Los interrogatorios del caso Ábalos han terminado. Esta semana queda visto para sentencia. Víctor de Aldama no solo ha confesado sus delitos, también está acusando a otras personas de delitos que no están siendo juzgados. Como es un acusado, y no un testigo, puede mentir. Puede inventarse lo que quiera. A esa rareza, a esa extraña criatura, la abogada de Koldo García la ha denominado: ornitorrinco procesal.

Koldo y Ábalos intentan defenderse desde la inocencia, desde la ingenuidad. Y Aldama, el ornitorrinco, desde la acusación. Esta última estrategia ya ha empezado a tener premio. Esta semana, hemos conocido las peticiones de cárcel que hace la fiscalía para este caso. 24 años de cárcel para Ábalos. 19 años para Koldo. Y siete para Aldama… Pero es que el PP, que es denunciante en este caso, pide para Aldama una pena que le salvaría de entrar en la cárcel. Lo analizamos con la periodista de elDiario.es que ha seguido el juicio, Elena Herrera. 

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Ser carne de meme puede llegar a ser agotador, pero es mucho peor ser carne de banquillo y de pena de 24 años de prisión. José Luis Ábalos tocó todos los palos en su declaración en el juicio del Tribunal Supremo. Dio pena por sus problemas sentimentales, negó que como ministro tomara las decisiones sobre las que le acusan y se las tuvo con el fiscal a cuenta del supuesto aumento de patrimonio que le achacan.

Como político experimentado, le sobra habilidad para hablar y defender su posición, lo que puede incluir soltar largas parrafadas. También para presentarse como víctima de los manejos de personas interesadas. Ábalos no perdió los nervios al enfrentarse a un momento decisivo de su vida. Respondió sin dudar a las preguntas del fiscal y de su defensor y el de Koldo García. No está claro que sea suficiente para salvarse.

A veces respondía con demasiada seguridad, con la misma contundencia con que los políticos se expresan en el Parlamento. “Este es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo y con condena clara”. Decir eso no le va a ayudar. Los jueces no habrán quedado contentos al escuchar que la sentencia ya está escrita antes de que termine el juicio.

De entrada, quiso reducir el alcance de su poder. “Como ministro, yo estaba en el impulso [de la acción política]. Yo no estaba en la gestión de nada”. Cada político que ocupa el cargo decide qué tipo de ministro es, pero nadie diría que los miembros del Gobierno tienen poco poder de gestión. Eso es importante de cara a las acusaciones relacionadas con la compra de ocho millones de mascarillas por el Ministerio en la pandemia. El exministro afirmó que solo trató de ese tema con el subsecretario de Estado. “Por mi mano, no pasó ninguna” de las ofertas recibidas. Koldo García le dijo que se habían recibido cuatro, aparte de la que fue triunfadora, la de Soluciones de Gestión vinculada a Víctor de Aldama. Las acusaciones alegan que esa adjudicación fue una compensación por el dinero y regalos entregados a Ábalos y su asesor.

Hubo una frase singular de su subsecretario que mencionó: “El subsecretario de Transportes me dijo que quedaría bien que hubiese más ofertas”. No era obligado por el estado de alarma. Existía la posibilidad legal de contratar a dedo sin el proceso normal de licitación. ¿Para qué más ofertas? ¿Para aparentar?

Ábalos describió en detalle la urgencia que afrontaban todas las administraciones cuando intentaban conseguir material sanitario en 2020. “La desesperación nuestra era tremenda”. El mayor problema era buscar proveedores. Encontrar uno era “un privilegio”.

En relación a Aldama, su testimonio consistió en restarle importancia a pesar de su presencia habitual en el Ministerio. Trató con desdén y una sonrisa la forma en que el empresario –para el que el fiscal pide siete años de prisión– se presentó en el contexto de las relaciones de España y Venezuela. Prácticamente, la tachó de delirios de grandeza. “Toda una historia de impostura”.

Curiosamente, dijo que fue Aldama quien le presentó a la que fue su pareja, Jésica Rodríguez, algo que él y ella negaron por completo cuando declararon en el juicio. Sugirió que ella ha sido utilizada, “coaccionada”, en su contra, pero sin aportar más ejemplo que decir que ella dijo en el juicio que cobraba sin trabajar cuando no se lo habían preguntado. Afirmó que sabía que Luis Alberto Escolano, amigo de Aldama, era quien pagaba el alquiler del piso que encontraron para la novia, pero que no sabía que ambos eran socios. Sea o no cierto, el pago de ese piso es una de las principales pruebas contra Ábalos.

También lo es que buscaran un empleo para ella en una empresa pública. Ábalos sostuvo que lo del trabajo fue algo que encargó a Koldo “en el ámbito más bien privado”, como si él dejara de ser ministro en esa situación. “No estaba pensando en empresas públicas precisamente”, dijo, lo que no resultó muy creíble. ¿En qué tipo de empresa privada podría tener influencia alguien como Koldo?

Reconoció una relación sentimental con Jésica desde octubre de 2018 hasta noviembre o diciembre de 2019. Fue ella quien tomó la decisión de romper, según su versión. “Ahí descubrí la palabra 'ghosting'”. Continuó en tono melancólico: “Ya soy un personaje. Soy carne de meme. Duele, porque yo con esa persona tuve una relación sentimental de verdad”, dijo en una de las frases más románticas que se han escuchado en el Tribunal Supremo.

El fiscal Alejandro Luzón volvió a sacar el rescate de Air Europa, como ha hecho en otros momentos de la vista, con la intención de presentarlo como el favor que Ábalos hizo a Aldama a cambio de lo que le regalaba. Una vez más, hizo preguntas sobre “la nota de prensa o comunicado” del Ministerio, cuando no era ninguna de las dos cosas. “Me apremiaban” para que hubiera algún tipo de declaración del Ministerio de que había una negociación en marcha que se esperaba culminar con éxito, dijo Ábalos, que concretó que Air Europa prefería que fuera más de la SEPI que del Ministerio.

“No hubo nota de prensa. Lo único que hubo fue un guion, un borrador elaborado por el señor [Pedro] Saura [secretario de Estado] en coordinación con el jefe de prensa, que es quien da la versión del Gobierno a los medios. Lo que se llama fuentes”. Es decir, el jefe de prensa se puso en contacto con varios medios fundamentalmente económicos para darles información que hizo que se publicara la noticia con el titular “El Gobierno ultima el rescate de Air Europa”. Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, esos artículos fueron útiles para que las empresas a las que se debía dinero por el suministro del combustible para aviones aceptaran seguir operando con ellos.

No era el anuncio definitivo del rescate, porque continuaban las negociaciones de la SEPI y Globalia, que no fueron fáciles para la compañía. El Tribunal Supremo va a tener que echarle mucho valor si quiere incluir Air Europa entre las razones de una posible sentencia condenatoria.

Ábalos negó los cálculos sobre su patrimonio económico realizados por la UCO. Se burló de los 94.800 euros que le atribuye la Guardia Civil y que eso sea “un gran caso de corrupción”. “94.000 euros sacados de los wasaps de Koldo. ¿En diez años? De media salen 500 al mes”. El exministro aprovechó dos sonoros errores de la UCO en la instrucción cuando le adjudicaron la propiedad de dos mansiones en Perú y Colombia que nunca existieron.

Se presentó como alguien cuyo patrimonio, muy reducido después de su divorcio, se limita a un piso comprado en 1987 y un bajo a medias con su hija. “¿Por qué cree que seguí siendo diputado?”, preguntó al fiscal. Por el sueldo, claro.

Ábalos se defendió con convicción, pero con ese aire de tristeza que le ha acompañado desde el inicio de las investigaciones. Abandonado por su novia, con su reputación malparada por las relaciones privilegiadas de un personaje como Aldama con su Ministerio y pagando con creces el error de haber confiado sus asuntos a alguien como Koldo García, sus expectativas de cara a la sentencia no son las mejores.

En el cierre de la sesión del lunes, el abogado de la acusación popular que representa al PP comunicó al tribunal que rebaja la petición de pena para Aldama a cinco años y dos meses de prisión de forma que no supondría su ingreso en prisión. No fue una sorpresa en absoluto. La munición que el empresario ha entregado al PP ha sido un elemento esencial de su maquinaria de oposición al Gobierno en el último año. Seguro que le están muy agradecidos.

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen en el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor que es de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual duró esa chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciar su publicación con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior en manos del PP. Ni a Morocho ni al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un relajado destino en el extranjero gracias a la generosidad del Consejo General del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba Mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

Debe de ser complicado tener a Koldo García como cliente en un juicio. El antiguo asesor de José Luis Ábalos ofreció un atisbo en su declaración del personaje impulsivo y no muy inteligente que el ministro aceptó como su hombre de confianza en el Ministerio. Pero, aunque la confusión acompañó a varias de sus afirmaciones, lo que quedó a salvo fue la amistad.

