La Junta de Andalucía, con la mayoría accionarial en la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja, ha decidido convocar un consejo de administración extraordinario este próximo Viernes de Dolores tras el informe de la UCO que apunta a supuestos cobros de comisiones por parte del exsecretario general de Deportes de la Junta José María Arrabal, y el actual gerente del recinto, Daniel Oviedo, en la adjudicación de la obra de reforma de esta instalación deportiva para acoger la Eurocopa de fútbol de 2020 (que se celebró en 2021 por la pandemia de coronavirus). Una jueza les investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Así lo ha adelantado El Correo de Andalucía y confirmado la Administración autonómica a Europa Press. Sobre este caso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha abogado por que “la Justicia actúe” y ha asegurado que “vamos a colaborar como siempre hemos colaborado” en alusión al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Diputación de Sevilla y el Gobierno centra, miembros también de la sociedad gestora, pidieron este consejo de administración que ahora se celebrará.

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio la Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al actual gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Relaciones con la RFEF y la constructora

Según el auto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa. Y para aclarar si hubo un “posible beneficio económico obtenido ilícitamente”, permite también “el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen”.

La instructora Delia Rodrigo señala la “participación directa” de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles, por parte tanto de Arrabal como de Oviedo, “tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio” para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

Corrupción y blanqueo de capitales

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros. Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo “ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción”.

La magistrada recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.

El 23 de abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Nyon (Suiza), decidió oficialmente que Sevilla y el estadio de La Cartuja sustituirían a Bilbao como sede española para la Eurocopa.

En realidad, la promotora Gruconsa había empezado los trabajos de remodelación del estadio cuatro días antes –el 19 de abril– sin contrato ni presupuesto asignado ni licitación ni adjudicación, pero por encargo directo de la sociedad que gestiona el estadio, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, junto al Estado, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial.

Cuatro días después, el 27 de abril de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S.A. acordó “no firmar el contrato del estadio con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios” y, dos días después, solicitó formalmente una “subvención excepcional” a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta por un importe de 5,4 millones de euros para sufragar el evento. Pero las obras ya estaban en marcha sin ningún soporte contractual.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye el llamado 'caso Supercopa' ha abierto una pieza separada para esclarecer el papel que jugaron altos cargos de la Junta de Andalucía en la adjudicación irregular del contrato de reformas de La Cartuja, a cambio de supuestas comisiones ilegales. Daniel Oviedo, actual gerente de la sociedad que gestiona el estadio, está imputado junto a quien presidía dicho órgano de contratación, el exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal.

La cronología de la tramitación del contrato de las obras del estadio, recogida en el informe de la Guardia Civil, revela desde el principio “una clara discordancia entre la ejecución real de las obras y su formalización administrativa”, ya que los trabajos comenzaron mucho antes de que se iniciaran los expedientes de licitación.

El debate político se centra ahora en la responsabilidad del Consejo de Administración del estadio, donde estaban representadas tres administraciones del PSOE (Gobierno, Ayuntamiento y Diputación) y una del PP (Junta), que ahora se imputan las irregularidades del contrato amañado.

¿Quién autorizó el contrato?

El 5 de mayo de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S. A., reunido por videoconferencia, aprobó realizar las obras de adecuación del estadio de Sevilla para albergar los partidos de la Eurocopa, con cargo a un presupuesto extraordinario facilitado por el Gobierno andaluz un día antes. La Consejería de Educación y Deportes, donde Arrabal ocupaba el tercer escalafón, acababa de otorgar al proyecto esa subvención excepcional que había solicitado el estadio: 4,9 millones de euros, destinados inicialmente a la construcción de guarderías.

Las actas de la reunión del Consejo de aquel día, a las que ha tenido acceso este periódico, revelan varios puntos de interés para la investigación judicial sobre el supuesto amaño de contratos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante el mandato de Luis Rubiales a cambio de comisiones ilegales.

La decisión de dar luz verde a las obras se adoptó en aquella reunión, en la que participó “como invitado el letrado de la Junta de Andalucía, Joaquín María Barrón Tous”. Hubo seis votos favorables, correspondientes a los consejeros de la Junta, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación Provincial, y dos abstenciones de los miembros del Gobierno central, que expresaron sus “dudas” con la “interpretación jurídica” hecha por la sociedad del estadio La Cartuja para justificar el procedimiento “mínimo” y “urgente” de contratación, sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Aquella reunión del Consejo de Administración incluso discutió si la entidad que dirigía Rubiales iba a ser parte del órgano de contratación del estadio o sólo “le compete la eventual recomendación de licitadores”, cuando en realidad la promotora vinculada a la RFEF –Gruconsa– ya llevaba tres semanas trabajando en el estadio.

El secretario del Consejo esgrime su “informe justificativo del procedimiento mínimo de contratación”, que no termina de convencer a los consejeros nombrados por la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central). La consejera nombrada por la Junta de Andalucía, Myriam del Campo, comenta que “el informe se ha consultado con los Letrados de la Junta de Andalucía así como con el Director General de Contratación, de la Consejería de Hacienda”.

Sin embargo, el consejero designado por el Gobierno, Antonio Franco, reitera que “le preocupa que ante la fiscalización o intervención que a posteriori pueda realizarse, qué responsabilidad le cabe como Consejero si no manifiesta las dudas sobre la oportunidad de que el evento fuera a ser realizado por el Estadio con sus normas o hubiera de haber sido realizado por otra institución”. “La urgencia viene motivada porque no hay tiempo y lo que se imposibilita es la aplicación del principio de publicidad”, añade.

Arrabal y Oviedo, “poder mancomunado” para autorizar el contrato

El Consejo de Administración del 5 de mayo de 2021 dio luz verde a las obras del estadio, pero lo hizo de forma indirecta. Lo que realmente se votó aquel día, según consta en las actas, “no es la valoración o discusión sobre el informe” que justifica el “procedimiento mínimo” para la contratación, “sino la delegación en el Presidente [Arrabal] y en el Gerente [Oviedo], de manera mancomunada, de las facultades que corresponden al Consejo de Administración como Órgano de Contratación por razón de la cuantía superior a 500.000 euros, para la contratación de actuaciones en el marco y contexto de lo informado”.

Es decir, la decisión última de contratar por la vía de urgencia a la promotora Gruconsa, investigada en la causa, no recayó en el Consejo de Administración, donde están representadas cuatro administraciones, sino en los dos máximos responsables de ese órgano, hoy imputados.

Con ese “poder mancomunado”, Arrabal y Oviedo aprobaron las licitaciones y adjudicaciones a Gruconsa un mes después, aunque en realidad la promotora ya había empezado las obras 16 días antes, sin contrato ni licitación ni adjudicación. A posteriori, se presentaron tres empresas a la licitación, pero la Guardia Civil sospecha que “los presupuestos eran falsos para justificar un proceso de adjudicación” concedido de antemano a Gruconsa que, de hecho, trabajaba en el estadio mientras las administraciones en paralelo hacían el papeleo para dar “apariencia de legalidad”.

A los miembros del Consejo se les notificó la oferta de la adjudicataria, pero no las de las otras dos empresas postulantes, que no aparecen en el expediente publicado en el Portal de Transparencia del estadio. “Pudiera haber sido la propia Gruconsa la encargada de confeccionar las tres ofertas que fueron presentadas, asegurándose así ser la más ventajosa para garantizar la adjudicación de unos trabajos que ya se encontraban en ejecución”, señala la UCO en el informe remitido a la jueza.

La Diputación de Sevilla ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Administración para abordar la permanencia del gerente, cuyo cese ya reclaman abiertamente desde el PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox. La potestad de convocar al Consejo sólo depende de la actual secretaria general de Deportes de la Junta.

La oposición en bloque ha pedido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que fuerce la dimisión de Oviedo, y éste respondió en el Parlamento que “no es un cargo público” y que las administraciones socialistas en el Consejo no se opusieron al contrato. “Si hay que sustituirlo y renombrarlo, se convoca al Consejo y se destituye, pero a ver qué dice la Justicia”, ha asegurado en el Pleno de la Cámara.

“Dudas con la interpretación de las normas”

Las actas también revelan las “dudas” respecto al procedimiento de contratación expresadas por los dos consejeros de la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central), que no cuestionaron el proyecto, pero evitaron votar a favor. “Se tienen dudas sobre al alcance e interpretación del artículo 321 [de la Ley de Contratos del Sector Público] y expresa que la situación es extrema entre poder hacer o no el evento”, en referencia a los partidos de la Eurocopa.

También manifiestan “dudas” con la justificación legal de saltarse los procedimientos ordinarios de contratación alegando “una causa sobrevenida”, por lo que “no desean refrendar el procedimiento [mínimo de urgencia] pero tampoco oponerse a la celebración del evento”. Finalmente, los consejeros designados por el Gobierno central entienden que “deben abstenerse y recomendar la atención a los plazos en la medida de lo posible y ajustarnos a la publicidad y principio de la concurrencia”.

En ese momento intervino Arrabal para hacer un poco de “retrospectiva”, recordó que La Cartuja se había pasado años sufriendo el abandono de las administraciones, que “el estadio se encontraba cerrado” y “sin un horizonte de actividad”. “Estamos ante una oportunidad única que va a impulsar gran parte de la economía de la ciudad”, dijo.

El consejero del Gobierno central le respondió que “no se discute la importancia del evento sino que se está expresando las dudas, que no certezas, sobre una interpretación de las normas”. “Dudas sobre una interpretación jurídica, lo que no debe de entenderse como una oposición al proyecto”, añadió, tras “aplaudir el emprendimiento del presidente del Consejo de Administración”.

Las obras, antes que los permisos

“Daniel, buenas tardes. El lunes llega mi primer equipo de gente para el desmontaje de los tornos”. El 16 de abril de 2021, el responsable de las obras de adecuación del estadio La Cartuja de Sevilla como sede de la Eurocopa, Ángel González Segura (Gruconsa), envió un correo electrónico con el asunto “COMIENZO OBRA” a Daniel Oviedo, gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A.

El inicio efectivo de las obras de adecuación de tornos e iluminación en el estadio La Cartuja fue el 19 de abril, es decir, 39 días antes del inicio de los expedientes de licitación y cuatro días antes de que la UEFA confirmara oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa. En ese momento, ni existía contrato entre la RFEF y la sociedad Estadio La Cartuja ni existía contrato entre estas dos entidades y la promotora Gruconsa, que ya había empezado a trabajar sobre el terreno.

Los responsables de Gruconsa, imputados en la causa, fueron informando a la Junta del inicio y desarrollo de las obras. Los promotores enviaron un Excel con los gastos a Oviedo, cuando el proyecto todavía no contaba con el visto bueno del Consejo ni la Junta de Andalucía había destinado presupuesto para ello. “¿Te encargas de comunicárselo a la Junta?”, escribió el Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, al responsable de las obras de Gruconsa.

Camps ni siquiera sabía en ese momento que la Federación de Fútbol y la sociedad que gestiona los activos de La Cartuja aún no habían firmado ningún contrato.“La Junta está en ello porque está el director gerente de La Cartuja”, le respondió González Segura el 23 de abril, el mismo día que la UEFA eligió oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa.

Entre el 12 y el 15 de abril, los miembros de la UEFA habían visitado personalmente el estadio de La Cartuja para evaluar la viabilidad del recinto para los cuatro partidos previstos. “Las primeras impresiones han sido buenas por lo que nos han contado, ya que en Bilbao solo han tenido escollos en cada legalización y petición por parte del Gobierno Vasco y las autoridades pertinentes, mientras aquí todo han sido facilidades y buena disposición”, escribió el responsable de Gruconsa a la RFEF.

