El Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado, entre 2023 y 2025, 12 contratos a Eventos El Espino SL, una mercantil de la que el concejal, presidente del PP provincial, y presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, tenía el 22%, tal y como reconoció en su declaración de bienes registrada en el propio Consistorio en junio de 2023. Desde diciembre de 2025, y tras la salida de dos accionistas, Suárez ostenta el 33%, un tercio de la propiedad de la empresa, tal y como ha reconocido a elDiario.es.

Eventos El Espino, constituida en 2009, se dedica fundamentalmente a servicios de catering y los contratos que ha conseguido en el Ayuntamiento son precisamente para eso. En noviembre de 2023, la sociedad pública municipal Proburgos contrató el servicio de catering con Eventos El Espino para la jornada 'Mujer e Industria', por valor de 792 euros, IVA incluido. En abril de 2024, Proburgos vuelve a contratar a esta empresa para la jornada 'Burgos e Hidrógeno, una apuesta de futuro', por valor de 1644,5 euros, IVA incluido. En septiembre de 2024, Proburgos encargar el catering con la misma mercantil para la jornada 'Mujer e Industria' por 858 euros, IVA incluido. Y lo mismo ocurre en octubre, con el evento 'Tardeo in game on tour' cuyo catering es a cargo de El Espino, por 1.650 euros. En diciembre, la misma sociedad pública cuenta de nuevo con la mercantil en la que participa Borja Suárez para el evento FamTrip con profesionales de los medios de comunicación. Junto a El Espino, que cobra 462 euros, hay otros seis adjudicatarios.

En 2025, se suceden otros contratos: uno en febrero, de Proburgos para un 'coffee break' en la 'Jornada Burgalesa para un futuro más amable, inclusivo y sostenible' en el marco de la candidatura a Burgos como capital europea de 2031, por 327,25 euros, otro para el catering de Alianza RUN en abril, por 1.257,5 euros, y otro para servir el café en una reunión de constitución del grupo Mujer e Industria, por 154 euros. Posteriormente, Proburgos le adjudicó también los servicios de catering durante el desarrollo de la jornada por 1.001 euros.

Las contrataciones no sólo son de Proburgos, desde la Concejalía Delegada de Personal, Régimen Interior, Relaciones Institucionales y Calidad Total del Ayuntamiento de Burgos, en junio de 2025 se contrata a Eventos El Espino para un desayuno/almuerzo en el Monasterio de San Juan tras una misa mayor en la Catedral por 2.887,5 euros. En octubre, el Ayuntamiento contó con Eventos El Espino para el servicio de catering del II Congreso Internacional de Salud desde un abordaje interdisciplinar, por 825 euros.

De los últimos contratos que se conocen son los que Proburgos le adjudica en noviembre de 2025, y los de mayor cuantía, para la celebración del I Encuentro Europeo de Economía Colaborativa: 1.540 euros para un servicio de catering, formato Café, , 6.600 para un servicio de coctel para 200 personas en el mismo evento y otro cóctel más al día siguiente para 65 personas por 2.145 euros.

El director general de Proburgos, Alejandro Sarmiento, confirmó a elDiario.es que ha contratado en varias ocasiones a Eventos El Espino, y que la decisión se toma con la unanimidad del Consejo tras solicitar varios presupuestos. Sarmiento aseguró desconocer que detrás de esa empresa estuviese el concejal del Ayuntamiento y presidente de la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento no ha querido pronunciarse.

La Junta de Castilla y León también contrata a la empresa del presidente del PP de Burgos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta también ha adjudicado varios contratos a la empresa de Suárez: en noviembre de 2023, para un café para los invitados de la entrega de Medallas al Mérito Policial, por 3.300 euros. También en ese mes y por otros 3.300 adjudicó a Eventos El Espino el servicio de hostelería para el encuentro de mujeres policías locales, así como otro de 600 euros por el alquiler mobiliario y material adicional para el desarrollo del servicio de café a asistentes de la gala de medallas de Policía Local 2023.

Otra Consejería que apostó por Eventos El Espino fue la de Economía, que en febrero de 2025 le pagó 2.200 euros por el vino español y el café que se sirvió en el Comité de Seguimiento del Programa Feder 2021-2027 que se celebró en Burgos.

Borja Suárez atendió a las preguntas de elDiario.es y confirmó su vinculación con Eventos El Espino, aunque en un primer momento confirmó tener sólo el 22% de las acciones de la mercantil, más tarde, y a requerimiento de este medio, reconoció que, tal y como figura en la auditoría de la empresa, tras la salida de dos socios que acabaron en un juzgado mercantil, había recomprado acciones y ahora tiene el 33%. Suárez precisó que desconoce cómo se cruzan datos en el Ayuntamiento. “A mí nadie me ha dicho nada sobre los contratos y yo he reflejado esa circunstancia en mi declaración de bienes”, afirmó. El concejal añadió además que no consideraba que se diese una situación de conflicto de intereses, puesto que es un concejal sin cartera, no toma decisiones y no participa en mesas de contratación. “Otra cosa es en la Diputación de Burgos, donde soy presidente, y tomo decisiones. No hay ningún contrato con la empresa”, aseguró.

Borja Suárez apoyó desde la Diputación la 'guerra del txacoli' que beneficiaba a su socio

Pero, aunque la Diputación de Burgos no ha contratado a Eventos El Espino, sí se ha posicionado de manera cuestionable sobre un asunto que atañe a uno de los administradores de la empresa, Koldo Madariaga Rica, que también es accionista. En 2010, el pleno de la Diputación de Burgos, en la que Suárez ostentaba la vicepresidencia, aprobó por unanimidad de PP, PSE y Solución Independiente una propuesta para “la defensa del chacolí de Burgos” que permitía a la Diputación personarse en todas las instancias en las que se intentase blindar término txakoli. Suárez fue la cara política de esa iniciativa. Al frente de los productores del 'txacoli de Burgos' estaba Madariaga, propietario de una bodega en Miranda de Ebro. En esa aventura que no cristalizó en nada, puesto que la denominación de origen sigue perteneciendo a Euskadi y más en concreto a los consejos reguladores de Álava, Vizcaya y Getaria, estaba la entonces diputada del PP y hoy alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien anunció una proposición en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de Madrid ofrecer igualdad de trato a todos los productores y que se bloquease el blindaje del nombre. Lo que se llamó 'Guerra del Txacoli' tuvo un breve recorrido: los de Burgos tuvieron que conformarse en 2015 con una certificación de Vino de la Tierra de Castilla y León, una IGP (una Indicación Geográfica Protegida, IGP) para el vino que produce Madariaga en su bodega y que comercializa como 'Ch',

Lo que contempla la normativa: o el cargo o las acciones

Las consecuencias pasarían, según los expertos consultados por elDiario.es, por una incompatibilidad en el cargo, en virtud del artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Pero, además, existiría una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.

En cuanto a los contratos realizados en esa situación, pueden declararse nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar, y derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización.

La Justicia investigará las presuntas irregularidades cometidas por varios médicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que trabajan en la sanidad pública y la sanidad privada sin cumplir todas las incompatibilidades que tienen. La Fiscalía de Burgos ha remitido a los Tribunales de Instancia para su reparto una denuncia en la que se relataban varios hechos presuntamente ilegales cometidos por médicos burgaleses en su trabajo para el Grupo Recoletas, el principal operador de la sanidad privada en la comunidad autónoma.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, fue presentada a mediados de diciembre por un médico de la sanidad privada, tras haber comunicado desde hace un año estas presuntas irregularidades a la consejería de Sanidad de Castilla y León sin tener constancia de que se hubiera hecho nada. En ellas se relataban situaciones que podrían ser contrarias al régimen de compatibilidades del personal sanitario. Según El País la consejería de Sanidad abrió un expediente informativo reservado a una quincena de médicos por las denuncias, sin que se haya informado sobre su resolución.

El médico denunciante considera que las irregularidades generan conflictos de interés y riesgos para la seguridad asistencial de los pacientes y habla de una posible trama de prevaricación y malversación facilitada por la inacción de las autoridades, quienes habrían permitido que la estructura de negocio privada se sostenga mediante el incumplimiento normativo. En los escritos se señala en particular al grupo Recoletas, el principal grupo privado sanitario de Castilla y León.

Entre las irregularidades detalladas a la Fiscalía se encuentran que los médicos prestaban atención sanitaria a beneficiarios de las mutualidades de los funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) “en casos en que podría estar limitado por la normativa vigente”.

Además, se señala que existen conciertos sanitarios en diversas especialidades entre Sacyl y el Grupo Recoletas (se cita Traumatología, Cirugía General, Urología, Oftalmología, entre otras), “lo que podría ser incompatible con la participación en la actividad privada de dichas especialidades y troncales (Anestesia, Intensivos, Radiología, medicina Interna, etc. ) por parte de profesionales del propio Sacyl”.

El texto considera hay fundadas sospechas de que hay “superación de los límites horarios legalmente establecidos (17 horas y media semanales en caso de jornada ordinaria en Scyl) para desempeñar actividad privada por parte de profesionales que mantienen plaza en el sistema público”. Incluso se señala que hay profesionales médicos. Además también creen que hay médicos que solicitan reducción de jornada para trabajar más horas en actividad privada cuando realmente podrían trabajar menos.

Otro de los puntos denunciados es que se produciría “realización de actividad privada tras salientes de guardia pública, con un eventual riesgo para la seguridad asistencial de los pacientes”. Incluso se señala “sospechas de falsificación documental de historias clínicas y suplantación de identidades de lo que se dispone de indicios probatorios”.

También se considera un conflicto de interés la atribución de “responsabilidades de gestión en centros privados mientras mantienen simultáneamente actividad y/o cargos en el sistema público”, señalando al actual director médico del Hospital Recoletas de Burgos en concreto por estos hechos.

El denunciante asegura disponer de “fechas, datos de profesionales, actividades y guardias en las que pudieran haberse producido los hechos descritos”, que pone a disposición de la Justicia.

La consejería de Sanidad de Castilla y León ha señalado a elDiario.es que los expedientes informativos abiertos a los médicos denunciados siguen “en tramitación” y que, ante la apertura de una investigación judicial, remitirán todo lo que la justicia les requiera para tal fin. Este periódico se ha puesto en contacto con el Grupo Recoletas para conocer su opinión sobre la investigación, sin obtener respuesta de momento.

Denuncias desde hace un año

En el anexo a la denuncia a la Fiscalía, de más de 100 páginas, el denunciante recoge todos escritos propios y de otro médico remitidos a la consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigida por el burgalés Alejandro Vázquez. El primero es de mayo del 2025, relatando incluso hechos que se remontan al año 2021, en los que se señala al director médico de Recoletas en Burgos por, supuestamente, haber participado en negociaciones con la sanidad pública siendo todavía su trabajador.

En otros escritos que se han remitido en este año a la Inspección Médica de burgos se señala expresamente con nombres y apellidos a facultativos que no cumplirían las incompatibilidades, señalando superaciones horarias en días concretos y pidiendo que se pidan documentos para comprobar los hechos aludidos.

También se remiten escritos a la Seguridad Social denuncian posibles incumplimientos de la baja de dos médicas del Hospital de Burgos, que supuestamente acudieron a trabajar al Grupo Recoletas mientras tenían baja maternal. Otros escritos se han remitido a la Gerencia de Salud de Burgos, a la Inspección de Trabajo, a sindicatos o al Colegio Oficial de Médicos de Burgos. En algunos casos se citó al denunciante para conocer el detalle de sus escritos sin que haya trascendido su resultado.

El denunciante llegó a escribir incluso a Presidencia del Gobierno denunciando la situación y la presunta corrupción del sistema, recibiendo un escrito de La Moncloa de confirmación de recepción de la información.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, ha reaparecido este martes para anunciar una inversión de 1,7 millones de euros para el Centro Logístico Comarcal de Biomasa de Castrocontigo (León) de mientras sigue sin aclarar la situación con su empresa, que él aseguró que estaba “inactiva” a pesar de que entre 2020 y 2022 obtuvo 326.000 euros de beneficios.

La actuación cuenta con una inversión total de 1.671.164 euros, de los que 738.932 euros corresponden a la ejecución de las obras y 932.232 euros a la adquisición de maquinaria. El proyecto está financiado en un 70% con fondos europeos de Transición Justa y en un 30% por la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl. Jiménez Blázquez estaba presente en el anuncio en su calidad de consejero delegado de Somacyl, la empresa pública más importante de la comunidad, con un presupuesto anual cienmillonario.

