La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas –Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar– está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado, aunque habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para saber si salen de la causa.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ido concediendo prórrogas de seis meses en un caso que estalló en 2023, cuando la Guardia Civil precintó estos puntos de extracción después de que inicialmente les cerrasen las puertas de la hacienda. El plazo de la última expiró este domingo, 8 de marzo, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se volviera a conceder por la “especial complejidad” del caso, algo que el magistrado ha denegado pese a que la defensa no se oponía.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor argumenta que considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, y avanza que lo único que queda es la “ratificación pericial” que solicita la defensa, con la comparecencia como testigo del autor del contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. El instituto armado cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido con estas extracciones sin licencia, a lo que habría que sumar alrededor de otro millón en concepto de daño ambiental.

Imputado hasta la fecha un sobrino

El testimonio de este perito, fijado para el 21 de abril, sería el único pendiente antes de cerrar la instrucción. De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, tal y como solicitó inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda a tiro de piedra de Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.

Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro de este consejo en representación de su progenitor, que se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

Precisamente, al figurar como presidenta de esta compañía al descubrirse los hechos, la primera imputada en la causa fue Eugenia Martínez de Irujo, aunque el magistrado la excluyó posteriormente al atender el argumento de la defensa de que la administración de la finca la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, que no obstante cuando declaró se escudó en que no estaba al tanto de la gestión del día a día. En la actualidad figura como secretario del consejo desde diciembre de 2023, pocos meses después de la denuncia de la Fiscalía, tras una reunión del consejo de administración en la que asumió la presidencia Cayetano Martínez de Irujo.

Se acogió a su derecho a no declarar

Fue el propio juez el que le hizo saber a la fiscal que, en función de lo que se imputase a Eurotécnica Agraria (responsabilidad penal o civil subsidiaria), citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. En este sentido, recordó que, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se apuntaba a que la compañía es responsable penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, en este caso Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se optaba por esta vía, aclaró.

Finalmente, la Fiscalía tomó el camino de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga en base a este artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acto duró unos minutos, en los que se le informó de que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente”, acogiéndose a su derecho a no declarar y remitiéndose a lo que declaró en febrero de 2025, cuando fue citado en su calidad de persona física investigada.

La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. En un oficio remitido en su día al juzgado, se subrayaba que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Una tarea que, insistía, se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

Deniega que testifiquen los denunciantes

De esta manera, los hermanos del duque de Alba eluden tener que pasar por el juzgado, al que ya sólo acudirá como testigo (o lo hará de manera telemática) el perito que hizo el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, en el que llegaba a alegar que estos pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. De hecho, la defensa acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle daños a su juicio inexistentes, ya que defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.

Eso sí, el magistrado ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, que solicitaba que declarase otro de sus peritos, el que hizo un análisis sobre las dotaciones de riego reales, producciones obtenidas y rentabilidad económica de los cultivos de cítricos. Asimismo, el instructor tampoco permite la declaración de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.

Gloria María Martín Valcárcel (Madrid, 1979) tomó posesión como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en julio del año pasado, pero ya conocía de sobra el paño: entró en 2006 en el organismo (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 cumplirá un siglo) y ocupó varios cargos, incluido el de secretaria general desde 2019.

Destaca que tras tanta borrasca las reservas viven su mejor momento desde 2014, reitera que no se van a dar más permisos de riego y reconoce que al Guadalquivir ya no le cabe ningún nuevo embalse más allá de los dos pendientes. Y sobre los pozos sin licencia de la Casa de Alba, lanza un mensaje: “En este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro”.

¿Cuánta agua ha dejado en la cuenca la sucesión de temporales que hemos tenido?

Después de este enjambre de borrascas hemos aumentado unos 2.700 hectómetros cúbicos de reservas y tenemos en total 8.000, lo que supone que estamos al 80% aproximadamente de capacidad. Veníamos de una situación en la que estábamos al 40% y hemos subido al 80% en mes y medio.

¿Para cuánto tiempo hay agua garantizada entonces?

Para abastecimiento tenemos tres años seguro. El regadío, que es el 86% de la demanda del Guadalquivir, tiene dos años prácticamente garantizados en su totalidad, el tercero ya dependerá mucho de cómo se produzcan las precipitaciones en estos dos o tres años. Pero un par de años sí que podemos decir que van a ser campañas bastante potentes.

A su predecesor le tocó gestionar la miseria de la sequía y a usted afrontar la abundancia...

Bueno, con la sequía era secretaria general de la Confederación, así que también la sufrí, porque además estuvimos trabajando en los decretos en los que se establecían ayudas a los usuarios. Hace un par de años hubo restricciones del 80 y el 90% en el regadío, prácticamente se daba agua sólo para salvar la arboleda y poco más. Pero sí, la situación ha dado un giro radical, hemos pasado de riegos de emergencia para intentar salvar la arboleda a tener zonas en las que el agua llegó hasta las copas de los árboles.

¿Hubo algún momento especialmente delicado en estos días de borrascas, de asustarse de verdad?

Ha sido un mes muy complicado y el problema fue que ocurrió en toda la cuenca, no hubo un único sitio que hubiese que vigilar especialmente, y sí que hubo situaciones concretas preocupantes. Pero estuvimos alerta, el daño habría sido mucho mayor si no hubiéramos actuado de forma preventiva y anticipada y en coordinación con el resto de administraciones. Pero sí, hubo unos cuantos sitios en toda la cuenca con bastante incidencia y con desalojos: Los Puentes en Jaén, en Huétor Tájar en Granada, en Córdoba, en Sevilla... 

Aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables. Este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional

¿Los problemas principales se han vuelto a producir en zonas que son inundables pero en las que se sigue construyendo?

No es cuestión de que se siga construyendo o no, es que son zonas inundables y sabíamos que los daños se iban a producir ahí, tienen problemas recurrentemente. Aun así, en algunas zonas se ha conseguido mitigar, como en Villanueva de la Reina en Jaén, donde los daños han sido mucho menores porque el Ayuntamiento ha hecho actuaciones.

¿Pero sigue habiendo mucho construido en zonas inundables?

Son zonas concretas que están en el plan de gestión de riesgo de inundación, pero eso lleva su tramitación, su periodo de información pública y hablamos de zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Eso quiere decir que es inundable aquello que se pueda inundar con un evento que pueda pasar una vez cada 500 años. El evento que ha pasado ahora ha sido aproximadamente en toda la cuenca de un T10, de diez años: aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables, si no se han inundado ahora no significa que no sean inundables. Porque este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional. El periodo de retorno de diez años no es el de 500 todavía, ni mucho menos.

En este sentido, ¿qué posición tiene la Confederación en relación con Tablada en Sevilla, es una zona inundable? Porque ahora no se ha inundado y ya se ha vuelto a reabrir el debate sobre su posible urbanización.

Sí, porque está dentro de los mapas de áreas con riesgo significativo e inundables, su carácter sólo podría cambiar si se revisan esos mapas, no cuando ocurra un episodio excepcional y se inunden o no. Lo que queda claro es que los episodios excepcionales no marcan las zonas inundables. Ahora tenemos imágenes por satélite de gran parte de la cuenca, precisamente estamos cotejando nuestros mapas con esas zonas inundadas. Estos episodios lo que sí nos valen mucho es para mejorar el conocimiento y comprobar y calibrar nuestros modelos.

Entonces, ¿la Confederación considera que Tablada se tiene que quedar como está?

Todas las zonas inundables deben respetar los usos permitidos en las zonas inundables. Creo que ya lo hemos dicho muy claro.

Tras el tren de borrascas han vuelto a surgir de nuevo voces diciendo que se desperdicia todo el agua que no se embalsa, ¿qué opinión le merece?

Bueno, es que no podemos poner el doble de embalses en la cuenca. Ahí todavía quedan dos proyectos que están en el Plan Hidrológico y que se está avanzando, que son las presas de San Calixto (entre Puente Genil y Écija) y de Cerrada de la Puerta (en Jaén, cerca de la provincia de Granada). En San Calixto hay un proyecto que se está actualizando y se va a adjudicar en las próximas semanas, con Cerrada de la Puerta también se está trabajando para licitar la redacción del proyecto. Estas son las dos grandes presas que quedan y que permitirán afianzar la garantía de la cuenca y también laminar las avenidas, como ha ocurrido con los 49 embalses principales que tenemos y que han conseguido laminar todo lo que ha llovido. Pero agua por los ríos tiene que correr, porque se tienen que mantener los ecosistemas y el estuario, que eso también es importante. No es agua que se pierde, por supuesto. Y hemos almacenado 2.700 hectómetros, desde 2014 no teníamos las reservas como ahora.

Al margen de estas dos, ¿al Guadalquivir ya no le caben más presas?

Es que esto no es una cuestión de si queremos una presa o no, sino que para construir un embalse hace falta un sitio acorde y una tramitación ambiental, no es tan fácil. Es difícil ya encontrar un proyecto viable para una gran presa en la cuenca del Guadalquivir. 

En la cuenca del Guadalquivir hay 900.000 hectáreas de regadío, el 25% de toda la zona regable de España, y no se dan nuevos permisos desde 2005. ¿Está previsto replantearse esa política?

¿Por un episodio de lluvias de un mes? No se van a dar porque no puede ser de otra manera, la cuenca se encuentra en una situación ya muy tensionada, con un déficit estructural de unos 200 hectómetros cúbicos. No es posible dar nuevas autorizaciones y nuevas superficies de riego salvo lo que ya está planificado, y creo que los usuarios en general lo saben y lo defienden en muchos casos: lo que hay que hacer es mantener lo que hay en la cuenca. En un contexto de incertidumbre, de cambio climático, creemos que ahora el problema es la garantía, hay un déficit que ya hemos sobrepasado.

¿Y no hay posibilidad de crecer con aguas regeneradas?

En el Guadalquivir no es fácil, eso tiene más sentido en la costa. Aquí realmente, si el agua de la depuradora llega a un cauce, se utiliza aguas abajo, no es un recurso nuevo que saquemos. En el Plan Hidrológico actual se dieron 20 hectómetros, pero para el siguiente (2028/2033) ya no está previsto ningún volumen adicional de agua regenerada porque no tiene más sentido seguir aumentando.

¿El nuevo Plan Hidrológico incorpora algún elemento relevante?

Estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes, pero hay cuestiones que evidentemente son recurrentes porque siempre hay que tratarlas, como las zonas protegidas y las aguas subterráneas. Yo creo que lo más novedoso entre comillas son la garantía y el cambio climático, que es una cuestión transversal en todos los temas. El cambio climático ya se tenía en cuenta en el plan vigente, pero ahora está imbricado en todos los temas porque vemos que influye en todo. Y después el sostenimiento de la garantía, que cada vez es más complicada en este contexto de incertidumbre.

Lo que sí que tanta agua habrá venido bien para la salud del río y su estuario, ¿no?

Sí, claro, si el volumen aumenta, la dilución aumenta y todo mejora. Estas crecidas son imprescindibles para que el río funcione bien, y desde 2010 no teníamos nada parecido.

Y a propósito del río y su estuario, ¿cómo valora los nuevos vertidos autorizados para las minas de Aznalcóllar y Las Cruces en Sevilla?

Bueno, esto debe hacerse con todas las garantías. La cuestión es que en minería al final el órgano sustantivo es la Junta de Andalucía, nosotros ahí intervenimos como un órgano sectorial en lo que compete al agua. Además, los vertidos son al Guadalquivir pero en zona de dominio público marítimo-terrestre y nosotros no tramitamos esas autorizaciones, es también la propia Junta de Andalucía. Por tanto, son ellos los que tienen que autorizar esos vertidos y hacer el control. No digo que no me preocupe, pero es la Junta la que tiene que hacer ese seguimiento.

Ya hemos cerrado 800 pozos ilegales en unos cinco años y tenemos 175 en trámite. No me atrevo a decir una fecha cierta, pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado

Hablando de preocupación, otro punto es Doñana, ¿cómo va el cierre de pozos ilegales?

Pues en cinco años hemos cerrado ya 816 y tenemos en trámite 176. Hay que matizar que el cierre de pozos no es algo inmediato porque es un proceso lógicamente muy garantista, se trata de cerrar explotaciones de usuarios que están regando y que tienen un perjuicio económico. Tienen que alegar y defenderse, y eso dilata en el tiempo el proceso. Por otra parte, lo que sí que podemos es adoptar medidas cautelares de cierre de pozos mientras se tramita todo el proceso. También lleva su tiempo, porque hay que pedir autorización al juzgado para entrar en la finca, pero cerramos más rápido. 

Pero da la impresión de que nunca se termina.

