El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha comunicado este viernes la reapertura de la cala central Playa Jardín, cerrada desde el miércoles tras confirmar los análisis de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que la calidad del agua en la zona es apta para el baño.

La playa había registrado un nivel de enterococos intestinales por encima del valor permitido, lo que obligó a su cierre, el cuarto en lo que va de año.

“Agradecemos la colaboración y comprensión de vecinos, vecinas y visitantes y lamentamos las molestias”, ha publicado el consistorio en sus redes sociales.

El Seprona de la Guardia Civil de Valladolid investiga a cuatro personas de una empresa curtidora por el vertido y enterramiento de sal y pieles saladas que afectó a más de un centenar de ejemplares de olmo común en la zona de servidumbre del arroyo conocido como “Zanja los Patos” a su paso por un polígono industrial de un municipio del alfoz de Valladolid.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que en junio del 2024 la Guardería de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) les alertó de un posible enterramiento de sales y pieles en la citada zona, ante lo que procedieron a comprobar los hechos y tomar muestras de tierra del arroyo y de la ribera, que se remitieron a Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de Madrid.

La analítica constató graves daños al medio ambiente con más de un centenar de ejemplares de olmo común o negrillo afectados. Las pesquisas condujeron a determinar que los responsables del vertido eran los propietarios de una nave adyacente al vertido, donde se estaba realizando una actividad de tratamiento curtido de pieles de ovino y bovino en bruto mediante salado, que no realizaron la gestión de los residuos correctamente, y por el contrario, los enterraron directamente y depositaron en la zona de servidumbre del arroyo.

Las diligencias han sido remitidas Tribunal de Instancia Sección de Instrucción de Valladolid.

Otro cierre más, y van tres en agosto y septiembre. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, informó este mediodía de otra clausura al baño de la cala principal de Playa Jardín, conocida popularmente como María Jiménez o Punta Brava y la de mejor arena. El motivo, analíticas positivas por aguas fecales y en cumplimiento de la indicación de Salud Pública.

Se trata del tercer cierre de esta cala, tras el de agosto (justo después de la escena Palomares del alcalde y del primer teniente de alcalde portuenses) y el de principios de septiembre, si bien en ese caso afectó también a El Charcón, entre María Jiménez y la parte de El Castillo.   

Según el gobierno local, “la medida se adopta por respeto y obediencia a la autoridad sanitaria y con una prioridad clara: proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía”. Sin embargo, y como con cierres previos, el tripartito gobernante a derecha y supuesta izquierda alternativa (PP-ACP y CC) hace hincapié, de nuevo, en que “los resultados comunicados por Salud Pública vuelven a discrepar de los obtenidos por Biocontrol Labtec, el laboratorio independiente contratado por el Ayuntamiento, cuyos informes correspondientes a las muestras del 28 de septiembre (el pasado lunes) no presentan incumplimientos de los límites de referencia establecidos en dichos documentos”.

Por este motivo, el consistorio anuncia que ha solicitado a Salud Pública “una explicación técnica sobre la discrepancia entre ambos resultados, especialmente teniendo en cuenta que las muestras se tomaron con apenas una hora de diferencia. La institución municipal considera necesario esclarecer estas diferencias para disponer de información consistente y trasladar a la ciudadanía una explicación clara y rigurosa. Mientras tanto -añaden-, el ayuntamiento mantiene sus actuaciones de limpieza, los trabajos de sustitución preventiva del colector de Punta Brava y la vigilancia periódica mediante análisis independientes, con el objetivo de mejorar la seguridad de la red de saneamiento, proteger el litoral y garantizar el buen estado del agua”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Teruel ha identificado a varias empresas y particulares como presuntos responsables de vertidos ilegales de residuos en el entorno de la Vía Verde de Ojos Negros, a su paso por el término municipal de Teruel.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones vecinales ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel, después de que desde el pasado mes de mayo se constatara la proliferación de vertidos incontrolados de diferente naturaleza en la zona.

Los residuos se localizan en un área en la que confluyen varios barrancos y que alberga una importante biodiversidad. Entre las especies presentes se encuentran la cabra montés, el buitre leonado, el alimoche y el águila real, además de anfibios como el sapo partero común (Alytes obstetricans).

Este último está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y su presencia añade especial relevancia ambiental a la zona afectada, al requerir la conservación de sus hábitats, especialmente los utilizados para su reproducción.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes del Seprona han identificado a varios posibles responsables, tanto empresas como particulares, y han elaborado los correspondientes informes de denuncia. Los expedientes han sido remitidos al Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Teruel y al Ayuntamiento de Teruel para la tramitación que corresponda.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, contempla importantes sanciones para este tipo de conductas. Las infracciones graves pueden ser castigadas con multas de entre 2.001 y 100.000 euros, mientras que, cuando se trate de residuos peligrosos o suelos contaminados, las cuantías pueden elevarse hasta una horquilla de 20.001 a 600.000 euros.

Colectivos ecologistas de Tenerife han acusado al Cabildo y a su presidenta, Rosa Dávila, de pretender “engañar” a la opinión pública sobre las cifras de depuración, ya que gran parte de las aguas fecales terminan en el mar, en barrancos y en pozos negros sin llegar a las depuradoras, afirman en un comunicado.

En el último pleno del Cabildo, Rosa Dávila afirmó que en Tenerife se ha pasado en tres años de depurar el 52 % de las aguas residuales al 86 %, pero, de acuerdo con los ecologistas, “esta cifra se refiere a capacidad teórica de depuración, no a capacidad real”.

“La presidenta del Cabildo presenta como agua depurada lo que solo es capacidad instalada, buena parte de las aguas residuales ni siquiera llegan a las depuradoras. El problema no tendrá solución mientras el turismo y la población sigan creciendo sin límite”, argumentan.

Añaden que “esas cifras indican cuánta agua podrían tratar las depuradoras si les llegaran las aguas fecales, pero estas terminan en el mar, barrancos y pozos negros”.

Además, recuerdan que una parte de la población de Tenerife no tiene conexión a la red de alcantarillado y que “no hay separación de las aguas pluviales y cuando se produce un aguacero mínimamente fuerte, se desbordan las depuradoras”.

Señalan, además, que la administración no tiene un inventario real de cuánto se vierte al mar, hay vertidos no censados y, de los que están censados, “apenas hay datos recientes de caudal, solo meras estimaciones”.

Recuerdan los ecologistas que solo en septiembre se prohibió el baño en El Cabezo (Güímar) por contaminación fecal y se cerraron el mismo día El Socorro, en Los Realejos, y El Médano, en Granadilla de Abona, mientras que Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, estuvo cerrada casi un año y sigue sufriendo cierres temporales por vertidos, como también ha ocurrido recientemente en playas o zonas de baño de Candelaria, El Rosario y La Laguna.

“La directiva comunitaria que obliga a la depuración de las aguas antes de su vertido al mar es de 1991, lo que significa que llevan 35 años sin cumplir la directiva europea”, señalan los ecologistas, para quienes el Cabildo sigue fomentando un modelo de desarrollo que genera cada vez más aguas residuales. 

La empresa Aqualia, encargada de gestionar la Estación Depuradora de Aguas Residuales comarcal del Valle de la Oratava, en el norte de Tenerife, ha presentado una denuncia judicial al considerar que existen indicios de que el derrame de cloruro férrico sucedido en la noche del sábado al domingo pasados pudo ser intencionado.

Aqualia indica en un comunicado que este lunes presentó esta denuncia en el juzgado de guardia de Puerto de la Cruz tras comprobar que el tubo dañado y por el que se produjo el vertido no está sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura.

Además, alude a unos vídeos difundidos en redes sociales que apuntan a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto.

En todo caso, añade la empresa, será la investigación correspondiente la que determine las causas y responsabilidades que pudieran existir.

Recuerda que el cloruro férrico es un reactivo ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas de consumo y residuales que en esta instalación se emplea para facilitar la eliminación de partículas y mejorar los procesos de depuración con vistas a la posterior reutilización del agua depurada en riego agrícola.

Aqualia reitera su total disposición para colaborar con la Justicia, el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas y el resto de organismos implicados, aportando toda la información que sea necesaria para esclarecer lo ocurrido con la máxima transparencia.

El derrame, que quedó en el interior de la depuradora, fue de unos 1.000 litros de un producto compuesto en un 75% por agua y en un 25% por cloruro férrico, aunque el vertido quedó dentro de la propia planta.

