La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

José Luis Ábalos, el político, el ministro, el secretario de organización del PSOE: condenado a 24 años de prisión. Koldo García, su asesor: condenado a 19 años y 8 meses de prisión. Víctor de Aldama, el empresario corruptor: el gran triunfo de la sentencia del caso mascarillas. Sí, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, pero el Tribunal Supremo le suspende la condena y no tendrá que devolver la gran parte de la mordida que ahora, se ha demostrado judicialmente, se llevó. 

Todo esto forma parte de un plan que él lleva preparando desde que saliera de prisión en noviembre de 2024. ¿Por qué ha sido tan beneficioso para él tirar de la manta? ¿Qué ha aportado a la investigación? De todo esto y de la lectura política que para el Gobierno supone la condena a Ábalos hablamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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El empresario Víctor de Aldama ha recibido un premio mucho mayor del que esperaba por su confesión. El Tribunal Supremo ha decidido imponerle cuatro años y medio de prisión por su papel en la trama corrupta construida en torno al exministro José Luis Ábalos, con el anuncio de que no tendrá que entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir en un lustro y de hacer un año de trabajos para la comunidad. Mucho menos de lo que pidió para él Anticorrupción y menos, incluso, de la condena impuesta a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda cuya confesión y grabaciones destaparon la trama Gürtel de corrupción.

La Sala de lo Penal ha hecho pública la sentencia con la que condena a los tres integrantes de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus. El exministro José Luis Ábalos se lleva 24 años y 3 meses de cárcel como máximo líder del grupo y receptor de dádivas y dinero mientras que su “omnipresente” asesor Koldo García es condenado a 19 años y 8 meses de presidio por urdir y supervisar los amaños y cohechos. Los dos acumulan un rosario de hechos probados que van desde el amaño en la adjudicación de 13 millones de euros para la compra de mascarillas hasta el pago de un alquiler para una mujer vinculada al ministro.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro al final del juicio lo que quería para el tercer acusado, Víctor de Aldama: bastante menos de los siete años de prisión que había pedido. Y la Sala de lo Penal ha recogido el guante y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel por el delito de organización criminal y los cuatro de cohecho que le imponen. Una condena que ni siquiera tendrá que cumplir con unas condiciones más que asumibles. Y queda eximido, además, de pagar la multa de 3,7 millones que pedía la Fiscalía.

Los jueces aplican una atenuante muy cualificada de confesión para llegar hasta esa cifra, rebajando la condena de algún delito hasta en dos grados, y después suspender su ejecución. “Víctor de Aldama no se ha limitado a confesar los hechos”, destaca el Supremo. “Ha prestado una cooperación plena y continua (...) facilitando información veraz y relevante”. Incluso, añade la sentencia, el empresario “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cita numerosa jurisprudencia para explicar cómo se calcula el beneficio de una colaboración de este tipo y una sentencia destaca por encima del resto: la número 507/2020 dictada el 14 de octubre de ese primer año de pandemia, mientras Ábalos, Koldo y Aldama tomaban el Ministerio de Transportes al asalto. La sentencia de la trama Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la corrupción, que propició un cambio de Gobierno y que también se cimentó sobre una confesión. La de José Luis Peñas.

El Supremo no compara directamente el caso de Peñas con el de Aldama, más allá de citas jurisprudenciales genéricas sobre el valor de una confesión. Sí reproduce párrafos con los que la sentencia de la Gürtel rechazó que la declaración de Francisco Correa pudiera ser considerada una auténtica confesión. Una comparación de ambas tampoco permite equiparar su valor, aunque finalmente Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio, tres meses menos de cárcel que Peñas en su momento.

Las grabaciones de la Gürtel

Víctor de Aldama llevaba mes y medio en prisión provisional cuando pidió turno en la Audiencia Nacional para declarar. Para entonces ya estaba acusado de encabezar un fraude millonario en empresas del sector de los hidrocarburos, pero también de liderar un entramado de corrupción política, entonces conocido solo como “caso Delorme”. El empresario admitió su participación en el entramado ligado a Transportes y se libró de la prisión provisional que pesaba sobre él en la causa de hidrocarburos.

Tanto el Supremo como Anticorrupción otorgan máxima relevancia a su colaboración, sobre todo para poder condenar a José Luis Ábalos, aunque para cuando confesó ya existía multitud de diligencias, entre otras cosas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranaban el funcionamiento del entramado. En el caso Gürtel, cuya sentencia más relevante es citada varias veces por el Supremo, la colaboración de un imputado fue la que permitió abrir la investigación.

José Luis Peñas había sido concejal del PP en su feudo madrileño de Majadahonda y en agosto de 2008 presentó unas grabaciones y una confesión. El material que demostraba que un empresario llamado Francisco Correa se había hecho con el control de la contratación pública en Majadahonda a través de un grupo de concejales corruptos entre los que estaba el propio Peñas, que reconoció haber cobrado dinero de la trama y haber incluso viajado a su costa.

Lo dijo la Audiencia Nacional y lo repitió después el Tribunal Supremo de varias formas distintas. De no ser por esas grabaciones, la Justicia no habría descubierto la profundidad con que la Gürtel hundía sus raíces allí donde gobernaba el PP. De esos audios y esa primera confesión salieron 12 piezas separadas y casi un centenar de condenados entre políticos y empresarios que no pudieron, por más que lo intentaron, anular las cintas que habían grabado a los corruptos en acción. Las escuchas ilegales a algunos imputados en prisión reforzaron el papel de estas pruebas aportadas por Peñas como gran puntal del caso cuando todavía no había caso.

Peñas se sentó en el banquillo con sus antiguos colaboradores en 2017, en el juicio bautizado como 'Época I' acusado de más delitos que Aldama, pero también con números menos abultados en cuanto al botín y la magnitud de los amaños. Fue finalmente condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro de cohecho, dos de malversación, dos de falsedad documental y otro más de prevaricación. Llevó al Supremo su reclamación para tener una condena más baja y recibió la negativa de la Sala de lo Penal, que dos años después sí reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que le fue finalmente concedido en octubre de 2024. Un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel.