Es que los pozos también van cambiando. No partimos de un número concreto, sino que a veces se van identificando nuevas captaciones y eso hace que se abran nuevos procedimientos. Ya hemos cerrado 800 en unos cinco años y tenemos 175 en trámite, no me atrevo a decir una fecha cierta pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado. Pozos nuevos sí que se siguen localizando, pero ya hacemos una teledetección (que es accesible hasta para el público) de la superficie de los invernaderos que están instalados y se ve cuáles son las zonas que no tienen derecho de riego. Eso también tiene un efecto disuasorio, hemos visto que la superficie que no cuenta con derechos no sigue aumentando, así que creo que vamos por el buen camino.

Para la Confederación, ¿la marisma de Doñana es de agua dulce, como se ha dicho históricamente, o salada, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica para justificar el deslinde que se ha aprobado?

Es una cuestión complicada y que ahora mismo está en estudio. Tenemos que esperar al resultado de todos los recursos e iremos viendo la consecuencia que tiene ese deslinde, tanto en el Plan Hidrológico como en las actuaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo hay un procedimiento administrativo y una serie de recursos, pero no sé si se llegará a contentar a todo el mundo. Un deslinde es un procedimiento complicado que siempre cuenta con bastante oposición por parte tanto de los usuarios del territorio como por el resto de actores. 

La lluvia le habrá venido muy bien al acuífero de Doñana, pero esto no se recupera de un día para otro…

No, no. Los primeros estudios que hemos hecho dicen que la superficie de la marisma se ha inundado prácticamente el doble respecto al año pasado y los piezómetros del acuífero han mejorado algo, pero en las zonas de mayor explotación no tanto. Por tanto, esto viene muy bien, pero no resuelve un problema estructural. Un mes de lluvias no recupera el acuífero de Doñana, necesitaría varios años así y trabajar más en todas las vías que ya tenemos abiertas para que realmente se vea una mejora notable.

A propósito de acuíferos, ¿confía en que la actuación judicial por los pozos sin licencia en Aljóbar, la finca de la Casa de Alba en Aznalcázar, siente un precedente importante y tenga un efecto disuasorio?

Yo no creo que sea un precedente porque no es la primera vez que aplicamos un procedimiento sancionador en una explotación de más o menos entidad o más mediática. Hay que actuar en todos los casos, y si esto hace que la sociedad sea más consciente de que esto no va de superficies ni de determinadas personas, sino que si hay una infracción se actúa, pues perfecto. Pero no es una situación desde luego novedosa, ni que hayamos cambiado nuestra manera de proceder.

¿Pero es consciente de la repercusión del caso y la sensación que pueda tener alguien de que pueda haber un trato distinto?

No controlamos las sensaciones, pero si la infracción está y el sancionador llega a la resolución que sea, será independiente de quién sea el infractor. Que luego se piense desde fuera que se ha actuado mejor o peor que en otros casos, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero que en este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro, eso es así.

¿Y no es contradictorio que, en paralelo a la causa judicial, haya un proceso administrativo para regularizar esos mismos pozos que se investigan por un posible delito ambiental?

Esa concesión se está tramitando y con una serie de condiciones. En muchos otros casos, cuando se aplica un procedimiento sancionador existe la posibilidad de legalización de lo que ha ocurrido. En este caso, la concesión se está tramitando. Veremos qué dicen todos los informes, pero tiene que llevar una serie de condicionados y tiene que tener un control de los volúmenes de agua. En el caso de que se resuelva así, no tiene por qué ser contradictorio con una infracción que se ha cometido, que tendrá una sanción y unas consecuencias.

La Comisaría de Aguas de la Confederación ya ha dado su visto bueno, por lo que considera que estos pozos son regularizables…

Pero es que el hecho de que tenga un proceso sancionador en marcha no significa que esa petición no pueda ser viable. Ellos contaban con un derecho previo, pero se abre un proceso sancionador porque no se estaba actuando acorde a la autorización que tenían. Si la autorización que se solicita es compatible con la planificación hidrológica, se puede tramitar independientemente de que entre medias haya habido alguna infracción o alguna sanción por parte del usuario.

¿Le frustraría que ocurra lo mismo que con la finca Hato Blanco Viejo, que por primera vez un juez condenó a cárcel a una familia de terratenientes por pozos ilegales y al final se libraron de la prisión al rebajarse la pena?

En un proceso judicial nosotros no tenemos toda la información concreta, le perdemos un poco la pista, y hasta que no se finaliza… Pero bueno, no frustra, porque nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos que luego pasa a la vía judicial, ahí realmente nosotros ya no controlamos qué es lo que se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es nuestro procedimiento administrativo y llevarlo a cabo con todas las garantías.

¿Y hay muchos procesos abiertos en la cuenca por extracción ilegal de agua?

Hay muchos, todos los meses se tramitan cientos. Pero no todo son grandes explotaciones ilegales, hay muchas infracciones menores por no tener por ejemplo el contador bien instalado. 

Los nueve pozos ilegales descubiertos a la Casa de Alba en Aljóbar, finca de su propiedad en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), han afectado al acuífero del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. Así lo reitera el último informe pericial de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido y abunda en que estas extracciones no autorizadas tienen “un carácter muy relevante” porque el acuífero del que se han pirateado los recursos, el Aljarafe Sur, está “hidráulicamente conectado” con la masa subterránea Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, dos puntos clave porque van “nutriendo el Parque Nacional de Doñana”.

La conclusión se recoge en este documento, y así fue reiteradamente defendida por las dos peritos del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado) en la declaración como testigos ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga un posible delito contra el medio ambiente. De hecho, en su momento el magistrado, tras el primer informe pericial que recibió en 2024, ya apuntó en un auto que los pozos podían tener un “impacto colateral en Doñana”, lo que no beneficia precisamente a la defensa de la Casa de Alba.

El caso que analiza el juez tuvo su origen en una denuncia de extrabajadores de la finca, lo que llevó a descubrir hasta nueve pozos sin licencia que habrían estado funcionando 11 años cuando la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) sólo tenía permiso para dos, uno de ellos para uso doméstico y no agrícola. Estas extracciones han sido ya precintadas dos veces, en un proceso en el que la Fiscalía ha pedido imputar a varios hermanos del actual duque de Alba, mientras la defensa sitúa en primera línea a un sobrino de éstos ( Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga) y la empresa culmina la regularización administrativa de las instalaciones sin licencia.

En su declaración ante el juez del pasado 20 de febrero, las agentes insisten en varias ocasiones en la conexión directa entre ambas masas de agua, un hecho que a su juicio “está descrito muy bien en un montón de estudios científicos y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también así lo determina”. “Está totalmente conectado con el acuífero Almonte-Marismas”, lo que se traduce en que “se produce una descarga natural desde Aljarafe Sur hasta el siguiente que hay, que es Almonte-Marismas”, que el propio informe recuerda que desde 2019 está declarado en mal estado.

“Riesgo de sobreexplotación”

En su testimonio, repiten que “el acuífero Almonte-Marismas tiene una recarga natural por parte de Aljarafe Sur”, que a su vez está empeorando su situación a pasos agigantados por el exceso de bombeos que sufre no sólo desde Aljóbar, sino también desde otras fincas colindantes. Ante las preguntas de la defensa encaminadas a diferenciar ambas masas de agua, las guardias civiles son tajantes: “No hay barreras, esa agua fluye de manera natural desde Aljarafe Sur hacia Marismas, tiene una descarga natural”.

A efectos administrativos y de gestión, el acuífero Almonte-Marismas está dividido en cinco masas de agua: La Rocina, Almonte, Marismas, Marismas de Doñana y Manto Eólico Litoral de Doñana. Tres de ellas se encuentran oficialmente declaradas en mal estado, concretamente los de Almonte, La Rocina y Marismas, que es la más cercana a Aljarafe Sur.

Durante la comparecencia, que se realizó por videoconferencia, la defensa puso el foco en que Aljarafe Sur, que es de donde extraen los pozos de Aljóbar, está oficialmente declarado en buen estado por la propia CHG. Así lo admiten también tanto el informe como las peritos del Seprona, aunque con el matiz de que este acuífero se está deteriorando rápidamente y ya está en “riesgo de sobreexplotación” porque supera la barrera del 80% entre los recursos que entran y los que se sacan. En concreto, en esta masa de agua se ha pasado de un índice de explotación del 78 al 91%.

Los informes de la CHG

Ante la insistencia de las agentes en que Aljarafe Sur está en riesgo de sobreexplotación y en la interconexión con Doñana, los abogados de la defensa les preguntan que cómo explican que Aljarafe Sur esté declarado en buen estado “y en cambio están diciendo que Almonte y Marismas están en riesgo”. “Eso se lo tendrá que preguntar usted a la Confederación, que es la que hace los estudios de los acuíferos”, fue la respuesta que obtuvieron.

Eso sí, añaden que se ratifican en el mal estado creciente de Aljarafe Sur. “La tendencia del nivel del descenso piezométrico está ahí, no nos la inventamos nosotras, y además a lo largo de diferentes planes hidrológicos el índice de explotación ha ido ascendiendo en número y además a mayores”. En este sentido, la CHG ha hecho ya dos informes a requerimiento del juzgado sobre la situación de Aljarafe Sur, con conclusiones similares: su estado es cada vez peor, de hecho está en los niveles más bajos desde que existen datos, y la batería de pozos ilegales de Aljóbar es “susceptible” de haber agravado las cosas, pero “no es posible concretar” que sea “el único causante” porque hay otras fincas vecinas con “intensas explotaciones”.

La defensa basa parte de su estrategia en que oficialmente no puede hablarse de que Aljarafe Sur esté sobreexplotado, que como mucho está en situación de riesgo, por lo que en consecuencia no puede hablarse de perjuicio para Doñana. “Sí que son daños derivados”, reiteran las agentes, “porque Doñana se está secando”, una situación a la que no ayuda que “el acuífero de las Marismas, que es el de Doñana, está conectado con el acuífero Aljarafe Sur” y debería pasarle más agua.

“El acuífero no se ha recuperado”

La defensa se centra también en que Aljarafe Sur no es un acuífero confinado, sino libre, lo que implica que no tiene materiales impermeables que dificulten su recarga con las lluvias, pero las peritos replican que eso no implica un efecto inmediato. Tiene opciones de recargarse de manera más rápida que un acuífero confinado, admiten, pero se pierde mucha agua por el camino antes de infiltrarse al subsuelo, “no cae un mililitro y le llega un mililitro al acuífero”, ejemplifican.

“Que nadie se engañe”, llegan a defender, si alguien espera que “los acuíferos van a llegar ahora a los niveles freáticos que tenían antes de toda la problemática que estamos teniendo”. Y así lo subrayan hasta en la última pregunta que les hace la defensa. “Con este carrusel de tormentas que ha habido de lluvia tan abundante, ¿puedo entender que el acuífero se ha recuperado”, les cuestiona el letrado, obteniendo una respuesta contundente: “No, no puede entender eso”.

La Guardia Civil lo tiene claro: los nueve pozos sin licencia descubiertos –y precintados por orden judicial– en la finca Aljóbar de la Casa de Alba no sólo han provocado un importante daño ambiental, sino que le han reportado a la propiedad un “beneficio ilegal” que eleva a 5,1 millones de euros. Esto es así porque han podido regar por encima de lo que habría permitido el agua para la que sí tenían permiso, lo que se ha traducido en más cosechas de naranjas.

Así lo ratifica un segundo informe pericial que, a petición de la Fiscalía, ha elaborado el instituto armado y que entregó en noviembre al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental. El documento reafirma las principales conclusiones del que se elaboró un año antes, y en todos sus términos se han ratificado las dos agentes que lo han elaborado, que el pasado viernes testificaron ante el magistrado y respondieron a las preguntas de la defensa, que representa los intereses de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona ésta y otras haciendas.

Aljóbar se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, aunque uno de los pilares de la defensa hasta la fecha es que toda la responsabilidad recaiga en un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, que fuese primer nieto de Cayetana de Alba.

11 años de extracción ilegal

El análisis pericial aborda el “beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua”, para lo que tiene en cuenta la cantidad de fruto recogido (cítricos en este caso) por hectárea durante los 11 años que se considera que hubo un uso de “agua de procedencia ilegal”. Para ello establece dos periodos diferenciados, de 2014 a 2021 y de 2021 a 2024, ya que hasta 2021 se regaron 205 hectáreas, superficie que desde entonces se redujo a 164.

A este “beneficio ilegal” hay que sumar el importe del daño ambiental producido, que resulta de la suma de varios conceptos que, según las agentes, se han computado de una “forma conservadora”. La horquilla que ofrecen oscila entre 732.000 y 1,1 millones de euros, en función de si se usaron 5.000 metros cúbicos por hectárea –como asegura la defensa– o 6.352 como sospechan las investigadoras.

