Euskadi ha sumado 2.006 personas más a la Seguridad Social en el mes de junio, con lo que hay 1.044.686 afiliados, que son 15.541 más respecto a junio de 2025, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es una cifra que el Gobierno vasco ha resaltado, porque supone un nuevo récord. “Se fija un nuevo techo, superando el dato máximo histórico que se produjo el pasado mes de mayo”, ha señalado el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui.

El buen dato de la afiliación no se corresponde con el del paro, ya que en el pasado mes se registraron 479 más, el segundo mayor incremento del conjunto de comunidades autónomas en España por detrás de Murcia. En comparación con junio de 2025, el desempleo también tiene una mala evolución, con 821 personas más inscritas en las oficinas de Lanbide que en el mes de junio de 2025.

Por sectores, el paro ha descendido en junio en la Industria, con 146 personas menos en Euskadi que en mayo, y en la Construcción, con 21 personas menos. Sin embargo, ha subido en Servicios, con 357 más, en Agricultura y Pesca, con 13 parados más y en el colectivo sin empleo anterior, que ha sumado 276 nuevos parados para situar este colectivo en 15.003 desempleados. Por territorios, la evolución fue desigual. Álava registró un descenso del paro, con 157 personas desempleadas menos , mientras que Bizkaia y Gipuzkoa anotaron incrementos de 245 y 391 personas, respectivamente.

Por otra parte, en el conjunto de sectores, el paro en Euskadi ha descendido en junio entre los hombres, con 112 desempleados menos que en mayo, pero ha aumentado en el último año en 136. Entre las mujeres, el paro se ha incrementado en 591 en la comparativa mensual y en 685 en la interanual. El colectivo de personas mayores de 45 años es el que registra un menor crecimiento del paro respecto al mes anterior, al aumentar en 13 personas, si bien ha anotado el mayor incremento interanual, de 884 desempleados. Así, su cifra de desempleados se sitúa en 58.601. Por su lado, los menores de 30 años, con 16.949 parados, han sumado 159 desempleados en relación con el mes mayo y 315 respecto a junio de 2025 y la franja de 30 a 44 años, con 28.662 personas en desempleo, ha aumentado en 307 su número de parados en términos mensuales aunque lo ha reducido en 378 respecto al pasado año.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión ha considerado que los datos de junio muestran un “mercado laboral con señales mixtas: un ligero repunte del desempleo, acompañado de un fuerte dinamismo en la contratación y un gran aumento de la afiliación a la Seguridad Social, junto con indicadores de estabilidad que continúan sosteniendo la evolución del empleo en Euskadi”.

Estos datos de empleo y afiliación se producen en un contexto en el que el Gobierno vasco ha decidido mantener las previsiones de crecimiento para el presente año en el 1,9%, pero eleva una décima el previsto para 2027, hasta el 1,7%. Además, estima un crecimiento del empleo del 1,1% en 2026 y del 0,9% en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con un descenso de la tasa de paro hasta el 6,2% en 2027, segun adelantó el pasado miércoles el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que destacó que hay “una senda de crecimiento estable”, pese a la “incertidumbre que sigue marcando el contexto internacional, especialmente en el ámbito geopolítico y energético”.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado 1.288 mensajes de WhatsApp en el período comprendido entre 2020 y 2025 entre la socialista de Portugalete Leire Díez, investigada por corrupción, y el vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres. Cabeza de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, Torres es el líder del PSE-EE vizcaíno y durante años fue alcalde de Portugalete, donde se conocieron. La Policía judicial resalta de esas conversaciones lo relativo al rescate de Tubos Reunidos, aunque no aporta indicios de que el dirigente del PSE-EE realizara alguna gestión en ese sentido.

Díez, aunque tuvo su primer cargo público en Cantabria, es originaria de Portugalete, donde ha solido participar en actos del PSE-EE como la festividad del Primero de Mayo. Esta localidad del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres ha sido alcalde desde 2008 hasta 2024, cuando accedió al Gobierno vasco. También es el lugar de origen del lehendakari Patxi López y de residencia del actual secretario general en Euskadi, Eneko Andueza.

Díez conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Civil eleva a 250.000 euros las comisiones que percibió presuntamente Fernández Guerrero por intermediar tanto en el rescate de 2021 de Tubos Reunidos, empresa de Amurrio, como en la renegociación de la devolución de unos intereses en 2024. La empresa admite los pagos realizados.

El atestado de la UCO de mayo sobre Tubos Reunidos destaca solamente los mensajes relaciones con esa compañía y ya en la segunda fase, la de los intereses. A los pocos días de acceder al cargo de vicelehendakari, el socialista andaluz Fernández Guerrero le pidió a Díez un encuentro entre “Mikel” y un directivo de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, uno de los tres imputados. “Podrías gestionar una reu con él y con Jesús Urrutia? Informal. Rollo caña”, le plantea en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo ella. “No va a pedir nada. Solo colocarse en situación. Ya pedirá en la siguiente ocasión [...] Pero así le empoderamos (y a nosotros de paso)”, explica Fernández Guerrero.

Torres lidera las carteras de Economía, Trabajo y Empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV por medio del consejero Mikel Jauregi. Fernández Guerrero, en cambio, cometió ese error en una nota que guardaba en su Drive: “Modelo presión política. Ramo de industria en el Gobierno Vasco al PSE, nombrándose responsable del ramo y vicelehendakari al alcalde de Portugalete. Mikel Torres. Gestionando reunión con él para el día 24/25 de julio a través de Leire Díez”.

La Guardia Civil no ha encontrado rastro de esa reunión, pero sí conversaciones sobre Tubos Reunidos entre el vicelehendakari y Díez de meses después, de octubre de 2024. Antes, en septiembre, Fernández Guerrero -que buscaba una nueva “success fee” de la empresa, es decir, nuevos pagos por sus gestiones- insistía en mantener abiertos los canales también “con la vicepresidencia del GV”.

En ese otoño, Díez planteó a Tubos Reunidos “ayuda desde otras vías”. En ese contexto, le insistió a Torres para que atendiera a los directivos de la empresa. “Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada” [sic], le mandó por WhatsApp Díez al vicelehendakari.

Nuevamente, la Guardia Civil admite que “no se han encontrado conversaciones posteriores que puedan confirmar o desmentir la definitiva celebración de este encuentro”, pero sí constata que Torres y Díez cruzaron 1.288 mensajes, a la luz de los dispositivos incautados a la segunda y volcados en el sumario de una causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia.

En noviembre de 2024, el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, asumió la interlocución con Díez y Fernández Guerrero. Les participa que la situación de la empresa es crítica. Incluso no se descarta el concurso de acreedores. “Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel”, escribe ella. Santos, según infiere la UCO, es Cerdán. Ése es el origen de una reunión en Ferraz con directivos de la compañía que acabó con otro pago de 40.000 euros a la trama, según sostiene la Guardia Civil y no niega Tubos Reunidos.

Desde el entorno del vicelehendakari, han querido “puntualizar” que “en ningún momento el vicelehendakari se ha reunido con Leire Díez para el rescate de ninguna empresa”. Añaden que “los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos”. “Ni Leire Díez le solicitó nunca una reunión para hablar de Tubos Reunidos ni le pidió nada con respecto a esta empresa. Por tanto, durante los 16 años como alcalde del ahora vicelehendakari mantuvo una relación como con otros vecinos activos en la vida social de Portugalete”, abundan estas fuentes.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

El volumen de perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) —el salario social vasco para alcanzar un umbral económico mínimo— que precisan de la prestación para complementar sueldos bajos se ha disparado en un 50,75% de 2022 a 2025, según un informe entregado al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres (PSE-EE), en respuesta a una solicitud de Pazis García Ortega, de EH Bildu. Los pensionistas que complementan las cuantías de la Seguridad Social con fondos del Gobierno vasco también han subido un 20%. En el mismo período, el volumen de perceptores totales se ha incrementado también, pero en menor proporción, alrededor de un 18%.

