La consejera del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, ha manifestado su “firme preocupación y malestar” ante la “crítica situación” que atraviesan las costas canarias este verano. Con varias de las playas más emblemáticas de Tenerife clausuradas, la empresaria ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para garantizar la seguridad y el disfrute del patrimonio natural de las islas.

“Soy canaria. Llega el verano y lo único que queremos es disfrutar de nuestras playas. Sin embargo, muchas siguen cerradas por desprendimientos, por contaminación, por E. coli”, ha declarado Kiessling. “Es triste. Muy triste. Y profundamente decepcionante”, añadió.

La denuncia de Kiessling se produce en un contexto de cierres preventivos que afectan a parte de la geografía insular. Recientemente, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, se ha visto obligado a clausurar temporalmente la playa Leocadio Machado, en El Médano, tras detectarse niveles de la bacteria Escherichia coli (E. coli) superiores a los permitidos para el baño.

Pero no es la única, ya que también se han producido cierres preventivos en otras playas tales como la de Candelaria, Playa Jardín, Playa de Troya o El Puertito, en Tenerife; Playa Blanca, en Arrecife (Lanzarote), o El Confital, en Gran Canaria.

A la problemática de la calidad del agua se suma el riesgo geológico. Actualmente, siete enclaves costeros emblemáticos de Tenerife permanecen cerrados debido al peligro de desprendimientos en acantilados y laderas. Entre los puntos afectados se encuentran playas de gran valor paisajístico y turístico como Los Patos en La Orotava, Benijo y Las Gaviotas en Santa Cruz, la playa de La Consolación en Garachico, Los Barqueros en Buenavista del Norte, Santo Domingo en La Guancha y el charco de Tabaiba en El Rosario.

Cybell Kiessling ha hecho especial hincapié en el perjuicio que esta situación supone tanto para la población local como para la principal industria del archipiélago, el trusimo. “No solo por quienes vivimos aquí, que merecemos poder disfrutar de nuestro litoral con seguridad, sino también por la imagen que proyectamos al exterior”, subraya la directiva.

En un destino que lidera el turismo internacional, la falta de acceso a las playas supone “un duro golpe a la competitividad de las islas”, recalca. “Miles de turistas eligen Canarias por sus playas y se encuentran con banderas rojas y accesos cerrados”, lamenta Kiessling, quien insiste en que la gestión de estos espacios debe ser una cuestión de Estado para las administraciones competentes.

Kiessling recuerda que el éxito de Canarias como destino “depende de la salud de sus ecosistemas y de la eficiencia de sus infraestructuras públicas”. “Cuidar nuestras playas no debería ser una opción ni un debate. Debería ser una prioridad”, concluye.

Un problema de salud y medioambiental

La presión urbanística y turística, así como los déficits históricos en infraestructuras de saneamiento y depuración han favorecido los vertidos al mar en Canarias. Así, la mayoría de los vertidos de aguas al mar en Canarias no cuentan con autorización. Según el censo de vertidos actualizado por el Gobierno de Canarias, las islas cuentan con 403 puntos de vertido de tierra a mar. De ellos, 361 están en activo y 216 no tienen autorización para su funcionamiento. Tenerife es la isla con más puntos de vertidos, con 180, seguida de Gran Canaria, con 115. Esto significa que las dos islas capitalinas concentran 295 emisarios de tierra a mar (un 81,72% del total). Muchos de estos puntos afectan a aguas marinas protegidas.

''Se trata de un problema muy grave de salud pública'', advierte el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), Juan Rumeu. Esta asociación recibe cada mes denuncias de personas que van a la playa y acaban en urgencias con virus derivados de bacterias fecales. ''Ocurre con más frecuencia de lo que creemos'', asevera.

Además, critica que se intente eliminar la contaminación “cometiendo otra irregularidad”: desinfectando con hipocloritos que ''generan otros elementos perjudiciales para la salud'' por la reacción del cloro con la materia orgánica. AECCM ha pedido a la administración pública que explique en qué evidencias científicas se basan estos métodos de tratamiento.

Recientemente, el director del Instituto Universitario ECOAQUA, Ricardo Haroun, advirtió de las “graves consecuencias de los vertidos de aguas residuales y de las salmueras en la fauna y flora marina de las islas” de Canarias. A su juicio, la pérdida de la calidad de las aguas costeras canarias “no solo afecta a la biodiversidad y a los beneficios que generan los hábitats marinos”, sino que también “puede tener consecuencias en la salud de los bañistas, tanto en los locales como en los numerosos turistas que utilizan nuestro litoral” por lo que considera “acuciante” poner este asunto sobre la mesa de la agenda política.

El experto instó a las administraciones competentes a impulsar, de “forma urgente”, modelos de gestión “más eficaces y sostenidos en el tiempo”.

Este asunto se constató en el I Encuentro Regional de los Consejos Científicos de las Reservas de la Biosfera de Canarias, celebrado recientemente en Puerto del Rosario (Fuerteventura), auspiciado por la Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB) del Gobierno de Canarias, donde uno de los asuntos más destacados fue precisamente la preocupación general por la pérdida de biodiversidad, especialmente en el ámbito marino.

Multa de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas. La sentencia, emitida el pasado diciembre, concluye que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales en diferentes puntos del país, la mayoría en Tenerife, antes de verterse al mar.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas. La sentencia, emitida este 18 de diciembre, concluye que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales en diferentes puntos del país, la mayoría en Tenerife, antes de verterse al mar.

Tras el inicio de la investigación de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para esclarecer la autoría por la muerte de cientos de peces en el transcurso del río Pisueña, en los Valles Pasiegos, el líder del partido Cantabristas, Paulu Lobete, ha advertido de que “no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes y tampoco es la única zona donde podemos encontrar aguas contaminadas en Cantabria”.

Lobete ha señalado que está a la espera de seguir conociendo datos de la investigación sobre los supuestos vertidos que habrían provocado la contaminación del agua que partía del arroyo de Saro, un afluente del Pisueña, en el que flotaban un elevado número de piscardos, truchas, anguilas y pintos muertos muertos.

En la investigación, han participado agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria desde que la Guardia Civil recibiera un aviso el pasado viernes. Desde entonces, efectivos de ambas instituciones han inspeccionado la zona y recogido muestras durante el fin de semana. Este lunes, desde la Consejería de Ganadería y Pesca se ha informado a elDiario.es de que “podría aportar algún dato sobre la afección” que ha llevado al Seprona a presentar una denuncia, mientras Ganadería también ha recogido cientos de ejemplares muertos.

El líder de Cantabristas ha señalado que el Gobierno de Cantabria “debería involucrarse en casos como este, o el de la ría del Asón o la playa de Galizano, por poner ejemplos, que llevan años soportando vertidos residuales”. En el caso del Asón, se han producido episodios de vertidos durante años y en el de Galizano, en 2025, se produjo un brote de gastroenteritis con, al menos, catorce casos confirmados de infección por rotavirus.

“La salud de nuestras aguas es también responsabilidad pública y debemos tomárnoslo en serio, si queremos proteger y velar por el bienestar de nuestros ecosistemas”, ha dicho Lobete.

“Jamás se han medido peces con tanto cobre y manganeso en todo el mundo”. La afirmación la hace el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, investigador principal del nuevo estudio que reafirma la presencia de elevadas cantidades de metales tóxicos en la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces. Los niveles detectados son en algunos casos “récord a nivel mundial”, y en otros igualan los máximos conocidos.

En concreto, los autores apuntan a que –al margen del cobre y el manganeso– hay presencia de cromo, níquel, plomo, selenio y zinc que igualan a las mayores concentraciones de las que se tienen registros en todo el mundo. En cuanto al arsénico y al cadmio, las cifras son incluso superiores a las que se midieron en el estuario del Guadalquivir en 1998 tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar.

El estudio es una actualización del que ya se presentó el año pasado, tomando como especie de análisis el albur, un pez que se consume de manera habitual en los municipios ribereños. Los datos que se manejan son los que una entidad independiente acreditada le aporta a la mina para conocer sus parámetros, que a su vez le son remitidos a la Junta de Andalucía, encargada de los permisos mineros y del control medioambiental. Es decir, no los han extraído directamente los investigadores sino que son cifras oficiales.

El calor favorece la bioacumulación

Desde la empresa minera alegan que, al desconocer el informe, “no podemos pronunciarnos sobre él”. Eso sí, apuntan a que anteriores estudios de Jesús Castillo “estaban basados en importantes errores científicos y no demostraban ninguna relación científica de sus afirmaciones con Cobre Las Cruces”. Y añade que cumple “escrupulosamente” la normativa ambiental y que hay una “presencia permanente” en sus instalaciones de técnicos del Gobierno y de la Junta, además de defender que las aguas tratadas que se vierten “son sometidas previamente a un tratamiento intensivo de depuración, con varios ciclos de control y análisis”.

El nuevo informe está firmado, además de por Castillo, por otros dos catedráticos de Ecología, dos investigadoras antropólogas y una estudiante predoctoral de la Universidad de la Sorbona de París. Si el anterior estudio se alimentó de los datos recopilados entre 2017 y 2023, esta actualización añade los de 2024 y los de 2025, y es en este último año donde los indicadores se disparan de manera sustancial con respecto a ejercicios anteriores.

¿Qué es lo que ha pasado para ello, teniendo en cuenta que la mina no está en producción desde 2023? Pues por un lado, que se siguen registrando vertidos que Castillo vincula a episodios de lluvia que inundan la corta minera, y por otro –y de manera muy significativa– que los datos del año pasado se recopilaron en el mes de junio, cuando lo habitual era hacerlo en fechas menos calurosas.

Albures... y otras especies

Es decir, que los albures capturados próximos a la zona de vertido (entre el municipio de La Algaba y el estadio de la Cartuja, ubicado a caballo entre Santiponce y la capital) concentran “altas cantidades de metales y metaloides en sus tejidos” porque “en junio se alcanzan altas temperaturas que favorecen la bioacumulación”. El alto nivel detectado “estaría causando daños ecotoxicológicos a los peces y podría estar afectando a otros muchos animales en el Guadalquivir”.

