El ex presidente de Sniace Blas Mezquita ha sostenido, como ya hizo en el primer juicio por los vertidos de la fábrica al río Saja Besaya entre 2008 y 2010, que la empresa estaba autorizada a hacerlos de forma transitoria, amparada en la Autorización Ambiental Integrada, hasta que se construyeran las infraestructuras para conducirlos a la ría de San Martín.

Mezquita ha vuelto a testificar acusado de un delito contra el medio ambiente, junto a siete ex consejeros y el entonces director de Operaciones de la empresa, cerrada desde 2020, después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la vista y la sentencia en la que se les condenó hace cinco años.

La Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito contra el medio ambiente, pues cree que fue el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes, mientras que al entonces presidente de la compañía y al resto del consejo de administración les considera autores del citado delito, al entender que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

Durante su declaración, miembros del consejo de administración han insistido en que no se ocupaban de los asuntos ambientales, sino el también ex consejero y ex secretario Miguel Gómez de Liaño, que fue condenado por el Tribunal Supremo en 2010 por unos vertidos en 2006, cuando había sido revocado el permiso de la Confederación.

Según han explicado, era Gómez de Liaño, quien testificó la semana pasada -no lo hizo en el primer juicio-, el que informaba al Consejo de Administración en materia medioambiental cuando lo consideraba oportuno.

En sus declaraciones, han coincidido en asegurar que nunca tuvieron conocimiento de que los vertidos que se estaban haciendo pudieran ser peligrosos y en que toda información que les llegaba en materia medioambiental era a través de Gómez de Liaño. Asimismo han explicado que, tras el aviso del secretario de que si se continuaba vertiendo sobre el río se corría el riesgo de que Sniace “fuera reprochada”, el consejo de administración acordó que en caso de no aclararse el asunto, se parara la actividad de la fábrica. Sin embargo, han subrayado que nunca tuvieron constancia de ningún requerimiento o expediente sancionador en este sentido.

En 2008 Sniace obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas de su proceso industrial a la ría de San Martín, a través de un colector, mientras que al Saja Besaya solo podían ser de refrigeración o pluviales.

La fiscal mantiene que, a sabiendas de que no tenía autorización, Sniace siguió haciendo vertidos que alteraron la calidad de las aguas, sin respetar los parámetros de la AAI.

A preguntas del ministerio público, Mezquita ha recordado que esta autorización fue dictada por el Gobierno de Cantabria, que, según ha dicho, era “el competente” después de que la Confederación le trasladase el expediente.

En respuesta a un abogado de la defensa, el exdirigente de la fábrica ha señalado que la responsable en materia medioambiental de la empresa tenía una relación “muy directa” con el entonces secretario y que el jefe de operaciones se limitaba a “una labor de coordinación” en este asunto.

La fiscalía pide seis meses de prisión y 12.000 euros de multa

Según se avanzó en la primera jornada del juicio, la pena solicitada por la Fiscalía para cada uno de los acusados es de seis meses de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural en un año. Y reclama que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

Además de la Fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción y la Abogacía del Estado, que solicita casi 50 millones de euros de indemnización.

El juicio, a cargo de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander y que se celebra en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, concluirá este miércoles. 

Tras casi diez años peleando contra jueces y políticos, los vecinos de la barriada Guadalquivir de la localidad sevillana de Coria del Río no ven el final de un proceso que les está costando la vida. El archivo de la causa judicial impulsada por ellos mismos ha ahondado en su indignación, sintiendo que sus lamentos no llevan a nada para los organismos públicos.

Los vecinos afectados, representados por Rogelia Gómez, portavoz de la Asociación de vecinos afectados por tóxicos de Coria del Río, afirman que el efecto de los gases “es perjudicial para la salud sí o sí”. Por ello, tienen una sensación de que están presenciando su propia muerte. “Aquí nos están matando. Estamos muriendo como chinches”, exclama desesperada Gómez en conversación con este periódico.

Insiste en que la inhalación de gases tóxicos va a continuar siendo una constante en sus vidas, mientras que Catalina García, consejera de Salud hasta 2024 y actual titular de Medio Ambiente, y Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, no depurarán responsabilidades por el momento, según ha determinado el juzgado.

“Ocho muertos” en un mes

El origen del caso se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir alertaron de intensos olores a combustible que llegaban incluso al interior de sus casas, algo que habría provocado problemas de salud en numerosos afectados. Según se apuntó, los gases nocivos vendrían de una gasolinera próxima, lo que provocó la apertura de una investigación judicial por un presunto delito medioambiental. Aunque la causa fue archivada a finales de 2024, se reabrió después de que la Fiscalía confirmara la existencia de un “perjuicio comprobado en la salud y una afectación acreditada” en los vecinos.

“Ocho personas han muerto en este último mes, cuatro de ellas de muerte súbita, y tres en la misma calle”, lamenta la portavoz. Además, aseguran que hay una gran inactividad por parte de los médicos, que no quieren verse involucrados en este asunto. “Nunca habrá un informe forense que reconozca que las muertes son provocadas por la inhalación de los gases tóxicos”, afirma Gómez.

Durante el invierno, los vecinos afectados han tenido que tener las ventanas completamente abiertas por recomendación del SEPRONA, ya que el calor favorece la conservación de los gases tóxicos. “Pasamos los inviernos sin calefacción y las ventanas abiertas, da igual el frío que haga”, declara la portavoz. 

“No podemos dejar esta herencia”

El escrito, al que ha tenido acceso Sevillaeldiario.es, indica que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, “únicamente estaría procediendo a citar o valorar a aquellas personas cuyas analíticas dieron resultado positivo”. Además, pide “que se haga examen integral de todos los perjudicados”, en especial “a todos los menores afectados”.

Este último revés judicial les ha pillado por sorpresa, ya que Gómez asegura que “hay hasta 13 informes que nos avalan” pero que “no se han tenido en cuenta”. Por otro lado, indica que dilatar el tema solo beneficia a la Junta de Andalucía, que “se defiende con los equipos jurídicos de la Administración”, mientras que los vecinos tienen que pagar a sus abogados. Pese a todo, no van a cesar en su lucha y aseguran que “llegaremos al Supremo y Estrasburgo”, añadiendo que “no podemos dejar esta herencia”. 

La presidenta de la asociación de afectados indica que el asunto es “algo muy gordo que no interesa que vea la luz”, y acusa del drama medioambiental a las “negligencias políticas” que se suceden, acusándoles de ser “una panda de mafiosos”.

El fuerte oleaje de este invierno y primavera en el norte de Tenerife, casi sin precedentes con tanta constancia, ha dejado al descubierto una segunda tubería de gran calibre en la principal cala del Puerto de la Cruz, la histórica ciudad turística de esta comarca de la Isla: Playa Jardín. Canarias Ahora pudo fotografiar la boca de este segundo tubo que el Atlántico ha dejado a la vista de todos (al menos hace unos días), tras el que quedó en las mismas circunstancias el pasado febrero.

Se trata de un extremo en forma de boca o enlace con rosca, de las mismas dimensiones y prácticamente inmovible, que tenía continuación hacia la profundidad y que, si cualquier bañista o paseante por la orilla (algo muy habitual en esta playa) no lo apreciaba, suponía incluso un peligro de tropiezo o daño en los pies descalzos.

En febrero, y como muestra la foto y el vídeo que acompañan a estas líneas (que se difundieron mucho en redes), la tubería que dejó descubierta el mar en un invierno en el que se ha perdido o retirado muchas más arena de lo habitual era mucho más larga y con varias ramificaciones elevadas. En ese momento, el gobierno local indicó que desconocían la función de ese tubo y que lo retiraron, aunque no se aclaró su largo y si constaba en el ayuntamiento algún expediente sobre esta instalación.

Por lo indagado por Canarias Ahora entre exalcaldes y exconcejales con responsabilidad en Medio Ambiente, todo apunta a que se trata de hasta cuatro tuberías que se colocaron hace unos 30 años, a lo sumo. En principio, y según algunas de las personas consultadas, su función consistía en sacar la salmuera de la instalación del Loro Parque, que había incorporado o tenía previsto añadir las orcas a sus espectáculos con animales, pero sin total seguridad o evidencias.

Tampoco la dirección general de Costas o el Gobierno regional tienen constancia de expedientes sobre estas tuberías, lo que acrecienta el misterio en una playa que estuvo cerrada un año precisamente por vertidos fecales, lo que causó una gran polémica, desató protestas vecinales y de usuarios, dañó la imagen turística y ambiental del Puerto de la Cruz, Tenerife y, por ende, Canarias y hasta se utilizó para justificar, en parte, la moción de censura contra Marco González (PSOE) del 16 de agosto de 2024.        

De momento, y ya con pruebas de hasta dos tuberías de grandes dimensiones, se acrecienta el misterio de estos tubos en plena arena de una cala más que relevante en el Norte tinerfeño.  

Vuelven los vertidos fecales a uno de los parajes naturales y protegidos más bellos e importantes del Norte de Tenerife, el de Rambla de Castro, en Los Realejos. Así lo denuncia, en declaraciones a Canarias Ahora, Izquierda Realejera (IzR), formación que lleva años criticando estos hechos y que achaca a la “desidia y la dejadez del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el ayuntamiento”.

Según esta formación, estos vertidos de aguas fecales llevan “días, quizás semanas, produciéndose en esta parte de la costa local, debido a la obstrucción de los colectores en el sendero que viene de la urbanización La Romántica I. ”Podría tratarse de un hecho puntual, pero supone un ejemplo más de la desidia y la dejadez de las administraciones públicas. Muchos anuncios -censuran-, mucha publicidad, pero en esencia no les importa. Sólo se mueven si salen retratados en las redes sociales“, afirman.

Izquierda Realejera recuerda que lleva tiempo “avisando y poniendo en cuestión la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en los límites del paraje protegido de Rambla de Castro, concretamente en San Vicente”. Según explican, “a esta zona se va a enviar un caudal enorme de aguas negras, incluyendo las provenientes de nuevas urbanizaciones del Realejo Bajo. Los aliviaderos de la EBAR están directamente enfocados al barranquillo del paraje natural, que a su vez desemboca en la playa de Castro. Cualquier avería, fuga o incidencia –advierten- va a contaminar irremediablemente el entorno”. 

Asimismo, critican que, “para evitar que los vertidos sean vistos por la población, se pretende realizar un pozo absorbente para que sean indetectables, incluso para el personal de mantenimiento, con lo que, cuando haya nata, algo de grasa o malos olores en la playa, habría que acordarse de estos avisos”. Además, “para empeorar la situación y después de treinta años, aún sigue en vigor la posibilidad de construir un hotel pegado a Rambla de Castro, por más que se hayan hecho alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO) por partidos políticos, colectivos y asociaciones de dentro y de fuera del municipio, a las que no se les ha escuchado”, se quejan.

Rambla de Castro supone uno de los reductos verdes, con numerosas palmeras y otras especies, del Norte de Tenerife. Se sitúa entre el barrio de San Vicente y la célebre playa del Socorro, meca del surf en la comarca, aunque cerrada bastantes días en este invierno por las fuertes mareas y las alertas. El paraje se ubica justo debajo del famoso mirador de San Pedro y resulta muy visitado por su riqueza floral, de fauna (sobre todo de aves, pues suele anidar la paloma rabiche y turqué. Además, cuenta con las impresionantes playas (arenadas en verano o bajamar) de Castro y La Fajana, marcadas por las vistas al verde y la sensación de paraíso aislado pese al urbanizado Valle de La Orotava, con tantas tropelías de cemento.