Al día siguiente, el 16 de abril, cuatro administraciones firmaron una “declaración de intenciones” comprometiéndose a acometer las reformas necesarias para que Sevilla fuera sede, y sólo tres días después empezaron los trabajos en el estadio, antes siquiera de contar con el presupuesto para pagar la obra.

La sociedad Estadio de La Cartuja adjudicó el contrato a Gruconsa por valor de 1,1 millones de euros el 11 de junio, el mismo día que empezaban los partidos de la Eurocopa, y 45 días después de que arrancaran las obras. La Guardia Civil concluye en su informe que Arrabal y Oviedo “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, e investigan la compra de dos pisos que ambos hicieron en esos días (uno en Sevilla y otro en Málaga), abonando a tocateja 50.000 euros cada uno.

Cuando finalmente se oficializa el contrato de adjudicación a Gruconsa, dos trabajadores de la promotora lo comentan “en tono jocoso” en una conversación intervenida por la Guardia Civil. “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice González Segura. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de Gruconsa “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”.

La Diputación de Sevilla ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria del consejo de administración del Estadio de la Cartuja tras conocerse este martes que la jueza del caso Supercopa ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio de la Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Además, ha solicitado que la cita sea presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP). Todo ello, en un momento en el que el Gobierno andaluz se desmarca de su ex alto cargo e insiste en que el encargado directo de pilotar el estadio es el gerente, que no lo nombra la Junta sino el propio consejo de administración. La Guardia Civil concluye que ambos “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, y la jueza les ha imputado.

La sociedad que gestiona el estadio adjudicó una obra para reformar el estadio por valor de 1,1 millones de euros cuando llevaba 45 días en marcha y ya estaba a punto de finalizar. La entidad adjudicataria, Gruconsa, desarrolló así casi todos los trabajos sin ser formalmente la adjudicataria, antes de que la obra fuera licitada, “e incluso con antelación a la designación definitiva por la UEFA de Sevilla como sede de la EURO20”, que se celebró en 2021 al aplazarse la competición por la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la reunión solicitada por la institución provincial (que preside Javier Fernández, también secretario general del PSOE en Sevilla), se apunta que el objetivo es “analizar la situación, conocer en detalle las informaciones publicadas y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento y la credibilidad de la institución”.

“Máxima transparencia”

Al hilo, ha pedido a la Junta de Andalucía que la reunión sea presidida por la consejera de Cultura, dada “la relevancia institucional del asunto y la necesidad de ofrecer las máximas garantías de transparencia, rigor y responsabilidad pública”. Así, “ante la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas horas”, la institución ha apostillado que considera “imprescindible actuar con la máxima transparencia y responsabilidad institucional”.

El recinto está gestionado por Estadio Cartuja de Sevilla SA (ECSSA), una entidad mercantil, en la cual la Junta es accionista mayoritaria, con el 40% de las acciones. Los otros son el Gobierno de España (25%), el Ayuntamiento de Sevilla (19%), la Diputación de Sevilla (13%), el Real Betis (1,5%) y el Sevilla FC (1,5%).

Por su parte, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP), ha insistido este miércoles (como también ha hecho el PP) que el gerente del estadio de la Cartuja “no es un cargo público de la Junta de Andalucía. No es un cargo ni público ni político”, ha sentenciado. Así se ha pronunciado al ser preguntada sobre si la Junta, como accionista mayoritario del consorcio del Estadio, se plantea el cese del gerente. Sobre si el Gobierno andaluz se personará en la causa, “no nos lo hemos planteado de momento, pero no quiere decir que no la vayamos a hacer”. “Se están valorando todas esas cuestiones. No hay nada decidido”, ha apostillado.

La consejera portavoz ha asegurado que, desde la Junta de Andalucía, se ofrece “máxima colaboración” a la Justicia. “Otros a lo mejor ponen impedimentos; nosotros, cero”, ha concluido España, que ha reconocido que “espero que, a lo mejor, en el futuro pueda haber un consejo de administración con todas las entidades donde se analicen estas cuestiones”.

“Participación directa”

Según el auto judicial, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa.

La instructora Delia Rodrigo señala la “participación directa” de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo “tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio” para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros. Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo “ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción”.

La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.

Las obras bajo sospecha

Según el auto, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió en abril de 2021 que el estadio de la Cartuja fuera la nueva sede española para la Eurocopa, en sustitución de Bilbao. Tras el anuncio oficial, ECSSA solicitó a la Junta de Andalucía una subvención excepcional “por razón de interés público y social” que la Consejería de Educación y Deportes autorizó por un importe de 4,9 millones de euros, para lo que procedió a una modificación presupuestaria que consistió en desviar fondos que en principio eran para guarderías.

Días después, el 7 de mayo, Arrabal firmó como presidente del Consejo de Administración de ECSSA un documento en el que justificaba la puesta en marcha de expedientes de contratación de obras y servicios vinculados tanto un convenio de asistencia técnica y asesoramiento firmado con la RFEF como a la subvención de la Junta.

Tras la “insuficiencia” de medios declarada por ECSSA para acometer los trabajos, “se reconoció la necesidad de recurrir por concurso” a empresas del sector que pudieran garantizar la “correcta ejecución” de las actuaciones. Finalmente, dos expedientes fueron adjudicados a Gruconsa, indica la magistrada, que precisa que la empresa reflejó en los expedientes su intención de garantizar, en lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.

Así, Arrabal firmó el 28 de mayo el acuerdo de inicio de los expedientes relacionados con la tematización de la sala de prensa y la adecuación de la zona deportiva por 88.061,99 euros y 816.798,24 euros, respectivamente. Y el mismo día, Oviedo, como gerente de ECSSA y responsable de las contrataciones, firmó la memoria justificativa para la licitación de los dos expedientes, de acuerdo con el auto.

La jueza apunta que las obras relativas a los sistemas de control de accesos e iluminación habrían generado una facturación a la empresa de 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros, “todo ello como consecuencia de sus relaciones con la RFEF”, señala la magistrada. Respecto a la asunción del gasto de los trabajos, la jueza observa que, aunque la RFEF asumió el pago de las facturas, “en repetidas ocasiones” se imputa dicha responsabilidad a ECSSA.

El ex secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía José María Arrabal, imputado en la presunta trama de amaños de contratos en el estadio La Cartuja (Sevilla) a cambio de comisiones ilegales, fichó por la multinacional privada Acciona apenas unos días después de su cese como alto cargo del Gobierno andaluz, en enero de 2025.

El fichaje de Arrabal por Acciona a los pocos días de abandonar la Junta choca con la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 2005, que establece un periodo mínimo de dos años para poder entrar en una empresa del sector en el que había tenido competencias directas cuando trabajaba para la Administración.

El que fuera número tres de la Consejería de Cultura y Deportes cesó el 3 de diciembre de 2024 y, ese mismo día, solicitó formalmente a la Junta su compatibilidad para poder fichar de inmediato por Acciona Cultura, para dirigir la divisiónd e deportes, el mismo ámbito en el que venía trabajando en la Administración.

La Consejería de Justicia, competente para determinar si un alto cargo cumple la Ley de Incompatibilidades, firmó una resolución con la autorización de Arrabal pocos días después, el 7 de enero. “Se le concedió la compatibilidad tras comprobar que como secretario general de Deportes no había participado directamente en ningún contrato ni subvención de la Junta que hubiera beneficiado a Acciona”, confirman fuentes de este departamento.

José María Arrabal ha sido el secretario general de Deportes de la Junta, “con rango de viceconsejero”, desde que se constituyó el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno, en enero de 2019, hasta hace apenas un año. Entró de la mano del exconsejero de Educación y Deportes, el fallecido Javier Imbroda, y se mantuvo en el puesto durante seis años, dos legislaturas y cuatro consejeros distintos, hasta que dimitió en diciembre de 2024. Acto seguido, fichó por la multinacional Acciona.

La citada Ley andaluza de Incompatibilidades prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

En 2024, el entonces viceconsejero de Salud del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Guzmán, fichó por una de las principales compañías de seguros privados de España, el grupo ASISA, que le nombró director médico en Andalucía tres meses después de su cese.

Al hacerse público, la Junta abrió una investigación interna que concluyó que Guzmán había vulnerado el plazo mínimo de dos años que establece la ley para pasarse a la privada. Su contrato quedó en suspenso hasta que pasaron esos dos años, pero Nieto ya advirtió entonces que la Ley andaluza de Incompatibilidades era “muy mala” y anunció su intención de cambiarla.

Antes de ser ascendido a viceconsejero de Salud, Guzmán había sido gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante dos años y medio, en los que adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, que terminaría contratándole tres meses después de dejar la Junta. Guzmán fue imputado por un juez de Sevilla en el caso de los contratos de emergencia del SAS, que posteriormente fue archivado.

Fue precisamente a raíz de este caso que la Consejería de Justicia, que dirige José Antonio Nieto, aprobó un decreto ley en 2024 que modificó parcialmente la Ley de Incompatibilidades, estableciendo la obligatoriedad para todos los altos cargos de la Junta de solicitar por escrito autorización expresa si querían saltar de la pública al sector privado sin esperar el plazo mínimo de dos años estipulado por ley.

Fuentes de Justicia explican que el caso Guzmán “evidenció que había una laguna” en dicha ley, que no existía un mecanismo reglado para que la Junta supiera de primera mano que uno de sus ex altos cargos había empezado a trabajar para el sector privado antes de que pasaran los dos años preceptivos. “El decreto ley obliga ahora a solicitar la compatibilidad, Arrabal lo ha hecho y se le ha autorizado”, confirman estas fuentes.

El decreto ley incluyó este nuevo apartado: “Las personas que en los dos años posteriores al cese en el desempeño del alto cargo pretendan realizar una actividad privada en el mismo ámbito sectorial en el que haya desarrollado sus funciones, deberán comunicarlo a la Consejería competente en materia de administración pública y obtener, con carácter previo, autorización para el desarrollo de la misma”. Es la Inspección General de Servicios la encargada de realizar un informe sobre cada solicitud, en este caso, la del ex secretario general de Deportes.

No obstante, un portavoz de Acciona explica a este periódico que Arrabal sólo trabajó para la compañía “durante cuatro meses, a principios de 2025”. “Su contratación contó con la autorización expresa de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Ocupó un puesto intermedio en la organización como gerente de desarrollo de negocio internacional en el área de eventos deportivos, sin ningún tipo de actividad en el mercado español. El señor Arrabal dejó la compañía en mayo de 2025 tras no superar el preceptivo periodo de prueba de su contratación”.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye desde hace dos años el llamado 'caso Supercopa', la presunta trama de amaño de contratos ligada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha imputado a Arrabal y al actual gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A., Daniel Oviedo, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía. Un informe de la Guardia Civil les acusa de “contribuir” a la adjudicación irregular de un contrato de 1,1 millones de euros a la empresa Gruconsa S.A. a cambio de supuestas contraprestaciones económicas.

Los trabajos de reforma del estadio de La Cartuja, en 2021, empezaron “39 días antes del inicio de los expedientes de licitación correspondientes a las mismas y 45 días antes de la adjudicación de los mismos a la constructora”. Las obras se finalizaron el 7 de junio de 2021, “cuatro días después de la adjudicación de los expedientes”. La jueza ha autorizado a la Guardia Civil a requisar y clonar los dispositivos móviles y las cuentas bancarias de Arrabal y Oviedo, pero el informe policial ya recoge algunas conversaciones de ambos con los promotores imputados.

