llaman poderosamente la atención algunos deterioros muy marcados: en la justicia y el periodismo, que son pilares básicos y su degradación acarrea consecuencias desastrosas.

  Me pregunto a diario cuándo se ha ido al cuerno en este país un principio inexcusable del Derecho: la presunción de inocencia , para pasar a que sean políticos, medios y periodistas quienes juzguen a los imputados por indicios o porque sí. Seguro que también hay magistrados improvisados en las barras de los bares y no digamos en las redes de WhatsApp. Recomiendo que se lean, en particular, estos requisitos indispensables algunos de quienes pasan por colegas en periodismo y que ya publican sentencias a su gusto a toda hora de dìa.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental en todos los países democráticos. Garantiza que toda persona acusada de un delito debe ser considerada y tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial firme.  

La responsabilidad de demostrar la culpabilidad recae en la parte acusadora (el fiscal). El acusado no tiene obligación de probar su inocencia.

Solo se puede condenar si existen pruebas legítimas y suficientes que demuestren el delito, sin lugar a dudas razonables. Y, si tras el juicio, se mantiene dudas sobre la culpabilidad, el veredicto debe ser absolutorio (principio de in dubio pro reo).

 Pero, claro, en España tenemos el escandaloso caso reciente de la condena al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a cargo del Tribunal Supremo, nada menos, que tampoco parece haber interiorizado estos preceptos o asi lo sentimos muchas personas. Y a partir de ahí ya puede venir lo que sea, lo que de hecho viene.

 Es como la filtración a los medios de interrogatorios en un proceso. Otra cosa es un juicio con todo el armazón dispuesto, pero estas otras filtraciones solo buscan espectáculo o morbo y los comentarios que se diseminan por doquier pueden influir hasta en el juez. Debe ser una nueva versión del ajusticiamiento en la plaza pública.

 La “prensa”, sobre todo la que los profesionales deberíamos escribir con comillas, tiene mucha prisa en informar minuto a minuto de todos los pormenores, reales o supuestos. Y parece estar tan tuerta en ocasiones como esa justicia que nos da tantos disgustos. Por si acaso, les pongo sinónimos de “disgusto” por si encajan mejor con lo que cada uno siente: pena, pesadumbre, aflicción, tristeza, pesar, desagrado, aversión, repugnancia, asco.

La prensa. Todas las portadas en papel de la “prensa” nacional traían este viernes a Zapatero y toda su parentela. El “informativo” de Antena3 de la noche anterior, jueves, dedicó 23 minutos al asunto y 20 segundos a las noticias que llegaron sobre el novio de Ayuso y ese fulgurante enriquecimiento del que gozó tras iniciar la relación con la presidenta de Madrid. ElDiario explica que llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón. Y a través de empresas a las que en algún caso la Agencia Tributaria no ve con capacidad de realizar los trabajos que motivaron esos ingresos. Total son cerca de cuatro millones y medio de euros, ¿verdad? Ganas de quejarse por nada.

No voy a ir ni siquiera al fondo de los datos concretos. En algunos casos se han convertido ya en cuestión de fe (creer sin ver, sin razones objetivas). Quiero resaltar que no se pueden ocultar noticias relevantes y menos para inflar otras y seguir manteniendo que eso es informar. No en rigor, y tiene graves efectos hacerlo así.

Pero el periodismo es otro de los grandes pilares deteriorados al máximo, casi como concepto. Mientras medios y periodistas rigurosos se mantienen contra esa marea, sabedores de la vital importancia que tiene la información para los ciudadanos. Vital, recalco.

El informe anual del Instituto Reuters señala que desciende el interés y la confianza en los medios tradicionales y aumenta el acceso a noticias mediante la IA, como principal puerta de entrada, junto a las redes sociales y las plataformas de vídeo. Ya los elige en torno a la mitad de la población, de todas las edades, por primera vez desde que se hacen registros. Cualquier cantamañanas “informa” a su círculo más o menos amplio. Y medios que producen vergüenza, sin escrúpulo alguno, hunden más aún la credibilidad del periodismo. Pan mojado para hoy, agujero de hambre para los mañanas. De hambre de conocimiento también.