El conflicto en el que se entrecruzan la comunidad científica, las administraciones y las empresas por los vertidos mineros al Guadalquivir ha entrado este martes en una nueva etapa, al dar el Ayuntamiento de Chipiona (gobernado por una coalición entre Unidos por Chipiona e IU) el paso de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo ello, tras un nuevo estudio científico en el que han participado profesores de las universidades de Cádiz, Granada y Sevilla que insiste en la creciente presencia de metales pesados, mientras las minas y el Gobierno andaluz –que ha dado las licencias– defienden la viabilidad de los proyectos.

La Universidad de Sevilla ha sido el escenario de una multitudinaria puesta en escena, en la que algunos de los investigadores que firman el último trabajo (publicado en la prestigiosa revista Oxford Academic) han sido arropados por ayuntamientos ribereños, ecologistas y representantes de los sectores pesquero y agrícola. El “miedo” que han expresado ha sido común: el empeoramiento del estado del río que provocará el aumento de vertidos de las minas Cobre Las Cruces y Los Frailes (la de Aznalcóllar) será una catástrofe ambiental que liquidará el medio de vida de miles de familias.

El punto de partida sería el que las autorizaciones de vertidos concedidas por la Junta de Andalucía “están mal hechas y no tienen fundamento científico”, lo que según el estudio “multiplicaría por diez” la contaminación que en estos momentos sufren el estuario y la desembocadura del Guadalquivir. Esto, denuncian los autores, “supone un riesgo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río, como la pesca, la acuicultura y la ganadería, y para la salud pública”.

Primera denuncia en la Fiscalía

Desde la Consejería de Industria, Energía y Minas, en cambio, defiende que las autorizaciones ambientales concedidas a ambos proyectos “garantizan el cumplimiento de los límites legales establecidos para el desarrollo de cualquier actividad ya sea agrícola, residencial, industrial o minera, entre otras”. Y se ha vuelto a poner el acento en que los proyectos mineros “cuentan con todos los informes y autorizaciones preceptivos que avalan el cumplimiento de la legalidad y de la normativa vigente, y tienen una especial vigilancia de la protección ambiental”.

En la misma línea se expresan las dos iniciativas mineras, que subrayan que cuentan con todos los permisos administrativos y ambientales necesarios. Desde ambas empresas se reitera que han sido sometidas a exhaustivos controles durante una tramitación oficial que se ha prolongado durante bastantes años.

Pero al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero (del partido Unidos por Chipiona), le convencen más los argumentos científicos que los administrativos, de ahí que haya dado el paso de presentar una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito ambiental que ha provocado la contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar, así como del estuario del Guadalquivir. “Esto va por donde tiene que ir, que es por lo penal, espero que la Fiscalía tome medidas”, ha insistido Aparcero, que ha alertado de los efectos sobre la salud y del impacto económico de este problema.

El regidor ha abierto la posibilidad al resto de colectivos y administraciones presentes a sumarse a esta denuncia, aunque inicialmente lo que se barajó es que cada parte presentara la suya propia. De hecho, la organización de consumidores Facua ha anunciado que irá por su parte al apreciar riesgos graves para la salud y la seguridad alimentaria, por lo que ha instado a la Fiscalía a tomar medidas cautelares en aplicación del principio de precaución.

Comité científico y moratoria

Aparcero es una de las voces que más alto está hablando dentro del frente común que se ha creado, que incluye a organizaciones agrarias como COAG y cofradías de pescadores, además de los por los ayuntamientos gaditanos de Chipiona, Rota (PSOE), Sanlúcar de Barrameda (IU) y Trebujena (IU). También están las localidades sevillanas de Camas (PSOE), Coria del Río (Andalucía por Sí), Isla Mayor (PSOE), Lebrija (PSOE), Los Palacios (IU) y La Puebla del Río (DeLaPuebla e IU), un conglomerado que hace un año entregó una carta a Juan Manuel Moreno en San Telmo con una doble petición que se mantiene: crear un comité científico independiente que analice la salud del río y, mientras tanto, que se aplique una moratoria que paralice los proyectos mineros.

En cuanto al artículo ahora publicado –el último de una larga serie de investigaciones en esta línea–, califica de “simplistas” los modelos de impacto utilizados por las empresas y la administración, porque no integran el papel de los sedimentos, la biota ni los efectos acumulativos y sinérgicos de dos vertidos coincidiendo en la misma zona. Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y primer firmante del estudio, ha desgranado que se está produciendo una “contaminación con efectos ecotóxicos” no sólo Guadalquivir abajo desde los puntos de vertido, sino también aguas arriba entre La Puebla del Río, Sevilla y la presa de Alcalá del Río.

Los autores hablan de concentraciones de cientos de kilos de metales como zinc, cobre, arsénico y níquel, cuyas partículas contaminadas permanecen durante largos periodos dentro del estuario, lo que dificulta su exportación hacia el mar abierto. El trabajo recuerda, además, que la exposición crónica a estos contaminantes se ha vinculado en la región a problemas como mayor riesgo de cáncer de vejiga o efectos sobre el desarrollo cognitivo infantil, “lo que refuerza la preocupación por las descargas en un entorno densamente poblado”.

Las empresas se defienden

En cuanto a las compañías que están en el punto de mira, Cobre Las Cruces esgrime que su nuevo proyecto ha sido sometido a “un examen exhaustivo y muy exigente” por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. De paso, se recuerda que el pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó una denuncia de Ecologistas en Acción y validó las autorizaciones ambientales recibidas, además de rechazar los informes universitarios sobre un presunto daño ambiental al Guadalquivir derivado de la actividad de la mina.

“Cobre Las Cruces cumple escrupulosamente todas las obligaciones de la normativa en materia ambiental”, añade. Y también esgrime un estudio universitario, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Sevilla, que concluye que su actividad industrial “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Este análisis técnico ha sido minimizado por los autores que insisten en el riesgo de los vertidos, ya que consideran que sido encargado y pagado por la propia empresa.

Desde Minera Los Frailes, que recibió el pasado mayo el permiso definitivo, se resalta por los estudios realizados en los últimos diez años “descartan cualquier riesgo de contaminación en el río Guadalquivir asociado al proyecto de Aznalcóllar”. “Los niveles resultantes del vertido tratado se situarán muy por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental vigente, una de las más exigentes del mundo”, a lo que añade que el sistema contará con controles diarios en varios puntos del río y revisiones periódicas de los datos por parte de un ente externo e independiente.

Asimismo, se recuerda que este proyecto “es la solución para abordar el pasivo ambiental existente en la zona de Aznalcóllar, consecuencia de la actividad minera del pasado”. Esto permitirá restaurar “de forma definitiva” alrededor de 600 hectáreas afectadas por la minería histórica, “resolviendo un problema ambiental heredado y recuperando el entorno para el futuro”.

A las ocho y media de la mañana del pasado 18 de febrero, un camión cisterna con cabina de color verde transitaba por una pista próxima al Castro Marcelín, en Agolada, interior de la provincia de Pontevedra. No mucho antes, media hora según un testigo presencial, ese mismo camión salía de las inmediaciones de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Bandeira, también en Pontevedra. Según la denuncia presentada por la agrupación Ecoloxistas Galiza Verde e Atlántica ante el Seprona, basada en los testimonios de vecinos, el vehículo cargo allí los lodos que vertería a 36 kilómetros en fincas de Agolada. “Presumiblemente sin tratamiento previo”, al contrario de lo que prescribe la normativa. La empresa de residuos aludida en la demanda, Agroamb -según la denuncia, el rótulo figuraba en la cabina del camión-, niega “descargar nada” en el foso de purines señalado por los ambientalistas y no tiene constancia de ninguna denuncia.

Agentes del Seprona y de Augas de Galicia de la Xunta no tardaron en personarse en el lugar, explica una portavoz de los ecologistas. Aun así, añade, al día siguiente hubo nuevas descargas en los mismos prados. Fueron además jornadas de lluvias intensas que sucedían a semanas de borrascas en Galicia, lo que convierte en todavía más dañinos los vertidos. “Las tierras estaban empapadas, saturadas de agua”, sostiene esa misma portavoz, “y depositar lodos en esas condiciones resulta aún más perjudicial”. Según el texto de la denuncia, que aporta además varias imágenes -alguna reproducida en esta información-, la aplicación de “cualquier fertilizante en estas condiciones maximiza la contaminación por nitratos y otros contaminantes, aérea y de acuíferos”.

Además de en los campos, el camión avistado por los vecinos de Agolada también vació su cisterna en una balsa sin cerrar, sin paredes recubiertas ni ningún tipo de impermeabilización. “Existe la obligación de que las estructuras de almacenamiento de purines sean estancas e impidan pérdidas y que estén cerradas con vallas por bioseguridad y prevención de accidentes”, dice la demanda. No es el caso, a juzgar por las fotografías aportadas.

El escrito registrado ante el Seprona por Ecoloxistas Galiza solicita que se compruebe “el tacógrafo del vehículo de la empresa Agroamb que estuvo cargando residuos en la planta de Frigoríficos Bandeira y del Edar de Bandeira para verificar si los kilómetros recorridos y el tiempo de circulación concuerdan con un trayecto directo desde los lugares de carga hasta los de descarga en las proximidades del Castro Marcelín. En el posible trayecto no existe planta de tratamiento de residuos”. Los ecologistas quieren que los agentes medioambientales de la Guardia Civil averigüen si el mencionado vehículo “pasó por una planta de tratamiento de residuos antes de hacer el vertido”.

Agroamb, cuya planta de gestión de residuos orgánicos está en Castro de Rei (Terra Cha, Lugo), a una hora y cuarenta minutos de distancia de Bandeira y a una hora y diez de Agolada, insiste en negar toda relación con lo sucedido. “En nuestras instalaciones tratamos los residuos sólidos o líquidos, que transformamos en fertilizantes, sólidos o líquidos”, señalan fuentes de la compañía, “a nosotros también nos perjudican las malas prácticas que puedan estar haciendo otros”.

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y ante Medio Natural vertidos realizados en la Yasa Majillonda, en la localidad de Pradejón. Como asegura el colectivo en un comunicado, “las parcelas 196, 45, 46 y 101 del polígono 9 de Pradejón, donde se almacenan restos de compost del champiñón, se encuentran sin impermeabilizar pudiendo contaminar las aguas que discurren por la yasa Majillonda”.

Puntualizan que a esta yasa no llegan lixiviados procedentes de la planta de reciclaje o, al menos, no han localizado ningún punto concreto, pero “el camino que discurre desde la parcela 196 a la parcela 283 del polígono 9 se encuentra completamente cubierto de restos de compost del champiñón, dado que la yasa es el punto bajo las aguas sucias acaban en este cauce torrencial”.

Para Amigos de la Tierra, “la degradación de la presente zona esteparia de Pradejón es absoluta”, algo motivado en gran medida, según señalan “por el empleo indiscriminado de compost en parcelas de esta misma zona, la visión negativa hacia las áreas esteparias de la sociedad, el desinterés de la administración por dotarlas con figuras efectivas de protección”.