Es la primera aparición pública de Jiménez Blázquez después de que se hiciera público que tuvo responsabilidad en una empresa entre 2020 y 2025 a pesar de que es incompatible, según la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos. Jiménez Blázquez defendió la semana pasada que la compañía era “una sociedad sin actividad” en la que Jiménez Blázquez participaba tras recibirla como “herencia” de su padre. El Ejecutivo autonómico entiende que esta empresa (una Sociedad Anónima cuya actividad empezó en 1985) forma parte del “patrimonio familiar” de Jiménez Blázquez —que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de la comunidad, Somacyl— y, por lo tanto, no se trata de una incompatibilidad.

elDiario.es preguntó a la Consejería de Medio Ambiente si efectivamente había elevado la declaración de inactividad de la empresa a Hacienda después de que cerrara el matadero que generaba los ingresos de la compañía a través de un arrendamiento, pero Jiménez Blázquez no quiso atender a la petición de este medio.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, se niega a hacer público el contrato de asistencia jurídica que ha firmado con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como representante municipal, eso sí, con una compatibilidad aprobada por el pleno que le permite realizar alguna actividad privada, pero de forma “marginal”.

Como avanzó elDiario.es, Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó un contrato como asesor jurídico del COGITI especializado en temas urbanísticos. Una vinculación laboral que han reconocido oficialmente tanto el grupo municipal Vox como la entidad colegial, aunque ambas partes han insistido en que está amparada por la mencionada compatibilidad.

Las dudas legales, sin embargo, son inevitables habida cuenta de que Gosálbez participa y vota en las comisiones de Urbanismo como representante de Vox, al tiempo que asesora a miembros del Colegio de Ingenieros, que pueden ser potenciales contratistas del Ayuntamiento.

Precisamente, por este motivo Compromís per València ha denunciado que Gosálbez, miembro del equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá, oculta “deliberadamente” lo que cobra del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales alegando “secreto profesional”, tal y como esgrime el propio edil de extrema derecha en una respuesta por nota interior a la coalición valencianista.

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha lamentado este nuevo caso de “opacidad municipal”, que pone en cuestión “las prácticas del gobierno de Catalá, empezando por la propia alcaldesa, de la que todavía no sabemos cuánto cobra de la Universidad Internacional de València (VIU); el concejal José Marí Olano, a quien han tenido que apartar de la mesa de contratación por incompatibilidades manifiestas; y ahora el caso de Gosálbez, que ante las preguntas de Compromís se niega a facilitar una información básica de transparencia”.

Papi Robles ha criticado que ya “empieza a ser habitual y también escandalosa” la forma en que el Gobierno de Catalá mezcla intereses privados con los públicos sin dar ninguna explicación. “Creen que pueden hacer lo que les da la gana desde el gobierno, pero cuando se trabaja con el sector privado hay que ser muy escrupuloso en todo lo que es público. Han elegido gobernar de manera opaca y con intereses que desconocemos qué esconden”, ha añadido la portavoz del segundo partido de la ciudad. “Un gobierno debe estar con dedicación plena a la ciudad, trabajando a tiempo completo, con una única prioridad exclusiva, que es lo que necesita una ciudad como València y lo que los vecinos y vecinas de la ciudad se merecen”.

Cabe recordar que el actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, solicitó en diciembre de 2023 que el Pleno le autorizara, por un lado, a tener dedicación exclusiva como concejal y, al mismo tiempo, a compatibilizar el cargo con el ejercicio de su profesión como abogado. Desde Compromís han insistido en que el Pleno aprobó la compatibilidad para ejercer la abogacía con carácter “marginal”, tanto en el aspecto funcional, en relación con el horario dedicado, como en la percepción económica que percibiera.

Sin embargo, como informó este diario, Gosálbez mantiene un contrato de asesoría jurídica del que pueden beneficiarse los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València, sin que el citado concejal haya informado de ello a la Secretaría del Pleno municipal, según argumentaron desde Vox, porque no está obligado a hacerlo.

Ante esta situación, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha pedido directamente a Gosálbez que haga público el contenido del contrato con el fin de disipar cualquier duda sobre si sigue cumpliendo los requisitos que el Pleno municipal impuso para aprobar la compatibilidad entre su dedicación exclusiva y el ejercicio marginal de la abogacía, a lo que el concejal de Vox se ha negado amparándose en un supuesto secreto profesional.

Para Puchades, “la actitud de Gosálbez deja clara su intención de eludir y negar cualquier posibilidad de transparencia sobre su actividad profesional, que puede afectar a su trabajo como concejal del gobierno municipal. Ya advertimos del difícil encaje entre la actividad como abogado y la de concejal, ya que podía interferir claramente tanto en el horario dedicado como en las materias que le afectan como miembro del gobierno y, en concreto, de la Comisión de Urbanismo”.

Según el concejal de Compromís, “ampararse en un supuesto secreto profesional es tomarle el pelo a la ciudadanía, utilizando una institución fundamental para garantizar las relaciones entre un cliente y su abogado, pero lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer no tiene nada que ver con lo que Gosálbez hable con sus clientes, sino con cuánto tiempo le dedica y, sobre todo, cuál es la percepción económica que recibe”. Para Puchades, “el hecho de que Gosálbez haya firmado un contrato ya evidencia que se ha comprometido a una actividad estable, constante y mantenida en el tiempo, a cambio de una remuneración que también sería estable y constante, lo que desvirtúa claramente que pueda tratarse de una actividad ‘marginal’, como él mismo declaró en su solicitud de compatibilidad”.

En este sentido, Puchades ha recordado que el Tribunal Supremo ha sostenido que para que la actividad privada que se pretende compatibilizar con la pública merezca el calificativo de marginal, “debe acreditarse por quien está obligado a ello su efectiva realidad en el aspecto funcional, el horario y el económico”. Para Puchades, es evidente que desde diciembre de 2023 las condiciones han cambiado y es Gosálbez quien debe probar que su trabajo como abogado no tiene carácter marginal.

Puchades ha anunciado que interpondrá un recurso de amparo para que la alcaldesa subsane la negativa de Gosálbez y le requiera para que aporte la información y, en caso de que no lo haga, el grupo Compromís solicitará un informe a la Secretaría del Pleno sobre el objeto de la información solicitada.

Empresas y lobbies relacionados con el sector de la defensa en España han fichado ya a unos 50 militares, políticos y ex altos cargos como consejeros, asesores o directivos desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. 

El sector está de moda y es un hervidero de fichajes, contratos y anuncios en los últimos meses, en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y gasto público multimillonario para cumplir las exigencias de la OTAN.

El trasvase desde lo público, habitual desde hace décadas, se ha acelerado en los tres últimos años. El cómputo alcanza las 70 personas desde que en marzo de 2020 el Covid puso el mundo patas arriba y puso en primer plano la autonomía estratégica.

El último nombramiento que acaba de recoger el Portal de Transparencia es el de José Antonio Bayón. Exdirector de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y ex consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), adscritas al Ministerio de Industria, el ex secretario general del PSOE en Segovia recibió en agosto permiso de la Oficina de Conflictos de Interés para incorporarse a Santa Bárbara Sistemas, de la estadounidense General Dynamics, donde es director de Relaciones Institucionales.

El gigante Airbus incorporó en abril el general Francisco Javier Fernández, representante militar ante el Comité Militar de la OTAN y de la UE en Bruselas. En enero, al diplomático y ex embajador Juan Sell, entre otros cargos director de gabinete de Trinidad Jiménez en Exteriores. En febrero de 2024 la Oficina de Conflictos dio permiso para asesorar al consorcio aeronáutico europeo al segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA) hasta noviembre de 2023, Fernando de la Cruz.

En octubre Telespazio Ibérica, joint venture de la italiana Leonardo y la francesa Thales en el negocio de geoinformación y navegación por satélite que aspira a facturar un 80% más en dos años, anunció el fichaje del general de división del Ejército del Aire y del Espacio retirado José María Juanas como consejero estratégico.

Otra empresa de capital francés, Europavia, especializada en logística y mantenimiento aeronáutico (su dueña es la francesa Adit, cuyo vicepresidente es Bruno Delaye, ex embajador de Francia en España), nombró este año responsable de Desarrollo de Negocio en Oriente Medio a Ángel Gómez, Jefe de Cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa hasta 2016 y agregado en el Ministerio de Defensa en Corea del Sur hasta julio de 2024.

En Telespazio obtuvo permiso para ejercer como asesor hace un año Francisco González-Espresati, que tras cesar como jefe del Mando Aéreo de Combate en septiembre de 2024 también recibió autorización para asesorar a la madrileña ITE y a Indra.

La cotizada, convertida en punta de lanza de este sector, y con la que el Gobierno intenta forjar un gran operador nacional, concentra cerca de una decena de fichajes desde febrero de 2022. 

Indra, gran beneficiaria de los 14.223 millones en préstamos al 0% que el Ejecutivo ha concedido a dedo al sector para los programas especiales de armamento adjudicados por Defensa a través de Industria, fichó en abril a Carmen Pérez, directora del Departamento de Información Internacional en Moncloa. En febrero logró permiso para asesorar a Indra Fernando García, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra hasta diciembre de 2024. 

En julio de 2023 Indra nombró vicesecretario de su consejo al abogado del Estado David Santos, secretario general Técnico en Defensa con María Dolores de Cospedal, y designó director de Estrategia al inspector de Hacienda en excedencia Pedro Fuster, con 16 años de experiencia como asesor y subdirector de Gestión de Programas en Defensa. Ese mes Indra también contrató como asesor al capitán Juan Carlos Sánchez-Garrido, hasta entonces jefe de la Oficina de Programas del ministerio en San Roque (Cádiz).

Indra ultima la compra de Hispasat, en la que es consejero desde julio David Cierco, ex director de Red.es y responsable de la oficina en Madrid de Acento, la consultora del exministro socialista José Blanco y el popular Alfonso Alonso. Desde diciembre de 2023 el presidente de Hispasat es Pedro Duque. El exministro de Ciencia y exastronauta, que antes de su etapa en política fue directivo de Deimos Space y trabajó para GMV, también es consejero desde 2022 de la suiza Destinus, que acaba de completar con éxito un sistema antidrón para el Ejército de Tierra y fabrica el misil Ruta, con tecnología española y que ya se utiliza en combate en Ucrania. 

Inteligencia competitiva

En febrero, Indra nombró director de Inteligencia Competitiva al general de División Francisco Rosaleny, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas hasta septiembre de 2019. Procedía del primer accionista privado de Indra, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), cuyo copropietario, Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra desde enero, plantea una polémica fusión con la cotizada para la que se baraja una valoración de 2.000 millones, pese a que EM&E factura menos de 400 millones y en 2019 no ingresaba ni 50 millones.

EM&E, que ha multiplicado su negocio tras recibir numerosas adjudicaciones sin competencia de Defensa, contrató hace un año como asesor a Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa hasta julio de 2024. Su director de Seguridad Corporativa desde mayo de 2022 es el coronel Ángel Francisco Moreno, jefe de Coordinación en una Subdirección del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 2021.

El consorcio Sistemas de Misiles de España (SMS), de EM&E, GMV, Instalaza y Sener, acaba de dar poderes ejecutivos al teniente general Ignacio Bengoechea. A finales de 2023 fichó como responsable de Seguridad al coronel Álvaro Barón, jefe de Infraestructuras y Mantenimiento del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) hasta marzo de 2022.

Bengoechea, nombrado presidente no ejecutivo de SMS en marzo de 2024, fue segundo jefe del Estado mayor del Ejército de Tierra (JEME) hasta febrero de 2023 y asesoró hasta hace unos días de la consultora Acento. También recibió permiso para asesorar a Ela Aviation, Airbus y Brok-Air Aviation Group. En esta última, líder en mantenimiento aeronáutico en la Península Ibérica, participa el fondo Hyperion, especializado en defensa y ciberseguridad y lanzado en enero de 2024 por el anterior líder del PP, Pablo Casado, y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín.

En el consejo asesor de Hyperion figuran Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro danés; Michèle Alliot-Marie, exministra de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores de Francia; y Paula Dobriansky, ex subsecretaria de Estado para asuntos globales de EEUU.

El managing partner de Hyperion, Joaquín Ortiz, exasesor en Defensa con Pedro Morenés (ex consejero de Instalaza y presidente de Amper), fue director de Estrategia de Sapa, otro accionista de Indra, y receloso de esa fusión con EM&E.