Créanme al margen, que me pasma cómo ha llegado a degradarse la concepción de la mecánica periodística. La gran escuela del que fuera el mejor programa informativo español durante décadas, Informe Semanal, me hizo entender en la práctica que una cosa es la noticia de alcance y otra el desarrollo de la información. Y ahí son esenciales los antecedentes y el contexto. No es hablar “de otras cosas”, es de las mismas. Saber de dónde vienen, los porqués, y el momento actual en el que se producen. No siempre hay tiempo parece ser, pero si se puede, antecedentes y contextos son imprescindibles.

 Así llegamos a premiar como mejor periodista del año a una experta en bulos, admiradora de referentes -que cita- como Ana Rosa Quintana o Isabel San Sebastián. Le otorgó ese título la Asociación de la prensa de Madrid. Con Ayuso como única representación oficial en el acto hablando de periodismo, mientras su jefe de gabinete volvía a insultar y amenazar como el portavoz oficioso que parece ser de ciertos tribunales, sino más, porque, visto lo visto, igual ocupa algún lugar más prominente de mando.

 Todo esto es contexto imprescindible y no se prodiga, precisamente. Y hay más, mucho más, perdido. Los titulares en general ya no responden al contenido esencial de la noticia, sino a un gancho a ver si el usuario pica y pincha en la web. Ni mucho menos incluyen las 5 W (en la terminología inglesa) Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Se añade el cómo (how) donde vienen los detalles. No es inocuo.

Lo que está ocurriendo en España es gravísimo. Y ostensible. La corrupción es detestable en todos los casos, pero quienes lideran la acción de derribo son los peores del gremio. Produce mucha vergüenza ver a Feijóo proclamarse adalid de la limpieza de España, dice, de la honradez. Incluso que él, con su posición, piense que puede ser creíble como tal. Y así estamos sin visos de cambio a mejor. Les vemos presos de un empecinamiento desesperado por llegar al poder para lo que suelen hacer en él. Y vibra el aire con sus nervios y su rabia.

Ahora sí que sí, Joan Manuel. ¿O no?

“Padre / Ya están aquí / Monstruos de carne / Con gusanos de hierro / Padre / No tengáis miedo / Decid que no / Padre / Dejad de llorar / Que nos han declarado la guerra” . Serrat, 1973.

De la supuesta superioridad moral de la izquierda, un mito que la realidad se empeña en refutar, pende otro mito igualmente indefendible: el del obrero (o precario, o pobre, o vulnerable por cualquier razón) que vota a la derecha y que, según el mentado mito, sólo lo hace por dos motivos: por idiotez o por maldad.

Los millonarios o profesionales bien retribuidos que votan a la izquierda suelen proclamarlo con orgullo. “Voto contra mis intereses”, vienen a decir. Lo hacen, claro, porque creen en un determinado modelo de sociedad, porque consideran básica la función redistributiva de los impuestos y porque, en fin, cualquier carga fiscal que recaiga sobre ellos les parece justa.

Y porque no son xenófobos, ni detestan al inmigrante (esa figura con la que nunca tendrán que competir, más bien al contrario), ni desean volver a tiempos rancios. Creen en la libertad y la justicia social. Y, por todos estos motivos, están dispuestos a sacrificarse ante Hacienda y ante quien haga falta.

Aunque las propuestas económicas de la derecha les convendrían, hinchan el pecho y las rechazan en nombre de los principios más elevados. Asumen incluso que lo que hacen pueda parecer un poco idiota. Pero cuánta nobleza en esa idiotez.

Del otro lado está esa gente de la que hablábamos al principio: los desamparados que votan a la derecha. Aquellos que la izquierda percibe como idiotas sin atenuantes y agentes del mal.