Se había especulado en los últimos meses con que las estrategias de defensa de ambos estaban condenadas a chocar y a que las discrepancias quedarían de manifiesto en el juicio. Antes de ingresar en prisión, Koldo había dado una larga entrevista a OK Diario, presumiblemente no de forma gratuita, que fue exprimida y troceada para ofrecer esa sensación. Imposible. Solo hay amor entre ellos: “Yo estaré toda la vida, toda, agradecido al señor Ábalos”, dijo en el juicio.

El acusado negó las acusaciones realizadas por Víctor Aldama el día anterior. Negó haber recibido 10.000 euros al mes del empresario que se pegó como una lapa al Ministerio y que se ganó la confianza de Koldo. Negó que hablara con frecuencia con Pedro Sánchez o tener su número de móvil y que pusiera las llamadas en el altavoz para que todos las escucharan. Negó haberle buscado un empleo a Jésica Rodríguez, la pareja de Ábalos, porque solo le pasó su currículum a Adif. Al estar arriesgándose a recibir una larga condena de prisión, eso no resulta extraño. Es relevante en la medida en que Aldama no había presentado más pruebas en su declaración que la afirmación de que todo se lo había contado Koldo.

Su comparecencia tuvo momentos algo violentos con nuevas insinuaciones sobre la novia de Ábalos. En primer lugar, dijo que la conoció a través de Aldama, cosa que el empresario había negado. Acusó a Jésica de haber intentado chantajear al ministro: “Esta señorita presionó bastante con que había que dar solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas realidades”. No concretó más. Dijo que utilizó sus fondos y los de su hermano para pagar el piso de lujo en que ella vivía. Era mucho dinero –que la UCO valoró en total en 88.000 euros– para el nivel de sus ingresos mensuales. Aldama sostuvo que fue un amigo suyo quien abonó ese alquiler porque él se lo pidió.

Koldo García desmintió haber participado en un sistema de comisiones con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE, como había denunciado Aldama. Pero sí dijo otra cosa que el gerente del partido había negado, y es que en ocasiones recibía algunos billetes de 500 euros al hacer liquidaciones o anticipos de gastos en el tiempo de Ábalos como secretario de Organización. “Uno o dos billetes al mes”, recordó.

Ahí fue cuando confirmó que llamaba “chistorras” a los billetes de 500, como aparece en el informe de la UCO. Pero resulta que en otros momentos por chistorras se refería a las chistorras de Navarra. O que les cambiaba esos billetes a los guardias civiles que conocía, como si los agentes fueran por la vida con ese montante de dinero. A veces todo era un poco confuso con Koldo.

Su abogada, Leticia de la Hoz, intervino durante la declaración del fiscal para pedir que se dejara a su cliente que terminara de responder las preguntas. Su argumento fue que “se pone nervioso” y que “no está acostumbrado a hablar en público”. Resulta que el tipo con mucho carácter que no se cortaba a la hora de dar órdenes a gritos por teléfono se podía poner nervioso.

Fuera por ese despiste o porque le salió una veta de humor sarcástico, Koldo ofreció una de las frases del juicio al dirigirse al fiscal: “Creo, y esto me va a suponer un disgusto, que usted no está buscando mi inocencia”. Es muy poco probable que sea así si tenemos en cuenta que la fiscalía pide 19 años de prisión para él.

Esa intervención de la abogada provocó un insólito momento de furia por parte del fiscal Alejandro Luzón. “No me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional que una letrada, que un letrado, me interrumpa a mitad de una pregunta”, bramó. Se le veía realmente cabreado y siguió: “Llevo todo el juicio soportándolo”. No es raro que un defensor interrumpa si cree que la acusación está presionando a su cliente o no le deja completar las respuestas. A veces, es sólo un truco para dar un respiro al acusado. Al final, es el presidente del tribunal quien toma la decisión sobre cualquier conflicto.

En relación con el asunto que es el motivo de este juicio, Koldo sostuvo que no hubo ninguna irregularidad, mucho menos ilegalidad, en la compra de ocho millones de mascarillas en la pandemia por el Ministerio. En ese punto, afirmó desconocer elementos esenciales de la compra a pesar de su relación con Aldama. A saber, no sabía que Aldama estaba relacionado con la empresa Soluciones de Gestión que recibió la adjudicación de urgencia para adquirir el material sanitario en China –“ni me lo imaginaba”– y tampoco sabía que el empresario había ingresado millones por esa compra: “Pensé que estaba allí para ayudarme porque me vio totalmente agobiado”.

Fue un ejemplo de que convertir a Koldo García en el hombre para todo del Ministerio fue un error flagrante de Ábalos, un político con experiencia, pero también demasiado desconfiado.

Ábalos podrá decir cuando preste declaración el lunes que él solo pidió a sus subalternos que consiguieran ese material como fuera sin importarle cómo, pero Koldo tenía que saber quiénes iban a hacer las gestiones en un mercado tan difícil como el de China en esos momentos. Él mismo dijo que en esa época hubo “200.000 estafas”. Razón de más para estar más atento.

“Lo que quedó claro es que no se pagó un duro sin recibir antes el material”, dijo. Claro, porque, según el testimonio de Aldama, él se ocupó de buscar un “financiador” que adelantara el dinero. Es un hecho tan importante como para pensar que era imposible que Koldo no supiera que Aldama se había ocupado de buscar el dinero y que intentara aprovecharse del negocio, como así ocurrió.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entendido que tras lo escuchado en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso Mascarillas, “nadie” puede dudar ya de que ha sido sometido una campaña de difamación, por lo que ha dicho esperar “disculpas” de los partidos que se sumaron a las “acusaciones sin pruebas”, PP y Vox.

“Después de dos años, creo que no hay nadie ya, incluso con lo que hemos conocido en las últimas horas, que dude de que Ángel Víctor Torres ha sido sometido a una campaña vil y vergonzosa de difamación porque al final todo lo que se afirmaba era falso”, ha señalado el ministro.

El también expresidente de Canarias ha hecho especial hincapié en que no hay “nada” relacionado con mujeres vejadas, comisiones, mordidas o refinerías ilegales que le pueda involucrar. “Nada de nada”, aseveró.

Torres ha esperado que se “disculpen” los partidos políticos que han sido “altavoces vergonzosos y viles de acusaciones sin pruebas que se han mostrado al final (incluso con las investigaciones que ha hecho la Guardia Civil y los juzgados pertinentes) que eran absolutamente falsas”.

En cuanto al juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, el socialista ha recordado que pronto se sabrá qué decide la justicia.

“Desde el PSOE ya hemos dicho claramente que el partido pide personarse ante afirmaciones que entiende que no tienen ninguna base probatoria. Y como ha ocurrido en mi caso después de dos años, al final la verdad siempre reluce, se abre paso y termina sabiéndose pero lo lamentable es que hay un daño que se intenta provocar incluso en el entorno más íntimo... imperdonable”, resaltó.

Pese a todo, el ministro ha asegurado que está “más fuerte” que antes de la “campaña” contra su persona que ha sufrido y con las “mismas ganas” de seguir trabajando por el interés general.

Ataques a Torres

Aldama compareció este miércoles ante el Supremo, pero en esta ocasión dijo que el asesor ministerial Koldo García le pidió que pagara una comisión al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por los contratos de las mascarillas, pero que este nunca lo pidió y “no se pagó” y tuvieron “problemas en Canarias”. Es decir, que Torres no cobró ni pidió cobrar, justo lo contrario de lo declarado por el propio Aldama en otras ocasiones.

El empresario ha intentado en declaraciones anteriores implicar a Ángel Víctor Torres en la supuesta trama corrupta, pero sin aportar nunca ninguna prueba de ello. De hecho, la investigación realizada por la UCO concluyó sin hallar ningún indicio de delito en el ministro y expresidente canario. Es más, Aldama situó a Torres en un piso en Madrid con prostitutas y el ministro pudo demostrar con pruebas que en esa fecha se encontraba en Canarias con su familia.

Pese a que Aldama acusa sin pruebas, el PP ha pedido en diversas ocasiones la dimisión del ministro, dando por buenas las acusaciones que han sido ya demostradas falsas y sin retractarse tras conocerse que eran infundadas.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado en el juicio del caso Ábalos, caso Koldo, caso Mascarillas. Y ha ido con todo: ha acusado al PSOE de financiación ilegal y a Pedro Sánchez de saberlo y consentirlo. También ha ahondado en más detalles de su relación los otros dos acusados, a los que se veía de fondo, cómplices, entre risas y unidos de nuevo ante la declaración de Aldama. 

Hay pasajes en el relato de Aldama que pueden ser ciertos, otros que serán mentira, pero en un juicio lo más importante es que se puedan demostrar. Y el empresario no da ninguna prueba. Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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El empresario Víctor de Aldama aprovechó este miércoles su extensa declaración en el Tribunal Supremo para ir mucho más allá del mero reconocimiento de los hechos que recogen los escritos de las acusaciones que lo han llevado al banquillo. En una clara confirmación de la estrategia de colaboración con la Justicia que le permitió salir de prisión hace un año y medio, el comisionista trasladó a sede judicial las graves acusaciones sobre la financiación ilegal del PSOE que lleva meses lanzando en los medios de comunicación y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno.

“Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente está en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro”, dijo sin apuntar ni una sola prueba, tal y como le afearon las defensas del exministro José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor. Para apuntalar el supuesto conocimiento del presidente del Gobierno sobre los movimientos de la trama aludió a una fotografía que se tomó con él en un mitin poco después de la llegada del PSOE al Gobierno, cuando todavía no se había puesto en marcha la maquinaria corrupta que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. 

Según la versión de Aldama, el presidente se dirigió a él diciéndole textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”. En realidad, lo que había hecho hasta entonces era gestionar una reunión de Ábalos en España con el gobernador de Oaxaca, un estado del sur de México donde él había hecho negocios. También aseguró que Pedro Sánchez pidió a Ábalos que intentara amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la una empresa valenciana y conseguir así dinero con el que financiar al partido y a la Internacional Socialista. Sin embargo, Sánchez no empezó a presidir esa organización hasta noviembre de 2022, cuando Ábalos llevaba ya más de un año fuera del Gobierno. 

Aldama reconoció que si sabía que Sánchez estaba al tanto de las entregas de dinero en efectivo por parte de los constructores al partido era porque Koldo García se lo había dicho. Y que optó por creer ese extremo porque en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía por su nombre de pila. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le recordó que las agendas de los 27 teléfonos que manejó su cliente constan en el sumario y aseguró que en ellas no aparece el contacto del jefe del Ejecutivo. 

El empresario sacó a relucir relevantes nombres del Gobierno y del PSOE e incluso disparó contra Begoña Gómez al afirmar que tuvo que retirar su oferta por un complejo en el lujoso Barrio de Salamanca de Madrid porque la mujer del presidente del Gobierno “lo quería para ella”. Después, a preguntas de su letrado, matizó que el Instituto de Empresa, la universidad privada en la que trabajaba, tenía intereses en esos terrenos. 

Aldama hizo estas afirmaciones sin que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pusiera límites a su declaración a pesar de que se trata de cuestiones que exceden las conclusiones que las acusaciones han dejado en los escritos en los que piden elevadas condenas de cárcel para Ábalos y Koldo García. En el caso de Aldama, la Fiscalía le pide siete años, menos de la mitad de lo que le correspondería por los delitos que le atribuye. Y está por ver si su declaración sirve para rebajar aún más esa petición. Aldama negó que hubiera un pacto con el Ministerio Público a preguntas del abogado de Ábalos, Marino Turiel.

Tras la declaración del empresario investigado, el PSOE emitió un comunicado para rechazar de plano todas y cada una de las acusaciones vertidas por Víctor de Aldama en sede judicial. En concreto, desde Ferraz desterraron la hipótesis de una financiación ilegal del partido, la declaración más grave de cuantas ha realizado ante el Supremo el empresario acusado de corrupción.

“Hoy ha declarado Aldama en el Tribunal Supremo. Dos años después, la realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, trasladó el partido. 

En ese mismo texto, el PSOE adelantó que pedirá amparo al Supremo para defenderse de los ataques de Aldama. “El PSOE ya solicitó amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a estas injurias. Lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama”.

“Nexo” con las constructoras

Aunque sin pruebas, Aldama alentó la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas al vincular sus tratos corruptos con Ábalos y Koldo García con presuntos pagos al partido. De hecho, el comisionista explicó que, en un inicio, la mecánica puesta en marcha tenía como objetivo alimentar las cuentas de la formación y que él actuaba como una suerte de recaudador del dinero de las constructoras dado que el entonces asesor le pidió que hiciera de “nexo” con ellas, entre las que citó a Levantina, Latania y Azvi.

Aldama admitió que fue consciente de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal” y que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, aseveró. Según su testimonio, solo entre 2019 y 2020 entregó 1,8 millones de euros al PSOE: “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver por dónde venía el dinero”.

Durante las siete horas y media que duró su declaración en el Alto Tribunal sostuvo, además, que canalizó hacia Koldo García y el ministro entre 3,5 y 4 millones de euros. Y que llegó al acuerdo con el asesor de que aportaría a él y al ministro una suerte de nómina de 10.000 euros a repartir para que hicieran frente a pagos recurrentes como el colegio de sus hijos u otros gastos corrientes. A estos pagos sumó otros “regalos que se daban asiduamente”, como un tratamiento médico para la pareja de Koldo García, al que también compró un todoterreno “barato” y una motocicleta. 

También confirmó que financió las vacaciones del ministro en Marbella en el verano de 2020, aunque desligó esa operación de los esfuerzos de Ábalos en favor del rescate de Air Europa. O que, a través de un socio, sufragó el apartamento de lujo en el que vivía Jésica Rodríguez, la expareja del ministro Parte de esas dádivas habrían corrido a cuenta de sus propios beneficios, como los más de tres millones de euros que se embolsó en apenas unas horas con los contratos de mascarillas que centran la causa. 

Si bien no corresponde a este caso, el comisionista puso sobre la mesa, además, que gracias a sus conexiones con Juan Guaidó —líder opositor que se autoproclamó presidente de Venezuela— habría apalabrado unos cupos de petróleo que iban destinados a financiar la Internacional Socialista como premio al apoyo de España a su figura. Y sostuvo que, dado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero alertó al Gobierno de Nicolás Maduro de estos movimientos en favor de Guaidó, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que enmendarse a sí mismo y volver a dar su apoyo a Maduro. Aldama explicó que no dio crédito a este cambio, pero logró igual nuevos cupos, esta vez de PDVSA, siempre según su versión.

La defensa ataca “las contradicciones” de Aldama 

Por su parte, la defensa de Koldo García basó su interrogatorio en tratar de minar la credibilidad de Aldama y en hacer ver al tribunal que existían contradicciones e incoherencias entre el testimonio de este miércoles y lo manifestado cuando el caso estaba en investigación. “Mi credibilidad está en los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil)”, respondió visiblemente molesto el empresario. El presidente Martínez Arrieta intervino para avisar de que valorar la credibilidad del acusado es tarea del tribunal. 

Así, la letrada indicó, por ejemplo, que no había concordancia sobre el tiempo que habría estado pagando 10.000 euros mensuales a Ábalos y su asesor. Durante la investigación dijo que “año, año y pico”, desde “antes de octubre de 2019” y hasta “después” de julio de 2021. Este miércoles en el Supremo dijo que hasta 2022. Tras las explicaciones del comisionista, el propio presidente del tribunal señaló que no había contradicción en ese punto.  

La letrada de Koldo García, también apuntó a posibles incoherencias en relación con el papel de Ábalos en el rescate de Air Europa, porque entendía que el empresario había sostenido que no se había reunido con el exministro para abordar la nota de prensa que se envió a medios apoyando ese préstamo público. Pero Aldama aclaró que “obviamente” sí se reunió con él. 

Donde sí logró encontrar un fallo en la declaración de Aldama fue en el asunto de las gestiones de la trama para lograr la licencia de operadora de hidrocarburos para Villafuel, una empresa en la que tenía intereses uno de sus socios. El comisionista explicó que en un principio se buscaba ese permiso para la mercantil Have Got Time, pero que esa vía se truncó porque esa sociedad estaba vinculada a la operadora Gaslow que tenía “un tema en la Audiencia Nacional”. Y que por eso se buscó la licencia para Villafuel en una reunión en Industria a finales de 2020. Sobre ese punto, la letrada apuntó que el dato no era cierto porque el litigio de Gaslow en la Audiencia Nacional se abrió en 2022. 

La defensa del ministro, dirigida por Marino Turiel, con un interrogatorio menos brusco que el de la de Koldo García, consiguió que el empresario reconociera que si llamaba ‘el jefe’ a Ábalos no era porque tuviera una jerarquía en la trama sino porque coloquialmente usaba esa jerga después de escuchar al asesor referirse así a su superior. Esto difumina en cierto modo la tesis de la Fiscalía que en su escrito de acusación indicó que ese alias era usado en el contexto de la organización criminal. El propio teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas indicó que el líder real de la trama era Aldama porque, dijo, “quien paga manda”. 

Turiel también consiguió establecer que, en realidad, el papel del exministro en el logro de que se ‘filtrara’ una nota de prensa a medios económicos apoyando desde el Ministerio de Transportes el rescate público de Air Europa fue relativo. Aldama recordó que Ábalos se puso en el asunto de la nota “de perfil” a pesar de que sí estaba comprometido con el rescate de esa empresa que consideraba sistémica. Además, desvinculó esa nota de prensa del pago de unas vacaciones en Marbella: “En este caso concreto yo no pago [las vacaciones] por la nota”.

Se avecinaba un buen show con la declaración de Víctor Aldama en el juicio del llamado Caso Mascarillas –en el que por cierto casi no se habla de mascarillas– y no decepcionó. Menos con el asunto más dramático. El empresario que se había hecho un nombre en programas de televisión como el de Iker Jiménez anunciando que tenía material suficiente para hundir a Pedro Sánchez no estuvo a la altura de esas expectativas en concreto. De hecho, no presentó ninguna prueba que no fuera conocida más allá de lo que le contaba Koldo García, lo que ya aparece con gran extensión en los mensajes conseguidos en la investigación de la UCO. Fue un espectáculo confuso en el que no faltaron algunas procacidades que no suelen escucharse en un juicio en el Tribunal Supremo.