El grupo de la familia Aperribay fichó en febrero como director de Estrategia a Raül Blanco, ex secretario general de Industria y ex presidente de Renfe. En mayo de 2024 nombró presidente de su filial en EEUU, Sapa Transmission, al general de división retirado Darren Werner, que en 2020 fue nombrado por el Ejército de EEUU Comandante General del Comando de Automoción y Armamento (TACOM), responsable de gestionar la cadena de suministro de equipo terrestre de las fuerzas armadas.

En el fondo de Casado y Botín es socio José Antonio Bartrina, ex secretario general de una de las principales patronales del sector, TEDAE, que preside desde 2020 Ricardo Martí Fluxá (secretario de Estado de Seguridad con José María Aznar) y que forma parte junto a Defensa de la Fundación Feindef, entidad público-privada que organiza la mayor feria del sector en España. 

En junio de 2024, Feindef nombró presidente a Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa hasta junio de 2020, en sustitución del exministro Julián García Vargas, muy vinculado al sector hace años.

Otro lobby vinculado a empresas de defensa es la Asociación Atlántica Española. Dedicada a “apoyar los esfuerzos de la Alianza del Atlántico Norte, encaminados al desarrollo de las relaciones pacíficas internacionales y a la defensa de los principios de Libertad, Democracia y Estado de Derecho, así como a configurar, dentro de la Alianza del Atlántico Norte, una Comunidad Europea”, tiene entre sus “miembros institucionales” a Indra, Escribano, Airbus, Hisdesat o Lockheed Martin.

La entidad nombró presidente en febrero de 2022 al abogado del Estado en la Audiencia Nacional Adolfo Menéndez, ex subsecretario de Defensa o Fomento con Aznar y ex consejero de Indra. Su vicepresidenta es la ex secretaria de Estado de Seguridad y ex diputada del PSOE Ana Botella. Como vocales, figuran el diplomático Alejandro Alvargonzález, secretario general de Política de Defensa hasta noviembre de 2016, y dos tenientes generales: el ex JEMA Javier García Arnáiz y Juan Carrasco, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

Otra patronal del sector es Aesmide (Asociación de Empresas Contratistas Con las Administraciones Públicas de España y Otros Estados). Su director Técnico desde julio de 2024 es el general de brigada Santiago Camarero, ex Teniente Coronel en el Estado Mayor de la Defensa y exsubdirector de Suministros y Servicios del Mando de Apoyo Logístico, entre otros cargos. 

Entre los socios de Aesmide está ASCH, que a finales de 2023 nombró consejero asesor a Alejandro Monedero, hasta entonces secretario general del Mando de Apoyo Logístico (MALOG), el órgano del Apoyo a la Fuerza bajo la dependencia directa del JEMA, responsable de la dirección, gestión, administración y control del recurso de material y del apoyo logístico. Otra socia de Aesmide, la empresa de logística BeSS, contratista habitual de la Armada, fichó en octubre de 2023 como asesor al coronel de Intendencia Fernando Izquierdo.

Ese mes cesó el anterior director del Departamento de Seguridad Nacional en Presidencia del Gobierno, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, del que constan permisos para asesorar a Iberdrola, GAM, Oesía (es miembro de su comité de Estrategia), la consultora de Iván Redondo (ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez) o Llorente & Cuenca, que en abril de 2023 creó una nueva oficina de Seguridad a la que incorporó al ex secretario de Estado de Defensa Constantino Méndez (fallecido poco después) y al general de brigada Pedro Méndez de Vigo, ex Subdirector General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material y hermano del exministro popular Íñigo Méndez de Vigo.

Varias a la vez

Varios ex mandos militares asesoran a varias empresas. En ITP es consejero desde junio de 2023 Salvador Álvarez, general de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire. Subdirector General de Gestión de Programas de la Dirección General de Armamento y Material hasta marzo de 2020, desde 2021 es director de Estrategia de Oesía. 

En marzo de 2024 recibió permiso para asesorar a esta empresa (aunque no llegó a incorporarse) Francisco de Paula Bisbal-Pons. Teniente general retirado y ex director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), es consejero de Iberdrola Energía Internacional y asesor de GAM.

Oesía, que ha descartado una fusión con Indra, ha fichado a más de una decena de exmilitares y cargos en la última década. En 2024 contrató como director de Seguridad a José Morales, ex de FCC que entre 1997 y 2013 fue responsable de Dirección y Planificación en el Ministerio de Defensa; y en 2023 incorporó a su Comité de Estrategia al teniente general Miguel Martín Bernardi, Segundo JEMA hasta octubre de 2021.

De ITP (de la que Indra tiene un 9,5%) fue presidente el exministro Josep Piqué, que en enero de 2023, poco antes de fallecer, fue nombrado presidente de la filial española del consorcio de misiles europeo MBDA, formado por Airbus (de la que fue consejero), Bae Systems y Leonardo.

En la filial española de la francesa Inetum es responsable de desarrollo de Negocio desde abril de 2024 Emilio Larriba, hasta entonces jefe del área de Inspecciones Industriales en el Ministerio de Defensa. En Thales España es director general de Defensa desde septiembre de 2024 Guillermo Roselló, ingeniero de la Armada que participó en complejos programas como el submarino S-80 y en 2016 fichó por Indra en México.

También en septiembre de 2024 Alfariver nombró presidenta a Rosa Aza, ex presidenta de Duro Felguera, vinculada al PSOE asturiano y expresidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón o la extinta Comisión Nacional del Sector Postal.

En julio de 2024, Sener anunció el nombramiento de Carlos Martínez de Bujo, oficial de carrera del Ejército de Tierra, como director corporativo de Seguridad, en sustitución del coronel José Manuel Prada.

Otro nicho de fichajes son las tecnológicas vinculadas al sector de defensa. En 2024 Miguel Bello, ex Comisionado para el PERTE aeroespacial y exdirector de la Agencia Espacial Española, fue nombrado presidente ejecutivo de la británica Orbex Space, tras recibir permiso para asesorar a Open Cosmos LTD, fabricante de satélites.

En 2024 Juan Ignacio Bidart, ex jefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria, recibió el visto bueno para asesorar a Halo Space, dedicada al turismo espacial y en la que participa GMV. Y la multinacional tecnológica Izertis anunció el fichaje del oficial de la Armada Joaquín Castellón, coordinador de los trabajos técnicos de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, para liderar su área de Defensa y Ciberseguridad. 

En septiembre de 2022, TRC, que suministra el sistema antidrón Cervus para el Ejército de Tierra y tiene una alianza con Escribano e Indra para el desarrollo de la solución C-UAS para contrarrestar drones, contrató como asesor de Seguridad al coronel de Caballería Emilio Rico, destinado hasta junio de 2022 en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. 

Vinculada al sector tecnológico y el software está una desconocida empresa madrileña, Ainstein SL, con dos consejeros muy vinculados al ejército: Jaime Domínguez, JEME hasta 2017, y Manfredo Monforte, Subdirector General de Sistemas Terrestres del INTA. Sin relación con la empresa americana del mismo nombre que suministra radares a UAV Navigation (filial de Oesía), Ainstein está presidida por Miguel Molina, consejero delegado de la empresa de telemarketing Marktel, que no ha querido atender a elDiario.es.

El Govern balear ha imposat una amonestació mínima a Núria Riera per absentisme en superposar el seu lloc de funcionària com a cap autonòmica de servei amb el de consellera portaveu del PP en el Consell de Mallorca, pels quals cobra en conjunt 127.211 euros públics anuals, una quantitat notablement superior al salari que percep la major part dels presidents autonòmics i que sobrepassa amb escreix els 90.000 euros que cobra el president del Govern. Riera compagina totes dues activitats malgrat les limitacions que estableix la normativa en matèria de compatibilitats, tal com va informar en exclusiva elDiario.es al juliol de 2024.

Fonts de l'Executiu de Marga Prohens, que no especifiquen l'amonestació decretada i es limiten a assenyalar que els fets responen a una falta lleu, assenyalen a elDiario.es que el Govern ha actuat “de manera rigorosa com ho faria amb qualsevol funcionari de la Comunitat” mitjançant l'obertura, el passat 18 de febrer, d'un procediment d'informació reservada, que va derivar el 25 de juliol en un expedient i es va resoldre el 26 d'agost amb una amonestació per una falta lleu.

Les mateixes fonts al·leguen que el procediment ha estat instruït per funcionaris del Govern que “han fet el seu treball amb absoluta independència i segons la normativa vigent en matèria de funció pública”. Les mateixes fonts subratllen que Riera va aportar documentació que justifica algunes de les seves absències “per les seves tasques de representació”. L'instructor va identificar tres possibles infraccions lleus per participar en debats de ràdio durant la jornada laboral, la qual cosa s'entén “fora de les seves tasques de representació”. Dos d'elles ja havien prescrit abans d'obrir l'expedient i, per tant, finalment es va incoar expedient per a una única infracció de caràcter lleu.

El mes d'abril passat, PP i Vox van impedir amb els seus vots la compareixença de Riera en el Parlament balear perquè donés explicacions de la seva situació laboral. Unes circumstàncies que el Govern balear va reprovar per primera vegada al febrer -més d'un any després que els grups d'esquerres posessin la lupa sobre aquests fets-, lamentant que es produeixin situacions d'aquest tipus, però sense citar directament que l'alt càrrec compatibilitza tots dos llocs sota la sospita d'absentisme en el seu acompliment com a funcionària.

Riera justifica que mai ha rebut “cap informe en contra” ni com a funcionària del Govern balear ni com a consellera insular, tot i que el problema no radica en el seu paper en cadascuna d'aquestes institucions ni en el fet que ostenti dos càrrecs públics, sinó en la possible vulneració de la Llei de Compatibilitats quant al mode de conciliar les hores de jornada laboral en tots dos llocs -provocant amb això que suposadament deixi d'exercir les seves funcions com a funcionària en la Direcció General de Funció Pública- i al topall màxim salarial permès en compaginar dos càrrecs públics.

De fet, l'oposició no qüestiona la compatibilitat de la portaveu popular -la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats permet ostentar diversos càrrecs públics, encara que amb limitacions-, sinó el fet que pugui estar contravenint aquesta normativa respecte al mode de compatibilitzar totes dues activitats. També recriminen que, quan va decidir reclamar la dedicació parcial en el Consell (75%), degué sotmetre's als límits horaris i retributius fixats per la Llei.

En aquest sentit, tal com va reconèixer el propi Govern en una resposta escrita, com a empleada pública estaria obligada a estar, almenys, de 9.00 a 14.00 hores -delimitant al màxim els horaris en l'Executiu autonòmic- en el seu lloc de treball com a funcionària. De complir estrictament amb el 100% de la jornada laboral al seu acompliment en el Govern així com amb el 75% al del Consell, Riera, que en cap moment ha sol·licitat formalment la compatibilitat, hauria de dedicar més de 14 hores diàries a tots dos càrrecs.

El Govern balear ha impuesto una amonestación mínima a Núria Riera por absentismo al solapar su puesto de funcionaria como jefa autonómica de servicio con el de consellera portavoz del PP en el Consell de Mallorca, por los que cobra en conjunto 127.211 euros públicos anuales, una cantidad notablemente superior al salario que percibe la mayor parte de los presidentes autonómicos y que sobrepasa con creces los 90.000 euros que cobra el presidente del Gobierno. Riera compagina ambas actividades a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de compatibilidades, tal como informó en exclusiva elDiario.es en julio de 2024.

Fuentes del Ejecutivo de Marga Prohens, que no especifican la amonestación decretada y se limitan a señalar que los hechos responden a una falta leve, señalan a elDiario.es que el Govern ha actuado “de forma rigurosa como lo haría con cualquier funcionario de la Comunidad” mediante la apertura, el pasado 18 de febrero, de un procedimiento de información reservada, que derivó el 25 de julio en un expediente y se resolvió el 26 de agosto con una amonestación por una falta leve.

Las mismas fuentes alegan que el procedimiento ha sido instruido por funcionarios del Govern que “han hecho su trabajo con absoluta independencia y según la normativa vigente en materia de función pública”. Asimismo, subrayan que Riera aportó documentación que justifica algunas de sus ausencias “por sus tareas de representación”. El instructor identificó tres posibles infracciones leves por participar en debates de radio durante la jornada laboral, lo que se entiende “fuera de sus tareas de representación”. Dos de ellas ya habían prescrito antes de abrir el expediente y, por lo tanto, finalmente se incoó expediente para una única infracción de carácter leve.