¿Por qué esa gente vota a la derecha? Es posible que a la vendedora ambulante de comida o al propietario de un abrevadero de mala muerte les convengan unas políticas desregulatorias: sería una forma de librarse, por ejemplo, de los controles sanitarios. Ahí tendríamos un interés espurio.

Abundan las justificaciones (siempre criticables) para ese error en el voto. Que si rechazan a los inmigrantes (con quienes conviven en su barrio y en su ámbito laboral), que si se aferran a un nacionalismo trasnochado, que si son homófobos o islamófobos, que si exageran con la inseguridad ciudadana (importa poco que sea más acentuada en las calles pobres que en las calles ricas), que si los bulos en las redes les han comido el coco, que si son simples nostálgicos del poder autoritario.

Sea por intereses espurios o porque vive engañado, al pobre que vota a la derecha no se le atribuye nobleza alguna. Todo lo contrario: además de ser idiota, por votar contra sus supuestos intereses, ese pobre es fundamentalmente egoísta.

El pobre desgraciado del que hablamos demuestra ser incapaz de percibir lo bien que funcionan la sanidad y la educación públicas bajo un gobierno progresista como el actual. Escandaloso, ¿no? Ni siquiera es capaz de apreciar cuánto ha cambiado su vida con los aumentos del salario mínimo. Como solía decirse de los franceses, vive en el paraíso y cree vivir en el infierno.

Por supuesto, al pobre que vota a la derecha se le niega la opción ideológica. Vive engañado, y ya está. No es posible que crea sinceramente en que una sociedad más liberal y desregulada le ofrecería más posibilidades de progresar. Tampoco es posible que los servicios privatizados le parezcan más eficientes.

No, lo suyo es pura idiotez. Innoble, además. Cuánta diferencia con el millonario que vota a la izquierda y nunca lo hace por egoísmo o por intereses espurios, sino porque rebosa generosidad, tolerancia y sentido de la justicia.

Qué suerte tenemos los de izquierdas, siempre con la razón de nuestra parte.

Si hay un libro que ayuda a entender la importancia de los evangélicos blancos ya en la primera victoria de Trump es Jesús y John Wayne. Cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación (Capitán Swing). Su autora, Kristin Kobes Du Mez, analiza un movimiento religioso y político que es “patriarcal, jerárquico y, en el fondo, antidemocrático”. Lo único que hizo Trump en 2016 fue asumir como propio ese estilo de vida que los cristianos evangélicos llevan décadas promoviendo. El verbo “vender”, en este caso, es literal, puesto que se trata de un mercado que se promociona a través de televisiones, radios y, por supuesto, redes sociales.

Son votantes que están dispuestos a pasar por alto que Trump y los valores cristianos son conceptos antagónicos, porque lo que les interesa es la “autoridad patriarcal” y el afán de poder que representa el presidente estadounidense.

“Los evangélicos blancos tienen más probabilidades que los miembros de otros grupos religiosos de apoyar la guerra preventiva, justificar la tortura, oponerse a la reforma de la inmigración, apoyar la construcción de un muro en la frontera y estar a favor de la pena de muerte; tienden más que otros estadounidenses a poseer armas de fuego, negar la relación entre el racismo y la violencia policial, rechazar los pactos políticos, preferir a gobernantes fuertes y solitarios y aprobar que se infrinjan las normas cuando lo consideran necesario”, resume esta profesora de Historia y Estudios de Género en la Universidad Calvin de Grand Rapids, en Michigan.

En diciembre de 2018, la revista Anfibia publicó un extenso reportaje que arrancaba con la siguiente pregunta: ¿Puede ser que los evangélicos argentinos se transformen en el ariete de una fuerza política de ultraderecha? Se había demostrado que ya había sido así en Brasil y, aunque con Milei no se produjo un apoyo comparable al que ofrecieron a Bolsonaro, el presidente argentino ha multiplicado los gestos hacia esta comunidad. Uno de los más destacados fue su presencia en la inauguración del “Portal del Cielo”, un templo con capacidad para más de 10.000 personas. Sí, lo han leído bien: 10.000 personas.