Según los datos facilitados, en 2022 un total de 11.653 personas recurrieron a la RGI, tramitada por Lanbide, para completar sus retribuciones propias precarias. En 2023 subieron ya a 12.139, en 2024 crecieron hasta los 17.358 y en 2025, el último ejercicio completo, fueron 17.567. En detalle, esa precariedad tiene rostro de mujer, ya que son el 60% de los demandantes de estos complementos. El 87% trabaja en el sector servicios, más de 15.300 personas. Por edades, 2.498 son jóvenes menores de 30 años y 2.903 trabajadores mayores de 55.

En cuanto a los pensionistas, en 2022 eran 14.393 los que recibieron también la RGI. En 2023 pasaron a ser 15.389, en 2024 17.179 y en 2025 17.315. Si la subida general de titulares de pensiones de la Seguridad Social creció en ese período un 2,57%, los que acudieron a complementarla con prestaciones sociales fueron diez veces más. Actualmente, un 3,3% de los pensionistas precisa de la RGI. Era un 2,8% en 2022.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido la “fórmula de éxito” de los acuerdos de gobierno con el PNV en la que los socialistas “tienen todo el protagonismo y hacen posible que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, y ha remarcado que “estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta”.

Andueza ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas vascos han celebrado este sábado en Donostia bajo el lema '2 años más de izquierda útil', en el que el PSE-EE ha repasado los dos años de legislatura en Euskadi y los proyectos previstos para los dos restantes. En el acto han participado, además, los consejeros socialistas del Gobierno vasco: Mikel Torres (vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo), Denis Itxaso (Vivienda y Agenda Urbana), Susana García Chueca (Movilidad Sostenible), Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) y María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos).

En su intervención, se ha mostrado “orgulloso” del liderazgo que está ejerciendo el PSE-EE en el Gobierno vasco y ha asegurado que los socialistas pueden y deben “sacar pecho” por la gestión realizada desde las instituciones, según recoge Europa Press. “No me equivoqué cuando tuve que tomar la decisión de quiénes iban a ser nuestras consejeras y consejeros, que lo están haciendo realmente bien. No tenía ninguna duda allá por el mes de junio de 2024, cuando negociamos la composición del Gobierno de coalición, pero hoy, hay que decirlo, creo que hemos cumplido con las expectativas”, ha opinado, al tiempo que ha remarcado que todo el trabajo realizado “se ha hecho desde el primer minuto sin alardes, pero con las ideas muy claras”.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, con el acuerdo con el PNV, los socialistas han acertado “en el rumbo y en la orientación que tenía que tener este Gobierno”, y ha reivindicado los once años de colaboración con los jeltzaes en las instituciones. “Podemos decir que esa fórmula es una fórmula de éxito en la que el PSE-EE tiene todo el protagonismo y hace posible, de la mano de los socialistas, que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, ha sostenido.

El líder socialista, además, respecto a los que plantean que la suma de PNV y EH Bildu es “mucho mayor”, ha considerado que “esa suma solo representa a una parte de esta sociedad, de este país” y ha recalcado que el PSE-EE “no solo piensa en unos cuantos, piensa en todos los ciudadanos de Euskadi, en todas las personas que hacen posible que Euskadi sea lo que es día a día”. “No estamos dispuestos que algunas decisiones puedan echar por la borda esta situación tan extraordinaria de bienestar y de empleo que estamos viviendo en Euskadi”, ha subrayado.

Tras el encuentro del lehendakari, Imanol Pradales, con Nadia Calviño, ahora en el BEI, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se ha reunido este martes en Bruselas con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y también exvicepresidenta del Gobierno de España. Torres ha señalado que busca tejer alianzas “estratégicas” vinculadas al empleo, la capacitación y la transformación económica.

Según ha informado el Gobierno, Torres y Ribera han intercambiado planteamientos sobre la forma de avanzar hacia una transición “limpia, justa y competitiva que garantice la cohesión social, subrayando el papel clave de las regiones en la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea”. La reunión, siempre según la parte vasca, ha permitido también “profundizar en cuestiones vinculadas a la competitividad industrial, la productividad y la política económica en el contexto de la transición verde, analizando los instrumentos necesarios para acompañar la transformación del tejido productivo sin perder capacidad competitiva”, informa Europa Press.

Además, Torres presentará este miércoles la Alianza Regional de Habilidades ZainLab, una iniciativa “dirigida a impulsar la profesionalización, formación y desarrollo del empleo de cuidados y que ha permitido salir a centenares de personas de situaciones de explotación, precariedad y soledad”, según ha explicado la Consejería. Asimismo, mantendrá un encuentro con el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Mario Nava.

La agenda incluye también una reunión con María Teresa Fabregas Fernández, responsable de la Task Force RECOVER, para analizar la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su impacto en Euskadi, y el representante permanente del Banco Europeo de Inversiones, Christian Zingiersen. El viaje institucional se completará este jueves con reuniones con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, así como con Sonia Vila, jefa de gabinete de la vicepresidencia ejecutiva de Personas, Habilidades y Preparación de la Comisión Europea, y con Mari Carmen Barrera, la vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo.

En paralelo, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, y la directora de Inclusión, Sara Buesa, se reunirán con los consejeros de Empleo y Seguridad Social de la Representación Permanente de España en la Unión Europea.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 (más conocida por la marca La Gilda del Norte) en el 'stand' del Gobierno vasco en la feria gastronómica Salón Gourmets, celebrada en Ifema a los pocos días de que la Audiencia Provincial de Bizkaia emitiese una condena penal contra el dueño, F.J.G.Á., por vulneración continuada de los derechos de los trabajadores extranjeros. Barredo, en respuesta a preguntas de la oposición por los hechos adelantados por este periódico, insiste en que el falló “no es firme” y en que, por lo tanto, toca respetar la “presunción de inocencia” de La Gilda del Norte.

“Se trata de hacer compatibles dos planos igualmente esenciales del Estado de Derecho. Por un lado, la garantía y tutela de los derechos de las personas trabajadoras. Y, por otro, el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ambos principios no son excluyentes, sino complementarios, de manera que la defesa de los derechos laborales no puede articularse mediante la anticipación de efectos propios de una condena que aún no es firme”, argumenta Barredo, que ha atendido preguntas tanto de EH Bildu como de Sumar en relación con La Gilda del Norte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia hizo público el 10 de abril que el propietario de La Gilda del Norte había sido condenado a abonar una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta. La condena ha sido recurrida.

El 13 de abril, en el espacio 'Basque Country' gestionado por la sociedad pública Hazi en Ifema, La Gilda del Norte era una de las empresas participantes. El Ejecutivo publicitó que llevaba a 18 firmas “que representan lo mejor de la gastronomía vasca”. Desde la oposición, tanto EH Bildu como Sumar pidieron explicaciones. Los segundos sostenían que se trataba de un “caso grave de explotación laboral”, de una “actuación delictiva de relevante gravedad” y entendían que la compañía “debería ser repudiada también en términos políticos”.

Insiste Barredo en que la sentencia “no es firme” y si “una sentencia recurrible carece de firmeza” tampoco puede “desplegar plenamente” sus efectos. La consejera expone que su incorporación no es por ser “ejemplar”, sino por estar inscrita en un registro y cumplir con los requisitos. Fuentes de La Gilda del Norte añaden que ellos abonaron sus tasas como han hecho en otros eventos en los que han acudido al espacio de 'Basque Country'.

Agrega la consejera del PNV que no solamente no hay “constancia” de una “condena penal firme”, sino que tampoco existe constancia de “sanción administrativa firme”, aunque sí se era “conocedor” el Gobierno de la existencia del procedimiento abierto. Este periódico lleva informando de ello desde 2021 y el juicio fue perfectamente público este año. Se da la circunstancia de que las dos respuestas de Barredo han llegado al Parlamento a las 15.23 horas de este jueves. Siete horas antes, a las 8.31, había entrado en el registro un informe del vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, de quien depende la Inspección de Trabajo, que enumeraba tres sanciones por irregularidades laborales.

