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La Casa de Alba intenta regularizar sus pozos ilegales junto a Doñana en pleno proceso judicial por delito ambiental

Uno de los pozos sin licencia, tapado en uno de los naranjales de la finca.

Antonio Morente

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La Casa de Alba tramita la regularización de los ocho pozos ilegales de su finca Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a las mismas puertas del parque nacional de Doñana. El proceso se inició cuando la empresa de la casa ducal que gestiona estas tierras (Eurotécnica Agraria) ya había sido denunciada por delito ambiental por “detracción ilegal de aguas” por el uso, precisamente, de estas infraestructuras que carecen de permisos.

En la causa judicial abierta –en la que está llamada a declarar como imputada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro– se incluye otra acusación de desobediencia, ya que se impidió el acceso a la propiedad a los agentes de la Guardia Civil y a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que iban a clausurar estas instalaciones sin autorización con las que se riegan naranjas gourmet.

La petición de legalizar estos ocho puntos de extracción clandestinos cuenta con el informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la propia CHG, que da su visto bueno ya que –según el proyecto presentado por la empresa– lo que se hace es pasar de dos a diez pozos para regar pero sin aumentar el volumen de agua (606.000 metros cúbicos por año) que ya tiene oficialmente concedido la finca. La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente (presentada en septiembre de 2023) fija en 305.851,73 metros cúbicos (305 millones de litros) la cantidad extraída en la última campaña agrícola para “riegos ilegítimos” en plena sequía, una substracción que económicamente cuantifica en 36.702,16 euros.

La finca de los Alba obtiene sus recursos hídricos del acuífero Aljarafe Sur, declarado en buen estado y que linda con las masas de aguas subterráneas que dan vida a Doñana. Es decir, es colindante pero no es el acuífero en muy mala situación del que no se ha parado de hablar en los últimos dos años por el pirateo de agua en la Corona Norte del parque nacional.

Proyecto presentado en julio

La primera denuncia contra estos pozos ilegítimos la interpuso un particular en abril de 2023, a la que siguió otra de Ecologistas en Acción un mes después. Tras las inspecciones de la Guardia Civil y los técnicos de la Confederación, la empresa de la Casa de Alba presentó el proyecto para dar cobertura a estos pozos en julio, sólo dos meses antes de que la Fiscalía de Medio Ambiente –tras las diligencias previas practicadas– se querellase contra Eurotécnica Agraria, una causa que lleva el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor. Este periódico ha contactado con la Casa de Alba para conocer su versión, sin que se pronuncie al respecto.

En la actualidad, la concesión que tiene la Casa de Alba riega 200 hectáreas de cítricos y olivar superintesivo, y la propuesta que ahora presenta pasa por reducir la superficie de cultivo y dejarla en 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos. La empresa detalla en su proyecto las claves del mismo: “Incorporación de ocho pozos existentes al conjunto del aprovechamiento manteniendo el mismo caudal autorizado, reducción de la superficie de riego y actualización de los cultivos con sus sistemas de riego optimizados evitando el gasto y despilfarro de agua innecesario formalmente”.

La reducción de la superficie, eso sí, no implica que se vaya a utilizar menos agua, ya que se va a seguir utilizando la misma que hasta ahora. Cuando se hizo público el proceso judicial, Eurotécnica Agraria ya esgrimió que en ese momento sólo regaba 122 hectáreas de naranjos “con sistema de riego por goteo autorizado por la CHG merced a una sentencia, una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. La propiedad también tiene permiso para una gran balsa de 305.000 metros cúbicos en la que acumula los recursos que extrae del acuífero.

Mejora de la hidrodinámica del acuífero

¿Y por qué la Confederación Hidrográfica, que es la autoridad del agua, no pone problemas a la legalización de estos pozos? Pues básicamente porque no consume más de lo que tiene autorizado y, además, considera que repartir los puntos de extracción de dos a diez mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que profundizar más, tal y como ocurre ahora en las dos localizaciones desde las que se saca el agua.

En su proyecto, la empresa agrícola de la Casa de Alba admite abiertamente que la propuesta consiste en la “incorporación de ocho pozos ya existentes en la finca”. La compañía nunca ha negado que cuente con estas infraestructuras, pero insiste en que las utiliza sólo como apoyo a los pozos principales y que nunca ha extraído más agua de la que tiene asignada, en contra del criterio que defiende la Fiscalía. Asimismo, asegura que inutilizó estas extracciones cuando recibió el auto judicial.

Proceso judicial y proyecto empresarial

En cuanto al proceso judicial, el juez habría recibido ya un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que será clave para determinar el futuro de la causa y si se llama a declarar como imputada a Eugenia Martínez de Irujo. La presidencia de Eurotécnica Agraria es rotativa entre los miembros de la familia, y cuando ocurrieron los hechos la ejercía formalmente la duquesa de Montoro. La empresa la desligó del día a día de la finca y aseguró que Luis Martínez de Irujo “es el miembro del consejo responsable de la gestión” de Aljóbar.

Por lo que respecta al proyecto que prevé la legalización de los pozos, esta semana se ha producido en la propia explotación lo que se conoce como acto de confrontación, un trámite administrativo que gestiona la Confederación Hidrográfica y al que estaban llamados los posibles afectados por la propuesta de Eurotécnica Agraria. Formalmente, la compañía lo que ha solicitado es una transformación de derecho privado a concesión de aguas públicas, un procedimiento al que obliga la Ley de Aguas y que ya se publicó en el BOE.

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