La cifra tiene en cuenta tres factores, el primero de los cuales es el valor en sí del agua extraída, que se movería entre 468.275 y 814.896 euros. A esto hay que añadir lo que costaría rehabilitar este entorno (201.489 euros) y el impacto por la pérdida de valor ambiental del ecosistema, que iría de 62.539 a 113.353 euros. Todo esto significa que, sumando daños y beneficio ilícito, estamos hablando de entre 5,8 y 6,2 millones de euros.

“Daños importantes” al ecosistema

En paralelo, el informe sostiene que la extracción ilícita de agua de un acuífero, el Aljarafe Sur, que está cerca de la sobreexplotación “supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles”. Esto es debido a las interconexiones naturales entre las diferentes matrices, en este caso suelo, agua y biota.

El índice de explotación de estas aguas subterráneas ha pasado del 78 al 91%, y se estima que existe riesgo para el acuífero cuando se supera el 80%. A esto se une que un bombeo excesivo “puede movilizar el agua presente en el subsuelo de baja calidad”, produciendo de esta manera un “deterioro” del recurso.

Durante la declaración de las agentes, la defensa intentó rebatir su trabajo tanto en lo que hace referencia al volumen de agua extraído como a la fórmula utilizada para determinar el impacto económico de los pozos ilegales. En concreto, puso el foco en el concepto del beneficio ilícito y consideró que, en general, se valora el daño dos veces, a lo que las guardias civiles respondieron que con ese argumento se confundía el ámbito administrativo con el penal, que es en el que se está investigando la causa.

Los nueve pozos ilegales que fueron descubiertos en una finca de la Casa de Alba pueden haber causado daños al acuífero del que han estado sacando agua sin licencia, el Aljarafe Sur, pero no se puede asegurar de manera tajante que sean los únicos responsables del deterioro que experimenta esta masa subterránea. Así lo pone de manifiesto un nuevo informe, el segundo, en el que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) analiza a petición del juez el impacto de estas extracciones, y aunque es más crítico que el primero la conclusión es similar, porque ya entonces se concluyó que “no es posible concretar que el único causante” de los problemas sea esta batería de pozos.

La CHG es el organismo estatal que concede los derechos de agua, y tiene abiertos dos expedientes sancionadores a Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona sus tierras) por la vía administrativa, al margen de la causa penal que se sigue por un posible delito contra el medio ambiente. En su estudio, al que ha tenido acceso este periódico, añade que en el caso concurren agravantes, como la reincidencia –han sido sorprendidos ya dos veces en pleno uso– y que cuando ocurrieron los hechos se estaba en alerta por sequía.

Además de que la finca utiliza más captaciones de las autorizadas (tienen permiso para sólo dos pozos, uno para regar y otro para uso doméstico, y la Guardia Civil encontró 11 en total), el informe subraya que estas extracciones se han hecho “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua en Ia infraestructura de riego”. Todo ello en un acuífero que, aunque formalmente sigue calificado como en buen estado, presenta un “progresivo deterioro” que le ha llevado a “mínimos históricos” en una tendencia descendente desde 2011.

No se puede “atribuir a Aljóbar la exclusividad”

Además, cada vez tiene más dificultades para recuperarse tras las campañas de riego. De hecho, aunque en 2024 y 2025 ha llovido más que en la década anterior, el nivel piezométrico ha continuado bajando hasta 0,7 metros al año durante el último lustro. Así que a la pregunta del magistrado de si esta extracción de agua con pozos no autorizados ha podido causar daños sustanciales a la calidad del acuífero o perjudicar gravemente su equilibrio natural, “cabe concluir que es susceptible de ello; más si cabe cuando las extracciones se han producido sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional”.

¿Por qué entonces no se concluye de manera rotunda que estas captaciones sin licencia son las responsables de este deterioro? Pues porque a la hacienda en cuestión (Aljóbar, en término del municipio sevillano de Aznalcázar, puerta con puerta con Doñana) se la acusa de un exceso de extracciones, pero junto a ella hay otras fincas con permisos para extraer grandes cantidades de agua. “Queda patente Ia explotación intensiva de recursos subterráneos durante los últimos años” para la explotación con fines agrícolas, pero “no es posible concretar que el único causante haya sido la derivación de aguas en Aljóbar”.

Lo que puede certificar la CHG es que “la deriva de los niveles piezométricos en la masa de agua están asociados a las intensas explotaciones agrícolas de la zona” con derechos registrados, “sin que se pueda atribuir a Aljóbar la exclusividad”. Eso sí, se subraya que está más que constatado que la finca tenía “un mayor número de captaciones respecto a las autorizadas” y cuenta con una balsa de almacenamiento de grandes dimensiones, lo que le ha permitido acumular recursos.

Toma de declaración a dos guardias civiles

Los pozos, según la primera diligencia de la Guardia Civil, estaban ocultos en zonas de difícil localización y tapados con malla verde, lo que dificultaba hasta su detección por satélite. Casi todos tenían más de 30 metros de profundidad, alcanzando uno de ellos los 34,6 metros. Las extracciones, por cierto, tienen ya el aval técnico oficial para su regularización por parte de la propia Confederación del Guadalquivir, un proceso que se inició después de que en 2023 fueran pillados por primera vez en pleno uso.

El juez, en paralelo, ha aceptado parcialmente la petición de la defensa de Eurotécnica Agraria de tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil que, a solicitud de la Fiscalía, elaboraron un informe que concluía que las captaciones sin licencia habrían causado un daño ambiental que puede ser “irreversible”. Asimismo, cifraba en más de seis millones de euros el perjuicio generado.

El magistrado ha fijado el próximo 20 de febrero para esta toma de declaración, que se hará por videoconferencia al estar los dos guardias destinados en Madrid. Ambos son especialistas del Seprona, una licenciada en Ciencias Ambientales y otro doctor en Biología, aunque la defensa pedía también proceder de la misma manera con un cabo mayor que es especialista de la Guardia Civil en protección de la naturaleza.

El pozo ilegal que la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, tiene en una parcela de su propiedad se salda con un expediente administrativo de restablecimiento de la legalidad, es decir, tendrá que clausurarlo. Se libra de la sanción económica porque el hermano de Morán, que es quien explota las viñas, asegura que la última vez que regó ese terreno de secano fue en 2023, una afirmación sin ningún tipo de pruebas.

Hace un año que elDiario.es Extremadura sacó a la luz que la dirigente del PP era propietaria de una finca con un pozo ilegal en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz). En primer lugar, porque se trata de una explotación de viñas de secano y, en segundo lugar, porque a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no le consta este aprovechamiento de aguas subterráneas en un acuífero que, por cierto, lleva una década con declaración de riesgo por sobreexplotación.

Según consta en las actuaciones llevadas a cabo desde entonces por el Seprona de la Guardia Civil y la CHG, a las que ha tenido acceso este periódico, el 23 de septiembre de 2024, cinco días después de que se conociera este asunto, técnicos del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación de Guadiana visitaron la parcela sin encontrar “evidencias” de que el pozo estuviera en uso “en ese momento”. Hay que tener en cuenta que la vendimia finalizó pocas semanas antes.

Sanción prescrita

La Guardia Civil formuló una denuncia el 10 de abril por la instalación del sistema de riego “compuesto por sondeo e instalaciones complementarias para riego de viña por goteo, dentro de la masa de agua subterránea de Tierrа de Barros”. El agente indicó que “en ese momento” ni “previamente” se estaba realizando el riego del cultivo.

El hermano de la consejera reconoció ante el Seprona que el pozo no cuenta con la autorización de la Confederación porque se trata de “una explotación agrícola, y que al fallecer su padre han intentado regularizar la situación, pero hasta el momento no han podido hacerlo”. Según afirmó, aunque sin acreditarlo de ninguna manera, el pozo no se usa desde hace al menos dos años, según se recoge en la denuncia de la Guardia Civil, que incluye un reportaje fotográfico de las instalaciones.

La denuncia se archivó en junio porque no se apreciaron “indicios suficientes para la apertura de un procedimiento sancionador”, a pesar de que se deja constancia en el documento de la existencia del riego por goteo con una caseta de tres por tres metros de superficie con un grupo electrógeno y diferentes instalaciones de tuberías de riego. Según la ley de Régimen Jurídico para el Sector Público, como transcurrieron más de seis meses desde la última vez que hizo uso del pozo, la acción ha prescrito.

Sin embargo, el pozo y las instalaciones asociadas para llevar a cabo el riego de forma irregular siguen en pie. Según la Confederación del Guadiana, las primeras ortofotografías en las que se aprecian estas instalaciones son del año 2011. En ellas se observa “el arranque del viñedo en vaso para implantación de un nuevo cultivo de viña en espaldera y la construcción de la caseta destinada a albergar el cabezal del sistema de riego de la parcela, así como movimientos de tierra cercanos al lugar donde se ubica la captación”. Y todo ello sigue “instalado y en uso, al menos hasta 2023”, se recoge en un documento de la Comisaría de Aguas de la CHG, por lo que se decide iniciar un procedimiento administrativo de restablecimiento de la legalidad.

De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Confederación del Guadiana, da un mes de plazo a la consejera de Agricultura de Extremadura para “clausurar la captación y sellarla definitivamente” ante la imposibilidad de legalizarla debido a la situación del acuífero de Tierra de Barros.

Este periódico se ha puesto en contacto con la consejera extremeña de Agricultura para conocer su valoración sobre la orden de clausura del pozo en la finca de su propiedad, pero no ha obtenido respuesta.

Ayudas directas creadas por la Consejería

La parcela de la que la responsable de Agricultura en el Gobierno de María Guardiola es cotitular junto a su hermano, que es quien la explota, tiene una superficie de 3,5 hectáreas de viñas. Pero, oficialmente, son de secano, aunque han estado recibiendo riego de forma irregular. Por eso, tras desvelarse la existencia del pozo ilegal, Mercedes Morán aseguró que se “penalizaría” a “la persona que explota” la parcela en las ayudas de la PAC. Pero es que, además, ese mismo año, la Consejería de Agricultura convocó unas ayudas directas y extraordinarias para el viñedo de secano afectado por la sequía, de las que su hermano también fue beneficiario.

Paradójicamente, a pesar de que cuenta con un sistema de riego ilegal, la consejera extremeña no ha querido incluir su parcela en el regadío de Tierra de Barros, un macroproyecto que lleva pergeñándose tres décadas y que el Gobierno de María Guardiola ha dejado sin fondos. Sin embargo, hay alrededor de 1.200 agricultores de la comarca que han decidido convertir sus tierras de secano en regadío de forma legal, aunque han dado de plazo a la Junta de Extremadura hasta finales de año para que se inicien las obras.

La Casa de Alba está en la recta final para conseguir la regularización de sus nueve pozos ilegales, mientras en paralelo un juez investiga si con estas mismas captaciones se ha cometido un delito contra el medio ambiente. Ambos caminos son independientes, hasta el punto de que el expediente administrativo (que tramita la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) no hace ni mención a que estos puntos de extracción son los mismos que protagonizan una actuación judicial. En este contexto, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones para que no se les conceda permiso al menos hasta que concluya la causa en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor.

En el documento presentado a la Confederación del Guadalquivir, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que los pozos sin autorización son objeto de una investigación judicial y de un expediente sancionador por parte del propio organismo estatal (depende del Ministerio para la Transición Ecológica) encargado de conceder los permisos de riego. En el punto de mira está Eurotécnica Agraria, la empresa de la Casa de Alba con la que los Martínez de Irujo gestionan varias fincas, entre ellas Aljóbar, donde se han localizado estas captaciones sin licencia en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Ecologistas en Acción, por ello, solicita que la Confederación “no emita un informe definitivo” sobre la cuestión “hasta que la vía judicial no haya finalizado”. Eurotécnica Agraria está a punto de recibir este visto bueno definitivo, tras un primer informe favorable en 2023 de la Oficina de Planificación Hidrológica que ha sido recientemente corroborado por la Comisaría de Aguas. Todo ello, con unos informes en los que “no se hace mención alguna a la instrucción” judicial pese a que ambos procesos “están estrechamente relacionados” y a que la petición de regularización se hizo “curiosamente” a los dos meses de la denuncia de la Guardia Civil.

¿Y los permisos para hacer los pozos?

De hecho, en el informe de regularización –técnicamente, transformación de derechos privados a públicos– lo que se plantea es incorporar unos pozos ya existentes en la finca, pero “no hay referencia alguna a la legalidad de esos sondeos”. Es decir, que no sólo no se pone sobre la mesa que están inmersos en una causa judicial, sino que tampoco se menciona que no tienen licencia y que la propiedad ha sido sorprendida dos veces utilizándolos.

