Los retrocesos democráticos del siglo XXI rara vez llegan de golpe. Avanzan mediante pequeños desplazamientos culturales e institucionales que, acumulados, terminan alterando el alcance real de los derechos. La propuesta impulsada por Isabel Díaz Ayuso, que reconoce al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de extender ese modelo al conjunto de España no modifican la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí reconfiguran el terreno sobre el que se articulará este debate en los próximos años.

Históricamente, el PP evitó convertir el aborto en un eje central de confrontación. Era una postura lógica. España ha construido un amplio consenso social en torno a este derecho. Diversas encuestas muestran que alrededor de ocho de cada diez ciudadanos consideran que la decisión corresponde a la mujer y, lo más significativo, más del 60% de los votantes del PP y de Vox también respaldan que siga siendo legal. Por eso, el objetivo ya no consiste en prohibir, sino en sustituir el discurso de los derechos por el de la natalidad, la familia y la protección del concebido.

El texto aprobado en Madrid incorpora una de las premisas centrales del movimiento antiabortista: asumir que el feto posee derechos desde la concepción. Hoy ese reconocimiento tiene un alcance administrativo; mañana puede servir para sustentar una discusión jurídica mucho más amplia. Porque las leyes no solo regulan comportamientos; también moldean aquello que una sociedad considera legítimo. Su efecto más profundo no reside en lo que modifican hoy, sino en aquello que hacen imaginable mañana.

El giro de Feijóo tampoco puede entenderse sin observar la competición con Vox. Durante mucho tiempo se sostuvo que el ascenso de la extrema derecha obligaría a los partidos conservadores tradicionales a moderarse para retener al votante de centro. La experiencia europea ha demostrado lo contrario: el partido tradicional es quien asume el relato, las prioridades e incluso la forma de entender los conflictos que introduce su competidor para evitar fugas por la derecha.

Los pactos firmados este año entre PP y Vox en Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y León ilustran bien ese proceso. El aborto apenas aparece en esos textos. No es necesario. El nuevo consenso se articula alrededor de expresiones como “ley de familia”, “fomento de la natalidad”, “amparo de la maternidad” o “cultura de la vida”. El punto de partida implícito es que este núcleo social se presenta como una institución amenazada que requiere protección pública. Ya no se debate sobre restricciones de derechos, sino sobre demografía, apoyo a los hogares o invierno demográfico.

Ese movimiento tampoco está exento de riesgos para el propio PP. Existe una brecha de género persistente en el voto a Vox: los hombres apoyan mucho más a la formación de Santiago Abascal que las mujeres. Si la dirección popular aspira a gobernar sin depender de su socio, necesita ensanchar sus apoyos entre el electorado femenino y moderado, donde el respaldo a los derechos reproductivos sigue siendo muy elevado. Competir con Vox en este terreno puede reducir la distancia entre ambos partidos, pero también erosionar la fidelidad del votante de centro que ha sustentado las mayorías del centroderecha en las últimas décadas.

Esta apuesta forma parte de una ofensiva cultural más amplia. Miguel Ángel Rodríguez la resumía hace unos días al definir la medida madrileña como una “revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. No es una frase aislada. Expresa un proyecto político que reorienta la conversación pública desde las libertades individuales hacia valores como la familia, la natalidad o la identidad nacional.

No todas las extremas derechas europeas siguen el mismo camino. Mientras Marine Le Pen ha moderado su posición sobre el aborto para ampliar su base electoral y concentrar la confrontación en la inmigración y el islam, allí donde el nacionalcatolicismo mantiene un peso decisivo la tríada “Dios, patria y familia” continúa siendo uno de los principales pilares ideológicos. España encaja mejor en esta segunda tradición.

La perspectiva internacional ofrece algunas advertencias. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni no derogó el aborto. Optó por una vía más gradual: reforzó las políticas natalistas y facilitó la presencia de asociaciones antiabortistas en los centros públicos donde se asesora a mujeres embarazadas. En Polonia el recorrido fue aún más lejos. Tras años de apelaciones a la defensa de la vida y la familia, formalizó una de las regulaciones más restrictivas de Europa.

La cuestión de fondo, por tanto, no es una eventual reforma de la legislación sobre el aborto, sino el cambio en la concepción de este derecho y el lugar que ocupa en el debate público.

Porque las extremas derechas no siempre ganan cuando gobiernan. A menudo lo hacen antes. Ganan cuando consiguen que los demás adopten su sentido común y su forma de interpretar la realidad. La normalización no consiste en aprobar a corto plazo las agendas más radicales, sino en lograr que dejen de parecerlo. Feijóo puede pensar que solo ha asumido una iniciativa de Ayuso para contener el avance de Vox. Pero, al hacerlo, también ha aceptado discutir en los términos que la extrema derecha lleva años intentando imponer. Y cuando la competición política se desarrolla con las categorías del adversario, la experiencia comparada demuestra que quien acaba fijando las reglas del juego no es el partido tradicional, sino quien logró introducir primero esa lectura del conflicto.

En esa disputa, quienes tienen más que perder no son las siglas políticas. Son los derechos de las mujeres.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que diputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que han dado la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que ha tenido nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija ha reivindicado en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que han marcado estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para acabar con la inseguridad han tenido repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se han decantado fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que han proliferado en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

Existe unha opinión moi común que sostén que o PSOE é a columna vertebral do sistema constitucional español ou, noutro xiro non meramente semántico, do réxime do setenta e oito. A monarquía, a unidade de España, o Concordato, o pacto social, todo o que soporta a estabilidade do poder, segundo esta opinión, susténtanse no PSOE. Se o PSOE cae, o enteiro edificio construído dende a Transición, cae.

Os que sosteñen ese criterio pertencen ao ramo da opinión pública de esquerdas que respira polas branquias do optimismo. Creo que non se lles pasa pola cabeza que o establishment, ou unha parte significativa del, xa pasou esa pantalla. A estas alturas debería estar claro que certas elites buscan que o PSOE caiga, e non, precisamente, para facer a ruptura democrática. Buscan derrubar ao réxime e destruír ao PSOE sen paliativos. Polo que sexa, hai quen non o ve.

Na lectura que fan do momento esas forzas consideran que é posible reescribir o pacto da Transición. Redefinir España. Ampliar o mercado e reducir o Estado. Privatizar e xibarizar o Estado do Benestar: sanidade, educación, pensións. Desregular, desregular. Desregular todo, dos controis alimentarios ás prácticas extorsionadoras das tecnolóxicas. Aumentar a desigualdade social construíndo un modelo á americana. Levar as súas últimas consecuencias a guerra cultural mediante a ventá de Overton para establecer un novo sentido común no que toda proposta progresista ou multicultural, por leve e discreta que sexa pareza extremadamente radical. Acabar co feminismo para dárlle voz á manosfera. Recentralizar. Que o Estado central decida todo. Que as Comunidades Autónomas sexan un floreiro inútil. Primar Madrid como operación política de Estado. Meter nunha gaiola de ferro os idiomas distintos do castelán. E así con todo.

Estamos vendo en directo como se está tratando de derrubar o que se dicía era o principal píar do réxime do setenta e oito porque o que se busca é un ciclo longo de poder da dereita e da extrema dereita. Ilegalizar partidos? Suprimir autonomías? Talvez. En todo caso, hai maneiras de conseguir o mesmo a través de certas viraxes e do uso irrestrito de leis autoritarias. Un ciclo de lustros de hexemonía conservadora abriría o paso a unha contrarreforma constitucional, non necesariamente formal, pero si pola vía dos feitos. A intención é reescribir a España que saíu da Transición. Conspiracións? Habelas, hainas.

Por suposto, despois do PSOE irán a polos seguintes na lista, como é natural. Aquí non se salva ninguén. Nin o BNG, nin o PNV, nin Sumar ou Podemos. Nin o obreiro da construción, nin o xubilado ou o profesor. Ninguén. Acabáronse o consenso e a concordia. O contexto mundial, con Trump, MAGA e os tecnobros nos Estados Unidos permite e favorece esa opción. E tamén o contexto da UE, na que fórmulas similares están gañando terreo por todas partes. Unha vez caído o consenso de posguerra estamos entrando noutra fase histórica na que o pasado non alumea o porvir. Se o PSOE implosiona, que paisaxe quedaría? Un PSOE felipista é, ao meu xuízo, imposible como fórmula de goberno. Ou moito me equivoco ou un PP no goberno apoiado dende o exterior polos socialistas non cabe en España. Descendería abruptamente en número de deputados e, aínda que se abrira un espazo maior á súa esquerda, hoxe en mínimos pola súa propia curtidade de miras, a suma estaría moi lonxe de poder constituírse como alternativa. Non representarían un perigo.

Quen che aplica a vía penal está afirmando dúas cousas: a primeira que pode facelo, que ten poder dabondo, que non está obrigado a negociar polas circunstancias. A segunda, que pode implementar unha situación política, económica e social, sen o teu concurso, nin o dos segmentos sociais que son o teu soporte. En certo modo, é extraer as consecuencias lóxicas do modo en que se resolveu o procés, que inhabilitou a Convérgencia como partido bisagra e fixo estoupar o sistema político catalán e, con el, un soporte básico do español. Quen che aplica a vía penal xulga que a correlación de forzas lle autoriza e que as forzas reactivas que pode desatar carecen de peso ou importancia.

Así están as cousas. Este é o contexto de fondo necesario para saber interpretar o momento.

“No habrá coalición. Es un compromiso”. Así se pronunció el pasado 7 de julio el entonces recién elegido secretario general del PP, Miguel Tellado, un día después del “histórico discurso” en el que su jefe, Alberto Núñez Feijóo, expuso su plan para gobernar España en solitario, sin compartir la mesa del Consejo de Ministros con Vox. Una estrategia que apenas duró seis meses y que el líder de la oposición ha liquidado públicamente antes de un año. Esta semana, en ‘prime time’, Feijóo asumió que hará lo que sea para gobernar tras las próximas elecciones. Incluido dar cabida en el Gobierno de España a la ultraderecha por primera vez en décadas.

