El Gobierno vasco ha revisado al alza el crecimiento de la economía pese a la incertidumbre internacional. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado este martes que el análisis de los datos disponibles hasta ahora permiten prever que la economía vasca experimentará un crecimiento del 2,2% en 2026, tres décimas por encima de la estimación anterior, y en el 1,9% en 2027, dos décimas por encima de las previsiones iniciales. La revisión responde principalmente a que el crecimiento registrado durante el segundo trimestre fue dos décimas superior al previsto hace tres meses, así como a la actualización de las perspectivas de las principales economías del entorno.

Son, eso sí, datos macroeconómicos, y que no tendrán una traslación inmediata y palpable a los bolsillos de los ciudadanos, que van a seguir sufriendo probablemente la escalada de precios sin correspondencia con el incremento de los salarios, pero el dato especialmente importante en este momento porque estas previsiones sientan las base sobre la que se empezarán a estructurar los presupuestos vascos para 2027 y un crecimiento al alza permite optar por cuentas más expansivas e inversoras.

En cualquier caso, Torres ha reconocido que “el escenario continúa sujeto a importantes elementos de incertidumbre vinculados a la situación internacional, los costes energéticos, la inflación y los tipos de interés”. Algo que puede echar por tierra cualquier previsión. Pero la realidad hoy en día es que “los datos disponibles muestran un crecimiento superior al previsto anteriormente, lo que permite revisar al alza las estimaciones para 2026 y 2027”, ha insistido. Eso sí, todo ello dentro de la “prudencia”.

La demanda y el consumo interno serán los que tirarán esencialmente del crecimiento económico. Torres ha resaltado que este consumo de los hogares estará respaldado por a creación de empleo, la previsión de que se produzca una recuperación acumulada de los salarios reales, y, por tanto, de la capacidad de ahorro de las familias. En lo que se refiere a la inversión empresarial, mantendrá tasas positivas, aunque se prevé una moderación progresiva debido a unas condiciones de financiación más exigentes y a la finalización de algunos proyectos vinculados a los fondos europeos.

Por sectores, los servicios continuarán siendo el sector con mayor aportación al crecimiento de la economía vasca, según las previsiones del Ejecutivo. La construcción mantendrá tasas positivas, aunque moderará su evolución. La industria registrará un crecimiento limitado en 2026. Hay que tener en cuenta que se trata del sector que estará más condicionado por el entorno exterior, plagado de incertidumbres, y los costes energéticos, sobre todo si se mantiene en cierre del estrecho de Ormuz. Pese a ello, el Ejecutivo cuenta con que se produzca una recuperación de ia industria vasca de forma gradual durante 2027, en función de la evolución de los mercados europeos, que es donde se dirigen la mayor parte de las ventas de la industria vasca.

Precisamente por la delicada situación internacional el sector exterior realizará una aportación negativa al crecimiento en 2026, con un limitado avance de las exportaciones y al aumento de las importaciones. Para 2027 se prevé una mejora progresiva, aunque su evolución continuará condicionada por los costes energéticos, la situación de las economías europeas y la capacidad exportadora de las empresas vascas.

Las previsiones apuntan a la creación de alrededor de 22.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo durante 2026 y 2027. Sin embargo, no se reducirá el paro debido al aumento de la población activa, relacionado principalmente con la incorporación de población de origen extranjero, según los datos que maneja el departamento. Esto llevará a situar la tasa de paro prevista para 2026 en el 6,8%, mientras que en 2027 se estima que la tasa descenderá hasta el 6,4%. A 30 de septiembre, 16.093 cotizantes a la Seguridad Social en Euskadi procedían de la regularización extraordinaria.

En la víspera del nonagésimo aniversario de la conformación del primer Gobierno de Euzkadi, que tuvo al socialista Juan de los Toyos como consejero de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, el Gobierno vasco ha impulsado la creación de un galardón que lleva su nombre y que reconocerá “la dignidad, la igualdad y la calidad en el trabajo”. La convocatoria inicial, la de este 2026, estará dotada con 10.000 euros e incluirá, además, distinciones y reconocimiento público para quien lo gane. Existe también el premio Gonzalo Nardiz, en memoria del consejero de Agricultura de 1936.

“Este nuevo galardón está destinado a reconocer públicamente la actuación destacada de personas y entidades en el ámbito local, así como su contribución a la dignidad, la igualdad y la calidad del trabajo”, ha explicado el Gobierno vasco en una nota. La creación del premio la ha impulsado el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, encabezado por el vicelehendakari socialista Mikel Torres.

“El premio nace con el objetivo de poner en valor trayectorias ejemplares que hayan contribuido a promover la cultura del trabajo, a consolidar una actividad económica competitiva, sostenible y resopnsable, y a favorecer unas relaciones laborales orientadas tanto a la creación de riqueza como a la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras”, añade. Lo podrá ganar cualquier persona o entidad, que habrá de ser propuesta por un tercero.

De los Toyos (1890-1965), cuya biografía se puede leer en esta entrega del especial de elDiario.es/Euskadi, nació en el seno de una familia de humildes inmigrantes palentinos. Se afilió tanto al PSOE como a la UGT y en 1917 y 1934 participó en movilizaciones de corte revolucionario. Ya en plena Guerra Civil, estuvo al frente de la cartera de Trabajo, Previsión y Comunicaciones en el Gobierno de Euzkadi liderado por el lehendakari Aguirre. “Desde esta responsabilidad impulsó las Oficinas de Colocación Obreras, el Consejo de Trabajo como espacio de participación entre sindicatos, organizaciones patronales y el Gobierno vasco, así como diferentes medidas de protección ante el desempleo. También trabajó en ámbitos como los seguros sociales, el seguro de maternidad, las pensiones de guerra y el estudio de una Caja de Accidentes de Trabajo del País Vasco”, recalca el Ejecutivo.

El Gobierno vasco cree que el refuerzo de la labor de la Inspección de Trabajo y la negociación colectiva serán los instrumentos fundamentales para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres que persiste en Euskadi. Pero no los únicos. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha colocado también la profesionalización de los cuidados en el centro de las políticas que deben ponerse en marcha para acabar con estas diferencias, ya que siguen recayendo de forma mayoritaria en las mujeres dificultando su proyección profesional.

Torres ha inaugurado este miércoles el V Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, en cuya apertura institucional en el BEC de Barakaldo ha estado acompañado por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo.

En su intervención, Torres ha destacado la desigualdad retributiva no constituye “únicamente una diferencia económica”, sino también “una cuestión de justicia, oportunidades y libertad” y ha señalado que “detrás de esta realidad hay trayectorias laborales condicionadas por responsabilidades de cuidado que siguen recayendo de forma desigual y hay sectores, profesiones y puestos de responsabilidad donde la presencia femenina continúa siendo insuficiente”.

En este sentido, ha alertado de que los avances logrados en los últimos años no se pueden dar por “consolidados” por la puesta en marcha de “políticas regresivas en materia de igualdad en instituciones donde la ultraderecha, ya sea en España o en Europa, está instaurando” bajo el argumento de eliminar supuestos “privilegios”. “Para nosotros son derechos”, ha subrayado Torres. “Cuidado, porque todo lo que hemos avanzado no está consolidado”.

El vicelehendakari ha señalado que Euskadi ha disminuido en la profundidad de esta brecha y que se ha pasado en ocho años, desde 2016, de un 24,4% al 12,8%. Este último dato, que se corresponde con 2023, y es el mismo que se dio el año pasado, supone no obstante que, como norma general, los trabajadores vascos ganan una media de casi un 13% más que las trabajadoras. “No son datos para la complacencia”, ha reconocido Torres, aunque ha señalado que esta disminución constituye “una esperanza”.

Torres ha aprovechado su intervención en el acto para presentar las principales líneas del III Plan Operativo de Acción 2026-2030 para reducir la brecha salarial, que se aprobó el martes en el Consejo de Gobierno, y que contempla 91 medidas en las que se implican por primera vez todos los departamentos del Gobierno vasco, ya que se contemplan actuaciones vinculadas al empleo, pero también a la educación, la innovación, los servicios públicos, la formación, la digitalización y la igualdad. “La brecha comienza mucho antes de que llegue la nómina, debido a la influencia de los estereotipos en la elección de estudios y profesiones, la mayor presencia de las mujeres en sectores peor remunerados, la parcialidad laboral o las consecuencias desiguales asociadas a la maternidad y los cuidados”, ha señalado.

No obstante, ha insistido en que “no basta con reconocer derechos, hay que garantizar que esos derechos se cumplen y si no hay que perseguir y sancionar”, para lo que ha anunciado el fortalecimiento de las actuaciones destinadas a detectar y corregir situaciones de desigualdad salarial en las empresas, además de nuevos avances en materia de transparencia retributiva. Por otra parte, ha resaltado la importancia de la profesionalización y dignificación de los cuidados, que también se contempla en el plan. En este sentido, Torres ha recordado que “una parte importante de la brecha salarial está ligada tanto a la distribución desigual” de estas responsabilidades como a la infravaloración histórica de actividades esenciales para el bienestar colectivo.