A su juicio, “se debería señalar la posible ilegalidad” de estas captaciones, “y por consiguiente ralentizar o paralizar el expediente administrativo” para su regularización “hasta que la instrucción judicial no haya terminado”. En este sentido, critica que “sería paradójico” que la Comisaría de Aguas otorgara definitivamente informe favorable “y que, en un futuro, el Ministerio Fiscal presentara escrito de acusación por presunto delito ambiental” contra Eurotécnica Agraria.

La Confederación tiene previsto conceder este permiso básicamente porque no se consumirá más agua de la autorizada en la actualidad y porque, además, considera que repartir las extracciones en diez puntos mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que profundizar más cuando se bombea desde una única localización, un argumento que la Casa de Alba ha replicado ante el juez para argumentar que sus pozos ilegales han mejorado la situación del acuífero. El magistrado, por cierto, ordenó mantener este proceso de legalización.

Por su parte, Ecologistas en Acción apunta que las captaciones no sólo carecen de permiso para extraer agua, sino que tampoco se aportan los que en teoría deberían constar para su construcción en sí, como la licencia municipal o el permiso de la Junta de Andalucía como administración competente en materia minera. A ello une discrepancias en la documentación oficial sobre cuántos sectores se quieren regar con estos pozos (de naranjos y olivar superintensivo) y qué dotación de agua se concede por hectárea y año.

“Apoyo de la corporación local de la época”

En las alegaciones se aprovecha para recordar que en el entorno de esta propiedad de la Casa de Alba “han tenido lugar cambios de uso” de los terrenos forestales y modificaciones de la cubierta vegetal para cultivos agrícolas. En el caso concreto de Aljóbar, “se llevaron a cabo cambios de uso que en su momento fueron denunciados, sin que finalmente prosperaran”

En este punto, se desliza que –entre otras cuestiones– eso ocurrió “por el apoyo de la corporación local de la época, al entender que estos cambios eran beneficioso por la generación de puestos de trabajo que representaría”. Ante esta circunstancia, llega incluso a plantear que el informe definitivo de la Confederación del Guadalquivir “recoja las autorizaciones que consten en la propiedad que los terrenos que actualmente se cultivan cuentan con resolución favorable de la administración forestal andaluza”.

En cuanto a la investigación judicial, la Fiscalía aportó en su momento un informe de la Guardia Civil en el que se apunta a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años. La Casa de Alba, por su parte, admite la existencia de estos pozos y que carecían de contador volumétrico, pero insiste en que nunca ha usado más recursos hídricos de los que tiene legalmente asignados.

¿Cómo puede ser que nueve pozos sin licencia para extraer agua en una finca de la Casa de Alba se regularicen pese a ser elementos clave de una investigación judicial, en los que se analiza un grave delito ambiental? Pues sencillamente porque se trata de dos vías completamente diferentes, la administrativa y la penal, y porque legalmente no hay nada que impida esta aparente contradicción. Y no sólo eso, sino que en este caso fue el propio juez que instruye la causa penal el que dejó claro que lo uno no quitaba lo otro, que el proceso en el juzgado no debía frenar el otro camino.

En un auto emitido el pasado mes de enero, después de que estos puntos de extracción sin permiso ya hubiesen sido sorprendidos dos veces en pleno uso (con la consiguiente orden de clausura), el magistrado subrayó que pese a ello tenía que continuar el procedimiento de regularización que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal que concede los derechos de riego. La causa penal en curso, apuntó el juez, “no es óbice ni obstáculo para continuar la tramitación de aquellos expedientes administrativos que se encuentren iniciados en relación con esos pozos no legalizados”.

Este proceso de regularización, por cierto, no lo puso en marcha la Casa de Alba por iniciativa propia, que sólo dio el paso cuando –en mayo de 2023– los pozos fueron descubiertos y denunciados por la Guardia Civil. Dos meses después, el 25 de julio, se iniciaba el camino para la regularización, lo que técnicamente se conoce como la transformación de derecho privado a concesión de aguas públicas.

A punto de conseguir la legalización

El paso lo dio Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, administrador y consejero de Eurotécnica Agraria, la empresa de los Martínez de Irujo que gestiona esta finca (Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar) y otras de la familia. El también duque de Aliaga es el único imputado hasta la fecha, y así lo reiteró un representante de la compañía en su reciente declaración ante el juez como investigado, con lo que se quiere evitar la implicación de los hermanos del duque de Alba (Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, consejeros de Eurotécnica) como solicita la Fiscalía.

La finca está en la recta final para conseguir los parabienes legales para sus pozos pese a que la propia Confederación señaló que los encontró en una “situación de despilfarro con fugas importantes de agua en las conducciones”. Y, sobre todo, también pese a que la Fiscalía sostiene que hubo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de recursos.

Esto, según la investigación de la Guardia Civil, ha producido un daño ambiental que calcula en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua sustraída, que rondaría los 6.600 millones de litros. La empresa, por su parte, admite la existencia de estos puntos de extracción y que carecían de contador, pero insiste en que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada, 606.000 metros cúbicos anuales.

La solicitud de regularización de los pozos ha recibido ya el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la Comisaría de Aguas de la Confederación del Guadalquivir, que matiza que todavía no ha concluido el procedimiento. Faltan, por ejemplo, la valoración de las alegaciones presentadas y el examen de los informes sectoriales y ambientales, así como el de la Abogacía del Estado, por lo que sostiene que “en este momento no puede hablarse todavía de una autorización definitiva para la regulación de los pozos”. Eso sí, todo va encaminado a ello.

Un buen argumento para la defensa

La Confederación sostiene su autorización en que no se va a consumir más agua de la ahora autorizada, por lo que repartir esa cantidad entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que horadar a más profundidad, tal y como ocurre cuando el agua se saca de un único punto.

Esto encaja a la perfección con una de las líneas de defensa de la Casa de Alba, que apunta a que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. No sólo eso, sino que el primer informe de la Confederación favorable a la regularización de estos puntos de extracción (el de la Oficina de Planificación Hidrológica en noviembre de 2023) ya fue esgrimido por el magistrado para justificar el levantamiento del primer precinto pese a la oposición de la Fiscalía.

“No parece que su uso o utilización suponga un riesgo” para la masa de agua de la que se extrae el recurso, apuntó entonces el magistrado. Aquello fue en mayo de 2024, y pocos meses después la Guardia Civil volvía a pillar a la Casa de Alba utilizándolos pese a que se desbloquearon con el requisito de no volver a usarlos. Así las cosas, resulta evidente que la inminente legalización va a ser un argumento de peso para la defensa en la causa judicial.

La segunda declaración ante el juez de un imputado por los nueve pozos sin licencia de la Casa de Alba en el entorno de Doñana no ha supuesto ningún avance en la causa, básicamente porque quien ha comparecido se ha acogido a su derecho a no declarar. Para este jueves estaba citado el representante de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona la finca Aljóbar en el municipio sevillano de Aznalcázar, que al margen lo que ha hecho es aportar un poder notarial con el que se insiste en que el representante de la sociedad “a efectos legales” es Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langeburg, sobrino del duque de Alba y primer nieto de Cayetana, única persona física investigada hasta la fecha.

Esto supone que se mantiene la línea de defensa ya apuntada hace unos meses, según la cual se deposita toda la responsabilidad en el también duque de Aliaga, que además de consejero es administrador de Eurotécnica Agraria. Así se alegó en mayo, para argumentar entonces que “no hay ninguna razón que justifique” la petición de la Fiscalía de imputar a los hermanos del duque de Alba que –según ha transmitido la Guardia Civil al juez– son igualmente consejeros de la empresa: Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.

De hecho, la también duquesa de Montoro figura como presidenta de Eurotécnica Agraria, lo que propició su imputación al arrancar la investigación judicial. Con el argumento de que este cargo es rotatorio entre los miembros del consejo de administración, y de que pese a presidir la compañía ignora por completo la dinámica de la finca, se esgrimió que no iba a aportar nada a la investigación. El juez así lo aceptó y procedió a citar como investigado al sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langeburg, que declaró el pasado mes de febrero.

Remitirse a la testifical del duque de Aliaga

Quien ha comparecido en nombre de la empresa ha insistido en esta línea, esgrimiendo que el responsable de la gestión es el sobrino ya imputado del duque de Feria. Al margen de acogerse a su derecho a no declarar, lo único que ha apuntado es que se remite a lo que testificó el duque de Aliaga en su comparecencia de febrero.

¿Y qué dijo entonces Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langeburg? Pues reconoció que los pozos investigados carecían de contador de agua, que inició su regularización (algo que la propiedad está a punto de conseguir) cuando la Fiscalía de Medio Ambiente había presentado ya una denuncia y que desconoce el funcionamiento de la hacienda. Básicamente, vino a decir que vive en Madrid y que no sabe muy bien cómo es el día a día en Aljóbar, precisamente el mismo argumento por el que fue sacada de la causa su tía Eugenia para meterle a él.

El juez, eso sí, le ha recordado al compareciente que está allí por una causa en la que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente que esas captaciones no autorizadas han podido causar durante esos años”. La Fiscalía de Medio Ambiente apunta en este sentido que el expolio de agua se habría producido durante toda una década.

Seis meses más de instrucción judicial

El Ministerio Público sostiene que en la finca se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil, de hecho, considera que se puede haber provocado un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.

Tras esta comparecencia, el Juzgado 1 de Sanlúcar la Mayor está a la espera de nuevos informes que debe remitir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal que concede los derechos de riego y que está culminando la regularización de estos pozos ilegales al margen del proceso judicial. En paralelo, hace un par de semanas decidió prorrogar seis meses más la instrucción, al tratarse de una causa de “cierta complejidad técnica”, por lo que en principio la investigación judicial se prolongará hasta marzo.

Llevaba más de dos años con el proceso, y finalmente lo va a conseguir: la Casa de Alba va a recibir autorización para regularizar sus nueve pozos sin permiso en Aljóbar, su finca fronteriza con Doñana en el municipio sevillano de Aznalcázar. El proceso todavía no está cerrado pero tiene ya el visto bueno de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo estatal que concede las autorizaciones de riego y depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Se enfila así el punto final a un procedimiento administrativo que es independiente de la causa judicial abierto por delito ambiental, pero que en la práctica le da a la propiedad un poderoso argumento para defenderse ante el juez.

La decisión, además, no supone ninguna sorpresa, ya que en noviembre de 2023 ya hubo un primer informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación, el mismo organismo que en diciembre dio el paso de cerrar por segunda vez los pozos después de comprobar la Guardia Civil que habían vuelto a reactivarse tras levantar el juez una prohibición inicial. En este caso, el organismo estatal lo que hace es aplicar escrupulosamente lo que dice la ley, que otorga esta posibilidad a un propietario si reúne una serie de requisitos en lo que técnicamente es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

Eso sí, impone una serie de obligaciones, la principal de las cuales es que la propiedad puede utilizar estas extracciones siempre y cuando respete el volumen de regadío que tiene ahora concedido, concretamente 605.150 metros cúbicos anuales. Es decir, que la Casa de Alba seguirá utilizando la misma cantidad de agua, pero extrayéndola de diez pozos en vez de sólo uno. El hecho es que la propiedad va a recibir permiso pese a haber sido sorprendida dos veces por la Guardia Civil haciendo uso de ellos sin autorización y la acusación de la Fiscalía de extraer ilícitamente 6.600 millones de litros durante una década, cuestiones que se dirimen por la vía judicial.

Declaración como imputado ante el juez

La nueva autorización, que ahora rubrica la Comisaría de Aguas de la Confederación y a la que ha tenido acceso este periódico, se conoce en puertas de que se celebre la segunda declaración que va a tener lugar en el proceso judicial por delito ambiental que se inició hace un par de años. En concreto, para este jueves 18 de septiembre está llamado a declarar como investigado el representante legal de Eurotécnica Agraria, la empresa de la Casa de Alba que gestiona su finca sevillana, una citación que a su vez puede implicar que por ahora se libran de presentarse ante el juez Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo, cuya imputación solicitó la Fiscalía.

Esto, aunque se trate de procesos diferentes (uno judicial y otro administrativo), va a conceder a la defensa de la Casa de Alba un potente argumento, ya que podrá alegar ante el magistrado que los pozos objeto de polémica van a disponer de todas las bendiciones legales. De hecho, el visto bueno inicial que se concedió al proyecto en noviembre de 2023 fue uno de los argumentos que esgrimió el juez para levantar en mayo de 2024 la primera prohibición que se impuso a estas extracciones. No obstante, al margen del uso fraudulento de estos puntos de extracción, en la causa se investiga sobre todo si se extrajo durante una década más agua de la autorizada.

Las claves de la autorización

¿Y en base a qué la Confederación del Guadalquivir autoriza esta regularización? Pues al margen del informe favorable de compatibilidad que ya emitió la Oficina de Planificación Hidrológica, tampoco han puesto reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente. Esta última se detiene en uno de los pozos, que se ubica en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero que considera que no es de especial afección.