“Solo hay dos opciones” tras las próximas elecciones, dijo Feijóo un día antes, en la clausura del congreso del PP que le reeligió como presidente. El líder de la derecha planteó un plebiscito: “O Sánchez o yo, no hay más”. “Y yo quiero un Gobierno en solitario”, añadió. El líder del PP aseguró que, para hacerlo, buscará “alianzas en el Congreso”. ¿Y con quién? También lo dejó claro: “No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”.

“El único gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado”, añadió Feijóo, que zanjó: “Y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”.

Los escribas de Feijóo estaban contentos. Las palabras de Feijóo fueron calculadamente ambiguas. Sus lugartenientes remacharon después aquello que su jefe de filas prefirió no explicitar.

Primero lo hizo Tellado, con esa frase de “no habrá coalición” que pronunció en conversación con los periodistas. Tanto él como el director de Comunicación del partido dieron su visto bueno a publicar la rotunda afirmación.

Un día después, Tellado habló en los micrófonos de Onda Cero, donde aseguró: “Acuerdos con Vox, sí; pero Vox en el Gobierno, no”. Por si quedaban dudas, remachó: “El compromiso del PP es un Gobierno en solitario, único y unido”.

El martes, 8 de julio, fue la también recién estrenada portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien ratificó lo dicho por Tellado. “Nos comprometemos a que no habrá un Gobierno del PP con ministros del PSOE, como dice Vox; y no habrá un Gobierno del PP con ministros de Vox, como dice la izquierda”, aseguró en su primera rueda de prensa como jefa del grupo parlamentario.

El refrendo a la estrategia llegó de uno de los principales barones autonómicos del PP. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró durante un acto informativo celebrado en Madrid: “Nosotros tenemos que gobernar en solitario. No creo que el señor Abascal, sabiendo la necesidad que hay de cambio, se atreva a no investir a Feijóo habiendo ganado las elecciones. Sería un suicidio político en prime time. Yo conozco a Santiago, y de política entiende. Estoy convencido de que favorecerá la investidura. Tiene que favorecerla porque, si no, se suicidará políticamente”.

Feijóo asume gobiernos autonómicos “proporcionales”

Vox y el PP pasaban por aquel entonces una de sus peores etapas en su fluctuante relación. Un año antes, en el verano de 2024, los ultras habían abandonado en bloque los gobiernos autonómicos que compartían. Un giro estratégico que no fue entendido en Génova, donde aplaudieron a rabiar el movimiento, pero que salvó electoralmente a los de Santiago Abascal.

En 2025 la euforia se había apoderado de un PP convencido de poder derribar al Gobierno de Pedro Sánchez y de estar al borde de un resultado electoral que le permitiría alcanzar, a la segunda, el Palacio de La Moncloa. Como en 2023, en la sede nacional echaban cuentas y los números les daban por encima de los 160 diputados. Con ese resultado, decían, era imposible que Vox se pusiera exigente.

Pero los números decían otras cosas. Por ejemplo, que Abascal acechaba a Feijóo en valoración ciudadana. La clave fue (y es) el discurso antimigratorio. Desde que salió de los gobiernos autonómicos, Vox imitó a otros partidos ultras de Europa y centró su discurso en el señalamiento a las personas migrantes. Una deriva xenófoba y racista que culpa de todos los males a los extranjeros, especialmente a los pobres, y que le está reportando beneficios electorales.

La primera grieta en la estrategia del PP llegó ese mismo verano. Un brote xenófobo en Torre Pacheco (Murcia) provocó disturbios y la caza de personas migrantes por parte de ultraderechistas llegados de toda España en una acción coordinada.

El pretendido discurso emancipador de Feijóo hizo aguas y cerró el mes de julio con un alegato que hubiera firmado Abascal: “Los españoles no se sienten seguros ni en su casa”. En esas circunstancias, el PP decidió forzar un miniciclo electoral autonómico para mostrar a toda España que podían ganar de forma tan holgada que Vox solo podría dejarles gobernar en solitario.

La primera cita en las urnas fue un jarro de agua fría. María Guardiola logró un muy buen resultado en Extremadura, pero Vox aumentó mucho su representación. Lo suficiente como para poder exigir cargos y políticas. Ante la plana mayor del PP, la Junta Directiva Nacional, Feijóo cedió y asumió “gobiernos proporcionales” con Vox. Eso sí, a nivel autonómico. De momento. Por delante quedaban las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía.

“Prioridad nacional”, la gran cesión

El partido de Santiago Abascal es una escisión del PP por la derecha fundada por algunos de sus exdirigentes o protegidos, y desde el equipo de Feijóo les acusan de haberle impedido alcanzar la Moncloa en las elecciones de julio de 2023 por sus imposiciones en gobiernos autonómicos y municipales.

Tres años después, Vox volvió a demostrar que su pericia negociadora es mayor. O que su miedo a no alcanzar acuerdos es menor. Sea como fuere, en plena gymkana electoral a principios de este año logró que el PP aceptara la gran cesión a la ultraderecha: la “prioridad nacional”.

Un concepto vacío y sin una traslación legal concreta que la mayoría social ha traducido como un “los españoles primero” que hace furor en redes sociales. Tras Guardiola, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León asumieron también esa “prioridad nacional” así como gobiernos de coalición.

La última esperanza de Feijóo estaba en Andalucía donde, pese al ambiente de mayoría absolutísima que quiso transmitir el aparato del PP, Moreno perdió el control total del Parlamento andaluz. Se quedó cerca, y aún aspira a gobernar en solitario. Vox juega al despiste y no ha deshojado la margarita. Pero todo apunta a que sí tendrá que asumir esa “prioridad nacional” que despreció duramente en campaña.

Y así llegó la esperada participación de Feijóo en ‘El Hormiguero’. Una hora larga de entrevista que el líder del PP preparó con sus asesores durante todo el día. En uno de los programas más vistos de la televisión y sin que se hubiera todavía cumplido un año de su discurso de entronización al frente del partido, Feijóo claudicó: “En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos”.

El líder del PP planteó, eso sí, unas “líneas rojas” que llegan además en plena negociación en Andalucía, por lo que afectan directamente a la negociación de Moreno. Estas son, según sus palabras, el “respeto a la Constitución”, el “respeto a la España de las Autonomías” y el “respeto a las políticas de igualdad, de género y políticas LGTBI”.

Dos días después, en Bruselas completó su giro. El suyo, dijo, “tiene que ser un Gobierno apoyado mayoritariamente por los ciudadanos, con una representación en el Congreso y el Senado muy sólida para tener un Gobierno fuerte que dependa exclusivamente de las urnas”. “Este es mi plan”, apuntó, para concluir: “Haré lo que los españoles me mandan. Si me mandan gobernar en solitario, lo pediré hasta el último minuto de la campaña. Si cuando se abran las urnas el mandato de los españoles varía en parte mi propuesta, asumiré el mandato de los españoles y daré estabilidad a la gobernabilidad”.

La reacción desde Vox no se hizo esperar. Dos de sus interlocutores con el PP en las negociaciones autonómicas, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, comparecieron ante los medios en el Congreso para advertir a Feijóo de que no puede “volver a 2023” y “vender la piel del oso antes de haberlo cazado”.

“No hemos ganado las elecciones todavía, y parece que ya se están repartiendo los ministerios”, dijeron. Y advirtieron: “Plantear líneas rojas, verdes o azules a estas alturas de la película es una tontería. No estamos en el momento, ni siquiera cerca, de formar gobierno”.

Hay una tentación que se instala en los momentos de desgaste político y que resulta tan peligrosa como cómoda: la de asumir que el próximo gobierno ya tiene nombre y apellidos antes de que nadie haya votado. Esa resignación anticipada, ese “ya se sabe cómo va a acabar esto”, no es lucidez ni realismo. Es el primer paso hacia la derrota.

Las fuerzas progresistas que han gobernado desde 2018, cuando una moción de censura devolvió la dignidad a unas instituciones capturadas por la corrupción, tienen por delante el tramo que falta de trabajo político imprescindible. No para sobrevivir. Sino para ganar.

Y para ganar, hay que salir de la trampa en la que la derecha lleva años intentando meter a todo el mundo: la del escándalo permanente, la del sumario filtrado, la del titular extraído de un folio judicial que nadie ha podido leer entero. Nunca antes la ciudadanía había vivido algo parecido a un 'minuto-resultado' de la justicia, donde la condena llega antes que el juicio oral y la presunción de inocencia se evapora en un tuit. Ese ruido ensordecedor no es información, es estrategia. Y la mejor respuesta no es el contraataque en ese mismo terreno, sino cambiar de conversación: volver a hablar de la gente, que es de lo que debería tratar la política y de lo que hace demasiado tiempo ha dejado de hacerlo.

Esa conversación tiene contenido concreto y abundante. Desde 2018 hasta hoy, España ha vivido transformaciones que hace apenas unos años habrían parecido imposibles. El salario mínimo ha subido más de un 60%, pasando de 735 euros a los 1.221 actuales. Se han aprobado leyes que amplían derechos para mujeres, para personas LGTBI, para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Se ha regulado el alquiler. Se ha blindado la sanidad pública frente a los recortes. Durante la pandemia, el Estado estuvo donde la gente lo necesitaba, con ERTEs que salvaron millones de empleos.

Y cuando el mundo se puso más difícil, también se respondió. Frente a la inflación que golpeó los bolsillos de las familias, se desplegaron medidas de contención: la rebaja del IVA en alimentos básicos, las ayudas al transporte, los límites al precio del gas. Frente a las dificultades que las guerras en Ucrania y Oriente Medio generaron para las empresas y para el tejido productivo, se pusieron en pie apoyos para sostener el empleo y la actividad. Se acompañó a quien lo necesitaba, que es exactamente para lo que sirve un Estado.