Con estos precedentes llegamos a Madrid DF, epicentro del evangelismo patrio, como se pudo comprobar el pasado fin de semana. 35.000 personas participaron en The Change 2026, un evento celebrado en el Metropolitano en el que actuaron predicadores de diferentes países, cantantes y, como cabeza de cartel, el exjugador del Barça y de la selección brasileña Dani Alves. El futbolista explica que la fe le salvó cuando fue condenado por agresión sexual a cuatro años y seis meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la condena y lo absolvió en marzo de 2025. La Fiscalía ha presentado recurso y ahora falta que el Supremo lo resuelva.

Alves, en su faceta de predicador, se llevó los titulares, pero lo más reseñable es el mensaje que la organización difundió en redes sociales con su propósito de ganar influencia aquí, al igual que ya la tienen en otros países: “Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos”.

Tanto el PP como Vox saben que ese es un electorado a tener en cuenta y ya hace tiempo que trabajan en ello. En la última campaña de las autonómicas, Isabel Díaz Ayuso ofreció el micrófono en un mitin a una pastora ultraconservadora, Yadira Maestre, para que bendijera a los dirigentes del PP. En esta crónica se explicaba que candidatos del partido estuvieron visitando iglesias evangelistas para atraer el voto latino. Ya saben que Ayuso diferencia entre los ciudadanos llegados de Hispanoamérica, a los que denomina “nuevos madrileños”, y los migrantes de otras zonas, hasta el extremo de referirse a la “islamización de Europa”, un concepto que antes de ella solo utilizaba Vox.

Junto a Madrid, el otro laboratorio político del voto evangélico es Murcia. Un dato: en solo una década, el municipio de Lorca ha pasado de albergar tres iglesias evangélicas a once. En poblaciones como Alcantarilla, Torre Pacheco o Los Alcázares, los templos pentecostales se multiplican en antiguas naves industriales o bajos comerciales. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha llegado a decir que “si hubiera más evangélicos, Murcia sería mejor”.

Se calcula que en España existen 4.762 lugares de culto evangélicos y que se abren cinco nuevos cada semana. Es la religión minoritaria con más espacios de culto. “Los discursos evangelistas actuales son populismo puro y duro. Esta doctrina se nutre de los valores religiosos para apelar a la población que lo pasa mal y necesita respuestas que no llegan, muchas veces políticas. El problema es precisamente ese: la utilización de los espacios de culto para dar forma a un nuevo cuerpo de pensamiento e influencia política”, explica María José Vicente, profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha, en este reportaje.

La fe tal vez no mueve montañas, pero sí votos. El cortejo de los partidos de derecha y extrema derecha a estos electores no ha hecho más que empezar.

La semana pasada se escuchó un grito en el Congreso que rasgó, por un instante, toda la frialdad parlamentaria con la que se estaba despachando la congelación de los alquileres. Una chica llamada Irene, cuyo edificio fue comprado por un fondo de inversión sin intención de renovar sus contratos, gritó lo que hubiésemos gritado los uno de cada cuatro españoles que vivimos de alquiler: “¡Haced algo, ya coño! Sois culpables de esta situación”. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, —multipropietaria, por supuesto—, diciendo en una entrevista en El País, con sonrisa amplia, que “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público”, como si el relato fuese más importante que la realidad social. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, puede dejarnos ver cómo las derechas han vuelto a coordinarse para tumbar un Real Decreto que, aun siendo insuficiente, habría aliviado la vida de miles de personas; anticipando un modelo que, si gobiernan, se convertirá en el paisaje fijo.

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga, argumentando (si el uso de ese verbo es siquiera posible tratándose de semejante afirmación) sin pudor que “cada vez menos personas quieren ser propietarias”, que “ahora la gente se las quita (las casas) de encima”, mientras ella misma sigue aumentando su cartera inmobiliaria. 