En esta línea, el informe apunta que si el calor es un factor que empeora la situación, la perspectiva no es nada halagüeña teniendo en cuenta “el escenario actual de calentamiento global, que podría estar aumentando el impacto de la contaminación metálica en el estuario del Guadalquivir”. Esto pondría en riesgo actividades tradicionales como la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura, ya que esta contaminación “podría significar el inicio del sacrificio del Guadalquivir a la minería” y la consiguiente exclusión de otras prácticas

Esto está provocando la movilización de colectivos y ayuntamientos ribereños de Sevilla y Cádiz, preocupados por la posible afección a su ecosistema y a sus sectores productivos. Algunos de estos consistorios, de hecho, han puesto esta situación en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Otro de sus hallazgos es que “el riesgo cancerígeno fue mayor que el riesgo no cancerígeno debido al consumo de albures” procedentes de esta zona. En este aspecto, el cadmio “fue el contaminante que conllevó un mayor riesgo para la salud”, aunque los niveles de plomo que fija la Unión Europea para consumo de carne de pescado “se superaron en todas las muestras”.

Choque de cifras

Castillo señala también que, en pocos años, Cobre Las Cruces volverá a producir y se le sumará la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Minera Los Frailes), una acción conjunta que elevará hasta diez veces más los vertidos que se han producido hasta la fecha “y con el mismo sistema de depuración”. Aquí, Cobre Las Cruces contraataca con otro estudio de la Universidad de Sevilla, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental, según el cual la compañía “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad” de esta empresa.

Adicionalmente, la Universidad de Sevilla, a través del Área de Ingeniería Química Ambiental, ha emitido un dictamen técnico que concluye que la actividad industrial de CLC “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del Estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Añade el estudio que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad de CLC”.

Con todos estos datos sobre la mesa, el estudio señala que las autoridades sanitarias andaluzas “deberían haber abierto un expediente para valorar si publicar una alerta alimentaria”, ya que el albur se consume tradicionalmente en la zona de estudio. Asimismo, concluye con una reivindicación que ya se ha convertido en recurrente: en aplicación del principio de precaución, debería establecerse una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y crear un comité de expertos independientes que analice la situación en profundidad.

El director del Instituto Universitario ECOAQUA, Ricardo Haroun, ha advertido de las “graves consecuencias de los vertidos de aguas residuales y de las salmueras en la fauna y flora marina de las islas” de Canarias. A su juicio, la pérdida de la calidad de las aguas costeras canarias “no solo afecta a la biodiversidad y a los beneficios que generan los hábitats marinos”, sino que también “puede tener consecuencias en la salud de los bañistas, tanto en los locales como en los numerosos turistas que utilizan nuestro litoral” por lo que considera “acuciante” poner este asunto sobre la mesa de la agenda política.

Por ello, ha instado a las administraciones competentes a impulsar, de “forma urgente”, modelos de gestión “más eficaces y sostenidos en el tiempo”.

Este asunto se constató en el I Encuentro Regional de los Consejos Científicos de las Reservas de la Biosfera de Canarias, celebrado recientemente en Puerto del Rosario (Fuerteventura), auspiciado por la Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB) del Gobierno de Canarias, donde uno de los asuntos más destacados fue precisamente la preocupación general por la pérdida de biodiversidad, especialmente en el ámbito marino.

En esa reunión de intercambio de experiencias a diferentes niveles de gestión, los representantes de los Consejos Científicos de las siete Reservas de la Biosfera de Canarias, junto con técnicos de dichas reservas y representantes del gobierno regional e insular, pudieron compartir reflexiones, experiencias y propuestas sobre los principales desafíos que afrontan las Reservas en el contexto regional actual.

En este contexto, se abordaron cuestiones vinculadas a la gestión “poco efectiva” de las aguas residuales “agravadas por el continuo aumento de los vertidos de salmuera desde diferentes tipos de desaladoras”.

Para el director de ECOAQUA, entre los retos de gestión ambiental, el tratamiento de las aguas residuales y, de forma paralela, de las salmueras, es un “asunto transversal” que “requiere ponerlo, de forma inmediata, en la palestra pública para lograr un compromiso de nuestros gestores y políticos con el fin de abordar con diligencia esta problemática más pronto que tarde”.

“De forma creciente, -sostiene-, y sin que veamos mecanismos de control o de mitigación efectiva, se están produciendo vertidos de aguas residuales, en ocasiones también aguas industriales, no tratadas de forma adecuada”.

Al mismo tiempo, “también estamos constatando un incremento de los vertidos de salmueras derivadas de las desaladoras que generan cada vez un volumen mayor a lo largo del litoral canario. Todos esos vertidos, algunos legales y otros ilegales, provocan impactos ambientales graves, con pérdida de biodiversidad y de hábitats emblemáticos como son los sebadales”, indica en la nota.

Haroun afirma que “una parte importante de nuestros sebadales históricos han desaparecido en las últimas décadas como consecuencia de los impactos generados por vertidos de aguas residuales y, más recientemente, por el incremento en el vertido de salmueras desde desaladoras costeras”.

“Esos sebadales -asegura-, al igual que otros hábitats de vegetación bentónica, son áreas de cría y refugio de muchas especies marinas, algunas de ellas de interés comercial en las pesquerías artesanales”.

Es en este contexto, señala, “empieza a ser urgente que las administraciones canarias concernidas puedan desarrollar propuestas y contribuir al diseño de medidas que permitan reducir impactos ambientales, avanzando hacia modelos de gestión ambiental más sostenibles y resilientes”.

Para la mejora de la situación actual en la gestión de aguas residuales y vertidos de salmuera, asevera el investigador, “existen respuestas técnicas adecuadas e innovadoras que, al mismo tiempo, pueden contribuir a generar puestos de trabajo azules en las propias islas. Además, existen fondos, tanto de programas europeos como de capital privado, que permitirían llevar a cabo esas transformaciones tecnológicas que mitiguen e, incluso, eliminen por completo los vertidos al mar”.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido a los Juzgados de Telde (Gran Canaria) su investigación sobre los vertidos en la costa del municipio. Estas diligencias de investigación se incoaron por el Ministerio Püblico en octubre de 2025, tras la mortandad de peces detectada por la empresa titular de la concesión de acuicultura Aquanaria S.L. y que provocó el cierre de 17 playas en el sureste de la isla.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha informado de que estas diligencias revelaron ''numerosas irregularidades'' en la gestión de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Silva, por lo que el 25 de mayo de 2026 se acordó la toma de muestras de la misma y su remisión al Instituto de Ciencias Forenses con el fin de que se realizara una pericial analítica de impacto ambiental. Así, se podría determinar si los vertidos de las mismas al mar a través del emisario 222 pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Por el momento, esta pericial aún está en fase de elaboración. Cuando esté disponible, aclara la Fiscalía, se remitirán al Juzgado de Instancia de Telde (sección Instrucción), proponiendo la práctica de las diligencias que se estimen oportunas a los efectos de concretar la existencia o no de hechos con relevancia penal.

El Ministerio Fiscal explica también que Aquanaria S.L., como posible perjudicada por estos hechos, ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Telde que ha dado lugar a la apertura de unas diligencias penales.

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una cuarta denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por los continuados vertidos de aguas residuales sin depurar al río Najerilla a su paso por Nájera. La organización lleva denunciando esta situación desde el año 2021 (agosto de 2021, mayo de 2024 y noviembre de 2024) y, pese a ello, los vertidos siguen produciéndose con total normalidad.

Tras la primera denuncia, la CHE abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Nájera que se saldó con una multa de 2.500 euros, posteriormente reducida a 1.500 euros por pronto pago. Sin embargo, estas sanciones no han servido para resolver el problema y el vertido de aguas residuales al Najerilla continúa ocurriendo de manera reiterada.

Según denuncia la organización, el origen de esta situación se encuentra “en el nulo funcionamiento de una estación de bombeo de aguas residuales situada en la margen izquierda del río, aguas arriba del puente de la N-120”, lo que provoca, según aseguran, el vertido directo de aguas sin depurar al cauce del Najerilla. “Consideramos especialmente grave el impacto ambiental que estos vertidos generan sobre el ecosistema fluvial y sobre especies protegidas como el visón europeo, la nutria y diversas especies piscícolas”, resaltan, a lo que suma “posibles riesgos sanitarios” porque los veridos son aguas residuales urbanas provenientes de Nájera.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja subrayan que no buscan nuevas sanciones económicas, sino que exigen que la Confederación Hidrográfica del Ebro y las administraciones responsables “actúen de manera eficaz para poner fin definitivamente a estos vertidos”. “No tiene sentido imponer pequeñas multas mientras el problema persiste año tras año y el río sigue contaminándose” y tachan de “inaceptable” que, más de tres años después de nuestra primera denuncia, continúe incumpliéndose la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Las obras de la conexión eléctrica por cable submarino con Francia a través de Gatika se suspendieron indefinidamente el pasado mes de marzo después de que se sucedieran tres incidentes de vertidos de bentonita a los ríos Atxuri, Oleta y Butroe. El primero en agosto de 2025, el segundo en el mes de octubre y el tercero ya en febrero de este mismo año, que supuso “la paralización total de todos los tramos de las obras denunciadas que requieran la utilización de bentonita, hasta que no se aclararan las posibles afecciones que puedan tener dichas obras, así como hasta conocer y aprobar la adopción de medidas para evitar nuevos vertidos al dominio público hidráulico, tanto a aguas superficiales como subterráneas”. Estos incidentes han supuesto la apertura de tres expedientes sancionadores que se han resuelto con tres multas que suman en total 22.400 euros: la primera a Red Eléctrica, de 1.200 euros. La segunda y tercera, de 9.200 y 12.000 euros, respectivamente, a la Sociedad Española de Montajes Industriales. Hay un cuarto expediente sancionador que está en proceso de resolución en estos momentos, también contra la mercantil Sociedad Española de Montajes Industriales y en relación con el vertido sucedido en febrero de este año.