En una de las conversaciones de Whatsapp grabadas, dos responsables de la constructora bromean con que la entidad pública les haya adjudicado finalmente la obra cuando, de hecho, estaban a punto de terminarla: “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice Ángel González Segura, responsable de la reforma de Gruconsa. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de la promotora. “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20.

El tío de Luis Rubiales ha interrumpido la presentación de su nuevo libro, titulado 'Matar a Rubiales', para lanzar huevos contra él e insultarle. Rubiales, que quiso hacerle frente antes de que el resto de asistentes se interpusiese, no reconoció la identidad del atacante, el hermano pequeño de su padre. Según adelanta El Confidencial y la COPE, el agresor tiene esta relación de parentesco con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A pesar de las desavenencias conocidas entre Luis Rubiales y su tío Juan Rubiales, que trabajó junto a él en la federación, esta vez el protagonista del enfrentamiento es su otro tío, con el que comparte nombre y edad.

El incremento en los precios de los huevos no ha impedido que el familiar se cubriese como un espontáneo cualquiera y arrojase contra Rubiales tres huevos mientras le profería varios insultos, entre ellos “sinvergüenza”. El atacante ha sido reducido por varias personas que asistían al acto, que también han impedido a Rubiales hacerle frente, como era su intención. Uno de los invitados que sujeta al lanzador de huevos es el agitador ultra Bertrand Ndongo, que aparece en las imágenes filmadas por varios periodistas e invitados.

Rubiales, autor del beso no consentido a la campeona mundial de fútbol Jennifer Hermoso, se ha mostrado en el evento como una víctima de 'persecución política'. Según él, las denuncias de presiones por su parte al entorno de la víctima no fueron tales y el escándalo fue un complot en su contra, a pesar de la sentencia firme que lo condenó a una multa de 10.800 euros.

“Comenzamos de cero”, dijo en su presentación Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora, cuando le preguntaron por la posibilidad de que volviera Jenni Hermoso al combinado nacional. Una respuesta que muchos interpretaron como un guiño a la delantera madrileña y a otras jugadoras como María León, que no estaba en una lista desde hace años. Dicho y hecho. En su primera lista, aparecen ambas, dos de los regresos más esperados del fútbol español. 

Bermúdez vuelve a incluir a Hermoso un año después, en el marco de su primera lista de convocadas para la semifinal de la Liga de Naciones contra Suecia. La selección disputará el partido de ida de la semifinal el viernes 24 en La Rosaleda de Málaga (20:00 horas); la vuelta, el martes 28 (19:00) en Gotemburgo.

Además de Hermoso y León, Bermúdez ha convocado a las siguientes jugadoras: Cata Coll, Nanclares, Eunate Astralaga, Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Jana Fernández, Jana Fernánadez María Méndez, Lucía Corrales, Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Salama Paralluelo, Eva Navarro y Cristina Martín-Prieto.

Bermúdez fue designada entrenadora de la selección absoluta el pasado 11 de agosto, cuando la junta directiva de la RFEF decidió no renovar el contrato de Montse Tomé, quien había ocupado el cargo desde la destitución de Jorge Vilda, cesado en plena polémica por el caso Rubiales. Él se marchó, pero Tomé asumió el mando, aunque ella también había protagonizado el polémico aplauso al entonces presidente de la federación. 

En sus años como seleccionadora, Tomé solo convocó a la delantera del Tigres en una ocasión. En las listas posteriores, ni rastro de la madrileña, una decisión que siempre defendió que era deportiva. Entre las citas más recientes, no participó en la clasificación para la Liga de las Naciones, no acudió a los Juegos Olímpicos de París y tampoco estuvo en la lista de la Eurocopa 2025, que España perdió por penaltis en la final. 

La ausencia de la máxima goleadora de la selección no ha estado exenta de polémica, un movimiento atravesado siempre por el caso Rubiales, que acabó condenado por un delito de agresión sexual por el beso no consentido que le plantó a Hermoso en la celebración del Mundial conquistado en 2023. 

La delantera cargó incluso contra Tomé por dejarla fuera de las últimas convocatorias. “Yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala”, escribió a través de sus redes sociales. Y remachó: “Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor”.

La máxima goleadora vuelve la selección

Bermúdez recupera para esta lista a la máxima goleadora de la selección española. La madrileña encabeza la lista de dianas con 57 tantos, aunque ahora podría ampliar ese registro en los próximos encuentros que tiene por delante el equipo nacional. Hermoso regresa en un momento dulce: ha sido nombrada mejor jugadora del mes de la Liga mexicana y suma 13 goles en los últimos 15 partidos. 

En este periódico, en un anterior artículo, ya explicamos las circunstancias que rodean a José Ignacio Gómez Mardones, que aspira con 76 años a seguir perpetuándose en la Federación Vizcaína de Fútbol, donde “sólo” lleva 43 años (sí… frótense los ojos) haciendo y deshaciendo a su antojo, con corruptelas personales y familiares, sueldos estratosféricos injustificados y malas artes contra otros dirigentes y contra el fútbol vasco y, muy especialmente, contra la legítima oficialidad de la Selección Vasca de Fútbol-Euskal Selekizioa.

Un personaje del todo desaconsejable, oscuro, misógino y clientelista, asociado en su mandato a Luis Rubiales, que pretende sobrevivirle para no renunciar a los enchufes familiares (un hermano nombrado en el Comité de Competición y tres hijos colocados en la Federación) y continuar interfiriendo en la Federación Vasca a través de sus influencias madrileñas, donde, siempre por detrás, socava las decisiones y los intereses de nuestro fútbol. 

Al que en el anterior artículo llamé “el gato en la cortina” ha venido cobrando 90.000 euros de la Federación Española sin obtener la previa y preceptiva aprobación de la Asamblea de la Vizcaína (por ser fondos madrileños que se dirigen de modo subvencional a las Federaciones Territoriales para su asignación), y otras cantidades desde la Mutua Española de Futbolistas, sin saberse exactamente por qué funciones y por qué real dedicación.

Ante esas graves irregularidades nadie ha movido un dedo hasta ahora, como tampoco por el hecho de que, frente a lo que recogen expresamente las leyes deportivas (no digamos los códigos eticos de los que nuestros dirigentes hacen hipócrita gala), haya colocado a la prole en la Federación, incluido el precitado hermano al frente de un Comité de Competición, conocido por su laxitud y flexibilidad a la hora de poner y quitar sanciones, lo que tiene descarado reflejo en los apoyos electorales de ciertos clubes, que algo tendrían que explicar a sus socios. Empezando por el decisivo: el Athletic Club.

Constan dos denuncias presentadas ante la Diputación Foral de Bizkaia y ante el Gobierno vasco, cuyas copias obran fehacientemente en este medio de comunicación, así como en la junta directiva del Athletic Club. Me he ocupado personalmente de ello.

Va siendo hora de que, de una vez por todas, el mayor club de fútbol de Bizkaia (y de Euzkadi) vaya tomando una inequívoca postura al respecto. De hecho, es sabido que el ínclito Mardones no es bienvenido por la Asamblea de Compromisarios del Athletic Club, a la que no ha asistido en sus dos últimas convocatorias por las causas que fueren (o se invente el personaje en cuestión). De igual manera, solicitaremos que, en el caso de que nadie tome cartas en este oscuro asunto, muchas y muchos socios-compromisarios del club nos volveremos a preocupar para que semejante personaje tampoco asista a la próxima Asamblea Ordinaria.

Y siempre lo haremos utilizando los mismos argumentos que, no por repetitivos, dejan de ser muy graves: una persona que aplaudió con las orejas el misógino discurso de Rubiales y un señor que ha puesto y pone todos los palitos en las ruedas contra la oficialidad de Euskal Selekzioa sencillamente no tiene cabida en una Asamblea del Athletic Club: ni por lo de “Gure Estiloa”, ni por lo de “Unique in the World”, ni por niño muerto. Este tipo de personas han de ser desterradas de esas asambleas sin necesidad de que nos tengamos que desgañitar, año tras año, para pedir su no presencia que, afortunadamente, hasta la fecha, la Junta Directiva ha tenido en cuenta.

Pues bien, ha llegado a nuestro conocimiento el que este escarnio puede por fin acabar. Eso sí, a las malas. Parece que algún club miembro de la Asamblea de la Federación Vizcaína ha decidido denunciar formalmente todas estas irregularidades, planteando, en primer término, y con los Tribunales de Justicia de fondo, la intervención directa de las Administraciones deportivas vascas competentes. Porque tanto la Diputación Foral de Bizkaia (en las personas de su diputada de Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y su director, Carlos Sergio, cercano a Mardones), como el Gobierno vasco (en las personas de la consejera del ramo y vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y el director de Deportes, Gorka Iturriaga, alias el sonrisas) están obligados, por imperativo legal, al control y supervisión de las federaciones deportivas de su ámbito y, en este caso, a poner de una vez pie en pared ante la continuada acción nepótica y clientelar de este virrey, que quiere continuar, sin el menor rubor, con sus canonjías hasta cumplir cerca del medio siglo al frente de un ente que se confunde con su clan, con el apoyo y mirada hacia otro lado de clubes y de los irresponsables responsables políticos. 

Estas denuncias pueden suponer (de lo contrario, esas Administraciones se harían una especie de harakiri) que, por fin, nuestros políticos deportivos (eventualmente nacionalistas), aquéllos que parecen limitarse a repartir dineros y a sonreír en mil y un actos, y que de vez en cuando se pasan por el despacho para no hacer lo que tienen que hacer, se den cuenta de las consecuencias de la situación y sí, que actúen de una vez, aunque sea a rastras. 

Pero ¿cómo? Pues con algo tan sencillo como instar al insaciable y depredador Mardones a que dé un paso al lado y se aparte de una p--a vez de la Federación Vizcaína de Fútbol, so pena de que tenga que responder con su persona y patrimonio de las regalías indebidamente percibidas y de los privilegios gozados, pues las acciones judiciales parecen estar en camino.

Poca broma. Poca para “Iñaki”, pero también para los obligados a frenar la degeneración federativa protagonizada por la varita mágica del Gandalf afiliado a EAJ-PNV en Errekalde-Bilbao. O se aparta “voluntariamente” Mardones; o le apartan unos políticos que, si no, tendrían que responder personalmente por su inacción, o, al final, lo acaban haciendo los Tribunales de Justicia ordinarios, con serias consecuencias para el perpetrador de la barba blanca y también para los de la sonrisa Profidén y el cuello distraído. 

Que nadie pase por alto que estas cosas suelen tener su repercusión a la hora de poner unas urnas ordinarias ante la ciudadanía, o unas urnas en una asociación deportiva como lo es el Athletic Club. Y es que, para 'mentes dispersas', ya estamos otros capaces de repetirnos más que el ajo cuando sea menester (como cualquier tipo de elecciones). La cuestión es evitar el 'olvido' y, máxime, el intencionado… ése que conocemos como el de “esto, en cinco días se olvida”. 

Pues va ser que no y, como dice el sabio refranero, a buen entendedor… 

El exfutbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué ha negado este viernes en los juzgados de Majadahonda haber pagado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales o a la entidad por actuar como intermediario de los saudíes en el contrato para el traslado de la 'Supercopa' de fútbol masculino de España a Arabia Saudí.