Por otra parte, ha incidido en la necesidad de que la igualdad salarial se lleve al “corazón” de las relaciones laborales y el diálogo social, “incorporando la perspectiva de género a la negociación colectiva y promoviendo herramientas que permitan avanzar hacia una mayor transparencia e igualdad efectiva en los convenios y acuerdos laborales”, ante lo que ha hecho un llamamiento a sindicatos y empresarios. Además, se favorecerá el acceso de las mujeres a los sectores industriales.

Torres ha incidido en que reducir la brecha salarial “no es sólo una obligación ética”, sino también una decisión económicamente “inteligente”. “Una economía que no aprovecha todo su talento disponible es una economía menos competitiva, una empresa que desaprovecha el potencial de una parte de su plantilla es una empresa menos innovadora y una sociedad que mantiene barreras invisibles para la mitad de su población es una sociedad que avanza más despacio”, ha indicado.

El Plan se ha elaborado en colaboración con Emakunde. La directora de este organismo, Miren Elgarresta, ha incidido en que este plan requiere la implicación de “todos los agentes políticos, sociales y sindicales de nuestra sociedad”, por lo que por primera vez están implicados todos los departamentos del Gobierno vasco. Elgarresta ha insistido en la necesidad de que se impulse “la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, itinerarios educativos y laborales libres de estereotipos, la implementación de medidas de conciliación corresponsable en las empresas, la valoración y el reparto de los trabajos de cuidado y una formación en igualdad que fomente un cambio social y, en consecuencia, también de cultura empresarial”. “Hablar de igualdad salarial supone hablar de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Supone hablar de igualdad en mayúsculas”, ha insistido.

También ha intervenido la diputada vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, que ha remarcado que “la brecha salarial no es el problema”, sino “el síntoma, la manifestación económica de una estructura de desigualdad mucho más profunda que sigue atravesando nuestras sociedades y nuestros mercados laborales”. “La verdadera pregunta no es cuánto cobran las mujeres, sino por qué siguen cobrando menos”, ha señalado, por lo que ha abogado porque se analice “cómo organizamos nuestra sociedad y cómo distribuimos el tiempo, el poder y los cuidados”. “La verdadera igualdad no llegará cuando las mujeres cobren exactamente lo mismo que los hombres, sino cuando ninguna mujer tenga que pagar un precio profesional, económico o vital por ser mujer. Y esa sigue siendo una de las grandes tareas pendientes de nuestras democracias”, ha advertido.

El V Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, organizado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo con la colaboración de Emakunde, ha reunido a representantes institucionales, agentes sociales y personas expertas para analizar los avances logrados y los principales retos pendientes en materia de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. A lo largo de la jornada, se han abordado diferentes cuestiones clave para avanzar hacia una igualdad retributiva efectiva, como la aplicación de la directiva europea de transparencia salarial de la mano de Ana Carla Pereira, directora de Igualdad y no discriminación en la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión de la UE, y Nieves González García, directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La mesa redonda sobre desinformación bajo el título los 'Mitos sobre la brecha salarial: narrativas mediáticas para combatir la desinformación' ha contado con las expertas en comunicación, Lorena Fernández, Ana Requena -redactora jefe de Género de elDiario.es- y Marta Peirano, bajo la moderación de Eva Silván.

El Gobierno vasco dice ahora que todavía “no se ha tomado la decisión” de retrasar el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, los subsidios y prestaciones de paro hasta ahora en manos del SEPE, el antiguo INEM. Teóricamente, dependería de un acuerdo en una comisión mixta entre los Ejecutivos central y vasco. Pero es una realidad y una decisión ya adoptada.

Fuentes del Gobierno dieron por hecho ya la pasada semana que será imposible que Euskadi asuma estas funciones el 1 de enero de 2027, como estaba comprometido. Ha habido muchos problemas con la gestión del personal del SEPE, con vacantes y traslados previos a su incorporación como funcionarios autonómicos, algo ya ocurrido de alguna forma también hace cinco años con las Prisiones. Faltarían unos 300 funcionarios para poder mantener abiertas todas las oficinas actuales y prestar un servicio de calidad. De hecho, ahora ya hay municipios donde el SEPE no tiene recursos para hacerlo.

Es más, en la misma rueda de prensa en la que Ubarretxena ha indicado que la decisión no es definitiva, el vicelehendakari y responsable directo del servicio, Mikel Torres, ha asumido que “no es tan importante” la fecha como que el cambio se haga bien. Ubarretxena es de la parte del PNV del bipartito vasco y Torres del PSE-EE.

“Es una prestación muy delicada”, ha dicho Torres sobre el fondo del asunto. Y ha reconocido que “conlleva mucho personal” y que las cifras de la plantilla dispuesta a ser transferida han llegado hace muy poco, “a finales de julio”, con lo que no hay tiempo material para hacer las contrataciones. Ha asumido también que hay “personas que no han querido ser transferidas” y que son necesarios “refuerzos” para poder prestar el servicio.

En puridad, la decisión ya está tomada, según confirman las fuentes consultadas. La han adoptado en una comisión de seguimiento el área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del PSE-EE, y el Ministerio de Trabajo, de Sumar. Faltaría simplemente la ratificación oficial del retraso, de como poco seis meses.

Acto seguido, Ubarretxena ha querido despejar la hipótesis de que la posible llegada de un nuevo Gobierno a España, diferente al que firmó la transferencia estatutaria, condicione este traspaso tras los retrasos que va a acumular. Ha indicado que ya es “legalmente válido” aunque no se haya hecho efectivo porque está firmado. “Lo importante es que el traspaso [jurídicamente] se hizo”, ha insistido.

Este sobresalto, del que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de un Gobierno que tiene en el desarrollo del Estatuto una de sus banderas, coincide con las negociaciones para la asunción también de la gestión de la Seguridad Social, incluidas las pensiones. Es una materia todavía más compleja que el SEPE.

Se da la circunstancia de que, hace una década, ya fue tortuosa la transferencia de la otra parte del SEPE, las denominadas políticas activas de empleo. En aquella ocasión se cedió la formación, colocación y atención de parados, es decir, todo salvo los pagos de prestaciones. Fue el origen del actual Lanbide, al que luego se le agregaron las prestaciones sociales autonómicas, fundamentalmente la renta de garantía de ingresos o RGI.

Más autonomía para los puertos

Otro debate estatutarios es la demanda del PNV de gestionar el puerto de Pasaia. Euskadi ya recibió hace cuatro décadas la transferencia portuaria y gestiona todos salvo los considerados de interés general, cuya competencia es estatal, según la Constitución y el Estatuto. Son Pasaia y también el de Bilbao. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya incide en su gestión nombrando a sus responsables, por ejemplo.

Sus socios socialistas han rechazado la idea inicial de desclasificar el puerto de Pasaia para que pueda ser de gestión autonómica y ahora la portavoz Ubarretxena indica que el objetivo es lograr “más autonomía” para que gane en competitividad, por lo que se abre a buscar otras fórmulas aunque no renuncien a sus máximos. Ha mencionado que grandes instalaciones europeas como Amberes, Rotterdam o Hamburgo son de gestión local y ha pedido explorar esa vía. Ha ironizado Ubarretxena que “mientras haya partido”, es decir, mientras haya legislatura en España, van a continuar “jugando” para arrancar acuerdos a Pedro Sánchez, también en este tema. A su lado, el socialista Torres ha tirado de ironía: “Con diálogo, todo lleva a buen puerto, nunca mejor dicho”. Los socios han terminado la rueda de prensa con sonrisas.

Todo esto, sin embargo, ocurre fuera de plazo. El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de cerrar la carpeta estatutaria en 2025 y ya ha pasado casi un año con varios flecos pendientes. De hecho, en julio se suspendió una cumbre con Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, y no se ha dado una nueva fecha. Ubarretxena insiste en que llevan el proceso con “discreción”.

El Gobierno vasco ha conseguido finalmente el objetivo que se había marcado de incrementar en un 50% la capacidad eléctrica actual para dar soluciones a las necesidades de la industria vasca y su electrificación. Esto supone añadir 6.000 MW a los 12.000 actuales y eleva en algo más de 1.000 MW el compromiso de inversiones que se cerró en un principio hace justo un año y que suponía un aumento de la capacidad eléctrica en un 40%, alrededor de 4.800 MW que ya entonces anunciaban que se “quedaban cortos”.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha mantenido este lunes un encuentro con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, en la primera ronda de encuentros que mantendrá con los responsables de diferentes comunidades autónomas para explicarles las modificaciones que se han realizado en la propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 tras analizar 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia y que se ha materializado en el Real Decreto del pasado 28 de julio, que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el Estado, aumentando el volumen de inversión previsto en redes eléctricas.