“Este empleo indiscriminado de compost ha provocado una gravísima alteración en el medio natural, que difícilmente permite el mantenimiento de especies esteparias”, pero “si no fuera poco, las aguas de la yasa Majillonda se contamina con altísimos contenidos de materia orgánica en cuanto se producen lluvias”.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja indican, por todo ello, que han pedido que se adopten medidas “para acabar con la contaminación de las aguas de la Yasa Majillonda”. En concreto, reclaman instar a la planta de reciclaje de compost de Pradejón a “impermeabilizar la totalidad de las fincas que emplean, a recoger la totalidad de los lixiviados en balsas y a instalar sistemas para lograr que las ruedas de los camiones no esparzan el compost por los caminos, que acaban por contaminar la Yasa Majillonda con precipitaciones mayores que las de hoy se producirán lixiviados”.

No més inspectors deambulant sense un objectiu fix, intentant separar el gra de la palla. És l'objectiu del Govern, que, a partir del mes de març, presentarà una nova eina que permetrà localitzar qualsevol abocament sòlid il·legal, en la seva majoria provinent del sector de la gestió de residus. Quan els inspectors surtin al carrer a fer el seu treball ja comptaran amb les dades exactes del lloc on s'ha comès el delicte i del volum del mateix i, per tant, podran actuar amb més diligència.

Un conveni gratuït signat amb l'empresa Elohawk S.L per un període inicial de sis mesos ampliable a dos anys permetrà utilitzar aquesta eina basada en Intel·ligència Artificial, en desenvolupament continu, que detectarà tots els abocaments sòlids, via satèl·lit, en qualsevol emplaçament que es trobin. El seu desenvolupador, fundador i CEO de Elohawk S.L., Eduardo López, assegura a eldiario.es que, amb aquest mètode, “que ja està sent sol·licitat a nivell nacional i europeu, no quedarà cap abocament sense identificar, el que facilitarà la labor inspectora i sancionadora”

A López li va sorgir la idea treballant. És instructor de procediments sancionadors en un organisme dependent de la Conselleria d'Indústria. “Arran de parlar amb els inspectors i veure la situació actual dels únics mitjans que hi havia per a detectar els abocaments il·legals, que és bàsicament actuar per denúncies o per inspeccions aleatòries, em va semblar que era tremendament ineficient i que no anàvem a poder abastar, ni des de lluny, la realitat dels abocaments en Balears. Aquesta eina que he dissenyat és capaç de localitzar aquestes deixalles il·legals, en la seva majoria enderrocs, en qualsevol punt, per molt amagats que es trobin”, explica a elDiario.es.

Arran de parlar amb els inspectors i veure la situació actual dels únics mitjans que hi havia per a detectar els abocaments il·legals, que és bàsicament actuar per denúncies o per inspeccions aleatòries, em va semblar que era tremendament ineficient i que no anàvem a poder abastar, ni des de lluny, la realitat dels abocaments

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L

Per a confeccionar aquesta startup s'han utilitzat imatges aèries de l'Institut Cartogràfic de l'arxipèlag i del Pla Nacional d'Ortofotografia Aèria, que es renoven cada dos anys, per a entrenar una sèrie d'intel·ligències artificials. “Jo mateix les he dissenyat perquè poguessin fer el que bàsicament puc fer jo buscant els residus, però d'una manera molt més eficient, en grans extensions de terreny i així tenir una imatge real de com està la situació”, assegura López.

El processament de totes les dades obtingudes és la clau de l'èxit d'aquesta nova eina. “Utilitzo arquitectures conegudes –estructures de IA– i arquitectures pròpies que he creat jo de visió per computació per a processar totes les dades. Ja són més de 360 mil imatges de tota Espanya amb les quals estic treballant. Amb elles he creat una sèrie de màscares que són la localització precisa de la informació que em donen aquestes imatges. D'elles tinc 30.000 també”, explica el desenvolupador.

“Perquè es puguin fer una idea, en 2025 teníem un total de 114 denúncies per abocament de residus o gestió incorrecta d'aquests. Entenem que hi ha molts més trencaments de la llei. Obtindrem una quantificació en cadascun dels punts”, expliquen des de la Conselleria d'Indústria. Les dades aportades per l'Administració podran ser tractats per Elohawk S.L. amb finalitats estrictament vinculades al projecte. L'empresa, per part seva, informarà periòdicament sobre l'evolució del sistema i els resultats obtinguts.

López assegura que, fins al moment, ja s'han detectat “més de 1.000 punts d'abocaments il·legals”. L'aplicació ja ha estat sol·licitada per una altra Comunitat Autònoma, a pesar que encara no s'ha presentat oficialment. “Les negociacions estan ja molt avançades. A més, aquesta setmana s'ha interessat un país de la Unió Europea. La idea és implantar-ho a tota Europa”, relata López sense voler concretar més fins al moment i molt satisfet amb els resultats que està podent obtenir fins a la data.

Ha estat una labor titànica la que López ha dut a terme des de fa uns 10 mesos. “Tot el meu temps lliure, el 100% del temps quan surto del treball, l'he dedicat a això. Gairebé de manera obsessiva i compulsiva”, adverteix. “Veig un problema i automàticament em poso a buscar la solució. És la meva manera de veure la vida”, assegura a elDiario.es. Fa mesos va sortir a la llum un altre dels seus invents, que li estarà fent la vida més fàcil a moltes persones: un sistema per a tocar l'ukelele per a persones amb discapacitat. “El meu objectiu és la solució, no ho faig pels diners”, postil·la.

Tot el meu temps lliure, el 100% del temps quan surto del treball, l'he dedicat a això. Gairebé de manera obsessiva i compulsiva. Veig un problema i automàticament em poso a buscar la solució. És la meva manera de veure la vida

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L

“Ara els caçarem”

Segons especifica el CEO de Elohawk S.L. en converses amb aquest diari, el departament en el qual treballa com a funcionari té la suficient capacitat inspectora per a fer front a la quantitat de processos que es poguessin derivar de l'ús d'aquesta eina. “Hi ha personal suficient per a fer el treball, el que no hi havia era una sistema fiable perquè poguessin desenvolupar la seva labor amb més eficàcia. És increïblement ineficient posar a centenars d'inspectors a buscar perquè, entre altres coses, no saps on estan els residus. El problema és que no existia una eina que et permetés detectar-lo en grans extensions. Ara, pots veure el lloc exacte on estan, l'àrea que ocupen i fer una estimació del seu volum. Per tant, pots prioritzar a quins anar primer”, concreta.

És increïblement ineficient posar a centenars d'inspectors a buscar perquè, entre altres coses, no saps on estan els residus. El problema és que no existia una eina que et permetés detectar-lo en grans extensions. Ara, pots veure el lloc exacte on estan, l'àrea que ocupen i fer una estimació del seu volum. Per tant, pots prioritzar a quins anar primer

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L.

Per part seva, fonts de la Conselleria d'Indústria asseguren a elDiario.es que, fins ara, s'actua d'ofici quan en visita rutinària es detecta que hi ha “alguna cosa” al marge de la llei. “Es posa en coneixement, a través d'actes, de la policia local, del SEPRONA i dels agents de Medi Ambient, amb els que hi ha acordats un pla d'inspecció. Una vegada rebuda la denúncia, s'informa i es procedeix a corroborar presencialment l'existència d'aquest residu il·legal. S'inicia un expedient sancionador on s'exposen els fets comprovats i, sobre la base de la llei, es quantifiquen les accions. Després hi ha un període d'al·legacions”, especifiquen.

La Llei de Residus, tant la balear com la nacional, dona la potestat d'inspecció i sanció davant incompliments de la llei per qüestions d'abocaments il·legals a la Conselleria d'Indústria balear, de la qual depèn la Direcció General i el Departament de Residus, que compta amb un servei jurídic que instrueix els expedients sancionadors.

Quant als responsables d'aquests abocaments, López assegura que els enderrocs no sols procedeixen d'obres il·legals, com en un principi es podria pensar, sinó de la gestió dels residus per part d'obres totalment legals. “Les constructores normalment contracten altres empreses que es dediquen al tractament dels enderrocs. No obstant això, aquestes empreses de gestió de residus no estan fent les coses com correspon. Ho estem veient”, assegura.

“Algunes empreses de gestió de residus, que cobren a les constructores per desfer-se d'ells, aboquen l'enderroc a terrenys no aptes per a aquest fi i en molts casos sense permís de la propietat. Els mateixos transportistes en lloc de portar els residus a la planta de tractament corresponent, els llancen il·legalment. La finalitat d'aquesta picardia és estalviar-se aquest cost. Però ara els tenim localitzats”, afirma López.

Algunes empreses de gestió de residus, que cobren a les constructores per desfer-se d'ells, aboquen l'enderroc a terrenys no aptes per a aquest fi i en molts casos sense permís de la propietat. Els mateixos transportistes en lloc de portar els residus a la planta de tractament corresponent, els llancen il·legalment

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L

“A més, el mal no és només per al medi ambient, sinó també per a les persones a les quals els aboquen residus en les seves pròpies parcel·les sense coneixement. En aquests casos la llei els obliga a retirar-los, però no se'ls sanciona com al que enxampem abocant directament”, precisa el CEO de Elohawk S.L. “L'aplicació et permet localitzar a gestors de residus que no estan actuant com es deu. Hi ha molts casos d'aquest tipus, ho he pogut comprovar a les imatges i ara els caçarem. Pots veure que hi ha maquinària a les parcel·les per a moure aquests residus, per exemple; els indicis són molts”, explica sense voler concretar més detalls.

“La nova eina també detecta residus d'aparells elèctrics, electrònics, munts d'asfalt… No podem detectar un abocament de líquids, però en identificar els residus, normalment, ja pots detectar la resta d'abocaments per l'estat del sòl. Seria un fil del qual tirar”, argumenta.

Competència deslleial

A més, aquests incompliments de la Llei de Residus produeixen una competència il·legal en el sector. “Els que gestionen pitjor cobren més barat a costa del medi ambient i de tots nosaltres. Això ha de parar”, urgeix el fundador de Elohawk S.L. López assegura que, així mateix, la possible demora de les sancions en els casos de les empreses o particulars que cometin aquest tipus de delictes no és el més important. “Perquè les multes arribaran prest o tard. A més, els delictes començaran a disminuir si ja saben que estem veient-los i vigilant-los”, argumenta.

El desenvolupador d'aquesta startup preveu que, donats els resultats que s'estan obtenint en el procés d'encreuament de dades i imatges, les instàncies d'inspeccions es dispararan. “Una vegada identificats els punts, es posen les dades al servei de les administracions públiques perquè els ajuntaments puguin actuar en el marc del seu propi municipi”, explica.

Quan comenci a funcionar la startup es calibrarà el sistema a través d'una inspecció dels primers punts per a verificar que l'eina està funcionant bé. “Una vegada que tinguem totes aquestes dades, proposarem una campanya específica, començant pels més greus, per a iniciar els expedients sancionadors que corresponguin”, afegeix el desenvolupador de l'eina.

Dels 114 expedients oberts en 2025 per abocaments il·legals per part de la Conselleria d'Indústria del Govern balear, 35 han estat ja efectivament sancionats. Un total de 92 d'ells estan en aquests moments en període d'al·legació, segons la Conselleria d'Indústria.

No más inspectores deambulando sin un objetivo fijo, intentando separar el grano de la paja. Es el objetivo del Govern, que, a partir del mes de marzo, presentará una novedosa herramienta que permitirá localizar cualquier vertido sólido ilegal, en su mayoría proveniente del sector de la gestión de residuos. Cuando los inspectores salgan a la calle a hacer su trabajo ya contarán con los datos exactos del lugar donde se ha cometido el delito y del volumen del mismo y, por lo tanto, podrán actuar con más diligencia. 