Dos fuentes consultadas recalcan que no cabe duda de que esas infracciones son plenamente firmes porque incluyeron un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa para acogerse a un descuento del 40% en las multas, que son de 6.250, 626 y 626 euros, respectivamente, y que tuvieron a trece, trece y un trabajadores afectados, siempre según la documentación oficial. La empresa niega que esas cifras sean correctas. El equipo de Barredo señala que por “error” se ha indicado que es el Gobierno el que no tenía constancia de las actuaciones de Trabajo cuando en realidad era el Departamento el que lo ignoraba.

Torres, a quien EH Bildu preguntó por La Gilda del Norte, expone que una empresa condenada “podría verse impedida” para estar presente en estos foros, pero dice “desconocer” los “criterios” de Hazi. Añade que “una empresa condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores no puede contratar en el sector público”, pero abunda que “para ello la sentencia condenatoria requiere que sea firme”.

El vicelehendakari socialista responde con un lacónico “sí” a la pregunta de si no cree que la “excelencia” de las empresas invitadas a los pabellones del Gobierno vasco ha de “incluir también la excelencia de su empleo y el respeto absoluto a los derechos laborales de las personas migradas”. Preguntado si ha habido alguna queja por parte de Trabajo hacia Barredo por estos hechos, Torres indica que “las discrepancias, cuando existen, se abordan de forma interna y constructiva, ya que lo importante es garantizar que las actuaciones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general”.

Portavoces de La Gilda del Norte indican que la empresa “puede seguir contratando y trabajando para cualquier Administración pública, porque como bien dicen los consejeros, tiene que haber una condena contra los derechos de los trabajadores”. “La Gilda del Norte no tiene ninguna condena contra los derechos de los trabajadores, se trata de una sanción por emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y, de hecho, se ha recurrido”, abundan. El resumen de la sentencia de la jurisdicción penal está en la web oficial del Poder Judicial.

Casi uno de cada cuatro universitarios vascos se va a trabajar fuera de Euskadi al acabar la carrera. Según un estudio realizado por el Gobierno vasco, se trata de alrededor de un 22% de los egresados, y de ellos, un 10% lo hace porque en otras comunidades autónomas o en el extranjero pueden encontrar mejores condiciones laborales y económicas. Por ello, desde el Gobierno vasco, Mikel Torres ha realizado un llamamiento no sólo a crear empleo, sino a que este sea de calidad, con una petición expresa a los empresarios a mejorar las condiciones laborales y salarios de los jóvenes, así como la contratación indefinida al inicio de la trayectoria laboral. Se trata de mejorar los salarios, las condiciones la promoción dentro de la empresa. “Los empresarios tienen que ser conscientes de que hacen falta trabajadores cualificados y que hay que ofrecer condiciones atractivas” para que los jóvenes no se vean obligados a buscarlas fuera, ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, del PSE-EE.

La otra cara de los datos de este estudio es que si un 22% se va hay un 78% que decide quedarse en Euskadi a trabajar cuando acaba la carrera, y ese porcentaje se eleva hasta el 98% en el caso de los jóvenes que terminan los estudios de Formación Profesional. Es decir, que hay que mejorar las condiciones para aumentar la competitividad, pero Euskadi “mantiene una sólida capacidad de creación y retención de capital humano cualificado”. Además, el balance entre los que se van y los que vienen, muestra que “no hay una fuga neta de talento entre Euskadi”. De hecho entre los años 2016 y 2020, las salidas de personas con alta cualificación han sido 30.060, que se compensaron prácticamente con las entradas, 29.223, “lo que sitúa al territorio en una posición de equilibrio dentro del conjunto del Estado”.

Torres ha presentado junto al viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz Manzano, el informe-diagnóstico sobre fuga de talento en Euskadi, que parte de que Euskadi presenta una posición sólida en el contexto estatal, con más del 51% de la población con estudios superiores y una de las tasas de paro más bajas entre este colectivo, de alrededor del 4,7% frente al 6,9% del Estado.

Entre los egresados que deciden trabajar fuera de Euskadi se quedan dentro del Estado, en otras comunidades autónomas, un 19,5%, y prácticamente la mitad de ellas lo han hecho por motivos laborales. El 72% se ha trasladado principalmente a tres provincias: Madrid (39%), Navarra (21%) y Barcelona (12%). La mayoría son grados en Administración y Dirección de Empresas, con 9% del total, Medicina, que representa el 7%, y Psicología con el 5%, Liderazgo emprendedor e Innovación, con un 4%, y Educación Primaria, con un 3%. En cuanto a los que se van al extranjero suponen un 2,5%, fundamentalmente Alemania, Irlanda y Países Bajos.

El estudio constata que una de las “amenazas” para retener el talento en Euskadi es el tipo de contrato, “dado que el porcentaje de afiliación con contratos indefinidos en Euskadi es el 62,3%, frente al 72,4% estatal”, lo que muestra una menor estabilidad, comparada con otras regiones. En cuanto a los salarios, Euskadi se sitúan en una posición intermedia-alta en comparación con los del resto del Estado, excepto con Madrid, “que se evidencia especialmente en grados muy determinados como Informática, ADE e Ingeniería”.

En el estudio se constata también que casi la mitad de las personas que actualmente trabajan fuera estaría dispuesta a regresar si mejoran las condiciones laborales, lo que refuerza el potencial de retorno. “El dato más relevante es que contamos con una base sólida sobre la que seguir construyendo. Euskadi dispone de un ecosistema favorable para el desarrollo profesional, pero debemos seguir avanzando para ofrecer mejores oportunidades y reforzar nuestra competitividad”, ha señalado el viceconsejero.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

El plan Morrokotudak del Gobierno vasco ha impulsado únicamente la formalización de 106 contratos de mujeres en sectores masculinizados en cuatro años. El programa de formación y empleo surgió para fomentar la introducción de mujeres en sectores que tradicionalmente están copados por hombres. De ahí su nombre, Morrokotudak, como se conocía a las mujeres que trabajaban en las minas de Gallarta a mediados del siglo pasado. Las convocatorias se han extendido también a introducir a hombres en profesiones entendidas como feminizadas, sin que, por momento, haya tenido el empuje que se esperaba cuando se puso en marcha la pasada legislatura, en 2021, de la mano de la entonces vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, del PSE-EE.

Durante los dos primeros años de andadura, -2021 y 2022- sólo se realizaron 45 contratos a mujeres a través de este programa. En los dos años siguientes se ha seguido aplicando con algo más de éxito, pero bastante limitado en lo que ha cifras se refiere. En total, en 2023 y 2024 -del año pasado todavía no hay cifras de contratación porque está en ejecución- fueron 61 las mujeres formadas y contratadas por este programa. Es decir en los cuatro años de los que se disponen datos, han sido 106 las mujeres contratadas en sectores fundamentalmente industriales y de forma mayoritaria masculinizados.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el también socialista Mikel Torres, ha proporcionado los datos relativos a los dos últimos años de este programa de subvenciones a petición de la parlamentaria de EH Bildu Pazis García. Del total de 61 mujeres contratadas, 15 se corresponden con contratos de 2023 y 46 fueron contratadas en 2024. 14 de estas mujeres firmaron un contrato indefinido a tiempo completo, mientras que 47 suscribieron un contrato temporal por circunstancias de la producción. En cuanto a los sectores en los que han sido contratadas, 19 fieron en trabajos relacionados con el transporte terrestre, 18 en fabricación de productos metálicos, 11 en metalurgia, nueve en actividades de seguridad e investigación y cuatro en comercio al por mayor e intermediarios.