Al parecer se produjo por la rotura de aproximadamente un centímetro en una manguera que había sido reparada durante las labores de mantenimiento realizadas por la mañana, de acuerdo con la información facilitada el domingo por el Cabildo. 

Investigación del Cabildo

Por su parte, el Cabildo ha indicado que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) ha iniciado el expediente de investigación sobre el derrame para determinar su origen, la cantidad de producto liberada, las circunstancias del incidente y su posible destino.

En particular, debe confirmarse si el producto alcanzó la red de pluviales y, eventualmente, el mar. En este momento existen versiones contradictorias al respecto, por lo que el CIATF no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones de los organismos competentes.

La institución insular considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de Balten de estas características o tener consecuencias sobre el medio ambiente y reclama que se conozcan cuanto antes las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. Asimismo, se quiere trasladar un mensaje de máxima transparencia, rigor y firmeza. 

Hartos de hacer públicos estudios científicos que alertan de los riesgos, de acudir a la Fiscalía y también de llamar a las puertas del Gobierno andaluz sin éxito alguno, los colectivos sociales, ecologistas y ayuntamientos ribereños que llevan un tiempo avisando del peligro que supone para el Guadalquivir la actividad minera han decidido dar un paso más. La fórmula elegida es una manifestación convocada en Sevilla a las puertas de San Telmo con el lema No a los vertidos mineros para el sábado 17 de octubre, con la que se quiere insistir en que hay una “amenaza inminente” y real de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”.

Así se ha denunciado este lunes, cuando portavoces de las entidades que hacen el llamamiento se han plantado de nuevo en San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, para insistir en que el riesgo sigue ahí por mucho que las autoridades miren hacia otro lado y el mensaje de alerta “no tenga la repercusión que debería tener”, en palabras de Carmen Pozo, delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Este consistorio es uno de los que está detrás de la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena en Cádiz y Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Coria del Río en la provincia de Sevilla.

Los impulsores de la protesta reclaman “una respuesta masiva y unánime de la sociedad civil” ante lo que se considera un problema no sólo ambiental, sino también de salud pública ya que la última investigación publicada alerta de niveles de “récord mundial” de metales tóxicos en peces del Guadalquivir. Estos datos apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.

Riesgo ecotóxico y sanitario

También se han identificado niveles de arsénico y cadmio superiores a los registrados tras la catástrofe del vertido de Aznalcóllar en 1998. A todo esto las empresas mineras, por su parte, vienen reiterando el mensaje de que cuentan con todos los parabienes ambientales oficiales y que nunca han sido ni advertidas ni sancionadas por el Gobierno andaluz, la administración competente.

Esto “supone un riesgo ecotóxico y sanitario alarmante que las administraciones no pueden seguir ignorando”, se ha insistido. “El río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”, ya que a un estado que no es precisamente el mejor se une que la Junta “ha autorizado un vertido de aguas contaminadas con metales pesados de unos 130.000 millones de litros”, fruto de la acción conjunta de la nueva fase de Cobre Las Cruces y la inminente reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Los Frailes.

La convocatoria del 17 de octubre arrancará a las 12 horas de San Telmo, discurrirá paralela al río durante un tramo y acabará en las Setas de la Encarnación. “Es hora de que la sociedad hable alto y claro”, ha reivindicado Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, que ha reiterado las dos peticiones básicas que se vienen haciendo desde hace ya unos años: que una comisión científica independiente analice el estado del río y el impacto de los nuevos vertidos previstos, además de que se aplique una moratoria a estos proyectos hasta que se conozcan sus conclusiones.

“Esto es sumar más riesgos”

A lo anterior, las Mareas Blancas sanitarias añaden que se declare una “alerta sanitaria” en base a los estudios que reflejan el mal estado del Guadalquivir. Su portavoz, Sebastián Martín Recio, ha reiterado la “preocupación” de su colectivo por el “impacto en la salud de los metales pesados”, una petición que por ahora no ha sido atendida.

Entre los convocantes también están Salvemos el Guadalquivir y Ecologistas en Acción, además de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, Facua y COAG Andalucía. Por esta organización agraria ha hablado Noelia Márquez, que ha apuntado que “agricultores y pescadores están preocupados” por estos vertidos, “como si ya no fuesen pocos los problemas del Guadalquivir”. “Esto es sumar más riesgos”, ha apostillado, ya que –a la vertiente ambiental y en la salud pública– se añade el posible impacto económico en unas actividades tradicionales que “mantienen la población rural aguas abajo y generan empleo”.

De la buena salud del Guadalquivir depende también la de Doñana, se ha recordado, y ya en la actualidad el río “presenta signos de contaminación por metales pesados” que estos colectivos achacan a la actividad minera desde 2009. Así se denunció en una carta entregada al Gobierno andaluz hace año y medio, y desde entonces la principal novedad –nuevos estudios científicos al margen– es que se anunció la reapertura de la mina de Aznalcóllar para dentro de un par de años.

La depuradora comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, sufrió este sábado por la noche un derrame de unos 1.000 litros de un producto compuesto en un 75% por agua y en un 25% por cloruro férrico, aunque el vertido quedó dentro de la propia planta, ha informado a EFE el Cabildo tinerfeño.

El derrame se produjo por la rotura de aproximadamente un centímetro en una manguera que había sido reparada durante las labores de mantenimiento realizadas por la mañana, de acuerdo con la información facilitada por el Cabildo.

La corporación insular señala que, según la información proporcionada por Aqualia, empresa gestora de la instalación, la manguera había quedado en perfectas condiciones tras la reparación y que se investiga un posible sabotaje como causa de la rotura.

Según la misma fuente, las cámaras de seguridad de la planta captaron a una persona ajena a la instalación en su interior que se dirigió precisamente hacia la zona en la que posteriormente se produjo la rotura.

Esta depuradora se encuentra muy cerca de Playa Jardín, afectada de forma recurrente por vertidos de aguas fecales. De hecho, permaneció cerrada durante un año, y después ha sufrido otros cierres temporales, el último, este mismo septiembre.

Recientemente, técnicos del Cabildo han indicado a la corporación que la solución de realizar reparaciones en el colector responsable de los vertidos no es suficiente, y recomiendan construir una instalación nueva.

Investigación del Cabildo

El Cabildo ha indicado que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) ha iniciado el expediente de investigación sobre el derrame de este sábado a la empresa AQUALIA como responsable de la operación y mantenimiento de la planta, tanto la depuración como la regeneración, y todo ello de acuerdo al artículo 17 del Reglamento Sancionador en Materia de Aguas para determinar el origen del derrame, la cantidad de producto liberada, las circunstancias del incidente y su posible destino.

En particular, debe confirmarse si el producto alcanzó la red de pluviales y, eventualmente, el mar. En este momento existen versiones contradictorias al respecto, por lo que el CIATF no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones de los organismos competentes.

La institución insular considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de Balten de estas características o tener consecuencias sobre el medio ambiente y reclama que se conozcan cuanto antes las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. Asimismo, se quiere trasladar un mensaje de máxima transparencia, rigor y firmeza. 

La Policía Local de Puerto de la Cruz ha inspeccionado las instalaciones. Asimismo, se constata que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se han personado para investigar lo ocurrido. 

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, por su parte, ha requerido a la empresa responsable de la explotación -Aqualia- que aporte toda la información sobre el incidente, las medidas adoptadas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, mantenimiento y protección ambiental.

Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que la rotura de la conducción haya sido intencionada. La empresa gestora ha planteado la hipótesis de un posible sabotaje, según recogen los medios de comunicación local.

El Cabildo no descarta ninguna línea de investigación y no va a asumir conclusiones hasta que se conozcan todos los hechos. El expediente permanecerá abierto hasta determinar qué ocurrió, si se cumplieron los protocolos establecidos y qué responsabilidades, en su caso, corresponden.

La empresa responsable -Aqualia- debe garantizar el funcionamiento seguro de la instalación y el cumplimiento estricto de todas sus obligaciones. Si se acredita cualquier incumplimiento, el Cabildo exigirá todas las responsabilidades pertinentes y la adopción de las medidas correctoras y preventivas que sean necesarias.

El Cabildo de Tenerife ha indicado que seguirá el procedimiento hasta el final y colaborará con las autoridades competentes y la fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos con la máxima celeridad y transparencia.

Las playas de El Médano, en Granadilla de Abona, y El Socorro, en Los Realejos, han reabierto al baño este viernes después de permanecer cerradas temporalmente por la mala calidad del agua.

Los dos ayuntamientos han comunicado la reapertura a través de sus perfiles oficiales, después de realizar nuevas analíticas para comprobar el estado del agua y garantizar la seguridad de los bañistas.