En su informe, esta consejería señala que la presencia de este punto de extracción “no es susceptible de alterar de forma apreciable la presencia de las especies por las que se declara ZEC”. Concluye también que tampoco afecta a la zona de reproducción, “en tanto que se trata de un elemento inmóvil preexistente”.

Pero los argumentos fundamentales los aportó la Oficina de Planificación Hidrológica hace casi dos años, el primero de los cuales es que no se va a consumir más agua de la ahora autorizada. El segundo es que considera que repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que horadar a más profundidad, tal y como ocurre cuando el agua se saca de un único punto.

Requisitos que se imponen

Con todas estas premisas, y “comprobada la viabilidad del documento técnico”, el informe de la Comisaría de Aguas concluye que “podría otorgarse transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas”. La vigencia de la autorización será de 20 años y, al recordar que la actividad se ubica en “zona vulnerable”, obliga a la finca a aplicar códigos de buenas prácticas agrarias para reducir la contaminación producida por los nitratos de origen agrario.

Además de tener que remitir todos los años un informe a la Confederación con la lectura de los niveles piezométricos de los pozos, para así garantizar que no sacan más de lo autorizado. Y para un mayor control, también se establece que no se podrá regar directamente desde estas captaciones, sino que el agua se llevará a la balsa existente para desde allí distribuirse sobre el terreno. Asimismo, esta infraestructura deberá acumular más recursos en verano, para reducir así los bombeos del acuífero en los meses en los que su nivel es más bajo.

En cuanto al proceso judicial en sí, la Fiscalía sostiene que en la finca se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, al menos durante una década, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. Por su parte, la Guardia Civil apunta en su informe a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.

El mes de juliol passat, les autoritats dels vuit municipis de Menorca van decretar la prealerta per sequera i van anunciar una bateria de mesures per enfrontar la crisi de l'aigua. S'han clausurat les fonts públiques i se n'ha suprimit el reg de totes les rotondes, jardins, parcs i zones verds. També s'ha prohibit netejar embarcacions i vehicles amb mànega. Així mateix, es van cancel·lar els proveïments per a creuers i embarcacions de gran importància i s'han enviat cartes a la ciutadania i als visitants per conscienciar de la gravetat del problema hídric que travessa l'illa -segons dades de l'índex global de la Demarcació Hidrogràfica, les reserves de Menorca se situen al 38%, el mínim en les últimes quatre dècades-.

Al mateix temps que els 100.000 residents de Menorca –i els gairebé 200.000 visitants que segons l'Observatori Social i Ambiental poblen l'illa cada mes d'agost– feien un esforç per evitar el malbaratament d'aigua, un grup d'agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil ingressava al predi de l'agroturisme Cap Menorca, en el municipi d'Alaior, per clausurar un pou il·legal que extreia diàriament 40.000 litres d'aigua potable, segons van indicar els agents i van reconèixer els mateixos propietaris de l'hotel.

Fonts de l'Institut Armat han confirmat a elDiario.es que l'operació continua en marxa i les indagacions segueixen obertes, per la qual cosa no es descarten noves intervencions contra infractors en les properes setmanes. Tot i els intents d'aquest mitjà per recollir-ne la versió, des de la propietat de l'hotel han evitat fer declaracions sobre la troballa del pou il·legal. Tampoc no s'han pronunciat sobre el fet que, segons figura a la seva pàgina web, l'hotel va rebre el 2021 un milió d'euros procedents dels fons Next Generation de la UE, en virtut del seu “compromís ambiental” i de promoure el “creixement sostenible”.

Malgrat els intents d'aquest mitjà per recollir la seva versió, des de la propietat de l'hotel eviten fer declaracions sobre la troballa del pou il·legal. Tampoc sobre el fet que l'establiment rebés en 2021 un milió d'euros dels fons Next Generation pel seu “compromís ambiental” i per promoure el “creixement econòmic sostenible”.

D'aquella pols, aquests fangs

El CAP Menorca va obrir les portes el 17 de maig del 2024 després de diversos anys d'endarreriments i esmenes ambientals al projecte original, que incloïa habitacions penjants amb vista al mar, suspeses sobre el barranc de Sant Llorenç de Llucalari. Es tracta d'un agroturisme amb capacitat per allotjar 30 hostes, que ocupa 30 hectàrees –una per a cada visitant– del que fins al 1994 va ser una bateria d'artilleria de costa de l'Exèrcit i on encara queden dos canons Vickers 38 que apunten cap al mar.

L'hotel, que fins i tot compta amb una flota de iots propis i les suites del qual costen entre 1.200 i 3.000 dòlars la nit, pertany a la companyia Mare e Terra, de la qual és propietari l'empresari francès Laurent Morel-Ruymen, conegut per haver comprat i reformat quatre hotels més a Menorca. A les seves publicacions en línia, Ruymen insisteix que el seu projecte està pensat per a “reduir al màxim la petjada humana” amb l'objectiu que els seus hostes puguin “viure en harmonia amb la natura”. Fins i tot setmanes després de reconèixer que a l'hotel s'extreia il·legalment aigua enmig d'una de les pitjors sequeres que es recorden a Menorca, l'empresari francès manté a la seva pàgina web el missatge que el model d'hotel rural “aposta per la mínima intervenció al territori”.

L'hotel, que fins i tot compta amb una flota de iots propis i les suites dels quals costen entre 1.200 i 3.000 dòlars la nit, pertany a la companyia Mare e Terra, de la qual és propietari l'empresari francès Laurent Morel-*Ruymen, conegut per haver comprat i reformat altres quatre hotels a Menorca

El CAP Menorca, que cuenta con una flota de yates propios y cuyas suites cuestan entre 1.200 y 3.000 dólares la noche, pertenece al empresario francés Laurent Morel-Ruymen. Incluso semanas después de reconocer que en su hotel se extraía ilegalmente agua en medio de una de las peores sequías que se recuerden en Menorca, mantiene que su proyecto “apuesta por la mínima intervención en el territorio”

“Menorca és un territori que té límits molt concrets –com el tema de l'aigua–, ho diem i ho repetim cada vegada que apareixen aquests grans empresaris amb les seves fabuloses infraestructures a les quals, per altra banda, no tenim capacitat de mantenir”, assenyala la regidora d'Avaçam Alaior, Isa Allès. Ella cita concretament el seu municipi com a epicentre de diverses irregularitats: “Aquí també es va donar el cas de les piscines fraudulentes i il·legals de l'hotel Torrevella i ara el pou il·legal del qual s'extreia diàriament aigua en plena sequera. L'alcalde, [José Luis] Benejam (PP), en lloc de fer complir la llei, fa pilotes fora i assenyala l'administració de l'Estat com a responsable d'allò del que la seva administració s'hauria d'ocupar-se”, assevera.

L'alcalde (PP) nega tenir cap responsabilitat

Per part seva, Benejam rebutja les crítiques de l'oposició i assenyala que la seva administració no és “competent en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic”, responsabilitat que, afirma, recau en el Consorci de Disciplina Urbanística a Sòl Rústic, dependent del Consell Insular de Menorca, per la qual cosa es manifesta eximit d'incompliments. Així mateix, el primer edil insisteix, en declaracions a aquest mitjà, que l'Ajuntament “tampoc no té competències en la vigilància o control dels pous que puguin existir en sòl rústic”. “En aquest àmbit, l'autoritat competent és el Seprona de la Guàrdia Civil, que ha estat qui ha actuat en aquest cas i la tasca del qual recolzem totalment”, argueix.

L'alcalde d'Alaior, José Luis Benejam (PP), eludeix qualsevol tipus de responsabilitat i atribueix al Consell Insular de Menorca les competències en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic. Assegura que tampoc pot actuar en matèria de vigilància o control dels pous

Cal esmentar que Alaior és el municipi on en els darrers anys han proliferat les infraccions mediambientals vinculades a emprenements hotelers al medi rural. Un és el cas de les piscines il·legals de l'hotel Torrevella, que, com va publicar elDiario.es, seran legalitzades en virtut d'una llicència atorgada oportunament pel mateix ajuntament que dirigeix Benejam malgrat violar obertament el que disposa el Pla territorial insular. Idèntic és el cas de les piscines il·legals presentades davant l'administració com a aljubs de l'agroturisme Menorca Experimental. La polèmica llicència atorgada pel primer edil popular ha permès als promotors francesos de Torrevella alliberar-se d'una multa milionària imposada pel Consorci de Disciplina Urbanística.

Des de l'oposició municipal, els regidors d'Avançam Alaior responen a Benejam que,“encara que el consistori no té competències en matèria de disciplina urbanística, sí que té capacitat i eines per controlar els grans consumidors d'aigua del municipi”, cosa que, afegeixen, “enmig d'una sequera brutal seria bàsic controlar”. “Una mesura així hauria permès que se sabés qui està robant o malgastant l'aigua. Aquesta omissió, sumada a la connivència directa del cas Torrevella, envia un missatge clar: a Alaior hi ha un govern que protegeix els infractors”, emfatitza Isa Allès.

Tot i que el consistori no té competències en matèria de disciplina urbanística, sí que té capacitat i eines per a controlar als grans consumidors d'aigua del municipi. Una mesura així hauria permès que se sabés qui està robant o malgastant l'aigua. Aquesta omissió, envia un missatge clar: a Alaior hi ha un govern que protegeix els infractors

Avançam Alaior

La formació opositora subratlla, en diàleg amb aquest mitjà, la necessitat que el municipi deixi de “rebre diners dels hotels infractors”, ja que, segons denuncien, la localitat percep “des de fa anys” finançament privat per per a assistir a la Fira Internacional de Turisme (Fitur). Es tracta de l'únic municipi de Menorca amb representació pròpia en un esdeveniment d'abast internacional dedicat a la indústria del turisme. Tal com ha pogut confirmar elDiario.es, entre els finançadors de l'estand d'Alaior a Fitur hi ha els propietaris del CAP Menorca, Torrevella i Menorca Experimental, tots ells propietat d'inversors francesos i tots investigats per presumptes –o demostrades– infraccions ambientals.

Tensió veïnal al nord de Menorca

Després de conèixer-se la clausura del pou ubicat al predi del CAP Menorca van començar a aparèixer en alguns municipis del ponent insular una sèrie de grafits i cartells que al·ludeixen directament al director del grup Mare i Terra, Laurent Morel, com un “morós”, entre altres proclames. Sense que ningú s'hagi atribuït l'autoria de les pintades i els cartells, elDiario.es ha consultat alguns veïns del municipi d'Alaior per conèixer la seva opinió sobre aquesta campanya: tots condemnen els actes vandàlics, encara que apunten a la importància que “tots compleixin la llei per igual”.

Preguntar pel cas de les piscines il·legals de Torrevella o pel pou de Llucalari –la finca on s'allotja el CAP Menorca– a Alaior és un esport arriscat. Tot el municipi està al corrent de les infraccions dels agroturismes, per la qual cosa les opinions de veïns i coneguts moltes vegades es troben diametralment oposades entre si. Rosa MR explica a aquest diari que fa més de dues dècades que viu a Alaior i que a casa seva conviu amb tres persones més. La sola menció de Llucalari la retrotreu a un moment molt tens del municipi: 2004, l'any en què el predi estava abandonat i va ser okupat per un grup d'activistes, com va explicar elDiario.es a aquest reportatge.

“En aquella època estava tot destrossat, tot trencat i destruït, tot s'enfonsava”, explica aquesta veïna en referir-se al que avui és l'hotel més car i més exclusiu de l'illa. “Realment crec que aquest lloc, en haver pertangut originalment al patrimoni públic, s'hauria d'haver convertit en un espai de cooperatives d'habitatge, cosa que doni solució habitacional als veïns, en lloc d'un agroturisme per a ultra rics. No estic d'acord amb el que van fer els okupes, però encara menys que empresaris estrangers privatitzin un lloc de Menorca i s'emportin els beneficis a un altre país”, assenyala.

No estic d'acord amb el que van fer els okupes [en la base militar de Llucalari, on van acabar construint-se hotels de luxe], però menys encara que empresaris estrangers privatitzin un lloc de Menorca i s'emportin els beneficis a un altre país

Rosa M.R. — Veïna de Alaior

“Modus operandi” entre Ajuntament i empresaris

Raquel és veïna de tota la vida d'Alaior i considera que considera que la problemàtica de les piscines i les infraccions en agroturismes és “un modus operandi” entre els empresaris i l'ajuntament. “Els veïns d'Alaior fem un consum responsable de l'aigua, estem conscienciats i tractem aquest recurs com el que és, una cosa escassa i preuada. Em sembla una burla que a nosaltres ens reclamin restriccions en l'ús quotidià quan a aquesta gent els perdonen deutes milionaris per infringir la llei”, emfatitza.