Las dos condenas casi idénticas de Víctor de Aldama y José Luis Peñas vienen, por tanto, de lugares muy distintos y tienen futuros igual de diferentes. Peñas nunca entró en prisión provisional y la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de su condena hasta que su condena de inhabilitación fue indultada, además de pagar una multa. Aldama tiene por delante una causa por fraude masivo en un entramado de hidrocarburos, además de otra en las diligencias originales del 'caso Koldo', ambas en la Audiencia Nacional.

Una nueva filtración de datos personales ha expuesto en Internet información de contacto y la dirección de varias personas investigadas en diferentes casos de corrupción. Entre los afectados están la antigua militante socialista Leire Díez, el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y los empresarios Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto.

La información publicada incluye números de teléfono, correos electrónicos y números de DNI. En dos de los casos la publicación incluye también la dirección de domicilios particulares. Tal y como ha avanzado Público y ha podido contrastar elDiario.es, parte de los datos filtrados son verídicos.

Este tipo de ciberataques se denomina doxeo y consiste en la exposición de información privada de la víctima. Es habitual entre ciberdelincuentes, como método para romper su anonimato y dejarlos expuestos al acoso de otros usuarios o a la localización policial. En los últimos años, se ha popularizado su uso también contra políticos y miembros de la esfera pública como el presidente Pedro Sánchez o miembros de su Gobierno.

No obstante, al contrario que cuando se lanza contra personas que intentan ocultar su identidad —como los ciberdelincuentes—, su empleo contra figuras reconocidas no requiere demasiados conocimientos técnicos. Al contrario, los datos filtrados suelen provenir de bases de datos robadas a empresas y expuestos ya en ciberataques previos.

Esa característica no exime de responsabilidad a los autores. En julio de 2025, la Policía detuvo a dos hombres acusados de estar detrás de la campaña de doxeos que a principios de verano afectaron a Sánchez, ministros como Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas o Diana Morant, y políticos de todos los partidos excepto Vox. En octubre, fueron detenidos dos menores de edad tras otra serie de filtraciones. Los cuatro individuos fueron acusados de delitos de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado.

En esta ocasión, la filtración no alcanza a miembros del Gobierno. El autor avisa de que “es una muestra de lo que se viene” y amenaza con publicar información de las fuerzas del estado, “altos cargos de la UCO” y otros organismos como el CNI. También pide la liberación de ciberdelincuentes condenados, como el joven Alcasec.

L’exministre valencià José Luis Ábalos afronta un dels moments més determinants de la seua trajectòria política i judicial. La resolució del Tribunal Suprem sobre l’anomenat Cas Mascaretes es coneixerà previsiblement en les pròximes dates i el seu impacte transcendix la figura de l’exdirigent socialista. Les repercussions polítiques arriben també al Govern d’Espanya i al partit en què es va forjar políticament, el PSPV.

Davant este escenari, Zoom, el programa d’investigació d’À Punt presentat per Jose Sáez, dedica el programa de dilluns 15 de juny, a les 22:45 hores, a analitzar la trajectòria, l’ascens i la caiguda d’una de les figures valencianes amb més influència en la política espanyola de les últimes dècades.

L’espai reconstruïx el recorregut polític d’Ábalos des dels seus inicis en la militància política als anys huitanta fins a convertir-se en ministre, secretari d’Organització del PSOE i una de les persones de màxima confiança del president del Govern. A través de testimonis, documents i anàlisi, el programa aprofundix en les capacitats polítiques que el van portar a ocupar posicions clau en l’estructura de poder estatal.

Periodistes, analistes, polítics i persones pròximes a l’exministre aporten la seua visió per a entendre com va construir una carrera política excepcional i quin paper va exercir en moments decisius de la història recent del PSOE.

La investigació recupera episodis fonamentals, com la campanya interna de 2016 que va permetre a Pedro Sánchez recuperar la secretaria general del partit. Aquella travessia per Espanya, protagonitzada per la coneguda “banda del Peugeot”, va consolidar una relació política que resultaria determinant per al futur del socialisme espanyol. El programa analitza les claus d’una aliança que va canviar el rumb del partit i va situar Ábalos en el nucli del poder.

Zoom també revisa alguns dels discursos i posicionaments públics que van marcar la seua etapa política, incloent la seua participació en la moció de censura que va posar fi al govern de Mariano Rajoy en 2018, així com els esdeveniments que posteriorment han condicionat la seua carrera.

Amb una investigació exhaustiva i múltiples testimonis, el programa oferix una mirada completa sobre les claus de l’ascens del que molts consideren el valencià amb més poder polític del segle XXI i sobre els factors que expliquen el seu declivi.

Este dilluns, À Punt posa el focus en una de les històries polítiques més rellevants i controvertides de la democràcia recent.

El PP ha preparado un mes de junio “caliente” para el Gobierno en el Senado con una batería de citaciones en diferentes comisiones a cuenta de las revelaciones del llamado 'caso Leire Díez', así como por las investigaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las fechas más destacadas serán el próximo viernes 19 de junio, cuando deberá comparecer la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el martes 30 de junio, cuando será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“El PP ha diseñado un calendario de cerco total a la corrupción del 'sanchismo”, ha asegurado en una rueda de prensa la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha acusado al Gobierno de esconderse “detrás del papa” ante la avalancha de actuaciones judiciales e informaciones que acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Podemos afirmar que Leire planeó, [el ex fiscal general, Álvaro] García Ortiz ejecutó y P.S. ordenó”, ha afirmado, para reiterar la acusación de que el PSOE ha cometido “delincuencia de Estado” para proteger “a quien llaman ‘el uno’, el one, P.S.”.

La primera de las citaciones ya se conocía: la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá el próximo martes 16 de junio en la Comisión de Interior del Senado. No será, por tanto, un interrogatorio sujeto a las normas de una comisión de investigación. Con todo, González deberá responder por las reuniones que mantuvo con Leire Díez después de haber reconocido dos. En ellas, Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el 'caso Koldo'.

En la Comisión de Justicia comparecerá Peramato para responder “por qué Leire Díez tenía pase VIP en la Fiscalía General del Estado”, donde mantuvo también reuniones con el que fuera teniente fiscal de la secretaria técnica de dicho organismo cuando lo lideraba Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración de la confesión de dos delitos fiscales por parte del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El PP se ha llevado la principal de las comparecencias a final de mes. El 30 de junio será el turno del ministro del Interior, esta vez sí en una comisión de investigación. Marlaska “mintió sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire” y “quien miente, repite”, ha sostenido García.