Un convenio gratuito firmado con la empresa Elohawk S.L por un periodo inicial de seis meses ampliable a dos años permitirá utilizar esta herramienta basada en Inteligencia Artificial, en desarrollo continuo, que detectará todos los vertidos sólidos, vía satélite, en cualquier emplazamiento que se encuentren. Su desarrollador, fundador y CEO de Elohawk S.L., Eduardo López, asegura a elDiario.es que, con este método, “que ya está siendo solicitado a nivel nacional y europeo, no va a quedar ningún vertido sin identificar, lo que facilitará la labor inspectora y sancionadora”. 

A López le surgió la idea trabajando. Es instructor de procedimientos sancionadores en un organismo dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. “A raíz de hablar con los inspectores y ver la situación actual de los únicos medios que había para detectar los vertidos ilegales, que es básicamente actuar por denuncias o por inspecciones aleatorias, me pareció que era tremendamente ineficiente y que no íbamos a poder abarcar, ni de lejos, la realidad de los vertidos en Balears. Esta herramienta que he diseñado es capaz de localizar estos desechos ilegales, en su mayoría escombros, en cualquier punto, por muy escondido que se encuentre”, explica a elDiario.es.  

A raíz de hablar con los inspectores y ver la situación actual de los únicos medios que había para detectar los vertidos ilegales, que es básicamente actuar por denuncias o por inspecciones aleatorias, me pareció que era tremendamente ineficiente y que no íbamos a poder abarcar, ni de lejos, la realidad de los vertidos

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L

Para confeccionar esta startup se han utilizado imágenes aéreas del Instituto Cartográfico del archipiélago y del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que se renuevan cada dos años, para entrenar una serie de inteligencias artificiales. “Yo mismo las he diseñado para que pudiesen hacer lo que básicamente puedo hacer yo buscando los residuos, pero de una manera mucho más eficiente, en grandes extensiones de terreno y así tener una imagen real de cómo está la situación”, asegura López.

El procesamiento de todos los datos obtenidos es la clave del éxito de esta nueva herramienta. “Utilizo arquitecturas conocidas –estructuras de IA– y arquitecturas propias que he creado yo de visión por computación para procesar todos los datos. Ya son más de 360 mil imágenes de toda España con las que estoy trabajando. Con ellas he creado una serie de máscaras que son la localización precisa de la información que me dan esas imágenes. De ellas tengo 30.000 también”, explica el desarrollador. 

“Para que se puedan hacer una idea, en 2025 teníamos un total de 114 denuncias por vertido de residuos o gestión incorrecta de los mismos. Entendemos que hay muchos más quebrantamientos de la ley. Obtendremos una cuantificación en cada uno de los puntos”, explican desde la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. Los datos aportados por la Administración podrán ser tratados por Elohawk S.L. con fines estrictamente vinculados al proyecto. La empresa, por su parte, informará periódicamente sobre la evolución del sistema y los resultados obtenidos.

López asegura que, hasta el momento, ya se han detectado “más de 1.000 puntos de vertidos ilegales”. La aplicación ya ha sido solicitada por otra Comunidad Autónoma, a pesar de que aún no se ha presentado oficialmente. “Las negociaciones están ya muy avanzadas. Además, esta semana se ha interesado un país de la Unión Europea. La idea es implantarlo en toda Europa”, relata López sin querer concretar más hasta el momento y muy satisfecho con los resultados que está pudiendo obtener hasta la fecha.

Ha sido una labor titánica la que López ha llevado a cabo desde hace unos 10 meses. “Todo mi tiempo libre, el 100% del tiempo cuando salgo del trabajo, lo he dedicado a esto. Casi de manera obsesiva y compulsiva”, advierte. “Veo un problema y automáticamente me pongo a buscar la solución. Es mi manera de ver la vida”, asegura a elDiario.es. Hace meses salió a la luz otro de sus inventos, que le estará haciendo la vida más fácil a muchas personas: un sistema para tocar el ukelele para personas con discapacidad. “Mi objetivo es la solución, no lo hago por el dinero”, apostilla.

Todo mi tiempo libre, el 100% del tiempo cuando salgo del trabajo, lo he dedicado a esto. Casi de manera obsesiva y compulsiva. Veo un problema y automáticamente me pongo a buscar la solución. Es mi manera de ver la vida

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L

“Ahora los vamos a cazar”

Según especifica el CEO de Elohawk S.L. en conversaciones con este diario, el departamento en el que trabaja como funcionario tiene la suficiente capacidad inspectora para hacer frente a la cantidad de procesos que se pudieran derivar del uso de esta herramienta. “Hay personal suficiente para hacer el trabajo, lo que no había era una sistema fiable para que pudieran desarrollar su labor con más eficacia. Es increíblemente ineficiente poner a cientos de inspectores a buscar porque, entre otras cosas, no sabes dónde están los residuos. El problema es que no existía una herramienta que te permitiese detectarlo en grandes extensiones. Ahora, puedes ver el sitio exacto donde están, el área que ocupan y hacer una estimación de su volumen. Por lo tanto, puedes priorizar a cuáles ir primero”, concreta.

Es increíblemente ineficiente poner a cientos de inspectores a buscar porque, entre otras cosas, no sabes dónde están los residuos. El problema es que no existía una herramienta que te permitiese detectarlo en grandes extensiones. Ahora, puedes ver el sitio exacto donde están, el área que ocupan y hacer una estimación de su volumen. Por lo tanto, puedes priorizar a cuáles ir primero

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía aseguran a elDiario.es que, hasta ahora, se actúa de oficio cuando en visita rutinaria se detecta que hay “algo” al margen de la ley. “Se pone en conocimiento, a través de actas, de la policía local, del SEPRONA y de los agentes de Medio Ambiente, con los que hay acordados un plan de inspección. Una vez recibida la denuncia, se informa y se procede a corroborar presencialmente la existencia de este residuo ilegal. Se inicia un expediente sancionador donde se exponen los hechos comprobados y, en base a la ley, se cuantifican las acciones. Después hay un periodo de alegaciones”, especifican.

La Ley de Residuos, tanto la balear como la nacional, da la potestad de inspección y sanción ante incumplimientos de la ley por cuestiones de vertidos ilegales a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía balear, de la que depende la Dirección General y el Departamento de Residuos, que cuenta con un servicio jurídico que instruye los expedientes sancionadores. 

En cuanto a los responsables de estos vertidos, López asegura que los escombros no solo proceden de obras ilegales, como en un principio se podría pensar, sino de la gestión de los residuos por parte de obras totalmente legales. “Las constructoras normalmente contratan a otras empresas que se dedican al tratamiento de los escombros. Sin embargo, estas empresas de gestión de residuos no están haciendo las cosas como corresponde. Lo estamos viendo”, asegura.

“Algunas empresas de gestión de residuos, que cobran a las constructoras por deshacerse de ellos, vierten el escombro en terrenos no aptos para este fin y en muchos casos sin permiso de la propiedad. Los mismos transportistas en lugar de llevar los residuos a la planta de tratamiento correspondiente, los arrojan ilegalmente. La finalidad de esta picaresca es ahorrarse este coste. Pero ahora los tenemos localizados”, afirma López. 

Algunas empresas de gestión de residuos, que cobran a las constructoras por deshacerse de ellos, vierten el escombro en terrenos no aptos para este fin y en muchos casos sin permiso de la propiedad. Los mismos transportistas en lugar de llevar los residuos a la planta de tratamiento correspondiente, los arrojan ilegalmente

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L

“Además, el daño no es solo para el medio ambiente, sino también para las personas a las que les vierten residuos en sus propias parcelas sin conocimiento. En estos casos la ley les obliga a retirarlos, pero no se les sanciona como al que pillamos vertiendo directamente”, precisa el CEO de Elohawk S.L. “La aplicación te permite localizar a gestores de residuos que no están actuando como se debe. Hay muchos casos de este tipo, lo he podido comprobar en las imágenes y ahora los vamos a cazar. Puedes ver que hay maquinaria en las parcelas para mover estos residuos, por ejemplo; los indicios son muchos”, explica sin querer concretar más detalles.

“La nueva herramienta también detecta residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, montones de asfalto… No podemos detectar un vertido de líquidos, pero al identificar los residuos, normalmente, ya puedes detectar el resto de vertidos por el estado del suelo. Sería un hilo del que tirar”, argumenta.

Competencia desleal

Además, estos incumplimientos de la Ley de Residuos producen una competencia ilegal en el sector. “Los que gestionan peor cobran más barato a costa del medio ambiente y de todos nosotros. Esto tiene que parar”, urge el fundador de Elohawk S.L. López asegura que, asimismo, la posible demora de las sanciones en los casos de las empresas o particulares que cometan este tipo de delitos no es lo más importante. “Porque las multas van a llegar tarde o temprano. Además, los delitos van a empezar a disminuir si ya saben que estamos viéndolos y vigilándolos”, argumenta.

El desarrollador de esta startup prevé que, dados los resultados que se están obteniendo en el proceso de cruce de datos e imágenes, las instancias de inspecciones se van a disparar. “Una vez identificados los puntos, se ponen los datos al servicio de las administraciones públicas para que los ayuntamientos puedan actuar en el marco de su propio municipio”, explica.

Cuando comience a funcionar la startup se calibrará el sistema a través de una inspección de los primeros puntos para verificar que la herramienta está funcionando bien. “Una vez que tengamos todos estos datos, propondremos una campaña específica, empezando por los más graves, para iniciar los expedientes sancionadores que correspondan”, añade el desarrollador de la herramienta.

De los 114 expedientes abiertos en 2025 por vertidos ilegales por parte de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear, 35 han sido ya efectivamente sancionados. Un total de 92 de ellos están en estos momentos en periodo de alegación, según la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. 

En pleno debate de reclamación al Estado de más competencias, un relevante organismo del Gobierno de Imanol Pradales, la Agencia Vasca del Agua (URA), acaba de proponer encomendar a una sociedad estatal (Tragsatec, adscrita a la Sepi) que asuma funciones en tareas como la gestión de los vertidos en 2026 y 2027. Y le pagará cerca de 250.000 euros cada uno de esos ejercicios. Se da la circunstancia de que en 2024 y 2025 se había realizado una encomienda similar y de que en 2024 también se tiró de Tragsatec para cubrir otras labores de aprovechamientos con un presupuesto de 446.437 euros.

“En la actualidad, la Agencia Vasca del Agua no dispone ni de recursos personales ni materiales propios suficientes para poder llevar a cabo los citados trabajos. Ante la situación expuesta, cabe acudir a la contratación externa de servicios o servirse de los medios propios de la Administración General del Estado [...] como Tragsatec”, expone el director de URA, Asier López, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que el encabezamiento del “encargo” a la entidad estatal arranca con la constatación de que el Estatuto de 1979, algunos de cuyos puntos pendientes se están negociando ahora entre los Gobiernos central y vasco, otorga al Ejecutivo autonómico competencias “exclusivas” en materia de Aguas siempre que sean cauces interiores. Se añade que ya en 1994 se formalizó el acuerdo para el traspaso de esas funciones y se agrega que en 2024 hubo un convenio para que URA asumiese también las labores de “Policía de Aguas” en cuencas vascas ero que discurran también por otros territorios.