Qué sensación nos puede dejar a los que vivimos de alquiler en Madrid si no esas ganas de gritar, esa desazón arrastrada por la certeza de que nada cambiará mientras no haya una movilización masiva y sostenida en el tiempo. 

El 24 de mayo hay una manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. ¿Dónde están los sindicatos mayoritarios? ¿Por qué no están preocupados por la movilidad social descendente y la amenaza a la cohesión social? ¿Por qué no promueven una huelga? ¿Por qué otros sectores que también sufren la pérdida de poder adquisitivo de la población no se movilizan, no se suman con fuerza? ¿Quizá porque los propios agentes sociales son propietarios? ¿Quizá porque todos conocemos a alguien en nuestro entorno cercano o lejano que especula con la vivienda de algún modo, subiendo alquileres porque así lo dicta el mercado (“No voy a ser yo menos”), u optando por alquiler turístico porque es más rentable? ¿Quizá porque desde la posición de un propietario es difícil empatizar con la de un inquilino que se deja un 80-90% de sueldo en un alquiler, igual que es difícil empatizar con el hambre cuando tienes la nevera llena? ¿Quizá porque la vivienda es en España el Salvaje Oeste, el único territorio sin ley, y para muchos es comodísimo que siga de ese modo? Tal vez porque los que especulan lo hacen sirviéndose de un derecho convertido en negocio, y ese negocio lo administran, entre otros, los mismos políticos encargados de legislarlo. Tal vez porque el conflicto de intereses no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo. Tal vez porque vivimos en un país completamente partido en dos, arrasado por un boquete que no deja de ensancharse. 

Hace ya cinco años, poco antes de la célebre foto de Colón, Ayuso hizo estallar la polémica entre las filas de la derecha al insinuar, a propósito de los indultos que preparaba el Gobierno, que si el rey Felipe VI los firmaba podía tratarse de un cómplice. Cómplice con la peligrosa voluntad separatista-etarra del Gobierno de por aquel entonces, supongo. La cuestión es que eso preparó una separación entre la Corona y una parte de la derecha que parecía hasta ese momento imposible o inverosímil. No tanto por la parte del Partido Popular, que sigue siendo por mucho lo de siempre y, en tanto que lo de siempre, más monárquico que cualquier variación. Tampoco por la parte de Vox que del Partido Popular es una excrecencia o secreción, capaz de vestir corbata Viva El Rey De España (¡verde!) cuando toca; sí por otra más joven, con otros referentes. De ahí se pasó, desde Vox, a criticar “que [si] quien ciñe la Corona confunde neutralidad con sometimiento, o estabilidad con complacencia hacia el poder político, [esto] puede contribuir involuntariamente a dilapidar un legado que no le pertenece en propiedad, sino que custodia en nombre de la nación”.

De aquellos polvos estos lodos. Esta semana se ha consumado un divorcio parcial entre la Iglesia católica y la derecha; o cabría, más bien, hablar de nulidad matrimonial, pues en principio el matrimonio había de ser indisoluble. Llaman mucho la atención, tras el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, las palabras de Figaredo y Carlos H. Quero, en entrevista con El País: “no se seguirá subvencionando a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares, tampoco a las de la Iglesia”. El Partido Popular dice que no dejará a Cáritas sin ayudas, Vox anuncia que no habrá ninguna ayuda si asisten de alguna forma a los excluidos sociales, que resulta, en este caso, que son inmigrantes.

No es un síntoma nacional: como las réplicas de un terremoto, el recelo que desde España la derecha patria ha exhibido ante el papa Francisco o ahora ante su sucesor, León XIV, tiene mucho que ver con los recelos propios internacionalmente del trumpismo y el conflicto internacional entre católicos y evangélicos. En Brasil, pocos datos explican el auge de la extrema derecha de Bolsonaro como el crecimiento del evangelismo; en 2024, entre los votantes evangélicos, Trump cosechó el 80% de los apoyos. La coalición contemporánea de la derecha no incluye hoy a los católicos liberales; si en Alemania todavía existe un cordón sanitario a los neofascistas, es porque cuentan con democristianos y no sólo con neoliberales. En España, a pesar de todo, la derecha seguía siendo católica. Disfrutaba mucho de serlo, de hecho; disfrutaba de hablar a partir de productos culturales de su presunto auge o de los valores tradicionales en la devoción juvenil; disfrutaba hasta ahora, porque lleva regular que el sumo pontífice sea Prevost en vez de Robert Sarah.