Groizard, que ha visitado junto a Jauregi las obras de la conexión eléctrica con Francia por cable submarino, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho “un gran esfuerzo para que la próxima planificación permita aprovechar la ventaja competitiva que ofrece la generación renovable, facilitando el desarrollo de nuevos proyectos, desde nuevas promociones inmobiliarias hasta nuevas industrias, algo muy relevante en Euskadi”. El consejero Jauregi no ha ocultado su satisfacción. “Se ha dado un paso de gigante para resolver uno de los mayores problemas de nuestra industria: la falta de enchufes. El año pasado anunciamos un acuerdo borrador que incrementaba nuestra potencia eléctrica en un 40%. Hoy anunciamos que la versión final del plan de inversiones eleva esta potencia al 50%. En el próximo quinquenio vamos a tener un 50% más de enchufes en Euskadi”, se ha felicitado.

“Estamos muy satisfechos con este logro que es el resultado de muchos meses de trabajo, de negociación y de defensa de los intereses de Euskadi”, ha señalado. “El compromiso permite dar respuesta a las necesidades de conexión identificadas por 117 empresas intensivas en consumo, lo que garantiza la continuidad de más de 70.000 empleos en Euskadi, y constituye el principal hito en materia energética para la industria de Euskadi”, agrega.

Según han explicado, para conseguir este incremento de la potencia en un 50% se actuará en casi todas de subestaciones existentes, con más de 20 actuaciones y se crearán 10 parques de subestaciones, además se construirán 476 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 421 Km de tendidos para incrementar su capacidad. Dentro de las actuaciones se considera preferente el eje con Navarra y la renovación de una reactancia para mejorar la resiliencia y solidez del sistema.

En concreto, según ha informado el Gobierno vasco, una nueva subestación al sur de Vitoria permitirá responder al crecimiento y la modernización de su área industrial. En Ayala, la mejora de la subestación contribuirá a la recuperación industrial de la comarca. En Bizkaia, se ampliará la capacidad de la subestación de Gatika para favorecer el desarrollo del Parque Tecnológico de Zamudio y de la zona oriental de Bizkaia. Además, el refuerzo de la conexión entre Santurtzi y Ortuella facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos en este entorno. En Gipuzkoa, la nueva subestación de Urola garantizará la seguridad del suministro y dará impulso a la actividad industrial de la costa; además, las ampliaciones de Ormaiztegi y Arkale apoyarán, respectivamente, la recuperación industrial del Goierri y el desarrollo del entorno de Pasaia.

Los 6.000 MW adicionales en las redes eléctricas vascas hasta 2030 se distribuirán en 2.300 MW desde la red de transporte para puntos de apoyo a la distribución y grandes demandantes industriales, 750 MW para generación renovable eléctrica propia, y 3.000 MW adicionales en la red de distribución para la descarbonización y crecimiento de la industria actual. “Esta planificación ofrece un marco estable para atraer nuevas inversiones estratégicas y anticiparse a las necesidades de conexión de la industria existente y de los nuevos proyectos. Al mismo tiempo, los mecanismos de revisión previstos permitirán actualizarla y adaptarla a la evolución de la demanda eléctrica, de modo que la capacidad de la red pueda acompañar con mayor agilidad las futuras inversiones industriales”.

Interconexión con Francia a finales de 2027

El consejero y el secretario de Estado han visitado en Gatika las obras de la interconexión eléctrica con Francia acompañados de la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, y del consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino. Según han señalado, la obra alcanza ya el 70% de ejecución y estará operativa a finales de 2027 o principios de 2028, y que permitirá incrementar la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia de 2.800 a 5.000 MW.

Durante la visita, los responsables del proyecto han explicado el estado de las principales actuaciones en marcha, tanto en tierra como en mar. Uno de los puntos centrales del recorrido ha sido la futura estación conversora de Gatika, donde ya ha concluido la obra civil y actualmente se desarrollan los trabajos de montaje electromecánico. Esta instalación será clave para transformar la corriente continua de la línea submarina y subterránea en corriente alterna, permitiendo así su integración en la red de transporte eléctrico. El trazado terrestre de la infraestructura, “que avanza con normalidad” discurre bajo tierra, evitando núcleos urbanos, y aprovechando, siempre que sea posible, pistas y caminos existentes, “con el objetivo de reducir al máximo la afección sobre el territorio”. señalan desde Redeia.

En paralelo, Red Eléctrica, filal de Redeia, ha completado recientemente la primera fase del tendido del cable submarino en la costa vasca, iniciada el pasado mes de agosto. Esta primera actuación ha permitido instalar un tramo de 65 kilómetros ejecutado por la compañía danesa NKT con su buque cablero Victoria, proveedor también de los cables. Próximamente, está previsto que se inicie una nueva campaña de tendido, en este caso de la mano de Prysmian.

En total, la interconexión contará con cuatro cables submarinos, además de cables de fibra óptica necesarios para la operación de la infraestructura, que discurrirán de forma paralela. Los trabajos en el mar se desarrollarán en varias campañas desde este verano hasta el verano de 2027 entre la costa vasca y la francesa, cerca de Burdeos.

El presupuesto de la obra se ha elevado a 3.100 millones, superando el inicialmente anunciado en 2021, que apuntaba a aproximadamente 1.750 millones, una cifra que posteriormente se ha ido actualizando al alza, porque, según ha señalado Roberto García Merino, se trata de proyectos “muy complejos”.

Durante la visita a la estación de Gatika, el consejero delegado de Redeia, se ha referido, a preguntas de los periodistas a las fugas de bentonita que se produjeron en algunas perforaciones, y ha afirmado que estos temas son uno de los motivos de preocupación de la compañía y siempre “han atendido toda la normativa ambiental”, informa Europa Press. Ha insistido en lo que se ha señalado siempre desde Redeia con motivo de las denuncias por estos vertidos: que es “gestionable” y que trabajan, junto con URA y el Gobierno vasco, para encontrar medidas en caso de que en las “tres o cuatro perforaciones que faltan” se pueda dar ese problema nuevamente con la bentonita, que ha puntualizado que es “inocua”. Ha añadido que Redeia seguirá trabajando con el mismo procedimiento, pero se ha puesto un equipo especializado para la gestión de estos residuos si se produjera alguna fuga, que “no tienen un efecto negativo cuando se trata con celeridad”.

Los datos macroeconómicos han vuelto a mostrar este viernes que la economía vasca mantiene un “crecimiento sólido” en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Los datos publicados por el Eustat referidos al segundo trimestre de este año muestran que el Producto Interior Bruto (PIB) vasco ha crecido un 2,3%, lo que supone tres décimas por encima de lo que estaba previsto el pasado mes de julio. Euskadi crece, y, además, con un sector industrial que deja los números rojos del trimestre anterior y con un impulso del consumo, pese a la inflación que va claramente en aumento y que puede dar al traste con muchas de las previsiones económicas.

Quizá por eso, la valoración de estos datos que ha realizado el vicelehendakari Mikel Torres ha sido de satisfacción contenida y de llamamiento a la prudencia. “Debemos seguir siendo prudentes. Hay riesgos que tenemos que anticipar y seguir de cerca”, ha señalado el también consejero de Economía, Trabajo y Empleo, recordando que la inflación se ha situado en agosto en el 4,5%, que continúan las tensiones en Oriente Medio, con posibles efectos sobre los precios energéticos, y que se mantiene la incertidumbre comercial derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos. “Si estas tensiones se prolongan, podrían terminar afectando a nuestra industria y al poder adquisitivo de las familias, por lo que debemos estar atentos a su evolución”, ha señalado Torres.

Con todo, ha valorado que las cuentas del segundo trimestre confirman un “crecimiento sólido” de la economía vasca, apoyado en el consumo, la inversión y la creación de empleo, con una estabilización de la industria, “aunque todavía incipiente”. A la consolidación industrial puede contribuir la mejora en el entorno europeo, con crecimientos del 1,2% respecto al año anterior. Es uno de los destinos fundamentales de las exportaciones vascas. “Para Euskadi resulta especialmente relevante la recuperación de Alemania, con la que mantenemos estrechos vínculos industriales y comerciales. Aunque su crecimiento sigue siendo moderado”, ha señalado Torres.

En concreto, el PIB vasco ha crecido entre abril y junio un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% en comparación con el trimestre precedente. Pero más allá del crecimiento puntual, los datos muestran una evolución positiva que se mantiene en el tiempo, con 22 trimestres consecutivos con avances superiores al 2%, según han recordado desde el Economía. “Confirman la capacidad de resiliencia de Euskadi en un contexto económico internacional exigente”, ha afirmado el vicelehendakari.

El consumo y la inversión han sido los que han impulsado el crecimiento, con un aumento del 2,9% interanual en el consumo de los hogares, pese al repunte de la inflación, y un 3,7% en el consumo público. También avanza la inversión con hasta un aumento del 4,5% en la realizada en bienes de equipo.

Por sectores, hay una recuperación de la industria, aunque de momento muy ligera. La industria manufacturera creció un 0,7% el segundo trimestre frente a la caída del 0,2% del anterior, y la industria en general aumentó un 0,5%. Pese a la buena noticia de este incremento, el motor del crecimiento del PIB se mantiene en el sector servicios, con un aumento del 3%.

