La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si se malversaron fondos comunitarios concedidos para la reparación de la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, donde se encuentra el tramo de Adamuz en el que se produjo el accidente del pasado enero, según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es. El organismo indaga en un posible desvío de dinero de la UE en el marco de las tareas de conservación de la vía. 

La Comisión Europea otorgó en junio de 2024 una subvención de 111 millones de euros procedentes de los fondos europeos para renovar este eje, inaugurado en 1992. El Ejecutivo comunitario afirmaba ya en 2023 que “dados los últimos avances tecnológicos” la línea se había quedado “desfasada en comparación con el resto de la red de alta velocidad española”. 

Fuentes del Ministerio de Transportes afirman que la justificación de los fondos europeos concedidos a esa obra se ha ido haciendo “con absoluta normalidad a medida que se ejecutaba”. Estas mismas fuentes expresan su “máxima colaboración con la Fiscalía Europea en la información que vaya solicitando”, como aseguran que ya está haciendo el gestor ferroviario Adif. Y añaden que “es normal que revise la documentación”.

En un mensaje en la red social X, el ministro Óscar Puente ha mostrado un oficio de la Fiscalía Europea del pasado 30 de enero en el que este organismo requiere a Adif “todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de la red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro”.

Dos meses después del accidente en el que murieron 46 personas, la investigación judicial que mantiene abierta un juzgado de Montoro se centra cada vez más en un posible fallo en la infraestructura, concretamente a la posible rotura de un carril o un fallo en una soldadura. Esta hipótesis, que ya se planteó en los primeros días, ha ido ganando peso a medida que se han conocido nuevos datos.

Entre ellos, destaca un informe técnico conocido esta semana que señala la detección de una caída de tensión en la infraestructura hasta 22 horas antes del accidente, un indicio compatible con una rotura progresiva de la vía. Esto abriría la posibilidad de que el fallo no fuera repentino, sino que se estuviera produciendo con anterioridad sin ser detectado por los sistemas de control.

La Fiscalía Europea ha archivado la denuncia de una particular sobre los contratos de emergencia de la dana adjudicados por el Consell de Carlos Mazón. El decreto del pasado 5 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que “no existen indicios de haberse perpetrado la comisión de las infracciones denunciadas”, en referencia a varios presuntos delitos de fraude en adjudicaciones cofinanciadas por la Unión Europea (UE)

El órgano independiente que combate delitos contra los intereses financieros de la UE también recuerda en su resolución que la denuncia “está redactada en términos muy generales” y se limita a reproducir informaciones periodísticas sobre las adjudicaciones de los contratos que, en gran medida, recayeron en empresas vinculadas a tramas de corrupción.

La denunciante “no pudo aportar detalles concretos sobre los hechos” y simplemente declaró que veía “indicios de malversación de fondos”. También afirmaba que “existen indicios razonables” de que varias empresas adjudicatarias, vinculadas a casos de corrupción como Gürtel, Taula y Azud “recibieron contratos millonarios mediante procedimientos de emergencia, sin licitación pública ni supervisión suficiente”.

La fiscal recuerda que el contrato de emergencia, “por su propia naturaleza excluye la concurrencia en el procedimiento de licitación”.

Informes de la UDEF de la Policía Nacional

Además de tomar declaración a la denunciante, la Fiscalía Europea ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigara los hechos para verificar la “información recibida”. Sin embargo, tras los informes de la UDEF y la documentación aportada en la denuncia, la fiscal ha decidido no iniciar la investigación.

“Los hechos denunciados no aparecen indiciariamente acreditados más allá de la mera afirmación genérica de su existencia”, afirma. La fiscal pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción española el contenido de la resolución.

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los otros dos detenidos este martes por presunto fraude en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, según ha informado la Fiscalía Europea en un comunicado.

Mogherini, que ocupó el cargo de alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea entre 2014 y 2019, fue detenida el lunes por la policía federal belga en el marco de una investigación sobre el supuesto amaño de un contrato de formación para diplomáticos licitado por el servicio exterior europeo en favor del Colegio de Europa, institución educativa superior que la política italiana dirige desde 2020 y que se especializa en la formación de diplomáticos y altos funcionarios comunitarios.

También fue detenido e imputado Stefano Sannino, actual director general del servicio exterior para Oriente Próximo, África del Norte y el Golfo. Fue secretario general adjunto de Asuntos Económicos de la diplomacia europea durante el mandato de Josep Borrell como alto representante, y anteriormente embajador de Italia en España. El tercer arrestado e imputado es, según la Fiscalía, un directivo del Colegio de Europa en Brujas.