La portavoz ha avanzado que le preguntarán “por qué gozó de escolta” Leire Díez, “por qué negó las reuniones” y “por qué no cesa” a González.

También el 'caso Zapatero'

El PP también tiene en su punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en una supuesta trama de cobro de mordidas y blanqueo de capitales. Alicia García ha explicado que, de momento, no van a citar al expresidente del Gobierno, quien está pendiente de declarar ante el juez José Luis Calama la semana que viene.

Pero sí llamarán a declarar al “delegado de Zapatero en Venezuela, Manuel Fajardo, a quien el juez sitúa como pieza clave en la supuesta ”trama internacional“ que implica al expresidente. Será citado el 22 de junio.

Una semana después, el día 29, será el turno de la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, “presunta fontanera para el blanqueamiento de capitales”, en palabras de García, quien ha avanzado que le cuestionarán “quién le dio la orden para falsear facturas para blanquear dinero”.

Ese mismo día por la tarde está citado el excomisario en Barajas Jesús María Gómez para que explique qué ocurrió la noche que aterrizó brevemente un avión en el que viajaba la entonces vicepresidenta de Venezuela y hoy presidenta, Delcy Rodríguez.

García ha dicho que quieren saber si en las “maletas” de Delcy había “oro o joyas”, en referencia a las alhajas encontradas a Zapatero en su despacho profesional y que han sido tasadas en 1,3 millones de euros. El juez Calama ha abierto una pieza separada que investiga al expresidente por contrabando y delito fiscal.

“Estamos en los estertores del sanchismo”, ha dicho García, quien ha asegurado que “la agonía judicial y la soledad parlamentaria y social” será “realmente dura” para el Gobierno.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que ha tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por participar en una trama para desacreditar causas judiciales contra el partido, aunque ha asegurado que “jamás” ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco “ha interferido en ninguna investigación”.

Mercedes González ha aclarado que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos, pero sin verse cara a cara. En ese momento, según su relato, solo hablaron sobre las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa.

Posteriormente, siendo ya directora de la Guardia Civil, ha admitido que sí se vio en persona con la exmilitante socialista y que esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explican fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

La directora general de la Guardia Civil afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. También asegura que, tras hacerse pública “la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil”, convocó a los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado para mostrarles su apoyo.

En el sumario de la causa, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditan tres encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de las filtraciones a los medios. En un audio que también consta en el sumario de la causa, Díez afirma ante terceros que Mercedes González es de su “confianza”.

El comunicado de la Guardia Civil no aclara si fueron dos o tres reuniones. Asegura que en el primer encuentro, Díez le trasladó que estaba trabajando “como freelance” en ese momento, sin especificar “ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”. La directora “entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”. “Respecto de un posible segundo encuentro, de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, añaden.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a los reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

Marlaska dijo que no hubo reuniones y el PP pide su dimisión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido este lunes a defender la “ejemplaridad y honestidad” de la directora general de la Guardia Civil. Ha afirmado que él mismo ni conoció ni hubiera tolerado “ninguna intromisión” en la labor del Cuerpo. Marlaska había defendido que esas reuniones entre ambas no existían.

El PP ha pedido la dimisión de ambos. “Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional”, ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Las investigaciones de la Audiencia Nacional dejan al descubierto cuál era el objetivo de Leire Díez: desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno y también a sus propios colaboradores. La exconcejala socialista amontonó promesas de torpedear las diligencias incómodas y saltó de causa en causa buscando trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, del hermano del presidente del Gobierno al caso Villarejo, pasando por el caso Koldo. El sumario desvela que las gestiones fueron intensas y que encontró aliados de dudosa reputación, pero que, en última instancia, fracasó. Todas las causas que quiso desbaratar siguen en marcha y algunas se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante que actuaba arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

El “punto de inflexión” de la actividad de la trama de Leire Díez fue 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez y desde Ferraz, según comentó ella misma, les empezaron a hacer caso. Pero para entonces esta exconcejala de Vega de Pas (Cantabria) ya tenía experiencia estudiando a fondo causas judiciales de supuesta corrupción y buscando sus puntos flojos. También tenía experiencia en localizar a las personas que le podían ofrecer información comprometedora de jueces y fiscales.

“¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro. Yo me encargo, me voy a poner hoy mismo, yo escribo rápido y con muy mala leche”. La que hablaba era Leire Díez y al otro lado del teléfono estaba Rafael S.M., entonces responsable de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Era 2020 y la exmilitante estaba pidiendo información delicada sobre Mercedes Alaya, la magistrada que instruyó la causa de los ERE y muchas ramificaciones que pusieron en jaque al socialismo andaluz. Ese caso acababa de ser sentenciado por la Audiencia de Sevilla, pero Díez buscaba datos para atacar más ramificaciones todavía abiertas: el caso Isofotón y el caso Aznalcóllar.

Uno de los colaboradores de Leire Díez tenía un especial interés en la segunda causa. Vicente Fernández había tenido que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque Alaya había reabierto contra él esa causa, centrada en la adjudicación presuntamente ilegal de la mina de este municipio sevillano. “Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, le dijo Leire Díez en un mensaje. Después de sus reuniones con ese policía al que apodaban 'Torrente' decidió que tenía material para ir contra la jueza y sus causas. “Con las cosas que ya sé de Alaya lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás”. Unas semanas después, su mensaje fue aún más contundente: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya”.

El paso del tiempo demuestra que si Leire Díez recabó información comprometedora sobre la magistrada sevillana nunca llegó a conseguir nada con ella. Tampoco escribió el libro que prometió en esa conversación telefónica grabada por ella misma. Mercedes Alaya siguió ejerciendo como jueza. El caso de los ERE siguió su tramitación, las condenas fueron avaladas por el Tribunal Supremo y finalmente reducidas a la mínima expresión por el Tribunal Constitucional. El caso Isofotón sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones a una empresa de placas fotovoltaicas se acabó archivando porque el juzgado se había saltado los plazos procesales. El caso Aznalcóllar en el que estaba imputado Vicente Fernández fue a juicio y terminó con una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla por falta de pruebas con un duro varapalo a Alaya, ratificado el año pasado por el Tribunal Supremo.