Y mientras la derecha miraba hacia otro lado, o peor, mientras parte de ella tendía puentes de comprensión hacia quienes financian esas guerras o aplaudía en silencio a Netanyahu mientras Gaza ardía, el progresismo mantuvo una posición clara: no a la guerra, condena al genocidio, defensa del derecho internacional y de una paz que no puede construirse sobre cadáveres de civiles. No es una postura cómoda. Es la única postura decente.

Pero hay algo más profundo que las políticas concretas. Hay una diferencia de valores que merece nombrarse sin vergüenza. La derecha opera desde un instinto de preservación que podríamos llamar el síndrome del egoísmo: proteger lo propio, blindar lo que ya se tiene, mirar hacia adentro. Su proyecto no es injusto porque sea malvado. Es injusto porque es excluyente.

El progresismo parte de otro lugar. De la convicción de que una sociedad solo es justa cuando se mide por cómo trata a quien peor lo tiene. De que el mérito no puede ser el único argumento cuando el punto de partida no es el mismo para todas las personas. Que nadie debería quedarse atrás simplemente por haber nacido donde nació o en la familia que le tocó. Eso no es utopía. Es el mínimo que nos debemos como sociedad. Es, sencillamente, civilización.

La campaña no empieza en 2027. Empieza ahora, con una rendición de cuentas a la ciudadanía que devuelva la política a donde siempre debió estar: en lo que le importa a la gente, en lo que siente, en lo que vive cada día. Sin ruido, sin trincheras, sin espectáculo. La batalla no está perdida. Está, todavía, por librarse.

Corría el año 1973 cuando Joan Manuel Serrat preguntaba a su padre en una de sus primeras canciones ('Pare') qué había pasado para que el mar no fuera ya el mar, ni el río el río, ni los bosques, flores y abejas en la cadena de la vida. Ahora, uno de los bestsellers mundiales se titula 'Mierdificación' (del australiano Cory Doctorow) y relata cómo vivimos en la era del Mierdoceno. Dejémoslo en Detritoceno, de detritus, que, además de menos sensacionalista, es más preciso en su significado. El libro se refiere sobre todo a la influencia de las plataformas digitales, pero muestra la deriva del empeoramiento general que registran las sociedades. Y, aún con ese título, es útil: da claves. En la égida del tuit, el titular y el tik tok quizás sea demasiado prolija esta introducción para las mentes del consumo urgente, pero me arriesgo porque no son las únicas y gracias a eso sobrevivimos aún.

En este terrible momento que atraviesa España, con toda esa gentuza dispuesta a crisparnos hasta la rendición de las ideas, llaman poderosamente la atención algunos deterioros muy marcados: en la justicia y el periodismo, que son pilares básicos y su degradación acarrea consecuencias desastrosas.

  Me pregunto a diario cuándo se ha ido al cuerno en este país un principio inexcusable del Derecho: la presunción de inocencia , para pasar a que sean políticos, medios y periodistas quienes juzguen a los imputados por indicios o porque sí. Seguro que también hay magistrados improvisados en las barras de los bares y no digamos en las redes de WhatsApp. Recomiendo que se lean, en particular, estos requisitos indispensables algunos de quienes pasan por colegas en periodismo y que ya publican sentencias a su gusto a toda hora de dìa.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental en todos los países democráticos. Garantiza que toda persona acusada de un delito debe ser considerada y tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial firme.  

La responsabilidad de demostrar la culpabilidad recae en la parte acusadora (el fiscal). El acusado no tiene obligación de probar su inocencia.

Solo se puede condenar si existen pruebas legítimas y suficientes que demuestren el delito, sin lugar a dudas razonables. Y, si tras el juicio, se mantiene dudas sobre la culpabilidad, el veredicto debe ser absolutorio (principio de in dubio pro reo).

 Pero, claro, en España tenemos el escandaloso caso reciente de la condena al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a cargo del Tribunal Supremo, nada menos, que tampoco parece haber interiorizado estos preceptos o asi lo sentimos muchas personas. Y a partir de ahí ya puede venir lo que sea, lo que de hecho viene.

 Es como la filtración a los medios de interrogatorios en un proceso. Otra cosa es un juicio con todo el armazón dispuesto, pero estas otras filtraciones solo buscan espectáculo o morbo y los comentarios que se diseminan por doquier pueden influir hasta en el juez. Debe ser una nueva versión del ajusticiamiento en la plaza pública.

 La “prensa”, sobre todo la que los profesionales deberíamos escribir con comillas, tiene mucha prisa en informar minuto a minuto de todos los pormenores, reales o supuestos. Y parece estar tan tuerta en ocasiones como esa justicia que nos da tantos disgustos. Por si acaso, les pongo sinónimos de “disgusto” por si encajan mejor con lo que cada uno siente: pena, pesadumbre, aflicción, tristeza, pesar, desagrado, aversión, repugnancia, asco.

La prensa. Todas las portadas en papel de la “prensa” nacional traían este viernes a Zapatero y toda su parentela. El “informativo” de Antena3 de la noche anterior, jueves, dedicó 23 minutos al asunto y 20 segundos a las noticias que llegaron sobre el novio de Ayuso y ese fulgurante enriquecimiento del que gozó tras iniciar la relación con la presidenta de Madrid. ElDiario explica que llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón. Y a través de empresas a las que en algún caso la Agencia Tributaria no ve con capacidad de realizar los trabajos que motivaron esos ingresos. Total son cerca de cuatro millones y medio de euros, ¿verdad? Ganas de quejarse por nada.

No voy a ir ni siquiera al fondo de los datos concretos. En algunos casos se han convertido ya en cuestión de fe (creer sin ver, sin razones objetivas). Quiero resaltar que no se pueden ocultar noticias relevantes y menos para inflar otras y seguir manteniendo que eso es informar. No en rigor, y tiene graves efectos hacerlo así.

Pero el periodismo es otro de los grandes pilares deteriorados al máximo, casi como concepto. Mientras medios y periodistas rigurosos se mantienen contra esa marea, sabedores de la vital importancia que tiene la información para los ciudadanos. Vital, recalco.

El informe anual del Instituto Reuters señala que desciende el interés y la confianza en los medios tradicionales y aumenta el acceso a noticias mediante la IA, como principal puerta de entrada, junto a las redes sociales y las plataformas de vídeo. Ya los elige en torno a la mitad de la población, de todas las edades, por primera vez desde que se hacen registros. Cualquier cantamañanas “informa” a su círculo más o menos amplio. Y medios que producen vergüenza, sin escrúpulo alguno, hunden más aún la credibilidad del periodismo. Pan mojado para hoy, agujero de hambre para los mañanas. De hambre de conocimiento también.

Créanme al margen, que me pasma cómo ha llegado a degradarse la concepción de la mecánica periodística. La gran escuela del que fuera el mejor programa informativo español durante décadas, Informe Semanal, me hizo entender en la práctica que una cosa es la noticia de alcance y otra el desarrollo de la información. Y ahí son esenciales los antecedentes y el contexto. No es hablar “de otras cosas”, es de las mismas. Saber de dónde vienen, los porqués, y el momento actual en el que se producen. No siempre hay tiempo parece ser, pero si se puede, antecedentes y contextos son imprescindibles.

 Así llegamos a premiar como mejor periodista del año a una experta en bulos, admiradora de referentes -que cita- como Ana Rosa Quintana o Isabel San Sebastián. Le otorgó ese título la Asociación de la prensa de Madrid. Con Ayuso como única representación oficial en el acto hablando de periodismo, mientras su jefe de gabinete volvía a insultar y amenazar como el portavoz oficioso que parece ser de ciertos tribunales, sino más, porque, visto lo visto, igual ocupa algún lugar más prominente de mando.

 Todo esto es contexto imprescindible y no se prodiga, precisamente. Y hay más, mucho más, perdido. Los titulares en general ya no responden al contenido esencial de la noticia, sino a un gancho a ver si el usuario pica y pincha en la web. Ni mucho menos incluyen las 5 W (en la terminología inglesa) Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Se añade el cómo (how) donde vienen los detalles. No es inocuo.

Lo que está ocurriendo en España es gravísimo. Y ostensible. La corrupción es detestable en todos los casos, pero quienes lideran la acción de derribo son los peores del gremio. Produce mucha vergüenza ver a Feijóo proclamarse adalid de la limpieza de España, dice, de la honradez. Incluso que él, con su posición, piense que puede ser creíble como tal. Y así estamos sin visos de cambio a mejor. Les vemos presos de un empecinamiento desesperado por llegar al poder para lo que suelen hacer en él. Y vibra el aire con sus nervios y su rabia.

Ahora sí que sí, Joan Manuel. ¿O no?

“Padre / Ya están aquí / Monstruos de carne / Con gusanos de hierro / Padre / No tengáis miedo / Decid que no / Padre / Dejad de llorar / Que nos han declarado la guerra” . Serrat, 1973.

De la supuesta superioridad moral de la izquierda, un mito que la realidad se empeña en refutar, pende otro mito igualmente indefendible: el del obrero (o precario, o pobre, o vulnerable por cualquier razón) que vota a la derecha y que, según el mentado mito, sólo lo hace por dos motivos: por idiotez o por maldad.

Los millonarios o profesionales bien retribuidos que votan a la izquierda suelen proclamarlo con orgullo. “Voto contra mis intereses”, vienen a decir. Lo hacen, claro, porque creen en un determinado modelo de sociedad, porque consideran básica la función redistributiva de los impuestos y porque, en fin, cualquier carga fiscal que recaiga sobre ellos les parece justa.