También ha negado irregularidades en la comisión de 4 millones anuales a abonar durante 10 años que su grupo empresarial, Kosmos, pactó recibir de la empresa pública saudí SELA por el contrato que firmó la RFEF para llevar la competición al país árabe.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado el exjugador en su declaración como investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, a donde ha llegado a las 09.15 horas. Tanto a su llegada como a su salida, ha optado por no hacer declaraciones a las decenas de periodistas que le esperaban desde temprano en la avenida de los claveles, número 12, de Majadahonda.

Piqué ha declarado en la misma línea que defendió este jueves su abogado en un escrito que presentó ante el juzgado. La defensa aportó 15 facturas emitidas por Kosmos a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAAF) por importe global de 12 millones de euros, así como comprobantes bancarios y una cadena de correos electrónicos. Dicha suma se ha ido abonando a una cuenta de Kosmos que la juez bloqueó el pasado abril en el marco de la investigación.

El abogado de Piqué defendió que dicha documentación evidencia “la normalidad en la relación contractual y la aceptación de los servicios de intermediación efectivamente prestados”, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El mejor contrato de la Federación

Según las fuentes consultadas, este viernes Piqué --que ha respondido durante casi dos horas a la juez, al fiscal y a su abogado-- ha asegurado estar orgulloso de haber conseguido el que considera el mejor contrato de la RFEF.

Asimismo, ha incidido en que, si en algún momento dio a entender que tenía el encargo de la Federación para mediar en la Supercopa, lo rectificó en una rueda de prensa. Según ha recalcado, nunca ha abonado ningún pago ni a Rubiales ni a la Federación por este o cualquier otro negocio. En este sentido, la declaración de Piqué coincide con lo declarado en sede judicial por el expresidente de la RFEF, quien negó haber recibido dinero alguno del exjugador del Barça.

En el marco de la declaración, el exdefensa blaugrana ha explicado que fue un trabajador de Kosmos quien le puso en contacto con la empresa saudí SELA y organizó una reunión en enero de 2019 con dos ejecutivos de dicha compañía para negociar el traslado de la competición, tal y como consta en la cadena de correos electrónicos que aportó este jueves su defensa.

Al hilo, el exjugador ha manifestado que en un principio el acuerdo con SELA fue verbal; en concreto, lo ha calificado como un “pacto de caballeros”. También ha explicado que una vez que la negociación se consolidó, propuso a SELA cerrar la posición de Kosmos y hablaron con la RFEF para conseguir dicha protección a través de una cláusula en el contrato que los saudíes finalmente admitieron.

Según ha relatado, la comisión de 4 millones anuales se firmó con los saudíes en septiembre de 2019, el mismo día que SELA y la RFEF suscribieron el contrato de la Supercopa, algo que ha defendido es lo habitual en estos casos.

El exinternacional también ha señalado que al principio Kosmos tuvo problemas para cobrar dicha comisión y que, en su intento de solucionarlo, llamó a Rubiales para que le ayudara, aunque no ha precisado si el expresidente de la RFEF intervino en el asunto. Lo que sí ha manifestado es que finalmente se emitieron los pagos. Al cierre de su intervención, Piqué ha pedido la palabra visiblemente emocionado para asegurar que le parece una injusticia estar involucrado en esta causa desde más de un año.

Ingresos de 40 millones para Piqué

El exfutbolista ha comparecido en sede judicial 10 meses después de que la magistrada Delia Rodrigo acordara incluirle en la lista de imputados, en la que figuran los expresidentes de la RFEF Luis Rubiales y Pedro Rocha, quienes ya declararon en esta causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La instructora le imputó al apreciar indicios delictivos en la comisión que cobró Kosmos por parte de SELA. La juez recalcó que el contrato incluyó unas adendas por las que se prorrogaban los acuerdos cuatro años más, pactándose mantener una prima de éxito en favor de una “tercera parte agente” que sería Kosmos durante los años de la prórroga. “En definitiva, para la RFEF habrá supuesto, si se cumple el acuerdo hasta su término, unos ingresos de 400 millones y para la empresa de Piqué 40 millones”, indicaba la juez.

En esta línea, la instructora ponía el foco en una cláusula que se denominó “esencial” por la que la RFEF “trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA”. También subrayaba que, “al tiempo del contrato”, Piqué era jugador activo del FC Barcelona, que participaba en la Supercopa.

La futbolista Jennifer Hermoso ha recurrido parcialmente la sentencia que condenó a Luis Rubiales a una pena de multa —10.800 euros— por el beso que le impuso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial celebrado en agosto de 2023 en Australia. Reclama que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sea también condenado por el delito de coacciones que le atribuían las acusaciones por las maniobras que urdió en la RFEF para minimizar el impacto del beso, informa Europa Press. La defensa de Rubiales, por su parte, también ha pedido su absolución, según ha adelantado El País. 

En su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la representación de la jugadora solicita que tanto Rubiales como los otros tres acusados —el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera— sean condenados a un año y medio de cárcel por el delito de coacciones. En caso de no acceder a esta pretensión, y de forma subsidiaria, su abogado pide que se revoque la sentencia en cuanto al delito de agresión sexual respecto de Rubiales y que, en lugar de la multa a la que fue condenado, se le imponga un año de cárcel.

Su abogado sostiene que la jugadora percibió que las “amenazas” y “consecuencias” por no acceder a las pretensiones de Rubiales y sus subordinados de que saliera públicamente a restar importancia a ese beso eran “reales” y que podían “materializarse” dada su posición jerárquica. Y apunta que esas presiones generaron en la deportista el miedo “suficiente” como para “hacerla llorar y temer las represalias”.

El fallo consideró que se presionó a la jugadora para que saliera públicamente a restar importancia al beso, pero que no se ha podido probar que ninguno de los acusados ejerciera “ningún acto de violencia ni de intimidación” sobre la jugadora. Y, en consecuencia, no se dan los requisitos para la existencia del delito de coacciones.

El abogado de Hermoso sostiene que Rubiales trasladó sobre ella “una presión ambiental, laboral y mediática para forzarla a decir ”algo que no sentía“ y que tampoco había ocurrido: que el beso había sido consentido. Y que esos hechos ”encajan perfectamente en la violencia psicológica descrita en el elemento del tipo penal“. Asegura, en este sentido, que se alteró su forma de vida tras verse ”perseguida por los miembros de la RFEF y por la prensa (no por el mérito deportivo, sino por el beso no consentido) teniendo incluso que irse de Madrid para quitarse la presión“.

Rubiales alega que el beso fue sin “connotación sexual”

La defensa de Rubiales, por su parte, alega que el beso “se llevó a cabo en presencia de una multitud de personas y en un momento de gran euforia y de emocionada alegría” y que no tuvo “connotación sexual”, por lo que no pudo haber un atentado contra la libertad sexual de la jugadora.

En su escrito, la abogada de Rubiales, Olga Tubau, admite que la jurisprudencia ha excluido la exigencia del ánimo libidinoso en los delitos de agresión sexual, pero sostiene que ese elemento sí se tiene en cuenta “ante conductas o en situaciones equívocas, ambiguas o 5 susceptibles de arrojar dudas sobre su carácter sexual”. La letrada también recuerda que el Tribunal Supremo ha determinado que un beso en los labios puede resultar una muestra de afecto en el contexto de una relación de amistad.

Además de estas consideraciones, el recurso de la defensa de Rubiales pivota en gran parte sobre la cuestión del consentimiento. Su abogada defiende que hay dos hechos que acreditan que Jenni Hermoso dio su consentimiento: un vídeo en el que supuestamente dijo “pues vale” cuando una compañera le preguntó en el vestuario “¿y tú qué has dicho?” mientras hablaban sobre el beso; y el informe pericial aportado por la defensa que afirma que Rubiales le preguntó “¿te puedo dar un besito?” antes de consumar la presunta agresión sexual.

Los escritos de los abogados de Hermoso y Rubiales se suman al de la Fiscalía, que este jueves pidió repetir el juicio con un magistrado imparcial. En un contundente informe, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, carga contra el juez José Manuel Fernández-Prieto, al que acusa de no haber sido imparcial, de obviar “pruebas” que se expusieron durante el juicio y de no haberle permitido hacer preguntas “relevantes” respecto a la acusación formulada por coacciones contra los cuatro acusados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la sentencia que condenó a Luis Rubiales a 18 meses de multa —10.800 euros en total— por el beso que impuso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial celebrado en agosto de 2023 en Australia y pide repetir el juicio que se celebró durante el pasado mes de febrero en la Audiencia Nacional con “otro magistrado no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad”. 

En un escrito, la teniente fiscal del tribunal especial, Marta Durántez, alega la “incongruencia” de la resolución que condenó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a una pena de multa por el delito de agresión sexual y le absolvió del delito de coacciones, al igual que a los otros tres acusados: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera. 

La fiscal carga duramente contra el juez José Manuel Fernández-Prieto, al que acusa de no haber sido imparcial y de haber permitido que se utilizara un “tono irrespetuoso” con las acusaciones y, en concreto, con ella. Así, defiende que el magistrado “no garantizó que el juicio se desarrollara en las mejores condiciones comunicativas, con una impronta de serenidad y equilibrio que hubieran sido necesarias”. Y que permitió que los acusados y sus abogados mantuvieran conversaciones, risas y aspavientos que, a su juicio, hicieron que en numerosas ocasiones fuera “insoportable” llevar adelante los interrogatorios de los testigos.

La fiscal cuestiona, por ejemplo, que los acusados se dirigieran a saludar al juez dándole la mano cuando el juicio quedó visto para sentencia. Asegura en su escrito que es un hecho “nunca visto” en sus 26 años de trayectoria como fiscal y que “causó estupefacción al menos a las acusaciones”.

La representante del Ministerio Público también acusa al juez de privarle de formular preguntas “procedentes” a varios de los testigos con argumentaciones que considera “insostenibles” y “arbitrarias”. Y cuestiona la decisión del magistrado de inadmitir una de las pruebas solicitadas por el Ministerio Público: el visionado de un vídeo de la famosa asamblea de la RFEF del 25 de agosto de 2023, en la que Rubiales aseguró que no iba a dimitir y cargó contra “la lacra del feminismo”.

Según la fiscal, ese vídeo, en el que se ve cómo Rubiales fue aplaudido por la mayoría de los asistentes es “relevante” respecto a la acusación formulada por coacciones contra los cuatro acusados y es “útil para evidenciar el clima de connivencia del entonces presidente de la RFEF sobre sus subordinados y colaboradores” y que “viene a redundar en la conducta coactiva desplegada por los cuatro acusados sobre la víctima”. 

Asimismo, cuestiona la decisión del magistrado de obviar en la sentencia otras “pruebas” que se expusieron durante el juicio, como el informe interno que calificó el beso como algo “anecdótico” y “sin importancia”, el gabinete de crisis que Rubiales montó en su despacho tres días después del beso, un audio enviado por la jugadora durante su estancia en Ibiza, donde solicitaba a la RFEF que cesaran las coacciones, así como su no convocatoria para los dos partidos siguientes a que sucedieran los hechos.

Tipo atenuado de agresión sexual

Por otro lado, la fiscal también cuestiona que el magistrado optara por imponer a Rubiales el tipo atenuado de agresión sexual. El juez lo justificó dada la “entidad” de la agresión: un beso “esporádico” que no precisó de “una especial rehabilitación” y para que el Rubiales no se prevaleció de su “condición” de presidente ni de su “relación de superioridad”.