Según se detalla en la información remitida al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, a petición de la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, el primer incidente en estas obras para unir por cables submarino que unirá España con Francia a través del Golfo de Vizaya se produjo el 6 agosto de 2025, cuando el Servicio de Inspección de la Agencia Vasca del Agua constató la presencia de bentonita en dos zonas de la red hidráulica. Según se comprobó, en esta misma zona se había producido ya un vertido puntual de bentonita con anterioridad. En ese momento se dieron instrucciones verbales de paralización de todos los trabajos que estuvieran produciendo un vertido al cauce natural, medida que fue implementada de inmediato. Ya el 4 de septiembre de 2025, previo al preceptivo Acuerdo de incoación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, el director General de la Agencia Vasca del Agua emitió un Acuerdo de adopción de medida cautelar de “paralización de obras, por incumplimiento del condicionado de la Resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua de fecha 31 de enero de 2025, por la que se autoriza a la mercantil las obras de la línea subterránea submarina en corriente continua a ±400 kV Gatika-Frontera Francesa, estación conversora alterna/continua, en los términos municipales de Gatika, Maruri-Jatabe y Lemoiz (AO-B-2023-0685)”. En concreto se consideró que se incumplió el condicionado en el que se indica que “con motivo de las obras no se permitirá ningún tipo de vertido, escombros, restos de obra, etc. al río o zona de ribera, debiendo gestionar los materiales sobrantes mediante gestor autorizado”. Mediante resolución del 26 de septiembre de 2025 se alzó la medida cautelar de paralización de obras.

La segunda paralización se produjo tras otro incidente en octubre de 2025, cuando el Servicio de Inspección recibió aviso de la Policía Municipal de Mungia informando de la existencia de un vertido de color blanco al río Atxuri y Oleta. Una vez inspeccionado el entorno, se concluyó que el vertido denunciado se correspondía con bentonita y que provenía de la perforación que la empresa Sociedad Española de Montajes Industriales S.A. (SEMI S.A.) estaba ejecutando a 1 kilómetro de distancia. Ante este nuevo incidente, el 7 de octubre de 2025, se adoptó medida cautelar de paralización de todas las perforaciones una vez se acreditó que se estaba generando afección al río Oleta y Atxuri proveniente de los trabajos de perforación correspondientes al tramo PHD0 y que, por lo tanto, “constataban la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas tras el anterior incumplimiento”. El 2 de diciembre de 2025 se acordó el alzamiento de la medida cautelar de paralización de obras.

La tercera paralización se produjo después de que el 8 de febrero de 2026, en la ejecución de los trabajos de la perforación de un tramo se constató que los vertidos de bentonita habían alcanzado el dominio público hidráulico. En la investigación de este episodio, se concluyó que, “aun siendo una perforación que no se encontraba lindando con ningún río o arroyo, las medidas adoptadas no habían sido efectivas para evitar la afección al dominio público hidráulico. Como consecuencia de ello, el 10 de febrero de 2026 se adoptó un nuevo acuerdo de paralización. ”Esta medida cautelar estableció la paralización total de todos los tramos de las obras denunciadas que requieran la utilización de bentonita, hasta que no se aclararan las posibles afecciones que puedan tener dichas obras, así como hasta conocer y aprobar la adopción de medidas para evitar nuevos vertidos al dominio público hidráulico tanto a aguas superficiales como subterráneas“. Posteriormente, el acuerdo de incoación del expediente sancionador del 3 de marzo de 2026, ha ratificado la adopción de la medida cautelar de paralización de las obras denunciadas en todos los tramos que requieren el uso de bentonita hasta que se aporte el conjunto de la documentación requerida.

El Gobierno vasco informa de que desde la Agencia Vasca del Agua se han realizado diversas inspecciones, y en relación con el seguimiento de la calidad de las aguas, se ha procedido a la toma de un total de 14 muestras y realizado diversos controles en el cauce. Dichas muestras se han obtenido tanto en el dominio público hidráulico —incluyendo arroyos y el río Butroe— como directamente de los vertidos que se estaban produciendo. Además, se señala que desde la recepción del primer aviso en agosto de 2025, el servicio de inspección de Ura ha llevado a cabo numerosas visitas de inspección. “En todos los casos, se indicó al titular responsable del vertido la obligación de adoptar las medidas correctoras necesarias de contención y limpieza. Asimismo, cuando procedió, se comunicó verbalmente la necesidad de paralizar las obras de perforación”. Desde el punto de vista de las aguas subterráneas, se ha requerido a la empresa que habilite una serie de piezómetros que permitan muestrear las aguas subterráneas en las diferentes zonas de obra, con el objetivo de analizar la posible afección de las incidencias ocurridas sobre las aguas subterráneas, así como establecer un nivel base con el que comparar futuros controles. “En estos momentos se está analizando la propuesta de red de control recibida”, señala la información del Gobierno.

La constatación de los vertidos de bentonita se produjo tras varias denuncias a través del Servicio de Emergencias SOS Deiak y señala el Gobierno que “desde el inicio de los incidentes han estado activos -y continúan estándolo- diversos canales de comunicación informal con personas y representantes de las plataformas ciudadanas”. También señalan que “de manera informal, en marzo de 2026 se ha recibido comunicación por parte del alcalde de Lemoiz, en la que ha trasladado su preocupación por las obras que se están ejecutando en el ámbito de su municipio, solicitando igualmente que desde la Agencia Vasca del Agua se lleve a cabo la supervisión y el seguimiento de los trabajos y, en su caso, la paralización de las obras”. Asimismo, se han recibido denuncias formales por parte las Plataformas Interkonexio Elektrikorik Ez, Maruri Jatabe Bizirik Elkartea y Boluntak, y por los ayuntamientos de Maruri-Jatabe y de Gatika.

La diputada regional del PSOE Alicia Vanoostende ha denunciado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias los problemas medioambientales que persisten en el archipiélago hasta el punto de que, en algunos lugares, los ciudadanos “se bañan en mierda”, ha dicho, a lo que el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), ha replicado que su partido (el PSOE) estaba en el Gobierno la pasada legislatura.

Durante el pleno de este martes, Vanoostende ha cuestionado las acciones desarrolladas por la Consejería en los dos últimos años para dar respuesta a las demandas surgidas de las manifestaciones del 20 de abril de 2024 del colectivo Canarias tiene un límite, y ha asegurado que “poco o nada se ha hecho más allá de estudios y planes”.

En su intervención, ha criticado el retraso en la tramitación de la ley de biodiversidad, que, según ha indicado, se ha llevado a información pública “tres años después” y mediante un procedimiento de urgencia que, a su juicio, limita la participación ciudadana.

También ha acusado al Ejecutivo de “descafeinar” la ley de cambio climático y de no avanzar en la implantación de una ecotasa ni en la mejora de la gestión de residuos.

Vanoostende ha incidido especialmente en el control de vertidos al mar, al afirmar que “no hemos mejorado absolutamente” y que en algunos puntos de Canarias los ciudadanos siguen bañándose “en mierda, literalmente”.

Asimismo, ha criticado la instalación de infraestructuras energéticas basadas en combustibles fósiles en el contexto de la emergencia energética.

Por su parte, Hernández Zapata ha defendido la acción del Gobierno y ha acusado al PSOE de “tener un problema serio de personalidad”, al “sacar la pancarta en la oposición” y no actuar cuando ostenta responsabilidades en el Ejecutivo.

El consejero ha enumerado medidas como el impulso a la regulación del alquiler vacacional, la aceleración de la implantación de energías renovables y la planificación de su desarrollo en el territorio, así como avances en una futura ley de biodiversidad.

Además, ha reprochado a los socialistas que durante la pasada legislatura no adoptaran medidas para garantizar la seguridad del suministro energético pese a que, según ha dicho, el déficit de generación era conocido desde 2021, lo que, en su opinión, ha contribuido a la situación de apagones que se han producido en algunas islas como en La Gomera o La Palma.

El ex presidente de Sniace Blas Mezquita ha sostenido, como ya hizo en el primer juicio por los vertidos de la fábrica al río Saja Besaya entre 2008 y 2010, que la empresa estaba autorizada a hacerlos de forma transitoria, amparada en la Autorización Ambiental Integrada, hasta que se construyeran las infraestructuras para conducirlos a la ría de San Martín.

Mezquita ha vuelto a testificar acusado de un delito contra el medio ambiente, junto a siete ex consejeros y el entonces director de Operaciones de la empresa, cerrada desde 2020, después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la vista y la sentencia en la que se les condenó hace cinco años.

La Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito contra el medio ambiente, pues cree que fue el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes, mientras que al entonces presidente de la compañía y al resto del consejo de administración les considera autores del citado delito, al entender que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

Durante su declaración, miembros del consejo de administración han insistido en que no se ocupaban de los asuntos ambientales, sino el también ex consejero y ex secretario Miguel Gómez de Liaño, que fue condenado por el Tribunal Supremo en 2010 por unos vertidos en 2006, cuando había sido revocado el permiso de la Confederación.

Según han explicado, era Gómez de Liaño, quien testificó la semana pasada -no lo hizo en el primer juicio-, el que informaba al Consejo de Administración en materia medioambiental cuando lo consideraba oportuno.

En sus declaraciones, han coincidido en asegurar que nunca tuvieron conocimiento de que los vertidos que se estaban haciendo pudieran ser peligrosos y en que toda información que les llegaba en materia medioambiental era a través de Gómez de Liaño. Asimismo han explicado que, tras el aviso del secretario de que si se continuaba vertiendo sobre el río se corría el riesgo de que Sniace “fuera reprochada”, el consejo de administración acordó que en caso de no aclararse el asunto, se parara la actividad de la fábrica. Sin embargo, han subrayado que nunca tuvieron constancia de ningún requerimiento o expediente sancionador en este sentido.