Y porque no son xenófobos, ni detestan al inmigrante (esa figura con la que nunca tendrán que competir, más bien al contrario), ni desean volver a tiempos rancios. Creen en la libertad y la justicia social. Y, por todos estos motivos, están dispuestos a sacrificarse ante Hacienda y ante quien haga falta.

Aunque las propuestas económicas de la derecha les convendrían, hinchan el pecho y las rechazan en nombre de los principios más elevados. Asumen incluso que lo que hacen pueda parecer un poco idiota. Pero cuánta nobleza en esa idiotez.

Del otro lado está esa gente de la que hablábamos al principio: los desamparados que votan a la derecha. Aquellos que la izquierda percibe como idiotas sin atenuantes y agentes del mal.

¿Por qué esa gente vota a la derecha? Es posible que a la vendedora ambulante de comida o al propietario de un abrevadero de mala muerte les convengan unas políticas desregulatorias: sería una forma de librarse, por ejemplo, de los controles sanitarios. Ahí tendríamos un interés espurio.

Abundan las justificaciones (siempre criticables) para ese error en el voto. Que si rechazan a los inmigrantes (con quienes conviven en su barrio y en su ámbito laboral), que si se aferran a un nacionalismo trasnochado, que si son homófobos o islamófobos, que si exageran con la inseguridad ciudadana (importa poco que sea más acentuada en las calles pobres que en las calles ricas), que si los bulos en las redes les han comido el coco, que si son simples nostálgicos del poder autoritario.

Sea por intereses espurios o porque vive engañado, al pobre que vota a la derecha no se le atribuye nobleza alguna. Todo lo contrario: además de ser idiota, por votar contra sus supuestos intereses, ese pobre es fundamentalmente egoísta.

El pobre desgraciado del que hablamos demuestra ser incapaz de percibir lo bien que funcionan la sanidad y la educación públicas bajo un gobierno progresista como el actual. Escandaloso, ¿no? Ni siquiera es capaz de apreciar cuánto ha cambiado su vida con los aumentos del salario mínimo. Como solía decirse de los franceses, vive en el paraíso y cree vivir en el infierno.

Por supuesto, al pobre que vota a la derecha se le niega la opción ideológica. Vive engañado, y ya está. No es posible que crea sinceramente en que una sociedad más liberal y desregulada le ofrecería más posibilidades de progresar. Tampoco es posible que los servicios privatizados le parezcan más eficientes.

No, lo suyo es pura idiotez. Innoble, además. Cuánta diferencia con el millonario que vota a la izquierda y nunca lo hace por egoísmo o por intereses espurios, sino porque rebosa generosidad, tolerancia y sentido de la justicia.

Qué suerte tenemos los de izquierdas, siempre con la razón de nuestra parte.

Si hay un libro que ayuda a entender la importancia de los evangélicos blancos ya en la primera victoria de Trump es Jesús y John Wayne. Cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación (Capitán Swing). Su autora, Kristin Kobes Du Mez, analiza un movimiento religioso y político que es “patriarcal, jerárquico y, en el fondo, antidemocrático”. Lo único que hizo Trump en 2016 fue asumir como propio ese estilo de vida que los cristianos evangélicos llevan décadas promoviendo. El verbo “vender”, en este caso, es literal, puesto que se trata de un mercado que se promociona a través de televisiones, radios y, por supuesto, redes sociales.

Son votantes que están dispuestos a pasar por alto que Trump y los valores cristianos son conceptos antagónicos, porque lo que les interesa es la “autoridad patriarcal” y el afán de poder que representa el presidente estadounidense.

“Los evangélicos blancos tienen más probabilidades que los miembros de otros grupos religiosos de apoyar la guerra preventiva, justificar la tortura, oponerse a la reforma de la inmigración, apoyar la construcción de un muro en la frontera y estar a favor de la pena de muerte; tienden más que otros estadounidenses a poseer armas de fuego, negar la relación entre el racismo y la violencia policial, rechazar los pactos políticos, preferir a gobernantes fuertes y solitarios y aprobar que se infrinjan las normas cuando lo consideran necesario”, resume esta profesora de Historia y Estudios de Género en la Universidad Calvin de Grand Rapids, en Michigan.

En diciembre de 2018, la revista Anfibia publicó un extenso reportaje que arrancaba con la siguiente pregunta: ¿Puede ser que los evangélicos argentinos se transformen en el ariete de una fuerza política de ultraderecha? Se había demostrado que ya había sido así en Brasil y, aunque con Milei no se produjo un apoyo comparable al que ofrecieron a Bolsonaro, el presidente argentino ha multiplicado los gestos hacia esta comunidad. Uno de los más destacados fue su presencia en la inauguración del “Portal del Cielo”, un templo con capacidad para más de 10.000 personas. Sí, lo han leído bien: 10.000 personas.

Con estos precedentes llegamos a Madrid DF, epicentro del evangelismo patrio, como se pudo comprobar el pasado fin de semana. 35.000 personas participaron en The Change 2026, un evento celebrado en el Metropolitano en el que actuaron predicadores de diferentes países, cantantes y, como cabeza de cartel, el exjugador del Barça y de la selección brasileña Dani Alves. El futbolista explica que la fe le salvó cuando fue condenado por agresión sexual a cuatro años y seis meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la condena y lo absolvió en marzo de 2025. La Fiscalía ha presentado recurso y ahora falta que el Supremo lo resuelva.

Alves, en su faceta de predicador, se llevó los titulares, pero lo más reseñable es el mensaje que la organización difundió en redes sociales con su propósito de ganar influencia aquí, al igual que ya la tienen en otros países: “Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos”.

Tanto el PP como Vox saben que ese es un electorado a tener en cuenta y ya hace tiempo que trabajan en ello. En la última campaña de las autonómicas, Isabel Díaz Ayuso ofreció el micrófono en un mitin a una pastora ultraconservadora, Yadira Maestre, para que bendijera a los dirigentes del PP. En esta crónica se explicaba que candidatos del partido estuvieron visitando iglesias evangelistas para atraer el voto latino. Ya saben que Ayuso diferencia entre los ciudadanos llegados de Hispanoamérica, a los que denomina “nuevos madrileños”, y los migrantes de otras zonas, hasta el extremo de referirse a la “islamización de Europa”, un concepto que antes de ella solo utilizaba Vox.

Junto a Madrid, el otro laboratorio político del voto evangélico es Murcia. Un dato: en solo una década, el municipio de Lorca ha pasado de albergar tres iglesias evangélicas a once. En poblaciones como Alcantarilla, Torre Pacheco o Los Alcázares, los templos pentecostales se multiplican en antiguas naves industriales o bajos comerciales. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha llegado a decir que “si hubiera más evangélicos, Murcia sería mejor”.

Se calcula que en España existen 4.762 lugares de culto evangélicos y que se abren cinco nuevos cada semana. Es la religión minoritaria con más espacios de culto. “Los discursos evangelistas actuales son populismo puro y duro. Esta doctrina se nutre de los valores religiosos para apelar a la población que lo pasa mal y necesita respuestas que no llegan, muchas veces políticas. El problema es precisamente ese: la utilización de los espacios de culto para dar forma a un nuevo cuerpo de pensamiento e influencia política”, explica María José Vicente, profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha, en este reportaje.

La fe tal vez no mueve montañas, pero sí votos. El cortejo de los partidos de derecha y extrema derecha a estos electores no ha hecho más que empezar.

La semana pasada se escuchó un grito en el Congreso que rasgó, por un instante, toda la frialdad parlamentaria con la que se estaba despachando la congelación de los alquileres. Una chica llamada Irene, cuyo edificio fue comprado por un fondo de inversión sin intención de renovar sus contratos, gritó lo que hubiésemos gritado los uno de cada cuatro españoles que vivimos de alquiler: “¡Haced algo, ya coño! Sois culpables de esta situación”. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, —multipropietaria, por supuesto—, diciendo en una entrevista en El País, con sonrisa amplia, que “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público”, como si el relato fuese más importante que la realidad social. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, puede dejarnos ver cómo las derechas han vuelto a coordinarse para tumbar un Real Decreto que, aun siendo insuficiente, habría aliviado la vida de miles de personas; anticipando un modelo que, si gobiernan, se convertirá en el paisaje fijo.

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga, argumentando (si el uso de ese verbo es siquiera posible tratándose de semejante afirmación) sin pudor que “cada vez menos personas quieren ser propietarias”, que “ahora la gente se las quita (las casas) de encima”, mientras ella misma sigue aumentando su cartera inmobiliaria. 

Qué sensación nos puede dejar a los que vivimos de alquiler en Madrid si no esas ganas de gritar, esa desazón arrastrada por la certeza de que nada cambiará mientras no haya una movilización masiva y sostenida en el tiempo. 

El 24 de mayo hay una manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. ¿Dónde están los sindicatos mayoritarios? ¿Por qué no están preocupados por la movilidad social descendente y la amenaza a la cohesión social? ¿Por qué no promueven una huelga? ¿Por qué otros sectores que también sufren la pérdida de poder adquisitivo de la población no se movilizan, no se suman con fuerza? ¿Quizá porque los propios agentes sociales son propietarios? ¿Quizá porque todos conocemos a alguien en nuestro entorno cercano o lejano que especula con la vivienda de algún modo, subiendo alquileres porque así lo dicta el mercado (“No voy a ser yo menos”), u optando por alquiler turístico porque es más rentable? ¿Quizá porque desde la posición de un propietario es difícil empatizar con la de un inquilino que se deja un 80-90% de sueldo en un alquiler, igual que es difícil empatizar con el hambre cuando tienes la nevera llena? ¿Quizá porque la vivienda es en España el Salvaje Oeste, el único territorio sin ley, y para muchos es comodísimo que siga de ese modo? Tal vez porque los que especulan lo hacen sirviéndose de un derecho convertido en negocio, y ese negocio lo administran, entre otros, los mismos políticos encargados de legislarlo. Tal vez porque el conflicto de intereses no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo. Tal vez porque vivimos en un país completamente partido en dos, arrasado por un boquete que no deja de ensancharse. 