La convocatoria de subvenciones, que incluye un periodo de formación con compromiso de contratación, se destina a mujeres y hombres desempleadas en ámbitos masculinizados y feminizados, aunque los contratos a hombres han sido menos. En total se han realizado 2023 y 2024 un total de 75 contratos, de los que 14 corresponden a hombres. De estos, sólo han sido cinco los contratados por tiempo indefinido. Los sectores feminizados en los que se ha contratado a hombres han sido establecimientos residenciales, ocho de ellos, Educación, cinco, y transporte terrestre, uno.

El total de contrataciones de hombres y mujeres ha supuesto una subvención 436.222,27 para empresas de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que en estos dos años no se ha solicitado por ninguna en Álava. Esto significa que, unido a las subvenciones de los dos primeros años de funcionamiento de Morrokotudak, en el que el programa ejecutó 107.978,14 euros, desde que se puso en marcha ha ejecutado un gasto de 544.200,41 euros. Una cifra que ya da una idea de que se trata de un programa que no ha cumplido las expectativas para lo que surgió, aunque desde el Gobierno especifican que no todas las empresas piden subvenciones a la contratación. El programa se anunció con una dotación inicial de dos millones de euros. Es decir, cuatro años después se ha ejecutado poco más del 27% de la cantidad con la que surgió.

En cuanto a las empresas que han contratado a través de este programa entre 2023 y 2024, son la mayoría de Bizkaia, territorio al que corresponden 50 de los 75 contratos, y los 25 restantes a Gipuzkoa. La empresa que ha realizado más contratos es Avanza Movilidad Gipuzkoa SA, con un total de 20, subvencionados con 160.000 euros correspondientes a los dos años. Le sigue Asle Seguridad, con ocho contratos y 48.000 euros, Tamoin, con 6 contratos y 47.919 euros. También han contratado a través de este programa Sidenor, Contema, Zidor Consulting, o Lointek, entre otras. Este 2026 está previsto que se vuelva a realizar otra convocatoria del programa, que al igual que el año pasado, se hará de forma diferenciada de la convocatoria para parados en general.

La economía vasca perderá alrededor de 200 millones de euros a finales de este año si se mantienen los precios de la energía al alza, lo que también llevará a una subida general de los precios y un resentimiento en la situación de las empresas y del consumo de los hogares. En el escenario de previsiones que maneja el Gobierno vasco y en un contexto de prolongación de encarecimiento energético con el precio del petróleo en torno 100 dólares, el crecimiento del PIB podría reducirse en torno a dos décimas al cierre de 2026, aunque aún con una subida nominal del 1,7%. “El impacto sería limitado a corto plazo, pero podría intensificarse si los precios elevados se prolongan en el tiempo”, ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres. No obstante, ha querido mandar un mensaje de confianza dentro de la prudencia: “Estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo”.

De hecho, lo primero que ha hecho Torres ha sido señalar que Euskadi mantiene las previsiones económicas que estaban fijadas hasta ahora, porque el crecimiento que está experimentando la economía vasca es suficientemente “sólido”. Es decir, que sobre el papel se sigue manteniendo que el PIB crecerá a final de año un 1,9%. Y un 1,6% en 2027. Sin embargo, en el contexto internacional actual de absoluta incertidumbre por la crisis derivada del conflicto bélico en Irán, es necesario tener en cuenta “escenarios alternativos”, sobre todo porque no se sabe el tiempo que durará la guerra ni la deriva que llevará y, por lo tanto, cuánto impactará en la situación de las empresas y en los bolsillos de los ciudadanos. De hecho, el IPC ya está claramente al alza. Por lo tanto, la prudencia parece ser de nuevo el denominador común de todas las previsiones que puedan hacerse: “Este escenario exige prudencia y un seguimiento cercano de la situación para analizar su evolución”, ha afirmado Torres, que, no obstante, ha insistido en que la economía vasca se enfrenta a este escenario desde “una posición de fortaleza relativa”. “Mantenemos nuestras previsiones porque los fundamentos internos son sólidos y las políticas públicas están actuando como amortiguador frente a los riesgos externos”, ha indicado. De hecho, el PIB vasco ha crecido en el primer trimestre del año un 2,2%. Pero a partir ahora todo puede pasar.

El consejero ha reconocido que “uno de los principales focos de atención” es el crecimiento de la inflación, impulsada por el encarecimiento energético. El IPC adelantado de marzo ya se sitúa en el 3,3% interanual, un punto por encima del mes anterior. Este crecimiento de la inflación es “el principal canal de transmisión del shock energético a nuestra economía”, ha recordado el vicelehendakari “y este canal ya está plenamente activo”, ha explicado. No obstante, Torres ha destacado el papel de las políticas públicas para amortiguar este impacto. “Las medidas adoptadas están contribuyendo a evitar traslados abruptos a los precios finales y a proteger el poder adquisitivo de los hogares”, ha afirmado.

A la espera de si la guerra en Irán obliga o no a modificar las previsiones, Torres ha señalado que este año se espera que el sector servicios siga siendo el principal motor económico, con un crecimiento previsto del 2,1%, mientras que la construcción mantendrá un avance sólido cercano al 2,6%. La industria “afronta un entorno más exigente debido al coste energético”, ha reconocido, aunque “se prevé una evolución positiva sin contracción de la actividad”, con un aumento que se quedará en el 0,9%.

En relación con el mercado laboral, Torres ha puesto en valor su buen comportamiento. “El empleo seguirá creciendo y la tasa de paro continuará reduciéndose, lo que contribuye a sostener la renta de los hogares y la confianza”, ha señalado. En concreto, se prevé un aumento del empleo del 1,0% en 2026 y del 0,7% en 2027, lo que permitirá situar la tasa de paro en el 6,4% y el 6,2%, respectivamente.

El vicelehendakari ha puesto en valor las medidas anticrisis para amortiguar este impacto. “Las medidas adoptadas están contribuyendo a evitar traslados abruptos a los precios finales y a proteger el poder adquisitivo de los hogares”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado que el Gobierno vasco mantiene una estrategia activa de apoyo al tejido productivo y al empleo, especialmente dirigida a los sectores más expuestos al coste de la energía. “Nuestro objetivo es doble: proteger la viabilidad de las empresas y preservar el empleo y su calidad”, ha subrayado Torres.

El Gobierno de Imanol Pradales ha presentado ya este martes su paquete de medidas extraordinarias “para hacer frente al impacto del conflicto de Oriente Medio”. El titular facilitado por el propio Ejecutivo es que el “escudo industrial” alcanza los 1.047 millones de euros. Sin embargo, no toda la inversión prevista es nueva. El consejero coordinador del plan, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha realizado una cirugía más fina a instancias de los periodistas y ha enumerado como programas rotundamente nuevos unas iniciativas que suman 257 millones de euros, por ejemplo, y que miran a renovables, movilidad eficiente o ayudas a 'pymes'.

A los 17 días del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, el Gobierno de PNV y PSE-EE ya tiene una guía. Se inspira en planes similares activados durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, la “economía de guerra” que trajo la invasión de Ucrania de 2022 o con la crisis arancelaria de 2025. En la presentación han participado hasta tres consejeros. Además de la portavoz, María Ubarretxena, con Jauregi estaban el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, de la parte socialista del gabinete, y el responsable de Hacienda, Noël d'Anjou. No era una imagen menor, ya que es una jorndada de huelga general. “Estamos hoy aquí trabajando”, han constatado.

En la presentación, ha habido matices. Si Jauregi ha insistido en los “efectos desde la primera semana” del nuevo escenario global y en la “afección directa” en los “bolsillos” de empresas y familias -quizás con las gasolineras como referencia más clara-, Torres ha rechazado que Euskadi esté en crisis. Todo lo contrario, está creciendo más de lo previsto también en 2026 y con afiliación “de récord” en la Seguridad Social, según ha dicho. “Estamos preocupados, pero no hay que estar alarmados”, ha rebajado Torres, que incluso ha citado un informe del BBVA que apunta en esa misma línea optimista en lo macro.