¿Hasta dónde va a arrastrar Vox al Partido Popular en esta disolución de los votos entre la Iglesia y la derecha? ¿Cuánto va a ser el Partido Popular capaz de sostener la pantomima según la cual no importa lo que hayan firmado, pues todo ha de estar “sujeto a la legalidad”, y capaces son de tomar por tontos a sus negociadores, a sí mismos, a sus votantes y a cualquiera que atienda a lo que dicen, a lo que hacen o a lo que mienten? Si el vicepresidente de Trump es capaz de sugerirle al propio papa que tendría que ser “más cuidadoso al hablar de teología”, si tan sonado e insoportable para algunos es ese distanciamiento, con tantas tensiones, ¿tendrá el progresismo que contar, en no tanto tiempo, con la Iglesia como uno de esos aliados?

No es fácil enunciar algo así, sobre todo en España, que cuenta con una historia y un pasado —el de las heridas que deja la dictadura nacional-católica— muy presentes; pero presentes para todos, pues tampoco hay que olvidar las palabras lacerantes y ataques insistentes que también ha proferido la derecha contra cardenales como José Cobo por acordar con el Gobierno a propósito de la resignificación del Valle de los Caídos. La Iglesia no va a ser un aliado progresista, aunque lleve tiempo en el camino hacia su apertura: sí creo, firmemente, que va camino, al menos en términos de alianzas internacionales, de convertirse en un aliado democrático. Democrático, pues, contra la xenofobia de quienes quieren que se mueran los inmigrantes que enferman en nuestro país, contra los que planean legislar sobre la vida y la muerte y la prioridad nacional, en favor de la dignidad humana, democrático contra la regresión y democrático en la justicia social. Y no está nada mal, para equilibrar los equilibrios internacionales, contar al Vaticano como aliado en unas cuantas causas, aunque en otras haya que combatirlo fervientemente; es la política del siglo XXI. Si la derecha quiere tomar a Dios por enemigo, ¿quién somos nosotros para impedírselo?

¿De qué hablamos cuando hablamos de derecha? ¿Podemos meter en el mismo saco a liberales, ultraliberales, anarcocapitalistas, democristianos, fascistas, populistas, nacionalistas, conservadores, tradicionalistas? Para Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la respuesta es: todo vale. Todo vale para llegar a La Moncloa, se entiende.

El liberalismo que parece defender nunca ha sido mayoritario en la España democrática. “La derecha es, fundamentalmente, un pensamiento y una acción reactivas que se oponen a la izquierda”, cuenta el historiador Antonio Rivera, autor de Historia de las derechas en España. Fraga fue el primero en liderar una derecha patria de corte conservador y con sitio para los restos y las estructuras del franquismo y los nacionalismos se hicieron fuertes en País Vasco y Cataluña, al margen de ese movimiento. Aznar unificó y amplió el espacio conservador, engulló el supuesto espacio de centro y marcó el camino futuro: neoliberalismo duro y crudo imitando a Margaret Thatcher en lo económico, nacionalismo conservador español y muy español en lo ideológico. Rajoy siguió esta pauta, con la particularidad personal de dejar que todo se pudra, desde el proceso catalán a la policía patriótica. Pablo Casado llegó con ganas de regeneración pero no fue eficaz antes de que sus compañeros le tiraran por la ventana —metafóricamente—. Y aquí llegó Alberto Núñez Feijóo, el gestor, para hablar de derecha sensata y moderada sustentada en un sólido entramado mediático, económico y judicial. 