Hace ya cinco años, poco antes de la célebre foto de Colón, Ayuso hizo estallar la polémica entre las filas de la derecha al insinuar, a propósito de los indultos que preparaba el Gobierno, que si el rey Felipe VI los firmaba podía tratarse de un cómplice. Cómplice con la peligrosa voluntad separatista-etarra del Gobierno de por aquel entonces, supongo. La cuestión es que eso preparó una separación entre la Corona y una parte de la derecha que parecía hasta ese momento imposible o inverosímil. No tanto por la parte del Partido Popular, que sigue siendo por mucho lo de siempre y, en tanto que lo de siempre, más monárquico que cualquier variación. Tampoco por la parte de Vox que del Partido Popular es una excrecencia o secreción, capaz de vestir corbata Viva El Rey De España (¡verde!) cuando toca; sí por otra más joven, con otros referentes. De ahí se pasó, desde Vox, a criticar “que [si] quien ciñe la Corona confunde neutralidad con sometimiento, o estabilidad con complacencia hacia el poder político, [esto] puede contribuir involuntariamente a dilapidar un legado que no le pertenece en propiedad, sino que custodia en nombre de la nación”.

De aquellos polvos estos lodos. Esta semana se ha consumado un divorcio parcial entre la Iglesia católica y la derecha; o cabría, más bien, hablar de nulidad matrimonial, pues en principio el matrimonio había de ser indisoluble. Llaman mucho la atención, tras el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, las palabras de Figaredo y Carlos H. Quero, en entrevista con El País: “no se seguirá subvencionando a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares, tampoco a las de la Iglesia”. El Partido Popular dice que no dejará a Cáritas sin ayudas, Vox anuncia que no habrá ninguna ayuda si asisten de alguna forma a los excluidos sociales, que resulta, en este caso, que son inmigrantes.

No es un síntoma nacional: como las réplicas de un terremoto, el recelo que desde España la derecha patria ha exhibido ante el papa Francisco o ahora ante su sucesor, León XIV, tiene mucho que ver con los recelos propios internacionalmente del trumpismo y el conflicto internacional entre católicos y evangélicos. En Brasil, pocos datos explican el auge de la extrema derecha de Bolsonaro como el crecimiento del evangelismo; en 2024, entre los votantes evangélicos, Trump cosechó el 80% de los apoyos. La coalición contemporánea de la derecha no incluye hoy a los católicos liberales; si en Alemania todavía existe un cordón sanitario a los neofascistas, es porque cuentan con democristianos y no sólo con neoliberales. En España, a pesar de todo, la derecha seguía siendo católica. Disfrutaba mucho de serlo, de hecho; disfrutaba de hablar a partir de productos culturales de su presunto auge o de los valores tradicionales en la devoción juvenil; disfrutaba hasta ahora, porque lleva regular que el sumo pontífice sea Prevost en vez de Robert Sarah.

¿Hasta dónde va a arrastrar Vox al Partido Popular en esta disolución de los votos entre la Iglesia y la derecha? ¿Cuánto va a ser el Partido Popular capaz de sostener la pantomima según la cual no importa lo que hayan firmado, pues todo ha de estar “sujeto a la legalidad”, y capaces son de tomar por tontos a sus negociadores, a sí mismos, a sus votantes y a cualquiera que atienda a lo que dicen, a lo que hacen o a lo que mienten? Si el vicepresidente de Trump es capaz de sugerirle al propio papa que tendría que ser “más cuidadoso al hablar de teología”, si tan sonado e insoportable para algunos es ese distanciamiento, con tantas tensiones, ¿tendrá el progresismo que contar, en no tanto tiempo, con la Iglesia como uno de esos aliados?

No es fácil enunciar algo así, sobre todo en España, que cuenta con una historia y un pasado —el de las heridas que deja la dictadura nacional-católica— muy presentes; pero presentes para todos, pues tampoco hay que olvidar las palabras lacerantes y ataques insistentes que también ha proferido la derecha contra cardenales como José Cobo por acordar con el Gobierno a propósito de la resignificación del Valle de los Caídos. La Iglesia no va a ser un aliado progresista, aunque lleve tiempo en el camino hacia su apertura: sí creo, firmemente, que va camino, al menos en términos de alianzas internacionales, de convertirse en un aliado democrático. Democrático, pues, contra la xenofobia de quienes quieren que se mueran los inmigrantes que enferman en nuestro país, contra los que planean legislar sobre la vida y la muerte y la prioridad nacional, en favor de la dignidad humana, democrático contra la regresión y democrático en la justicia social. Y no está nada mal, para equilibrar los equilibrios internacionales, contar al Vaticano como aliado en unas cuantas causas, aunque en otras haya que combatirlo fervientemente; es la política del siglo XXI. Si la derecha quiere tomar a Dios por enemigo, ¿quién somos nosotros para impedírselo?

¿De qué hablamos cuando hablamos de derecha? ¿Podemos meter en el mismo saco a liberales, ultraliberales, anarcocapitalistas, democristianos, fascistas, populistas, nacionalistas, conservadores, tradicionalistas? Para Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la respuesta es: todo vale. Todo vale para llegar a La Moncloa, se entiende.

El liberalismo que parece defender nunca ha sido mayoritario en la España democrática. “La derecha es, fundamentalmente, un pensamiento y una acción reactivas que se oponen a la izquierda”, cuenta el historiador Antonio Rivera, autor de Historia de las derechas en España. Fraga fue el primero en liderar una derecha patria de corte conservador y con sitio para los restos y las estructuras del franquismo y los nacionalismos se hicieron fuertes en País Vasco y Cataluña, al margen de ese movimiento. Aznar unificó y amplió el espacio conservador, engulló el supuesto espacio de centro y marcó el camino futuro: neoliberalismo duro y crudo imitando a Margaret Thatcher en lo económico, nacionalismo conservador español y muy español en lo ideológico. Rajoy siguió esta pauta, con la particularidad personal de dejar que todo se pudra, desde el proceso catalán a la policía patriótica. Pablo Casado llegó con ganas de regeneración pero no fue eficaz antes de que sus compañeros le tiraran por la ventana —metafóricamente—. Y aquí llegó Alberto Núñez Feijóo, el gestor, para hablar de derecha sensata y moderada sustentada en un sólido entramado mediático, económico y judicial. 

Los que le conocen dicen que a Feijóo le gusta ir a mesa puesta. Él llegó a Madrid para gobernar España y su escasa firmeza ideológica permitió los primeros pactos con Vox que malograron su objetivo principal. Ahora vuelve a repetir error, con un Vox más fuerte que entonces pero que está frenando su ascenso, y está tocado por la crisis interna y la caída de uno de sus principales tutores y financiadores, Viktor Orbán. Con este panorama, la derecha de Feijóo, que no cuenta con activos genuinamente liberales y que vive del antisanchismo (una alternativa a la contra, destructiva, enemiga del apaciguamiento entre adversarios políticos) ha decidido doblar la apuesta: más Vox y más tópicos del populismo más reaccionario: rechazo a la inmigración, unidad de la patria, los españoles primero y desregularización al estilo motosierra. 

No hace falta repetir que el concepto de “prioridad nacional” es racista e ilegal. Discriminar por sus orígenes a personas que viven en España legalmente, que contribuyen a la riqueza del país y pagan sus impuestos a la hora del reparto de ayudas sociales es establecer una sociedad de castas, con ciudadanos de primera y de segunda. Ante esta situación hay que apelar a la izquierda pero también a la derecha, a esa supuesta derecha liberal, a la derecha democristiana de principios humanistas, a la derecha con ideología y valores, no solo con ambición política, a la derecha que tiene más ideas en la cabeza que bajar impuestos y aplicar con mano dura la ley y el orden. Y eso es imposible dentro del Partido Popular de Feijóo. El líder del PP ha decidido pasar por encima hasta de la dignidad humana en su tortuoso y cada vez menos edificante camino a la Moncloa. Y ha demostrado que la derecha que representa no tiene una idea clara ni del país ni del mundo que nos rodea, y por eso, ha decido subcontratar la ideología al partido de Santiago Abascal. España, no hace falta decirlo, puede vivir sin Sánchez, pero será mucho peor gobernada por una derecha autoritaria, iliberal y antihumanista que, además, no entiende los retos humanos, geopolíticos, tecnológicos y económicos que tenemos por delante. Y esa, desgraciadamente, es la derecha de Alberto Núñez Feijóo. 

La izquierda global se espolea como reacción a los designios del trumpismo y bajo la bandera del 'no a la guerra' que enarbola España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este sábado en Barcelona durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation' a pasar página de una ola reaccionaria que, ha dicho, llega a su fin. “Que no os engañen. Los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba”.

“Su ortodoxia neoliberal, ineficiente y cruel, murió en 2008, con la Gran Crisis Financiera. Y su visión del orden internacional está siendo desmantelada por los aranceles y las guerras ilegales”, ha clamado ante el auditorio de la Fira de Barcelona, repleto con 6.500 asistentes que han ovacionado sus mensajes dirigidos a la “internacional ultra”.

“La derecha ya no lidera, languidece. No importa cuánto griten. Ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto ni soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que nos han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo”.

Por eso, Pedro Sánchez se ha aventurado a decretar el fin de la era del populismo ultra y sus recetas. “El tiempo de la internacional ultraderechista y de la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin. Y vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor. Que aún quedan nuevas cotas de bienestar y desarrollo por conquistar”.

El presidente español ha apelado al “orgullo” de la tradición política progresista ante el intento de estigmatización y humillación de las derechas. “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. Termina hoy, porque hoy la vergüenza cambia de bando. Y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, ¡que se avergüencen ellos! Los que callan ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que apoyan la guerra y la violencia poniéndose de frente o de perfil, como unos cobardes”.