En lo que sí han coincidido en que “Euskadi se anticipa”, en que se pertrecha con medidas para atender a las demandas que puedan ir surgiendo. Y en que es un plan necesariamente complementario al que apruebe el Gobierno de España. El PNV y Pradales han solicitado ya a Pedro Sánchez medidas como bajar el IVA de la factura eléctrica del 21% al 5% o reducir 'peajes' e impuestos energéticos. El socialista Torres ha asegurado a los periodistas que son posiciones perfectamente compartidas.

Las tablas presentadas llegan a 1.047 millones con programas en cuatro ámbitos, 105 para programas de empleo, 450 de avales para 'pymes', 277 en ayudas a empresas para transformación y diversificación y 215 en “autonomía energética”. Con transparencia, Jauregi ha explicado que no todo es nuevo. Ha indicado que “para las 'pymes'” hay “87 millones” que no se contemplaban ya en los presupuestos de 2026 y que es un 51% más que lo dispuesto en 2025. Igualmente, hay 15 millones en “movilidad eficiente” novedosos -no así los 45 anunciados para “autoconsumo”- y 155 más para “coinversiones” en “grandes proyectos” eólicos o fotovoltaicos o de “hidrógeno verde”.

Según Jauregi, Euskadi presenta “gran dependencia de fuentes energéticas externas” y “el conflicto ha incrementado los precios” de electricidad, gas y petróleo. Toca poner dinero para que la industria “sea menos vulnerable ante los shocks” internacionales, ha explicado.

En cuanto a los avales, los 450 millones anunciados son muy semejantes a los activados justamente en 2025 como “escudo” también, pero en aquel caso por los aranceles impuestos por Donald Trump. El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha reconocido que el aprobado ahora es un programa esencialmente “coincidente” con el anterior, aunque ha puesto en valor la celeridad de tenerlo listo en un momento del año tan prematuro. Se trata de dar “buenas condiciones” a las 'pymes, la “columna vertebral” del tejido productivo vasco, para que accedan a financiación en tiempos complejos, ha explicado D'Anjou. 'El Correo' informó en diciembre que el plan anterior movilizó apenas 12 de los 450 millones dispuestos.

¿En qué consisten estos avales? Están gestionados por Elkargi y con el respaldo del Instituto Vasco de Finanzas, ofrecen “hasta un máximo de cinco años con un máximo de dos años de carencia” y ofrecen entre 100.000 y 1.500.000 euros para empresas y 30.000 y 120.000 para autónomos. Las 'pymes' han de tener domicilio social en Euskadi y han de acreditar una “exposición significativa” tanto a Estados Unidos como al “conflicto bélico en Oriente Medio”.

En cuanto a la pata laboral, el vicelehendakari Torres ha selañado la importancia de que el “escudo” llegue también a las “personas trabajadoras”. Ha apuntado a introducir una “discriminación positiva” a posibles afectados por el nuevo contexto en los programas como los 100 millones de fomento a la contratación o los complementos a los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros.

La Inspección de Trabajo vasca ha realizado 20.191 actuaciones durante el año 2025 tras las que han realizado 4.443 requerimientos y se han detectado 1.862 infracciones, pero sólo nueve expedientes se han derivado a la Fiscalía por ser presuntos delitos en materia de salud y seguridad laboral, relacionados con accidentes de trabajo mortales, ámbito en el que se incoaron 13 expedientes sancionadores. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha realizado este lunes un balance de la actuación en el año pasado, en el que en materia laboral siguen destacando las infracciones sobre el control horario y horas extraordinarias. Se realizaron 1.490 inspecciones en este campo y en más del 60% se detectaron infracciones, un porcentaje de irregularidad que se viene manteniendo los últimos años.

El vicelehendakari y consejero, Mikel Torres, que ha realizado este balance acompañado por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González, ha puesto en valor que pese a las cifras, “los comportamientos fraudulentos detectados afectan a porcentajes muy reducidos del total de empresas -entre el 0,4% y el 2,3% según el supuesto-, lo que demuestra que la mayoría del tejido empresarial vasco cumple la ley”. “Pero donde hay fraude, actuamos”, aseguran.

La mayor parte de las actuaciones tienen que ver con la Seguridad y Salud Laboral, con 11.545 intervenciones —el 57% del total—, en las que se detectaron 570 infracciones, se realizaron 2.754 requerimientos. En el ámbito de las Relaciones Laborales se realizaron 6.974 actuaciones -el 35%-, 635 infracciones y 1.669 requerimientos; y en la lucha contra el fraude en la contratación, con 1.672 actuaciones -el 8%-, 657 infracciones y 20 requerimientos. En conjunto, las infracciones detectadas supusieron sanciones por 10.4 millones de euros, de los que casi tres se corresponden con la Seguridad Laboral. 1,19 millones con infracciones laborales, y 6,23 millones, en infracciones relacionadas con el empleo.

En el ámbito de la Seguridad Laboral, los accidentes graves o mortales dieron lugar a 13 expedientes sancionadores, de los que nueve se han derivado a la Fiscalía, y se realizaron seis requerimientos. Sobre accidentes graves se abrieron 72 expedientes sancionadores y 92 requerimientos, y 145 expedientes sancionadores y 133 requerimientos en accidentes leves. Además, se realizaron 98 actuaciones en investigación de enfermedades profesionales, con 4 sanciones, 33 requerimientos y 2 recargos de prestaciones, además de una campaña específica en coordinación con Osalan.

En lo que se refiere a la lucha contra el fraude en la contratación, en 2025 se revisaron 26.959 contratos y se pusieron en marcha tres planes de choque que afectaron a 12.939 contratos presuntamente fraudulentos. En total, en 2025 se transformaron en indefinidos y a tiempo completo 1.788 contratos parciales o fijos discontinuos irregulares. “Donde no se cumple la ley, hay precariedad; donde hay fraude, hay competencia desleal; y donde se vulneran derechos laborales, se debilita nuestra cohesión social”, ha recordado el vicelehendakari.

18 plazas de inspección pendientes de cubrir

Por otra parte, el departamento ha aprovechado el balance de la inspección de año pasado para presentar el Plan de Gestión 2026-2028, recientemente aprobado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, que, según ha recordado la viceconsejera Elena Pérez, “refuerza el compromiso del Gobierno vasco con el empleo digno, la legalidad y la protección efectiva de los derechos laborales”.

El plan contempla entre otras cuestiones la cobertura de todas las plazas vacantes en materia de inspección. Actualmente hay 83 plazas -60 de inspectores y 23 de subinspectores- de las que 18 están vacantes a la espera de concursos de traslado, procesos selectivos u oposiciones. Precisamente se continuará con el programa de becas para la preparación de estas oposiciones, cuya convocatoria depende del Estado.

El plan presta especial atención a los nuevos entornos laborales derivados de la digitalización, la automatización, el teletrabajo y la economía de plataformas, con un mensaje claro: “Los derechos laborales no pueden diluirse en los entornos digitales”. Asimismo, consolida la dimensión preventiva y de acompañamiento de la Inspección, impulsando campañas informativas y actuaciones planificadas en sectores estratégicos. “Nuestro objetivo no es recaudatorio. Nuestro objetivo es que las normas se cumplan”, ha señalado la viceconsejera.

Ha afirmado que la Inspección de Trabajo “no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de un modelo social basado en el diálogo social, la calidad del empleo, la productividad con derechos y la seguridad jurídica”. “Queremos una Inspección moderna, eficaz y plenamente integrada en el autogobierno vasco. Una Inspección que garantice que en Euskadi competir sea compatible con cumplir; innovar, compatible con respetar derechos; y crecer, compatible con cohesionar”, ha concluido la viceconsejera.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El impacto de los fondos europeos en la comunidad autónoma ascendió el año pasado a 4.438 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 1.000 millones respecto al cierre de 2024. El número de beneficiarios ascendió a cerca de 29.000 empresas, de las cuales 26.000 son 'pymes'. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres, ha destacado que estos fondos se han convertido en uno de los “mayores motores de inversión en Euskadi.