Esa intervención de Leire Díez en tres causas relacionadas con Andalucía tiene todos los ingredientes apreciables en todas sus maniobras posteriores a la imputación de Begoña Gómez: contactos con informantes de los casos, promesas de dar al traste con las diligencias y, finalmente, fracasos a la hora de conseguirlo. También alusiones a que alguien, “desde posiciones elevadas”, había gente dispuesta a tomar medidas.

El “punto de inflexión”

Las causas andaluzas de 2020 fueron el punto de partida de una actividad que se prodigó hasta las primeras imputaciones de 2025. El “punto de inflexión” en su actividad, destacan todos los investigadores y la propia Leire Díez en sus conversaciones, fue la apertura de una causa contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, momento en que supuestamente Santos Cerdán le abrió las puertas del número 70 de la calle Ferraz para dirigir su afán investigador y conspirador a otro nivel. Pero entonces, como ya había sucedido en Andalucía, sus enredos y contactos no tuvieron el éxito penal que se esperaba.

El sumario registra unas pocas gestiones sobre el magistrado Juan Carlos Peinado, el origen de su nueva y prolífica relación con Ferraz. Contactó con Nervis Villalobos, antiguo mandatario venezolano que había sido encarcelado por Peinado en una causa de blanqueo de capitales que finalmente había instruido la Audiencia Nacional. Era mayo de 2024 y Villalobos le entregó un “cronograma de irregularidades” a Leire Díez sobre cómo Peinado y el fiscal José Grinda habían gestionado su caso. Todo factual y todo publicado por la prensa: en 2020 el Tribunal Constitucional había dado la razón a Villalobos y decretado que Peinado le había encarcelado irregularmente allá por 2018.

El caso de Begoña Gómez siguió adelante y dos años después el juez Peinado ha mostrado su intención de llevar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Las únicas limitaciones que se han impuesto a la causa han llegado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el sumario no recoge, al menos por el momento, ninguna gestión adicional de Díez. Algo parecido sucede con una causa que estalló pocos meses después en Extremadura. Una magistrada, Beatriz Biedma, aceptó estudiar otra querella de Manos Limpias, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Leire Díez encontró aliados de dudosa trayectoria que sí pusieron en marcha una ofensiva real contra la magistrada, pero que tampoco consiguieron su objetivo.

Los extraños aliados de Leire Díez

Todo se gestó en un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”. Además de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en ese grupo estaban Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada. El primero, el expresidente del CD Badajoz entonces imputado –y hoy ya condenado– en varias causas de fraude fiscal ligado a los hidrocarburos. El segundo había sido juez, pero llevaba dos años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer con frases como: “Te pego un tiro, tú sin mí no vales nada”.

Sáenz de Tejada, según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. “Paso 1. Destruir procedimiento”, anotó ella en sus agendas. El plan abarcaba que este abogado se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero si puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. Por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que Leire, además, rebotó a Santos Cerdán.

Sáenz de Tejada no se pudo personar en la causa, sus recusaciones contra la jueza Biedma nunca prosperaron y su denuncia fracasó de la manera más estrepitosa posible. “El Ministerio Fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”, contestó Ana García León desde la Secretaría Técnica del Ministerio Público antes de enviar el asunto a Extremadura. La causa contra David Sánchez no se vio afectada y el juicio se está celebrando esta misma semana mientras se conocen los detalles del sumario de Leire Díez.

Este magistrado condenado por violencia machista no fue el único aliado atípico que buscó Leire Díez para dinamitar causas judiciales y aflorar supuestos casos de corrupción. También recurrió al considerado como bedel de dichas cloacas: el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Para entonces ya sumido en decenas de piezas separadas sobre su actividad como policía al margen de la Policía, Leire Díez fue muy clara al decir a su abogado que la Fiscalía les ofrecería un pacto a cambio de su colaboración: entregar toda la información comprometedora que tuviera contra determinados jueces, políticos y fiscales. Llegaron incluso a elaborar un plan de trabajo.

Aquí las promesas de Leire Díez tampoco fructificaron y el fiscal anticorrupción del caso, César de Rivas, le espetó que no tenía “nada” que hablar con él. La Fiscalía no ha bajado desde entonces el pistón en los juicios que se han celebrado con Villarejo en el banquillo. El comisario jubilado, condenado ya en varias causas, dejó por escrito su lamento cuando el Ministerio Público no aflojó la presa: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

La UCO y los fiscales

Las maniobras de Leire Díez y su grupo tenían por objetivo a tres personas aborrecidas por una pluralidad de sus colaboradores. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su subordinado José Grinda, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas. El primero era el impulsor de causas como Koldo que amenazaban al Gobierno mientras Luzón pactaba confesiones con Víctor de Aldama y su defensa. El segundo era considerado por Javier Pérez Dolset, Sandro Rosell y Nervis Villalobos, entre otros, como un fiscal sin escrúpulos que les había perjudicado de forma ilegal. El tercero, amparado en el habitual anonimato de los investigadores de la Guardia Civil, era señalado como el autor de informes y atestados dudosos en casos como el de Begoña Gómez, el fiscal general o la causa contra José Luis Ábalos.

Una vía de entrada para llegar a este último, el mando de la UCO Antonio Balas, fue una de las múltiples causas de hidrocarburos de la Audiencia Nacional. Entramados empresariales destinados a defraudar cientos de millones de euros en impuestos en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector. Hubo reuniones con otro guardia civil, el capitán Juan Sánchez Yepes, hubo reuniones con la Directora General de la Guardia Civil y con Alejandro Hamlyn, empresario del sector de los hidrocarburos pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, supuestamente, tenía información.

Se dejaron por escrito estrategias para desacreditar a Balas, para culpar a Repsol del fraude de hidrocarburos y para explorar las múltiples causas abiertas y buscar un punto flojo. Meses después, ya en noviembre de 2025 y con Hamlyn sin salir de Dubái, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas por este entramado fraudulento relacionado con los hidrocarburos e impuso una multa de 159,1 millones de euros a su empresa. El asunto, según Leire, era la “prioridad” de sus contactos socialistas, según sus mensajes “por orden del one”, término con el que supuestamente se refería a Pedro Sánchez. En rueda de prensa, cuando sus maniobras ya eran conocidas, ella aseguró que estaba escribiendo un libro sobre ese tipo de fraudes.