A este respecto, la fiscal insiste en que el hecho de que él le inmovilizara la cabeza con ambas manos para darle el beso —como considera probado la sentencia— pone de manifiesto una situación “intimidatoria” que debe tenerse en cuenta para hacer “inaplicable” el tipo atenuado. A eso suma otros elementos como que la boca es “una de las zonas más íntimas de la persona” o que el beso pueda ser visionado “por el mundo entero” , con lo que la jugadora perdió su derecho a la intimidad.

La fiscal también califica de “irrisoria” la multa de 10.800 euros impuesta dada su capacidad económica. Rubiales cobraba en la RFEF 675.761 euros anuales, a los que había que sumar 3.000 euros al mes para vivienda y otros 250.000 euros anuales de sueldo como vicepresidente de la UEFA. “La aplicación del tipo atenuado, la imposición de una pena de multa, y de esta multa, atendiendo a las circunstancias del caso expuestas, constituye una ofensa para la víctima y para las víctimas de agresiones sexuales. Sin duda un mal precedente”, subraya Durántez.

Respecto a las coacciones, la fiscal no hace objeciones a los hechos declarados como probados en la sentencia, pero cree que sí deberían ser objeto de reproche penal. El fallo consideró que se presionó a la jugadora para que saliera pública a restar importancia al beso, pero que no se ha podido probar que ninguno de los acusados ejerciera “ningún acto de violencia ni de intimidación” sobre la jugadora. Y, en consecuencia, no se dan los requisitos para la existencia del delito de coacciones.

La fiscal cree, sin embargo, que “entender que no se ha dado la violencia y/o intimidación que requiere el tipo de las coacciones como elemento objetivo, es no entender nada del citado tipo penal”. Y acusa al juez de apartarse “abiertamente y de forma no motivada e injustificada” de la jurisprudencia que ha ido adaptando ambos conceptos a las nuevas realidades de la sociedad.

Afirma Durántez, por ejemplo, que en el ámbito inmobiliario actos como cortar la luz o el agua se consideran coactivos, al igual que el cambio de cerradura del inmueble en el ámbito de las relaciones familiares y de pareja o realizar múltiples llamadas telefónicas o seguimientos en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Si en el ámbito político asistimos a episodios de agarre al poder que rozan lo patético, el mundo federativo deportivo rebasa cualquier límite. Si no fuera suficiente el espectáculo ofrecido desde la Real Federación Española de Fútbol, donde parece necesario estar condenado, imputado o bajo sospecha para alcanzar y mantenerse en el sillón, lo de la Federación Vizcaína de Fútbol clama al cielo en relación a un personaje que no puede suscitar más rechazo, por más que los clubes del territorio le renueven su apoyo de forma tan automática como interesada, mirando hacia otro lado sobre las circunstancias turbias del sempiterno presidente.

Se trata de José Ignacio Gómez Mardones, que acaba de anunciar que se vuelve a presentar al sillón de la FVF con una simple respuesta a pregunta de un periodista sobre si aspira (¡atención!) a un sexto mandato de cuatro años: “sí, claro que sigo”. Pongámonos en situación sobre su trayectoria, la pública y la no tan conocida.

Mardones (que se hace llamar “Iñaki” desde que se afilió por conveniencia al PNV, sin que se le conozca ningún fervor patrio, más bien lo contrario), con 76 años, lleva más de dos décadas al frente de la Vizcaína, desde 2004, después de 12 años como directivo y otra década más como vicepresidente. Es decir, lleva en la Federación Vizcaína la friolera de 43 años, desde 1982, vamos desde el año de Naranjito.

Luis Rubiales, cuando llegó a la RFEF, y a cambio de su apoyo fiel, nombró a Mardones directivo en Madrid, a su vera, con unos emolumentos de 90.000 del ala, con funciones que nadie conoce, para luego acceder a la presidencia de la Mutualidad de Futbolistas Españoles, con otro jugoso sueldazo. Obviamente, para recibir esas obscenas asignaciones con ínfima dedicación, Mardones ha necesitado seguir de virrey en Bizkaia, y ahora lo hace para mantener otros descarados excesos personales. Veamos.

El ínclito Mardones nombró a su hermano Enrique presidente del Comité de disciplina vizcaíno, además de a sus hijos en diferentes cometidos en la Federación, con toda la impunidad, incumpliendo flagrantemente la Ley del Deporte, que prohíbe tales nombramientos con parentesco directo, y cualquier código ético. Los clubes federados, ni mú (¿será que las sanciones disciplinarias son en Bizkaia las más leves del panorama futbolístico estatal y se retiran generosamente a cambio de apoyos?, ¿será que algunos directivos colocan también a familiares en el chiringuito federativo?) y, lo que es más grave, con la benevolencia de las Administraciones competentes, donde en la Diputación Foral de Bizkaia, el director Carlos Sergio, bien relacionado con Mardones, y las sucesivas diputadas del ramo no saben, no contestan, y le ofrecen callada cobertura por aquello de que “es afiliado al partido”.

Pero es que Mardones ha estado cobrando las asignaciones de la RFEF (al menos los citados 90.000 euros) sin la necesaria y preceptiva formal aprobación de la asamblea de la FVF, pues provienen de fondos destinados a la profesionalización de directivos, cuyo destino concreto ha de aprobarlo la Federación, que es la beneficiaria de la subvención. ¿No lo sabían sus compañeros de directiva?, ¿no lo saben los clubes? Todos callan, aunque en privado reconocen el abuso, que puede acarrear consecuencias judiciales, incluso penales, por supuesto con la posible devolución de las cantidades. La Administración Foral deportiva calla y, ojo, es por ello también responsable.

Mardones, desde la directiva de la RFEF, agradece a Madrid su nombramiento y sus groseros sueldos y lo ha hecho boicoteando una y otra vez la oficialidad de la selección vasca y los intereses generales del fútbol vasco, cuando está obligado personalmente por los acuerdos de la Federación Vasca, de la que es miembro nato, y a la que ha airado subrepticiamente (hay pruebas de ello). El sistema electoral ha hecho que, hasta ahora, Mardones ponga y quite presidentes de la Vasca, para cargar contra ellos cuando quieren simplemente ejercer sus cargos. Gómez Mardones es un enemigo indisimulado de la oficialidad, algo que a los dirigentes (dicen que nacionalistas) deportivos vascos que le dan cobertura se la trae al pairo.

La desvergüenza del personaje se puso de manifiesto cuando al cuestionarse a Rubiales por su comportamiento deleznable, afirmó que “su mandato ha sido impecable”. Eso consta declarado por Mardones en los medios, antes de que pesaran sobre el motrileño también cargos por corrupción, todavía sub iudice, de los que nada parecía conocer su fiel escudero Mardones, que, eso sí, se separó discretamente de él cuando la cosa se ha agravado.

No es todo. Cuentan testigos presenciales que en el centenario del Comité de Arbitros, en la cena de celebración, afirmó que si por él fuera no habría mujeres árbitro, que “no valen para ello”, invitándolas a beber sólo refrescos que “si no se les sube a la cabeza”. Un misógino de manual, lo que corroboró con su asqueroso apoyo al jefe Rubiales, condenado hoy por agresión sexual. Nada le ha costado, parece, al corcho Mardones.

Hay que señalar que el Athletic tendría y tiene un papel preponderante en su no continuación, con el sistema electoral actual y con su indudable peso y ascendiente público, y puede hacer mucho por una necesaria renovación en la FVF, que ya urge por una mínima higiene democrática y ética. El club rojiblanco sabe de la animadversión que despierta entre sus compromisarios, lo que ha provocado que no acuda a las últimas asambleas por “indisposición”, su habitual excusa para rehuir citas molestas y reuniones directivas en las que no quiere dar la cara.

Con todo, el culpable de que este personaje pueda perpetuarse lucrándose y perpetrando fechorías es el Departamento de Cultura y Deportes del Gobierno Vasco, que hoy encabeza la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, mal asesorada por el Director de Deportes Gorka Iturriaga, alias “el sonrisas”. Y ello porque es el propio GV el que está incumpliendo la Ley del Deporte, que en su artículo 43.6 le obliga a establecer un concreto límite de mandatos, que afectaría de pleno al protegido Mardones, exactamente cuando se van a cumplir dos años desde su aprobación y todavía no se ha cumplimentado esa nítida obligación que le incumbe al Ejecutivo, habiendo éste dado comienzo a una convocatoria electoral cuatrienal de forma irregular, lo que podría ser declarado por los Tribunales. Con las responsabilidades consecuentes.

Esta es la lamentable situación. Una Administración que no cumple las normas, por razones inconfesadas, y un desaconsejable personaje que alardea de que “la ley no es para mí”. Ya es hora de que este señor abandone un cargo que monopoliza durante décadas de enchufes y clientelismos. Esperemos que alguien ponga el cascabel a este gato que se agarra a la cortina. Sin vergüenza.

“Luis Manuel Rubiales Béjar, mayor de edad y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y sin su consentimiento ni aceptación, le propinó un beso en los labios”. Son los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional que esta semana condenó al que fuera máximo responsable del fútbol español por un delito de agresión sexual. 

La resolución, contra la que cabe recurso, es el último hito de un caso que empañó la mayor gesta de la historia del deporte femenino en España, pero que también sacó a la luz cómo se movilizaron todas las estructuras de la Federación para tratar de preservar el enorme poder de su presidente. Sus dirigentes no solo dejaron desprotegida a la víctima, sino que trataron de obligarla a que ‘salvara’ públicamente al agresor. La sentencia acredita la existencia de esas maniobras, pero absuelve a los cuatro acusados por coacciones porque ese delito exige una violencia o intimidación que el juez cree que no se dio en este caso.  

Fue una torpe gestión de la polémica que no tendrá consecuencias penales, pero que sí ha forzado otros cambios. El propio Rubiales se vio obligado a dimitir 20 días después de lo que, según él, fue un “piquito” sin importancia y que ahora la Justicia considera una vulneración de la libertad sexual. Bregado en escándalos y acusaciones de corrupción, el exfutbolista no resistió al clamor social y la unión de unas jugadoras, que no perdieron la oportunidad de convertir un hecho concreto en un caso global. Rubiales cobraba 675.761 euros anuales, a los que había que sumar 3.000 euros al mes para vivienda y otros 250.000 euros anuales de sueldo como vicepresidente de la UEFA. 

“Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso”, escribió una de las capitanas, Alexia Putellas, horas después de que Rubiales atribuyera buena parte de la iniciativa del beso a la jugadora, cargara contra el “falso feminismo” y se proclamara víctima de un “asesinato social”. Lo hizo en aquella asamblea de la Federación, supuestamente creada para ejercer control y vigilancia, en la que recibió aplausos por doquier con muchos de sus asistentes puestos en pie tras un agresivo discurso. A Putellas le siguieron otras jugadoras con mensajes similares. 

Salidas en la cúpula

Uno de los hombres que aplaudió en esa asamblea fue el entonces seleccionador, Jorge Vilda. El técnico resultó absuelto esta semana del delito de coacciones que le atribuían las acusaciones. La sentencia considera probado que, durante el vuelo de vuelta a España, “instó” al hermano de Jenni Hermoso y a un amigo de esta a que la convencieran para que hiciera un vídeo junto a Rubiales explicando que el beso había sido “consentido” y “restándole importancia”. Y que lo hizo “recordándoles que a Jenni le quedaba poco fútbol por la edad y la Federación podía tener una deferencia con ella, pero que si la situación se enrarecía iban a caer cabezas y la cosa no iba a ir bien para ella ni para nadie”. Al final, para quien no fueron bien las cosas fue para él mismo. En la asamblea, Rubiales anunció que le subía el sueldo de 170.000 euros a 500.000, pero fue despedido días después.