En 2008 Sniace obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas de su proceso industrial a la ría de San Martín, a través de un colector, mientras que al Saja Besaya solo podían ser de refrigeración o pluviales.

La fiscal mantiene que, a sabiendas de que no tenía autorización, Sniace siguió haciendo vertidos que alteraron la calidad de las aguas, sin respetar los parámetros de la AAI.

A preguntas del ministerio público, Mezquita ha recordado que esta autorización fue dictada por el Gobierno de Cantabria, que, según ha dicho, era “el competente” después de que la Confederación le trasladase el expediente.

En respuesta a un abogado de la defensa, el exdirigente de la fábrica ha señalado que la responsable en materia medioambiental de la empresa tenía una relación “muy directa” con el entonces secretario y que el jefe de operaciones se limitaba a “una labor de coordinación” en este asunto.

La fiscalía pide seis meses de prisión y 12.000 euros de multa

Según se avanzó en la primera jornada del juicio, la pena solicitada por la Fiscalía para cada uno de los acusados es de seis meses de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural en un año. Y reclama que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

Además de la Fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción y la Abogacía del Estado, que solicita casi 50 millones de euros de indemnización.

El juicio, a cargo de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander y que se celebra en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, concluirá este miércoles. 

Tras casi diez años peleando contra jueces y políticos, los vecinos de la barriada Guadalquivir de la localidad sevillana de Coria del Río no ven el final de un proceso que les está costando la vida. El archivo de la causa judicial impulsada por ellos mismos ha ahondado en su indignación, sintiendo que sus lamentos no llevan a nada para los organismos públicos.

Los vecinos afectados, representados por Rogelia Gómez, portavoz de la Asociación de vecinos afectados por tóxicos de Coria del Río, afirman que el efecto de los gases “es perjudicial para la salud sí o sí”. Por ello, tienen una sensación de que están presenciando su propia muerte. “Aquí nos están matando. Estamos muriendo como chinches”, exclama desesperada Gómez en conversación con este periódico.

Insiste en que la inhalación de gases tóxicos va a continuar siendo una constante en sus vidas, mientras que Catalina García, consejera de Salud hasta 2024 y actual titular de Medio Ambiente, y Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, no depurarán responsabilidades por el momento, según ha determinado el juzgado.

“Ocho muertos” en un mes

El origen del caso se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir alertaron de intensos olores a combustible que llegaban incluso al interior de sus casas, algo que habría provocado problemas de salud en numerosos afectados. Según se apuntó, los gases nocivos vendrían de una gasolinera próxima, lo que provocó la apertura de una investigación judicial por un presunto delito medioambiental. Aunque la causa fue archivada a finales de 2024, se reabrió después de que la Fiscalía confirmara la existencia de un “perjuicio comprobado en la salud y una afectación acreditada” en los vecinos.

“Ocho personas han muerto en este último mes, cuatro de ellas de muerte súbita, y tres en la misma calle”, lamenta la portavoz. Además, aseguran que hay una gran inactividad por parte de los médicos, que no quieren verse involucrados en este asunto. “Nunca habrá un informe forense que reconozca que las muertes son provocadas por la inhalación de los gases tóxicos”, afirma Gómez.

Durante el invierno, los vecinos afectados han tenido que tener las ventanas completamente abiertas por recomendación del SEPRONA, ya que el calor favorece la conservación de los gases tóxicos. “Pasamos los inviernos sin calefacción y las ventanas abiertas, da igual el frío que haga”, declara la portavoz. 

“No podemos dejar esta herencia”

El escrito, al que ha tenido acceso Sevillaeldiario.es, indica que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, “únicamente estaría procediendo a citar o valorar a aquellas personas cuyas analíticas dieron resultado positivo”. Además, pide “que se haga examen integral de todos los perjudicados”, en especial “a todos los menores afectados”.

Este último revés judicial les ha pillado por sorpresa, ya que Gómez asegura que “hay hasta 13 informes que nos avalan” pero que “no se han tenido en cuenta”. Por otro lado, indica que dilatar el tema solo beneficia a la Junta de Andalucía, que “se defiende con los equipos jurídicos de la Administración”, mientras que los vecinos tienen que pagar a sus abogados. Pese a todo, no van a cesar en su lucha y aseguran que “llegaremos al Supremo y Estrasburgo”, añadiendo que “no podemos dejar esta herencia”. 

La presidenta de la asociación de afectados indica que el asunto es “algo muy gordo que no interesa que vea la luz”, y acusa del drama medioambiental a las “negligencias políticas” que se suceden, acusándoles de ser “una panda de mafiosos”.

El fuerte oleaje de este invierno y primavera en el norte de Tenerife, casi sin precedentes con tanta constancia, ha dejado al descubierto una segunda tubería de gran calibre en la principal cala del Puerto de la Cruz, la histórica ciudad turística de esta comarca de la Isla: Playa Jardín. Canarias Ahora pudo fotografiar la boca de este segundo tubo que el Atlántico ha dejado a la vista de todos (al menos hace unos días), tras el que quedó en las mismas circunstancias el pasado febrero.

Se trata de un extremo en forma de boca o enlace con rosca, de las mismas dimensiones y prácticamente inmovible, que tenía continuación hacia la profundidad y que, si cualquier bañista o paseante por la orilla (algo muy habitual en esta playa) no lo apreciaba, suponía incluso un peligro de tropiezo o daño en los pies descalzos.

En febrero, y como muestra la foto y el vídeo que acompañan a estas líneas (que se difundieron mucho en redes), la tubería que dejó descubierta el mar en un invierno en el que se ha perdido o retirado muchas más arena de lo habitual era mucho más larga y con varias ramificaciones elevadas. En ese momento, el gobierno local indicó que desconocían la función de ese tubo y que lo retiraron, aunque no se aclaró su largo y si constaba en el ayuntamiento algún expediente sobre esta instalación.

Por lo indagado por Canarias Ahora entre exalcaldes y exconcejales con responsabilidad en Medio Ambiente, todo apunta a que se trata de hasta cuatro tuberías que se colocaron hace unos 30 años, a lo sumo. En principio, y según algunas de las personas consultadas, su función consistía en sacar la salmuera de la instalación del Loro Parque, que había incorporado o tenía previsto añadir las orcas a sus espectáculos con animales, pero sin total seguridad o evidencias.

Tampoco la dirección general de Costas o el Gobierno regional tienen constancia de expedientes sobre estas tuberías, lo que acrecienta el misterio en una playa que estuvo cerrada un año precisamente por vertidos fecales, lo que causó una gran polémica, desató protestas vecinales y de usuarios, dañó la imagen turística y ambiental del Puerto de la Cruz, Tenerife y, por ende, Canarias y hasta se utilizó para justificar, en parte, la moción de censura contra Marco González (PSOE) del 16 de agosto de 2024.        

De momento, y ya con pruebas de hasta dos tuberías de grandes dimensiones, se acrecienta el misterio de estos tubos en plena arena de una cala más que relevante en el Norte tinerfeño.  

Vuelven los vertidos fecales a uno de los parajes naturales y protegidos más bellos e importantes del Norte de Tenerife, el de Rambla de Castro, en Los Realejos. Así lo denuncia, en declaraciones a Canarias Ahora, Izquierda Realejera (IzR), formación que lleva años criticando estos hechos y que achaca a la “desidia y la dejadez del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el ayuntamiento”.

Según esta formación, estos vertidos de aguas fecales llevan “días, quizás semanas, produciéndose en esta parte de la costa local, debido a la obstrucción de los colectores en el sendero que viene de la urbanización La Romántica I. ”Podría tratarse de un hecho puntual, pero supone un ejemplo más de la desidia y la dejadez de las administraciones públicas. Muchos anuncios -censuran-, mucha publicidad, pero en esencia no les importa. Sólo se mueven si salen retratados en las redes sociales“, afirman.

Izquierda Realejera recuerda que lleva tiempo “avisando y poniendo en cuestión la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en los límites del paraje protegido de Rambla de Castro, concretamente en San Vicente”. Según explican, “a esta zona se va a enviar un caudal enorme de aguas negras, incluyendo las provenientes de nuevas urbanizaciones del Realejo Bajo. Los aliviaderos de la EBAR están directamente enfocados al barranquillo del paraje natural, que a su vez desemboca en la playa de Castro. Cualquier avería, fuga o incidencia –advierten- va a contaminar irremediablemente el entorno”. 

Asimismo, critican que, “para evitar que los vertidos sean vistos por la población, se pretende realizar un pozo absorbente para que sean indetectables, incluso para el personal de mantenimiento, con lo que, cuando haya nata, algo de grasa o malos olores en la playa, habría que acordarse de estos avisos”. Además, “para empeorar la situación y después de treinta años, aún sigue en vigor la posibilidad de construir un hotel pegado a Rambla de Castro, por más que se hayan hecho alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO) por partidos políticos, colectivos y asociaciones de dentro y de fuera del municipio, a las que no se les ha escuchado”, se quejan.

Rambla de Castro supone uno de los reductos verdes, con numerosas palmeras y otras especies, del Norte de Tenerife. Se sitúa entre el barrio de San Vicente y la célebre playa del Socorro, meca del surf en la comarca, aunque cerrada bastantes días en este invierno por las fuertes mareas y las alertas. El paraje se ubica justo debajo del famoso mirador de San Pedro y resulta muy visitado por su riqueza floral, de fauna (sobre todo de aves, pues suele anidar la paloma rabiche y turqué. Además, cuenta con las impresionantes playas (arenadas en verano o bajamar) de Castro y La Fajana, marcadas por las vistas al verde y la sensación de paraíso aislado pese al urbanizado Valle de La Orotava, con tantas tropelías de cemento.