Per la seva banda, Andrea C., veïna del carrer Verge del Toro i mare soltera de dos petits, ha estat consultada pel Diario.es sobre l'aparició dels cartells i grafits que apunten contra el propietari del grup Mare e Terra. “No em sembla bé, però entenc que hi hagi veïns que estiguin cansats que la gent amb diners cregui que pot fer el que vulgui”, comenta en una opinió compartida per altres veïns consultats per aquest mitjà. “No crec que sigui útil assenyalar algú amb nom i cognoms, perquè hi ha molts altres infractors aquí mateix a Alaior que s'emparen a l'anonimat i són protegits per l'Ajuntament. Crec que, de totes maneres, han de complir la llei o pagar per les seves infraccions”, sentencia.

El pasado mes de julio, las autoridades de los ocho municipios de Menorca decretaron la prealerta por sequía y anunciaron una batería de medidas para enfrentar la crisis del agua. Se han clausurado las fuentes públicas y se ha suprimido el riego de todas las rotondas, jardines, parques y zonas verdes. También se ha prohibido limpiar embarcaciones y vehículos con manguera. Asimismo, se cancelaron los repostajes para cruceros y embarcaciones de gran calado y se han enviado cartas a la ciudadanía y a los visitantes para concienciar de la gravedad del problema hídrico que atraviesa la isla –según datos del índice global de la Demarcación Hidrográfica, las reservas de la isla se sitúan en el al 38%, el mínimo en las últimas cuatro décadas–.

Al mismo tiempo que los 100.000 residentes de Menorca –y los casi 200.000 visitantes que según el Observatorio Social y Ambiental pueblan la isla cada mes de agosto– hacían un esfuerzo para evitar el desperdicio de agua, un grupo de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ingresaba al predio del agroturismo Cap Menorca, en el municipio de Alaior, para clausurar un pozo ilegal que extraía diariamente 40.000 litros de agua potable, según indicaron los agentes y reconocieron los mismos propietarios del hotel.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado que la operación continúa en marcha y las pesquisas siguen abiertas, por lo que no se descartan nuevas intervenciones contra infractores en las próximas semanas. A pesar de los intentos de este medio por recoger su versión, desde la propiedad del hotel han evitado hacer declaraciones sobre el hallazgo del pozo ilegal. Tampoco se han pronunciado sobre el hecho de que, según figura en su página web, el hotel recibió en 2021 un millón de euros procedentes de los fondos Next Generation de la UE, en virtud de su “compromiso ambiental” y de promover el “crecimiento económico sostenible”.

A pesar de los intentos de este medio por recoger su versión, desde la propiedad del hotel evitan hacer declaraciones sobre el hallazgo del pozo ilegal. Tampoco sobre el hecho de que el establecimiento recibiese en 2021 un millón de euros de los fondos Next Generation por su “compromiso ambiental” y por promover el “crecimiento económico sostenible”.

De aquellos barros estos lodos

El Cap Menorca abrió sus puertas el 17 de mayo de 2024 tras varios años de atrasos y enmiendas ambientales al proyecto original, que incluía habitaciones colgantes con vista al mar, suspendidas sobre el barranco de Sant Llorenç de Llucalari. Se trata de un agroturismo con capacidad para albergar a 30 huéspedes, que ocupa 30 hectáreas –una para cada visitante–de lo que hasta 1994 fue una batería de artillería de costa del Ejército y en la que todavía quedan dos cañones Vickers 38 que apuntan hacia el mar.

El hotel, que incluso cuenta con una flota de yates propios y cuyas suites cuestan entre 1.200 y 3.000 dólares la noche, pertenece a la compañía Mare e Terra, de la que es propietario el empresario francés Laurent Morel-Ruymen, conocido por haber comprado y reformado otros cuatro hoteles en Menorca. En sus publicaciones online, Ruymen insiste en que su proyecto está pensado para “reducir al máximo la huella humana” con el objetivo de que sus huéspedes puedan “vivir en armonía con la naturaleza”. Incluso semanas después de reconocer que en su hotel se extraía ilegalmente agua en medio de una de las peores sequías que se recuerden en Menorca, el empresario francés mantiene en su página web el mensaje de que su modelo de hotel rural “apuesta por la mínima intervención en el territorio”.

El hotel, que incluso cuenta con una flota de yates propios y cuyas suites cuestan entre 1.200 y 3.000 dólares la noche, pertenece a la compañía Mare e Terra, de la que es propietario el empresario francés Laurent Morel-Ruymen, conocido por haber comprado y reformado otros cuatro hoteles en Menorca

“Menorca es un territorio que tiene límites muy concretos – como el tema del agua–, lo decimos y lo repetimos cada vez que aparecen estos grandes empresarios con sus fabulosas infraestructuras a las que, por otro lado, no tenemos capacidad de mantener”, señala la concejal de Avaçam Alaior, Isa Allès. Ella cita concretamente a su municipio como epicentro de diversas irregularidades: “Aquí también se dio el caso de las piscinas fraudulentas e ilegales del hotel Torrevella y ahora el pozo ilegal del cual se extraía diariamente agua en plena sequía. El alcalde, [José Luis] Benejam (PP), en lugar de hacer cumplir la ley, echa balones fuera y señala a la administración del Estado como responsable de aquello de lo que su administración debería ocuparse”, asevera.

El alcalde (PP) niega tener responsabilidad alguna

Por su parte, Benejam (PP) rechaza las críticas de la oposición y señala que su administración no es “competente en materia de disciplina urbanística en suelo rústico”, responsabilidad que, afirma, recae en el Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico, dependiente del Consell Insular de Menorca, por lo que se manifiesta eximido de incumplimiento alguno. Asimismo, el primer edil insiste, en declaraciones a este medio, que el Ayuntamiento “tampoco tiene competencias en la vigilancia o control de los pozos que puedan existir en suelo rústico”. “En este ámbito, la autoridad competente es el Seprona de la Guardia Civil, que ha sido quien ha actuado en este caso y cuya labor respaldamos totalmente”, arguye.

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam (PP), elude cualquier tipo de responsabilidad y achaca al Consell Insular de Menorca las competencias en materia de disciplina urbanística en suelo rústico. Asegura que tampoco puede actuar en materia de vigilancia o control de los pozos

Cabe mencionar que Alaior es el municipio donde en los últimos años han proliferado las infracciones medioambientales vinculadas a emprendimientos hoteleros en el medio rural. Uno de ellos es el caso de las piscinas ilegales del hotel Torrevella, que, como publicó elDiario.es, serán legalizadas en virtud de una licencia otorgada oportunamente por el mismo ayuntamiento que dirige Benejam a pesar de violar abiertamente lo dispuesto por el Plan Territorial Insular. Idéntico es el caso de las piscinas ilegales presentadas ante la administración como aljibes del agroturismo Menorca Experimental. La polémica licencia otorgada por el primer edil popular ha permitido a los promotores franceses de Torrevella librarse de una multa millonaria impuesta por el Consorcio de Disciplina Urbanística.

Desde la oposición municipal, los concejales de Avançam Alaior responden a Benejam que, “aun cuando el consistorio no tiene competencias en materia de disciplina urbanística, sí tiene capacidad y herramientas para controlar a los grandes consumidores de agua del municipio”, algo que, añaden, “en medio de una sequía brutal sería básico controlar”. “Una medida así habría permitido que se supiera quién está robando o malgastando el agua. Esta omisión, sumada a la connivencia directa del caso Torrevella, manda un mensaje claro: en Alaior hay un gobierno que protege a los infractores”, enfatiza Isa Allès.

Aun cuando el consistorio no tiene competencias en materia de disciplina urbanística, sí tiene capacidad y herramientas para controlar a los grandes consumidores de agua del municipio. Una medida así habría permitido que se supiera quién está robando o malgastando el agua. Esta omisión, manda un mensaje claro: en Alaior hay un gobierno que protege a los infractores

Avançam Alaior

La formación opositora subraya, en diálogo con este medio, la necesidad de que el municipio deje de “recibir dinero de los hoteles infractores”, ya que, según denuncian, la localidad percibe “desde hace años” financiación privada para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Se trata del único municipio de Menorca con representación propia en un evento de alcance internacional dedicado a la industria del turismo. Tal como ha podido confirmar este periódico, entre los financiadores del stand de Alaior en Fitur se encuentran los propietarios del Cap Menorca, Torrevella y Menorca Experimental, todos ellos propiedad de inversores franceses y todos investigados por presuntas –o demostradas– infracciones ambientales.

Tensión vecinal en el norte de Menorca

Tras conocerse la clausura del pozo ubicado en el predio del Cap Menorca comenzaron a aparecer en algunos municipios del poniente insular una serie de grafitis y carteles que aluden directamente al director del grupo Mare e Terra, Laurent Morel, como un “moroso”, entre otras proclamas contra la figura del magnate francés. Sin que nadie se haya atribuido la autoría de las pintadas y carteles, elDiario.es ha consultado a algunos vecinos del municipio de Alaior para conocer su opinión sobre esta campaña: todos ellos condenan los actos vandálicos, aunque apuntan a la importancia de que “todos cumplan la ley por igual”.

Preguntar por el caso de las piscinas ilegales de Torrevella o por el pozo de Llucalari –la finca donde se aloja el Cap Menorca– en Alaior es un deporte arriesgado. Todo el municipio está al tanto de las infracciones de los agroturismos, por lo que las opiniones de vecinos y conocidos muchas veces se encuentran diametralmente opuestas entre sí. Rosa M.R. cuenta a este periódico que lleva más de dos décadas viviendo en Alaior y que en su casa convive con otras tres personas. La sola mención de Llucalari la retrotrae a un momento muy tenso del municipio: 2004, el año en que el predio se hallaba abandonado y fue okupado por un grupo de activistas.

“En esa época estaba todo destrozado, todo roto y destruido, todo se venía abajo”, cuenta esta vecina al referirse al que hoy es el hotel más caro y más exclusivo de la isla. “Realmente creo que este lugar, al haber pertenecido al patrimonio público originalmente, debería haberse convertido en un espacio de cooperativas de vivienda, algo que dé solución habitacional a los vecinos, en lugar de un agroturismo para ultrarricos. No estoy de acuerdo con lo que hicieron los okupas, pero menos aún con que empresarios extranjeros privaticen un lugar de Menorca y se lleven los beneficios a otro país”, señala.

No estoy de acuerdo con lo que hicieron los okupas [en la base militar de Llucalari, donde acabaron construyéndose hoteles de lujo], pero menos aún con que empresarios extranjeros privaticen un lugar de Menorca y se lleven los beneficios a otro país

Rosa M.R. — Vecina de Alaior

“Modus operandi” entre Ayuntamiento y empresarios

Raquel es vecina de toda la vida de Alaior y considera que la problemática de las piscinas y las infracciones en agroturismos es “un modus operandi” entre los empresarios y el ayuntamiento. “Los vecinos de Alaior hacemos un consumo responsable del agua, estamos concienciados y tratamos este recurso como lo que es, algo escaso y preciado. Me parece una burla que a nosotros nos reclamen restricciones en el uso cotidiano cuando a esta gente les perdonan deudas millonarias por infringir la ley”, enfatiza.

Por su parte, Andrea C., vecina de la calle Verge del Toro critica la aparición de carteles y grafitis que apuntan contra el propietario del grupo Mare e Terra. “No me parece bien, pero entiendo que haya vecinos que estén cansados de que la gente con dinero crea que puede hacer lo que quiera”, comenta en una opinión compartida por otros vecinos consultados por este medio. “No creo que sea útil señalar a alguien con nombre y apellidos, porque hay muchos otros infractores aquí mismo en Alaior que se amparan en el anonimato y son protegidos por el Ayuntamiento. Creo que, de todas formas, tienen que cumplir la ley o pagar por sus infracciones”, sentencia.

La investigación judicial de un posible delito ambiental por los nueve pozos sin licencia descubiertos en una finca de la Casa de Alba junto a Doñana da un nuevo giro, después de que el juez haya dado el paso de imputar a la empresa familiar que gestiona estas tierras. Así se ha comunicado en una providencia, en la que se cita al representante legal de Eurotécnica Agraria a comparecer el próximo 18 de septiembre en el juzgado para tomarle declaración como investigado, lo que a su vez puede implicar que por ahora se libran Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo, cuya imputación solicitó la Fiscalía.

El magistrado insta a la sociedad a que designe a la persona que la represente ante el Juzgado de Sanlúcar la Mayor que lleva el caso. La defensa de esta compañía ha mantenido hasta la fecha que el máximo responsable es el hasta la fecha único imputado, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, sobrino del duque de Alba y administrador de la firma. De hecho, esto fue lo que libró a su tía, Eugenia Martínez de Irujo, de ser imputada como ocurrió inicialmente al figurar como presidenta de Eurotécnica.