El “encargo” plantea que la sociedad estatal Tragasatec, del grupo Tragsa, pueda proporcionar a URA “apoyo técnico” en “control y seguimiento” de vertidos autorizados o ilegales y “soporte técnico especializado y asesoramiento en la tramitación”. Según el responsable de la agencia vasca, con esta participación del Estado se “reforzará” la capacidad de gestión de los vertidos “mediante actuaciones tecnificadas que permitan una respuesta ágil, eficiente y ajustada”. Este acuerdo es para los años 2026 y 2027 -y ya ha entrado en vigor el 1 de enero- y se apunta a un presupuesto de 495.000 euros en total, pagaderos en dos tandas anuales.

En detalle, la encomienda da importantes misiones a la entidad estatal. Tragsatec, por ejemplo, “colaborará en la elaboración de los contenidos sobre el seguimiento de los vertidos de mayor afección y los avisos”. Dos ejemplos concretos que se citan son el control de los lixiviados y posibles filtraciones de lindano en el vertedero de Gardelegi, en Vitoria, o “detectar virus específicos en las aguas residuales urbanas como señal de la aparición de epidemias o pandemias”.

URA admite que incluso necesita de “apoyo externo” para despachar los expedientes de vertidos ilegales. “La tramitación de estos expedientes debe producirse dentro del plazo máximo de prescripción del hecho denunciado, que en cuencas intercomunitarias es de seis meses y en cuencas intracomunitarias y vertidos tierra-mar es de un año. Para poder ajustarse a estos tiempos, es necesario un apoyo externo que permita la coordinación eficiente entre todas las partes implicadas y la suficiente celeridad en la emisión de los trámites desde que se recibe la denuncia hasta que se resuelve su archivo o el expediente sancionador”, argumenta la Agencia Vasca del Agua.

Tragsatec trabajará, eso sí, bajo la dirección de las autoridades vascas. Se ha designado a Josu Perea, director del Dominio Público Hidraúlico de URA, como coordinador. URA tiene en 2026 un presupuesto de 66,1 millones de euros. Su plantilla está compuesta por 182 personas: cuatro altos cargos, doce funcionarios y 166 laborales. Su sede central está en la capital, en Vitoria.

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha apuntado este martes que el COnsistorio va a valorar la posibilidad de sanciones por el vertido de gasoil que ayer se produjo en la zona de Avenida de Colón, en el centro de la ciudad.

A preguntas este martes de los medios de comunicación, al término de la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, Celia Sanz ha ratificado que “desde el momento que tuvimos conocimiento de la noticia, se actuó por parte de los servicios competentes y en principio ya está todo solucionado”. “Ahora se está también estudiando, porque hay que tener en cuenta que en este caso hay que valorar la posibilidad de interponer sanciones una vez veamos quién ha sido el autor de ese vertido. Pero la situación ahora mismo está ya controlada”, ha apuntado.

En la tarde-noche de este lunes, desde el propio Ayuntamiento se informaba de que los bomberos de Logroño estaban trabajando “en detectar el origen de un posible vertido de gasoil en la zona de Avenida de Colón". Al mismo tiempo, se trasladaba “un mensaje tranquilizador porque se trata de un vertido no peligroso, no inflamable”.

En la misma comunicación se explicaba que “el olor a gasoil se está extendiendo a otras calles de la ciudad”, ante lo que se daban consejos como “tapar los conductos de los que procede el olor y cerrar esa habitación dejándola con ventilación natural”; o que “en aquellas comunidades de vecinos donde se esté produciendo el olor a gasoil, se solicita que revisen la caldera de la comunidad por si esta pudiera tener el depósito afectado”.

En torno a las 23 horas, el Consistorio informaba que “el origen del vertido ya ha sido localizado, en Avenida de Colón 33”, dándose la situación por “controlada”, al tiempo que se apuntaba que “se están realizando trabajos de dilución en punto para neutralizar daños agua abajo y se mantienen equipos para limpieza del vertido”.

La situación está controlada. A última hora de ayer lunes, el Ayuntamiento de Logroño informó de que el vertido se localizó en Avenida de Colón 33 y de que la situación estaba controlada. Los bomberos realizaron los trabajos de dilución en el punto para neutralizar daños agua abajo y se mantuvieron los equipos de limpieza.

Varias personas de Logroño comunicaron ayer por la tarde a SOS Rioja la presencia de un fuerte olor a gasoil en distntas zonas de la capital riojana, pero sobre todo en la calle Avenida de Colón. Tras los avisos, desde el Centro de Emergencias se informó a las Fuerzas de Seguridad y se movilizaron a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, con carácter preventivo.

Tras revisar la zona, los Bomberos de Logroño confirmaron que el origen del olor se debió a un vertido de gasolina en la red de saneamiento, lo que provocó la propagación de los olores en varias viviendas de la ciudad.

De esta forma, y hasta que la situación quede totalmente solucionada, los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño recomendaban ayer por la noche a la ciudadanía adoptar unas medidas preventivas para minimizar la entrada de olores en las viviendas:

Desde SOS Rioja explican que esta situación podría prolongarse durante varias horas. En cualquier caso, si existe cualquier duda sobre la posible presencia de gas real, recomiendan contactar con el teléfono de emergencias 112.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía por un posible delito penal a la empresa Carburo del Cinca en Monzón (Huesca) por el incumplimiento de los valores límite de emisión de vertidos en todas las analíticas que le ha efectuado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) entre 2024 y 2025. La noticia se dio a conocer hace tres meses, cuando la organización denunció la existencia de fango negro en el cauce del río, hechos que trasladó al Seprona, la CHE y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Desde abril del año pasado hasta el pasado mes de octubre, el organismo de cuenca efectuó siete analíticas del vertido de Carburo del Cinca al río homónimo, espacio protegido de la Red Natura 2000. En esas analíticas, a los que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, se contabilizan hasta 35 incumplimientos de valores límite de vertido otorgados en su autorización ambiental integrada. En algunos casos, como la conductividad, con cantidades que multiplican por diez los valores permitidos. También se ha detectado reiteradamente la emisión de sustancias no autorizadas, hasta seis, como cloroformo, 1-2 dicloroetano o benceno, todas ellas tóxicas.

Este periódico ha intentado obtener una versión de la empresa sobre esta información, pero hasta el momento no ha sido posible.

El vertido de lodos negros denunciado el pasado mes de octubre ha sido motivo de apertura de expediente sancionador, en el que está personado Ecologistas en Acción. La organización expresa su preocupación por no haberse tenido en cuenta que las analíticas efectuadas en 2024 y 2025 “reflejan un reiterado y generalizado incumplimiento de los límites de vertido”. En su escrito a Fiscalía, indica que las sanciones “deben guardar la debida adecuación entre la gravedad de los hechos y la multa aplicada”, y considera que para graduarse debe existir “intencionalidad o reiteración”.

La organización ecologista también denuncia que, en la actualidad, continua el vertido de sólidos en suspensión de color negro, que se van depositando en el lecho del cauce secundario y que “no corresponden a ninguna de las sustancias permitidas en su autorización ambiental integrada”.

En la denuncia a Fiscalía se indica a su vez que existe “una falta de diligencia o permisividad” de las distintas administraciones competentes en los episodios de contaminación de Carburo del Cinca. Por un lado, apunta a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que, a pesar de haber detectado incumplimientos repetidos en los vertidos, “no ha tomado las medidas necesarias para resolver la situación”. Por otro, el Gobierno de Aragón, responsable en materia de Industria, que “no ha instado a Carburo del Cinca a resolver el problema del vertedero de escorias, que desde al menos 2008 ha estado generando lixiviados tóxicos que terminan siendo vertidos al río”.

Diligencias penales

Por este motivo, se insta a la Fiscalía a “abrir diligencias penales por un posible delito ecológico atribuido a la industria, por la reiteración y gravedad de sus incumplimientos”. Asimismo, se solicita investigar las “posibles responsabilidades penales” en las que hayan podido incurrir las dos instituciones mencionadas “por la falta de aplicación de las legislaciones protectoras del medio ambiente”.

Los informes que emitió la CHE al respecto, sostiene Ecologistas en Acción, hablan de “características organolépticas incompatibles con el vertido en condiciones adecuadas con evidente afección al medio receptor. Esto no debería ser posible de seguir el protocolo que dice efectuar la empresa, de comprobación de cada lote antes de mandarlo a evacuación”. También indican que la industria incumplió el condicionado ambiental al no remitir los resultados trimestrales de las analíticas. Además, se habría producido otro vertido de características similares en abril, lo que motivó el inicio de otro procedimiento sancionador que está en trámite.

La Confederación requirió a Carburo del Cinca la limpieza del cauce, hecho que se produjo a finales de octubre, aunque nuevamente fue denunciada por la guardería fluvial debido a “la deficiente restauración del vertido”, al dejar acumulaciones de tierras con contaminantes en las márgenes del cauce

Los informes ambientales realizados por la CHE también indican que los límites de vertido “no están actualizados a la normativas europeas”, según la organización ecologista, dado que “en 2016 se publicó el documento de mejores técnicas disponibles para los vertidos de industrias químicas, a implementar en cuatro años”. Carburo del Cinca “no ha aplicado estas mejoras alegando que a su vertido se incorporan lixiviados de su vertedero de escorias”.

El único vertedero legal de La Gomera está en San Sebastián de La Gomera, su capital. Fue inaugurado hace poco más de veinte años en una zona limítrofe con el Monumento Natural del Barranco del Cabrito y a medio kilómetro de la costa. Es un lugar donde el viento arrecia. Por eso se levantó cerca de allí un aerogenerador en 2023. Y cuando las rachas son fuertes, una pequeña parte de la basura que llega al complejo ambiental termina en una playa, la de La Guancha, convertida desde hace tiempo en víctima frecuente de la contaminación por plásticos.

Cada “dos o tres semanas”, voluntarios recogen “más de 100, 150 kilos” de plástico ligero en ese tramo del litoral. El nivel de suciedad es “extremo”, según un mapa interactivo de la Asociación Gomera de Limpieza del Alma y del Medio Ambiente (Aglayma), una organización que limpia las playas de la isla de manera voluntaria desde 2018.

“Es bastante. Cuando hay viento, el plástico, particularmente las bolsas de los supermercados, sale del vaso (del vertedero) y se va distribuyendo por toda esta área”, lamenta Ugo Perruna, presidente de Aglayma. El complejo “es como un cráter”, continúa el hombre, “se tira toda la basura y después se entierra con tierra y arena. Pero quedan siempre huecos”. Y de ahí salen los restos que terminan en los alrededores del espacio.

Cuando regresan a la playa para realizar una nueva batida de limpieza, el panorama “siempre es el mismo”, afirma Perruna: “grandes cantidades de plástico” que él y su equipo recogen, separan y guardan en una caseta, para posteriormente introducirlo en un camión de la administración pública para reciclarlo. Sostiene que ha llegado a ver residuos incluso en las profundidades del mar.

En un vídeo publicado en redes sociales, Aglayma describe que un día se encontraba recogiendo “plástico flotante” del océano, cerca de La Guancha, cuando se encontró con una pareja de calderones tropicales, “una razón más para cuidar de nuestro mar”.

El Cabildo de La Gomera defiende que cuenta con un “programa específico” dotado con tres millones de euros al año de “limpieza de todo el entorno”. Un portavoz de la Corporación insular reconoce que “el viento de la zona hace que en ocasiones caiga material” del complejo ambiental, “de ahí que de forma asidua se hagan recorridos por la ladera y la zona de playa para su retirada”.