Aldama, de 48 años, no se mostró tan arrogante, excepto en breves momentos, como en sus incursiones televisivas. Se mostró seguro y confiado en sus respuestas al fiscal en un interrogatorio de no menos de cuatro horas y se defendió con habilidad cuando preguntaron los abogados de las defensas, que sí lograron resaltar algunas contradicciones. Testificó que había engrasado la maquinaria económica de José Luis Ábalos y Koldo García con pagos mensuales de 10.000 euros durante varios años, además de la compra de una casa para disfrute personal del exministro. Hizo lo posible para no incriminarse en nada más de lo necesario. Sostuvo que todo lo hizo para conseguir influencia. “Pienso que de aquí voy a sacar tajada si lo hago bien”, dijo que pensó tras un viaje a México que montó para Ábalos en febrero de 2019. “Yo lo que busco es tener notoriedad y poder para poder hacer mis negocios en otro ámbito”, afirmó después.

La declaración del teniente coronel Antonio Balas dejó muy tocado a Aldama al calificarle de “jefe de la trama” que obtenía lo que quería de Ábalos y Koldo. El empresario hizo todo lo posible para intentar refutar esa idea. No con demasiado éxito, porque hay que suponer que el tribunal creerá más al jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO que a un acusado para el que el fiscal pide siete años de prisión y que está imputado por un fraude millonario en la Audiencia Nacional.

Ahora bien, Aldama fue generoso con los titulares. “Si yo era el jefe de la trama, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; Koldo, en el tres; y yo, en el cuatro”. Con eso, el PP ya tiene hecha la semana.

Más allá del destino judicial del exministro y su asesor, lo más grave de lo declarado por Aldama es que alegó que hizo el papel de cobrador de comisiones pagadas por constructoras a cambio de obra pública. Citó a tres empresas –Levantina, Lantania y Azvi– y sus dueños. Esas comisiones eran supuestamente para el PSOE. No contaba con ninguna prueba de que el dinero tuviera como destino final al partido. Sólo lo que le dijo Koldo García: “Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”.

Aldama declaró que llevaba personalmente el dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y a la casa de Ábalos. En una ocasión, dijo que llegó a entregar 250.000 euros. Según él, no se quedaba con nada. Se presentó como un intermediario que no se llevaba una comisión a diferencia de todos los casos conocidos de corrupción. Afirmó que no tuvo nada que ver con los 90.000 euros que una conocida suya, Carmen Pano, también imputada en la Audiencia Nacional, dijo haber entregado en la sede del PSOE en Ferraz, una historia que ha aparecido en medios de derecha y que ha sido utilizada con frecuencia por el PP. Es un dinero del que no se sabe con seguridad ni el origen ni el destinatario. Ella declaró que fue Aldama quien le encargó la entrega. Aldama lo niega.

Antes de que acabara su testimonio, el PSOE difundió un comunicado para negar las acusaciones: “La realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta”.

Su único contacto con Pedro Sánchez fue un breve encuentro en un mitin socialista, ya conocido al haberse publicado una foto de ambos que sacó Koldo. “El presidente me dice: 'Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo. Te lo agradezco”. Podía referirse al viaje a México que él había gestionado gracias a que era amigo de dirigentes del PRI, porque fue por esas fechas. Por entonces, aún no había intervenido en ningún pago de comisiones.

Para todo lo demás relacionado con Sánchez, su fuente era Koldo. El asesor presumía de tener una relación personal muy estrecha con Sánchez. “Veo que no le llama presidente. Le llama Pedro. Koldo dice: 'Él me debe mucho. Si me pide que le llame presidente, me voy del partido'”. Koldo García estuvo en el equipo de militantes que apoyó a Sánchez en las primarias que ganó a Susana Díaz. Presumía de que era alguien importante en el partido y que hasta tendría que haber trabajado en Moncloa. Con la única experiencia de guardaespaldas y sin formación, es algo difícil de creer en un personaje de estas características.

Todo lo que tiene que ver con Aldama y Koldo incluye altas dosis de fabulación. No es que un acusado en un juicio tenga un derecho constitucional a mentir, pero sí a no incriminarse. Se espera que mienta para no ser condenado. Cuando Aldama dice que Koldo le decía que “el presidente sabía todo lo que hacíamos”, no tiene más prueba que lo que él dice que le decía Koldo. Eso es lo que sucedió una y otra vez en su declaración.

La abogada de Koldo le recordó que no se encontró ningún número de teléfono de Sánchez en la agenda de los 27 teléfonos intervenidos a su cliente ni tampoco el registro de una sola llamada. Aldama se limitó a responder que quizá lo había borrado.

En el rescate de Air Europa, sí jugó un papel protagonista, porque era asesor de la empresa. En ese caso, no tuvo inconveniente en negar todo lo que ha publicado la prensa de derecha y el PP. “Es un rescate completamente legal con un crédito de la SEPI en el que se ponen todas las garantías que se piden”, explicó. Si acaso, se quejó de que el rescate llegó demasiado tarde. Negó que hubiera pagos por debajo de la mesa: “La familia Hidalgo no quiere saber nada de comisiones y yo ni se lo propongo”.

Las ayudas a la compañía aérea no forman parte de este juicio, pero el fiscal le preguntó sobre el tema sin que el presidente del tribunal moviera un dedo al respecto. Sorprendentemente, el juez Arrieta dejó cancha libre a esas preguntas. Es cierto que todo lo que tenga que ver con la relación personal entre Aldama y Ábalos y Koldo es relevante en este juicio, pero profundizar en un asunto como ese estaría fuera del procedimiento, como ha recordado Arrieta en otras ocasiones.

El fiscal Alejandro Luzón le preguntó más sobre Air Europa o Venezuela que sobre la compra de las mascarillas por el Ministerio en la pandemia. “Nosotros pusimos el dinero por adelantado”, explicó. Cobró siete millones y medio por ellas –brutos, porque señaló que luego pagó los impuestos correspondientes–. De esa cantidad, contó que entregó un millón a Ábalos y 500.000 euros a Koldo. En total, afirmó que ambos recibieron de él “entre tres millones y medio y cuatro millones”. Ese dinero o parte de él no se ha encontrado en ninguna cuenta corriente investigada.

Aldama estaba tan sobrado que incluyó frases de Koldo García que no venían a cuento. La declaración tuvo lo que podríamos llamar momentos Sálvame. De los que dan muchos puntos de audiencia en el share. Por alguna razón, le preguntaron por Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e imputada en la Audiencia Nacional, pero no en este juicio. “Koldo me da a entender que él e Isabel Pardo de Vera son pareja”, dijo. Ábalos y Koldo se rieron con ganas al escucharle un comentario que no venía a cuento o que quizá sólo era para implicarla en los manejos de la pareja.

Por la misma razón o cualquier otra, dijo que Ábalos tenía mucha ascendencia sobre María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno en esas fechas. Y no se paró ahí: “Según Koldo, palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, a la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro”. Ábalos y Koldo dieron evidentes muestras de disconformidad con lo que habían oído. El juez Arrieta no reaccionó ni se sintió ofendido. Será que le pareció un lenguaje apropiado para el juicio.

Aldama venía a dar espectáculo y el Tribunal Supremo resultó ser el escenario que necesitaba para su actuación.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en el juicio que sigue en el Tribunal Supremo que el asesor ministerial Koldo García le pidió que pagara una comisión al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por los contratos de las mascarillas, pero que este nunca lo pidió y “no se pagó” y tuvieron “problemas en Canarias”.

Aldama ha cifrado entre 3,5 y 4 millones de euros las entregas de dinero al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor de este Koldo García, de los que en torno a dos millones ya se los había dado desde el inicio de la relación y hasta 2020.

Lo ha declarado ante el Tribunal Supremo en el juicio que se celebra contra el reconocido comisionista, Ábalos y Koldo García por el posible cobro de mordidas a cambio de contratos, entre ellos de mascarillas durante la pandemia.

Durante su declaración, que ha comenzado a las 10.00 de la mañana, Aldama ha respondido a la Fiscalía sobre unas anotaciones de gastos intervenidas en su ordenador donde Ábalos figuraba con el nombre de gran, porque era el gran jefe, y Koldo García como Goblins, al que denominaba así, tal y como ha confesado, por el protagonista de una película que era un “tío alto y feo”.

Ha reconocido que le “daba igual” de dónde saliera el dinero para pagar a Ábalos y su exasesor los 10.000 euros mensuales que les entregaba y ha dejado claro que ambos podían contar siempre con esa cantidad, que no se descontaba de las otras que podría haber. Los 10.000 euros eran “como un regalo” y no contaban en el cómputo general, ha enfatizado.

Aldama ha intentado en declaraciones anteriores implicar a Ángel Víctor Torres en la supuesta trama corrupta, pero sin aportar ninguna prueba de ello. De hecho, la investigación realizada por la UCO concluyó sin hallar ningún indicio de delito en el ministro y expresidente canario. Es más, Aldama situó a Torres en un piso en Madrid con prostitutas y el ministro pudo demostrar con pruebas que en esa fecha se encontraba en Canarias con su familia. Pese a que Aldama acusa sin pruebas, el PP ha pedido en diversas ocasiones la dimisión del ministro, dando por buenas las afirmaciones que han sido demostradas falsas.