El suyo fue uno de los nombres que las jugadoras pusieron encima de la mesa para volver a asistir a los partidos de la selección después de la enorme polémica generada por el beso y la reacción de la cúpula de la Federación. Sus peticiones también recogían cambios en el organigrama de la secretaría general, en el gabinete de la presidencia y en la dirección de Integridad, así como una nueva estructura del área de Comunicación y Marketing. 

Forzado por la unión de las jugadoras, el escándalo por el beso de Rubiales también se llevó por delante a otros altos cargos en el organigrama de la RFEF. Es el caso del que fuera secretario general, Andreu Camps, mano derecha de Rubiales durante su presidencia, y a quien las futbolistas tenían en el punto de mira por su hosquedad en diferentes negociaciones. Según contó El Confidencial, Camps se negó a imprimir el nombre de las futbolistas en las camisetas, algo que sí se hacía con la selección masculina. Alegó que “suponía mucho gasto”. Entre los cesados también estuvo quien fuera jefe de gabinete de Rubiales, Chema Timón; el director de Relaciones Institucionales, Antonio Gómez-Reino; o el director de Comunicación, Pablo García-Cuervo. 

Este último compareció como testigo en el juicio con un tono desafiante y chulesco. Cuestionó a la futbolista, de la que dijo que es una persona “bastante influenciable y bastante manipulable”. La sentencia, sin embargo, otorga “plena credibilidad” al relato de la jugadora y de sus compañeras de la selección sobre los hechos que ocurrieron aquel 20 de agosto de 2023 y en los días siguientes. Y acreditan que la Federación mintió cuando, horas después del beso, emitió un comunicado que ponía en boca de la jugadora palabras exculpatorias para Rubiales. Según el juez, la jugadora ni pronunció esas palabras ni dijo que estaba conforme con ellas. Ese comunicado fue remitido a los medios por García-Cuervo. 

También está fuera de la RFEF el que fuera vicesecretario y director de Integridad, Miguel García Caba. Él fue el encargado de llevar a cabo la investigación interna que calificó el beso de Rubiales a Hermoso como algo “anecdótico” y “sin importancia”. El juicio desveló que ese informe fue elaborado en apenas un día y medio y con testimonios prefabricados para respaldar la actuación del entonces presidente. Las salidas de altos cargos siguieron meses después del escándalo del beso. En mayo de 2024 fueron despedidos los otros acusados por las supuestas coacciones a Jenni Hermoso y que resultaron absueltos esta semana: el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de Marketing Rubén Rivera. 

Cambios estructurales

Más allá de estos despidos, la unión de las jugadoras tras el escándalo sí ha alumbrado “cambios estructurales” en la élite de un deporte que en 2014, un año antes de que España disputara su primer mundial, ni siquiera era considerado profesional. El equipo técnico se ha reforzado y profesionalizado con dedicación exclusiva, se han implementado mejoras tecnológicas y se han mejorado las condiciones de viaje y alojamiento para igualarlas a las de la selección masculina. También fue muy recibido el fichaje de Markel Zubizarreta como director del fútbol femenino, pero se marchó a los siete meses tras recibir una oferta “irrechazable” de Michele Kang, la magnate del fútbol femenino. 

La Federación, sin embargo, sigue sin hacer esa profunda renovación necesaria para dejar atrás las épocas oscuras de los mandatos de Ángel María Villar, que estuvo 29 años en el cargo, y de Rubiales. Pedro Rocha, delfín de este último, empezó como presidente de una gestora que se propasó en sus decisiones, no convocó las elecciones como marcan los estatutos y acabó siendo inhabilitado. También está implicado en el caso que investiga un juzgado de Majadahonda por posible corrupción en las comisiones que se pagaron al exjugador Gerard Piqué con la decisión de llevar la Supercopa a Arabia Saudí.

El pasado diciembre fue elegido como nuevo presidente el gallego Rafael Louzán, quien presidió la Diputación de Pontevedra por el PP. Louzán se presentó y ganó esas elecciones a pensar de tener sobre él la sombra de la Justicia. Finalmente, en febrero resultó absuelto por el Tribunal Supremo del delito de prevaricación por el que había sido condenado a siete años de inhabilitación. Ahora es el hombre llamado a sacar a la institución de un eterno escándalo que ha tenido en el beso no consentido de Rubiales uno de sus más lamentables episodios. Un beso que, según Louzán, es “uno de esos errores que se cometen”.

El abogado de la futbolista Jennifer Hermoso, Ángel Chavarría, recurrirá la sentencia por la que la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por agresión sexual, aunque absolviéndole del delito de coacciones. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la jugadora ha dado el visto bueno a su representación para que interponga recurso ante la Sala de lo Penal tras estudiar el fallo dictado este mismo jueves.

En la sentencia, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto condena a Rubiales por agresión sexual a una multa de 10.800 euros, además de prohibirle acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, dejando claro que no hubo “consentimiento” en el beso que impuso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial celebrado en agosto de 2023 en Sidney (Australia).

Rubiales tendrá además que indemnizar a Hermoso con 3.000 euros por “el daño moral causado por el beso dado por sorpresa, unido al momento y lugar en que se proporciona, a la vista de las miles de personas asistentes en el estadio de fútbol y de los miles de telespectadores que veían la ceremonia por televisión”.

El magistrado otorgaba este jueves “plena credibilidad” al relato de la jugadora y de sus compañeras de la selección, pero absolvía a Rubiales del delito de coacciones al considerar que las maniobras que urdió después en la Federación para minimizar el impacto del beso no incluyeron los elementos de “violencia” e “intimidación” que exige el Código Penal.

El magistrado ha acordado absolverle tanto a él como al exdirector de la selección española Albert Luque, al exseleccionador femenino Jorge Vilda y al exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera del delito de coacciones al no haber quedado “probado que ejercieran ningún acto de violencia ni de intimidación sobre Jennifer Hermoso”.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado una condena total de dos años y medio de cárcel para Rubiales, también se plantea recurrir. Por ambos tipos penales, la representante del Ministerio Público había pedido la pena de un año por el delito de agresión sexual y otro año y medio por las coacciones tanto para Rubiales como para los otros tres acusados. La Fiscalía se encuentra estudiando el fallo y cuando termine de hacerlo decidirá si interpone recurso.

“Sin su consentimiento ni aceptación”

En su resolución, el juez considera probado que Rubiales “sujetó” su cabeza con ambas manos y, de manera sorpresiva y “sin su consentimiento ni aceptación”, “propinó” a Jenni Hermoso un beso en los labios con “una clara connotación sexual”. No obstante, opta por imponer a Rubiales una pena de multa dada la “entidad” de la agresión: un beso que supone un “acto esporádico” del acusado y que no precisa de “una especial rehabilitación”. Y al considerar que Rubiales no se prevaleció de su “condición” de presidente ni de su “relación de superioridad” cuando le propinó ese beso.

El magistrado recuerda que la declaración de los testigos es apta para apuntalar una condena siempre que sea verosímil y no concurran contradicciones en la incriminación, como ocurre en el caso de la deportista. Y apunta que “nada más bajar de la tarima” ya comentó a sus compañeras el “disgusto” por el beso recibido, tal y como confirmaron las jugadoras que comparecieron como testigos.

La resolución explica que dar un beso en la boca “no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad”. Lo hace después de recordar que la propia jugadora dejó “claro” durante su declaración que “nunca da besos en los labios a las personas con las que no tiene una especial relación de afectividad” y que Rubiales tampoco lo hizo con el resto.

Recuerda, en este sentido, que el acusado no fue capaz de explicar “mínimamente” por qué tuvo ese “cambio de trato” con Jenni Hermoso —al resto de jugadoras las abrazó y les dio dos besos en la cara— y dice que es un hecho que “difícilmente” puede verse justificado por el hecho de la jugadora hubiera fallado un penalti, tal y como él trató de justificar durante el juicio. “Tal hecho se ve (...) transformado en una anécdota por el éxito deportivo finalmente conseguido (...). Nada había que consolar”, dice la sentencia.

La Audiencia Nacional ha condenado a Luis Rubiales a 18 meses de multa —10.800 euros en total— por el beso que impuso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial celebrado en agosto de 2023 en Sidney (Australia).

El magistrado otorga “plena credibilidad” al relato de la jugadora y de sus compañeras de la selección, pero absuelve a Rubiales del delito de coacciones al considerar que las maniobras que urdió después en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para minimizar el impacto del beso no incluyeron los elementos de “violencia” e “intimidación” que exige el Código Penal. El fallo le prohíbe acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. Además, le deberá pagar 3.000 euros.

En su sentencia, el juez José Manuel Fernández-Prieto también absuelve del delito de coacciones a los otros tres acusados: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera. Lo hace al considerar que se presionó a la jugadora para que saliera pública a restar importancia al beso, pero que no se ha podido probar que ninguno de ellos —tampoco Rubiales— ejerciera “ningún acto de violencia ni de intimidación” sobre la jugadora. Y, en consecuencia, no se dan los requisitos para la existencia del delito de coacciones.

“Sin su consentimiento ni aceptación”

En su resolución, el juez considera probado que Rubiales “sujetó” su cabeza con ambas manos y, de manera sorpresiva y “sin su consentimiento ni aceptación”, “propinó” a Jenni Hermoso un beso en los labios con “una clara connotación sexual”. No obstante, opta por imponer a Rubiales una pena de multa dada la “entidad” de la agresión: un beso que supone un “acto esporádico” del acusado y que no precisa de “una especial rehabilitación”. Y al considerar que Rubiales no se prevaleció de su “condición” de presidente ni de su “relación de superioridad” cuando le propinó ese beso.

El magistrado recuerda que la declaración de los testigos es apta para apuntalar una condena siempre que sea verosímil y no concurran contradicciones en la incriminación, como ocurre en el caso de la deportista. Y apunta que “nada más bajar de la tarima” ya comentó a sus compañeras el “disgusto” por el beso recibido, tal y como confirmaron las jugadoras que comparecieron como testigos.

La resolución explica que dar un beso en la boca “no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad”. Lo hace después de recordar que la propia jugadora dejó “claro” durante su declaración que “nunca da besos en los labios a las personas con las que no tiene una especial relación de afectividad” y que Rubiales tampoco lo hizo con el resto.

Recuerda, en este sentido, que el acusado no fue capaz de explicar “mínimamente” por qué tuvo ese “cambio de trato” con Jenni Hermoso —al resto de jugadoras las abrazó y les dio dos besos en la cara— y dice que es un hecho que “difícilmente” puede verse justificado por el hecho de la jugadora hubiera fallado un penalti, tal y como él trató de justificar durante el juicio. “Tal hecho se ve (...) transformado en una anécdota por el éxito deportivo finalmente conseguido (...). Nada había que consolar”, dice la sentencia.  

La Fiscalía estudia recurrir

La sentencia echa por tierra lo que la defensa de Rubiales defendió como las “dos pruebas” que acreditan que Jenni Hermoso dio su consentimiento: un vídeo en el que supuestamente dijo “vale, vale” cuando una compañera supuestamente le preguntó en el vestuario “¿y tú qué has dicho?” mientras hablaban sobre el beso; y el informe pericial aportado por la defensa que afirma que Rubiales le preguntó “¿te puedo dar un besito?” antes de consumar la agresión sexual.  