Añade que se realiza “al menos” una batida al mes, con grupos de entre cinco y diez trabajadores. Y agrega que “está conveniado” precisamente con Aglayma “acciones de concienciación con limpiezas en esa zona con participación ciudadana”. La previsión es continuar así hasta nuevo aviso. En época de vientos alisios, “siempre se refuerza” el servicio, remacha. “Tenemos la suerte de tener un complejo ambiental totalmente mimetizado”, puntualiza.

La alta presencia de basura es también señalada por senderistas que pasean por La Guancha. Fuentes de la Finca El Cabrito, ubicada a poco más de kilómetro y medio del vertedero, sostienen que sus clientes “se han quejado mucho, ya que suelen caminar hasta San Sebastián de la Gomera con regularidad”, observando los restos que escapan del complejo.

Incluso la propiedad llegó a presentar un escrito en instancias europeas, destacan, “ya que cuando hace viento, la basura queda esparcida por toda la ladera del barranco de La Guancha”, que forma parte del Monumento Natural del Barranco del Cabrito. Esas mismas fuentes puntualizan que el hotel ha alojado a personas que “participaban en la política europea”, y que esos clientes “trasladaron la problemática más allá de España”.

La respuesta recibida, sin embargo, fue “neutral”. Un simple “lo valoraremos y tendremos en cuenta, nada más”, concluyen desde la Finca El Cabrito.

La controversia central radica en la ubicación de este complejo ambiental, denominado El Revolcadero, en una isla que generó en 2020, el último año con datos actualizados, más de 12.600 toneladas de residuos, según el Plan Director de Residuos de La Gomera. La gran mayoría de esa basura estaba mezclada, sin reciclar.

La Gomera, de hecho, presenta “los porcentajes de reciclado más bajos de Canarias”, detalla ese documento. Y “todo esto puede ser debido”, precisa, a que el Cabildo no puso en marcha hasta abril de 2019 el servicio de recogida selectiva de papel y cartón, además de los envases ligeros, para todos los municipios de la isla.

“La isla tiene un déficit enorme en la gestión de residuos de todo tipo, siendo probablemente la que peor lleva la adaptación y cumplimiento de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, apuntala Guzmán Correa, consejero de Iniciativa por la Gomera en la Corporación insular, en la oposición.

El Revolcadero cuenta en estos momentos con una planta de transformación, prevé otra de transferencia para enviar la basura mezclada fuera de la isla, y también una instalación de compostaje con el objetivo de tratar entre 3.500 y 5.000 toneladas por año de restos orgánicos. La meta es lograr que solo el 10% de los residuos de la isla terminen depositados en vertederos para 2035. Con el modelo actual, el 80% de toda la basura generada termina haciéndolo.

La acumulación de desechos en el vaso del complejo provocó que el Cabildo de La Gomera declarara en 2020 la “amenaza inminente” de daño ambiental y para la salud pública a causa del “agotamiento apremiante” de la capacidad de vertido. El estado de la celda era “crítico”. El Gobierno canario encargó a la empresa TRAGSA por 6,5 millones de euros construir una nueva excluyendo el proyecto de la evolución ambiental preceptiva dada la “urgencia de la ejecución”. La Corporación insular dice que no tiene ninguna intención de trasladar su localización a otro punto de la isla.

“En su marco de planificación territorial como isla Reserva de la Biosfera, La Gomera no plantea en ningún caso un cambio de ubicación. Sería un sinsentido hacer eso, cuando lo que queremos es preservar nuestro territorio. La aparición de plásticos en la ladera y la playa sucede de forma puntual cuando se produce viento”, reitera un portavoz del Cabildo.

“Es que, efectivamente, una vez degradado un espacio, ¿qué vas a hacer? ¿Degradar otro?”, cuestiona Leyla Rodríguez, consejera del PSOE en el Cabildo. Rodríguez, que fue concejala en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, recuerda que el Consistorio rechazó el emplazamiento de El Revolcadero desde un principio “por su cercanía a la costa y al espacio natural protegido de El Cabrito”.

Esa área de influencia “iba a afectar, como así ha sido”, al entorno, insiste la consejera. Y el impacto ahora “es evidente”, resalta. “No tienes más que preguntar. Aquí hay mucha gente que practica montaña y turismo de senderismo. O actividades náuticas. Y te das cuenta de que los fondos (marinos) no están bien”, apunta.

Un informe de Ben Magec-Ecologistas en Acción firmado en 2003 concluyó que El Revolcadero se trata de una instalación “polémica” desde el principio, puesto que “ningún ayuntamiento estaba dispuesto a colocar la planta en su término municipal”.

San Sebastián de la Gomera manifestó “por unanimidad” su negativa en 1993, detalla ese informe. Pero el Gobierno de Canarias y el Cabildo aprobaron su instalación definitiva en ese lugar en 1996, ya con Casimiro Curbelo (Agrupación Socialista Gomera) al frente de la Corporación insular, puesto que continúa ocupando casi tres décadas después. “Se impuso su criterio”, critica Rodríguez.

El escrito de Ben-Magec indica que se produjo entonces una batalla legal entre el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y el Cabildo. El Consistorio presentó un recurso contencioso-administrativo y una denuncia ante la Comisión Europea alegando, entre otras cosas, “la inexistencia de autorización expresa de proyecto y la no inclusión de un estudio de alternativa de localización dentro del estudio de impacto ambiental”. En 2002, no obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el recurso.

“Con la proliferación de plásticos a la que nos ha llevado esta vida posmoderna, más los vientos dominantes en aquella zona (por algo han puesto allí parques eólicos), esto de que lleguen plásticos de forma constante a la playa de La Guancha y al barranco debería haberse contemplado en la redacción del proyecto”, expresa Correa.

“Tendrían que haber fijado unas medidas preventivas y correctoras para que esto no se diera”, añade. “(El Cabildo) está supeditando el cuidado medioambiental al voluntariado”, termina Rodríguez.

“¿Sabemos cuánto material se degrada entre batida y batida de limpieza? ¿Y cuánto queda como microplástico? ¿Sabemos cuánto material no se detecta en las batidas por estar escondido debajo de las piedras o cuánto cae directamente al mar? Basar estas actuaciones casi en exclusiva en el voluntariado puede ser contraproducente”, cuestiona Correa. Especialmente, dice, “conociendo a las autoridades gomeras, lo dadas que son a buscar soluciones fáciles que no aborden el problema desde un punto de vista integral”.

Actuaciones “motu proprio y de manera inexplicable, pues no disponían de instrucción alguna emitida por la empresa”. De esta forma arremetía la notificación de sanción de la compañía Urbaser que recibieron dos empleados, a los que la empresa responsabiliza de vertidos ilegales de aguas negras en el cantón de limpieza de Las Tablas, una actuación denunciada hace meses por Ecologistas en Acción después de que quedara captada en un vídeo. Trabajadores de la entidad insistieron en que “era una orden” y ahora este periódico ha tenido acceso a mensajes que prueban cómo el método irregular era conocido y aprobado por cargos superiores.

Así queda reflejado en conversaciones telefónicas entre el delegado de Urbaser David Lao y una capataz, a la cual la compañía ha abierto otro expediente sancionador con amenaza de despido o suspensión de empleo y sueldo entre 12 y 60 días. En los mensajes, anteriores a la trascendencia mediática del caso, la operaria trasladaba puntualmente al cargo de Urbaser las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en dos cantones, con imágenes de las prácticas acometidas en las que se dan cuenta de las aguas negras vertidas. “Limpia la arqueta de Quintanapalla [calle donde se ubica el cantón de Las Tablas]. Luego vemos cómo”, ordena Lao a esta trabajadora, que en la actualidad se encuentra de baja.

La capataz respondió a Lao preguntando por si lo que quería que sanearan era “el pocillo”, nombre coloquial con el que la plantilla se refiere a las arquetas que se abrieron para llevar a cabo esta limpieza irregular. La capataz envía varias fotos al delegado de Urbaser y explica que “se han limpiado las rejillas de Quintanapalla” o que “el martes se hizo Isla de Arosa [otro cantón del distrito de Fuencarral-El Pardo]”.

“Llevamos así más de año y medio, dos veces a la semana. Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”, denunciaba un trabajador del servicio municipal de recogida de residuos de Madrid sobre la dinámica en el cantón de limpieza del Ayuntamiento en Las Tablas, al norte de la capital.

Impacto al río Jarama después de “directrices de mandos superiores”

Ecologistas en Acción alertaba en un comunicado de “un impacto al medio ambiente y a la salud de los trabajadores que requiere una intervención urgente por parte de Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, ya que afecta a sus instalaciones”. Y añaden: “La carga contaminante estará llegando a la estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas, alterando su normal funcionamiento e incrementando el riesgo de contaminación directa del río Jarama. Especialmente si existen tormentas con intensa precipitación en poco tiempo y el agua del alcantarillado no puede ser retenida por los tanques de tormenta y se vierte directamente al río. Se trata de un delito ambiental que afecta directamente el adecuado funcionamiento del alcantarillado y depuración del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento”.

El conflicto medioambiental derivó en poco tiempo en un choque laboral. Los dos empleados retratados ejecutando estas tareas irregulares recibieron el pasado 28 de julio sendas notificaciones de sanción por parte de Urbaser, a la que luego se unió la enviada a la capataz. Sin embargo, diversas fuentes de la plantilla consultadas por Somos Madrid aseguran que estas actuaciones han sido “repetidas en el tiempo” y que seguían “las directrices de mandos superiores”.

“Si no cumplíamos con lo que el jefe nos mandaba, nos conllevaba una sanción”, aseguraba un miembro del personal. Explicaba que recibían las directrices de mandos intermedios, de su capataz, pero que estas “vienen siempre a su vez del jefe de servicio”. En caso de no seguir estas indicaciones, los trabajadores temporales se exponían a “la no ampliación de sus contratos como forma de castigo”. La plantilla fija también podía sufrir represalias: “Si ibas al médico no valía un justificante. Te exigen un certificado que demuestre que la prueba tenía que ser necesariamente en el horario de tu turno. Te retienen la cantidad correspondiente a esas horas hasta que les llevas a juicio, y no es hasta ese momento que te lo devuelven para evitarse el proceso”.

La notificación de sanción laboral de Urbaser, a la que tuvo acceso este medio, habla por contra de actuaciones sin “instrucción alguna emitida por la empresa”: “Usted empezó a recoger parte del líquido que se encuentra en un cubo con otro de menores dimensiones y una cuerda, siendo posteriormente basculado en el interior del cubo que previamente había trasladado hasta las inmediaciones del separador de hidrocarburos [...] Arrojaron el líquido hacia una alcantarilla situada a la entrada del cantón”. Una intervención que, admite la propia empresa, supone “transgredir una prohibición expresa” y “daña la imagen de la compañía”.

Las cartas dirigidas a los dos empleados y a la capataz finalizan con las propuestas de sanción: “Los hechos son susceptibles de ser tipificados como falta muy grave, siendo sancionables con la suspensión de empleo y sueldo o el despido, tal y como se recoge en el artículo 56.3 del Convenio colectivo general del sector”. Las fuentes laborales explican que sus compañeros siguen meses después a la espera de una respuesta por escrito sobre el estado y el alcance concreto de la multa: “Pero tienen claro que no se van a comer ni un día de castigo, van a defenderse. Seguramente en el juicio ni se presentará Urbaser, sobre todo cuando vea que existen más vídeos. Pero aunque se retracten, piensan llevar a la empresa a los tribunales. Y el malestar ya está en toda la plantilla”.