Una parte importante de estos movimientos, según la UCO, tenían por objetivo buscar los puntos flojos de la causa ya entonces abierta contra Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que ya entonces apuntaba al exministro de Transportes. Unas diligencias que terminarían explotando contra el propio Santos Cerdán, aunque eso entonces no era público. Durante una etapa, Leire Díez coordinó su acción con la defensa de Koldo con poco éxito. Dos años después de esas maniobras, el exministro y su asesor esperan su primera sentencia del Tribunal Supremo mientras tanto ellos como Santos Cerdán siguen imputados en otra pieza separada del caso.

Un último bloque de gestiones gira en torno a un grupo de personas que se consideraban agraviadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell también unieron sus fuerzas a Leire Díez y, en un momento dado, plantearon exigir a Grinda el “cierre” de media docena de causas a cambio de puestos en el extranjero enterrar las derivadas judiciales de una joven a la que supuestamente este fiscal había enviado un vídeo sexual cuando ella era menor de edad.

Ni Grinda aceptó la propuesta, ni las causas se archivaron. El caso Zed que afecta a Javier Pérez Dolset sigue pendiente de juicio, como el caso Duro Felguera y la causa del 3% catalán. Lo mismo sucede con la causa de los Pujol, también integrada en esa lista de exigencias y cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. La petición de Sandro Rosell de que Grinda revelara el origen ilegal de sus dos años de encarcelamiento preventivo tampoco fue atendida.

Según revela la investigación de la UCO, Leire Díez pasó años haciendo gestiones judiciales entre bambalinas, creando una 'matrioshka' de promesas que, en su inmensa mayoría, nunca se cumplieron. La UCO sospecha que algunas veces, como es el caso de las denuncias contra la jueza Beatriz Biedma, alguien hizo creer a Díez que la Fiscalía atendería sus peticiones de investigación y nunca fue así. La gran baza que activó Santos Cerdán para combatir sus frentes judiciales y los del PSOE ni publicó los libros que anunció, ni tumbó las causas penales que intentó manipular.

La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

El PP ha registrado una petición de ampliación de los trabajos de la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', cuyas pesquisas se han extendido ya a otros casos de corrupción relacionados con el Gobierno y aborda, entre otros, el 'caso Leire'. El partido de Feijóo quiere interrogar al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También abre la puerta a citar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, quien ya compareció antes de ganar las elecciones.

La semana pasada se desveló parte de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las supuestas maniobras del PSOE para frenar las causas judiciales que atenazan al Gobierno. El magistrado señala en su extenso auto la existencia indiciaria de una trama urdida en la misma sede federal de los socialistas, con quien fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, a la cabeza.

Entre los señalados por Pedraz están Hernando y Antolín, quienes se estrenarían como comparecientes ante las muchas comisiones de investigación abiertas por el PP gracias a su mayoría absoluta. Ambos habrían participado en reuniones con Leire Díez y serían parte de la trama teóricamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional.

El PP también incluye en la lista de potenciales comparecientes, que anunciará esta misma mañana, a Lourdes Solís, responsable de cumplimiento normativo del PSOE.

La propuesta de ampliación de los trabajos presentada por el PP será aprobada gracias a su control total sobre la Cámara, aunque está todavía por determinar la fecha efectiva de citación de las personas incluidas en el listado.

Entre ellas, además de las tres novedades citadas, el PP plantea recuperar a comparecientes a los que ya ha interrogado en esta misma comisión. Es el caso de Salvador Illa. El hoy presidente de la Generalitat ya acudió al Senado justo antes de las elecciones de 2024 que le catapultaron al cargo.

El auto de Pedraz señala, precisamente, pagos dudosos en la campaña electoral de Illa ese mismo año y cómo Ferraz pudo usar al grupo de Leire Díez para atacar a sus rivales en las urnas.

El PP se prepara también para citar de nuevo a la propia Leire Díez; a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; a su predecesor, Mariano Moreno; a quien fuera directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández; a su predecesor, Jesús Gascón; y a quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, Juan Manuel Serrano.

Sánchez, “autor intelectual”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado en una rueda de prensa la nueva batería de citaciones en la comisión de investigación, y ha asegurado que “el comando” que, según la investigación judicial, lideraban Santos Cerdán y Leire Díez, en realidad tenía “un autor intelectual, Pedro Sánchez”. “Ese que dijo 'límpiese”, ha añadido, en referencia a un testimonio indirecto que recoge el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz.

La portavoz ha dicho que quien fuera “lugarteniente” de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando, actuó de “enlace” y “se reunió con Leire Díez cuando era director adjunto de Gabinete” del presidente del Gobierno. El sumario recoge, efectivamente, una reunión. “¿Quién dio la orden de acudir a esa reunión con Leire Díez, Santos Cerdán y otros?”, se ha preguntado García. “¿Qué se acordó y a quién reportaba sobre los avances de las cloacas?”, ha concluido.

El que fuera asesor fiscal del bar Franky de Pamplona al que la Guardia Civil señala como un presunto lavadero de dinero proveniente de Acciona ha reconocido este miércoles en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que entre 2016 y 2018 emitió facturas falsas a nombre de la constructora a petición del que tiempo después fuera asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Miguel Moreno Purroy ha ratificado, por tanto, las declaraciones que hizo el pasado marzo en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. 

La Unidad Central Operativa (UCO) puso el foco en el informe que incriminó al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la “operativa” que permitió “al entorno” de Koldo García “obtener liquidez proveniente de Acciona” a través de un pequeño establecimiento hostelero, el Franky. El bar elaboraba facturas falsas por supuestas comidas de empleados de Acciona por “700 o 800 euros” y el dinero acababa en el bolsillo del que tiempo después fuera mano derecha de José Luis Ábalos. En su atestado, la UCO hace referencia a tres facturas que suman 6.975 euros. 