El teniente coronel Antonio Balas sabe cómo vender un titular en un juicio. El jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO declaró el lunes en la vista del caso mascarillas y desplegó todas las pruebas contra los acusados José Luis Ábalos y Koldo García. No son pocas, en especial las relacionadas con la acusación de cohecho. Pero no se quedó allí. Estableció teorías y ofreció deducciones con las que reforzar la idea de que un ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez trabajaba prácticamente a las órdenes de un comisionista, uno que ahora está implicado en presuntos delitos económicos de grandes dimensiones en otra causa en la Audiencia Nacional.

Al igual que en el juicio del fiscal general, Balas presentó una mezcla de hechos y opiniones al servicio de las acusaciones. Esta vez, sobre bases más sólidas que entonces. Y una curiosa coincidencia. En el juicio anterior, dijo que Álvaro García Ortiz tenía “un dominio a todos los niveles” de la toma de decisiones en la Fiscalía General. Ahora volvió a utilizar esa palabra: “Lo que se quiere reflejar aquí es el dominio que tiene Aldama sobre estas personas” (por Ábalos y Koldo).

La aportación más original del responsable de la UCO y de su segundo, el comandante Montes, fue establecer una jerarquía específica entre los acusados. Víctor Aldama era “el jefe de la trama”. Según su lectura de los hechos, había desembolsado dinero suficiente como para tener al ministro en el bolsillo, comenzando con el abono de 10.000 euros al mes. No es solo influencia, sino “dominio” o “mandato”, primero sobre Koldo García y luego sobre su jefe.

Esa declaración es aparentemente compatible con decir que Ábalos era “instrumental” en todas las operaciones por ser ministro. “Por eso, cobra lo que cobra y cuando lo exige, le pagan”, dijo Balas.

La compra de mascarillas por el Ministerio de Transportes se produce en la pandemia en 2020. Lo que ocurre es que los pagos, por ejemplo el de un piso para Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos, habían comenzado antes de ese año. El pago del alquiler lo hacía Luis Alberto Escolano, que ya ha declarado en este juicio que lo hizo por órdenes de Aldama. ¿Por qué el comisionista hizo este desembolso durante tanto tiempo, fuera por él o por otro miembro de su red de amigos o contactos?

“Está pagando el acceso al ministro”, explicó el teniente coronel, en lo que se supone que era una inversión de cara al futuro. “De esa manera, cree que va a tener comprada la voluntad del ministro”.

Como forma de establecer el alcance de los pagos hechos por Aldama, los agentes de la UCO habían hecho un cálculo. Declararon que Koldo García, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 sin que exista ninguna otra razón que justifique tales cantidades teniendo en cuenta sus salarios.

Los hechos posteriores confirman su visión del poder del comisionista tal y como lo analiza la UCO: “Aldama les exige (a Ábalos y Koldo) de manera contundente, pero en ningún momento ellos se muestran reticentes”. Ese es el contexto en que los agentes colocaron la compra de ocho millones de mascarillas. El contrato fue el “paradigma” de las relaciones de Aldama con Ábalos, el tipo de favor que justificaba el pago de 10.000 euros mensuales al ministro y su asesor. De esa venta de mascarillas, Aldama sacó 3,7 millones de euros de beneficios netos.

Balas fue más lejos cuando extendió el manto de la sospecha sobre la influencia de Aldama, para el que la Fiscalía pide siete años de prisión a cambio de su colaboración. Ahí entró en escena la visita de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela. Aldama envió a Koldo una carta de invitación para que la firmara Ábalos, aunque en el texto que aparece en el sumario lógicamente no figura la firma del ministro ni un sello del Ministerio o del PSOE. La hoy presidenta de Venezuela aterrizó en Barajas, pero no pudo entrar en España por las sanciones aprobadas por la Unión Europea.

Sobre esa visita frustrada, Aldama sostiene que organizó una cena de Delcy con “varios ministros”, una idea difícil de llevar a la práctica a causa de esas sanciones que Moncloa o Exteriores debían conocer. Balas dio crédito a esa versión basándose en la carta preparada por Aldama y su influencia sobre Ábalos y en que el ministro comunicó con un mensaje a Pedro Sánchez que la vicepresidenta “quiere verme”. En cualquier caso, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, no dejó que se profundizara en el asunto, porque no forma parte de las materias enjuiciadas.

Balas también mencionó de pasada el rescate de Air Europa como demostración de que la trama contaba con “un acceso muy importante en todos los niveles”. Ahí no está nada claro que sea cierto o si el guardia civil estaba simplemente especulando. Si Aldama era “el jefe de la trama” y conseguía lo que quería, no se explica por qué los créditos concedidos a la compañía aérea para que sobreviviera a la pandemia tardaron tanto en concederse por el Gobierno o por qué la SEPI exigió duras condiciones a la empresa en materia de avales que pusieron muy nerviosa a la dirección de Air Europa. Lo que es seguro es que Aldama presumió ante los jefes de la compañía de la importancia de sus gestiones por las que cobraba como intermediario.

La labor de las defensas consistió en cuestionar las conclusiones presentadas por los dos mandos de la UCO. Lo tuvieron difícil en muchos momentos y eso provocó choques con el magistrado Arrieta cuando mostraron su escepticismo con algunas de las manifestaciones de los testigos. Marino Turiel, abogado de Ábalos, llegó a lanzar esta acusación contra Montes: “Ustedes tienen una memoria fantástica para lo que quieren”. El guardia civil respondió: “¿A qué se refiere?”. Arrieta intervino de inmediato para que el letrado no siguiera por ahí.

Turiel se metió después en una discusión con Montes sobre el precio medio de las mascarillas en la pandemia y la cosa acabó mal. Un intercambio de pareceres inmediatamente posterior en relación a los procedimientos de contratación en la Administración provocó las palabras más duras de Arrieta contra las defensas en este juicio.

Ya definitivamente cabreado porque Turiel le había interrumpido, Arrieta saltó como una fiera: “A partir de ahora, yo voy a ser más radical con ustedes”. Se le había acabado la paciencia. Sonó demasiado autoritario y para nada alentador para los intereses de la defensa.

Tampoco les debió de gustar a los abogados defensores que Arrieta decidiera hacer una pregunta muy concreta a los mandos de la UCO antes del fin de uno de los bloques del interrogatorio. Quiso saber a cuánto ascendía todo el dinero que se pagó por el alquiler del piso que disfrutó Jésica Rodríguez. “88.000 euros”, respondió el comandante Montes. Es muy probable que esa cifra aparezca en la sentencia.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que suscriben los principales informes del caso que ha llevado al banquillo a José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama han asestado este lunes un duro golpe al exministro y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes al ratificar ante el Tribunal Supremo las conclusiones de sus investigaciones. En un interrogatorio que se ha alargado durante casi diez horas, ambos han desgranado la mecánica de sobornos supuestamente urdida por Aldama y de la que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García.

El teniente coronel Antonio Balas ha señalado que quien mandaba realmente en la presunta organización criminal investigada en el 'caso Koldo' era el empresario a pesar de que los investigados se refirieran a Ábalos como 'el jefe'. “Quien paga manda, (...) y realmente quien manda es Aldama”, ha indicado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. No obstante, tanto Balas como el comandante que suscriben los principales informes del caso han insistido en el papel “fundamental” de Ábalos para la trama, dado que sin él no podrían haber hecho “casi ninguna de las acciones” emprendidas. Han resaltado, además, que ni el ministro ni su asesor “se mostraron reacios en ningún momento” a las órdenes e indicaciones de Aldama.

A pesar de que la defensa de Ábalos ha tratado de desvirtuar la tesis de que el ministro tuviera que ver con la trama o perteneciera a la misma (“¿En qué momento un cohechado entra a formar parte de una organización?”), los miembros de la UCO han sido tajantes al señalar que el exdirigente socialista entra a formar parte de la trama “en el momento en el que se integra”.

Y ante la pregunta de qué es lo que hizo el ministro en el seno de esa organización criminal, Balas ha respondido con una frase contundente: “Hace lo más grande”. “Es quien tiene la capacidad, quien abre los negocios, quien tiene capacidad de poder llevar a Aldama y sus socios a sitios donde no pueden, (...) es un miembro cualificado y por eso cobra lo que cobra, y le dan lo que le dan, y cuando exige le pagan”, ha apostillado. Respecto a Koldo García, los agentes han destacado que “se movía extremadamente bien en diferentes ambientes y tenía acceso muy importante a todos los niveles”.

En otro momento del interrogatorio, Balas ha comentado que el nivel de influencia de Ábalos y Koldo García era tal que la trama pudo “permear en diferentes administraciones” y que tuvieron “acceso rápido y directo en otros estamentos de muy alto nivel” en referencia a otros ministerios, si bien los testimonios de otros testigos que han comparecido ante el tribunal en las semanas precedentes han revelado el fracaso de otras gestiones de la trama en otros departamentos de la Administración.