Respecto al vídeo, el juez dice que “resulta imposible saber a qué se refiere con esos vales” por la confusión voces, pero sostiene que también “claramente” se ve y escucha a Jenni Hermoso manifestar que el beso no le ha gustado. En relación al informe pericial sostiene que “no acredita nada” sobre el consentimiento porque se desconoce qué pudiera haber contestado la jugadora. Además, da relevancia al hecho de que Rubiales hubiera hablado primero de “piquito” y, después, de “besito”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena total de dos años y medio de cárcel para Rubiales, de los cuales un año era por el delito de agresión sexual y otro año y medio por las coacciones. Por este último tipo penal, la representante del Ministerio Público había pedido la pena de un año y medio para los otros tres acusados. La Fiscalía se encuentra estudiando el fallo y cuando termine de hacerlo decidirá si interpone recurso.

Hoy aprovechamos el juicio que se ha seguido en la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales por presunta agresión sexual a la futbolista de la selección de fútbol Jenny Hermoso, y contra otros tres ex directivos de la Federación Española de Futbol por coacciones a la jugadora, para fijar conceptos y repasar algunas claves de cómo funciona un juicio en España. 

Lo hacemos con Elena Herrera, periodista de elDiario.es especializada en Tribunales que ha cubierto este caso, uno de los más mediáticos que se han celebrado últimamente. 

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Luis Rubiales, bregado en escándalos y acusaciones de corrupción, no resistió al clamor social generado por el “beso robado” que impuso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023. Tras acusar al “falso feminismo” de querer asesinarlo públicamente en una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no tuvo más remedio que dejar su cargo a través de una carta enviada a su sustituto. Año y medio después, la Audiencia Nacional dejó este viernes visto para sentencia el juicio por ese beso y por las supuestas maniobras que urdió después para minimizar su impacto. 

Ese “beso robado” —“un piquito”, dijo él restándole importancia— cristalizó en un indignado “se acabó” que puso el foco sobre el abuso de poder y las conductas normalizadas que sufren las mujeres. Ahora, es tarea del juez José Manuel Fernández-Prieto determinar si fue una agresión sexual, como defiende la Fiscalía y la jugadora, que piden para él un año de cárcel por el beso y año y medio por las supuestas coacciones; o si no es un acto penalmente condenable, como sostiene el expresidente de la principal organización del fútbol español. 

En su declaración, Rubiales llegó incluso a señalar a la jugadora como la responsable de acercarle su cuerpo: “Ella me apretó muy fuerte de las axilas, me levantó. Y, al caer, le pregunté: '¿puedo darte un besito?'. Y me dijo: 'vale'. Eso fue lo que ocurrió”. La versión de ella fue muy diferente: “Ni escuché ni entendí nada. Y lo siguiente fue ponerme las manos en las orejas y darme el beso en la boca”. 

La vista, que se ha alargado durante dos semanas, ha pivotado sobre un concepto determinante en los delitos contra la libertad sexual: el consentimiento. Pero no sólo. Durante su alegato final, la defensa de Rubiales, que ejerce la penalista Olga Tubau, puso el foco en la reacción de la jugadora tras el beso para tratar de desacreditarla. “¿Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados (...) y con una sonrisa?”, afirmó la abogada.

La tesis que Tubau trató de exponer ante el juez es que la actitud de la jugadora tras el beso —“buen humor, alegría, euforia”— evidencia que ni ella misma lo “vivió” e “interpretó” como una agresión sexual. También hizo alusión a una entrevista que la futbolista hizo desde el estadio, en la que reconoció que el beso no le había gustado pero en la que trató de restarle importancia (en el juicio dijo que lo había hecho para no empañar la celebración). Y a un vídeo en el que ella y el resto de jugadoras aplauden un discurso de Rubiales ya de vuelta en España tras el Mundial. “No se aplaude a un agresor sexual”, dijo la letrada. 

La abogada concedió que la conducta de Rubiales fue “moralmente rechazable” pero no “penalmente condenable” y la justificó, ahora sí, como una “una manifestación de alegría” que el entonces presidente no pudo controlar. Su tesis es que, ante una hipotética ausencia de consentimiento que Rubiales defiende que sí existió, elementos como las “conductas previas, el contexto, el momento o las relaciones existentes” pueden determinar que ese beso, aunque robado, no es delito. 

El consentimiento, esencial

La visión de la Fiscalía y del resto de acusaciones es totalmente opuesta. A su juicio lo esencial es el consentimiento. “No consintió y claro que le afectó. Fue un atentado contra la libertad sexual”, dijo la fiscal del caso, Marta Durántez. “No estamos ante un consentimiento, estamos ante un sometimiento”, sostuvo Ángel Chavarría, el abogado de la jugadora. “Recibió un beso de manera agresiva, sorpresiva e inesperada (...). Fue una violación de la integridad corporal y la libertad sexual por ausencia de consentimiento”, mantuvo la representante de la acusación popular ejercida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). 

De hecho, la fiscal cargó en su alegato final contra el estereotipo de la ‘víctima ideal’ y lamentó los procesos de revictimización que sufren quienes se enfrentan a un procedimiento de este tipo. “Aunque me produce rechazo (...), le he tenido que preguntar por qué se reía en el vestuario, por qué bebía champán, por qué comía. ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad? (...) ¿Le podemos exigir que se vaya a un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo?. La ley ha cambiado, pero hay mucho por mejorar”, clamó. 

Es una cuestión que ya sobrevoló durante el interrogatorio a la jugadora, cuando la defensa de Rubiales le preguntó por los vídeos en los que, después de la entrega del trofeo, aparecía celebrando la victoria y bromeando, también con el beso. “No tengo que estar llorando en una habitación para entender que no me gustó”, respondió ella mostrando que su reacción no invalida sus sensaciones en ese momento. 

En sus conclusiones, la fiscal hizo alusión a que el relato de la jugadora había sido “coherente” y dijo que la actuación de Rubiales “encaja como un guante” en el artículo 178.1 de la ley del ‘solo sí es sí’, que contempla que el consentimiento siempre debe ser explícito. También defendió que la jurisprudencia que existe al respecto pone de manifiesto que lo que allí ocurrió fue una agresión sexual, por muy buena relación que tuvieran ambos y por mucho que Rubiales no pretendiera con ello saciar su apetito sexual. 

Un día después, la defensa de Rubiales defendió que en ningún caso había quedado acreditado ni que Jenni Hermoso no hubiera consentido, ni que ese acto pueda constituir un delito de agresión sexual. E insistió en que, ante casos ambiguos, el juez sí debe tener en cuenta elementos como la posibilidad de estar ante “un beso eufórico, de amigo” y determinar si existe ese ánimo libidinoso que la jurisprudencia ya no exige como criterio general y que, a su juicio, no se da en este caso. 

Un presidente que “mandaba todo”

Las nueve jornadas de juicio también han servido para hacer el retrato de un hombre, Rubiales, obcecado en minimizar las consecuencias de su acto; y de una institución absolutamente plegada a su presidente y volcada en librarlo de un escándalo de dimensión internacional. Es algo que evidencian hechos como que la cúpula ocultó a Jenni Hermoso la existencia de un protocolo interno frente a la violencia sexual, tal y como reconoció ella misma; o que el informe interno que calificó el beso como algo “anecdótico” y “sin importancia” fue elaborado en apenas un día y medio y con testimonios prefabricados para respaldar la actuación de Rubiales. 

La propia jugadora relató ante el juez lo “desprotegidísima” que se había sentido, pues nadie de la institución se puso en contacto con ella para preguntarle cómo se encontraba después de que su “jefe” le impusiera un beso no consentido que empañó la mayor gesta de la historia del deporte femenino en España. Su entrenador, Jorge Vilda, acusado de un delito de coacciones que también niega, reconoció que “igual tendría que haber preguntado cómo estaba”.

En su informe, la fiscal describió a Rubiales como un presidente que “mandaba todo” y mantuvo que los otros tres acusados presionaron a la jugadora y a su entorno para que saliera a minimizar los hechos movidos por el interés de “salvar a su jefe” y por pura supervivencia. Pues, si Rubiales caía, ellos “iban detrás”. El abogado de la jugadora afirmó que “toda la estructura federativa se puso en marcha para salvar” a Rubiales. También fue muy dura en este punto la letrada de la acusación popular, que definió a la RFEF como “una estructura vertical, manipuladora y servilista del presidente y su equipo más cercano”. 

Sus apreciaciones no gustaron a las defensas de los acusados, que acusaron a la Fiscalía de hablar para “la galería” y de montar una “macrocausa” para presentar a la RFEF como una “mafia”. “Lo del beso no era suficiente, era tan pequeño, tan corto, tan nimio... que no daba lugar a esta exposición pública ni a la demostración de fuerza del Estado”, sostuvo el abogado de Rubén Rivera, otro de los acusados. Ahora es el juez el que deberá decidir el alcance penal de una conducta que buena parte de la sociedad consideró inaceptable. 

La juez que investiga las presuntas irregularidades en el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí ha citado al ex futbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué para que declare como imputado a las 9.30 del próximo 14 de marzo, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, imputó a Piqué el pasado mayo al apreciar indicios delictivos en la comisión que se adjudicó con ese movimiento.

Rodrigo apuntó al acuerdo firmado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), durante la época de Luis Rubiales, y las autoridades saudíes para la celebración de la Supercopa en el país árabe, recordando que “al tiempo del contrato” Piqué era jugador en activo del FC Barcelona, equipo de fútbol que participaba en esa misma competición.

La juez subrayó que en diciembre de 2020 se firmó por la RFEF y por SELA, la empresa pública de Arabia Saudí, unas adendas por las que se prorrogaban los acuerdos cuatro años más, pactándose mantener una prima de éxito en favor del comisionista --al que se identificaba como una tercera parte agente-- durante los años de la prórroga.

“Ese 'tercer agente' se revela en un documento aparte, firmado por Luis Rubiales (como presidente de la RFEF), por Arabia Saudí (SELA) y por Gerard Piqué (en cuanto representante de Kosmos). En definitiva, para la RFEF habrá supuesto, si se cumple el acuerdo hasta su término, unos ingresos de 400 millones y para la empresa de Piqué, 40 millones”, indicó la magistrada.

La juez puso el foco en una cláusula que se denominó “esencial” por la que la RFEF “trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA”.

El juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso que impuso a Jenni Hermoso y la supuesta trama que urdió después para tratar de que la jugadora saliera públicamente a restarle importancia ha quedado a mediodía de este viernes visto para sentencia tras nueve sesiones. También han sido juzgados el exseleccionador Jorge Vilda, el ex director deportivo de la selección masculina Albert Luque y el exresponsable de marketing de la Federación Rubén Rivera. “Aunque parezca mentira, ya hemos acabado”, ha bromeado el juez José Manuel Fernández-Prieto.

Ninguno de los acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Justo antes, ha sido el turno de la exposición de las conclusiones de los abogados de los tres subordinados de Rubiales, que han negado el delito de coacciones por el que se exponen a una pena de un año y medio de prisión. Los tres han tratado de desacreditar los testimonios de los testigos que sustentan la tesis de las acusaciones y han mantenido que, aunque se acreditara su veracidad, no constituirían un delito de coacciones. “Rogar no es intimidar. Rogar es pedir. Es lo que hacemos todos los días los abogados en tribunales y no por eso tenemos que considerar que su señoría está coaccionado”, ha ejemplificado el abogado de Jorge Vilda, Luis Jordana de Pozas.