En el caso de El Médano, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha informado de que el contraanálisis realizado confirma que el agua es apta para el baño. Los resultados sitúan los niveles de enterococos por debajo de los límites permitidos.

El cierre temporal de la playa se decretó el miércoles como medida preventiva, mientras se esperaban los resultados de las muestras tomadas ese mismo día. Una vez confirmada la buena calidad del agua, el Ayuntamiento ha procedido a reabrir la playa de El Médano al baño.

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Realejos también ha comunicado la reapertura de la playa de El Socorro, después de las correspondientes analíticas que han permitido comprobar que las condiciones del agua vuelven a ser adecuadas para el baño.

De esta forma, ambas playas de Tenerife recuperan la normalidad tras el cierre preventivo decretado esta semana debido a los resultados iniciales relacionados con la calidad del agua.

E. coli no es el nombre de una pintoresca ciudad italiana, es la bacteria que flota entre la mierda humana en nuestras playas. Como dice internet: “La presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en las playas es un indicador directo de contaminación fecal proveniente de aguas residuales o descargas cloacales que se desbordan a menudo debido al aumento de población y turismo”. No me lo he inventado yo, la vida es así, una gran cloaca por inacción de las políticas públicas de saneamiento y por efecto directo de la avasalladora colonización turística que sufrimos los aborígenes isleños.

Quizás la fecalidad sea una subcondición necesaria de la condición postmoderna y postindustrial, que tiene su expresión más contemporánea en el desarrollo sin límites del capitalismo turístico absolutamente desregulado, y su producción constante de detritus humanos, de plásticos para llevar, y subproductos culturales, lanzados al común e imposibles de gestionar. En definitiva; considero que la fecalidad es estructural a las sociedades actuales. Así las cosas, el problema no radicaría tanto en el reciclaje, como en la reducción en la producción de tanta basura. 

Pero no se preocupen, Coalición Canaria ya cayó en la cuenta de que hay que poner límites al turismo masivo. Antes no, ahora, justo cuando se acercan las elecciones y comienzan a sentir el aliento de las manifestaciones y la ciencia contra la turistificación y la sostenibilidad socioambiental en el cogote. Repugna ver a cuadros torcidos de CC diciendo que hay que limitar el turismo, cuando siguen permitiendo la construcción de más tumbas del alma para que prosiga la invasión europea. Cuando nunca han acometido el tratamiento de aguas residuales, cuando no obligan a la burguesía hotelera a depurarse un poco, en fin; cuando siempre han votado en contra de quienes llevamos décadas haciendo estas propuestas. En Fuerteventura permiten proyectos como Casillas de Costa, cientos de viviendas para los colonos europeos blancos que especularán, mientras los majoreros viven en un corte de agua eterno. Y, junto al PSOE, mantienen intacto el alegal hotel Riu Oliva Beach Resort.

Que se rían de los canarios es normal, pero es que se ríen de sus propios afiliados. No hay luz autónoma en sus filas. ¿No les da vergüenza el murmullo por la calle? El murmullo que dice: Canarias tuvo un límite, así no se puede vivir. Porque todos los estudios e iniciativas relacionan la colonización brutal que padecemos con el deterioro costero. Máxime cuando el 70% de vertidos no cuenta con autorización. Se vierten aguas residuales y fecales sin tratamiento alguno. De 400 puntos de vertidos, 216 son ilegales, y eso suponiendo que los autorizados contemplen todo el proceso de depuración. Lo que es mucho suponer. Registramos 99 millones de noches turísticas durante 2025. Y siguen. Han convertido nuestro pequeño país canario en una maquinaria de entretenimiento y de producir detritus imposibles de reciclar. Y no es un problema solo ambiental o de salud, lo es para la democracia misma, porque se impide a la ciudadanía el derecho al uso y disfrute de nuestros recursos naturales. Por eso es mayor el delito. Porque el derecho al disfrute de la costa está recogido en la Constitución y en la propia Ley de Costas. Y la desidia de las corporaciones nos impide ejercer nuestro ocio. Mucha gente pasa el día o fin de semana en la playa, buceando, surfeando, mirando para los celajes, o abstrayéndose, margullando y fotografiando especies marinas. Los negocios y el empleo se mantienen si la playa está en condiciones. Por eso, si con la maltrecha salud mental propia de este capitalismo acelerado que destruyó nuestra pachorra, si con las guerras y crisis culturales que encadenamos, si con la crispación política que alientan los medios de comunicación falangistas y estómagos agradecidos; los canarios no podemos bañarnos en las playas… ustedes me dirán. Máxime con la solajera que hace.

La ciencia y la calle indican que se trata de reducir la brutal colonización que padecemos, que necesitamos un gran pacto nacional canario para limitar el crecimiento turístico, impedir más camas alojativas, prohibir la compra de viviendas y fincas a extranjeros, etcétera. Eso hay que pelarlo aquí, en Madrid y en la UE, y si nos dicen que no, volvemos hasta que se lo metan en la cabeza, y si siguen diciendo que no, lo impondremos como podamos.

Pero ¿saben lo que más coraje da?, ver a los de Coalición Canaria en las fiestas patronales cantando: “¡Somos costeros, arriando vela, largando al viento, la mierda entera!”

El problema de las aguas fecales en Tenerife se expande y este mismo miércoles se ha decretado el cierre de otras dos playas, una en el norte y otra en el sur de la isla. Se trata de El Socorro, en Los Realejos, y El Médano, en Granadilla de Abona.

En El Socorro se invitó a los usuarios a abandonar la arena y el agua y se precintó la cala, la principal del municipio y referente del surf en Canarias, poco después del mediodía.

La decisión se tomó tras los controles realizados sobre la calidad del agua en la mañana de este miércoles, entre las 10:45 y 11:48 horas, comunicándole los resultados al Ayuntamiento realejero a las 12:55. Las analíticas desvelaron elevados índices de la bactera fecal E. coli. El consistorio desplazó entonces a la Policía Local hasta la playa, y efectuó el precinto de la misma, según explicaron a este periódico usuarios de la cala testigos del cierre.

Este cierre se suma así a los ocurrido en agosto y septiembre en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, donde ya se desaconsejó el baño durante casi un año, de julio de 2024 a junio de 2025.

Como en esos dos últimos cierres, se prevé que el de El Socorro dure poco tiempo, aunque se anuncia oficialmente que se prevé la reapertura este viernes.

Desde hace años, y ante la creciente crisis con los vertidos en Puerto de la Cruz, donde se ubica el emisario con grietas, que ahora los técnicos dicen que hay que sustituir por uno nuevo, y la estación depuradora de Punta Brava, se ha recordado constantemente que buena parte de las corrientes marinas van desde el Puerto hacia Los Realejos y al resto de Daute y la Isla Baja.

Según otros testigos, la cámara web de El Socorro dejó de funcionar al poco del cierre. 

Este periódico intentó tener la versión del Ayuntamiento realejero, sin éxito.

El Médano, otra vez cerrado

En cuanto al segundo cierre, ha sido en El Médano, una playa donde los cierre por vertidos de aguas fecales no son extraños. El Ayuntamiento de Granadilla ha explicado a través de sus redes sociales que se ha detectado en las analíticas que el parámetro de enterococos supera el nivel máximo permitido, siendo de 210 ufc/100 ml frente al valor límite de 200 ufc/100ml.

Además, se ha procedido al izado de la bandera roja, prohibiendo temporalmente el baño.

Este miércoles, añade, se han tomado nuevamente muestras para realizar un contraanálisis por parte del servicio municipal. El Ayuntamiento explica que se toma esta medida para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del último análisis, y en cuanto confirmen que las aguas son aptas para el baño se procederá a su reapertura.

El consistorio recomienda seguir las restricciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.

Desde hace seis años, sobre todo desde que se desaconseja el baño en la playa tinerfeña de Playa Jardín (desde julio de 2024 hasta casi un año después, con los dos cierres puntuales durante este verano y analíticas positivas en contaminación fecal también en junio pasado), la posibilidad de tener que crear un nuevo emisario en Puerto de la Cruz siempre ha existido. Se ha apuntado, barajado y dejado caer esa opción, aunque el Cabildo tinerfeño se ha afanado, sobre todo, en tratar de arreglar las fugas y grietas detectadas desde el año 2020 en el emisario actual (de 1,1 kilómetros de la costa y que alivia a la depuradora comarcal), con nuevas conducciones, empalmes (los célebres baipás), los pozos filtrantes y otras actuaciones, aparte de la ampliación de la EDAR de este enclave de la ciudad, lindante con Los Realejos. Sin embargo, los técnicos del Consejo Insular de Aguas ya se han rendido y, en un documento del pasado 18 de agosto al que ha tenido acceso Canarias Ahora, admiten por escrito que la solución realmente “estructural” a largo plazo para estos problemas pasa por construir un nuevo emisario.