El saldo exterior ha contribuido de forma negativa a la evolución interanual del conjunto de la economía vasca durante el segundo trimestre. En concreto, las exportaciones de bienes y servicios han ascendido un 0,9% en términos interanuales, mientras que las importaciones han sido un 2,3% superiores a las observadas el segundo trimestre del año anterior.

En cuanto al empleo, ha crecido un 1,3% en relación con el segundo trimestre de 2025, tras un ascenso del 0,4% respecto al trimestre precedente. El departamento ha destacado que esto supone que se han creado 13.238 empleos en este año, además con un aumento de la productividad por puesto de trabajo de un 1%, “consolidando una senda de mejora de la eficiencia económica”.

El Eustat, organismo adscrito al Departamento de Economía, Empleo y Trabajo del Gobierno vasco que dirige el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, lleva 13 años sin cumplir el mínimo legal del 2% de la plantilla con trabajadores con discapacidad obligatorio para las sociedades públicas. No es la única, pese a que el Real Decreto Ley 1/2013 obliga a las empresas y organismos públicos de más de 50 trabajadores a que al menos el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad. En marzo de este año se conoció que el EVE, otra sociedad pública, en este caso dependiente de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, había abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley en relación con los trabajadores discapacitados en plantilla. Ahora se conoce que el Eustat tampoco cumple esta premisa y, dadas las reticencias del Gobierno vasco a ofrecer información sobre esta cuestión a preguntas parlamentarias del parlamentario del PP Álvaro Gotxi, todo hace pensar que se trata de un incumplimiento generalizado entre las sociedades que dependen del Ejecutivo vasco en los últimos años.

El Eustat, no obstante, puntualiza que, dado que se trata de un organismo autónomo, no tiene que cumplir de manera individualizada esta premisa y que las decisiones sobre su personal corresponden al departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, del de que dependen los empleados públicos, y que establece este cuota de reserva a cumplir de manera conjunta en toda la administración general vasca.

La cuestión se trató en el Parlamento Vasco el pasado mes de abril a instancias del PP. El pleno aprobó con los votos de PNV y PSE-EE que el Gobierno vasco implantaría un sistema de seguimiento a través de Lanbide para controlar que se cumple la legislación en materia de contratación de personas discapacitadas en las sociedades y organismos públicos, y también que para declarar la excepcionalidad, es decir, que se exima a la sociedad del cumplimiento de la ley, como ha realizado el EVE o también el BEC, fuera necesario la acreditación ante Lanbide de las gestiones activas realizadas durante el año anterior para incorporar personas con discapacidad a su plantilla. Sin embargo, decayó la pretensión del PP de que se comprobara cuántas sociedades públicas incumplen en estos momentos la legislación sobre empleados con discapacidad a través de un estudio completo del cumplimiento de la norma desde que se aprobó en 2013.

En la respuesta que Economía, Trabajo y Empleo -al que también está adscrito igualmente Lanbide- ha remitido a una solicitud de información de Gotxi, se constata que desde 2013 el Eustat no ha cumplido nunca el 2% de personas trabajadoras discapacitadas en plantilla. En el último dato proporcionado referido a 2025, de una plantilla de 320 trabajadores hay cuatro trabajadores con alguna discapacidad, lo que supone un 1,25%, claramente por debajo del mínimo que marca la Ley. En este periodo hay dos años, 2014 y 2016, en los que no se llega ni al 1%. Unos datos, los de porcentaje de trabajadores discapacitados sobre la plantilla total, que, según señala el departamento que dirige Torres, se han obtenido tras consulta al soporte de Función Pública, “al no disponer Eustat de información relativa a al grado de discapacidad de sus trabajadores”, señalan.

Poco más es lo que contesta el departamento que dirige Torres a las preguntas que le plantea el parlamentario del PP sobre el tema. Gotxi pregunta si el Eustat ha solicitado la declaración de excepcionalidad al no cumplir el porcentaje del 2%, como hizo en su día el EVE, y si es así, las medidas alternativas y el importe que ha supuesto. “No corresponde a este organismo autónomo dar respuesta a esta cuestión”, se limita a contestar, al depender del personal de otro departamento.

Idéntica respuesta reciben las cuestiones planteadas por el PP en relación con las “medidas adoptadas por el Gobierno vasco sobre Eustat frente al incumplimiento” o si ha habido “requerimientos trasladados por parte del Gobierno vasco o la inspección de trabajo” o si existe algún “expediente sancionador”. “En caso negativo, indique el motivo por el que ni la Inspección de Trabajo ni el Gobierno vasco, han adoptado medida alguna en aquellos ejercicios en que Eustat no haya alcanzado el 2% ni dispuesto de declaración de excepcionalidad vigente”, pregunta Gotxi. “No corresponde a este organismo autónomo dar respuesta a esta cuestión”, es de nuevo la respuesta que firma el vicelehendakari Mikel Torres, sin negar tampoco se esté dando algún incumplimiento.

El parlamentario popular ya había remitido con anterioridad otra pregunta al Gobierno vasco en el mismo sentido, que en esa ocasión fue respondida por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, en el mes de junio. En esta respuesta, Ubarretxena señala que no resulta posible responder a las preguntas relativas a Eustat de forma individualizada porque el cumplimiento de la cuota de reserva “se verifica respecto al conjunto de efectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, y no mediante un análisis individualizado de cada organismo autónomo, según recuerda Gotxi en la justificación de la nueva petición de información remitida al Gobierno.

“Respuesta que resulta inverosímil ya que sería preocupante constatar que el Gobierno vasco no supiera el número de trabajadores de Eustat y cuántos de ellos presentan certificación qué acredite discapacidad del 33% o superio. Dado que, además, el propio Gobierno vasco facilita el dato agregado del 2,72% de personas con discapacidad, tendrá que disponer, consecuentemente del dato desagregado por entidad. Afirmar que no puede facilitar ese dato porque no se mide por organismo autónomo contradice directamente el hecho de haberlo calculado de forma agregada y es un indicio claro de la falta de transparencia a la hora de suministrar infornación solicitada por parlamentarios en su labor de control”, denuncia el parlamentario del PP.

Euskadi ha sumado 2.006 personas más a la Seguridad Social en el mes de junio, con lo que hay 1.044.686 afiliados, que son 15.541 más respecto a junio de 2025, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es una cifra que el Gobierno vasco ha resaltado, porque supone un nuevo récord. “Se fija un nuevo techo, superando el dato máximo histórico que se produjo el pasado mes de mayo”, ha señalado el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui.

El buen dato de la afiliación no se corresponde con el del paro, ya que en el pasado mes se registraron 479 más, el segundo mayor incremento del conjunto de comunidades autónomas en España por detrás de Murcia. En comparación con junio de 2025, el desempleo también tiene una mala evolución, con 821 personas más inscritas en las oficinas de Lanbide que en el mes de junio de 2025.

Por sectores, el paro ha descendido en junio en la Industria, con 146 personas menos en Euskadi que en mayo, y en la Construcción, con 21 personas menos. Sin embargo, ha subido en Servicios, con 357 más, en Agricultura y Pesca, con 13 parados más y en el colectivo sin empleo anterior, que ha sumado 276 nuevos parados para situar este colectivo en 15.003 desempleados. Por territorios, la evolución fue desigual. Álava registró un descenso del paro, con 157 personas desempleadas menos , mientras que Bizkaia y Gipuzkoa anotaron incrementos de 245 y 391 personas, respectivamente.

Por otra parte, en el conjunto de sectores, el paro en Euskadi ha descendido en junio entre los hombres, con 112 desempleados menos que en mayo, pero ha aumentado en el último año en 136. Entre las mujeres, el paro se ha incrementado en 591 en la comparativa mensual y en 685 en la interanual. El colectivo de personas mayores de 45 años es el que registra un menor crecimiento del paro respecto al mes anterior, al aumentar en 13 personas, si bien ha anotado el mayor incremento interanual, de 884 desempleados. Así, su cifra de desempleados se sitúa en 58.601. Por su lado, los menores de 30 años, con 16.949 parados, han sumado 159 desempleados en relación con el mes mayo y 315 respecto a junio de 2025 y la franja de 30 a 44 años, con 28.662 personas en desempleo, ha aumentado en 307 su número de parados en términos mensuales aunque lo ha reducido en 378 respecto al pasado año.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión ha considerado que los datos de junio muestran un “mercado laboral con señales mixtas: un ligero repunte del desempleo, acompañado de un fuerte dinamismo en la contratación y un gran aumento de la afiliación a la Seguridad Social, junto con indicadores de estabilidad que continúan sosteniendo la evolución del empleo en Euskadi”.