Los que le conocen dicen que a Feijóo le gusta ir a mesa puesta. Él llegó a Madrid para gobernar España y su escasa firmeza ideológica permitió los primeros pactos con Vox que malograron su objetivo principal. Ahora vuelve a repetir error, con un Vox más fuerte que entonces pero que está frenando su ascenso, y está tocado por la crisis interna y la caída de uno de sus principales tutores y financiadores, Viktor Orbán. Con este panorama, la derecha de Feijóo, que no cuenta con activos genuinamente liberales y que vive del antisanchismo (una alternativa a la contra, destructiva, enemiga del apaciguamiento entre adversarios políticos) ha decidido doblar la apuesta: más Vox y más tópicos del populismo más reaccionario: rechazo a la inmigración, unidad de la patria, los españoles primero y desregularización al estilo motosierra. 

No hace falta repetir que el concepto de “prioridad nacional” es racista e ilegal. Discriminar por sus orígenes a personas que viven en España legalmente, que contribuyen a la riqueza del país y pagan sus impuestos a la hora del reparto de ayudas sociales es establecer una sociedad de castas, con ciudadanos de primera y de segunda. Ante esta situación hay que apelar a la izquierda pero también a la derecha, a esa supuesta derecha liberal, a la derecha democristiana de principios humanistas, a la derecha con ideología y valores, no solo con ambición política, a la derecha que tiene más ideas en la cabeza que bajar impuestos y aplicar con mano dura la ley y el orden. Y eso es imposible dentro del Partido Popular de Feijóo. El líder del PP ha decidido pasar por encima hasta de la dignidad humana en su tortuoso y cada vez menos edificante camino a la Moncloa. Y ha demostrado que la derecha que representa no tiene una idea clara ni del país ni del mundo que nos rodea, y por eso, ha decido subcontratar la ideología al partido de Santiago Abascal. España, no hace falta decirlo, puede vivir sin Sánchez, pero será mucho peor gobernada por una derecha autoritaria, iliberal y antihumanista que, además, no entiende los retos humanos, geopolíticos, tecnológicos y económicos que tenemos por delante. Y esa, desgraciadamente, es la derecha de Alberto Núñez Feijóo. 

La izquierda global se espolea como reacción a los designios del trumpismo y bajo la bandera del 'no a la guerra' que enarbola España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este sábado en Barcelona durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation' a pasar página de una ola reaccionaria que, ha dicho, llega a su fin. “Que no os engañen. Los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba”.

“Su ortodoxia neoliberal, ineficiente y cruel, murió en 2008, con la Gran Crisis Financiera. Y su visión del orden internacional está siendo desmantelada por los aranceles y las guerras ilegales”, ha clamado ante el auditorio de la Fira de Barcelona, repleto con 6.500 asistentes que han ovacionado sus mensajes dirigidos a la “internacional ultra”.

“La derecha ya no lidera, languidece. No importa cuánto griten. Ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto ni soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que nos han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo”.

Por eso, Pedro Sánchez se ha aventurado a decretar el fin de la era del populismo ultra y sus recetas. “El tiempo de la internacional ultraderechista y de la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin. Y vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor. Que aún quedan nuevas cotas de bienestar y desarrollo por conquistar”.

El presidente español ha apelado al “orgullo” de la tradición política progresista ante el intento de estigmatización y humillación de las derechas. “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. Termina hoy, porque hoy la vergüenza cambia de bando. Y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, ¡que se avergüencen ellos! Los que callan ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que apoyan la guerra y la violencia poniéndose de frente o de perfil, como unos cobardes”.

“La vergüenza, para ellos”, ha proseguido. “Para nosotros, a partir de hoy, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de ser de izquierdas y socialdemócratas. El orgullo por estar en el lado correcto de la historia. Por defender el derecho internacional y la paz. Y por gritar una y mil veces 'sí a la paz y no a la guerra'”.