Esto, que el Cabildo prevé llevar al pleno de este viernes o al siguiente, con la correspondiente presentación o detalle de los motivos técnicos, supone un cambio innegable en los plazos para resolver en buena parte los vertidos al mar en esta parte del Valle de La Orotava, con especial incidencia en la principal ciudad turística de la vertiente norte de la Isla. De hecho, requerirá un nuevo proyecto técnico a licitar y elaborar, nueva partida tras el gasto de millones en estas complejas obras, plazos, concurso público, adjudicación y desarrollo de las obras en su momento, por mucho que se sigan buscando otras soluciones, ampliando la depuradora y mimando el día a día de las conducciones locales y demás infraestructuras, tal y como no paran de recalcar las tres administraciones (Gobierno regional, insular y local).

En este documento técnico, en resumen, se admite que las obras de reparación del emisario comarcal del Valle resultan inviables, por lo que el plan de rehabilitación actual se tambalea y se propone crear un nuevo ante la necesidad de seguir vertiendo por la conducción con problemas. Entre otras cosas, por la colmatación de los pocos nuevos filtrantes poco después de su estreno.

Tras años de tramitación del proyecto desde la detección de las grietas en 2020, en 2023 se validó el proyecto de rehabilitación y, en diciembre de 2024, Costas del Gobierno de Canarias (ya se había consumado el traspaso de competencias desde el Estado) dio luz verde. La adjudicación de las obras se dio en julio de 2025 tras quedar desierta una primera licitación, pero los problemas, aunque “puntuales”, como recalcan desde los distintos gobiernos, han continuado, con esos varios cierres apuntados.

Recuperar el vertido directo con el antiguo

Dicho plan contemplaba como una de las posibles soluciones usar pozos filtrantes, evitando seguir usando el emisario actual ni verter de forma directa al mar. Se hizo uno de alivio y otros tres de sondeo y 95 metros de profundidad (casi 70 metros bajo el nivel del mar), pero los problemas continuaron apenas doce días después de su funcionamiento pleno, que tuvo lugar el pasado 17 de julio de 2026. La capacidad de infiltración del pozo 3 es insuficiente y los análisis demostraron que el agua tratada contenía un elevado nivel de sólidos en suspensión que el sistema de microfiltración no logró retener, causando la colmatación parcial de estas nuevas estructuras. Ante el riesgo de un bloqueo total y filtraciones, el pasado 30 de julio se decidió cerrar este pozo P-3 y, el 4 de agosto, se retomó el vertido directo a través del emisario submarino.

Dicho informe constata que las tres alternativas planteadas (reparación puntual de la fisura, instalación de un baipás de 240 metros o entubado mediante mangas interiores) resultan inviables, por lo que los técnicos las descartan y el Consejo aboga por redactar un proyecto completamente nuevo para un emisario submarino con un trazado alternativo al existente. Eso sí, y como salida transitoria, se propone mantener operativo el emisario dañado mientras se intenta optimizar el tratamiento terciario de la EDAR, mediante la ampliación de unidades de ultrafiltración y flotación, para reducir la carga de sólidos y reutilizar más agua para el sector agrícola del Valle orotavense.

Canarias Ahora pidió este lunes información al Cabildo sobre este informe, de momento sin respuesta.

Un emisario municipal de Telde (Gran Canaria) lleva casi diez años expulsando aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas que no reciben el tratamiento de depuración adecuado, trasladando al mar cargas contaminantes elevadas cerca de jaulas marinas y zonas de baño, según documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora a través de la Ley de Transparencia.

Se trata del emisario 222, que cuenta con licencia desde 2007. La autorización solo permite evacuar aguas residuales urbanas procedentes de la planta depuradora de Ojos de Garza. Sin embargo, el Gobierno de Canarias detectó en 2017 que por él también se estaban evacuando las aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, tratadas en la depuradora de Silva, una instalación en la que la Fiscalía ha hallado recientemente “numerosas irregularidades”.

El expediente del emisario analizado por este periódico, con más de 300 documentos, recoge una medición realizada en 2019 que cifró en 46.252 habitantes-equivalentes (h-e) la carga contaminante que llegaba a la depuradora de Silva, frente a los 4.583 h-e para los que fue diseñada. Es decir, la carga superaba en más de diez veces la capacidad de la planta. En otro análisis, realizado en 2023, el dato se situó en 11.437 h-e.

La depuradora recibe el flujo de dos polígonos en los que se concentran empresas vinculadas a la elaboración de productos alimenticios, carpinterías, almacenes de diversa índole, compañías de pintura y de plástico, así como gasolineras, industrias de almacenamiento de combustible y vidrieras. Pero no fue diseñada para tratar la enorme cantidad de residuos que generan esas actividades, según recoge literalmente un informe de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias del año 2024.

El tratamiento de la planta solo logra reducir un 15% la DQO (demanda química de oxígeno) del agua que recibe de los colectores. En cambio, aumenta un 36% la concentración de DBO5 (demanda biológica de oxígeno a los cinco días) y un 12,6% la de los sólidos en suspensión. El primer parámetro supera el límite de emisión permitido en un 1.484%; el segundo, en un 4.000%, y el tercero, en un 1.483%.

Contado así, parece una cuestión muy técnica. Pero expertos consultados explican que el vertido prolongado de aguas con elevadas cargas contaminantes de este tipo degrada el ecosistema litoral y reduce su capacidad de recuperación, además de favorecer la aparición de enfermedades asociadas a determinados patógenos.

“Afectas al ecosistema, lo cambias. Porque puede haber problemas de oxígeno, de contaminación fecal e incluso de componentes metálicos. Puede haber 20.000 cosas. Porque eso, dicho de otra manera, es un punto negro”, resume Jaime Sadhwani, catedrático del Área de Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La planta emplea un tratamiento físico-químico que añade reactivos para agrupar las partículas de suciedad y hacer que aumenten de tamaño, de modo que puedan separarse del agua mediante rejas, desarenadores y tanques de decantación. Pero de esa manera solo retiene los residuos sólidos y otras partículas en suspensión. No elimina aquello que puede estar disuelto en el agua, explica Julio Muñiz, profesor jubilado de Química Ambiental y experto en depuración de aguas residuales.

Para eso haría falta lo que se conoce como tratamiento secundario o biológico, en el que las bacterias degradan la materia orgánica presente en el agua. En depuradoras con una carga de entrada de 10.000 h-e, este tipo de tratamiento es obligatorio. La de Silva no lo tiene.

“Cuando estás constantemente echando agua con una carga tóxica importante, te cargas los ecosistemas. Porque estás arrastrando una cantidad de productos químicos que son, entre otras cosas, los causantes de que estemos acabando con los sebadales de todas las Islas… Todos los fondos están esquilmados”, añade Muñiz.

El Ayuntamiento de Telde, gobernado por Juan Antonio Peña (CIUCA), no ha respondido a un cuestionario de nueve preguntas enviado por Canarias Ahora. En su lugar, se ha limitado a señalar que “ordena la confidencialidad del expediente y sus actuaciones al respecto, manteniendo el respeto a las acciones de investigación” y añade que “ha mostrado su reiterada colaboración con la misma”. El Gobierno de Canarias tampoco ha respondido a otras preguntas planteadas por esta redacción.

Los informes anuales de seguimiento del emisario muestran que parámetros como el pH, la salinidad o los nitratos cumplen por lo general con los estándares de calidad. Sin embargo, las muestras de sedimentos sí detectan acumulaciones elevadas de metales pesados. Las mediciones de DQO y DBO5 se realizan en el efluente de la depuradora de Ojos de Garza, que cumple con los límites, sin tener en cuenta el de Silva ni la mezcla final.

El caudal horario, por otra parte, sí supera en varias ocasiones (y hasta duplica) el límite exigido de 22,92 metros cúbicos por hora (m3/h).

Un conducto señalado

El emisario 222 está ubicado frente al muelle de Salinetas, a unos 446 metros del puerto. Es uno de los 403 puntos de vertido de tierra al mar registrados en Canarias y uno de los 187 que cuentan con autorización para su funcionamiento.