Estos datos de empleo y afiliación se producen en un contexto en el que el Gobierno vasco ha decidido mantener las previsiones de crecimiento para el presente año en el 1,9%, pero eleva una décima el previsto para 2027, hasta el 1,7%. Además, estima un crecimiento del empleo del 1,1% en 2026 y del 0,9% en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con un descenso de la tasa de paro hasta el 6,2% en 2027, segun adelantó el pasado miércoles el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que destacó que hay “una senda de crecimiento estable”, pese a la “incertidumbre que sigue marcando el contexto internacional, especialmente en el ámbito geopolítico y energético”.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado 1.288 mensajes de WhatsApp en el período comprendido entre 2020 y 2025 entre la socialista de Portugalete Leire Díez, investigada por corrupción, y el vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres. Cabeza de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, Torres es el líder del PSE-EE vizcaíno y durante años fue alcalde de Portugalete, donde se conocieron. La Policía judicial resalta de esas conversaciones lo relativo al rescate de Tubos Reunidos, aunque no aporta indicios de que el dirigente del PSE-EE realizara alguna gestión en ese sentido.

Díez, aunque tuvo su primer cargo público en Cantabria, es originaria de Portugalete, donde ha solido participar en actos del PSE-EE como la festividad del Primero de Mayo. Esta localidad del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres ha sido alcalde desde 2008 hasta 2024, cuando accedió al Gobierno vasco. También es el lugar de origen del lehendakari Patxi López y de residencia del actual secretario general en Euskadi, Eneko Andueza.

Díez conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Civil eleva a 250.000 euros las comisiones que percibió presuntamente Fernández Guerrero por intermediar tanto en el rescate de 2021 de Tubos Reunidos, empresa de Amurrio, como en la renegociación de la devolución de unos intereses en 2024. La empresa admite los pagos realizados.

El atestado de la UCO de mayo sobre Tubos Reunidos destaca solamente los mensajes relaciones con esa compañía y ya en la segunda fase, la de los intereses. A los pocos días de acceder al cargo de vicelehendakari, el socialista andaluz Fernández Guerrero le pidió a Díez un encuentro entre “Mikel” y un directivo de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, uno de los tres imputados. “Podrías gestionar una reu con él y con Jesús Urrutia? Informal. Rollo caña”, le plantea en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo ella. “No va a pedir nada. Solo colocarse en situación. Ya pedirá en la siguiente ocasión [...] Pero así le empoderamos (y a nosotros de paso)”, explica Fernández Guerrero.

Torres lidera las carteras de Economía, Trabajo y Empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV por medio del consejero Mikel Jauregi. Fernández Guerrero, en cambio, cometió ese error en una nota que guardaba en su Drive: “Modelo presión política. Ramo de industria en el Gobierno Vasco al PSE, nombrándose responsable del ramo y vicelehendakari al alcalde de Portugalete. Mikel Torres. Gestionando reunión con él para el día 24/25 de julio a través de Leire Díez”.

La Guardia Civil no ha encontrado rastro de esa reunión, pero sí conversaciones sobre Tubos Reunidos entre el vicelehendakari y Díez de meses después, de octubre de 2024. Antes, en septiembre, Fernández Guerrero -que buscaba una nueva “success fee” de la empresa, es decir, nuevos pagos por sus gestiones- insistía en mantener abiertos los canales también “con la vicepresidencia del GV”.

En ese otoño, Díez planteó a Tubos Reunidos “ayuda desde otras vías”. En ese contexto, le insistió a Torres para que atendiera a los directivos de la empresa. “Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada” [sic], le mandó por WhatsApp Díez al vicelehendakari.

Nuevamente, la Guardia Civil admite que “no se han encontrado conversaciones posteriores que puedan confirmar o desmentir la definitiva celebración de este encuentro”, pero sí constata que Torres y Díez cruzaron 1.288 mensajes, a la luz de los dispositivos incautados a la segunda y volcados en el sumario de una causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia.

En noviembre de 2024, el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, asumió la interlocución con Díez y Fernández Guerrero. Les participa que la situación de la empresa es crítica. Incluso no se descarta el concurso de acreedores. “Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel”, escribe ella. Santos, según infiere la UCO, es Cerdán. Ése es el origen de una reunión en Ferraz con directivos de la compañía que acabó con otro pago de 40.000 euros a la trama, según sostiene la Guardia Civil y no niega Tubos Reunidos.

Desde el entorno del vicelehendakari, han querido “puntualizar” que “en ningún momento el vicelehendakari se ha reunido con Leire Díez para el rescate de ninguna empresa”. Añaden que “los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos”. “Ni Leire Díez le solicitó nunca una reunión para hablar de Tubos Reunidos ni le pidió nada con respecto a esta empresa. Por tanto, durante los 16 años como alcalde del ahora vicelehendakari mantuvo una relación como con otros vecinos activos en la vida social de Portugalete”, abundan estas fuentes.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El volumen de perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) —el salario social vasco para alcanzar un umbral económico mínimo— que precisan de la prestación para complementar sueldos bajos se ha disparado en un 50,75% de 2022 a 2025, según un informe entregado al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres (PSE-EE), en respuesta a una solicitud de Pazis García Ortega, de EH Bildu. Los pensionistas que complementan las cuantías de la Seguridad Social con fondos del Gobierno vasco también han subido un 20%. En el mismo período, el volumen de perceptores totales se ha incrementado también, pero en menor proporción, alrededor de un 18%.

Según los datos facilitados, en 2022 un total de 11.653 personas recurrieron a la RGI, tramitada por Lanbide, para completar sus retribuciones propias precarias. En 2023 subieron ya a 12.139, en 2024 crecieron hasta los 17.358 y en 2025, el último ejercicio completo, fueron 17.567. En detalle, esa precariedad tiene rostro de mujer, ya que son el 60% de los demandantes de estos complementos. El 87% trabaja en el sector servicios, más de 15.300 personas. Por edades, 2.498 son jóvenes menores de 30 años y 2.903 trabajadores mayores de 55.

En cuanto a los pensionistas, en 2022 eran 14.393 los que recibieron también la RGI. En 2023 pasaron a ser 15.389, en 2024 17.179 y en 2025 17.315. Si la subida general de titulares de pensiones de la Seguridad Social creció en ese período un 2,57%, los que acudieron a complementarla con prestaciones sociales fueron diez veces más. Actualmente, un 3,3% de los pensionistas precisa de la RGI. Era un 2,8% en 2022.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido la “fórmula de éxito” de los acuerdos de gobierno con el PNV en la que los socialistas “tienen todo el protagonismo y hacen posible que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, y ha remarcado que “estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta”.

Andueza ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas vascos han celebrado este sábado en Donostia bajo el lema '2 años más de izquierda útil', en el que el PSE-EE ha repasado los dos años de legislatura en Euskadi y los proyectos previstos para los dos restantes. En el acto han participado, además, los consejeros socialistas del Gobierno vasco: Mikel Torres (vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo), Denis Itxaso (Vivienda y Agenda Urbana), Susana García Chueca (Movilidad Sostenible), Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) y María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos).

En su intervención, se ha mostrado “orgulloso” del liderazgo que está ejerciendo el PSE-EE en el Gobierno vasco y ha asegurado que los socialistas pueden y deben “sacar pecho” por la gestión realizada desde las instituciones, según recoge Europa Press. “No me equivoqué cuando tuve que tomar la decisión de quiénes iban a ser nuestras consejeras y consejeros, que lo están haciendo realmente bien. No tenía ninguna duda allá por el mes de junio de 2024, cuando negociamos la composición del Gobierno de coalición, pero hoy, hay que decirlo, creo que hemos cumplido con las expectativas”, ha opinado, al tiempo que ha remarcado que todo el trabajo realizado “se ha hecho desde el primer minuto sin alardes, pero con las ideas muy claras”.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, con el acuerdo con el PNV, los socialistas han acertado “en el rumbo y en la orientación que tenía que tener este Gobierno”, y ha reivindicado los once años de colaboración con los jeltzaes en las instituciones. “Podemos decir que esa fórmula es una fórmula de éxito en la que el PSE-EE tiene todo el protagonismo y hace posible, de la mano de los socialistas, que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, ha sostenido.

El líder socialista, además, respecto a los que plantean que la suma de PNV y EH Bildu es “mucho mayor”, ha considerado que “esa suma solo representa a una parte de esta sociedad, de este país” y ha recalcado que el PSE-EE “no solo piensa en unos cuantos, piensa en todos los ciudadanos de Euskadi, en todas las personas que hacen posible que Euskadi sea lo que es día a día”. “No estamos dispuestos que algunas decisiones puedan echar por la borda esta situación tan extraordinaria de bienestar y de empleo que estamos viviendo en Euskadi”, ha subrayado.

Tras el encuentro del lehendakari, Imanol Pradales, con Nadia Calviño, ahora en el BEI, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se ha reunido este martes en Bruselas con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y también exvicepresidenta del Gobierno de España. Torres ha señalado que busca tejer alianzas “estratégicas” vinculadas al empleo, la capacitación y la transformación económica.

Según ha informado el Gobierno, Torres y Ribera han intercambiado planteamientos sobre la forma de avanzar hacia una transición “limpia, justa y competitiva que garantice la cohesión social, subrayando el papel clave de las regiones en la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea”. La reunión, siempre según la parte vasca, ha permitido también “profundizar en cuestiones vinculadas a la competitividad industrial, la productividad y la política económica en el contexto de la transición verde, analizando los instrumentos necesarios para acompañar la transformación del tejido productivo sin perder capacidad competitiva”, informa Europa Press.