Como colofón a un fin de semana repleto de cumbres internacionales que se acabaron por convertir en una especie de baño de masas en torno a la política exterior española, Sánchez pidió a sus colegas progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica o Uruguay levantar la mirada y el ánimo para no abandonar el ímpetu de cambiar las cosas.

“Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos con el 'status quo'. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a comprar su pesimismo. Ni su desesperanza. Vamos a defender que un mundo mejor es posible. Que se pueden subir salarios y crear empleo a la vez. Que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad. Que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social. Que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será”.

“Y lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables”, ha enfatizado para erigirse en la antítesis internacional de Donald Trump. “A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecno-oligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias y la salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo, porque cuando gobernamos los progresistas, los Estados no se arrodillan ante las élites, las ponen en su sitio”.

Pedro Sánchez clausuró de esta forma el encuentro del progresismo global tras una segunda jornada en Barcelona en la que se dieron cita cerca de una veintena de líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno, como la presidenta mexicana, el presidente colombiano, el sudafricano y los vicepresidentes alemán, británico o austriaco.

La derecha tradicional ha decidido blanquear a la extrema derecha. Ya casi no quedan tabúes, ni líneas rojas, ni siquiera el pudor de disimular. El PP parece haber asumido que, si quiere gobernar, tendrá que entregar a la extrema derecha todo lo que esta le exija: discurso, marco político y prioridades. No se trata solo de pactos puntuales o de cesiones tácticas; se trata de una aceptación de fondo. La derecha de siempre está cada vez más dispuesta a comprar el lenguaje, los enemigos y las recetas de la ultraderecha.

Las tres últimas elecciones autonómicas dejan lecturas bastante claras. La primera es que la izquierda haría bien en tomarse en serio el mensaje de las urnas. El PSOE, en particular, debería interpretar que no basta con refugiarse en la política nacional o internacional, en los grandes titulares o en la gestión desde arriba. El único camino posible pasa por volver al terreno: bajar al pueblo, al barrio, a la calle; reconstruir la política persona a persona, problema a problema. Escuchar más y proclamar menos.

La segunda lectura afecta a los partidos situados más a la izquierda del PSOE. La pérdida de representación debería servirles como advertencia definitiva: ir separados penaliza. La fragmentación no se percibe como pluralidad, sino como impotencia. Y cuando el electorado progresista siente que su voto no sirve para construir una alternativa sólida, opta por quedarse en casa. La división, una vez más, sale demasiado cara.

Mientras tanto, la derecha convencional parece haber elegido su camino. Está dispuesta a dar a la extrema derecha todo lo que pida, ya sea en forma de agenda cultural, de discurso agresivo o de políticas cada vez más deshumanizadoras. No solo pacta con ella: la normaliza. Y al hacerlo, contribuye a extender una forma de entender la política basada en el señalamiento constante, en la simplificación brutal de los problemas y en la explotación del malestar social.

Porque ahí está una de las claves de este momento: la extrema derecha recoge una parte importante del voto del malestar. Capitaliza la frustración, el enfado, la supuesta inseguridad y la presunta sensación de abandono. Pero en lugar de convertir ese malestar en soluciones reales, lo traduce en odio, en chivos expiatorios y en una política de confrontación permanente. Es un camino que bebe claramente de referentes como Donald Trump o Javier Milei: más ruido que respuestas, más propaganda que proyecto, más furia que humanidad.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario

Cabe preguntarse qué ocurriría si una parte de sus votantes se detuviera a pensar, a analizar con calma qué hay detrás de esas proclamas incendiarias. Quizá muchos no irían por ahí. Quizá descubrirían que detrás de esa supuesta rebeldía no hay una defensa de la gente común, sino una operación política al servicio de los de siempre, envuelta en un lenguaje bronco y provocador.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario. Porque cuando se aceptan sus marcos, cuando se asumen sus obsesiones y cuando se normaliza su retórica, lo que se deteriora no es solo el debate público: es la propia democracia.