Hace poco menos de un año saltó a la palestra por la crisis de contaminación marina que se produjo en la costa de Telde tras la muerte de 2.500 toneladas de lubinas de acuicultura de la empresa Aquanaria, que explota dos piscifactorías en el municipio.

La compañía denunció que la aparición de un aparente vertido tóxico procedente de ese emisario coincidió con la mortandad masiva de sus peces. La boca del vertido se encuentra a menos de medio kilómetro de la piscifactoría donde estalló la crisis, la denominada Melenara II, y a poco más de 1,2 kilómetros de la segunda, llamada Origen, donde también murieron ejemplares.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas investigó los hechos y remitió a principios de julio sus pesquisas a los juzgados de Telde. El Ministerio Público no confirmó ni descartó ninguna de las hipótesis sobre cómo se había desencadenado el desastre ambiental. Tan solo informó que había apreciado “numerosas irregularidades” en la gestión de la depuradora de Silva, cuyas aguas residuales, procedentes de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, se vierten al mar a través del emisario 222.

La Fiscalía añadió que está a la espera del resultado de una toma de muestras encargada al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para evaluar el impacto ambiental y determinar si esos vertidos pueden ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Esa investigación ha puesto ahora el foco sobre un emisario que, según la documentación entregada por la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, lleva al menos desde 2017 evacuando de manera irregular vertidos industriales sin que ninguna Administración haya resuelto el problema.

Ese año, la ahora conocida como Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) detectó durante una inspección la conexión ilegal de la depuradora de Silva e incoó un procedimiento para revocar el vertido.

El Ayuntamiento de Telde alegó. Presentó un escrito en el que solicitó modificar las condiciones de la licencia para incluir las aguas procedentes de esa planta y del Aeropuerto de Gando. AENA había firmado un acuerdo con el Consistorio para que este asumiera la depuración de sus aguas a cambio de financiar una nueva instalación en el municipio, la EDAR Telde-Sur, valorada en 3,2 millones de euros y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para 2025.

La Corporación teldense apuntó que la modificación tendría carácter “transitorio” hasta que comenzara a operar esa nueva depuradora, que sustituiría a la de Ojos de Garza y actuaría como tratamiento adicional del efluente procedente de la depuradora de Silva. Pero la EDAR Telde-Sur sigue sin estar. Y el Ayuntamiento nunca llegó a responder a todos los requerimientos que le hizo el Gobierno de Canarias para modificar la licencia, pese a que la Administración autonómica había visto con buenos ojos la propuesta de regularización.

El Ejecutivo autonómico archivó el procedimiento siete años después, en 2024, al concluir que “resulta imposible” integrar las aguas residuales de la depuradora de Silva en la autorización del emisario 222 “debido a numerosos incumplimientos”.

El Consistorio, entre otras cosas, no detalló el volumen anual del vertido ni el grado de depuración para el que están diseñadas las plantas de Ojos de Garza y Silva en los parámetros de DBO5, DQO y sólidos en suspensión. Tampoco aclaró a qué se debían los “elevados valores de carga contaminante” que salían de la depuradora de Silva ni cuáles eran las propuestas para mejorar el tratamiento. Además, no presentó analíticas representativas del efluente de salida de la instalación, ni facilitó su plan de operación y mantenimiento o los planos de la conducción del desagüe.

Y quizá lo más relevante: el Ayuntamiento no especificó qué industrias de los polígonos de El Goro y Salinetas generan aguas residuales “no asimilables a urbanas”, ni qué “seguimiento y control” realiza el Consistorio o su empresa gestora, Aguas de Telde, para comprobar qué compañías cuentan con sistemas de tratamiento previo en sus instalaciones, como exige la ley desde hace treinta años.

El documento recoge una confesión del propio Ayuntamiento en este sentido: esa información “supera” su “capacidad de control” y la de su empresa concesionaria.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial El Goro, Francisco Pérez, defiende, por su parte, que “muchas empresas”, sin precisar cuántas, sí cuentan con sistemas de pretratamiento de aguas, y atribuye la sobrecarga mencionada a las industrias del polígono de Salinetas. “Pienso que los problemas vienen por Salinetas, no por El Goro”, señala Pérez.

El Ente de Conservación Ecosalinetas sostiene que “no sabe nada” sobre las “irregularidades” detectadas por la Fiscalía en la depuradora de Silva.

Ante la falta de respuestas del Ayuntamiento de Telde, el Ejecutivo canario abrió en junio de 2024 un procedimiento de revisión de oficio para anular la autorización del vertido a través del emisario 222 y requirió al Consistorio que aportara la documentación técnica que había quedado pendiente.

En octubre de 2025, esa información seguía sin entregarse. Por lo que el Gobierno regional acabó declarando también la caducidad de este segundo procedimiento, dejando en un limbo la situación de la autorización del vertido. Así lo puso de manifiesto el Consejo Insular de Aguas (CIAGC), que reclamó información sobre el “estado procedimental” de la licencia del vertido “a fin de evitar indefensión e inseguridad jurídica”.

Fuentes de ese organismo, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, aclaran que el CIAGC está “colaborando con la Fiscalía y el Seprona, aportando toda la documentación disponible”. También señalan que han solicitado al Ayuntamiento de Telde “aclaraciones” sobre la procedencia de las aguas residuales tratadas en la depuradora de Silva y sobre el volumen total, que sería “superior al autorizado en torno a un 20%”.

El Consejo Insular de Aguas dice que ha pedido asimismo al Consistorio que detalle qué medidas prevé adoptar al respecto. Desde que se detectó el vertido irregular, la gestión municipal ha estado en manos de Carmen Hernández (Nueva Canarias), Héctor Suárez (Coalición Canaria) y Juan Antonio Peña (CIUCA).

Primero aguas industriales, después urbanas y ahora, ambas

El emisario 222 fue ideado inicialmente para evacuar las aguas residuales de los polígonos de Salinetas y El Goro, que hasta entonces vertían directamente al cauce del barranco de Silva.

La memoria del proyecto, de 2001, deja constancia de que la tubería fue diseñada para dar servicio a la futura depuradora de Silva, que no entraría en funcionamiento hasta febrero de 2008. Hasta entonces, las aguas residuales de ambos polígonos se verterían directamente y sin tratar a través del emisario. Las anotaciones incluidas en el propio documento lo dejan bien claro.

Pero el Gobierno de Canarias rechazó autorizar el vertido de esas aguas. “Toda la documentación” presentada se basaba en la existencia de una futura EDARI (depuradora de aguas industriales) que todavía no se había construido. Además, la normativa ambiental impedía autorizar al mar el vertido de efluentes industriales sin un tratamiento adecuado.

La autorización quedó limitada a las aguas residuales urbanas ya depuradas de Ojos de Garza. En 2004, el Ayuntamiento de Telde planteó bombearlas hasta el emisario de Silva ante la imposibilidad de construir uno nuevo en la playa de esa localidad. La idea era que la misma conducción pudiera recibir “varios vertidos”, el de los polígonos y el de Ojos de Garza. Pero solo se autorizó este último.

En 2008, tres meses después de que la depuradora de Silva comenzara a operar, el Consistorio teldense solicitó una modificación de la autorización del emisario 222, al igual que volvería a hacer en 2017, para incluir el caudal procedente de esa planta.

El resultado fue el mismo que en el segundo intento de regularizar los vertidos de El Goro y Salinetas (el que finalizó sin éxito en 2024): la Corporación no detalló qué tipos de aguas residuales llegarían a la instalación desde ambos polígonos ni acreditó que las empresas contaran con sistemas de pretratamiento. Así que el procedimiento también caducó, esta vez en marzo de 2009.

El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), Juan Romeu, cree que lo ocurrido en Telde es el resultado de “las chapuzas que se llevan haciendo desde hace treinta años”.

“Van haciendo conexiones, metiendo todo… Como si no hubiese una ley, como si no hubiese nada. Es un desastre. El mar puede aguantar una parte, pero no todo. Y quienes tampoco pueden aguantarlo son las personas”, concluye Romeu.

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha pedido por escrito a Augas de Galicia “información y valoración técnica” sobre la evolución del vertido de purín de Tordoia (A Coruña), la previsión de llegada al Tambre, y las medidas adoptadas y de monitorización, y la coordinación operativa. Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Santiago tras reunirse a última hora de la tarde de este miércoles el comité de coordinación activado.

Según explica el gobierno que dirige Goretti Sanmartín, se valoró la evolución de un vertido que, según los datos del servicio de Santiago, está teniendo “un avance lento”. En todo caso, el Ayuntamiento informa de que se hicieron previsiones para un eventual corte de suministro y también para la protección de la red municipal contra la contaminación y la pérdida de presión.