Las acusaciones se refieren a fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, y los tres ya imputados están en libertad, ya que no se considera que exista riesgo de fuga.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo registros este martes en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas en el marco de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, informó ese organismo. La policía federal ha detenido a tres personas en la operación, entre ellas la rectora del Colegio de Europa y antigua Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, según el diario belga Le Soir.

El asunto en cuestión es el posible amaño de un proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de formación de nueve meses para diplomáticos noveles de todos los Estados miembros. Este fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior al Colegio de Europa en Bélgica para el periodo 2021-2022 tras un procedimiento de licitación.

Mogherini es desde 2020 rectora del Colegio de Europa, una institución de enseñanza superior que forma a numerosos futuros cargos de la diplomacia y el funcionariado europeo. Antes había ocupado los cargos de alta representante para la política exterior de la UE y vicepresidenta de la Comisión entre 2014 y 2019.

Otro de los detenidos, según Politico, es Stefano Sannino, actual director general del servicio exterior para Oriente Próximo, África del Norte y el Golfo. Fue secretario general adjunto de Asuntos Económicos de la diplomacia europea durante el mandato de Josep Borrell como alto representante, y anteriormente embajador de Italia en España.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper confirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión los registros llevados a cabo en el edificio del SEAE y precisó que la investigación tiene que ver con “actividades” llevadas a cabo en el “mandato previo”, en referencia a la etapa en que estaba al frente de ese organismo el español Josep Borrell, según informa EFE.

“Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos que participaban en la licitación”, señala la Fiscalía Europea en un comunicado.

Antes de los registros, la Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, lo que fue concedido. Los hechos que se investigan se comunicaron en primer lugar a la oficina europea contra el fraude (OLAF). Podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha entregado un informe a la Fiscalía Europea en el que cuestiona dos procesos millonarios de adjudicación de la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra Begoña Gómez desde hace más de un año. Un informe en el que este organismo fiscalizador asegura que en estas adjudicaciones se cometieron irregularidades que beneficiaron a Barrabés de forma ilegal, como por ejemplo tener en cuenta positivamente las cartas que la esposa del presidente del Gobierno y otras empresas y organismos firmaron a su favor, aunque sin atribuir un papel concreto a las misivas de Gómez, motivo por el que fue imputada por Peinado en un primer momento.

Fuentes de Red.es cuestionan algunas de las conclusiones a las que llega el informe, asegurando que ninguna de las 33 auditorías a las que se han sometido desde 2011, entre otras por la propia IGAE, han informado en contra de sus normas de contratación. Los contratos analizados en este informe, destacan estas fuentes, “se ajustaron plenamente a la ley” sin que nadie presentara ningún tipo de recurso.

Juan Carlos Barrabés fue imputado por el juez Peinado por sus relaciones profesionales con Begoña Gómez. La primera denuncia de Manos Limpias, que abrió el proceso judicial, afirmaba que Gómez había usado su “estatus” de esposa de Pedro Sánchez para “recomendar o avalar por carta con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”. En este caso a Juan Carlos Barrabés, con el que también colaboraba en el ámbito académico: en la cátedra extraordinaria que Gómez tuvo hasta 2024. El juez Peinado llegó a registrar el despacho y la casa de Barrabés mientras este estaba hospitalizado, movimiento anulado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Parte del caso terminó en manos de la Fiscalía Europea, que reclamó investigar las adjudicaciones de Red.es a Barrabés en dos contratos: la formación en empleo juvenil para la economía digital, donde consiguió dos lotes por 4,7 millones de euros, y un segundo contrato de 3,6 millones para dar cursos de ciberseguridad dentro de un servicio de formación para personas desempleadas. Una de las pocas líneas de investigación avaladas por la Audiencia Provincial y que terminó en manos de la Fiscalía Europea porque parte de esas adjudicaciones habían sido financiadas con fondos comunitarios.

El informe de la Intervención entregado a la Fiscalía Europea apunta a diversas irregularidades en estos procesos de adjudicación por parte de Red.es, empresa que depende del Ministerio para la Transformación Digital, aunque ninguna relacionada directamente con Begoña Gómez. En la línea de otro informe del mismo organismo entregado el pasado verano al juez Peinado en el que señala irregularidades puntuales en cuatro adjudicaciones a Barrabés sin relevancia penal.