El conflicto en el que se entrecruzan la comunidad científica, las administraciones y las empresas por los vertidos mineros al Guadalquivir ha entrado este martes en una nueva etapa, al dar el Ayuntamiento de Chipiona (gobernado por una coalición entre Unidos por Chipiona e IU) el paso de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo ello, tras un nuevo estudio científico en el que han participado profesores de las universidades de Cádiz, Granada y Sevilla que insiste en la creciente presencia de metales pesados, mientras las minas y el Gobierno andaluz –que ha dado las licencias– defienden la viabilidad de los proyectos.

La Universidad de Sevilla ha sido el escenario de una multitudinaria puesta en escena, en la que algunos de los investigadores que firman el último trabajo (publicado en la prestigiosa revista Oxford Academic) han sido arropados por ayuntamientos ribereños, ecologistas y representantes de los sectores pesquero y agrícola. El “miedo” que han expresado ha sido común: el empeoramiento del estado del río que provocará el aumento de vertidos de las minas Cobre Las Cruces y Los Frailes (la de Aznalcóllar) será una catástrofe ambiental que liquidará el medio de vida de miles de familias.

El punto de partida sería el que las autorizaciones de vertidos concedidas por la Junta de Andalucía “están mal hechas y no tienen fundamento científico”, lo que según el estudio “multiplicaría por diez” la contaminación que en estos momentos sufren el estuario y la desembocadura del Guadalquivir. Esto, denuncian los autores, “supone un riesgo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río, como la pesca, la acuicultura y la ganadería, y para la salud pública”.

Primera denuncia en la Fiscalía

Desde la Consejería de Industria, Energía y Minas, en cambio, defiende que las autorizaciones ambientales concedidas a ambos proyectos “garantizan el cumplimiento de los límites legales establecidos para el desarrollo de cualquier actividad ya sea agrícola, residencial, industrial o minera, entre otras”. Y se ha vuelto a poner el acento en que los proyectos mineros “cuentan con todos los informes y autorizaciones preceptivos que avalan el cumplimiento de la legalidad y de la normativa vigente, y tienen una especial vigilancia de la protección ambiental”.

En la misma línea se expresan las dos iniciativas mineras, que subrayan que cuentan con todos los permisos administrativos y ambientales necesarios. Desde ambas empresas se reitera que han sido sometidas a exhaustivos controles durante una tramitación oficial que se ha prolongado durante bastantes años.

Pero al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero (del partido Unidos por Chipiona), le convencen más los argumentos científicos que los administrativos, de ahí que haya dado el paso de presentar una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito ambiental que ha provocado la contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar, así como del estuario del Guadalquivir. “Esto va por donde tiene que ir, que es por lo penal, espero que la Fiscalía tome medidas”, ha insistido Aparcero, que ha alertado de los efectos sobre la salud y del impacto económico de este problema.

El regidor ha abierto la posibilidad al resto de colectivos y administraciones presentes a sumarse a esta denuncia, aunque inicialmente lo que se barajó es que cada parte presentara la suya propia. De hecho, la organización de consumidores Facua ha anunciado que irá por su parte al apreciar riesgos graves para la salud y la seguridad alimentaria, por lo que ha instado a la Fiscalía a tomar medidas cautelares en aplicación del principio de precaución.

Comité científico y moratoria

Aparcero es una de las voces que más alto está hablando dentro del frente común que se ha creado, que incluye a organizaciones agrarias como COAG y cofradías de pescadores, además de los por los ayuntamientos gaditanos de Chipiona, Rota (PSOE), Sanlúcar de Barrameda (IU) y Trebujena (IU). También están las localidades sevillanas de Camas (PSOE), Coria del Río (Andalucía por Sí), Isla Mayor (PSOE), Lebrija (PSOE), Los Palacios (IU) y La Puebla del Río (DeLaPuebla e IU), un conglomerado que hace un año entregó una carta a Juan Manuel Moreno en San Telmo con una doble petición que se mantiene: crear un comité científico independiente que analice la salud del río y, mientras tanto, que se aplique una moratoria que paralice los proyectos mineros.

En cuanto al artículo ahora publicado –el último de una larga serie de investigaciones en esta línea–, califica de “simplistas” los modelos de impacto utilizados por las empresas y la administración, porque no integran el papel de los sedimentos, la biota ni los efectos acumulativos y sinérgicos de dos vertidos coincidiendo en la misma zona. Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y primer firmante del estudio, ha desgranado que se está produciendo una “contaminación con efectos ecotóxicos” no sólo Guadalquivir abajo desde los puntos de vertido, sino también aguas arriba entre La Puebla del Río, Sevilla y la presa de Alcalá del Río.

Los autores hablan de concentraciones de cientos de kilos de metales como zinc, cobre, arsénico y níquel, cuyas partículas contaminadas permanecen durante largos periodos dentro del estuario, lo que dificulta su exportación hacia el mar abierto. El trabajo recuerda, además, que la exposición crónica a estos contaminantes se ha vinculado en la región a problemas como mayor riesgo de cáncer de vejiga o efectos sobre el desarrollo cognitivo infantil, “lo que refuerza la preocupación por las descargas en un entorno densamente poblado”.

Las empresas se defienden

En cuanto a las compañías que están en el punto de mira, Cobre Las Cruces esgrime que su nuevo proyecto ha sido sometido a “un examen exhaustivo y muy exigente” por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. De paso, se recuerda que el pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó una denuncia de Ecologistas en Acción y validó las autorizaciones ambientales recibidas, además de rechazar los informes universitarios sobre un presunto daño ambiental al Guadalquivir derivado de la actividad de la mina.

“Cobre Las Cruces cumple escrupulosamente todas las obligaciones de la normativa en materia ambiental”, añade. Y también esgrime un estudio universitario, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Sevilla, que concluye que su actividad industrial “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Este análisis técnico ha sido minimizado por los autores que insisten en el riesgo de los vertidos, ya que consideran que sido encargado y pagado por la propia empresa.

Desde Minera Los Frailes, que recibió el pasado mayo el permiso definitivo, se resalta por los estudios realizados en los últimos diez años “descartan cualquier riesgo de contaminación en el río Guadalquivir asociado al proyecto de Aznalcóllar”. “Los niveles resultantes del vertido tratado se situarán muy por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental vigente, una de las más exigentes del mundo”, a lo que añade que el sistema contará con controles diarios en varios puntos del río y revisiones periódicas de los datos por parte de un ente externo e independiente.

Asimismo, se recuerda que este proyecto “es la solución para abordar el pasivo ambiental existente en la zona de Aznalcóllar, consecuencia de la actividad minera del pasado”. Esto permitirá restaurar “de forma definitiva” alrededor de 600 hectáreas afectadas por la minería histórica, “resolviendo un problema ambiental heredado y recuperando el entorno para el futuro”.

A las ocho y media de la mañana del pasado 18 de febrero, un camión cisterna con cabina de color verde transitaba por una pista próxima al Castro Marcelín, en Agolada, interior de la provincia de Pontevedra. No mucho antes, media hora según un testigo presencial, ese mismo camión salía de las inmediaciones de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Bandeira, también en Pontevedra. Según la denuncia presentada por la agrupación Ecoloxistas Galiza Verde e Atlántica ante el Seprona, basada en los testimonios de vecinos, el vehículo cargo allí los lodos que vertería a 36 kilómetros en fincas de Agolada. “Presumiblemente sin tratamiento previo”, al contrario de lo que prescribe la normativa. La empresa de residuos aludida en la demanda, Agroamb -según la denuncia, el rótulo figuraba en la cabina del camión-, niega “descargar nada” en el foso de purines señalado por los ambientalistas y no tiene constancia de ninguna denuncia.

Agentes del Seprona y de Augas de Galicia de la Xunta no tardaron en personarse en el lugar, explica una portavoz de los ecologistas. Aun así, añade, al día siguiente hubo nuevas descargas en los mismos prados. Fueron además jornadas de lluvias intensas que sucedían a semanas de borrascas en Galicia, lo que convierte en todavía más dañinos los vertidos. “Las tierras estaban empapadas, saturadas de agua”, sostiene esa misma portavoz, “y depositar lodos en esas condiciones resulta aún más perjudicial”. Según el texto de la denuncia, que aporta además varias imágenes -alguna reproducida en esta información-, la aplicación de “cualquier fertilizante en estas condiciones maximiza la contaminación por nitratos y otros contaminantes, aérea y de acuíferos”.

Además de en los campos, el camión avistado por los vecinos de Agolada también vació su cisterna en una balsa sin cerrar, sin paredes recubiertas ni ningún tipo de impermeabilización. “Existe la obligación de que las estructuras de almacenamiento de purines sean estancas e impidan pérdidas y que estén cerradas con vallas por bioseguridad y prevención de accidentes”, dice la demanda. No es el caso, a juzgar por las fotografías aportadas.

El escrito registrado ante el Seprona por Ecoloxistas Galiza solicita que se compruebe “el tacógrafo del vehículo de la empresa Agroamb que estuvo cargando residuos en la planta de Frigoríficos Bandeira y del Edar de Bandeira para verificar si los kilómetros recorridos y el tiempo de circulación concuerdan con un trayecto directo desde los lugares de carga hasta los de descarga en las proximidades del Castro Marcelín. En el posible trayecto no existe planta de tratamiento de residuos”. Los ecologistas quieren que los agentes medioambientales de la Guardia Civil averigüen si el mencionado vehículo “pasó por una planta de tratamiento de residuos antes de hacer el vertido”.

Agroamb, cuya planta de gestión de residuos orgánicos está en Castro de Rei (Terra Cha, Lugo), a una hora y cuarenta minutos de distancia de Bandeira y a una hora y diez de Agolada, insiste en negar toda relación con lo sucedido. “En nuestras instalaciones tratamos los residuos sólidos o líquidos, que transformamos en fertilizantes, sólidos o líquidos”, señalan fuentes de la compañía, “a nosotros también nos perjudican las malas prácticas que puedan estar haciendo otros”.