El pasado mes de abril, PP y Vox impidieron con sus votos la comparecencia de Riera en el Parlament balear para que diera explicaciones de su situación laboral. Unas circunstancias que el Govern balear reprobó por primera vez en febrero -más de un año después de que los grupos de izquierdas pusieran la lupa sobre estos hechos-, lamentando que se produzcan situaciones de este tipo pero sin citar directamente que la alto cargo compatibiliza ambos puestos bajo la sospecha de absentismo en su desempeño como funcionaria.

Riera justifica que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear ni como consellera insular, a pesar de que el problema no radica en su papel en cada una de estas instituciones ni en el hecho de que ostente dos cargos públicos, sino en la posible vulneración de la Ley de Compatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos -provocando con ello que supuestamente deje de ejercer sus funciones como funcionaria en la Dirección General de Función Pública- y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos.

De hecho, la oposición no cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular -la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades permite ostentar varios cargos públicos, aunque con limitaciones-, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo esta normativa respecto al modo de compatibilizar ambas actividades. También recriminan que, cuando decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell (75%), debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley.

En este sentido, tal como reconoció el propio Govern en una respuesta escrita, como empleada pública estaría obligada a estar, al menos, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo como funcionaria. De cumplir estrictamente con el 100% de la jornada laboral a su desempeño en el Govern así como con el 75% al del Consell, Riera, que en ningún momento ha solicitado formalmente la compatibilidad, tendría que dedicar más de 14 horas diarias a ambos cargos.

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha registrado una denuncia en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción contra el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, por entender que pudiera haber cometido actos “constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o actividad ilegal”, al hilo de su vinculación con Heineken España, empresa en la que trabajó antes de pasar a formar parte del Gobierno andaluz en julio de 2022.

La denuncia, adelantada por El País, está fechada este pasado jueves 24 de julio y viene firmada por la portavoz, María Márquez, y los 29 restantes diputados del Grupo Socialista. En el escrito, se solicita que la Oficina Antifraude “dicte el acuerdo expreso y motivado previsto en el artículo 16.3 de la Ley 2/2021 de junio, de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía para el ejercicio de las potestades de investigación e inspección para el esclarecimiento” de los hechos que describe.

En concreto, la denuncia socialista comienza relatando que, “según certificación del Registro Mercantil de Sevilla de fecha 28 de mayo de 2025, consta que la empresa Heineken España, S.A. otorgó un poder general a favor” de Jorge Paradela “mediante escritura pública en el año 2014, el cual fue formalmente revocado en 2015, si bien no se procedió a su cancelación registral efectiva hasta mayo de 2025”.

“En consecuencia, dicho apoderamiento continuó figurando como vigente en el Registro Mercantil durante toda su etapa como consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía”, advierte la denuncia del PSOE-A, que subraya que “este extremo ha sido reconocido expresamente por la propia empresa en su nota pública de 27 de marzo de 2025, en la que admite que la revocación no fue inscrita por un 'error administrativo', y que solo fue corregido tras las consultas realizadas en el presente año”.

Frente a la denuncia del PSOE, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha defendido este viernes la “trayectoria profesional intachable” que, en su opinión, ha protagonizado su compañero de gabinete, el titular de Industria, Energía y Minas, y ha acusado al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz de “ausencia absoluta de escrúpulos” tras presentar una denuncia contra él en la Oficina Andaluza Antifraude.

Sin constar en el Portal de Transparencia

También señala la denuncia que el consejero “ha declarado retribuciones por rendimientos del trabajo durante los ejercicios 2022 y 2023 superiores a las correspondientes a su cargo público, sin que conste en el Registro de Altos Cargos ni en el Portal de Transparencia la identificación de la empresa pagadora, el concepto de las cantidades abonadas, ni la duración o naturaleza de la relación económica mantenida”.

El Grupo Socialista detalla en su denuncia las iniciativas que a través del Parlamento ha registrado solicitando información y documentación sobre este asunto, desde la premisa de que, aunque dicha “relación contractual” del consejero “sea inicialmente de carácter privado, su impacto en la transparencia, rendición de cuentas y posible concurrencia de causas de incompatibilidad convierte dicha información en relevante para el interés público y objeto legítimo de control parlamentario y ciudadano”.

Además, explica que, el pasado 11 de julio, el Grupo Socialista recibió respuesta de la Consejería de Industria, Energía y Minas a su solicitud de “copia íntegra de las declaraciones de actividades, bienes e intereses patrimoniales” de Paradela, que fue denegada con el argumento de que dicha información “se encuentra publicada para su consulta en el Portal de Transparencia' de la Junta de Andalucía”.

Desde el PSOE-A replican que “no se encuentran accesibles en formato completo” en el Portal de Transparencia, “ni las declaraciones originales ni sus sucesivas actualizaciones, especialmente en lo relativo a posibles relaciones contractuales o patrimoniales con la empresa Heineken España S.A., pese a haber sido una de las cuestiones expresamente requeridas”.

Retribuciones

Asimismo, explican en la denuncia que, en su respuesta, la Consejería “reconoce” que Paradela “percibió durante los años 2021, 2022 y 2023 retribuciones privadas acordadas con la citada empresa multinacional por cese de su actividad como directivo, lo que debería haber sido reflejado de forma detallada en las correspondientes declaraciones de intereses y actividades, cuya accesibilidad pública es esencial para el control de posibles situaciones de incompatibilidad”.

Según detalla la denuncia, “a día de hoy, no consta en el Portal de Transparencia” ni “la autoliquidación del IRPF del año 2021, previa a su nombramiento”, ni “información alguna sobre retribuciones complementarias percibidas” por Paradela, “pese a que dichas cantidades constan en su declaración de IRPF como rentas del trabajo”.

Además, desde el PSOE-A denuncian que, “en la declaración de bienes presentada con motivo del nombramiento como consejero en fecha 26 de julio de 2022, no aparecen reflejadas las cuantías correspondientes a los ingresos realizados por la empresa Heineken conforme a lo establecido en la guía informativa sobre incompatibilidades y obligaciones de las personas altos cargos y otros cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía”.

Así las cosas, el Grupo Socialista entiende que, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 2/2021 de junio, de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía”, los hechos descritos en su denuncia “pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”, por lo que ve “procedente” y solicita que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción actúe con sus “potestades de investigación e inspección para el esclarecimiento de los hechos”.

Posible infracción del régimen de incompatibilidades

Para el PSOE-A, “existen indicios razonables de la posible responsabilidad” de Jorge Paradela “por infracción del régimen de incompatibilidades y transparencia previsto en la Ley 3/2005, de 8 de abril”; en particular, “por omitir información relevante en sus declaraciones de actividades y bienes, mantener una apariencia registral de vinculación societaria incompatible con su cargo público, percibir retribuciones privadas sin identificación clara ni justificación documental en sede administrativa, y por la falta de publicación en el Portal de Transparencia y el BOJA de las declaraciones actualizadas de actividades, bienes y variación patrimonial”.

En este contexto, el PSOE-A considera “especialmente pertinente analizar si la conducta” del consejero, “consistente en la omisión en la declaración de actividades e intereses económicos relevantes –entre ellas, su vinculación ejecutiva con Heineken España, S.A. y la persistencia registral de un poder no cancelado durante el ejercicio del cargo–, así como la falta de reflejo en el Registro de Actividades y en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, pudiera constituir una infracción grave o muy grave a efectos del régimen sancionador previsto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, así como en la Ley 2/2021, de 18 de junio, de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía”.

Posibles sanciones

En tal caso, “correspondería” a la Oficina Antifraude “valorar la procedencia de elevar al Consejo de Gobierno o al Parlamento de Andalucía la propuesta de adopción de las medidas oportunas para garantizar la legalidad, la transparencia institucional y la exigencia de las responsabilidades que en derecho procedan”, abunda la denuncia.

Detalla que, “de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley 3/2005, las omisiones en las declaraciones, la no cancelación de poderes vigentes vinculados a actividades privadas incompatibles con el cargo, y la posible existencia de un conflicto de intereses material no declarado, pueden constituir infracciones graves o muy graves”.

Entre las sanciones contempladas en la legislación figuran las de “pérdida del cargo público; inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas entre tres y diez años; apercibimiento; suspensión temporal del cargo hasta un año e inhabilitación de hasta tres para ejercer como alto cargo”, según concluye la denuncia.

“¿Le parecen éticos los episodios de puertas giratorias que se producen continuamente a su alrededor? ¡Usted ha plantado la puerta en medio de su despacho!”. Leire Iglesias era diputada del PSOE por Cáceres cuando en 2015 preguntó a Cristóbal Montoro por su habilidad para saltar del Gobierno de José María Aznar a una empresa privada y de vuelta a Moncloa con Mariano Rajoy. “Mi escala de valores puede ser diferente a la de otros”, contestó el entonces ministro de Hacienda. Una década después, Montoro ha sido imputado junto con su núcleo más cercano en el despacho y en el ministerio por crear una puerta giratoria entre ambos que llegó a influir en los Presupuestos Generales del Estado para beneficiar a empresas del sector del gas.

Cristóbal Montoro formó parte del grupo de economistas que en la década de los noventa susurró al oído de José María Aznar hasta que se convirtió el ministro de Hacienda de referencia del Partido Popular. Primero con Aznar (2000-2004) y después con Mariano Rajoy (2011-2018), ejerciendo de diputado y eurodiputado durante las dos legislaturas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue en ese ínterin, mientras representaba al PP en Bruselas, cuando puso en marcha lo que entonces se llamó “Montoro y Asociados”.

El gurú fiscal del PP daba una entrevista a El Mundo en 2006 y celebraba la gran afluencia de cargos del partido que iban a trabajar con él. “Se trata de aprovechar el buen entendimiento que tenemos entre nosotros para seguir trabajando, en este caso al servicio de nuestras empresas clientes”. Finalizaba con una frase entre risas: “No vamos a hacer tráfico de influencias. Eso no va conmigo. Si hubiera querido dedicarme a eso, no necesitaría montar un equipo tan amplio”.

Lo que montaba entonces Montoro era una puerta giratoria de altos cargos de Hacienda y la Agencia Tributaria que habían trabajado con él en los ejecutivos de José María Aznar y que volverían a hacerlo, algunos de ellos, con el regreso del PP a la Moncloa en la etapa de Mariano Rajoy. El propio Montoro presidió el despacho hasta que vendió sus acciones en 2008 y volvió al Congreso. El despacho pasó a llamarse Equipo Económico y ahora está bajo la lupa de un juzgado por si sus conexiones con Montoro y el Gobierno de Rajoy sirvieron para que varias empresas gasísticas desembolsaran 779.000 euros al despacho, sin contar las posibles minutas. Según el sumario del caso, no fueron las únicas.

La lista del trasvase de altos cargos que entraron y salieron del despacho de Montoro es larga y algunos nombres se solapan con la nómina de imputados del juez de Tarragona. Y el trayecto que hicieron muchos demuestra que la puerta no dejó de girar. La documentación del caso apunta a que la puerta, además de girar, llevaba a los despachos del ministerio cuando llegaba la hora de negociar reformas legales para los clientes de Equipo Económico.

Altos cargos, ministros y un condenado

La lista de altos cargos empieza en la propia fundación del despacho en 2006. Ricardo Martínez Rico, actual presidente del despacho, fue secretario de Estado de Presupuestos en la última legislatura de José María Aznar, dos años antes de fundar la empresa con Montoro. Manuel de Vicente-Tutor, socio director de Equipo Económico, se incorporó en 2007, un año después de su creación, y hasta entonces había sido subdirector general de Planificación en la Agencia Tributaria (1999-2001) y jefe de gabinete del director en este organismo (2001-2004). Un director de la AEAT que en ese periodo era Salvador Ruiz Gallud y que hoy es responsable del área fiscal del despacho.

Pilar Platero fue asesora de Montoro con Aznar en el Gobierno, pero se marchó a la asesoría para ser socia hasta la llegada de Rajoy a la Moncloa en 2011, cuando volvió a Hacienda de la mano del otra vez ministro. Fue subsecretaria de Presupuestos hasta 2016 y posteriormente presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita a Hacienda, hasta la moción de censura. Francisco de Asís Piedras es socio director del despacho, pero previamente, entre otros cargos, también fue director de gabinete de Montoro. José María Romero, director de área económica, fue asesor de Montoro en Bruselas, donde estaba destinado como eurodiputado cuando abrió el despacho.

La lista recorre todos los estamentos de la administración pública relacionada con los impuestos. Altos cargos de la Agencia Tributaria, de la gestión de presupuestos y asesores y jefes de gabinete. Y también ministros, algunos pasados y otros futuros. José María Michavila, ministro de Justicia con Aznar, se asoció con la asesoría aunque no puso dinero, y Luis de Guindos, poco antes de convertirse en el ministro de Economía de todos los gobiernos de Rajoy, también jugó un papel discreto en el arranque del despacho con un 5% del capital de apertura.