La causa contra Begoña Gómez se abrió bajo la acusación de haber favorecido a Barrabés a través de cartas de recomendación o apoyo en estas adjudicaciones públicas, cartas que entregaron varios organismos, incluido el Ayuntamiento de Madrid. La IGAE explica que estas cartas, en su conjunto y no específicamente la de Begoña Gómez, fueron “tenidas en cuenta” para puntuar las ofertas, aunque no sea posible saber “cuántos puntos” significaron, aunque sí beneficiaron a la empresa de Barrabés frente a otras. “Tenerlos en cuenta para puntuar las ofertas en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores y ha perjudicado a otros”, dice Hacienda. Haber tenido en cuenta estas cartas cuando era algo que no aparecía en los pliegos es “arbitrario”, concluye el informe, ya que se discriminó a algunas empresas aspirantes a los contratos, aumentando de forma “injusta e ilegal” la puntuación, entre otros, de la empresa de Barrabés.

La IGAE, por tanto, considera irregular que Red.es tuviera en cuenta positivamente que las empresas vinculadas a Barrabés y otras aspirantes a los contratos presentaran estas cartas de apoyo, pero no especifica ni que marcaran la diferencia a la hora de adjudicar los contratos ni tampoco diferencia entre la carta que firmó Begoña Gómez y la que firmaron otras empresas u organismos públicos que habían contratado a Barrabés con anterioridad.

Fuentes de la compañía pública desmienten este punto y explican que esas manifestaciones de apoyo “no influyeron” en la puntuación de las diferentes ofertas, tal y como reflejan “los informes técnicos de valoración”. El propio informe, destaca, reconoce que “no es posible determinar” cuántos puntos sumaron las empresas que las presentaron.

“Podría constituir un fraude de ley”

Las críticas más duras del informe de la IGAE no tienen que ver con la relación entre Barrabés y la esposa del presidente del Gobierno, sino con el procedimiento seguido en la empresa pública Red.es para adjudicar los contratos que se llevó y cuantificar los puntos de cada empresa aspirante. El sistema elegido por esta empresa, critica Hacienda, no se correspondía con los pliegos y, además, acarreaba una consecuencia: la valoración de las ofertas tendría que haberla hecho un 'Comité de Expertos' con tres miembros no relacionados con la empresa pública.

“Sin embargo, incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de RED.ES, que no era competente para efectuar la valoración”, dice el informe. El resultado es un proceso de adjudicación que “podría constituir un fraude de ley mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un Comité de Expertos”.

Fuentes de la empresa pública entienden que en ninguno de sus expedientes se ha requerido la existencia de un comité de expertos y que ninguna de las más de 30 auditorías realizadas han expresado esa necesidad. Añaden que han aplicado las mismas normas de contratación a 1.610 expedientes desde 2011 y que estos pliegos y fórmulas de valoración han contado con el visto bueno de la Abogacía del Estado, al menos desde 2018 cuando cambió la normativa del sector público. Estos pliegos y fórmulas, además, no son específicos de los contratos que afectaban a Barrabés, sino que se aplican a todos.

Añade también a la lista de irregularidades que la empresa pública “no ha motivado la elección de las fórmulas elegidas para puntuar las ofertas económicas, y para ponderar las puntuaciones técnicas resultantes de la valoración efectuada por los técnicos”. Apunta igualmente a otro aspecto que benefició irregularmente a las empresas de Barrabés y su UTE: tener en cuenta positivamente que adjuntaran o no los currículos de orientadores y profesores, aunque eso no figurase en los pliegos como algo puntuable. “Dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente su puntuación, en particular” a las empresas relacionadas con Barrabés, mientras “perjudica a otros a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente la puntuación”.

Ecoloxistas en Acción asegura que tanto el juzgado número 2 de Santiago de Compostela como la Fiscalía Europea Anticorrupción les han confirmado la apertura de diligencias penales contra la Xunta de Galicia por las obras de una senda peatonal que atraviesa el bosque del Banquete de Conxo, en Santiago de Compostela, un área de protección Patrimonio de la Humanidad. Las acciones denunciadas incluyen la tala de árboles, movimientos de tierras y la apertura “no autorizada” del conocido como Eje de Movilidad Sostenible entre la capital gallega y el núcleo de Milladoiro, en el concello de Ames.

La organización ecologista señala que la actuación “invade” el área delimitada en la que se realiza el proyecto Eco-Bosque Río Sar, cofinanciado con fondos europeos y promovido por el ayuntamiento compostelano con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. La iniciativa promueve la recuperación ambiental del ecosistema fluvial del Bosque del Banquete de Conxo, a través de la regeneración de las orillas del río, la eliminación de especies invasoras y la restauración de espacios que aumenten la biodiversidad de la zona.