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y ante Medio Natural vertidos realizados en la Yasa Majillonda, en la localidad de Pradejón. Como asegura el colectivo en un comunicado, “las parcelas 196, 45, 46 y 101 del polígono 9 de Pradejón, donde se almacenan restos de compost del champiñón, se encuentran sin impermeabilizar pudiendo contaminar las aguas que discurren por la yasa Majillonda”.

Puntualizan que a esta yasa no llegan lixiviados procedentes de la planta de reciclaje o, al menos, no han localizado ningún punto concreto, pero “el camino que discurre desde la parcela 196 a la parcela 283 del polígono 9 se encuentra completamente cubierto de restos de compost del champiñón, dado que la yasa es el punto bajo las aguas sucias acaban en este cauce torrencial”.

Para Amigos de la Tierra, “la degradación de la presente zona esteparia de Pradejón es absoluta”, algo motivado en gran medida, según señalan “por el empleo indiscriminado de compost en parcelas de esta misma zona, la visión negativa hacia las áreas esteparias de la sociedad, el desinterés de la administración por dotarlas con figuras efectivas de protección”.

“Este empleo indiscriminado de compost ha provocado una gravísima alteración en el medio natural, que difícilmente permite el mantenimiento de especies esteparias”, pero “si no fuera poco, las aguas de la yasa Majillonda se contamina con altísimos contenidos de materia orgánica en cuanto se producen lluvias”.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja indican, por todo ello, que han pedido que se adopten medidas “para acabar con la contaminación de las aguas de la Yasa Majillonda”. En concreto, reclaman instar a la planta de reciclaje de compost de Pradejón a “impermeabilizar la totalidad de las fincas que emplean, a recoger la totalidad de los lixiviados en balsas y a instalar sistemas para lograr que las ruedas de los camiones no esparzan el compost por los caminos, que acaban por contaminar la Yasa Majillonda con precipitaciones mayores que las de hoy se producirán lixiviados”.

No més inspectors deambulant sense un objectiu fix, intentant separar el gra de la palla. És l'objectiu del Govern, que, a partir del mes de març, presentarà una nova eina que permetrà localitzar qualsevol abocament sòlid il·legal, en la seva majoria provinent del sector de la gestió de residus. Quan els inspectors surtin al carrer a fer el seu treball ja comptaran amb les dades exactes del lloc on s'ha comès el delicte i del volum del mateix i, per tant, podran actuar amb més diligència.

Un conveni gratuït signat amb l'empresa Elohawk S.L per un període inicial de sis mesos ampliable a dos anys permetrà utilitzar aquesta eina basada en Intel·ligència Artificial, en desenvolupament continu, que detectarà tots els abocaments sòlids, via satèl·lit, en qualsevol emplaçament que es trobin. El seu desenvolupador, fundador i CEO de Elohawk S.L., Eduardo López, assegura a eldiario.es que, amb aquest mètode, “que ja està sent sol·licitat a nivell nacional i europeu, no quedarà cap abocament sense identificar, el que facilitarà la labor inspectora i sancionadora”

A López li va sorgir la idea treballant. És instructor de procediments sancionadors en un organisme dependent de la Conselleria d'Indústria. “Arran de parlar amb els inspectors i veure la situació actual dels únics mitjans que hi havia per a detectar els abocaments il·legals, que és bàsicament actuar per denúncies o per inspeccions aleatòries, em va semblar que era tremendament ineficient i que no anàvem a poder abastar, ni des de lluny, la realitat dels abocaments en Balears. Aquesta eina que he dissenyat és capaç de localitzar aquestes deixalles il·legals, en la seva majoria enderrocs, en qualsevol punt, per molt amagats que es trobin”, explica a elDiario.es.

Arran de parlar amb els inspectors i veure la situació actual dels únics mitjans que hi havia per a detectar els abocaments il·legals, que és bàsicament actuar per denúncies o per inspeccions aleatòries, em va semblar que era tremendament ineficient i que no anàvem a poder abastar, ni des de lluny, la realitat dels abocaments

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L

Per a confeccionar aquesta startup s'han utilitzat imatges aèries de l'Institut Cartogràfic de l'arxipèlag i del Pla Nacional d'Ortofotografia Aèria, que es renoven cada dos anys, per a entrenar una sèrie d'intel·ligències artificials. “Jo mateix les he dissenyat perquè poguessin fer el que bàsicament puc fer jo buscant els residus, però d'una manera molt més eficient, en grans extensions de terreny i així tenir una imatge real de com està la situació”, assegura López.

El processament de totes les dades obtingudes és la clau de l'èxit d'aquesta nova eina. “Utilitzo arquitectures conegudes –estructures de IA– i arquitectures pròpies que he creat jo de visió per computació per a processar totes les dades. Ja són més de 360 mil imatges de tota Espanya amb les quals estic treballant. Amb elles he creat una sèrie de màscares que són la localització precisa de la informació que em donen aquestes imatges. D'elles tinc 30.000 també”, explica el desenvolupador.

“Perquè es puguin fer una idea, en 2025 teníem un total de 114 denúncies per abocament de residus o gestió incorrecta d'aquests. Entenem que hi ha molts més trencaments de la llei. Obtindrem una quantificació en cadascun dels punts”, expliquen des de la Conselleria d'Indústria. Les dades aportades per l'Administració podran ser tractats per Elohawk S.L. amb finalitats estrictament vinculades al projecte. L'empresa, per part seva, informarà periòdicament sobre l'evolució del sistema i els resultats obtinguts.

López assegura que, fins al moment, ja s'han detectat “més de 1.000 punts d'abocaments il·legals”. L'aplicació ja ha estat sol·licitada per una altra Comunitat Autònoma, a pesar que encara no s'ha presentat oficialment. “Les negociacions estan ja molt avançades. A més, aquesta setmana s'ha interessat un país de la Unió Europea. La idea és implantar-ho a tota Europa”, relata López sense voler concretar més fins al moment i molt satisfet amb els resultats que està podent obtenir fins a la data.

Ha estat una labor titànica la que López ha dut a terme des de fa uns 10 mesos. “Tot el meu temps lliure, el 100% del temps quan surto del treball, l'he dedicat a això. Gairebé de manera obsessiva i compulsiva”, adverteix. “Veig un problema i automàticament em poso a buscar la solució. És la meva manera de veure la vida”, assegura a elDiario.es. Fa mesos va sortir a la llum un altre dels seus invents, que li estarà fent la vida més fàcil a moltes persones: un sistema per a tocar l'ukelele per a persones amb discapacitat. “El meu objectiu és la solució, no ho faig pels diners”, postil·la.

Tot el meu temps lliure, el 100% del temps quan surto del treball, l'he dedicat a això. Gairebé de manera obsessiva i compulsiva. Veig un problema i automàticament em poso a buscar la solució. És la meva manera de veure la vida

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L

“Ara els caçarem”

Segons especifica el CEO de Elohawk S.L. en converses amb aquest diari, el departament en el qual treballa com a funcionari té la suficient capacitat inspectora per a fer front a la quantitat de processos que es poguessin derivar de l'ús d'aquesta eina. “Hi ha personal suficient per a fer el treball, el que no hi havia era una sistema fiable perquè poguessin desenvolupar la seva labor amb més eficàcia. És increïblement ineficient posar a centenars d'inspectors a buscar perquè, entre altres coses, no saps on estan els residus. El problema és que no existia una eina que et permetés detectar-lo en grans extensions. Ara, pots veure el lloc exacte on estan, l'àrea que ocupen i fer una estimació del seu volum. Per tant, pots prioritzar a quins anar primer”, concreta.

És increïblement ineficient posar a centenars d'inspectors a buscar perquè, entre altres coses, no saps on estan els residus. El problema és que no existia una eina que et permetés detectar-lo en grans extensions. Ara, pots veure el lloc exacte on estan, l'àrea que ocupen i fer una estimació del seu volum. Per tant, pots prioritzar a quins anar primer

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L.

Per part seva, fonts de la Conselleria d'Indústria asseguren a elDiario.es que, fins ara, s'actua d'ofici quan en visita rutinària es detecta que hi ha “alguna cosa” al marge de la llei. “Es posa en coneixement, a través d'actes, de la policia local, del SEPRONA i dels agents de Medi Ambient, amb els que hi ha acordats un pla d'inspecció. Una vegada rebuda la denúncia, s'informa i es procedeix a corroborar presencialment l'existència d'aquest residu il·legal. S'inicia un expedient sancionador on s'exposen els fets comprovats i, sobre la base de la llei, es quantifiquen les accions. Després hi ha un període d'al·legacions”, especifiquen.

La Llei de Residus, tant la balear com la nacional, dona la potestat d'inspecció i sanció davant incompliments de la llei per qüestions d'abocaments il·legals a la Conselleria d'Indústria balear, de la qual depèn la Direcció General i el Departament de Residus, que compta amb un servei jurídic que instrueix els expedients sancionadors.

Quant als responsables d'aquests abocaments, López assegura que els enderrocs no sols procedeixen d'obres il·legals, com en un principi es podria pensar, sinó de la gestió dels residus per part d'obres totalment legals. “Les constructores normalment contracten altres empreses que es dediquen al tractament dels enderrocs. No obstant això, aquestes empreses de gestió de residus no estan fent les coses com correspon. Ho estem veient”, assegura.

“Algunes empreses de gestió de residus, que cobren a les constructores per desfer-se d'ells, aboquen l'enderroc a terrenys no aptes per a aquest fi i en molts casos sense permís de la propietat. Els mateixos transportistes en lloc de portar els residus a la planta de tractament corresponent, els llancen il·legalment. La finalitat d'aquesta picardia és estalviar-se aquest cost. Però ara els tenim localitzats”, afirma López.