Ante el juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, el asesor fiscal ha confirmado, no obstante, que emitió unas seis facturas entre 2016 y 2018 a petición Koldo García y en las que este le indicaba el importe y él se inventaba los tiquets para justificar las facturas. Esas facturas se emitían a nombre de Acciona y una de ellas a nombre de UTE Recajo, participada por la constructora. Ha sostenido, además, que Koldo García no le entregó los tiquets que justificasen las facturas que emitía y que simplemente le decía el importe que debía constar en la factura y a quien debía emitirse.

Este miércoles también ha comparecido como testigo Francisco Javier Lorente, propietario y gestor del establecimiento, que ya está cerrado. Durante el interrogatorio, ha afirmado que a petición de Koldo García le pudo indicar en una ocasión a gerente que elaborase una factura y que este era el encargado de elaborar facturas contra los tiquets que le entregaban los clientes, si bien ha manifestado que no sabe si en este caso se hizo de esa manera. No obstante, ha insistido en que nunca entregó dinero a Koldo García.

Los interrogatorios del caso Ábalos han terminado. Esta semana queda visto para sentencia. Víctor de Aldama no solo ha confesado sus delitos, también está acusando a otras personas de delitos que no están siendo juzgados. Como es un acusado, y no un testigo, puede mentir. Puede inventarse lo que quiera. A esa rareza, a esa extraña criatura, la abogada de Koldo García la ha denominado: ornitorrinco procesal.

Koldo y Ábalos intentan defenderse desde la inocencia, desde la ingenuidad. Y Aldama, el ornitorrinco, desde la acusación. Esta última estrategia ya ha empezado a tener premio. Esta semana, hemos conocido las peticiones de cárcel que hace la fiscalía para este caso. 24 años de cárcel para Ábalos. 19 años para Koldo. Y siete para Aldama… Pero es que el PP, que es denunciante en este caso, pide para Aldama una pena que le salvaría de entrar en la cárcel. Lo analizamos con la periodista de elDiario.es que ha seguido el juicio, Elena Herrera. 

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Ser carne de meme puede llegar a ser agotador, pero es mucho peor ser carne de banquillo y de pena de 24 años de prisión. José Luis Ábalos tocó todos los palos en su declaración en el juicio del Tribunal Supremo. Dio pena por sus problemas sentimentales, negó que como ministro tomara las decisiones sobre las que le acusan y se las tuvo con el fiscal a cuenta del supuesto aumento de patrimonio que le achacan.

Como político experimentado, le sobra habilidad para hablar y defender su posición, lo que puede incluir soltar largas parrafadas. También para presentarse como víctima de los manejos de personas interesadas. Ábalos no perdió los nervios al enfrentarse a un momento decisivo de su vida. Respondió sin dudar a las preguntas del fiscal y de su defensor y el de Koldo García. No está claro que sea suficiente para salvarse.

A veces respondía con demasiada seguridad, con la misma contundencia con que los políticos se expresan en el Parlamento. “Este es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo y con condena clara”. Decir eso no le va a ayudar. Los jueces no habrán quedado contentos al escuchar que la sentencia ya está escrita antes de que termine el juicio.

De entrada, quiso reducir el alcance de su poder. “Como ministro, yo estaba en el impulso [de la acción política]. Yo no estaba en la gestión de nada”. Cada político que ocupa el cargo decide qué tipo de ministro es, pero nadie diría que los miembros del Gobierno tienen poco poder de gestión. Eso es importante de cara a las acusaciones relacionadas con la compra de ocho millones de mascarillas por el Ministerio en la pandemia. El exministro afirmó que solo trató de ese tema con el subsecretario de Estado. “Por mi mano, no pasó ninguna” de las ofertas recibidas. Koldo García le dijo que se habían recibido cuatro, aparte de la que fue triunfadora, la de Soluciones de Gestión vinculada a Víctor de Aldama. Las acusaciones alegan que esa adjudicación fue una compensación por el dinero y regalos entregados a Ábalos y su asesor.

Hubo una frase singular de su subsecretario que mencionó: “El subsecretario de Transportes me dijo que quedaría bien que hubiese más ofertas”. No era obligado por el estado de alarma. Existía la posibilidad legal de contratar a dedo sin el proceso normal de licitación. ¿Para qué más ofertas? ¿Para aparentar?

Ábalos describió en detalle la urgencia que afrontaban todas las administraciones cuando intentaban conseguir material sanitario en 2020. “La desesperación nuestra era tremenda”. El mayor problema era buscar proveedores. Encontrar uno era “un privilegio”.

En relación a Aldama, su testimonio consistió en restarle importancia a pesar de su presencia habitual en el Ministerio. Trató con desdén y una sonrisa la forma en que el empresario –para el que el fiscal pide siete años de prisión– se presentó en el contexto de las relaciones de España y Venezuela. Prácticamente, la tachó de delirios de grandeza. “Toda una historia de impostura”.

Curiosamente, dijo que fue Aldama quien le presentó a la que fue su pareja, Jésica Rodríguez, algo que él y ella negaron por completo cuando declararon en el juicio. Sugirió que ella ha sido utilizada, “coaccionada”, en su contra, pero sin aportar más ejemplo que decir que ella dijo en el juicio que cobraba sin trabajar cuando no se lo habían preguntado. Afirmó que sabía que Luis Alberto Escolano, amigo de Aldama, era quien pagaba el alquiler del piso que encontraron para la novia, pero que no sabía que ambos eran socios. Sea o no cierto, el pago de ese piso es una de las principales pruebas contra Ábalos.

También lo es que buscaran un empleo para ella en una empresa pública. Ábalos sostuvo que lo del trabajo fue algo que encargó a Koldo “en el ámbito más bien privado”, como si él dejara de ser ministro en esa situación. “No estaba pensando en empresas públicas precisamente”, dijo, lo que no resultó muy creíble. ¿En qué tipo de empresa privada podría tener influencia alguien como Koldo?

Reconoció una relación sentimental con Jésica desde octubre de 2018 hasta noviembre o diciembre de 2019. Fue ella quien tomó la decisión de romper, según su versión. “Ahí descubrí la palabra 'ghosting'”. Continuó en tono melancólico: “Ya soy un personaje. Soy carne de meme. Duele, porque yo con esa persona tuve una relación sentimental de verdad”, dijo en una de las frases más románticas que se han escuchado en el Tribunal Supremo.