El letrado del exseleccionador ha tratado de cuestionar la credibilidad del hermano y un amigo de la jugadora, los únicos testigos de la conversación por la que las acusaciones atribuyen a su cliente un delito de coacciones. “No creo que mienta, pero es un exagerado”, ha dicho el abogado, que ha defendido además que los hechos que narró el familiar “no encajan” en el tipo penal de la coacción.

El hermano de la jugadora aseguró que Vilda le dijo en el avión que trajo de vuelta al equipo a España que si ella colaboraba con Rubiales tendría abiertas las puertas de la RFEF, pero que si no lo hacía tuviera en cuenta “las consecuencias profesionales y personales”. Sin embargo, la tesis de su defensa es que “no hay coacción alguna” en esa conversación. Según su abogado, si su cliente habló sobre las “consecuencias personales y profesionales” que podía tener Hermoso no fue para presionar a la jugadora, sino a modo de “preocupación” por lo que le podía suponerle la “presión mediática”. “Es una osadía pensar que hubo presiones de mi cliente”, ha añadido Jordana de Pozas.

Además, el letrado ha defendido que es “un disparate” y algo “contrario a la lógica y una osadía” que el hermano y el amigo de Jenni Hermoso asegurasen que recibieron presiones del seleccionador y que después, “por deferencia hacia el señor Vilda, hacia el amenazador”, trasladasen esas peticiones a la jugadora.

Niegan las coacciones

Por su parte, Javier Navarro, abogado de Albert Luque, ha minimizado los mensajes que su cliente envió a Ana Ecube, amiga de Jenni Hermoso que acompañó a la jugadora a la isla y en los que dejó por escrito que la jugadora era una “mala persona” por no ayudar a Rubiales ante el “marrón más grande de su vida”, así como sus deseos de que se encontrara “solita, solita” en la vida, algo de lo que se alegraría. Los ha calificado de “desafortunados”, pero ha negado que puedan constituir un delito de coacciones. Y ha asegurado que, después de esos mensajes, Ecube le sugirió que podían quedar en Madrid y le envió mensajes de carácter amistoso.

El último en intervenir ha sido Joaquín Jiménez, el abogado de Rubén Rivera, señalado por las acusaciones por su insistencia a Jenni Hermoso para que hablase por teléfono con el responsable de Integridad de la Federación y con el propio Luque. Tanto Ecube como las jugadoras que estuvieron en Ibiza con Jenni Hermoso coincidieron en la “insistencia” de Rivera en diferentes momentos para que su compañera accediera a sus pretensiones, aunque los mensajes aportados por la defensa atestiguan que en medio de esas supuestas presiones las jugadoras siguieron recurriendo a él para diferentes gestiones del viaje. 

Jiménez ha mantenido que a su cliente se le ha sentado en el banquillo de los acusados “únicamente por pasar un teléfono, cargar un teléfono [el de la jugadora] y por pedir a Hermoso y Ana Ecube de manera educada sin violencia en intimidación que hablasen con alguien”. “Y yo me pregunto, ¿esto que está sucediendo es normal?”, ha cuestionado el letrado.

Jiménez ha iniciado su informe cargando contra la Fiscalía, a la que ha acusado de “construir una teoría que tiene detrás un relato que describe a la Federación como una mafia”. “Lo del beso no era suficiente, era tan pequeño, tan corto, tan nimio... que no daba lugar a esta exposición pública. ¿Y qué podíamos hacer? Vestir al muñeco (...)”, ha afirmado el letrado, que ha sostenido que “este tipo de conductas acaban haciendo que las acusaciones pierdan credibilidad”.

No entiendo que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, se haya molestado tanto por el cachete que le di el otro día. Supongo que todos lo visteis, pues fue televisado en directo: Rubiales salía de la Audiencia Nacional tras declarar por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso. Entonces me acerqué a él y, delante de las cámaras, le di un cachete en la cara. Plaf.

Él me ha denunciado ¡por agresión! ¡Pero si solo fue un cachete! Una manita en la cara, algo “espontáneo”, un “signo de cariño”, “sin ninguna importancia ni para mí ni para él”. Mi cachetazo se enmarca en “una manifestación de alegría incontrolable”, después de oír su declaración. Además, en mi defensa diré que antes de darle el cachete, mientras le sujetaba la cabeza para que no pudiera esquivarlo, le pedí su consentimiento: “¿Puedo darte un cachetito?”. Y él me contestó: “vale”. Estoy totalmente seguro de ello.

No percibí ningún tipo de rechazo por su parte, y tras el cachete se alejó sonriente, todos lo visteis en televisión. Ese mismo día Rubiales comió con unos amigos y bromeó sobre ese cachete que ahora llama agresión. Él ha dicho que eso no le quita gravedad, y que “no tengo que estar llorando en una habitación para entender que no me gustó el cachete”, pero yo me pregunto: ¿qué clase de víctima se va de celebración después de ser agredido?

Tan tranquilo estoy de lo que hice, que no solo no pienso dimitir, sino que además os animo a que le deis también un cachetito cada vez que os crucéis con él. Un cachete flojito, cariñoso. ¡Plaf! Y ya de paso, podéis cachetear a todo el que diga que lo de Rubiales fue “solo un besito” (¡plaf!), que fue espontáneo (¡plaf!), que no es para tanto (¡plaf!), a qué viene tanto revuelo (¡plaf!), tanto juicio, tanto seguimiento mediático, tanto artículo de opinión, tanta declaración política, tanto gasto en abogados y en celebrar un carísimo juicio de varios días, tanta pena de cárcel solicitada y tanta indemnización (¡plaf!, ¡plaf!, ¡plaf!, ¡plaf!).

¡Que solo fue un beso, un besito, un piquito! (¡plaf!). ¡Que una agresión sexual es una cosa más seria! (¡plaf!) ¡Que, como dijo su abogada, no podemos confundir el pecado con el delito! (¡plaf!) ¡Por dios, que tenemos cosas más importantes de que ocuparnos, Trump, Ucrania, Gaza, el SMI! (¡plaf!, ¡plaf!, ¡plaf!). Dales solo un cachete, no una paliza: un cachetito simpático que suena pero no duele, el equivalente a un “piquito”, igual de humillante y denigrante, sobre todo cuando se retransmite por televisión y todo el mundo lo ve. Si además se lo das a un inferior jerárquico, más humillante todavía, pero no te cortes solo porque seas tú el jefe.

Yo mismo me cacheteo cuando pienso algo así, pues ninguno estamos a salvo de minimizar, banalizar o normalizar una agresión, sobre todo cuando la sufre una mujer: solo fue un beso, solo le tocó el culo, solo le envió una foto-polla, solo la acorraló en el baño, solo la acosó de palabra… ¡Plaf! Lo de Rubiales “solo” fue un beso no consentido, y “solo” fue una estrategia de coacción aprovechando su posición de poder y usando a terceras personas para que ella le quitase importancia y no lo denunciase. ¡Plaf! Perdón, solo ha sido un cachete.

El juicio contra Luis Rubiales por el beso que impuso a Jenni Hermoso y por la supuesta trama que urdió después en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para tratar de acallar la polémica avista ya el final. Tras la exposición de las conclusiones de las acusaciones, se ha iniciado en la Audiencia Nacional el turno de las defensas de los acusados. La primera en intervenir ha sido la abogada de Rubiales, Olga Tubau, que ha pedido su absolución. 

En sus conclusiones, la letrada ha tratado de desacreditar el relato de la futbolista, que dejó claro que el beso no había sido consentido. Con ese objetivo, Tubau ha intentado evidenciar que su actitud tras el beso demuestra que no se consideraba víctima de una agresión sexual. “La reacción frente a un intento de delito contra la libertad sexual consumado, aunque pueda ser sutil, controlada, no se puede dominar. El rechazo es instantáneo. ¿Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados y con una sonrisa?”, ha afirmado la abogada. 

Es una cuestión que ya sobrevoló durante el interrogatorio a la jugadora, cuando Tubau le preguntó por los vídeos en los que, después de la entrega del trofeo, aparecía celebrando la victoria y bromeando, también con el beso. “No tengo que estar llorando en una habitación para entender que no me gustó”, respondió ella mostrando que su reacción no invalida sus sensaciones en ese momento y desafiando los estereotipos que construyen un “tipo ideal de víctima”. 

Sin embargo, la defensa de Rubiales ha tratado durante su alegato final de ahondar en esta tesis en lo que ha parecido un intento de rebatir el informe de la fiscal del caso, Marta Durántez, que el jueves cargó contra esos estereotipos. “¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad?”, dijo la fiscal. Tubau ha rebatido que el “comportamiento posterior de la víctima” puede servir para obtener elementos que refuercen las tesis exculpatorias. “El 'yo sí te creo no puede llevarse a los tribunales”, ha aseverado.

A juicio de la defensa de Rubiales, el hecho de que “una víctima de agresión sexual haga broma de lo que ha sido la conducta constitutiva de la agresión sexual es muy poco coherente con ese sufrimiento en el que caen inmediatamente las personas que han tenido que pasar por una situación tan extraordinariamente terrorífica”.

En esta misma línea, la abogada se ha referido a la entrevista que la jugadora ofreció a la Cope, donde dijo que el beso fue inesperado y que no le había gustado, pero que se iba a quedar en una anécdota; a las intervenciones de su hermano en dos programas quitándole hierro al asunto; y a un vídeo aportado recientemente a la causa y en el que Hermoso y el resto de jugadoras aplauden un discurso de Rubiales. “No se aplaude a un agresor sexual”, ha dicho la abogada.

El relato de las jugadoras

Tubau también ha buscado desacreditar los testimonios de las cuatro compañeras de Hermoso en la selección que comparecieron como testigos y que coincidieron en que compartió con ellas ya en el avión que trajo de vuelta al equipo a España la situación de tensión que estaba viviendo y en que la vieron afectada tanto en ese momento como en los días posteriores.

“Se la veía muy agobiada. En el autobús estaba alucinando y en el avión ya estaba enfadada, nos decía que no la dejaban, que no paraban (...). Se puso a llorar de agotamiento”, relató Alexia Putellas. Pero Tubau ha rebatido que quien ha sufrido una agresión sexual “no está extrañada o sorprendida, está indignada, sufre dolor moral, está o furiosa o abatida”.

La abogada también ha mantenido que “quien ha sufrido una agresión sexual no necesita la validación de terceros para llevarle al convencimiento de que así ha sido”, en clara alusión a lo dicho por las jugadoras, que relataron cómo su compañera “contaba mucho” lo que había ocurrido buscando ver su reacción.

Más allá de estas consideraciones, el informe de la defensa de Rubiales ha pivotado en gran parte sobre la cuestión del consentimiento. En este punto, la penalista ha defendido que hay “dos pruebas” que acreditan que Jenni Hermoso dio su consentimiento: un vídeo en el que supuestamente dijo “pues vale” cuando una compañera le preguntó en el vestuario “¿y tú qué has dicho?” mientras hablaban sobre el beso; y el informe pericial aportado por la defensa que afirma que Rubiales le preguntó “¿te puedo dar un besito?” antes de consumar la presunta agresión sexual y que la fiscal trató de desacreditar al considerar que estaba “completamente manipulado”.

Tubau ha acabado su alegato reclamando una sentencia absolutoria. Y ha advertido: “No podemos confundir el pecado y el delito, lo social y moralmente rechazable, con lo penalmente condenable”.