Como ejemplo ha puesto el caso del rescate de Air Europa, cuando intentaron que primero se canalizara el préstamo a través del ICO, dependiente del Ministerio de Economía y por eso “interaccionan con Nadia Calviño”, la entonces ministra. Durante su extensa declaración también han puesto el foco en otro episodio: el viaje fallido de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 cuando era vicepresidenta de Venezuela, que los agentes han utilizado para sacar a colación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Balas ha recordado que Aldama elaboró una carta y que la misma llega al ministro. Luego, ha relatado, Ábalos le envió un mensaje a Koldo García con una captura de pantalla de una conversación con Pedro Sánchez referida a ese viaje oficial. Para Balas esto demuestra que la organización criminal “accede incluso al presidente”. “Es decir (la trama) lo consigue, el acceso a altas instancias es total”, ha enfatizado. Durante la investigación, el juez instructor rechazó citar a Sánchez y Calviño como testigos con el argumento de que no aportarían “nada nuevo”.

Los otros del caso

Más allá de esas figuras capitales de la trama, la UCO ha explicado que se percataron de que todos los miembros de la organización se valían de otros en una suerte de cascada de testaferros. Así, “Ábalos se valía de Koldo García, su alter ego, porque (el ministro) no va a pedir dinero, ni pasar un curriculum”, mientras que el asesor se valía de su hermano Joseba García, a quien empleaba para cuestiones en las que no se quería exponer.

Además, ha señalado que la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, también participaba como cónyuge y tenía reparto de tareas; Alberto Escolano hacía las veces de testaferro cualificado de Aldama; y lo mismo ocurría con los conocidos como 'mosqueteros' (por el nombre del grupo de wasap que compartían) que eran empleados del empresario y los interponía para conseguir sus fines.

A este subgrupo pertenecería también, según ha resaltado la UCO, el agente de la Guardia Civil que proporcionaba a la organización criminal teléfonos desechables que usaban hasta que consideraban que “corrompidos”, momento en el que eran renovados. Son las conocidas como cafeteras o cafés, a las que se referían los miembros de la trama.

Las bolsas faraday y la cadena de custodia

Antes de entrar de lleno en esas vinculaciones, los agentes de la UCO que se encargaron del volcado y custodia de los terminales y dispositivos informáticos que se incautaron al exministro y a su asesor han defendido su trabajo señalando que es “imposible” que se haya dado una modificación de las evidencias con posterioridad. Al hilo, han recodado que una vez que se requisan dispositivos móviles son introducidos en bolsas faraday, que los protegen de accesos remotos, y que cada evidencia es archivada en precintos numerados que hacen imposible que se rompa la cadena de custodia.

A lo largo de la jornada de este lunes, las defensas han planteado dudas sobre el proceder de los investigadores, como el hecho de que existan informes de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y de Koldo García pero no de la tercera pata de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Los agentes han explicado que, si bien se ha investigado también su patrimonio, lo relevante lo han incluido en informes del caso porque era suficiente.

A esto han sumado otros detalles como que los investigadores abrieran un sobre que tenía como destinatario el ministro cuando aún no había perdido el aforamiento ni constaba como acreditado. Sobre ese hecho, los agentes han especificado que tuvieron conocimiento de que había documentación que enviaba Koldo García y que les pareció sospechoso (“supusimos que era algo relevante para la causa”), por lo que procedieron a abrirlo. Marino Turiel, el letrado de Ábalos, les ha recordado que ese sobre era para un diputado.

Por otro lado, y a preguntas de Fiscalía, los agentes han indicado que desde septiembre y octubre de 2019 arrancaron presuntamente los pagos de Aldama a los otros dos investigados y han explicado que los primeros mensajes que hacen mención a las “chistorras” (lo que consideran que eran billetes de 500 euros) provienen del teléfono de Patricia Uriz.

En este sentido, han mantenido que las aportaciones para “mantener la maquinaria engrasada” era de 10.000 euros mensuales y que el propio Joseba García viajó a República Dominicana para recoger dinero en efectivo. “Las conversaciones son muy evidentes”, han señalado.

Sobre esos pagos, el abogado del ministro ha tratado de sembrar la duda de que Ábalos cobrara dado que era Koldo García quien recibía el dinero, mientras que la abogada del asesor ha puesto el foco en que cuando la trama se refería a pagos a 'K' bien podría referirse a otras personas, como alguien al que ha identificado como Koldo Ibarra y del que ha dicho que era una suerte de 'blanqueador' que usaba el empresario Aldama.

Las mascarillas y los enchufes en empresas públicas

Los investigadores han insistido en que esa relación propició que, durante la pandemia, Ábalos y su colaborador facilitaran a Aldama información privilegiada sobre las necesidades del Ministerio de Transportes para adquirir material sanitario. El teniente coronel Balas ha afirmado ha definido que esos contratos de mascarillas son el “paradigma” de lo que pretendía Aldama con el citado pago “recurrente” de sobornos.

A juicio de las acusaciones, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. Aldama se embolsó más de 3,7 millones de euros en apenas unos días gracias a su labor de intermediación en esos contratos.

Los investigadores han explicado que, cuando se produjeron esas adjudicaciones, Aldama ya llevaba varios meses haciéndose cargo del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez. El teniente coronel Balas ha asegurado que Aldama abonó esos fondos porque entendía que así compraba “la voluntad del ministro”.

En respuesta a preguntas de la defensa, ha explicado que fue el socio de Aldama, Alberto Escolano, quien abonaba las cantidades mensuales porque el empresario desde 2019 entendía que esto le servía como “contraprestación” para pagar el nivel de acceso a Ábalos. “Ese nivel de acceso vale lo que hayan estipulado, porque así Aldama puede pedir según paga”, ha recordado, para añadir que el empresario esperaba que esa dádiva y otras se realizaban con la esperanza de que en un futuro le iba a dar “un lucro económico”.

La extensa declaración también ha abordado otros asuntos, como el nepotismo ejercido en las empresas de la órbita del Ministerio de Transportes. Los agentes han señalado que Jésica Rodríguez fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, y que en ese 'enchufe' tuvo “un rol destacado” la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Así, han puesto sobre la mesa mensajes cruzados entre ella y el asesor ministerial Koldo García y han apuntado que a pesar de que se quería buscar un contrato directo en la primera de las empresas, Ineco, la joven odontóloga tuvo que pasar una entrevista “condicionada” a pesar de que intentó zafarse de la misma.

Han puesto el foco en que, de acuerdo a un mensaje de Jésica Rodríguez, ella pidió al asesor que le dijera a Ábalos que llamara a quien tuviera que llamar. También han recordado un wasap de Jésica Rodríguez con Joseba García, hermano del asesor y su supuesto supervisor en Ineco, en el que ella se quejaba de la nómina que recibía. El teniente coronel Balas ha explicado que ella se quejó de ser mileurista y de que “los rojos comunistas” se llevaban su dinero. “Se queja de que cobra poco por no ir a trabajar”, ha sentenciado.

Respecto a la otra mujer supuestamente enchufada, la la militante del PSOE Claudia Montes, el teniente coronel ha sostenido que pasó “en horas” de estar casi despedida a ser supervisora. “Claudia Montes podía hacer lo que quisiera ahí”, ha señalado el investigador a preguntas de la acusación popular que dirige el PP.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

Un juzgado navarro ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, después de que la Fiscalía le denunciase tras haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán.

Entrecanales ha sido citado a declarar en sede judicial el día 4 de septiembre a las 10:00 horas, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas. De esta forma, el presidente de Acciona no comparecerá en el Legislativo navarro, ya que, según fuentes consultadas los trabajos de la comisión finalizarán en el mes de junio, antes de que Entrecanales tenga que acudir a sede judicial a declarar.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita a declarar.

Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif, ha presentado ante la Audiencia Nacional un contrainforme en el que rebate el presentado el pasado marzo por la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción que ponía el foco en posibles incumplimientos normativos en los contratos de obra pública adjudicados, entre otros, por el administrador de infraestructuras ferroviarias a Acciona o a UTEs en las que participó. Pardo de Vera está imputada en la causa que investiga la Audiencia Nacional por supuesto amaño de obras en el ministerio de Transportes junto al exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En su escrito, la defensa legal de Pardo de Vera indica que tiene “dudas sobre el rigor” de la IGAE a la hora de realizar ese informe y lamenta que ese organismo dependiente del ministerio de Hacienda “emita conjeturas o infiera irregularidades” sobre cuestiones técnicas de manera injustificada y sin motivación suficiente. A esto, suma que la Intervención obvia en dicho informe que miembros de su propio cuerpo, delegados en Adif, realizan informes de fiscalización periódicos en ese organismo que incluyen la contratación, la ejecución y las modificaciones de los mismos. Por eso, no entiende que ahora, y en el marco de la investigación que se lleva a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 2, se presente 'ex post' como una rectificación “tácita e indiferenciada de todos los expedientes”.