Algunes empreses de gestió de residus, que cobren a les constructores per desfer-se d'ells, aboquen l'enderroc a terrenys no aptes per a aquest fi i en molts casos sense permís de la propietat. Els mateixos transportistes en lloc de portar els residus a la planta de tractament corresponent, els llancen il·legalment

Eduardo López — CEO d'Elohawk S.L

“A més, el mal no és només per al medi ambient, sinó també per a les persones a les quals els aboquen residus en les seves pròpies parcel·les sense coneixement. En aquests casos la llei els obliga a retirar-los, però no se'ls sanciona com al que enxampem abocant directament”, precisa el CEO de Elohawk S.L. “L'aplicació et permet localitzar a gestors de residus que no estan actuant com es deu. Hi ha molts casos d'aquest tipus, ho he pogut comprovar a les imatges i ara els caçarem. Pots veure que hi ha maquinària a les parcel·les per a moure aquests residus, per exemple; els indicis són molts”, explica sense voler concretar més detalls.

“La nova eina també detecta residus d'aparells elèctrics, electrònics, munts d'asfalt… No podem detectar un abocament de líquids, però en identificar els residus, normalment, ja pots detectar la resta d'abocaments per l'estat del sòl. Seria un fil del qual tirar”, argumenta.

Competència deslleial

A més, aquests incompliments de la Llei de Residus produeixen una competència il·legal en el sector. “Els que gestionen pitjor cobren més barat a costa del medi ambient i de tots nosaltres. Això ha de parar”, urgeix el fundador de Elohawk S.L. López assegura que, així mateix, la possible demora de les sancions en els casos de les empreses o particulars que cometin aquest tipus de delictes no és el més important. “Perquè les multes arribaran prest o tard. A més, els delictes començaran a disminuir si ja saben que estem veient-los i vigilant-los”, argumenta.

El desenvolupador d'aquesta startup preveu que, donats els resultats que s'estan obtenint en el procés d'encreuament de dades i imatges, les instàncies d'inspeccions es dispararan. “Una vegada identificats els punts, es posen les dades al servei de les administracions públiques perquè els ajuntaments puguin actuar en el marc del seu propi municipi”, explica.

Quan comenci a funcionar la startup es calibrarà el sistema a través d'una inspecció dels primers punts per a verificar que l'eina està funcionant bé. “Una vegada que tinguem totes aquestes dades, proposarem una campanya específica, començant pels més greus, per a iniciar els expedients sancionadors que corresponguin”, afegeix el desenvolupador de l'eina.

Dels 114 expedients oberts en 2025 per abocaments il·legals per part de la Conselleria d'Indústria del Govern balear, 35 han estat ja efectivament sancionats. Un total de 92 d'ells estan en aquests moments en període d'al·legació, segons la Conselleria d'Indústria.

No más inspectores deambulando sin un objetivo fijo, intentando separar el grano de la paja. Es el objetivo del Govern, que, a partir del mes de marzo, presentará una novedosa herramienta que permitirá localizar cualquier vertido sólido ilegal, en su mayoría proveniente del sector de la gestión de residuos. Cuando los inspectores salgan a la calle a hacer su trabajo ya contarán con los datos exactos del lugar donde se ha cometido el delito y del volumen del mismo y, por lo tanto, podrán actuar con más diligencia. 

Un convenio gratuito firmado con la empresa Elohawk S.L por un periodo inicial de seis meses ampliable a dos años permitirá utilizar esta herramienta basada en Inteligencia Artificial, en desarrollo continuo, que detectará todos los vertidos sólidos, vía satélite, en cualquier emplazamiento que se encuentren. Su desarrollador, fundador y CEO de Elohawk S.L., Eduardo López, asegura a elDiario.es que, con este método, “que ya está siendo solicitado a nivel nacional y europeo, no va a quedar ningún vertido sin identificar, lo que facilitará la labor inspectora y sancionadora”. 

A López le surgió la idea trabajando. Es instructor de procedimientos sancionadores en un organismo dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. “A raíz de hablar con los inspectores y ver la situación actual de los únicos medios que había para detectar los vertidos ilegales, que es básicamente actuar por denuncias o por inspecciones aleatorias, me pareció que era tremendamente ineficiente y que no íbamos a poder abarcar, ni de lejos, la realidad de los vertidos en Balears. Esta herramienta que he diseñado es capaz de localizar estos desechos ilegales, en su mayoría escombros, en cualquier punto, por muy escondido que se encuentre”, explica a elDiario.es.  

A raíz de hablar con los inspectores y ver la situación actual de los únicos medios que había para detectar los vertidos ilegales, que es básicamente actuar por denuncias o por inspecciones aleatorias, me pareció que era tremendamente ineficiente y que no íbamos a poder abarcar, ni de lejos, la realidad de los vertidos

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L

Para confeccionar esta startup se han utilizado imágenes aéreas del Instituto Cartográfico del archipiélago y del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que se renuevan cada dos años, para entrenar una serie de inteligencias artificiales. “Yo mismo las he diseñado para que pudiesen hacer lo que básicamente puedo hacer yo buscando los residuos, pero de una manera mucho más eficiente, en grandes extensiones de terreno y así tener una imagen real de cómo está la situación”, asegura López.

El procesamiento de todos los datos obtenidos es la clave del éxito de esta nueva herramienta. “Utilizo arquitecturas conocidas –estructuras de IA– y arquitecturas propias que he creado yo de visión por computación para procesar todos los datos. Ya son más de 360 mil imágenes de toda España con las que estoy trabajando. Con ellas he creado una serie de máscaras que son la localización precisa de la información que me dan esas imágenes. De ellas tengo 30.000 también”, explica el desarrollador. 

“Para que se puedan hacer una idea, en 2025 teníamos un total de 114 denuncias por vertido de residuos o gestión incorrecta de los mismos. Entendemos que hay muchos más quebrantamientos de la ley. Obtendremos una cuantificación en cada uno de los puntos”, explican desde la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. Los datos aportados por la Administración podrán ser tratados por Elohawk S.L. con fines estrictamente vinculados al proyecto. La empresa, por su parte, informará periódicamente sobre la evolución del sistema y los resultados obtenidos.

López asegura que, hasta el momento, ya se han detectado “más de 1.000 puntos de vertidos ilegales”. La aplicación ya ha sido solicitada por otra Comunidad Autónoma, a pesar de que aún no se ha presentado oficialmente. “Las negociaciones están ya muy avanzadas. Además, esta semana se ha interesado un país de la Unión Europea. La idea es implantarlo en toda Europa”, relata López sin querer concretar más hasta el momento y muy satisfecho con los resultados que está pudiendo obtener hasta la fecha.

Ha sido una labor titánica la que López ha llevado a cabo desde hace unos 10 meses. “Todo mi tiempo libre, el 100% del tiempo cuando salgo del trabajo, lo he dedicado a esto. Casi de manera obsesiva y compulsiva”, advierte. “Veo un problema y automáticamente me pongo a buscar la solución. Es mi manera de ver la vida”, asegura a elDiario.es. Hace meses salió a la luz otro de sus inventos, que le estará haciendo la vida más fácil a muchas personas: un sistema para tocar el ukelele para personas con discapacidad. “Mi objetivo es la solución, no lo hago por el dinero”, apostilla.

Todo mi tiempo libre, el 100% del tiempo cuando salgo del trabajo, lo he dedicado a esto. Casi de manera obsesiva y compulsiva. Veo un problema y automáticamente me pongo a buscar la solución. Es mi manera de ver la vida

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L

“Ahora los vamos a cazar”

Según especifica el CEO de Elohawk S.L. en conversaciones con este diario, el departamento en el que trabaja como funcionario tiene la suficiente capacidad inspectora para hacer frente a la cantidad de procesos que se pudieran derivar del uso de esta herramienta. “Hay personal suficiente para hacer el trabajo, lo que no había era una sistema fiable para que pudieran desarrollar su labor con más eficacia. Es increíblemente ineficiente poner a cientos de inspectores a buscar porque, entre otras cosas, no sabes dónde están los residuos. El problema es que no existía una herramienta que te permitiese detectarlo en grandes extensiones. Ahora, puedes ver el sitio exacto donde están, el área que ocupan y hacer una estimación de su volumen. Por lo tanto, puedes priorizar a cuáles ir primero”, concreta.

Es increíblemente ineficiente poner a cientos de inspectores a buscar porque, entre otras cosas, no sabes dónde están los residuos. El problema es que no existía una herramienta que te permitiese detectarlo en grandes extensiones. Ahora, puedes ver el sitio exacto donde están, el área que ocupan y hacer una estimación de su volumen. Por lo tanto, puedes priorizar a cuáles ir primero

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía aseguran a elDiario.es que, hasta ahora, se actúa de oficio cuando en visita rutinaria se detecta que hay “algo” al margen de la ley. “Se pone en conocimiento, a través de actas, de la policía local, del SEPRONA y de los agentes de Medio Ambiente, con los que hay acordados un plan de inspección. Una vez recibida la denuncia, se informa y se procede a corroborar presencialmente la existencia de este residuo ilegal. Se inicia un expediente sancionador donde se exponen los hechos comprobados y, en base a la ley, se cuantifican las acciones. Después hay un periodo de alegaciones”, especifican.

La Ley de Residuos, tanto la balear como la nacional, da la potestad de inspección y sanción ante incumplimientos de la ley por cuestiones de vertidos ilegales a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía balear, de la que depende la Dirección General y el Departamento de Residuos, que cuenta con un servicio jurídico que instruye los expedientes sancionadores. 

En cuanto a los responsables de estos vertidos, López asegura que los escombros no solo proceden de obras ilegales, como en un principio se podría pensar, sino de la gestión de los residuos por parte de obras totalmente legales. “Las constructoras normalmente contratan a otras empresas que se dedican al tratamiento de los escombros. Sin embargo, estas empresas de gestión de residuos no están haciendo las cosas como corresponde. Lo estamos viendo”, asegura.