Fue debido a esto que Ecoloxistas trasladó -tanto a la Justicia española como la Fiscalía europea- que la Consellería de Infraestruturas “incumple los principios de buena gestión” que deben regir el destino de los fondos europeos al “sepultar” con su actuación un proyecto puesto en marcha con anterioridad.

Ecologistas y vecinos, unidos contra el proyecto

Desde el año 1985, el antiguo ayuntamiento de Conxo -hoy, barrio de la ciudad de Santiago- está incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. En esa declaración se delimita e incluye de forma específica “la totalidad del recinto del Convento de Conxo y el Bosque del Banquete con seu entorno fluvial”, rememora la organización. La apertura de la nueva senda “ya está afectando a la finca del antiguo monasterio”, a pesar de que el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la propia Xunta -y que está incorporado al proyecto del Eje de Movilidad Sostenible- “prohibe expresamente la apertura de nuevas sendas y el movimiento de tierras, dado que considera este espacio como de una gran calidadeambiental, que debe evitar alterarse”. 

Ecoloxistas en Acción considera que el acto de ordenar el inico de las obras “a sabiendas” de que se aparta por lo exigido por Patrimonio “podría ser constitutivo de un delito de prevaricación administrativa”, además de “comportar la perpetración de un delito contra el patrimonio histórico artístico, cultural y monumental, específicamente contra el Patrimonio de la Humanidad”.

Por su parte, la asociación vecinal Conxo Aberto ha destacado que el Plan Especial para la preservación del Patrimonio da Humanidad recoge que el conjunto del Monasterio de Conxo está declarado como BIC por su “excepcional calidad arquitectónica y tanto por su gran valor histórico como natural”.

Ambas entidades rechazan las obras en marcha, piden su suspensión cautelar “para evitar daños irreversibles” y la “paralización inmediata” del tramo de la senda, ya que será una “urbanización dura” de un espacio de alto valor natural. Según el portavoz de Conxo Aberto, Luciano Villar, lo previsto allí es “hormigonar, levantar escolleras, asfaltar e iluminar en la orilla del río Sar”.

El Tribunal Supremo ha determinado que será la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europa quien lleve las riendas de la investigación del 'caso Koldo'. La Sala de lo Penal ha resuelto el conflicto de competencia entre ambos organismos y cree que debe ser el juez Ismael Moreno quien siga instruyendo el caso, aunque la Fiscalía Europea pueda seguir indagando en torno a si varios contratos de la trama en Balears y Canarias atentaron contra los intereses financieros de la Unión.

La 'operación Delorme' investiga si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes, y varios empresarios como Víctor Aldama consiguieron que contratos públicos millonarios para comprar mascarillas y material sanitario durante el primer año de pandemia fueran adjudicados a personas ligadas a la trama de forma ilegal. Contratos salidos de la administración central pero también de gobiernos autonómicos como el de Balears y Canarias.

En los últimos meses, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Europea han protagonizado un conflicto para decidir quién debe centralizar la instrucción del caso. La respuesta del Tribunal Supremo es que debe seguir en Madrid al estar investigándose “la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario”, con la intervención de empresarios y “cargos públicos” para, finalmente, “ocultar las ganancias”.

La Fiscalía Europea, dice el Supremo, nació para “proteger los intereses de la Unión Europea” y los delitos solo serán de su competencia “si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución”. En el caso Koldo, añade, no se da “ninguna de esas condiciones”.

No hay delitos, dice el Supremo, “intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión”. Más bien, añade, las diligencias “parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional”. No niega que una parte pequeña del contrato adjudicado a la trama desde ADIF fue sufragado con fondos de la Unión pero entiende que el caso debe seguir investigándose en la Audiencia Nacional.

Parte de la causa gira en torno a contratos públicos que la trama consiguió en Balears y Canarias para traer material sanitario en lo peor de las primeras olas de la pandemia. La competencia sigue siendo del juzgado de Ismael Moreno, pero abre la mano el Supremo a que la Fiscalía Europea mantenga su competencia “en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea”.

En el caso de Balears, la Justicia no solo investiga la adjudicación sino si también existió algún tipo de trato de favor a la trama, a través de Koldo García, para que una posible reclamación millonaria por el material defectuoso no pudiese culminar y caducara por el camino. Unos contratos que adjudicó el ejecutivo de Francina Armengol pero cuya caducidad llegó ya con el PP y Marga Prohens en el poder.