Altos cargos que entraron y salieron de Equipo Económico compartieron despacho con otros que después formaron parte del banquillo del caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid. José Manuel Fernández Norniella fue uno de los fundadores y principales accionistas del despacho en sus primeros tres años de vida. Antes había sido secretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato y José María Aznar y su paso por el banco, gastando 185.000 euros con la tarjeta, le costó un año de cárcel.

La vía “más directa” hasta Montoro

El despacho de Cristóbal Montoro, del cual se desvinculó en 2008 tras volver al Congreso de los Diputados, es uno de los ejemplos más concentrados de puerta giratoria en la política española. También de los más expuestos, lo que según el juez de Tarragona no fue un obstáculo para las mayores empresas españolas del sector del gas industrial acudieran a Equipo Económico para buscar línea directa con Cristóbal Montoro y su Ministerio. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda”, dice uno de los correos intervenidos.

El propio Montoro tuvo que referirse al asunto cuando en 2017 la Fiscalía Anticorrupción presentó una primera querella contra su antiguo despacho, un asunto que con los años acabó archivado en los tribunales mientras la segunda causa, que ahora le ha costado la imputación, se abría paso en un juzgado bajo secreto de sumario. “Estando en la oposición entendí que yo no debía estar en ninguna consultora. Por eso vendí las acciones. Para que nadie pudiera decir nunca nada”, dijo ese año en los pasillos del Senado.

Ahora un juez investiga si la puerta giratoria que nació como Montoro y Asociados tuvo su agenda telefónica como principal activo cuando las empresas gasísticas llamaron a su puerta. Pidiendo ayuda para conseguir lo que no había conseguido una consultora del nivel de Ernst&Young: que el Gobierno bajara la factura fiscal del sector.

En la lista de imputados, junto con el propio Montoro, hay nombres que hicieron todas las versiones del viaje. Los que eran altos cargos antes de formar parte del despacho y los que lo fueron tras estar en él. Todos con un denominador común: formaron parte del círculo más estrecho de colaboradores de Montoro. Ahora un juez quiere saber si parte del atractivo de contratar a Equipo Económico residía en que tenían línea directa con su fundador y tenían, incluso, el poder de condicionar la política fiscal de todo el país a demanda de sus clientes.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes el cese “a petición propia” de José Manuel Martínez Malia como director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, quien en marzo del año pasado fue sancionado con la publicación, también en BOJA, en marzo de 2024, de la declaración de incumplimiento en virtud del artículo 16.1 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía.

Dos meses antes de aquella sanción, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) había decidido incoar un procedimiento sancionador a Martínez Malia, nombrado en 2019 director general de Pesca de la Junta, por su vinculación a dos sociedades mercantiles del sector pesquero que recibieron subvenciones públicas de la administración autonómica.

El cese de Martínez Malia aparece recogido en un decreto, con fecha del pasado 14 de mayo y firmado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien hizo la propuesta para la deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de aqul mismo día.

La OAAF consideró que los hechos objetivamente constatados fueron constitutivos de una infracción grave contenida el artículo 15.2.a) de la Ley 3/2005, de 8 de abril, que habla del “incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de las normas sobre incompatibilidades y sobre abstención e inhibición, a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7, respectivamente” de dicha ley.

Martínez Malia respecto a Pesquerías Quintino fue titular del 50%, administrador solidario hasta julio de 2012 y ostentó un poder general hasta mayo de 2023 (momento en que el PSOE denunció los hechos). De Carabina y Farruco, la otra mercantil por la que se le ha investigado, fue titular del 25%, administrador solidario hasta 2012 y su hermano (el otro socio) es administrador único por tiempo indefinido.

La percepción de subvenciones por parte esas dos mercantiles “no constituirían causas de incompatibilidad sino hasta el 2 de julio de 2021” cuando entró en vigor la Ley andaluza 2/2021, que añade el apoderamiento y las mercantiles que reciban subvenciones de provenientes de cualquier administración pública. “La persona investigada, aparentemente, ha incumplido el régimen de incompatibilidades únicamente en lo concerniente a su deber de adaptar su situación patrimonial societaria a partir del momento en que se produjo la reforma legal”, djo la resolución de la OAAF al abrir el expediente sancionador.

El organismo de vigilancia también dio traslado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para que valorara los deberes de abstención del director general de Pesca de la Junta. El departamento dirigido por Fernández-Pacheco declaró la prescripción de la infracción en que presuntamente hubiera incurrido Maila con el dictado de la resolución de 11 de noviembre de 2020 por haber transcurrido más de tres años desde su dictado, acordando el archivo de las actuaciones.

El parlamentario andaluz del PSOE-A y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha sostenido este lunes que, “sin ninguna duda”, el cese “está relacionado con su incumplimiento” de las “normas de incompatibilidades” de altos cargos de la administración andaluza, según recoge Europa Press, algo que desvinculan desde la Junta de Andalucía según ha informado la Cadena SER.

PP i Vox han impedit amb els seus vots la compareixença al Parlament balear de la popular Núria Riera, que exerceix de consellera portaveu de l'equip de govern del Consell de Mallorca, en mans de conservadors i Vox, durant l'horari en què li correspondria exercir les funcions com a cap de servei de l'Executiu autonòmic.

Riera compagina ambdues activitats -amb sospites d'inactivitat en el càrrec com a funcionària per part de l'oposició- malgrat les limitacions que estableix la normativa en matèria de compatibilitats, tal com va informar elDiario.es el mes de juliol passat, cosa que li permet cobrar un total de 127.211 euros anuals de l'erari públic. Una quantitat notablement superior al salari que perceben els presidents autonòmics: només el de la Generalitat de Catalunya, amb 136.177 euros anuals, supera els guanys de Riera. També sobrepassa amb escreix els 90.000 euros que cobra el president del Govern central.

La sol·licitud de la compareixença formulada per l'oposició ha estat rebutjada per vuit vots en contra del PP, Vox i el diputat de Llorenç Córdoba, mentre que ha comptat amb cinc vots a favor del PSIB-PSOE i Més per Mallorca.

El mes de febrer passat -més d'un any després que els grups d'esquerres posessin la lupa sobre les circumstàncies laborals de Núria Riera-, el Govern balear va reprovar per primera vegada que es produeixin situacions d'aquest tipus, sense citar directament el fet que l'alt càrrec compatibilitza tots dos llocs sota la sospita d'absentisme en el seu exercici com a funcionària.

El vicepresident i portaveu del Govern, Antoni Costa, va assenyalar que l'Executiu analitzaria aquesta qüestió “en termes equivalents a com ho faria amb qualsevol altre funcionari” i, a partir d'aquí, trauria “les conclusions pertinents”. Depenent dels resultats d'aquesta anàlisi, no es descarta l'obertura d'altres procediments.

Riera justifica que mai ha rebut “cap informe en contra” ni com a funcionària del Govern balear ni com a consellera insular, malgrat que el problema no rau en el seu paper en cadascuna d'aquestes institucions ni en el fet que ostenti dos càrrecs públics, sinó en la possible vulneració de la Llei de Compatibilitats quant a la manera de conciliar les hores de jornada laboral en ambdós llocs -provocant amb això que suposadament deixi d'exercir les seves funcions com a funcionària en la Direcció General de Funció Pública- i al topall màxim salarial permès en compaginar dos càrrecs públics.

De fet, l'oposició no qüestiona la compatibilitat de la portaveu popular -la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats permet tenir diversos càrrecs públics, encara que amb limitacions-, sinó el fet que pugui estar contravenint aquesta normativa respecte a la manera de compatibilitzar les dues activitats. També recriminen que, quan va decidir reclamar la dedicació parcial al Consell (75%), va haver de sotmetre's als límits horaris i retributius fixats per la Llei.

En aquest sentit, tal com va reconèixer el mateix Govern en una resposta escrita, com a empleada pública estaria obligada a estar, almenys, de 9.00 a 14.00 hores -delimitant al màxim els horaris en l'Executiu autonòmic- en el seu lloc de treball com a funcionària. De complir estrictament amb el 100% de la jornada laboral al seu acompliment en el Govern així com amb el 75% al del Consell, Riera, que en cap moment ha sol·licitat formalment la compatibilitat, hauria de dedicar més de 14 hores diàries a tots dos càrrecs.

PP y Vox han impedido con sus votos la comparecencia en el Parlament balear de la popular Núria Riera, quien ejerce de consellera portavoz del equipo de gobierno del Consell de Mallorca, en manos de conservadores y Vox, durante el horario en que le correspondería desempeñar sus funciones como jefa de servicio del Ejecutivo autonómico.

Riera compagina ambas actividades -con sospechas de inactividad en su cargo como funcionaria por parte de la oposición- a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de compatibilidades, tal como informó elDiario.es el pasado mes de julio, lo que le permite cobrar un total de 127.211 euros anuales del erario público. Una cantidad notablemente superior al salario que perciben los presidentes autonómicos: tan sólo el de la Generalitat de Catalunya, con 136.177 euros anuales, supera las ganancias de Riera. También sobrepasa con creces los 90.000 euros que cobra el presidente del Gobierno.

La solicitud de su comparecencia formulada por la oposición ha sido rechazada por ocho votos en contra de PP, Vox y el diputado Llorenç Córdoba, mientras que ha contado con cinco votos a favor del PSIB-PSOE y Més per Mallorca.

El pasado mes de febrero -más de un año después de que los grupos de izquierdas pusieran la lupa sobre las circunstancias laborales de Núria Riera-, el Govern balear reprobó por primera vez que se produzcan situaciones de este tipo, sin citar directamente el hecho de que la alto cargo compatibiliza ambos puestos bajo la sospecha de absentismo en su desempeño como funcionaria.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, señaló que el Ejecutivo analizaría esta cuestión “en términos equivalentes a como lo haría con cualquier otro funcionario” y, a partir de ahí, sacaría “las conclusiones pertinentes”. Dependiendo de los resultados de ese análisis, no se descarta la apertura de otro tipo de procedimientos.

Riera justifica que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear ni como consellera insular, a pesar de que el problema no radica en su papel en cada una de estas instituciones ni en el hecho de que ostente dos cargos públicos, sino en la posible vulneración de la Ley de Compatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos -provocando con ello que supuestamente deje de ejercer sus funciones como funcionaria en la Dirección General de Función Pública- y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos.

De hecho, la oposición no cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular -la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades permite ostentar varios cargos públicos, aunque con limitaciones-, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo esta normativa respecto al modo de compatibilizar ambas actividades. También recriminan que, cuando decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell (75%), debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley.

En este sentido, tal como reconoció el propio Govern en una respuesta escrita, como empleada pública estaría obligada a estar, al menos, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo como funcionaria. De cumplir estrictamente con el 100% de la jornada laboral a su desempeño en el Govern así como con el 75% al del Consell, Riera, que en ningún momento ha solicitado formalmente la compatibilidad, tendría que dedicar más de 14 horas diarias a ambos cargos.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha confirmat aquest dilluns la obertura d'una investigació interna a la portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, que solapa aquest càrrec amb el de funcionària a l'Executiu, assegurant que “s'actuarà amb ella com es faria amb qualsevol altre funcionari”.

Preguntada pels mitjans durant la presentació de la Palma Culture & Innovation Bay, Prohens ha assenyalat que, a partir d'aquest moment, Riera podrà fer les al·legacions que consideri, encara que ha recordat, en línia del que han expressat altres alts càrrecs del Govern, que la compatibilitat entre tots dos càrrecs no ha estat qüestionada. Un fet, el de la compatibilitat, que no s'ha criticat, sinó el fet que pugui estar contravenint la normativa respecte a la manera de conciliar ambdues activitats, atès que com a funcionària compta amb una dedicació del 100% i com a portaveu popular, del 75%, cosa que l'obligaria a solapar ambdues activitats, incomplint per tant els requitos que en matèria horària estableix la normativa.

Més d'un any després que els grups d'esquerres -PSIB i Més per Mallorca- posessin la lupa sobre les circumstàncies laborals de Riera, que cobra un total de 127.211 euros públics anuals per ambdós càrrecs, l'Executiu autonòmic va reprovar la setmana passada, per primera vegada, situacions d'aquest tipus, sense citar directament el fet que l'alt càrrec compatibilitza tots dos llocs sota la sospita d'absentisme en el seu exercici com a funcionària, una situació de la qual elDiario.es va informar en exclusiva el mes de juliol passat.