El fiscal Alejandro Luzón volvió a sacar el rescate de Air Europa, como ha hecho en otros momentos de la vista, con la intención de presentarlo como el favor que Ábalos hizo a Aldama a cambio de lo que le regalaba. Una vez más, hizo preguntas sobre “la nota de prensa o comunicado” del Ministerio, cuando no era ninguna de las dos cosas. “Me apremiaban” para que hubiera algún tipo de declaración del Ministerio de que había una negociación en marcha que se esperaba culminar con éxito, dijo Ábalos, que concretó que Air Europa prefería que fuera más de la SEPI que del Ministerio.

“No hubo nota de prensa. Lo único que hubo fue un guion, un borrador elaborado por el señor [Pedro] Saura [secretario de Estado] en coordinación con el jefe de prensa, que es quien da la versión del Gobierno a los medios. Lo que se llama fuentes”. Es decir, el jefe de prensa se puso en contacto con varios medios fundamentalmente económicos para darles información que hizo que se publicara la noticia con el titular “El Gobierno ultima el rescate de Air Europa”. Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, esos artículos fueron útiles para que las empresas a las que se debía dinero por el suministro del combustible para aviones aceptaran seguir operando con ellos.

No era el anuncio definitivo del rescate, porque continuaban las negociaciones de la SEPI y Globalia, que no fueron fáciles para la compañía. El Tribunal Supremo va a tener que echarle mucho valor si quiere incluir Air Europa entre las razones de una posible sentencia condenatoria.

Ábalos negó los cálculos sobre su patrimonio económico realizados por la UCO. Se burló de los 94.800 euros que le atribuye la Guardia Civil y que eso sea “un gran caso de corrupción”. “94.000 euros sacados de los wasaps de Koldo. ¿En diez años? De media salen 500 al mes”. El exministro aprovechó dos sonoros errores de la UCO en la instrucción cuando le adjudicaron la propiedad de dos mansiones en Perú y Colombia que nunca existieron.

Se presentó como alguien cuyo patrimonio, muy reducido después de su divorcio, se limita a un piso comprado en 1987 y un bajo a medias con su hija. “¿Por qué cree que seguí siendo diputado?”, preguntó al fiscal. Por el sueldo, claro.

Ábalos se defendió con convicción, pero con ese aire de tristeza que le ha acompañado desde el inicio de las investigaciones. Abandonado por su novia, con su reputación malparada por las relaciones privilegiadas de un personaje como Aldama con su Ministerio y pagando con creces el error de haber confiado sus asuntos a alguien como Koldo García, sus expectativas de cara a la sentencia no son las mejores.

En el cierre de la sesión del lunes, el abogado de la acusación popular que representa al PP comunicó al tribunal que rebaja la petición de pena para Aldama a cinco años y dos meses de prisión de forma que no supondría su ingreso en prisión. No fue una sorpresa en absoluto. La munición que el empresario ha entregado al PP ha sido un elemento esencial de su maquinaria de oposición al Gobierno en el último año. Seguro que le están muy agradecidos.

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen en el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor que es de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual duró esa chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciar su publicación con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior en manos del PP. Ni a Morocho ni al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un relajado destino en el extranjero gracias a la generosidad del Consejo General del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba Mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

Debe de ser complicado tener a Koldo García como cliente en un juicio. El antiguo asesor de José Luis Ábalos ofreció un atisbo en su declaración del personaje impulsivo y no muy inteligente que el ministro aceptó como su hombre de confianza en el Ministerio. Pero, aunque la confusión acompañó a varias de sus afirmaciones, lo que quedó a salvo fue la amistad.

Se había especulado en los últimos meses con que las estrategias de defensa de ambos estaban condenadas a chocar y a que las discrepancias quedarían de manifiesto en el juicio. Antes de ingresar en prisión, Koldo había dado una larga entrevista a OK Diario, presumiblemente no de forma gratuita, que fue exprimida y troceada para ofrecer esa sensación. Imposible. Solo hay amor entre ellos: “Yo estaré toda la vida, toda, agradecido al señor Ábalos”, dijo en el juicio.

El acusado negó las acusaciones realizadas por Víctor Aldama el día anterior. Negó haber recibido 10.000 euros al mes del empresario que se pegó como una lapa al Ministerio y que se ganó la confianza de Koldo. Negó que hablara con frecuencia con Pedro Sánchez o tener su número de móvil y que pusiera las llamadas en el altavoz para que todos las escucharan. Negó haberle buscado un empleo a Jésica Rodríguez, la pareja de Ábalos, porque solo le pasó su currículum a Adif. Al estar arriesgándose a recibir una larga condena de prisión, eso no resulta extraño. Es relevante en la medida en que Aldama no había presentado más pruebas en su declaración que la afirmación de que todo se lo había contado Koldo.

Su comparecencia tuvo momentos algo violentos con nuevas insinuaciones sobre la novia de Ábalos. En primer lugar, dijo que la conoció a través de Aldama, cosa que el empresario había negado. Acusó a Jésica de haber intentado chantajear al ministro: “Esta señorita presionó bastante con que había que dar solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas realidades”. No concretó más. Dijo que utilizó sus fondos y los de su hermano para pagar el piso de lujo en que ella vivía. Era mucho dinero –que la UCO valoró en total en 88.000 euros– para el nivel de sus ingresos mensuales. Aldama sostuvo que fue un amigo suyo quien abonó ese alquiler porque él se lo pidió.

Koldo García desmintió haber participado en un sistema de comisiones con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE, como había denunciado Aldama. Pero sí dijo otra cosa que el gerente del partido había negado, y es que en ocasiones recibía algunos billetes de 500 euros al hacer liquidaciones o anticipos de gastos en el tiempo de Ábalos como secretario de Organización. “Uno o dos billetes al mes”, recordó.

Ahí fue cuando confirmó que llamaba “chistorras” a los billetes de 500, como aparece en el informe de la UCO. Pero resulta que en otros momentos por chistorras se refería a las chistorras de Navarra. O que les cambiaba esos billetes a los guardias civiles que conocía, como si los agentes fueran por la vida con ese montante de dinero. A veces todo era un poco confuso con Koldo.