“La vergüenza, para ellos”, ha proseguido. “Para nosotros, a partir de hoy, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de ser de izquierdas y socialdemócratas. El orgullo por estar en el lado correcto de la historia. Por defender el derecho internacional y la paz. Y por gritar una y mil veces 'sí a la paz y no a la guerra'”.

Como colofón a un fin de semana repleto de cumbres internacionales que se acabaron por convertir en una especie de baño de masas en torno a la política exterior española, Sánchez pidió a sus colegas progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica o Uruguay levantar la mirada y el ánimo para no abandonar el ímpetu de cambiar las cosas.

“Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos con el 'status quo'. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a comprar su pesimismo. Ni su desesperanza. Vamos a defender que un mundo mejor es posible. Que se pueden subir salarios y crear empleo a la vez. Que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad. Que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social. Que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será”.

“Y lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables”, ha enfatizado para erigirse en la antítesis internacional de Donald Trump. “A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecno-oligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias y la salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo, porque cuando gobernamos los progresistas, los Estados no se arrodillan ante las élites, las ponen en su sitio”.

Pedro Sánchez clausuró de esta forma el encuentro del progresismo global tras una segunda jornada en Barcelona en la que se dieron cita cerca de una veintena de líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno, como la presidenta mexicana, el presidente colombiano, el sudafricano y los vicepresidentes alemán, británico o austriaco.

La derecha tradicional ha decidido blanquear a la extrema derecha. Ya casi no quedan tabúes, ni líneas rojas, ni siquiera el pudor de disimular. El PP parece haber asumido que, si quiere gobernar, tendrá que entregar a la extrema derecha todo lo que esta le exija: discurso, marco político y prioridades. No se trata solo de pactos puntuales o de cesiones tácticas; se trata de una aceptación de fondo. La derecha de siempre está cada vez más dispuesta a comprar el lenguaje, los enemigos y las recetas de la ultraderecha.

Las tres últimas elecciones autonómicas dejan lecturas bastante claras. La primera es que la izquierda haría bien en tomarse en serio el mensaje de las urnas. El PSOE, en particular, debería interpretar que no basta con refugiarse en la política nacional o internacional, en los grandes titulares o en la gestión desde arriba. El único camino posible pasa por volver al terreno: bajar al pueblo, al barrio, a la calle; reconstruir la política persona a persona, problema a problema. Escuchar más y proclamar menos.

La segunda lectura afecta a los partidos situados más a la izquierda del PSOE. La pérdida de representación debería servirles como advertencia definitiva: ir separados penaliza. La fragmentación no se percibe como pluralidad, sino como impotencia. Y cuando el electorado progresista siente que su voto no sirve para construir una alternativa sólida, opta por quedarse en casa. La división, una vez más, sale demasiado cara.

Mientras tanto, la derecha convencional parece haber elegido su camino. Está dispuesta a dar a la extrema derecha todo lo que pida, ya sea en forma de agenda cultural, de discurso agresivo o de políticas cada vez más deshumanizadoras. No solo pacta con ella: la normaliza. Y al hacerlo, contribuye a extender una forma de entender la política basada en el señalamiento constante, en la simplificación brutal de los problemas y en la explotación del malestar social.

Porque ahí está una de las claves de este momento: la extrema derecha recoge una parte importante del voto del malestar. Capitaliza la frustración, el enfado, la supuesta inseguridad y la presunta sensación de abandono. Pero en lugar de convertir ese malestar en soluciones reales, lo traduce en odio, en chivos expiatorios y en una política de confrontación permanente. Es un camino que bebe claramente de referentes como Donald Trump o Javier Milei: más ruido que respuestas, más propaganda que proyecto, más furia que humanidad.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario

Cabe preguntarse qué ocurriría si una parte de sus votantes se detuviera a pensar, a analizar con calma qué hay detrás de esas proclamas incendiarias. Quizá muchos no irían por ahí. Quizá descubrirían que detrás de esa supuesta rebeldía no hay una defensa de la gente común, sino una operación política al servicio de los de siempre, envuelta en un lenguaje bronco y provocador.

La gran cuestión es si la izquierda será capaz de entender el momento y reaccionar, o si seguirá permitiendo que la derecha marque el terreno de juego y la extrema derecha dicte el vocabulario. Porque cuando se aceptan sus marcos, cuando se asumen sus obsesiones y cuando se normaliza su retórica, lo que se deteriora no es solo el debate público: es la propia democracia.

Contaba el paleontólogo Stephen Jay Gould que cierta vez una empresa inmobiliaria interesada en talar un bosque se había apoyado en un pasaje de su obra para refutar a los ecologistas. En uno de sus libros, en efecto, Jay Gould había recordado que la vida de cualquier especie oscila entre un millón y diez millones de años; es decir, que también las especies acaban extinguiéndose por su propio impulso darwiniano. Pero si esto es así, si en todo caso se van a morir, ¿para qué proteger a las ardillas rojas? Gould animaba a estos despiadados sofistas a decirles eso a unos padres cuyo hijo está enfermo de cáncer: ¿para qué curarlo si tarde o temprano, por muchos años que sobreviva, va a acabar pereciendo? Es que, diremos, este “tarde o temprano” cuenta; es lo que llamamos “vida”. Nadie va a dejar de atender a sus hijos y, aún más, nadie va a dejar de comer, de ir al trabajo, de acudir a una cita, de regar las plantas, de cambiar una bombilla alegando su propia mortalidad o, más allá, la mortalidad humana en general. ¿Nadie? Bueno, sabemos que ese fue el argumento que utilizó la presidenta de la comunidad de Madrid para justificar la muerte por negligencia de 7.291 ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia: “se iban a morir igualmente”.

Ahora bien, lo que aquí me interesa no es eso. Frente a la muerte, hay dos actitudes extremas: la de los que se niegan a aceptarla y movilizan todos los medios a su alcance -tratamientos, operaciones, baños en sangre de niños- para vivir eternamente; y la de los que la entronizan de tal modo que consideran la vida una simple sombra pasajera sin sustancia. Los primeros suelen ser muy ricos; los segundos, fanáticos religiosos. En medio, está la mayoría, la de los que sencillamente queremos aplazar la muerte lo más posible y nos tomamos tan en serio este aplazamiento como para intentar llenarlo de sentido, pequeño o grande, lo que implica que todos los días nos levantemos haciendo como si tampoco hoy nosotros, ni nuestros hijos ni nuestros amigos, nos fuéramos a morir. Ese como si incluye todo lo que nos emociona, nos alegra, nos compromete en nuestras relaciones con el mundo y con los demás.

No hay, quiero decir, ninguna relación jerárquica entre la vida y la muerte. Son dos hechos sucesivos (primero la vida, después la muerte), pero de su sucesión no puede deducirse ningún tipo de subordinación axiológica. Ni la muerte es la verdad de la vida ni la vida ostenta ningún derecho sobre la muerte. De un hecho no puede extraerse ni una verdad ni un derecho, porque la verdad y el derecho forman parte del como si del aplazamiento: los construimos nosotros para sostenernos mejor en el mundo. No es más verdadero el cuchillo que nos rebana el cuello que los labios que nos lo besan; ni más ilusorio el trino del ruiseñor que el disparo que lo silencia. La vida no es más falsa, no, que la muerte. Las dos son obra nuestra y tomarse en serio una y otra significa tratar de vivir honestamente y tratar de morir dignamente. Para vivir honestamente y morir dignamente en este mundo precario que los humanos hemos construido como aplazamiento es inevitable hacer política. La política es, en efecto, la construcción colectiva de las condiciones materiales, institucionales, jurídicas, sociales, de todo aplazamiento.

A la doctrina que considera que lo peor es siempre lo más verdadero, que el mal es inevitable, que la muerte es la verdad de la vida, la llamamos “realismo”. El realismo suele ser necrófilo y, como la sed de inmortalidad, es más frecuente entre los ricos; y si se da entre las clases medias, adquiere enseguida un matiz epistemológico elitista. Quiero decir que hay un realismo de derechas y un realismo de izquierdas y que los dos consideran que en política (y no digamos en geopolítica) el momento verdadero es el de la violencia, el del poder desnudo, el de la guerra como comadrona o motor de la Historia. Como les ocurre a los budistas y a los místicos respecto de la vida, tanto el realismo de derechas como el realismo de izquierdas consideran la democracia y el derecho una simple sombra sin sustancia o, por lo menos, un velo hipócrita que encubre el monstruo que, sin saberlo nosotros, gobierna siempre nuestra existencia colectiva.

El realismo de derechas se expresa de dos maneras distintas según la posición que se ocupe en el organigrama del poder. Están, por un lado, los que lo tienen (el poder) y fabrican la realidad (la verdad verdadera) con mucho dinero, muchas armas, muchos crímenes. En la cúspide de esa pirámide está hoy Trump, que es naranja y mentiroso, que bailotea y se pavonea y ama los abalorios y que está aterrorizado por su propia muerte, pero que hace gala de un realismo implacable cada vez que, secuestrando o matando presidentes, bombardeando escuelas, expulsando inmigrantes, establece una relación de identidad inmediata, sin mediaciones ni distancias, entre su poder y la realidad. Luego están los que, con menos poder, se acomodan en este mundo afectando lucidez desengañada. Acomodarse a la realidad fabricada mediante la violencia por un poder superior injusto, en lugar de luchar contra él, es lo que llamamos “cinismo”, que es, por cierto, lo contrario de la “hipocresía”. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestra presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, quien hace unos días desencadenó una polémica con declaraciones de un abominable realismo. Dijo, por ejemplo: “Escucharán diferentes puntos de vista sobre si el conflicto en Irán es una guerra elegida o una guerra necesaria.