Además, Torres presentará este miércoles la Alianza Regional de Habilidades ZainLab, una iniciativa “dirigida a impulsar la profesionalización, formación y desarrollo del empleo de cuidados y que ha permitido salir a centenares de personas de situaciones de explotación, precariedad y soledad”, según ha explicado la Consejería. Asimismo, mantendrá un encuentro con el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Mario Nava.

La agenda incluye también una reunión con María Teresa Fabregas Fernández, responsable de la Task Force RECOVER, para analizar la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su impacto en Euskadi, y el representante permanente del Banco Europeo de Inversiones, Christian Zingiersen. El viaje institucional se completará este jueves con reuniones con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, así como con Sonia Vila, jefa de gabinete de la vicepresidencia ejecutiva de Personas, Habilidades y Preparación de la Comisión Europea, y con Mari Carmen Barrera, la vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo.

En paralelo, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, y la directora de Inclusión, Sara Buesa, se reunirán con los consejeros de Empleo y Seguridad Social de la Representación Permanente de España en la Unión Europea.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 (más conocida por la marca La Gilda del Norte) en el 'stand' del Gobierno vasco en la feria gastronómica Salón Gourmets, celebrada en Ifema a los pocos días de que la Audiencia Provincial de Bizkaia emitiese una condena penal contra el dueño, F.J.G.Á., por vulneración continuada de los derechos de los trabajadores extranjeros. Barredo, en respuesta a preguntas de la oposición por los hechos adelantados por este periódico, insiste en que el falló “no es firme” y en que, por lo tanto, toca respetar la “presunción de inocencia” de La Gilda del Norte.

“Se trata de hacer compatibles dos planos igualmente esenciales del Estado de Derecho. Por un lado, la garantía y tutela de los derechos de las personas trabajadoras. Y, por otro, el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ambos principios no son excluyentes, sino complementarios, de manera que la defesa de los derechos laborales no puede articularse mediante la anticipación de efectos propios de una condena que aún no es firme”, argumenta Barredo, que ha atendido preguntas tanto de EH Bildu como de Sumar en relación con La Gilda del Norte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia hizo público el 10 de abril que el propietario de La Gilda del Norte había sido condenado a abonar una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta. La condena ha sido recurrida.

El 13 de abril, en el espacio 'Basque Country' gestionado por la sociedad pública Hazi en Ifema, La Gilda del Norte era una de las empresas participantes. El Ejecutivo publicitó que llevaba a 18 firmas “que representan lo mejor de la gastronomía vasca”. Desde la oposición, tanto EH Bildu como Sumar pidieron explicaciones. Los segundos sostenían que se trataba de un “caso grave de explotación laboral”, de una “actuación delictiva de relevante gravedad” y entendían que la compañía “debería ser repudiada también en términos políticos”.

Insiste Barredo en que la sentencia “no es firme” y si “una sentencia recurrible carece de firmeza” tampoco puede “desplegar plenamente” sus efectos. La consejera expone que su incorporación no es por ser “ejemplar”, sino por estar inscrita en un registro y cumplir con los requisitos. Fuentes de La Gilda del Norte añaden que ellos abonaron sus tasas como han hecho en otros eventos en los que han acudido al espacio de 'Basque Country'.

Agrega la consejera del PNV que no solamente no hay “constancia” de una “condena penal firme”, sino que tampoco existe constancia de “sanción administrativa firme”, aunque sí se era “conocedor” el Gobierno de la existencia del procedimiento abierto. Este periódico lleva informando de ello desde 2021 y el juicio fue perfectamente público este año. Se da la circunstancia de que las dos respuestas de Barredo han llegado al Parlamento a las 15.23 horas de este jueves. Siete horas antes, a las 8.31, había entrado en el registro un informe del vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, de quien depende la Inspección de Trabajo, que enumeraba tres sanciones por irregularidades laborales.

Dos fuentes consultadas recalcan que no cabe duda de que esas infracciones son plenamente firmes porque incluyeron un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa para acogerse a un descuento del 40% en las multas, que son de 6.250, 626 y 626 euros, respectivamente, y que tuvieron a trece, trece y un trabajadores afectados, siempre según la documentación oficial. La empresa niega que esas cifras sean correctas. El equipo de Barredo señala que por “error” se ha indicado que es el Gobierno el que no tenía constancia de las actuaciones de Trabajo cuando en realidad era el Departamento el que lo ignoraba.

Torres, a quien EH Bildu preguntó por La Gilda del Norte, expone que una empresa condenada “podría verse impedida” para estar presente en estos foros, pero dice “desconocer” los “criterios” de Hazi. Añade que “una empresa condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores no puede contratar en el sector público”, pero abunda que “para ello la sentencia condenatoria requiere que sea firme”.

El vicelehendakari socialista responde con un lacónico “sí” a la pregunta de si no cree que la “excelencia” de las empresas invitadas a los pabellones del Gobierno vasco ha de “incluir también la excelencia de su empleo y el respeto absoluto a los derechos laborales de las personas migradas”. Preguntado si ha habido alguna queja por parte de Trabajo hacia Barredo por estos hechos, Torres indica que “las discrepancias, cuando existen, se abordan de forma interna y constructiva, ya que lo importante es garantizar que las actuaciones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general”.

Portavoces de La Gilda del Norte indican que la empresa “puede seguir contratando y trabajando para cualquier Administración pública, porque como bien dicen los consejeros, tiene que haber una condena contra los derechos de los trabajadores”. “La Gilda del Norte no tiene ninguna condena contra los derechos de los trabajadores, se trata de una sanción por emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y, de hecho, se ha recurrido”, abundan. El resumen de la sentencia de la jurisdicción penal está en la web oficial del Poder Judicial.

Casi uno de cada cuatro universitarios vascos se va a trabajar fuera de Euskadi al acabar la carrera. Según un estudio realizado por el Gobierno vasco, se trata de alrededor de un 22% de los egresados, y de ellos, un 10% lo hace porque en otras comunidades autónomas o en el extranjero pueden encontrar mejores condiciones laborales y económicas. Por ello, desde el Gobierno vasco, Mikel Torres ha realizado un llamamiento no sólo a crear empleo, sino a que este sea de calidad, con una petición expresa a los empresarios a mejorar las condiciones laborales y salarios de los jóvenes, así como la contratación indefinida al inicio de la trayectoria laboral. Se trata de mejorar los salarios, las condiciones la promoción dentro de la empresa. “Los empresarios tienen que ser conscientes de que hacen falta trabajadores cualificados y que hay que ofrecer condiciones atractivas” para que los jóvenes no se vean obligados a buscarlas fuera, ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, del PSE-EE.

La otra cara de los datos de este estudio es que si un 22% se va hay un 78% que decide quedarse en Euskadi a trabajar cuando acaba la carrera, y ese porcentaje se eleva hasta el 98% en el caso de los jóvenes que terminan los estudios de Formación Profesional. Es decir, que hay que mejorar las condiciones para aumentar la competitividad, pero Euskadi “mantiene una sólida capacidad de creación y retención de capital humano cualificado”. Además, el balance entre los que se van y los que vienen, muestra que “no hay una fuga neta de talento entre Euskadi”. De hecho entre los años 2016 y 2020, las salidas de personas con alta cualificación han sido 30.060, que se compensaron prácticamente con las entradas, 29.223, “lo que sitúa al territorio en una posición de equilibrio dentro del conjunto del Estado”.

Torres ha presentado junto al viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz Manzano, el informe-diagnóstico sobre fuga de talento en Euskadi, que parte de que Euskadi presenta una posición sólida en el contexto estatal, con más del 51% de la población con estudios superiores y una de las tasas de paro más bajas entre este colectivo, de alrededor del 4,7% frente al 6,9% del Estado.

Entre los egresados que deciden trabajar fuera de Euskadi se quedan dentro del Estado, en otras comunidades autónomas, un 19,5%, y prácticamente la mitad de ellas lo han hecho por motivos laborales. El 72% se ha trasladado principalmente a tres provincias: Madrid (39%), Navarra (21%) y Barcelona (12%). La mayoría son grados en Administración y Dirección de Empresas, con 9% del total, Medicina, que representa el 7%, y Psicología con el 5%, Liderazgo emprendedor e Innovación, con un 4%, y Educación Primaria, con un 3%. En cuanto a los que se van al extranjero suponen un 2,5%, fundamentalmente Alemania, Irlanda y Países Bajos.

El estudio constata que una de las “amenazas” para retener el talento en Euskadi es el tipo de contrato, “dado que el porcentaje de afiliación con contratos indefinidos en Euskadi es el 62,3%, frente al 72,4% estatal”, lo que muestra una menor estabilidad, comparada con otras regiones. En cuanto a los salarios, Euskadi se sitúan en una posición intermedia-alta en comparación con los del resto del Estado, excepto con Madrid, “que se evidencia especialmente en grados muy determinados como Informática, ADE e Ingeniería”.