Torres ha comparecido en el Parlamento Vasco para hacer balance del nivel de ejecución de este dinero que proviene del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) arbitrado por la Unión Europea tras la pandemia de COVID-19, un mecanismo al que le quedan seis meses de aplicación, ya que acaba el plazo el 31 de agosto. Según ha señalado, el crecimiento respecto al año anterior se debe sobre todo al fuerte impulso de las convocatorias estatales, que en 2025 alcanzan los 2.705 millones de euros -casi 800 millones más que en 2024- y por el aumento de los fondos procedentes de otras comunidades autónomas que recaen en entidades y empresas vascas, hasta 426 millones.

A su vez, la gestión autonómica del Gobierno vasco mantiene un nivel estable de asignación, situándose en 1.307 millones, ligeramente por encima del ejercicio anterior. Torres ha resaltado que Euskadi ha logrado asignar el 95% de los fondos y ejecutar el 84% gracias al incremento de instrumentos jurídicos en vigor y a la maduración de los proyectos en marcha. El consejero ha añadido que se ha asignado casi la totalidad“ de los fondos disponibles y se han ejecutado más de 1.000 millones de euros, ”siempre con un foco claro en la transformación industrial, energética y social de nuestro país“.

Además, ha puesto en valor el impacto territorial y la capilaridad de estos fondos, ya que los 313 millones destinados a diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos han sido transferidos en su totalidad, lo que permite avanzar en proyectos clave en movilidad sostenible, transición energética, rehabilitación urbana, digitalización y políticas sociales. “Los fondos llegan a donde tienen que llegar, y llegan a tiempo. Esto es esencial para garantizar que cada euro contribuya a modernizar nuestros servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, ha señalado.

En cuanto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), ha destacado que Euskadi ha aumentado en 69 millones de euros la captación desde la última comparecencia, alcanzando un 8,1% de los fondos estatales, muy por encima del peso poblacional y presupuestario de la comunidad autónoma. “Este dato confirma la fortaleza de nuestro tejido empresarial, que lidera proyectos transformadores en ámbitos como la movilidad eléctrica, el hidrógeno, la industria avanzada o la digitalización”, ha señalado.

El consejero ha manifestado que este es “el tramo final”, por lo que hay que ser “especialmente rigurosos”. “Nuestro objetivo es ejecutar hasta el último euro disponible y justificarlo con absoluta solvencia, garantizando que cada inversión deje una huella positiva, duradera y transformadora en Euskadi”, ha explicado.

Los grupos de la oposición han pedido al Gobierno mayor celeridad para ejecutar al completo el dinero recibido, que no se beneficie sólo a las grandes corporaciones y que los fondos impacten en la vida de las personas. Torres ha insistido en que la cantidad de dinero sin asignar se realizará próximamente. En cuanto a la influencia en la vida de las personas, el vicelehendakari ha insistido en que sobre todo ha impactado en la creación de empleo. Aunque ha señalado que lo detallarán y concretarán, también por sectores, en un informe que realizarán próximamente. Y ha señalado que el 80% de los fondos va a la industria, en la que la mayoría son pymes. Ha reconocido que alguas de estas ayudas, por ejemplo los PERTE, van a grandes empresas como Iberdrola, Mercedes Benz o empresas relacionadas con el hidrógeno, pero ha recordado que esas grandes empresas son tractoras de las pymes.

Los principales beneficiarios de los fondos son Iberdrola Clientes Sociedad Anónima (300.452.940 euros), Mercedes Benz España SAU (SAU 280.502.262 euros), Irizar S. Coop. (167.944.989 euros), Bay of Biscay Hydrogen Sociedad Limitada (160.000.000 euros), Voestalpine Railway Systems Jez S.L. (94.849.802 euros), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (70.469.452 euros), Obrascon Huarte Lain SA-Construcciones Adolfo Sobrino SA - UTE LEY 18/1982-UTE Estacion Irun (53.955.592 euros), Iberdrola Generacion SAU (46.000.702 euros), Dragados S.A. y Tecsa EC UTE Ley 18 / 1982 (43.788.304 euros), y EHU (42.340.488 euros).

El Gobierno vasco ha tramitado 11.171 permisos de trabajo a extranjeros en los seis primeros meses desde que se transfirió esta competencia a Euskadi en el mes de julio. Esto hace prever al epartamento de Economía, Trabajo y Empleo que este año 2026 se duplicará el número de expedientes hasta llegar a superar los 22.000.

La mayor parte de los permisos a los que les ha dado el visto bueno en este periodo se corresponde con autorizaciones por arraigo, es decir, personas que ya están residiendo y trabajando en Euskadi, y que ascienden a 9.495, el 85% del total, ocho de cada diez de los expedientes tramitados. En su mayoría se trata de arraigo sociolaboral, por lo que el vicelehendakari Mikel Torres ha destacado la importancia que tiene esta transferencia para dinamizar el mercado de trabajo vasco y regularizarlo. Todavía son menos los permisos a través de autorizaciones iniciales, es decir, trabajadores a los que se les hace contrato en el país de origen, que suman 1.103 trabajadores, el 9,87% del total, aunque el objetivo es que aumenten las personas extranjeras que trabajen en Euskadi a través de esta fórmula.

Torres, que ha presentado el balance del arranque de esta transferencia acompañado por la vicenconsejera Elena Pérez Barredo, ha destacado que en este primer balance se demuestra que contar con la competencia “no sólo ha funcionado bien, sino que está aportando valor al mercado laboral, está ayudando a las empresas”. Además, tanto el vicelehendakari como la viceconsejera han hecho hincapié en que se están “reforzando los derechos de las personas trabajadoras”, ya que algunos de estos permisos se han denegado por irregularidades en los contratos, como no pagar el SMI, o el mínimo establecido en el convenio correspondiente o no respetar la jornada laboral a lo que establece el convenio.

El vicelehendakari ha puesto en valor que en estos momentos “Euskadi cuenta ya con 104.372 personas extranjeras cotizando, una presencia especialmente relevante en sectores estratégicos como la hostelería, la construcción, la logística y la industria”. “Además, casi 17.000 personas autónomas son de origen extranjero, un 5,4 % más que el año anterior, y el 55% de las nuevas altas en la Seguridad Social en 2025 corresponde a personas migrantes”, inciden. Por ello, ha insistido en que “el empleo y el crecimiento económico actuales no se explican sin la aportación de las personas migrantes”, y ha recordado que uno de los objetivos fundamentales del Gobierno y de esta transferencia es “casar oferta y demanda, responder a las necesidades reales de las empresas y hacerlo a través de una migración regular, ordenada y con derechos”.

Los datos que ha desgranado la viceconsejera de Trabajo (y de Seguridad Social, una competencia que está también llegando) muestran diferencias en las nacionalidades y de las personas según sean autorizaciones por arraigo, es decir, de personas que viven en Euskadi, o de autorizaciones iniciales, las de trabajadores a los que se va buscar a los países de origen. También hay diferencias importantes en lo que se refiere a los sectores productivos a los que van dirigidos estos trabajadores. En el caso de permiso por arraigo, son el origen de los trabajadores es fundamentalmente Colombia, Marruecos, Nicaragua y Honduras. Mientras que los sectores son esencialmente el trabajo doméstico, peones de la construcción y camareros.