De esta manera, el magistrado atiende parcialmente la petición de la Fiscalía, que solicitó precisamente que se imputase a la persona jurídica Eurotécnica Agraria. El Ministerio Fiscal también solicitó la imputación de todos los miembros del consejo de administración de la compañía, en el que además de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg figuran sus tíos Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo.

Responsable penal o responsable civil subsidiario

Precisamente, en una providencia anterior el magistrado solicitó al Ministerio Fiscal que definiese su postura, y que eso iba a determinar si citaba como investigado a los tres hermanos. Concretamente, le pidió que “aclare” si está solicitando la investigación de Eurotécnica Agraria como posible responsable penal o como responsable civil subsidiaria. El Ministerio Público apuntaba a la persona jurídica tras un CIF y pedía su investigación en base al artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El magistrado argumentó que, según el artículo 118 de la ley “que se invoca” por la fiscal, si lo que se persigue es la responsabilidad penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, cuyo administrador es precisamente Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, primer nieto de Cayetana de Alba. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se opta por esta vía, entiende el instructor.

El hecho de que se cite como investigado sólo al representante de la empresa parece indicar que, por ahora, los tres hermanos Martínez de Irujo evitarían el trago de comparecer ante el juez, al menos en función de cómo evolucione la investigación. La defensa, por su parte, ya alegó en su momento que el administrador de Eurotécnica Agraria (y por tanto su máximo responsable en la práctica) es Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, por lo que entiende que “no hay ninguna razón que justifique” la petición de la Fiscalía de proceder contra Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.

“Grave perjuicio para el medio natural”

La base para esta afirmación es que en 2016 se firmó un acuerdo (refrendado en 2022) por el que se repartían entre los hijos de Cayetana de Alba varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria. En esta distribución la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar y en la que se ubican estos nueve pozos ilegales, fue a parar a Alfonso Martínez de Irujo, que puso al frente de la misma a su hijo Luis.

Por ello, la defensa sostiene que los hermanos Martínez de Irujo no participaban en la gestión de Aljóbar ni en “ninguna decisión que afectase a ésta”. No sólo eso, sino que tampoco “estaban facultados ni tenían atribuciones para hacerlo, sin que además hayan obtenido ni pudiesen obtener beneficio alguno”.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que “concurren indicios suficientes” de un delito contra el medio ambiente: se ha producido una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, al menos durante una década, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. Por su parte, la Guardia Civil apunta en su informe a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.

Vox quiere aprovechar el enfado de los agricultores por el retraso de las ayudas del Gobierno asociadas al pacto por Doñana para reactivar en el Parlamento andaluz la ley de indultos a los regadíos ilegales junto al parque natural. La excusa la ha servido ahora en bandeja la suspensión este martes de una reunión en la que se iban a presentar las claves de estas subvenciones, que finalmente se ha suspendido, lo que ha llevado a los regantes a anunciar que dan por “roto” el pacto entre los ejecutivos central y andaluz, un río revuelto en el que ahora quiere pescar Vox.

La polémica norma que desató un monumental enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía fue paralizada por el presidente Juan Manuel Moreno, tras firmar un acuerdo de inversión millonaria para Huelva (1.400 millones entre ambas administraciones) con la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. La ley fue suspendida, pero nunca retirada. Duerme el sueño de los justos en el registro del Parlamento, algo que las izquierdas siempre han denunciado como una especie de “espada de Damocles” o “bala en la recámara” para que Moreno presionase en el futuro al Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del PP andaluz no está en ese escenario, ni por asomo, pero Vox era la otra parte firmante de aquel proyecto de ley y siempre mantuvo sus reparos al pacto firmado entre el Ejecutivo central y la Junta. El desarrollo del pacto por Doñana no está siendo satisfactorio para los agricultores de la zona que, a estas alturas, esperaban haber recibido ya las ayudas prometidas por retirar sus cultivos en el entorno del parque natural.

Este martes 8 de julio estaba prevista una reunión en la que el Gobierno central iba a informar a los agricultores sobre cuándo se van a publicar las famosas ayudas incluidas en el Pacto de Doñana, el acuerdo que sellaron en 2023 los ejecutivos central y andaluz para traer la paz en el territorio. Estas subvenciones son la parte del león, las que van a permitir que reciban hasta 100.000 euros por hectárea los agricultores que dejen de regar, así que la suspensión del encuentro ha soliviantado a los regantes.

Vox no tiene cupo para volver ahora a la carga

Esa chispa que encendió el malestar de los agricultores del Condado es la misma que PP y Vox vehicularon para impulsar la primera ley de regadíos, y ahora el partido de Santiago Abascal amenaza con devolverla al pleno para someterla a votación, y forzar un previsible voto en contra del PP.

Sin embargo, Vox (14 diputados) ya ha agotado su cupo para presentar proposiciones de ley a falta de un pleno –23 y 24 de julio– para que termine el periodo de sesiones, de modo que difícilmente podrá llevar a término su amenaza antes del verano. Fuentes del partido aseguran que “van a luchar para que la proposición de ley de Doñana sea incluida en el último pleno del periodo de sesiones, antes del verano”, aunque no aclaran cómo lo harán sin margen para impulsar una iniciativa legislativa este miércoles, cuando se decide el orden de la última sesión plenaria de la temporada.

El punto de partida del actual conflicto es que estas ayudas a los agricultores de la Corona Norte de Doñana, para los que se diseñó específicamente la ley que presentaron hasta dos veces PP y Vox con vistas a indultar regadíos ilegales, son las que llevan más retraso. Estas subvenciones son las más jugosas, la piedra angular del acuerdo (por este dinero se dejará de regar, para así impulsar la recuperación del acuífero) y también las más retrasadas por su complejidad, lo que está obligando a hacer encajes de bolillos para que Europa no las vea como que atentan contra la libre competencia y las tumbe.

Pagar por dejar de cultivar

Estas subvenciones son la piedra angular del pacto. No se comprarán terrenos, pero el Gobierno pagará hasta 70.000 euros por hectárea (7.000 al año durante una década) a los agricultores que dejen de cultivar y reviertan los suelos a forestal durante al menos 30 años, una cantidad que en el caso de la Corona Norte se elevará hasta los 100.000 euros al complementarla la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000).

Está también la opción de cambiar durante un mínimo de diez años invernaderos por cultivos de secano (vid, olivo, almendro...), caso en el que se pagarán 2.500 euros por hectárea, o pasarse a la agricultura ecológica durante al menos cinco años a cambio de 1.000 euros por hectárea.

Ese es el punto de partida, pero los regantes lo que ven es que ya están llegando las ayudas previstas para los municipios, mientras que de las suyas no se conocen todavía ni las bases reguladoras, lo que sitúa lejano el momento del pago. En teoría el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) era publicarlas este verano, pero la suspensión de la reunión lo que ha hecho es encender los ánimos.

Una “tomadura de pelo”

En este contexto, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva (uno de los motores de la nonata ley) es la que ha anunciado este martes que considera “roto” el pacto de Doñana por parte del Gobierno central tras los “reiterados incumplimientos”. Hace tres semanas la plataforma ya anunció que están que echan humo, y ahora reiteran que lo que está ocurriendo es una “tomadura de pelo” a todos los afectados, que cifran en más de 1.500 familias de cinco municipios.

La cancelación de la reunión la entienden como “un engaño absoluto” a los agricultores, “que ven como el proceso se dilata en el tiempo sin que se vayan dando pasos ni se ofrezcan alternativas o soluciones a los afectados”.

En realidad, los agricultores no pueden romper un acuerdo que no han firmado, porque fue suscrito por Gobierno y Junta, pero es evidente que si le hacen la cruz se complicará la situación. En la práctica esta es su forma de presionar para acelerar la llegada del dinero, hasta el punto de que en junio ya anunciaron que van a plantar todas las hectáreas posible –sin dejar “ni una fuera”, apostillaron– y ahora reclaman una reunión con el consejero de la Presidencia para que la Junta “muestre su apoyo” a los afectados.

El PP no se lo plantea

La ocasión la intenta coger de nuevo al vuelo Vox, que trata otra vez de capitalizar la cuestión con el anuncio fulminante de que llevará de nuevo la ley de regadíos al Parlamento ante estos “incumplimientos”. PSOE y PP “siguen tomando el pelo a los agricultores, juegan con ellos y los dejan tirados en la estacada otra vez”, ha criticado el portavoz de la formación de ultraderecha, Manuel Gavira, que amenaza de nuevo con llevar a la Cámara la norma para indultar regadíos “para que toda Andalucía sepa cómo populares y socialistas prometen mucho, pero luego no cumplen absolutamente nada”.

¿Y qué dicen desde el PP a día de hoy, tras este nuevo amago de Vox? Pues que no entra en sus planes reactivar la ley, porque “tenemos un acuerdo” con el Ejecutivo central y los agricultores “y lo que vamos a hacer es cumplir nuestra parte y exigir al Gobierno de España que cumpla la suya”.

De paso, los populares recuerdan que “siempre hemos abogado” por que las subvenciones a los agricultores tuviesen prioridad por parte del Estado frente a otras ayudas “y saliesen con la mayor celeridad posible, para que así el colectivo se hubiera podido acoger a ellas cuanto antes”. De hecho, consideran que los regantes “ya podrían estar beneficiándose de las ayudas si el Gobierno de España hubiera escuchado los planteamientos del PP”, lo que no quita para que “seguimos confiando en el cumplimiento del acuerdo y presionaremos para ello”.

Dos agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y sus familias han recibido amenazas de muerte en Tomelloso (Ciudad Real), según ha dado a conocer el organismo de cuenca que ha condenado “enérgicamente” lo ocurrido.

No se desvelan las circunstancias de los hechos, aunque la confederación apunta que “la situación de emergencia en la que se encuentran sus acuíferos debido a la sobreexplotación de los mismos exige seguir trabajando con firmeza en la localización y sanción de todas las extracciones ilegales de agua con el fin de lograr su recuperación”.

Es un “hecho inaceptable”, asegura la confederación hidrográfica, “que atenta contra quienes trabajan por la protección del dominio público hidráulico”. Ha trasladado su apoyo a los afectados y ha dado a conocer además que adoptará las “medidas legales necesarias ante cualquier acto de violencia o intimidación contra su personal”, sin detallar si se presentará o no una denuncia ante instancias judiciales. Este medio sí ha podido confirmar que la Guardia Civil investiga lo ocurrido.

El trabajo de los agentes medioambientales, resalta el organismo público, permite “garantizar la sostenibilidad de un bien común que nos pertenece a todos” y además ha reafirmado “su compromiso con la defensa del agua en el Alto Guadiana, un recurso esencial para el desarrollo social, económico y ambiental de esta zona.

El juez que investiga el caso de los nueve pozos ilegales en una finca sevillana de la Casa de Alba le ha transmitido a la Fiscalía sus dudas sobre su petición anterior de imputar a varios de los hermanos Martínez de Irujo. De hecho, considera que en función de qué tipo de responsabilidad busque el Ministerio Público en este proceso, será procedente o no citarlos para que declaren. Así que la decisión queda en sus manos en esta investigación por un delito ambiental tras la extracción sin licencia de 6.600 millones de litros de agua durante una década.

Inicialmente la fiscal de Medio Ambiente había solicitado que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda en término municipal de Aznalcázar, junto a Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil. Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado.

Ahora, y en una nueva providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado le pide a la Fiscalía que “aclare” si está solicitando la investigación de Eurotécnica Agraria como posible responsable penal o como responsable civil subsidiaria. El Ministerio Público apuntaba a la persona jurídica tras un CIF y pedía su investigación en base al artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No serían “necesarias” sus declaraciones

El magistrado argumenta que, según el artículo 118 de la ley “que se invoca” por la fiscal, si lo que se persigue es la responsabilidad penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, cuyo administrador es precisamente Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, primer nieto de Cayetana de Alba. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se opta por esta vía, entiende el instructor.

Es decir, que ahora mismo el escenario que se plantea es que los hermanos del duque de Alba sólo serían citados a declarar como investigados si la intención es apuntar a Eurotécnica Agraria como responsable civil subsidiaria. En su escrito que remitió en marzo al juez solicitándole estas imputaciones, la Fiscalía consideraba que “concurren indicios suficientes” por hechos “cuanto menos constitutivos de presunto delito contra el medio ambiente”.

En concreto, apelaba al artículo 325 del Código Penal “vista la extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”. Esto, apuntaba, produjo un “grave perjuicio para el medio natural”, que según el informe de la Guardia Civil puede ser “irreversible” y que calcula en más de seis millones de euros. Por su parte, la defensa de la Casa de Alba (que acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para perjudicarle) reduce esta cifra a 570.000 euros, un 91% menos.