En el estudio se constata también que casi la mitad de las personas que actualmente trabajan fuera estaría dispuesta a regresar si mejoran las condiciones laborales, lo que refuerza el potencial de retorno. “El dato más relevante es que contamos con una base sólida sobre la que seguir construyendo. Euskadi dispone de un ecosistema favorable para el desarrollo profesional, pero debemos seguir avanzando para ofrecer mejores oportunidades y reforzar nuestra competitividad”, ha señalado el viceconsejero.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

El plan Morrokotudak del Gobierno vasco ha impulsado únicamente la formalización de 106 contratos de mujeres en sectores masculinizados en cuatro años. El programa de formación y empleo surgió para fomentar la introducción de mujeres en sectores que tradicionalmente están copados por hombres. De ahí su nombre, Morrokotudak, como se conocía a las mujeres que trabajaban en las minas de Gallarta a mediados del siglo pasado. Las convocatorias se han extendido también a introducir a hombres en profesiones entendidas como feminizadas, sin que, por momento, haya tenido el empuje que se esperaba cuando se puso en marcha la pasada legislatura, en 2021, de la mano de la entonces vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, del PSE-EE.

Durante los dos primeros años de andadura, -2021 y 2022- sólo se realizaron 45 contratos a mujeres a través de este programa. En los dos años siguientes se ha seguido aplicando con algo más de éxito, pero bastante limitado en lo que ha cifras se refiere. En total, en 2023 y 2024 -del año pasado todavía no hay cifras de contratación porque está en ejecución- fueron 61 las mujeres formadas y contratadas por este programa. Es decir en los cuatro años de los que se disponen datos, han sido 106 las mujeres contratadas en sectores fundamentalmente industriales y de forma mayoritaria masculinizados.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el también socialista Mikel Torres, ha proporcionado los datos relativos a los dos últimos años de este programa de subvenciones a petición de la parlamentaria de EH Bildu Pazis García. Del total de 61 mujeres contratadas, 15 se corresponden con contratos de 2023 y 46 fueron contratadas en 2024. 14 de estas mujeres firmaron un contrato indefinido a tiempo completo, mientras que 47 suscribieron un contrato temporal por circunstancias de la producción. En cuanto a los sectores en los que han sido contratadas, 19 fieron en trabajos relacionados con el transporte terrestre, 18 en fabricación de productos metálicos, 11 en metalurgia, nueve en actividades de seguridad e investigación y cuatro en comercio al por mayor e intermediarios.

La convocatoria de subvenciones, que incluye un periodo de formación con compromiso de contratación, se destina a mujeres y hombres desempleadas en ámbitos masculinizados y feminizados, aunque los contratos a hombres han sido menos. En total se han realizado 2023 y 2024 un total de 75 contratos, de los que 14 corresponden a hombres. De estos, sólo han sido cinco los contratados por tiempo indefinido. Los sectores feminizados en los que se ha contratado a hombres han sido establecimientos residenciales, ocho de ellos, Educación, cinco, y transporte terrestre, uno.

El total de contrataciones de hombres y mujeres ha supuesto una subvención 436.222,27 para empresas de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que en estos dos años no se ha solicitado por ninguna en Álava. Esto significa que, unido a las subvenciones de los dos primeros años de funcionamiento de Morrokotudak, en el que el programa ejecutó 107.978,14 euros, desde que se puso en marcha ha ejecutado un gasto de 544.200,41 euros. Una cifra que ya da una idea de que se trata de un programa que no ha cumplido las expectativas para lo que surgió, aunque desde el Gobierno especifican que no todas las empresas piden subvenciones a la contratación. El programa se anunció con una dotación inicial de dos millones de euros. Es decir, cuatro años después se ha ejecutado poco más del 27% de la cantidad con la que surgió.

En cuanto a las empresas que han contratado a través de este programa entre 2023 y 2024, son la mayoría de Bizkaia, territorio al que corresponden 50 de los 75 contratos, y los 25 restantes a Gipuzkoa. La empresa que ha realizado más contratos es Avanza Movilidad Gipuzkoa SA, con un total de 20, subvencionados con 160.000 euros correspondientes a los dos años. Le sigue Asle Seguridad, con ocho contratos y 48.000 euros, Tamoin, con 6 contratos y 47.919 euros. También han contratado a través de este programa Sidenor, Contema, Zidor Consulting, o Lointek, entre otras. Este 2026 está previsto que se vuelva a realizar otra convocatoria del programa, que al igual que el año pasado, se hará de forma diferenciada de la convocatoria para parados en general.

La economía vasca perderá alrededor de 200 millones de euros a finales de este año si se mantienen los precios de la energía al alza, lo que también llevará a una subida general de los precios y un resentimiento en la situación de las empresas y del consumo de los hogares. En el escenario de previsiones que maneja el Gobierno vasco y en un contexto de prolongación de encarecimiento energético con el precio del petróleo en torno 100 dólares, el crecimiento del PIB podría reducirse en torno a dos décimas al cierre de 2026, aunque aún con una subida nominal del 1,7%. “El impacto sería limitado a corto plazo, pero podría intensificarse si los precios elevados se prolongan en el tiempo”, ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres. No obstante, ha querido mandar un mensaje de confianza dentro de la prudencia: “Estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo”.

De hecho, lo primero que ha hecho Torres ha sido señalar que Euskadi mantiene las previsiones económicas que estaban fijadas hasta ahora, porque el crecimiento que está experimentando la economía vasca es suficientemente “sólido”. Es decir, que sobre el papel se sigue manteniendo que el PIB crecerá a final de año un 1,9%. Y un 1,6% en 2027. Sin embargo, en el contexto internacional actual de absoluta incertidumbre por la crisis derivada del conflicto bélico en Irán, es necesario tener en cuenta “escenarios alternativos”, sobre todo porque no se sabe el tiempo que durará la guerra ni la deriva que llevará y, por lo tanto, cuánto impactará en la situación de las empresas y en los bolsillos de los ciudadanos. De hecho, el IPC ya está claramente al alza. Por lo tanto, la prudencia parece ser de nuevo el denominador común de todas las previsiones que puedan hacerse: “Este escenario exige prudencia y un seguimiento cercano de la situación para analizar su evolución”, ha afirmado Torres, que, no obstante, ha insistido en que la economía vasca se enfrenta a este escenario desde “una posición de fortaleza relativa”. “Mantenemos nuestras previsiones porque los fundamentos internos son sólidos y las políticas públicas están actuando como amortiguador frente a los riesgos externos”, ha indicado. De hecho, el PIB vasco ha crecido en el primer trimestre del año un 2,2%. Pero a partir ahora todo puede pasar.

El consejero ha reconocido que “uno de los principales focos de atención” es el crecimiento de la inflación, impulsada por el encarecimiento energético. El IPC adelantado de marzo ya se sitúa en el 3,3% interanual, un punto por encima del mes anterior. Este crecimiento de la inflación es “el principal canal de transmisión del shock energético a nuestra economía”, ha recordado el vicelehendakari “y este canal ya está plenamente activo”, ha explicado. No obstante, Torres ha destacado el papel de las políticas públicas para amortiguar este impacto. “Las medidas adoptadas están contribuyendo a evitar traslados abruptos a los precios finales y a proteger el poder adquisitivo de los hogares”, ha afirmado.

A la espera de si la guerra en Irán obliga o no a modificar las previsiones, Torres ha señalado que este año se espera que el sector servicios siga siendo el principal motor económico, con un crecimiento previsto del 2,1%, mientras que la construcción mantendrá un avance sólido cercano al 2,6%. La industria “afronta un entorno más exigente debido al coste energético”, ha reconocido, aunque “se prevé una evolución positiva sin contracción de la actividad”, con un aumento que se quedará en el 0,9%.

En relación con el mercado laboral, Torres ha puesto en valor su buen comportamiento. “El empleo seguirá creciendo y la tasa de paro continuará reduciéndose, lo que contribuye a sostener la renta de los hogares y la confianza”, ha señalado. En concreto, se prevé un aumento del empleo del 1,0% en 2026 y del 0,7% en 2027, lo que permitirá situar la tasa de paro en el 6,4% y el 6,2%, respectivamente.

El vicelehendakari ha puesto en valor las medidas anticrisis para amortiguar este impacto. “Las medidas adoptadas están contribuyendo a evitar traslados abruptos a los precios finales y a proteger el poder adquisitivo de los hogares”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado que el Gobierno vasco mantiene una estrategia activa de apoyo al tejido productivo y al empleo, especialmente dirigida a los sectores más expuestos al coste de la energía. “Nuestro objetivo es doble: proteger la viabilidad de las empresas y preservar el empleo y su calidad”, ha subrayado Torres.

El Gobierno de Imanol Pradales ha presentado ya este martes su paquete de medidas extraordinarias “para hacer frente al impacto del conflicto de Oriente Medio”. El titular facilitado por el propio Ejecutivo es que el “escudo industrial” alcanza los 1.047 millones de euros. Sin embargo, no toda la inversión prevista es nueva. El consejero coordinador del plan, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha realizado una cirugía más fina a instancias de los periodistas y ha enumerado como programas rotundamente nuevos unas iniciativas que suman 257 millones de euros, por ejemplo, y que miran a renovables, movilidad eficiente o ayudas a 'pymes'.