Pero creo que este debate, en parte, no capta la esencia. Europa debe centrarse en la realidad de la situación, para ver el mundo tal como es hoy“. Tal como es hoy es tal y como Trump, Putin y Netanyahu lo han hecho, y tal y como ella misma cooperó a hacerlo apoyando (junto a buena parte de los miembros de la UE) el genocidio israelí en Gaza. No hay ”diferentes puntos de vista“ sobre Irán, indiferentes desde el punto de vista de la verdad verdadera de las bombas arrojadas sobre Teherán; hay dos opciones no relativizables: o Derecho internacional o nihilismo universal. Es cierto que, presionada por la opinión pública, Von der Leyen luego ha rectificado; es decir, ha regresado desde el novísimo cinismo a la vieja hipocresía. Yo lo prefiero así, pero ahora ya sabemos todos lo que piensa y lo que, en una relación de fuerzas favorable, podría llegar a hacer con Europa.

En cuanto al realismo de izquierdas, se alegra de que Trump haya desenmascarado a los hipócritas y haya expuesto el poder desnudo del capitalismo imperial sin velos ni eufemismos. Sus adeptos declaran en realidad lo mismo que la presidenta de la Comisión: “Esto es lo que hay”. Es decir, se burlan de esa media mayoría que sigue pensando en términos de aplazamiento, de manera que reconocen el poder desnudo de Trump (y la realidad que fabrica) sin medios para oponerse a él. Como no los tienen, apuestan por los subpoderes que, en esta batalla verdadera, parecen oponer resistencia al imperialismo estadounidense. Se muestran, por tanto, geopolíticamente “realistas”: coquetean con Putin, defienden a Maduro y justifican el régimen iraní. Están de acuerdo con Trump en que nada de instituciones democráticas y nada de Derecho internacional y nada de Unión Europea: todo debe decidirlo la fuerza (que no tenemos). El realismo de derechas crea la realidad; el de izquierdas la denuncia. El realismo de izquierdas, ¿no es igualmente displicente con los pueblos, pero mucho más fantasioso?

Por eso, frente al realismo necrófilo debemos defender la idea de aplazamiento, y ello con los medios a nuestro alcance (no con los del proletariado internacional ni con los del ejército soviético). Hace unos días, para ilustrar los cambios producidos en el mundo en las últimas décadas y la debilidad de las izquierdas, pronuncié en público una frase que hizo reír a los presentes. Dije que “hoy Bad Bunny es nuestro Ché Guevara, Pedro Sánchez nuestro Salvador Allende y el Vaticano nuestro komintern”. Apenas si exageraba. Podemos lamentar este desplazamiento o no. Lo que no podemos hacer es perder un minuto en sospechar de la frivolidad capitalista de Bad Bunny, en recordar los crímenes de la Inquisición o en denunciar las pudibundeces socialdemócratas del gobierno español. A estas fuerzas (el gancho de la cultura popular, la voz de un papa antitrumpista y el prestigio internacional de un gobernante europeo contra corriente) hay que sumar esas virtuales mayorías sociales anti-realistas que piden vida y no muerte, y paz y no guerra, y mundo y no realismo. Con estos mimbres tendremos que intentar obtener un nuevo aplazamiento: eso que llamamos vida, democracia y derecho, cuya fragilidad no las hace menos verdaderas sino, al contrario, más necesarias y, por eso mismo, más necesitadas de nuestra inteligencia, nuestro compromiso y nuestra audacia.

El 14 de febrero de 2003, con motivo de la guerra de Irak, el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin (Rabat, 72 años), pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que merece ser releído para comprobar hasta qué punto tenía razón, igual que la tiene ahora al rechazar la operación de Israel y Estados Unidos en Irán, que ha desembocado en la situación que vive hoy Oriente Medio.

“En este contexto, hoy no está justificado el uso de la fuerza. Hay una alternativa a la guerra: desarmar a Irak a través de las inspecciones. Además, recurrir prematuramente a la opción militar tendría graves consecuencias (...) Nadie puede afirmar hoy que el camino de la guerra será más corto que el de las inspecciones. Nadie puede afirmar tampoco que desembocará en un mundo más seguro, más justo y más estable. Pues la guerra es siempre la constatación de un fracaso. ¿Va a ser, acaso, nuestra única salida frente a los numerosos desafíos actuales? Concedamos, pues, a los inspectores de las Naciones Unidas el tiempo necesario para que su misión tenga éxito”, alertó.

Villepin, que antes, entre 2005 y 2007 fue primer ministro bajo la presidencia de Jacques Chirac, y que tras ocupar la cartera de Exteriores fue también titular de Interior, es una voz conservadora que nunca se llevó bien con correligionarios suyos como Sarkozy, con quien acabaron en los tribunales.

Diplomático de carrera, apodado en su momento el “diplomático poeta” por sus inquietudes literarias, y con claroscuros en su trayectoria, como tantos otros políticos, ahora explota sus dotes de comunicador en tertulias de medios franceses. Y es en esas mesas, despojado de ataduras partidistas aunque coquetea con presentarse a las presidenciales de 2027 con su partido ‘La Francia humanista’, donde su voz se ha convertido en una rara excepción en el centro-derecha francés, y también en el europeo.

Fue uno de los primeros que desde un principio calificó de “drama humanitario” la situación en Gaza. También de los pocos que, desde su posición política, la de alguien que trabajó entre 2002 y 2005 para que Hamás se incluyese en la lista de organizaciones terroristas, considera que el concepto “genocidio” encaja para describir qué ha provocado Israel en esa zona. 

Este fin de semana, en una mesa de la cadena BFMTV, Villepin volvió a hablar claro para insistir en que esta nueva guerra iniciada por Israel y Estados Unidos es ilegal. “Decimos claramente a Estados Unidos que su guerra contra Irán es ilegal, ilegítima y peligrosa”. Además, expresó de nuevo su apoyo a la posición de Pedro Sánchez, por ser quien, en palabras de Villepin, “ha salvado el honor de Europa”. 

El discurso de Villepin contrasta con el de la mayoría de dirigentes de su misma familia política. El PP español, en su única estrategia de cargar contra el Gobierno, ha llegado a acusar a Sánchez de “avalar” la dictadura iraní y a difundir bulos como el de un apoyo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al ataque de Estados Unidos. 

Tampoco tiene nada que ver con la posición de Ursula von der Leyen, quien sin consensuarlo con el resto de Estados ni ser la responsable de la política exterior de la UE, se descolgó este martes abrazando el mundo sin reglas que Trump o Putin pretenden imponer. De un plumazo, la presidenta de la Comisión Europea se saltó los tratados fundacionales y el de Lisboa. Ahí es nada. 

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, uno de los que aún se salva entre tanta mediocridad, le ha enmendado la plana y ha reivindicado el Derecho Internacional. Algo que, hasta antes de ayer, ningún mandatario europeo, si descartamos a Orbán y a ratos a Meloni, hubiera cuestionado. Sin embargo, así estamos.

Menuda semanita. La previa de los Goya hizo que se llegara a la gala en un punto de ebullición, Qué ironía que esta vez no lo provocó un cargo político, como cuando hace dos años el entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox llamó señoritos a los trabajadores del cine español, sino que haya sido un cineasta cabreado (Juanma Bajo Ulloa) el que haya dado gasolina para que la derecha mediática haya aprovechado para azuzar a toda una industria.

Las palabras de Juanma Bajo Ulloa en el programa de Iker Jiménez diciendo que las ayudas se dan siguiendo la “dictadura woke” y que por eso él no tuvo (obviando los 700.000 euros que pagó RTVE por adquirir su filme) han levantado la alfombra para que los falsos mantras y las mentiras contra el cine español vuelvan a salir. Cuenten cuántos podcasts se han dedicado en los medios de derechas para comprar esas acusaciones esta última semana. No se han preocupado de buscar un dato, ni de mirar una resolución de ayudas ni de leerse las resoluciones de ayudas del ICAA.

Las palabras de Bajo Ulloa les venían de perlas. La guerra cultural pasa, de nuevo, como ocurrió en Argentina, por convertir al cine español en el enemigo. Esta semana todo les ha venido mal: Si Susan Sarandon defendía la posición española ante el genocidio de Palestina… MAL. Si Luis Tosar decía que lo raro en este contexto sería no hablar… MAL. Hasta el impecable discurso del Goya de Honor de una leyenda como Gonzalo Suárez ha sido dedicado por la prensa conservadora. Solo les viene bien quien se alinee con el ataque a un cine español que ha demostrado que es plural, variado, que tiene para todos los gustos.

Y por eso los Goya han sido la mejor medicina para todos los haters de la derecha. Primero, no se han achantado. El cine español ha sido contestatario por naturaleza, y lo raro sería que no hubieran hablado contra el genocidio en Gaza o el auge de la extrema derecha. Lo hicieron en una gala que fue política, pero que también supo celebrar y homenajear el gran cine español del año y de estas cuatro décadas. El cumpleaños de los galardones sirvió para que unos elegantes vídeos recordaran los éxitos del cine español. Los otros, El bola, Todo sobre mi madre, La comunidad, Ay, Carmela, As bestas, Tarde para la ira, Blancanieves, Mar adentro… Todas ellas, por cierto, ayudadas con dinero público. Ese que desde la derecha quieren despreciar llamándolo 'paguita'. 

Pero sobre todo, los premios y los nominados de este año quitan la razón a los haters de la derecha de un plumazo. El cine español nominado ha demostrado que es plural, variado, que no sigue ningún mandato (ni ninguna dictadura woke). Que es capaz de en un año tener una comedia nominada (La cena), un fenómeno internacional de un cineasta de autor premiado en Cannes (Sirat), un documental sobre la tauromaquia (Tardes de soledad), una película sobre el sida y la memoria (Romería) y una ganadora que habla del terremoto familiar provocado por la decisión de una niña de 17 años que decide meterse a monja de clausura (Los domingos). Monjas y toros, super woke.