La conselleira pide tranquilidad

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climántico, Ángeles Vázquez, ha lanzado este miércoles “un mensaje de total tranquilidad” en relación con el vertido de purín originado en una explotación ganadera de Santaia, en Tordoia (A Coruña), tanto sobre la potabilidad del agua de consumo humano como ante el “temor” de que las augas negras puedan llegar al Tambre, donde captan agua Ames y Santiago. Vázquez se desplazó esta tarde para supervisar los trabajos de vigilancia, contención y limpieza en el entorno fluvial afectado por el vertido. Lo ha hecho acompañada del alcalde, Antonio Pereiro, y de personal de Augas de Galicia, que trabaja, ha destacado, en colaboración con los vecinos.

Sobre “los temores” de que el vertido pueda “llegar a poblaciones como en el caso de Santiago” -incluso se apuntó al viernes-, agregó: “Estamos aún a unos 20 kilómetros y el recorrido que lleva desde la noche del lunes es de 3 kilómetros aproximadamente”. Con todo, Augas de Galicia ha ratificado que garantiza la colaboración y apoyo técnico si fuese necesario adoptar medidas para garantizar la seguridad del abastecimiento, como la interrupción de la captación y la utilización de los recursos de reserva disponibles, que, en todo caso, esgrime la Xunta, “es una competencia municipal”.

El senador Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente -AHI-) ha endosado al Cabildo de El Hierro facturas por un importe total de 70.474,5 euros para pagar los honorarios de los dos despachos de abogados (y procuradores) contratados para su defensa en el denominado caso Vertederos, que investigó durante cerca de dos décadas el descontrol en la gestión de tres puntos de vertidos de una isla declarada Reserva de la Biosfera en 2000.

El aforamiento de Armas ante el Tribunal Supremo en 2023 disparó el coste de esa factura. Antes de su designación como senador por El Hierro, el dirigente de AHI (aliado de Coalición Canaria) estuvo representado en los juzgados de las islas por un bufete de Tenerife, Mesa Abogados. Las minutas de este despacho ascendieron a 21.400 euros. 

Sin embargo, tras la elevación del caso al Supremo, Armas contrató al penalista José Antonio Choclán, conocido como el abogado de las estrellas. Magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, este letrado ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Francisco Correa, Cristina Cifuentes, Rita Barberá o, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. 

Choclán asumió la defensa de Javier Armas en octubre de 2023. Catorce meses después, en diciembre de 2024, el Supremo archivó la causa al no apreciar delito en su actuación. Entre medias, el despacho del reconocido penalista asistió al senador en su declaración en el alto tribunal en marzo de 2024 y nueve meses después, en diciembre, presentó un escrito en el que expresaba su oposición a la petición de la Fiscalía para declarar compleja y prorrogar la causa y en el que, además, solicitaba el sobreseimiento del caso Vertederos. 

Por esas diligencias, el bufete de Choclán giró una factura de 48.400 euros (40.000 euros más IVA), más del doble de lo que había costado la defensa de Armas desde la incoación de las diligencias en un juzgado de Valverde hace ya veinte años. 

Más de 100.000 euros: el impacto global para el Cabildo

El aforamiento de Armas en el Supremo no sólo encareció la factura pública del caso Vertederos, sino que también alteró el destino del procedimiento. Antes de que el dirigente de AHI se convirtiera en senador, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había fijado fechas para el juicio oral contra Armas y las otras dos procesadas, la exconsejera Claribel González y la funcionaria Fabiola Ávila. La Fiscalía pedía once años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros para cada uno de ellos por un delito continuado con los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y un tercero sobre la ordenación del territorio. El escrito de acusación del Ministerio Público, que había sido formulado en octubre de 2018, les acusaba de consentir tres vertederos ilegales. 

Todo cambió cuando el Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, decidió archivar la causa especial abierta contra Armas. En abril de este año, la Audiencia Provincial siguió los pasos del alto tribunal y decretó el sobreseimiento libre (definitivo) del procedimiento contra las otras dos procesadas. Lo hizo después de que la Fiscalía cambiara de criterio y pasara de acusar a alinearse con los postulados de la defensa. 

Tras este archivo, las otras dos procesadas también han cargado a las arcas públicas los gastos de defensa. En el caso de la funcionaria Fabiola Ávila, 26.402,37 euros aprobados en un Consejo de Gobierno de junio. En el de la exconsejera Claribel González, 21.746,12 euros aprobados en el pleno que la corporación insular celebró en julio. En total, por lo tanto, el caso Vertederos ha costado en gastos de abogados más de 100.000 euros (en concreto, 118.623,07 euros) a las arcas del Cabildo de El Hierro. De esa cantidad, más del 40% se lo ha llevado el bufete de Choclán que Armas contrató para el Supremo.  

Las razones para indemnizar 

Para que una administración asuma los honorarios de la defensa penal de sus cargos electos o funcionarios deben cumplirse tres requisitos. El primero es que la imputación tenga su origen en actuaciones realizadas en el ejercicio de funciones institucionales, no en su esfera personal. El segundo es que no se aprecie en la conducta del investigado “abuso, exceso, desviación de poder o prosecución de intereses ajenos”. Y el tercero es que el procedimiento termine sin responsabilidad penal, ya sea por absolución tras la celebración del juicio o por archivo o sobreseimiento de la causa antes de esa fase procesal. 

La jurisprudencia del Supremo ha reconocido en distintos pronunciamientos el derecho de un cargo o trabajador público a ser resarcido de los gastos de su defensa en esos casos. Sin embargo, esa doctrina no despeja todas las dudas. En procedimientos similares en otras instituciones canarias, los servicios jurídicos han planteado cuestiones adicionales antes de aprobar el pago: si existía autorización previa para contratar a un letrado externo en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la propia administración o si el importe reclamado se ajusta a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados. 

La abultada factura del despacho de Choclán fue objeto de debate en el pleno del Cabildo en el que se aprobó su pago. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en octubre del año pasado. Tanto los grupos de gobierno (PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir) como los de la oposición (AHI y PP) votaron a favor y Armas, que también es consejero y que llegó a ser de manera efímera presidente de la corporación (antes de una moción de censura liderada por su hermano, el socialista Alpidio Armas) se ausentó cuando se trató este punto. 

Durante ese pleno, y a pesar de respaldar con su voto el pago de esas facturas para resarcir al senador, el único consejero de IUC-Reunir, Amado Carballo, expresó cierta reticencia. “No me hace ninguna gracia votar a favor de la totalidad de los honorarios plasmados. Por ejemplo, una minuta de 40.000 euros (sin IVA) por el trámite ante el Supremo”, dijo este representante en relación con los honorarios del despacho de Choclán. 

“Había que haber analizado cantidades o haber esperado la respuesta de los colegios profesionales respecto a los criterios orientadores en cuanto a costas”, señaló Carballo. El consejero advirtió de que este caso da “vía libre” a la contratación de despachos de reconocido prestigio “a cualquier coste” para que lo pague la administración. 

Por su parte, la consejera María Asunción Amaro, compañera de partido de Armas, defendió el derecho del senador a elegir “la mejor defensa” y señaló que “hay despachos más especializados” en altas instancias judiciales. En una línea similar, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), celebró el archivo de la causa contra su hermano después de casi dos décadas “en vilo”. “Eso no se paga con dinero”, apuntó el dirigente socialista, que comparó los honorarios de los abogados con el caché de los cantantes. “Hoy cobra 100.000 euros y de repente saca un disco que lo peta y te cobra 500.000 euros. Esto es así. Es el camino correcto tener la mejor defensa para la gente que nos estamos dejando aquí las pestañas”, remató el presidente insular. 

Los acuerdos para el pago de los gastos de defensa de los tres procesados en el caso Vertederos inciden en que no hay ninguna disposición normativa que determine la cuantía de esas indemnizaciones. Sin embargo, aceptan el montante total reclamado por los altos cargos y la funcionaria en todos los casos teniendo en cuenta que el proceso judicial “ha durado más de quince años” y “ha sido elevado a órganos superiores y al Supremo”. 

El precedente de Fernando Clavijo 

El caso de Javier Armas no es el primero en Canarias en el que un cargo público aforado recurre a Choclán y termina trasladando la factura a una institución pública. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El actual presidente del Gobierno de Canarias también endosó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del reputado letrado (55.600 euros) por su defensa en el denominado caso Grúas. 