Una investigación interna ante el silencio del Ayuntamiento y las críticas de sindicatos o ecologistas

Este diario ha contactado en reiteradas ocasiones al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para conocer su postura acerca de los vertidos, el resto de actuaciones que denuncian los operarios y la posible intervención ante ellas, así como si estas dinámicas pueden suponer un incumplimiento del acuerdo contractual con Urbaser. Por el momento, la concejalía que lidera Borja Carabante no da respuesta a las preguntas trasladadas.

Desde Urbaser declararon por su parte el pasado agosto que “actualmente la investigación interna sigue en curso y, por ende, aún no se han adoptado medidas de índole laboral, aunque sí se han adoptado otras de refuerzo de control y supervisión de las operaciones”. Esta vez, la compañía prefiere no hacer declaraciones públicas por el momento ante las cuestiones dirigidas a ella, después de las revelaciones sobre el papel de David Lao en los vertidos irregulares.

“No hay ninguna evidencia para atribuir la responsabilidad de este incidente a estos trabajadores en concreto”, recogía la alegación a la sanción laboral de Urbaser que presentó el sindicato UGT (al que está afiliado uno de los afectados). El escrito profundiza en estas críticas: “¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en su relato en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir según su versión?”.

A estos reproches se ha sumado el sindicato de Comisiones de Bases, co.bas, en una misiva dirigida a Borja Carabante. Recuerdan al concejal “las denuncias de Ecologistas en Acción contra Urbaser por vertidos ilegales al alcantarillado y por acumular residuos de barredoras en el cantón de Isla de Arosa, hechos que demuestran una falta total de control y supervisión municipal”. Hablan de una “grave y mala gestión del servicio de limpieza viaria en el distrito de Fuencarral-El Pardo, gestionado por Urbaser”.

“Se constata una falta de vehículos operativos, escasez de barrenderos en las calles y una planificación deficiente, lo que provoca amplias zonas sin atender. Este verano, por primera vez en muchos años, no se ha activado el retén de conductores, por lo que no se cubrieron las vacaciones ni las bajas, dejando numerosos vehículos inmovilizados y reduciendo drásticamente el servicio”, indican en un escrito que recoge otra serie de críticas a la compañía adjudicataria de dos lotes de limpieza licitados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

“Cabe recordar que con la anterior adjudicataria, Valoriza, la organización y planificación eran más eficientes, a pesar de contar con menos medios, lo que evidencia que el problema actual es de mala gestión. Además, el temor de los vecinos de Montecarmelo ante la posible gestión del futuro cantón por parte de Urbaser tiene fundamento, dados los antecedentes recientes en el distrito”, apuntan desde co.bas. La empresa tendrá la compleja tarea de administrar el mencionado cantón, uno de los que ha despertado más contestación vecinal debido a talas y trasplantes infructuosos de árboles ya ejecutados o molestias de salubridad, ruidos, movilidad y seguridad que anticipan residentes del entorno.

Urbaser asumió el lote de los servicios de limpieza y recogida de residuos correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía, que antiguamente pertenecía a ACS y en la actualidad está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se hizo con dos de los seis contratos concedidos: el número 3 (que además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones.

La relación contractual que se ha mantenido después de que la multinacional apartase a su número tres y al máximo responsable de Sertego (su filial de gestión de residuos) después de reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude. Mezclaban aceite reciclado con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros. Urbaser enmarcó los cambios en “un proceso de reorganización”.

El último revés de la compañía llegó a finales de agosto, cuando trascendió que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid anuló la adjudicación de 1.091 millones de euros en un contrato de limpieza impulsado por la 42 localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por “falta de motivación”. Tumbó la concesión una modificación presentada por la empresa sobre su propuesta inicial, ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso. “En el expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”, subraya la resolución.

Ecologistas en Acción Toledo y la asociación de vecinos 'Despierta Calalberche' han remitido durante los últimos días diferentes denuncias al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo en relación con los vertidos de aguas residuales deficientemente tratadas y procedentes de tres estaciones depuradoras de aguas residuales de la urbanización Calalberche, perteneciente al término municipal de Santa Cruz del Retamar.

Estas depuradoras, denominadas 'Parriego', 'Felipe' y 'El Romeral', que recaen bajo la responsabilidad gestora y titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar, resultan a todas luces “obsoletas y deficitarias en lo que a su eficacia en el tratamiento de las aguas residuales se refiere”, informan en nota de prensa.

“En el momento actual y lo que es más grave, desde hace años, vierten sus efluentes de aguas residuales en unas condiciones las cuales, ya han sido objeto de sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al no cumplirse los mínimos establecidos y requeridos en lo que al tratamiento de las aguas residuales sería deseable y superarse reiteradamente los valores límite de diferentes parámetros establecidos por la autorización de vertido expedida en su momento por la Confederación”, aseveran.

Mantienen que, como consecuencia de lo anterior, los vertidos de aguas al cauce del Alberche estarían propiciando la contaminación continuada de este tramo del río y aguas abajo del mismo. En lo relativo a la potencialidad contaminante de estas aguas, habría que hacer mención, con una alta probabilidad, a la presencia de bacterias de origen fecal, carga orgánica y otros compuestos --más o menos tóxicos--, pero que en todo caso estarían afectando la calidad y el buen estado de las aguas, el equilibrio de los ecosistemas ribereños y la conservación de la biodiversidad asociada a un río que hasta este punto goza de una calidad de las aguas relativamente aceptable.

Los vertidos aludidos estarían afectando igualmente, con una alta probabilidad y debido a infiltraciones previas, el acuífero aluvial del río Alberche.

Sostiene la organización proteccionista que las riberas y vegas del Alberche en estos puntos son unas zonas de elevado interés natural y ecológico por disponer de trazos de bosque y vegetación de ribera en buen estado de conservación y por la abundante avifauna que las puebla.

“De hecho, las zonas limítrofes al río en la comunidad autónoma de Madrid y el propio cauce y zona de policía del Alberche en su margen izquierda, ya en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, están declaradas Zona de Especial protección para las Aves y Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, bajo la denominación de 'Sierra de San Vicente y y Valles del Tiétar y Alberche' (ES4250001). Este espacio natural y las especies que lo pueblan se están viendo afectadas por los vertidos en un grado aún por determinar”.

Insisten en que el hecho de que se estuvieran vertiendo aguas residuales con posible presencia de residuos tóxicos y peligrosos a las aguas, el suelo o los sistemas naturales y que perjudiquen gravemente el medio ambiente sería constitutivo de un delito tipificado en el Código Penal.

“Además, por una parte, se estaría provocando la degradación más extrema de las aguas públicas, contraviniéndose con ello diversos artículos de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y de sus posteriores desarrollos normativos y por otra, al estarse provocando la degradación del ecosistema ripario en la zona, se estarían contraviniendo diversos artículos de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la Naturaleza de Castilla - La Mancha, especialmente cuando con ello se están afectando a espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000”.

Por ello, con estas denuncias, ambas organizaciones pretenden, de las administraciones públicas, que “se ataje de una vez por todas esta situación, se proceda a la sanción de los responsables de la misma, se restituya el daño causado al río Alberche y sus ecosistemas y sobre todo se incoen, de una vez por todas, los mecanismos y procedimientos necesarios para la mejora de los sistemas de depuración de aguas residuales de la urbanización Calalberche, los cuales, indefectiblemente, deben facilitar a la postre la construcción de una nueva EDAR, moderna y suficiente para abastecer el potencial contaminante de un núcleo habitado por vecinos responsables y que pagan sus impuestos, tales y como los que residen en la ya referida urbanización Calalberche”.

Hace casi un año, el alcalde de Toledo, del PP, que gobierna con Vox en la capital castellanomanchega, presumió de uno de sus planes estrella, el Plan de Vertidos Cero. Según dijo entonces, en un año se habían eliminado cuatro puntos de vertido y otros nueve durante 2024. Y añadía que la salud del río Tajo a su paso por la ciudad era entonces “mejor que hace un año”. ¿Es eso cierto?

A día de hoy, la oposición socialista ha dejado claro que no. La portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Noelia de la Cruz, denunció hace unos días que el alcalde de Toledo había mentido “deliberadamente” negando haber recibido sanciones por vertidos al río Tajo durante su mandato.

La realidad, según expuso, es que el Ayuntamiento acumula ya 13 sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) desde su llegada a la alcaldía. “Carlos Velázquez ha demostrado que ya no es un alcalde de fiar. Miente públicamente, desprecia a las instituciones, gestiona con improvisación y, lo peor de todo, nos hace perder dinero, oportunidades y credibilidad como ciudad”.

Una de las sanciones más recientes, según el grupo socialista es del 21 de abril de 2025 y se refiere a un procedimiento sancionador abierto por “almacenar aguas residuales sin autorización en un depósito estanco”.

Además, el Ayuntamiento fue “requerido” el 31 de mayo para “aclarar” la procedencia de estas aguas, “sin que se haya recibido respuesta”, lo que ha derivado en una segunda multa por “desobediencia”.

Las sanciones, en datos

La cuestión es que los socialistas se han quedado cortos. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha facilitado a elDiario.es Castilla-La Mancha los últimos datos: ha incoado al Ayuntamiento de Toledo desde julio de 2023 una veintena de expedientes sancionadores por diferentes irregularidades en las riberas del río, 14 de ellos, la gran mayoría por vertidos de aguas residuales.

En total, estos últimos suman un importe sancionador de  48.700 euros. Dentro de esta cantidad, la mayor sanción es de 12.000 euros y se impuso el 29 de noviembre de 2024, es decir, poco antes de que el alcalde toledano presumiera de su Plan de Vertidos Cero al río Tajo. La última sanción fue el pasado mes de julio.

Según estos datos, el resto de sanciones, se corresponden con residuos sólidos, tres multas por un total de 4.500 euros; movimiento de tierras, dos expedientes con 1.800 euros de sanción; y corta de olmos, con una multa de 1.500 euros. Si sumamos estos importes a los vertidos de aguas residuales al río Tajo, en total el Ayuntamiento acumula un sanciones por importe de más de 56.500 euros.

O el Ayuntamiento de PP y Vox no dispone de estos datos o ha faltado a la verdad, como apuntan desde la oposición. Porque el mismo día en que los socialistas denunciaron los vertidos, el concejal responsable del río Tajo, Rubén Lozano, acusaba a los socialistas de mentir. Es más, insistía en el Plan de Vertidos Cero e insistía en haber conseguido “mejorar” la salud del río dentro de las competencias municipales.

No obstante, los socialistas matizan que las sanciones impuestas por la CHT abarcan diversos “incumplimientos” medioambientales como “vertidos incontrolados” en arroyos como el Ramabujas y el Aserradero; movimientos de tierras no autorizados; un colector de pluviales en la calle Jarama que vierte aguas residuales o el incumplimiento en los valores de nitrógeno en la depuradora del Polígono, superando más del doble de los niveles permitidos, sin ningún control por parte del consistorio. “Y menos mal que ahora los mataderos están sin actividad”, añadía la portavoz.