“Algunas empresas de gestión de residuos, que cobran a las constructoras por deshacerse de ellos, vierten el escombro en terrenos no aptos para este fin y en muchos casos sin permiso de la propiedad. Los mismos transportistas en lugar de llevar los residuos a la planta de tratamiento correspondiente, los arrojan ilegalmente. La finalidad de esta picaresca es ahorrarse este coste. Pero ahora los tenemos localizados”, afirma López. 

Algunas empresas de gestión de residuos, que cobran a las constructoras por deshacerse de ellos, vierten el escombro en terrenos no aptos para este fin y en muchos casos sin permiso de la propiedad. Los mismos transportistas en lugar de llevar los residuos a la planta de tratamiento correspondiente, los arrojan ilegalmente

Eduardo López — CEO de Elohawk S.L

“Además, el daño no es solo para el medio ambiente, sino también para las personas a las que les vierten residuos en sus propias parcelas sin conocimiento. En estos casos la ley les obliga a retirarlos, pero no se les sanciona como al que pillamos vertiendo directamente”, precisa el CEO de Elohawk S.L. “La aplicación te permite localizar a gestores de residuos que no están actuando como se debe. Hay muchos casos de este tipo, lo he podido comprobar en las imágenes y ahora los vamos a cazar. Puedes ver que hay maquinaria en las parcelas para mover estos residuos, por ejemplo; los indicios son muchos”, explica sin querer concretar más detalles.

“La nueva herramienta también detecta residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, montones de asfalto… No podemos detectar un vertido de líquidos, pero al identificar los residuos, normalmente, ya puedes detectar el resto de vertidos por el estado del suelo. Sería un hilo del que tirar”, argumenta.

Competencia desleal

Además, estos incumplimientos de la Ley de Residuos producen una competencia ilegal en el sector. “Los que gestionan peor cobran más barato a costa del medio ambiente y de todos nosotros. Esto tiene que parar”, urge el fundador de Elohawk S.L. López asegura que, asimismo, la posible demora de las sanciones en los casos de las empresas o particulares que cometan este tipo de delitos no es lo más importante. “Porque las multas van a llegar tarde o temprano. Además, los delitos van a empezar a disminuir si ya saben que estamos viéndolos y vigilándolos”, argumenta.

El desarrollador de esta startup prevé que, dados los resultados que se están obteniendo en el proceso de cruce de datos e imágenes, las instancias de inspecciones se van a disparar. “Una vez identificados los puntos, se ponen los datos al servicio de las administraciones públicas para que los ayuntamientos puedan actuar en el marco de su propio municipio”, explica.

Cuando comience a funcionar la startup se calibrará el sistema a través de una inspección de los primeros puntos para verificar que la herramienta está funcionando bien. “Una vez que tengamos todos estos datos, propondremos una campaña específica, empezando por los más graves, para iniciar los expedientes sancionadores que correspondan”, añade el desarrollador de la herramienta.

De los 114 expedientes abiertos en 2025 por vertidos ilegales por parte de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear, 35 han sido ya efectivamente sancionados. Un total de 92 de ellos están en estos momentos en periodo de alegación, según la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. 

En pleno debate de reclamación al Estado de más competencias, un relevante organismo del Gobierno de Imanol Pradales, la Agencia Vasca del Agua (URA), acaba de proponer encomendar a una sociedad estatal (Tragsatec, adscrita a la Sepi) que asuma funciones en tareas como la gestión de los vertidos en 2026 y 2027. Y le pagará cerca de 250.000 euros cada uno de esos ejercicios. Se da la circunstancia de que en 2024 y 2025 se había realizado una encomienda similar y de que en 2024 también se tiró de Tragsatec para cubrir otras labores de aprovechamientos con un presupuesto de 446.437 euros.

“En la actualidad, la Agencia Vasca del Agua no dispone ni de recursos personales ni materiales propios suficientes para poder llevar a cabo los citados trabajos. Ante la situación expuesta, cabe acudir a la contratación externa de servicios o servirse de los medios propios de la Administración General del Estado [...] como Tragsatec”, expone el director de URA, Asier López, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que el encabezamiento del “encargo” a la entidad estatal arranca con la constatación de que el Estatuto de 1979, algunos de cuyos puntos pendientes se están negociando ahora entre los Gobiernos central y vasco, otorga al Ejecutivo autonómico competencias “exclusivas” en materia de Aguas siempre que sean cauces interiores. Se añade que ya en 1994 se formalizó el acuerdo para el traspaso de esas funciones y se agrega que en 2024 hubo un convenio para que URA asumiese también las labores de “Policía de Aguas” en cuencas vascas ero que discurran también por otros territorios.

El “encargo” plantea que la sociedad estatal Tragasatec, del grupo Tragsa, pueda proporcionar a URA “apoyo técnico” en “control y seguimiento” de vertidos autorizados o ilegales y “soporte técnico especializado y asesoramiento en la tramitación”. Según el responsable de la agencia vasca, con esta participación del Estado se “reforzará” la capacidad de gestión de los vertidos “mediante actuaciones tecnificadas que permitan una respuesta ágil, eficiente y ajustada”. Este acuerdo es para los años 2026 y 2027 -y ya ha entrado en vigor el 1 de enero- y se apunta a un presupuesto de 495.000 euros en total, pagaderos en dos tandas anuales.

En detalle, la encomienda da importantes misiones a la entidad estatal. Tragsatec, por ejemplo, “colaborará en la elaboración de los contenidos sobre el seguimiento de los vertidos de mayor afección y los avisos”. Dos ejemplos concretos que se citan son el control de los lixiviados y posibles filtraciones de lindano en el vertedero de Gardelegi, en Vitoria, o “detectar virus específicos en las aguas residuales urbanas como señal de la aparición de epidemias o pandemias”.

URA admite que incluso necesita de “apoyo externo” para despachar los expedientes de vertidos ilegales. “La tramitación de estos expedientes debe producirse dentro del plazo máximo de prescripción del hecho denunciado, que en cuencas intercomunitarias es de seis meses y en cuencas intracomunitarias y vertidos tierra-mar es de un año. Para poder ajustarse a estos tiempos, es necesario un apoyo externo que permita la coordinación eficiente entre todas las partes implicadas y la suficiente celeridad en la emisión de los trámites desde que se recibe la denuncia hasta que se resuelve su archivo o el expediente sancionador”, argumenta la Agencia Vasca del Agua.

Tragsatec trabajará, eso sí, bajo la dirección de las autoridades vascas. Se ha designado a Josu Perea, director del Dominio Público Hidraúlico de URA, como coordinador. URA tiene en 2026 un presupuesto de 66,1 millones de euros. Su plantilla está compuesta por 182 personas: cuatro altos cargos, doce funcionarios y 166 laborales. Su sede central está en la capital, en Vitoria.

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha apuntado este martes que el COnsistorio va a valorar la posibilidad de sanciones por el vertido de gasoil que ayer se produjo en la zona de Avenida de Colón, en el centro de la ciudad.

A preguntas este martes de los medios de comunicación, al término de la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, Celia Sanz ha ratificado que “desde el momento que tuvimos conocimiento de la noticia, se actuó por parte de los servicios competentes y en principio ya está todo solucionado”. “Ahora se está también estudiando, porque hay que tener en cuenta que en este caso hay que valorar la posibilidad de interponer sanciones una vez veamos quién ha sido el autor de ese vertido. Pero la situación ahora mismo está ya controlada”, ha apuntado.

En la tarde-noche de este lunes, desde el propio Ayuntamiento se informaba de que los bomberos de Logroño estaban trabajando “en detectar el origen de un posible vertido de gasoil en la zona de Avenida de Colón". Al mismo tiempo, se trasladaba “un mensaje tranquilizador porque se trata de un vertido no peligroso, no inflamable”.

En la misma comunicación se explicaba que “el olor a gasoil se está extendiendo a otras calles de la ciudad”, ante lo que se daban consejos como “tapar los conductos de los que procede el olor y cerrar esa habitación dejándola con ventilación natural”; o que “en aquellas comunidades de vecinos donde se esté produciendo el olor a gasoil, se solicita que revisen la caldera de la comunidad por si esta pudiera tener el depósito afectado”.

En torno a las 23 horas, el Consistorio informaba que “el origen del vertido ya ha sido localizado, en Avenida de Colón 33”, dándose la situación por “controlada”, al tiempo que se apuntaba que “se están realizando trabajos de dilución en punto para neutralizar daños agua abajo y se mantienen equipos para limpieza del vertido”.

La situación está controlada. A última hora de ayer lunes, el Ayuntamiento de Logroño informó de que el vertido se localizó en Avenida de Colón 33 y de que la situación estaba controlada. Los bomberos realizaron los trabajos de dilución en el punto para neutralizar daños agua abajo y se mantuvieron los equipos de limpieza.

Varias personas de Logroño comunicaron ayer por la tarde a SOS Rioja la presencia de un fuerte olor a gasoil en distntas zonas de la capital riojana, pero sobre todo en la calle Avenida de Colón. Tras los avisos, desde el Centro de Emergencias se informó a las Fuerzas de Seguridad y se movilizaron a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, con carácter preventivo.

Tras revisar la zona, los Bomberos de Logroño confirmaron que el origen del olor se debió a un vertido de gasolina en la red de saneamiento, lo que provocó la propagación de los olores en varias viviendas de la ciudad.

De esta forma, y hasta que la situación quede totalmente solucionada, los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño recomendaban ayer por la noche a la ciudadanía adoptar unas medidas preventivas para minimizar la entrada de olores en las viviendas:

Desde SOS Rioja explican que esta situación podría prolongarse durante varias horas. En cualquier caso, si existe cualquier duda sobre la posible presencia de gas real, recomiendan contactar con el teléfono de emergencias 112.