El juez Juan Carlos Peinado ha aceptado ceder una parte de la investigación que desarrolla contra Begoña Gómez a la Fiscalía europea después de que este organismo se lo reclamara por tratarse del destino final de fondos procedentes de la Unión Europea. Del único párrafo que se ha facilitado a las partes del auto dictado por el juez se entiende que Peinado considera que sigue habiendo hechos que investigar pese a que la Audiencia Provincial de Madrid, su instancia superior, delimitó el procedimiento a las adjudicaciones a las empresas de Juan Carlos Barrabés, justamente lo que debe ser entregado a la Fiscalía europea.

En el auto, perteneciente a una pieza secreta y con fecha del pasado 7 de junio, Peinado acepta la “avocación realizada por la Fiscalía europea” e inhibirse “exclusivamente respecto de los hechos y delitos a los que se hace referencia en los fundamentos jurídicos primero de la presente resolución”. Sin embargo, esa resolución no contiene más que la “parte dispositiva” de un párrafo y no existe ningún fundamento jurídico, ni primero ni otros.

A continuación, Peinado solo explica que los hechos que deja de investigar en favor de la Fiscalía europea son los “relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE innova Next SLU-Escuela de negocios The Valley”. Y añade: “Sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en los que se vieran afectados fondos europeos”.

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el pasado 29 de mayo el recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación emprendida por Peinado a Begoña Gómez. Los jueces de la instancia superior dieron en parte la razón al Ministerio Público, pero avalaron que el juez siguiera investigando solo las adjudicaciones a Barrabés, justo lo que ha cedido el juez ahora a la Fiscalía europea.

Los magistrados de la Audiencia Provincial resolvían: “De lo hasta ahora dicho se concluye que la investigación, por el momento, deberá limitarse a los hechos sobre los que existe base objetiva debiendo el instructor dar las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora, dado el carácter genérico del inicial oficio”.

¿Y cuáles eran los otros hechos de la denuncia de Manos Limpias sobre los que no había “base objetiva”? Ellos mismos aclaraban esto en un párrafo anterior distinguiendo tres bloques en la denuncia. Un primero “fáctico inverosímil o con datos erróneos”; otro, que es el que ha ido a parar a la Fiscalía europea sobre la UTE de Barrabés y un tercero, “referido al rescate de Globalia en el que la vinculación de la denunciada [Begoña Gómez] es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento, puedan deparar nuevos datos y que quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principioes de transparencia y buen gobierno”.

Investiga quién recogió la citación a Gómez

Por el momento, Peinado ha abierto una nueva línea de investigación tendente a averiguar qué persona dio por recibida la citación de Gómez para el próximo 5 de julio en el Palacio de la Moncloa y que, según el juez, escribió “P.D” y a continuación “una firma ilegible”.

Para esta nueva fase de sus pesquisas, Peinado ha citado al jefe de seguridad de la residencia del jefe de Gobierno a declara como testigo el 19 de junio en su juzgado. Según ha informado a elDiario.es fuentes conocedoras de los hechos, la citación fue entregada inmediatamente a Begoña Gómez después de que una persona de su confianza escribiera “P.D” en el sentido de “Por Delegación”.

La Guardia Civil ha recabado en la empresa pública Red.es por orden de la Fiscalía Europea correos electrónicos relacionados con los contratos a la empresa Innova Next, de Juan Carlos Barrabés, apoyada en dos cartas por Begoña Gómez, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La actuación de los agentes tiene lugar después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea pidió al juez Juan Carlos Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento “estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley”, integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, empresario tecnológico a cuya UTE apoyó Begoña Gómez con una carta de recomendación. Red.es —dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— es el organismo que licitó los contratos.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea “podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia” para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.

En una providencia, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban “procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next' -sociedad del Grupo Barrabés--, 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'”. Ante la petición de la EPPO, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.

En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital -dos de ellos destinados a jóvenes y uno a personas desempleadas-. Además, anunció que, “una vez identificados los proyectos anteriores”, debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para que le remita información de si dichos contratos “hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado”.

Desde que la Fiscalía Europea dictara dicho decreto, el juez de Madrid que admitió la denuncia ha ordenado varias diligencias: incluida la citación como investigada de la propia Begoña Gómez para el 5 de julio y las declaraciones como testigos de varios cargos de Red.es para el 16 de junio. También consta que ha abierto una pieza separada tras recibir otro oficio de la Fiscalía Europea.