El alcalde, pendiente del trasvase Tajo-Segura y “sin mirar a Madrid”

El alcalde de Toledo ha pedido en alguna ocasión al PSOE de Castilla-La Mancha que se encargue de que “no haya un solo municipio, que no haya un solo polígono industrial desde Aranjuez hasta Toledo, que vierta agua sin depurar al río Tajo”, porque es algo que “está sucediendo”. En ningún momento ha mencionado los propios vertidos de aguas residuales de los que es responsable su ayuntamiento.

De hecho, Carlos Velázquez ha estado muy pendiente en los dos últimos años de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, esas que no termina de publicar el Ministerio de Transición Ecológica para hacer cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que piden aplicar los caudales ecológicos al río, como tarde en 2027. A este respecto, el Gobierno de Castilla-La Mancha consideró “sorprendente” que se fijara en la depuración de aguas de los municipios de la Sagra, en la provincia de Toledo, y no mire ni dentro de la ciudad ni hacia la Comunidad de Madrid .

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, le reclamó que fuera “valiente” para decirle a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que “cumpla con las normas medioambientales y que defienda el río Tajo porque sus actuaciones tienen consecuencias en nuestra región”.

Mientras, en Talavera de la Reina, y según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en la presente legislatura se ha incoado un expediente de sanción relacionadas con la ejecución de obras en una zona de servidumbre. Está fechado el 14 de enero de este año 2025 y la multa asciende a 1.000 euros.

El Juzgado de lo Penal número dos de Pamplona ha condenado a un año de cárcel a dos miembros del consejo rector de Valle de Odieta, la empresa dueña de la macrogranja de Caparroso, una de las más grandes de España con capacidad para más de 7.500 cabezas de ganado. En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza les considera responsables de un delito contra el medioambiente por haber regado con digestato varias parcelas y por un vertido ilegal en el río Aragón como consecuencia de ese riego.

Además de la pena de prisión de un año, a los dos directivos de la cooperativa propiedad de la macrogranja la jueza les ha impuesto una pena de 14 meses de inhabilitación para cualquier oficio o profesión relacionado con la agricultura y la ganadería y la obligación de reparar el daño medioambiental causado. Los otrs tres responsables de la macrogranja que se sentaron en el baquillo han sido absueltos.

Fue en el año 2021 cuando la Plataforma Navarra contra las Macrogranjas (integrada por Greenpeace y la Fundación Sustrai) llevó a los tribunales a las empresas Valle de Odieta y HTN (que también gestiona esta macrogranja, pero que la jueza de instrucción no ha encontrado indicios de que participase en este vertido) por episodio de contaminación de suelo y acuíferos que afectó a la Zona Especial Conservación de los tramos bajos del río Aragón y Arga, que se produjo como consecuencia de regar con digestatos resultantes del proceso de biometanización las parcelas agrícolas cercanas a la explotación.

La plataforma denunció que la contaminación “produjo importantes escorrentías, que llegaron a generar auténticas cascadas de residuos líquidos por los barrancos de la zona” y que llegó al espacio protegido de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, una zona de Especial Conservación (ZEC), hábitat de especies en peligro de extinción como el visón europeo y el galápago europeo.

La sentencia recoge que los responsables de la macrogranja emplearon “sin autorización administrativa” y “sin adoptar las medidas de precaución adecuadas para calcular la cantidad de digestato, el grado de permeabilidad de la tierra y las condiciones climatológicas” un sistema de riego por pivots en lugar de camiones cisterna. Eso provocó que se llevara a cabo “un exceso de riego que ocasionó encharcamientos en la zona regada, de modo que parte de este exceso de riego cayó por los cortados del barranco hacia el río Aragón y otra parte se deslizó por la acequia del camino del Soto de la Cueva hasta desembocar en la balsa del Soto”.

La jueza constata que estos riegos se realizaron “contra la autorización medioambiental” y que se realizó “sin controles específicos”, y con “conocimiento de que comportaba además de una infracción una peor gestión y un peor control de la distribución del digestato”. Apunta que el riego debió realizarse con camiones cisternas con brazos colgantes para lograr una aplicación uniforme, y que en caso de que en caso de que el digestato se distribuyera a las parcelas receptoras mediante conducciones fijas, el trazado y características de las mismas se debería notificar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para su autorización previa a la ejecución.

El lecho del río teñido de negro. Así han encontrado un ramal secundario del río Cinca, a la altura de Monzón, con su lecho cubierto por un fango negro procedente de una empresa cercana. Ecologistas en Acción ha denunciado estos hechos ante el SEPRONA, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón solicitando que se investiguen los hechos “por si pudieran ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente”. La empresa señalada, Carburo del Cinca, ha rechazado dar declaraciones sobre esta denuncia.

La CHE ha confirmado a este medio que se tiene conocimiento de este asunto desde la semana pasada y que se está investigando. Aseguran que se están llevando a cabo análisis en el laboratorio con muestras tomadas el 3 de octubre y que se “comparten la preocupación manifestada”.

Ecologistas en Acción reclama que se proceda “de inmediato” a la retirada total de los lodos vertidos y que el material sea tratado como residuo peligroso. Advierten de que las lluvias de otoño “podrían dispersar el vertido y complicar las tareas de restauración del lecho fluvial”. La organización también ha pedido realizar una analítica del vertido para determinar su toxicidad y paralizar la actividad de la empresa “mientras exista un riesgo grave de daños ambientales”.

El portavoz del colectivo, Álex Serrano, explica que la extracción urgente “minimizaría el problema” y reclama una “sanción ejemplar” por la reincidencia de la empresa. “El río puede absorber los vertidos autorizados que se hacen de forma instantánea, pero no los de varios días o semanas; no sabemos cuánto tiempo llevan ahí”, advierte. Por ello, la organización ecologista reclama una “sanción ejemplar”: “Esta penalización debería considerar la reincidencia de la empresa, tener un carácter disuasorio y fomentar que la industria adopte soluciones definitivas para sus problemas de vertidos. La situación se agrava al tratarse de un vertido en un espacio natural protegido, catalogado como Zona de Especial Conservación dentro de la Red Natura 2000”.

El vertido se ha producido en un cauce sin caudal, lo que está provocando la acumulación de residuos en las orillas y un deterioro de más de 100 metros de superficie. Según Ecologistas en Acción, las sustancias detectadas —de aspecto similar al chapapote— contienen amonio, cianuros, nitratos y cenizas industriales. “Si llegaran al cauce principal podrían provocar una elevada mortandad de peces y afectar a todo el ecosistema”, alertan.

El colectivo recuerda que Carburo del Cinca tiene autorizado un límite de vertido de 0,5 mg/l de cianuro y un caudal de hasta 500 m³ diarios, lo que supone la introducción de unos 250 gramos de esta sustancia cada día. Los niveles letales para los peces, recuerdan, se sitúan entre los 0,1 y 1 mg/l. “El cianuro es tóxico incluso en bajas concentraciones, afectando a peces, crustáceos y plantas acuáticas”, subrayan.

Los niveles letales para peces por cianuro se dan en bajas concentraciones. Entre los 0,1 y 1 mg/l se produce la muerte rápida al impedirse la respiración celular. Además el cianuro es tóxico para cualquier organismo acuático: invertebrados, crustáceos o plantas acuáticas, afectadas incluso en bajas concentraciones, por lo que su vertido es muy peligroso. Ecologistas en Acción ha recogido muestras del fango y busca un laboratorio para analizarlas, mientras reclama una sanción “disuasoria” que obligue a la empresa a adoptar “soluciones definitivas a sus problemas de vertido”.

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha abierto siete expedientes sancionadores contra diferentes empresas por vertidos a la regata Mijoa, cuyas aguas desembocan en el mar junto a la playa de Saturrarán, en el municipio guipuzcoano de Mutriku. Entre sanciones e indemnizaciones, la cuantía asciende a más de 10.000 euros, según se desprende de unos datos brindados en el Parlamento Vasco por Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, si bien hay dos procesos parados porque están bajo investigación penal en la Justicia ordinaria.

Los expedientes se refieren a hechos ocurridos entre 2013 y 2020. De los siete expedientes, hay algunos que aún están a la espera, porque tienen recorrido por la vía penal, cuya jurisdicción se impone sobre la administrativa. Otra sanción es para el titular Yurrita e Hijos, S.A., que habría incumplido el “requerimiento de la Administración de retirada de la sal vertida en la zona de servidumbre para limpiar la maleza, con afección a la vegetación”. Se le imponen 4.500 euros de sanción y una indemnización que supera los 3.100 euros para compensar los daños ocasionados a la vegetación. Esta misma mercantil ha recibido una sanción adicional de 1.800 euros a raíz de otro vertido.

Otra de las sanciones, ya no a esta empresa, es por un “vertido de leche de un caserío”, aunque la sanción ha quedado a la espera de lo que se resuelva en la vía penal. La última, que asciende a los 1.000 euros, es para la mercantil Usuarios de la Depuradora de Mijoa, S.L., por no cumplir con la “presentación de controles” e incumplir así la autorización del vertido.

En la respuesta parlamentaria, que surge a raíz de una solicitud de información presentada por el parlamentario Álvaro Gotxi, del PP, se incluye también un listado de los vertidos a la regata autorizados o en proceso de autorización. Así, hay uno autorizado para “las empresas conserveras previo tratamiento de depuración físico-químico”. En trámite de autorización, por otra parte, se encuentra uno para la estación de servicio de Saturrarán. El vertido, de aprobarse, sería de “aguas pluviales susceptibles de arrastrar hidrocarburos, aguas de uso higiénico y aguas de los lavaderos de vehículos previo tratamiento de depuración correspondientes”. Una vez autorizado, el volumen anual que se arrojaría sería de 2.231 metros cúbicos. En la respuesta del consejero, eso sí, se explica que la actividad de la estación de servicio se viene dando ya “desde hace años”. “Por la inexistencia de una red de saneamiento, efectúa el vertido de sus aguas residuales a la regata de Mijoa”, subraya.

Las autorizaciones, argumenta, son una herramienta positiva. “La autorización de vertido es siempre una herramienta de seguridad medioambiental porque establece las condiciones en las que debe realizarse un vertido en cuanto a instalaciones de depuración necesarias, límites cuantitativos y cualitativos del efluente, controles analíticos e inspecciones, etc., para minimizar el impacto en el medio receptor. Asimismo, se impone un canon de control de vertidos destinado al estudio, control, protección y mejora del medio receptor”, explica el consejero. “La autorización no solo es adecuada para el cumplimiento de la normativa vigente, sino que es claramente una mejora para el control y la calidad de la regata”, remacha Jauregi.

“¿Para cuándo el saneamiento?”

Mientras tanto, el proyecto definitivo para el saneamiento de la regata se encuentra en fase de licitación. La fecha límite para la presentación de ofertas estaba fijada para finales de septiembre. El presupuesto, sin IVA, asciende a los 410.000 euros, según se desprende de los datos brindados por el Gobierno vasco.

Se da la circunstancia de que, recientemente, el colectivo ecologista Eguzki ha denunciado que la red de saneamiento de la regata sigue pendiente quince años después. Se quejaba, además, de que se estaban legalizando vertidos como el de la estación de servicio. “La empresa ha realizado obras de mejora de su red interior y pide ahora regularizar sus vertidos contaminantes. Se trata de aguas pluviales susceptibles de arrastrar hidrocarburos, aguas de los baños —asimilables a urbanas— y aguas de los lavaderos de vehículos —industriales—, que deberían ser conducidas lógicamente (y también legalmente) a una depuradora”, protestaba Eguzki en una nota publicada a comienzos de septiembre.