Al hilo de esa cuestión, el escrito presentado por Pardo de Vera advierte de que en ninguno de los informes previos de esa delegación de la IGAE en Adif constan “aseveraciones, especulaciones o insinuaciones” como las que se recogen en el informe de la Intervención del pasado 2 de marzo de 2026. Y recuerda, además, que este organismo también participa en los contratos de carácter administrativo de la entidad Adif en las mesas de contratación.

Añade que en esas modificaciones en las que pone el foco el informe de la IGAE del pasado marzo participan tanto los servicios técnicos y jurídicos de Adif como los interventores del Ministerio de Fomento, que “verifican la concurrencia de las circunstancias legalmente habilitantes para proceder a su aprobación y formalización”. Al hilo, recuerda que todos esos informes técnicos, económicos y jurídicos fueron con pronunciamiento favorable, lo que implica “la correcta apreciación de la concurrencia y cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente”.

A eso, suma que las manifestaciones “de gran contenido y calado técnico fueron realizados por profesionales con la titulación y experiencia adecuada para hacerlos y, en definitiva, sirven de base para que el órgano de contratación tome una decisión al respecto”.

Pronunciamiento de los tribunales

Por otro lado, el abogado de Pardo de Vera recuerda que todos los contratos objeto de análisis por parte de la Audiencia Nacional y su proceso de adjudicación y ejecución, así como los modificados de los mismos, se encuentran sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y a la revisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y destaca que no consta que en los expedientes analizados se haya obtenido pronunciamiento alguno sobre la actuación de Adif o Adif-Alta Velocidad. Además, destaca que es “llamativo” que los potenciales afectados no hayan apreciado en ningún momento vicio o defecto, como los que parece apuntar ahora el informe de la IGAE, que les hubiera movido a presentar el correspondiente recurso.

En todo caso, subraya el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, era exigible a la IGAE que sus opiniones sobre cuestiones técnicas debían haber sido “motivadas o justificadas debidamente antes de emitir conjeturas o inferir ilegalidades”. Y para apuntalar las dudas que le genera el informe destaca, por ejemplo, que tenga en cuenta y cite en su análisis una normativa caduca, decretos ley que se encuentran “derogados y superados” o que plasme afirmaciones que denotan un “desconocimiento de lo previsto de forma expresa en la normativa en vigor” recogida en el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y, por eso, denuncia que el informe de la IGAE realiza un análisis “parcial y tergiversado” de las diferentes normas .

Así las cosas, subraya que Adif cumplió “escrupulosamente la normativa que resultaba en cada caso de aplicación” y que nada se le puede reprochar. Por tanto, añade que la Intervención no debió limitarse a formular “una sospecha retrospectiva” para insinuar que las adjudicaciones estuvieran predeterminadas, que las valoraciones fueran anómalas o que determinados modificados no se ajustaran a derecho. E insiste en que la unidad de apoyo de la IGAE para Anticorrupción solo hace “manifestaciones genéricas” que no son suficientes para afirmar que “se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que se haya incurrido en error material”.

Por eso, precisamente, indica la defensa de Pardo de Vera que el informe “carece de cualquier valor invalidante de las decisiones” y reduce por completo su valor como prueba pericial.

Juicio de valor

Asimismo, la defensa de Pardo de Vera indica que el proceder de Adif en los expedientes cuestionados, tanto a la hora de fijar los criterios, como a la hora de llevar a cabo su aplicación, “se ajusta a la normalidad administrativa (...) y a la legislación vigente”. Y añade que en una licitación “multicriterio” la adjudicación no la determina la oferta técnica de manera aislada ni la oferta económica considerada en abstracto.

“La adjudicación la determina la puntuación total resultante de aplicar el pliego a las ofertas válidas”, explica, y añade que, por ello, afirmar que el juicio de valor determinó la adjudicación carece de relevancia jurídica autónoma si no se acredita, además, alguna de estas circunstancias: acceso anticipado al precio, contaminación de sobres, alteración de la fórmula, manipulación del umbral técnico, exclusión irregular de ofertas o arbitrariedad o falta de motivación en la valoración técnica.

Por último, tras reiterar que la IGAE no analizó de manera suficiente informes técnicos tenidos en cuenta en esas adjudicaciones, recalca que en procedimientos de contratación pública relativos a obras de infraestructura complejas, “las valoraciones técnicas efectuadas por los equipos responsables del proyecto, de la dirección de obra y de los servicios técnicos de la entidad gozan de una presunción de acierto derivada de la cualificación técnica de quienes las emiten”.

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este jueves ante el inicio esta semana del 'caso Koldo', que el PSOE está “repleto” de militantes, dirigentes y cargos públicos “limpios y honestos”; ha señalado que no comparte “para nada” que el PSOE haya sido objeto de financiación irregular, y ha indicado que le gustaría que fuera el propio PSOE el que ejerciera la acusación contra aquellos que han abusado de la organización “para su beneficio personal”.

García-Page se ha pronunciado así, a preguntas de los medios por el juicio que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia, tras el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza (Guadalajara), junto al ministro de Cultura, Ernesto Urtasun.

Tras confesar que es “doloroso” ver algunos testimonios y subrayar la importancia de que los jueces “hagan su trabajo”, el dirigente socialista ha apuntado que, desde el terreno de la suposición porque el juicio se está celebrando, con la corrupción no cabe “ningún tipo de ambigüedad, ningún tipo de tolerancia”.

“Otra cosa distinta es que alguien haya abusado o haya utilizado el PSOE para su beneficio personal”, ha añadido, sugiriendo que sea el PSOE el que ejerza la acusación “contra aquellos que han abusado de la organización”, un planteamiento que dejaría claro “que ningún ciudadano dude del PSOE y distinga perfectamente a unos de otros”.

El PSOE, un partido “enormemente honesto”

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que milita en un partido “que es enormemente honesto, que está repleto de miles y miles de militantes, de dirigentes, de cargos públicos, limpios y honestos, y la organización como tal lo es”, aunque pueda darse el caso de que alguien “haya robado al PSOE, de entrada su propia confianza”, o de que “nos quieran robar la decencia”.

No comparte “para nada” García-Page que el PSOE haya sido “objeto de financiación irregular” y, según su propia experiencia, pueda dar “fe de la inmensa cantidad de gente que hay honestamente y sinceramente con las ideas en la cabeza y sin pensar en el bolsillo”.

No obstante, ha considerado que deben “aclararse sin duda ninguna” las acusaciones sobre el dinero, insistiendo en su convicción de que el PSOE como organización “no se ha beneficiado para nada. Otra cosa distinta es que haya gente que en nombre de la organización sí lo haya hecho, y eso es doblemente grave. Grave porque mancha todo un partido y al mismo tiempo cometen un delito”.

El problema que tenemos es que hemos estrechado tanto el concepto de responsabilidad que incluso termina siendo útil para los políticos más desvergonzados el que todo termine en decisión de un juez

El presidente de Castilla-La Mancha ha criticado que en España, “el problema que tenemos es que hemos estrechado tanto el concepto de responsabilidad que incluso termina siendo útil para los políticos más desvergonzados el que todo termine en decisión de un juez”.

A su juicio, “antes de que hubiera una resolución judicial, este país tendría que haber hecho una valoración sobre lo ético y lo no ético de los comportamientos, sobre la moral o la falta de moral de los comportamientos”.

Sin embargo, ha constatado, “parece que esa carrera, esa espiral inmensa de todo el mundo por denunciar, por querellar, hace que todo vaya tan rápido a los tribunales, todo coja el camino de los tribunales” mientras el concepto de responsabilidad en España “en realidad es polivalente”, ya que “depende del plano del que la tenga que ejercer. Si está en la oposición dice unas cosas, si está en el gobierno dice otras”.

El PP le tilda de “hipócrita”

El senador autonómico del PP de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha respondido al presidente regional al que acusa de “hipocresía política” por sus declaraciones. Critica su actitud de “intentar dar lecciones de ética mientras sostiene con sus hechos al mismo PSOE que está siendo investigado por corrupción”.

“Page vuelve a hacer lo de siempre que es decir cuatro titulares para quedar bien y no tomar ni una sola decisión que incomode a Pedro Sánchez”, ha criticado, para volver a insistir en que “Castilla-La Mancha tiene ocho diputados socialistas en el Congreso que dependen políticamente de él”.

“Page podría haber acabado con esta legislatura cuando hubiera querido si de verdad le preocupara la corrupción, ya que tiene los votos y tiene la capacidad política. Pero no ha hecho nada, absolutamente nada”, ha destacado.

“Condena la corrupción en los micrófonos, pero la permite en las votaciones. Dice que le duele, pero no mueve un dedo. Habla de ética, pero practica la comodidad política”, ha afirmado.

La estrategia del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García para camuflar como procesos selectivos ordinarios la colocación de dos mujeres de su círculo íntimo en empresas de la órbita del Ministerio de Transportes se resquebraja ante el peso de los testimonios escuchados en las dos primeras jornadas del juicio.

A las declaraciones de las dos beneficiadas por estos contratos reconociendo que cobraron sin trabajar, se suman las afirmaciones de media docena de cargos de esas compañías que, con mayor o menor detalle, han evidenciado la excepcionalidad de las contrataciones y de la situación de ambas en las empresas públicas en las que recalaron gracias a la influencia del entonces ministro y quien fuera su mano derecha, según la tesis de la Fiscalía. 