Eugenia Martínez de Irujo ya se libró

Por lo tanto, y a día de hoy, la orientación que le dé al caso la Fiscalía condicionará si los hermanos del duque de Alba son interrogados o no. Eugenia Martínez de Irujo fue imputada inicialmente ya que cuando se denunciaron los hechos en 2023 ocupaba la presidencia rotatoria del consejo de administración, pero el juez la sacó del caso al atender la petición de la defensa para que el investigado fuera su sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, en su calidad de administrador de la sociedad.

Entonces se esgrimió el “total desconocimiento” sobre los hechos investigados por parte de la duquesa de Montoro, lo que “haría improductiva su declaración” ante el magistrado. Así se hizo, con el resultado de que el investigado pasó a ser el duque de Aliaga, que en su comparecencia señaló que tampoco sabe cómo es el día a día de la finca.

Precisamente, la línea que mantiene la defensa es que el nieto mayor de Cayetana de Alba tiene que mantenerse como único imputado, dejando fuera del caso a sus tíos. El argumento es que en 2016 firmaron un acuerdo (refrendado en 2022) con su también hermano Alfonso por el que se repartieron entre ellos varias fincas familiares bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria. En esta distribución Aljóbar fue a parar a este último, que puso al frente de la misma a su hijo Luis, el único investigado.

Esta división de las haciendas de los Alba propició una “gestión diferenciada” de cada una de ellas. Por eso, la defensa entiende que en virtud de estos acuerdos, “no hay indicio alguno de responsabilidad que justifique citar como investigados a los restantes miembros del consejo de administración”.

El robo continuo de agua en los nueve pozos ilegales en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, habría provocado daños ambientales durante una década que se valoran en una horquilla de entre 6,1 y 6,5 millones de euros. El dato lo aporta la investigación de la Guardia Civil, cuya labor intenta distorsionar la defensa con un informe crítico remitido al juez que rebaja esta cifra a 570.000 euros, un 91% menos, y con la reivindicación de que en realidad es menor con el argumento de que no puede hablarse de un impacto de diez años.

Las instalaciones irregulares fueron descubiertas y precintadas en una hacienda ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar, en la misma linde con Doñana. El caso ha dado pie a una investigación judicial por posible delito ambiental, una causa en la que la Fiscalía ha pedido imputar a tres miembros de la Casa de Alba, solicitud que el juez no ha atendido hasta la fecha.

La gestora de las tierras (la empresa Eurotécnica Agraria, propiedad de los Martínez de Irujo) reconoce que estos bombeos no tenían licencia, pese a lo cual niega que hayan provocado un daño ambiental grave y, ni mucho menos, por el importe que calcula la Guardia Civil. ¿Y en qué se basa para hacer esta afirmación? Pues en la “falta de claridad al desarrollar los cálculos” y que la valoración final es “completamente errónea e infundada”.

El informe de parte llega a acusar al instituto armado de no ajustarse a los criterios con los que se calcula este impacto, utilizando además una fórmula “extremadamente confusa”. El resultado “no sólo carecería de fundamento legal, sino de lógica”.

Beneficio económico ilícito

El contrainforme critica especialmente que los agentes introduzcan el dato no sólo del daño ambiental generado, sino también el del supuesto beneficio económico ilícito obtenido con los pozos sin licencia, que sitúa en alrededor de seis millones de euros. A su juicio, y “desde un punto de vista puramente agronómico”, la introducción de este “elemento subjetivo” para cuantificar un posible daño al acuífero “es irracional”.

Asimismo, defiende que la extracción de aguas subterráneas “se ha ajustado en todo momento a la legalidad”. Eso sí, la defensa admite la posibilidad de un “volumen teórico” de agua no autorizado extraído por encima de los 605.150 metros cúbicos anuales que tiene oficialmente concedidos la hacienda para regar 200 hectáreas de naranjos. Esta cantidad de más sería de 475.000 metros cúbicos, y es esta cifra la que le lleva a cuantificar el daño ambiental causado.

Para ello, se apunta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) fijó en 2014 –y actualizó en 2023– que el coste a efectos de valoración de daños es de 0,12 euros el metro cúbico. El importe sería por tanto el resultado de multiplicar esta cifra por los 475.000 metros cúbicos al año, que es el “volumen teóricamente no autorizado”, lo que supone 57.000 euros al año y los consiguientes 570.000 euros en una década.

“Sin ajustarse a los criterios”

Es decir, que considera la Guardia Civil ha hecho sus cálculos “sin ajustarse a los criterios de cuantificación del daño”. La horquilla de tiempo también se pone en cuestión por la Casa de Alba, ya que la plantación de cítricos pasó en 2021 de 200 a 146 hectáreas, reduciéndose hasta las 96 en 2023. Por ello, considera que la cifra real sería inferior a la calculada.

En definitiva, la defensa critica que se utilizan “enfoques y presupuestos teóricos (estimaciones y presunciones) completamente ajenos a las características reales de la explotación”. “Ninguna de estas consideraciones tiene relación alguna con los métodos legales y reglamentarios para la valoración de los daños al dominio público hidráulico”, apostilla.

Si el juez tiene en cuenta o no estas consideraciones va a depender, en buena parte, del informe que le ha encargado a la Confederación del Guadalquivir para determinar el impacto que los nueve pozos sin permiso han podido tener en el acuífero del que extraen agua, el Aljarafe Sur. Asimismo, el organismo tiene que analizar las masas de agua y ecosistemas “dependientes, relacionados o asociados”. Mientras tanto, el magistrado ha prorrogado otros seis meses la instrucción, que se prolongará así al menos hasta octubre.

El único investigado en la causa judicial abierta por el posible delito ambiental que tendría su origen en los nueve pozos sin licencia descubiertos en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, debe ser precisamente el único imputado hasta la fecha, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, sobrino del duque de Alba y primer nieto de Cayetana de Alba. Así lo sostiene la defensa de la empresa familiar que gestiona estas tierras, Eurotécnica Agraria, para la que “no hay ninguna razón que justifique” la petición de la Fiscalía de proceder contra los hermanos del duque de Alba, Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.

La defensa intenta así repetir una maniobra que ya le salió bien y que sacó del caso a Eugenia Martínez de Irujo, la primera investigada en este caso, para centrar el foco en su sobrino, que figura como administrador de la sociedad. Entonces se esgrimió el “total desconocimiento” sobre los hechos investigados de la duquesa de Montoro pese a que ocupa la presidencia rotatoria de Eurotécnica Agraria, lo que “haría improductiva su declaración” ante el juez.

El magistrado así lo admitió y en febrero citó como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga... que en su declaración señaló que tampoco sabe cómo es el día a día de la finca. La hacienda se ubica en término del municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con el parque nacional de Doñana. De hecho, el juez del caso ha admitido la posibilidad de que las extracciones ilegales hayan tenido un “impacto colateral” en el parque.

Reparto de fincas entre los hermanos

El duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro del consejo de administración de Eurotécnica Agraria junto a sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo. Además de a todos los consejeros, la Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado ampliar la investigación a la propia empresa en sí.

¿Y cuál es el argumento que esgrime la defensa de la Casa de Alba para exculpar a los hijos de Cayetana de Alba? Pues que en 2016 se firmó un acuerdo (refrendado en 2022) por el que se repartían entre ellos las tierras bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria. En esta distribución Aljóbar fue a parar a Alfonso Martínez de Irujo, que puso al frente de la misma a su hijo Luis.

De esta manera, y según consta en un oficio que la defensa ha remitido al instructor, “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Esta administración se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

“No hay indicio alguno de responsabilidad”

La defensa aporta como demostración de ello el acuerdo al respecto entre los socios de la empresa de 2016, novado en 2022, por el que se procede al reparto y la “consecuente gestión diferenciada” de las haciendas familiares. En virtud de estos acuerdos, entiende que “no hay indicio alguno de responsabilidad que justifique citar como investigados a los restantes miembros del consejo de administración”.

A su juicio, los hermanos Martínez de Irujo no participaban en la gestión de Aljóbar ni en “ninguna decisión que afectase a ésta”. No sólo eso, sino que tampoco “estaban facultados ni tenían atribuciones para hacerlo, sin que además hayan obtenido ni pudiesen obtener beneficio alguno”.

La representación legal apela a sentencias del Tribunal Supremo según las cuales “la pertenencia al consejo de administración, por sí sola, no determina la responsabilidad por los hechos delictivos acordados en el mismo o en los ejecutados por otros consejeros”. En concreto, cita que “formar parte de un órgano colegiado no es algo que permita desvelar la intención que guía a los demás integrantes si no aparecen otros elementos externos que apunten a ellos”.

Gestión “independiente y autónoma”

También cita el artículo 28 del Código Penal, que estipula que son autores de un delito quienes realizan el hecho imputable por sí solos o por medio de otros de los que se sirven como instrumento, así como aquellos que inducen a otros a ejecutarlo o bien cooperan. Esto excluiría a los tíos del por ahora único investigado ya que, en virtud del pacto de 2016, los socios se repartieron los activos de la sociedad “asumiendo la gestión de manera independiente y autónoma”. Esto implica también que se individualizan “los beneficios o pérdidas que se generen en la explotación que se le ha atribuido”.

Con todo ello, la defensa expresa su “más firme oposición” a que se impute a los Martínez de Irujo, especialmente cuando todavía se está a la espera de diligencias “determinantes incluso de la existencia o no de indicios de responsabilidad penal en los hechos investigados”. El argumento de la Casa de Alba es que los pozos carecían de licencia y de contador de agua, pero que nunca se han extraído más recursos hídricos de los que están autorizados.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que “concurren indicios suficientes” de un delito contra el medio ambiente: se ha producido una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, al menos durante una década, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. Por su parte, la Guardia Civil apunta en su informe a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla investiga a cinco personas de mismo grupo familiar, por su supuesta implicación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, usurpación y falsedad documental. En concreto, se les acusa de transformar de forma ilícita a regadío más de 400 hectáreas de terreno de secano, para lo que contaban con pozos ilegales y llevaban a cabo extracciones ilegales del Guadalquivir.

Esta nueva fase de la operación Irrigatio, iniciada en 2021, ha permitido detectar importantes irregularidades medioambientales en los términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río. Los agentes centraron sus investigaciones en un complejo de fincas y explotaciones agrícola pertenecientes a un grupo familiar, donde se había transformado de forma ilícita más de 400 hectáreas de terreno de secano a regadío.

Los terrenos, principalmente de olivos, aunque también de naranjos, eran alimentados mediante captaciones no autorizadas de aguas superficiales y subterráneas. Entre los métodos empleados se encuentra la extracción directa del cauce del río Guadalquivir sin autorización, así como el uso de pozos y sondeos carentes de permisos, incluso durante periodos de especial riesgo por sequía.

Sin autorización alguna

Se estima que unas 270 hectáreas habrían sido transformadas sin concesión alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), calculando que el daño ecológico ocasionado podría superar los seis millones de euros, con una estimación de la extracción de más de 829 millones de litros anuales (829.530 metros cúbicos de agua).

Según la investigación del Seprona, se ha detectado una compra masiva de terrenos agrícolas de secano, convirtiéndoles posteriormente a regadío de forma fraudulenta. Además, algunas de las fincas se adquirían con cercanía a ríos o con derechos legales de captación, al parecer con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua.

Las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los tres millones de euros. A lo largo de las inspecciones realizadas por el Seprona y agentes fluviales de Confederación Hidrográfica del Guardalquivir, se han constatado diversas infracciones administrativas.

En su mayoría, las explotaciones inspeccionadas disponían de cerramientos complejos y la ocultación de motores, pozos y sistemas de captación en casetas y estructuras metálicas. Otro de los aspectos relevantes de la investigación es la presunta apropiación indebida de vías pecuarias y caminos públicos, cuya libre circulación habría sido impedida.

Invasión de zonas sensibles

Además, se han documentado trabajos de roturación y desmonte en zonas de servidumbre del arroyo Guadalbacor, con el objetivo de implantar cultivos intensivos de olivar, invadiendo áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Asimismo, se ha podido comprobar que el grupo familiar investigado habría percibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de fincas. En concreto, se habrían declarado parcelas de regadío como de secano y viceversa, con el propósito de beneficiarse de subvenciones vinculadas a la protección del clima y la sostenibilidad agrícola. Esta información ha sido remitida al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para su valoración.

La Guarcia Civil señala que los investigados en esta segunda fase de la operación no guardan relación ni vínculo alguno con las personas que fueron objeto de la primera fase de la operación, tratándose de un grupo completamente distinto de presuntos responsables. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos meses, en una labor continuada de protección del medio ambiente y uso responsable de los recursos hídricos.