Després de les recents publicacions sobre l'abandonament de les seves funcions com a funcionària, el Govern ha decidit obrir una investigació interna per comprovar si Riera compleix els requisits establerts per llei a l'hora de compaginar diverses activitats públiques, tal com va anunciar divendres passat el vicepresident i portaveu del Govern, Antoni Costa, que va puntualitzar que l'Executiu “analitzarà aquesta qüestió en termes equivalents a com ho faria amb qualsevol altre funcionari”. A més, va assenyalar que, depenent dels resultats d'aquesta anàlisi, no es descarta l'obertura d'altres procediments.

Al pas de les acusacions d'absentisme que s'hi aboquen, Riera es va escudar la setmana passada que mai ha rebut “queixes” durant els deu anys que fa que compatibilitza el seu lloc de funcionària amb altres activitats d'àmbit polític. Després d'acusar l'oposició d'impulsar una “cacera” contra la seva persona, la portaveu insular del PP va continuar justificant les circumstàncies laborals: “Fa deu anys que estic en dedicació parcial, i en fa 30 que sóc funcionària de carrera a l'administració autonòmica. Mai he tingut problemes per exercir les meves tasques de representació pública, que és un deure inexcusable que tenim els consellers de cara als mallorquins, i mai he tingut queixes a la meva feina”.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha confirmado este lunes la apertura de una investigación interna a la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, quien solapa este cargo con el de funcionaria en el Ejecutivo, asegurando que “se actuará con ella como se haría con cualquier otro funcionario”.

Preguntada por los medios durante la presentación de la Palma Culture & Innovation Bay, Prohens ha señalado que, a partir de este momento, Riera podrá realizar las alegaciones que considere, aunque ha recordado, en línea de lo expresado por otros altos cargos del Govern, que la compatibilidad entre ambos cargos no ha sido cuestionada. Un hecho, el de la compatibilidad, que no se ha criticado, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo la normativa respecto al modo de conciliar ambas actividades, dado que como funcionaria cuenta con una dedicación del 100% y como portavoz popular, del 75%, lo que la obligaría a solapar ambas actividades, incumpliendo por tanto los requitos que en materia horaria establece la normativa.  

Más de un año después de que los grupos de izquierdas -PSIB y Més per Mallorca- pusieran la lupa sobre las circunstancias laborales de Riera, quien cobra un total de 127.211 euros públicos anuales por ambos cargos, el Ejecutivo autonómico reprobó la semana pasada, por primera vez, que se produzcan situaciones de este tipo, sin citar directamente el hecho de que la alto cargo compatibiliza ambos puestos bajo la sospecha de absentismo en su desempeño como funcionaria, una situación de la que elDiario.es informó en exclusiva el pasado mes de julio.

Tras las recientes publicaciones sobre el abandono de sus funciones como funcionaria, el Govern ha decidido abrir una investigación interna para comprobar si Riera cumple con los requisitos establecidos por ley a la hora de compaginar varias actividades públicas, tal como anunció el pasado viernes el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, quien puntualizó que el Ejecutivo “analizará esta cuestión en términos equivalentes a como lo haría con cualquier otro funcionario” y, a partir de ahí, “sacará las conclusiones pertinentes”. Además, señaló que, dependiendo de los resultados de ese análisis, no se descarta la apertura de otro tipo de procedimientos.

Al paso de las acusaciones de absentismo que se vierten sobre ella, Riera se escudó la semana pasada en que nunca ha recibido “quejas” durante los diez años que lleva compatibilizando su puesto de funcionaria con otras actividades de ámbito político. Tras acusar a la oposición de impulsar una “cacería” contra su persona, la portavoz insular del PP continuó justificando sus circunstancias laborales: “Hace diez años que estoy en dedicación parcial, y hace 30 que soy funcionaria de carrera en la administración autonómica. Nunca he tenido problemas para ejercer mis tareas de representación pública, que es un deber inexcusable que tenemos los consellers de cara a los mallorquines, y nunca he tenido quejas en mi trabajo”.

Més d'un any després que els grups d'esquerres posessin la lupa sobre les circumstàncies laborals de Núria Riera, que solapa el càrrec de consellera portaveu del PP al Consell de Mallorca amb el de cap de servei al Govern balear -pels quals cobra un total de 127.211 euros públics anuals-, l'Executiu autonòmic ha reprovat per primera vegada que es produeixin situacions d'aquest tipus, sense citar directament el fet que l'alt càrrec compatibilitza tots dos llocs sota la sospita d'absentisme en el seu lloc de funcionària, una situació de la qual elDiario.es va informar en exclusiva el mes de juliol passat.

Després de les recents publicacions sobre l'abandonament de les seves funcions com a funcionària, el Govern obrirà una investigació interna per comprovar si Riera compleix els requisits establerts per llei a l'hora de compaginar diverses activitats públiques. Així ho ha anunciat aquest divendres el vicepresident i portaveu del Govern, Antoni Costa, que ha puntualitzat que l'Executiu “analitzarà aquesta qüestió en termes equivalents a com ho faria amb qualsevol altre funcionari” i, a partir d'aquí, “traurà les conclusions pertinents”. A més, ha assenyalat que, depenent dels resultats d'aquesta anàlisi, no es descarta l'obertura d'altres procediments.

Amb tot, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació s'ha reafirmat en les paraules que va manifestar dimecres passat la titular de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, qui, en la compareixença que va efectuar en comissió parlamentària a petició de l'oposició per a donar explicacions sobre aquest assumpte -sol·licitud que van cursar fa sis mesos-, va assegurar que Riera “compleix tots els requisits per a compatibilitzar els treballs que està fent”. Tot i això, no va aclarir si compleix amb el seu horari com a cap de servei, fet que posen en dubte des de Més per Mallorca i PSIB-PSOE, que l'acusen de fitxar al seu lloc com a funcionària per després abandonar-lo i exercir com a portaveu popular al Consell.

“Confirmo que la compatibilitat és legal”, ha remarcat Costa, tot i que l'oposició no qüestiona la compatibilitat de la portaveu popular -la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats permet tenir diversos càrrecs públics, encara que amb aquesta situació, una dedicació del 100% i com a portaveu popular, del 75%, cosa que l'obligaria a solapar les dues activitats, incomplint per tant els requitos que en matèria horària estableix la normativa.

En aquest sentit, el vicepresident sí que ha assenyalat que “una cosa és la compatibilitat i una altra que, donant-se aquesta compatibilitat, no s'hagin complert amb tots els termes de la mateixa”, una situació que, ha afegit, “requereix una anàlisi interna per analitzar la qüestió” atès que “podria no veure's íntegrament respectada la compatibilitat”.

Davant les preguntes dels periodistes, Costa ha manifestat que “aquest tipus de notícies no ajuden el prestigi en general del funcionariat públic”. “Ens agradaria que aquestes notícies no es produïssin, perquè [significaria que] no es produirien aquests fets. No són notícies en positiu”.

Al pas de les acusacions d'absentisme que s'hi aboquen, Riera es va escudar aquest dijous que mai no ha rebut “queixes” durant els deu anys que fa que compatibilitza el seu lloc de funcionària amb altres activitats d'àmbit polític. Després d'acusar l'oposició d'impulsar una “cacera” contra la seva persona, la portaveu insular del PP va continuar justificant les seves circumstàncies laborals: “Fa deu anys que estic en dedicació parcial, i fa 30 que sóc funcionària de carrera a l'administració autonòmica. Mai he tingut problemes per exercir les meves tasques de representació pública, que és un deure inexcusable que tenim els consellers de cara als mallorquins, i mai he tingut queixes en el meu treball”.

Más de un año después de que los grupos de izquierdas pusieran la lupa sobre las circunstancias laborales de Núria Riera, quien solapa su cargo de consellera portavoz del PP en el Consell de Mallorca con el de jefa de servicio en el Govern balear -por los que cobra un total de 127.211 euros públicos anuales-, el Ejecutivo autonómico ha reprobado por primera vez que se produzcan situaciones de este tipo, sin citar directamente el hecho de que la alto cargo compatibiliza ambos puestos bajo la sospecha de absentismo en su desempeño como funcionaria, una situación de la que elDiario.es informó en exclusiva el pasado mes de julio.

Tras las recientes publicaciones sobre el abandono de sus funciones como funcionaria, el Govern abrirá una investigación interna para comprobar si Riera cumple con los requisitos establecidos por ley a la hora de compaginar varias actividades públicas. Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, quien ha puntualizado que el Ejecutivo “analizará esta cuestión en términos equivalentes a como lo haría con cualquier otro funcionario” y, a partir de ahí, “sacará las conclusiones pertinentes”. Además, ha señalado que, dependiendo de los resultados de ese análisis, no se descarta la apertura de otro tipo de procedimientos.

Con todo, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación se ha reafirmado en las palabras que manifestó el pasado miércoles la titular de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, quien, en la comparecencia que efectuó en comisión parlamentaria a petición de la oposición para dar explicaciones sobre este asunto -solicitud que cursaron hace seis meses-, aseguró que Riera “cumple todos los requisitos para compatibilizar los trabajos que está haciendo”. Sin embargo, no aclaró si cumple con su horario como jefa de servicio, hecho que ponen en duda desde Més per Mallorca y PSIB-PSOE, que la acusan de fichar en su puesto como funcionaria para después abandonarlo y ejercer como portavoz popular en el Consell. 

“Confirmo que la compatibilidad es legal”, ha remarcado Costa, a pesar de que la oposición no cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular -la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades permite ostentar varios cargos públicos, aunque con limitaciones-, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo esta normativa respecto al modo de compatibilizar ambas actividades, dado que como funcionaria cuenta con una dedicación del 100% y como portavoz popular, del 75%, lo que la obligaría a solapar ambas actividades, incumpliendo por tanto los requitos que en materia horaria establece la normativa.   

En este sentido, el vicepresidente sí ha señalado que “una cosa es la compatibilidad y otra que, dándose esa compatibilidad, no se hayan cumplido con todos los términos de la misma”, una situación que, ha añadido, “requiere un análisis interno para analizar la cuestión” dado que “podría no verse íntegramente respetada la compatibilidad”. 

Ante las preguntas de los periodistas, Costa ha manifestado que “este tipo de noticias no ayudan al prestigio en general del funcionariado público”. “Nos gustaría que estas noticias no se produjesen, porque [significaría que] no se producirían estos hechos. No son noticias en positivo”.

Al paso de las acusaciones de absentismo que se vierten sobre ella, Riera se escudó este jueves en que nunca ha recibido “quejas” durante los diez años que lleva compatibilizando su puesto de funcionaria con otras actividades de ámbito político. Tras acusar a la oposición de impulsar una “cacería” contra su persona, la portavoz insular del PP continuó justificando sus circunstancias laborales: “Hace diez años que estoy en dedicación parcial, y hace 30 que soy funcionaria de carrera en la administración autonómica. Nunca he tenido problemas para ejercer mis tareas de representación pública, que es un deber inexcusable que tenemos los consellers de cara a los mallorquines, y nunca he tenido quejas en mi trabajo”.

La popular Núria Riera, quien solapa su cargo de consellera portavoz del equipo de gobierno del Consell de Mallorca -en manos de conservadores y Vox- con el de jefa de servicio del Ejecutivo autonómico a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de incompatibilidades se ha escudado en que nunca ha recibido “quejas” durante los diez años que lleva compatibilizando su puesto de funcionaria con otras actividades de ámbito político.

Tal como informó elDiario.es el pasado mes de julio, Riera compagina ambas actividades -con sospechas de inactividad en su cargo como funcionaria por parte de la oposición-, lo que le permite cobrar un total de 127.211 euros anuales del erario público. Riera justificó entonces que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear (donde posee una dedicación del 100%) ni como consellera insular (75%), a pesar de que el problema no radica en el hecho de que ostente dos cargos públicos, sino en la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos.

En declaraciones a los medios durante el pleno del Consell de Mallorca, que ha rechazado además, con los votos de PP y Vox, debatir una moción del PSIB-PSOE para tratar de urgencia este asunto, ha acusado a los partidos de la oposición de emprender una “cacería” contra su persona después de que les hayan “salido mal” las incoadas contra el presidente del Consell de Eivissa, Vicenç Marí -quien fue investigado por presuntos delitos de prevaricación, conflicto de interés, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, coacciones y trato denigrante a una funcionaria, causa que en diciembre fue sobreseída provisionalmente-, y contra el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez -a quien un grupo de funcionarios denunciaron por supuestamente intentar agredir al jefe de Inspección de su departamento, unas pesquisas que el pasado martes archivó el propio Consell.