El paralelismo entre Clavijo y Armas no es sólo de abogado, sino también de mecanismo procesal. Un juzgado de La Laguna investigaba a Clavijo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias hasta que en julio de 2019 CC decidió convertir a Clavijo en senador, lo que activó su aforamiento y trasladó la causa a la Sala Segunda del Supremo, que entonces presidía el canario Manuel Marchena. Apenas unos meses después, el alto tribunal archivó el procedimiento al no apreciar reproche penal en la actuación de Clavijo como concejal y después alcalde de ese municipio.   

Aquel expediente no estuvo exento de controversia interna. La Asesoría Jurídica municipal se mostró contraria al pago, al considerar que Clavijo debió recurrir a los abogados del propio Ayuntamiento salvo que hubiese mediado una autorización previa y motivada para contratar a un letrado externo. El informe también cuestionaba el importe de las minutas, que superaba ampliamente los criterios orientadores del Colegio de Abogados. Sin embargo, el actual presidente del Gobierno canario presentó alegaciones y un segundo informe, en esta ocasión del área de Presidencia y Planificación, terminó avalando el pago en parte por silencio administrativo, ya que el Ayuntamiento no había respondido en plazo. 

Dos décadas de gestión incontrolada de vertidos

El caso Vertederos se abrió en 2006 para investigar la gestión incontrolada de residuos en El Hierro. La causa se centró en tres puntos de vertidos ilegales: el desguace contaminante de vehículos de El Majano; el vertedero de La Dehesa, dentro del espacio natural protegido del Parque Rural de Frontera, y el ubicado en la montaña de La Cumbrecita. 

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ya había denunciado en 2004 y 2005 infracciones como la apertura de zanjas de residuos que se quemaban y enterraban sin control. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias también había constatado incumplimientos no subsanados por el Cabildo de El Hierro, responsable de esas instalaciones. 

Tras doce años de instrucción, la Fiscalía solicitó en octubre de 2018 la apertura de juicio oral contra los tres investigados, para los que pidió once años de cárcel. El juicio quedó señalado para octubre de 2023, pero no llegó a celebrarse porque tres meses antes uno de los procesados, Javier Armas, había sido elegido senador y, por tanto, su causa se había elevado al Supremo. La asociación ecologista Ossinisa, denunciante original del caso en 2006, ejerció la acusación popular hasta que se vio obligada a retirarse por la duración de la causa (17 años por aquel entonces) y el coste económico que suponía para sus miembros. 

Los papeles que el Supremo no contempló 

El Supremo archivó la causa especial contra Armas en un auto dictado el 12 de diciembre de 2024 por el magistrado Pablo Llarena. Según esta resolución, el actual senador y consejero del Cabildo de El Hierro no ostentaba en aquel mandato (2003-2007) las competencias delegadas en materia de Medio Ambiente, puesto que no era consejero sino director de área. El auto remarca que no constaban denuncias ni inspecciones sobre los vertederos de El Majano y La Dehesa anteriores a 2008. 

Tras ese archivo, Ossinisa remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para intentar reabrir el caso, al entender que en el sumario existen documentos que contradicen los argumentos esgrimidos por el Supremo. Entre ellos, citaba un informe de la APMUN de 2007 que recoge denuncias del Seprona sobre ambos vertederos en 2004 y 2005 o un escrito firmado por el entonces presidente del Cabildo, Tomás Padrón, en el que identificaba a Armas como una de las personas con competencias medioambientales en la isla. También le hizo llegar varios documentos firmados por Armas entre 2004 y 2007 relativos a la gestión de ambas instalaciones. Sin embargo, las gestiones ante la FGE fueron infructuosas. 

Más de un millón de euros en restauración 

En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por decenas de vertederos ilegales e incontrolados en Canarias, que operaban sin sistemas de sellado, control de lixiviados ni tratamiento previo. Entre ellos se encontraba el de La Dehesa (también llamado Faro de Orchilla). Esa sentencia obligó a ejecutar de urgencia el sellado y restauración del vertedero. El Gobierno de Canarias encomendó esta tarea a la empresa pública Gesplan por un importe de 496.103,73 euros. Esta actuación fue cofinanciada al 85% con fondos Feder (Programa Operativo Canarias 2014-2020). 

A ello hay que sumar la inversión de 561.252,54 euros sufragada de forma íntegra a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para completar la planta de tratamiento de El Majano y para evitar el enterramiento incontrolado de basuras en vertederos. En total, por lo tanto, el coste de restauración ha superado el millón de euros.

El Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote, ha ordenado este martes el cierre temporal de la playa pequeña de Playa Blanca por vertidos de aguas residuales. Esta misma cala también fue cerrada en julio por el mismo motivo.

La decisión se produce como consecuencia de una avería en la estación de bombeo próxima a la playa, precisa el Consistorio.

Yaiza recomienda respetar la bandera roja hasta que los resultados de las muestras de laboratorio determinen que el agua es apta para el baño y “suplica” a vecinos, vecinas y visitantes “respetar la bandera roja y hacer uso de otras playas sureñas mientras que los resultados de las muestras de laboratorio de Salud Pública indiquen que el agua es apta para el baño”.

La corporación local ha comunicado al Consorcio del Agua de Lanzarote la avería detectada en la estación de bombeo próxima a la playa para que la entidad pública actúe y ponga fin a la incidencia.

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) investiga un presunto delito ambiental tras localizar un vehículo abandonado en el cauce de un barranco ubicado entre la playa del Puertito de Los Molinos y la playa de Jarugo produciendo vertidos de aceite y productos contaminantes para el medio ambiente, según ha difundido este lunes en sus redes sociales.

El cuerpo policial fue alertado por la aparición de una camioneta accidentada en un paraje natural de la costa oeste del municipio de Puerto del Rosario y tras la inspección ocular se ha constatado que dicho vehículo fue abandonado de forma deliberada en el lugar.

La Policía asegura que como consecuencia de ello, se han producido vertidos de aceite y productos contaminantes para el medio ambiente en el cauce de un barranco, afectando al subsuelo y con riesgo evidente de afección a aguas subterráneas y marítimas, además del abandono de la propia carrocería del vehículo con otros elementos contaminantes del mismo.

Todo ello, “podría acarrear graves daños para la calidad del suelo, las aguas, así como para plantas y animales endémicos de zonas áridas de la isla”, sostiene el cuerpo.

Por eso, se investiga la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal.

En estos momentos se están llevando a cabo las pesquisas oportunas para identificar y localizar al titular del vehículo y para el esclarecimiento de los hechos, así como los trámites para la retirada, a la mayor brevedad, del vehículo del lugar.

Coalición Canaria de El Rosario, Tenerife, ha denunciado la “inacción y falta de transparencia” del Gobierno municipal ante la aparición de “posibles vertidos y residuos” en diferentes puntos de la costa del municipio y ha exigido al Ayuntamiento que actúe de manera inmediata para determinar el origen de estas incidencias y garantizar la seguridad de los usuarios del litoral.

El concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de El Rosario, José Miguel Fregel, asegura que durante las últimas semanas ha recibido fotografías y vídeos remitidos por vecinos y usuarios de la costa en los que se observan “anomalías” en el agua, así como imágenes que “podrían apuntar a desperfectos en alguno de los emisarios existentes en la zona”, según CC.

Ante esta situación, el partido explica que Fregel se desplazó personalmente hasta el litoral para comprobar el estado del agua y constató la presencia de una acumulación o mancha en la superficie en una zona en la que, además, había personas bañándose.

“Lo mínimo que puede exigir cualquier vecino es saber si el agua en la que se está bañando está en condiciones. Lo que no podemos aceptar es que aparezcan estas señales una vez más y que el Ayuntamiento permanezca en silencio como si no estuviera pasando nada”, denuncia el edil nacionalista. Coalición Canaria reclama al Gobierno local que determine mediante los correspondientes análisis el origen y composición de estas manchas y que informe públicamente sobre los resultados.

Fregel recuerda que los problemas relacionados con la calidad de las aguas del litoral de El Rosario “no son nuevos” y señala que Coalición Canaria de El Rosario ya ha denunciado situaciones similares en años anteriores.

El concejal nacionalista considera especialmente grave que, ante la aparición de “nuevos indicios”, los vecinos desconozcan si se están realizando todos los controles necesarios para garantizar la calidad sanitaria del agua.

“No podemos normalizar que los vecinos vean manchas en el mar, que existan dudas sobre posibles vertidos y que nadie explique qué está ocurriendo. Si el agua está en perfectas condiciones, el Ayuntamiento debe demostrarlo con análisis. Y si existe un problema, tiene la obligación de actuar inmediatamente”, señala Fregel.