En el caso de las autorizaciones iniciales los países a los que los empresarios van a buscar trabajadores son Perú, en primer lugar, seguidos de Pakistán y Marruecos. En este caso, las ocupaciones son esencialmente construcción, servicios e industria. La viceconsejera ha explicado que en el caso de las autorizaciones iniciales tienen que ser ocupaciones de difícil cobertura, que están establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con los agentes sociales. Sin embargo, con Perú hay un antiguo convenio, por lo que se puede contratar trabajadores para más ocupaciones, lo que explicaría en parte que el 21,85% de los trabajadores contratados en origen tengan esa nacionalidad.

Pérez Barredo ha destacado que el objetivo es que el número de contrataciones en origen que suponen ahora el 9,87%, crezca. “Que haya más porcentaje de personas que vienen con contrato de trabajo” y no personas que llegan a Euskadi y luego tratan de regularizar su situación, porque es una forma de que se garanticen mejor los derechos de estas personas. Hay que recordar que la transferencia se refiere a permisos de trabajo para extranjeros solo en Euskadi. Si quieren trabajar en cualquier punto de de España el permiso corresponde a la Administración central, lo mismo que el permiso de residencia, que sigue siendo competencia estatal.

Datos personales del lehendakari, Imanol Pradales, de su pareja, de los dos vicelehendakaris, Ibone Bengoetxea del PNV y Mikel Torres del PSE-EE, y de los consejeros de Salud y de Hacienda, Alberto Martínez y Noël D'Anjou, han sido revelados después de un ciberataque, según la información que ha adelantado elDiario.es. “Es un asunto que debe tomarse con la máxima seriedad. En estos momentos, se está analizando lo ocurrido para que pueda haber una investigación, esclarecer los hechos y determinar su alcance. Prudencia, responsabilidad y plena colaboración”, exponen fuentes de la Presidencia vasca.

La filtración se ha llevado a cabo en un portal especializado en publicar este tipo de bases de datos. Además de estos cargos de “Vascongadas”, como se indica por parte de los responsables, se incluye información personal de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de José Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, Jde orge Azcón, presidente de Aragón, de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana, de María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, y de María Chivite, presidenta de Navarra.

El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco hare la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”, es su único mensaje. Por el momento no ha realizado más publicaciones.

En el caso vasco, una de las comunidades más afectadas, la información que se proporciona del lehendakari en su teléfono móvil -que es el correcto-, correos personales suyo y de su esposa y DNI. En el caso de Bengoetxea, vicelehendakari primera, aparecen dos correos, el DNI y un fijo. Sobre Mikel Torres viene una vieja dirección de su etapa como alcalde de Portugalete. En el caso de D'Anjou y Martínez aparecen direcciones y, en el segundo caso, también un móvil.

“A pesar de que en mi caso se ha filtrado un correo electrónico viejo, de mi etapa de alcalde de Portugalete, me parece un hecho grave, que debe investigarse para tratar de identificar a la persona o personas que han filtrado esos datos que son personales. Compartir datos personales sin consentimiento es un delito y, por tanto, deberán imponerse las sanciones que establece el Código Penal”, ha señalado Torres.

En una oleada anterior con datos sobre altos cargos relacionados con la gestión ferroviaria ya se habían filtrado datos de José Antonio Santano, secretario de Estado y exalcalde de Irún, del PSE-EE, y de Pedro Marco, máximo responsable de Adif y exviceconsejero vasco de Transportes, también socialista. Se puede ampliar aquí la información.

En 2026, la economía vasca mantendrá un crecimiento que permitirá generar empleo, hasta 11.000 nuevos puestos de trabajo. Al menos, si se cumplen las previsiones del Gobierno vasco, que mantienen el optimismo. Se revisaron al alza el pasado mes de septiembre y las cifras dadas entonces se consideran válidas ahora. Se cerrará 2025 con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2% y el año que empieza se crecerá menos, un 1,9% para ser exactos, pero lo suficiente como para que se puedan considerar este crecimiento “sólido”. “Las previsiones dibujan un escenario de crecimiento sólido y sostenido para la economía vasca, basado en el empuje de la demanda interna, la fortaleza del mercado laboral y la capacidad de adaptación del tejido productivo, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre”, señalan desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo que dirige el vicelehendakari Mikel Torres. Lo cierto es que esa 'espada de Damocles' de la incertidumbre internacional que pesa no sólo sobre la economía vasca, sino sobre la economía mundial, con los aranceles de Donald Trump o la inestabilidad de las guerras, influyen mucho sobre el crecimiento de la industria, el principal motor del crecimiento vasco. De hecho, es el sector que menos va a crecer el año que viene, pese a al optimismo de las previsiones con las que cuenta el Gobierno vasco, sobre todo por depender mucho de las exportaciones. Y eso hace que estas predicciones puedan estar sujetas a variaciones según evolucione el panorama internacional. Un año más, la incertidumbre es la que manda.

Producto Interior Bruto (PIB)

El Gobierno da por sentado que habrá un crecimiento “estable y equilibrado” en el periodo 2025-2027. Ha elaborado estas previsiones bajo el supuesto de que habrá una “progresiva normalización de los tipos de interés, con un Euribor en torno al 2% en 2026-2027, estabilidad del euro frente al dólar y un entorno internacional de crecimiento moderado, sin nuevos shocks energéticos”. No obstante, reconoce que se “mantienen riesgos asociados a la política comercial, la estabilidad financiera y la situación geopolítica”

Con estos datos prevé que el PIB crezca un 2,2% en 2025 y un 1,9% en 2026. Este crecimiento para el año que viene está por encima de previsto para la zona euro, que se sitúa en el 1,2%, pero ligeramente por debajo del que se prevé para España, un 2%. Esta diferencia se explica desde el Gobierno porque aunque “Euskadi se beneficia de una renta per cápita más alta y un tejido industrial fuerte, su crecimiento global suele ser algo menor que la media española especialmente cuando sectores como el turismo impulsan fuertemente el crecimiento nacional”. Sin embargo, “considera que el dinamismo de la economía vasca está contribuyendo a reducir progresivamente la diferencia de crecimiento respecto al conjunto de España, apoyado en su fortaleza industrial, su capacidad exportadora y su estabilidad estructural”.

El PIB vasco estará impulsado, sobre todo, por la fortaleza de la demanda interna, el consumo y la inversión. De cara a 2027 el PIB vasco también crecerá, pero de forma más moderada, para quedarse en el 1,6% de incremento. Es decir, que el crecimiento se va a impulsar sobre todo gracias al consumo de los hogares, que se prevé que mantenga un tono expansivo, con un crecimiento del 2,7% en 2025, respaldado por la mejora del empleo y la moderación de la inflación, aunque se prevé una desaceleración gradual hasta el 2,1% en 2026. La inversión continuará siendo el componente más dinámico de la demanda, con incrementos del 3,8% en 2025 y del 3,1% en 2026. El sector exterior, por su parte, seguirá restando crecimiento debido a la debilidad del comercio internacional y al impacto de los aranceles estadounidenses.

Sectores

La buena noticia es que el año que viene se espera que todos los sectores crezcan, en mayor o en menor medida. La mala es que la industria será la que menos incremente su peso sobre el PIB, por delante sólo del sector primario, aunque se espera que vaya recuperando puestos en cada trimestre. En concreto, el crecimiento los servicios y la construcción. De hecho, la construcción se consolidará como el ámbito más dinámico de la oferta, con crecimientos previstos del 3,6% en 2025 y del 2,7% en 2026, impulsados por la ejecución de infraestructuras y la demanda residencial. De cara a 2027 bajará al 1,7%.

Los servicios seguirán siendo el principal motor del crecimiento económico, con avances del 2,8% en 2025 y del 2,2% en 2026, gracias al consumo interno y a la actividad turística. En 2027 bajará al 1,6%. Por su parte, la industria mantendrá un ritmo de crecimiento más contenido, con un 0,3% en 2025 y un 1,0% en 2026, condicionada por la incertidumbre internacional y la situación de los mercados europeos a los que se dirigen las exportaciones, aunque con expectativas de una recuperación gradual a partir de 2026. De hecho, la previsión para 2027 apunta a un crecimiento de la industria del 1,5%. El sector primario continuará mostrando volatilidad, con una caída prevista del 0,6 % en 2025 y una ligera recuperación del 0,4 % en 2026.En 2027 se apunta a un aumento del 2,6%, pero hay que tener en cuenta de que se trata ya de una previsión a muy largo plazo.