A los 17 días del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, el Gobierno de PNV y PSE-EE ya tiene una guía. Se inspira en planes similares activados durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, la “economía de guerra” que trajo la invasión de Ucrania de 2022 o con la crisis arancelaria de 2025. En la presentación han participado hasta tres consejeros. Además de la portavoz, María Ubarretxena, con Jauregi estaban el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, de la parte socialista del gabinete, y el responsable de Hacienda, Noël d'Anjou. No era una imagen menor, ya que es una jorndada de huelga general. “Estamos hoy aquí trabajando”, han constatado.

En la presentación, ha habido matices. Si Jauregi ha insistido en los “efectos desde la primera semana” del nuevo escenario global y en la “afección directa” en los “bolsillos” de empresas y familias -quizás con las gasolineras como referencia más clara-, Torres ha rechazado que Euskadi esté en crisis. Todo lo contrario, está creciendo más de lo previsto también en 2026 y con afiliación “de récord” en la Seguridad Social, según ha dicho. “Estamos preocupados, pero no hay que estar alarmados”, ha rebajado Torres, que incluso ha citado un informe del BBVA que apunta en esa misma línea optimista en lo macro.

En lo que sí han coincidido en que “Euskadi se anticipa”, en que se pertrecha con medidas para atender a las demandas que puedan ir surgiendo. Y en que es un plan necesariamente complementario al que apruebe el Gobierno de España. El PNV y Pradales han solicitado ya a Pedro Sánchez medidas como bajar el IVA de la factura eléctrica del 21% al 5% o reducir 'peajes' e impuestos energéticos. El socialista Torres ha asegurado a los periodistas que son posiciones perfectamente compartidas.

Las tablas presentadas llegan a 1.047 millones con programas en cuatro ámbitos, 105 para programas de empleo, 450 de avales para 'pymes', 277 en ayudas a empresas para transformación y diversificación y 215 en “autonomía energética”. Con transparencia, Jauregi ha explicado que no todo es nuevo. Ha indicado que “para las 'pymes'” hay “87 millones” que no se contemplaban ya en los presupuestos de 2026 y que es un 51% más que lo dispuesto en 2025. Igualmente, hay 15 millones en “movilidad eficiente” novedosos -no así los 45 anunciados para “autoconsumo”- y 155 más para “coinversiones” en “grandes proyectos” eólicos o fotovoltaicos o de “hidrógeno verde”.

Según Jauregi, Euskadi presenta “gran dependencia de fuentes energéticas externas” y “el conflicto ha incrementado los precios” de electricidad, gas y petróleo. Toca poner dinero para que la industria “sea menos vulnerable ante los shocks” internacionales, ha explicado.

En cuanto a los avales, los 450 millones anunciados son muy semejantes a los activados justamente en 2025 como “escudo” también, pero en aquel caso por los aranceles impuestos por Donald Trump. El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha reconocido que el aprobado ahora es un programa esencialmente “coincidente” con el anterior, aunque ha puesto en valor la celeridad de tenerlo listo en un momento del año tan prematuro. Se trata de dar “buenas condiciones” a las 'pymes, la “columna vertebral” del tejido productivo vasco, para que accedan a financiación en tiempos complejos, ha explicado D'Anjou. 'El Correo' informó en diciembre que el plan anterior movilizó apenas 12 de los 450 millones dispuestos.

¿En qué consisten estos avales? Están gestionados por Elkargi y con el respaldo del Instituto Vasco de Finanzas, ofrecen “hasta un máximo de cinco años con un máximo de dos años de carencia” y ofrecen entre 100.000 y 1.500.000 euros para empresas y 30.000 y 120.000 para autónomos. Las 'pymes' han de tener domicilio social en Euskadi y han de acreditar una “exposición significativa” tanto a Estados Unidos como al “conflicto bélico en Oriente Medio”.

En cuanto a la pata laboral, el vicelehendakari Torres ha selañado la importancia de que el “escudo” llegue también a las “personas trabajadoras”. Ha apuntado a introducir una “discriminación positiva” a posibles afectados por el nuevo contexto en los programas como los 100 millones de fomento a la contratación o los complementos a los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros.

La Inspección de Trabajo vasca ha realizado 20.191 actuaciones durante el año 2025 tras las que han realizado 4.443 requerimientos y se han detectado 1.862 infracciones, pero sólo nueve expedientes se han derivado a la Fiscalía por ser presuntos delitos en materia de salud y seguridad laboral, relacionados con accidentes de trabajo mortales, ámbito en el que se incoaron 13 expedientes sancionadores. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha realizado este lunes un balance de la actuación en el año pasado, en el que en materia laboral siguen destacando las infracciones sobre el control horario y horas extraordinarias. Se realizaron 1.490 inspecciones en este campo y en más del 60% se detectaron infracciones, un porcentaje de irregularidad que se viene manteniendo los últimos años.

El vicelehendakari y consejero, Mikel Torres, que ha realizado este balance acompañado por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González, ha puesto en valor que pese a las cifras, “los comportamientos fraudulentos detectados afectan a porcentajes muy reducidos del total de empresas -entre el 0,4% y el 2,3% según el supuesto-, lo que demuestra que la mayoría del tejido empresarial vasco cumple la ley”. “Pero donde hay fraude, actuamos”, aseguran.

La mayor parte de las actuaciones tienen que ver con la Seguridad y Salud Laboral, con 11.545 intervenciones —el 57% del total—, en las que se detectaron 570 infracciones, se realizaron 2.754 requerimientos. En el ámbito de las Relaciones Laborales se realizaron 6.974 actuaciones -el 35%-, 635 infracciones y 1.669 requerimientos; y en la lucha contra el fraude en la contratación, con 1.672 actuaciones -el 8%-, 657 infracciones y 20 requerimientos. En conjunto, las infracciones detectadas supusieron sanciones por 10.4 millones de euros, de los que casi tres se corresponden con la Seguridad Laboral. 1,19 millones con infracciones laborales, y 6,23 millones, en infracciones relacionadas con el empleo.

En el ámbito de la Seguridad Laboral, los accidentes graves o mortales dieron lugar a 13 expedientes sancionadores, de los que nueve se han derivado a la Fiscalía, y se realizaron seis requerimientos. Sobre accidentes graves se abrieron 72 expedientes sancionadores y 92 requerimientos, y 145 expedientes sancionadores y 133 requerimientos en accidentes leves. Además, se realizaron 98 actuaciones en investigación de enfermedades profesionales, con 4 sanciones, 33 requerimientos y 2 recargos de prestaciones, además de una campaña específica en coordinación con Osalan.

En lo que se refiere a la lucha contra el fraude en la contratación, en 2025 se revisaron 26.959 contratos y se pusieron en marcha tres planes de choque que afectaron a 12.939 contratos presuntamente fraudulentos. En total, en 2025 se transformaron en indefinidos y a tiempo completo 1.788 contratos parciales o fijos discontinuos irregulares. “Donde no se cumple la ley, hay precariedad; donde hay fraude, hay competencia desleal; y donde se vulneran derechos laborales, se debilita nuestra cohesión social”, ha recordado el vicelehendakari.

18 plazas de inspección pendientes de cubrir

Por otra parte, el departamento ha aprovechado el balance de la inspección de año pasado para presentar el Plan de Gestión 2026-2028, recientemente aprobado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, que, según ha recordado la viceconsejera Elena Pérez, “refuerza el compromiso del Gobierno vasco con el empleo digno, la legalidad y la protección efectiva de los derechos laborales”.

El plan contempla entre otras cuestiones la cobertura de todas las plazas vacantes en materia de inspección. Actualmente hay 83 plazas -60 de inspectores y 23 de subinspectores- de las que 18 están vacantes a la espera de concursos de traslado, procesos selectivos u oposiciones. Precisamente se continuará con el programa de becas para la preparación de estas oposiciones, cuya convocatoria depende del Estado.

El plan presta especial atención a los nuevos entornos laborales derivados de la digitalización, la automatización, el teletrabajo y la economía de plataformas, con un mensaje claro: “Los derechos laborales no pueden diluirse en los entornos digitales”. Asimismo, consolida la dimensión preventiva y de acompañamiento de la Inspección, impulsando campañas informativas y actuaciones planificadas en sectores estratégicos. “Nuestro objetivo no es recaudatorio. Nuestro objetivo es que las normas se cumplan”, ha señalado la viceconsejera.

Ha afirmado que la Inspección de Trabajo “no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de un modelo social basado en el diálogo social, la calidad del empleo, la productividad con derechos y la seguridad jurídica”. “Queremos una Inspección moderna, eficaz y plenamente integrada en el autogobierno vasco. Una Inspección que garantice que en Euskadi competir sea compatible con cumplir; innovar, compatible con respetar derechos; y crecer, compatible con cohesionar”, ha concluido la viceconsejera.