Para CC de El Rosario, la respuesta del Gobierno municipal no puede limitarse a intervenir únicamente cuando la situación alcanza una gravedad evidente. “La salud pública y la protección de nuestro litoral exigen prevención, mantenimiento y vigilancia. Esperar a que el problema sea evidente o a que sean los propios vecinos quienes den la voz de alarma no es gestionar”, sostiene el concejal.

Dudas sobre el estado y mantenimiento de los emisarios

Otro de los asuntos que preocupa a los nacionalistas es el estado de las infraestructuras de evacuación existentes en la costa. Fregel asegura haber recibido recientemente un vídeo grabado por un submarinista en el que se apreciaría un posible desperfecto en uno de los emisarios submarinos y advierte de que situaciones similares “ya se han producido anteriormente”.

Por este motivo, CC exige al Ayuntamiento que informe sobre cuándo se realizaron las últimas revisiones y actuaciones de mantenimiento de estas instalaciones y cuál es actualmente su estado.

“Queremos saber qué mantenimiento se está haciendo, con qué periodicidad se revisan los emisarios y si existe alguna rotura o incidencia que pueda estar relacionada con lo que estamos viendo en la costa”, afirma Fregel.

El concejal nacionalista considera que el Gobierno municipal tiene la obligación de ofrecer estas explicaciones con total transparencia. “Cuando estamos hablando del mar, de nuestra costa y de personas que se están bañando, no caben las excusas ni la improvisación. Los vecinos tienen derecho a conocer exactamente qué está pasando”, insiste.

Coalición Canaria reclama al Ayuntamiento de El Rosario que active de manera inmediata los mecanismos necesarios para analizar la calidad de las aguas en los puntos afectados y que traslade públicamente los resultados a la ciudadanía.

Asimismo, pide que se compruebe el estado de los emisarios del municipio, se revise su mantenimiento y se determine si alguna incidencia en estas infraestructuras pudiera estar provocando o contribuyendo a la situación denunciada.

“No estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo que el Ayuntamiento haga su trabajo: revisar, analizar, prevenir e informar”, subraya José Miguel Fregel. Para el concejal de CC, el silencio institucional genera además una situación de incertidumbre que resulta “completamente innecesaria”.

“Si hay un problema, hay que solucionarlo. Si no lo hay, que se publique la información que permita a los vecinos estar tranquilos. Lo que no puede ocurrir es que sean los ciudadanos quienes tengan que enviar fotografías y vídeos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, denuncia.

La costa de El Rosario, la gran olvidada, según CC

Fregel considera que lo sucedido vuelve a poner de manifiesto la falta de atención que, a juicio de Coalición Canaria, recibe el litoral del municipio por parte del Gobierno local.

“La costa de El Rosario no puede seguir siendo la gran olvidada. No podemos acordarnos de ella solamente cuando surge un problema. Necesita mantenimiento, vigilancia, planificación y una política seria de protección durante todo el año”, defiende.

El edil nacionalista insiste en que Coalición Canaria seguirá fiscalizando la actuación municipal y reclamando todas las explicaciones necesarias para conocer qué está ocurriendo.

“Estamos preocupados por el estado de nuestras aguas y queremos respuestas. No vamos a esperar a que ocurra algo más grave para exigir que se actúe. El Ayuntamiento debe intervenir ahora, analizar el agua, revisar las instalaciones y explicar públicamente a los vecinos cuáles son los resultados”, concluye José Miguel Fregel.

La Policía Local de Cuenca ha detectado dos vertidos ilegales de fibrocemento en la vía pública esta semana.

El primero de ellos fue detectado el lunes, cuando varias placas de uralita susceptibles de contener amianto aparecieron tiradas sobre una acera en las proximidades del circuito de bicicleta de la ciudad.

Los hechos se trasladaron al departamento correspondiente para su retirada y correcta gestión, mientras que se investiga su procedencia.

Un día más tarde, fue detectado un nuevo vertido de fibrocemento, esta vez depositado junto a un contenedor de residuos urbanos en la calle Jorge Torner.

En esta ocasión, los agentes sí pudieron localizar e identificar al presunto responsable, poniendo los hechos en conocimiento de los servicios competentes para que se adopten las medidas oportunas y se determinen las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

Estos hechos han llevado a los agentes municipales a recordar que el abandono incontrolado de este tipo de residuos supone un riesgo para el medio ambiente, no siendo legal su depósito junto a otros residuos ya que requiere una gestión especializada.

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil investiga els abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines. Els agents han dut a terme aquest dimarts al matí una inspecció sobre el terreny i han pres mostres per analitzar-les i determinar les característiques de l’abocament, després que l’Aliança per l’Aigua denunciés el cas.

L’actuació de l’institut armat es produeix després que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia informés aquest dilluns la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern balear sobre l’abocament al torrent de sa Font. L’organisme autonòmic ha obert diligències prèvies i ha sol·licitat la col·laboració del Seprona. Fonts de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua assenyalen que, a partir dels resultats de la inspecció i de les anàlisis, es determinaran “les actuacions que corresponguin i, si cal, s’instruirà el corresponent expedient”.

Precisament, una setmana després que saltés l’alarma pels abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines, l’Aliança per l’Aigua ha dut aquest divendres el cas a la via penal en denunciar AENA per un presumpte delicte ambiental davant la Fiscalia de Medi Ambient aquest 14 d’agost. La denúncia encara està pendent de ser admesa a tràmit. AENA ha explicat a aquest diari que el Seprona està investigant el cas i que el gestor aeroportuari hi està col·laborant.

Aquesta acció judicial es produeix després que aquest dijous es formalitzés la denúncia i es lliurés al Seprona de la Guàrdia Civil un informe tècnic en què es detallen presumptes irregularitats mediambientals relacionades amb abocaments d’aigües residuals procedents de la depuradora de l’aeroport. L’Aliança per l’Aigua, que defensa la millora de la política hídrica de l’illa, reclama així una investigació del Seprona per verificar els possibles incompliments de la normativa mediambiental.

Cal assenyalar que els fets varen motivar el tancament parcial al bany de la platja des Codolar el divendres 7 d’agost, tot i que aquest dimarts es va tornar a obrir. L’Ajuntament de Sant Josep va informar que reobria la zona de la platja situada davant del torrent després que les analítiques realitzades aquest dilluns “confirmessin que la qualitat de l’aigua es troba dins els valors permesos”. “L’Ajuntament mantindrà durant les pròximes setmanes el control de la qualitat de les aigües de bany en aquesta zona amb l’objectiu de comprovar-ne l’evolució i detectar qualsevol possible incidència”, va remarcar.

Un laboratori independent

La contaminació dels abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al torrent de sa Font supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua en col·laboració amb un laboratori independent, com va informar aquest diari. L’entitat que defensa la millora de la política hídrica de l’illa va explicar que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva europea sobre el tractament de les aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora no va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments detectats són especialment greus”, varen sostenir les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesa en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent.

“La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, va explicar a aquest diari Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, va argumentar que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers a l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, va lamentar, i va afegir que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades. D’altra banda, va insistir que s’estan produint abocaments d’aigües insuficientment depurades al voltant d’un parc natural.

AENA defensa les seves actuacions

Fonts d’AENA varen respondre a aquest diari que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins els límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i el consum d’aigua, com també les analítiques i els informes que són aplicables, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent.

“Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “per utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Així mateix, varen afegir que la depuradora recull l’aigua de l’aeroport i, després d’un tractament previ, es reutilitza per al reg. D’aquesta manera, asseguren aquestes fonts, es pot “reduir notablement el consum d’aigua”. Tanmateix, a vegades d’alt consum o de tempestes, pot omplir-se “algun dels sobreeixidors de les successives etapes de depuració, cosa que provoca que surti una mica d’aigua ja tractada a l’exterior”.

“L’última analítica correspon al mes de juliol i encara no en tenim els resultats, però en les anteriors no s’hi han detectat anomalies”, va defensar AENA. L’organisme semipúblic va informar que estava prevista una inversió per ampliar la depuradora i que, addicionalment, des de l’aeroport “estan estudiant la possibilitat de dur a terme actuacions als lavabos que disminueixin el cabal d’aigua abocada”. Finalment, varen voler aclarir que “el torrent del qual parlen, al llarg del seu recorregut, està situat al costat de diferents instal·lacions, no només les aeroportuàries, que també poden estar originant abocaments ocasionals”.