Empleo

El mercado de trabajo se ha comportado bien a lo largo de este año gracias al crecimiento económico y la previsión es que siga haciéndolo también el que viene, con descenso del paro, y con importante creación de empleo. El empleo crecerá un 1,4 % en 2025, lo que supondrá “la creación de más de 14.000 puestos de trabajo a tiempo completo este año”, según las previsiones del Gobierno vasco. Para el año que viene se crearán 11.000 puestos de trabajo, lo que implica un 1,1% de crecimiento. Para 2027 se ralentiza esa creación de empleo, con un aumento de un 0,8%. Con ello, la tasa de paro descenderá hasta el 6,6% en 2025 y podría situarse en el 6,4% en 2026, con la perspectiva de aproximarse al 6% en 2027. Asimismo, la productividad real del trabajo avanzará en torno al 0,8% anual, reflejando un crecimiento moderado pero sostenido.

El ala del PNV del Gobierno vasco sostiene que sus socios de coalición, el PSE-EE, comparten exactamente el mismo sentimiento de “malestar” o “desazón” (la palabra textual ha sido 'ezinegona', en euskera) con Pedro Sánchez por el incumplimiento del compromiso para cerrar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979 en 2025, algo que ya no se va a producir. La portavoz del Ejecutivo de Imanol Pradales y consejera que lidera las conversaciones estatutarias, María Ubarretxena, ha remarcado que los traspasos más relevantes encima de la mesa recaen precisamente en áreas dirigidas por los socialistas, particularmente todo lo relativo a la gestión económica de la Seguridad Social, y que el vicelehendakari y consejero del ramo, Mikel Torres, ha estado muy implicado en el intercambio de papeles.

Fuentes del equipo de Torres indican que “la única inquietud” es por los motivos “técnicos” y no por cuestiones “políticas”, porque ven claro el “compromiso” de ambas partes en que los traspasos se hagan “de la mejor forma posible”. Insisten en que el objetivo es que la Seguridad Social o el Sepe, una vez cedidos, ofrezcan “un servicio igual o mejor al que viene prestándose en la actualidad”.

Este lunes 29 de diciembre iba a celebrarse una comisión mixta para la firma de cinco transferencias, tres de ellas relacionadas ya con la Seguridad Social, aunque no todavía las pensiones. Es la primera vez que esta materia iba a ser gestionada por una comunidad autónoma y, según Ubarretxena, esto ha generado “miedo” de última hora en el Estado. Ha recordado que Sánchez y Pradales, en primera persona, cerraron los primeros acuerdos políticos en julio y que luego, en septiembre, se ampliaron a Sumar, que dirige el área de Trabajo. Esto propició la cesión del Sepe, esto es, de las políticas pasivas o prestaciones y subsidios de paro, aunque ahora se ha visto retrasada.

La consejera Ubarretxena, que en estos meses ha realizado viajes casi semanales a Madrid, ha personalizado en el secretario de Estado Borja Suárez, 'número dos' de la ministra Elma Saiz, el bloqueo repentino de la comisión mixta y las trabas en torno a financiación y personal. Ubarretxena, a preguntas de los periodistas, no ha querido nombrarlo directamente pero ha insistido en que Sánchez tiene que poner “orden” en su casa. “No puede ser que haya secretarios de Estado que manden más que los ministros”, ha repetido sobre este alto cargo socialista.

Y ha añadido también que los vascos cumplen siempre con la palabra dada y en que sería deseable que los españoles también lo hicieran. Y, además, “en letra y en espíritu”. “No ocultamos nuestra sorpresa por cómo se han desencadenado los hechos”, ha apuntado Ubarretxena, que antes de la rueda de prensa había ofrecido también una entrevista en Euskadi Irratia en términos muy similares.

Se da la circunstancia de que las cinco materias que se iban a firmar no cerrarían tampoco todos los asuntos pendientes. En lo tocante a la Seguridad Social, por ejemplo, falta por acordar la parte principal, el traspaso de la gestión de las pensiones. Euskadi, en todo caso, será mero cajero, ya que normativa y cuantías seguirían siendo fijadas por el Estado. Siempre se ha recalcado que la transferencia respetará la denominada 'caja única' para toda España, algo que recoge expresamente el Estatuto.

Y hay otros temas colgando, desde los paradores de turismo hasta la matriculación de vehículos. Ubarretxena, que ahora se tomará unos días de vacaciones tras haber estado intentando cerrar estos temas “hasta el día de Navidad”, asegura que las negociaciones seguirán en marcha. El nuevo horizonte es el 16 de enero, una fecha de consenso para las cinco transferencias iniciales pero para el que el PNV no es especialmente optimista. Para el resto de materias no hay calendario, aunque Pradales y Sánchez tenían comprometido verse a finales de enero a modo de “reválida”, es decir, como un examen para ver qué estaba cerrada y qué no de entre todo lo comprometido.

Agentes de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes en la sede central del Gobierno vasco, en el barrio de Lakua de Vitoria, y en una delegación en Donostia para obtener tanto los datos registrales como las cuentas de dos cooperativas, Noran y Erkolan. Ambas son de la órbita del empresario Antxon Alonso y están relacionadas con la presunta trama de corrupción en torno al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, ya que pudieron haber sido utilizadas para desviar fondos desde la mercantil Servinabar 2000, pieza central del caso y a la que, aparentemente, llegaban los ingresos por comisiones de las relaciones con Acciona.

En su informe más reciente sobre el caso, la Guardia Civil propuso al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la práctica de diferentes entradas y registros. En el caso vasco, se planteó el acceso a la sede de Acciona en Bilbao -donde según 'El Correo' los agentes estuvieron entre las 8.30 y las 22.56 horas del viernes- y a las oficinas en Donostia de Noran y Erkolan. Eso se acompañó de una solicitud de información al Registro de Cooperativas de Euskadi, que se quiso hacer “en el acto y en presencia de la fuerza actuante”.

Así, en vez de librar un oficio para requerir la documentación, la Guardia Civil acudió físicamente con la orden judicial a la sede de Lakua. Fuentes conocedoras de la operación indican que fueron dos agentes y no uniformados. Se identificaron ante un funcionario responsable de este servicio que cuelga del área de Economía, Trabajo y Empleo -cuyo consejero es el vicelehendakari socialista, Mikel Torres- y mostaron el mandamiento judicial. Allí obtuvieron parte de la información pero el resto, las cuentas, estaba depositado en otras dependencias autonómicas en Donostia, en las que también se personaron.

La investigación apunta a que Cerdán era copartícipe al 45% de la sociedad navarra Servinabar 2000, creada por el empresario vasco Alonso. Los indicios apuntan igualmente a que Servinabar 2000 tenía un acuerdo con Acciona y que se canalizaban a través de esa sociedad pagos que podrían camuflar mordidas tras adjudicaciones de obras públicas. Parte de esos flujos dinerarios se desviaban a Noran, donde en su gestación aparece la figura de Koldo García y también consta como “socia trabajadora” durante una temporada la esposa de Cerdán, y a Erkolan, donde la que tenía una nómina era la hermana del político, la también socialista Belén Cerdán.

En un comunicado, el Gobierno vasco ha mostrado su total disposición a la colaboración con la Justicia. “Como se ha hecho en anteriores ocasiones, en las que se ha solicitado dicha información por parte de medios de comunicación, del Parlamento Vasco (a petición de Vox), del Parlamento navarro e incluso por parte de la comisión de investigación del Senado, la Dirección de Economía Social ha aportado la información solicitada”, recalca el equipo de Torres.