“Hace diez años que estoy en dedicación parcial, y hace 30 que soy funcionaria de carrera en la administración autonómica. Nunca he tenido problemas para ejercer mis tareas de representación pública, que es un deber inexcusable que tenemos los consellers de cara a los mallorquines, y nunca he tenido quejas en mi trabajo”, ha recalcado en los pasillos del Consell. Este miércoles, en comisión parlamentaria, el Govern balear del PP, a través de su consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, salió en defensa de la portavoz popular, alegando que “cumple todos los requisitos para compatibilizar los trabajos que está haciendo”.

Sin embargo, Estarellas, quien compareció en comisión parlamentaria a petición de la oposición para dar explicaciones sobre este asunto, no aclaró si Riera cumple con su horario como jefa de servicio, hecho que ponen en duda desde Més per Mallorca y PSIB-PSOE, que la acusan de fichar en su puesto como funcionaria para después abandonarlo y ejercer como portavoz popular en el Consell. No en vano, Riera tenía previsto atender a los medios a las 11.45 horas de este mismo miércoles en la sede de esta institución, aunque, finalmente, no hizo acto de presencia en la rueda de prensa alegando “motivos personales” y fue el portavoz adjunto del partido en la institución insular, Bernat Vallori, quien compareció en su lugar.

La oposición no cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular -la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades permite ostentar varios cargos públicos, aunque con limitaciones-, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo esta normativa respecto al modo de compatibilizar ambas actividades. También recriminan que, cuando decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell (75%), debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley.

En este sentido, tal como reconoció el propio Govern en una respuesta escrita, como empleada pública estaría obligada a estar, al menos, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo como funcionaria. De cumplir estrictamente con el 100% de la jornada laboral a su desempeño en el Govern así como con el 75% al del Consell, Riera, que en ningún momento ha solicitado formalmente la compatibilidad, tendría que dedicar más de 14 horas diarias a ambos cargos.

Durante el pleno del Consell de este jueves, el portavoz adjunto socialista, Javier de Juan, ha comenzado contundente su alocución: “Dedicaré mi primer minuto a hablar del caso Riera, que es fácil de explicar: se llama codicia. Todo empieza porque para ella el 50% de dedicación parcial era poco -históricamente las dedicaciones parciales en el Consell han sido de media jornada- y forzó el 75%”, ha manifestado.

Asimismo, ha recriminado que Riera no haya solicitado la previa y expresa autorización de compatibilidad -que informes de distintas corporaciones españolas y guías prácticas en materia de incompatibilidades establecen como requisito indispensable para compaginar varias actividades públicas: “Usted no ha pedido la compatibilidad porque no quiere que el informe certifique que usted puede ser compatible, pero con dos limitaciones: el horario y el sueldo. La compatibilidad le dirá que no puede ejercer el cargo de portavoz por las mañanas, y eso no es posible si quiere hacerlo mínimamente bien”, ha aseverado De Juan.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha considerado que la moción de reprobación instada por el PP para que la oposición pida perdón a Marcial Rodríguez tras el archivo de su causa, en lugar de ir dirigida al conseller de Turismo “debería ir contra Riera”. “Si esta sala tiene que poner nombre y apellidos a un cese es el de la portavoz del PP”, ha agregado el ecosoberanista, quien ha aseverado que Riera no tiene “tiempo material” para cumplir con los horarios de sus dos puestos de trabajo y, para ejercer su labor como portavoz, “abandona” su puesto como funcionaria. “Y tiene dos salarios públicos mientras mucha gente no puede pagar el alquiler”, ha sentenciado.

El Govern balear del PP ha sortit aquest dimecres en defensa de la popular Núria Riera, qui exerceix de consellera portaveu de l'equip de govern del Consell de Mallorca, en mans de conservadors i Vox, durant l'horari en què li correspondria exercir les seves funcions com a cap de servei de l'Executiu autonòmic. Riera compagina les dues activitats -amb sospites d'inactivitat en el càrrec com a funcionària per part de l'oposició- malgrat les limitacions que estableix la normativa en matèria de compatibilitats, tal com va informar en exclusiva elDiario.es el passat mes de juliol, cosa que li permet cobrar un total de 127.211 euros anuals de l'erari públic. Una quantitat notablement superior al salari que perceben els presidents autonòmics: només el de la Generalitat de Catalunya, amb 136.177 euros anuals, supera els guanys de Riera. També sobrepassa amb escreix els 90.000 euros que cobra el president del Govern central.

Riera va justificar llavors que mai ha rebut “cap informe en contra” ni com a funcionària del Govern balear ni com a consellera insular, a pesar que el problema no radica en el seu paper en cadascuna d'aquestes institucions ni en el fet que ostenti dos càrrecs públics, sinó en la possible vulneració de la Llei de Compatibilitats quant al mode de conciliar les hores de jornada laboral en tots dos llocs -provocant amb això que suposadament deixi d'exercir les seves funcions com a funcionària en la Direcció General de Funció Pública- i al topall màxim salarial permès en compaginar dos càrrecs públics.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, que ha comparegut aquest matí en comissió parlamentària a petició de l'oposició per donar explicacions sobre aquest assumpte, ha justificat la tasca de Riera assegurant que “compleix tots els requisits per compatibilitzar els treballs que està fent”. Tot i això, no ha aclarit si cada dia va a treballar al seu lloc al Govern com a cap de servei, fet que posen en dubte des de Més per Mallorca i PSIB-PSOE, que l'acusen de fitxar al seu lloc com a funcionària per després abandonar la seva tasca i exercir com a portaveu popular al Consell. No en va, Riera tenia previst atendre els mitjans a les 11.45 hores d'aquest mateix dimecres en la seu d'aquesta institució, encara que, finalment, no ha fet acte de presència en la roda de premsa al·legant “motius personals” i ha estat el portaveu adjunt del partit en la institució insular, Bernat Vallori, qui ha comparegut en el seu lloc.

L'oposició no qüestiona la compatibilitat de la portaveu popular -la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats permet ostentar diversos càrrecs públics, encara que amb limitacions-, sinó el fet que pugui estar contravenint aquesta normativa respecte al mode de compatibilitzar totes dues activitats. També recriminen que, quan va decidir reclamar la dedicació parcial al Consell (75%), degué sotmetre's als límits horaris i retributius fixats per la Llei.

En aquest sentit, tal com va reconèixer el propi Govern en una resposta escrita, com a empleada pública estaria obligada a estar, almenys, de 9.00 a 14.00 hores -delimitant al màxim els horaris en l'Executiu autonòmic- en el seu lloc de treball en l'Executiu. De complir estrictament amb el 100% de la jornada laboral a la seva labor en el Govern així com amb el 75% a la del Consell, Riera, que en cap moment ha sol·licitat formalment la compatibilitat, hauria de dedicar més de 14 hores diàries a totes dues dedicacions.

Durant la seva intervenció, Estarellas ha explicat que el 20 de juliol del 2023 Riera va comunicar a la Unitat de Recursos Humans de la seva Conselleria -de la qual depèn el seu lloc de treball- que havia estat elegida consellera insular, que ocuparia aquest càrrec en règim de dedicació parcial i que continuaria activa com a cap de servei al Govern. “Res que no hagi passat abans i que no s'adeqüi a la legalitat vigent”, ha remarcat la consellera, que ha asseverat que Riera “està subjecta a un horari, presenta i justifica els seus permisos i se li fa el mateix control que sobre tots els treballadors del Govern”. Amb tot, ha manifestat que té els seus treballadors, “per desgràcia, distribuïts en cinc edificis diferents”: “¿De debò he d'anar jo a controlar els funcionaris de cadascun dels cinc edificis a veure què fan i deixen de fer després?”.

El PP: “Està sent lapidada i sense poder defensar-se”

Per la seva banda, la diputada del PP Cristina Gil ha criticat que “els senyors de l'esquerra s'esquincin les vestidures ara que són a l'oposició, perquè la portaveu del grup popular al Consell de Mallorca no fa ni més ni menys que el que han fet altres portaveus abans de la senyora Riera. Com tants altres, però en aquest cas lapidada i sense poder defensar-se”.

En aquest sentit, tant la consellera com el grup parlamentari popular han fet referència a la tasca que duia a terme, durant la passada legislatura, el llavors portaveu socialista al Consell, Andreu Alcover, que va compaginar aquest lloc amb un altre càrrec públic, el de gerent al departament Economia i Projectes Institucionals de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Tot i això, la diferència rau en què Alcover sí que va sol·licitar la compatibilitat, en què aquesta li va ser concedida per la institució educativa, en què en cap moment va augmentar la seva dedicació parcial al Consell al 75% i en què la UIB li permetia tenir un horari flexible, al contrari que en el cas de Riera, que en cap moment ha mostrat la seva fitxa horària malgrat les contínues peticions de l'oposició.

Tot i això, Estarellas ha defensat que des del Govern “sempre hem respost amb total transparència a allò que ens han demanat”. En total, s'han referit a cinc sol·licituds de documentació i a quatre preguntes amb resposta escrita en què s'ha inquirit sobre l'autorització de compatibilitat pels seus horaris, pel control del seu lloc com a cap de servei i consellera insular i pel seu sou.

L'oposició: “Riera exerceix de portaveu havent fitxat com a funcionària”

Des de l'oposició, el portaveu adjunt socialista, Marc Pons, ha recriminat que Riera “s'estigui beneficiant del càrrec per obtenir un benefici propi”, ateses les quantitats econòmiques que li permet obtenir la compatibilitat. “No qüestionem que tingui dret a compatibilitzar, però vostè té l'obligació d'actuar”, ha remarcat dirigint-se a la consellera Estarellas, a qui ha preguntat “si pot garantir que Riera sempre ha complert el seu horari”. “El problema” -ha precisat- “és que deixa la feina a què s'ha de dedicar al 100% i es dedica a altres coses. D'això no hi ha cap precedent”.

En aquesta mateixa línia, la parlamentària de Més per Mallorca Maria Ramon ha apuntat al suposat incompliment horari de Riera atès que “durant l'exercici de les seves funcions com a funcionària fa la seva feina com a portaveu”. L'ecosobiranista ha recordat dues ocasions en què la consellera insular del PP va comparèixer en rodes de premsa com a portaveu popular al Consell, havent fitxat hores abans al seu lloc de treball a l'administració autonòmica. “Per això demanem el control horari, per comprovar si compatibilitza o no les dues funcions que té”, ha insistit.

Estarellas, en el segon i tercer torn de paraula, ha assegurat a l'oposició que complirà i demanarà que es controli tant el compliment de l'horari de Riera com de la resta de funcionaris. “Encara que no tinc constància de cap irregularitat”, ha reiterat.

Limitacions establertes per la Llei

Cal assenyalar que la Llei permet compatibilitzar dos càrrecs públics, però amb limitacions, que serien les que Riera estaria incomplint. En concret, l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques faculta els membres de les corporacions locals compaginar ambdues activitats, llevat que alguna d'elles estigui retribuïda en règim de dedicació exclusiva. No obstant això, la normativa precisa que en aquests supòsits de compatibilitat només es pot percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats, sense perjudici de les dietes, les indemnitzacions o les assistències que corresponguin per l'altre càrrec. No és el cas de Riera.

El mateix article afegeix -i aquí tornaria a emparar-se la consellera- una excepció a l'anterior. Sota el paraigua de l'article 75 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), la normativa faculta aquests membres en situació de dedicació parcial a percebre retribucions per ambdós càrrecs sempre que una de les dues activitats l'exerceixin fora de la jornada de treball de l'altra i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter general es puguin establir.

En el cas de Riera, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques va assenyalar en una resposta escrita a petició del Grup Parlamentari Socialista que, a l'efecte del règim d'incompatibilitats, es considera “horari de treball a l'Administració autonòmica la franja situada entre les 8.00 i les 15.30 hores”, amb una jornada fixa de 9.00 a 14.00 hores cada dia i certa flexibilitat horària entre les 7.30 i les 9.00 així com entre les 14.00 i les 16.30, sempre que dugui a terme la totalitat de les hores setmanals.