Su abogada, Leticia de la Hoz, intervino durante la declaración del fiscal para pedir que se dejara a su cliente que terminara de responder las preguntas. Su argumento fue que “se pone nervioso” y que “no está acostumbrado a hablar en público”. Resulta que el tipo con mucho carácter que no se cortaba a la hora de dar órdenes a gritos por teléfono se podía poner nervioso.

Fuera por ese despiste o porque le salió una veta de humor sarcástico, Koldo ofreció una de las frases del juicio al dirigirse al fiscal: “Creo, y esto me va a suponer un disgusto, que usted no está buscando mi inocencia”. Es muy poco probable que sea así si tenemos en cuenta que la fiscalía pide 19 años de prisión para él.

Esa intervención de la abogada provocó un insólito momento de furia por parte del fiscal Alejandro Luzón. “No me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional que una letrada, que un letrado, me interrumpa a mitad de una pregunta”, bramó. Se le veía realmente cabreado y siguió: “Llevo todo el juicio soportándolo”. No es raro que un defensor interrumpa si cree que la acusación está presionando a su cliente o no le deja completar las respuestas. A veces, es sólo un truco para dar un respiro al acusado. Al final, es el presidente del tribunal quien toma la decisión sobre cualquier conflicto.

En relación con el asunto que es el motivo de este juicio, Koldo sostuvo que no hubo ninguna irregularidad, mucho menos ilegalidad, en la compra de ocho millones de mascarillas en la pandemia por el Ministerio. En ese punto, afirmó desconocer elementos esenciales de la compra a pesar de su relación con Aldama. A saber, no sabía que Aldama estaba relacionado con la empresa Soluciones de Gestión que recibió la adjudicación de urgencia para adquirir el material sanitario en China –“ni me lo imaginaba”– y tampoco sabía que el empresario había ingresado millones por esa compra: “Pensé que estaba allí para ayudarme porque me vio totalmente agobiado”.

Fue un ejemplo de que convertir a Koldo García en el hombre para todo del Ministerio fue un error flagrante de Ábalos, un político con experiencia, pero también demasiado desconfiado.

Ábalos podrá decir cuando preste declaración el lunes que él solo pidió a sus subalternos que consiguieran ese material como fuera sin importarle cómo, pero Koldo tenía que saber quiénes iban a hacer las gestiones en un mercado tan difícil como el de China en esos momentos. Él mismo dijo que en esa época hubo “200.000 estafas”. Razón de más para estar más atento.

“Lo que quedó claro es que no se pagó un duro sin recibir antes el material”, dijo. Claro, porque, según el testimonio de Aldama, él se ocupó de buscar un “financiador” que adelantara el dinero. Es un hecho tan importante como para pensar que era imposible que Koldo no supiera que Aldama se había ocupado de buscar el dinero y que intentara aprovecharse del negocio, como así ocurrió.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entendido que tras lo escuchado en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso Mascarillas, “nadie” puede dudar ya de que ha sido sometido una campaña de difamación, por lo que ha dicho esperar “disculpas” de los partidos que se sumaron a las “acusaciones sin pruebas”, PP y Vox.

“Después de dos años, creo que no hay nadie ya, incluso con lo que hemos conocido en las últimas horas, que dude de que Ángel Víctor Torres ha sido sometido a una campaña vil y vergonzosa de difamación porque al final todo lo que se afirmaba era falso”, ha señalado el ministro.

El también expresidente de Canarias ha hecho especial hincapié en que no hay “nada” relacionado con mujeres vejadas, comisiones, mordidas o refinerías ilegales que le pueda involucrar. “Nada de nada”, aseveró.

Torres ha esperado que se “disculpen” los partidos políticos que han sido “altavoces vergonzosos y viles de acusaciones sin pruebas que se han mostrado al final (incluso con las investigaciones que ha hecho la Guardia Civil y los juzgados pertinentes) que eran absolutamente falsas”.

En cuanto al juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, el socialista ha recordado que pronto se sabrá qué decide la justicia.

“Desde el PSOE ya hemos dicho claramente que el partido pide personarse ante afirmaciones que entiende que no tienen ninguna base probatoria. Y como ha ocurrido en mi caso después de dos años, al final la verdad siempre reluce, se abre paso y termina sabiéndose pero lo lamentable es que hay un daño que se intenta provocar incluso en el entorno más íntimo... imperdonable”, resaltó.

Pese a todo, el ministro ha asegurado que está “más fuerte” que antes de la “campaña” contra su persona que ha sufrido y con las “mismas ganas” de seguir trabajando por el interés general.

Ataques a Torres

Aldama compareció este miércoles ante el Supremo, pero en esta ocasión dijo que el asesor ministerial Koldo García le pidió que pagara una comisión al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por los contratos de las mascarillas, pero que este nunca lo pidió y “no se pagó” y tuvieron “problemas en Canarias”. Es decir, que Torres no cobró ni pidió cobrar, justo lo contrario de lo declarado por el propio Aldama en otras ocasiones.

El empresario ha intentado en declaraciones anteriores implicar a Ángel Víctor Torres en la supuesta trama corrupta, pero sin aportar nunca ninguna prueba de ello. De hecho, la investigación realizada por la UCO concluyó sin hallar ningún indicio de delito en el ministro y expresidente canario. Es más, Aldama situó a Torres en un piso en Madrid con prostitutas y el ministro pudo demostrar con pruebas que en esa fecha se encontraba en Canarias con su familia.

Pese a que Aldama acusa sin pruebas, el PP ha pedido en diversas ocasiones la dimisión del ministro, dando por buenas las acusaciones que han sido ya demostradas falsas y sin retractarse tras conocerse que eran infundadas.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado en el juicio del caso Ábalos, caso Koldo, caso Mascarillas. Y ha ido con todo: ha acusado al PSOE de financiación ilegal y a Pedro Sánchez de saberlo y consentirlo. También ha ahondado en más detalles de su relación los otros dos acusados, a los que se veía de fondo, cómplices, entre risas y unidos de nuevo ante la declaración de Aldama. 

Hay pasajes en el relato de Aldama que pueden ser ciertos, otros que serán mentira, pero en un juicio lo más importante es que se puedan demostrar. Y el empresario no da ninguna prueba. Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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