La contratación “arbitraria” de ambas en Ineco, Tragsatec y Logirail en la época en la que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes centra la acusación por el delito de tráfico de influencias que las acusaciones atribuyen al que fuera ministro y su asesor. Además, en relación con la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, el Ministerio Público considera que ambos cometieron un delito de malversación porque tenían conocimiento de que fue contratada y percibió salarios de Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros) sin acudir ni un solo día a su puesto. Las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha, ven también un delito de prevaricación en sus contrataciones. 

Frente a estos testimonios, la estrategia de los abogados de Ábalos y Koldo García ha consistido en tratar de que los diferentes responsables de Ineco, Tragsatec y Logirail certifiquen ante el tribunal que hubo entrevistas, que se analizaron sus currículums y que los trámites burocráticos fueron normales, al menos en apariencia. Entre las bazas de la defensa está también tratar de evidenciar la poca entidad y cualificación de los puestos asignados a ambas, donde cobraban apenas el salario mínimo. 

Ante el tribunal, la propia Jésica Rodríguez afirmó que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.

Por su parte, la militante del PSOE Claudia Montes, la segunda beneficiaria de esos contratos, afirmó que trabajó y mucho en la filial de Renfe Logirail —“más de 80 horas” extras al año—, aunque confesó también que hubo una etapa en la que iba a la biblioteca a coger libros sobre trenes que leía en horario laboral. Dos cargos de la empresa llegaron a confirmar que casi se le expedienta por su absentismo. 

Sobre su llegada a las empresas públicas, Jésica Rodríguez admitió que si acabó en Ineco fue porque el político le recomendó que “cotizara algo” mientras estudiaba. “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada (...). Yo fui con Koldo García a una entrevista y ya”, explicó.

Claudia Montes, por su parte, afirmó que cuando se quedó sin trabajo en 2019 se lo comentó al entonces ministro porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces de un portal de ofertas de empleo. Pero negó que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, enfatizó.

Cargos de empresas públicos

Durante estas dos primeras jornadas de juicio, el tribunal ha escuchado también a una docena de funcionarios y cargos de las empresas públicas que han evidenciado la singularidad de las contrataciones de ambas y de sus trayectorias en esas empresas de la órbita de Transportes. 

Jésica Rodríguez estuvo a sueldo de Ineco durante casi dos años sin ir a trabajar, según admitió ella misma. Su llegada a la compañía no siguió el procedimiento habitual, según reconoció Ana Araceli Arigita, una de las responsables de reclutamiento de Ineco. Ante los magistrados, esta funcionaria explicó que aunque ella misma se encargó de citarla para una entrevista, ese trámite nunca llegó a producirse. “Lo supe a posteriori”, indicó para luego añadir que todo se hizo más rápido de lo habitual en esos procesos de selección.

Después, en la tecnológica nadie se percató del absentismo de Jésica Rodríguez. “A los ojos de Ineco, esta persona prestaba sus servicios. Fue una sorpresa su declaración”, afirmó la actual secretaria general de la compañía, Amparo Monterrey, que trató de justificar que desde el usuario de Jésica Rodríguez se completaron los partes de trabajo y el control horario. La tesis de las acusaciones es que fue el hermano de Koldo García, Joseba, el que se encargaba de hacer esa labor burocrática. Aunque, para él, solo estaba haciendo un “favor” a una compañera. 

Otra de las responsables de Ineco que dirigía el proyecto en el que estaba Jésica Rodríguez, María Dolores Tapia, explicó que en todo caso el responsable de controlar que trabajara era de Adif, que ejercía como cliente. Y que desde Ineco sólo sabían que era un perfil de administrativo, y por tanto, quien llevaba el peso del día a día era del responsable de Adif, en este caso Ignacio Zaldivar. En todo caso, matizó que nunca recibieron incidencia por parte del cliente.

Uno de los testimonios más desfavorables para las defensas fue el de Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública. La funcionaria mantuvo que cuando vio que la mujer a la que le presentaron primero como “sobrina” de Koldo y después como “sobrina” del ministro no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema tanto a sus superiores en Tragsatec como en Adif, que actuaba como cliente en ese caso. 

Según el testimonio de Barbancho, en su empresa le recomendaron que “dejara en paz” a Jésica Rodríguez, algo que nunca le había pasado, mientras que en el gestor ferroviario le respondieron que desde la Presidencia, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, habían pedido que la dejara de molestar.

Sobre ese episodio también declaró este miércoles el ex director de gestión administrativa de Adif Ignacio Zaldivar quien señaló que recibió llamadas en dos ocasiones de la entonces presidenta de Adif en las que le indicaba que el ministro Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez.

Zaldivar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, Alejandro Luzón, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras hablar con responsables de esa entidad no obtuvo respuesta.

También el que fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec admitió ante el tribunal que el problema con Jésica Rodríguez fue que nadie controló o monitorizó su día a día. 

Un puesto “inadecuado”

Respecto a Claudia Montes, los jueces escucharon este miércoles los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada. José Ángel Méndez, que ocupó ese puesto en la época en la que se fraguó la entrada en la compañía, admitió que el correo de la militante socialista llegó a Logirail directamente a través de su matriz, Renfe, aunque a su juicio era un procedimiento relativamente habitual. Su sucesor, Óscar Gómez Barbero, llegó a justificar incluso el absentismo laboral de Claudia Montes con el argumento de que se la había situado en un lugar “inadecuado”. 

Sobre cómo acabó Montes en Logirail, el expresidente de Renfe Isaias Taboas indicó que recibió su currículum de Koldo García, quien entonces era consejero de la empresa de ferrocarriles y que además le habló previamente del asunto. Él envió ese documento a recursos humanos: “El proceso estándar normal es que recibía un currículum y lo enviaba a recursos humanos de Renfe para ver si era útil. Y en este caso debí hacer lo mismo”.

Con lo que nos gusta el cine de juicios, y van los tribunales y deciden contraprogramarse haciendo coincidir dos de los juicios más esperados: la “Kitchen” de cuando el gobierno del PP, en la Audiencia Nacional; y el “Caso Mascarillas” del actual gobierno de coalición, en el Supremo. No hay semanas en el año, que nos los tienen que poner los mismos días y a las mismas horas, obligándonos a hacer zapping en sus retransmisiones simultáneas, si no queremos perder detalle de dos procesos con tanta chicha.

La Audiencia Nacional se ha tomado su tiempo -la investigación comenzó hace ocho años-, y el Supremo en cambio se ha dado una prisa poco habitual en causas políticas. Resultado: dos juicios en paralelo, los dos con causas de gran escándalo social (trama policial para tapar delitos en uno, mordidas por material sanitario en pandemia en el otro), acusados de renombre (el ex ministro Fernández Díaz aquí, el ex ministro Ábalos allí), testigos de relumbrón (Rajoy, Cospedal o el cantante de Taburete en la Audiencia Nacional; la presidenta del Congreso, un ministro y varios altos funcionarios en el Supremo), y episodios chuscos (el falso cura con pistola por acá, la novia que cobraba sin trabajar por allá, el siniestro comisario Villarejo...).

Dos juicios que además rivalizan en repercusión política y mediática: como Kitchen hace daño al PP, y Mascarillas hace papilla al PSOE, tanto gobierno y oposición como los medios, tertulianos y ciudadanía en general, podemos compararlos en tiempo real y dar más importancia a uno u otro según nuestras simpatías. ¿Es más grave Kitchen o Mascarillas? ¿Es peor usar el ministerio de Interior para tapar la corrupción de un partido, o montar una trama corrupta para forrarse en plena pandemia? ¿Debería estar en el banquillo Rajoy, tendría que dimitir Sánchez? ¿Qué partido reaccionó con más ejemplaridad en cada caso?

Se ve bien en la prensa estos días: en algunos medios -como este donde escribo- hay seguimiento en portada de los dos casos, pero otros han decidido dar todo el protagonismo a uno, y te obligan a hacer un rato de scroll para encontrar una pequeña mención al otro caso. Mira tú por dónde, la coincidencia de juicios servirá para confirmar de qué pie cojea cada medio. Yo mismo he escogido uno y no otro para la foto que acompaña mi artículo. En cuanto a los dos principales partidos, el revoltijo les sirve para compensar un poco los sinsabores propios: ambos coinciden en mostrar respeto a los jueces y lamentar la corrupción, pero un poco peor la del adversario.

Si estos días tenemos que hacer zapping para seguir los juicios paralelos, espérate a que en los próximos días se añadan nuevas sesiones de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde el PP traerá nuevas comparecencias de alto morbo (la mujer de Cerdán, por ejemplo); y la recién creada comisión por el accidente de Adamuz, donde también el PP quiere hacer ruido convocando a, mira tú por dónde, los mismos Ábalos y Koldo que ya están en el banquillo. Cuando ambas comisiones coincidan a la misma hora que las sesiones de los dos juicios, más que zapping habrá que montar un carrusel deportivo para que los periodistas allí destacados nos canten cada gol. Socorro.