El Govern balear del PP ha salido este miércoles en defensa de la popular Núria Riera, quien ejerce de consellera portavoz del equipo de gobierno del Consell de Mallorca, en manos de conservadores y Vox, durante el horario en que le correspondería desempeñar sus funciones como jefa de servicio del Ejecutivo autonómico. Riera compagina ambas actividades -con sospechas de inactividad en su cargo como funcionaria por parte de la oposición- a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de compatibilidades, tal como informó en exclusiva elDiario.es el pasado mes de julio, lo que le permite cobrar un total de 127.211 euros anuales del erario público. Una cantidad notablemente superior al salario que perciben los presidentes autonómicos: tan sólo el de la Generalitat de Catalunya, con 136.177 euros anuales, supera las ganancias de Riera. También sobrepasa con creces los 90.000 euros que cobra el presidente del Gobierno.

Riera justificó entonces que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear ni como consellera insular, a pesar de que el problema no radica en su papel en cada una de estas instituciones ni en el hecho de que ostente dos cargos públicos, sino en la posible vulneración de la Ley de Compatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos -provocando con ello que supuestamente deje de ejercer sus funciones como funcionaria en la Dirección General de Función Pública- y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos.

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, quien ha comparecido esta mañana en comisión parlamentaria a petición de la oposición para dar explicaciones sobre este asunto, ha justificado la labor de Riera asegurando que “cumple todos los requisitos para compatibilizar los trabajos que está haciendo”. Sin embargo, no ha aclarado si cumple con su horario como jefa de servicio, hecho que ponen en duda desde Més per Mallorca y PSIB-PSOE, que la acusan de fichar en su puesto como funcionaria para después abandonarlo y ejercer como portavoz popular en el Consell. No en vano, Riera tenía previsto atender a los medios a las 11.45 horas de este mismo miércoles en la sede de esta institución, aunque, finalmente, no ha hecho acto de presencia en la rueda de prensa alegando “motivos personales” y ha sido el portavoz adjunto del partido en la institución insular, Bernat Vallori, quien ha comparecido en su lugar.

La oposición no cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular -la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades permite ostentar varios cargos públicos, aunque con limitaciones-, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo esta normativa respecto al modo de compatibilizar ambas actividades. También recriminan que, cuando decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell (75%), debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley.

En este sentido, tal como reconoció el propio Govern en una respuesta escrita, como empleada pública estaría obligada a estar, al menos, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo como funcionaria. De cumplir estrictamente con el 100% de la jornada laboral a su desempeño en el Govern así como con el 75% al del Consell, Riera, que en ningún momento ha solicitado formalmente la compatibilidad, tendría que dedicar más de 14 horas diarias a ambos cargos.

Durante su intervención, Estarellas ha explicado que el 20 de julio de 2023 Riera comunicó a la Unidad de Recursos Humanos de su Conselleria -de la que depende su puesto- que había sido elegida consellera insular, que ocuparía este cargo en régimen de dedicación parcial y que continuaría activa como jefa de servicio en el Govern. “Nada que no haya pasado antes y que no se adecue a la legalidad vigente”, ha remarcado la consellera, quien ha aseverado que Riera “está sujeta a un horario, presenta y justifica sus permisos y se le hace el mismo control que sobre todos los trabajadores del Govern”. Con todo, ha manifestado que tiene a sus trabajadores, “por desgracia, distribuidos en cinco edificios diferentes”: “¿En serio tengo que ir yo a controlar a los funcionarios de cada uno de los cinco edificios a ver qué hacen y dejan de hacer después?”. 

El PP: “Está siendo lapidada y sin poder defenderse”

Por su parte, la diputada del PP Cristina Gil ha criticado que “los señores de la izquierda se rasguen las vestiduras ahora que están en la oposición, porque la portavoz del grupo popular en el Consell de Mallorca no hace ni más ni menos que lo que han hecho otros portavoces antes de la señora Riera. Como tantos otros, pero en este caso lapidada y sin poder defenderse”.

En este sentido, tanto la consellera como el grupo parlamentario popular han hecho referencia a la labor que llevaba a cabo, durante la pasada legislatura, el entonces portavoz socialista en el Consell, Andreu Alcover, quien compaginó este puesto con otro cargo público, el de gerente en el departamento Economía y Proyectos Institucionales de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que era su principal centro de trabajo. Sin embargo, la diferencia estriba en que Alcover sí solicitó la compatibilidad, en que ésta le fue concedida por la institución educativa, en que en ningún momento aumentó su dedicación parcial en el Consell al 75% y en que la UIB le permitía tener un horario flexible, al contrario que en el caso de Riera, que en ningún momento ha mostrado su ficha horaria pese a las continuas peticiones de la oposición.

Pese a ello, Estarellas ha defendido que desde el Govern “siempre hemos respondido con total transparencia a aquello que nos han pedido”. En total, se ha referido a cinco solicitudes de documentación y a cuatro preguntas con respuesta escrita en las que se ha inquirido sobre la autorización de compatibilidad por sus horarios, por el control de su lugar como jefa de servicio y consellera insular y por su sueldo.

La oposición: “Riera ejerce de portavoz habiendo fichado como funcionaria”

Desde la oposición, el portavoz adjunto socialista, Marc Pons, ha recriminado que Riera “se esté beneficiando de su cargo para obtener un beneficio propio”, dadas las cantidades económicas que le permite obtener la compatibilidad. “No cuestionamos que tenga derecho a compatibilizar, pero usted tiene la obligación de actuar”, ha remarcado dirigiéndose a la consellera Estarellas, a quien ha preguntado “si puede garantizar que Riera ha cumplido con su horario siempre”. “El problema” -ha precisado- “es que deja el trabajo al que se tiene que dedicar al 100% y se dedica a otras cosas. De eso no hay ningún precedente”.

En esta misma línea, la parlamentaria de Més per Mallorca Maria Ramon ha apuntado al supuesto incumplimiento horario de Riera dado que “durante el ejercicio de sus funciones como funcionaria hace su trabajo como portavoz”. La ecosoberanista ha recordado dos ocasiones en las que la consellera insular del PP compareció en ruedas de prensa como portavoz popular en el Consell, habiendo fichado horas antes en su puesto de trabajo en la administración autonómica. “Por eso pedimos el control horario, para comprobar si compatibiliza o no las dos funciones que tiene”, ha insistido.

Estarellas, en su segundo y tercer turno de palabra, ha asegurado a la oposición que cumplirá y pedirá que se controle tanto el cumplimiento del horario de Riera como del resto de funcionarios. “Aunque no tengo constancia de ninguna irregularidad”, ha reiterado.

Limitaciones establecidas por la Ley

Cabe señalar que la Ley permite compatibilizar dos cargos públicos, pero con limitaciones, que serían las que Riera estaría incumpliendo. En concreto, el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas faculta a los miembros de las Corporaciones locales compaginar ambas actividades, salvo que alguna de ellas se encuentre retribuida en régimen de dedicación exclusiva. Sin embargo, la normativa precisa que en tales supuestos de compatibilidad únicamente podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por el otro cargo. No es el caso de Riera.

El mismo artículo añade -y aquí volvería a ampararse la consellera- una excepción a lo anterior. Bajo el paraguas del artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la normativa faculta a tales miembros en situación de dedicación parcial a percibir retribuciones por ambos cargos siempre que una de las dos actividades la desempeñen fuera de la jornada de trabajo de la otra y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general pudieran establecerse en su caso.

En el caso de Riera, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, de la que depende el puesto que ocupa en el Govern, señaló en una respuesta escrita a petición del Grupo Parlamentario Socialista que, al efecto del régimen de incompatibilidades, se considera “horario de trabajo en la Administración autonómica la franja situada entre las 8.00 y las 15.30 horas”, con una jornada fija de 9.00 a 14.00 horas cada día y cierta flexibilidad horaria entre las 7:30 y las 9.00 así como entre las 14.00 y las 16.30, siempre y cuando lleve a cabo la totalidad de sus horas semanales.

Se da la circunstancia de que Riera, en agosto de 2017, protagonizó una sonora polémica al aprovechar una excedencia como funcionaria para reclamar, como diputada del Parlament balear, la retribución por dedicación exclusiva, percibiendo cerca de 3.000 euros, pese a que ese mes es inhábil en la Cámara autonómica. Riera se acogió al derecho que entonces tenían los parlamentarios de cobrar la dedicación exclusiva si compatibilizaban su trabajo en la Cámara con otra actividad. En declaraciones a Diario de Mallorca, justificó que se trataba de una decisión “por una cuestión personal”. Podemos reclamó su dimisión y el PSIB le instó a “devolver el dinero cobrado de más”. Nada de eso sucedió.

Nuevo posible conflicto de intereses en la Junta de Extremadura. La empresa Atakama Creatividad Cultural, de la que fue socio y administrador único el secretario general de Cultura en el Gobierno de María Guardiola, Francisco Palomino, es una de las tres candidatas para gestionar el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ha salido a concurso por 15,5 millones (dos años prorrogables otros dos).

Palomino se convirtió en el número dos de la Consejería de Cultura en agosto de 2023, por lo que tuvo que cesar en la empresa, y vendió todas sus participaciones a una socia. Ahora Atakama se ha unido a la productora extremeña Gestión y Organización Global, la firma malagueña Festivals Amo, dedicada a la producción, diseño y estudios de mercado de festivales de artes escénicas y a la madrileña Infraestructura y Desarrollo de Espectáculos y Acontecimientos para crear una Unión Temporal de Empresas (UTE) y presentarse al concurso abierto por el consorcio del festival, del que forman parte la Junta de Extremadura, las diputaciones de Badajoz y Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y el Ministerio de Cultura.

Para hacerse con la organización hay otras dos candidatas: otra UTE integrada por la empresa Marquite, perteneciente al grupo Marquina, que gestiona en Madrid el Teatro Marquina y el Príncipe Gran Vía; la agencia de comunicación, organización y producción de eventos Eventisimo; y la productora audiovisual y teatral Okapi, todas ellas con sede en Madrid.

La otra aspirante a hacerse con la gestión del festival es la productora Pentación, del empresario Jesús Cimarro, que lleva desde 2012 al frente del certamen que cada verano se celebra en el Teatro Romano de Mérida.

Abstención en la adjudicación

No sería la primera vez que Palomino se puede ver envuelto en un conflicto de intereses por su procedencia del sector privado. El pasado abril se conoció que había tenido que inhibirse en la adjudicación de tres convocatorias de ayudas de la Consejería de Cultura.

Esta situación volverá a producirse ahora porque, según explican desde la Junta de Extremadura a elDiario.es Extremadura, Francisco Palomino se abstendrá de participar en el Consejo Rector del Patronato del Festival de Mérida donde se adjudique la propuesta ganadora que traslade la mesa de contratación, “de la que no forma parte”, al estar compuesta por personal técnico y funcionario.

Pero el Ejecutivo también ha puntualizado que las empresas “no pueden tener un lastre a la hora de poder presentarse a licitaciones públicas como esta, siempre que se cuide, como es el caso, que no haya ningún conflicto de intereses y que, para mayor garantía de imparcialidad, se produzca una abstención para no influir en la adopción de decisiones, tal y como marca la ley”. “La Junta velará siempre por el cumplimiento de la normativa y el respeto tanto a la ecuanimidad -que debe imperar en los procesos de licitación- como a la libertad y el derecho de las empresas a la hora de presentarse a los concursos públicos”, finaliza el correo electrónico enviado como respuesta a las preguntas de este periódico.

Menos transparencia

Hay que tener en cuenta que PP y Vox pactaron menos transparencia en Extremadura cuando aún eran socios de Gobierno. Ambas formaciones arrebataron a la Asamblea de Extremadura la posibilidad de controlar posibles conflictos intereses de los altos cargos al eliminar la obligatoriedad de comparecer de forma previa a sus nombramientos, que antes tenían que pasar por las comisiones para informar a los diputados de todos los grupos políticos de forma previa a su nombramiento.

El PSOE se ha referido a esta situación y ha denunciado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, “normalice” el conflicto de intereses al “encargar la gestión del interés público a personas con intereses particulares”. En concreto el portavoz socialista, José María Vergeles, se ha referido a que forme parte del Gobierno regional “un consejero que ha pertenecido a una empresa como Telefónica -en alusión a Guillermo Santamaría- o que el secretario general de la Consejería de Cultura, José Luis Gil Soto, presente como escritor los actos del Día del Libro”.

“Y lo que es más grave, que una consejera que tiene un pozo ilegal en Almendralejo sea la encargada de gestionar el proyecto de Regadío de Tierra de Barros, uno de los proyectos más importantes para la región”, ha añadido en referencia a la titular de Agricultura, Mercedes Morán.

Por ello, a juicio del PSOE de Extremadura, la presidenta de la Junta es especialista en nombrar cargos que son “jueces y parte” en los proyectos que gestionan.