La victoria de Los domingos, además, les ha tenido que sentar a cuerno quemado. La película de Alauda Ruiz de Azúa ha sacado su peor versión. Primero la alabaron, dijeron que era un ejemplo de cómo tratar la fe con respeto. Destacaron su capacidad de escuchar a todos los personajes. Su inteligencia para no juzgar… Hasta que Alauda Ruiz de Azúa habló en los premios Forqué. Seguramente al ver que la Iglesia Católica intentaba apropiársela, la cineasta dejó claro que era “una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos”.

A partir de ahí dejó de gustarles. La película no cambiaba. Pero ellos sí. A pesar de que habían defendido la tolerancia de la cineasta y su habilidad para escuchar y respetar todos los puntos de vista, dejaron de respetar el punto de vista de la autora de la obra. Una autora que, por cierto, desde el primer día dijo que ella no era creyente.

Pero sin duda hay dos datos que les cabrearán y que hacen que los Goya les quite la razón de un plumazo. El primero, el de audiencia. Después de siete días diciendo que los premios y que el cine español no interesan a nadie, y que quién va a querer escuchar a actores hablar de Gaza, el resultado dice justamente lo contrario: la ceremonia tuvo un 26% de cuota de pantalla, la cifra más alta desde el año 2020 (cuando alcanzó un 26.1%) y la segunda más alta desde 2010. Entre los jóvenes de 13 a 24 años, la cuota asciende hasta un 37%. Incluso en espectadores, con un consumo de televisión absolutamente fragmentado y desplomado desde hace años, los Goya suben de espectadores respecto a los dos últimos años. 

Las películas nominadas de este año destrozan, además, otro argumento que siempre usan: que a nadie le interesan las películas que se premian y que son una panda de subvencionados deficitarios. Pues bien, repasemos las películas ganadoras y nominadas de los Goya a ver qué ha pasado este año en el que llevan con la cantinela una semana. Las cinco nominadas a Mejor película recibieron 5,2 millones de euros. Su recaudación conjunta es de casi 12,5 millones de euros.

La ganadora, Los domingos, según la web del ICAA, recibió un millón de euros de las ayudas a la producción. Su recaudación en estos momentos, sin tener en cuenta lo que haga tras su arrase en los premios, es de 4.279.000 euros. Pasamos a Sirat, que recibió 1,2 millones. Ha recaudado tres millones de euros. La cena recibió de las arcas públicas un millón. Ha recaudado 3,7 millones de euros. Romería recibió 1,2 millones. Ha hecho en taquilla 1,8. Sorda logró una recaudación de 740.459 euros, casi lo mismo que su subvención: 800.000 euros.

De las nominadas a Mejor película, solo Maspalomas recauda algo menos que su ayuda: 730.000 euros frente a 1,2. Este año hasta un documental como Tardes de soledad derriba el argumento: le dieron 291.550 euros de ayuda y ha recaudado 346.595 euros. A esas cifras de recaudación hay que sumar las ventas a plataformas, televisiones y a otros países, además del dinero generado en impuestos y puestos de trabajo de cada una de ellas. Y no pasaría nada si no hubieran recuperado el dinero que les han dado. Las ayudas públicas no deben medirse con un criterio de rentabilidad. Pero ya que ese argumento es el más usado por la derecha anti cine español, está bien saber que tampoco se cumple.

Nada mal para un cine que no interesa, para películas endogámicas que interesan solo a los miembros de la secta woke.

Si en las dos últimas semanas no has oído hablar de los therians, -adolescentes que sienten un vínculo especial con algún animal y se disfrazan y actúan como tal-, es que estás oficialmente a salvo de tendencias virales y de televisión de relleno. Porque no sabíamos nada de ellos, y desde hace unos días están por todas partes como si fuese un fenómeno masivo. Este fin de semana en varias ciudades españolas se habían convocado quedadas de therians pero lo que vimos fueron escenas incómodas de acoso y escarnio. 

Tras décadas viendo por nuestras calles a tribus urbanas de todo tipo, muchas salidas de los márgenes de internet, ¿por qué esta llama tanto la atención si hay apenas un puñado de personas con esta práctica en España? ¿Hay alguna intención política detrás? Hablamos de todo esto con Paloma Martínez Varela, periodista colaboradora de elDiario.es, y con Andrea Mezquida, psicóloga especializada en identidades queer.

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Esta semana una noticia nos ha conmocionado: el DAO de la Policía Nacional, el segundo al mando, ha sido denunciado por un caso de abuso sexual, con agresión incluida. La gravedad de los hechos se ve acrecentada por el cargo que ocupaba este señor, que por suerte ya ha dimitido. 

El caso es distinto al del alcalde de Móstoles, pero el sustrato siempre es el mismo: el patriarcado, una estructura social en la que los hombres siguen ostentando las posiciones de poder y autoridad, en todos los ámbitos, a pesar de los muchos avances que el feminismo ha logrado. Veinticinco años después del caso Nevenka la historias, las historias, siguen repitiéndose. 

Llevamos además unas semanas trágicas en lo que a violencia machista se refiere, con el asesinato de nueve mujeres y una niña de 12 años, hija de una de ellas. Seis de ellas además se encontraban en el sistema Viogen, que ha fallado estrepitosamente. 

Todo ello demuestra que como sociedad aún nos queda mucho camino que recorrer en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de que muchos lo nieguen y de que el feminismo sea utilizado como arma arrojadiza por la derecha y la ultraderecha, que no cree en la igualdad y que siempre se pone del lado del agresor. 

Sorprende que a estas alturas se diga que la del 36 fue “La guerra que todos perdimos”, como se afirma en el cartel de la XI Edición de Letras en Sevilla, dedicada en esta ocasión a debatir sobre nuestra contienda civil. Si lo asegura Pérez-Reverte, con lo que sabe, igual tiene razón. El problema, sin embargo, está en que quienes ganaron la guerra y disfrutaron de su triunfo durante cuarenta años no se enteraron de que, en realidad, la habían perdido. Dejémosles hablar para comprobarlo:

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Era el parte emitido, con una claridad espectacular, desde el Cuartel del Generalísimo el 1 de abril de 1939. Se evidenciaba en él, sin lugar a dudas, quiénes se habían alzado con la victoria: “las tropas nacionales”; y quién había perdido: el “Ejército Rojo”, que había quedado “cautivo y desarmado”. ¿Empezaba la paz? No, empezaba la Victoria sobre los vencidos.

Y a los vencedores les quedaba mucho trabajo por delante. Había mucho que matar, mucho que prohibir, mucho que eliminar, mucho que marginar para que la “España sana” acabara imponiéndose a la “desviada”. Era un tiempo de regeneración nacional: el tiempo de acabar con el movimiento obrero, los partidos políticos, los sindicatos, las elecciones libres, las leyes y las instituciones democráticas, los avances igualitarios… todo aquello que formaba parte de la “España caduca”. Se iniciaba una larga dictadura, represiva y criminal, como resultado de una sublevación militar, largo tiempo preparada y alentada por tramas civiles y poderes oligárquicos, para acabar por el terror con las libertades públicas más elementales.

Con el paso del tiempo, y tras una accidentada recuperación de la democracia, las cosas se fueron suavizando. Se imponía la reconciliación; y lo que en principio fue una victoria de la verdadera España contra los rojos, se transformó en un trágico enfrentamiento entre españoles, cuando las “dos Españas” entraron en conflicto. Con lo cual las culpas por la tragedia colectiva se repartieron por igual entre los combatientes de ambos bandos: entre quienes se defendieron de un de un golpe de Estado que salió a medias y acabó en guerra civil (los que perdieron); y los que impusieron a sangre y fuego la España fascista que perseguían los sublevados contra la República. Y, como todos tuvieron responsabilidades en lo que pasó, lo mejor que se podía hacer era olvidarlo, para no reabrir viejas heridas. 

Para eso precisamente estaban las cunetas de los caminos: para que esas viejas heridas pudieran custodiarse a perpetuidad. Hasta que una izquierda, supuestamente revanchista, impuso las leyes de memoria y las fosas de los vencidos empezaran a abrirse, sacando a la luz los restos de tantos asesinados que, hasta ese momento, habían carecido de historia, de nombres y de familiares que ni siquiera pudieron decir en tiempos de silencio que los echaban de menos.

Mucho me temo que hablar de “la guerra que todos perdimos” no sea otra cosa que volver a echar tierra sobre la verdad histórica de nuestra guerra civil; un intento fallido de retornar a ese marco mental equidistante que hoy ya no se sostiene y que prefigura un debate trucado del que muchos, que en principio lo aceptaron, han decidido darse de baja. Y con toda la razón del mundo, aunque esto a Pérez-Reverte le incomode.

En su opinión, la prueba de que en el 36 todos perdimos está en que, noventa años después, “todavía seguimos enredados en esta basura”. No lo tengo tan claro. Tal vez lo que está ocurriendo en gran parte de la sociedad española es una sana reacción contra la sobredosis de olvido que se ha venido sembrando para ocultar y/o justificar un golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura feroz que nos dejó durante decenios en una permanente minoría de edad política.  

Y esta desmemoria cultivada con esmero, también en la enseñanza, durante decenios para “tener la fiesta en paz” es la que ha acabado produciendo una generación de jóvenes que añoran, sin haberla conocido, la España del Caudillo. Con la complacencia de las derechas hispanas, dispuestas al parecer a dejar que los niños se acerquen a ella. El fin de campaña electoral aragonesa de Jorge Azcón, con los Meconios, deseosos de volver al 36, y un agitador de la extrema derecha como Vito Quiles (ejemplo de libertad de expresión para el PP), ¿es una simple anécdota? ¿O marca el rumbo que va a seguir el partido de Feijóo, mancomunado con el de Abascal? La pregunta es puramente retórica.